Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

 

Dos personas murieron por dengue en las primeras cuatro semanas del 2024 en el departamento de Cortés, según la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, que reportó 359 casos solo en ese municipio. Se estimó hasta finales de enero una cifra de 767 casos de dengue en todo el departamento. Carlos  Rivera, epidemiólogo de la región Metropolitana de Salud de Cortés, dijo que después de San Pedro Sula, el municipio que reporta más casos es Villanueva; luego le siguen Choloma, Puerto Cortés y Omoa. 

 

Autoridades de Salud se reunieron con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en San Pedro Sula para buscar estrategias que permitan atacar el problema de manera integral. Para eso están buscando ayuda de los gobiernos locales. «Vamos a socializar con cada uno de los alcaldes para obtener el apoyo de maquinaria y logística», expresó el epidemiólogo. 

 

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en sesión de corporación realizada la semana pasada, declaró una emergencia en donde se aprobaron 9 millones de lempiras para «compras y contrataciones directas para combatir la enfermedad». Es necesario señalar que tanto las compras directas como las contrataciones sin licitación son un mecanismo poco transparente que ha sido criticado durante décadas en Honduras, puesto que abre paso a la posibilidad de actos de corrupción.

 

La Gerencia de Salud Municipal de San Pedro Sula, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud (Sesal), iniciaron un operativo de fumigación en donde, según informaron, se realizó la abatización de al menos 66 barrios y colonias del sector de Chamelecón para eliminar el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. «El sector  sureste de San Pedro Sula es el más vulnerable; luego le siguen El Ocotillo, Los Cármenes y la Rivera Hernández», dijo Rafael Rodríguez, coordinador de la campaña «Todos contra el dengue». 

 

Unas 12 brigadas sanitarias fueron casa por casa fumigando y depositando en cada recipiente de agua el insecticida para mosquitos conocido como abate, utilizado en Honduras para eliminar las larvas del zancudo. Además, el personal de salud recomendó a las personas recurrir al método conocido popularmente como la «untadita». Según expresó Rodríguez, cada día intervienen entre 400 y 500 casas con alta presencia de  zancudos en el sector Chamelecón. «Hay una positividad del 34 al 40 %, porque no hay percepción de peligro de los dueños de estas casas», comentó.

 

Durante la visita casa por casa, el  personal de salud recomendó a los pobladores que al presentar síntomas como fiebre y dolor de huesos, se presenten lo más pronto a los centros de atención médica y que eviten automedicarse. El epidemiólogo Rivera dijo a Contracorriente que es peligroso automedicarse, y agregó que lo que se debe hacer es asistir oportunamente a un centro hospitalario porque «con dos días que deje avanzar se complica su estado de salud».

 

A Eloina García, una vecina de la colonia Sabillón del sector Chamelecón, le pidieron que cubriera los trastes y levantara las cortinas de su casa para fumigar el interior de su hogar. Parada en el portón y sosteniendo en sus brazos a su perrito, de nombre Canelo, dijo que llevaba dos semanas de estar con calentura y dolor en los huesos. «He tomado pastillas de unas que me dijeron que quitaban el dengue, pero solo me la quitan un rato la calentura y luego me vuelve», explicó.

 

Según la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, durante las primeras cuatro semanas del año 2023 se registraron apenas 3 casos de dengue, mientras que para la semana cuatro del 2024 se habían registrado 130, lo que representa un incremento de 1,376 %, según un boletín enviado por la Sesal.

Por Daniel Valencia Caravantes

Todo ha acabado ya, pero entre los que se congregan al pie de la entrada del Palacio Nacional y miran hacia el palco, ese desde donde les habló Nayib Bukele hace unos instantes, está Juan Alberto, que se ha quedado como hipnotizado, con las manos entrelazadas a la altura del corazón, como esperando que su líder reaparezca una vez más. Pero arriba, en el palco, ya solo se asoman los hermanos y familiares del presidente, que se toman fotos dándole espaldas a la plaza Gerardo Barrios del centro histórico capitalino. Abajo, Juan Alberto suspira, largo y despacio, mira hacia todos lados y se decide: se dobla hacia el piso, estira la mano y levanta un puñado de rectángulos de papel de china que hay regados por doquier. Hay blancos, pero la mayoría son color cian. El color de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Se acerca los papeles a la cara y se los guarda orgulloso en el bolsillo izquierdo de la camisa. Luego saca su celular y se toma una selfie con los dedos índice y medio en señal de victoria.

Tras la autoproclamación, miembros del clan Bukele aparecieron en el palco del Palacio Nacional para sacarse selfies.

Lo interrumpo. Me presento y le pido autorización para hacerle un par de preguntas. Un muro se levanta entre nosotros. Hasta hace unos instantes éramos dos salvadoreños cohabitando sin problemas en el mismo metro cuadrado, pero ahora me mira desconfiado. Lo entiendo. Hace unos minutos Bukele dedicó palabras en su discurso de autoproclamación para atacar a aquellos que le cuestionan: los periodistas independientes nacionales, la prensa internacional, las oenegés y la comunidad internacional. Juan Alberto no me conoce, pero da igual. Ser periodista es casi delito en este nuevo El Salvador o, como mínimo, ser sospechoso de todo.

Logro convencerlo hasta que le explico que solo me interesa entender por qué se lleva eso que ahora guarda en el bolsillo de su camisa. Juan Alberto abre los ojos, sorprendido, sonríe con todos los dientes y deja escapar una sincera carcajada. “¡Pero nada de video y fotografías!”, me dice. Pactamos.

Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela desde el palco del Palacio Nacional. Imagen tomada de las redes sociales de Nuevas Ideas.

“Me lo llevo porque esto es algo histórico que da esperanza. Somos los salvadoreños resolviendo los mismos problemas de los salvadoreños”, dice, repitiendo una de las frases icónicas de Bukele en toda su gestión, la constitucional, porque lo ocurrido en esta jornada, con el respaldo de una mayoría, está fuera de toda norma, es ilegítimo, es el paso previo a la consolidación de una dictadura, pero Bukele ha dicho en dos ocasiones que esta es la verdadera democracia. “Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, estamos trayendo la democracia. Si un pueblo dice ‘queremos régimen de excepción, seguridad…’.  En unas horas sabremos si quieren que continúe el presidente o qué mayoría quieren en la Asamblea. Eso es democracia”, dijo hora y media antes del cierre de urnas, en un mensaje transmitido por el canal estatal en un claro rompimiento al silencio electoral. En su concepción de democracia cabe una candidatura que nunca debió ocurrir, porque la Constitución lo prohíbe hasta en seis artículos; cabe un Estado que invirtió millones de dólares de fondos públicos en campaña a su favor y a favor de su partido, cabe irrespetar el Estado de derecho, una constante en Bukele. El punto ahora es que una mayoría de salvadoreños ha dicho, contundente, que no le importa el cómo lo hizo, le importa que se haya logrado.

Los festejos de la reelección inconstitucional de Bukele desde la plaza.

Son las 10:52 de la noche del 4 de febrero de 2024. Hace nueve minutos Bukele se despidió de esta plaza, que ahora comienza a desalojarse, entre un baño de chorros de confeti que duró tres minutos y el estallido de fuegos artificiales que duró seis. La joven democracia salvadoreña murió y el bukelato nació en medio de una fiesta que utilizó una canción de R.E.M. de fondo: It’s the end of the world as we know it sonaba –y suena- en los altoparlantes. La misma con la que Bukele llegó a votar a las urnas temprano, en la tarde, en una jornada plagada de anomalías que culminó con la caída del sistema de transmisión de resultados. Un caos que ha levantado sospechas al menos entre expertos electorales y líderes de oposición que ya hablan de fraude.

Toma de los fuegos artificiales desde el aire. Imagen tomada de las redes sociales del partido Nuevas Ideas.

Pero para Juan Alberto y la plaza, y la mayoría que le votó, desde las 6:56 de la tarde, casi dos horas después del cierre de urnas, la verdad de la elección tenía una sola prueba: la palabra de Bukele. El mandatario aseguró a esa hora, con sus propios datos, que había arrasado con el 85 % de la votación a su favor y con 58 de 60 diputaciones disponibles. Lo primero era esperable, según las encuestas, esperable a juzgar por los resultados que iban saliendo a boca de urna en todo el país. Lo segundo llamó a la sospecha. A esa hora, en la mayoría de los centros de votación, el conteo de las presidenciales o no había finalizado o estaba finalizando, con lo cual era imposible técnicamente que Bukele y Nuevas Ideas tuvieran alguna certeza de las legislativas, cuyas cajas ni siquiera se habían abierto para iniciar con el conteo.

Pero en la plaza eso tampoco tenía ninguna importancia. Aunque hay un detalle que no se puede pasar por alto: ningún diputado de la actual legislatura salió a celebrar al balcón, un detalle curioso si se toma en cuenta que Bukele dijo que “pulverizó” a la oposición y el presidente del legislativo, Ernesto Castro, y la primera vicepresidenta, Suecy Callejas, son parte del círculo íntimo de los Bukele y han sido claves en dos acciones que los trajeron a estas instancias: el golpe a la Sala de lo Constitucional y el régimen de excepción.

Un habitante de la colonia La Campanera emite el sufragio antes de las 8 de la mañana del 4 de febrero.

***

Juan Alberto tiene 48 años. Eso significa que creció en un país en guerra y alcanzó la posguerra en plena juventud. Es decir que ha sufrido, como todos en su generación, los males que caben en las dos caras de los últimos 48 años de El Salvador: la de la violencia armada del conflicto y la de la violencia de las pandillas, sumado a todos los gobiernos de la posguerra que fueron incapaces de satisfacer las necesidades de la población, harta además de tanta corrupción. Le pregunto cuáles son las principales razones para confiar una vez más en Bukele y su respuesta es inmediata: poner un alto contundente, a su juicio, a la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del Barrio 18. “Ahorita ya es hasta trillado decirlo, pero obviamente la seguridad. Cuando solucionó eso dimos un salto que no creíamos, que nadie creía que podía darse. Nadie creía, nadie, nadie, nadie”.

Nadie lo creía. Pero al menos desde marzo de 2022, con el inicio del régimen de excepción, una política que da facultades a la Policía y al Ejército para realizar capturas masivas de supuestos pandilleros, en los territorios otrora dominados por las pandillas se respiran otros aires. ¿El costo? 75 mil detenidos de manera arbitraria, 11 mil de los cuales no eran pandilleros, según declaraciones oficiales. El régimen acarrea denuncias de abusos, violaciones a derechos humanos, torturas y más de 200 muertes bajo custodia del Estado que, denuncian familiares de los reos y organismos de derechos humanos, no eran pandilleros. Para quienes apoyan a Bukele es un precio válido por una “verdadera paz”.

Agentes de una unidad élite policial custodian el centro de votación instalado en la Avenida Olímpica, en San Salvador, el lugar en el que llegó a votar Bukele.

El régimen ha provocado que colonias y barriadas enteras que antes vivían con leyes del salvaje oeste ahora abran las tiendas temprano y no tengan temores en cerrarlas tarde. En algunas canchas de fútbol, como en la de la colonia Prados de Venecia de Soyapango, la tercera ciudad más poblada del país, se juegan de nuevo partidos de fútbol, incluso en las noches, con iluminación incluida, y sin temor a represalias de la clica pandilleril que en la zona había prohibido el uso de ese espacio público. En La Campanera de Soyapango, un territorio icónico porque ahí vivió Viejo Lin, uno de los máximos líderes del Barrio 18 Sureños, pero también porque ahí se grabó La Vida Loca, un icónico documental sobre la cotidianidad de una clica dieciochera, el cambio de vida se resume con una sola imagen: la trinchera para un puñado de policías que custodiaban una comunidad de unos 10 mil habitantes y al menos dos centenares de pandilleros ha desaparecido. En su lugar ahora solo están unas paredes levantadas y unos marcos sin ventanas. La presencia de una célula policial, dice eso, ahí ahora es innecesaria.

En esos cuartos y paredes, hace 10 años, vivían, por turnos, los elementos de una pequeña delegación policial que custodiaba La Campanera.

El domingo 4 de febrero, desde las 6:30 am, algunos lugareños bajaron tranquilos una larga cuesta hasta el centro escolar de la localidad para emitir el sufragio. En el centro de votación solo habían dos policías custodiando que el proceso se desarrollara con normalidad. En La Campanera, las calles y las casas se ven más viejas, más desvencijadas que hace diez años, pero eso es un problema menor. La propaganda lo dice, la comunidad lo dice. También lo dicen los pobladores de una colonia cercana, Las Margaritas, icónica también en el mapa de los territorios pandilleriles por haber sido cancha de la emeese. “Dicen que ahí andan algunos escondidos, pero la verdad es que los muchachos ya no se ven”, asegura una lugareña, ocho años menor que Juan Alberto. Hace unos días, cuenta, salió a pasear de noche a un pequeño negocio que se ha levantado tras la pandemia, pero sobre todo después del régimen de excepción. “Abren toda la noche y hasta la madrugada. Antes, salir de noche, uno ni siquiera lo pensaba”, dice.

El lugar es una venta de tortas, tacos y carne asada a la orilla de calle, en una zona que antes era señalada como una frontera invisible. Es cierto. Abren la noche y toda la madrugada. “Los salvadoreños vivíamos en cierta psicosis por la delincuencia. Ahora ya no”, sintetiza Juan Alberto desde la plaza.  Para él, para ellos, los cambios que ha traído el régimen son un antes y un después. En todos los sentidos.

Una niña descansa en una hamaca al final del reparto La Campanera, en un chalet contiguo a la escuela pública y el punto de autobuses. Esta zona, hace años, era un punto de encuentro frecuente de los pandilleros que vivían en la comunidad.

Él es un profesional clasemediero que nunca simpatizó con ningún partido salvadoreño ni fue militante ni se interesó en la política. Sigue a Bukele y a Nuevas Ideas, asegura, desde el 2018, cuando el “presidente pidió firmas para crear el partido y le respondimos en menos de 48 horas”. Para él, todos los políticos anteriores tienen la característica de los políticos normales: “mentirosos, ladrones, corruptos”, pero Bukele no es un político normal. «Él rompió todos los paradigmas. Yo lo he visto y por eso me subí a este vehículo para solucionar los problemas de toda la gente”. Subirse a este vehículo no es sinónimo de participación militante, es simplemente ser parte de esa masa que le ha dado una refrenda por cinco años más.

Bukele ha solucionado los problemas de toda la gente, insiste. Le pregunto por aquel que no ha solucionado. La economía, que no mejora; “espérese, escuche lo que usted acaba de decir: ‘que no mejora’. ¿Y en qué momento va a mejorar? ¡Hey, espérese, calma, Who’s gonna ride your wild horses, como dice Bono! Va paso a paso. Después de este evento le va a meter a la economía, a la salud y educación. Van a venir mejores cosas”.

Le pregunto por la inconstitucionalidad de su reelección, algo que el propio Bukele también compartía, hace mucho tiempo, que no se podía hacer en el país. “¿Quiénes hicieron la Constitución? Por ahí un político dice que la Constitución fue hecha con saliva de bolos, porque él estuvo ahí. O sea, otra vez, paradigmas. Si es algo bueno, ¿por qué no?”.

Desde las 6:00 de la mañana, decenas de salvadoreños salieron a las urnas para participar en unos comicios que violan la Constitución. Según la carta magna salvadoreña, la reelección está prohibida y aquellos que la impulsen hasta pueden perder la ciudadanía.

Le pregunto por las pruebas que ha dado el periodismo sobre los pactos de Bukele con las pandillas previo al régimen de excepción; “es una tontería, una falacia, una mentira”. Le pregunto por todos los indicios de corrupción detectados en su gobierno… Juan Alberto cambia el semblante. “De qué medio me dijiste que eres”, repregunta. Le respondo. “Okay. Habría que ver qué medios. Hay periodistas que responden a intereses con los que, probablemente, ni siquiera comulgan. Yo entiendo que hay que comer, pero mi llamado sería a que cuenten solo la verdad. ¿Por qué quieren desearle el mal a un país que quiere salir de la pobreza?”.

Le pregunto qué pasará después de 2029.

¿Debe seguir o salir?
Vaya, le puedo dar una respuesta en caliente y en frío.
Dele.
En caliente, todos estos quisiéramos que él continuara.
Y …
¿En frío? ¿Por qué no? ¿¡Por qué no!?
¿Qué va a hacer con el confeti?
Lo voy a tener guardado como un tesoro personal, un recuerdo, reliquia, como tengo otras cosas por ahí… el boleto de un concierto que me gustó, la uñeta de un artista que tengo en un lugar especial… Ya voy a recoger un poco más para poder mostrárselo a los niños, a los nietos. O sea, es una muestra del salto que ha dado la gente, el país. Un medio internacional dijo que este es el comienzo de una era. Bueno, ojalá.

Le agradezco. Nos despedimos con un apretón de manos. Me doy la vuelta y atravieso la plaza. En el camino me topo a otros como él, impregnándose de recuerdos de esta larga noche. Son muestras de varias generaciones que le siguen a la suya. Una joven pide que le tomen una foto mientras ella, hincada, lanza puñados de confeti al aire. Atrás suyo, unos niños bastante niños juegan, a las 11 de la noche, a hacer montículos o a lanzar los papelitos al aire.

It´s the end of the world.

La canción no dejaba de sonar y me acompañó hasta la salida.

*Epílogo: A las 2 de la madrugada del 5 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó anomalías en el procesamiento de resultados electorales y ordenó el resguardo de los paquetes y el reenvío de las actas del escrutinio preliminar. La transmisión de resultados, en caos  hasta las 10 de la noche, hora en que se congeló, mostraba una tendencia con el 31 % de datos escrutados que vaticinaba una votación del 100 % del electorado. Una anomalía en la tradición electoral salvadoreña, que se ha mantenido cerca del 50 % de participación.

Pasadas las 5 de la mañana, el sistema del escrutinio preliminar mostraba nuevos datos para las presidenciales: un 70 % de actas escrutadas, un universo de más de 2 millones de electores, una tendencia de participación que podría llegar al 52 %, una contundente victoria de Bukele. Las elecciones legislativas, a esa hora, apenas llevaban un 5 % de procesamiento.

Cerca de las 11 de la mañana, el secretario de Estados Unidos Antony Blinken felicitó a Bukele. Toda la comunidad internacional ha felicitado la reelección inconstitucional de Bukele, algunos como Bernardo Arévalo, el recién electo presidente de la “primavera” en Guatemala, desde cuando el único dato era la palabra de Bukele.

Cerca de las 3 de la tarde, el TSE reconfirmó que el escrutinio preliminar fue un fracaso y ordenó que el conteo final de la presidencial tomará como base los resultados de las 6,015 actas que fueron transmitidas al sistema informático más los resultados, que se revisarán de nuevo, de los paquetes electorales de las 2, 547 actas que no fueron transmitidas.

Las elecciones legislativas, de las que no se sabe nada, se volverán a contar “junta por junta y papeleta por papeleta”. 

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, enfrenta denuncias por varios tipos de violencia en contra de una expareja que lo ha demandado por manutención en Estados Unidos. Ella ha dicho que enfrenta amenazas y desprestigio en las redes sociales, con la exposición de fotografías íntimas en represalia por haber presentado esta demanda. Este caso se suma a la impunidad que sufren las mujeres en Honduras y a la deuda pendiente que tienen las autoridades del gobierno actual para frenar la violencia machista. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Portada: Daniel Fonseca


A finales de 2021, Alejandra Bustillo, entonces de 27 años de edad, con seis meses de embarazo y un hijo de cinco años, emigró hacia Estados Unidos de forma irregular. Su decisión fue marcada por su pareja sentimental y padre de la hija que esperaba: Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional. 

 

En aquel entonces, Redondo estaba casado con otra mujer y acababa de reelegirse como diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH). Según cuenta Alejandra, la familia Zelaya-Castro le ofreció a Redondo que si ganaban las elecciones, él se convertiría en el nuevo presidente del Poder Legislativo. Con esa promesa vino la propuesta que Redondo le hizo a Alejandra de alejarse con su embarazo, ya que un escándalo como ese podría afectarlo políticamente. 

 

«Me dijo: si esta niña nace aquí y se revienta lo que está pasando ahorita, va a ser un escándalo», cuenta Alejandra. Agrega que no encontró citas disponibles para solicitar la visa para viajar a Estados Unidos y dar a luz a su bebé allá; entonces Redondo le ofreció irse de manera irregular con un contacto, prometiendo que haría su viaje de forma segura. Ella salió un 5 de noviembre de San Pedro Sula junto a su hijo y con su embarazo a medio término. Tras viajar en varios tipos de transporte, el 25 de noviembre llegó y se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos. 

 

Aunque viajaron en condiciones más seguras que otros migrantes que siguen la ruta, dice que fue un proceso muy duro por todo lo que veía en el camino. Cuando llegó, estuvo nueve días detenida en una celda conocida como «la hielera» por sus temperaturas frías, bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En ese tiempo, relata, le quitaron sus pastillas prenatales, comió mal, perdió 28 libras y a su hijo le dio neumonía. Al salir de la celda, Alejandra tuvo que iniciar un tratamiento complejo porque la desnutrición había afectado su embarazo. 

 

En mayo de 2023, Alejandra decidió cortar la relación con Redondo, quien hasta ese momento había sido «un muy buen padre, responsable, siempre estaba pendiente de nosotros cualquier cosa que pasara», explicó. Dice que desde entonces Redondo no volvió a hacerse responsable económicamente de su hija. 

 

En octubre de 2023, Alejandra decidió interponer una denuncia por manutención ante el Estado de Virginia en Estados Unidos, por un monto de 1,648.06 dólares anuales. Aunque los registros de estas demandas no son públicos, Alejandra ha publicado en sus redes sociales capturas del caso, que se registra bajo el número 0005605419, y fotografías de Redondo y su hija. 

 

Según Alejandra, Redondo debía presentarse voluntariamente entre el 10 y 30 de noviembre del 2023 y no lo hizo; posteriormente un juez lo notificó y tampoco llegó. Alejandra asegura que no sólo le escribió a Redondo, sino también a la madre de él y a su asistente personal, Edson Argueta, pidiéndole que se comunicara con ella. «Yo no quise hacer este proceso [hacer público el caso], pero no tuve otra alternativa», explicó. 

 

Contracorriente contactó a Edson Argueta para obtener su versión de esta información y solicitar una entrevista con Luis Redondo, pero al cierre de esta publicación no había contestado a las solicitudes. La relación cercana de Argueta con Redondo es conocida en Honduras; ambos están involucrados en el uso de tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional que han sido utilizadas para gastos personales en restaurantes, hoteles, vuelos, supermercados y servicios a domicilio sin rendición de cuentas. 

 

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A pesar de que el caso de Alejandra se hizo público en redes sociales y que los medios de todo el país replicaron la noticia, Alejandra asegura que Redondo no se ha comunicado con ella directamente; sólo le mandó a decir a través de otra persona que si iniciaba la demanda debía atenerse a las consecuencias legales y «que nada va a proceder, porque él tiene el poder».

 

Para la analista feminista Jessica Sánchez, es preocupante que una persona a cargo del Poder Legislativo no cumpla sus obligaciones con su propia familia: «Si quieren ser padres de la patria, que primero sean padres de sus hijos e hijas, porque tan culpable es que un tipo se robe millones como un tipo que no se hace cargo de manutención (…) sería tan fácil darle la manutención, o sea, no es una cosa del otro mundo, no es un hombre que no tenga trabajo, que no tenga dinero; pero esta es una cuestión de ejercer el poder sobre la mujer que tiene a su hija, de decirle: si quiero te doy, y si no quiero no te doy», explicó. 

 

Sumado a la violencia patrimonial que Alejandra está sufriendo, dice que cuando decidió hacer público el caso, cuentas anónimas en redes sociales comenzaron una campaña de desprestigio en su contra. Las cuentas están vinculadas a contenidos progobierno y tienen patrones de campañas inauténticas y coordinadas que Contracorriente y expertos en informática han investigado anteriormente. «Él tiene cualquier cantidad de páginas para poder denigrar a cualquier persona que no esté de acuerdo con sus ideologías y pensamientos y con lo que él hace. De repente empezaron a aparecer fotos que yo le mandaba a él cuando éramos pareja, a decir que yo salía con un narcotraficante; si eso fuera así yo no estaría en esta situación», denunció Alejandra. 

Colectivos feministas son agredidos por la policía nacional durante una marcha exigiendo justicia para las mujeres asesinadas. Foto CC/Fernando Destephen

Sánchez recalca que debe haber leyes que protejan a las mujeres de la ciberviolencia, pero que el Congreso Nacional no ha tenido voluntad política: «La única ley que se ha aprobado para las mujeres es la Ley de Salud en el Trabajo, que fue impulsada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y Silvia Ayala, de ahí pare de contar: ley integral, ley de casas refugio, ley alerta morada para desaparecidas, todas están trabadas ahí en el Congreso», detalló. 

 

Alejandra también cuenta que Redondo ha llamado a sus familiares para intimidarla,  por lo que el pasado 2 de febrero interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, abrió una cuenta de donaciones para cubrir los 6,000 dólares que le costará la demanda privada por manutención, ya que esto implica primero un proceso de naturalización para reconocer a su hija como hondureña, y luego hacer un reconocimiento forzoso de la paternidad ante el Estado de Honduras. 

 

También busca recolectar 8,000 dólares para la regularización de su estado migratorio. «Yo tenía que volver a Honduras por cierto tiempo para iniciar todo mi proceso por medio de la embajada de allá y de Cancillería, pero ahora no puedo volver», lamenta Alejandra, y explica que eso hace que el proceso sea más costoso. 

 

El 31 de enero, la Mesa Técnica para el Acceso a la Justicia para las Mujeres, que es liderada por la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional y por el Poder Judicial, se reunió con organizaciones feministas para socializar el borrador de reglamento para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre las sanciones que se impondrán, una vez que el pleno de la Corte Suprema de Justicia apruebe el reglamento, está la inhabilitación para adquirir o renovar licencias de conducir o pasaportes; tampoco podrán solicitar nuevas cuentas de banco, tarjetas de crédito, ni préstamos de ningún tipo. 

 

La analista Jessica Sánchez se encontraba en la reunión que era transmitida por los canales del Congreso Nacional, y durante la ronda de preguntas interpeló: «Yo sé el compromiso que tenemos todas las que estamos aquí, pero de nadie es desconocido que Luis Redondo enfrenta una demanda por manutención. Es un hombre de mucho poder, ¿cómo está la relación de fuerza? ¿Realmente este proyecto tiene la fuerza política, no de ustedes, sino de todos?». Pero su duda no fue evacuada por ninguna de las autoridades presentes, y minutos después la transmisión fue cortada.   

 

Sánchez explicó que «las diputadas que estaban presentes tienen y han tenido compromiso con temas de género, siempre hablamos en participación política de que ojalá haya un finiquito de género para quienes aspiran a un puesto de elección popular. Por ejemplo, verificar que no tengan antecedentes de violencia doméstica o antecedentes de violencia en general, ni violencia sexual, demandas de manutención, ¿verdad? pero no se ha tomado en cuenta», detalló.

Colectivos feministas marchan durante la celebración del Día de la Mujer en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Una deuda pendiente con las mujeres

 

El año 2023 fue muy violento para las mujeres hondureñas, y los femicidios aumentaron en un 30 %, con un registro de 386 casos. El 2024 inició con un registro muy alto de casos, con 22 muertes violentas de mujeres hasta el 25 de enero, según el Centro de Derechos de Mujeres. Por esta situación, diversas organizaciones se manifestaron por la falta de acciones concretas para atender dicha  emergencia de violencia. 

 

Recientemente los tres poderes del Estado presentaron un informe de logros durante el inicio de la tercera Legislatura. Ni la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, ni el del Legislativo, Luis Redondo, hicieron mención sobre la situación de violencia y femicidios, a pesar de que el evento fue el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña. Por el contrario, las mujeres que protestaban fueron reprimidas por la Policía Nacional a pocos metros del evento. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, presentó cifras relacionadas, pero no detalló acciones concretas.

 

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Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, señaló que el 2023 fue más violento que años anteriores para las mujeres, ya que más allá del aumento de registros de casos, en su organización atendieron situaciones en las que vieron más odio hacia las mujeres. «Teníamos como referente el 911, recordemos que estuvo cerrado y no atendían las denuncias. Entonces en nuestra organización los casos aumentaron y las mujeres vinieron por situaciones de violencia con más odio y saña. Ahora nosotras tenemos de manera permanente líneas telefónicas de atención, tenemos atención externa y tenemos refugios que pasan repletos», explicó.

 

También señaló que, ante la falta de respuesta a la violencia, aumentaron los casos de desplazamiento forzado de mujeres. En 2023, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como violencia intrafamiliar; sin embargo, de acuerdo a las cifras del Poder Judicial, solo llegaron a los juzgados el 16.62 % de los casos que fueron denunciados en el año. 

 

El Congreso Nacional recibió hace cinco años una propuesta de Ley de Casas Refugio que sigue sin entrar a discusión. El proyecto contempla, entre otras cosas, que se le otorgue un financiamiento estatal a las 10 casas refugio existentes, que fueron creadas por organizaciones no gubernamentales. Al principio solicitaban apenas 10 millones anuales, pero esta demanda se está incrementando con los años. 

 

En contraste, las prioridades del gobierno se han enfocado en la construcción de complejos deportivos o canchas de fútbol que han sido inaugurados por la misma presidenta Castro. Por ejemplo, el 13 de enero Castro inauguró un complejo deportivo en Talanga, Francisco Morazán, que tiene un costo de 21 millones de lempiras (840, 000 USD).

 

«Es irrisorio que en el presupuesto del año pasado quedaron 30 millones para casas refugio y lo que se hizo fue sólo firmar un convenio con la Alcaldía Municipal para que construya una, para la cual apenas han identificado el terreno, y no se dedicó nada al fortalecimiento de las casas ya existentes. Para este presupuesto 2024 quedó igual, 10 millones para prevención que no se hace nada», agregó Cruz. 

 

Por otro lado, el 31 de enero, la familia de Angie Peña, desaparecida en Roatán en enero de 2022, realizó una conferencia de prensa en donde pedían que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio Público creen una comisión que intervenga en el caso, ya que las personas asignadas no les han respondido, e incluso una fiscal bloqueó los contactos de la familia para que ya no puedan comunicarse con ella.

Colectivos feministas protestan frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Foto CC/Fernando Destephen

«Angie votó por Xiomara Castro, confió en ella, y realmente no hemos podido tener una respuesta del gobierno», dijo Ericka Melgares, madre de Angie. De igual forma, el padre de Angie, Walter Peña, pidió que el gobierno frene la violencia contra las mujeres y no actúe solo en casos mediáticos. Posteriormente, la familia tuvo una reunión con el fiscal interino del Ministerio Público, Johel Zelaya, quién se comprometió a cambiar el equipo de fiscales y analizar el caso para dar nuevas líneas de investigación.  

 

Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), denunció que desde el poder ejecutivo hay silencio, porque la presidenta no se ha pronunciado en temas de género desde el 25 de noviembre de 2023. «Nos preocupa porque vemos quizás un desinterés sobre la temática de mujeres, cuando esto nos afecta a todas y  todos, todos los días. Necesitamos que la presidenta se pronuncie, porque de esa forma nosotras vamos a entender ese compromiso político», demandó.

 

Por su parte, Ana Cruz demanda un compromiso real del gobierno con las mujeres, ya que han recibido información de que existe intención de ocultar expedientes de políticos vinculados al partido de gobierno que fueron denunciados por violencia basada en género.


«No se vale tampoco porque están jugando con las vidas de las mujeres. Nosotras seguiremos exigiendo que todas las promesas se cumplan. (…) Es preocupante que no se han terminado ni siquiera de ejecutar  un 10 o 15 % de las promesas, y ya están nuevamente en política, y ya nosotras como mujeres estamos cansadas de estar escuchando lo mismo y que quieran  hacernos creer que van a cambiar la situación para nosotras», finalizó Cruz.

A más de un año de celebrarse las elecciones primarias en marzo del 2025, la carrera por la alcaldía de San Pedro Sula ha comenzado. Al menos ocho nombres resuenan en los barrios de la ciudad norteña como aspirantes a la silla municipal ocupada por Roberto Contreras, de quien tampoco se descarta que vaya por la reelección. Las acciones proselitistas antes del llamado electoral están prohibidas. 

Texto: Allan Bu

Fotografía: Amílcar Izaguirre


Faltan dos años para el próximo proceso electoral y ya asoman ocho candidatos interesados en ser alcaldes de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. El actual edil, Roberto Contreras, quien ganó las elecciones en noviembre de 2021 con una alianza con el Partido Libertad y Refundación, aún no ha manifestado abiertamente su interés por un segundo período, pero tampoco lo ha descartado.

 

Sin embargo, la competencia ya comenzó a hacer campaña y solo dentro del Partido Libre, el partido de gobierno, hay dos candidatos fuertes que se están enfrentando: el diputado Ramón Barrios y el ministro de gobernación, Tomás Vaquero, aunque también suenan en las campañas prematuras: Adeliano Amaya, coordinador del programa nacional de reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Cortés, Yoro y Santa Bárbara, y Frank Antúnez,  coordinador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para la región noroccidental. 

Esta fiebre electoral contradice una popular frase que repiten los sampedranos: «Tegucigalpa duerme y La Ceiba baila, mientras San Pedro Sula trabaja».  San Pedro Sula es también conocida como la «ciudad industrial», aquella donde sus habitantes trabajan en la industria y el comercio. A diferencia de la capital, la ciudad norteña vive con menos efervescencia los vaivenes políticos o, al menos, esa es la creencia popular, que parece contrapropuesta a la proliferación de aspirantes a gobernar San Pedro Sula. 

A juicio del analista Rafael Delgado, no es distinta la dinámica previo a una elección en las dos grandes ciudades de Honduras. «En San Pedro Sula también existe un fuerte movimiento político y de aspiraciones de diputados. No hay mucha diferencia entre lo que ocurre en San Pedro Sula y Tegucigalpa», aseveró.

 

De acuerdo con el artículo 195 de la Ley Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer la convocatoria a elecciones primarias seis meses antes del segundo domingo del mes de marzo del año en que se celebren las elecciones, que en este caso será en el 2025.  De ahí que la convocatoria a elecciones se realizará el 8 de septiembre del 2024. Así que el surgimiento de estas candidaturas casi un año antes de la convocatoria convierten a la campaña política en una carrera larga y muy costosa en uno de los países más pobres de Latinoamérica.

 

La mayoría de aspirantes han surgido en el Partido Libertad y Refundación, que gobierna el país, en el cual ya ha lanzado oficialmente su candidatura presidencial Rixi Moncada, exministra de Finanzas, quien renunció a este  cargo para dedicarse prematuramente a la carrera presidencial.

 

Seguidores del Partido Libertad y Refundación participan de la celebración del segundo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Fernando Destephen

Contracorriente habló con líderes de barrios, activistas y militantes de Libre, quienes confirmaron que al menos cuatro miembros del partido de gobierno ya se encuentran hablando con las bases y visitando barrios para el proceso interno. Los mencionados en las conversaciones son funcionarios. Por ejemplo, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Cortés Ramón Barrios es uno; en redes sociales circula un video en el que aparece el congresista con el eslogan «Urge un alcalde de los barrios». 

 

Otro aspirante es el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, aunque en declaraciones a Conafeph Noticias dijo que desistirá de sus aspiraciones y se mantendrá en el Gobierno los próximos dos años. Vaquero también sostuvo reuniones con la base de Libre. Se sabe que es muy cercano al asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales y también puede ser un enlace con el empresariado de San Pedro Sula, ya que fue director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC).  El bufete de Vaquero y su esposa representa a las empresas de Lenir Pérez, que están enfrascadas en un grave conflicto ambiental en la aldea Guapinol, en Colón, en el norte del país también. 

 

En el caso de Frank Antúnez, otro de los aspirantes, hay una foto donde Mauricio Ramos, alto dirigente de Libre, lo acompaña en una especie de lanzamiento no oficial. 

 

La Ley Electoral prohíbe a los funcionarios y empleados públicos: asistir a reuniones de carácter político durante días hábiles; realizar actos de proselitismo en el interior de su lugar de trabajo; utilizar la autoridad, medios e influencia de su cargos para favorecer a personas o partidos políticos; utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda y utilizar recursos o bienes del Estado para hacer campaña electoral. Por esto todos han sido sutiles con sus mensajes. 

 

El analista Rafael Delgado opina que no debe haber una limitante para las personas que quieran manifestar sus aspiraciones; lo que considera un problema es que se utilicen los recursos del Estado para promover candidaturas presidenciales o municipales. Sostuvo que en el país no hay respeto por la ley que garantice que los recursos que manejan los funcionarios públicos son «exclusivamente para darle solución a los problemas del país. Creo que existe ese riesgo, que los fondos públicos no se estén utilizando para resolver los grandes problemas del país, sino para promover candidaturas», dijo. 

 

Pero Libre no es el único partido que cuenta con candidatos prematuros. En el populoso sector Rivera Hernández, un líder que prefiere no ser mencionado contó que el exalcalde y actual regidor municipal, Armando Calidonio, anda reactivando su movimiento para competir en las próximas elecciones internas, y también están aspirando los diputados José Jaar y Yaudet Burbara Canahuati; este último prácticamente ha desaparecido del Congreso Nacional. En un informe publicado  por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en que verifican la presencia de diputados en las sesiones en el hemiciclo, Burbara aparece solamente con una asistencia.

Una niña juega con su abuela en una de las calles principales de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Foto CC/Amilcar Izaguirre

En el Partido Salvador de Honduras nuevamente estaría preparándose Julio Montessi, quien actualmente es regidor, después de integrar una alianza con Roberto Contreras y Omar Menjívar. Donde no aparecen candidatos es en el Partido Liberal. Una fuente de quien protegeremos la identidad, nos mencionó que hay un grupo promoviendo una candidatura del joven y desconocido empresario Fernando Castro, pero este no ha aceptado. Ni siquiera José Antonio «Toñito» Rivera, quien ha participado en cuatro ocasiones en la carrera edilicia, es mencionado como aspirante. 

 

Rafael Delgado sostiene que, si Honduras viviese en un ambiente de respeto irrestricto a las leyes y se tuviese certeza de que los recursos públicos estarán bien resguardados, no habría problema con las extendidas campañas, «pero vivimos en ambiente de bastante debilidad institucional, que da lugar a eso, que los recursos —son muy pocos– se han utilizado para apoyar y darle vida a candidaturas políticas”. 

 

Una funcionaria de la administración actual, quien estuvo involucrada en la campaña anterior y ha pedido que protejamos su identidad, justificó que se comienza a trabajar con mucha antelación porque no es fácil organizar una ciudad como San Pedro Sula. Contó que para una elección interna en la principal ciudad del norte de Honduras se necesitan 1,500 personas para cubrir las urnas, y hay otras involucradas en guiar a los votantes.

 

Además, sostiene que ese trabajo político en el campo tiene inconvenientes propios de la realidad del país; uno de ellos es la violencia estructural que arropa cada rincón de Honduras. Confesó que en algunas colonias de San Pedro Sula, «hay que pedir permiso a los jefes de mara o crimen organizado para entrar».

 

Para el analista y líder de opinión Leonardo Pineda, esta es una campaña demasiado prematura. «Estas personas deberían ser sancionadas por la Unidad de Política Limpia y hay una ley electoral que las prohíbe, pero esta gente anda en campaña prematura», aseveró. 



Lo que dicen desde las comunidades

 

En el sector Rivera Hernández los movimientos más activos provienen del partido de gobierno, pero también hay miembros del Partido Nacional, como el exalcalde Calidonio y el diputado Burbara, que están levantando cuadros en el sector. Óscar, un vecino del sector, estima que si el alcalde Roberto Contreras corrige algunas situaciones será un contendiente difícil de vencer, en caso de que aspire nuevamente: «Contreras sigue fuerte en el sector», aseguró. 

 

Hay opiniones contrarias. El analista Leonardo Pineda manifestó que en las comunidades hay mucho descontento por lo realizado en la administración de Contreras, e incluso hay organizaciones evangélicas que le han retirado su apoyo para otra eventual elección: «El alcalde en cuanto dice una cosa dice otra. Él asegura que tiene aspiraciones dentro del Partido Liberal; es más, no creo que aterrice para alcalde otra vez, hay un sinsabor muy fuerte en San Pedro Sula», sostiene Pineda. 

 

En la colonia Llanos de Sula, del sector Rivera Hernández, encontramos a un hombre en bicicleta a quien le preguntamos si ha observado acciones de políticos en el sector, y su respuesta es propia de una de las zonas que históricamente ha estado sumida en la violencia: «Aquí nadie ha andado en política. Mire, los que pasan aquí son los “muchachos”. Casi todos los días los de aquí (señala hacia abajo) con los de allá (extiende su mano izquierda) se agarran a tiros muy cerca de mi casa. Así que por ahora no andan políticos, pero el otro año aquí van a andar», dijo. 


Los «muchachos» a los que se refiere el vecino de la comunidad son miembros de bandas rivales que pelean por el control de territorios en el sector. Diversas fuentes consultadas por Contracorriente para una nota anterior confirmaron la existencia de seis grupos delictivos, que en ese entonces mantenían una tensa paz que había derivado, según algunas fuentes consultadas, en la baja de homicidios.

Centro de Chamelecón. Foto CC/Amilcar Izaguirre

En el otro extremo de la ciudad, a Sonia Perdomo, habitante del sector Chamelecón, no le interesa saber de política, y aseguró que «no se ha escuchado mucho en ese sector». El único político del que ella ha escuchado es del exdiputado nacionalista Reynaldo Ekónomo —mencionado en el juicio de Tony Hernández y también acusado por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)—, quien probablemente ya anda organizando cuadros en un intento por regresar al Congreso Nacional. Mencionó que en la zona hay un trabajo muy fuerte de organización comunitaria apoyado por oenegés como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y que de momento los pobladores no quieren hablar de candidatos. 

 

«Aquí no queremos políticos, mire el alcalde cómo nos quedó mal con eso del bordo. Más bien estamos tratando que la gente se vaya olvidando de la política y que trabajemos más en pro de la comunidad pero sin necesidad de un político», dijo con desazón Sonia. Agregó que su molestia con el alcalde Contreras es porque en campaña prometió la reparación de los bordos; incluso antes de la campaña, en una manifestación de los vecinos de Chamelecón, el empresario apareció con un cartel donde la pedía ayuda al presidente salvadoreño Nayib Bukele, de quien es un ferviente seguidor. «Solo vienen a hacer parapetos, traen la maquinaria, a tomarse fotos y después no vemos resultados. El bordo sigue igual», se quejó.  

 

Otros dos habitantes de Chamelecón no quisieron referirse al tema, argumentando que ellos no participaban de ninguna forma en política.

 

 

«El próximo alcalde será de Libre»

 

Meses después de la victoria de la alianza conformada por Libre, PSH y el independiente Roberto Contreras, el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales vociferó en forma de sentencia: «El próximo alcalde de San Pedro Sula no va a ocupar alianza, será de Libre».   

 

Dos miembros de las bases de Libre confirmaron que en el interior de ese partido se están perfilando para la candidatura municipal Ramón Barrios —cuya campaña de expectativa gira alrededor de su apellido–, Adeliano Amaya, Frank Antúnez y Tomás Vaquero Morris, y aunque este último ha manifestado últimamente que desistirá de esa idea, «en política no está nada escrito», advirtió uno de los activistas entrevistados.

 

La funcionaria de la actual administración que pidió no ser identificada comentó que el vicealcalde Omar Menjívar está analizando entrar nuevamente en la lucha por la alcaldía, pero que hay un grupo de activistas de Libre molesto con el abogado, pues sienten que ha tenido un papel muy discreto en la administración comandada por Roberto Contreras: «la gente está molesta con él porque ha hecho poco por las bases», aseguró. 

 

Una de las cosas interesantes que salió en una plática con otro miembro de Libre, cuyo nombre vamos a proteger, son sus dudas respecto a la fuerza que puede tener su partido en la próxima justa electoral: «Libre no tiene candidato para ganar la municipalidad, cualquiera de los que son mencionados no se ven como carta de triunfo», sostuvo.

 

Consideró que, para ganar, Libre necesita un candidato que se perciba como independiente y que el pueblo sampedrano vea como una buena opción. Agregó que Omar Menjívar cumple con esas características de jalar más allá del voto duro, que ahora mismo parece estar molesto con Menjívar: «Libre tiene un problema a nivel de municipalidades grandes, ahora fue por la oleada, [sus candidatos] no son atractivos para la mayoría de la población, solo el voto militante», analizó el activista. 

 

Añadió  que los sampedranos tienen un criterio menos partidista del que existe en otras zonas del país: «Hay más soltura de criterio, no están marcados con nadie. Eso significa que tienen un voto barato, solo tenés que poner un buen candidato», aseguró. 

 

Este militante de Libre reconoció que ni el Partido Nacional iniciaba sus campañas con tanta antelación, y que a él le sorprenden particularmente las actuaciones de un funcionario como el abogado, catedrático universitario y diputado Ramón Barrios: «Lo desconozco, en lugar de entrar para cambiar esa dinámica, fue absorbido». 

 

Los candidatos arriba mencionados son las cartas que hasta ahora presenta el oficialismo en San Pedro Sula. Estas candidaturas nacen al interior de tres movimientos: 28 de junio, Fuerza de Resistencia Popular (FRP) y Pueblo Organizado en Resistencia (POR).

 

Contracorriente contactó a tres de los funcionarios en cuestión. Fran Antúnez argumentó que no podía hablar del tema, el diputado Barrios no respondió a los mensajes en los que se le pedía una entrevista, y el señor Adeliano Amaya tampoco quiso referirse a su interés en ocupar la silla municipal. También se contactó al alcalde Roberto Contreras, llegado al poder bajo la bandera de Libre; inicialmente había aceptado una conversación sobre el tema político y los aspirantes a sustituirlo, pero después no respondió a la comunicación.



Problemas y el perfil ideal para San Pedro Sula

 

San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, con aproximadamente un millón de habitantes, responsable de buena parte del Producto Interno del País (PIB), también carga con un rosario de problemas.  

 

Entre los más visibles están la inseguridad y la desatención de sectores como Chamelecón y la Rivera Hernández. No hay un plan encaminado a resolver la situación de más de 100 mil personas que viven en los bordos, ni la de los comerciantes informales que han copado las calles del centro de San Pedro Sula, que a esta altura es casi intransitable.  

Un grupo de habitantes de San Pedro Sula visita los establecimientos de venta informal. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Rafael Delgado, catedrático universitario y analista, piensa que ante la inmensidad de problemas que hay en el país, el que altos funcionarios comiencen campaña dos años antes significa desviar tiempo y esfuerzo que deberían ser ocupados para resolver los problemas de los ciudadanos a nivel nacional. 

 

Por la serie de problemas ya mencionados, Delgado estimó que esta ciudad requiere de personas con un gran conocimiento de los problemas, pero también con un conocimiento técnico para resolverlos; además, estas personas deben tener «mucho compromiso con el país y sus leyes para no caer en corrupción, despilfarro y desenfoque a la hora de enfrentar los problemas». 

 

«Independientemente si es un outsider o proviene de partidos políticos ya constituidos, lo que necesitamos es un alcalde y regidores capaces, que sean competentes, con un gran sentido de responsabilidad y respeto a los valores o las leyes», dijo Delgado. 

 

Respecto al perfil de los candidatos, una funcionaria del gobierno actual concluyó que el sampedrano no es un voto pensado como dicen muchos analistas, es más un voto emocional y amante del espectáculo: «La gente es fácil de engañar», dijo, y luego agregó que al electorado le interesa que les ofrezcan soluciones: «a la gente no le hablés de revolución, feminismo y mucho menos de la izquierda porque no te entiende, a la gente en San Pedro hay que hablarle sobre cómo se resuelven los problemas». 

Fotografía y texto: Agencia EFE


Antes de que se conocieran los primeros datos del escrutinio oficial, que tardaron en llegar cuatro horas y media, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo con «más del 85 % de los votos» y empezó a recibir felicitaciones de las cancillerías de países vecinos.

Tras una jornada electoral de diez horas que transcurrió sin incidentes graves, aunque con denuncias de irregularidades por parte de la oposición de derechas, Bukele decidió dar una conferencia de prensa mientras arrancaba el lento recuento de los sufragios, cuyos resultados están a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El mandatario se autoproclamó ganador de los comicios, proceso que equiparó con una suerte  de «referéndum» no oficial de su mandato.

Unas horas después llegarían las primeras felicitaciones al mandatario. Panamá, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú fueron los primeros países en reconocer el triunfo de Bukele.

«De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85 % de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea», publicó en la red social X el gobernante cerca de dos horas después de que cerraran sus puertas los centros de votación.

Bukele aseguró que esta cifra, superior al 53 % con la que ganó su primer mandato y sin que se conozca el total de votantes o porcentaje de abstención, es «el récord en toda la historia democrática del mundo».

Este porcentaje coincide con el proyectado por la firma demoscópica Cid Gallup, según una encuesta realizada a pie de urna en unos 300 centros de votación y con unas 20.000 personas.

 

Bukele rompe silencio electoral

Bukele rompió el silencio electoral en una conferencia de prensa celebrada en un hotel de la capital para pedir a la población que votara por su reelección y por el mantenimiento de la mayoría absoluta en el Congreso, y así poder continuar su «guerra contra las pandillas».

Un régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y prorrogado en 22 ocasiones por el Congreso que se convirtió en la principal apuesta de Bukele para ser reelegido.

«Estas elecciones, no oficialmente, pero vienen a ser un referéndum de lo que estamos haciendo en El Salvador», afirmó el presidente, quien agregó: «Nosotros no estamos reemplazando la democracia, nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador».

Los comicios se desarrollaron en medio de la polémica sobre la legalidad de la candidatura de Bukele. Son al menos seis las disposiciones constitucionales, de acuerdo con juristas y expertos consultados por EFE, que prohíben la reelección inmediata.

Fue en un auto emitido por la Sala de lo Constitucional, compuesta en parte por exasesores del Gobierno de Bukele y exabogados de altos funcionarios, en la que el oficialismo salvadoreño se basó para lograr inscribir su candidatura.

Ante los señalamientos de autoritarismo, Bukele negó este domingo que El Salvador urja una reforma constitucional que contemple la reelección indefinida.

«Creo que no es necesaria la reforma constitucional» y «no, no creo que debería de incluirla» (la reelección indefinida), sostuvo.

 

Una jornada entre señalamientos y ataques a la prensa

A media jornada de los comicios, representantes de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) denunciaron «anomalías» en la integración de las juntas receptoras de votos.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció al menos 110 agresiones a la prensa, una cifra superior incluso a la registrada en un solo año por este gremio.

Al cierre del horario oficial de votación, Bukele se quejó de que numerosos salvadoreños residentes en el extranjero no pudieron sufragar porque cerraron los colegios electorales, a pesar de que numerosas personas aguardaban en las filas. «Este es un delito en nuestro país y los responsables deberán ser procesados», advirtió.

El ente electoral no se ha pronunciado respecto al adelanto de los datos dados a conocer por Bukele ni por la conferencia que dio el mandatario en medio del silencio electoral.

De confirmarse los datos del escrutinio preliminar, Bukele se convertirá en el primer presidente de El Salvador en reelegirse a pesar de la prohibición constitucional, desde que el país dejó una dictadura militar de varias décadas y entró en democracia.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

 

La escuela de la comunidad de Tacamiche en San Manuel, Cortés, lleva 26 años en abandono. No solo tiene daños estructurales, sino que también carece de libros y materiales didácticos, como sucede en muchas escuelas del país. El ministro de Educación, Daniel Sponda, ha dicho que en el 2022 se reconstruyeron más de mil escuelas y que esa cifra se duplicaría en el 2023; sin embargo, el reto sigue siendo grande. Los padres de familia son los que maquillan con sus aportaciones la cara del sistema educativo.

 

Desde que fue construida hace 26 años, la Escuela Bessy Watson de Reina en Tacamiche, una comunidad de San Manuel, Cortés, no ha recibido atención del Estado. Los pocos remiendos que tiene han sido resultado de los esfuerzos de los padres y madres de familia. Reparar los múltiples daños que hoy presenta está fuera de la capacidad económica de estas familias, y en unos días los alumnos regresarán a este edificio que, en lugar de un espacio educativo, parece una trampa. El piso se ha fragmentado por las grietas y parece que las paredes pueden caer de un momento a otro por las múltiples fisuras. Cuando llueve, el agua se filtra por los agujeros del techo. «Temo que una lámina del cielo falso caiga sobre algún alumno mientras recibe clases», dijo Esmeralda Flores, directora de la Escuel Bessy Watson de Reina.

 

Según Roberto Torres, líder de la comunidad de Tacamiche, el muro de esta escuela es un peligro, porque podría caer sobre los alumnos debido a que está inclinado hacia afuera. «Dios no permita que ese muro caiga sobre los alumnos y queden aplastados. Siempre les digo que se mantengan lo más alejado de ese cerco», dijo don Roberto.

 

«Yo no sé cómo Dios nos quiere tanto y cómo esas paredes no les han caído a los maestros y alumnos», comentó Gilberto Domínguez, exdirector  de la Departamental de Educación de Cortés, mientras observaba las fotos de esta escuela. «Si las construcciones fueran masivas como dice la Secretaría de Educación, la escuela de Tacamiche no estaría en esas condiciones», apuntó.

 

En Honduras, según datos de la Secretaría de Educación, siete de cada 10 escuelas están deterioradas. De las 17,800 escuelas que existen, más de 12 mil están en mal estado. En enero del año pasado el ministro de Educación, Daniel Sponda, dijo a este medio que en el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se habían reparado más de mil escuelas y que para el 2023 se duplicaría  esa cantidad.

 

Sponda aseguró en esa ocasión que para ese fin la Secretaría de Educación contaba con unos mil millones de lempiras, más unos 1,500 millones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para reparar estos centros, aunque según el portal de Honduras Inversiones, el presupuesto aprobado en el FHIS para infraestructura escolar en el 2023 apenas es de 425.1 millones de lempiras.

 

De haberse cumplido esa meta, a finales del 2023 deberían estar reparados unos 3 mil centros educativos; sin embargo, el viceministro de educación, Edwin Hernández, confirmó que al cierre del 2023 se  habían intervenido unos 1,500 centros educativos, de los cuales 950 se repararon  por medio del  Fondo de Inversión Social (FHIS), a un costo de 1,100 millones. Por otro lado, Gilberto Domínguez dice que esos datos no coinciden con la realidad. 

 

«Cuando aún Edis Rivas era director departamental de Cortés, dijo que después de las tormentas Eta y Iota, solo en Cortés habían dañados unos  70 centros educativos, ubicados en Pimienta, Chamelecón, Rivera Hernández y los bajos de Choloma, y de esos solo unos pocos se han reconstruido, a otros ni siquiera se les ha puesto la mano», dijo Domínguez.

 

Domínguez aseguró que en el actual  gobierno las condiciones en la infraestructura escolar son las mismas que en el gobierno anterior. Afirmó que sus compañeros le comentan que las reparaciones de escuelas se han hecho de manera sectaria, cuando lo pide un diputado, alcalde o director que es partidario del actual gobierno. «Dijeron que se habían reparado 1,500 centros, pero la verdad es otra. Para eso también el Partido Nacional, cuando se estaba retirando del gobierno, dijo que había reparado 2 mil centros en los últimos dos años», expuso Benítez.

 

El pasado 11 de enero, los gobiernos de Honduras y la República de China presentaron un proyecto de «Intervención integral en infraestructura y equipamiento de centros educativos», cuyo objetivo es reconstruir unas 1,200 escuelas a nivel nacional; para esto, el país asiático otorgará a Honduras unos 285 millones de dólares.

 

La Secretaría de Educación no ha dado detalles sobre las condiciones en que Honduras recibirá ese dinero; no se sabe si se trata de un préstamo o una donación. «Ellos dicen que es un dinero no reembolsable, pero yo lo dudo porque nadie va a venir a regalar dinero en un sistema fracasado como el de Honduras. Uno solo escucha lo que dice la Secretaría de Educación, pero no hemos escuchado lo que dicen los representantes de China», comentó Domínguez.

 

Agregó que «pareciera que ha hecho más escuelas Shin Fujiyama que la Secretaría de Educación; él hace hasta maratones para reconstruir centros educativos. A mí me da lástima y vergüenza que la Secretaría de Educación diga que están construyendo centros educativos. Si fuera así, este muchacho [Fujiyama] no tendría que andar con gente de fuera del país pidiendo apoyo para construir escuelas».

 

Shin Fujiyama es un filántropo de origen japonés con nacionalidad estadounidense que radica en El Progreso, Yoro, desde hace 14 años. Ha construido varios proyectos sociales para apoyar a personas de escasos recursos, principalmente en la ciudad donde reside. En los últimos años decidió convertirse en creador de contenidos para recaudar fondos y construir mil escuelas en el país, y lleva cerca de 60 construidas. También hay oenegés que apoyan a niños que viven en zonas vulnerables, donde ni siquiera existe una escuela. 

 

En los bordos de la Llanos de Sula número 2, de la Rivera Hernández, desde el 2015 el albergue Hogar el Refugio, dirigido por Christof Wittwer, se hizo cargo de una escuela donde recibían clases los niños de al menos 200 familias del bordo, pero cerró el año pasado por falta de presupuesto, y según se dice, también por las trabas de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, que  les pedían muchos requisitos debido a que el predio donde se construyó dicha escuela es un bordo y no  contaba con una clave catastral. 

 

La escuela procuraba educación de calidad, y además proveía útiles y alimentos para los alumnos. Según los padres de familia, en este centro sobraba la comida, y los maestros tenían prohibido pedir contribución, incluso durante la pandemia. «Estas doñas lloraron cuando se cerró la escuela; ahora las madres que tienen hasta cuatro hijos les toca pagar 2 mil lempiras solo en matricular. Eso de que la educación es pública y gratuita es simbólico, porque para todo tienen que dar aportaciones los padres», dijo Mario Mata, poblador del bordo de Llanos de Sula número 2.

 

A pesar de que la Constitución de la República  y la Ley Marco de Educación estipulan que la educación en Honduras debe ser gratuita y de calidad, en la realidad no se cumple, ya que los padres se ven obligados a pagar contribuciones para suplir las múltiples necesidades de las escuelas. Mediante decreto n.° 1323-SE- 2023, la Secretaría de Educación declaró el 2023 como el «Año de la Refundación del Sistema Educativo Nacional», para todos los niveles y modalidades. 

 

El problema de la infraestructura apenas es uno de los tantos que sufren los centros educativos. La escuela de Tacamiche carece de tres maestros para cubrir de séptimo a noveno grado, y cuenta con materiales didácticos. «No contamos con libros de Español y Matemáticas. A los maestros les toca comprar el libro de estudios porque no hay para que los niños le saquen copias, y todo eso representa un costo para el padre», comentó la directora de la escuela.

 

Para los jóvenes que viven en zonas vulnerables como los bordos de la Rivera Hernández, donde el Estado desatiende la mayoría de necesidades, entre ellas la educación, son las ONG las que asumen ese rol. Para estos niños incluso es difícil ingresar al sistema de educación pública, porque al no  haber escuelas en esta zona tienen que pagar transporte, matrículas y aportaciones. 

 

Para poder dar una oportunidad a 600 niños del sector de la Rivera Hernández, el pastor Jervis Erazo, de Operación Amor, ha tenido que trabajar duro para proveerles útiles escolares y alimentos. Dice que con ayuda de donantes pudieron comprar un solar donde planean construir una escuela bilingüe. «Deseamos el apoyo de las autoridades educativas para ayudar [a] estos niños, pero no lo hemos tenido. El único que vino a prometer fue el alcalde Roberto Contreras», dijo Erazo.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

Las campañas de calles pintadas han llamado la atención en Honduras durante los últimos años. Anteriormente hubo algunas contra la corrupción y contra los femicidios. No obstante, ahora parece que las calles se han pintado con una finalidad político electoral, porque están floreciendo mensajes que recogen frases como las usadas por el ultraderechista Javier Milei, quien alcanzó la presidencia de Argentina con ese discurso.

 

En agosto de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, en varias zonas de Tegucigalpa aparecieron unas calles pintadas con la leyenda «¿Dónde está el dinero?», en reclamo por los actos de corrupción denunciados durante la administración del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se encuentra preso en Estados Unidos por cargos de  narcotráfico y corrupción. En esa ocasión, la interrogante en cuestión fue parte de una campaña del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

 

A partir de esa consigna, se creó un movimiento ciudadano espontáneo que exigía en las calles y a gritos el fin de la corrupción, y seguía cuestionando dónde estaban esos fondos públicos. La frase se convirtió en un mantra de auditoría ciudadana. El dinero no apareció y la campaña finalmente caducó, pero cada vez que había una protesta contra el expresidente Hernández, entre los discursos anticorrupción la gente coreaba «dónde está el dinero».

 

En noviembre de 2023, en varios edificios de instituciones del gobierno, como el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Casa Presidencial, en Tegucigalpa, aparecieron rótulos con la frase: «Honduras un paraíso femicida», colgados por el movimiento feminista para visibilizar la tasa de feminicidios, que cerró el 2023 con 386 muertes violentas de mujeres, colocando a Honduras a la cabeza en femicidios en América Latina. 

 

El pasado 22 de enero de 2024, varias calles y puentes peatonales en el Distrito Central aparecieron pintados con la leyenda «Que se vayan a la mierda los políticos, #cambiemos». Cabe resaltar que el hashtag #Cambiemos fue usado en Argentina durante la campaña antiderechos del ahora presidente de ultraderecha, Javier Milei; no obstante, hasta el momento el Partido Libertario de Honduras no se ha atribuido la pinta de estos grafitis en el país.

 

Ningún grupo político u organización se ha responsabilizado tampoco por las pintas y la colocación de mantas en el puente peatonal de la colonia Hato de Enmedio y en el anillo periférico. Hay otro grafiti que fue realizado en la subida a la colonia Las Lomas del Guijarro. No se sabe quiénes son, pero el mensaje busca expandir el hartazgo hacia los políticos tradicionales.

 

Alex Pacheco, vendedor ambulante de Tegucigalpa, cree que este es un mensaje que se está enviando a los políticos. «Si son ladrones, pues que se vayan», expuso Pacheco.

 

Campañas como esta buscan abrirse paso en coyunturas como la actual, en donde aspirantes de varios institutos políticos, incluyendo a algunos del partido de Gobierno, han iniciado campañas electorales prematuras. El mismo Ejecutivo ha mostrado su respaldo público a la exministra Rixi Moncada, quien renunció a su cargo como secretaria de Finanzas y anunció que buscará la presidencia para el período 2026-2030.

 

Estas campañas electorales tempranas representan un enorme contraste con la evidente acumulación de problemas sociales, que se expresa en caravanas de migrantes, femicidios, desempleo, inseguridad, entre otros.

Documentos oficiales de consulta pública revelan que 27 funcionarios han recibido más de 4.9 millones de dólares en préstamos del estatal Banco Hipotecario, destinado principalmente a apoyar a medianos y pequeños empresarios (22 para adquirir inmuebles en zonas privilegiadas de El Salvador y cinco sobre propiedades que habían comprado con anterioridad). Entre los prestatarios hay 12 diputados de Nuevas Ideas que buscan la reelección, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Tres primos del presidente, Nayib Bukele, también recibieron estos créditos. La mitad de los préstamos fueron otorgados en medio de la crisis sanitaria y social por la pandemia de covid-19.

Por Jaime Quintanilla y Daniel Valencia
Fotos drone: Redacción Regional
Ilustración de portada: Donají Marcial

 

Entre septiembre de 2019 y junio de 2023, 22 funcionarios de primer nivel y tres primos del presidente, Nayib Bukele, fueron beneficiados con líneas de crédito del estatal Banco Hipotecario (BH) hasta por $4,904,267 para comprar propiedades, la mayoría ubicadas en zonas exclusivas de El Salvador, desde terrenos en la playa y lujosas residencias en la capital, hasta lotes a las faldas del volcán de San Salvador. Entre los beneficiarios de los créditos están el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Suecy Calleja, ministros del gabinete de Gobierno, secretarios de la Presidencia y otros diez diputados de Nuevas Ideas que también buscan la reelección este 4 de febrero. La propia presidenta de la junta directiva del BH durante el periodo en el que se concedieron los créditos, Celina María Padilla de O’Byrne, también fue una de las prestatarias. 

Otros cinco funcionarios obtuvieron créditos hipotecarios sobre inmuebles que ya habían adquirido con anterioridad. En cuatro de estos casos, el valor de la hipoteca fue superior al precio de las propiedades. 

Para la elaboración de esta investigación, La Redacción Regional y Focos obtuvieron las anotaciones, los documentos de compraventa y los expedientes en los que constan las escrituras públicas de los créditos autorizados por la entidad en archivos públicos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros. Además, estos periodistas realizaron un recorrido por las ubicaciones de las propiedades que los funcionarios y familiares de Bukele adquirieron gracias a las hipotecas, según los registros catastrales del Instituto Geográfico y Catastro Nacional.

Vista aérea de la zona en las faldas del volcán de San Salvador en la que un pariente del presidente y una funcionaria de la Presidencia adquirieron un terreno financiado por el BH, según el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

Casi un tercio de los créditos —8 de los 28— fueron concedidos a miembros del círculo cercano del presidente Bukele, entre amigos, socios, familiares y exempleados convertidos en funcionarios públicos. Entre estos, además de Castro, quien recibió dos préstamos, y Calleja, están Michelle Sol, ministra de Vivienda, esposa del diputado Castro y candidata la alcaldía de la Libertad Este; la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, quien recibió un crédito en conjunto con su pareja, Xavier Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas y primo hermano del presidente; y otro más junto a su cuñado, Francisco David. Un tercer primo del presidente, Ricardo Andrés Hasbún Bukele, también fue prestatario junto con Dania González, una diputada de San Salvador por Nuevas Ideas que busca la reelección. El presidente de LaGeo Mynor José Gil Arévalo, un exempleado de una de las empresas de la familia Bukele, también entra en esta lista.

