COVID-19 fue la sentencia de muerte para un paciente renal en Honduras

Un total de 702 enfermos renales han fallecido desde enero de 2020 en Honduras, 47 en lo que va del 2021, la mayoría a causa de la COVID-19. Esta es la historia de un paciente con insuficiencia renal que enferma de coronavirus y es rechazado en tres hospitales. Ya inconsciente, en lo que ya parecían sus últimas 24 horas de vida, logra acceder a una cama hospitalaria, solo para morir. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Martín Cálix y Deiby Yánes

Inicia el año 2020 y Otto Oliveira, de 41 años, brasileño por nacimiento, pero naturalizado hondureño, atiende su próspero negocio de venta de ropa ubicado en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, zona norte de Honduras. Las cosas parecen ir bien, porque el movimiento comercial es bueno. Para entonces las noticias de que en China hay un virus extremadamente contagioso, que se extiende rápidamente por el mundo, ya eran conocidas, pero a él le preocupa más su reciente diagnóstico: insuficiencia renal crónica. Los médicos le han indicado que en marzo debe comenzar con terapias de hemodiálisis tres veces por semana.

Como en su lugar de residencia no hay centros hospitalarios que brinden el servicio, Otto  debe desplazarse tres veces por semana a la clínica más cercana de Diálisis de Honduras —empresa privada pagada por el Estado para atender gratuitamente a pacientes renales—. Inicia sus terapias en la ciudad de El Progreso, Yoro, en medio de la llegada de la pandemia por COVID-19 a Honduras. Otto no estaba preparado para ver la peor cara del sistema sanitario de Honduras.

Otto nació en Brasil, pero su padre lo trajo a Honduras cuando tenía 16 años. Cada vez que se presentaba la oportunidad, viajaba junto a su familia a su país de origen para visitar a sus parientes. 

En medio de sus terapias, Otto observa cómo su negocio comienza a derrumbarse. Los constantes toques de queda decretados por el Estado y el confinamiento total, terminaron por hacer trizas sus finanzas.

La situación económica de los hogares de Honduras se vio afectada por la disminución del 51.6 % del ingreso familiar, esto debido a la limitada actividad económica que observó en el país durante el segundo y tercer trimestre del año 2020, según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-VS).

Ante esta situación, Otto y su esposa Dunia Fúnez —junto a sus hijos de 10 y 8 años—, deciden mudarse a la ciudad de El Progreso.

Síntomas de COVID-19 

 

Después de 8 meses de hemodiálisis y tras radicarse en El Progreso, Otto comienza a sentir malestar general el domingo 24 de enero de 2021, justo en el momento en el que el personal sanitario hace la súplica de cerrar el comercio, tras sufrir la baja de cerca de 70 médicos y unas 30 enfermeras. Representantes del personal sanitario de Honduras explican que no hay suficientes cupos en cuidados intensivos, pero a pesar de esto la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social ignora estas advertencias y descarta la posibilidad de regresar a un confinamiento absoluto. En ese contexto, las preocupaciones crecen en Otto y su familia por las sospechas de que puede ser positivo de COVID-19. 

Es todavía un hombre joven, pero entra en la categoría de personas con comorbilidades y condiciones subyacentes, a los cuales la Secretaría de Salud define como atención prioritaria con base a un estudio realizado por expertos de la OPS/OMS-Honduras/Washington. Las personas como él corren un mayor riesgo de que al adquirir la COVID-19 agraven su estado de salud.

Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que las nuevas infecciones por COVID-19 han disminuido en gran parte de la región y «todos los países de Centroamérica, con excepción de Honduras, experimentan reducciones en el número de casos».  

Para Otto —este hombre blanco, alto, obeso, barbado— la idea de tener COVID-19 es devastadora, según cuenta su esposa, debido a que él conocía bien las precariedades del sistema sanitario hondureño. Sus enfermedades de base y el nuevo coronavirus le plantean un panorama oscuro. Vive además en uno de los países que, a pesar de solo contar con 9 millones de habitantes, es de los menos preparados en Latinoamérica para atender la emergencia.

