Sistema de salud precario y pandemia ponen en riesgo a estudiantes de medicina

Yasser Cuéllar falleció por COVID-19 mientras buscaba atención médica. Esto sucedió un día antes de finalizar su servicio social. Este caso destapa las malas condiciones en los hospitales y las excesivas cargas laborales de los estudiantes de medicina. 

Texto: Lizz Gabriela Mejía

Fotografía: Martín Cálix

«Él le brindó ocho años al Estado, salvando vidas, ¿y a él quién me lo salvó? Nadie, nadie me lo salvó», lamentó Nidia Fuentes, madre del joven  Yasser Cuéllar, médico in fieri de 27 años. La señora Fuentes aseguró a Contracorriente que «no tiene sentido que después de siete años de estudio los obliguen a hacer un servicio social, y más ahora con esa pandemia, y sin protección. Tuvo que morir mi hijo para poder aprobar ese nuevo documento», refiriéndose al comunicado emitido por la Secretaría de Salud en el que se exige a los centros asistenciales que se dote con equipo de protección personal a los alumnos que están desarrollando sus pasantías y servicios sociales.

Yasser estaba asignado al centro de salud de la colonia Calpules, en la 27 calle de San Pedro Sula con el objetivo de realizar su servicio social, requisito obligatorio para graduarse de médico general. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un muchacho amable, atento y servicial. Agregan que además de estudiar medicina, él era chef y —siguiendo los pasos de su madre— estudiaba la licenciatura en Derecho en una universidad privada del país. Finalizaba su servicio social el lunes 15 de febrero, un día después de su fallecimiento. Su madre comenta que más de una vez su hijo tuvo que comprar mascarillas porque no siempre se le dotaba de equipo de bioseguridad en el establecimiento de salud en el que estuvo dando consulta médica. 

Su madre cuenta que Yasser sintió un fuerte dolor de espalda y fiebre a inicios de febrero, pero que en poco tiempo ya su hijo «se estaba ahogando». La madre angustiada llamó al 911 para solicitar una ambulancia y trasladar a su hijo al centro asistencial más cercano, pero la respuesta que recibía no era la esperada, pues le preguntaban si ya tenía un cupo reservado para su hijo, porque las salas COVID-19 en los hospitales estaban llenas. Por ser parte del personal en primera línea, su madre lo trasladó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, donde le negaron la atención médica por no portar un carné de asegurado. Luego, fue ingresado al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, donde fue atendido, pero no de la manera que requería su caso.

«Lamentablemente, la ley impide que una persona que no tenga seguro social sea recibido en el IHSS. Cuéllar era un colegiado provisional, es decir, no tenía la categoría de definitivo. Si se hubiera ingresado, habría sido un abuso de autoridad, aunque hubiese sido una buena acción», declaró el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, a medios de comunicación del país. Umaña agregó que el Colegio Médico de Honduras realizó las gestiones necesarias para ingresar a Yasser Cuéllar, pero el IHSS se negó, pues va en contra de lo que estipula el convenio entre ambas instituciones, ya que solo los colegiados definitivos —no los provisionales— pueden ser ingresados a este centro hospitalario.

Durante la celebración del Miércoles de ceniza —que marca el inicio de la cuaresma católica—, una médica ora en la Basílica de la Virgen de Suyapa. Tegucigalpa, 17 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Umaña también se refirió a la irresponsabilidad del Estado de Honduras, asegurando que «a estos muchachos les hacen firmar un documento que exonera a las autoridades de la Secretaría de Salud de este tipo de situaciones, lo cual es inmoral». Contracorriente tuvo acceso al documento mencionado por el internista Umaña, en el que dice: «libero de toda responsabilidad civil, administrativa y penal, presente y futura al personal del Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, dependiente de la Secretaría de Salud en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por posibles contagios que me pudieran ocurrir durante la realización de mis prácticas clínicas dentro de esta institución». 

El médico finalizó diciendo que la seguridad y el bienestar de los estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina son responsabilidad del Estado de Honduras, por lo tanto, merecen condiciones y pagos dignos, además de la afiliación en el IHSS. 