En primera fila, de izquierda a derecha: Ernesto Castro, Suecy Callejas, Michelle Sol y Sofía Medina. En segunda fila: Xavier y Francisco Zablah Bukele. Ricardo Andrés Hasbún Bukele, Dania González y Mynor Gil.

Figuras clave en las grandes apuestas del gobierno Bukele también recibieron créditos por parte del BH. En este grupo está el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, uno de los principales protagonistas del Régimen de Excepción; el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, uno de los líderes de la propaganda gubernamental diseminada desde el Ejecutivo e incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, a quien el Departamento del Tesoro le aplicó la Ley Magnitsky por facilitar negociaciones entre el GOES y las pandillas para reducir homicidios.

René Merino Monroy, Ernesto Sanabria y Carlos Marroquín.

Un tercer grupo está compuesto por funcionarios de primer nivel como el viceministro de la Defensa, Ennio Rivera; otros nueve diputados del partido de Bukele; la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, y las subdirectoras Wendy López y Claudia Campos; la viceministra para Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, el presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán y el director de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón. 

 

El quién y cuánto de los 28 créditos del BH

Créditos en pandemia y con superávit

La mitad de los 28 créditos a funcionarios de alto nivel fueron entregados en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, cuando la administración Bukele señalaba que su prioridad era atender desde el Banco Hipotecario a los más afectados y necesitados, entre ellos pequeñas y medianas empresas y productores asfixiados por las cuarentenas. 

Del total de préstamos, 14 fueron superiores al precio de compraventa que los beneficiarios presentaron ante los registros públicos del Estado, entre ellos el otorgado por el BH a la entonces presidenta de su junta directiva, Celina María Padilla de O’Byrne, designada por Bukele en junio de 2019. 

 

El 12 de julio de 2021, Padilla compró junto a su esposo, Álvaro Ernesto O’Byrne Cevallos, fundador del partido Nuevas Ideas, exdirector del Fondo de Conservación Vial y, para la fecha de emisión del crédito, director de la Dirección de Obras Municipales, un lote en la zona del bulevar El Hipódromo, una lujosa zona en el sur de San Salvador. El inmueble les costó $172,000. Ese mismo día, el banco les autorizó un crédito hipotecario hasta por $260,000.

Vista área de la zona aproximada en la que la expresidenta del BH adquirió una propiedad junto a su esposo, para entonces funcionario de Gobierno

Para conceder un préstamo con garantía hipotecaria sobre un inmueble, según la ley que rige al BH, es necesario un valúo para determinar el monto que se le entregará al solicitante. Este monto, asegura un grupo de expertos en inversiones inmobiliarias, bienes raíces, constitución de hipotecas y oficiales de cumplimiento del sistema bancario salvadoreño consultados para esta investigación, nunca es mayor o igual al 100 % del precio de la propiedad. 

 

Que una entidad de crédito estatal otorgue créditos superiores al valúo de una propiedad, señalan los expertos, merece una revisión por parte de los órganos contralores. Como mínimo, aseguran, es un “trato preferencial” en un país donde el 48.2 % no tiene vivienda propia y el 39 % de los hogares están en condiciones de hacinamiento, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), y donde el mismo presidente, Nayib Bukele, ha asegurado que no regulará el aumento del precio de inmuebles.

En los 15 años previos al gobierno Bukele, el Banco Hipotecario estuvo en la mira del sistema de justicia salvadoreño por haber servido de caja chica en millonarios desvíos de fondos públicos para alimentar ‘partidas secretas’ durante las presidencias de Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). 

En su gestión en el BH, Padilla prometió que no toleraría “actos de corrupción como los que ocurrieron durante los dos gobiernos del FMLN”. “Les aseguro que estas malas prácticas se han eliminado en el banco y seguimos todos los procesos regulatorios”, escribió en su cuenta de la red social X el 25 de noviembre de 2020, cuando la junta directiva que presidía ya había aprobado dos préstamos a favor de funcionarios de Gobierno. 

Celina María Padilla, expresidenta del BH.

La Ley de Bancos, que abarca tanto a públicos como a privados, no prohíbe el otorgamiento de préstamos para funcionarios públicos ni para miembros de la junta directiva de una institución financiera. Sin embargo, sí tiene candados para prevenir irregularidades. En caso de que el beneficiario sea miembro de la junta de un banco, este debe argumentar la necesidad de fondos y no participar de la sesión donde se tome el acuerdo del crédito.

La ley de fundación del banco también establece que “la concesión o aceptación de los préstamos se requiere la aprobación de la Junta Directiva, previo informe de peritos nombrados por el Banco”.  Además, el Código de Ética, Antisoborno y Anticorrupción de la institución señala que la concesión de préstamos a allegados podría constituir un conflicto de interés. “Su condición de funcionario o empleado del banco no debe ser utilizada para obtener beneficios para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que presta el banco. Por lo tanto, los funcionarios y empleados deben abstenerse de participar o intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos que pueda involucrar un beneficio personal, familiar o de un tercero vinculado”, reza el código.

Las leyes contra el lavado de dinero y activos y las que combaten el enriquecimiento ilícito de los funcionarios también exigen al sistema financiero poner especial atención a las “personas expuestas políticamente” (PEP). 

Los créditos a los funcionarios y a los parientes del presidente fueron entregados a través de “hipotecas abiertas”. Este mecanismo, según los especialistas consultados, facilita la entrega de montos por encima del precio de la compraventa, pero siempre y cuando los beneficiados puedan demostrar capacidad de pago u otra garantía (aparte de la propiedad adquirida) como contraparte para garantizar que la inversión de la entidad crediticia no corra riesgos por incumplimientos de pago. La pregunta que se hacen es si un “PEP”, con ingresos fijos y con obligaciones mensuales de gasto reportadas a la Sección de Probidad, en puestos con fecha de caducidad o inestables, pueden hacer frente a una inversión con plazos de pago hasta 30 años plazo.

Extracto de la escritura de hipoteca a favor de la presidenta del Banco Hipotecario y Álvaro Ernesto O’Byrne, exfuncionario de la Dirección de Obras Municipales.

En el caso del crédito a su favor, y de los créditos a los funcionarios ligados al partido Nuevas Ideas, expertos en transparencia y combate a la corrupción señalan que el parentesco de Padilla de O ‘Byrne con un fundador del partido oficial, y su misma vinculación con el presidente, Nayib Bukele, que la designó en el cargo, indica que “existen indicios para tener sospechas de tráfico de influencias al momento de la aprobación de préstamos a favor de personas expuestas políticamente”. El caso, dicen, debería ser analizado bajo los preceptos de la Ley de Ética Gubernamental. 

Padilla dejó la entidad en agosto de 2023, dos meses del último préstamo concedido a un funcionario que esta investigación pudo comprobar, cuando intentó, sin éxito, alcanzar la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica en representación de El Salvador.

Fachada del Banco Hipotecario de El Salvador.

Sin respuestas


Redacción Regional y Focos intentaron obtener reacciones de los 30 prestatarios identificados en esta investigación a través de sus correos oficiales, con sus asistentes o encargados de prensa en sus despachos en la Asamblea Legislativa e instituciones del gobierno central. En el caso de la expresidenta Celina Padilla se envió una solicitud por escrito a su residencia en el bulevar El Hipódromo. También se envió un correo al presidente de Nueva Ideas, Xavier Zablah, y un escrito al partido para solicitar una reacción de Francisco Zablah Bukele y Ricardo Andrés Hasbún Bukele, fundador y dirigente, respectivamente.

 

Ante las peticiones de los periodistas, el diputado Amilcar Zaldaña de Santa Ana respondió “sin comentarios” vía llamada telefónica. Un funcionario del Ejecutivo, con la condición de anonimato, porque “no tengo autorización para dar declaraciones”, dijo que su crédito fue “para consolidar” el pago de una propiedad que adquirió hace más de una década. 

 

El único funcionario que accedió a responder preguntas fue el director de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón. El funcionario dijo que no recordaba “para qué fue eso (crédito)”, pero que “lo mío todo está en regla. Siempre doy garantía. Por eso les llamo, porque no tengo que ocultar nada. Yo tengo 60 años y en 30, redondeándole, he sido abogado. Tengo créditos hasta por fregar”, dijo.

 

Para esta investigación también se solicitó por escrito una reacción a las actuales autoridades del Banco Hipotecario, pero al cierre de la publicación no hubo respuesta. 

Imagen tomada de la cuenta oficial pública en X de Ricardo Andrés Hasbún Bukele, dirigente de Nuevas Ideas.

Las inversiones de los primos hermanos, la secretaria de Comunicaciones y una diputada

 

A las 3 de la tarde del 13 de noviembre de 2019, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Verónica Medina Pérez, y uno de los primos hermanos del presidente, Francisco David Zablah Bukele, compraron dos inmuebles por $260,000 en el cantón San Antonio Abad, Urbanización Monte Alto, calle que conduce al cantón El Carmen y final de la avenida Masferrer, una zona exclusiva que se caracteriza por la construcción de enormes mansiones. Los terrenos suman una área de 1,714.22 metros cuadrados.

 

La primera hipoteca por $258,000 la recibieron con un plazo de 30 años. Al año siguiente, en diciembre de 2020, Medina y Zablah decidieron unir los inmuebles de los que eran propietarios con el aval del banco.

Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la Presidencia.

En marzo de 2021, el banco autorizó que se repartieran por partes iguales el área del lote. A cada uno le tocó 857.11 metros cuadrados. El BH canceló la hipoteca y declaró “libre de gravamen los inmuebles”. Tres meses después les otorgó nuevas hipotecas individuales por $130,000 para cada uno de los terrenos. 

 

Dos años más tarde, el 18 de mayo de 2023, Medina donó la mitad del derecho de la propiedad a su pareja, Xavier Eduardo Zablah Bukele, el otro primo de Bukele y presidente del partido Nuevas Ideas. La donación fue valuada en $65,000. Al mes siguiente, la pareja abrió otra hipoteca sobre la misma propiedad con el banco por $130,000 a un plazo de 28 años, pero fue cancelada cinco meses más tarde y el inmueble quedó libre de gravamen. Ese mismo día, ambos abrieron otra hipoteca sobre el mismo terreno con el Banco Agrícola por $512,215.64 a un plazo de 20 años. 

 

Tanto Medina como los hermanos Zablah Bukele han jugado un papel importante en el ascenso político del presidente. Los dos parientes acompañaron a su primo en su carrera política desde sus inicios en el FMLN. Medina, por su lado, fue empleada de Obermet, una de las principales empresas de la familia. Cuando Bukele llegó a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, la convirtió en la jefa de comunicaciones de la comuna, cargo que repitió en la Alcaldía de San Salvador.

Francisco Zablah Bukele, fundador de Nuevas Ideas y primo del mandatario salvadoreño.

Medina llegó a la Presidencia con deudas por $11,501.78 y activos de $14,236.27, según su declaración jurada de patrimonio. En el documento, sin embargo, no registró los activos y pasivos de su pareja.

 

Un tercer primo hermano del presidente también obtuvo un crédito en compañía de una segunda prestataria: la diputada por San Salvador y  presidenta de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, Dania González.

 

El 30 de enero de 2023, González compró por $426,000 un lote en la residencial Altema Uno, en Nuevo Cuscatlán, y ese mismo día recibió un crédito hipotecario mil dólares por debajo de la propiedad. El crédito lo sacó junto a Ricardo Andrés Hasbún Bukele, fundador y dirigente de Nueva Ideas.

Propiedad compartida. Según los registros públicos, la diputada González y el dirigente de Nuevas Ideas comparten un crédito hipotecario por una propiedad ubicada en Nuevo Cuscatlán.

González fue subdirectora de empleo juvenil del Injuve desde septiembre de 2019 hasta marzo 2021. Durante su periodo en la institución fue señalada de favorecerse de su cargo para recibir una donación de $25,000 del Gobierno de Luxemburgo para apoyar emprendedoras centroamericanas y de extraer bienes valorados en $12,980.80 de la misma institución, según investigaciones periodísticas de Revista Factum y La Prensa Gráfica.

 

Según la declaración patrimonial que presentó cuando asumió como diputada en mayo de 2021, tenía $29,875.94 entre activos muebles e inmuebles y deudas por $23,351.94. El crédito que comparte con un primo del presidente Bukele es el más oneroso de entre todos los asignados a los diputados prestatarios (y el segundo más oneroso de todos los beneficiados).

Esposos, candidatos e inversionistas. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y diputado a la reelección y Michelle Sol, ministra y candidata a una alcaldía.

Los terrenos de los esposos Castro-Sol

 

Dentro de los funcionarios que forman parte del círculo íntimo de los Bukele, los esposos Ernesto Castro y Michelle Sol son los que más terrenos han comprado con préstamos hipotecarios desde junio de 2019. Entre ambos han adquirido tres créditos hipotecarios que ascienden a $285,825.

 

El 7 de octubre de 2021, a las 11:15 de la mañana, Castro compró un lote en el cantón El Escalón, en el municipio de San José Villanueva. El terreno tiene un área de 33,000 metros cuadrados por el que Castro pagó $60,000. También compró un terreno en el cantón El Taquillo, en el municipio de Chiltiupán, de 39,859.06  metros cuadrados por  $75,000. Las transacciones fueron notariadas por Marco Javier Calvo Caminos, un exdiputado suplente de Arena. 

 

Por el primero de los terrenos, el Banco Hipotecario le otorgó un crédito por $51,000; por el segundo, $60,000.

Toma aérea de la vista hacia el mar en la zona aproximada en la que el Catastro Nacional registra la propiedad, en Taquillo, del diputado Castro.

Michelle Sol, ministra de Vivienda y exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, compró el 10 de febrero de 2022 un terreno en el bulevar El Conchalío, en el departamento de La Libertad. El inmueble tiene una extensión de 2,401.60 metros cuadrados y costó $175,000. Recibió una hipoteca por $174,825 a un plazo de 20 años. El terreno está ubicado a las orillas de una playa cercana al Sunset Park, la remodelación que hizo el Gobierno Bukele del muelle del Puerto de La Libertad en su apuesta turística llamada ‘Surf City’. 

 

Ernesto Castro ha sido amigo y socio de Bukele desde hace más de una década. Ambos comenzaron su carrera política en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012, donde Castro fue secretario privado del despacho, cargo que repitió en la Presidencia desde el 1 de junio de 2019 hasta el 17 de noviembre de 2020, con un salario de $6,000. En 2021 se convirtió en el presidente de la Asamblea Legislativa, tras un pacto entre miembros de la Presidencia y los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC. 

Vista aérea de la zona aproximada en la que el Catastro nacional ubica un terreno, a pie de playa, a favor de la ministra Michelle Sol.

La declaración patrimonial que mostró al momento de ser nombrado secretario privado de la Presidencia, en 2019, muestra que tenía activos de $122,125.98 y deudas por $20,182.95. Pero con su grupo familiar —su esposa— acumulaban $1,242,106.80 en activos y deudas por $443,508.18.

 

La diputada con ‘casa nueva’ al séptimo mes de gestión

 

A las 9 de la mañana del 20 de noviembre de 2021, el doctor en medicina Omar Antonio Callejas Sandoval y su hija Suecy Beverly Callejas Estrada pagaron $99,000 por un inmueble ubicado en la urbanización Sausalito, en la colonia Escalón, de un área de 225 metros cuadrados. El padre recibió el derecho de usufructo (el gozo de la propiedad de otra persona) y la hija la nuda propiedad (el propietario real del inmueble que ha cedido la posesión a otra persona). En el lote que compraron se encuentra “construida una casa de sistema mixto, completamente nueva y con todos sus servicios sobre una extensión superficial de 142.39 metros cuadrados”, según consta en las escrituras.

 

Para lograr la compraventa, recibieron una hipoteca abierta hasta por $210,000 a un plazo de 30 años, $111,000 más de lo que costó el inmueble. 

 

Para ese momento Suecy Callejas estaba por cumplir su séptimo mes como primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, luego de que el 1 de mayo de 2021 asumiera como diputada. Se estrenó con una moción que golpeó al Estado de derecho en El Salvador, al solicitar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que le eran incómodos al oficialismo. “Ya me vieron el 1 de mayo de 2021; esperen a verme el 1 de mayo de 2024”, dice en un spot de campaña para las legislativas del 4 de febrero.

 

Callejas llegó al primer órgano del Estado luego de su paso como ministra de Cultura entre junio de 2019 y noviembre de 2020, con una deuda de $44,483.62 y activos por $33,921.49, según su declaración jurada de patrimonio. Su declaración, además, aseguraba que no poseía inmuebles a su nombre. 

Vista área de la zona aproximada en la que el catastro ubica una propiedad a favor de la vicepresidenta Suecy Callejas

Callejas es íntima amiga de la actual primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, y ha formado parte del equipo de trabajo de Nayib Bukele desde 2013. Ese año entró a trabajar en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán como gestora de cooperación y gestión cultural y, luego, fue nombrada secretaria privada ‘ad honorem’ de la misma comuna. En 2015, con la victoria de Bukele en San Salvador, se mudó a la comuna capitalina con el cargo de secretaria de Cultura. En esa gestión entregó contratos amañados a sus amigos, según reveló la Revista Factum en enero de 2019

 

Durante este gobierno, su padre ha ganado $51,000 en compras con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Magisterial por servicios médicos, según registros disponibles en el portal de compras del Estado. 

 

 

El exempleado de Bukele que invirtió en un Country Club

 

El 22 de abril de 2021, el presidente de LaGeo Mynor, José Gil Arévalo, compró junto a su esposa, Patricia Candelaria Aguilar de Gil, un inmueble ubicado en el condominio Villanueva Golf Country Club de 931.15 metros cuadrados por $102,000. La pareja recibió en la operación un crédito hipotecario hasta por $205,000 ese mismo día.

 

Gil ha formado parte del círculo de los Bukele desde antes que la familia entrara en política. En 2009, los Bukele adquirieron Global Motors, la empresa de venta de motos de Yamaha. La primera directiva de la empresa tras la compra de los Bukele tuvo a Nayib como presidente y a los mellizos, Yusef e Ibrajim, y a su hermanastra, Fátima Bukele Ramírez, como directivos. Dos años después, Gil Arévalo recibió un poder general administrativo y luego entró a la junta directiva. 

Mynor Gil, presidente de LaGeo.

En la Alcaldía de San Salvador fue jefe de la delegación distrital lI. Con el triunfo de Bukele en las elecciones presidenciales, Gil recibió la presidencia de LaGeo, una de las principales productoras de energía en el país. Investigaciones periodísticas han revelado que desde ese cargo ha autorizado el uso de fondos públicos para financiar de manera opaca empresas privadas estatales como Chivo, S. A. de C. V. (que administra la Chivo Wallet) y El Diario Nacional, S. A. de C. V. (que administra Diario El Salvador). 

 

Su esposa, Patricia Aguilar, es administradora única, propietaria y representante legal de Global Media, una agencia de publicidad que fundaron el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Pedro Víctor Dumas Santamaría, y Martha Eugenia Barahona Rais en 2016.

 

La pareja formó parte de los primeros afiliados a Nuevas Ideas, cuando este fue fundado en 2018. Gil Arévalo ostentó el puesto de secretario nacional de asuntos jurídicos y electorales en la primera directiva del partido cian.

De izquierda a derecha: Wendy López, subdirectora del ISSS; Mónica Ayala, directora y Claudia Campos, subdirectora administrativa.

$899,000 para las cabezas del Seguro Social 

 

Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, la directora del Seguro Social de El Salvador, recibió un préstamo por $560,000 (el más oneroso de la lista) para adquirir una propiedad en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. El 18 de mayo de 2021, Ayala hipotecó dos inmuebles de la urbanización Altos de la Cima. 

Por los dos terrenos pagó $470,000. La extensión conjunta de los inmuebles es de 1,691.96 metros cuadrados, según consta en documentos públicos inscritos en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca.

 

Ayala fungió como cabeza de la Dirección Nacional de Medicamentos, un nombramiento cuestionado por sus nexos con una farmacéutica, algo que Ley de Medicamentos prohíbe. Desde esa oficina, además, autorizó la introducción de millonarias e irregulares compras de insumos médicos durante la pandemia, uno de los principales casos de investigación de la Comisión Contra la Impunidad de la OEA (Cicíes) que Bukele expulsó a mediados de 2021. 

Los registros del CNR también dan cuenta de que su segunda al mando también fue beneficiada por el banco en enero de 2021. La subdirectora Wendy Marisol López Rosales compró una propiedad en la urbanización Loma Linda de San Salvador gracias a un crédito por $160,000. 

En febrero de 2022, también la subdirectora administrativa del ISSS, Claudia María Campos Romero, recibió una hipoteca de hasta $179, 000, a un plazo de 30 años, sobre dos lotes en la urbanización Altos de la Casona del municipio de San José Villanueva, La Libertad. El precio de compraventa de los lotes fue de $37,000. 

11 meses después, el banco dio por cancelada la hipoteca y, el 16 de junio, Campos Romero donó el 50 por ciento de los lotes al médico Werner Stanely Posada. Ese mismo día obtuvieron una nueva hipoteca por $213,750 a favor de Comédica de R.L.

Ernesto Sanabria, secretario de Prensa y Carlos Marroquín, director de Tejido Social.

Los sancionados por Estados Unidos

 

El Banco Hipotecario le ha concedido préstamos a dos funcionarios que fueron sancionados por Estados Unidos.

 

En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense designó al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Amílcar Marroquín Chica, bajo la ley Magnitsky por ser uno de los principales protagonistas en las negociaciones del Gobierno de Bukele con las pandillas, al igual que al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.

 

Cuatro meses antes de que Estados Unidos decidiera que Marroquín no puede hacer transacciones con entidades estadounidenses, el Banco Hipotecario le prestó $167,000. Con ese dinero, uno de los funcionarios claves de Bukele pagó parte de los $195,000 que usó para comprar un apartamento, dos parqueos y una bodega en el condominio Las Nubes.

Vista aérea de la zona aproximada en la que el Catastro Nacional ubica la propiedad de Marroquín.

Según su declaración patrimonial, Marroquín no tenía bienes inmuebles cuando comenzó a trabajar con la Presidencia Bukele en 2019 y poseía activos por $47,121.20. 

 

Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, incluido en la lista Engel de autores corruptos y antidemocráticos, también recibió un crédito del BH. Sanabria “socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar su cargo y ejercer la influencia de la Presidencia para presionar indebidamente a funcionarios de partidos políticos de la oposición para que dimitieran bajo amenaza de ser acusados de delitos penales”, concluyó el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2022. 

Vista aérea de la zona en la que Catastro Nacional ubica una propiedad a favor del secretario de Comunicaciones.

A Sanabria, asesor de Bukele desde antes de asumir la alcaldía capitalina, donde trabajó como encargado de comunicaciones, la junta directiva del Banco le aprobó $225,000 para un lote en la urbanización Cumbres de la Esmeralda, en Antiguo Cuscatlán.

 

Sanabria, quien también fue asesor comunicacional en la Presidencia de Elías Antonio Saca (2004-2009), llegó a su cargo con activos de $183,095.48 y deudas por $91,907.06.

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los diputados:Coto, Alemán, Mancía, Fuentes, Rivas, Sales, Rodríguez, Mulato y Zaldaña. Todos buscan la reelección en 2024.

La bonanza de los diputados de la planicie

 

Además de Castro y Calleja, presidente y vicepresidenta de la Asamblea, y de  Dania González, quien recibió un crédito junto a uno de los primos de Bukele, otros nueve de los 55 diputados de Nuevas Ideas han accedido a préstamos del Banco Hipotecario desde que asumieron sus cargos el 1 de mayo de 2021. Estos son Saúl Enrique Mancia (Chalatenango), Lorena Johanna Fuentes de Orantes (Santa Ana), Héctor Enrique Sales Salguero (Sonsonate), Walter David Coto Ayala (La Paz), Edgardo Antonio Meléndez Mulato (San Salvador), Katheryn Alexia Rivas González (San Salvador), Estuardo Ernesto Rodríguez Pérez (Ahuachapán), Walter Alemán (La Libertad) y Amilcar Giovanny Zaldaña Cáceres (Santa Ana).

 

El 14 de marzo de 2023, el diputado Héctor Enrique Sales hipotecó un inmueble en la colonia Santa Elena, municipio de Sonzacate, por $99,000 a un plazo de 20 años. Ocho años atrás, mientras trabajaba como ejecutivo de créditos de micro y pequeña empresa en la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, compró ese inmueble por $28,000. El legislador logró obtener 3.5 veces más por el inmueble que cuando lo adquirió. Sales registró inmuebles por $75,000 y activos por $115,400 con deudas de $83,299.41 cuando asumió la diputación. 

De todos los diputados beneficiados, el crédito a la diputada Dania González y a uno de los primos del presidente Bukele fue el más oneroso. Vista aérea de la zona en la que el Catastro Nacional ubica la propiedad adquirida, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

De la misma manera, Estuardo Rodríguez también logró multiplicar el valor de un inmueble que compró en el cantón Los Huatales, Ahuachapán, en 2016 por $7,500. Para 2023, el Banco Hipotecario consideró en su valúo que el inmueble de 232 metros cuadrados tiene un valor de $70,000. 

 

Otra diputada que multiplicó su patrimonio con la compra e hipoteca de su nuevo inmueble fue Lorena Fuentes de Orantes. El 16 de enero de 2023, Fuentes compró un terreno en la lotificación Santa Teresita, en Santa Ana, por $20,000. Por ese terreno de 192 metros cuadrados sin construcción, el Banco Hipotecario le entregó un préstamo por $79,476, casi el cuádruple del valor de la compraventa. 

 

Fuentes no poseía ningún inmueble cuando asumió su primera curul y solo registró bienes muebles por $24,300 con deudas de $1,570.72. Pero su esposo, Emigdio José Orantes Arriaza, tenía $399,300 en activos. Orantes es un empresario especializado en el área de motocicletas y durante este Gobierno ha ganado $274,899.50 para dar mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas del Ministerio de Salud, el de Seguridad, Fosalud y la Policía Nacional Civil, según reveló Focos en 2023.

Vista de la zona en la que el Estado registra una propiedad adquirida en conjunto por los diputados Edgardo Mulato y Alexia Rivas.

El inmueble que compraron en conjunto los diputados Edgar Mulato y Alexia Rivas es el segundo más caro de todos los diputados beneficiados. El 16 de junio de 2023, entre ambos diputados pagaron $252,100 por un apartamento y dos estacionamientos. Mulato obtuvo el derecho de usufructo, mientras que Rivas el de nuda propiedad. Ese mismo día, ambos firmaron una hipoteca por $100 menos del precio por el que adquirieron sus propiedades.

 

Los otros dos diputados restantes prestaron menos dinero que el que usaron para pagar sus propiedades. Saúl Mancia pagó $175,500 junto con su esposa por un lote en la colonia Santa Teresa, en San Salvador y obtuvo $111,000 del banco. Mientras que Walter Coto adquirió cuatro inmuebles con un área combinada de 1,811.87 metros cuadrados en el barrio Candelaria, en Zacatecoluca, por $140,000 y los hipotecó por $119,600. El 24 de marzo de 2022, el diputado Walter Alemán adquirió un apartamento gracias a un crédito de hasta $115, 300.

 

Por último, el diputado Zaldaña Cáceres recibió un crédito hipotecario de 45,066 por una propiedad en la Urbanización Pinares de Santa Ana, en el occidente del país. Este es el crédito de menor cuantía de todo el listado. 

En la imagen, de izquierda a derecha: la vicemnistra para la diáspora, el viceministro de Defensa, el director de Migración y el presidente de la ANDA.

Los otros beneficiarios

El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, ha sido un leal ejecutor del régimen de excepción que el Gobierno y la Asamblea Legislativa impusieron en marzo de 2022. Un año antes, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) lo benefició con precios por debajo de lo normado para la compra de un terreno de 411 metros cuadrados en la residencial Kuaukali, Nuevo Cuscatlán, según reveló La Prensa Gráfica en octubre de 2021.

 

El Ipsfa terminó perdiendo $22,419.20 al darle el metro cuadrado por debajo del precio al ministro Merino. Al final, Merino pagó $79,388.10 y terminó hipotecando su cuestionada compra en $79,500.

 

Su segundo al mando, el viceministro Ennio Rivera, también fue beneficiado con la compra irregular de terrenos al Ipsfa. El 21 de mayo de 2021, Rivera pagó $71,941.50 por otro terreno en la misma residencial Kuaukali que terminó hipotecando por $72,000. Menos de dos años después, el 1 de febrero de 2023, Rivera pudo pagar el préstamo y vender el terreno que adquirió a precios preferentes. Ese mismo mes, adquirió otra propiedad en la exclusiva urbanización Bosques de Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, por $220,000 y la hipotecó por $166,500.

 

El primer crédito del Banco para un funcionario de la adminsitración Bukele está fechado en septiembre de 2019. Es a favor de Ricardo Cucalón, un exdirigente del partido de derechas Arena y director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Recibió 147,200 por un terreno en la urbanización Vías del Mar de Nuevo Cuscatlán que tenía un embargo desde 2014, según los registros públicos. En enero de 2020 el registro anotó el levantamiento del embargo y en octubre de 2023, el BH incrementó el monto de la hipoteca en $62,800.  El funcionario insiste que su caso está “limpio”. “No sé cuántos de los veinte y pico han contestado… Como dijo el presidente, no meto las manos al fuego por nadie… yo por mí sí las meto. Diferente fuera que me dan un crédito y no tengo cómo pagarlo o no tengo una garantía que ofrecer, tal vez ahí llamaría la atención”, dice. 

 

En 2021, en medio de una oleada de ataques del gobierno Bukele contra el periódico El Faro, la institución que dirige Cucalón denegó el permiso de trabajo y residencia del reconocido periodista y editor mexicano Daniel Lizárraga. Según la DGME, el entonces editor de El Faro no pudo comprobar que era periodista.  

 

Entre esa primera tanda de beneficiados también estuvo la actual viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Los registros públicos consignan que el 15 de julio de 2020, la junta directiva del BH le otorgó un crédito por $185,000 para comprar una vivienda en la residencial Casa Linda, en Santa Tecla, en La Libertad. La propiedad le costó $140,000.

 

También el presidente de Anda, Rubén Alemán, recibió una hipoteca en marzo de 2021 sobre una propiedad que compró en 2012.  Hace once años, el valor de la compraventa fue de $114,300. El Banco Hipotecario le dio una hipoteca abierta hasta por $235,000.

En la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, las autoridades de los tres poderes del Estado presentaron los informes de logros correspondientes al año 2023. Mientras Xiomara Castro y Luis Redondo dieron información falsa o engañosa sobre sus avances en transparencia y lucha contra la corrupción, Rebeca Ráquel Obando hizo una corta presentación sin propuestas concretas.

 

Texto: Fernando Silva, Allan Bu, Vienna Herrera

Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

 

El pasado 25 de enero, la presidenta Xiomara Castro presentó su informe de gestión, por primera vez desde que asumió el poder, ya que el año pasado estaba fuera del país y en su lugar lo presentó la designada presidencial Doris Gutiérrez. 

 

Al inicio del discurso, Castro señaló que no podía ser una fecha más conmemorativa por ser el Día de la Mujer Hondureña, pero evitó condenar la ola de violencia y tampoco mencionó acciones concretas para frenar los femicidios en el país. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, las organizaciones feministas fueron reprimidas por retenes de policías que les impidieron el paso cuando se dirigían a protestar en los bajos del Congreso Nacional.

 

Por otro lado, Luis Redondo tomó más de la mitad de su discurso, que duró una hora, para hacer promesas que casi parecían de campaña política, y finalizó pidiendo un espacio para abrazar a su mamá, quien, confesó «lo obligaba a levantarse temprano para ir a la escuela».

 

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo denunciaron ataques y campañas de desinformación contra sus gestiones.

 

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, dio un discurso bastante escueto en el que, a pesar de que detalló la situación de los altos índices en femicidios y violencia doméstica, no explicó qué medidas concretas tomarán desde el Poder Judicial o en conjunto con otros poderes del Estado para mejorar la situación de las mujeres; tampoco abordó con profundidad el tema de la mora judicial. 

 

Los informes se dieron en el marco del inicio de la tercera legislatura, después de que las sesiones en el CN se paralizaran entre agosto y octubre del 2023 por la falta de consensos para elegir al fiscal general y adjunto. Esta crisis resultó en la formación de una Comisión Permanente encabezada por Luis Redondo, la cual finalmente eligió a las autoridades interinas del Ministerio Público.

 

Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras

 

La presidenta Xiomara Castro habla ante el pleno del Congreso Nacional durante la tercera legislatura. Foto CC/Jorge Cabrera

Verdad a medias

Hubo un aumento  desmesurado de la deuda externa durante tres gobiernos del Partido Nacional, pero la presidenta Castro omite que durante los dos años de Gobierno de Libertad y Refundación, el país ha seguido endeudándose para financiar el presupuesto. De acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras en el 2023, el sector público contrató préstamos por 554 millones de dólares (14,683 millones de lempiras).

Además, en su comparecencia ante el Congreso Nacional, la presidenta celebró la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); ambos convenios le abren la puerta a Honduras para obtener más préstamos. Adelantó que ya tiene firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un acuerdo para la construcción de dos hospitales de traumatología en San Pedro Sula y Tegucigalpa, lo cual implica más endeudamiento. 

Durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), se logró un acuerdo para que organismos internacionales condonaran parte de la deuda, que en aquel entonces eran unos 5,000 millones de dólares. Tras ese acuerdo, los compromisos de Honduras —según Maduro– quedaron en 2,000 millones de dólares, cifra que aumentó en un 50 % durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Es preciso señalar que varios de los exfuncionarios de aquella administración han regresado al Gobierno de la presidenta Castro.

Verdad a medias

Si bien la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubica a Honduras como la sexta economía con más crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, lo hace en un contexto en que «la actividad económica de América  Latina y el Caribe continúa en una senda de bajo crecimiento y en que todas las subregiones crecerán menos de lo que lo hicieron en 2022», de acuerdo con el balance preliminar que publicó la Cepal.

En promedio, América Latina y el Caribe crecerá 2,2% en 2023 y 1,9% en 2024, lo que implica una desaceleración del crecimiento regional respecto a los niveles observados en 2022. Entonces, sí hay un crecimiento, pero en una región que creció muy poco en el 2023 y se espera que crezca muy poco en el 2024.

Falso

Hay diversos ejemplos de que el Gobierno no ha sido totalmente transparente y, aunque los escándalos de corrupción han disminuido respecto a la administración anterior, esto no significa que se haya erradicado. Por ejemplo, en esta administración se han autorizado en diversas instituciones compras directas, una práctica que se ha vinculado con procesos poco transparentes. 

Hay otros casos de falta de transparencia concretos; por ejemplo, Contracorriente publicó un reportaje sobre el uso de dos tarjetas en el Congreso Nacional en manos del presidente Luis Redondo y su secretario Edson Argueta. Pese a que se realizaron dos solicitudes de acceso a la información pública no se recibió lo solicitado.  

El segundo caso es de diciembre de 2023, cuando se realizó en Dubái, Emiratos Árabes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la que Honduras participó con una numerosa delegación. Contracorriente contactó a cuatro altos funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro para confirmar el número de personas que viajó a ese evento, pero ninguno de los contactados respondió a lo solicitado, ni tampoco se publicó información al respecto en los portales de transparencia. 

Durante la presente administración, Honduras dejó de formar parte de la iniciativa CoST Honduras (Construction Sector Transparency Initiative por sus siglas en inglés), que es un esfuerzo en la divulgación de datos sobre los proyectos de infraestructura. Al eliminar la iniciativa se desactivó el Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (Sisocs), donde se encontraba una completa descripción de los proyectos, incluyendo inversión, compañía ejecutora y supervisora, tiempo de duración, lugar de ejecución y avance de la obra. Esta herramienta hubiese sido muy valiosa ahora que el Gobierno anuncia una inversión de 14,000 millones de lempiras en infraestructura. 

Todo esto va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas.

Engañoso

En junio del 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó la alerta roja en 140 de los 298 municipios que serían afectados por la sequía provocada por el Fenómeno del Niño. Incluso se advertía de los riesgos de caer en inseguridad alimentaria. 

En el 2021, la cosecha de frijol fue de 2,800 millones de quintales y en el 2022 se produjeron 2,900 millones de quintales. Desde el 2016, la cosecha no había llegado de nuevo a esas cifras. Sin embargo, algunos analistas opinan que las cifras pueden no ser transparentes. 

Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Grano Básicos (Prograno), manifestó que en realidad, los tres ciclos productivos del año anterior no llegaron ni a los 1,500 millones de producción nacional., «Yo pienso que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  está sacando esos números para justificar el bono que ellos entregan, pero ese bono es un relajo, tal vez un 30 % llegue efectivamente a producción nacional», dijo. Añadió que las cifras dichas por la presidenta «no corresponden ni al 50 % de la producción nacional. Se lo puede decir cualquier otra persona que sabe la realidad». 

En mercados y pulperías, el precio por libra de  frijoles oscila entre 22 y 27 lempiras, precio que se ha mantenido en los últimos meses, lo cual no es coherente con la sobreproducción que anunció la presidenta en su discurso.

Verdad a medias

El mismo día que la presidenta Castro se jactaba de no otorgar más licencias ambientales, en San Pedro Sula, norte de Honduras, 40 organizaciones campesinas, indígenas y derechos humanos se reunieron para disertar sobre las actuaciones del Gobierno de Xiomara Castro al cumplir dos años. 

Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresó que varios elementos frustran las expectativas que tenía el movimiento popular respecto al gobierno de Libertad y Refundación. 

«En el tema ambiental, todo el modelo de licenciamientos ambientales para proyectos extractivos está siguiendo el mismo patrón. Hay una lentitud exacerbada en la Secretaría de Recursos Naturales y particularmente el modelo de concesiones corrupto que se configuró en los últimos 12 años se mantiene intacto. No hay ningún proyecto que haya sido revertido. Ni siquiera el proyecto que concesiona las aguas del río Gualcarque, que provocó el asesinato de Berta Cáceres; a pesar de eso, el proyecto está vigente», manifestó el abogado Fernández. 

En el Bajo Aguán, el conflicto entre la comunidad de Guapinol e Inversiones Los Pinares no está resuelto. Pese a que se acordó la suspensión de las actividades de la mina por dos años –debido a la incapacidad de la empresa para pagar planilla– la empresa presentó en octubre del año anterior ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) una solicitud para ampliar por 30 años más la concesión minera.

Respecto al Lago de Yojoa, el Gobierno ha ordenado el retiro de los muelles relacionados con restaurantes locales. El ministro Lucky Medina anunció que en los primeros seis meses de 2024 varias empresas que se dedican a la producción de tilapias y que operan en el lago serán trasladadas a la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón.

Verdad a medias

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), la tasa de homicidios durante el Gobierno de Castro sí descendió diez puntos, pasando de 41.71  a 31.14 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta cifra ha ido bajando consistentemente desde el año 2013, cuando se  encontraba en 77.45, lo que representa una baja de 46 puntos en los últimos diez años.

Contracorriente publicó una historia sobre el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula en la que diversas fuentes indican que la baja de homicidios en el sector no necesariamente es producto de la labor de la Policía Nacional, sino resultado del acuerdo entre grupos criminales organizados y el trabajo comunitario. 

Si bien los homicidios descendieron en 2023, los femicidios continúan aumentando. Este dato fue omitido por la presidenta Castro durante su intervención en el Congreso Nacional. No se ve bien que un gobierno dirigido por una mujer –el primero en Honduras– no se pronuncie de forma enérgica contra la escalada de la violencia hacia  las mujeres. 

Falso

A finales del año anterior, la administración Castro anunció una inversión pública de más de 14,000 millones de lempiras para ejecutarlos durante 2024, pero este monto no está orientado exclusivamente a carreteras, sino también a otras obras de infraestructura. 

De acuerdo con el portal Honduras Inversiones, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendrá un presupuesto para inversión pública de 9,429 millones de lempiras, y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tiene asignados 1,592 millones, lo que hace un total de 11,021 millones de lempiras. 

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia durante su presentación ante el pleno del Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

Verdad a medias

Si bien la mayoría de casos de muertes violentas de mujeres que no llegan a ser judicializados tienen que ver con la falta de investigación de autoridades de seguridad o de la fiscalía, el Poder Judicial tiene la responsabilidad  de aplicar justicia, reconocer y actuar tipificando correctamente los femicidios que llegan a los juzgados bajo otras figuras penales, como homicidios o parricidios.

El año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de reposición y subsanación a un amparo que había interpuesto la representación de Keyla Martínez, la estudiante de enfermería que murió en una celda policial en 2021, para que el Tribunal de Sentencia que conoce el caso dicte sentencia por el delito de femicidio agravado y no de homicidio simple. 

Este amparo había sido negado por una Corte de Apelaciones, por lo que la representación de Keyla solicitaba que la Sala de lo Constitucional se pronunciara al respecto. Al único acusado en el caso de Keyla, el policía de escala básica Jarol Perdomo, se le sentenció por el delito de homicidio imprudente, un delito que se da cuando una persona causa la muerte de otra por imprudencia y que en el Código Penal tiene una pena de entre 1 a 3 a años de prisión, si es leve, y de 3 a 7 años si es grave, en contraste con los 25 a 30 años de prisión que están contemplados dentro del delito de femicidio. 

De acuerdo con analistas, tipificar un femicidio como otro delito tiene un impacto más allá de que los agresores consigan una disminución de penas; es también una violación a tratados internacionales que ha firmado Honduras, y es una falta de justicia para las familias de las víctimas. Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) manifestó en su momento que este caso se trata de un femicidio por las condiciones en que se dieron los hechos: hubo uso de una fuerza desigual porque los agentes de seguridad están entrenados, Keyla estaba en una situación de vulnerabilidad porque había consumido alcohol, con el agravante de que, en ese momento, la seguridad de Keyla era responsabilidad de todos los agentes en la posta policial.

Verdad a medias

Aunque el Poder Judicial registró 14,388 ingresos y 11,314 resoluciones, estas no son necesariamente correlativas. Es decir, algunas resoluciones que se dieron corresponden a procesos que habían ingresado en otros años; por tanto, no queda claro cuántos de los procedimientos que ingresaron se concluyeron el mismo año.

Por otro lado, de acuerdo al Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2023 el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que al Poder Judicial solo llegaron 16.62 % de los casos que fueron denunciados en el año. 

Verdad

La Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, liderada por el Poder Judicial y la Comisión de Equidad de Género del Poder Legislativo, anunció que ya elaboraron el reglamento del registro de deudores alimentarios morosos, contemplado en una reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable aprobada en 2019. Entre las sanciones que se impondrán, una vez que el pleno de la CSJ apruebe el reglamento, está la inhabilitación para adquirir o renovar licencias de conducir o pasaportes; tampoco podrán solicitar nuevas cuentas de banco, tarjetas de crédito, ni préstamos de ningún tipo.  

Mientras se celebra la tercera legislatura del Congreso Nacional, activistas feministas marchaban durante el Día de la Mujer en protesta por los altos índices de feminicidios. Foto CC/Fernando Destephen

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, durante la inauguración de la tercera legislatura. Foto CC/Jorge Cabrera

Verdad a medias

Redondo actuó invocando el artículo 208 de la Constitución de la República y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El artículo 208 de la Constitución faculta a esta comisión, entre otras cosas, para convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias «a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera», y a elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional.

Entre las facultades de la comisión permanente —que según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional debe estar presidida constitucionalmente por el presidente del Legislativo— están emitir un reglamento interno, preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país, convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera, entre otras.

En una nota de Contracorriente de noviembre de 2023, el analista juridico Rafael Jerez opinó que, si bien la conformación de la Comisión Permanente está prevista en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, generó suspicacia el interés de la Junta Directiva del Congreso para formar esta comisión, que tiene la facultad de nombrar de forma temporal los sustitutos de funcionarios nombrados por el Legislativo, entre ellos, el fiscal general y fiscal general adjunto.

Por otro lado, líderes políticos de las bancadas mayoritarias en el Congreso mencionaron la falta de voluntad de Redondo para poder llegar a los consensos necesarios, por lo que fue Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y secretario del Congreso, quien terminó liderando el proceso.

Verdad a medias

Aunque el momento de la votación en el pleno fue público, para llegar a esa instancia hubo un proceso intenso de negociaciones y cuatro intentos fallidos por elegir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Dicho proceso implicó que los partidos políticos mayoritarios acordaran a puertas cerradas la repartición de instituciones públicas clave para la lucha contra el crimen y la corrupción, que son estratégicas de cara al próximo proceso electoral.

En la negociación entraron en juego la elección del fiscal general y adjunto, una reforma a la Ley del Ministerio Público, la eventual llegada de una comisión internacional contra la corrupción, y la repartición equitativa de otras instituciones que implican una elección de segundo grado. Sin embargo, expertos opinan que es imposible saber los detalles de esas negociaciones.

Joaquín Mejía, abogado e investigador de derechos humanos en Honduras, opinó en aquel momento que, aunque se dio a conocer que hubo una negociación y se expuso el documento de acuerdos que firmaron, la operación y los pactos acordados siguen siendo secretos porque no sabemos «exactamente qué negociaron».

«Sabemos claramente que los dueños de los partidos políticos se sentaron a negociar y luego lanzaron las líneas a los diputados y diputadas en el Congreso, pero no sabemos qué más negociaron. Creo que lo primero que se debería hacer es informar de manera transparente qué fue lo que se negoció», explicó Mejía. 

Además, el acuerdo también definió la designación de seis «magistrados integrantes», o suplentes, repartidos en dos por cada partido político, una medida fue ampliamente criticada en su momento y que finalmente fue adoptada por decisión del nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de las afirmaciones de Redondo sobre la transparencia y la ausencia de dádivas económicas para la elección de los magistrados, Contracorriente registró que, un mes antes de la elección de estas autoridades el Congreso Nacional otorgó 100 mil lempiras a diputados para «obras sociales».

Engañoso

Aunque el Congreso Nacional sí derogó en agosto de 2023 el decreto 116-2019, también llamado fondo departamental, que servía para blindar a diputados y diputadas, corporaciones municipales, instituciones públicas y descentralizadas, y permitía a oenegés recibir fondos del Poder Ejecutivo para programas sociales,; en el Congreso Nacional se siguen otorgando subvenciones para que los parlamentarios los destinen para «obras sociales».

Además, aunque se supone que los congresistas deben liquidar los fondos recibidos por las subvenciones, dichas liquidaciones no son públicas, por lo que es imposible saber quiénes sí han liquidado esos fondos y cuánto dinero han recibido.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fatima Mena reveló a Contracorriente que esos fondos para obras sociales son utilizados para negociar, comprar votos y obtener obediencia al oficialismo.

Falso

Entre inicios de febrero y finales de abril de 2023, fiscales y personal administrativo del Ministerio Público se declararon en huelga, dejando sin operatividad al principal ente de denuncia, investigación y acusación en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo.

Los demandantes se tomaron las instalaciones del MP a nivel nacional con el objetivo de obtener  aumentos salariales, pues muchos fiscales y personal administrativo llevaban más de 10 años con el mismo salario. La crisis aumentó a tal punto que los empleados del Ministerio Público anunciaron que no iban a realizar levantamientos de cuerpos, autopsias ni pericias forenses hasta que se cumplieran sus exigencias.

La derogación del pacto de impunidad no mejoró las condiciones en que opera el Ministerio Público, y tampoco ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que, por ejemplo, Luis Javier Santos, fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha solicitado desde hace más de dos años. Debido a estas deficiencias, más de un centenar de líneas de investigación siguen estancadas.

Lea más en la nota: Fiscales protestan por precariedad institucional mientras negociaciones inician para elegir nuevo fiscal general

Falso

Aunque la intención de aprobar la ley para la transacción de bonos de carbono puede parecer legítima, las comunidades garífunas representadas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) han denunciado que la aprobación de dicha ley se realizó «sin haber sido consultada con los pueblos indígenas en Honduras, desconociendo una vez más el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI); consignado en convenios y declaratorias, ratificados por el Estado hondureño».

Además, Ofraneh expresó su rechazo categórico a dicha ley que «impulsa proyectos para el despojo de nuestros territorios», y apuntó que la narrativa de conservación que promueven los organismos internacionales y Estados nacionales se ha convertido en una enorme farsa, que «paulatinamente viene saliendo a flote». 

«Las grandes empresas verificadoras encargadas de las transacciones de los bonos de carbono, han sido señaladas por sus inciertas prácticas que colocan al descubierto un enorme fraude; mientras la contaminación continúa de forma insostenible», denunciaron en un comunicado.

Engañoso

Según los datos publicados en el portal web de la Secretaría de Finanzas y actualizados al 26 de enero de 2024, los datos mencionados por Redondo son inexactos. 

Aunque la ejecución del presupuesto sí mejoró, según los datos, la ejecución del presupuesto del 2023 llegó hasta un 88.2 %, en comparación con el año anterior, que llegó a un 83.9 %, por lo que la frase «mejora significativa» es cuestionable.

En el apartado de inversión pública, la inversión social superó lo dicho por Redondo, llegando al 96.5 %, y la inversión productiva fue apenas menor, alcanzando un 76.5 % de ejecución. 

Falso

En 2023 Contracorriente reportó en diversas ocasiones el bloqueo al acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos de diversas instituciones de Gobierno, y en especial del Congreso Nacional. Desde la falta de transparencia en la asignación y liquidación de subvenciones por parte de diputados y diputadas, hasta el uso de tarjetas de crédito para gastos personales en la oficina del mismo Luis Redondo. 

Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional revelan que  solo en dos meses de 2022 se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos.

Ninguna de estas facturas se encuentra en los portales de transparencia, y tampoco están los estados de cuenta de las tarjetas. En conferencia de prensa, el presidente del CN, Luis Redondo, dijo que estas eran utilizadas para hacer compras por internet con el objetivo de ahorrar costos a la institución, pero en los portales tampoco hay recibos de este tipo de compras.

Verdad a medias

Según los datos recogidos por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH),  la Secretaría de Infraestructura recibirá un incremento del 87 % del presupuesto en comparación a lo aprobado en 2023, seguido por incrementos sustanciales en la Secretaría de la Presidencia (93 %), Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (136 %), Administración Aduanera de Honduras (67 %) y la Secretaría de Gobernación (53 %); por otro lado, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud recibieron apenas aumentos de 7 % y 9 % respectivamente.

Además, datos del portal Honduras Inversiones indican que en la inversión pública por sector, educación recibirá apenas un 7.3 % del presupuesto y salud 11.1 %, en comparación con el sector carreteras, que recibirá un 25.4 % del total de inversión.

Por esa diferencia en los presupuestos, la afirmación de Redondo que menciona la construcción de hospitales, educación y salud como prioritarias para el Gobierno, son una verdad a medias.

Verdad

El pasado 14 de noviembre de 2023, el Congreso Nacional anunció una «aportación histórica» a la Federación de Fútbol de Honduras por 25 millones de lempiras, destinados a la construcción de la segunda fase de un complejo deportivo en Comayagua, y la reparación de la calle de acceso a un complejo de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth)  en Siguatepeque. Además, Redondo anunció la creación de una partida complementaria en el Congreso para apoyar a la selección de fútbol.

En la presentación de dicha aportación económica no se dio información sobre el origen de los fondos, o si hubo ningún tipo de votación en el pleno del Congreso para aprobarlos.

Tras esa «aportación», el 9 de diciembre la diputada Kritza Pérez, del Partido Liberal, se presentó al evento realizado por la Teletón para anunciar la donación de 5 millones de lempiras.

Texto: Óscar Estrada

Portada: Persy Cabrera



En su ensayo Reflexiones sobre WikiLeaks (2011), el escritor Umberto Eco nos sumerge en un profundo análisis sobre la importancia de WikiLeaks en la era digital y su impacto en la relación entre información y narrativa. A lo largo de esas reflexiones, Eco nos invita a considerar cómo la narrativa ha adquirido un poder excepcional en nuestra sociedad contemporánea, incluso superando en relevancia a la propia información.

 

El surgimiento de WikiLeaks en la era digital ha sido paradigmático. Esta organización, liderada por Julian Assange, se especializó en la filtración de información «clasificada» de gobiernos y corporaciones, haciendo uso de la tecnología para exponer secretos gubernamentales y corporativos. Pongo la palabra «clasificada» entre comillas porque el fondo del artículo de Eco es que «tal cosa», en la era digital, ya no existe. Los periódicos reportan los chismes y rumores de las redes sociales, las embajadas reportan en sus memos secretos los chismes de los periódicos.

 

Eco plantea una idea intrigante en su artículo: en la era digital, dice, la narrativa se ha vuelto más poderosa que la información. Esta afirmación se basa en el hecho de que la tecnología ha dado lugar a una avalancha de datos, y las narrativas son la herramienta que utiliza la sociedad para dar sentido a esta información abrumadora. Al simplificar y contextualizar la información compleja, las narrativas se convierten en el vehículo principal a través del cual percibimos y comprendemos el mundo. Todo lo que Wikileaks reveló, afirma Eco, es de conocimiento público. Todo lo que los organismos de inteligencia del mundo recogen, son los chismes de los periódicos. Nada es ya secreto. 

 

Un aspecto fundamental del poder de la narrativa, según indica Eco, radica en su capacidad para apelar a las emociones y crear conexiones personales. Las historias, con sus personajes, conflictos y resoluciones, nos permiten conectarnos a nivel emocional, lo que las hace más atractivas y memorables. Esto influye en cómo asimilamos la información y en la formación de nuestras opiniones y actitudes. Lo emocional es más determinante que lo racional.

 

En la era digital, las personas tienden a buscar información que confirme sus creencias preexistentes, creando un terreno fértil para la propagación de narrativas que refuerzan estos sesgos. Los periodistas ya no buscan la «verdad» en un mundo de datos —si alguna vez hicieron eso—, buscan confirmar lo que ellos (y su audiencia) creen. Las narrativas persuasivas pueden ser particularmente efectivas para mantener y fortalecer las opiniones de las personas, contribuyendo a la polarización política y social.

 

Las narrativas no solo son herramientas de entretenimiento, sino que también tienen un poderoso impacto en la formación de la opinión pública. Pueden moldear la percepción sobre temas complejos y controversiales. La gente recuerda y se conecta con historias más que con datos crudos, lo que las convierte en una influencia significativa en la opinión pública y la toma de decisiones políticas.

 

¿Qué es un político ahora sin una narrativa? ¿Sin un personaje? Y para crear personajes políticos se requiere de arquetipos, porque la mitad de toda historia está ya contada en los arquetipos que usamos para construir las narrativas.

 

En un mundo saturado de datos, la narrativa ha emergido como una fuerza formidable. Las reflexiones de Eco sobre WikiLeaks nos instan a considerar cómo ésta, con su capacidad para simplificar, emocionar y conectar con la audiencia, se ha convertido en el lenguaje principal de la era digital. Su análisis arroja luz sobre cómo las historias moldean nuestra comprensión del mundo y nuestras decisiones, haciendo que la narrativa sea un elemento crucial en la comunicación, la política y la sociedad contemporánea.

 

Tres autores más que recomiendo para explorar en este tema: Marshall McLuhan, que afirma que «el medio es el mensaje». Mcluhan exploró cómo los medios de comunicación y las tecnologías influyen en la narrativa y la percepción de la información; argumenta que el medio en el que se presenta una narrativa tiene un impacto significativo en cómo se percibe y se interpreta. Walter Fisher, que desarrolló la teoría de la narrativa como paradigma para la comunicación humana, propuso que las personas son naturalmente narradoras y que la persuasión y la influencia se logran a través de la construcción de narrativas efectivas que se ajusten a los valores y creencias del público. Y Joseph Campbell, con su libro El héroe de las mil caras, un clásico que examina los arquetipos narrativos y cómo estos se repiten en diferentes culturas y tiempos.

Según información a la que Contracorriente tuvo acceso, el Ministerio Público está pendiente de presentar un requerimiento fiscal en contra de Lenir Pérez, representante legal de Inversiones Los Pinares, tras una investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por delitos ambientales en la concesión minera otorgada de forma irregular por la alcaldía de Tocoa en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Las organizaciones ambientalistas de la zona han presentado recursos legales para que la fiscalía actúe con celeridad antes del 28 de enero, momento en el que se vence la concesión minera vigente y el Estado decida si acepta o deniega la solicitud de mantenerla vigente por 30 años más.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

 

Exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, la Secretaría de Recursos Naturales, el Instituto Hondureño de Geología y Minas y el mismo Lenir Pérez, quien aparece como socio de la empresa minera Los Pinares, son investigados por parte del Ministerio Público por denuncias relacionadas con abuso de poder, corrupción, explotación ilegal y daños causados al ecosistema.

 

Según información a la que tuvo acceso Contracorriente por medio de dos fuentes testimoniales vinculadas al caso, hay un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez que sigue pendiente desde diciembre del 2023, a pesar de las múltiples denuncias en contra de sus proyectos, que incluyen la concesión minera de Inversiones Los Pinares, la aprobación de una planta de energía altamente contaminante en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y la sobrevaloración en la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola.

 

Ahora los representantes de la comunidad de Guapinol, sector San Pedro y diversas organizaciones defensoras del ambiente, entre las que se encuentra el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), instan a José Mario Salgado, director de fiscales del Ministerio Público, a ofrecer una respuesta concreta a las numerosas denuncias que han presentado, y que podrían quedar en vano si el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) admite la solicitud de Inversiones Los Pinares para ampliar por 30 años más la concesión minera, que vence el próximo 28 de enero.

 

Promesas de investigación sin resolverse

 

Representantes de las comunidades y organizaciones solicitan que se resuelva la denuncia que presentaron el pasado 19 de abril de 2023 ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), en la que piden que se investigue a funcionarios que supuestamente cometieron el delito de abuso de poder y corrupción para otorgar las licencias ambientales de los proyectos que conforman el megaproyecto minero Los Pinares.

 

En la denuncia también señalan la irregular aprobación del decreto 252-2013, que reduce la zona núcleo de la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras, permitiendo las mencionadas licencias ambientales, el otorgamiento de la concesión para la explotación minera en la zona y, como consecuencia, la violencia contra los activistas que se oponen al proyecto.

 

En 2020, en una investigación conjunta de Contracorriente, Univisión y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Lenir Pérez admitió haber negociado con representantes del gobierno para que los funcionarios replantearan los límites del área núcleo del parque, que se redujo en 217 hectáreas.

 

Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a cargo de la declaración y delimitación de las reservas naturales. En 2014, el IFC declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro, dictaminando que tendría un severo impacto sobre la flora y la fauna. A pesar de este informe, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto y pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.

 

La trama para la modificación de la zona núcleo fue protagonizada en el Congreso por una serie de diputados y diputadas que después serían señalados por la misma Uferco por ser partícipes de actos de corrupción, como en los casos del exdiputado suplente Ricardo Antonio Díaz Aceituno y el exdiputado y secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo.

 

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La solicitud presentada ante el director general de fiscales también apunta al «aseguramiento de efectivo enjuiciamiento» por delitos relacionados con daños causados al ecosistema del Parque Nacional Carlos Escaleras, presuntamente cometidos por funcionarios a los que también han denunciado por abuso de autoridad.

Miembros del Comité Municipal por los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa se dirigen a los medios durante una conferencia de prensa en las afueras del Ministerio Público. Foto CC/Jorge Cabrera

Sobre esas denuncias, el 28 de junio del 2023 la ATIC anunció en un comunicado que estaban realizando diligencias de investigación en el edificio donde se ubica la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se había cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del ambiente en la zona.

 

Según la información del Ministerio Público, esas tareas se sumaban a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., empresa en la que Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé figuran como socios, y que según el comunicado del ente investigador «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto».

 

El pasado 26 de octubre de 2023, Inversiones Los Pinares presentó ante el Inhgeomin una solicitud para la ampliación por 30 años más de la concesión minera que les fue otorgada en 2014 y expira el próximo 28 de enero. En la solicitud también piden que se cambie la categoría del contrato de «no metálica» a «metálica», debido a un presunto cambio en la clasificación de sustancias que explotan en la montaña, como el óxido de hierro y el antimonio. 

 

A finales de julio de 2023, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), anunció un acuerdo entre el Gobierno e Inversiones Los Pinares para la suspensión temporal de las actividades mineras de la empresa por dos años. Según Medina, la solicitud de suspensión respondía a la falta de la licencia ambiental en el tajo de ASP 2, la segunda parte de la concesión, así como a la supuesta falta de solvencia económica para pagar la planilla de empleados, que ascendía a alrededor de 13 millones de lempiras mensuales.

 

Aunque los medios de comunicación en el municipio de Tocoa encendieron las alarmas y anunciaron el despido masivo de trabajadores de la mina, en la zona nadie da certeza sobre el cumplimiento de ese acuerdo para la suspensión de las actividades mineras. Ahora, esta solicitud de renovación parece contradictoria, considerando los múltiples conflictos en los que se ha visto envuelta la empresa.

 

El Inhgeomin rechazó la solicitud presentada por Contracorriente para tener acceso al expediente de la concesión minera otorgada a Los Pinares, y una solicitud de acceso a la información para obtener copia íntegra del mismo no ha sido contestada.

 

Este medio también solicitó una entrevista a la oficina de comunicaciones de Grupo Emco, el conglomerado de Lenir Pérez en el que se encuentra Inversiones Los Pinares, pero no hubo respuesta.

 

A finales de 2022, el CMDBCPT elaboró un informe técnico en el que evidenció los impactos de la explotación minera a cielo abierto en las comunidades de influencia del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares que consta de varios componentes, entre los que se encuentran dos concesiones mineras, una planta de beneficio y peletizado de Inversiones Ecotek, una planta de generación eléctrica con capacidad de 50 megavatios y tres contratos de aguas nacionales sobre el Río Guapinol.

 

En el informe detallan que, mediante una visita de seguimiento a las medidas ambientales del megaproyecto y la evaluación de un geólogo experto, encontraron una disminución significativa de la cobertura forestal en las zonas concesionadas a la empresa y la zona núcleo adyacente.

Antes y después de la instalación de la concesión minera en la zona núcleo y amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras. Imágen tomada de informe técnico del CMDBCP.

Además, en el informe apuntaron que la empresa está incurriendo en un delito ambiental al no haber definido en el estudio de impacto un lugar para la escombrera, que es un lugar para los desechos de la actividad minera. Señalan que «sin contar la empresa con un lugar seguro para la escombrera, simple y sencillamente, no podría operar».

 

«Inversiones Los Pinares, ha deforestado, removido toda la cobertura vegetal y el suelo, dentro del área de la concesión ASP2, para instalar la escombrera sin contar con licencia ambiental. Además el irrespeto al área impactada por la escombrera llega hasta el límite modificado de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y todos los sedimentos y aguas de contacto están siendo depositados en el nacimiento de la quebrada La Cascada que es fuente de agua permanente y tributaria del Río San Pedro, la cual, en su totalidad, está dentro de la zona núcleo», dice el informe.

 

Sobre el daño ambiental que está causando el proyecto de Inversiones Los Pinares, Raúl Ramírez, secretario general de la Plataforma Agraria, aseguró a Contracorriente que «no puede ser la ampliación de la concesión porque este es un proyecto destructor a la vida humana porque se están llevando de encuentro a las comunidades que se abastecen del agua que viene del sector donde se ubica la mina». «Están contaminando y deforestando, definitivamente es un proyecto que no debe estar allí», dijo.

 

Lenir Pérez, investigado por el FBI, pero impune en Honduras

 

Inversiones Los Pinares mantiene como únicos socios a Lenir Pérez y Ana Facussé, a pesar de que en abril de 2023 se hizo público que el FBI investigaba las actividades del empresario hondureño Lenir Pérez y sus relaciones con la multinacional Nucor, la principal productora de acero en Estados Unidos.

 

Desde entonces, los cambios para Los Pinares reflejados en el registro mercantil implican dos operaciones clave para mantener su megaproyecto minero en Tocoa. 

 

En mayo de 2023, Los Pinares sirvió de aval hipotecario para un préstamo de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural) en favor de Alutech S.A. de C.V, otra empresa de Lenir Pérez. Tras la constitución del aval, el consejo de administración de Los Pinares se reunió el 16 de mayo de 2023 para autorizar la constitución de servidumbre de paso, o el permiso para que transite un tercero, en favor de la empresa Tocoa Energy, otra de las empresas del conglomerado.

 

Tras esas operaciones, el 17 de octubre de 2023, regidores de la municipalidad de Tocoa fueron invitados a hacer un recorrido a las instalaciones de la planta que pretende utilizar petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante, para generar inicialmente 25 megavatios de energía con los que prometieron solucionar una aguda crisis de apagones en la zona. Menos de un mes después, Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, y la mayoría de regidores del municipio votaron en favor de la realización de un cabildo abierto para definir la instalación del proyecto.

 

Finalmente, el cabildo convocado para el 9 de diciembre no se realizó por decisión de Fúnez, quien se vio debilitado por la asistencia masiva de la población que se opone al proyecto; sin embargo, la empresa y las autoridades municipales no se han rendido y convocaron a un nuevo cabildo a realizarse el próximo 31 de enero.

Con pancartas, los habitantes de Colón se negaron a la extensión de los permisos para las minas cercanas a sus comunidades. Foto CC/Fernando Destephen

Según Limbor Velásquez, ingeniero forestal y miembro de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el petcoke es un residuo de los hidrocarburos muy barato, pero también muy tóxico, que genera gran cantidad de cenizas que contienen mucho azufre, y la empresa no tiene un espacio donde se pueda acumular de manera segura estos residuos. El experto también apunta que no hay control de cuántas emisiones van a generar, ya que en Honduras no hay regulación para el uso de dicho compuesto.

 

En ese sentido, la empresa ha dicho que ya cuentan con más del 80 % de la construcción de la planta de generación de energía.

 

Las empresas del Grupo EMCO siguen vigentes en sus negocios, a pesar de algunos conflictos que han surgido por acciones de funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, ante las intenciones del Servicio Aeroportuario Nacional de tomar posesión del recién construido Aeropuerto Internacional Palmerola, la empresa concesionaria interpuso en septiembre de 2023 una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el que los representa internacionalmente Clifford Chance, uno de los bufetes legales más grandes del mundo. 