El Estado de Honduras determina como pacientes que requieren especial atención en medio de la pandemia a los pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, tuberculosis (activa), VIH/SIDA, enfermedad renal crónica, trastornos neurológicos crónicos, enfermedad hepática crónica, trastornos de células falciformes, cánceres con inmunosupresión directa, cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada por el tratamiento, consumo de tabaco fumado y obesidad severa.

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, dijo a Contracorriente que el Estado de Honduras tiene diseñado un plan que involucra a los pacientes crónicos y que estos están recibiendo la atención en todos los centros hospitalarios de Honduras. «Nosotros tenemos la capacidad instalada para la atención de los pacientes. Cuando un paciente es nefrópata, es una urgencia atenderlos de forma inmediata», expresa Guillén.

Pero representantes del gremio médico catalogan el manejo de esta pandemia por parte del Gobierno como deprimente, no solo en la atención de pacientes crónicos, sino que aducen que existe una deficiente gestión y una ausente capacidad técnica porque no se siguen los protocolos para el manejo del paciente renal que requiere terapias de hemodiálisis. 

«Estos van a los hospitales y corren riesgos inmensos por la falta de medidas de bioseguridad», expone Ligia Ramos, fiscal del Colegio Médico de Honduras y recientemente elegida como presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa.

Ramos le explica a Contracorriente que el Estado de Honduras no ha puesto atención ni siquiera a la pandemia en general, ha descuidado al personal de salud y no está trabajando en métodos para evitar la contaminación de los enfermos crónicos que asisten a sus citas. «Los pacientes renales con COVID-19, por ejemplo, tendrían que tener una sala solo para ellos y estarlos dializando. Yo no soy nefróloga ni internista, pero tengo sentido común. Y no se cuenta con un plan de prevención y manejo para atender a los pacientes renales con covid o sin covid», afirma.

En busca de una prueba de diagnóstico de COVID-19

 

Atención de pre clínica en el triaje del Centro La Fragua de la iglesia católica en El Progreso. Este triaje funciona desde el mes de agosto de 2020. El Progreso, Yoro, 12 de febrero de 2021. Foto: Deiby Yánes.

Dunia Fúnez, esposa de Otto, cuenta que al ver los síntomas sospechosos de COVID-19 en su esposo, para que en los hospitales lo pudieran recibir, necesitaban confirmar con una prueba que este era positivo de la enfermedad.

El martes 26 de enero, en el triaje de El Progreso, Yoro, ubicado en el centro La Fragua, los encargados del lugar se niegan a practicarle la prueba, con el argumento de que deben aprovechar al máximo las pocas pruebas y esperar a que sus síntomas sean más evidentes. El miércoles 27, a medida que la salud de su esposo se deteriora, se ven obligados a regresar al mismo lugar e insistir. Ese día lo logran y las sospechas se vuelven realidad: Otto es positivo de Covid-19.

La Secretaría de Salud de Honduras se caracteriza por realizar pocas pruebas. El Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) informó el pasado 27 de enero que ese día se habían realizado apenas 3420 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 1127 dieron resultado positivo.

Aunque en el papel la Secretaría de Salud indique que los pacientes como Otto son prioridad para el Estado de Honduras, la realidad indica que, una vez que estos se contagian de covid, el diagnóstico positivo pasa a ser un diagnóstico de muerte, dice Daniel Mairena, presidente de la Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal (Ahfpaenre).

«Nunca se había visto que muriera esa cantidad de pacientes renales en un periodo tan corto en Honduras. La pandemia vino a quintuplicar las muertes de enfermos renales», dice Mairena.

Mairena cuenta que lastimosamente no hubo ningún manejo o protocolos de prevención para el enfermo renal para evitar que se contagie en las unidades de hemodiálisis. Manifestó que se solicitó, cuando inició la pandemia, que se separaran las salas de los enfermos renales con covid y a los enfermos renales sin covid.