Doña Nidia expone que en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela no hay insumos para atender a pacientes en estado crítico, tampoco hay suficientes especialistas, mucho menos un intensivista, razón por la que decidió trasladar a Yasser al Hospital Mario Catarino Rivas, centro asistencial con mayor cantidad de personal médico, unidad de cuidados intensivos e insumos y equipo necesario para tratar a su hijo. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de su familia por salvarlo, el joven de 27 años falleció la noche del 14 de febrero.

Crisis entre estudiantes y autoridades continúa

 

Los problemas entre los estudiantes de las tres facultades de medicina y la Secretaría de Salud no son algo nuevo en el país, pero desde el inicio de la pandemia, se han presentado más situaciones que han agudizado las diferencias entre ambas partes. Las denuncias hechas por los alumnos de los últimos años de la carrera de medicina van desde el retraso en la «rifa» para el internado rotatorio y el servicio social, hasta el incumplimiento con el pago del salario beca, negativas ante la solicitud de equipo de protección personal para laborar en los distintos hospitales.

El 2 de febrero del año en curso, el doctor Nery Conrado Cerrato, subsecretario de Estado en la Secretaría de Salud, emitió un oficio dirigido al doctor Jorge Alberto Valle Reconco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (FCM-UNAH). En este documento, la máxima autoridad de la salud pública exigía el listado de los alumnos de último año de medicina que se habían retirado del servicio social en los distintos centros de salud y hospitales del país, y que decidieron cumplir con sus horas laborales en la plataforma de telemedicina habilitada por UNAH, Doctor 1847. De esta manera, la Secretaría de Salud pretende «realizar el cálculo de los montos transferidos y no devengados para ser reintegrados a la Tesorería General de la República». En otras palabras, los estudiantes que dieron consulta de manera virtual deben devolver el salario beca que percibieron esos meses. Este documento que salió de la Secretaría de Salud era una respuesta al oficio SCU-No. 056-2020 con fecha del 02 de septiembre de 2020 que fue enviado por la UNAH. 

El portal Doctor 1847 fue lanzado por UNAH en junio de 2020, con el objetivo de brindar servicios de salud de manera virtual. Los pacientes, a través de su teléfono o computadora pueden recibir atención médica para enfermedades como dengue, COVID-19, entre otras. «Creo que es un logro importante para ser el primer esfuerzo de la UNAH en un proyecto de vinculación Universidad-Sociedad de manera virtual y altamente tecnológico que sentará pautas para nuevos desarrollos e implementaciones en el campo de la medicina», comentó al medio de la UNAH Gaceta Universitaria, el doctor Salvador Díaz, catedrático del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas y desarrollador de la aplicación Doctor 1847. Hasta la fecha, más de 150 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros, han sido parte del personal que ha brindado consultas a través de esta herramienta virtual.

Una médica del traje del Centro Cristiano Internacional (CCI) realiza una extracción de sangre para realizar análisis y determinar si la persona es positiva para COVID-19. Tegucigalpa, 17 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Otra de las quejas que han exteriorizado los médicos que terminaron su servicio social es que la universidad no ha hecho lo que está en sus manos para la titulación, trámite requerido para poder colegiarse, ejercer la carrera e incluso aplicar a una residencia de estudios especializados. Muchos jóvenes llevan alrededor de un año esperando recibir su título, mientras otros ya terminaron sus trámites de titulación, incluso, ya se colegiaron e ingresaron a cursar sus estudios de posgrado. 

Esta semana, a través de sus redes sociales, la universidad nacional informó que el miércoles 24 de febrero estarán entregando 396 títulos universitarios de ciencias de la salud, de los cuales, 54 son de especialidades y 313 son para doctores en medicina y cirugía. A pesar de esto, los médicos que ya cumplieron con todos sus requisitos y trámites que aún no reciben sus títulos, convocaron a un plantón el lunes 22 de febrero a las 9 a. m. en el estacionamiento del campus UNAH-Valle de Sula .

Testimonios de médicos en servicio social

 

Ante esto, Contracorriente se comunicó con médicos en servicio social que cumplieron con este requisito o siguen laborando en los hospitales y dieron su testimonio con la condición de que se proteja su identidad para evitar represalias. Uno de los jóvenes médicos comentó que su año de servicio social, desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020, lo realizó en una aldea al occidente del país donde no contaban con las medidas de bioseguridad necesarias para atender pacientes. El joven mencionó que los pocos guantes y mascarillas estaban reservados para casos de emergencia, como partos, pues el centro de salud es el establecimiento sanitario más cercano para la población del municipio.