 

Las promesas hechas por los funcionarios gubernamentales y por la misma presidenta Xiomara Castro de revisar y modificar las condiciones de los negocios de las empresas de Pérez con el Estado se han diluido con el tiempo. Como ejemplo, en el Congreso Nacional se formó una comisión para la revisión del contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola, fijando la fecha para presentar los resultados para junio de 2023. Sin embargo, hasta  enero de 2024 no se había presentado dicho informe.

 

En enero de 2023, Contracorriente reportó que desde junio del 2020 Lenir Pérez comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y funcionario de confianza del gobierno de Castro, quien también manejó los fondos de su campaña política.

 

De 35 empresas que Contracorriente encontró registradas a nombre de Lenir Pérez, en 14 de ellas Pamela Blanco Luque ha prestado sus servicios legales desde una oficina que comparte con el actual ministro de gobernación, incluyendo Palmerola International Airport.

 

Sobre esta última empresa, que maneja la concesión de la principal terminal aérea del país, Contracorriente también encontró que desde el seis de diciembre de 2022 nombraron como representante legal a la abogada Liana María Bueso Majano, una excandidata a diputada del Partido Nacional que ha sido denunciada ante el Ministerio Público por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), por la constitución de 14 empresas de maletín que en 2014 recibieron contratos estatales de generación de energía.

 

Majano también fue exfuncionaria de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2012, coordinadora legal de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) y representante legal del zoológico Joya Grande, propiedad de la organización criminal Los Cachiros, e incluso fue mencionada en el juicio en Estados Unidos contra Devis Leonel Maradiaga, uno de los líderes de dicho cártel.

Hay un total rechazo por parte de los habitantes a las minas cercanas a sus comunidades. Foto CC/Fernando Destephen

Lenir Pérez es conocido por sus vínculos estrechos con gobernantes de la región que le permitieron acceder a grandes negocios. Ese es el caso de la concesión del mismo aeropuerto Palmerola y su relación estrecha con el expresidente Juan Orlando Hernández; o sus aportes a la campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y la obtención de un contrato multimillonario para la construcción de una terminal de carga en el principal aeropuerto de ese país.


Ahora, según el testimonio de Juan López, uno de los regidores que acompañó la visita realizada a la planta de generación de energía, la empresa está buscando desmarcarse de la imagen relacionada con los abusos a los derechos humanos, la corrupción y los señalamientos tras la investigación del FBI; sin embargo, la solicitud de renovación de la concesión minera con la que inició el conflicto en el sector de Guapinol podría ser clave para que las operaciones del megaproyecto minero sigan vigentes a pesar de las denuncias por el daño medioambiental y las irregularidades en su aprobación.

La periodista y cineasta Mildred Tejada canceló la proyección en cines hondureños de su cortometraje Riccy, anunciada para el 25 de enero, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. Según Mildred Tejada, lo hizo para no entrar en conflicto con los familiares de Riccy Mabel Martínez, en quien está basado el cortometraje. La familia argumenta que Tejada no tiene los permisos y derechos para producir la película. Esto abrió un debate sobre la propiedad intelectual, la memoria histórica y las adaptaciones de la historia por medio de productos cinematográficos de ficción.  



Texto y portada: Persy Cabrera

Fotografías: Fernando Destephen

 

La periodista y cineasta Mildred Tejada canceló la proyección en cines hondureños de su cortometraje Riccy, planificada para el 25 de enero, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. La producción se basa en la historia de Riccy Mabel Martínez, una estudiante de la ya clausurada Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, que hace 33 años fue asesinada tras haber visitado el Primer Batallón de Comunicaciones para interceder por la la liberación de su novio, quien había sido reclutado para cumplir el servicio militar obligatorio. 

 

El femicidio de Riccy expuso la inmunidad, poder y crueldad de las Fuerzas Armadas de Honduras. A pesar de que se identificó a los responsables de este crimen, las sentencias de la justicia fueron generosas con ellos; por ejemplo, el coronel Ángel Castillo Maradiaga —uno de los responsables del femicidio— fue puesto en libertad 10 años después del asesinato.

 

Según explicó Mildred Tejada, Riccy es un cortometraje de ficción basado en hechos reales, y tras haberlo presentado en varios festivales internacionales, se iba a exhibir en una cadena de cines hondureña. Sin embargo, la presentación debió cancelarse, según cuenta Mildred, debido a que a medida que se acercaba la fecha de estreno comenzó a recibir llamadas de familiares de Riccy.

 

«Lo que dice la familia es: “no puedes porque es de Carla Calderón, todo le pertenece a Carla Calderón, y además no estás diciendo la verdad”» explicó Mildred. Carla Calderón es otra cineasta hondureña que también dirige un proyecto cinematográfico basado en la historia de Riccy. Calderón explicó a Contracorriente que está en fase de preproducción, y que el proyecto no es solo de ella, sino que «es de la familia de Riccy y son ellos quienes tienen la batuta del proyecto».

 

De acuerdo a Calderón, este caso de disputa de derechos está en manos de «abogados a nivel nacional e internacional». Mildred Tejada, por su parte, detalló que no hay ninguna demanda en su contra, pero ha sido víctima de un hackeo, y que además ha recibido «amenazas y algunas llamadas un poco raras».

De acuerdo con Mildred Tejada, el ingreso de la taquilla en el estreno de Riccy iba a ser destinado a casas refugio de mujeres en Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

Lo legal y lo moral

 

Mildred Tejada describió el proceso de creación del guión de Riccy como «ficción con algunos elementos de la vida real. «¿Cuáles son esos elementos de la vida real que yo utilicé? Los públicos», detalló. Explicó que visitó el Archivo Nacional de Honduras para documentarse sobre el femicidio de Riccy; ahí, según dice, revisó «los 18 expedientes que están de acceso público», y agregó elementos de ficción a la historia de amor entre Riccy y su novio.

 

Sobre este caso se pronunció la Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, de la que Mildred Tejada es vicepresidenta, y que aglutina a alrededor de 100 cineastas en Honduras. En un comunicado dijeron que la película «está debidamente registrada para la reclamación de sus derechos de propiedad intelectual, tanto su guion como el producto audiovisual final, y son de exclusiva tenencia de Mildred Tejada», y que «los sucesos que rodean el asesinato de la joven Riccy Mabel Martínez son de dominio público, según consta en un sinnúmero de publicaciones desde la fecha hasta la actualidad».

 

De acuerdo al presidente de esta asociación, Javier Suazo, «es que un hecho de dominio público no puede reclamarse como derecho exclusivo por su mismo carácter público», lo cual abre las puertas a que se puedan hacer muchas adaptaciones sobre el caso, con la salvedad, según Suazo, de que «se difame el buen nombre, sobre todo, de las víctimas».

 

Por su parte, Ony Martínez, hermana de Riccy Martínez, expresó a Contracorriente que la familia acordó ceder los derechos a Carla Calderón en 2017, cuando la cineasta solicitó a la familia el permiso de realizar una película sobre este caso. Sobre la película de Mildred Tejada, Ony dijo que conoció de su existencia a través de Facebook,  y que le pidieron a Tejada que «anulara eso que ella estaba haciendo».

 

Ony también manifestó que Tejada está «obstaculizando el derecho de nosotros, infringiendo un derecho penal y eso es lo mejor, es lo más sabio que puede hacer [retirar la película de las salas de cine]».

 

De acuerdo con Alexander Ávila, abogado especializado en propiedad intelectual, en esta situación no ve un problema de derechos de autor, sino de derechos de imagen.  Agregó que, si bien es cierto «salió en los medios de comunicación, hay un elemento que se llama derecho a la imagen», que según él pertenece por herencia a la familia de Riccy.

 

El abogado Waldo Rivera, por su parte, concordó en que este es un tema de derechos de imagen y no de derechos de autor. Añadió que «los hechos públicos no tienen derechos de autor» porque «están exentos o está como una excepción de protección aquellos [hechos] que son noticias comunes». Según Rivera, «la otra directora [Carla Calderón] puede hacer su obra cinematográfica y el cortometraje [de Mildred Tejada] no puede impedirse, siempre y cuando sea una historia que no constituya un plagio».

 

Rivera concluyó diciendo que a lo único que la familia podría oponerse es si la figura y nombre de Riccy Mabel Martínez fuera denigrada o revictimizada en el corto de Tejada.

 

 

La revictimización en las adaptaciones

 

Utilizar datos de dominio público y combinarlos con ficción no es algo nuevo. La película Spencer, estrenada en 2021, ficciona algunos hechos reales de Diana Spencer, como también lo hace Blonde, estrenada en 2022, con la vida de Marilyn Monroe. Por la naturaleza de sus historias, algunos familiares de las personas presentadas en la series o películas han salido a reclamar a los creadores del producto en cuestión.


Por ejemplo, en 2022 se estrenó en la plataforma de Netflix la serie Dahmer, que presenta desde el punto de vista de las víctimas los asesinatos perpetrados por el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Dejando de lado su rotundo éxito, la serie mostró con frialdad tanto a Dahmer como su modus operandi, y algunos de los familiares de las víctimas reclamaron por esta representación de los asesinatos de sus seres queridos

Para los familiares, la representación de los hechos combinada con ficción, y la nula comunicación con ellos para producir Dahmer, fue una falta de respeto. A pesar de esto, uno de sus familiares también reconoce que Netflix no tenía obligación en acercarse a ellos. «Es de dominio público, así que no tienen que notificar (¡ni pagar!) a nadie» explicó en redes sociales un familiar de Errol Lindsay, una de las víctimas.

 

Este caso se contrapone con otro también producido por Netflix; se trata de La sociedad de la nieve, una película dirigida por Juan Antonio Bayona que relata el viaje de supervivencia que vivieron los pasajeros de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en 1972 en la nevada cordillera de Los Andes. A diferencia de ¡Viven!, dirigida por Frank Marshall y estrenada en 1993, que era la cinta más conocida sobre este caso, en La sociedad de la nieve hubo un acercamiento importante entre la producción del film con los supervivientes y familiares. El resultado fue una película nominada a los Óscar, y de la que uno de los supervivientes dijo que es como «[…] se tiene que haber contado siempre, como la real historia».

 

En el caso de Riccy, los familiares no han visto aún lo que Mildred retrató de su historia. Ony Martínez comentó que, aunque Tejada ha invitado a ella y a varios familiares a ver el cortometraje, no han podido asistir a las proyecciones por «problemas de agenda». 

 

Ony Martínez comentó que le dijo a Mildred Tejada  «no sé de dónde usted va a sacar una historia», pues, según ella, «si se va a guiar por a través de los medios periodísticos, ahí está equivocada, porque en esa época hubo demasiado amarillismo, hubieron muchas mentiras».

 

Por su parte, Mildred Tejada sostuvo que, como feminista y «como mujer, he vivido la violencia en carne propia, y he vivido la desigualdad y la inequidad; entonces, yo jamás iba a revictimizar a Riccy». 

 

La salida que el abogado Alexander Ávila plantea a esta situación es una conciliación en la que los familiares de Riccy Martínez puedan ver el cortometraje escrito y dirigido por Mildred Tejada, y posteriormente puedan dar permiso para que se proyecte en cines.

 

***

 

Riccy fue nominada a premios en Argentina; en los Estados Unidos ganó el premio a la Mejor Dirección de Cine en el Festival Internacional de Cine de Miami, y a Mejor Corto de Derechos Humanos en el Independent Women Film Award en Los Ángeles. En Alemania ganó el premio a Mejor Cortometraje Narrativo en el Festival de Mujeres de Berlín. 

 

Mildred expresó que con este documental tuvo la «intención de sensibilizar, cambiar comportamientos y ¿qué mejor que el cine? A través del drama, por eso es que también a veces usamos la ficción, para mover voluntades».

Fotografía y texto: Amilcar Izaguirre

 

Alrededor de 300 hombres, mujeres y menores de edad salieron en caravana hacia Estados Unidos desde la Gran Terminal de buses en San Pedro Sula, Honduras, el 20 de enero de 2024. Esta es la primera caravana del año y la segunda que se realiza desde que el Gobierno de Xiomara Castro asumió el poder en el 2022.

 

Aunque estas caravanas no han tenido la magnitud de las primeras organizadas entre el 2018 y el 2021, esto no significa que la migración haya disminuido. Solo en 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró la detención de un poco más de 213,000 migrantes provenientes de Honduras. 

 

«Estamos decididos a todo. Es que aquí siempre nos vamos a morir y es peor porque será de hambre», dice Arnold Espinal, un migrante que salió desde Orocuina, Choluteca. Hace cuatro años perdió su empleo en un cultivo de okra que fue incautado por la Oficina Administradora de Bienes (OABI) durante la administración de Juan Orlando Hernández. Arnold se va porque no vio la mejora en su calidad de vida que esperaba con el nuevo gobierno. 

 

Desde Orocuina también salió Edgard Hernández (26), quien recorrerá por segunda vez la ruta migratoria. Cuenta que hace un año llegó por primera vez a los Estados Unidos y se entregó a las autoridades, pensando que iba a recibir asilo, y en lugar de eso fue deportado. Ahora volverá a intentarlo porque dice que lleva mucho tiempo comiendo sólo arroz y frijoles y trabajando de vez en cuando por 250 lempiras. «Hace dos semanas nos dimos cuenta de que iba esta caravana, por TikTok y Facebook, entonces nos animamos y nos venimos», dijo. 

 

José Manueles (23), otro migrante que emprende la ruta, dejó a sus padres en La Esperanza, Intibucá, y emprendió el camino en busca de las oportunidades que su país le niega. Aclaró que él no quiere irse, pero no encuentra otra opción: «Uno se va por la pobreza que hay en Honduras, el dinero es muy escaso aquí», manifestó. 

 

Según dijo, y un grupo de amigos viajaron caminando o pidiendo aventones a los transportistas por no tener dinero para pagar otra forma de llegar. «Vamos sin dinero. A cómo nos toque. Ahí solo Dios con uno», confió.

Los hondureños que salieron en caravana rumbo a los Estados Unidos el 20 de enero del 2024 pasaron la noche durmiendo en las áreas verdes de la terminal de buses de San Pedro Sula. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, como la Pastoral de Movilidad Humana, estiman que entre 600 y 700 hondureños salen diariamente de Honduras en busca de una mejor vida. Un gran porcentaje del Producto Interno en Honduras se sostiene de las remesas familiares; en el 2023 el país percibió 9,177 millones de dólares, lo que representó más de la cuarta parte del PBI.

Expertos en investigación de desinformación y campañas de influencia confirmaron a este medio que, entre mayo y julio de 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y su directora, Gabriela Castellanos, fueron objetivos de una campaña coordinada y no auténtica en las redes sociales, después que CNA publicara un informe sobre nepotismo en el gobierno de Xiomara Castro. Las cuentas involucradas en esta campaña están vinculadas a las «tropas digitales» que el gobierno promueve, y otras cuentas de redes sociales involucradas comparten principalmente mensajes a favor del gobierno. Los mensajes principales de esta campaña fueron reciclados del tiempo de Juan Orlando Hernández. 

 

Texto: Contracorriente



El informe «Concentración de poder» que elaboró el CNA denunciando nepotismo en el gobierno de Xiomara Castro fue lanzado durante una transmisión en vivo por redes sociales, que comenzó a las 10:07 de la mañana del 24 de mayo de 2023. Tan solo siete minutos después de la presentación, un usuario de la red social X compartió un video de un programa de televisión que fue transmitido en 2021, que contenía acusaciones de nepotismo contra Gabriela Castellanos, directora del CNA, por parte de la abogada Doris Madrid.

 

Ese video formaba parte de los ataques de la abogada Madrid contra Castellanos iniciados el 28 de octubre de 2021, un día después de que Castellanos presentó en Washington un informe que desnudó una red de corrupción en cuyo centro estaba el expresidente Juan Orlando Hernández (quien ahora enfrenta juicio en Estados Unidos). La abogada Madrid —cuestionada por sus vínculos con el Partido Nacional y porque a través de su bufete ha defendido a actores como David Castillo, autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres— denunció a Castellanos ante el Ministerio Público de «nepotismo y malversación de caudales públicos», argumentando que entre 2014 y 2016 Castellanos había contratado a miembros de su familia en el CNA.

 

Cada vez que Castellanos ha presentado informes del CNA en donde se denuncian redes de corrupción o nepotismo de gobiernos, tanto en el del expresidente Hernández como en el de Castro, ha enfrentado violentas respuestas. En el nuevo gobierno los ataques a Castellanos parecen no haber cambiado mucho. Entre mayo y julio de 2023 hubo comunicados oficiales, declaraciones de altos funcionarios de gobierno y memes distribuidos en redes sociales, que no solo apuntaban al supuesto nepotismo en el CNA, sino a la vida personal de la directora de esa institución. 

 

Un grupo de expertos analizó  las cuentas que compartieron el mismo contenido y determinó que estaban coordinadas, y que al menos 18 en X y 18 en TikTok eran inauténticas. Solo en un día, el 24 de mayo de 2023, se publicaron al menos 42 videos de este tipo en ambas redes sociales para criticar al CNA y Castellanos, obteniendo 91,058 visualizaciones.

 

Algunas de las publicaciones de cuentas inauténticas también fueron divulgadas  por figuras de alto perfil, muy cercanas al gobierno de Xiomara Castro. De acuerdo con el análisis de los expertos en desinformación, las publicaciones compartidas por estos actores que tenían bastantes seguidores aumentaron el alcance de la campaña contra Castellanos. 

 

Por ejemplo, el abogado Ricardo Soto, quien ha sido una figura controversial en redes sociales y es afín al gobierno de Castro, compartió un post con un video de la cuenta de TikTok Cesia Funes, diciendo que ésta es una periodista que descubrió el nepotismo de la directora del CNA; el post tuvo más de 37,700 visitas. Soto no quiso dar entrevistas a Contracorriente; pero dijo a través de un mensaje de texto que se considera a sí mismo como un ciudadano que sólo publica opiniones en redes sociales, y que también ha sufrido de campañas de desprestigio en su contra. 

 

Desde 2021, cuando se publicó la denuncia de nepotismo contra Gabriela Castellanos, hasta la nueva campaña en 2023, hubo alrededor de 500 videos en TikTok al respecto, llegando a 3.5 millones de vistas. El primer video compartido en TikTok en el marco de la nueva campaña se publicó a las 11:00 a. m. y utilizó un extracto del programa «Abriendo Brecha», el mismo que había sido publicado en Twitter unos minutos más temprano.

 

La misma narrativa se repitió una y otra vez durante varios días y se detuvo por un tiempo, hasta que resurgió entre el 5 y el 20 de junio de 2023, coincidiendo con un nuevo informe de la CNA y la salida de Gabriela Castellanos al exterior por motivos de seguridad después que recibiera amenazas de muerte.

 

El gobierno respondió ante las denuncias de Castellanos con un comunicado que fue leído en Casa Presidencial por la subsecretaria del Despacho de Gobernación y Justicia, Carmen Haydeé López Flores, quien fue señalada por el CNA de ser parte del nepotismo en su informe, ya que la viceministra es sobrina del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza. «Alertamos a la sociedad en general, que la actual Directora del CNA, Gabriela Castellanos utilizando la sociedad civil, se pretende erigir como representante del Pueblo intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de los Estados Unidos que desestabilizan el país para promover golpes de Estado», dice uno de los puntos del comunicado. 

 

Ese mismo día, el mismo Enrique Flores Lanza, asesor legal de Castro, dijo que Castellanos estaba resentida porque quería ser fiscal de la república y que él no la había apoyado. 

 

Las cuentas que han venido reproduciendo la campaña de desprestigio contra el CNA publican usualmente contenido progubernamental. El 99.5 % de las publicaciones de las 18 cuentas de TikTok analizadas comparten contenidos de gobierno, y en algunas imágenes utilizan el logo de «Tropa Digital». De un análisis de 2,327 videos subidos por estas cuentas resultó que solo 10 no eran videos con contenido progubernamental. 

 

El 19 de junio pasado, cuando se conoció que Gabriela Castellanos había salido del país, las cuentas investigadas amplificaron las declaraciones del gobierno que acusaban al CNA de nepotismo y corrupción. 15 de 18 cuentas publicaron un video de declaraciones de Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de la república, apuntando a Gabriela Castellanos por nepotismo. Las cuentas estaban coordinadas para difundirlo el mismo día. 

 

Aunque no podemos confirmar que todas las cuentas investigadas en este informe forman parte de «Tropas Digitales» y tampoco podemos saber cuántas cuentas tienen estas tropas, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, arrojó luces sobre cómo se coordinan desde su propia Secretaría. 

 

Salgado dio una entrevista a Contracorriente para el reportaje «Honduras, un paraíso para los desinformadores», en la que dijo que en ese momento tenía en su Secretaría a alrededor de 30 personas contratadas para monitorear medios digitales y redes sociales, con el fin de identificar «ataques» y poder responder. Agregó que contaban con un equipo para diseñar los mensajes y definir la estrategia de comunicación. También explicó que el gobierno brinda información a una red nacional de militantes que replican orgánicamente el contenido de gobierno, que constituye lo que llaman «las tropas digitales».

«Tenemos línea, tenemos equipo y tenemos algo que es el experimento más precioso, porque son muchísimas personas diseminadas por todo el país que no son empleados, pero sí son militantes. Esas deben ser unas 7 u 8 mil personas, tienen motivaciones, se les dan cursos de formación, se les prepara, se les da la línea, la marca, les decimos que se peguen a ella. Esas son las tropas digitales. Hay personas que dan la clave y los demás salen. A todas estas tropas las alimentamos con información; está prohibido que informen algo sobre algo que no saben», agregó para este reportaje.

Sobre el hashtag #GabrielaNoMeRepresenta, dijo: «Son buenos, lo posicionaron, todos los días posicionamos hashtags. En la práctica tenemos mucha capacidad en eso», y aseguró que eso no lo considera una campaña de desprestigio, porque «ella representa los intereses de la embajada de Estados Unidos y los intereses de los más altos lobbys de la derecha de los Estados Unidos, y está trabajando aquí para desestabilizar el gobierno. Esos son los intereses que representa, no es desprestigio, es la verdad».

Además, Salgado dijo que la campaña del CNA contra el gobierno ha sido más agresiva, falsa e infame. 

Los ataques de Salgado al CNA se reactivaron en noviembre de 2023 tras las críticas que Castellanos hizo durante la cuestionada elección del fiscal general de la República. En un video publicado en las redes sociales, la directora del CNA mencionó que presentaría una garantía de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia «contra el decreto legislativo número 001-2023-CP/CN, contentivo de la elección interina del fiscal general de la República y del fiscal adjunto, por infringir preceptos constitucionales de forma y contenido». En X, el ministro Salgado se refirió al CNA y a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) como «ONG basura» que «solo se dedican a defender a la oligarquía», y dijo específicamente del CNA que «no está hecha para combatir la corrupción, sino para cuidar los intereses de USA, y de las élites». 

Los mensajes de Salgado en redes sociales, sobre todo X, han sido frontales; lo dicho en entrevista lo ratificó varias veces en su cuenta. Posteriormente, cuando se llegó al proceso de la elección del fiscal general y adjunto en el Congreso Nacional y se suscitó un nuevo conflicto entre las fuerzas políticas en ese poder del Estado, Salgado hizo varios llamados a los colectivos del Partido Libre para intervenir en el proceso del Legislativo. Después de estos llamados a través de las redes sociales, grupos denominados como colectivos del partido de gobierno llegaron a los bajos del Congreso Nacional y agredieron a varios diputados de la oposición, lanzando piedras y botellas. 

Por este hecho, Salgado fue incluido como «actor antidemocrático» en una actualización de la lista Engel publicada el 21 de diciembre.

El señalamiento en la lista Engel no fue para Salgado un motivo de vergüenza, sino de «orgullo». En un comunicado respondió que el Gobierno de EE. UU ha estado «alineado desde siempre con la corrupción y la impunidad del Partido Nacional y del Partido Liberal», y citó una serie de personajes históricos antiimperialistas (José Martí, Augusto Sandino…) de los cuales se dice heredero. 

Salgado ha sido constante en responder con agresividad en sus redes sociales a las críticas en contra del gobierno. Usa insultos como: ridículo, idiota, falso, ladrones, narcos, cobarde, etcétera. 

Un empleado de gobierno a quien no identificamos para resguardar su seguridad dijo que él fue testigo de cuando este gobierno desmanteló los «call centers» del gobierno anterior, que funcionaban en el barrio La Bolsa, los cuales estaban destinados a subir la popularidad del expresidente Juan Orlando Hernández en redes sociales. Él asegura que no ha recibido una orden de apoyar o compartir contenidos de las «tropas digitales», y que realmente nunca hubo una orden de «atacar a Gabriela Castellanos»; que incluso él estaba en contra de que algo así sucediera porque lo consideraba «misógino». Sin embargo, reconoció que «un sector radical del gobierno» sí se dedicó a desprestigiar a Gabriela Castellanos. 

 

La oenegé Human Rights Watch (HRW), en su informe anual sobre derechos humanos 2024, indicó que el gobierno de la presidenta Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país e incluyó datos de que, entre enero y agosto de 2023, 236 defensores sufrieron «hostigamientos, amenazas o ataques» y que 13 de ellos fueron asesinados; además, citó que 11 fueron asesinados el 2022.

 

En un informe preliminar que la Relatora Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, presentó el pasado 27 de octubre de 2023, al concluir su visita de doce días a Honduras, mostró preocupación por la polarización que vive el país, que se ve exacerbada en las redes sociales. Aconsejó que los gobiernos deben abstenerse de patrocinar, fomentar o difundir información que saben que es falsa, y evitar calificar de «falsas» las opiniones críticas.

 

Cuentas inauténticas

 

La mayoría de las cuentas que participaron en la campaña en contra del CNA no eran auténticas. En Twitter, 18 de las 22 cuentas de Twitter que publicaron repetidamente contra el CNA y las 18 cuentas de TikTok que más compartieron el mismo contenido tienen rasgos de ser inauténticas. Uno de esos rasgos es la duplicación de fotografías de perfil en cuentas diferentes, lo que puede indicar que las fotografías son robadas. 

Algunas de las fotografías de perfiles en TikTok fueron tomadas de cuentas de instagram con nombres diferentes o de tableros de Pinterest. Las cuentas en TikTok con estas características están dedicadas en su totalidad a compartir contenidos progobierno.

 

Otro de los rasgos que indican que además esto fue una campaña coordinada, fue la publicación continua y coordinada de los mismos contenidos en Twitter y TikTok; algunos de estos videos se subieron en el mismo minuto o con unos minutos de diferencia entre sí. Por ejemplo, dos cuentas de Twitter publicaron el mismo video con un lapso de un minuto, utilizando el mismo texto y hashtags. Esto sugiere que operan de forma coordinada, o que una misma persona los posteó usando diferentes cuentas. 

Las cuentas analizadas cuentan con un volumen alto de publicaciones. Por ejemplo, las cuentas de Twitter colectivamente publicaron un total de 49,000 tweets hasta el 2 de julio. Su promedio diario fue de 22 tweets. En comparación, el usuario promedio de Twitter en Honduras publica aproximadamente dos veces al día, y el 10% de los usuarios más activos en Twitter publican 5 veces al día. Algunos días, la actividad diaria de las cuentas fue incluso mayor. Por ejemplo, el 14 de junio publicaron alrededor de 47 tweets por cuenta, teniendo como tema principal las relaciones entre Honduras y China. Otro indicio de que las cuentas no son auténticas es que sólo el 7,5% de todas las publicaciones son tweets originales; el resto son retweets, citas o respuestas.

 

Un punto más que es importante verificar al momento de una sospecha de inautenticidad en las redes sociales es la fecha de creación. Es una señal de alerta que cuentas que coordinan mensajes y momento de publicación, se retwittean entre sí y tienen fotografías que corresponden a otras personas o cuentas, hayan sido creadas con poco tiempo de anticipación a la campaña, o hayan sido creadas en el mismo lapso. Las 18 cuentas de Twitter sospechosas de formar parte de esta red no auténtica se crearon después de agosto de 2022. Los usuarios han configurado múltiples cuentas en diferentes plataformas de redes sociales; el tiempo medio entre la primera y la última creación de cuenta fue 21 días. El plazo más corto fue el de la cuenta monserratmejia99, con su creación en X, Instagram y Facebook el mismo día. El plazo más largo fue de 2,611 días para @josebermu16, con siete años entre creaciones de cuentas, lo que sugiere que fueron creadas por personas reales y se reactivaron para participar en la campaña junto con las cuentas no auténticas. 

 

TikTok no proporciona la fecha de creación de una cuenta, pero según el análisis de la primera actividad de cada perfil, los 18 analizados subieron sus primeros videos después del 11 de noviembre de 2022, y muchos publicaron su primer video entre febrero y marzo de 2023. 

 

Uno de los casos que se presenta como ejemplo es una cuenta que desde que se creó en abril de 2023, apenas un mes antes de la campaña en contra del CNA, ha cambiado varias veces de nombre: Carla Sarmiento, Cesia Funez y ahora Julia Izaguirre

 

La cuenta de TikTok de @cesia_funes —que subió los videos de la campaña y de quien usuarios como Ric Soto aseguraron es una periodista— se dedica en su totalidad para compartir videos en contra de la oposición política del actual gobierno y enaltecer la imagen de la presidenta; además tiene cuentas paralelas en Instagram y en Facebook. El número significativo de seguidores que tuvo en Facebook (850) y en TikTok (1,053) entre el 18 de mayo y el 1 de julio de 2023, es un indicativo de que usó medidas artificiales, como comprar seguidores u obtenerlos de cuentas falsas. En la actualidad, esa cuenta tiene más de 8 mil seguidores en TikTok.  

 

Daños a la imagen del CNA

 

Miembros del CNA dijeron en entrevista con Contracorriente que el impacto de la campaña ha afectado su trabajo de prevención en la lucha anticorrupción. Protegeremos sus identidades por seguridad. Por ejemplo, en lugares como Catacamas, en Olancho les han cancelado visitas en comunidades a las que han programado ir a dar charlas sobre veeduría ciudadana, sobre todo porque los grupos afines al partido de gobierno han dicho que el CNA no es bienvenido por ser enemigo del gobierno. 

 

«Lastimosamente, estamos ante una institucionalidad que desconoce que la ciudadanía es importante y que debe saber lo que se hace con los recursos del Estado. El trabajo siguió fluyendo a pesar de los problemas de seguridad, pero con el componente de auditoría social sí tuvimos fuertes críticas de que CNA se había plegado al gobierno de JOH, a pesar que en ese tiempo CNA también recibió ataques. A la gente como que se le olvidó eso», dijo una de las colaboradoras. 

 

Otro de los colaboradores aseguró que el gobierno no solamente hizo público el rechazo al trabajo del CNA por medio de sus comunicados oficiales o de las campañas de desprestigio coordinadas, sino que también comenzaron a cerrarles las puertas para hacer auditoría, sobre todo en el Congreso Nacional. «Esta coyuntura que el gobierno ha provocado nos ha limitado, nos han cerrado las puertas, limita el acceso a la información. Esto no es nuevo, hubo ataques en el gobierno anterior, y también con el Congreso anterior, porque ya habíamos visto [que] cuando publicamos algo del Congreso, salían estas cuentas que están ligadas a Luis Redondo a atacar», dijo. 

 

Otro de los colaboradores dijo que la auditoría al Poder Legislativo ha sido muy atropellada debido a esta campaña. «Desde mi experiencia, nos tocaba reunirnos con una diputada; ya estaban apunto de autorizar la entrada cuando el guardia nos pregunta de dónde veníamos, y allí el guardia dijo que tenía que pedir autorización, y el resultado fue que no nos dejaron entrar, a pesar de que la diputada ya nos había dicho que sí», explicó. Además agregó que si la ciudadanía pierde al CNA, pierde a un aliado en la lucha anticorrupción, ya que muchas personas temen a denunciar y acuden al CNA para brindar información y apoyo para que sea la institución la que denuncie, algo que protege a los ciudadanos. 

 

Para los miembros del CNA los ataques del gobierno han sido orquestados, ya que hasta la misma presidenta usó la tribuna el Día del Periodista para dirigir «un ataque contra la sociedad civil»; incluso un post en X del asesor presidencial y esposo de la presidenta, Manuel Zelaya Rosales, dio paso a más respuestas y mensajes estigmatizantes contra CNA.  

 

Finalmente, la estigmatización busca deslegitimar la institución. Según la abogada Gabriela Castellanos, el CNA fue creado en el Congreso Nacional en 2005 como respuesta a la demanda internacional de cumplir con compromisos de transparencia y fortalecimiento de la sociedad civil. Siendo el Congreso su origen, es también desde el Congreso que se puede hacer efectiva su desaparición como una institución que surge desde la iniciativa del sector público. 

 

«Hoy tenemos un Congreso visceral que va a buscar decir que el CNA no hace su trabajo y lo va a eliminar. Si eso sucede, se levantarían voces de peso, aunque no hay que minimizar una realidad, las voces que decimos lo que está pasando somos pocas. Ahora tenemos más consciencia de lo que escribimos o planteamos en redes precisamente para que esa oposición no tenga fundamento, y al no tener cómo responder se echan al insulto, a la provocación, a lo que nosotros no respondemos», dijo.

La diputada Fátima Mena, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que las autoridades del Congreso Nacional han otorgado subvenciones destinadas a proyectos sociales, así como otros fondos, como herramientas de negociación con legisladores de la oposición. Contracorriente pudo verificar que, al menos, tres congresistas previamente afiliados a la oposición y recientemente elegidos en la nueva junta directiva del Congreso, han sido beneficiarios de este tipo de subvenciones.

 

Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografía: Fernando Destephen y Archivo CC

 

De los nuevos integrantes en la Junta Directiva del Congreso Nacional, al menos tres reconocieron haber recibido subvenciones otorgadas para proyectos sociales: Tomás Ramírez, Osman Chávez y Ernesto Lezama. Según testimonios de otros congresistas, estas subvenciones sólo son otorgadas a diputados dispuestos a seguir las órdenes del oficialismo.

 

El mismo Tomás Ramirez, diputado del PSH, no descarta que las subvenciones sean una herramienta para la compra de votos dentro del Congreso, pero asegura que el uso de estas «es una cuestión de criterio de cada diputado y diputada que la toma y con el deber que tiene en cada departamento».

 

«Yo puedo comprobar con hechos sobre proyectos en los que hemos avanzado, y que hemos recibido 600 mil lempiras, pero que hemos hecho obras valoradas en más de cuatro millones de lempiras. A mí las subvenciones me favorecen porque no recibo bonos de la tercera edad ni becas, que es lo que da el gobierno a los diputados que están con ellos», señaló el diputado, quien votó a favor de la junta directiva que ahora integra.

 

No obstante, el congresista del PSH aseguró desconocer quienes son los beneficiarios de estos bonos en el Congreso Nacional, pues «lo único que recibe es su salario».

 

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A inicios de 2023, mientras era jefe de bancada del PSH, Tomás Ramirez señaló a Luis Redondo de tener una cultura antidemocrática y dictatorial, por haberlo excluido de una reunión de jefes de bancada previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pero conforme pasó el tiempo y más subvenciones fueron otorgadas a congresistas, Ramírez volvió a respaldar las actuaciones del presidente del Congreso, Luis Redondo. En una entrevista justificó la conformación de la Comisión Permanente que aún encabeza Redondo,  a pesar de que la bancada del PSH se posicionó en contra de las acciones de esta comisión, entre ellas, el nombramiento de los fiscales interinos.

 

Otro nuevo integrante de la junta directiva es Ernesto Lezama —diputado del Partido Liberal que ha respaldado la postura del Partido Libre en votaciones como la adhesión al CAF, la elección del fiscal general y fiscal adjunto, y también forma parte de la comisión para investigar a los exfiscales generales del Ministerio Público—, quien afirma que las subvenciones no representan la compra de votos ni dividen las bancadas al interior del legislativo, y que su función se limita a ayudar a las comunidades.

 

«Hay muchas personas en el departamento de Choluteca que han sido beneficiadas y bendecidas gracias a esta subvención, y que simple y sencillamente yo solo soy una persona que traslada ese beneficio y ese recurso, que es del Estado para el pueblo», aseguró el congresista.

 

Además, el diputado explicó que, contrario a lo expresado en un comunicado del Partido Liberal donde se prohíbe que la bancada de su partido forme parte de la nueva junta directiva, él y sus compañeros accedieron a  integrarla, considerando el derecho a ser electos contemplado en la Constitución; esta postura fue respaldada por otros diputados liberales.

 

«Enviados por parte del partido no somos, simplemente somos liberales que tomamos una decisión personal de formar o no parte de estos cargos», manifestó el diputado, quien añadió que el aumento salarial otorgado a los congresistas que forman parte de la directiva «es necesario por los trabajos que realizan hasta altas horas de la noche».

Seguidores del Partido Libertad y Refundación llegan a las afueras del Congreso Nacional durante una sesión de diputados. Foto Archivo CC

Por el contrario, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), opina que las subvenciones otorgadas a los congresistas dispuestos a recibirlas son pieza clave en movimientos y negociaciones en el Poder Legislativo, y también en los posicionamientos a lo interno de las distintas bancadas.

 

«Las verdaderas negociaciones se hacen de forma individual y, según testimonio de algunos compañeros del Congreso Nacional y según lo han manifestado en otras bancadas, las subvenciones definitivamente han jugado un papel importante, ya que algunas de estas son de carácter retroactivo, es decir, si a un diputado suplente no se le había dado subvención en los últimos cuatro meses de forma retroactiva, este podría acceder a 400,000 lempiras», explica la abogada Mena.

 

Además, subrayó que aparte de «arrancar votos» por medio de las subvenciones, estas son entregadas de forma arbitraria a diputados y diputadas que se alinean con el oficialismo al interior del Congreso.

 

«No es cierto de que todos tienen derecho [de solicitar subvenciones]; de hecho, a muchos diputados que se han salido de la línea del oficialismo, según he escuchado, se les ha sancionado y les han quitado el subsidio», indicó la diputada.

 

Mena también reveló que, aparte de las subvenciones, también existen otros recursos mediante los cuales se otorga dinero a los diputados y diputadas en el Congreso Nacional, incluido el Fondo Departamental, que aún se otorga, aunque bajo otro nombre.

 

«También se habla de otros recursos como unos fondos departamentales, que aparentemente también se les ha cambiado el nombre, un recurso de mayor cantidad que sobrepasa los miles y puede llegar a millones, que también desconocemos y que forma parte de estas negociaciones que hace el Partido Libertad y Refundación con diputados y diputadas, de forma individual», señaló Mena.



Secretividad y confabulación con fines políticos 

 

Ninguno de los congresistas que reciben y hacen uso de la subvención dice quién más de su bancada y otros partidos toman de ese fondo en el Congreso. Por eso, cuando se le pidió que diera un número aproximado de congresistas del Partido Libre que reciben esta subvención, el jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, se limitó a responder que este es un fondo al que tienen derecho todos los congresistas.

 

Sarmiento —quien presentó la moción nominativa para la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional— tampoco se refirió a la influencia que pudieron haber tenido las subvenciones en los acuerdos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas, y evitó hablar del tema.

 

«Lo salvable de esta sesión es que aperturamos nuevamente sesiones después de meses de paralización. Todo lo demás es retórica y politiquería barata de las bancadas que quieren que siga estancado el país, que siguen boicoteando el gobierno y que quieren que este Congreso no siga legislando a favor del país», afirmó.

 

En esta sesión también se aprobó la amnistía vehícular, la amnistía energética y el presupuesto general de la república 2024. Todas las bancadas participaron en la aprobación de estos decretos, a excepción de la bancada nacionalista.

 

La nueva Junta Directiva también aumentó en cantidad de integrantes, pasando de siete a ocho vicepresidentes, y de cinco a ocho vicepresidentes alternos. El ahora octavo vicepresidente es el diputado liberal Samuel García, quien fue mencionado en la Lista Engel para actores corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en julio del año pasado, por «socavar» los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia para su beneficio personal y político. 

 

Pero pasar a conformar la Junta Directiva no solo hace que los congresistas puedan tener más poder en los temas que se discuten en el legislativo, sino que también les brinda un aumento económico. Según el Mecanismo de Incidencia Ciudadana del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los vicepresidentes en la Junta Directiva ganan 17,191 lempiras más que un diputado propietario, y los vicepresidentes alternos solo ganan 5,583 lempiras menos que los vicepresidentes en la directiva.

 

El diputado suplente del Partido Libre, Víctor Grajeda, aunque reconoce que las subvenciones pueden ser utilizadas para fines proselitistas, asegura que las que ha recibido le han servido para proyectarse en la remodelación de una escuela en San Pedro Sula y en donaciones a la organización Warriors Zulu Nation.

 

Juan Enamorado, director ejecutivo de Warriors Zulu Nations, confirmó que el diputado Grajeda ha colaborado con su organización, específicamente en la remodelación de un edificio en Chamelecón, al norte de Honduras, desde diciembre del año pasado.

 

«Hicimos toda la coordinación y el apoyo fue enfocado en el edificio que tenemos en Chamelecón donde funciona la casa Warriors, un edificio que tiene 23 años de haberse construido y 10 años de estar abandonado, por lo tanto tiene muchísima necesidad de mantenimiento», justificó Enamorado.

 

Grajeda dice que no se puede ocultar que ese dinero los proyecta políticamente: «En mi caso puedo hablar por las obras que yo realizo, porque al final es atender la solicitud de la gente, ese es el principal objetivo de estas subvenciones. Nosotros entendemos como diputados la crítica de que “nosotros estamos para legislar y que no debemos obtener o manejar ningún tipo de dinero” y eso es una realidad, lo que pasa es que la mayor parte de la población quiere diputados en sus sectores y que ellos les solventen, no les importa si realmente estamos o no legislando».

 

 

El fantasma del Fondo Departamental y la falta de transparencia

 

«Es lamentable —cuestionó Fátima Mena—, porque realmente se está usando el dinero del pueblo, aunque el decreto 116 fue derogado y en este momento el Congreso Nacional no cuenta con ninguna norma especial para regular el uso de estos recursos para los diputados y diputadas. Los diputados están para legislar, no para ejecutar recursos públicos; desafortunadamente, esta ha sido una forma para poder comprar algunas conciencias en el pasado y en el presente».

El 2 de agosto del año pasado, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, mejor conocido como el «Fondo Departamental» o «Pacto de Impunidad», que sirvió como una normativa para gestionar fondos públicos para proyectos sociales, y también como herramienta para el desvío de fondos por parte de Congresistas.

 

La Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó en diciembre del año pasado un requerimiento fiscal en contra de cinco exdiputados por el supuesto delito de fraude, al cooperar en la extracción de más de 42 millones de lempiras del Congreso Nacional por medio del Fondo de Desarrollo Departamental.

 

Este requerimiento también detalla que, aparte de la extracción millonaria, «los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados».

 

En este caso están señalados cinco exdiputados nacionalistas: Sara Ismela Medina, Miguel Gámez, Gladys Casco, Freddy Mondragón y Carlos Guevara, quienes fungieron como congresistas en los periodos de 2006-2010 y 2010-2014.

 

La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, opinó que debería existir un marco regulatorio para la entrega de subvenciones en el Congreso Nacional, y señaló que en su bancada no hay impedimentos para quienes quieran hacer uso de ese dinero.

Miembros de la directiva del Congreso Nacional participan de la sesión extraordinaria después de más de 130 días sin sesionar. Foto CC/Fernando Destephen

«El que decidiera o quisiera tomar la responsabilidad de asumir y aceptar las subvenciones se nos dejó como una decisión personal. En mi caso particular no he tomado ningún tipo de subvención del Congreso en este momento. En este periodo se derogó la ley que dio vida al Fondo Departamental, y mire cuántos compañeros están siendo procesados por no tener una normativa jurídica clara de cómo, cuándo, dónde y en qué se puede utilizar esos fondos», señaló Bermúdez.

 

La diputada también aseveró que las subvenciones se dan con fines sectarios en el Congreso Nacional y que con ellas se ha cambiado el espíritu de ayudas sociales por un «pago por callar, atacar a la oposición y no decir lo que uno piensa».

 

En junio de 2022, la Uferco presentó otro requerimiento fiscal en contra de un diputado y otros cuatro exdiputados. Alberto Chedrani Castañeda, quien aún es diputado nacionalista, y los exdiputados José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino fueron acusados de fraude y lavado de activos, por operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con dos organizaciones no gubernamentales. Tres meses después, un juez dictó sobreseimiento definitivo para Chedrani y León Rojas, y sobreseimiento provisional para Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino.

 

Contracorriente solicitó al Congreso Nacional, por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), información sobre quienes reciben las subvenciones por concepto de ayudas sociales, y las liquidaciones de los congresistas que hacen uso de ellas, pero las solicitudes no fueron respondidas. 

 

 

¿Otra clase de bono?

 

Pero la falta de transparencia en la erogación de fondos por parte del Congreso no se limita a los diputados y diputadas. Durante el regreso a las sesiones legislativas, las autoridades de este poder del Estado también han dado incentivos a la prensa hondureña. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos han sido reconocidos con alrededor de 25 mil lempiras, los cuales se otorgan en concepto de «bono de asistencia», para quienes quieran recibirlo.

 

Previo a la sesión del 16 de enero, algunos periodistas recibieron una llamada telefónica invitándoles a tomar un bono otorgado por las autoridades del Congreso Nacional. Quienes lo aceptaron se aproximaron desde el área de prensa hasta una de las puertas que conduce al salón de retratos de este poder del Estado.

 

El número de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que asisten al Congreso Nacional es incierto, y quienes recibieron este bono también. Sin embargo, el registro de periodistas que lleva la seguridad del legislativo registra aproximadamente 250 reporteros y más de 100 camarógrafos y fotógrafos.

 

Estimando que un 50 por ciento de la prensa que cubre el Congreso accede a este bono, y que todos reciben la misma cantidad (25 mil lempiras), se estarían erogando casi 5 millones de lempiras en concepto de «bonos» a la prensa, por razones desconocidas.

 

Sin embargo, se sabe que previo a elecciones importantes dentro del Congreso Nacional, o antes de épocas festivas como Navidad, Semana Santa, como también en el retorno a las sesiones, el incentivo voluntario siempre es puesto a disposición de la prensa, y  en estas ocasiones es notorio el aumento de periodistas que cubren la fuente legislativa. 

 

Aunque todavía se desconocen los puntos a tratar en las siguientes sesiones legislativas, hay temas torales para el Congreso Nacional este año, como la ratificación de los fiscales interinos, la elección de los altos cargos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en la Unidad de Política Limpia, y la discusión de leyes como la Ley de Justicia Tributaria, Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del actual Código Penal.

 

Para la discusión de estos temas, el oficialismo en el Congreso debe alcanzar los consensos entre las distintas fuerzas políticas, considerando que, hasta el momento, solo se han obtenido 73 de los 86 votos necesarios para las reformas o elecciones de segunda categoría en el país.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

A más de 44 años desde que centenares de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas en Honduras, Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que ya no siente  ganas de llorar, porque su objetivo principal está centrado en «aportar, servir y ayudar». Su enfoque, aseguró, es el de educar sobre la década de los ochenta, sobre las desapariciones, la memoria histórica, para que esas acciones no se repitan con la violencia de una guerra silenciosa contra las ideas. Es por eso que se creó el Museo Contra el Olvido.

 

Durante los años ochenta y noventa se registraron, según datos del Cofadeh, al menos 184 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas. Estos hechos ocurrieron durante los mandatos de la Junta Militar bajo el mando del militar Policarpo Paz García (1978 – 1980 – 1982), con la Doctrina de la Seguridad Nacional como práctica de Estado, aun con la apariencia de gobiernos civiles.

 

El Museo Contra el Olvido, que aún no está abierto al público, es una iniciativa del Cofadeh y viene de un largo recorrido. La idea de luchar contra el olvido nació desde los años ochenta, cuando, con base en testimonios de sobrevivientes de tortura y las confesiones que hicieron tres agentes del escuadrón de inteligencia 3-16, se logró mapear en la zona del Valle de Amarateca el lugar llamado Aldea Bonita. Allí se logró ubicar una finca, en apariencia normal, pero diseñada con ciertas especificaciones en la casa principal. No tenía cuartos, sino una puerta de madera con vidrio al frente, y una segunda puerta atrás con acceso vehicular que, de acuerdo con las investigaciones del Cofadeh, era propicia para que los carros se estacionaran y bajaran a las personas, a las que introducían por la fuerza en una de las salas de tortura. 

 

Afuera de esta casa de tortura había un espacio para asados; era la fachada perfecta de una casa de campo normal. A pocos metros estaba una caseta de ladrillos rojos con una cisterna de metal arriba, pero que no contenía ningún sistema de agua. El metal se calentaba y se convertía en un horno. Era un espacio de siete manzanas en donde se  torturaba y asesinaba.

 

En este centro clandestino se aislaba a los detenidos para generarles miedo, ansiedad y desconexión del mundo; muchos de los sobrevivientes únicamente recuerdan una chimenea,  una ventana y lamentos.

 

La zona también sirvió para internar clínicamente y recuperar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua y El Salvador que habían resultado heridos cuando se enfrentaban en la frontera hondureña contra los grupos guerrilleros; para eso se acondicionó un edificio a unos pocos metros de la finca. El lugar era, en apariencia, una casa de las Aldeas Infantiles SOS, pero, en realidad funcionaba como un hospital incógnito; también ahí recuperaban a los torturados, para seguir los interrogatorios. 

 

El terreno de siete manzanas en la comunidad Aldea Bonita, antes propiedad del coronel José Amílcar Zelaya Rodríguez, fue adquirido en 1976 por Mario Rivera López. El terreno sirvió de cementerio clandestino y la cercanía al Río del Hombre lavó la sangre, los olores, los restos de los cuerpos y parte de la verdad. La finca se dividía en dos casas; la principal y la del capataz, que era más una cárcel desde donde trasladaban a los detenidos a la casa principal, para ser torturados.

 

El recorrido por la casa principal es tétrico. En las paredes hay huellas de manos y cuerpos descubiertos por las pruebas de luminol, que ahora son encerradas por un cristal con la leyenda de lo que ocurrió ahí; los tiempos de castigo, los golpes, las muertes. El silencio se expande a cada rincón de la casa, ese testigo mudo que esconde en sus paredes verdades tan espantosas como personas desolladas vivas. Ya iniciado el proceso del museo ocurrieron dos incendios en las casas, uno en 2009 y otro en el 2018, de acuerdo con el Cofadeh.

 

Desde 1987 el Cofadeh había ubicado la casa, y en los años noventa pidieron la intervención del lugar; así inició el proceso de adquisición, que se continuó durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

 

El Estado de Honduras fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso emblemático «Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras», referido al secuestro y tortura de seis estudiantes. Uno de los secuestrados y sobrevivientes, Milton Jiménez Puerto, era en el 2009 el canciller de la República, y ello contribuyó a impulsar el proyecto del Museo Contra el Olvido. El golpe de Estado en junio de 2009 y los tres gobiernos subsiguientes del Partido Nacional (2010 – 2022) retrasaron considerablemente el proyecto, pero continuó, aunque con dificultades.

 

El Museo Contra el Olvido es parte de la recuperación de la memoria histórica, como el Lugar contra el Olvido en Santa Ana, Francisco Morazán. En ese lugar no hubo torturas, pero sí en lugares circunvecinos. Hoy es un lugar de sanación y punto de encuentro para foros y actividades de formación.Las dos casas quedan en lo alto de una loma. Desde arriba se observan las siete manzanas, los dos árboles de mango que han sobrevivido y varias planchas de cemento cubiertas por maleza, debajo de las cuales se cree que hay restos humanos, como en todo el terreno. Falta un trabajo de antropología forense para desenterrar las verdades de un lugar muy colorido con una historia oscura.

La presidenta Xiomara Castro, jefa de Estado hondureña, ha sido criticada durante los últimos meses por su supuesta falta de sensibilización, al no mostrarse indignada ni expresar una declaración pública sobre la muerte de mujeres en Honduras, que sitúan al país a la cabeza de los femicidios en América Latina. En el primer X Space del año, Contracorriente contó con la participación de la viceministra Julissa Villanueva, quien reconoció las fallas en el sistema; y con la investigadora Lara Bohórquez y la feminista y escritora Jessica Sánchez, quienes interpelaron al gobierno ante la emergencia que viven las mujeres en Honduras. 

 

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen 

El pasado viernes 11 de enero, Contracorriente realizó el primer Space del año, con una pregunta provocadora: ¿Puede el Estado responder al triple femicidio de Roatán? Las invitadas —Jessica Sánchez, feminista y escritora; Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad— tocaron puntos que retrataron que lo sucedido en Roatán va más allá del caso concreto, ya que el Estado está en deuda con las mujeres y se requiere de mayor sensibilidad por parte de los tomadores de decisión, incluyendo a la propia presidenta de la República, Xiomara Castro.

Jessica Sánchez comenzó diciendo que en Honduras existe una emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, la cual, para las feministas, no sólo abarca los femicidios sino también los modos en que ocurre esa violencia, y que por ello fue necesario crear la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CIMVMF), lanzada el 16 de agosto del 2018 tras el decreto legislativo 106-2016.

«Formo parte de esa comisión, pero últimamente me he retirado precisamente por la falta de capacidad del Estado», reveló Sánchez, quien agregó que desde hace dos años se ha estado trabajando en un plan estratégico, que se suponía era urgente, «pero no se ha concretado, y no es por nosotras sino por incapacidad del Estado. Siempre dan vueltas y no contestan. Entonces nosotras como organizaciones de mujeres y feministas ya estamos un poco cansadas», confesó.

Agregó que en el caso de la masacre de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el Estado ni siquiera ha tenido interés ni capacidad para dar respuesta a esas muertes, y tampoco ha dado respuesta a los femicidios que desde hace mucho tiempo se vienen dando.

Los femicidios, según Sánchez, son un fenómeno que según registros comenzó en San Pedro Sula, que se intensificó durante los años 1998, 1999 y 2000, y se fue extendiendo a todo el país.

«No solo es el caso de un hombre que mata a las mujeres, o sea no solo es violencia doméstica; según datos del OV (Observatorio de la Violencia) en un momento el escenario del crimen organizado fue donde más muertes de mujeres había, porque estas son objeto de venganza o de trata de personas», expuso.

Sánchez añadió que es necesario que la atención se centre en una parte de la población masculina, porque, por ejemplo, instituciones como el Ministerio Público han fallado en las investigaciones. «Dijeron que solo el 10 % de casos se habían judicializado, entonces se ha fallado en la investigación por falta de voluntad política», manifestó.

En el Space se criticó el papel de algunos funcionarios que buscan sacar réditos políticos de casos mediáticos.

«Hemos visto al fiscal interino (Johel Zelaya) muy interesado por el caso de Roatán», manifestó Sánchez, quien por otro lado criticó la tibieza de la presidenta Xiomara Castro, que ha aparecido en eventos públicos, pero no se ha pronunciado por los crímenes contra mujeres.

«Ustedes ven a la presidenta con la ministra de Salud [doctora Carla Paredes, recientemente nombrada] muy, muy risueña, y con Rixi Moncada [aspirante a candidata respaldada por el Partido Libre], muy alegre, muy contenta, sin haber dicho nada de las muertes de mujeres.  Es un contraste bastante fuerte que la presidenta no tome la palabra y no dedique algo al menos a los familiares de las víctimas», manifestó Sánchez.

La escritora feminista criticó que en Honduras no existan enfoques integrales cuando se registran asesinatos de mujeres, como por ejemplo, la reparación a los familiares de las víctimas. «A mí me dijeron que quedan seis niños huérfanos en Roatán, pero no hay iniciativas económicas. Hace un tiempo solicitamos una beca o un bono para los hijos de las víctimas de femicidios, pero ahí se quedó».

Jessica dijo no estar de acuerdo con la viceministra Villanueva, pues esta última defendió a la presidenta Castro diciendo que la mandataria sí está sensibilizada con el tema.

«La doctora Julissa decía que no es que la presidenta no tenga sensibilización, pero yo sí creo que no la tiene, porque si la tuviera, ya hubiera salido en un mensaje a la nación; yo sí creo que no es falta de conocimiento, sino falta de sensibilidad humana como mujer (…) yo sé que usted está en su cargo y su deber es defenderla, pero creo que no me dejan mentir las demás feministas que están aquí, nos ha fallado y esa es una herida profunda», expresó Sánchez.

«¿Desde dónde se ve la sensibilidad?», se preguntó Sánchez, quien cuestionó que la presidenta Castro ni siquiera se atreva a usar el término femicidios, y opte por eufemismos como «homicidios de mujeres».

«¿Por qué el miedo si ya está en el Código Penal?: ¡femicidios! Desde ahí se ve la falta de sensibilidad. Dos años tenemos pidiéndole que cambie por femicidios y no nos ha parado bola. Y según el protocolo a nivel latinoamericano, que fue también adoptado por el Estado de Honduras, dice que toda muerte violenta de mujer se llamará femicidio, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué la resistencia?», cuestionó la académica.

Por su parte, Lara Bohórquez, de la Unidad de Investigación Feminista del CDM, indicó que el caso de Roatán es ejemplar, porque ahí concurren los elementos de lo que generalmente se conoce como «la víctima perfecta», ya que existe un contexto en donde unos familiares de las víctimas hicieron todo lo posible por evitar el crimen, al solicitar ayuda y denunciar la desaparición. Sin embargo,  Bohórquez hizo hincapié en el contraste del rol negativo del Estado, que no dio respuesta inmediatamente cuando se reportó la desaparición.

«Los familiares inmediatamente denunciaron e hicieron todo lo correcto y aun así hubo una consecuencia [el triple femicidio]», indicó Lara, explicando que es un ejemplo de una denuncia que no fue solucionada. «Claro que ahora ya se están poniendo a trabajar», ironizó .

Bohórquez afirmó que como feministas han sostenido que Honduras es un país «invivible» para las mujeres, y que eso es consecuencia de la falta de políticas públicas que tiene el Estado, en donde hay falta de prevención y de sensibilización. Criticó además que la presidenta Castro tampoco se pronunció cuando se produjo la masacre de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

«El 25 de noviembre pasamos sin una declaración de la presidenta, y ahora con este caso, que no se ha pronunciado, no vimos esa determinación que se necesita todos los días para abordar la violencia contra las mujeres», explicó.

La viceministra de Seguridad, la doctora Julissa Villanueva, defendió a la presidenta Xiomara Castro, argumentando que es ella como mandataria la que, «enérgicamente», le ha señalado «a todos los funcionarios» que existe una emergencia en materia de muertes violentas y sobre todo femicidios. 

«Ha sido fuerte y contundente, y eso se ve evidenciado en la creación de la Comisión Interinstitucional de Muertes Violentas de Mujeres, que comienza a reactivarse con la presencia de actores de gobierno y sociedad civil, de alto nivel y tomadores de decisiones», dijo VIllanueva.

Villanueva dijo que existe una orden presidencial «para que todos estos funcionarios» comiencen a trabajar en función de metas y estrategias. «¡Esto no es un show mediático!», exclamó la viceministra, y agregó que eso se va a demostrar. «Las cifras tienen que caer. Se deben detener sobre todo las muertes violentas de mujeres e igualmente disminuir todas las formas de violencia», sostuvo.

Villanueva subrayó que la violencia contra las mujeres son un problema heredado «de los últimos 12 años». No obstante, ese argumento fue rechazado por la escritora Jessica Sánchez y por alguien de la audiencia que tomó la palabra, quienes coincidieron en manifestar que no se puede permanecer tanto tiempo culpando a otros y que es necesario asumir las riendas y tomar responsabilidad.

La viceministra también hizo referencia a los más de 300 femicidios del año pasado y a los más de 200 del 2022, y reconoció que todos los femicidios deben de ser emblemáticos y recibir la misma atención y tratamiento en la investigación como el de Roatán, que se ha convertido en un caso mediático por haber ocurrido en un lugar turístico y por la nacionalidad, estadounidense, del sospechoso.

«La gente cree que todo es bello en Roatán, pero hay un serio problema de seguridad allá. Y cuando yo lo he establecido y lo he dicho, me mandaron para atrás, más bien me dijeron que era no grata. Me lo dijo en algún momento el general Ramón Sabillón cuando comenzamos a trabajar e identificar casos de trata de personas, y me dijo: “bueno es mejor que ya no regrese a Roatán”. Porque yo comencé a hablar sobre muchos casos de trata de personas, de la explotación sexual comercial y de casos como el de Angie Peña», expuso la viceministra.

Agregó que todos estamos obligados a reflexionar sobre lo que está sucediendo con las mujeres. «Ese es el mensaje que nos está mandando a nosotros la presidenta de la República y no es falta de sensibilidad de ella, Jessica, ella (la presidenta Castro) ha declarado emergencia y pronto estará ella dando la cara al respecto», expresó Villanueva.

La viceministra Villanueva dijo durante el Space que se siente apenada por la lentitud operativa de cómo funcionan el Ministerio Público y el Poder Judicial, y afirmó que «ahora el general Gustavo Sánchez (ministro de Seguridad) sabe que, o retoma las riendas de seguridad en este país, o van a rodar cabezas muy pronto, porque la presidenta ha sido contundente en esta materia».

Villanueva reveló que en Roatán no hay forenses capacitados, y que tampoco hay morgue ni laboratorios criminalísticos, y que «los fiscales son muy pocos».

La viceministra de Seguridad sostuvo que algunos casos de femicidios han salido a la luz gracias a ella, porque de lo contrario seguirían escondidos.

«En el caso de PNFAS no habían dado ningún avance en las investigaciones, y tuve que irme a meter a los laboratorios de balística, y decirles que por favor me presentaran avances, y se me negaron todos los accesos dentro de la misma policía; por eso me fui a meter yo, para ver si se atrevían a sacarme a mí, siendo viceministra; y ahí empecé a revisar la evidencia y les dije: si ustedes no entregan estas evidencias, yo voy a denunciarlos», expuso.

Agregó, además, que logró que las evidencias fueran trasladadas al Ministerio Público, y se preguntó si solo habría requerimientos para las «19 reclusas», dejando impunes a los policías que facilitaron las municiones y las demás autoridades que omitieron, con conocimiento de causa, lo que estaba pasando en PNFAS.

«Es mejor estar adentro que afuera. Si yo hubiera estado afuera de la Policía, no se hubiera demostrado que las balas que mataron a esas mujeres son balas asignadas a la Policía Nacional», sentenció Julissa.

En respuesta al señalamiento de un participante del Space en cuanto a que  el estadounidense sospechoso de asesinar a las tres mujeres de Roatán no fue detenido, argumentó que fue porque todavía no tenían «ningún indicio» y «ningún delito».

Sin embargo, reconoció que existen problemas para detener a extranjeros que asesinan mujeres en el país, y ejemplificó el caso de un canadiense que en Trujillo, otra ciudad turística, «mató en un hotel a su compañera de relación, y sencillamente no hubo levantamiento».

Villanueva explicó que no se realizó el levantamiento por parte de Medicina Forense porque en esos días había una protesta con suspensión de labores. 

Actualización

Seis días después del Space, el pasado 17 de enero, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) se manifestó frente al Ministerio Público y condenó el silencio de la presidenta Xiomara Castro ante la emergencia de femicidios en Honduras, exigiendo la puesta en marcha de un mecanismo de respuesta inmediata a las emergencias, el cual figura ya en la propuesta de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que lleva ya dos años esperando discusión en el Legislativo.

En 15 días de este año, CDM reportó que 16 mujeres habían muerto de forma violenta en Honduras y que en este 2023 los femicidios han aumentado en un 30 % en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el Ministerio Público el 18 de enero presentó un requerimiento fiscal para «nueve integrantes de la Pandilla 18 presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023 en horas de la mañana». 

Las sospechosas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas privadas de libertad.

Estan acusadas de «asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida». 

«Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría», se indicó en el comunicado.

Hasta el momento, tal como lo advertía la viceministra de Seguridad, el Ministerio Público no ha presentado requerimientos fiscales contra policías o altos mandos de la Secretaría de Seguridad por el uso de armas del Estado para perpetrar la masacre. «Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes», concluye el comunicado.

En la COP28 en Dubái, Paraguay avanzó en negociaciones con Singapur y Emiratos Árabes Unidos.  Pero tanto su ley como Paracel, uno de los principales proyectos, están bajo cuestionamientos.

 

Reportaje e investigación: Maximiliano Manzoni

Edición: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) y Thelma Gómez Durán (Mongabay Latam)

Diseño e ilustración: Willyam Matsumoto & Naoko Okamoto (El Surti)

 

 

Con “una de las leyes más avanzadas del mundo” sobre mercados voluntarios de carbono, según el presidente Santiago Peña, Paraguay fue a la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP28) en Dubái con un gran objetivo: conseguir compradores para sus créditos y demostrar la efectividad de su principal política climática.

 

Peña casi lo consigue. Paraguay logró en la cumbre climática “la conclusión de las negociaciones sustanciales” para avanzar en un Acuerdo de Implementación en 2024 con Singapur y firmó un Memorando de Entendimiento con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la compra y venta de créditos de carbono, ambas en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París que propone crear un mercado regulado para estos créditos. 

 

Sin embargo, parece que esa “ley tan avanzada en el mundo” —aprobada en octubre pasado de manera exprés tras menos de un mes desde su ingreso al Congreso y en medio de fuertes cuestionamientos — se queda corta para que Paraguay pueda  poner en marcha esos dos acuerdos. Organizaciones ambientales y políticos de oposición dudan sobre si esa norma tiene estándares de calidad más bajos de los que éstos acuerdos internacionales requerirían. Incluso, desde el propio gobierno de Peña, algunos funcionarios divergen sobre el trabajo que queda por delante para hacer efectivos los potencialmente lucrativos acuerdos, promovidos bajo la promesa de millones de dólares para el país.

 

Los mercados de carbono funcionan bajo una lógica simple: Quien conserva o realiza un proyecto que reduce o evita emisiones cobra, quien contamina y necesita compensar, paga. Pero en el medio existen metodologías, empresas, compromisos legales y, por supuesto, intereses.