«La única diferencia se hizo en San Pedro Sula en donde se creó un área para pacientes renales con covid en Plaza Las Banderas. Pero en cuanto al Seguro Social estamos todos en el mismo sector, tanto los pacientes renales covid como los no covid», agrega Mairena.

 

Otto vive un infierno buscando su diálisis

El jueves 28 de enero, Otto y su esposa deciden visitar las instalaciones de Diálisis de Honduras de El Progreso, Yoro. Pero los administradores del sitio les informan que no están autorizados para dializar a pacientes renales con covid, porque eso expone a los demás enfermos renales que se encuentran libres del virus. Así que lo remiten al hospital Mario Catarino Rivas, localizado en San Pedro Sula, departamento de Cortés, a 25 km de distancia.

La pareja decide emprender el viaje hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, pero ahí, según Dunia, también le niegan la atención. Los médicos del Mario Catarino Rivas envían a Otto al triaje ubicado en Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula.

Dunia, en el afán de lograr un cupo para su esposo, hace una larga fila, mientras observa cómo este luce más cansado y logra palpar que sus fiebres cada vez son más altas. La fila parece interminable. Finalmente, el esfuerzo no vale la pena, porque solo consigue los regaños de un médico que le increpa diciéndole que su esposo está buscando ser dializado en el lugar equivocado.

Del triaje del Colegio de Ingenieros lo remiten al único centro de la zona norte de Honduras que realiza diálisis a pacientes con covid. Es el triaje ubicado en la Plaza Las Banderas. Pero al llegar a la plaza se topan con otra dura realidad, ese día, la instalación se encuentra cerrada porque solo trabaja tres días a la semana.

El viernes 29 de enero, continúa la lucha por la vida, deciden emprender el viaje de vuelta a San Pedro Sula en busca del tratamiento de diálisis en la plaza Las Banderas. Logran finalmente que Otto sea dializado. Sin embargo, el médico que lo atiende, no extiende ninguna referencia para que sea hospitalizado de emergencia por sus síntomas de covid, por lo tanto, Otto, que para entonces ya tiene enormes dificultades para respirar, regresa a casa con el tratamiento MAIZ —Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina, Zinc, que no cuenta con sustento científico— y sin acceso a médicos de cabecera.

«Mi esposo ya necesitaba oxígeno, debían remitirlo de emergencia al Catarino Rivas, pero no se hizo» , dice Dunia. El sábado, ya dializado, Otto se encuentra en su casa junto a su esposa. Por ese día ambos deciden descansar. Permanece en casa, pero la covid continúa haciendo estragos en su cuerpo. Las cosas no hacen sino empeorar.

Código de guerra en medio de la COVID-19 para pacientes renales

 

«No tenemos ningún criterio cuando no hay cupos hospitalarios. Todo paciente debe recibir la atención hospitalaria cuando la requiera, es un principio de nuestra ley. Cuando el paciente lo requiera debe de recibir atención en cualquier lugar del país», dice el viceministro Guillén.

Guillén agrega que, inclusive, existen salas diferenciadas en donde los pacientes renales pueden ser atendidos por covid y realizar sus procesos de diálisis, con nefrólogos a su disposición y con todos los equipos de bioseguridad para atender a este tipo de pacientes.

Sin embargo, el representante de los pacientes crónicos, Mairena, cuenta que, en casos como el de Otto, cuando el paciente ya tiene covid y necesita estar ingresado, lastimosamente existe un código de guerra en donde «va a valer el más joven o el que no tiene una enfermedad de base. Los enfermos renales crónicos están muriendo frente a los hospitales porque nadie los atiende».