Debido a esta situación, decidió retirarse del servicio social hasta que la FCM-UNAH y la Secretaría de Salud llegaran a un acuerdo para solucionar los obstáculos que enfrentaban los alumnos de la facultad. Durante 4 meses estuvo sin asistir al centro de salud, pero sí atendió pacientes a través de la plataforma Doctor 1847. Cuando lo consideró conveniente, en el mes de julio, regresó a laborar a un centro de salud siempre en la zona occidental del país.

Actualmente, el médico se encuentra a la espera de su título universitario y su colegiación definitiva, además, le adeuda alrededor de 28,000 lempiras a la Secretaría de Salud porque decidió no reponer los cuatro meses que no atendió pacientes presencialmente en el centro de salud sino de manera virtual a través de la plataforma de la UNAH. El joven —que pidió no revelar su identidad— dice que los médicos en servicio social son un gran apoyo para los centros asistenciales del país que carecen de personal permanente, agrega que más que médicos son administradores o directores de los centros de salud en áreas rurales del país.

Una joven doctora, quien también pidió que no se revelara su nombre, realizó su servicio social en el departamento de La Paz y dijo que a pesar de no ser una médica con título y colegiación definitiva, le tocaba cubrir los espacios que deberían ser llenados con doctores o enfermeras. Además de atender a los pacientes que llegaban al centro asistencial, debía estar pendiente del abastecimiento de medicinas e insumos a utilizar en el centro de salud que ella dirigió durante un año, «uno llega al lugar al que fue asignado y normalmente no hay médicos, solo está el personal de enfermería y es uno quien debe asumir la dirección del centro de salud», dijo la joven, quien además dio a entender que los estudiantes que van al servicio social son utilizados  para cubrir plazas en lugares a los que médicos generales o especialistas no están dispuestos a ir a laborar y vivir.

Un estudio realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) en 2019, da a conocer que la Secretaría de Salud presta servicios a un poco más de la mitad de la población, alrededor de un 60 % de los habitantes y se estima que el 18 % de los hondureños no tiene acceso a la salud y 9 de cada 10 no cuentan con protección mediante un seguro médico.

«La SESAL posee 20 Regiones de Salud, 18 Departamentales y 2 Metropolitanas. Estas Regiones Sanitarias de Salud poseen una red de servicios que cubre las necesidades médicas de la población total del país a través de 1635 establecimientos», continúa diciendo el informe presentado por el Cespad.

Son muchos los estudiantes de medicina que han realizado su internado y servicio social en condiciones que dejan mucho que desear, tal es el caso de Ana Cecilia Mejía, quien fue asignada al Hospital Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios. Los primeros meses, desde octubre hasta febrero, pasaron con normalidad, con la única diferencia de que debía acostumbrarse a un centro asistencial con dos administraciones: una con médicos y otra con militares. 

Al inicio de la pandemia, los médicos del octavo año de la carrera que estaban laborando en todo el territorio nacional, emitieron un comunicado en el que aseguraban que no se presentarían a los hospitales hasta que todos los médicos en el sector público contaran con todas las medidas de bioseguridad. En ese momento, a inicios de marzo, las autoridades del hospital de La Mosquitia le negaron a los estudiantes el equipo de protección personal porque sería un desperdicio utilizarlo cuando no habían casos registrados en la zona. Las autoridades del hospital también alegaron que ellos en ningún momento solicitaron médicos, que no eran indispensables o necesarios pero que era la Secretaría de Salud quien insistía en enviar médicos del país. Después de esto, los 14 alumnos que estaban laborando en el centro asistencial decidieron no presentarse al día siguiente, sin embargo, las autoridades les solicitaron que regresaran para que el hospital siguiera funcionando y atendiendo a los pacientes que lo necesitaran. 