 

En esencia, hay dos tipos de mercados de carbono: el voluntario y el regulado. El voluntario es gestionado por entes privados como Verra y Gold Standard, con reglas y metodologías propuestas por estas organizaciones. Mientras que el regulado es el propuesto por el Artículo 6 del Acuerdo de París y tiene como objetivo que esas transacciones se den bajo reglas consensuadas por los 194 países partes de la Convención de Cambio Climático.

 

El Artículo 6 permite que los países puedan “cooperar voluntariamente” entre sí para garantizar el cumplimiento de sus respectivos objetivos climáticos. Esta cooperación se divide en tres tipos: acuerdos bilaterales para la compra-venta de créditos de carbono (Artículo 6.2), un mercado global de créditos de carbono con reglas consensuadas por todos los países firmantes de la Convención de Cambio Climático (Artículo 6.4) y un mecanismo de cooperación sin la lógica de mercado, donde un país puede apoyar económicamente a otro para mantener un bosque o evitar el uso de combustibles fósiles sin que el carbono reducido se contabilice a favor de quien pagó por esos proyectos (Artículo 6.8). 

El presidente paraguayo Santiago Peña junto al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber. En su discurso ante la Conferencia y en varios eventos, Peña resaltó la creación de la ley de créditos de carbono. Fotografía: COP28 / Christopher Pike

Paraguay lleva años expresando interés por los mercados de carbono, considerándolo como una “prioridad nacional” tanto en la última COP28 como en la anterior COP27 de 2022 en Egipto. El gobierno de Santiago Peña, que asumió en agosto de 2023, transformó este interés en política de Estado. Y antes de lograr cualquier acuerdo con Singapur o EAU, decidió voltear su mirada hacia los mercados voluntarios, donde están las empresas. El oficialismo utilizó su mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, medios aliados y la vocería del ministro del ambiente Rolando de Barros Barreto para aprobar una de las primeras leyes sobre créditos de carbono específicas para el mercado voluntario en Latinoamérica en menos de un mes.

 

La ley de créditos de carbono ha sido fuertemente criticada por organizaciones ambientales y por la oposición a raíz de la ausencia de artículos que garanticen la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además, propone un concepto de “adicionalidad” mucho más laxo que el recomendado bajo estándares internacionales de los mercados voluntarios y los regulados. La adicionalidad es esencial en la lógica del mercado de los créditos de carbono, y significa que se debe demostrar que una captura o reducción de las emisiones a través de un proyecto – como un bosque – no hubiera sucedido si los mercados no pagaran para que se cuide ese bosque. El gobierno de Peña eliminó la obligación de garantizar tal cosa.

 

Por ello, ya aparecieron las primera dificultades. El proyecto de forestación de eucaliptos de la empresa de celulosa sueco-paraguaya Paracel —una de las principales firmas interesadas en la puesta en marcha de esta nueva ley—  se ha topado con problemas para ser aprobado en el mercado voluntario de carbono, justamente por señalamientos sobre  su falta de adicionalidad y porque   la compañía proporcionó datos desactualizados. Así lo demuestran documentos sobre el proyecto consultados por El Surtidor en el marco de la alianza periodística Carbono Opaco, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. Verra y Paracel confirmaron la existencia de dichas dificultades.

 

Qué firmó Paraguay con Singapur y Emiratos Árabes

 

El 6 de diciembre de 2023, tras una reunión en la COP28 de Dubái entre el presidente paraguayo Santiago Peña y el ministro principal de Singapur, Teo Chee Hean, ambos países anunciaron oficialmente “la finalización de las negociaciones sustantivas” para avanzar en 2024 hacia un acuerdo de implementación de compraventa de créditos de carbono.

 

Las negociaciones en realidad habían terminado dos días antes en una sala de reuniones dentro del recinto de la conferencia en Expo City, Dubái. 

 

Ese 4 de diciembre anterior, representantes de ambos gobiernos fueron panelistas de un conversatorio en el pabellón de Singapur en la COP28. Por Paraguay participó el viceministro de inversiones extranjeras, Rodrigo Maluff. 

 

En términos simples, los dos países se comprometieron a crear una comisión bilateral “para definir los criterios” de los proyectos en Paraguay a los cuales empresas en Singapur podrán comprar créditos de carbono y, de este modo, evitarse pagar un impuesto al carbono a sus emisiones producto del uso de combustibles fósiles en su país de origen. Ningún documento fue firmado.

 

“Lo acordado es crear una carretera que conecta a ambos países para gestionar la transferencia de créditos de carbono”, así fue como lo describió el ministro de Industria Javier Giménez García. “Es un paso para posicionar a Paraguay como el mercado pulmonar para el mundo”.

 

Según el comunicado del gobierno de Singapur, el potencial acuerdo de implementación a ser firmado en 2024 “crea los criterios y procesos sobre los cuales los proyectos de créditos de carbono serán desarrollados y comercializados… cuando se firme, sería el primer acuerdo de este tipo de Paraguay y el primero de Singapur en Latinoamérica”.

 

Con Emiratos Árabes Unidos, el gobierno paraguayo firmó el 6 de diciembre un “memorando de entendimiento” durante la cumbre del clima de la que ese país petrolero fue anfitrión. De acuerdo con fuentes del gobierno paraguayo, el memorando no significa todavía la compraventa de créditos.

Los ministros Rolando de Barros Barreto, de Paraguay, y Mariam Almheiri, de Emiratos Árabes Unidos, firman Memorando de Entendimiento sobre créditos de carbono en la COP28 de Dubái. Crédito: Presidencia Paraguay

Durante toda la COP28, el gobierno paraguayo mantuvo un estricto hermetismo. La delegación rehuyó a varios pedidos de entrevistas realizados vía WhatsApp y en persona.

 

Un “memorando de entendimiento”, como el que se firmó con Emiratos Árabes, en la práctica es una declaración de intenciones para avanzar en conversaciones más específicas a futuro, mientras que un “acuerdo de implementación” como el que se busca con Singapur sí tiene un estatus legalmente vinculante y debería ser aprobado por el Congreso paraguayo, como indica el artículo 141 de la Constitución del país. Los acuerdos de implementación buscan evitar, por ejemplo, que ambos países contabilicen como “propio” el carbono que vendieron o compraron y, por tanto, se cuente dos veces un mismo resultado ambiental. A ese “engaño a la atmósfera” se le llama doble contabilidad en el mundo del carbono. 

 

Las  negociaciones con Emiratos Árabes y Singapur se están dando bajo la sombrilla del Artículo 6.2 del Acuerdo de París firmado en 2015 y en donde se propone la creación de mercados de carbono “regulados” bajo reglas de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. 

 

Mientras en los mercados voluntarios de carbono las reglas de juego y el registro de los proyectos son definidos por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard. Los interesados en registrar un proyecto de carbono se deben adecuar a las reglas y metodologías que validan estas organizaciones para ingresar a una base de datos a la que acuden posibles compradores.

 

El Artículo 6.2 en particular crea un mercado regulado bilateral que permite que dos países compren o vendan créditos de reducción de gases de efecto invernadero, que les permitan a las naciones cumplir sus objetivos de mitigación comprometidos bajo el Acuerdo de París.

 

¿Hasta qué punto las reglas de ese mercado regulado son concertadas por los países?  ¿Cuáles son los estándares mínimos a respetar en esas compras y ventas de créditos de carbono? Esas son dos de las principales discusiones que se dieron en la COP28 de Dubái, sin que las naciones hayan llegado a un consenso. Tampoco hubo un acuerdo unánime sobre los estándares del Artículo 6.4, que -en un espíritu similar- crearía un mercado global regulado bajo reglas acordadas por todos los países que son parte de la Convención de Cambio Climático. 

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el Ministro senior de Singapur, Teo Chee Hean, reunidos en Dubái el 6 de diciembre de 2023. Créditos: Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay

Debido a que varios países ya están avanzando en acuerdos bilaterales, aún en ausencia de estas regulaciones, ha surgido una salida temporal: usar créditos de carbono que estén registrados en los mercados voluntarios que se adecuen a las reglas y metodologías elegidas por los países que firman el acuerdo bilateral.

 

Como ejemplo está el propio acuerdo de implementación que Singapur firmó durante la COP28 con Papúa Nueva Guinea, y que incluye una guía de las metodologías de los mercados voluntarios que podrán utilizarse. Con ello, Singapur busca asegurar que sus empresas puedan comprar créditos de carbono de calidad para así no pagar el impuesto al carbono que tiene ese país asiático.  Para ello, los créditos deben estar adecuados a los estándares de adicionalidad que el gobierno singapurense adoptó en octubre de 2023.

 

Emiratos Árabes Unidos y sus empresas ya han avanzado en garantizar el acceso a los resultados ambientales de numerosos proyectos en otros rincones del mundo para “compensar” sus emisiones. El caso más reciente es el de Blue Carbon, la empresa fundada por un miembro de la familia real de Dubái que compró en cinco países de África subsahariana el carbono sumido por bosques que, en conjunto, ocupan un área equivalente, al tamaño del Reino Unido

 

Esto ha sido criticado  por una veintena de organizaciones ambientales internacionales, que denunciaron que los proyectos podrían terminar violando los derechos de comunidades locales a la propiedad de sus tierras o a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que se realicen en en éstas, de manera parecida a lo que ya ha sido denunciado, por ejemplo, en Colombia o en Kenia. En Colombia una comunidad indígena denunció que un proyecto de créditos de carbono se hizo en su territorio sin que se les consulte, y sin que ellos reciban los beneficios por proteger el bosque. En Kenia, denuncias de la organización Survival Internacional documentan cómo, bajo la excusa de proyectos de conservación para créditos de carbono, muchas familias han sido desplazadas de sus tierras ancestrales e intimidadas y violentadas por guardias privados.

 

De acuerdo a su última política climática publicada en 2023, Emiratos Árabes Unidos ‐un petroestado que planea seguir expandiendo su producción de combustibles fósiles— dice “reservarse el derecho” a utilizar los mercados de carbono para cumplir los compromisos asumidos por el país en mitigación.

 

¿La ley paraguaya sirve para acuerdos internacionales?

 

Pese a encontrar ya dos potenciales clientes para sus créditos de carbono, existen dudas de si la ley de Paraguay sobre mercados de carbono, que fue aprobada entre septiembre y octubre de 2023 deberá ser modificada para que se adecúe a los acuerdos nacientes con Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

 

La legislación fue aprobada en ambas cámaras del Congreso en medio de denuncias de senadores opositores de tráfico de influencias para favorecer a estudios jurídicos que asesoran a proyectos de carbono. Congresistas como Celeste Amarilla y Esperanza Martínez denunciaron que el entonces proyecto de ley difería del que había sido socializado con los representantes legislativos, y que en una sala contigua a la cámara de Senadores, el equipo del ministro del Ambiente Rolando de Barros Barreto modificaba en tiempo real el proyecto a ser votado. 

 

Durante esa sesión del Congreso, el senador que impulsó la ley, Patrick Kemper, acusó entre gritos a este periodista de responder “a intereses de corporaciones internacionales”, debido a la cobertura crítica del proyecto de ley.  El ataque fue condenado tanto por el Sindicato de Periodistas de Paraguay como por partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y medios del país y la región.

 

En esencia, la ley crea un registro obligatorio de todos los créditos de carbono en Paraguay, está dirigida específicamente a los mercados voluntarios de carbono y no a aquellos creados bajo el Artículo 6. 

 

Consultados sobre si la ley serviría para los acuerdos internacionales con Singapur y EAU, el viceministro de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio, Rodrigo Maluff, y el director jurídico del Ministerio del Ambiente, Víctor González, sugirieron dos caminos distintos. Para Maluff, no está cerrada la puerta de modificar la ley para adecuarla a los estándares para garantizar la integridad de los créditos que exigen países como Singapur, mientras que González cree que gran parte de ese trabajo se puede realizar en el proceso de reglamentación de la ley que iniciará este año.

 

No es el único dique a superar. La ley de créditos de carbono de Paraguay se aprobó sin contemplar un sistema de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, un estándar internacional que busca prevenir, identificar y sancionar posibles impactos de este tipo de proyectos en comunidades locales, en especial pueblos indígenas. Estas reglas son obligatorias para los proyectos que buscan evitar la  deforestación (también conocidos como REDD+) y sirven “para potenciar los trabajos y no hacer daño” a las comunidades, explica Mirta Pereira, abogada y asesora de la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) en Paraguay.

 

Pereira fue parte de la delegación paraguaya, liderada por el entonces ministro del Ambiente Oscar Rivas y los líderes indígenas Julio Martínez y Carlos Picarenai de FAPI, que negociaron y apoyaron la aprobación de esas salvaguardas en la COP16 de Cancún en 2010. “Estas salvaguardas lo que buscan es mitigar los impactos negativos de los proyectos y, sobre todo, defender los derechos de la gente. Son siete principios, entre los que se destacan la participación, la transparencia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a través de, por ejemplo, la creación de mecanismos de queja”, explica la abogada. “También buscan proteger todo lo otro que da un bosque, como lo es la biodiversidad y el agua, y evitar el peligro de reversión: que los bosques no sean solo protegidos cuando hay dinero de un proyecto y luego todo vuelva a la normalidad de la deforestación”.

 

Bajo “el apuro porque se viene la COP28”, en palabras del diputado oficialista Pastor Soria, la mayoría gobiernista en el Congreso rechazó los pedidos de inclusión de estas salvaguardas de la diputada Johanna Ortega y el senador Rafael Filizzola. La mayoría oficialista también rechazó crear un mecanismo de recepción de denuncias, consultas y derivación de posibles conflictos, otro estándar común en muchos países con mercados activos de carbono.

 

Para la diputada Johanna Ortega, “el hecho de que Paraguay haya vuelto de la COP28 solamente con el memorándum con Emiratos Árabes Unidos da cuenta de una estrategia fallida del país. Hay que ver cuáles fueron los motivos, pero creo que hubo alguna dificultad que el Ministerio del Ambiente o la delegación oficial no pudo sortear para firmar acuerdos concretos. La expectativa era mayor. Una promesa de firmar algo con Singapur que todavía no es nada concreto es un resultado mínimo”.

 

Para la diputada opositora, “es altamente probable que esa ley de créditos de carbono que se aprobó atropellando en el Congreso sin mucho debate no cumple ciertos estándares y, por lo tanto, va a requerir de una nueva modificación. Hubo un error en no escuchar a quienes teníamos que aportar en una mejor propuesta de ley. Tenemos que avanzar en tener una ley de créditos de carbono que garantice, por ejemplo, salvaguardas ambientales y de derechos humanos”.

 

Sin estas salvaguardas es mucho más difícil que las comunidades puedan denunciar posibles irregularidades en proyectos de carbono que deberían beneficiarles, como ha ocurrido en Colombia con una comunidad indígena que ha llevado un caso hasta la Corte Constitucional.

 

Otro posible escollo está en el concepto de adicionalidad que contempla la ley paraguaya. El gobierno de Santiago Peña impulsó, como uno de los principales argumentos a favor de los mercados de carbono, su uso para financiar el cuidado de parques nacionales y otras áreas protegidas del país, hoy con limitaciones de presupuesto y personal que impiden garantizar su bienestar ante invasiones de, por ejemplo, cultivadores de marihuana. 

 

El problema es que el Estado paraguayo ya está obligado por ley a proteger estos parques y áreas protegidas, por lo que debería estarlas protegiendo aunque no hubiera mercados de carbono que dejaran dinero. 

 

La solución del gobierno de Santiago Peña fue agregar en septiembre de 2023 una modificación crucial al proyecto de ley original: cambió el concepto de adicionalidad. En esencia, eliminó el requisito de demostrar que ese carbono —de un bosque, por ejemplo— es adicional a lo que de por sí se debe proteger por ley y que no se podría preservar sin el dinero proveniente del mercado. Consultado sobre los cambios impulsados por el gobierno paraguayo, Inigo Wyburd, investigador especializado de la organización Carbon Market Watch señaló en ese entonces que 

 

“La adicionalidad es necesaria. Es importante que se vea reflejado en el texto de la ley. Áreas que no están en riesgo de ser deforestadas no deben ser elegibles para recibir créditos de carbono”.

El ministro Rolando de Barros Barreto, en reunión con bancadas de la Cámara de Diputados previo a la votación sobre el proyecto de ley de créditos de carbono. Créditos: Cámara de Diputados Paraguay

Esa modificación también beneficia al poderoso sector agroganadero, que dio un apoyo político crucial para lograr que la ley se aprobara. La Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, hizo parte de las mesas de trabajo, las audiencias públicas y defendió la ley en medios. Con ese cambio, ganaderos y sojeros quedaron habilitados para monetizar en los mercados voluntarios de carbono las reservas boscosas que ya están obligados legalmente a mantener en el Chaco o la Región Oriental. Esto está prohibido en el sistema de pago por “servicios ambientales” que existe en Paraguay, donde solo quienes tienen remanentes boscosos que excedan lo obligado por ley pueden recibir dinero a cambio de no deforestar. Esta es una de las principales políticas que el país impulsó como modo de reducir la alarmante deforestación, sobre todo en el Chaco, el segundo ecosistema más importante de Sudamérica luego de la Amazonía, y que de acuerdo a informes oficiales perdió 4 millones de hectáreas de bosque en los últimos 15 años.

 

El sistema de pago por servicios ambientales, incluso, ha sido manipulado. Así quedó en evidencia cuando una empresa del expresidente Horacio Cartes pagó a otra de su propiedad para compensar el daño ambiental de su cementera. Y lo hizo con bosques pertenecientes a otro ecosistema distinto y sin ningún cálculo de equivalencia entre ellos. Durante esa transacción, el director ambiental de la cementera  era el actual ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto.

 

La ley de créditos de carbono, aprobada en octubre y que no contempla el concepto de adicionalidad, también podría beneficiar a los proyectos de reforestación con especies maderables exóticas como eucaliptos, que podrían recibir un ingreso extra por sus plantaciones, además de los beneficios fiscales que ya reciben por parte del Estado.

La mayoría de los proyectos en desarrollo sobre créditos de carbono en Paraguay están basados en plantaciones exóticas como eucaliptos, como las promovidas por la empresa Paracel. Fuente: Web de la empresa Paracel

Consultado durante la audiencia pública del proyecto de ley, Víctor González, asesor jurídico del Ministerio del Ambiente, dijo que el cambio en el tema de adicionalidad  se dio “para hacer lo más amplia posible la ley a todo tipo de proyectos”. 

 

Sin embargo, la modificación  realizada por el gobierno paraguayo contradice el objetivo mismo de los créditos de carbono, que es incentivar la mitigación adicional. También va en contra  de los estándares recomendados por el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM), un organismo independiente que busca elevar los estándares de calidad en estos  mercados. 

 

La ley paraguaya además contradice los criterios del gobierno de Singapur para permitir que un crédito se utilice para no pagar el impuesto al carbono en el país asiático, ya que esa nación exige que todo proyecto “debe exceder lo requerido por alguna ley o regulación del país” donde los proyectos están ubicados.

 

Consultado sobre los cuestionamientos a la ley durante su participación en el pabellón de Singapur en la COP28, el viceministro Maluff respondió que “medidas como la ley anti deforestación de la Unión Europea” ayudarían a que Paraguay se adecúe a mejores estándares en créditos de carbono. Esto contradice la posición paraguaya a lo largo de toda la conferencia, que fue de abierta crítica a las políticas ambientales de la UE en tratados comerciales.

 

Los entretelones del acuerdo con Singapur y una empresa con cuestionamientos

 

Las negociaciones entre Paraguay y Singapur sobre créditos de carbono datan al menos desde el segundo semestre de 2023. Durante la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de septiembre del año pasado, el presidente Santiago Peña tuvo una reunión con “ representantes de Paracel/Trafigura”, de acuerdo a la agenda oficial. 

Registro de la reunión en la agenda oficial del presidente Santiago Peña. Fuente: Presidencia Paraguay

Paracel es una empresa de capital sueco-paraguayo que entre otras inversiones, cuenta con 185.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos en el norte de Paraguay. Esas plantaciones tienen como destino la producción de celulosa, en una fábrica propia todavía pendiente de construcción. La empresa pretende monetizar esos mismos cultivos de eucalipto en los mercados voluntarios de carbono, de acuerdo con el proyecto que la compañía presentó a la certificadora estadounidense Verra, una de las más grandes del mundo. Paracel tuvo gran interés en la ley de créditos de carbono, promoviendo conversatorios y participando de las reuniones donde se debatió el desarrollo de la ley. La empresa incluye la venta de créditos de carbono como uno de sus tres productos principales en su último informe de sustentabilidad publicado en 2022.

 

Por otro lado, Trafigura es una corporación con sede en Singapur y una de las principales comerciantes independientes de petróleo, metales y otros commodities del mundo. De acuerdo al registro de contratos oficiales, es una de las mayores proveedoras del Estado paraguayo, al cual le vende combustibles fósiles para la petrolera estatal Petropar. También fue proveedora de combustible para Enex Paraguay, cuando su dueño todavía era Horacio Cartes, el padrino político del presidente Peña.

 

Trafigura es también considerada “la mayor comercializadora de créditos de carbono del mundo”, según el diario Los Angeles Times. De acuerdo con una publicación del mismo medio, en agosto de 2023, la empresa se había encontrado que la mayoría de los créditos que había comprado para compensar sus emisiones “no valían nada”, debido a cuestionamientos a la metodología utilizada para calcularlos.

 

El 7 de septiembre de 2023, dos semanas después de la publicación, el presidente de la empresa, Félix Guastavino, se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña en la residencia presidencial en Asunción.

 

Dos semanas después, fue cuando el presidente paraguayo se reunió con representantes de las empresas Paracel y Trafigura en Nueva York. En la fotografía oficial de esa reunión, publicada por Santiago Peña en su cuenta de X (Twitter), se puede identificar al presidente de Paracel, Per Olofsson, y a Benedict Chia, el director nacional de cambio climático del gobierno de Singapur. De acuerdo a su biografía en la web de Naciones Unidas, Chia es el encargado de “supervisar la política y estrategia de créditos de carbono de Singapur” y fue elegido como parte del equipo supervisor del Artículo 6 en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La participación de Chia no fue anunciada.

Fotografía de la reunión del presidente paraguayo Santiago Peña el 20 de septiembre de 2023 en Nueva York. En las imágenes se puede ver a Per Oloffson, CEO de Paracel y a Benjamín Chía, negociador principal de mercados de carbono del gobierno de Singapur (segundo y penúltimo a la derecha, respectivamente). La presencia de Chia no fue publicitada. Fuente: Presidencia Paraguay

Consultada sobre si esa reunión en Nueva York se trató el tema de la compra créditos de carbono, Paracel sólo se refirió a la presencia de su máximo directivo en todo tipo de reuniones. “Per Olofsson, como Chairman of the Board de Paracel, participa en reuniones de distintas índoles, las cuales apuntan a contribuir con el posicionamiento de Paraguay a nivel internacional, mencionando acerca de la experiencia de invertir en Paraguay y hablando sobre las condiciones para la inversión internacional en nuestro país y además de esto trabaja de manera activa en el diálogo con bancos, instituciones financieras y otros stakeholders claves con el fin de que Paracel siga avanzando y de esta manera pueda aportar en el desarrollo a nivel nacional”, fue la respuesta oficial de la empresa.

 

Así, Paracel no negó que la reunión tuviese que ver con créditos de carbono.

 

El mismo día de la reunión en Nueva York, Paracel recibió una carta de Verra denegando el registro de su proyecto de créditos en el mercado de carbono voluntario. “No es un rechazo final, sino que los proyectos tienen la oportunidad de resolver los problemas señalados”, explicó la organización estadounidense a esta alianza periodística.

 

Por los “problemas señalados”, Verra se refiere a la falta de claridad en el tema de adicionalidad en el  proyecto presentado por Paracel.

 

En específico, la certificadora cuestionó que el proyecto de Paracel argumentara que necesita el dinero de los créditos de carbono debido a “las barreras de inversión” para lograr que existan las plantaciones de eucaliptos.

 

“Sin embargo”, dice la carta de Verra, “Paracel SA recibió un préstamo de USD 200.000.000 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de la fábrica de celulosa y las plantaciones de eucalipto”, ambas incluidas en el proyecto de créditos de carbono.

Fragmento de la carta de denegación del registro del proyecto de Paracel por parte de Verra

El dinero que el BID constituye un problema, según Verra, porque bajo su definición de adicionalidad, no se trata solo de que el proyecto capture carbono adicional a lo requerido por una ley, sino que también “significa que la reducción o remoción de emisiones deben suceder de actividades que no hubiesen sucedido sin las ganancias provenientes de la venta de los créditos de carbono”. Para Verra, el préstamo del BID a Paracel da indicios de que, aun sin el dinero de los mercados de carbono, las plantaciones existirían.

 

Verra también cuestionó que Paracel afirmara que su proyecto era “el primero de su tipo”, mientras utilizaba datos de plantaciones forestales desactualizados de 2015, cuando había un 77.5% menos hectáreas cultivadas que en 2022. Y que la empresa argumenta que  “Paraguay es un país de riesgo para hacer negocios”, cuando en realidad, según notó Verra, la nación  tiene un grado bastante alto de seguridad de inversión de acuerdo con firmas de rating financiero como Moody’s y S&P. 

 

Como resultado de esas observaciones, Verra “puso el proyecto en pausa” y denegó su registro en el mercado voluntario que administra, un paso obligatorio para empezar a vender esos créditos. 

 

Consultada vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2023 sobre las observaciones hechas por Verra en su carta, Paracel contestó que “es importante aclarar que el proyecto no está rechazado por Verra, [sino que] nos encontramos en un período de respuestas a las preguntas realizadas… Paracel actualmente se encuentra trabajando en las respuestas y preparando la documentación solicitada por esta institución”, respondió su coordinador de Comunicación, Marcelo Rojas. De acuerdo con Verra, Paracel tenía hasta el 19 de diciembre de 2023 para presentar los correctivos y así evitar el rechazo definitivo de su proyecto. Al 15 de enero de 2024, ni la empresa ni Verra han publicado actualizaciones respecto al estado del proyecto.

 

Consultado sobre el debate sobre la adicionalidad en la ley paraguaya, Rojas respondió que “Paracel ve de forma positiva” que exista una ley de créditos de carbono “para clarificar y estandarizar las reglas de este mercado”. Sobre la adicionalidad, dijo, “pensamos que las reglas fundamentales son las internacionales y esas son las que determinan la posibilidad de vender créditos de carbono. Los compradores más significativos son los que exigen que se cumpla con las reglas, y estándares más altos de adicionalidad y sostenibilidad”.

 

Verra también respondió a consultas sobre la ley paraguaya, reconociendo que están al tanto de su existencia y que tiene como política “respetar la autonomía de los gobiernos nacionales y no comentar sobre leyes, resoluciones o regulaciones”. La organización señaló que ya incluyó como requisito a los proyectos de Paraguay que se ciñan a lo requerido por la ley local. Esto incluye la llamada “constancia de no objeción” que el gobierno paraguayo dará a los proyectos “que se ajusten a las metodologías del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)”, según explicó Victor González del Ministerio del Ambiente en la audiencia pública previa a la aprobación de la ley.

 

Sin consenso sobre la transparencia en los mercados de carbono en la COP28

 

Los posibles proyectos de Paraguay con Singapur y Emiratos Árabes Unidos también están atravesados por las fallidas negociaciones hasta ahora en torno a cómo organizar el Artículo 6.2. 

 

En la COP28 de Dubái, los países no pudieron consensuar criterios mínimos de transparencia sobre el contenido de los acuerdos bilaterales entre países, incluyendo cómo sería el paso a paso para verificar que los acuerdos se ajusten a estándares de calidad o qué límites habrá a que alguna de las partes pueda renegociar lo ya acordado.

 

“La ausencia de consenso en el Artículo 6 en la COP28 evita que se repliquen los errores ya vistos en los mercados voluntarios”, dijo tras el cierre de negociaciones Gilles Dufrasne, experto de la organización europea Carbon Market Watch, que monitorea el mercado de carbono a nivel global. 

El presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Jaber, y el enviado especial sobre cambio climático de la Casa Blanca, John Kerry, sonríen durante el plenario que finalizó la conferencia. Estados Unidos fue criticado por impulsar “mucha discrecionalidad” alrededor de los mercados de carbono regulados. Fotografía: COP28 / Christopher Pike

“Comercializar créditos requiere fuertes salvaguardas ambientales y de derechos humanos, como se ha visto en los numerosos escándalos relacionados a los mercados voluntarios de carbono en los últimos 12 meses. El texto en la mesa (de la COP28) simplemente no proveía eso. De aprobarse, se hubiera corrido el riesgo de reproducir los errores de los mercados voluntarios, así que, al rechazarlo, los negociadores lograron el mejor resultado de una mala situación”, concluyó.

 

Para Catalina Gonda, experta argentina y observadora de las negociaciones en Dubái por la red de organizaciones Climate Action Network Latinoamérica (CAN-LA), el texto que se propuso “era débil”.“Básicamente, las partes que participen de estos acuerdos (países y/o privados) ponen las reglas y no hay un organismo independiente que los supervise. Se deja en gran medida a discreción de estas partes los criterios  de integridad ambiental y salvaguardas socioambientales”, explicó.

 

Para Gonda, “lo único que existiría es una revisión de la información reportada por parte de un equipo técnico de la ONU: un mero trámite burocrático que no tendría demasiadas consecuencias”.  Los países, explicó, tendrían la opción de clasificar la información reportada como «confidencial», sin tener que explicar los criterios. “Sin transparencia e información de acceso público, se diluiría aún más cualquier tipo de rendición de cuentas”, añadió.

 

De acuerdo con cuatro personas que siguieron de cerca las negociaciones durante la COP28 y sin vinculación entre sí, el gran impulsor de que los acuerdos bilaterales tengan mucha discrecionalidad fue Estados Unidos, interesado en ofrecer créditos de carbono para que sus aerolíneas pudieran llegar a los compromisos de mitigación asumidos.

 

En el plenario del último día de la COP28, Malcolm Stufkens, viceministro de Ambiente de Honduras, criticó que no se hubieran podido consensuar las reglas. “Los mercados deben tener una estructura regulatoria sólida, una transparencia estricta. Es necesario denunciar a quienes trabajan para degradar esta estructura, esta transparencia (…) con el fin de abrir la puerta al fraude climático, como sucede en los mercados voluntarios”, dijo. 

 

Para Stufkens, mientras una gran mayoría de los países, incluyendo la Unión Europea, buscaron que los mercados de carbono tengan una regulación acorde, “hubo un poderoso lobby que presiona para continuar este lavado verde”.

 

“La propuesta minimalista de regulación” del Artículo 6.2 “hubiera permitido a los países definir sus propias reglas sobre qué informar, comercializar créditos señalados con problemas, podría haber llevado a situaciones de doble contabilidad”, dice Jonathan Crook, experto de Carbon Market Watch. “El texto también habría legitimado cuestionables cláusulas de confidencialidad”, refiere. 

 

El fracaso en lograr consenso sobre el Artículo 6.2 no debería ser celebrado, argumenta Crook, ya que cada vez más países y empresas están negociando acuerdos bilaterales, en ausencia de una regulación completa. “Esta situación corre el riesgo de afectar la transparencia y volver aún más difíciles las negociaciones en 2024, dada la ausencia de una dirección clara”, señaló.

 

Las dificultades de Paraguay de lograr acuerdos más sustantivos sobre créditos de carbono en la COP28 y la alta posibilidad de tener que modificar su recientemente estrenado marco jurídico sugiere que el apuro que inspiró a aprobar una ley con tantos cuestionamientos  no se justificó, incluso, hasta pudo haber sido un gol en contra.

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Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
 

Texto: Christian Castro
Portada: Persy Cabrera

El ser humano es un ser sociable. Desde sus orígenes siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y asociarse en grupos. Es de ahí donde surgen las primeras agrupaciones sociales. Desde las hordas, pasando por los clanes y desde los inicios de las polis, hasta los Estados que hoy conocemos. Ante estos cambios sociales, los medios y formas de comunicación también se han adaptado a la evolución. Desde la invención de la imprenta hasta la telegrafía, y desde los primeros teléfonos hasta las redes sociales en la era digital inteligente que vivimos hoy. Dinamizando las estructuras sociales y políticas de los Estados, estos han sido protagonistas de muchas revoluciones y luchas populares.


Los medios de comunicación en masa han logrado una influencia significativa en asuntos sociales y políticos de los Estados, lo que popularmente se les conoce como el «Cuarto Poder».  Ese fue el caso del francés Jean-Paul Marat y sus publicaciones en el periódico L´Ami du Peuple (El Amigo del Pueblo), que se convirtieron en la voz de la insurrección en la Revolución Francesa. Su influencia y los acontecimientos posteriores resultaron en la condena del Rey Luis XVI y María Antonieta a la guillotina, así como a todos aquellos que no compartían los ideales de la nueva República.


El poder adquisitivo de los medios corporativos, la manipulación y el control de las masas son el verdadero dilema de este cuarto poder, porque existe una lucha de intereses sobre los asuntos que se comunican y promueven, y es que cada parte en este proceso de comunicación aclama ser dueño de la verdad absoluta. Es ahí donde inicia un conflicto por la diferencia de opiniones y el control sobre el monopolio de la verdad, mismo que repercute debilitando la democracia, la cual representa todo lo contrario: la pluralidad de ideas, participación, representación y las opiniones de toda la población.


En términos democráticos y en aras de la preservación del Estado de Derecho, la manipulación de la verdad o de la narrativa pública por parte de grupos de medios o individuos es perjudicial, ya que ello compromete la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Es preciso el papel de la institucionalidad, que según Correa (1999) es el conjunto de ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola a través de un proceso ordenado de fortalecimiento de conductas e ideas por medio de organizaciones y normas, que tienen como objetivo el bien social y la generación de valores.


Si lo examinamos en un plano nacional, el marco constitucional de Honduras consagra garantías y disposiciones especiales sobre la libre emisión del pensamiento que se traducen a la libertad de expresión a través de diferentes medios. Sin embargo, desde el retorno a la democracia en 1982, los medios de comunicación tradicionales, las corporaciones de media y el periodismo han jugado un rol fundamental en la vida sociopolítica del país, ya sea como opresores de la verdad por intereses partidarios, políticos y personales, o como reprimidos por mantener posturas imparciales y veraces en sus comunicaciones.


La ausencia de la moral y la ética como ejes de su estructura institucional han promovido la monopolización de la verdad absoluta con fines de lucro, resultando en el ocaso del periodismo de investigación objetivo e imparcial.


Los esfuerzos gubernamentales apuntan a promover su imagen a expensas de la verdad al involucrar a los medios oficialistas. Estos promueven lo que les dictan sus mayores patrocinadores en lugar de priorizar la información imparcial de los hechos. Además de la narrativa sesgada, también recurren a las «cortinas de humo» como principales herramientas de desinformación para desviar la atención de la población a través de espectáculos mediáticos en noticieros, paneles y foros matutinos.


Es necesario destacar que esta situación se agrava debido a la falta de una regulación adecuada en el ejercicio de la profesión periodística. En la actualidad, cualquier persona puede hacerse llamar periodista y difundir información sin tener la capacitación ni la ética necesarias para hacerlo. Esto contribuye a la propagación de noticias falsas, la desinformación y la manipulación de la opinión pública.


Ante esta manipulación mediática, es necesario fortalecer la institucionalidad en el gremio periodístico, promoviendo la creación de organismos reguladores que garanticen la calidad y veracidad de la información difundida por los medios de comunicación. Además, es importante fomentar la capacitación continua de los periodistas, en temas como ética, deontología y verificación de datos, para garantizar que la información que se divulga sea objetiva y rigurosa.


En la legislación de Honduras existen mecanismos reguladores de los servicios de telecomunicaciones que tienen un rango de aplicación desde su emisión, transmisión hasta la recepción, de conformidad como lo establece la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Estas funciones reguladoras de cierta forma se limitan cuando se establecen las atribuciones principales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en su artículo 13: promover la universalización de los servicios de telecomunicación y procurar su más alta calidad y menor costo posible, que estos servicios se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencia y sin discriminaciones, respetar  los derechos de los usuarios.


Por otro lado, en un plano internacional, Estados Unidos también tiene una legislación similar. Los noticieros y otros programas están sujetos a regulaciones por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y de la Federal Trade Commission (FTC). La FCC tiene la autoridad para regular el contenido de los programas de televisión y radio, incluyendo los noticieros, para asegurarse de que cumplan con ciertas normas de decencia y moralidad. También tiene reglas específicas que se aplican a la publicidad en los programas de noticias, como la obligación de identificar claramente los anuncios pagados y la prohibición de ciertas prácticas engañosas en la publicidad.


A pesar de estas regulaciones y fiscalizadores han ocurrido casos donde se ha criticado a los medios de comunicación, hondureños y estadounidenses,  por su cobertura sesgada a favor de candidatos como Juan Orlando Hernández en Honduras, durante la elección presidencial de 2017, y a Joe Biden en EE. UU., durante las elecciones de 2020. También otros medios han sido afectados por sus críticas hacia el gobierno, como los cuestionamientos durante el golpe de Estado en 2009 y el caso de difamación contra David Romero que le condenó a prisión.


Todo esto supone que ha habido un intento fallido por regular los medios de comunicación, y aquí es donde debemos reflexionar si ¿debería el Estado-Gobierno ser el principal ente regulador que garantice la libertad de expresión?, o ¿deberían los medios corporativos ser desregulados para alcanzar una verdadera democratización? Ante este debate, han surgido nuevas fuentes y medios de información alternativos que buscan plantear otro tipo de narrativa, tales como el periodismo de investigación diverso y participativo de Contracorriente, Divergentes, Reportar Sin Miedo, entre otros. A ello se agrega la reciente ola de inteligencias artificiales, como Chat GPT, entre otras, que hasta generan artes e imágenes automáticas con características únicas, como el caso de las imágenes virales del Papa Francisco vistiendo al estilo Balenciaga y la duda que generó en todas las audiencias sobre su veracidad.

Estamos viviendo una era donde los ciudadanos democratizados digitalmente tienen la habilidad y el poder de crear, cuando se integran como un grupo o colectivo, narrativas alternas que difieren del marco mediático establecido. Sin embargo, pese a la alternativa digital que estos medios representan, al ser dependientes del internet sumamente globalizado se podría poner en riesgo su veracidad, imparcialidad y revisión, resultando en una de desinformación estructural que fácilmente se propaga.


Como ciudadanos conscientes de nuestros entornos físicos y digitales no estamos eximidos de responsabilidad, ni apelar a la ignorancia sobre los hechos. El internet, el uso de las inteligencias artificiales y la digitalización de los medios convencionales son una aguda herramienta que pueden fortalecer la democracia, la gobernanza y el desarrollo. No hacer uso adecuado y responsable de estos resultaría en la promoción de discursos de odio, corrupción y narrativas manipuladas para vulnerar la sociedad democrática.


¿Por qué la kryptonita?

Dentro del universo de DC Comics se describe a Superman como poseedor de habilidades sobrehumanas como fuerza, resistencia y velocidad, pero sufre de una única debilidad que lo afecta, la kryptonita, un elemento radioactivo que inhibe sus capacidades fisiológicas. En nuestro universo, aunque no contamos con la presencia de un superhéroe como tal, sí encontramos en la democracia una figura representativa que permite la participación y la integración en las construcciones sociales. Es preciso cuestionar y reflexionar sobre que su posible kryptonita podría ser la manipulación narrativa mediática de los medios convencionales, o el desinterés colectivo de los ciudadanos. 

                   

La democracia no es perfecta y presenta decenas de desafíos, siendo la influencia de los medios de comunicación uno de ellos, por lo que es fundamental que estos actores sociales contribuyan a la construcción de una nueva cultura política democrática que involucre a todos los sectores de la sociedad.


Por último, la consolidación de la democracia es precisa para el equilibrio de los cuatro poderes (ejecutivo, legislativo, judicial y los medios de comunicación) que conforman el Estado. Un deber de cada ciudadano es mantenerse vigilante y promover la concientización, el análisis y el cuestionamiento de fuentes de información en aras del fortalecimiento de la institucionalidad.

Texto: Otto Argueta

Portada: Jorge Cabrera

 

Finalmente, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, fueron investidos respectivamente como presidente y vicepresidenta de Guatemala. La agresiva ofensiva en su contra inició desde la primera vuelta electoral en junio de 2023 y fue liderada por el Ministerio Público, jueces, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y representantes del sector privado. Los actores corruptos y antidemocráticos no cesaron en su intento por mantenerse en el poder, incluso hasta las últimas horas del 14 de enero de 2024. Buscaron desesperadamente atropellar el respiro democrático que se expresó en las urnas y que fue alimentado por la resistencia democrática ciudadana, liderada por las organizaciones ancestrales indígenas. Los espurios objetivos de a lo que en Guatemala se le llama «el pacto de corruptos» eran evitar la toma de posesión del binomio presidencial, asegurar el poder corrupto en el Congreso Nacional y garantizar la impunidad a través del Ministerio Público, jueces y cortes. Es decir, darle larga vida a la cleptocracia que ha gobernado al país durante los últimos doce años, o más.

 

La tensión vivida durante los últimos seis meses tuvo su momento cúspide la noche del 14 de enero de 2024, cuando la planilla liderada por el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, logró ganar la presidencia del Congreso Nacional. Durante muchas horas, la Junta Directiva saliente y diputados del oficialismo implementaron todas las argucias legislativas posibles para evitar la participación del Movimiento Semilla en la elección de la Junta Directiva. Eran conscientes de que, desde semanas antes, las negociaciones, acuerdos y la presión internacional ya habían cambiado la correlación de fuerzas en el Congreso a favor del esperado cambio que la ciudadanía demandaba. Por esa razón, quemaron todas sus naves autoritarias y corruptas esa noche. 

 

Al final, sin violencia ni compra de votos, una bancada minoritaria de 23 diputados logró alcanzar 92 votos de los 160 diputados del Congreso Nacional, superando así todos los obstáculos que el oficialismo puso en el camino. La Junta Directiva saliente había declarado a los diputados de la bancada de Semilla como independientes, despojándolos de su filiación partidaria, con lo cual habrían estado impedidos de participar en la Junta Directiva y en comisiones legislativas durante toda la legislatura. . 

 

Esta decisión se basó en la resolución del juez Fredy Orellana —incluido en la lista «Engel» del Departamento de Estado de los Estados Unidos por sus acciones antidemocráticas—, emitida en julio de 2023 por solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, pieza clave del pacto de corruptos y también incluido en dicha lista. La noche del 14 de enero, la Corte de Constitucionalidad negó el amparo solicitado por la bancada Semilla para dejar sin efecto la decisión de la Junta Directiva del Congreso, y otorgó un plazo de seis horas para subsanar la situación jurídica de la bancada, lo cual se hizo mediante la aprobación por parte de la nueva legislatura de la enmienda al acuerdo que dejaba sin efecto la decisión de suspender la filiación partidaria de la bancada. 

 

Una vez recuperada la filiación partidaria de los diputados de Semilla, se superó el obstáculo legal para la toma de posesión de la nueva Junta Directiva liderada por Samuel Pérez. Gracias a haber anticipado las maniobras espurias de la Junta Directiva saliente y de operadores políticos del oficialismo en la Corte de Constitucionalidad, la bancada de Semilla había logrado sumar con anterioridad el apoyo de otras bancadas y de diputados nuevos en el Congreso para superar esos obstáculos de manera legal y a través de acuerdos políticos. 

 

Los símbolos son la tinta con que se escribe la memoria histórica, y esa noche Bernardo Arévalo y Samuel Pérez asumieron el liderazgo del Ejecutivo y del Legislativo, tal como 79 años atrás lo hicieron Juan José Arévalo y Manuel Galich. El discurso de toma de posesión de Arévalo no tuvo las tradicionales rabietas del líder macho alfa que la clase política celebra; al contrario, sus mensajes fueron siempre concluyentes en una misma idea: más democracia para Guatemala. En su camino al Palacio Nacional, Bernardo Arévalo y Karin Herrera se detuvieron a recorrer las calles que rodean el Ministerio Público para reconocer y agradecer la convicción democrática de las organizaciones indígenas, que por más de 100 días han mantenido una protesta pacífica exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Arévalo asumió la Comandancia General del Ejército de Guatemala en la Plaza Central, en el espacio público, como un símbolo de la sumisión de esa institución al poder civil. Lo tradicional había sido hacer ese acto en una base militar, simbolizando lo contrario, el poderío militar sobre los civiles.

 

Se ha ganado la muy importante batalla de asegurar nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo comprometidas con el cambio en el país, pero la guerra que el autoritarismo y la corrupción sostienen pasa ahora a un nuevo escenario: el pacto de corruptos será la oposición antidemocrática, enquistada en las instituciones y en algunos sectores de la sociedad y del sector privado. Sin embargo, estas victorias reafirman, con gran esperanza, que la democracia se construye y defiende solamente con más democracia.

 

Ningún Estado se transforma automáticamente con el cambio de gobierno; las mafias siguen ahí, la corrupción y los actores antidemocráticos también. A pesar de que han perdido el control de las instituciones en el nivel del liderazgo político, el reto es profundizar los mecanismos democráticos para reducir, día a día, el campo de maniobra social e institucional que esos grupos aún poseen.

 

El Movimiento Semilla ha liderado la defensa de la voluntad expresada en las urnas y en las calles, presentando recursos legales ante instituciones cooptadas por grupos criminales; no descansó en su intento por lograr, a través del diálogo y el mutuo entendimiento, los acuerdos necesarios entre sectores que, a pesar de ser adversos, serían igualmente afectados por la continuidad de la cleptocracia, y se comunicó con la población con una retórica conciliadora, de esperanza y expectativa por el cambio, a contracorriente de la agresividad discursiva de los grupos mafiosos y extremistas.

 

Esto reafirmó ante la ciudadanía la oportunidad de apoyar, más que a un partido, a la democracia. Los pueblos ancestrales indígenas demostraron la fuerza de resistencia democrática que les ha permitido sobrevivir en un Estado y en una sociedad racista y violenta, y han cimentado una conciencia ciudadana de autonomía política necesaria para que continúen siendo un balance frente al nuevo gobierno. Durante meses fueron inclaudicables en una protesta pacífica, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales serviles, movilizaron a miles de personas de todo el país para exigir el respeto a la democracia, y empoderaron a movimientos de barrios urbanos a expresar su rechazo al pacto de corruptos. Lograron romper las barreras generacionales que superficialmente separaban la ancestralidad con la demanda de la juventud guatemalteca de terminar con una clase política tradicionalmente mafiosa que condenaba su desarrollo presente y futuro a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Contrario al racismo imperante en las élites guatemaltecas, los pueblos indígenas han demostrado una madurez política comprometida con la democracia, cimentada en el respeto a los valores ancestrales y la fuerza vibrante de la juventud.

 

Durante estos meses hubo capturas arbitrarias de jóvenes estudiantes, profesores universitarios, fiscales y abogados. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei se cuentan por decenas las personas que ahora viven en el exilio o que, como el periodista Rubén Zamora, están en prisión, o han logrado demostrar su inocencia ante los tribunales de justicia. Todo esto orquestado desde las instituciones que por mandato deberían garantizar el Estado de Derecho, pero que, debido a la cooptación por parte de grupos criminales y antidemocráticos, han desnaturalizado sus funciones para garantizar la impunidad y continuidad del vínculo político-criminal heredado desde hace décadas en el país. También hubo desprestigio, hostigamiento y violencia por parte de grupos criminales del narcotráfico y, en algunas manifestaciones pacíficas, personas infiltradas buscaron provocar la violencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

 

A pesar de todo eso, la democracia en Guatemala se defendió sin violencia, sin corrupción, sin discursos de odio y victimización. Incluso con instituciones cooptadas, se usaron los recursos que la ley establece. Prevaleció una combinación afortunada de autoridades electas respetuosas de la ley y una ciudadanía convencida de que el derecho a la protesta pacífica es la vía legítima para exigir el respeto a la democracia. Rápidamente, se contagió la expectativa de que un cambio es posible, de que aun cuando existen grandes diferencias políticas y culturales, éstas pueden ser una  energía transformadora si se coincide en que la democracia es el consenso mínimo necesario para convivir en paz y superar las barreras que nos dividen. La lucha por la democracia se convirtió en la justificación para unir esfuerzos frente a una amenaza poderosa.

 

La gran lección que Guatemala ha dado es que un Estado cooptado por grupos criminales y antidemocráticos no se transforma reproduciendo las mismas prácticas violentas, intolerantes, ilegales e ilegítimas que lo condenan. La población, el pueblo, no quiere eso de las autoridades que elige a través de procesos democráticos. Es un error de la clase política suponer que la población espera que impere la ley del más fuerte, la radicalidad ideológica, la descalificación e intolerancia ante la oposición y la diferencia política. Cuando prevalece eso es porque la transformación ofrecida solamente es una demagogia para preservar el poder «cambiando todo sin cambiar nada».

 

Por opaco que parezca en las encuestas sobre calidad de la democracia, por difícil que es vivirlo día a día en nuestras sociedades pobres y cansadas de tanta violencia y corrupción, nuestros pueblos quieren democracia. Son las élites políticas y empresariales las que no han querido asumir la responsabilidad de proteger las instituciones y los valores democráticos frente a los extremismos y las ventajas económicas que sectores e individuos obtienen del caos, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza. Son esas élites las que han convertido a la democracia en un eslogan de campaña y no en una práctica política y ética.

 

No es cool ser un dictador, no es revolucionario ser un dictador, no es libertario ser un dictador y no es encarnar la voz del pueblo o de Dios ser un dictador. Ese mesianismo que justifica al autoritarismo como necesario para lograr el bienestar de todos es solo una fachada para tomar el camino fácil hacia el poder y beneficiarse de él. La democracia es un camino difícil y asumirlo con entereza es el compromiso necesario para lograr el verdadero cambio político que Centroamérica requiere.

 

Frente a la política tradicional, el Movimiento Semilla era un actor outsider y minoritario, oscurecido por grandes poderes mafiosos. Pero no fue así ante los ojos de una ciudadanía cansada y una juventud harta de los discursos de odio de la clase política. El Movimiento Semilla fue coherente con su compromiso democrático, lo cual fue clave para ser receptor del anhelo ciudadano por el cambio, en un momento crítico en el que el futuro del país parecía estar condenado a hundirse en la sombra del autoritarismo y la corrupción.

 

La coherencia entre el discurso y las prácticas políticas no pasa desapercibida ante la población. La sociedad guatemalteca es heredera del dolor que dejó un sangriento conflicto armado interno, heridas que aún están abiertas. Es heredera también de un racismo estructural que ha condenado a la miseria y al olvido a la mayoría de su población. Pero también es heredera de grandes momentos democráticos, como la gesta revolucionaria de 1944, que han demostrado que, en los momentos más crudos del autoritarismo, la lucha por la democracia es el cemento que cohesiona a una sociedad golpeada y la revitaliza para el cambio. Esa coherencia y convicción democrática llevó a Bernardo Arévalo y a Samuel Pérez al lugar donde están hoy, y son ellas también las varas con las que sus actos deben ser juzgados por la ciudadanía ahora que son el liderazgo político del país.

 

La afrenta autoritaria y mafiosa no termina aquí. Al contrario, es de esperar que, como fieras heridas, los actores antidemocráticos utilicen todos sus recursos para socavar la legitimidad y confianza depositada en Bernardo Arévalo y su gobierno. Los retos son también regionales, pues en Centroamérica domina una tendencia antidemocrática severa, que denigra el valor de los derechos humanos y de la democracia misma, por considerarla utópica o una ficción malintencionada de fuerzas internacionales conspirativas. Algunos gobernantes se jactan de su autoritarismo, niegan la memoria histórica o la tergiversan utilizando fórmulas retóricas superficiales y simplistas, se vanaglorian del caudillismo y del nepotismo como los únicos recursos válidos de una supuesta confianza personalista y familiar, que sustituye el ideal democrático de gobernar a través de instituciones transparentes y honestas.

 

En todos los países que hoy son gobernados por el autoritarismo populista de derechas o de izquierdas hay voces democráticas auténticas e iniciativas de cambio. El mensaje que da una Guatemala que parecía tener una democracia agonizante es no ceder a la tentación autoritaria y, al contrario, darle oxígeno a la democracia con más democracia.

 

La democracia es una utopía si no se asume con rigurosidad ética; es una ficción si no se traduce en prácticas políticas concretas, transparentes y auditables, y es una demagogia si no se recurre a sus principios en los momentos más difíciles de la gobernanza. La democracia es un compromiso y una práctica individual que por acumulación se convierte en una cultura colectiva. La democracia no es posible si no se construye con democracia. Esa es la lección que deja Guatemala y es también el reto que se viene para el nuevo gobierno liderado por Bernardo Arévalo: saberse demócrata, apegarse a la democracia y defenderla con rigurosidad y convicción. Es el reto que también le queda a la sociedad, ya que la democracia depende no solo de sus gobernantes, sino también de una ciudadanía celosa, que vigila y exige a sus autoridades apegarse a los principios que pregona. No se construye democracia con una sociedad civil complaciente que sacrifica su autonomía política y se pliega al lamento de gobiernos que justifican su incompetencia culpando al pasado, a las conspiraciones internacionales y a una supuesta resignación cultural, aquella que dice «es que así son las cosas aquí».

 

El acuerdo de cuidado mutuo entre gobierno y sociedad, basado en la certeza de que ambos defienden la democracia ante los excesos de cada uno, deberá prevalecer por encima de cualquier ambición personalista. Entonces, solo así, la democracia es posible.

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez, durante la ceremonia de investidura celebrada durante la madrugada de este lunes en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El nuevo presidente afirmó que el pueblo guatemalteco protegió su deseo soberano de vivir en democracia.

Texto y fotos: Agencia EFE

«Nunca más el autoritarismo», proclamó este lunes el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, nada más ser investido jefe del Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público, y algunos jueces y parlamentarios de la Legislatura que acaba de terminar, intentaron impedir que asumiera el cargo.

«El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia», dijo en su primer discurso el presidente.

Arévalo de Léon recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, elegido también en el cargo este domingo, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, se ausentó de la ceremonia argumentando que debía entregar su puesto a más tardar antes de la medianoche del domingo y por ello envió al Congreso los símbolos institucionales por medio de su secretaria.

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Arévalo de León y Pérez Álvarez son dos de los fundadores del Movimiento Semilla, el partido nacido de las manifestaciones contra la corrupción registradas en el país centroamericano durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

«Es gracias a los jóvenes de Guatemala, que no perdieron la esperanza, que hoy puedo hablarles en este podio», proclamó el académico y líder político, quien agradeció a los pueblos indígenas por defender la democracia de Guatemala.

Arévalo ingresó al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde se desarrolló la ceremonia de investidura, al son del concierto para violín y orquesta «La Primavera», del compositor italiano Antonio Vivaldi.

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El presidente recién investido ha prometido la llegada de una «nueva primavera», como la que protagonizó el Gobierno de su padre, Juan José Arévalo Bermejo, entre 1946 y 1951, en una de las administraciones de más desarrollo para el país centroamericano.

Acompañado de su esposa, Lucrecia Peinado, el presidente caminó en medio del recinto teatral entre aplausos y sonrisas, pese a las más de diez horas de retraso de la ceremonia, que finalmente se llevó a cabo en la madrugada del 15 de enero, aunque la ley establece que debe realizarse el 14 de enero.

Desde que obtuviera el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Arévalo de León y el Movimiento Semilla fueron perseguidos por el Ministerio Público (Fiscalía) y por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de revertir su victoria en las urnas.

El nuevo gobernante llega al poder con un discurso anticorrupción, al igual que su partido, nacido precisamente de las manifestaciones de 2015, que dieron paso a la caída del presidente Otto Pérez Molina.

Texto y fotografías: Jorge Cabrera

 

Suyapa López ha venido al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza desde La Esperanza, Intibucá, acompañando a su hijo Roberto, de 32 años, quien sufre de esquizofrenia, y en uno de sus más recientes episodios estuvo a punto de lanzarse a un río por las voces que escucha en su cabeza. 

 

Mientras espera a que den de alta a su hijo, Suyapa cuenta que cuidar de una persona con un trastorno mental también ha deteriorado la suya; asegura que la falta de ayuda del Estado hondureño para las personas que viven con trastornos mentales, como es el caso de su hijo, le ha ocasionado depresión y desesperanza.

 

La ansiedad y la depresión, sobre todo en niños y adolescentes de Honduras, han tenido un aumento preocupante. Los psiquiatras del Hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a diario atienden al menos a uno o a dos adolescentes entre los 10 y 17 años que han tenido intentos suicidas. La mayoría presentan cuadros de depresión grave, según información brindada por este centro hospitalario.

 

El 13 de enero de cada año se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre esta condición de salud mental que afecta aproximadamente a 300 millones de personas a nivel mundial.

Alejandra Munguía, jefa del Servicio de Atención a Niños y Adolescentes del hospital Mario Mendoza, dijo que existe un importante aumento en los cuadros afectivos de depresión y ansiedad, los cuales se han incrementado a raíz de la pandemia, pero también le atribuyó responsabilidad al nuevo Gobierno. «Lamentablemente, a raíz de este nuevo gobierno también [ha habido un aumento], porque hay más migración, más desesperanza y más desestructuración familiar», explicó Munguía.

 

Munguía lamentó que hasta ahora en el centro psiquiátrico, para atender a niños y niñas solo cuentan con consulta externa, y carecen de un área de hospitalización. Si los menores pasan de los 16 años, explicó, se les hospitaliza en la Sala de Mujeres o en la Sala de Observación existentes en el mismo centro; si no, agregó, se ven obligados a ingresarlos en la Unidad Infanto-Juvenil del Hospital Santa Rosita, ubicado en el valle de Amarateca, al norte de Tegucigalpa. 

 

Según los datos brindados por Mario Aguilar, director ejecutivo del centro psiquiátrico, el flujo de atención de los pacientes promedia a diario entre 200 a 250 personas, y las mujeres continúan siendo la población que más recurre en busca de ayuda.

 

Aguilar explicó que una de las razones por las cuales más mujeres buscan ayuda es que están más expuestas a la violencia en Honduras. Según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el 2023 se registraron 369 muertes violentas de mujeres, mientras que en los primeros 10 días del 2024, 12 mujeres fueron asesinadas de forma violenta. El director agregó que las mujeres también se ven afectadas periódicamente debido a cambios  metabólicos y hormonales, como la menopausia.

 

Según un resumen ejecutivo de la OPS sobre Masculinidades y salud en la región de las Américas, las expectativas sociales de los hombres para ser proveedores de sus familias, participar en conductas de riesgo, ser sexualmente dominantes y evitar discutir sus emociones o buscar ayuda, contribuyen a tasas más altas de suicidio, homicidio, adicciones y accidentes de tránsito.

 

Para los médicos psiquiatras no hay nadie exento de padecer un trastorno mental, si bien existen personas que pueden tener una predisposición genética, es decir, información en sus genes que contribuye a algunos padecimientos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la depresión es una condición comórbida frecuente que complica la búsqueda de ayuda y la adherencia al tratamiento . El trastorno no es un síntoma de debilidad, sino un problema de salud mental multicausal, desencadenado por factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Algunos factores de riesgo son problemas económicos, laborales, pérdida o enfermedad de un ser querido, rupturas sentimentales, enfermedades preexistentes que pueden provocar síntomas dolorosos y la exposición a situaciones estresantes.

 

Uno de los factores más recurrentes de causa de trastorno mental es la violencia verbal y psicológica que nace en los centros laborales. El acoso laboral en Honduras se ha dado tanto en el ambiente privado como en el público. Tal es el caso divulgado en las redes sociales recientemente, en donde varios funcionarios públicos del Gobierno actual han denunciado ser víctimas de tratos denigrantes. 

 

Sobran los ejemplos, desde diputados, directores de instituciones y altos funcionarios que han sido señalados de acoso, violencia laboral y agresiones; para el caso, los diputados Bartolo Fuentes y Mauricio Rivera, y los servidores públicos Leonel Gómez y Moisés Ulloa, entre otros. Uno de los casos más recientes en el tema de acoso laboral es el atribuido a la ministra Natalie Roque, titular de la  Secretaría de los Derechos Humanos, quien se ha visto envuelta en controversias por supuesto maltrato a los empleados a su cargo. Ante los reclamos y cuestionamientos, la funcionaria ha negado esas acusaciones, al tiempo que en sus redes sociales se ha quejado del comportamiento de lo que ella denomina una  «generación de cristal». 

 

«Hasta yo me deprimo, mi hijo fue diagnosticado a los 15 años (hace 17 años) y no veo avances», dijo Suyapa, quien llevaba tres días en el hospital y se mostraba ansiosa por regresar a su casa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 1.75 % del presupuesto nacional es para servicios de salud mental. De todos los gastos invertidos en salud mental, el 88 % está dirigido a hospitales psiquiátricos y el 12 % para servicios de salud mental no hospitalarios.

El pasado 2023, el presupuesto de la Secretaría de Salud fue de 26 mil 638 millones 801 mil 518 lempiras, lo cual representó un incremento de casi 2 mil millones de lempiras en comparación con el del 2022. En la actualidad, Honduras cuenta con apenas tres hospitales psiquiátricos: el Mario Mendoza, el Santa Rosita y el San Juan de Dios, de San Pedro Sula, este último de carácter no gubernamental.

 

En el sistema de salud mental privado, los pacientes pueden llegar a pagar unos 850 lempiras por terapia psicológica y más de 1,000 lempiras por asistencia psiquiátrica, la cual no incluye la medicación para tratar al usuario, según sea el tipo de trastorno mental.

Texto y portada: Melissa Raudales


«Solo buenas vibras hoy», dice la camiseta que escogí ponerme esta mañana, justo después del amargo amanecer. 

Estoy practicando una filosofía de esas rápidas que te aparecen en TikTok, que predica que para cambiar la mente, puedes enfocarte en construir pequeños nuevos hábitos. Así que me levanté de la cama y me dispuse a continuar mi rutina desorganizada, pero recordé esto y me puse a hacer la cama; la gratificación de la acción es inmediata. Continué mi acelerada mañana, y me preparé para salir a ganarme el pan de cada día. 

Pensé: «¡Rayos! Ya es tarde, ya me agarró ese tráfico de Loarque». Agarré mi termo de 16 onzas que contiene el elixir que me permite interactuar con humanos y me fui.

Como sé que me espera un buen tiempo en el tráfico, procedo a poner música en la radio. Tengo un un carro viejito, entonces no puedo conectar mi celular, así que cada mañana tengo que hacer zapping en la radio. Voy ignorando los malos gustos musicales y los locutores que nunca se callan y entonces suena: «No soy esa señora, de una conducta intachable en la vida, ¡no soy una señora! Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita…» 

«¡Ah, que buena canción!» pensé, después de haberla gritado a todo pulmón a buena mañana, y después de tres canciones más que me gustaron, unos cuantos kilómetros de tráfico encima y cuatro onzas menos de café, llego a la frecuencia de HCH. Cómo odio este canal, pero escuché que estaban reportando sobre la desaparición de tres mujeres en la isla paradisiaca de Roatán, Islas de la Bahía, un lugar que creo que el 80 % de los hondureños ni conocemos, territorio hermoso, en disputa y en donde las mujeres «se pierden». 

«¡Esto es una terrible noticia! Sin duda alguna afecta la imagen de la isla, que vive del turismo en su mayoría», dijo la periodista, comentando el hecho de que tres mujeres «aparecieron» muertas en un vehículo, después de días de búsqueda.

¿Conocen la disociación? Ese momento en el que tu mente se extravía de tu cuerpo y del aquí y el ahora. A 10 km por hora detrás de unos 50 vehículos y 15 policías de tránsito custodiando que nadie se cuele en el tráfico, la experimenté y empecé a llorar. «¿Cómo es posible?» pensé,  y tuve un dèjà vú de la  indignación que sentí por la muerte de las 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), esa noticia que a nadie le importó, como no importó la noticia de la joven de 15 años a la que su «marido» de 35 años le quitó la vida.

¿Acaso en este país no importan las mujeres? 

Pero si tenemos una mujer que es la presidenta del país, ¿eso no simboliza nada? ¿Por qué con tanta facilidad e impunidad mueren las mujeres aquí? Sequé mis lágrimas, reprimí mi sentir y me concentré en seguir buscando música. Quedaré loca si dejo salir este sentir que afuera a nadie le interesa, o está tan acostumbrado, como al hecho de que el 90% de estas muertes queden en impunidad. 

El tráfico en Tegucigalpa es de todo, menos rápido; entonces continué a 20 km/h, un poco más rápido que el desarrollo en esta tierra de nadie. En el camino logré ver que hay una mujer joven que vende periódicos en la mediana. Voy a comprar el periódico —después de  aproximadamente 10 mil años sin hacerlo— y recordé que la última vez que lo hice costaba seis lempiras. Quería saber más sobre la noticia de las tres mujeres asesinadas en Roatán, y así informarme mejor que los insensibles de HCH.

«¿Qué cuesta el periódico?» le pregunté  a la mujer. «Cuesta 15 lempiras», me respondió. «¡Uy! No me ajusta, solo tengo 13 lempiras», le comenté con mucha vergüenza, a lo que ella muy amable, y con una sonrisa que traduje como un: ¿cómo carajos existen personas que pueden amanecer tan alegres tan temprano?. «¡Así déjelo, no se preocupe», me dijo, después de sonreírme, y no me quedó más que decirle: «¡Mil gracias!» y devolverle una sonrisa, la más empática que mi cuerpo pudiera producir porque sólo llevaba 8 onzas de café encima, 3 canciones bonitas, 9 kilómetros de distancia a mi trabajo y unas lágrimas derramadas.

Al llegar a mi trabajo, aún me quedaban unas onzas de café, y corriendo aproveché para abrir el periódico. 

La noticia ni siquiera estaba en la portada. 