«El paciente renal sufre ya sea en el Hospital Escuela, Hospital Catarino o Seguro Social, porque no hay personal al cuidado. Las salas están llenas. Pocas licenciadas para muchos pacientes. Entre esos pacientes hay algunos enfermos renales incluso con ceguera o amputación en alguno de sus miembros. Las enfermeras no se dan a vasto para verlos y algunas veces los pacientes se defecan en sus pañales y pasan días sin que los limpien. Hay pacientes renales que mueren de la desatención y la depresión», revela Mairena.

«Cuando estuve en sala covid, de seis pacientes renales que ingresaron positivos, murieron cinco. Eso es lo que yo le puedo decir», dice por su parte la doctora Ligia Ramos.

Crece número de enfermos crónicos como secuela de la COVID-19 

Un enfermero camina por el interior del triaje del Centro La Fragua. El Progreso, Yoro, 12 de febrero de 2021. Foto: Deiby Yánes.

Según datos de Ahfpaenre, antes de la pandemia había en la asociación 3900 pacientes renales, pero, incluso con los 702 fallecidos, el número de pacientes renales se ha incrementado. Actualmente hay 5000 miembros.

El epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Jeremías Soto, explica a Contracorriente que hay un buen porcentaje de pacientes que después de tener COVID-19, debutan con otra enfermedad crónica, que puede ser diabetes, insuficiencia renal, entre otras.

«Algunos investigadores creen que del 10 % y 30 % de los que han tenido la enfermedad, incluso los que han tenido formas leves de la covid, han desarrollado problemas similares a enfermedades crónicas. Se presentan una serie de problemas inflamatorios, lo que llamamos vasculitis. Esto afecta los vasos sanguíneos que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Algunos llaman a esto el síndrome de poscovid o la covid de larga duración, sea como sea produce en el paciente problemas de salud, principalmente se caracteriza por agotamiento y problemas para respirar», explica Soto.

Las bases de datos de Ahfpaenre indican que del 100 % de los enfermos renales el 60 % son diabéticos, el 20 % hipertensos o hipotensos y el 20 % restante tienen problemas como riñones poliquísticos, obesidad, lupus, cáncer, entre otras  comorbilidades.

Damaris Fernández, sobreviviente de cáncer y presidenta y fundadora de la Asociación Hondureña de Cáncer de Tiroides, dice a Contracorriente que los servicios médicos tanto públicos y privados han estado funcionando a medio vapor: «Los pacientes con cáncer de tiroides necesitan una vigilancia activa y permanente. No puede ser que un paciente se esté chequeando cada seis y ocho meses. Porque eso no es lo que el paciente merece».

Ante la denuncia de abandono de los pacientes crónicos, el viceministro de Salud reconoce que «al principio de la pandemia teníamos cancelaciones en las consultas externas que son los médicos que miran a estos pacientes, pero evidentemente se ha hecho una apertura paulatina de los mismos y no se ha cerrado al 100 %. Siempre han tenido su medicación de parte de nosotros porque sabemos que es de vida o muerte».

Otto requiere ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI)

 

El domingo 31 de enero, ante la salud ya casi colapsada del hondureño-brasileño, la pareja decide probar suerte en el pequeño hospital de El Progreso, Yoro, en donde les dicen que no cuentan con las herramientas, ni con los recursos para poder atenderlo. Razón por la cual, una vez más, lo remiten al Hospital Mario Catarino Rivas. 

Tras hacer por enésima vez ese viaje de 25 km, como era de esperarse, las respuestas de los médicos sampedranos siguen siendo las mismas. Con mucha frialdad, ante la falta de cupos, Otto es rechazado. 

Según una publicación de Diario El Heraldo, el sistema sanitario hondureño cuenta con 1311 camas habilitadas para pacientes en salas COVID-19 y 77 para cuidados intensivos, para un total de 1388 cupos para pacientes complicados por el virus.

Un comunicado de Sinager publicado el 31 de enero de 2021 indicó que del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, se encontraban 1024 hospitalizados, de los cuales 615 permanecían en condición estable, 362 en condición grave y 47 en unidad de cuidados intensivos, lo que refleja una capacidad deficiente para atender a los pacientes con COVID-19.