Cecilia sigue contando su experiencia en La Mosquitia y comenta que todos los 14 médicos en servicio social asignados al Hospital Puerto Lempira vivían en una sola casa, esta se encuentra atrás del centro asistencial: «se nos metieron a robar a la casa, nos robaron las estufas, la refrigeradora, la ropa, la comida, todo». Los jóvenes no tenían manera de recuperar o reponer lo que perdieron pues cuando sucedió el robo, ellos tenían cinco meses sin recibir el salario beca que otorga la Secretaría de Salud. «Cabe recalcar que eran cosas que habían comprado las generaciones anteriores, no era algo que había dado el hospital, el hospital lo único que daba eran las instalaciones. Nos dijeron que hiciéramos “cooperacha” entre nosotros para comprar un nuevo llavín porque el hospital no contaba con medios», agregó. 

El reglamento del servicio social compromete a los centros asistenciales a velar por la seguridad de los estudiantes que sean asignados por la Secretaría de Salud y la UNAH  a dicha institución, lo que implicaba que los catorce jóvenes que estaban cumpliendo con sus labores en Gracias a Dios debían ser trasladados inmediatamente a Tegucigalpa, explicó Cecilia Mejía. «A la Secretaría de Salud no le conviene que La Mosquitia esté sin médicos y nos negaron el traslado, decían que nuestra historia era poco creíble», agregó la doctora. Las autoridades solicitaban más pruebas y los jóvenes interpusieron la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades de la FCM-UNAH apoyaron la decisión de los alumnos cuando pidieron ser trasladados, pero la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras no estaban dispuestos a brindar el apoyo logístico para el traslado de los jóvenes. Para moverse desde La Mosquitia hasta Tegucigalpa, vía aérea, necesitaban 1000 dólares, monto que fue recaudado mediante redes sociales, sus compañeros de generación y de carrera se encargaron de hacer lo posible para recaudar el dinero y finalmente pudieron regresar a sus hogares. 

Una microbióloga etiqueta con el nombre del paciente una muestra de sangre para detectar COVID-19. Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix

Cuando Cecilia regresó de Gracias a Dios, fue reasignada al Hospital Regional de Oriente Gabriela Alvarado, le daban cinco kits de bioseguridad al mes. Este equipo estaba compuesto por una mascarilla, una bata descartable y un gorro. «Eso era lo que incluía todo el equipo, que en verdad no es ningún tipo de protección porque dentro del ambiente hospitalario, no son las mascarillas que tenemos que utilizar, entonces al final de cuentas uno siempre termina comprando sus cosas», aseguró Mejía. La joven médica comenta que a pesar de su colegiación provisional, el CMH no se pronuncia ni actúa a favor de los estudiantes.

Bajo el seudónimo de Leonardo, un estudiante de la FCM-UNAH cuenta a Contracorriente que la experiencia del servicio social sería calificada como agridulce porque aunque ha aprendido mucho, ejercido su carrera, puso en práctica todos los conocimientos adquiridos en años anteriores y puede contar con el apoyo por parte de las autoridades del hospital al que fue asignado, pero la parte gris es la pandemia y sus restricciones hasta en la relación entre médicos y pacientes. 

A diferencia de los otros jóvenes que dieron su testimonio, Leonardo nos cuenta que las autoridades que están a cargo del centro asistencial al que fue asignado, han provisto de equipo de protección personal a todos los que laboran al hospital y dieron la opción de acercarse nuevamente cuando necesitaran más mascarillas, gorros o alcohol en gel. «He escuchado de primera mano las experiencias de mis compañeros en otros lugares del país, es triste que solo les dan una mascarilla para tantos días», lamentó el médico. 

A raíz de la muerte del doctor Yasser Cuéllar, varios médicos y estudiantes del área de salud han alzado la voz para exigir mejores condiciones en los hospitales, tanto para los pacientes como para los doctores y los estudiantes. El internista Yefrin Maradiaga recalcó que el sistema de salud del país es precario y está en decadencia desde antes, la pandemia sólo se evidenció lo que ya sabíamos. En cuanto a la situación de los alumnos de las distintas facultades de medicina, comentó en sus redes sociales que «desde su práctica, deberían gozar de afiliación al IHSS, eso le compete a instituciones como Secretaría de Salud, universidades estatales, pero como son estudiantes y no empleados, se les niega ese derecho. Así se “ahorra” mucho dinero». 




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