Al parecer  no es novedad ni impacto en la tierra de nadie. No obstante, fui viendo algunos titulares: «Cada año son menos los jóvenes que terminan el bachillerato», «Colectivos de Libre ahora piden destituir a titular del Hospital San Felipe», «Militares brindarán lineamientos para cárcel en Islas del Cisne», «Ex jefe de la Tasa de Seguridad seguirá en prisión», «En noviembre se dieron más tarjetas de crédito en el 2023», «La temporada escolar comienza con precios bajos en los mercados», «Van más de 20 incendios en los primeros ochos días del 2024», «Ecuador declara conflicto armado interno para neutralizar al narco», y allá, por la página 41, en la sección de sucesos —después del horóscopo y el crucigrama— estaba la noticia que esta mañana me había hecho llorar en el tráfico. El titular dice:«Hallan muertas dentro de carro a tres jóvenes desaparecidas», y según el periódico, el principal sospechoso es un estadounidense, expareja sentimental de una de las jóvenes, quien salió sin problemas retornando a su país un día después de que los familiares reportaron la desaparición de las tres mujeres hondureñas. 

Cerré el periódico y no lloré más, pero pude sentir dentro de mí un nudo, uno que no era nuevo, un nudo que siempre que sucede algo así siento cómo crece y se oscurece.

 

Pero no vivo en un país en el que eso pueda cambiar de la noche a la mañana.  Y «¿mientras qué?», mientras escribo esto para no morir en este silencio.

Texto: Daniel Fonseca

Fotografía: Jorge Cabrera

Archivo Honduras Cuir 

 

Las mujeres de la fotografía no sonríen a la cámara.

 

En la imagen capturada hace treinta años, cuatro trabajadoras sexuales esperan clientes en la banca de un parque de Comayagüela, bajo un árbol. De izquierda a derecha posan Gaby Spanik, Bessy Ferrera, Abigaíl Galindo y Michelle: cuatro figuras importantes del movimiento trans en Honduras. La noche es densa, sus miradas penetrantes.

 

Flash. Un relámpago cercena la noche y, de repente, son inmortales.  

 

En unos años, a dos de ellas las van a matar. 

 

***

 

Cuelgan de la pared, se apilan en álbumes, reposan en retrateras. Al principio eran nada más la colección personal de fotografías que guardaba Abigaíl Galindo, quien fotografió por 35 años a sus compañeras solo como un pasatiempo.  Ahora Abigaíl tiene 52, dejó el trabajo sexual hace 20 y sus imágenes son parte de la memoria colectiva de las personas LGTBIQ+ de Honduras.

 

Se digitalizan para Instagram, se imprimen tamaño póster, miles de personas las han visto. De aquella Abigaíl que recorrió las calles de la capital de Honduras con tacones, lentejuelas y furia queda una figura delgada, casi tímida, que avanza despacio en su silla de ruedas, con una pierna menos, y que todavía se sorprende cuando encuentra a cientos de personas, reunidas a su alrededor, escuchándola. 

 

Durante la mayor parte de su vida, la fotografía no fue más que un pasatiempo aficionado para ella. No esperaba, ni hubiera soñado, que sus fotos iban a ser parte de exposiciones ni que iba a guiar recorridos por los fragmentos de su memoria. Su intención era atrapar momentos en una película de 60 milímetros, recordar junto a sus amigas las fiestas, los amores y las noches, una vez fueran ancianas. 

 

—Siempre me gustó eso de andar tomando fotografías en todos lados —dice— . Andaba con un rollo de 36 películas. Cuando íbamos a algún evento o salíamos, lo primero que agarraba era la cámara, lista para tomar las fotografías a mis compañeras, a mis amigas. 

 

En junio de 2022 Abigaíl conoció a un fotógrafo llamado Dany Barrientos. Él le habló de «memoria histórica» y de un proyecto para «reconstruir y deconstruir» la historia de personas como ella: el Archivo Honduras Cuir, una iniciativa que buscaba, a través de cualquier pedazo de papel que encontraran, evidenciar que las personas LGTBIQ+ existieron y existen. Abigaíl, con sus fotos y con sus historias, iba también a convertirse en una pieza crucial de la memoria viva de las que quedaban y de las que ya no están. 

 

—Tomaba tantas fotos para tener mis recuerdos —dice—. Las fotografías son muy importantes porque son la historia reflejada en un papel. Si nosotros tenemos memoria y nos acordamos de todo, lo podemos explicar, pero sin una fotografía… Ninguna historia se puede contar sin tener una prueba, ¿verdad?

Las fotos de Abigaíl Galindo retratan momentos de intimidad de sus amistades, parte de la comunidad LGTBIQ+. Foto CC/Jorge Cabrera.

Pero las historias tras las imágenes de Abigaíl también revelan lo que diversas organizaciones LGTBIQ+ en Honduras han denominado un «transgenocidio», del que ella es una sobreviviente. El resto de sus amigas, como las que posan en la foto del parque, tuvieron destinos parecidos a estos: una noche dos hombres se subieron a un carro de vidrios oscuros y condujeron por la ciudad con la muerte en la mano. Bessy fue asesinada a balazos. Su cuerpo quedó tendido sobre la acera en la que trabajaba.

 

Un día un cliente le dijo a Michelle: te llevo conmigo a Guatemala, y ella dijo: me voy a Guatemala con el cliente. Lo que pasó en medio no se sabe, lo que se sabe es que pudieron identificar lo que quedó de Michelle por sus tatuajes. A Abigaíl le da un escalofrío cuando recuerda.

 

—De ahí solo dos estamos vivas, la Campero (Gaby Spanik) que está en Alemania y yo, que estoy acá.

 

Acá: Honduras. Según la organización internacional TransRespect, en este pedacito de tierra entre el Caribe y el Pacífico se mata a más personas trans por millón de habitantes que en ningún otro lugar del mundo; de esta violencia, las trabajadoras sexuales se han llevado la mayor parte. Diferentes organizaciones se han dedicado a registrar los ataques, las armas homicidas, las resoluciones judiciales y todo lo que haga falta para explicar la complejidad de toda esa muerte, pero la conclusión es que en Honduras las mujeres trans, con un promedio de vida de 35 años, no llegan a viejas. 

 

— Yo siempre les digo a las chicas: «Tomémonos una foto, porque no sabemos si es la última». 

 

***



A Dany Barrientos, el fundador del Archivo Honduras Cuir, le preguntan qué es lo que ve cuando mira las 700 fotos de Abigaíl Galindo; él responde sin dudar. 

 

—La genealogía de la comunidad.

 

Dany Barrientos estudió arte contemporáneo en La Fototeca de Guatemala y tiene una trayectoria en fotografía documental y editorial. Se inspiró en los proyectos de otros países, como el Archivo de Memoria Trans en Argentina, para contar «la otra historia»: la memoria de la población LGTBIQ+.

 

En los primeros meses de vida de su proyecto, escuchó de una extrabajadora sexual trans que había registrado gran parte de la década de los 80 y 90. No muchos años después de la última dictadura militar en Honduras, cuando las noches eran más largas, la policía controlaba las calles y se fundaron los primeros colectivos LGTBIQ+ en el país.  

 

Abigaíl dice que el Archivo le salvó la vida. Tras un accidente con agua hirviendo, quedó con serias quemaduras en su pie izquierdo y, por las complicaciones de su diabetes, perdió la pierna por debajo de la rodilla. La muerte, de la que se había escapado tantas veces, venía por ella, así que se sentó a esperarla. Lo único que iba a dejar eran sus fotos, y ahí estaba alguien que prometía cuidarlas.

 

— Tras el accidente, antes de la amputación, ella veía venir que algo malo le iba a pasar, y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales me prestó las fotos —dice Dany.  

 

Las fotos eran lo que estaba buscando.

 

El Archivo, que almacena todos los documentos relacionados con la población diversa en Honduras entre 1934 y 2015, no tiene un espacio físico. Al comienzo del proyecto, las fotografías y documentos que se habían recuperado se digitalizaban y subían a Instagram, con información de contexto: escenas de la cotidianidad, fiestas, cartas de amor, recortes de periódico, etc. 

Abigaíl Galindo se refleja en un espejo mientras atiende una entrevista en su casa de habitación. Foto CC/Jorge Cabrera

Cientos de personas de la comunidad LGTBIQ+ de Honduras empezaron, por primera vez, a ver su historia reflejada. Meses después de inaugurada la cuenta de Instagram, comenzaron diversos conversatorios en vivo donde se narraba la historia detrás de cada foto y las vidas detrás de cada nombre.

 

Grecia O’hara, activista trans y defensora de los derechos de la población LGTBIQ+, resalta la importancia del Archivo Honduras Cuir para la comunidad diversa del país. Permite recordar las vidas, las luchas y el trabajo que las generaciones pasadas hicieron para avanzar en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos en Honduras, dice. Pero, además, señala que el proyecto ayuda a construir una identidad LGTBIQ+ nacional. 

 

—Siempre que aquí pensamos en derechos LGTB estamos consumiendo lo internacional: lo de Estados Unidos, lo mexicano, lo del sur del continente  —dice Grecia—. Aquí también tenemos una historia propia. Pongamos personas hondureñas, nuestras personas a quienes reconocemos como líderes para que, como comunidad, podamos sentirnos identificados con nuestra propia gente y con nuestro propio contexto.

 

Es por esa construcción de la identidad LGTBIQ+ hondureña que Dany Barrientos destaca el trabajo fotográfico de Abigaíl Galindo. Su colección de fotos, dice, revela una fluidez en la mirada, soltura con el uso de la cámara y una pulsión por retratar las cosas que amaba y que componían su mundo. 

 

— Me gusta cómo se yuxtapone la mirada que tenían los grandes consorcios de periodistas como La Tribuna o El Heraldo, que también la retrataron. Y la forma en que ella se mira a sí misma —dice Dany, quien explica que muchas de las fotos más íntimas, como las que hizo a su familia o amantes, no son parte del Archivo Honduras Cuir, pero representan una parte del cuerpo fotográfico que, quizá, permiten entender mejor la figura de Abigaíl Galindo más allá de su papel como representante de la población LGTBIQ+, activista trans, showgirl o trabajadora sexual.

 

—Últimamente tengo mucho afecto por un tramo de los archivos de Abigaíl que son fotos de su familia. En esas imágenes que hay una nostalgia, una melancolía muy linda, no puedo evitar preguntarme qué de la identidad de Abigaíl se contrapone a la identidad de su mamá como un peso en contra, como una rebeldía, y qué de la persona que fue su madre ella tomó para sí.

***

 

La casa de Abigaíl, en un barrio antiguo de Tegucigalpa, es un museo, una tienda de souvenirs y un derrumbe. De las paredes húmedas cuelgan cuadros desteñidos y cientos de artesanías. Flores de papel, de plástico y de goma. Un atrapasueños con plumas de colores y un retrato de su madre. Sobre las repisas hay fotos de su familia, velas aromáticas que nunca han sido usadas y velas de parafina a medio consumir. Hay figuritas de porcelana y un montón de águilas, símbolo del Motagua, el equipo de fútbol del que es aficionada. A la par, colocada con mucho mimo está su compañera: una Canon Sure Shot 38-60 mm. 

 

Abigaíl creció con cinco hermanos mayores y un hermano menor.  Es hija de José del Carmen Galindo, un soldado de la Fuerza Aérea, y de Eva Soto, una costurera a quien Abigaíl le dedicó una parte considerable de su obra. Los retratos de la madre hechos por la menor de sus hijas destacan la naturalidad de la vida del hogar, en contraste con el resto de su obra, donde el artificio y el exceso son el encanto.  

 

—Me paraba en un lugar y mi mamá estaba distraída, y yo le decía «¡mami!», y ella volteaba a ver y flash, le tomaba la foto. Distraída la agarraba. Me gustó porque se las tomaba así, sin posar.

 

Eva era una mujer chapada a la antigua: seria, hogareña, bajo el yugo militar de su marido y soñadora. Había llegado hasta el sexto grado e intentó seguir estudiando, pero un día, su marido le prendió fuego a los cuadernos. 

 

La personalidad y las vivencias de su madre, más los años trabajando en las calles de Comayagüela —la ciudad hermana de Tegucigalpa, precarizada y con altos índices de violencia— moldearon a Abigaíl, de una niña retraída y hasta pasmada, en una mujer rebelde, volcánica y con un sentido del humor ácido.

 

—Al principio ellos no me aceptaban… como siempre ¿verdad? —dice—. En todas las familias siempre les cae como un balde de agua fría. Yo digo que muchas veces no es que no nos quieren nuestros padres… lo que quieren evitar es el rechazo de la sociedad hacia nosotros. Me acuerdo de que mi papá una vez me dijo «prefiero tener un ladrón, un asesino o un marihuanero que tener un maricón en la casa».

Abigaíl guarda cientos de imágenes realizadas con negativos fotográficos, que cuentan historias inéditas. Foto CC/Jorge Cabrera

Su padre no se enteró por varios años y su madre, quien descubrió la identidad de su hija por un chisme, hizo lo posible por ocultarlo. Fue en vano. A los 16 años Abigaíl se escabullía de su casa mochila al hombro, con un vestido y tacones ocultos y se reunía con sus amigas, varios años mayores, quienes ejercían el trabajo sexual. 

 

—La primera vez solo salí a ver cómo era la cosa, acompañar a las chicas en la calle, a conocer el ambiente. Nos íbamos para los chupaderos. Siempre he sido alta; entonces nos maquillábamos como con un poquito de edad más y nos dejaban entrar. Después las cipotas me regalaron una peluca y yo me miraba al espejo y me sentía bien. Sentía que esa era yo y no la que estaba en la casa. 

 

***

 

Tres círculos de luz, flashes de cámaras o luces reflectoras, rebotan en un espejo detrás de ella. En la foto de principios de los 90 está parada sobre el escenario con un bikini azul y negro y un tocado de plumas en la cabeza. Se balancea sobre un tubo, sonriente. Detrás de ella, bien oculto entre las sombras, un guardia de seguridad vigila, cruzado de brazos y con expresión de te rompo la cara: su trabajo era evitar que clientes borrachos tocaran a Abigaíl en sus noches de espectáculo. La imagen decora su habitación, acompañada de los recuerdos de sus mejores años.

 

—Ese de ahí estaba enamoradísimo de mis huesos —relata—, pero yo ni en cuenta. «No podemos tener una relación amorosa aquí», le decía yo. Hubiera sido peligroso. 

 

No es que el peligro faltara alguna vez, pero tampoco le faltó el amor. Uno de sus álbumes está dedicado exclusivamente a sus 23 maridos que sobreviven congelados en el tiempo, con la mirada turbia de lujuria. Se recuestan despreocupados y desnudos, sonriendo a la cámara, indefensos. 22 de ellos están muertos.

 

Las fotos de sus noches de espectáculo son todas una leyenda. Durante años Abigaíl dominó los bares y discos «de ambiente» en Comayagüela y Tegucigalpa, donde se convertía por unos minutos en Selena o Thalía a cambio de comida y todo lo que se pudiera beber. A pesar de tratarse de una adolescente trans de 16 años, ya era una estrella nocturna. Ganaba más con sus clientes en la calle, pero su pasión era el escenario.  

 

En una de sus colecciones fotográficas dedicada a esa época se le ve en fiestas y espectáculos, recorriendo pasarelas en desfiles de belleza, desfilando por las calles en un traje de palillona o en uno  de plumas durante uno de sus shows. 

 

—No voy a decir que todo fue oscuro, gris y negro. También ha habido momentos bonitos.

 

En esos momentos, dispersos en el tiempo inamovible de la pequeña caja azul donde guarda sus fotos, aparece alguien sonriendo. Un disfraz de Halloween. Ropa militar. Un hombre desnudo. El rostro de su madre. Globos de colores. Un cigarro encendido. Un corsé. Un perrito de bolso. Un amante. Una reina de belleza con su tiara. Una mujer vestida de hombre. Un bautizo católico. Dos hombres dándose un beso. Una peluca imposiblemente rubia. Un almohadón con forma de corazón. El rostro de su madre. Un bebé regordete y rosado. Un muslo con un tatuaje de corazón. Una bandera arcoíris. Un par de pechos. Una camisa que dice «El de al lado es gay». Seis mujeres vestidas de hombre. Un poster de Pamela Anderson desnuda. Un desfile de palillonas. Un sostén de leopardo. Una persona bailando. Una persona que murió de sida. Una persona a la que mataron. Una persona que huyó del país. Alguien que se ríe. Otro amante. El rostro de su madre.

Fotografías de la colección del Archivo Honduras Cuir. Foto CC/Jorge Cabrera

***

 

No hay fotos de los clientes.

 

Abigaíl cuenta que empezó a ejercer el trabajo sexual a los 17 años. En trece años le había ofrecido el servicio a todo tipo de hombres. Profesionales, diplomáticos, políticos… Querían verla bailar mientras se masturbaban, hablar de sus problemas sin ser juzgados, acostarse con alguien del mismo sexo. También estaban los que llegaban con peticiones que, tantos años después, le siguen asqueando.

 

Y estaban los policías, los militares.

 

Encontrárselos podía significar una buena paga o pasar la noche en un calabozo. A finales de los 90, cuenta Abigaíl, la alcaldesa de Tegucigalpa, Vilma Castellanos, ordenó que sacaran a las trabajadoras sexuales de la zona del Hotel Honduras Maya, el más elegante de la época y donde los clientes pagaban más. En este tiempo la arrestaron 25 veces, acusada de escándalo en vía pública.

 

—Nosotras andábamos como venadas corriendo para arriba y para abajo porque no nos dejaban trabajar —dice—; a cada rato llegaban las patrullas. Una vez me llevaron a la posta de la Ulloa en una paila civil. A mí y a otras ocho. Los policías también andaban de civil, pero armados hasta los dientes. Nos subieron a la fuerza, nos secuestraron. Nos llevaron por Ciudad del Ángel. Era de tierra todo eso. Estaba oscuro, oscuro, y nos dijeron: «Aquí vamos a matar a todos estos culeros» —la voz de Abigaíl se estrecha hasta ser un solo hilo, monocorde, por el que las palabras se deslizan entre los dientes—. Nos abrazamos todas —sigue—, empezamos a llorar y a despedirnos. Y los policías va de reírse. Pensamos que ni modo, que sólo quedaba agarrarnos las manos para que cuando estuviéramos muertas nos fuéramos juntas. Pero empezaron a disparar al aire. Y después, ¿qué hicieron? Nos subieron al carro otra vez y nos llevaron para la posta, donde nos violaron. Mientras nos violaban, nos dijeron que nos iban a matar, que éramos unos culeros, que no valíamos nada. Que la gente ni nos iba a llorar. 

 

De nada de eso tiene fotos, pero no olvida.

 

***

 

—Si no estuvieran las fotos, ¿cómo explicarías quién es Abigaíl Galindo?

 

—Diría que es un ser humano sorprendente con una gran capacidad de sobreponerse —dice Dany Barrientos— con una furia ardiente por dentro que lo puede consumir todo… 

 

y también una generosidad increíble.

 

***

 

Abigaíl piensa en cómo quiere ser recordada. Lo piensa porque a sus amigas suelen recordarlas por su fin. Ella quiere que la recuerden por lo que vivió, por el arte que creó, por los retratos de sus amores y también por esas últimas fotos que tomó de amigas y compañeras, antes de que se convirtieran en estadística y pasaran a vivir solo en sus fotografías y en su memoria.

 

Aunque ya no se dedica tanto a la fotografía como antes, Abigaíl Galindo ha empezado a explorar nuevos intereses: escribe un libro de memorias, guía un tour del Archivo, actúa en cortometrajes y comenzó a asistir a una iglesia de Los Santos de los Últimos Días, donde encontró una nueva misión: cambiar 200 años de tradición mormona.

 

—Me dice el obispo: «No sé cómo tratarla». Aquí en la tierra todo se vale, le respondo, así es que usted me va a decir Abigaíl porque es como yo me siento bien. A mí no me diga de otra forma, a menos de que me vaya a dar un cheque con dinero. Entonces ahí sí, ahí ponga mi nombre legal.

Fotografías y texto: Jorge Cabrera



Frente al mar Caribe, a lo largo de kilómetros de una playa blanca, en la Moskitia hondureña, están abandonadas más de 160 champas que hace unos meses funcionaban como estaciones de trabajo para la pesca de medusas. Todas hechas con trozos de madera y techos de plástico, dañados por las fuertes ventiscas y constantes lluvias que azotan a la pequeña comunidad de Kaukira, en el departamento de Gracias a Dios. 

 

Kaukira es un pedazo de tierra entre la laguna de Caratasca y el mar, un lugar de pescadores miskitos, pobres, aunque algunos han sabido hacer negocio con la pesca. A veces es un lugar milagroso, donde del mar llegan fardos de cocaína. De eso mucho se ha hablado, pero pocos saben que allí también la gente vive de la pesca de medusas, y que ahora una empresa, que algunos locales identifican como china, pretende quedarse con el «monopolio de la medusa». 

 

En los últimos años, la llegada del COVID-19 y el impacto del cambio climático han repercutido en el negocio de la medusa, ya que se decretó una veda obligatoria para la pesca de medusa «bola de cañón», abundante en esa zona, y esto ha afectado a decenas de familias que apenas sobreviven de la pesca. 

 

En las estaciones abandonadas trabajaban los habitantes de la zona, en su mayoría mujeres miskitas que procesaban medusas después de que los pescadores las extraían del mar; o al menos eso hacían a inicios del 2023, porque hoy, tras la veda, es un lugar desolado, rodeado de basura. Uno de los proyectos más afectados es el de Kauma, una empresa miskita que fue patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la organización Ayuda en Acción para incentivar la exportación de medusas y generar empleos en la zona. 

 

Pasados un poco más de tres meses, los pescadores no pueden embarcarse para salir en busca de la tan preciada medusa. Los invertebrados no se muestran en el espejo de agua donde pueden ser capturados, debido a los cambios en el clima que han azotado la zona.  Esta es la causa por la que muchas familias miskitas tienen que reinventarse para poder obtener ingresos económicos.    

 

«Los fenómenos naturales nos han afectado desde septiembre del 2023. Las constantes lluvias hacen que el agua sea muy dulce, y eso causa que la medusa se esconda, o en este caso se sumerja», mencionó Edman Randy, biólogo marino de Kaukira. 

 

Beatriz Witso, de 46 años, es madre soltera con cinco hijos. Su trabajo en la estación era separar el piño y la campana del invertebrado, y ganaba 20 lempiras por cada balde que hiciera en toda la jornada de trabajo, la cual podía durar de 12 hasta 24 horas, dependiendo de la temporada. El mal tiempo y la escasez de la medusa obligan a Beatriz a viajar a Puerto Lempira, donde le dan trabajo por días junto a los cortadores de árboles; esta vez, el trabajo consiste en  preparar los alimentos para los madereros durante los días que se sumergen a los bosques frondosos de la Moskitia, recibiendo el pago de 250 lempiras el día.

 

«Es preocupante, me voy junto a varios de la comunidad porque no hay pesca de la medusa. Yo quisiera quedarme sabiendo que tengo trabajo despiñonando y estando cerca de mis hijos, ganando poco, pero en mi casa. La necesidad me hace buscar dinero para llevar alimentos a mi hogar», lamentó Witson.

 

Para Duval Cahill Haylock, presidente de Kauma, no solo es el cambio climático el que está afectando a quienes trabajaban y sobrevivían gracias a la pesca de medusa. Según Haylock, la empresa Payaku pretende tener el monopolio de la medusa. Payaku es una empresa cuyo nombre está ligado al regidor municipal en Puerto Lempira del Partido Libertad y Refundación, Jony Gilberto Varela Álvarez, según los portales de proveedores del Estado en donde Payaku aparece como licitante en varios procesos para compras en el sector salud. Varela es también el administrador del hospital en Puerto Lempira. Actualmente la empresa está a cargo de Kelvin Lee.

 

«Desde su llegada hace diez años, el empresario chino solo compraba para la exportación directa a los países asiáticos, pero actualmente, desde hace cuatro años se creó la estación única Payaku, donde realiza todo el proceso desde la pesca hasta los empaques; por esa razón, los 101 miembros de Kauma estamos construyendo nuestras propias instalaciones, para incrementar los ingresos, confiando que encontraremos un buen cliente, aunque aún no sabemos a cuánto está el precio internacional de la venta de medusa», dijo Haylock.

Kelvin Lee, representante de la empresa Payaku, atiende a Contracorriente en la comunidad de Kaukira. Foto CC/Jorge Cabrera

En marzo de 2023, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó a través de sus redes sociales que había dado instrucciones al canciller Eduardo Enrique Reina para que gestionara la apertura de relaciones con la República Popular China.

 

Los acercamientos entre los gobiernos de Honduras y China son bien vistos por la población miskita, y aún más por Kelvin Lee, el representante de Payaku, ya que la empresa exporta cada seis meses unas 44 mil libras de medusa. Lee considera que  la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) no debería de poner veda de la medusa, ya que «sale cuando está lista para ser capturada».

 

«Si podemos mandar la medusa o pepino de mar a China sin impuestos, ayuda al pueblo, en ese caso se puede aumentar precios a los pescadores», explicó Lee, agregando que la inversión en crear la estación única de Payaku fue de un poco más de tres millones de lempiras; a su criterio, esto fue lo más fácil y barato.  

 

«Los gastos son más altos cuando hay que echar combustible a las lanchas, la maquinaria, el pago de envío de exportación y el pago de los empleados fijos», afirmó el representante, aunque no especificó el monto de ese gasto.

 

La medida de ordenamiento de la pesca de medusa en el Caribe hondureño aprobada en 2018 por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el acuerdo n.° 185-2018.  determina una cuota de captura de 6,550.256.7 libras, equivalente a 174,673.5 cubetas con una capacidad de 37.5 libras cada una, en salmuera; una cantidad sobrepasada por la empresa Payaku en las temporadas de mucha pesca, según Lee.

 

De acuerdo con el biólogo Edman Randy, cuando la pesca es buena, cada lancha puede llenar un mínimo de 60 canastas con medusas, con un valor de 50 lempiras cada una, lo que representa una ganancia semanal de entre 20 mil a 30 mil lempiras.

 

Gracias a Dios es el departamento más pobre, más vulnerable y de difícil acceso de Honduras. En las últimas décadas, la población miskita ha luchado a diario por la recuperación de sus territorios, enfrentando los constantes intentos de las multinacionales por explotar las aguas en busca de petróleo, circunstancias agravadas por el paso de drogas.

 

«Personalmente estoy en contra de que vengan a perforar en busca de petróleo. Imagine un derrame, aquí nosotros quedamos en la lipidia. Todos aquí vivimos únicamente de la pesca, y no solo La Moskitia sería afectada, hablamos de toda la costa hondureña», dijo Haylock.

 

En la playa caribeña donde se ubica la estación única de medusas de Payaku laboran en temporada alta unas 300 a 350 personas, entre lancheros, ayudantes, cuidadores y despiñadores. Sin embargo, el mal tiempo ha hecho que en la actualidad la empresa tenga solo diez empleados fijos, los cuales reciben las pocas medusas que encuentran los pescadores independientes, además de cuidar las instalaciones.

 

Intentamos hablar con el regidor Jony Varela, a nombre de quien ha funcionado la empresa Payaku, para conocer más sobre el negocio; sin embargo, no respondió a nuestras llamadas. 

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su informe mundial de derechos humanos, que incluye más de 100 países. Sobre Honduras, el informe establece que el Gobierno que preside Xiomara Castro ha fallado en cumplir una de sus promesas de campaña: «fortalecer los derechos humanos». El informe recoge datos sobre asesinato de defensores, femicidios, migración y violaciones a los derechos humanos. También destaca que el país, desde hace muchos años, sufre «corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad», entre otros.

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografía: Jorge Cabrera

«El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país», indicó la oenegé Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre derechos humanos 2024, divulgado este jueves.

El informe de HRW destacó que, entre enero y agosto de 2023, 236 defensores de derechos humanos sufrieron «hostigamientos, amenazas o ataques», mientras que al menos 13 fueron asesinados en ese mismo año. También destacó que 11 defensores fueron asesinados el 2022.

HRW resaltó en su informe lo peligroso que es ser defensor del ambiente y de la tierra en Honduras. Citando datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, HRW indicó que «más del 90 % de los defensores asesinados eran defensores del medioambiente y de la tierra».

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Otra de las críticas planteadas por HRW son las «graves falencias» que presenta el Mecanismo de Protección creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

«El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan», subrayó HRW.

La titular de la Secretaría de los Derechos Humanos en Honduras, Natalie Roque —quien ha sido señalada por defensores de «desbaratar» el Mecanismo de Protección— publicó el pasado 9 de enero en su cuenta de Twitter que «globalmente» se resalta el compromiso continuo del Gobierno de Honduras «en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción».

La ministra de DD. HH. agregó que «si algunos no lo quieren reconocer, es porque nada de lo que haga nuestro gobierno será reconocido por quienes nunca han buscado el bienestar común y solo velan por sus intereses».

La ministra de DD. HH. invocó una resolución adoptada por la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones sobre la «Lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras» en donde, según dijo, se elogió «los esfuerzos constantes del Gobierno», y agregó que en la evaluación de la Cuenta del Milenio en 2023 se revelaron «avances sustanciales en áreas clave como política fiscal, inflación, género en la economía, derechos políticos y libertades civiles».

En el contexto de libertades civiles, HRW expuso la situación de peligro a la que estuvo expuesta la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, indicando que tuvo que salir de Honduras en junio de 2023, tras recibir amenazas luego de publicar un informe sobre nepotismo en el Gobierno.

«Castellanos regresó al cabo de un mes y continuó denunciando prácticas corruptas», expuso HRW.

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La oenegé HRW indicó que Honduras sufre «corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente».

En cuanto a la interferencia política en el sistema judicial, HRW criticó la forma en cómo se escogió la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2023, en donde «los partidos políticos se dividieron las vacantes entre ellos»; sin embargo, destacó como punto positivo que los congresistas «esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores».

HRW hizo eco del descontento mostrado por la sociedad civil por el rol que jugó la junta proponente para la elección del fiscal general en Honduras, al enviar un listado de cinco candidatos al Congreso Nacional después de un proceso que estuvo influido por «intereses políticos».

El ministro Ricardo Salgado, actual titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, fue incluido en la Lista Engel a finales del año pasado, señalado por el Departamento de Estado de EE. UU. de socavar los procesos o las instituciones democráticas, al dirigir los esfuerzos coordinados de grupos leales al Partido Libre «para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023». Además de Salgado, fueron incluidos el empresario hondureño de origen paquistaní Mohammad Yusuf Amdani, y el también empresario Cristian Adolfo Sánchez.

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HRW —basándose en datos oficiales de 2021— indicó que «cerca del 80 % de los hondureños de las zonas rurales vivían en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a 7 dólares diarios, y casi todos ellos en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 4 dólares diarios» y que, a marzo de 2023, los datos oficiales mostraban que «el 14 % de los hondureños no sabía leer ni escribir».

HRW explicó que las remesas representaron casi el 8 % de la fuente total de ingresos de los hondureños, lo que supone el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La oenegé explicó que lo anterior constituye «la tasa más alta de América Latina y el Caribe, según datos de 2022 del Banco Mundial».

En cuanto a la seguridad pública, HRW expuso que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3,661 homicidios reportados por la policía en 2022, lo que significa una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Durante un discurso, la presidenta Xiomara Castro dijo el pasado 1 de enero que fue «acertada» la decisión de entregar a las FF. AA. y a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el control de los 25 centros penitenciarios. Afirmó también que con la puesta en marcha del estado de excepción, la operación contra el crimen y el Plan Fe y Esperanza, se redujo «gran parte del crimen que antes era ordenado desde las cárceles, así como el decomiso de armas, municipios y equipo de comunicaciones». 

El informe de HRW recoge datos sobre femicidios y la violación a los derechos sexuales y reproductivos, que colocan a Honduras con una de las tasas más altas de femicidios en América Latina, y cita los estudios del Centro de Derechos de Mujeres, que contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.

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«El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para quienes se sometan a abortos y para quienes los practiquen. En marzo, los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema confirmaron una sentencia anterior que rechazaba el argumento de que la prohibición era inconstitucional», indicó HRW.

El comunicado también critica las vulneraciones a los derechos de personas con discapacidad, haciendo hincapié en las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en los servicios de transporte público y el escaso acceso a información. Además, resalta que según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, «el 14 % de los hondureños tiene algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial».

Sobre migración, HRW indicó que entre enero y septiembre de 2023 el gobierno mexicano informó que 31,055 hondureños solicitaron asilo en México, sólo superados por los haitianos. Además, destacó que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Honduras «continúan sufriendo un alto grado de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país».

Texto: Óscar Estrada
Portada: Persy Cabrera

Carlos Luna Garay nació en Masaya el 13 de mayo de 1986. Se bachilleró en el Colegio Salesiano Don Bosco en el 2002, y en el 2007 se graduó de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Managua, ahora cerrada por el gobierno de Ortega. Empezó a escribir relatos a los 12 años. A los 19 terminó el primer borrador de Debajo de la cama (2022), seleccionada por el Centro Nicaragüense de Escritores para su convocatoria en 2013. Según el jurado calificador, esa novela expone la búsqueda de libertad individual, sexual y vocacional.

Este año, Casasola Editores publica Abandono, la segunda novela de Luna Garay, ya un autor maduro. Abandono es una novela que rompe esquemas en la región, por esa mezcla que logra entre el retrato de la movida gay de Managua, y la irrupción abrupta de la crisis de abril de 2018. Los personajes de Luna Garay se mueven en esa permanente crisis existencial de quienes buscan un lugar en el mundo, solo amplificada por la política.

Abandono es entonces, una novela bien escrita de temática gay que transcurre en los turbulentos meses de la crisis política de 2018.

Óscar Estrada: Hablemos primero de quién es Carlos Luna Garay.

Carlos Luna Garay: Tuve educación salesiana en la infancia y después estudié Administración Turística y Hotelera. Mi primer acercamiento a la literatura se dio en mi preadolescencia, cuando leí varias novelas que me hicieron enamorarme del género. De ahí nació la curiosidad por completar un libro; hice algunos manuscritos y entre ellos nació la primera novela que publiqué. Mi familia fue siempre muy unida. Crecí en Masaya, en un barrio donde mis vecinos eran mis tías y mis primos, y donde todos eran amigos de mi abuela.

OE: Tu primera novela, Debajo de la cama, recibió un premio de literatura en Nicaragua. Cuéntanos de esa novela y cómo se diferencia ese trabajo de Abandono.

CLG: Ese trabajo es el resultado de esa misma inquietud por la literatura que nació después de esas primeras lecturas. Hace diez años de ese premio, que me sorprendió gratamente recibir. Se postula como la primera novela publicada en Nicaragua que retrata la vida gay clandestina y también abierta del país. Se diferencia de Abandono porque creo que la novela más reciente es inevitablemente más madura. No me aquejan los mismos conflictos de autodescubrimiento temprano. Los temas de la segunda novela reflejan nuevos demonios.

OE: En tu segunda novela, Abandono, explorás temas como el duelo, las despedidas, la soledad y el desamor, además de abordar cuestiones sociales y políticas. ¿Qué te llevó a elegir estos temas como eje central de la trama?

CLG: Creo que los temas escogen al escritor. Los primeros temas que mencionas son eje central de la trama personal de todos. Desde la pérdida de los padres, de los abuelos, de amigos y de un país. Todos hemos experimentado soledad y desamor, y las historias que nos llevan a experimentarlos me resultan siempre interesantes de contar, puesto que todos hemos pasado por eso y todos hemos sido afectados por cuestiones sociales y políticas.

OE: Los personajes principales de la novela, Santiago «Chago» y Selma llevan el peso de la muerte de sus padres y las heridas del pasado. ¿Cómo desarrollaste sus personajes para que fueran auténticos y creíbles? ¿Consideras que estos personajes representan a tu generación? ¿Una generación abandonada a su suerte, traicionada por la utopía de sus padres?

CLG: Los personajes empezaron a ser escritos desde el 2010. Creo que el tiempo jugó un papel importante, pues cuando pensé que ya tenía lista la novela ocurrió [la crisis] del 2018 en Nicaragua y cambió todo. Los personajes que yo seguía escribiendo no podían moverse en los mismos escenarios sin narrar lo que ocurría a mi alrededor. Ellos sortean estos cambios, navegan por esas aguas turbulentas y viven encuentros y desencuentros. Los personajes reflejan lo que nos pasó a todos, o a más de alguno que conocemos. Creo que esto es lo que los hace creíbles.

OE: En tu opinión, ¿cómo se relacionan las situaciones de violencia y machismo que se presentan en la novela con la generación anterior, marcada por la guerra de los ochenta?

CLG: La violencia se hereda, las heridas no terminan de cerrarse cuando se abren nuevas. La generación anterior se encarga siempre de enseñar a la que sigue, a cambiarla, y muchas veces a dañarla. Son ciclos que se repiten. Las situaciones violentas que se viven en la novela son todas reales, ninguna fue completamente creada a partir de la nada. La realidad siempre supera la ficción.

ÓE: Aldo Andana, en su reseña, menciona que los primeros capítulos de la novela no lograron emocionar al lector, pero luego la perspectiva cambia a medida que avanzas en la historia. ¿Puedes explicar cómo lograste esta evolución en la trama y en la narración?

CLG: Yo tenía el manuscrito bastante avanzado, pero los hechos que se dieron en el país me hicieron reescribirlo, para que fuera más cohesiva la historia original con los sucesos que vivíamos. La trama evoluciona de un grupo de jóvenes lidiando con traumas violentos terribles y justo cuando creen que están por superarlos surgen otros hechos violentos, que vienen de todas partes.

OE: En lo personal siento que hay allí dos novelas distintas, una íntima pero superficial, y otra política, que arranca a partir de los acontecimientos de 2018. ¿Cómo integraste este trasfondo político en la historia sin que se convirtiera en un tema mórbido?

CLG: Los acontecimientos del 2018 en Nicaragua se vuelven parte de la trama casi a mitad del libro, cuando ya los personajes tienen varios problemas resueltos, cuando parece que están listos para avanzar y reencontrarse consigo mismos y superar traumas. Nunca fue mi intención hacerlos pasar por un 2018, no imaginé ni siquiera una ficción tan desafortunada, pero la realidad, de nuevo, supera cualquier ficción. Esos conflictos se vuelven un escenario por el que los personajes tienen que sobrevivir de la manera que puedan.

OE: Destaca la forma en que construyes el ambiente en la novela. ¿Puedes compartir algunos ejemplos de pasajes que consideras particularmente impactantes en la creación del ambiente?

CLG: Creo que el principal aspecto de la novela en su creación es haberla concebido en cinco partes, que permiten resolver asuntos independientes en cada una. A medida que avanzan los conflictos nacionales cercan a los personajes, y a la vez estos hechos violentos reflejan lo que ellos ya han vivido en carne propia. La escalada de violencia externa es inversamente proporcional a los cambios internos de los protagonistas de esta historia.

OE: Uno de los temas clave de la novela es la capacidad de cerrar heridas y enfrentar el abandono. ¿Qué mensaje o reflexión deseas transmitir a los lectores a través de esta temática?

CLG: El abandono es lo común que tienen los personajes, que tienen Selma, Santiago, Leonardo, doña Clara y Victoria. Creo que el mensaje que ellos dejan es que no todo abandono es malo ni es el fin. Lo de cerrar heridas viene después de haber enfrentado el abandono y haberse encontrado consigo mismos.

OE: En tu opinión, ¿cómo contribuye Abandono a la narrativa nicaragüense contemporánea? ¿Qué crees que aporta esta obra al panorama literario de tu país?

CLG: Aporta una perspectiva contada desde personajes que viven en tres ciudades distintas de Nicaragua, y que terminan por arrojar una luz sobre los hechos de los últimos cinco años del país que quizás la historia, o datos estadísticos, pasen por alto. Un retrato doliente de los estragos de la violencia familiar y estatal, que desafortunadamente, parecen condenados a repetirse. 

Foto: Cortesía

 

«Desde el centro de América» es el nombre de la antología de Gloria Hernández que reúne veintidós cuentos escritos por veintiún escritoras de los siete países del istmo centroamericano. Es la primera antología de escritoras de la región publicada por Alfaguara.

 

Esta antología descoloca a sus lectores por muchas razones que no pretendo abarcar aquí en su totalidad así que inicialmente refiero dos que saltan a la vista. ¿Qué abarca Centroamérica? y ¿qué hay dentro de esa delimitación desde la mirada de mujeres narradoras?

 

Acertadamente, el nombre de la antología no se refiere a Centroaoamérica, sino al «centro de América». 

 

Centroamérica es un concepto artificial, delimitado y cambiante de acuerdo con necesidades geoestratégicas, académicas, económicas y políticas. En todos los casos, la definición de lo que es y abarca la región ha provenido desde afuera, de la administración colonial, de los organismos financieros internacionales, del gobierno de los Estados Unidos, de los tratados comerciales, de la cooperación internacional, de las estrategias militares y de seguridad, etc. En esas delimitaciones prevalece la agrupación por condición geográfica, ístmica, que coincide con los legados de una historia convulsa que ha perfilado siete países pobres, desiguales y violentos. Y como toda regla tiene su excepción, también está dentro de esa delimitación un país que transformó esos legados hasta ser una de las democracias más robustas del continente: Costa Rica.

 

La antología nos ubica en una geografía narrativa, un espacio delimitado por la fuerza de la ficción, por las incontables posibilidades de realidad que nos abruman y nos definen, por esas «miradas alternativas» como su nombre lo indica. Sus veintidós cuentos crean una textura de esta región que se aleja del artificio geoestratégico y nos sumerge en la condición humana de sus habitantes, de sus historias y posibilidades. 

 

El centro de América es diverso, contradictorio, tenso, esperanzador y doloroso, liberador y resistente, su geografía es elástica porque aunque sus historias se trasladen hasta Europa o Estados Unidos, siguen estando ancladas a este istmo a través de la memoria, la rabia, las ausencias y los deseos. Al igual que en las mañanas salimos del ensueño con un resuello cuando con nuestras manos nos lavamos el rostro con agua fría, la antología nos despabila recordándonos que este istmo es una torre de Babel, una polifonía de idiomas, sonidos, significados y símbolos tan cercanos y lejanos cuyas historias resuenan en inglés, español y kaqchikel, entre otros muchos idiomas más.

 

Lo anterior ya es suficiente para mover el piso en el que creemos estar parados y es solo una de las dimensiones de la antología. Como en las playas del pacífico centroamericano, en donde no nos hemos terminado de incorporar del primer revolcón cuando ya viene otro, la narrativa de mujeres que habitan múltiples texturas de este istmo nos interpela, expone y desnuda a través del cuento.

 

Borges no escribió novelas porque decía que estas tenían mucho «ripio», todo lo que se debe decir se puede condensar en un cuento, con las palabras justas, con la extensión necesaria para que un lector se sumerja en el universo narrativo sin distracciones. Tan poderoso es, que Augusto Monterroso escribió el cuento más corto, aquel que dice «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí» y, ante sus críticos, Monterroso decía con sarcasmo y razón, que este en efecto no era un cuento, sino una novela. Un cuento puede ser, como el Aleph de Borges, uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos, una diminuta esfera narrativa que abre todas las posibilidades de libertad, interpretación, reflexión, placer, dolor, vergüenza, fuerza y furia. 

 

Quiero centrarme en tres de esas esferas narrativas del centro de América, tres aleph hondureños. Con una intencionalidad completamente justificada, la antología abre con los cuentos de tres escritoras hondureñas. Honduras se conoce por una serie de etiquetas marcadas por la tragedia: un Estado precario, construido y sostenido por agentes externos como la United Fruit Company en la primera mitad del siglo veinte y por los Estados Unidos por razones estratégicas contrainsurgentes en la segunda mitad de ese siglo. Y cuando finalmente el país daba sus primeros pasos en la modernización del Estado durante los procesos de democratización de los años noventa, un huracán arrasó con todo; vidas, infraestructura, instituciones y esperanzas. De ahí en adelante, la cooperación internacional ha sostenido las precarias instituciones y amortiguado limitadamente la pobreza extrema, la violencia y la corrupción de la cual escapa masivamente la población a través de la migración. De su literatura, y especialmente de la producida por mujeres, poco se conoce. Los autores, mayoritariamente hombres, se publican solo dentro del país con una difusión precaria en un país en el que el promedio de años escolares apenas alcanza a seis, ni hablar de la calidad educativa de esos pocos años de escolaridad. Pero el país tiene narradoras y la antología las honra poniendo a tres de sus representantes en una portentosa obertura.

 

Los cuentos de María Eugenia Ramos, Jessica Isla y Sara Rico-Godoy no evaden esa realidad hondureña, sino la desdoblan, como dando vuelta a un calcetín, para mostrar su interior más íntimo, más doloroso y también más liberador. Más que historias de mujeres, estas son historias de la condición humana en y desde Honduras vistas desde una intimidad aplastante, soterrada por la norma del silencio frente a las crudas realidades que marcan nuestras vidas. Son también historias de escape, de rompimiento, en las que la violencia no está ausente.

 

En «La cinta roja» de María Eugenia Ramos se sobreponen los tiempos de la memoria de nuestras experiencias de infancia que acompañan la vida adulta y la condicionan, memorias difusas e incompletas y emocionalmente poderosas. El silencio atraviesa generaciones, los secretos guardados en cajas fuertes con cerraduras de dolor dan forma a la vida de las personas sin que estas muchas veces sepan de dónde vienen las sombras que las acompañan. Un cuento escrito en primera persona en diálogo con el pasado y con un presente que se materializa en la vida obtusa, tierna y rústica del personaje principal y también en diálogo con una figura materna sustitutiva, una abuela moribunda que como una represa contiene un secreto de dolor que ha cambiado el paisaje de la vida todos. Hay fantasmas que están siempre presentes, esas figuras que a pesar de haber muerto siguen produciendo dolor por las marcas dejadas en la vida de las personas. Inevitablemente, esta poderosa ficción nos hace recorrer nuestros rincones oscuros, esos que no queremos ver pero que, en un momento determinado, a veces casual, se nos revelan y le dan sentido al dolor, a lo que somos, y es tan poderosa esa revelación que, como al personaje de este cuento, nos superan hasta los extremos mismos de la violencia.

 

Si en «La cinta roja» nos sumergimos en cómo el dolor se hereda, en «Correr desnuda» Jessica Isla nos introduce en la herencia del escape, del punto de inflexión que la mayoría de mujeres enfrenta en una cotidianidad abrumada por la condena que estas sociedades impone: callar y aguantar. Si, mi madre también lo decía con sus variaciones «me dan ganas de salir corriendo y arrancarme la ropa». Cuántas veces lo escuchamos atónitos, cuántas veces no lo hizo, ni siquiera simbólicamente. Con contundencia, Jessica Isla nos brinda ese poder liberador a través de la ficción, esa puerta en la que la libertad es absoluta, en la que mi madre sí habría salido corriendo desnuda. La metáfora es poderosa porque devela la opresión, la necesidad de escape en la que la ropa es las rejas de la prisión, pero también nos revela el castigo por la búsqueda de romperlo todo. Nosotros los hombres no podemos entender eso, al contrario, estamos inmersos en un sistema de poder que automáticamente nos hace entender las cosas al revés: es una exageración, una histeria, que se calme y, si por casualidad ella (quien sea) sale corriendo, es la loca que avergonzó a la familia. También narrado en primera persona, este cuento nos hace ser, por un instante, esa mujer que lleva sobre sus hombros todo y que debe soportar la violencia de la incomprensión llevada al extremo, lamentablemente cotidiano, de hombres que solo ven calentura y lascivia allí donde hay dolor, necesidad, cansancio. En unas pocas páginas este cuento nos sacude más que toneladas de reportes con datos fríos, números indiferentes y consignas a veces incomprensibles. Las posibilidades que abre son múltiples, reconocimiento y liberación para muchas y —ojalá— vergüenza muchos. La autora inyecta una tensión que se acumula inevitablemente hasta el rompimiento, una invitación a «correr desnuda» como signo de libertad. Para los que nos quedamos atrás, con la lapicera estampada en la cara, nos queda la vergüenza y la invitación a correr desnudos para escapar de este lastre machista que portamos de nacimiento.

 

Sara Rico-Godoy nos estrella la nostalgia en la cara con «Aquellos que fuimos». En una narrativa lineal, testimonial y casi predecible, el cuento nos golpea por su obviedad: las personas cambian, las relaciones también. Pero lo que puede ser una norma, se convierte en condena cuando la incomprensión por esos cambios revela la incoherencia destructiva que yace entre los ideales de lucha política e ideológica y la realidad de las relaciones de pareja que terminan reproduciendo aquellos patrones violentos y desiguales que la retórica combativa y efervescente dice querer transformar. Visto así, la protagonista del cuento, decepcionada por la incomprensión machista de su pareja que una vez portó, hombro con hombro con ella, los estandartes de la liberación de toda forma de opresión, se convierte en una poderosa metáfora del fracaso de los ideales. Llevando esta provocación a sus extremos, vemos la misma nostalgia y decepción en gobiernos que una vez enamoraron con su retórica y luego no solo decepcionan sino incluso agreden con su práctica. Y la metáfora se extiende y la extrapolación también. Si para una mujer divorciarse del hombre que traicionó con su machismo los ideales fundacionales de su amor significa enfrentar la condena social, para una sociedad reconocer la incoherencia de sus líderes políticos y divorciarse de ellos, también implica un castigo. La retórica ideológica traicionada por el poder que se sustenta con el machismo no distingue entre lo individual y lo colectivo, la incoherencia duele.

 

Desde tres perspectivas diferentes, estos cuentos abren muchos caminos para llegar al punto más crudo que contiene todos los puntos de la condición humana: el dolor producido y reproducido por las relaciones violentas y dispares entre seres humanos por su género. En esto el determinismo y reduccionismo son válidos porque si hay un mal de origen es ese, fundacional y atávico, hondureño y universal.

 

 

Texto: Teddy Baca

 

Cuando escribo sobre diversidad normalmente utilizo el contexto internacional para tener una gran imagen y pasar a la localidad. Hoy eso cambia porque quiero quedarme en Rusia y pensar en las terribles situaciones que están viviendo las personas LGTBIQ+ en ese país. Nos debería preocupar a todes.

 

Desde 2013 en Rusia existía una ley que prohibía la «propaganda» de la diversidad sexual en espacios infantiles como por ejemplo las escuelas. El Estado ruso considera propaganda cualquier visibilidad social de la diversidad sexual, puesto que para el presidente Vladimir Putin, la homosexualidad «es una elección» que solo puede ser respetable hasta llegada la adultez y además rechaza el matrimonio igualitario. 

 

Esta concepción de la homosexualidad no es compartida por la ciencia, nadie elige su sexualidad y tampoco es modificable, pero si algo nos demuestran los políticos ultraconservadores es hacer caso omiso a esto y fingir que hablan desde la verdad.

 

Esa ley no solo censura a las personas LGTBIQ+, sino que también calla a las infancias diversas y en muchas ocasiones promueve una cultura en la que las personas civiles agreden a parejas del mismo sexo que manifiesten algún grado de afecto en la vía pública. La influencia de la Iglesia Ortodoxa, el odio hacia la visión occidental menos laxa de la sexualidad y la opinión ultraconservadora de Putin en suma, generaron una bomba de tiempo contra las personas LGTBIQ+.

 

Esa bomba ya estalló, hace pocos meses Rusia declaró ilegal cualquier representación o visibilidad LGTBIQ+ a nivel nacional, por lo que ni los adultos podrán expresarse en la vía pública o en medios y de hacerlo se enfrentan a una multa exorbitante y a una fuerte pena por prisión. Esto último se debe a una reciente resolución del Poder Judicial —controlada por Putin — en la que se sentencia que el movimiento LGTBIQ+ es «extremista» y por tanto, lo clasifica como terrorista.

 

Con esto, tanto la libertad de expresión como la de asociación fueron penalizadas para las personas LGTBIQ+, obligándolas a estar en el clóset de por vida, huir del país o enfrentar discriminación social y estatal, ninguna de estas opciones es razonable y solo agudiza la crisis en derechos humanos en ese país.

 

Esta forma de criminalización de la diversidad sexual disfrazada de «proteger los valores» es cada vez más tomada en cuenta por otros lugares, nótese Hungría, Florida en Estados Unidos y recientemente Uganda Esta escalada de odio sigue sin disminuir, la falta de acciones de Naciones Unidas y la sublevación de la discriminación como eje transversal en la toma decisiones  impiden que haya una solución, al menos a corto y mediano plazo. No debería ser motivo de celebración, pero como es usual, las personas homolesbitransfóbicas aplauden estas decisiones como si la empatía y su brújula moral se les hubiera achicharrado con tanto dogma.

 

Ahora prácticamente cualquier apoyo emocional a menores y adultos LGTBIQ+ podría ser denunciado como «propaganda» y esto solo confina aún más a la diversidad a sufrir en silencio, lo que debería mantenernos en alerta, porque la tasa de suicidios y crímenes de odio se dispara siempre en contextos represivos, algo que afectará a cualquiera que siga este camino pavimentado en el trato cruel hacia quienes tienen una orientación sexual o identidad de género distinta a la heteronormativa impuesta.

 

Cuando la ley se usa para reprimir y oprimir, la rebelión se convierte en la única solución y lamentablemente, en los últimos años, más gobiernos de diferentes partes del mundo se unen a esta inquisición sexual en donde solo si eres heterosexual, tienes hijos y jamás te sales de tus roles, serás aceptado y respetado. Es necesario una reflexión para todes, en particular para quienes se creen con la autoridad de rechazar la sexualidad ajena solo porque «no la entienden» o su religión les dice que lo hagan.

 

Solo queda la esperanza de que algún día, ya no existan tiranos que odian la diversidad sexual, porque en el poder han demostrado de todo con tal de eliminarnos y no dejar rastro.

 

Quiero paz para mis hermanes diversos en Rusia y en todo el mundo, que las fronteras que nos dividen no nos hagan insensibles a los hechos.

Para que se instale una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es necesario que se produzcan reformas y se eliminen decretos que por ahora protegen y benefician a actores corruptos. También está pendiente hacer nombramientos en las siguientes dependencias: Fiscalía General de la República —que cuenta con autoridades interinas—, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Unidad de Política Limpia y Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Analistas sugieren que la polarización en el Congreso y la falta de voluntad política pueden complicar la aprobación de las reformas y enmiendas pendientes. 

 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Jorge Cabrera



El 27 de enero, en su discurso de toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro lanzó 22 promesas ante los miles de presentes en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. La décima tenía que ver con que en los 100 días siguientes se tomarían medidas urgentes, como la pronta instalación de una «Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas».

 

Casi dos años después, Alice H. Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, fue consultada en una rueda de prensa acerca de la fase en que se encuentran las negociaciones y de los conflictos entre el oficialismo y la oposición política que mantienen paralizadas, en el Congreso Nacional, algunas reformas necesarias para instalar el mecanismo anticorrupción.

 

«Estamos ya en el intercambio de notas para la extensión del memorándum de entendimiento (…) A mí no me gusta dar la responsabilidad a un grupo u otro, especialmente en un contexto de alta polarización política, la responsabilidad la tienen todos y todas; la responsabilidad que, como oposición, como gobierno y sociedad civil se haga un esfuerzo por encontrar diálogos y construir verdaderamente un mensaje de encuentro», dijo Shackelford.

 

El abogado Alex Navas —coordinador jurídico nacional de Cristosal en Honduras y ex funcionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih)—  dijo que la instalación de una CICIH es diferente a como fue la instalación de la Maccih, porque esta última, al ser un mecanismo de la OEA, contaba con «menos laberintos políticos» que los que genera Naciones Unidas.

 

El ministro de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, dijo a mediados de noviembre que la instalación de la CICIH tardaría «varios años», no obstante, al siguiente día, retomó el tema indicando que sus palabras habían sido «malinterpretadas» y prometió que la CICIH se instalaría en Honduras durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.

 

Navas coincidió en el hecho de manifestar que la instalación de una CICIH no ocurrirá de un momento a otro y que el proceso será largo.

 

«Tiene razón el ministro Pastor en cuanto a los procesos de Naciones Unidas. Yo fui funcionario de Naciones Unidas en un momento con el PNUD, y los procesos son bastante dilatados y engorrosos», opinó Navas.

 

Las miradas para avanzar hacia la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción están puestas en el Gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro, que llegó al poder de manos del Partido Libre, institución política que tiene el control del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

 

Para instalar el mecanismo internacional, primero deben producirse reformas en el Legislativo, presidido por Luis Redondo, en donde existe una evidente polarización política que paralizó al Congreso durante tres meses, este 2023.

 

A los desafíos para instalar la CICIH se sumó el nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya —favorito del Partido Libre—, nombrado con nueve votos de una Comisión Permanente que encabeza Luis Redondo y que estará desempeñándose hasta el próximo 24 de enero cuando finalice el periodo de vacaciones. Para nombrar un fiscal general en propiedad, se requiere de 86 votos del pleno.

 

El nombramiento de Johel Zelaya, si bien no fue ilegal, ha sido señalado como antidemocrático y como un posible tropiezo para la instalación de la CICIH, según algunos analistas.

 

Desde que Johel Zelaya asumió el poder se han desengavetado acusaciones que estaban pendientes, por ejemplo, los requerimientos fiscales contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa.

 

También se giró una orden de captura contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez y contra las exfuncionarias nacionalistas Rocío Tábora y Consuelo Flores.

 

Asimismo se acusó a un implicado en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres —que según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)— es el empresario Daniel Atala, miembro de una de las familias más poderosas de Honduras.

Navas consideró que, aunque el fiscal Johel Zelaya y el fiscal Morazán «están haciendo un buen trabajo, desengavetando casos que la Maccih y Ufecic [ahora Uferco: Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción] trabajaron hace alrededor de 7 años, esos son casos que ya se venían trabajando, como el Caso Pandora II, Narcopolítica II y Red de Diputados II».

Navas dijo que Honduras necesita de una comisión internacional contra la impunidad.

«Naciones Unidas dice que el Gobierno tiene la pelota en su propia cancha», dijo a Contracorriente el abogado Navas, tras analizar el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el posible establecimiento de una CICIH.

Honduras contó con una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) desde el 2016 al 2020, sin embargo, a pesar de que esta presentó casos que hasta en la actualidad continúan siendo fundamentales, pudo ser disuelta fácilmente tras no ser renovada por el Estado hondureño. Foto Archivo CC.

Para Navas, no se puede esperar una transformación en el Ministerio Público solamente cambiando a los fiscales generales o a las autoridades de la dirección del Ministerio Público, sino que se tiene que hacer un trabajo integral.

«El Ministerio Público necesita una profilaxis y una renovación de cuadros certificados y capacitados para enfrentar los desafíos que tiene el Ministerio Público (…) esto no se arregla con cambiar a fiscales generales o fiscales generales adjuntos, sino que se necesita una reconstrucción o reformulación del paradigma de administración de justicia, una transformación total», expuso Navas.

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Negociaciones entre ONU y Gobierno de Honduras avanzan a paso lento

En el comunicado publicado por Naciones Unidas el pasado 2 de diciembre, se explicó que la Secretaría de la ONU y el Gobierno hondureño han acordado «explorar una extensión del Memorándum de Entendimiento para continuar cooperando». 

Este Memorándum tiene una vigencia de seis meses y fue firmado el 15 de diciembre de 2022. El mismo había sido ampliado la primera vez en junio de 2023.

Naciones Unidas explicó que la Secretaría ha desplegado «en cuatro ocasiones» a un equipo de expertos de las Naciones Unidas en Honduras y que «sus contrapartes hondureñas» ya fueron comunicadas sobre cuáles son las reformas básicas que se necesitan para avanzar rumbo a la instalación de la CICIH.

«Estas reformas incluyen aquellas que permitieran establecer un mecanismo futuro y funcionar eficazmente dentro del marco jurídico hondureño. Si bien se han logrado avances, aún quedan por aprobar importantes reformas para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos», indicó Naciones Unidas.

 

Obstáculos, importancia y retos para instalar una CICIH

En un reciente artículo publicado por Ana María Méndez Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), se indicó que la presidenta Xiomara Castro hizo campaña con promesas de combatir la corrupción, pero «casi dos años después de su presidencia ha habido pocos avances».

Desde que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a miembros del poder Legislativo en la «lista Engel» —explicó Méndez— el Congreso derogó los decretos 57-2020 y 116-2019 y reformó el 93-2021, que tenían que ver con el impedimento para incautar documentos a personas acusadas de corrupción, con el lavado de activos y con el blindaje de funcionarios públicos ante investigaciones de la fiscalía.

La exigencia de una CICIH se remonta a mayo de 2015, cuando miles de hondureños salieron a las calles en las conocidas marcha de las antorchas. A ocho años de eso y a dos años de que la Presidenta Xiomara Castro prometiera una pronta instalación, el proceso sigue estancado en la primera fase de negociaciones. Foto CC/Jorge Cabrera

La Directora para Centroamérica de WOLA agregó que «según los expertos de la ONU, el Congreso de Honduras debería derogar las disposiciones del Decreto 130-2017 del Código Penal, que reduce sustancialmente las penas por corrupción y delincuencia organizada, y el Decreto 117-2019, que incorpora la inmunidad parlamentaria».

Méndez destacó que entre los obstáculos para instalar la CICIH está que el gobernante Partido Libre colocó a su «candidato preferido» como interino al frente del Ministerio Público. 

«En medio de la violencia y los desacuerdos, se instaló una Comisión Permanente del Congreso que celebró una sesión extraordinaria para designar a Johel Zelaya como Fiscal General de la Nación y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto, ambos como interinos», en ese sentido, consideró Méndez, «un Congreso dividido y la falta de voluntad política del presidente podrían complicar la aprobación de las reformas y enmiendas pendientes».

Méndez sostuvo que en Guatemala se implementó con éxito una CICIG, entre 2007 y 2019, pero que en el caso de Honduras poner en marcha la comisión «requerirá que el Congreso apruebe reformas impopulares».

 

Naciones Unidas busca evitar en Honduras lo sucedido en Guatemala

El abogado Alex Navas expuso a este medio que, a su criterio, las Naciones Unidas aprendieron de las lecciones de los mecanismos internacionales anticorrupción que fueron desmantelados en el pasado, tanto en Honduras como en Guatemala, y que están buscando la forma de tener garantía de que eso no vuelva a suceder.

«Hubo muchos problemas cuando el Estado guatemalteco cerró filas para sacar a la CICIG, porque esta había llegado a investigar a grupos élites de poder que dominan Guatemala, incluyendo entidades políticas y económicas. Le cerraron las puertas a la CICIG y la sacaron abruptamente», expresó.

Navas consideró que Naciones Unidas está buscando «todos los respaldos y todas las garantías de que lo que le sucedió en Guatemala no le vaya a suceder en Honduras» y que también están al tanto de la experiencia con la MACCIH.

Para Navas, hay otras reformas que Naciones Unidas ha visualizado a través de este grupo de expertos, tales como: la aprobación de la ley de colaboración eficaz, la revisión de apartados del Código Penal con respecto a los delitos contra la administración pública y revisión del tema de la amnistía de enero de 2022 con respecto a algunos funcionarios del Gobierno del expresidente Zelaya.

«Y debo hacer hincapié que en esos momentos del Golpe de Estado no habían garantías para el juicio justo, pero ese es un requerimiento de Naciones Unidas en este momento», explicó Navas.

Navas expuso que existen sectores que han lanzado una alerta amarilla para la instalación de la CICIH porque hay asuntos pendientes como la elección del Fiscal General en propiedad, la selección de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la Unidad de Política Limpia y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

«Estas son las instituciones que están en la primera línea de combate a la corrupción. Creo que ahí transita el tema de la instalación, que todavía en el comunicado de Naciones Unidas dice que el Gobierno tiene la pelota en su propia cancha y que ya el Estado hondureño tiene que tomar las medidas necesarias para que estos requisitos se cumplan», expuso Navas.

Contracorriente consultó a Navas si en el mandato, la CICIH también debería perseguir delitos de narcotráfico, a lo que contestó que «no se puede desconocer que el narcotráfico ha permeado estructuras del Estado y que, utilizando la corrupción, generó un debilitamiento institucional y casi un Estado fallido, por lo tanto creo que las líneas de trabajo de la CICIH también deben ir encaminadas a desmantelar estructuras relacionadas con el crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de armas y otras».

El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) publicó un informe en noviembre pasado titulado: «El perfil deseado de la CICIH, una mirada desde la Sociedad Civil» en donde concluyó que la CICIH «debe ser un mecanismo imparcial, independiente y autónomo para que se pueda garantizar la persecución penal en contra de las redes de corrupción».

A criterio de Cespad, la sociedad civil debe ser parte del proceso de instalación, a través de mecanismos de participación a lo largo de la vigencia del trabajo y que «es urgente que el Gobierno reconozca en la ciudadanía un aliado y garantice espacios de interlocución para la entrega de propuestas».

Diciembre es bonito, pero también maldito. Muchos celebran la familia, la religión y la felicidad, mientras otros enfrentan un reto o una trampa. Es el caso de los internados de La Luz de la Esperanza, una casa hogar de Comayagüela que recibe a personas alcohólicas y drogadictas. En diciembre agarraron «sus primeras patas», se sintieron más solos y excluidos, bebieron con los demás antes de terminar a escondidas, en fin, abrieron o reabrieron la herida. Este año, se prepararon para no dejarse «absorber por la temporada». Aquí, fragmentos de sus combates. 

 

Texto: Célia Pousset

Fotografía: Fernando Destephen

 

Jueves 16 de noviembre 



En la sala principal de la casa hogar La Luz de la Esperanza ya pusieron el árbol de Navidad con sus lucecitas. Son las siete de la noche. Los internados bajan de los dormitorios y se sientan con Tony Caballera, el coordinador del refugio. Es la hora de la terapia grupal. Jeremy toma la palabra: 

 

—Buenas noches. Soy alcohólico… y me vale verga sus vidas.   

 

Los demás se quedan en silencio, un poco ofendidos, hasta que uno grita «cuente», y entonces los demás responden en coro, como un amén, «cuente». 

 

—Me vale verga sus vidas porque yo me tengo que enfocar en la vida mía.

 

—Cuente —le alientan otra vez. 

 

—Ya no quiero sufrir de esa enfermedad, tengo 23 años y 1o años de ser adicto. Ya no me aguanto así.  Saber beber era mi orgullo, el cuerpo lo pedía y yo le obedecía. Bebía porque el olor a guaro despierta en mí el animal que llevamos dentro todos los alcohólicos. Ese animal que es como un otro yo. 