«Estando en el Mario Catarino Rivas yo solo quería que tuvieran a mi esposo con oxígeno. Pedí en el triaje que tenían en frente del hospital móvil de San Pedro Sula y no lo quisieron aceptar, me argumentaron que no tenían camilla, ni oxígeno ni los insumos para atenderlo con la gravedad que él tenía», lamenta Dunia. Este testimonio desnuda la realidad de la ocupación hospitalaria en la zona norte de Honduras.

Con su esposo en estado grave decide subirlo en la ambulancia privada, que ella misma había contratado por 8000 lempiras, unos 350 dólares. Esta vez prueban suerte en el Hospital Leonardo Martínez, también ubicado en San Pedro Sula. Pero por la falta de cupos tampoco consiguen que lo atiendan. «Estuvo afuera del Hospital Leonardo Martínez por un gran rato, el oxígeno se le terminaba y tenía los pies morados. Hablaba todavía, pero le costaba respirar. Su saturación era entre 88 y 90. Estaba prácticamente muriendo», recuerda.

Dunia, quien al ver que en el Hospital Leonardo Martínez le manifiestan que no cuentan con las herramientas ni los especialistas necesarios, decide regresar al pequeño hospital progreseño. En el camino recuerda que Otto, únicamente le decía: «Siento hambre».  

«Nos regresamos al Hospital de El Progreso porque necesitaba un oxígeno de alto flujo para poderlo tener con vida. En el hospital de El Progreso, cuando llegamos, al fin me lo tuvieron con oxígeno», dice Dunia, quien reconoce que los médicos progreseños no contaban con las herramientas necesarias para salvarle la vida. Y recuerda una de sus últimas conversaciones con su esposo. 

«Dunia, yo tengo temor del hospital. No sé si me van a atender ahí. No sé cómo me van a atender», le dijo Otto al ingresar al hospital.

Una doctora del hospital progreseño, que nos pidió proteger su identidad, nos explicó que la sala de triaje solo cuenta con un médico y tres tanques de oxígeno para tener a tres pacientes en espera de ingreso a la sala COVID-19 que cuenta con capacidad para 50 personas, pero que, según esta médica general, la han ensanchado hasta lograr una capacidad de 70 personas irrespetando los espacios de bioseguridad.

 

«En diciembre y enero no había cupo, se descontroló todo, estaba llegando la gente ya muerta al hospital», expresa la doctora y asegura que la tasa de mortalidad es increíblemente elevada en la sala COVID-19 de este hospital: «De cada diez pacientes que ingresan, seis mueren y cuatro sobreviven».

«En la sala de covid de El Progreso no se cuenta con un médico especialista que esté con nosotros las 24 horas. Solo estamos médicos generales y si hay alguna complicación con el paciente, se le presenta al especialista del hospital el cual nos da indicaciones ya sea por chat de WhastApp, videollamadas por esa misma vía, pero no es que se pueden pasar visitas para evaluar a todos los pacientes. Él solo se entera de los pacientes complicados que no son manejables fácilmente», manifiesta.

Sobre Otto, esta fuente asegura que llegó a las 10 a. m., era un paciente complejo, con insuficiencia renal crónica, pesaba cerca de 170 kilos y tenía obesidad mórbida, presentaba disnea, no toleraba estar sentado y llegó saturando 63 % de oxígeno. 

«Por su estado, tuvimos que remitir a Otto a San Pedro Sula, pero ni siquiera entró al hospital Mario Catarino Rivas, porque en ese hospital cuando ya no hay cupos, el guardia es el que se encarga de notificarle a la persona de que no hay cupos. El guardia pregunta, ¿para dónde viene? Si va para el área COVID-19 le dice que no va hacer nada. ¿Qué quiere decir esto?, que el paciente no está siendo evaluado, que ni siquiera saben quién es, que no vieron ni la referencia. O sea, si no hay cupo, nadie entra», expresa.