 

Jeremy dice el «animal adentro», pero los demás tienen otras metáforas. Alex dice que “««bajo el alcohol era peor que el [huracán] Mitch», y David se declara “«impotente ante el alcohol como ante las olas del mar». 



—Como saben —continúa Jeremy — yo descargaba busitos en El Chiverito, esa zona que me hizo mucho daño. El alcohol lo venden hasta en las chicleras, por 25 lempiras se consigue un frasco de Yuscarán. Yo no podía resistir. Al principio bebía sólo el sábado, pero en un momento, ya saben, compañeros, queremos que todos los días sean sábado. 

 

La casa hogar La Luz de la Esperanza se encuentra en Las Crucitas, a dos pasos de un puesto de carnitas, a cincuenta metros de una iglesia evangélica y a dos cuadras de El Chiverito, barrio conocido por sus cantinas, las trabajadoras sexuales y la venta de drogas. Para llegar aquí, hace falta atravesar uno de los puentes que conectan Tegucigalpa con su ciudad hermana, Comayagüela, separadas por el río Choluteca. Hay que pasar varios barrios controlados por pandillas rivales. En una calle más ancha que las otras, encontramos la casa hogar con su fachada azul recién pintada. Ahí viven 42 personas que sufren de adicción al alcohol y otras drogas.

 

Jeremy, David, Alejandro, Fátima, Julio y los demás residentes deben compartir algo de sí mismos en voz alta con el grupo. Algunos lo hacen con más facilidad que otros, pero nadie juzga. Concuerdan sobre una cosa: las fiestas de fin de año son una pesadilla, una tentación y una presión social tremenda. 

Jeremy muestra un blíster de pastillas que le sirven para controlar la ansiedad de la abstinencia de alcohol. Foto CC/Fernando Destephen.

Jeremy quiere estar bien en Navidad. Tiene planeado regresar a su casa con su esposa y su hija Sofía, de cuatro años, lo más pronto posible. Quiere ayudar en la panadería de su papá, en la colonia 21 de Febrero, para preparar los panes de molde de la temporada navideña. Tiene mucha voluntad de lograr todo, y al mismo tiempo le da miedo fallar y volver a consumir porque «en el fondo, lo que siento por Navidad es desánimo. Dicen que la Navidad es de niños; es cierto, yo ya no soy un niño». 

 

Al mirar un gráfico colgado en la pared que representa las etapas de la «alcoholomanía» según el doctor E.M Jellinek, Jeremy estima que él está en la etapa de «iniciación a la embriaguez prolongada». Las etapas van desde el consumo ocasional de alivio hasta la fase crónica. 

 

La presión es enorme, pero los pasos son ínfimos. Una cuestión de horas. Lo que se anhela es pasar 24 horas sin alcohol ni drogas, y así llegar a una semana, y quizás un mes, y quizás más, pero mejor no hablar mucho del futuro. Un día es una victoria. Lo recuerdan los carteles con mensajes motivacionales pegados en la pared: «Tómalo con calma, poco a poco se va lejos». 

 

Una vez que Jeremy termina de hablar, toma el relevo Alejandro, un chico muy joven con una gorra estampada de Star Wars. 

 

—Soy alcohólico y drogadicto. Quiero agradecer estar aquí. En la cantina no nos tratan bonito, pero aquí es diferente. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Cuidamos a los que llegan por primera vez, porque nosotros sabemos lo que es dormir tirado en la calle con las moscas. ¿Quién de aquí no durmió en la calle?

 

Algunos afirman con la cabeza y otros se ríen. Una risa desde el dolor que solo puede provocar el reconocimiento mutuo de una experiencia compartida. 

 

Alejandro es el alma de la fiesta, utiliza el espacio de expresión libre de la terapia grupal como un one man show.

 

—Miren ustedes, les tengo que contar algo. Empiezo a salir con una chava. Le dije «soy alcohólico y drogadicto». Me miró fijamente y dijo: «Está bien, vamos a apoyar». Buena onda la man. «¿Para la moto?», le dije a la chava. 

 

El público se echa a reír a carcajadas. En la terapia cada quien llega a decir lo que siente, lo que vive, lo que sufre. Y a menudo se ríe. 

 

—Bueno, ya viene la época navideña y todo el mundo se pone a tomar. ¿Qué vamos a hacer nosotros?

 

A los que no regresarán a sus casas, dice Tony, los habitantes del barrio les ofrecerán tamales y harán una cena. Al final, harán una ronda agarrados de las manos o de los hombros, con un rezo final y un minuto de silencio. Dándose fuerza para un día más sin sustancia.

Rótulo informativo con los números telefónicos de la casa hogar La Luz de la Esperanza. Foto CC/Fernando Destephen.

Lunes 20 de noviembre 

 

El papá de Tony Caballera se llama Alex, tiene 51 años, y es alcohólico. Menciona que no se puede usar el verbo en pasado «porque es una enfermedad de por vida que se lleva a la tumba», a pesar de tenerla bajo control. Tony aprendió, leyó mucho para ayudar a su papá, entendió poco a poco que las dependencias al alcohol, como a las drogas, no son un vicio, sino una enfermedad. Se dio cuenta también de que al sistema de salud hondureño le cuesta entenderlo. «Siempre que acompaño a personas en los hospitales escucho cosas como “¿y quién le manda a tomar?” Lo desprecian. Estamos en un país donde no se tratan las adicciones con el mismo respeto que otras enfermedades», asegura. 

 

El estigma es grande, la culpa también.  «Pero siempre hay una razón por la que se comienza. El problema es que no indagan en eso. A veces es la pérdida de alguien, un trauma o el abandono familiar por la orientación sexual», asegura Tony.

 

Contracorriente contactó de varias formas al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa) para obtener datos de personas dependientes a nivel nacional, pero a pesar de muchas solicitudes de información no recibimos respuesta. La casa hogar de Comayagüela no recibe ninguna ayuda del Ihadfa ni de ninguna institución estatal; es una iglesia la que financia el alquiler del edificio. Tampoco reciben programas de formación por parte de profesionales de la salud. «Si ni a usted le contestan, olvídese de nosotros», se ríe Tony. 

 

Con esas circunstancias, la terapia grupal se parece un poco a una reunión espiritual semejante a las que se dan en decenas de iglesias de la capital. El programa se inspira en el de los Alcohólicos Anónimos y propone apoyarse de una «fuerza superior» para no sentirse solo en la lucha contra la adicción.

Después de la reunión se forman en círculo para continuar apoyando el proceso de recuperación. Foto CC/Fernando Destephen.

A David le cuesta un poco adherirse a esa visión, pero  no tiene otra opción que seguir terapias con esa carga religiosa: «Me gustaría sentir esa comunicación con un poder superior, pero no es fácil. No lo logro siempre. Hay un grado de conciencia que resiste a pesar de todo lo que he consumido». David tiene 32 años, es técnico audiovisual, lleva tres meses sin tocar ni alcohol ni crack. Él insiste en que no llegó a dormir en la calle, pero solía salir bien vestido, con zapatos bonitos, con su loción, y regresar sin nada por haber vendido todo para comprar sus «vainas». 

 

Alex, el papá de Tony, lleva ahora cinco años sin consumir, pero sabe que tan solo con una cerveza, no podrá parar: «Nunca podré beber socialmente, es la realidad, no soy capaz. Yo soy una bomba de tiempo. Me encantó el alcohol, es divino, lo vi como un regalo. Con él podía olvidar resentimiento, frustración, enojo. Brindaba, borrón y cuenta nueva. Pero se me hizo una obsesión, yo quería una copa y quería la botella. Los otros desaparecen como humanos. Yo estoy a la misma distancia de vos que de una botella. Jamás pensé que iba a llegar a eso. Me despertaba y pensaba ¿a qué hora me metí aquí? Es como un pequeño suicidio lento. La mente se nos vuelve un laberinto y la única salida que encontramos es beber guaro. No es vagancia, es soledad. Y si no tengo nada, ¿qué voy a dar a los demás? Aquí nos hacemos un poco egoístas, pero para bien. No es un camino fácil, hay que abrirse el paso y no a medias. Ahora sé que el regalo que me ofrezco a diario es la obediencia. Hay que ser obediente, pero a nadie más que a uno mismo. La suspensión diaria es como si alguien te dijera: te suspendemos la condena».

 

Suspendemos tu condena.

Cuadrillas de limpieza de la alcaldía limpian las aceras de los bares en El Chiverito. Foto CC/Fernando Destephen.

Lunes 4 de diciembre 



Jeremy está de vuelta. Había salido de la casa hogar hace una semana. 

 

El sábado se echó tres caguamas; su esposa llamó a su padre y ambos trajeron a Jeremy de vuelta a La Luz de la Esperanza. Regresó llorando de rabia pues, como él dice, «que yo tome una gota o un litro, da lo mismo». 

 

Lo metieron en la Morgue porque no había otro espacio disponible. El espacio que llaman la Morgue son tres cuartos bajo llave donde las personas en estado de ebriedad agravada —los «muertos en vida»— se recuperan. Los internados que están en mejor condición se turnan para cuidar a esas personas que suelen convulsionar, delirar o desmayarse. Les inyectan medicamentos para evitar los efectos desastrosos de una abstinencia brutal, les dan de comer. A veces deben alejarse con precipitación porque se ponen agresivos. 

 

Ese trabajo de cuidado forma parte de la terapia ocupacional que se practica. Cada día hay tareas de limpieza y cocina que hacer. Eso contribuye a llenar días muy aburridos. En la casa no existen muchas formas de divertirse. Hay una pulpería, un televisor, unos libros, un juego de naipes. Sin embargo, a menudo, el tiempo es soólo una espera lenta entre muros ajenos. Algunos pueden salir, pero después cada quien asume su responsabilidad. David resume : «Después de esta puerta, es tu decisión». 

 

 

Fátima suele salir y vagabundear en el barrio donde creció y vivió desde sus 13 años: El Chiverito. Tiene ahora 55 años y es la única mujer del refugio. Llegó a la casa hogar porque estaba cansada de dormir en la calle: «Aquí se come bien y no nos ponen en bartolinas como en otros internados». 

 

Nos sirve de guía en El Chiverito. Todo el mundo la conoce y ella conoce todas las cantinas y las carnicerías donde se preparan las tripas para el mondongo y se descuartizan reses. 

 

—¿Te acordás cuando dormíamos aquí todos en fila? —pregunta a un hombre sentado en una acera. 

 

—Sí, hombre, ¡un hotel cinco estrellas! ―contesta el hombre con sorna. 

 

Fátima ha sobrevivido a uno de los barrios más calientes de Comayagüela, que solía amanecer con heridos y muertos. La golpearon, pero nunca la violaron, dice. Vivió rodeada de hombres, y por eso no le da miedo estar con hombres en la casa hogar. «Me respetan», afirma. Cuando uno vive en la calle sabe que no hay amigos posibles, solo compañeros de infortunio. 

 

A Fátima le gusta bordar. Es una actividad de paciencia que le ayudó a vencer los demonios del alcohol. Ahora devuelve 40 lempiras de cada bordado vendido en el mercado al proyecto de Tony. El 24 de diciembre estará en la casa hogar. «¿Adónde más puedo estar?». Tiene hijos, pero esa es una larga historia.

Un hombre carga carne en un freezer de una de las distribuidoras de carne en el mercado situado en las cercanías de los bares de El Chiverito, donde a veces les ofrecen trabajo a los alcohólicos. Foto CC/Fernando Destephen.

Martes 5 de diciembre 

 

A lo lejos se vislumbra la figura del Cristo en la cima de El Picacho. Brilla su blancura. Julio regresa a la casa hogar. Acaba de vender casi toda la mercadería que tenía que vender para ganarse sus 300 lempiras diarios. En la bolsa que carga en el hombro quedan algunos platos de melamina que nos enseña con orgullo, blancos y livianos. Deposita la bolsa junto a sus pies y dice: «Yo vendo de todo, cigarrillos, chicles, cacahuates, especias…». 

 

Julio es de los pocos internados que tienen un trabajo, aunque informal. Todos los días, va al mayoreo a partir de las seis de la mañana con sus productos y con unos botes multicolores de un limpiador de pisos elaborado de manera casera, cuya venta sirve para comprar la comida compartida del refugio. Le gusta la idea de contribuir a la pequeña economía de la casa porque «sin ella estaría muerto», dice.  

 

De repente, coloca dos sillas una frente a otra en la sala principal, nos sentamos y nos miramos un rato. «¿Soy guapo, no?» ―pregunta con una sonrisa, antes de aclarar―: Por fuera me miro bonito, pero por dentro estoy podrido».  Julio es delgado, de tamaño mediano, piel bronceada. Tiene 34 años y lleva un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Viste una camisa roja con bordados de tejido maya que le ilumina la cara. Pues sí, es guapo, nada delata su cirrosis, el envenenamiento de su hígado.  

 

También es gay, y aunque tiene inscritos en la pared de enfrente los siete pecados, nunca en el transcurso de la entrevista menciona su orientación sexual como un pecado o una enfermedad. Su pecado es el número seis, la ira.  La enfermedad es el alcoholismo. Punto. «Para la sociedad es diferente, somos discriminados por ser gays», dice. 

 

En esa casa hogar de Comayagüela, una gran parte de los internados forman parte de la diversidad sexual y de género. Tony, el coordinador, estima que representan «casi la mitad». 

 

A Julio lo han agarrado a machetazos, lo han golpeado, lo han violado. «En la calle, el alcohólico y el gay no valen nada», dice. La calle es un lugar peligroso, pero es el último que le quedaba. Su mamá murió cuando él era aún niño, y su papá bebía tanto que él tuvo que ir a un orfanato, una institución desastrosa que violentaba a los menores. Temprano agarró el gusto por salir. «Yo empecé a beber socialmente en las discotecas, con mis amigos. Me tomaba mis dos o tres cervezas y estaba feliz. Estaba cegado. Luego bebí cada vez más. Yo creo que somos enfermos emocionales. Nos autopajeamos y nos echamos las birrias por cualquier pretexto. En mi caso, es porque tengo un corazón blando, noble, pero me han hecho riata», explica.  

 

Se enamoró de Raúl, un zapatero que conoció en otro centro de rehabilitación de adicciones. Eso le empujó a decirle a su padre que era gay, a pesar de que “«él lo echaba de ver desde hace mucho tiempo». Por suerte, su familia lo aceptó. Fue un alivio profundo, pero no fue suficiente, pues ya estaba sufriendo de una adicción que le pedía alivios superficiales seguidos. 

La cuesta El Centavo forma parte de la zona de El Chiverito, que es una zona intermedia entre los negocios y los mercados de Comayagüela. Foto CC/Fernando Destephen.

A veces Julio agarraba pata con Raúl, a veces lo hacía solo porque Raúl coqueteaba con mujeres, y eso le destrozaba el corazón: «Si yo me enamoro de una persona, pero él no se enamora, soy resentido y pienso: “me voy a poner a verga”. Yo no bebo para disfrutar, bebo para dar lástima». 

 

Hace dos años se hicieron pareja formalmente y Raúl le regaló un anillo. A partir de ahí, ingresaron juntos muchas veces en centros de desintoxicación; muchas veces también salieron y recayeron. Al final, el zapatero no quería internarse porque le asfixiaba el encierro y Julio tenía que insistirle, en vano. 

 

No se sabe exactamente qué pasó aquella noche de noviembre. Julio no estaba. Raúl murió en el Hospital Escuela hace un mes. El doctor dijo: «Andaba bolo, convulsionó, pero murió por sus golpes». Julio asistió al velatorio  de su pareja; luego ingresó en La Luz de la Esperanza para no lastimarse bebiendo. Para esta Navidad, solo desea un poco de calma. 

 

«Él siempre me decía que iba a morir bebiendo y así fue, murió bebiendo», dice Julio, antes de subir al dormitorio.  



Viernes 15 de diciembre 

 

«He bebido por alegría

 

He bebido por haber perdido mi trabajo

 

He bebido por decepción amorosa

 

He bebido para aguantar todos los días mi verdad». 

 

Anónimo. 

Una persona con problemas de alcoholismo duerme en la acera de una tienda, cerca de un bar en El Chiverito. Foto CC/Fernando Destephen.

Hacia el futuro

 

Hay mucho por hacer afuera. Jeremy piensa terminar su carrera universitaria en Ingeniería Civil iniciada en la UNAH, y vivir junto a su esposa y su hija. David quiere trabajar como técnico audiovisual en conciertos de Tegucigalpa. Julio sueña con abrir un negocio formal. Fátima desea una vejez menos dura de lo que ha sido su vida. Alejandro quiere una moto. Alex y Tony anhelan acompañar a más personas alcohólicas en sus combates. 

 

Si lo desean, podrán pasar el 24 y el 31 de diciembre en La Luz de la Esperanza. Ahí se refugiarán para resistir a la soledad, a la familia, a su ausencia, a la nostalgia, a la euforia, a lo que sea que represente el llamado apremiante de la bebida o de la droga.  


A los que saldrán, Fabio les dirige unas últimas palabras: «En Navidad, algunos de nosotros van a caer, lo sabemos, pero podemos no tomar, podemos lograrlo, compas, otros lo han hecho. Quiero que lo logremos… Si querés ponerte a verga, hacelo, el guaro que vas a tomar no me hará daño a mí. Cualquier cosa, yo te espero aquí en enero».

La crisis luego del nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público se ha extendido a lo interno de esta institución. Según fuentes consultadas por Contracorriente, la estructura afín a los fiscales salientes Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián busca mantenerse, lo que ha desatado acciones como fuga de información en investigaciones en contra de funcionarios del gobierno anterior, designación de familiares en altos cargos por parte de funcionarios, y división en el personal de la institución.

 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales general y adjunto en calidad de interinato agravó la polarización política en Honduras. Mientras funcionarios y congresistas del partido de Gobierno mostraron su respaldo político en el nombramiento de estas autoridades, la oposición —integrada en su mayoría por políticos y activistas del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y generales en condición de retiro como Romeo Vásquez Velásquez— salió a marchar para mostrar su inconformidad por la designación de ambos como máximas autoridades del Ministerio Público. 

Además de la confrontación política, la elección de los nuevos fiscales desencadenó la sanción por parte de Estados Unidos a funcionarios que avalaron este procedimiento, y por los actos violentos que se registraron previo y durante la elección. Sin embargo, hasta el momento no han oficializado la lista de congresistas a quienes el gobierno estadounidense les retiró la visa como sanción.

Un empleado del Ministerio Público contó a Contracorriente que el nombramiento de los fiscales interinos trajo esperanza para la mayoría de los que laboran en la institución, pero que ha generado una pugna no solo a nivel de empleados, sino de direcciones y fiscalías.

«La estructura de [Óscar] Chinchilla sigue vigente, por eso hay intranquilidad y división en el personal del Ministerio Público, ya que los subalternos han denunciado a sus jefes por abusos, acoso, hostigamiento, lo que ha hecho difícil la convivencia dentro de las áreas», detalló el empleado.

Esta persona también señaló que la remoción de Ricardo Castro como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y su reasignación como subjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) generó expectativas sobre los cambios en las direcciones y fiscalías del MP, y esperaban que así cambiarían los operadores, investigadores y coordinadores de fiscalías. Sin embargo, el empleado indicó que todo apunta a que los fiscales generales están esperando a ser ratificados en el Congreso Nacional para realizar más movimientos, lo cual ha traído incertidumbre para quienes están en contra de la estructura afín a los fiscales anteriores.

 

Además, en el comunicado emitido por el Ministerio Público el 9 de noviembre no solo se anuncia la destitución de los directores de la ATIC, sino la destitución del jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Héctor Antonio Morales, con el propósito de lograr una «mejoría en los procesos de investigación e imputación final y con el fin de evitar errores».

Mientras esta elección con mayoría calificada sigue suspendida dentro del hemiciclo legislativo, el empleado dijo a este medio que los casos de alto impacto a los cuales ha dado trámite el Ministerio Público en los últimos días no han sido decisión exclusiva de los fiscales generales, sino de una comisión integrada por los jefes de las distintas fiscalías y direcciones de la institución, contrario al proceso investigativo de las denuncias que recibe el MP.

Este proceso consta de recepción de la denuncia; luego se califica el posible delito, se asigna a qué fiscalía pertenece y esta recibe la denuncia; posteriormente el fiscal jefe asigna el caso a un investigador, elaborando un auto de requerimiento de investigación; el investigador determina el modus operandi de los implicados en la investigación, y una vez se tengan los elementos necesarios se elabora un proyecto de requerimiento donde el fiscal decide si la investigación procede o no; de proceder, se remite al director de fiscales del Ministerio Público.

 

Para este empleado, la determinación de conformar una comisión entre todas las fiscalías del Ministerio Público para dar trámite a los casos de alto impacto social representa algo positivo, considerando que casos de corrupción que han estado engavetados por años ahora están siendo resueltos; pero también hizo cuestionamientos, considerando que está conformada por fiscales que por años no «pasaron» esas investigaciones, entre ellos el director de fiscales, José Mario Salgado, y la subdirectora María Tejada Pineda.

El fiscal general interino, Johel Zelaya, brinda una conferencia de prensa en las afueras del Ministerio Público. Foto CC/ Fernando Destephen.

Otra fuente consultada por Contracorriente confirmó esta información, y además agregó que es la subdirectora de fiscales, María Tejada, quien está presentando requerimientos en contra de parejas sentimentales de fiscales, con la finalidad de hacer presión dentro de la institución para ostentar la dirección de fiscales.

Pocos días después de que los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán asumieran como autoridades, circuló por medios de comunicación el despido de la jefa de personal de la institución, Dara Paola Anchecta. Sin embargo, el empleado reveló que la funcionaria no fue despedida, sino que fue regresada al puesto en que laboraba antes, al que renunció posteriormente.

La decisión de remover a Anchecta como jefa de personal, según este empleado, se da después de que ella autorizara aumentos de salario de hasta 40 mil lempiras a empleados afines al exfiscal adjunto, Daniel Sibrián, antes de que los nuevos fiscales interinos fueran nombrados. Según la fuente, una de las empleadas que Anchecta buscaba favorecer era una sobrina de Sibrián, quien actualmente labora como asistente jurídica, pero busca ser asistente de la fiscalía general y así acercarse al nivel superior de la institución.

 

Según el empleado, entre las acciones que promueven los fiscales interinos están unificar los distintos módulos del Ministerio Público, entre ellos la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para colaborar en la creación de un solo archivo en los mismos casos que llevan estas unidades y así aminorar el costo en los gastos de las investigaciones. Para este empleado, uno de los nombres más sonados para asumir la jefatura de esta unidad sería el actual jefe de la Uferco, Luis Javier Santos.

Instalaciones del Ministerio Público, donde, después del nombramiento interino de fiscal general y adjunto, se ha removido y cambiado a personal y directores de las distintas fiscalías. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Para el abogado penalista Fernando González, los movimientos dentro del Ministerio Público responden al relevo generacional que siempre se hace cuando hay un nuevo jefe en cada una de las instituciones del Estado, y que, en este caso, se desconfía de todo aquel vinculado al Gobierno anterior.

«Todo aquello que huela a Juan Orlando, todo aquello que huela a Chinchilla y todo lo que huela a Sibrián va a ser removido. Acordémonos [de] que todos estos jefes de departamento, fiscalías, unidades especiales del Ministerio Público, estuvieron más de 10 años o casi 10 años viviendo la buena vida, usando carros blindados, resguardo policial y gozando de otras comodidades», dijo el abogado González a Contracorriente.

Para el abogado, el Ministerio Público viene de un momento «neurálgico» en el que los operadores de justicia también gozaron de los bienes obtenidos mediante delitos o crimen organizado. Entre estos está el caso de 22 policías que hurtaron 1.3 millones de dólares del botín que escondían los Valle en el occidente de Honduras, en 2014.

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El abogado también mencionó como ejemplo el caso de las incautaciones a Los Cachiros, en el que «abogados y abogadas hacían incautaciones o tomaban objetos de valor de las casas de los señalados por narcotráfico, y después lucían estos artefactos».

 

¿Qué hay detrás de la reasignación de Ricardo Castro, exdirector de la ATIC?

Decomiso de droga realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en agosto de 2022. Foto de archivo CC/ Jorge Cabrera.

Una fuente que tiene conocimiento del funcionamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal aseguró a Contracorriente que la reasignación a la Uferco del director y subdirectora de la ATIC, Ricardo Castro y Kenya Patricia Reconco, fue algo que tomó por sorpresa a los empleados, considerando que Castro había liderado esta unidad desde sus inicios.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fue creada en el primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, en marzo de 2014, para conformar un cuerpo independiente de la investigación penal e investigar delitos graves de alto impacto social en los que se prohíbe dictar medidas sustitutivas, entre ellos: secuestro, extorsión, asesinato, femicidios, lavado de activos y narcotráfico. Además, cuenta con su propio reglamento.

Esta fuente aseguró que una de las razones por las cuales se reasignó a Castro a la Uferco es por la filtración de información sobre investigaciones de alto impacto relacionadas con funcionarios de la administración anterior, entre ellos, la captura de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, y la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a quienes se les giró una orden de captura el 9 de noviembre de este año. De las dos exfuncionarias solo se ha capturado a Rocío Tábora, y se desconoce el paradero de Alba Consuelo Flores.

La fuente señaló que es notoria la cercanía entre Castro y el fiscal general interino Johel Zelaya, la cual se ha visto reflejada también en la reasignación de elementos de seguridad de Castro, que ahora están al servicio de Zelaya. Además, Castro continúa teniendo injerencia en la agencia por medio de su cuñada, quien se desempeña en el departamento de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, e informa a Castro sobre las investigaciones que están resolviendo en la ATIC y solicita su visto bueno, aseguró la fuente.

Una de las primeras en pronunciarse en contra del nombramiento de Castro como subjefe de la Uferco fue Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, quien en su cuenta de X cuestionó si este movimiento se podría tratar de un error de los nuevos fiscales o «una negociación para la entrega  de los ampones [hampones] del crimen organizado y del narcogobierno qué ellos fueron cómplice» [sic].

 

Villanueva también ha denunciado por años la inoperancia del abogado Ricardo Castro en el caso de la agente de investigación de la ATIC, Sherill Yubissa Hernandez, quien falleció de forma violenta en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Otra información que recibió este medio en condición de anonimato es que existen denuncias en contra de Ricardo Castro por acoso, ya que una de sus prácticas mientras se desempeñaba como director de la ATIC era acosar sexualmente a investigadoras de esta unidad. Si las investigadoras o subalternas del exdirector de la ATIC ponían un alto o denunciaban el acoso recibido por parte de Castro, este las reasignaba a San Pedro Sula como castigo.

Sobre estos señalamientos, el abogado y exdirector de la ATIC, Ricardo Castro, aseguró a Contracorriente que el caso de la agente Sherill Hernandez es algo en lo que no tiene nada que ver, y que la única denuncia que ha enfrentado es por acoso laboral vertical.

«Ahí está el cierre de esa denuncia, y se trata de acoso laboral vertical, por el tema del trabajo, es cuando uno le llama la atención a los empleados porque tienen que trabajar», dijo el abogado Castro a este medio.

Además, señaló que el caso de la agente Hernández quienes «deciden cerrarlo son los fiscales, cuatro fiscales de delitos contra la vida que después de un análisis deciden hacer un cierre del caso, yo no tengo nada que ver en eso. Es un tema que quieren sacarlo cada vez que quieren levantarle el perfil a alguien».

El exdirector de la ATIC niega que desde la agencia mientras él estaba al mando se haya filtrado información a las exfuncionarias, Rocío Táábora y Alba Consuelo Flores, requeridas por el caso de los hospitales móviles, señalando que fueron ellos (la ATIC) quienes declararon en este caso y quienes estuvieron primero en la inspección de los hospitales cuando llegaron a Puerto Cortés con equipo técnico y pericia técnica-científica.

«¿Por qué no dicen cuantas operaciones hicimos nosotros para combatir la corrupción en contra de las maras y pandillas? También resolvimos casos como el de Berta Cáceres, del fiscal Orlan Chávez, el de Fredy Mármol y hospitales móviles. Nosotros devolvimos la investigación al Ministerio Público con casi 138 operaciones con éxito y con condena», manifestó Ricardo Castro.

Por otro lado, la fuente consultada por este medio detalló que la falta de dirección en la ATIC ha ocasionado que la carga en los investigadores incremente exponencialmente, algo que la agencia ya experimentaba hace dos años. Según esta fuente, desde ese entonces la estrategia en la presentación de casos de alto impacto de la ATIC ha estado paralizada, y aproximadamente 40 agentes se han retirado debido a que el abogado Castro no daba trámite a sus investigaciones.

«Son aproximadamente 226 agentes los que existen en la ATIC; si existieran 200 y cada uno presentara un caso cada mes, como es lo debido, se estarían presentado 2,400 investigaciones al año, y lo máximo que se presentan son 960», indicó esta fuente, quien además agrega que actualmente cada agente de la ATIC tiene asignados entre 50 a 70 casos, y que en este momento existen 5 vehículos asignados por cada 20 investigadores.

Además, la fuente aseguró que es así como casos de alto impacto quedan impunes, y que es urgente que las nuevas autoridades en la fiscalía general se rodeen de nuevos asesores, no los mismos que sirvieron al exfiscal general Óscar Chinchilla y buscan fortalecerse en la institución.

«Da importancia estar dentro del sistema de investigación criminal y tener que luchar con los jefes para tener libertad de investigación; por eso, en parte, es que se necesita que el nuevo fiscal general valore cambiar la estructura dentro del Ministerio Público», indicó la fuente.

Según el abogado Castro, exdirector de la ATIC, la rotación de personal en la agencia es algo normal y no ha impedido su buen funcionamiento. El ahora subjefe de la Uferco expresó que si el personal se va de esta agencia es porque obtienen mejores posiciones, mejores trabajos y mejores condiciones. Además, detalló que de las cuatro promociones que se han graduado de la ATIC han resultado 252 agentes, y que todo investigador tiene libertad de investigación.

«Ningún director maneja los expedientes, son los agentes investigativos; en ATIC jamás un caso lo llevaba un director o directora», aseguró Ricardo Castro.

En este sentido, el exdirector de la ATIC apuntó que su reasignación a la Uferco no debe de sorprender ni causar sospecha, debido a que la llegada de nuevos fiscales a la institución siempre representa cambios en toda la estructura.

«Cuando a usted lo nombran en una dirección ahí se queda durante un tiempo —manifestó Castro—; eso lo establece la ley, está con un periodo de licencia, y una vez que vence su licencia vuelve a su función normal, la de ser fiscal. Todos somos así, cuando dejamos de ser directores volvemos a ser fiscales y a llevar una carga normal como cualquier fiscal», afirmó.

Con esto, Castro sostuvo que los fiscales buscan rodearse de gente de confianza, y que los cambios, despidos, renuncias o destituciones dentro de la institución son normales debido que dentro del Ministerio Público el personal se rige por el principio de jerarquía y ellos, como subalternos, están sometidos a respetar esas decisiones.


Para el exdirector de la ATIC no existe una pugna dentro del Ministerio Público. Cuando se le pregunta si la estructura del exfiscal general, Oscar Chinchilla, busca afianzarse dentro de la institución, él prefiere no referirse al tema, afirmando que dentro del MP «nosotros no somos políticos, aquí han pasado varios fiscales, liberales, nacionalistas, de todo, nosotros estamos para trabajar casos y nada más».


La administración encabezada por Xiomara Castro ha anunciado una inversión gigantesca en infraestructura para el tercer año de su gobierno, cuando en Honduras comienza la carrera hacia las próximas elecciones y desde diversos sectores de sociedad civil se cuestiona que el gobierno está retrocediendo en temas de transparencia. 

 

Texto: Allan Bu

Fotografía: Amílcar Izaguirre

 

El Gobierno de Xiomara Castro adelantó que hará una inversión de más de 14,000 millones de lempiras en la red vial y en un proyecto denominado «caminos productivos», un programa orientado a mejorar las vías terciarias y vecinales en municipios de todo el país. Este llamado Plan de Reconstrucción Nacional fue anunciado en un video que circula en redes sociales, en el que de forma general se dice que se enfocará en tres sectores: vial, productivo y social. 

 

En una entrevista para Contracorriente, el economista Julio Raudales dijo que esos picos en la asignación al presupuesto de la infraestructura productiva suelen pasar cuando ya se acercan las elecciones; en nuestro país incluso ya se mencionan precandidatos presidenciales.

 

Las carreteras tienen como finalidad conectar las zonas de producción con los grandes mercados;  «esa es la lógica de una carretera», describe el economista Ismael Zepeda, quien espera que en la inversión propuesta por el Gobierno para el próximo año cumpla con este requerimiento. «Tiene que haber un estudio, porque uno puede decir que necesitamos la reparación de tal vía, pero quizás otra carretera tiene prioridad técnica. Ahora, como hay propaganda partidaria, los proyectos van más enfocados a la carga electoral que a la carga técnica», sostuvo el también analista político. 

 

Honduras tiene una red vial aproximadamente de 12 mil kilómetros, sumadas las carreteras primarias, secundarias y terciarias. De esa red, únicamente 3,900 kilómetros están pavimentados, y la mayoría se encuentran en mal estado, como la CA-4 y la carretera que conduce de El Progreso a la ciudad de Yoro, en el departamento del mismo nombre; ambas vías se encuentran en un estado deplorable. Entre las carreteras del país destaca la CA-5, que une Tegucigalpa con San Pedro Sula, que se encuentra en buen estado, pero está concesionada.

Durante el año 2023, el Gobierno de Xiomara Castro destinó para el mantenimiento vial L 652 millones, de los cuales solo se ejecutó el 59 %. Para la construcción de carreteras se destinaron  L 2,600 millones y solo se ejecutó el 50 %, según información oficial, quedando pendientes de ejecución más de 1,000 millones de lempiras. En la construcción de puentes, hubo una asignación de L 99 millones, con una ejecución del 60 %. 

 

Estas cifras aumentarán en 2024. Las proyecciones que aparecen en el portal Honduras Inversiones reflejan que solo para rehabilitación de carreteras hay destinados más de L 3,819 millones, en un aumento de casi 800 % del presupuesto de 2023. Para construcción de vías se pretende asignar L 2,991 millones, y 1,990 millones para la construcción de puentes. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendría en total una asignación presupuestaria de L 12,281 millones. 

 

El economista Ismael Zepeda no se confía ante la promesa de semejante inversión, pues opina que se debe revisar la capacidad de ejecución del Gobierno, que en el 2022 y 2023  no llegó ni a 60 %: «Pueden decir que van a invertir miles de millones, pero no se está teniendo una ejecución presupuestaria ideal. En general, [la ejecución] del presupuesto en la administración central solo fue del 86 %,  y el Plan de Inversión Pública no llegó ni al 40 %», mencionó.  

 

El monto de inversión pública total para el año 2024, al menos en el proyecto de presupuesto, asciende a L 96,460 millones, de los cuales L 35,107.6 millones serían destinados para proyectos de obras públicas, y L 51,740.7 millones serán orientados a programas sociales del Gobierno, según han publicado en el portal Honduras Inversiones

Una inversión como la propuesta por el Gobierno trae consigo un impacto positivo en la dinámica económica, sostuvo Ismael Zepeda, sobre todo en la generación de empleo. «Es algo que los economistas llamamos el efecto multiplicador del gasto, es decir, cómo esos recursos impactan en los ingresos y bienestar de las personas», explicó.

 

No obstante, Zepeda señaló también  que muchos de los recursos que se están utilizando para construir y mejorar la infraestructura están entrando al país vía financiamiento. La presidenta y la ministra Rixi Moncada en sus intervenciones hablan de una deuda de casi 20,000 millones de dólares; «esto puede precarizar más aún la situación y la sostenibilidad de la deuda», dijo Zepeda. 

 

Tras recibir la administración del Estado, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que el país estaba quebrado y tendría que recurrir a más deuda para salir a flote. Actualmente el país paga más de L 50,000 millones en servicio de la deuda externa, lo que confirma los temores de Zepeda. La ministra Moncada anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará un crédito por 600 millones de dólares para la construcción de tramos carreteros en el Paraíso, Yoro, Francisco Morazán y Atlántida. 

Personas particulares rellenan los baches a lo largo de la carretera a occidente. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El anuncio de la inversión fue hecho después de que el Gobierno implementara la suspensión de tres incisos de la Ley de Contratación de Estado, que regulan la figura del Comprador Público Certificado (CPC) vigente desde 2017, y cuyo propósito es fortalecer las buenas prácticas en las adquisición de bienes por parte del Estado.  La medida entró en vigencia el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2023. La decisión se tomó para mejorar la baja ejecución del presupuesto de la administración actual, pero es un retroceso en términos de rendición de cuentas y transparencia. 

 

Honduras se retiró de la Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura (CoST), un ejercicio global para mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las obras de infraestructura. Desde el 2014 se encontraba información detallada de los proyectos, como el costo, lugar de ejecución, compañía ejecutora, entre otros, pero el portal donde aparecía esa información, Sisocs.org, ahora está deshabilitado. 

 

La CA-4 y otros proyectos

 

El Gobierno de Xiomara Castro comenzó en el 2023 con la ejecución de varios proyectos. Quizás el más insigne de ellos es la construcción del tramo de la CA-4 entre La Entrada, Copán, y la comunidad de Naco, Cortés. Los trabajos comenzaron desde finales del 2022, pero hasta ahora son muy pocos los kilómetros que han sido pavimentados. 

 

La CA-4 fue una vía descuidada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández. Su tránsito es una tortura para los habitantes del occidente del país, pero también para los visitantes extranjeros que salen o ingresan por las fronteras de El Poy (El Salvador) y Agua Caliente (Guatemala). La carretera a occidente fue rehabilitada totalmente entre 1992 y 1996, período que abarcó el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina. La duración de esa capa de asfalto estaba estimada para unos 15 años, pero fue un trabajo de mala calidad que empezó a tener problemas cinco o seis años después de construida la vía. 

El mal estado de la carretera a occidente causa daños a los automotores y retrasos a las personas que la transitan. Foto CC/Amilcar Izaguirre

En reparaciones en esta vía se ha invertido gran cantidad de dinero. Según cifras proporcionadas por Carlos Chinchilla, coordinador del Espacio Regional del Occidente de Honduras (EROC), entre el 2006 y 2012 se invirtieron más de 500 millones de lempiras en proyectos de reparación entre San Pedro Sula y Ocotepeque. El estudio solo abarca seis años. 

 

La CA-4 quizás sea el proyecto más grande iniciado por el Gobierno, pero no es el único. Información facilitada por la SIT a Contracorriente indica que se están «ejecutando 11 macroproyectos a nivel nacional», con una inversión de L 4,693 millones. Además, la SIT está ejecutando 44 obras de interconexión municipal en 16 departamentos del país; no hay proyectos en Yoro y Gracias a Dios, según la información compartida. El departamento más favorecido es Santa Bárbara, donde se están desarrollando 11 proyectos, mientras que en Olancho hay 5 en ejecución y 4 en Francisco Morazán. En los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz y Ocotepeque actualmente solo hay una obra en ejecución. 

 

Por su parte, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) también está gestionando 67 proyectos a nivel nacional; otros 69 ya fueron terminados y hay 17 en adjudicación. La inversión total es de L 447.8 millones. Todos  los proyectos ejecutados por el FHIS, igual que los gestionados por la SIT, están siendo construidos a base de concreto hidráulico, que es un material más oneroso que el asfalto. Ambas instituciones le confirmaron a Contracorriente que ninguno de los proyectos ejecutados es de asfalto. 

 

Carlos Chinchilla, director del EROC, manifestó que las construcciones en concreto hidráulico son más «caras y avanzan con mayor lentitud, pero comparado con el asfalto tiene la ventaja que es más fácil de reparar, pues al dañarse solo se sustituye la parte en mal estado y queda exactamente igual. Con el asfalto, es la desventaja que donde se hace un bache seguramente se seguirán haciendo, aunque sale más barato». 

 

En cuanto a la durabilidad de las carreteras de asfalto, suele oscilar entre los 5 y 15 años, y las reparaciones se tienen que hacer de forma frecuente.  Las carreteras de concreto hidráulico tienen una durabilidad de hasta 30 años, con menos inversión en mantenimiento y más rapidez para ejecutarlos. Incluso se habla de que generan ahorro de combustible y que la iluminación por las noches es mejor que en el asfalto. 

 

 «Gracias a Cortés»: el Gobierno agradece los votos con carreteras

 

La CA-4 será construida por segmentos. Actualmente se está trabajando en el tramo entre La Entrada, Copán, y  Naco, Cortés. Son aproximadamente 78 kilómetros en los que trabajan tres constructoras: Empresa de Construcción y Transporte Eterna S. A.; Profesionales de la Construcción S. A. (Prodecon); y William y Molina S. A de C. V. Todos fueron proveedores del  gobierno anterior, y la última es socia del Consorcio Siglo 21 en San Pedro Sula. 

 

La obra tendrá un valor de 1,232 millones de lempiras. Sin embargo, quedará mucho por reparar en la CA-4. La directora regional de la SIT, Haylin Suárez, dijo a Contracorriente que ya están abiertas las licitaciones para construir el intervalo entre Santa Rosa de Copán y Ocotepeque, que consta de 66 kilómetros y será adjudicado el próximo año. Carlos Chinchilla indicó que hay estudios que recomiendan que un tramo de esta carretera debería ser construido en otro lugar, debido a las fallas geológicas que de forma constante provocan deslizamientos, pero todo parece indicar que se construirá en el mismo lugar. 

 

Por último, faltará por construir la vía entre Cofradía y Chamelecón. Haylin Suárez explicó que todavía se están haciendo estudios para la licitación. Adelantó que pretenden que sea una carretera de cuatro carriles, cuya construcción sería al lado contrario del río Chamelecón, donde ahora está la carretera. Sostiene que para construir donde actualmente está la calzada tendrían que reubicar a cientos de familias que viven en los márgenes. Añadió que este proyecto sería más caro, pues se debe hacer un puente sobre el río  para conectar con la parte que ya está siendo reparada: «sería un proyecto más grande», dijo.  

Los trabajos en la carretera CA-4 se realizan a paso lento. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Agregó la funcionaria que este proyecto es una forma de la presidenta de la República de agradecer por el apoyo brindado en las elecciones de noviembre de 2021. En los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, Xiomara Castro ganó en la casilla presidencial. «Con ese proyecto, la presidenta está diciendo: “Gracias a Cortés, gracias a noroccidente por el apoyo” », dijo Suárez. 

 

Corrupción  vs. transparencia

 

Uno de los principales problemas de Honduras ha sido y es la corrupción. Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), durante el segundo período de Juan Orlando Hernández anualmente se perdían en las telarañas de corrupción hasta 70,000 millones de lempiras. Bajo la administración actual, los escándalos de corrupción han disminuido, pero eso no quiere decir que ya no exista.

 

Algunos actos del actual Gobierno lo alejan de la transparencia, como la suspensión del artículo que regulaba la figura del Comprador Público Certificado. Para el analista Ismael Zepeda, esto representa una disminución en los procesos de transparencia: «Están buscando esas alternativas para mejorar la ejecución, pero en deterioro de ceñirse a la ley, de tener procesos transparentes y rendición de cuentas. Creo que ese es el gran problema», sostuvo. 

 

Haylin Suárez, directora regional de la SIT, defendió la gestión de esa secretaría, donde asegura son transparentes: «Hablo por la SIT, por el ministro [Mauricio Ramos] y mi presidenta, que sé que son honestos», dijo, sin extender su apología a otros ministerios. Este medio también intentó contactar al ministro Mauricio Ramos, quien no respondió a las solicitudes de entrevista. 

 

Suárez contó que hay reclamos de proveedores que realizaron proyectos con el Gobierno anterior, pues los precios «ahora son justos. Aquí nadie va a venir a decir que hay actos de corrupción, porque el dinero está cabal. No hay ningún presupuesto sobrevalorado», aseguró, y luego añadió que este gobierno, a diferencia de la administración pasada, sí está haciendo obras, y con menos presupuesto que sus antecesores: «No se miraban los proyectos así como ahora, por eso le pregunto: ¿dónde está todo ese dinero invertido? ¿Dónde están esos miles de millones de lempiras?», cuestionó.

 

Durante la administración anterior se construyó una calzada que une Santa Rosa de Copán con el punto fronterizo El Florido, cerca de 86 kilómetros, que le costaron al pueblo de Honduras más de L 3,500 millones. Carlos Chinchilla, del EROC, estima que en esa obra cada kilómetro costó L 25 millones. La carretera de 78 kilómetros entre La Entrada y Naco tendrá una inversión de L 1,200 millones, que resultaría en L 15 millones por km.  Aunque hay variables como la geografía del terreno que se deben tomar en cuenta, la diferencia entre dos tramos de similar distancia es mucha. 

Fachada de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Tegucigalpa. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Chinchilla explicó que le corresponde al Estado evitar que las ofertas tengan sobreprecios, al revisar que haya coherencia entre los costos planteados en las ofertas. «Obviamente, si hay un margen para el aumento de los precios, hay actualizaciones durante el proyecto; si hay  

una justificación se puede aumentar», dijo, y luego mencionó que en los proyectos de infraestructura se da algo que él denomina un «triángulo perfecto de la corrupción», pues en la empresa privada, las compañías supervisoras y  las empresas ejecutoras se coluden porque piensan que no tienen que rendir cuentas, y en estos casos también hay contubernio de funcionarios del Estado. 

 

Para Ismael Zepeda, desde la administración debe haber una actitud propositiva en aras de la transparencia, que haya información pública de los proyectos sobre el financiamiento, quién ejecutará la obra, la unidad supervisora y costo. «Aspirábamos que al salir el gobierno de Juan Orlando Hernández [tendríamos] todos esos mecanismos, pero las medidas son un tema de participación ciudadana que este Gobierno poco a poco ha ido quitando», concluyó. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen

 

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se movilizaron el pasado martes 12 de diciembre en Tegucigalpa, iniciando desde el Banco Central de Honduras (BCH) hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandando que los magistrados que conocen la causa ratifiquen las sentencias contra los involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras. Los miembros del Copinh además pidieron que se enjuicie y castigue a los autores intelectuales.

El 1 de diciembre pasado, el Ministerio Público (MP) emitió un nuevo requerimiento fiscal contra otro implicado en el asesinato de Cáceres. La coordinadora del Copinh, Berta Zúniga Cáceres, reveló que se trata de Daniel Atala, miembro de una de las familias más poderosas de Honduras, quien fungió como gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Según el Copinh, Atala está imputado por el Ministerio Público por su participación en el asesinato de la ambientalista.

En noviembre de 2018 se emitieron las primeras condenas contra ocho personas involucradas en el caso; una de esas condenas, de 22 años y seis meses de reclusión, es contra Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA. Estos avances, sin embargo, no concluyen el caso, según el Copinh.

«Hace siete años y diez meses que, a pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia», expresó Berta Zúniga Cáceres durante la conferencia de prensa en la Corte, en donde se desplegaron mantas, pancartas y banners con el rostro de Berta Cáceres, y los manifestantes gritaron pidiendo el fin de la impunidad. 

 

Zúniga se refirió al asesinato de su madre como un feminicidio político, y pidió a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, que «confirme las sentencias ya emitidas en el caso de los siete primeros condenados por el asesinato».

Daniel Atala fue llamado como testigo en junio de 2021 durante el juicio contra David Castillo, quien fue encontrado culpable por ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres. Pero Atala se negó a declarar en aquel momento, argumentando que él también estaba siendo objeto de investigación por el asesinato de Berta.

 

La exigencia para enjuiciar a los autores intelectuales por el asesinato de Cáceres sigue siendo una prueba de fuego para los operadores de justicia en Honduras.

Texto y fotografías: Amílcar Izaguirre

 

Durante años, los municipios de Villanueva, San Manuel y  La Lima, ubicados en el departamento de Cortés, han luchado por eliminar los botaderos clandestinos y encontrar un espacio apropiado para establecer un relleno sanitario que cuente con todas las especificaciones para reducir el daño ambiental. Su expectativa es generar, a partir de ahí, un beneficio social y económico por medio del tratamiento de la basura, que ahora es un problema sin ningún control. 

 

El tratamiento que estos tres municipios le dan a la basura consiste en llevar los desechos a un predio alejado del casco urbano, donde permanecen a la intemperie, creando focos de contaminación a su alrededor. El botadero ubicado en la colonia El Corozal, de La Lima, lleva ya 17 años en uso, y quienes lo administran han dicho que ya no le queda más espacio para recibir basura. Alberto Reyes, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de Villanueva, dijo que al hacer un agujero para enterrar la basura «se convierte en una piscina, porque el agua está a pocos pies de la superficie». 

 

En este botadero trabajan 25 mujeres, recolectando plástico y metales que finalmente terminan en compañías recicladoras. Entre estas mujeres está doña Martha Enrique, de 62 años, que a diario camina dos horas desde la comunidad de La Cruz de Valencia, y trabaja 8 horas diarias para hacerse de unos 900 lempiras a la semana. 

 

Mientras hurgaba entre las bolsas de basura, Martha encontró varios guantes que repartió entre sus compañeras. El hallazgo fue una suerte, ya que estas trabajadoras no cuentan con ningún tipo de protección para evitar enfermedades, ni de ayuda para evitar exponerse a materiales nocivos. 

 

«Aquí no se gana mucho desde que el precio del plástico bajó de siete lempiras a dos con cincuenta por libra», se quejó doña Martha. Las recolectoras se sitúan en la parte más baja del negocio que representa la recolección y el reciclaje de la basura en Honduras.

 

En Honduras, según el portal de la empresa de reciclaje Invema, unas 800 mil personas se benefician del reciclaje de la basura. En el lado opuesto, en las altas esferas, constituye un negocio redondo para empresarios y políticos. Un ejemplo claro es la demanda de 6.6 millones de dólares que la empresa Sulambiente —cuya propiedad hasta el 2016, en un 50 %, era de Nasry Asfura, excandidato presidencial—, le ganó en el 2011 a la alcaldía de San Pedro Sula sin haber prestado el servicio, puesto que el exalcalde Óscar Kilgore se negó a firmar el contrato que Asfura había ganado en el 2001. 

 

Actualmente los contratos entre la municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente han sido criticados por servidores públicos como Omar Menjívar, actual vicealcalde de la ciudad.

 

Arturo Castro, alcalde de San Manuel y presidente de la Zona Metropolitana del Valle de Sula, aseguró que entre San Manuel, La Lima y Villanueva se producen a diario 450 toneladas de basura. Para ellos esto representa un serio problema porque los botaderos están colapsados en los tres municipios. «Me van a disculpar los demás alcaldes que lo diga, pero  los tres municipios tenemos la basura tirada en la calle», comentó Castro. 

 

En una reunión que sostuvieron las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de Sula con Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Gobernación, estos tres alcaldes le plantearon a Vaquero la problemática de la basura. Según Castro, luego de la reunión se logró que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) asumiera el compromiso de acercarse a los empresarios de la República de Corea, quienes prometen ayudar a construir un relleno sanitario mancomunado que brinde soluciones. 

 

Castro reveló que hace unas semanas viajó a la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur, para conocer el tratamiento de la basura que las empresas coreanas hacen en ese país. Según comentó, los proyectos que se pretenden realizar en estos tres municipios son «amigables con el medio ambiente», con el objetivo de que estas empresas «transformen la basura en energía y fertilizantes».

 

Castro dijo que en el marco de cooperación que existe entre Honduras y Corea, hay un apartado que tiene que ver con medio ambiente, que comprende el Valle de Sula. Reveló que en este apartado se incluyen cuatro proyectos, entre ellos el ya mencionado relleno sanitario mancomunado. Agregó que también hay un proyecto para lograr la certificación para aplicar a bonos de carbono y otro para tratar la basura del río Motagua en Omoa, ambos impulsados por la Serna.

 

El estudio de prefactibilidad sobre el relleno sanitario, que estará listo para finales de diciembre de este año, dará recomendaciones sobre el financiamiento, que podría provenir de Corea del Sur, o del Estado de Honduras, adelantó Castro. «Lo único que nos separa para hacer realidad este  proyecto es el terreno, pero si no somos capaces de conseguirlo, no somos capaces de nada», declaró el alcalde.

 

Pero hay oposición de las comunidades. El propio jefe edilicio pone el ejemplo de la comunidad Sabana, ubicada cerca del botadero de Villanueva, cuyos pobladores no estuvieron de acuerdo cuando llegaron los inversionistas coreanos a ese sector. «Si la población tuviera la oportunidad de conocer los proyectos que nosotros vimos tendrían una  opinión diferente», expuso Castro.

 

Castro espera que «con la tecnología y conocimiento técnico con la que estas empresas coreanas manejan basura, incluso se podría operar en el centro del municipio y no generaría ningún impacto ambiental. Esa gente convierte  los basureros en parques; uno se puede tomar fotos en esos lugares y nadie creería que ahí hay [un] proyecto donde se trata la basura», argumentó el jefe edilicio.

Jessica Arita, jefa de desechos sólidos de Villanueva, dijo que las alcaldías luchan desde hace años por eliminar los botaderos clandestinos dispersos a la orilla de la carretera CA-5. Agregó que esta municipalidad tiene un doble reto: por un lado, encontrar un lugar para la basura, y por el otro educar a la gente para que no la tire en la calle. Cerca del sector de El Milagro se ubica el botadero de Villanueva. Un kilómetro antes de llegar al predio se ven las montañas de basura.

 

Las condiciones del botadero de Villanueva son similares a las de La Lima, con la basura a la intemperie contaminando su alrededor. La única diferencia es que acá los pepenadores son en su mayoría menores de edad, que han dejado la escuela para hacer algunos lempiras. Entre ellos está Ángel, de 14 años, quien dijo haber terminado la primaría, pero no pudo seguir la secundaria por razones económicas. Reveló que la situación de otros niños es similar, como el caso de su hermana Joselin, de 12 años, que apenas hizo el segundo grado.

De las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) fueron sustraídos ilegalmente al menos 88.6 millones de lempiras en distintos momentos desde el 2019. Hasta ahora, dos personas han sido imputadas y una detenida, la fiscal auxiliar Francia Sofía Medina, a quien han señalado de 38 delitos de falsificación de documentos públicos y otras imputaciones más. También se libró una orden de captura contra el fiscal Germán Silva a quien los medios atribuyen ser pareja sentimental de Medina. Expertos consultados afirman que el hecho no pudo realizarse sin la participación de empleados del BCH y tampoco sin la complicidad de  autoridades del Ministerio Público. El caso ha sido declarado en secretividad, mientras que en la opinión pública este caso de corrupción ha sido tratado como un escándalo más y el escarnio público en contra de la fiscal pareciera más importante que conocer las fallas y complicidades que permitieron el desfalco y sus víctimas.   

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Jorge Cabrera, Amilcar Izaguirre

Francia Sofía Medina, una fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), está siendo procesada judicialmente bajo secretividad. Fue detenida el miércoles 29 de noviembre por ser sospechosa de retirar 88.6 millones de lempiras del Banco Central de Honduras. 

En Honduras, los casos declarados en secretividad han revelado —meses o quizá años más tarde—, la existencia de redes de corrupción y actores muy importantes detrás de ellos. Algunos ejemplos incluyen el caso del asesinato de Berta Cáceres, que en su momento fue declarado en secretividad; el proceso judicial contra el estadounidense Gary Lee Johnston acusado por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual comercial; las audiencias por el asesinato del aficionado del Real España, Wilson Pérez, por el que cuatro policías guardan prisión; el proceso judicial por el asesinato de la fiscal del ambiente Karen Almendares y el juicio por el asesinato de la joven Keyla Martínez, quien murió en custodia de la Policía Nacional.

En casi todos los procesos anteriores, las familias de las víctimas continúan exigiendo que se actúe contra los autores intelectuales que, en algunos casos, los sospechosos son reconocidos empresarios hondureños o integrantes de redes de corrupción nacionales o transnacionales. Estos implicados, por lo general, no han sido mencionados en los comunicados del Ministerio Público y mucho menos en medios de comunicación.

En contraste, la imagen de la fiscal Francia Sofía ha sido utilizada para que medios de comunicación mantengan a sus audiencias pegadas a las pantallas utilizando calificativos que nada tienen que ver con los delitos que le imputan, entre estos: la «barbie fiscal», «esbelta», «exuberante», «que tuvo un impresionante cambio físico», «la guapa», la «glamurosa» entre otros. A esos calificativos se adjuntó un sinfín de fotos de la profesional del derecho en  donde aparece con poca ropa.

Al volverse un caso mediático, por la magnitud del saqueo y el tratamiento sensacionalista, las cosas se pusieron difíciles tanto para el BCH como para el Ministerio Público. 

A varios días desde que el caso de Francia Sofía se declaró en secretividad, la única orden de captura que se conoce es contra el fiscal German Silva a quien los medios de comunicación han señalado como «la pareja sentimental» de la fiscal. Las autoridades han dicho que no se brindará más información al respecto, pero se ha manifestado en diversos espacios de comunicación que «la pareja» aprovechó el hecho de ser fiscales para sustraer evidencias del BCH.

A Francia Sofía la acusan de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación e inutilización de documentos en custodia, además de uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 38 delitos de falsificación documentos públicos.

El Ministerio Público informó que presentó más de 22 medios de prueba que la vinculan con el retiro de al menos 88 millones 600 mil lempiras «sin seguir los procedimientos legales que establece la norma jurídica».

Pero hay preguntas en el aire, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tuvo el BCH? ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio Público? ¿Cómo es que la fiscal Francia Sofía pudo, aún si hubiese recibido ayuda de su pareja, lavar activos, sustraer, destruir, ocultar, utilizar documentos en custodia y usar información privilegiada?

Estas interrogantes intenta responderlas el doctor en economía y también sociólogo, Julio Raudales, quien dijo a Contracorriente que es «probable» que en este caso «los delincuentes hayan quebrantado y logrado superar las medidas de seguridad de auditoría interna y del área de vigilancia del Banco Central. Es muy evidente que tiene que haber participación de alguna gente del Banco Central para que esto haya sucedido», expuso.

Raudales agregó que, aunque no conoce los procesos para la devolución de bienes en custodia del BCH, el banco estatal cuenta con las medidas de seguridad como cualquier otro banco privado. «Como el BCH tiene estas facilidades, el Ministerio Público deposita estos valores en las bóvedas del banco central», expresó Raudales.

El BCH indicó en un comunicado que la ley faculta a la institución para la custodia de valores y bienes a entidades estatales que lo requieran de forma oficial y explicó que estos «son almacenados y entregados en la misma condición física que fueron recibidos».

El comunicado defiende a su personal y apunta a que «el personal del BCH que gestiona los retiros de valores y bienes en custodia cuenta con una amplia hoja de servicio y experiencia laboral superior a los 20 años dentro de la Institución».

El BCH informó que están colaborando y que la información que hasta la fecha ha sido solicitada por el Ministerio Público, a través de la Sucursal de San Pedro Sula, relacionada con los retiros de valores en custodia, los cuales datan de 2019 a la fecha, «ha sido proporcionada de inmediato».

El abogado penalista de San Pedro Sula, René Altamirano, dijo a Contracorriente que para que un caso se declare en secretividad este debe estar orientado a investigaciones hacia personas con el objetivo de evitar que se divulgue y estas puedan evadir la justicia. «Pero en este caso, que se ha tratado tanto por los medios de comunicación, realmente no tiene sentido la secretividad».

Para Altamirano hay algo todavía más complicado pasando en este caso que involucra al Ministerio Público en San Pedro Sula. «Aquí más bien es a la inversa, sucede que las personas que son sospechosas de participar en la actividad delictiva son los mismos a los que les toca realizar las investigaciones y acusar».

El profesional del derecho argumentó que como el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación penal, «solo ellos pueden presentar acusaciones, y ahí nos tienen esperando para ver si los mismos fiscales se acusan a sí mismos, yo creo que lo correcto aquí era, primero, que quienes realizaran esta investigación no fueran los mismos fiscales de la regional de San Pedro Sula, porque son ellos, también, de alguna manera, sospechosos o sujetos a investigación, y ahí pueden haber actividades de encubrimiento».

«En segundo lugar, particularmente me parece que es imposible que la señora Francia Sofía haya realizado esa actividad ella sola, porque uno de los requisitos para hacer esas devoluciones es que sean los jefes y directores de ellos los que autorizan la devolución. Generalmente el fiscal que va a allá [al BCH], va a ejecutar una resolución de un superior al ir a hacer el trámite de devolución», expresó Altamirano.

El penalista sampedrano calificó la situación para la fiscal Francia Sofía como «peligrosa» en el sentido de que su integridad corre peligro. «Si por ejemplo en estos momentos, no estoy sugiriéndolo, pero es lo que escucho en los juzgados y tribunales todos los días, si le pasara algo a esta señora, el caso se resolvería indicando que ella solita realizó toda la actividad de retirar 88 millones».

El abogado sostuvo que en Honduras se suelen «resolver» casos de corrupción para encubrir a los verdaderos responsables. «De manera que yo creo que se debería tomar en serio este asunto, hacer una intervención desde la misma Dirección Nacional del Ministerio Público».

Altamirano sostuvo que existe una mafia que ha estado saqueando los almacenes de evidencias y el Banco Central, misma que está incrustada en el Ministerio Público, porque solo ellos conocen la información clasificada para acceder a estos valores. «Están ahora mismo en un período de protegerse y evadir la responsabilidad en un proceso en donde todo está encaminado a dejar como única responsable a esta fiscal, que es a la que más han exhibido en este caso».

A Francia Sofía, después de su captura, le aseguraron 36 bienes muebles e inmuebles y productos financieros que supuestamente están conectados a ella, entre las que destacan nueve cuentas bancarias, siete bienes inmuebles y 20 automóviles.

En principio, Francia Sofía fue acusada por el Ministerio Público de sustraer «63 millones de lempiras [evidencias en dólares]», pero luego se le acusó de «sospechas de haber retirado del Banco Central de Honduras (BCH), más de 88 millones de lempiras».

El Ministerio Público explicó que la fiscal estaba incapacitada por «estrés laboral desde julio de 2023» y que no se siguieron los procedimientos administrativos porque ella, al tener incapacidad, «ya no era fiscal de la Fescco», al tiempo que se detalló que está en marcha «un proceso de depuración de fiscales, agentes y otros empleados de la institución que se dediquen a cometer hechos delictivos».

 

Exposición mediática de la fiscal Francia Sofía

Una activista defensora de los derechos de las mujeres en Honduras, que pidió anonimato, indicó que más que individualizar el caso de la fiscal Francia Sofía, la sustracción de dinero del BCH nos devela un sistema que durante cuatro años no funcionó y no generó  mecanismos de control.

«Mediáticamente se ha intentado ver esto como un acto individual, en donde obviamente quien ha salido a la palestra ha sido la fiscal Francia, pero también, y eso de alguna forma, quita el dedo del renglón de que es un acto de corrupción de una institución y no de una persona, no de una mujer nada más, y por otro lado toda la información se ha vaciado de una mirada misógina, sexista, en donde se han filtrado fotos de la fiscal, de su cuerpo, y se ha utilizado y definido su forma de ser, de vestir, si se hizo cirugías o no, cosas que a nadie le importan pero que sí evidencian el tipo de sociedad que tenemos», expuso la defensora.

Reveló que la mirada sobre el caso de Francia Sofía debe estar centrada en las instituciones y en los actos de corrupción.

«Evidentemente el trato que se le da a los hombres delincuentes desde esa mirada pública no es la misma que para las mujeres. Estamos claros de que como pueblo estamos exigiendo que cualquier persona, hombre o mujer, que haya cometido un acto de corrupción, sea señalado y enjuiciado. Pero eso no ocurre igual que con las mujeres, los medios de comunicación tienen un tratamiento totalmente diferente cuando se trata de hombres, hace poco a un diputado se le dio horas para contrarrestar los ataques en contra de él, lo que no se le da a las mujeres», expuso.

 

Francia denunció a un exjefe de acoso sexual el 2019

En 2019 fue conocido públicamente que cuatro fiscales del Ministerio Público, entre las que se encontraba Francia Sofía, denunciaron al entonces coordinador de fiscales de Comayagua, Adrián Octavio Rosales, de los delitos de hostigamiento sexual, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Contracorriente consultó a una abogada, que también pidió preservar su identidad, que conoció de cerca ese caso en esos días.

La profesional del derecho manifestó que «esa fue una situación que la fiscal Francia sufrió junto a otras de sus colegas. En ese momento decidieron interponer una denuncia en contra del coordinador de fiscales de Comayagua por los delitos de hostigamiento sexual, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios».

La abogada indicó que se inició un proceso tanto a nivel interno del Ministerio Público como a nivel de los juzgados. «Se conoció tanto la identidad de las fiscales que denunciaron como del acusado. Los superiores del Ministerio Público atendieron la denuncia e hicieron un proceso de audiencia de descargo en ese momento. Así mismo, hubo un requerimiento fiscal desde la fiscalía de la mujer para dar trámite», recordó.

«Desde la información que manejo no hubo una separación del cargo, lo que se realizó en varias ocasiones fue remover del lugar a las fiscales denunciantes, es decir que quienes estaban desempeñando su cargo en una ciudad fueron cambiadas a otra. El agresor continúa en sus funciones», expuso la fuente anónima.

 

Procedimientos “rigurosos y seguros” dependiendo del caso

El abogado Altamirano, en el año 2016, defendió a la reconocida paleontóloga Lee Susan Hendrickson, de nacionalidad estadounidense y francesa, quien fue retenida y acusada en Honduras de lavado de activos por fiscales del Ministerio Público, que le decomisaron 63 mil dólares.

Altamirano dijo que su defendida salió libre con un sobreseimiento provisional a los seis días, pero que les tocó esperar cinco años para solicitar el sobreseimiento definitivo y la devolución del dinero.

«Cuando transcurrieron los cinco años, solicitamos el sobreseimiento definitivo, lo otorgaron e inmediatamente se comenzó a tramitar la devolución de los 63 mil dólares que le habían decomisado y que fueron enviados a la bóveda del Banco Central en SPS», expuso Altamirano, que detalló que estuvieron solicitando la devolución del dinero durante dos años más, y fue hasta hace un mes cuando le dieron trámite final al asunto.

«Hace como un mes, solo estábamos esperando que el fiscal enviara una nota al BCH y que el Banco Central nos dijera en qué fecha iba a realizarse la devolución y quiénes eran las personas autorizadas para entrar a esa actividad, porque es bien restringida. Mi clienta ha estado desde ya tiempos molesta por el retraso, y unos días antes de que ocurriera esto, me pidió que yo acudiera y explicara que si no se hacía la devolución, ella iba a solicitar el auxilio del FBI para que investigara cuál era la razón por la cual no se le devolvía el dinero», reveló Altamirano.

Como dos días después de que se anunciara que se pediría el auxilio del FBI, Altamirano manifestó que fue llamado al Ministerio Público. «Me atendió el Coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, el abogado Immer Maradiaga, y me indicó que el dinero ya había sido retirado. De hecho, me preguntó que si me lo habían entrado a mí. Obviamente le expliqué que yo no tenía la capacidad de recibirlo y que eso solo lo podía recibir la propietaria porque yo no tenía poder para representarla en una actividad que implique recibir dinero».

«El día siguiente, el mismo señor Maradiaga me explicó que esta señora Francia Sofía Medina había retirado ese dinero y que eso había sucedido en mayo de 2022», reveló Altamirano.

Altamirano le explicó a Contracorriente que él como profesional del derecho, previo a este caso, ha comparecido en diferentes ocasiones a solicitar bienes en custodia en el BCH, por lo que el tema no le es ajeno y lo conoce muy bien.

«El trámite es riguroso, para empezar, se solicita que se señale la fecha en que el BCH lo va a atender a uno, y en una nota, el Ministerio Público indica quiénes van a comparecer. Se establece el nombre, número de identidad y firma, porque allá, antes de entrar, entra uno a una salita y ellos verifican que se trate de la persona que va en el oficio, en qué condición actúa, en el caso mío, como abogado de tal o cual persona; o si es el caso, de la persona que va a recibir los valores; entonces después se pasa a otro lugar donde vuelven a revisar eso y parece que programan la hora en que se abre la bóveda, y luego, al abrir la bóveda, hacen un acta que tienen que firmar todos, y cada uno se lleva una copia; entonces, es por eso que piden la identificación y las firmas. Y entiendo que hay firma autorizada para acudir a recibir, es un trámite que usualmente se tarda, a veces, hasta un día, o un mínimo de tres a cuatro horas, para ejecutar la devolución».

Altamirano es de la opinión que los bienes que son asegurados o que están sujetos a aseguramiento los debe manejar y autorizar la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). «Antes de que existiera la OABI [Oficina Administradora de Bienes Incautados] se acudía al BCH para que prestara un servicio al Ministerio Público y a los juzgados, para guardar valores como fianzas, depósitos y evidencias. Creo que una vez que se instaló la OABI no tiene sentido seguir mandando una bolsa al BCH».

Mientras la fiscal Francia Sofía continúa siendo procesada en secretividad, dentro del Ministerio Público se libra una batalla interna en muchas regionales de dicha institución en Honduras. Este caso muestra cómo las redes de corrupción, que la misma institucionalidad reconoce que es necesario depurar, se protegen en aras de no ser expuestas al escarnio que sí ha sufrido Francia Sofía.

Monserrath* tenía aproximadamente cuatro meses de haber sido deportada desde México. En la ruta migratoria sobrevivió a un abuso sexual, pero no sabía que producto del mismo estaba embarazada, hasta que sufrió una emergencia obstétrica en la letrina de su casa. Monserrath dice que su bebé nació muerto, pero aun así fue acusada por la fiscalía hondureña por el delito de parricidio, que tiene una pena de entre 20 y 25 años de prisión. En octubre de 2023, un tribunal le dio un fallo absolutorio, pero la vida de Monserrath no volvió a ser la misma. 

 

Texto: Vienna Herrera
Portada generada con IA de Canva
Diseño de gráficos: Daniel Fonseca

 

Cuando Monserrath sufrió una emergencia obstétrica en la madrugada de un día de octubre de 2022, la realidad de todo lo que había vivido meses atrás le llegó de golpe: estaba embarazada como producto de una violación. La memoria de Monserrath sobre lo que sucedió el día de la emergencia es como un laberinto. Recuerda apenas algunos detalles: estaba en la letrina cerca de su casa, había mucha sangre, su bebé nunca abrió los ojos y no lloró. Monserrath tenía miedo; con apenas 18 años, otro hijo a su cargo y recién deportada, no quería explicar a nadie lo que ella misma estaba procesando y correr el riesgo de que no le creyeran, de que la juzgaran. 

Monserrath dice que acercó su oído al pecho del bebé, buscando un latido, pero solo escuchó un profundo silencio. «Le pregunté a Dios por qué, si estaba embarazada, me lo dio muerto», dice, y explica entre lágrimas que solo guardó el cuerpo en una bolsa.

Horas más tarde encontraron el cadáver. La comunidad de donde Monserrath es originaria es pequeña, todas las personas se conocen y las noticias se esparcen rápido. A ella le llegó la información porque su cuñado más jóven le mostró una fotografía. «¿Viste esto? Encontraron un bebé», le dijo. 

Las autoridades de Medicina Forense llegaron aproximadamente cuatro horas después a hacer el levantamiento del cuerpo. Menos de 48 horas después, Monserrath estaba siendo procesada por el delito de parricidio. 

***

Monserrath se sienta frente al tribunal. Luce mucho más pequeña de lo que es frente a los tres jueces hombres que se encuentran sentados en un estrado; todos visten togas y lucen semblantes muy serios. 

La sala de juicios, ubicada en un departamento cuyo nombre reservamos para protección de Monserrath, es pequeña. Algunas de las amigas que llegaron a apoyarla fueron expulsadas de la sala porque iban vestidas con faldas hasta la rodilla; un rótulo en la puerta sentencia que las mujeres deben vestir pantalones de tela o faldas que lleguen cuatro dedos abajo de la rodilla, si no, no pueden entrar. Un guardia de seguridad se acerca a las demás mujeres que han asistido a escuchar el juicio, y aunque cumplen con el código de vestimenta, pide que no crucen una pierna sobre la otra, que tengan ambas rodillas pegadas y la espalda recta; «es petición de los jueces, para evitar distracciones», dice.

Las fiscales que acusan a Monserrath le lanzan miradas de desprecio cada tanto. Monserrath se encoge ante ellas, y se toma de las manos en un intento por calmarse. Está ahí para contar de nuevo su relato. 

El juicio oral y público se suspendió semanas atrás porquecuando Monserrath sufrió un ataque de pánico al tener que contar su versión de los hechos, porque la fiscalía cuestionó mucho si había sufrido abuso sexual o no. Monserrath, que ya había sido diagnosticada con depresión severa, ese día terminó internada en el hospital a raíz del episodio.  

Esta vez, antes de que hable, los jueces le recuerdan a Monserrath que no está ahí para demostrar su inocencia, sino que es la fiscalía quién debe probar la acusación. Le piden a las dos fiscales que interroguen de forma sensible, que contemplen la condición de salud mental de la acusada.

Las fiscales, sin embargo, se sonríen entre ellas. Minutos más tarde vuelven a cuestionarle a Monserrath si es cierto que es sobreviviente de violencia sexual. «¿Observó características extrañas en su cuerpo, fluidos extraños? ¿No sintió cambios en el viaje?», le dicen, y la defensa objeta las preguntas; el tribunal les llama la atención. Entonces deciden indagar por qué, después de la deportación, Monserrath se quedó un tiempo en la casa de su madre y no en donde vivía previo a la deportación, con la familia del padre de su hijo; intentan sembrar desde otra perspectiva la duda sobre el abuso.

Monserrath llora. Explica que estaba intentando procesar lo sucedido, pero que finalmente regresó a casa de su suegra, en donde vivía también la hermana de su pareja.

La cuñada de Monserrath sirve de testigo en el juicio; explica ante el tribunal que su hermano se casó con ella cuando salió embarazada. Monserrath tenía apenas 17 años. El padre del hijo de Monserrath migró a Estados Unidos, pero antes de irse había sido bastante controlador con ella. «Siempre le decía a dónde podía salir o si no le gustaba cómo se vestía»; por eso tenía miedo de lo que podría pensar sobre el abuso. Él le pidió a Monserrath que se fuera a Estados Unidos junto a su hijo y ella se fue sin avisarle a nadie, hasta que llegó a México, donde fue abusada. Poco después fueron deportados ella y su hijo de un año, antes de lograr llegar a Estados Unidos. 

La cuñada de Monserrath vio un cambio cuando ella regresó a Honduras. «No la veía como antes, ella era una chava alegre, divertida, le gustaba hacer tiktoks. Ahora, no salía ni a comer», dice su cuñada. Monserrath le terminó contando que la habían violado, pero le hizo prometerle que no le diría a nadie, mucho menos a su hermano, y ella guardó la información como si hubiera hecho un juramento sagrado, uno que tuvo que romper hasta ahora, frente a los jueces. 

Monserrath pasó la mayoría de su primer embarazo sin que fuera notorio; por eso no es extraño que nadie, ni siquiera ella misma, se diera cuenta de que estaba nuevamente embarazada. El mismo médico que hizo la evaluación forense durante la detención refirió que a simple vista no se notaba un embarazo. 

El doctor Braulio Mercado, un ginecobstetra que llegó al juicio como parte del equipo consultor de la organización Optio, que representa la defensa de Monserrath, explica que los embarazos crípticos o silenciosos son más comunes de lo que la mayoría conoce, que suceden en uno de cada 475 y que suelen ocurrir más en países como Honduras, debido a factores como la desnutrición estructural y los embarazos en mujeres jóvenes. 

 

La acusación

La Policía Nacional comenzó a investigar tras el levantamiento del cuerpo. Se acercaron al centro de salud y vieron que todas las embarazadas en control seguían con sus embarazos en curso. Después de interrogar al personal médico, uno de los promotores de salud les dijo que sospechaba de alguien.

Días antes de la emergencia obstétrica, Monserrath tuvo mucha fiebre y llegó a ese mismo centro de salud. La fila era larga y estar ahí hizo que empeorara; además, su hijo la necesitaba en casa, así que se fue antes de ser evaluada. Esa acción le pareció sospechosa al personal del centro, que le dijo a la Policía Nacional que el cuerpo encontrado podría estar relacionado con ella, porque además vivía cerca de donde fue encontrado. 

Aunque no existen estudios estadísticos sobre casos como el de Monserrath, acusada de parricidio, el otro delito por el que se suele enjuiciar a las mujeres en Honduras que han sufrido una emergencia obstétrica es aborto. La mayoría de estas denuncias, un 64 %, provienen de personal de salud del sistema público, según reveló el estudio Criminalización del aborto en Honduras, realizado por las organizaciones Somos Muchas y Optio, que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018.

Muchas veces el personal de salud ni siquiera forma parte del proceso, no aparecen en las audiencias a declarar, solo denuncian y violan el secreto profesional médico, ese que les obliga éticamente a no revelar información sobre sus pacientes. En este caso, ni siquiera se supo el nombre de quién había denunciado a Monserrath.

La policía llegó a su casa a interrogar a Monserrath y a su cuñada, que eran las únicas mujeres en edad fértil viviendo ahí; fueron trasladadas a Medicina Forense para una inspección clínica. Cuando pasó Monserrath, tardó mucho. Su cuñada cuenta que al salir venía llorando y solo le dijo: «Cuidame a mi hijo como si fuera tuyo». Explica que Monserrath es una madre muy amorosa y que su hijo es muy dependiente de ella, por lo que sufrió mucho cuando su madre fue detenida. 

A Monserrath la detuvieron y expusieron públicamente por el delito de parricidio. Varios medios difundieron la noticia revelando su nombre y acompañándola con fotografías de Monserrath en ropa corta; aunque aún no había pasado por el proceso judicial, los medios la estaban sentenciando socialmente. A raíz de esta situación, Monserrath comenzó a tener mayores problemas de salud mental. No dormía, no comía, estaba triste. Llegó incluso a presentar un caso severo de anemia. 

La organización Optio, que se dedica a litigar por otros casos similares, le dio acompañamiento psicológico. Monserrath se reunió con otras mujeres que habían pasado por un proceso de criminalización similar y que ahora han sido absueltas; esto le ayudó mucho a seguir con su proceso. 

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Las pruebas

Uno de los mayores problemas de la acusación fue cómo la fiscalía determinó la edad gestacional. Según la acusación, el bebé tenía más de 30 semanas, cálculo que establecieron de acuerdo a la fecha de la última menstruación de Monserrath. Sin embargo, el médico ginecobstetra consultado durante el juicio explicó que los mismos datos dados por la evaluación de Medicina Forense indican otra edad. 

El ginecobstetra señaló que existen varios test gestacionales, como el de Capurro o el de Ballard, que permiten definir una edad gestacional, pero la fiscalía no hizo ninguno de estos. 

«La edad gestacional es importante porque un feto de entre 28 a 32 semanas podría sobrevivir con la atención adecuada. Uno de 28 es muy difícil; se han visto muy pocos casos en Honduras, pero es posible», explica el especialista, y procede a demostrar cómo, según los mismos registros de la evaluación de Medicina Forense, la edad gestacional realmente estaría entre 22 y 28 semanas, una edad que compromete de forma extrema la vida extrauterina. 

Antes del embarazo, el tamaño del útero de las mujeres es de entre 6 y 8 centímetros. A medida que avanza la gestación, puede llegar a medir hasta 33 centímetros. Cuando Monserrath fue evaluada, el tamaño de su útero era de 10 centímetros, es decir, que no había crecido tanto como para encontrarse en el último trimestre del embarazo, como sostuvo la fiscalía. 

Además, la evaluación forense también indicaba que el útero se encontraba a cinco centímetros sobre el ombligo. «Un parto a término se ubica entre 15 o 16 centímetros; con estas medidas podemos ver que se trataba de un parto pretérmino extremo», explica el doctor Mercado, y dice que la edad gestacional incluso podría ser menor a las 22 semanas.

De acuerdo con el especialista, estas medidas debieron advertir que existía la posibilidad de que Monserrath hubiera sufrido una emergencia obstétrica, pero no le realizaron exámenes para descartarla. Monserrath había referido tener fiebre en los últimos días, pero al momento de la evaluación no le tomaron la temperatura: «La fiebre agrega morbilidad al parto pretérmino», añade el especialista.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que sentenció el caso de Manuela vs. El Salvador  —una historia similar a la de Monserrath, en la que una mujer sufrió una emergencia obstétrica en su hogar y fue judicializada por homicidio—, señala que una de las mayores fallas que cometió la fiscalía salvadoreña fue omitir el principio de presunción de inocencia, que «implicaba que las autoridades internas debían investigar todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que la muerte del recién nacido no fuese causada por Manuela, lo cual podría haber sido examinado investigándose sobre el estado de salud de Manuela, y si esto hubiera podido afectar al momento del parto», dice la sentencia. 

 

La formación forense

De acuerdo con la doctora que hizo el levantamiento del cuerpo, un signo de que el bebé había nacido vivo fue que encontró vernix caseosa, una sustancia blanquecina densa que protege la piel del feto mientras está en el líquido amniótico y se comienza a formar entre la semana 18 y la 20. Según el ginecobstetra Mercado, este no es un signo que confirme vida, ya que esta característica forma parte de todos los embarazos y se presenta con mayor visibilidad en abortos espontáneos, porque la capa es gruesa cuando comienza a formarse y se va haciendo más delgada a medida que termina el tiempo de gestación; incluso existen casos de bebés que nacen sin esta capa. 

La doctora que hizo el levantamiento dice que tiene cinco años de experiencia en Medicina Forense, pero no había atendido otros casos similares, y no definió una edad gestacional porque no le correspondía. Cuando uno de los consultores de la defensa, un médico especialista en Forense, le consulta qué temperatura aumenta el deterioro de un cuerpo, porque en el Acta de Levantamiento Cadavérico ella destaca una «temperatura caliente», la doctora responde que no le compete esa información, y agrega que su trabajo no es hacer conclusiones, sino que estas se hacen durante la autopsia médico-legal. 

El consultor experto de la fiscalía, que además es el jefe de la doctora que hizo el levantamiento, le pregunta si es madre. Cuando la doctora dice que sí, pregunta si en su experiencia como madre puede saber si un bebé nació vivo o muerto; la pregunta es objetada por la defensa y por los jueces. 

Que las evaluaciones de Medicina Forense tengan estas falencias tiene una explicación profunda. Honduras tiene muy pocos médicos especialistas en Medicina Legal en el país que laboran en el sistema público; existen apenas cinco en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula. El resto del país funciona con médicos generales que reciben una capacitación intensiva de dos meses sobre medicina forense, en los cuales abarcan varios temas.

Aunque Honduras es uno de los países de América Latina en donde se ejerce más violencia contra las mujeres, y ya existen varios casos registrados de acusaciones erróneas contra mujeres que sufren emergencias obstétricas, en ninguno se aplica una perspectiva de género al atender estos casos, y tampoco de obstetricia forense. 

El Ministerio Público registra que entre 2015 y 2023 el personal forense recibió apenas 11 capacitaciones en femicidios, violencia basada en género y delitos contra la libertad sexual, en las que participaron 54 personas del equipo, entre peritos médicos, médicos forenses y médicos de evaluación mental. Ninguna de las capacitaciones trataba de obstetricia forense. 

Las autopsias son pruebas fundamentales cuando la fiscalía acusa a una madre de asesinar a su propio hijo. Una de las pruebas hechas durante la autopsia que presentó la fiscalía para indicar que Monserrath había asesinado a su bebé porque este nació vivo es la docimasia hidrostática, una prueba que consiste en sumergir los pulmones en cuatro tiempos, y si flotan, indican que hubo aire y respiró. 

Esta prueba ha sido muy cuestionada en la comunidad científica y forense porque ha servido en muchos países, entre ellos El Salvador, para enjuiciar a mujeres, sabiendo que la prueba puede tener falsos positivos. Por ejemplo, el aire y otros gases pueden entrar en los pulmones de un feto muerto si fue presionado a través del canal de parto, si se intentó reanimarlo; también puede aparecer durante el tiempo de descomposición y a través de la manipulación del cuerpo. 

El mismo Dr. Theodric Beck, quien inventó esta prueba en 1823, aclaró en sus apuntes que la mera flotación no prueba que el niño naciera vivo. En 2020, la organización National Advocates for Pregnant Women en Nueva York reunió a 25 médicos forenses que firmaron una carta en la que señalaban que no es una prueba científicamente fiable ni un indicador de nacimiento con vida.

La abogada Gabriela, parte del equipo legal de la defensa de Monserrath, explica que de las cuatro fases que comprende la prueba, solo realizaron una en la autopsia: «Ellos están supuestamente capacitados para poder hacerlo. Nosotros miramos como que no hubo un trabajo muy exhaustivo», señaló.

En otro caso gestionado por el equipo legal de Optio en San Pedro Sula, un recién nacido, que contaba con más de 28 semanas de gestación, nació en una clínica privada, y luego falleció dos horas después al no recibir la atención médica requerida. En este caso, en el que tanto la madre como la doctora y los familiares vieron con vida al recién nacido, se practicó una prueba de docimasia pulmonar que arrojó resultados negativos.

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La vida después del juicio

En octubre de 2023, el tribunal de sentencia encargado del juicio emitió un fallo absolutorio para Monserrath. A pesar de la resolución, la abogada Gabriela Girón, parte del equipo legal de Optio y de la defensa de Monserrath, cree que el juicio reveló que aún falta mucha perspectiva de género en el sistema de justicia, «tanto en el trato hacia la víctima, como hacia las personas que estamos en medio del proceso: eso nos incluye a peritos, abogados y personal del órgano jurisdiccional del tribunal de sentencias», señala.

Aunque asegura que el tribunal nunca puso en duda el abuso sexual, la fiscalía, «a pesar de que tenían dentro de sus dimensiones conocimiento de estos temas y conocían que esta chica había sido abusada, ellos lo omitían para poder fortalecer el relato de Medicina Forense», señala.

Para la abogada Girón, que además ha litigado otros casos de criminalización, el que una mujer pase por un proceso judicial así tiene un gran impacto en sus vidas, «porque ellas se sienten muchas veces como atrapadas, se sienten estresadas. Cuando digo atrapadas es como que sienten que las absorbe el proceso y va a marcar toda su vida». Añade que esto incluso afecta en la unificación familiar, porque la comunidad no solo reprocha a las mujeres judicializadas, sino también a sus familias.

«En este caso en particular había también tanto odio por parte de la comunidad de esta chica; hubo gente que le decía que si salía en libertad iban a cortar [matar] una oveja para entregarla en sacrificio, que cómo era posible que fuera a salir en libertad siendo quién era», agrega la abogada. 

Aunque Monserrath tiene un fallo que la absuelve del delito, las secuelas del proceso judicial han marcado su vida. Dice que está a las puertas de un desplazamiento forzoso porque el proceso judicial retrasó sus estudios y no tiene oportunidades de empleo. En su comunidad la siguen viendo como la mujer que mató a su hijo, porque la condena a la que fue sometida por exponerla en redes sociales y medios de comunicación, por una fiscalía que falló en las pruebas, por un sistema de salud público ineficiente y, finalmente, por los juzgados que llevaron el caso hasta juicio oral y público, no se elimina con un fallo del tribunal.  

 

*El nombre real de Monserrath fue cambiado para proteger su identidad.

Tras la cancelación del cabildo abierto convocado para el sábado 9 de diciembre por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, cientos de representantes de las comunidades del municipio y varias organizaciones que se oponen al proyecto instalaron una asamblea popular, en la que ratificaron oficialmente su rechazo a la planta eléctrica Ecotek y la señalaron como un intento del Grupo EMCO para seguir con la instalación y operación de la mina en el Parque Nacional Carlos Escaleras. La planta de generación de energía es parte del conglomerado que dirige Lenir Pérez, un conflictivo empresario hondureño investigado por el FBI en Estados Unidos, que pretende utilizar petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen

 

Cerca de 2,000 personas, representantes de diferentes comunidades del municipio de Tocoa, Colón, acompañados por miembros de organizaciones y cooperación internacional, llenaron el auditorio del Instituto Froylán Turcios, ubicado en esa misma ciudad, para mostrar su rechazo al proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo EMCO. 

 

También acudieron personas a favor del proyecto, que en su mayoría llegaron en buses pagados por la empresa,  con la promesa de recibir desayuno y almuerzo. 

Estas personas atendieron la convocatoria del alcalde Adán Fúnez, quien en reuniones de la corporación municipal había impulsado la instalación del cabildo, anunciándolo  directamente como un «cabildo de socialización y aprobación», sin dar la opción de consulta que diera paso al rechazo del proyecto.

 

Las razones por las que grupos ambientalistas y los habitantes de las comunidades se oponen al proyecto son las repetidas vulneraciones contra los derechos humanos que las inversiones del empresario Lenir Pérez han cometido en la zona, la persecución judicial hacia quienes se  oponen a estos proyectos y, en este caso, la intención de la planta de utilizar petcoke para generar energía. El petcoke es un derivado del petróleo que, según el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), es uno de los generadores de electricidad más sucios y que más carbono emite.

 

El inicio del cabildo estaba anunciado para las nueve de la mañana; sin embargo, Fúnez llegó más de dos horas después, hablando por teléfono, acompañado de su seguridad y del gobernador del departamento, Ixcer Barahona.  Al sentir la presión de la multitud y escuchar el consejo de sus asesores, en lugar de entrar al salón, se retiró y canceló el cabildo. 

 

La  inversión realizada en el intento de aprobar el proyecto fue notable. Se instaló una pantalla gigante y se dio transporte y alimentación a muchas personas para que fueran a apoyar a la empresa, según revelaron; además, la empresa distribuyó cientos de panfletos informativos.

 

El último precedente de un cabildo abierto convocado para tomar decisiones sobre el extractivismo en el municipio data de noviembre del 2019, cuando Adán Fúnez se hizo acompañar del ahora asesor presidencial y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya. En esa ocasión, Fúnez y Zelaya fueron abucheados, y los asistentes votaron para declarar el municipio libre de minería; sin embargo, las operaciones de la mina siguieron su curso.

 

La planta eléctrica Ecotek pertenece al grupo empresarial liderado por Lenir Pérez, quien también es dueño de la controversial concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, y cuya casa en Wellington, Florida, E.E. U.U., fue inspeccionada por el FBI en abril de 2023. Por su parte, Fúnez ha sido mencionado en juicios en Estados Unidos por su relación con narcotraficantes hondureños.

 

La municipalidad de Tocoa y la empresa Ecotek, parte del grupo EMCO, actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por la supuesta adulteración de un acta municipal de cabildo abierto, con el objetivo de cumplir el requisito de socialización del proyecto.

 

En esta ocasión, sin el respaldo del máximo caudillo de su partido, Fúnez se vio débil, y su intento de aprobación del proyecto se revirtió en la instalación de una asamblea popular, en la que las comunidades ratificaron su rechazo a los proyectos promovidos por las empresas de Grupo Emco.

 

Un cabildo hecho a medida de la empresa

 

El primer incidente en el marco del cabildo abierto se registró apenas a las 7:40 de la mañana, cuando miembros de la Policía Nacional identificaron y desalojaron del Instituto Froylán Turcios a algunas personas señaladas por las organizaciones ambientalistas  como guardias de seguridad de la empresa Ecotek. 

 

Las organizaciones denunciaron desde muy temprano que la seguridad de la empresa había ingresado desde la noche antes a las instalaciones del centro educativo donde se realizó el cabildo, y que en el transcurso de la mañana carros de lujo que transportaban a supuestos veedores del proceso ingresaron por un portón de acceso alterno.

 

Algunos minutos después de que la policía sacara a estas personas, llegaron varios buses llenos de personas que decían ser residentes de la comunidad de Ceibita, una de las zonas de influencia del megaproyecto minero de EMCO. La mayoría eran mujeres y niños que bajaron un poco desorientados, siguiendo a los líderes de los patronatos locales que han recibido múltiples promesas de la empresa de llevarles salud, educación y desarrollo.

 

Quienes se oponen a los proyectos del Grupo EMCO les dicen a estas personas «los mineros», por su apoyo a la instalación del megacomplejo minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Los «mineros» portaban pulseras de papel azul como las que se utilizan en hoteles y fiestas. Esta identificación, además de darles derecho al desayuno y almuerzo que les pagó la empresa, eran relato silencioso de su lealtad para con los intereses del proyecto minero y de generación de energía.

 

Entre estas personas, Gilberto Morales, presidente del patronato de Ceibita, explicó que «venimos en apoyo a la empresa Ecotek de energía eléctrica, por los apagones que tenemos todo el tiempo, y ya que vino esta empresa queremos apoyar el desarrollo de la aldea y de las comunidades. No sé cuántos megavatios serían para el municipio de Tocoa, pero sé que se le van a repartir una cantidad; además, la empresa nos ha prometido infraestructura, salud, educación y medioambiente».

Con pancartas que decían «No a la Termoeléctrica» llegó la población de Tocoa al cabildo abierto. Foto CC/Fernando Destephen

En junio de 2023, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) anunció que las operaciones del complejo minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras sería suspendido debido a la falta de licencias ambientales; sin embargo, según los activistas, la detención de las operaciones del complejo minero ha sido más un discurso que una realidad, ya que no existe, hasta el momento, un comunicado oficial por parte de la Serna que declare la suspensión.

 

«No sé nada de la contaminación, pero nos hemos reunido con la empresa y todo lo que ellos dicen pensamos que va a estar bien (…). Hoy el bus viene pagado por la empresa, también nos van a dar alimentación», explicó finalmente Gilberto Morales.

 

En enero de 2022, el Congreso Nacional frenó un proyecto vinculado a las empresas de Lenir Pérez y la generación de energía por medio del petcoke. El proyecto  buscaba aprobar un contrato prioritario para Puente Alto Energy del Grupo Emco, pero fue objetado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), quienes señalaron riesgos de competencia desleal. Además, José Morán, entonces titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), destacó en redes sociales la importancia de procesos rigurosos para proteger el medio ambiente y la salud.

 

División y tensión en el cabildo abierto

 

Tras los primeros incidentes del día, a las 9 a.m. los portones se abrieron y las personas que se oponen al proyecto, entre ellos ambientalistas y miembros de organizaciones, llenaron completamente el auditorio del Instituto Froylán Turcios. Allí esperaron por dos horas, entre consignas populares y el calor de la costa hondureña, la llegada del alcalde Adán Fúnez.

 

Durante la espera, personas que se identificaron como «veedores» repartieron trifolios con información a favor de la planta de energía y sobre los supuestos beneficios que dejaría el proyecto a las comunidades; la respuesta de los asistentes fue romper y quemar los trifolios. En ese momento, representantes de organizaciones denunciaron la presencia de miembros de la seguridad privada de la empresa en el evento.

 

Sobre la información que recibieron las comunidades para poder tomar una decisión sobre el proyecto en el marco del cabildo abierto, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) apuntó en un informe que «no se ha dado el tiempo adecuado para que la información llegue a todas las comunidades afectadas».

 

Al respecto, Leonel George, ambientalista y regidor del municipio, apuntó que «es un abuso y una arbitrariedad. Son indicios de ilegalidad y creemos que la gente viene a decidir; no es el tiempo suficiente para decirles que socializamos un proyecto que tiene enormes impactos ambientales y a la salud de las comunidades».

 

Por otro lado, el regidor del Partido Salvador de Honduras (PSH), José Estrada, apuntó que como corporación municipal tenían la expectativa de que las personas del municipio decidieran la aprobación o el rechazo al proyecto; sin embargo, señaló, que «no son tontos»; saben que la empresa busca su propio beneficio y los problemas de energía del municipio no serán solucionados solo con la instalación del proyecto.

Pobladores se congregan frente a una manta que proclama «No al megaproyecto, fuera Ecoteck-Pinares-EMCO». Foto CC/Fernando Destephen

La huida del cacique local

 

A pesar de que todas las personas esperaban su llegada para iniciar el cabildo, Fúnez nunca entró al auditorio. Al cabo de unos minutos y una larga llamada telefónica, el alcalde decidió retirarse seguido de todas las personas de las comunidades  que la empresa había llevado al evento, y pospuso el cabildo. 

 

A diferencia del cabildo abierto realizado en noviembre de 2019, cuando se convocó para decidir si Tocoa se declararía un municipio libre de minería, Fúnez llegó sin su principal respaldo para mantener el poder en la zona: Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre. En ese entonces, Zelaya había dicho en medios de comunicación nacional que la concesión otorgada a Grupo EMCO «destruye la naturaleza, destruye las fuentes de agua (…) esa concesión es un crimen contra la naturaleza en el municipio de Tocoa».

 

Contradiciendo estas declaraciones, el apoyo de Adán Fúnez al Grupo EMCO ha sido evidente y denunciado por organizaciones de derechos humanos y los mismos integrantes del Partido Libre, y Zelaya ha mostrado un profundo respaldo hacía el alcalde de Tocoa; incluso, al inicio del Gobierno de Xiomara Castro, Fúnez fue nombrado gobernador del departamento de Colón. Este nombramiento fue sumamente cuestionado, y finalmente Fúnez nombró en el cargo a Ixcer Barahona, uno de sus empleados de confianza en la municipalidad.

 

Tras la salida de Fúnez del evento del sábado 9 de diciembre, seis regidores de los diez que tiene el municipio decidieron acompañar y seguir la reunión. Así, las organizaciones locales y la población que acudió al cabildo iniciaron una asamblea popular en la que rechazaron oficialmente la instalación del proyecto de energía termoeléctrica.

El Alcalde de Tocoa Adán Funez, llegó solo por unos minutos al cabildo abierto, donde la participación de la población fue masiva. Fúnez y la empresa EMCO no lograron los resultados que esperaban. Foto CC/Fernando Destephen

Por parte del Gobierno central, el evento fue acompañado por el viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure, quien manifestó su preocupación por la seguridad de los líderes defensores del ambiente y derechos humanos que en el pasado han recibido amenazas por parte de personas que están a favor de la empresa. Ahora, tras el fracaso del cabildo convocado por la municipalidad, podría darse una escalada de violencia contra los activistas.

 

Eguigure también se refirió a los señalamientos que ha recibido Lucky Medina, titular de la Serna, por impulsar el proyecto del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez, y aseguró que «entiendo que desde su posición [los activistas] están denunciando a la Serna por apoyar este proceso; yo no estoy tan seguro de que sea así, pero entiendo la posición de la comunidad y entiendo el malestar y los impactos».


A pesar de que el Gobierno ha manifestado en su discurso un gran interés por proteger el medio ambiente, un día antes del cabildo, según conoció Contracorriente, miembros del Comité Municipal por los Bienes Públicos de Tocoa fueron convocados a una reunión en la Secretaría de la Presidencia para encontrarse con las autoridades de la Serna y la Secretaría de Energía; sin embargo, ninguna de estas autoridades se hizo presente.

Este reportaje fue producido, editado y publicado originalmente por Reporteros de Investigación. Este medio lo reproduce con autorización de sus autores. 

El lunes 11 de diciembre, de forma sorpresiva, Casa Presidencial anunció en su cuenta X que la presidenta Xiomara Castro había «oficializado» el nombramiento de José Jorge Fortín como subsecretario de Defensa, en sustitución del coronel Elías Melgar Urbina, quien hasta este nueva designación se mantuvo como segundo al mando en esa oficina ministerial. Durante las últimas semanas, los periodistas encargados de esta investigación preguntaron por la situación de Melgar Urbina, pero hubo pocas respuestas. De hecho, constatamos que Melgar seguía siendo subsecretario en agosto de 2023, y que la supuesta renuncia verbal que él había interpuesto tras la masacre en la cárcel de Támara nunca fue efectiva. Cuando el gobierno anunció la destitución, solo faltaban 48 horas para publicar esta investigación que hoy adelantamos por la sorpresiva decisión. Esta madeja la empezamos a desenredar en marzo de 2022 al iniciar la pista de los cerebros de la extorsión y decidimos seguir documentando el caso en marzo de 2023 con un equipo de periodistas en distintos países.

 

Diseño de investigación: Jared Olson, Estados Unidos | Wendy Funes, Honduras | Héctor Silva, El Salvador | *Reporteo y redacción: Wendy Funes y Jared Olson | *Edición: Héctor Silva Ávalos |Esta es una investigación transnacional pues hubo reuniones con diversas fuentes en diferentes países entre marzo y diciembre de 2023.

Un trabajo difundido por: Infobae, Argentina | Prensa Comunitaria, Guatemala | Criterio.hn, Pasos de Animal Grande, Reportar sin Miedo, Diario en Altavoz, Contracorriente,  Honduras

La matanza de mujeres en la cárcel de Támara fue parte de un complot armado por militares para forzar el relevo de las autoridades de seguridad pública en el gobierno hondureño. Elías Melgar, un coronel señalado por nexos con escuadrones de la muerte, es uno de los implicados.

Un reportaje de Reporteros de Investigación*

 

  1. PARTE. El coronel Elías Melgar Urbina



El subteniente de artillería Kevin Edgardo Vargas Meza aprovechó un viaje a Tegucigalpa para comprar dos uniformes de fatiga en los almacenes del ejército. Eran días difíciles: el oficial recién había informado a investigadores de inteligencia que el coronel Elías Melgar Urbina, comandante de uno de los batallones de la Policía Militar de Orden Público, estaba implicado en asesinatos extrajudiciales. Cuando el alto oficial se enteró de las acusaciones no dudó en reclamar y amenazar al subteniente: “Pedazo de mierda, vos quién putas te crees, cerote, yo soy un coronel y vos sos un cerote… Ya vas a ver”.

 

Habían pasado dos días de aquella amenaza, Vargas Meza fue a comprar sus uniformes al almacén militar, cerca del aeropuerto de Tegucigalpa. Cuando salió de su compra, la policía lo detuvo. Poco después las autoridades lo presentaron a la prensa junto a 20 pandilleros del Barrio 18 y lo acusaron de proveer de equipo militar y armas a la pandilla. Un juez dejó libre al subteniente a los pocos días tras no encontrar mérito en las acusaciones, pero el joven militar tuvo que dejar el ejército hondureño para siempre. Confrontarse a Melgar le había costado su carrera y buena parte de su salud mental, según dijo a Reporteros de Investigación un abogado que lo conoció y habló con él.

El coronel al que el subteniente Vargas Meza se atrevió a señalar, Elías Melgar Urbina, es un hombre poderoso en Honduras desde hace años. Su hoja de vida es larga y problemática. Su nombre empezó a sonar primero en el Bajo Aguán, el amplio territorio agrícola en el norte del país salpicado por ejecuciones extrajudiciales de campesinos y cooperativistas que han protestado contra proyectos mineros y de otra índole en la zona. Esta entrega especial de Reporteros de Investigación ahonda en los vínculos de Melgar y una de sus empresas con esos asesinatos en el Bajo Aguán, de algunos de los cuales el subteniente Vargas Meza informó a la inteligencia policial de su país. No está claro de cuántas muertes, estaba el tanto Vargas, pero informes de organizaciones internacionales de Derechos Humanos cifran los asesinatos por arriba de los 40.

Elías Melgar es un coronel retirado y, según documentos a los que esta investigación tuvo acceso, era el segundo al mando en las fuerzas armadas de Honduras y por dos años viceministro de Defensa de la presidenta Castro. Ha sido, dice un perfilador estadounidense que conoce el caso del militar, un hombre ambicioso siempre, tanto que ha sabido cómo relacionarse con los principales grupos de poder político en Honduras, tanto con el Partido Nacional como con la coalición política que gobierna en la actualidad, encabezada por LIBRE. La frialdad para negar, una y otra vez, cosas de las que es acusado con multitud de pruebas e indicios, como su relación con grupos de exterminio y el Bajo Aguán, parecen ser rasgos característicos de su personalidad.

En julio pasado, luego de la masacre de mujeres perpetrada en la cárcel de Támara, voceros del gobierno aseguraron que Melgar había renunciado, pero fuentes consultadas para esta investigación indican que eso no es así: un alto oficial militar confirmó que Melgar seguía trabajando como viceministro. 

A la pregunta de si la presidenta Castro rechazó la supuesta renuncia del coronel, esta fuente respondió: “Eso es lo que tengo entendido”. Otro alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que Melgar sigue apareciendo en reuniones. Un funcionario de alto nivel consultado para este reportaje, relacionado con el gabinete de seguridad, aseguró que el plan último de Melgar era que lo colocaran a la cabeza de todo el ramo, pero eso no ocurrió.  El Memorando RR-HH SDN-547-08-2023 confirma también que su renuncia no fue aceptada.

Un día después de que una periodista del equipo solicitara esta información a la Secretaría de Defensa, el coronel llamó al programa televisivo Frente a Frente para decir que la presidenta no había querido aceptar su renuncia por su experiencia en seguridad.

Una investigación reciente de The Intercept, publicada en agosto pasado, confirmó los vínculos de Melgar con el narcotraficante hondureño Giovanny Fuentes y los nexos de Melgar con compañías de seguridad privada implicadas en asesinatos de campesinos y cooperativistas en el Bajó Aguán.

Publicación de la organización Pro Honduras Network, en junio de 2023, de documentos de fiscales estadounidenses que involucran a Elías Melgar con el narcotraficante Giovanny Fuentes.

Melgar ha sabido navegar esos señalamientos, tanto que durante el gobierno de Xiomara Castro fue nombrado viceministro de Defensa y miembro de un consejo permanente gubernamental que debe velar por la seguridad de los campesinos en el Bajo Aguán.

“Se ha disfrazado como defensor de derechos humanos… de luchador contra el crimen, como cuando se tomó una foto llevando a Juan Orlando Hernández hacia un avión de la DEA, tal como si él lo hubiera capturado, como si no estuviera mencionado en el caso de Giovanny Fuentes, o por sus actos de represión en el Bajo Aguán”, dice un exfuncionario del Ejecutivo que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad personal y quien ha conocido de cerca cómo ha funcionado la cartera de seguridad pública durante el gobierno de Xiomara Castro.

Lo de los asesinatos en el Bajo Aguán es solo el principio. Sobre el coronel Melgar pende, también, el asunto de la masacre de Támara.

Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro, quien habló para esta investigación bajo condición de anonimato, aseguró que después de los asesinatos de 46 presas el 20 de junio en la cárcel de mujeres de Támara se abrieron varias hipótesis sobre las causas detrás de la masacre. Las primeras versiones filtradas a la prensa apuntaron a una venganza entre pandillas y a la complicidad de custodios, policías y militares. Hay, sin embargo, otra hipótesis: que la masacre fue parte de una conspiración de líderes militares para sacar del aparato de seguridad de la presidenta Xiomara Castro al general Ramón Sabillón e instalar, tras bambalinas, a oficiales ligados con el narcotráfico, como el mismo coronel Melgar Urbina.

“En eso (la masacre de Támara) hubo confabulación policial y militar”, dice el alto cargo del gobierno de Xiomara Castro.



PARTE II. La 43 mujeres asesinadas y el secreto en el relevo del aparato de seguridad

Pocas horas habían pasado de la masacre cuando la presidenta Castro destituyó a Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que dirigió la década pasada los operativos para capturar a varios cabecillas de los clanes de narcotráfico de Honduras y que llevó la batuta en los últimos trámites para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y del diputado Midence Oquelí Martínez Turcios. Este último  pone a temblar a políticos de los tres partidos mayoritarios  que dominan el espectro electoral en Honduras. Tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de Castro han relatado para esta investigación como ambos hechos, la masacre y la destitución, se relacionan.

Las tres fuentes señalan a Melgar Urbina como uno de los militares que participó, antes de la masacre, en un complot para desbaratar la nueva configuración del aparato de seguridad público tras el ascenso al poder de la presidenta Castro, quien había decidido dar la batuta a oficiales de la policía y no a los militares, de quienes ella y su entorno desconfiaban por el golpe de Estado que en 2009 depuso a su esposo, Manuel Zelaya.

La primera alerta llegó el 6 de diciembre de 2022, cuando, empujada por el aumento en las extorsiones, la presidenta decretó estados de emergencia parciales en varios municipios del país y dio, con ello, más poder a la cúpula militar. Cuando aquello ocurrió solo habían pasado tres días desde que la Policía, bajo el liderazgo de Sabillón, había capturado al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien en su momento fue aliado político de Manuel Zelaya.

Midence Oquelí fue extraditado el 30 de marzo pasado. Poco después de la extradición, entregó a la cúpula militar el control absoluto de las cárceles y de las investigaciones sobre crimen organizado, gracias al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, y con ello devolvió las rutas por las que circula la mayor parte de la cocaína, en el corredor hondureño, al control del ejército. Cuando Sabillón asumió, el ejército había perdido buena parte de su poder en esas rutas, pero con esta estrategia lo retomaban. 

Al decretar los estados de emergencia, la presidenta Castro puso en remojo a Sabillón y a todo su gabinete de seguridad. El mando militar, en el que siempre estuvo Melgar Urbina, presionaba para dar plazos perentorios a las autoridades policiales. Una de las fuentes consultadas asegura que, en marzo de 2023, se concretó un plazo de 72 horas a Sabillón, lo cual fue el primer paso para la destitución. 

El 6 de marzo, de hecho, fue la misma presidenta quien dio el plazo a Sabillón y a su gabinete de seguridad.

“Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto… No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios… ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!!, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter -hoy X- aquel día.

En el entorno de Sabillón sabían que era el principio del fin y que el plan de los militares era que el general de la policía estuviese fuera en junio. Lo que pocos sabían, entonces, era que el plan, de acuerdo con los funcionarios consultados y de una de las hipótesis investigativas posteriores, incluía a Támara.

Un mes después del ultimátum, el 11 de abril de 2023, la presidenta nombró en un Consejo de Secretarios de Estado una comisión interventora en las cárceles mediante el Decreto Ejecutivo PCM-16-2023. A partir de ahí, desde la exacerbación de diferencias internas en Seguridad hasta la matanza de 43 privadas de libertad, todo formó parte del mismo rompecabezas.

La Interventora fue nombrada luego de que el 8 y el 9 de abril hubo reyertas y hechos violentos simultáneos en cinco penales. Un informe en poder del gobierno, al que esta investigación tuvo acceso, dice: “Estos atentados evidencian el alcance de la organización, coordinación y comunicación que mantienen las estructuras criminales que todos los días operan, se alimentan y fortalecen desde las cárceles a nivel nacional para la comisión de delitos relacionados con la extorsión y conexos”. En ese informe, además, se habla de la posible complicidad de algunos mandos policiales y militares con el complot.

La Comisión Interventora, a la cabeza de la cual la presidenta Castro nombró a Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, empezó a hacer cosas que nunca se habían hecho en el sistema carcelario hondureño, como elaborar un padrón de presos, utilizar la inteligencia penitenciaria para detectar fugas de información y generar información sobre las estructuras criminales internas. 

Hubo al menos 48 comunicaciones oficiales de la Interventora a las autoridades policiales pidiendo apoyo logístico, pero no obtuvieron respuesta. Con todo eso, el camino quedó allanado para la entrada, de nuevo, de las autoridades militares en los asuntos de las cárceles.

La retoma del control de parte de los militares coincidió, según un documento de inteligencia penitenciaria al que esta investigación tuvo acceso, con el abastecimiento de las armas y medios que luego serían utilizadas en Támara para la masacre. Así, el 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que es el nombre oficial de la cárcel femenina, 46 privadas de libertad fueron asesinadas. De ellas, 23 fallecieron calcinadas y 23 ejecutadas con armas de fuego y/o armas blancas.

Llegó luego la destitución de Sabillón, como estuvo previsto desde marzo de 2023. Entonces el coronel Melgar Urbina, convencido de que él podría ser el próximo ministro de Seguridad, apoyado por diputados oficialistas, interpuso su renuncia, dice una fuente de alto nivel. En las cárceles, el control del crimen organizado en Honduras pasó nuevamente a manos de las Fuerzas Armadas, gracias en parte al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023.

 

El plan, sin embargo, no salió según lo esperado por Melgar Urbina. En sustitución de Sabillón, la presidenta Castro nombró a Gustavo Sánchez, un oficial policial que hasta entonces había sido director de la Policía Nacional. En apariencia, el nombramiento truncaba el plan militar de retomar todo el aparato de seguridad y, en específico, las intenciones de Melgar. Sin embargo, uno de los altos funcionarios consultados en Honduras asegura que Sánchez tiene su propia agenda, que también incluyó sacar del camino a Sabillón. Se intentó conocer la opinión de Melgar Urbina en varias ocasiones a través de canales institucionales y mensajería electrónica pero no hubo respuesta.

En diversas coberturas observando tanto a Sánchez como a Sabillón, en los últimos meses, fue  evidente que había una relación cordial entre ellos. Y diversas fuentes policiales señalaban que ambos estaban expuestos a un complot permanente que apuntaba a la destitución de uno y otro. Ese ambiente de tensión hizo sorpresivo el nombramiento de Sánchez.

 

PARTE III. Los escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán

En una mañana luminosa y soleada del 20 de enero pasado, varios meses antes de los sucesos en Támara, en un funeral en un cementerio en las afueras de Tocoa, Natalie Roque, la Ministra de Derechos Humanos del gobierno de Xiomara Castro, tomó el micrófono para ofrecer algunas palabras de condolencia. Eran días complicados en el Bajo Aguán, una de las zonas más golpeadas en Honduras por ejecuciones extrajudiciales.

 

El coronel Elías Melgar es, a pesar de los señalamientos que pesan en su contra, miembro activo del consejo gubernamental formado por el gobierno de Xiomara Castro para dar seguimiento a decenas de asesinatos perpetrados por sicarios y escuadrones de la muerte. La investigación de The Intercept ya mencionada reveló, precisamente, que Melgar y compañías relacionadas con él han estado ligadas de forma directa con estos hechos.

 

“El gobierno de Xiomara condena activamente estos asesinatos”, dijo Roque con una voz fina; leía un documento en su teléfono mientras un asistente sostenía un paraguas sobre ella mientras todos sudaban bajo un sol opresivo. El asesinato por el que la funcionaria se lamentaba es el de Omar Cruz, un defensor de la tierra y presidente de la Cooperativa Los Laureles, un grupo de campesinos que ocupa una finca palmera del mismo nombre, la cual había sido tomada por un consorcio llamado Corporación Dinant desde abril de 2021. Durante los 18 meses que siguieron a esa toma, a los campesinos de Los Laureles les llegaron amenazas; denunciaron también espionaje con drones, intentos de infiltración en su movimiento, incursiones en la finca de policías encapuchados y guardias privados y arrestos arbitrarios entre otros intentos de criminalización. 

 

El 11 de enero de este año, Cruz fue al Ministerio Público a denunciar una escalada de amenazas que atribuyó a la Corporación Dinant, la cual, según él, financiaba un supuesto escuadrón de sicarios radicado en un pueblo cercano donde, el 21 de diciembre de 2022, apareció el cuerpo de otro defensor de tierra, Mauricio Esquivel, miembro de una cooperativa que también tenía conflicto con Corporación Dinant. El grupo de sicarios, denunció Cruz, se llamaba “Los Cachos” y abiertamente nombró a Mauricio Facussé como “actor y cómplice” en su creación.

 

Una semana después, el 18 de enero, Omar Cruz y su suegro, Sandy Martínez, fueron asesinados. Los mató una ráfaga de metralla a unas cuadras de la entrada de la finca Laureles.

 

En el funeral de Cruz, antes de que terminaran los discursos, una mezcla amarga de recuerdos personales y proclamaciones políticas de lucha por la tierra, el padre del fallecido interrumpió las palabras de Natalia Roque, la funcionaria de Xiomara Castro: “¡Ni imaginan un dolor de un padre de perder su hijo!”, grita mientras sube al borde del ataúd y levanta, en un gesto triste e inútil de derrota, su sombrero en el aire. Las hermanas y la esposa de Cruz también gritan. Otros dan sus últimos adioses. Finalmente, unos hombres cubren el féretro para siempre con cemento. La multitud se dispersa. Reporteros de Investigación se acerca a Roque en busca de una entrevista sobre el coronel retirado Elías Melgar Urbina.

 

  • “¿Usted ha trabajado con Elías Melgar?”

 

Melgar ha ocupado varios sombreros en el gobierno de Xiomara Castro. No solo ha sido viceministro de Defensa, una asignación que nadie en la presidencia ha desmentido con claridad hasta la fecha, y el segundo al mando de las fuerzas armadas, también trabaja como representante del ejército en el Mecanismo de Protección, como parte de la Comisión de Derechos Humanos, según un documento de Agosto 2022 de la Corte Interamericana, testimonios recogidos, y las propias palabras de Melgar. En esa comisión también trabaja Natalia Roque. 



  • “Sí, lo conozco”, responde Roque. 

 

En el Bajo Aguán, de hecho, hay mucha gente que conoce al que fue, por dos años,  viceministro de Defensa hasta hace 72 horas. Aquí, en las fincas palmeras de Colón, coinciden dos fenómenos: el sicariato, los asesinatos de defensores de tierra y agua en oposición a empresas extractivistas, y narcotráfico de gran escala. Las fuerzas armadas y la élite terrateniente han estado involucradas en ambas por años. La gente del Aguán no necesariamente recuerda a Melgar como una figura asociada a la “Refundación” del gobierno de Castro, sino como el dueño de una empresa de seguridad privada que, en la práctica, funcionaba como un equipo de sicarios, formado por exmilitares profesionales, que trabajaron a la par de uniformados activos del 15to Batallón y que asesinaron a decenas de campesino en la zona, que torturaron, violaron y desaparecieron a sus víctimas. Esos escuadrones de la muerte han sido condenados a nivel internacional, entre otros por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

 

Los recuerdos sobre Melgar y los suyos han vuelto con fuerza, sobre todo porque los asesinatos en el Bajo Aguán han aumentado otra vez.

 

Le insistimos a Natalia Roque, la funcionaria del gobierno Castro que trabaja con el coronel Melgar Urbina en el Mecanismo de Protección. ¿Ha escuchado sobre el récord de Melgar en la zona? ¿Sobre los asesinatos y desapariciones? El cuestionario es largo: según documentos entregados por fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York, Melgar también formó parte de una clica de militares de alto rango que proporcionó chalecos, armas y protección al narcotraficante Giovanny Fuentes. Y está, también, la pregunta por la supuesta complicidad del militar en la masacre de Támara, la que provocó una renuncia falsa.

 

Roque contesta, escueta, mientras, cerca de ella, se escuchan los últimos sonidos del funeral de Omar Cruz:

 

  • “Pues me han dicho ciertas cosas… Pero no. No estoy segura”.

 

El grupo Orión y la Corporación Dinant 

 

Wendy Castro se sorprende ante la noticia de que el coronel Elías Melgar Urbina forma parte del grupo estatal supuesto a velar por los derechos humanos de los habitantes en el Bajo Aguán: “No está bien que lo integre: él ha sido mencionado en varias partes con grupos criminales que operan en la zona… él ha integrado grupos criminales en el Bajo Aguán que se dedican a intimidar a matar defensores de derechos humanos”, dice esta activista agraria.

 

Pese a ser mencionado en los expedientes de Nueva y denunciado por liquidar gente en el Bajo Aguán, hace un año integra el Consejo Nacional de Protección de Periodistas, Comunicadores, Personas Defensoras y Operadores de JusticiaLa gente del Bajo Aguán ha llegado al Mecanismo a pedir protección.

https://m.facebook.com/Canal8Honduras/videos/en-vivo-consejo-de-derechos-humanos/3357137001279207/ En el minuto 12:10 manifiesta su amistad y apoyo a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque. “Ahí juega un papel importante lo que es el apoyo de la Secretaria de Derechos Humanos, liderada por la secretaria Natalie Roque y todo su equipo”. Dijo que Roque apoya con capacitaciones a la Policía Militar del Orden Público.

 

Castro fue al Mecanismo en febrero de 2023 a denunciar persecución y acoso, pero no ha tenido repuesta. “Hicieron levantamiento de incidencias… No han dado ni una resolución sobre eso. Dicen que no hay respuesta porque no hay presupuesto, no solo por mi caso sino por un sinnúmero de compañeros de las cooperativas que están en alto riesgo por la lucha en la defensa de los derechos humanos frente a los agroindustriales”, cuenta Castro. Y, ocho meses de haber puesto su denuncia y tras saber que el coronel Melgar es parte del mecanismo, se pregunta:  “¿Qué derechos humanos a defender él si él está a favor de los grupos criminales?”

El Bajo Aguán, la zona de influencia de la cuenca del Río Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario histórico de conflictividad social entre los campesinos e indígenas que habitan la tierra y los empresarios y terratenientes que la han explotado, sobre todo a través de la palma africana. Rica en recursos agrícolas y minerales, esta parte del país ha visto centenares de hechos de sangre provocados por esa conflictividad social. En tiempo recientes, la violencia recrudeció desde el golpe de Estado de 2009 y vio agregarse a un nuevo protagonista: el narcotráfico.

 

Después del golpe empezó una especie de guerra sucia. Unos 8,000 militares llegaron a la zona luego de que campesinos retomaron las fincas que, reclamaban, los agroindustriales les habían arrebatado. Las masacres empezaron a ser noticia frecuente. Al lado de los uniformados estaban siempre ejércitos de guardias privados. Una de las empresas particulares de seguridad más grandes entonces era Orión, contratada para vigilar las finas de la Corporación Dinant, uno de los monstruos agroindustriales del Aguán. Orión, de acuerdo con documentos en poder de esta investigación, está registrada a nombre de familiares del coronel Elías Melgar Urbina, quien ya en público ha reconocido que fue jefe de operaciones y jefe de inteligencia de Orión.

Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, dice que las últimas décadas han estado llenas de momentos difíciles

“El golpe de Estado se da precisamente en una coyuntura donde empezaba a haber una apertura para los empobrecidos de este país… había pequeñas luces, pues para que iniciara la devolución de los derechos violentados. A los grupos oscuros, fácticos, agroindustriales, empresariales, eso no les pareció y fraguaron el golpe de Estado y la confabulación con altos mandos policiales y militares”, dice Rivas.

El dirigente coincide con Wendy Castro y otros líderes campesinos entrevistados en que, durante el golpe de Estado, Elías Melgar era coronel en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y que fue él uno de los que participó, primero en el ejército, en la represión que siguió a la toma de fincas. Muy pronto, Melgar también empezó a comandar ejércitos privados.

“Tuvimos información también de que el señor Elías Melgar lideraba la empresa de seguridad Orión que estaba al servicio de Corporación Dinant.  Él, pues, daba órdenes en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y también daba órdenes en la empresa de seguridad Orión, que era propiedad de un pariente suyo, pero él era el quien daba las órdenes. Quienes daban las órdenes a los sicarios se sentían poderosos, con total impunidad y con protección desde el poder de Elías Melgar”, dice el líder campesino. 

Por eso la sorpresa de Rivas, como la de Wendy Castro, cuando Melgar apareció el 9 de febrero de 2022, ya en el gobierno de Xiomara Castro, como parte de una comisión de ministros que llegó al Bajo Aguán a discutir la conflictividad en la zona. “Fue de mucha preocupación… Aparece el señor Elías Melgar… Tuvimos la reunión con muchos temores y miedos sabiendo que alguien que ha estado vinculado con asuntos violentos para favorecer a corporación Dinant”.

Los liderazgos campesinos del Bajo Aguán entrevistados para esta investigación coinciden en que Melgar “está influyendo” en la estrategia de violencia en la zona, “al igual que en la estrategia pues de violencia que se ha generado a nivel del interior de las cárceles”.

En una investigación publicada en agosto pasado, el medio estadounidense The Intercept reveló que Elías Melgar es dueño, a través de testaferros, de una empresa de seguridad privada, Orión, que ha funcionado como un servicio de sicarios profesionales con entrenamiento militar. Este reportaje de Reporteros de Investigación va más allá: como lo denuncian las fuentes consultadas, lo que Melgar ha manejado es un consorcio de seguridad privada que es, en realidad, una firma de mercenarios que ofrece servicios de sicariato y ha estado involucrada, desde hace años, en crímenes de lesa humanidad.

Armados con ametralladoras y rifles automáticos, agentes de Orión, muchos de ellos ex-militares, patrullaban en fincas industriales y puestos de control viales en colaboración con tropas activoa del 15to Batallón del ejército Hondureño, en el Bajo Aguán, donde Melgar estuvo como jefe de inteligencia militar desde aproximadamente 2009 hasta 2014. Miembros de movimientos campesino, tres periodistas que huyeron de la zona y un exabogado confirman la presencia de Melgar en la zona, además de registros públicos de diversos medios de comunicación hondureños. Esas fuentes confirmaron que el coronel Melgar dirigía con frecuencia patrullajes y retenes formados por miembros del ejército y de los guardias privados de Orión. Muchas veces, según uno de estos testimonios, Melgar viajaba en un todoterreno Mazda marcado con el logo de Orión, la cual el coronel también lucía en su uniforme militar.  A lo largo de esos años, agentes de Orión sistemáticamente asesinaron por lo menos 40 miembros del movimiento campesinos a sangre fría. 

 

No eran choques en confrontaciones en igualdad de condiciones, como ahora sugieren empresas palmeras y algunos medios. El informe más completo que documenta la violencia de esa época, de Rights Action, establece que se trataba más bien de asesinatos selectivos y sistemáticos por parte de guardias en colusión con militares: víctimas emboscadas en calles solitarias, masacradas sin previo aviso, desaparecidos dentro de fincas que controlaban las guardias: “Soldados del 15to Batallón… y las fuerzas de seguridad privadas,” escribe la autora del informe, la reconocida investigadora estadounidense Annie Bird, “principalmente de la corporación de seguridad de Orión… han sido identificadas sistemáticamente como iniciadores de actos de violencia contra los movimientos campesinos en un lapso de tiempo que coincide con la ejecución de docenas de ejecuciones al estilo de escuadrones de la muerte.”

 

Esto coincide con el reporte de Human Rights Watch titulado “No hay investigaciones aquí”, que no identifica Orión por nombre pero describe asesinatos a manos de guardias privados de empresas palmeras. La mayoría de los asesinatos donde hubo sobrevivientes que presenciaron el crimen fueron ejecutados por sicarios con indumentaria militar o uniformes de guardias. Ya por 2014, había por lo menos 100 muertos a raíz de la conflictividad de tierra, unos 40 de los cuales se atribuyeron a guardias de Orión. Casi todos los asesinatos han quedado impunes.

 

Una de las peores masacres atribuidas a Orión es la de la finca El Tumbador. El 15 de noviembre de 2010, cinco campesinos fueron asesinados cuando guardias de Orión, acompañados por soldados del 15to Batallón, emboscaron a miembros de una cooperativa campesina en esa finca, en el extremo oriental del Aguán. “Nos emboscaron, nos estaban esperando”, cuenta Francisco Ramírez, sobreviviente de la masacre, mientras señala su rostro, desfigurado por una bala. “Me quitó todos los dientes superiores.”

 

Las acciones de Orión atrajeron incluso condenas internacionales. En 2013, un grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios identificó a Orión como uno de los principales violadores de derechos humanos. “El grupo de trabajo se vio profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en el asesinato, desaparición, desalojo forzado e incluso violencia sexual a la que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y el ejército”, dice el informe.

 

Las acusaciones de violencia a manos de guardias de Orión provocaron una auditoría interna en el Banco Mundial, que en 2009 aprobó un préstamo de US$ 30 millones a Corporación Dinant para desarrollar sus fincas. El primer informe, publicado en enero de 2014, fue considerado por la ONG Británica Oxfam como “uno de los más condenatorios jamás emitidos por el organismo de control interno del Banco”. Una de las conclusiones fue que “la violencia contra los agricultores en las plantaciones de Dinant y sus alrededores ocurrió debido al uso inapropiado de las fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o la influencia de Dinant”. Dinant se vio obligado a dejar de contratar a Orión y a desarmar a sus guardias.

 

Pero ni Orión ni Melgar se dieron por vencido. Registros de propiedad y comerciales revisados para esta investigación dan cuenta de que se idearon dos estrategias para mantener activa la empresa, que sigue funcionando hasta la fecha. 

 

Lo primero fue cambiar el nombre. El único empleado de Orión condenado por homicidio, Rigoberto Rodríguez Tomé, fue descrito en 2016 por el Ministerio Público como jefe de seguridad de la empresa. La solicitud de la Fiscalía para una sentencia de culpabilidad describe la escena, basada en testimonios de sobrevivientes, del doble homicidio en noviembre de 2011, donde Rodríguez Tomé fue descrito como alguien que vestía el uniforme de Orión mientras conducía un pick up con logos de la compañía. Sin embargo, constancias de trabajo entregadas a la corte que ahora se encuentran en el expediente del condenado lo describen como jefe de seguridad “Sión”; también hay descripciones de las responsabilidades de Rodríguez Tomé: hacer patrullajes armados a la par de la empresa palmera ACEYDESA, que se corresponden con la escena del doble homicidio descrito por la Fiscalía. Sión se encuentra registrada a nombre de familiares de Melgar en La Lima, su hogar natal.

 

El segundo paso fue nombrar a miembros de su familia para que no apareciera su nombre. En 2011, la hija del militar, cuyo nombre estamos dejando de lado para su seguridad, fue anexada como gerente general de Sión. La mujer, entonces, estudiaba para ser odontóloga en la UNAH en San Pedro Sula según registros empresariales en la Cámara de Comercio y en notas en redes sociales. En 2015, según esos mismos registros, la joven le otorgó poder de gerente general a su suegra.

 

Pero, a pesar de sus esfuerzos para no dejar su nombre en el rastro registral, el coronel Elías Melgar Urbina no era un hombre tímido cuando trabajaba en el Bajo Aguán.  Le encantaba cortejar a la prensa, según un periodista que huyó de la zona y ofrecer fiestas para periodistas, policías y hombres de negocios locales. También organizaba descansos semanales para la prensa con donas y café el viernes por la tarde en la base del Xatruch, una fuerza conjunta de unidades de fuerzas especiales en las afueras de Tocoa.

 

Para los movimientos campesinos de la zona, la presencia del coronel Melgar siempre llevó miedo. Parecía, dicen, que tenía un deseo de venganza personal y profesional. 

 

Un líder campesino, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que fue detenido en 2011 en un puesto de control vial, donde Melgar estaba parado con militares y guardias “Sé lo que tenemos que hacer con todos ustedes”, le dijo Melgar, indignado por las afirmaciones de que los campesinos estaban “robando fruta” de una plantación que habían ocupado. Al año siguiente, el granjero fue detenido en un puesto de control dirigido por agentes navales, quienes dijeron que se les había ordenado inspeccionar su vehículo bajo la sospecha de que transportaba armas. “Melgar me está dando la impresión de que tiene algo personal contra esta gente” recordó el campesino que dijo uno de los oficiales.

 

Fue un miembro de Orión el que cometió el asesinato de más alto perfil en Centroamérica en la actualidad. Henry Hernández había sido un francotirador de las tropas especiales en el 15to Batallón, en la misma época en que Melgar era un oficial. En 2013, Hernández ingresó a Orión, se supone que bajo las órdenes del coronel. En 2015 sería contratado para liderar el escuadrón de tres sicarios que asesinó a Berta Cáceres un año después, una operación en el que su jefe inmediato era Mariano Díaz, un excapitán del 15to Batallón, donde también estuvo activo durante los mismos años de Hernández y Melgar.

 

Guardias de Orión también vigilaron lugares en los que aterrizaron aviones con droga. La finca de Farallones ha sido propiedad de Corporación Dinant y la familia Facussé por años, y Dinant todavía reclama la propiedad. En 2004, según cables del Departamento del Estado filtrados al público por Wikileaks en 2011, aterrizó, y luego fue incendiada, una avioneta cargada con más de 1,000 libras de cocaína ante la mirada de “guardias bien armados”. Los oficiales estadounidenses dudaron de lo que entonces dijo Miguel Facussé, el patriarca familiar, quien alegó que los narcotraficantes aterrizaron sin que él lo supiera, la cual parecía improbable a los agentes diplomáticos por la fuerte vigilancia que siempre había en la finca. En 2015, según el testimonio proporcionado a la DEA por el ex-policía Chriss Zelaya-Romero, una propiedad en “Farallones” de la “familia Faucussé” (sic) se usó para el aterrizaje un cargamento de droga, que fue recibido, según su testimonio, por militares y “hombres armados.” Y en 2017, en el juicio de Fabio Lobo en el Distrito Sur de Nueva York, el hijo del expresidente Porfirio Lobo describió como él frecuentemente recibía cargamentos de droga en “la finca de Farallones.” En todos estos casos representantes de Dinant han negado que los Facussé tuviesen conocimiento de que los aviones aterrizaron ahí, pero no niegan que la propiedad es de ellos.