La fuente reveló que, tras remitir a Otto a San Pedro Sula, lo recibieron nuevamente porque en ningún centro hospitalario de esa zona se le atendió. «Nosotros le dijimos tráigalo, pero le hicimos saber que el hospital no contaba con máquina para hemodiálisis, le ofrecimos el espacio, ayuda, el cupo, pero le reiteramos que era un paciente complejo, que no teníamos nefrólogo y no teníamos especialista, se le dijo todo lo que no se contaba y ella decidió mejor tenerlo en el hospital que tenerlo en la casa».

Dunia le explica a Contracorriente que una vez que Otto ingresó al hospital progreseño, sabía que las probabilidades de morir eran más altas que las de sobrevivir. En ese lugar su desesperación llegó al punto más alto: «Lloré afuera del hospital. Hasta cierto punto, las doctoras hicieron todo lo que pudieron», expresa.

Muerte de Otto

 

Dunia explica que el lunes 1 de febrero, a través de un contacto en el hospital Mario Catarino Rivas, se pudo conseguir un cupo para trasladar desde El Progreso a Otto y finalmente hospitalizarlo con la esperanza de una mejor atención.

«Tiene 50 % de posibilidad de mejorar o empeorar, me dijeron en el hospital Mario Catarino Rivas. Para entonces yo ya andaba mal, estaba contagiada. Solo me decían que ya estaba inconsciente, que se quitaba las puntas nasales.  El miércoles a las 4:30 a. m. me dijeron que él había fallecido», relata.

Otto buscó atención por cinco días consecutivos y solo logró ser rechazado. Apenas pudo ser hospitalizado en las últimas horas de su vida. El martes, cayó inconsciente. Falleció el miércoles en la madrugada. En la causa de muerte los médicos escribieron: «falla respiratoria aguda secundaria a  covid, hipertensión arterial  y obesidad».

Una dudosa tasa de mortalidad reportada por Honduras

 

La tasa de letalidad de Honduras por covid, como podría suponerse por los escenarios en donde muchas personas mueren en las afueras de los centros hospitalarios, no se ve reflejada en las estadísticas de Gobierno.

En un comunicado emitido el pasado 31 de enero, la OPS informó que los países participantes en el mecanismo Covax (para la equidad de las vacunas en el mundo) fueron invitados a presentar propuestas para la iniciativa Primera Ola, un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Fueron 72 países de todo el mundo los que presentaron solicitudes que fueron evaluadas por un comité independiente con base en criterios de riesgos e impacto de la pandemia, las tasas de mortalidad de las últimas semanas, así como la cantidad de dosis disponibles y la factibilidad para su uso inmediato por parte de los países.

El comité seleccionó a 18 países a nivel global, de los cuales 4 son de a la región de las Américas: Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú.

El secretario coordinador de Gobierno de Honduras, Carlos Madero, dijo que los funcionarios de la OPS les explicaron que Honduras quedó fuera de esa donación porque nuestro país no tiene tasas altas de mortalidad por el COVID-19, es por eso que un lote de vacunas de Pfizer fueron destinadas a Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, según recoge el sitio Proceso.hn.

Según el reporte de Sinager del 24 de febrero, Honduras reporta 167,494 casos de COVID-19 a nivel nacional y 4076 muertes desde que inició la pandemia.  Pero el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, informó el pasado 17 de febrero que en Honduras en realidad han muerto más de 9000 personas por COVID-19 durante toda la pandemia, 7600 en el 2020 y 1600 a inicios de 2021.

«Grité en tres hospitales y nadie me oyó», concluye Dunia, de 42 años, quien se recuperó totalmente de la COVID-19, pero lamenta que su esposo no haya corrido con la misma suerte. Está segura de que si Otto hubiera sido atendido desde el primer día estuviera vivo, pero la falta de un cupo para él en los centros hospitalarios acabó por generar complicaciones en su salud y arrebatarle cualquier esperanza de vida. 

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Abogado in fieri y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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