 

Uno de los altos oficiales del gobierno de Xiomara Castro consultados para esta investigación aseguró que el coronel Melgar tuvo, en principio, buena relación con el expresidente Juan Orlando Hernández y su entorno. Los vínculos, sin embargo, se debilitaron y el militar empezó a acercarse al círculo político de la futura presidenta.

 

Otra fuente, de inteligencia militar, aseguró que fue Juan Orlando quien promovió el crecimiento de Melgar Urbina en el ejército y le facilitó cuotas de poder.

 

“Era parte de la Policía Militar de Orden Público. Era un hombre de confianza de los Hernádez, pero se peleó con JOH por conflictos de intereses con otros militares y ahí empezó a trabajar relaciones con la oposición y termina metiéndose en la alianza política con Libre a pesar de ser uno de los militares que participó en el golpe de Estado de 2009”, dice el oficial.

 

Lo cierto es que Melgar cayó bien parado en el gobierno de Xiomara Castro y que sus vínculos con Libre y el oficialismo actual han ido creciendo, la de él y la de sus empresas de seguridad privada. En junio de 2015, el instrumento público con el que se entregó poderes de gerente general de Sión a la esposa de Melgar, Waldina Pineda Dubón, fue notarizada por Lourdes Pamela Blanco, la cónyuge de Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación de Castro. En enero de este año, justo después del asesinato de dos miembros de un movimiento de defensa en Guapinol, en el Bajo Aguán, se reveló que el Bufete de Vaquero y Lourdes prestaba servicios legales a varias empresa de otro miembro de la élite terrateniente: Lenir Perez, dueño de la mina Pinares y el aeropuerto Palmerola y aliado cercano a Juan Orlando Hernández.

 

Hoy, justo como la época en la que  Melgar trabajaba en la zona, la guerra sucia ha regresado al Bajo Aguán. Durante el tiempo en que el coronel ha sido funcionario del gobierno de Xiomara Castro, 11 defensores del agua y la tierra en conflicto con Dinant y Pinares han sido asesinados. Nadie ha sido arrestado por los asesinatos.

 

Lista de asesinatos en el Bajo Aguán

  1. 21 de diciembre, 2022: fue asesinado Mauricio Esquivel socio de la cooperativa Agropecuaria campesina Tranvio.

 

  1. 7 de enero 2023: el  asesinato de Jairo Bonilla y Aly Domínguez ambos mantenían una lucha por la defensa del río Guapinol.

 

  1. El 29 de enero, 2023: Ricardo Arnaúl Montero miembro del Comité de Defensas de Tierra en la comunidad de Triunfo de la Cruz- OFRANEH 

  2. 18 de enero, 2023:  asesinato de Omar Cruz Tomé presidente de la cooperativa Agropecuaria los Laureles y su suegro Andy Martínez.

 

  1. 12 de febrero, 2023:  fueron asesinados Hipolito Rivas y su hijo Javier Rivas ambos miembros de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez.

 

  1. 18 de febrero, 2023: fue asesinado Benigno Maldonado era integrante de la lucha que lidera el sector de Paujile en Tela, Atlántida.

 

  1. El 25 de marzo, 2023:  fue asesinado Emerson Martínez, hijastro del vocero de la cooperativa los Laureles y miembro de la junta directiva de la Plataforma Agraria miAbraham,  León.

 

  1. 22 de abril, 2023: asesinato de José Guillermo Martínez era socio activo de Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH).

 

  1. 22 de mayo, 2023: asesinato de Candelario Martinez excuñado del vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas.

 

  1. 24 de septiembre, 2023: asesinaron a José David Fortín era miembro de la junta directiva de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros.

 

  1. 14 de octubre, 2023: fue asesinado Kevin Meza joven campesino miembro de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI).



Fuente: Plataforma Agraria del Aguán

La violencia contra las familias campesinas y la persecución judicial contra sus liderazgos en el Bajo Aguán, en el norte de Honduras, se agudiza a pocos meses para que se cumplan dos años desde la firma del acuerdo tripartito entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, que prometía encontrar una solución al conflicto. El caso más reciente de desalojo y asesinato en las tierras de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), firmante también del acuerdo, muestra la complicidad entre las fuerzas de seguridad del Estado y los intereses de una empresa transnacional bananera millonaria.

 

Por: Contracorriente

 

A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro al sector campesino en el Bajo Aguán, las fuerzas de seguridad del Estado siguen desalojando de forma violenta a las comunidades campesinas y derramando sangre en aras de conservar los intereses de las grandes compañías agrícolas, nacionales y transnacionales. 

 

El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando por una orden judicial se desalojó al menos a 100 familias de la Empresa Asociativa Isletas (EACI). Aproximadamente 900 policías y miembros del comando de fuerzas especiales Cobra llevaron a cabo el desalojo. Las denuncias de las organizaciones campesinas sobre fraudes e irregularidades en la adquisición de esas tierras hace más de 30 años por parte de la empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la transnacional Dole Food Company, siguen sin ser atendidas.

 

Estas familias se habían instalado desde el 14 de octubre en las fincas Guanacaste, La Paz y Esperanza, ubicadas en la comunidad de Isletas, en el municipio de Sonaguera, Colón. Esa misma noche fue asesinado Kevin Meza, un joven de 24 años, miembro de la EACI. Los campesinos catalogan los hechos de esa noche como «una emboscada» coordinada entre la Policía Nacional y la empresa de seguridad privada de la empresa, y la propia Secretaría de Derechos Humanos sostiene esta versión. 

 

Estas acciones se suman a otro desalojo, ocurrido el 2 de octubre, en el que al menos 800 miembros de la policía ejecutaron una orden judicial, expulsando a las familias de la EACI en otra zona del municipio de Sonaguera. Estas tierras, en las que se produce una gran cantidad del banano que exporta la Dole Fruit Company a Estados Unidos, representan uno de los principales focos de conflicto en el Aguán, según informes del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

 

Estos desalojos y asesinatos se dan a pesar de que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro firmó en febrero de 2022 un acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, que incluye investigar violaciones a los derechos humanos y determinar la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán.

 

Las intenciones de este acuerdo contrastan con la formación de la Comisión de Seguridad Agraria y la incapacidad manifiesta de la Secretaría de Derechos Humanos de exigir a la empresa privada y otros entes estatales un cese a los actos de violencia y violaciones a derechos humanos en la zona. Según datos del movimiento campesino, solo en 2023 han sido asesinadas diez personas relacionadas con la defensa del ambiente y el territorio.

 

A pesar de todo, las organizaciones campesinas se han manifestado públicamente frente a las instituciones del Gobierno, en sus comunidades y en Tegucigalpa, exigiendo justicia y que se respeten sus derechos, y señalan a las autoridades por aliarse con las empresas transnacionales para perseguirlos. 

 

Sangre, violencia e impunidad en en el Aguán

 

Cuando la EACI se tomó los predios de la finca, los empleados de la empresa, la Agrícola Santa Inés, no podían entrar a cosechar los racimos de plátano y prepararlos para su exportación en la empacadora. Esto generó el enojo de cientos de empleados que viven en la comunidad circundante, a los que la empresa dejó de pagar durante ese tiempo, y decidieron manifestarse pidiendo el desalojo de los campesinos.

 

Por todos estos factores, en la entrada de la finca el registro era riguroso; nadie sin invitación debía acercarse a la zona, y la empresa vigilaba a los campesinos por medio de un dron que sobrevolaba el campamento cada cierto tiempo. Las familias campesinas no saben de quién era el dron, si de la seguridad privada de la empresa o de la seguridad estatal, pero sí saben que responde a los intereses de la transnacional para identificarlos y procesarlos legalmente.

 

Tampoco saben de dónde salió la bala que mató al joven Kevin Meza la noche en la que tomaron posesión de esas tierras, pero sí saben que no fue una casualidad que el portón de entrada a la finca no tuviera seguridad, y que la policía y la seguridad privada los estuvieran esperando en la oscuridad de la noche, a unos 500 metros de la entrada.

 

«Ellos empezaron a atacar, empezaron a disparar, no disparaban al aire sino que era contra nosotros; íbamos de retroceso cuando de repente vemos que cayó un compañero, y fue que le dispararon en la frente. Cuando escucharon que estaba muerto, salieron corriendo, pero a todos los muchachos les tiraban a matar», relata uno de los jóvenes campesinos, quizá el más fornido de todos. Luego muestra una grabación de esa noche en la que se escuchan los disparos y el momento en el que descubren, y graban, a su compañero asesinado derramando sangre sobre la tierra que intentó recuperar. Unas semanas después del crimen, los campesinos todavía cubrían con tierra el lugar donde quedaron los rastros de esa misma sangre.

 

Los miembros de la EACI aseguran que la toma de la tierra la hacen enmarcados en la ley, ya que afirman que tienen documentos que les acreditan como dueños de esas tierras, pero que debe ser el Gobierno quien haga la investigación del tracto sucesivo y las operaciones de venta y compra irregulares, para solucionar el conflicto.

 

«La policía está pagada, está bien pagada por ellos. Están con la guardia de la empresa transnacional. Actúan en favor de la empresa, no de nosotros. Le pedimos al gobierno que venga rápidamente y decida esta situación, porque estamos a la deriva. Si nos sacan, vamos a regresar dentro de poco porque la lucha no es de ahora, llevamos 33 años en esto. Hace 33 años comenzó la recuperación porque nos quitaron todo», explica otro de los campesinos.

 

Todos los presentes cubren sus rostros y omiten sus nombres por seguridad. Entre ellos hay varios que no tienen mucho tiempo de conocerse, pues el proceso previo a realizar la toma consiste en visitar aldeas y comunidades de campesinos sin tierra, incluso de otros departamentos del país, para invitarlos a formar parte de la empresa asociativa y prepararlos para el momento en que se haga la recuperación de la tierra.

Un menor se apoya en un machete en el lugar donde asesinaron a Kevin Meza el día 14 de octubre de 2023.

La toma en este caso duró un total de 34 días, la mayor cantidad de tiempo en la que estos campesinos tuvieron posesión de estas tierras desde que a inicios de los años noventa según su testimonio, fueron despojados de las propiedades que se les habían otorgado en la reforma agraria a través de una «seudoventa».

 

En estos 34 días en posesión de la tierra, los campesinos se organizaron para supervisar la seguridad de las fincas, patrullar las cientos de hectáreas de plantación de banano, hacer la comida de las más de 150 familias que acompañaron la recuperación y supervisar las centrales de empaque de la transnacional; además, por las mañanas regalaban a los habitantes de la comunidad parte del banano que todavía estaba en buen estado tras la paralización de las operaciones de la empresa. Todo se lograba con una diligencia y coordinación rigurosa, mientras en Tegucigalpa siete de sus compañeros enfrentaban procesos judiciales.

 

En ese contexto, y en demanda del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones campesinas del que la EACI también es firmante, campesinos y campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) marcharon en Tegucigalpa el 20 de noviembre, exigiendo principalmente el cese de la persecución y desalojos por parte de los entes de justicia y seguridad del Estado. Los campesinos y campesinas pretendían ser recibidos en Casa Presidencial y el Congreso Nacional, pero ambos entes ignoraron su visita a la capital y sus demandas.

 

Tras casi dos meses desde el asesinato de Kevin, la demanda por esclarecer el caso tampoco ha sido resuelta, aunque el viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure, asegura que efectivamente la Policía fue parte de la emboscada contra los miembros de la EACI, y que si la investigación lo confirma deben deducirse  deben deducirse responsabilidades a la policía y la seguridad privada.

 

«Deberían requisarse las armas, no solo de la policía, sino también de la seguridad privada. No hay normativas que permitan a la seguridad privada disparar en un operativo, pero nosotros solo hablamos con los campesinos. No tenemos capacidad de imponer acciones a la policía o la seguridad privada», apuntó Eguigure.

 

Según información que recibió Contracorriente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público está llevando la investigación del crimen, y el cuerpo fue exhumado para concluir el informe de la autopsia; además, requisaron las armas de los policías que participaron en el operativo. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún resultado público de dicha investigación.

 

Contracorriente llamó a las oficinas de la empresa Agrícola Santa Inés para conocer su versión de los hechos; sin embargo, no hubo respuesta.

 

La inoperancia del Gobierno y el poder tras la industria bananera

 

«Condenamos la criminalización por el ministro de seguridad contra los campesinos de la EACI», rezaba una pancarta de cartulina con letras negras y rojas que una mujer sostenía bajo la lluvia, durante una caminata realizada el 18 de octubre en la ciudad de Tocoa, Colón, por miembros de la Plataforma Agraria, en conmemoración de 26 años desde el asesinato de Carlos Escaleras y siete años desde el crimen contra José Angel Flores y Silmer George; todos ellos defensores de la tierra y el ambiente en la zona del Bajo Aguán.

 

La marcha se dio solo unos días después del asesinato de Kevin. Ni el temor de que otro crimen pueda ocurrir, ni la lluvia, ni las calles inundadas en una ciudad sin sistema de alcantarillado detuvieron a los campesinos. Decenas de familias marcharon por toda la ciudad exigiendo justicia y un alto a las acciones de criminalización ejecutadas por el Estado.

Foto de uno de los martires del Aguán en la movilización en Tocoa,Colón en conmemoración de los 26 años del asesinato del ambientalista, Carlos Escaleras.

Más tarde ese día, Esly Banegas, presidenta de COPA y defensora de derechos humanos, explicó a Contracorriente que, aunque con los acuerdos de febrero de 2022 se creó una Comisión de Seguridad Agraria, los resultados son nulos y el trabajo es deficiente debido en gran parte a la mala coordinación de Francisco Fúnez, quien también lidera al Instituto Nacional Agrario (INA).


La entrevista con Esly fue en las oficinas de COPA, un lugar que bien podría compararse con un búnker de seguridad, digno del conflicto violento y sangriento que se da en la zona. La seguridad es justificada considerando las múltiples ocasiones en las que han sido objeto de atentados al solo salir de esas oficinas.


Esly misma ha sido víctima de estos atentados, e incluso uno de sus hijos fue asesinado en noviembre de 2016.


«A pesar del acuerdo seguimos enfrentando muertes y falta de investigación, incluso con el nuevo gobierno. Para colmo, la comisión militarizada no parece estar resolviendo la problemática agraria desde la raíz. No deben olvidar que las raíces de la narcodictadura son profundas, y la falta de investigación perpetúa la impunidad», apuntó Esly.


Un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) sobre el conflicto agrario en el Aguán señala que el ritmo lento del cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno responde en parte a «la falta de experiencia y competencias necesarias del equipo gubernamental para gestionar este tipo de conflictividad». Y agregan que el Gobierno ni siquiera cuenta con una estrategia de abordaje interinstitucional y no hay recursos presupuestarios.


En ese sentido, las organizaciones reclaman que, en lugar de trabajar para avanzar en los procesos que podrían darle una solución a este conflicto, el Gobierno de Xiomara Castro anunció en junio de 2023 la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con origen en la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, y que plantea todo lo contrario a lo que esperaban de esta administración, como acciones represivas para el desalojo de las fincas ocupadas.


Excluida de esta comisión, y todas las demás, se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, la que aparenta ser la instancia con mayor preocupación por la violencia contra los campesinos y campesinas en el Aguán, o al menos eso manifiesta en sus declaraciones el viceministro Guido Eguigure.


«La labor de la Secretaría se centra en la observación y asesoría, ya que no tenemos la capacidad de resolver directamente los conflictos locales; además, el poder local está en manos del alcalde y la Secretaría no puede imponer cambios en el ámbito local», explicó Eguigure. El viceministro se refiere a Adán Fúnez, el conflictivo alcalde de Tocoa que ha sido mencionado en los juicios por narcotráfico en Estados Unidos.


Fúnez no ha dicho nada recientemente sobre el conflicto, pero sus antecedentes indican que responde a intereses, y los de la empresa Agrícola Santa Inés rebasan las fronteras del departamento de Tocoa.

Panorámica de la extensión de la finca bananera de la empresa Agrícola Santa Ínes, subsidiaría de la Dole Food Company en Honduras.

Una resolución presentada ante la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia detalla que la Empresa Agrícola Santa Inés forma parte de un conglomerado cuyo origen es la transnacional Dole Food Company. Esta última ostenta en su cartera un total de 30 sociedades hondureñas, con una inversión acumulada de 21 mil millones de lempiras, y también es propietaria de las acciones de otras cinco empresas, algunas de ellas pertenecientes al sector bancario, como Inversiones Atlántida y Seguros Continental.

 

La Dole Food Company, una de las principales empresas exportadoras y distribuidoras de frutas y verduras a nivel mundial, registra anualmente una facturación cercana a los 4,500 millones de dólares. En Honduras, el banano ocupa el noveno lugar en la lista de productos exportados por el país, formando parte de un vasto poder económico que podría resultar crucial para comprender la falta de resolución de este conflicto.

La participación de una numerosa delegación hondureña en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP28, ha originado una serie de críticas en Honduras. No hay claridad de cuántas personas asistieron patrocinadas por el gobierno, y ninguno de los funcionarios contactados quiso aclararlo. En cambio, los ambientalistas señalan que el discurso del Gobierno en esta materia suena bonito, pero no se traslada a la práctica.

 

Texto: Allan Bu

Fotografía: Contracorriente



La 28.ª Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) comenzó el 30 de noviembre y culminará el 12 de diciembre de 2023. Honduras es uno de los países representados en la ciudad más elitista del mundo para acordar un rumbo correcto y acelerar acciones en aras de afrontar la crisis climática, que ya provoca en el mundo temperaturas récord y otros fenómenos extremos. La participación del Gobierno de Honduras generó controversia por la cantidad de personas que conformó la delegación del país, y por la opacidad con la que los funcionarios se han referido al tema. 

 

El designado presidencial Salvador Nasralla, antiguo aliado de la presidenta Xiomara Castro, denunció a través de la red social X que 139 personas conformaban la delegación de Honduras en el evento, y publicó unos listados que, según afirmó, fueron obtenidos de la web oficial de la COP28.

Desde su cuenta de X, el ministro en el Despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, negó lo manifestado por  el designado Nasralla, a quien acusó de haber traicionado «el mandato del pueblo» y que ahora se dedica a «desestabilizar y desinformar». Junto a este mensaje, Pastor adjuntó dos documentos oficiales en los que aparecen 12 funcionarios, incluidos la presidenta Castro, su hijo Héctor Zelaya, los diputados Carlos Zelaya y Óscar Ariel Montoya (presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional), y el ministro Lucky Medina, entre otros funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). La publicación fue eliminada posteriormente.

 

Los organizadores de la COP28 publicaron el 30 de noviembre un listado provisional en el que aparecen 52 delegados de Honduras. Sin embargo, un recuento del sitio especializado en clima CarbonBrief de las personas que asistieron al evento por país, Honduras asistió con 139 delegados, muchos más que los 6 de Nicaragua, los 28 de El Salvador o los 44 de Costa Rica. Según esa información, por Honduras inicialmente asistirían 53 delegados, pero luego se agregaron otras 86 personas, incluyendo periodistas y otros invitados por el Gobierno.

 

Este medio intentó contactar al ministro Pastor para hablar sobre el tema, pero desde su oficina nos respondieron que no estaría disponible hasta el jueves 7 de diciembre. Su asistente indicó que él no formaba parte de la comitiva, y que esta información podríamos obtenerla en la Cancillería de la República o en la Serna.  

 

Sin embargo, contactamos a Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior, y no respondió a los mensajes. También se contactó al ministro de Comunicaciones y Prensa, Ivis Alvarado, quien sí respondió, pero se excusó de brindar cualquier información, argumentando «no ser la persona indicada». Nos remitió a la Cancillería y a la Serna. Por último, también enviamos mensajes de texto solicitando una entrevista al ministro de la Serna, Lucky Medina, pero no se obtuvo ninguna respuesta. 

 

Enviamos un  correo para contactar por esa vía al ministro Pastor para aclarar las contradicciones entre su publicación y la información proporcionada por otras fuentes. La periodista Saraí Espinal –quien formó parte de la comitiva de Honduras– entrevistó en Dubái al diputado Óscar Ariel Montoya para preguntarle cuántos andaban en la delegación, y durante la conversación, la comunicadora sostuvo que, solamente de medios de comunicación privados, viajaban 10 personas, y que también había miembros de la prensa oficial.

Ninguno de los funcionarios contactados brindó información oficial sobre la delegación que llevó Honduras a esta cumbre climática. 

 

El designado presidencial Salvador Nasralla le dijo a Contracorriente que en la delegación hondureña en ese evento había «un montón [de personas] que fueron a pasear y tuvieron que contratar esos nombres raros, que son los que aparecen en la lista. Contrataron gente porque no entienden [del tema] absolutamente nada». El político apuntó que en la ponencia presidencial en la cumbre se habló de «capitalismo» y que ese es el discurso de «una persona que no entiende». 

 

«Querían ir a darse ese taco porque no es lo mismo acompañar a ese lugar (Dubái) que acompañar a lugares cercanos. A ese lugar vas una vez en la vida y no volvés nunca más», mencionó Nasralla. El designado presidencial estimó que este viaje pudo haberle costado al Estado de Honduras unos 50 millones de lempiras (USD 2 millones), y que algunos miembros de la delegación pudieron hospedarse en hoteles de miles de dólares. «Yo de turista, hospedado en un hotel barato, puedo conseguir  la noche en 160 dólares, pero ahí [en el caso de] Xiomara y los diputados, los hoteles valen 3,000 dólares la noche. Ese lugar es el más caro del mundo, fue construido en un desierto», afirmó.

Foto panorámica de Dubái, ciudad construida en el desierto donde se llevó a cabo la COP28 con participación de Honduras. Foto cortesía Pixabay

En una búsqueda en sitios especializados en turismo, encontramos que la noche en un hotel de Dubái puede oscilar entre 80  dólares y 1,715, tarifa del Al Burj Arab, uno de los hoteles más exclusivos y excéntricos del planeta, que está ubicado sobre una isla artificial construida sobre las aguas del Golfo Pérsico. Un boleto de avión a Emiratos Árabes cuesta alrededor de 1,500 dólares en clase económica, y en clase ejecutiva entre 4,000 y 6,000 dólares.

 

Nasralla dijo haberse enterado de que miembros de la delegación hondureña se trasladaron a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, lugar donde el domingo clausuró la temporada de la Fórmula 1, la carrera de automóviles más prestigiosa del mundo. 




Discurso bonito, pocas acciones

 

En la COP28, la intención de Naciones Unidas es conversar para encontrar un camino de balance entre el progreso y el uso de los recursos naturales, como se estableció en el Acuerdo de París, tratado climático histórico adoptado en 2015, en el cual quedó establecido un plan para reducir emisiones y proteger la vida. 

 

La ciencia indica que para mantener un clima soportable se debe disminuir la producción de carbón, petróleo y gas, y en cambio aumentar la capacidad de energía renovable para el año 2030. Para lograr esto se requiere de un aumento en los fondos orientados a la adaptación y resiliencia climática. De acuerdo con la descripción que la ONU hace de las cumbres climáticas, ahí se reúnen líderes de gobiernos, negocios, oenegés y sociedad civil para hablar de soluciones concretas a este problema.

 

Leonel George, ambientalista y uno de los defensores del río Guapinol en Honduras, consideró que hubo un exceso de personas en la delegación participante por Honduras. Aunque reconoció que ese es un espacio importante, señaló que hay personas  en el Gobierno o alrededor de los funcionarios públicos que «aprovechan para darse un paseo, y honestamente es un insulto para el pueblo hondureño», considerando que el país está en condiciones críticas financieras como para derrochar de esta manera. «Cuando se ven estos viajes desde la lógica del paseo, entonces hay mucha distracción, perdemos el horizonte o el enfoque real [sobre] para qué deben servir estos espacios», expresó el defensor. 

 

El ambientalista dice que el discurso ambiental del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es «muy bonito, pero en la práctica los resultados no son coherentes. Igual que en el discurso de derechos humanos, que es muy bonito, pero nos está persiguiendo y hostigando la misma Policía Nacional. Es decir, que no se ha materializado el discurso», se quejó.

Instalaciones de Inversiones Los Pinares en la aldea Guapinol, Tocoa, Colón. Esa construcción se encuentra a solamente 100 metros del río que defiende la comunidad. Foto CC/ Fernando Destephen.

Como ejemplo, mencionó el conflicto entre Inversiones Los Pinares y las comunidades que defienden los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en Tocoa, Colón. Este proyecto ha sido impuesto, y a pesar de las denuncias de ilegalidad  y de los daños ambientales provocados al parque nacional Carlos Escaleras, aún no ha sido cancelado; al contrario, se mantiene en la impunidad, porque en teoría hay un acuerdo para suspenderlo, «pero eso no cabe, debe ser la cancelación», expuso George. 

 

Los ambientalistas creen que hay confabulación del ministro de la Serna, Lucky Medina, con los proyectos del empresario Lenir Pérez, según lo denunciado por George, quien explicó que  «el mismo Medina está promoviendo un proyecto altamente contaminante para el ambiente y salud. No hay coherencia, las promesas y el discurso se quedan vacíos porque la práctica no es real».

 

George, que también es regidor de la municipalidad de Tocoa, manifestó que mientras se hace turismo en estos eventos, las amenazas a los ambientalistas son fuertes. «En este momento estamos igual, no ha habido ningún cambio, sigue vigente todo y se le sigue dando largas. La empresa [Los Pinares] y funcionarios públicos buscan cómo lavar la imagen de la ilegalidad y la corrupción, como una nueva estrategia y reacomodamiento. Eso nos hace pensar que hay funcionarios en el Gobierno que han sido financiados por Lenir Pérez, eso hace que no cancelen estos proyectos» . 

 

En la COP27, el ministro Lucky Medina se refirió al mercado del carbono y su entrada en Honduras. Este mercado es un método que busca la coexistencia entre las actividades productivas y el costo social y ambiental que se genera al emitir gases de efecto invernadero. Estos mercados se pueden clasificar principalmente en dos categorías: los mercados voluntarios y los mercados regulados. 

 

Durante la COP28 en Dubái, el tema nuevamente salió a relucir, cuando la presidenta Xiomara Castro propuso convertir la deuda externa de los países de bosques tropicales en programas racionales de conservación y protección de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. Honduras tiene una deuda impagable que ronda los 17,000 millones de dólares, que fue engrosada por la administración de Juan Orlando Hernández, pero continúa creciendo en manos del Gobierno del socialismo democrático.  


En julio del 2023, con el apoyo de todas las bancadas, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática. Al entrar en el mercado del carbono, desde la perspectiva del Gobierno, el país podría percibir hasta 125 millones de dólares en 2025.

En su cuenta de X, el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) publicó algunos de los pronunciamientos de Honduras en la COP28. Ahí aparentemente se refuerza la protección de los bosques en La Moskitia, con la promesa de reducir a cero la deforestación y la ganadería en sus formas ilegales. En contraste con esta afirmación, el sitio Insight Crime  publicó una entrega donde refleja la destrucción de la flora y fauna por actividades criminales, en complicidad con la inoperancia gubernamental. En La Moskitia, el Gobierno pretende la recuperación de 100,000 hectáreas que están ilegalmente en manos de ganaderos.  

 

Salvador Nasralla sostiene que cuando asumió el poder el actual Gobierno, él colocó en la palestra el tema climático, y considera que se puede ganar dinero «con los bonos de carbono, porque Honduras tiene un montón de regiones que no están explotando. Ellos no entienden lo que son, pues las potencias contaminan, de las cuales la que más contamina es China, pues hay organizaciones que pagan bonos de carbono para mitigar los efectos del invernadero. Cuando vieron que había dinero, eso lo empezó a manejar Mel Zelaya», dijo. 

 

En Dubái, el gobierno habló de financiamiento para proteger La Moskitia y otros recursos naturales. A Leonel George le preocupa el dinero gastado en viajes como el realizado a Dubái, pero también las contradicciones del Gobierno entre lo que se dice y se hace: «Ante el abuso, el exceso y la incoherencia, en las comunidades hemos decidido mantenernos firmes frente a la oleada de ataques o riesgos que pueda representar la lucha en este momento».

La Secretaría de Seguridad a través de su titular Gustavo Sánchez confirmó la utilización de armas compradas por el Estado en la masacre de 46 mujeres registrada en una cárcel hondureña el pasado 20 de junio y además reveló que existen vehículos, fusiles, municiones e incluso aviones comprados para la Policía Nacional, que se encuentran en «manos del crimen organizado».

 

Por: Vienna Herrera 

Fotografía: Vienna Herrera  

 

Sobre la masacre de 46 privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ocurrida el 20 de junio, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que parte de las armas y municiones usadas en la masacre fueron compradas con fondos del Estado.

 

Esta es una información proporcionada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, pero la Secretaría misma lo había negado hasta que hace unos días el Ministerio Público confirmó la información.

 

Sánchez asegura que los materiales nunca ingresaron a las bodegas de la Policía Nacional de Honduras (PNH): «Hay más de 15 o 16 armas de fuego incautadas (del caso de la masacre de PNFAS), una sola está registrada en la Policía Nacional, e igualmente existen también casquillos de munición que tienen un registro de la policía».

 

Roberto Blen, abogado que dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), afirmó hace unos días en un foro televisivo que aunque no todos los casquillos que pertenecen a la PNH que fueron encontrados en la escena se usaron contra las privadas de libertad asesinadas, pues una parte se encontraban afuera en un intento de la policía por ingresar a la penitenciaría.

 

«En los cuerpos se habían encontrado balas de 9 milímetros y había uno de calibre 45 (…) el arma cuando se decomisó estaba encasquillada, significa que, hicieron el disparo, mataron a la persona, pero el arma después no funcionó; quedó inservible», dijo el fiscal, sobre los casquillos y el arma que tenía registro de la policía.

 

Sánchez aseguró que ya tienen a 21 personas identificadas, 16 de ellas como autores materiales y 5 a nivel de intelectuales. También denunció que existen vehículos, fusiles, municiones e incluso un avión comprados para la Policía Nacional, pero que se encuentran a manos del crimen organizado.

 

«¿Quién se los entregó? Recordemos que el ex jefe de Estado de este país que está respondiendo a cargos de crimen organizado, específicamente del narcotráfico en Nueva York», dijo Sánchez en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández quien se encuentra preso en Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico, entre ellos tráfico de armas y asociación ilícita. 

 

En el momento de la masacre en la PNFAS, el sistema penitenciario del país estaba intervenido por una comisión encabezada por la viceministra Villanueva, quien fue separada de este cargo como respuesta de la presidenta Xiomara Castro a la tragedia. La presidenta también destituyó a Ramón Sabillón de su cargo como ministro de Seguridad, colocando en este puesto a Gustavo Sánchez.

 

La viceministra Julissa Villanueva ha asegurado que esta interventora no pudo realizar debidamente su labor por falta de cooperación de la Policía Nacional. Además, en las últimas semanas ha denunciado acoso y amenazas desde esta institución.

 

Las revelaciones de Sánchez se dieron durante la presentación de un informe de resultados en el que se proyecta cerrar con una tasa de 31.56 homicidios por cada 100 habitantes, con una disminución del 17.15% de homicidios en relación con el año anterior.

 

La Secretaría de Seguridad señaló que se le han asignado 2388 casos de homicidios este año, de los cuales solo han capturado a 808 personas como autores. Además registró que este año 12.77% de los homicidios no tuvieron autopsia, pues se dieron 366 casos durante la huelga del Ministerio Público que paralizó las autopsias.
  

 

Uno de los casos que se dio en ese tiempo fue el de Ana Hernández, en el cual la familia demandó que se hiciera una autopsia, y a ocho meses de la solicitud aún no tienen respuesta, según declararon recientemente a Contracorriente.

Un resguardo indígena en la Amazonia colombiana fue incluido dentro de dos proyectos distintos del mercado de carbono que fueron aprobados y que han vendido bonos, en lo que pudo constituir un caso de doble contabilidad. Los promotores del proyecto más nuevo, que vendió sus bonos a la aerolínea estadounidense, dicen haber hecho las correcciones del caso. Sin embargo, situaciones como esta minan la credibilidad de ese mercado en Colombia.



Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

 

En septiembre de 2022, la aerolínea estadounidense Delta Airlines compró 1,3 millones de créditos de carbono de un proyecto en la Amazonia colombiana tan conflictivo que su suerte tendrá que ser decidida por la Corte Constitucional de ese país.

 

El caso llegó al máximo tribunal constitucional en Colombia después de que un grupo de líderes indígenas del selvático territorio del Pirá Paraná que lo alberga interpusieron un recurso judicial contra el proyecto Baka Rokarire, argumentando que violó sus derechos fundamentales y que como era un asunto novedoso ameritaba que la Corte lo examinara. 

 

Los indígenas demandantes denunciaron que el contrato que sustenta la iniciativa fue firmado por un líder indígena que había sido retirado de la representación legal de ese territorio, en el departamento de Vaupés, y que nunca pasó por la máxima instancia de gobernanza del Pirá Paraná. Aún antes de que el caso llegara a la Corte, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) había develado los detalles de este conflicto.

 

La aerolínea compradora no se pronunció en aquel momento, pero cuatro meses más tarde reconoció que había una “disputa local sobre quién autorizó el proyecto”. Aún así, Delta subrayó su compromiso con comprar “compensaciones de carbono de alta calidad”, en línea con el plan que anunció en 2020 de convertirse en la primera aerolínea carbono neutral de Estados Unidos. Esta meta, según la definió la empresa, implicaba invertir en combustibles menos contaminantes, aviones más eficientes y, hasta un cambio en su estrategia de sostenibilidad el año pasado, también en la preservación de bosques —como el Pirá Paraná— donde las emisiones evitadas al reducir la tala compensan las de los aviones.

 

Sin embargo, ese no es el único proyecto del mercado de carbono con posibles irregularidades al que Delta ha comprado bonos. El 15 de diciembre de 2022, casi dos meses después de que se publicara el reportaje que advertía sobre los problemas del proyecto en Vaupés y cinco meses desde que los líderes indígenas presentaran la acción judicial, la aerolínea compró 115 mil créditos a un segundo proyecto con problemas en otro rincón de la Amazonia colombiana.

 

Ese nuevo proyecto, llamado Jocū Bucūrō Apūrō, está en el sur de Guaviare y fue aprobado en septiembre de 2022. Tuvo luz verde a pesar de que uno de los tres resguardos indígenas que lo alberga ya formaba parte de otro proyecto de carbono distinto, Redd+ Dabucury, que estaba activo y había vendido cientos de miles de bonos en 2021. 

 

Estos son los hallazgos de una investigación hecha por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

 

Al formar parte de dos proyectos del mercado de carbono que estuvieron activos simultáneamente, ese territorio indígena y sus empresas promotoras vendieron un mismo resultado ambiental dos veces – algo que, en el mundo de las compensaciones de carbono, se conoce como una forma de doble contabilidad. En la práctica el problema es que, al transarse dos veces un mismo resultado ambiental por parte de dos proyectos diferentes, se genera una suerte de engaño a la atmósfera y puede inducir a creer que se redujo el doble de emisiones de las que en verdad se redujeron. Esto podría poner en entredicho la integridad de un esquema financiero que fue diseñado para conectar a empresas privadas que buscan compensar su huella ambiental con comunidades locales que cuidan bosques para mitigar la crisis climática global. También es una alerta para el Estado colombiano, cuya herramienta digital para identificar traslapes de proyectos está fuera de servicio desde agosto de 2022, coincidiendo con el lapso de tiempo en el que Jocū Bucūrō Apūrō se aprobó.

 

Un desarrollador al frente de cada uno de los proyectos, al igual que la certificadora del más nuevo de los dos y la aerolínea que compró los bonos, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió. Argumentan, no obstante, que el segundo proyecto ya excluyó ese resguardo de su polígono y que juntos encontraron una solución que les permitió ya evitar la doble contabilidad. A pesar de ello, este reportaje encontró que persisten preguntas sin respuesta sobre la debida diligencia que realizaron varios actores en la cadena de valor de esos bonos de carbono, sobre la millonaria venta que ya se había hecho y sobre cómo puede afectar la credibilidad del mercado de carbono colombiano.

 

El resguardo indígena con dos proyectos

 

En el centro de este conflicto está el resguardo indígena Vuelta del Alivio. Creado en 1998 y habitado por unos 850 indígenas el pueblo wanano, está en un corredor selvático que conecta dos parques nacionales amazónicos. Uno de ellos, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, es el más grande de Colombia y también el más extenso de selva húmeda tropical en el mundo, considerado patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por las milenarias pinturas rupestres que el etnobotánico y explorador Wade Davis bautizó como “la Capilla Sixtina de la Amazonia”.

También es una zona donde la tala ha ido en aumento en años recientes. El selvático municipio de Miraflores, atravesado por el río Vaupés y con presencia de las disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que optaron por no entrar en el acuerdo de paz, aparece con frecuencia como punto caliente de deforestación en las alertas tempranas que publica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Entre abril de 2021 y marzo de 2022, perdió 2.742 hectáreas de bosques, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

Esa combinación de factores lo hace perfecto para un proyecto de carbono. Se trata de un esquema que fue incorporado a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados, pero que luego fue ampliado para incluir proyectos privados. Desde entonces estos proyectos, conocidos como Redd+, se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos.

 

Tres razones explican esa bonanza. La primera es que el gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de Ucrania— está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la que muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados del mercado voluntario de carbono. A esas se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, más cuando se están desarrollando sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.

 

En este sentido, las condiciones del resguardo de la Vuelta del Alivio parecen haber sido tan perfectas para un proyecto de carbono que los terminaron eligiendo dos grupos de empresas casi al tiempo.

 

Los dos proyectos en tensión

 

El proyecto más antiguo, Redd+ Dabucury, tomó forma y fue aprobado durante 2021. Promovido por las empresas colombianas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Plan Ambiente, engloba tres resguardos indígenas contiguos en el sur del Guaviare: el de Yavilla II, el de Puerto Nare y el de Lagos El Dorado, Lagos del Paso y El Remanso, además de Vuelta del Alivio. A futuro, la iniciativa —que forma parte de la alianza CommunityRedd+— contempla incluir un quinto resguardo llamado Barranquillita.

 

El segundo, Jocū Bucūrō Apūrō, se cristalizó durante 2022. Lo impulsa la Corporación Masbosques, una ONG ambiental de Antioquia que tiene a varias entidades públicas como socias, en llave con la empresa Soluciones Proambiente. Además de Vuelta del Alivio, incluye a dos resguardos más al norte, el de Puerto Viejo y Puerto Esperanza y el de Centro Miraflores cerca de la cabecera del municipio.

 

Ambas iniciativas fueron registradas y certificadas tras un proceso de validación. Dabucury lo surtió primero: recibió el visto bueno de la auditora colombo-brasilera Verifit en octubre de 2021 y fue registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. A los cinco días de ser aprobado, el 20 de octubre de 2021, su primera cosecha de 700 mil bonos fue canjeada por la distribuidora de gasolina Primax Colombia. En los dos meses siguientes, la distribuidora de gas Petrobras Colombia declaró haber utilizado 138.000 bonos y Biomax otros 5.601 bonos. En total, hasta principios de 2023, había vendido unos 843 mil bonos.


Casi un año después, Jocū Bucūrō Apūrō le siguió los pasos: en septiembre de 2022 fue validado por el auditor estadounidense Ruby Canyon Environmental y en octubre fue registrado por la certificadora colombiana Cercarbono. Dos meses después, la totalidad de los bonos que le fueron aprobados fue canjeada por Delta Airlines.

Los documentos que los sustentan muestran que hay un traslape entre ambos, en el espacio, en el tiempo y en la misma actividad de evitar la deforestación y la degradación del bosque.

 

Los dos proyectos incluyen el mismo polígono del resguardo Vuelta del Alivio –408 kilómetros cuadrados, o el tamaño del país caribeño de Barbados— como parte de sus áreas. Según el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) de Dabucury, ese proyecto se realiza en 81 mil hectáreas de bosques, una cuarta parte de las cuales corresponde a Vuelta del Alivio. Mientras tanto, el documento que sustenta a Jocū Bucūrō Apūrō muestra que abarca 51 mil hectáreas, un 80% de las cuales están en Vuelta del Alivio.

Mapas de los documentos de diseño de proyecto de Redd+ Dabucury (izquierda) y Jocū Bucūrō Apūrō (derecha) muestran a Vuelta del Alivio a la derecha. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en los registros de BioCarbon Registry y Cercarbono, respectivamente.

Algo similar ocurre con las ventas hechas por ambos proyectos. Los certificados emitidos para los bonos vendidos por Dabucury muestran que se trata de resultados ambientales de los años 2019 a 2020, mientras los de Jocū Bucūrō Apūrō corresponden a enero de 2018 a diciembre de 2021. A eso se suma que ambos proyectos tienen como actividad la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, y que citan como representante de Vuelta del Alivio a la misma líder indígena, Martha Lucía Pedroza.

Imágenes de los PDDs de los dos proyectos, en donde se repite el nombre de la líder indígena Martha Lucía Pedroza del resguardo Vuelta del Alivio. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en registros de BioCarbon Registry y Cercarbono.

Al menos una entidad del Estado colombiano, el Instituto Sinchi de investigaciones amazónicas,  alertó sobre la coincidencia del resguardo en ambas iniciativas en su informe sobre proyectos Redd+ en la Amazonia lanzado en julio.

 

Desarrolladores de los dos proyectos, así como la certificadora Cercarbono, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió y que no fue detectado sino hasta mediados de este año, ocho meses tras ser certificada la segunda iniciativa y seis después de vender su cosecha inaugural de bonos. 

 

La líder indígena Martha Lucía Pedroza de Vuelta del Alivio no respondió mensajes de Whatsapp preguntándole por qué firmó dos contratos para proyectos casi idénticos y por qué no informó a los promotores de ambos de ese hecho.

 

Federico Ortiz, uno de los promotores del proyecto Dabucury, relató que en junio de este año se percataron del traslape y notificaron a Cercarbono, la certificadora con quienes ellos también han trabajado. Ésta, a su vez, informó a Masbosques. “Quedamos aturdidos. Ellos no se habían dado cuenta”, dijo el director y accionista de Terra Commodities. “Es que cuando firman por segunda vez, el proyecto nuestro ya estaba caminando, había implementación y había actividades”.

 

Cercarbono confirmó haber recibido esa alerta, explicando que de inmediato pasaron los polígonos por una herramienta de anti-traslape que habían desarrollado recientemente y confirmaron que en efecto había un problema. Masbosques señaló que se enteró del traslape por un correo de Cercarbono el 15 de junio y que, al día siguiente, se reunió con la certificadora y con su auditora Ruby Canyon Environmental para corroborarlo.

 

La ONG antioqueña dice no explicarse aún cómo ocurrió el traslape. Mediante una respuesta escrita, señaló que inició diálogos sobre el proyecto de carbono con la asociación indígena local Asatrimig en 2020 y que firmó contratos con los tres resguardos en noviembre de 2021, que ratificó siete meses después. Estructurar el proyecto, dice, le tomó en total dos años, entre 2020 y 2022. “Masbosques parte del principio de buena fe, en el que se confía plenamente en lo manifestado por las comunidades y su representante legal, quienes indicaron no estar en otra iniciativa Redd+”, añadió. (Puede ver sus respuestas completas acá).

 

Como parte de ese proceso, Masbosques dice que comprobó en Renare, la plataforma estatal de iniciativas de mitigación, que no hubiese traslapes y que corroboró esa información mediante una revisión manual de las plataformas de las distintas certificadoras, encontrando cuatro proyectos en Guaviare pero ninguno en su área de interés. “A abril de 2021, fecha en la que se registró el proyecto en Ecoregistry bajo el estándar de Cercarbono, no se detectó un posible traslape”, argumentó, añadiendo que tiene un soporte de no traslape generado por la herramienta gubernamental.

 

Sin embargo, su proyecto no llegó a la fase de certificación sino hasta año y medio después. Y en ese lapso de tiempo Dabucury ya había nacido y vendido sus primeros resultados ambientales, sin que Masbosques, Ruby Canyon o Cercarbono se enteraran.

Pantallazo proporcionado por Masbosques mostrando que su consulta en febrero de 2022 arrojó la no existencia de un traslape. Fuente: Masbosques.

La solución al traslape

 

El 9 de agosto de 2023, mes y medio tras descubrir el traslape, los impulsores de ambos proyectos se reunieron en persona, con Cercarbono en el rol de mediador. Tras reconocer la existencia del problema, acordaron una solución. “Se decidió retirar voluntariamente las áreas traslapadas (…) con el fin de que esta situación no fuera motivo de disputas y divisiones al interior de la comunidad”, explicó Masbosques a esta alianza periodística.

 

Dos semanas después, la representante legal del resguardo Vuelta del Alivio desistió formalmente del proyecto y el polígono del proyecto en el registro público de Cercarbono fue redibujado. Jocū Bucūrō Apūrō perdió así cuatro quintas partes de su área, pasando de 51.646 hectáreas a solo 10.776 (aunque los documentos de Jocū Bucūrō Apūrō, sin embargo, siguen incluyendo a Vuelta del Alivio).

 

Acto seguido, Cercarbono propuso otra solución para resolver el segundo problema que tenían todos: el de la doble contabilidad en los bonos ya vendidos. Los créditos emitidos por Jocū Bucūrō Apūrō para ese territorio se descontarían de una reserva (también llamada buffer) que mantiene cada certificadora y a la que todos los proyectos aportan para cubrir —a la manera de un seguro— posibles riesgos como incendios o fugas de la deforestación hacia tierras aledañas. Más específicamente, Cercarbono cubrió los bonos traslapados con su reserva colectiva, que se nutre con un porcentaje de bonos de todas las iniciativas que ha certificado. De ese modo buscaban evitar que el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō —y todos ellos— pudieran ser responsabilizados de haber permitido la doble venta de un mismo resultado ambiental. Luego Masbosques se comprometió a reponer esos bonos a la certificadora con otros, algo que la ONG dice haber hecho ya “mediante la compra de créditos de otros proyectos de otros desarrolladores”.

 

“El área ha sido ajustada, eliminando del proyecto referido la superficie correspondiente al traslape existente”, dijo a esta alianza periodística Alex Saer, el gerente de Cercarbono que fue director de cambio climático del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Iván Duque, entre julio de 2021 y agosto de 2022. Explicó que la certificadora siguió el procedimiento que esbozó para este tipo de casos de doble contabilidad, donde un número de bonos se registran en dos estándares distintos, y que subsanó esa doble emisión mediante dos sanciones que llama mínima y moderada. Esos pasos, sumados al acuerdo entre las partes, significan que a juicio de Saer “actualmente no se puede hablar de doble contabilidad, toda vez que los créditos emitidos de las áreas traslapadas fueron soportados por créditos de la reserva colectiva y a su vez compensados por créditos que adquirió el proyecto para su reemplazo”. (Ver respuestas de Cercarbono acá.)

 

Esa decisión satisfizo a los promotores de Dabucury. “El problema ya tuvo solución”, dice Ortiz, explicando que su proyecto acaba de pasar una nueva ronda de auditoría con Icontec y que esperaron tener certeza absoluta de su resolución para emitir y vender esa nueva tanda de bonos a partir de noviembre de este año.

 

Consultada por esta alianza periodística sobre cuántos bonos resultaron afectados, Masbosques señaló que fueron 95.292 — o el 82,5% del total emitido por su proyecto. Respecto al manejo de esos ingresos, dijo que “no hubo afectación, teniendo en cuenta que los recursos no se habían girado”.

 

Delta Airlines explicó a esta alianza periodística que su estrategia de sostenibilidad cambió en 2022, «dejando de invertir en compensaciones y centrándose, en cambio, en descarbonizar las operaciones de nuestra aerolínea mediante esfuerzos que incluyen la inversión en combustible de aviación sostenible, la renovación de nuestra flota por aviones más eficientes en el consumo de combustible y la reducción de las emisiones globales mediante la aplicación de eficiencias operativas». 

 

La aerolínea añadió que, aunque ya no emplea compensaciones para alcanzar su objetivo de carbono neutralidad, mientras lo hizo trató de «asegurar compensaciones de alta calidad para lograr su impacto previsto y significativo». Su forma de garantizarlo, explicó, había sido trabajar con «registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con la debida diligencia y credibilidad en su base». En cuanto al problema con el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō, Delta dijo que «en este caso, el registro -Cercarbono- aplicó créditos de reserva para resolver el traslape y, por lo tanto, el proceso funcionó según lo previsto”. (Ver respuesta completa de Delta).

 

Además de Miraflores y el Pirá Paraná, Delta ha comprado bonos a otros dos proyectos Redd+ impulsados por Masbosques: en diciembre de 2021 usó 300 mil bonos de Makaro Ap+ro en Vaupés y un año después, al tiempo que los de Jocū Bucūrō Apūrō, lo hizo con casi un millón de Awakadaa Matsiadali en Guainía.

 

Todos apuntan la culpa al Gobierno

 

Si bien los promotores y avaladores de Jocū Bucūrō Apūrō reconocen el traslape, descargan en el Gobierno colombiano la responsabilidad principal de no haber podido detectar ellos mismos un cruce con otra iniciativa.

 

En su informe de auditoría, Ruby Canyon explicó que buscó verificar en la plataforma estatal pero que “a la fecha de elaboración del presente informe, la plataforma web del Renare no estuvo en funcionamiento, por lo cual no fue posible realizar esta verificación”. Algo similar argumentó Masbosques en su PDD, explicando que el proyecto estaba registrado en el Renare, pero que “a la fecha de presentación de este documento y, desde el pasado mes de marzo de 2022, la plataforma se encuentra fuera de funcionamiento”. A la pregunta de cuál fue la última fecha en que cotejó, respondió que febrero de 2022 y que lo intentó de nuevo “en los meses siguientes pero la página web se presentaba en estado de mantenimiento”.

 

Ambos se refieren a una herramienta digital del Renare que permite identificar de manera automática cruces entre los polígonos inscritos en el espacio, el tiempo o en sus actividades. En caso de detectar una superposición, podría declarar una iniciativa como “no compatible” para evitar una doble contabilidad. Un proyecto con esa situación, advierte la resolución que regula al mercado, “en ningún caso podrá verificar y cancelar reducciones de emisiones o remociones” de gases de efecto invernadero.

 

En efecto, el Renare está actualmente fuera de servicio, pero no desde marzo de 2022 como señala Masbosques, sino desde el 9 agosto de 2022. Como contó el CLIP en otro reportaje, esto se debió a una suma de factores que incluyeron un mantenimiento y una sentencia del Consejo de Estado que ordenó suspenderlo mientras resuelve una demanda. Consultado por esa inconsistencia en las fechas, Masbosques respondió que en efecto la plataforma está caída desde la segunda mitad de 2022, pero que “desde el primer trimestre del año (…) presentaba errores de ejecución”.

 

Incluso, los promotores de Dabucury tienen una perspectiva similar de que la responsabilidad primaria recae en el Gobierno colombiano. “Si el Estado tiene una herramienta andando, ¿uno por qué va a desconfiar de ella?”, pregunta Federico Ortiz de Terra Commodities. “Es como el que dirige el tránsito, que por lo general no se involucra. Tiene que haber un ente neutral que no sea juez y parte”.

 

Aún así, Ortiz reconoce que a sus competidores les faltó debida diligencia. “Cuando nosotros empezamos un proyecto, aunque no nos compete, siempre hacemos un sondeo de quiénes son los vecinos, quiénes están desarrollando proyectos por ahí y que no haya traslapes”, dice. Sobre todo porque en ausencia del Renare hay otras formas de comprobar si existe un posible traslape, como buscar en las plataformas de las cuatro certificadoras que operan en Colombia qué proyectos había en Guaviare. A octubre de este año, según una verificación manual hecha por esta alianza periodística, había fichas de otras 12 iniciativas, solo una de las cuales está activa y vendiendo bonos.

 

El promotor de Dabucury también señala que los indígenas de Vuelta del Alivio han debido saber que no podían firmar dos contratos distintos —que suelen tener cláusulas de exclusividad— para un mismo tipo de proyecto. En sus palabras, “firmaron con los otros teniendo uno andando, seguramente para beneficiar su comunidad y sin saber que estaban metiendo la pata”. Ese es un problema, añade, que se soluciona con un fortalecimiento gradual de sus capacidades de gobernanza.

 

Auditoría al sobrevuelo

 

Una mirada al proceso de aprobación del proyecto de Masbosques y Soluciones Proambiente muestra un problema que pudo haber incidido en que el traslape pasara desapercibido: los auditores de Ruby Canyon Environmental que lo validaron no visitaron el resguardo de Vuelta del Alivio, ni tampoco se reunieron con su comunidad en persona.

 

Sus dos empleadas no lograron llegar, explica su informe, “debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio”. Eso significó que, según el documento, “la visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades principales”: una reunión en febrero de 2022, en la capital departamental de San José del Guaviare, con uno de los líderes de la iniciativa y sobrevuelos al área del proyecto.

 

Únicamente se vieron con Isidro Lomelin Gil, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores Guaviare (Asatrimig) a la que están afiliados los resguardos de la zona, dado que —según el informe— “debido a problemas logísticos, el resto de los líderes de las comunidades no pudo ser entrevistado en persona”. Por ese motivo, sostuvieron llamadas telefónicas con ellos, aunque el informe no dice con cuántos ni quiénes.

La selva de Miraflores y el río Vaupés observados por los auditores en sobrevuelo. Fuente: imágenes tomadas del informe de verificación de Ruby Canyon Environmental.

Esa falla del auditor pone en evidencia, según el Instituto Sinchi estatal, que “la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y culturales”.

 

La imposibilidad de Ruby Canyon de llegar a Vuelta del Alivio contrasta con las visitas a campo que hicieron los dos auditores externos que ha tenido el proyecto Dabucury, tanto antes como después de que fuera validado su proyecto rival. Primero, en mayo de 2021, un auditor de la empresa Verifit estuvo durante seis días en la zona de Miraflores, bajando por el río Vaupés hasta Vuelta del Alivio y reuniéndose con la comunidad, según consta en su informe de verificación.

Mapa de la primera visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Verifit.

Luego en diciembre de 2022, diez meses tras el trabajo de campo de Ruby Canyon sobre Jocū Bucūrō Apūrō, un segundo equipo de auditores de la empresa colombiana Icontec consignó en su informe haber hecho una visita de casi dos semanas a Miraflores. Recorrieron el río Vaupés hasta los asentamientos de Alivio y Vivero, donde se reunieron, según el documento, con 21 personas de la comunidad.

Mapa de la segunda visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Icontec.

Ruby Canyon no respondió a un correo preguntándole por las circunstancias que le impidieron visitar Vuelta del Alivio, si intentó realizar un nuevo viaje y las razones por las que sus rivales sí pudieron ir.

 

Curiosamente, las palabras que aparecen en el informe de Ruby para explicar las razones por las que no pudo hacer una visita de sitio son —como mostró la investigación del CLIP— textualmente las mismas que aparecen en otro documento hecho por la misma auditora para el proyecto en el Pirá Paraná en febrero de 2022, un hecho que pudo contribuir a que no se percatara del agudo conflicto que la iniciativa de Masbosques ya había generado allí y que la Corte Constitucional está próxima a resolver.

Los auditores de Ruby Canyon Environmental no visitaron en persona el resguardo de Vuelta del Alivio, según muestra su informe de auditoría, por motivos de seguridad. Su auditoría del proyecto Baka Rokarire muestra una situación similar. Fuente: Informes de auditoría de los proyectos Jocū Bucūrō Apūrō y Baka Rokarire.

Consultado sobre por qué Cercarbono tampoco detectó el traslape, su gerente Alex Saer explicó que la certificadora lo analiza siempre usando “la información públicamente disponible y de la documentación soporte” y que Jocū Bucūrō Apūrō “cumplía con los requisitos de Cercarbono”. Añadió que hoy cuentan con una herramienta anti-traslape, que describe como “un software de última generación para realizar una revisión con mayor precisión” y “única en su tipo”, pero que en aquel momento no existía aún. “Nadie podría haberlo detectado con los elementos disponibles”, dijo Saer, quien en su anterior cargo de director de cambio climático del Ministerio de Ambiente fue el responsable gubernamental de monitorear el mercado de carbono en el país.

 

Para los promotores del proyecto afectado, la ausencia de visita de campo incidió en que el traslape no fuese identificado a tiempo. Según Federico Ortiz, de Terra Commodities, “cualquiera que entre se da cuenta de la implementación del proyecto” porque hay señales visibles, como indígenas usando gorras del proyecto o guardabosques ataviados con chalecos marcados que usan en sus rondas de vigilancia del territorio. 

 

“Ellos explican que la debida diligencia fue difícil por el tema de orden público. Y tienen razón: es difícil. Pero el hecho de que lo sea no quiere decir que se puedan excusar y no hacerla”, dice. No reveló cuánto cuesta una auditoría, pero dijo que “es lo suficientemente costoso como para uno ser muy exigente”.

 

Mismos actores, otros problemas

 

El de Miraflores no es el primer proyecto de Masbosques que deja preguntas abiertas.

 

Como contamos anteriormente, en julio de 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso una acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les violaron tanto Masbosques como las tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Baka Rokarire (Cercarbono, Ruby Canyon y Soluciones Proambiente), así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas. “Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron las autoridades del Pirá Paraná en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”.

 

La Corte Constitucional decidió en abril de este año seleccionar el caso, después de que jueces de primera y segunda instancia lo negaran a finales de 2022. El máximo tribunal colombiano en asuntos constitucionales consideró que cumple con dos de sus criterios de selección: por un lado, mirarán si los jueces han observado o desconocido su jurisprudencia y, por otro, lo ven como un asunto constitucional novedoso. Su decisión, que podría sentar precedentes para el mercado voluntario de carbono, debería anunciarse en los próximos meses.

 

Ese proyecto en Vaupés tenía otras dos peculiaridades, ligadas a otros dos actores que intervinieron en la cadena de valor de los bonos de carbono.

 

En primer lugar, la empresa consultora que aparece en los documentos como apoyo para la formulación de la iniciativa en el Pirá Paraná, llamada Soluciones Proambiente S.A.S., era además su financiadora y recibía hasta un 40 por ciento de los ingresos que el proyecto Baka Rokarire generaba, según explicaron en su momento empleados de Masbosques al CLIP. Los líderes indígenas críticos del proyecto dijeron que ese carácter de socio capitalista de la empresa —fundada en Itagüí por Mauricio Fernández Posada como único accionista en junio de 2020— no les había sido comunicado por la ONG que lo lidera.

 

Esa empresa también aparece en el PDD de Jocū Bucūrō Apūrō en Guaviare como “formulador del proyecto” y en el informe de auditoría como quien contrató a Ruby Canyon. Consultada, Masbosques confirmó que Soluciones Proambiente es su “aliado financiador” en Guaviare —como parte de una alianza que bautizaron Sumare— y que le corresponde el 40 por ciento de los ingresos menos los costos operativos.

 

La segunda peculiaridad de Baka Rokarire es que sus bonos no fueron comprados desde un inicio por Delta Airlines, sino por una empresa tecnológica llamada Latin Checkout que no los usó. Los tres accionistas fundadores de Latin Checkout eran a su vez, como mostró el CLIP, los mismos que estaban al frente de la certificadora Cercarbono, con lo cual quienes comercializaron los bonos de un proyecto con posibles problemas terminaron siendo los mismos que lo habían certificado. En esa ocasión, Latin Checkout no respondió a quién vendió los créditos ni en qué otros proyectos ha jugado el mismo rol de intermediario. (Un acta de Latin Checkout, de marzo de 2023, muestra que ahora figuran dos de ellos, Andrés Correa y Alejandro Celis, como accionistas, habiendo salido Carlos Trujillo. Las más recientes actas de Cercarbono disponibles públicamente, de febrero de 2021, mostraban a los tres como accionistas de esa empresa).

 

Esta alianza periodística preguntó a Masbosques si dicha empresa compró o vendió bonos de Jocū Bucūrō Apūrō, pero la ong respondió que “lamentablemente no podemos brindar la información solicitada por cuanto existen acuerdos de confidencialidad y reserva sobre la misma”. El gerente de Cercarbono, Alex Saer, también se negó a revelar si Latin Checkout —que opera su plataforma Ecoregistry— vendió bonos del proyecto traslapado. “Cercarbono no es responsable de la comercialización de los créditos de carbono y por tanto no tiene comunicación con los usuarios finales de estos”, dijo, añadiendo que “no existe ninguna relación societaria con Ecoregistry y, por tanto, las suposiciones indicadas no son aplicables al momento actual”. Andrés Correa, de Latin Checkout, no respondió a dos correos haciéndole la pregunta. Delta Airlines tampoco respondió preguntas sobre a quién compró los créditos.

 

Del lado del proyecto perjudicado, al menos una iniciativa de Carbo Sostenible y Terra Commodities en la Amazonia colombiana ha tenido problemas. Sus dos proyectos en el resguardo Monochoa en el medio río Caquetá excluyeron a dos comunidades indígenas que históricamente han formado parte de éste, pero —como contamos en esta investigación— incluyó el territorio que habitan dentro de sus iniciativas. De este modo, las marginaron de los beneficios que generaba y al mismo tiempo les impedían participar en otra iniciativa distinta. Carbo Sostenible y Yauto, una tercera empresa promotora de esos proyectos, reconocieron la exclusión y explicaron que ya habían llegado a un acuerdo con esas dos comunidades para sumarlas. Los líderes de esas dos comunidades, Aménani y Monochoa, confirmaron el arreglo. Las empresas prometieron que los documentos técnicos serían corregidos para reflejar ese cambio durante 2023, algo que no había ocurrido a la fecha de publicación de este reportaje.

 

Un segundo grupo de proyectos impulsados por esas mismas empresas en la Amazonia de Brasil, llamados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, fue señalado por una investigación de Infoamazonia de no haber realizado la consulta previa con las comunidades indígenas locales y desconocer las directrices de la autoridad indigenista del Estado brasileño (FUNAI) sobre proyectos de carbono en territorios étnicos. Las empresas argumentan que fueron invitados por los indígenas para desarrollar esos proyectos y que lo han hecho con conocimiento de la oficina local de la FUNAI del gobierno brasileño.

 

Un problema de credibilidad

 

Los promotores de ambos proyectos insisten en que el problema del traslape está resuelto y lo ven como un tropiezo normal en una industria en consolidación de la que Colombia es pionera.

 

“Mucha gente se mató en los primeros 40 años del automóvil hasta que se inventó el cinturón [de seguridad] y seguramente Henry Ford tuvo una cantidad de problemas que poco a poco fue enderezando”, dice Federico Ortiz, de Terra Commodities. “Todas las industrias cuando comienzan tienen ese tipo de fallas, pero van quedando atrás los que no cumplen y perduran los que trabajan bien”.

 

En efecto, hay mucho por corregir para que este mercado, nacido de las buenas intenciones, no termine desprestigiado. El caso de Miraflores deja varias alertas que pueden afectar la reputación del mercado de carbono colombiano. Del lado del Estado, la no disponibilidad del Renare, desde hace más de un año, dificulta sus esfuerzos hasta ahora magros de llenar los vacíos regulatorios que existen, monitorear el mercado e investigar posibles irregularidades. El Ministerio de Ambiente tiene listo un borrador de resolución con el que busca ponerlo de nuevo en pie, aunque no hay aún un cronograma claro de cuándo podría ocurrir. Del lado de los desarrolladores, auditores y certificadores quedan preguntas sobre qué tanto están cumpliendo su deber de detectar traslapes y servir de contrapesos entre sí. Y del lado del comprador Delta Airlines, su compromiso de usar sólo «compensaciones de alta calidad» podría haber sido socavado por su confianza en «registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con debida diligencia y credibilidad», pero que no detectaron el traslape. A eso se suma la falta de transparencia en toda la cadena de valor sobre por cuánto se venden los bonos de carbono y quiénes intervienen en esas transacciones.

 

En últimas, fallas como éstas minan la credibilidad del mercado de carbono de Colombia y permitieron un traslape de dos proyectos que emitieron bonos en un mismo territorio al mismo tiempo y por una misma actividad. Al hacerlo, dieron vía libre a los promotores para que monetizaran dos veces un mismo resultado positivo ambiental y que empresas lo reclamasen también por partida doble como compensaciones, al menos hasta que detectaron el problema y se sentaron a resolverlo.

Carbono Opaco

Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.

Honduras cumple un año bajo un estado de excepción decretado por el Gobierno para combatir el crimen organizado. Sin embargo, desde 2017, el Ministerio Público no había presentado tan pocos requerimientos fiscales por delitos de asociación ilícita y extorsión como en 2023. En cambio, gran parte de las detenciones en el marco del estado de excepción son por «violencia doméstica»  o «maltrato intrafamiliar»; sin embargo, esto no significa un mayor acceso a la justicia para las víctimas. 



Texto: Celia Pousset

Con reportes de Vienna Herrera

Portada generada con IA de Canva 



Villanueva es una de las colonias más pobladas de Tegucigalpa y forma parte de la lista de barrios intervenidos por el estado de excepción desde diciembre de 2022. Es un territorio diverso: hay sectores casi moribundos, abandonados por sus habitantes que huyeron ante la presión del Barrio 18 en una pelea de territorios con la mara rival, la MS-13, y sectores llenos de vida que tratan de curar las heridas dejadas por la violencia y lidian con el estigma de la pobreza. 

 

Karol, maestra en una pequeña escuela pública improvisada en una iglesia evangélica, relató cómo algún día de octubre de 2022 perdió a más de la mitad de sus alumnos y alumnas que vivían en el sector 8 de Villanueva: «De esos niños no volví a saber nada, desaparecieron y no sé adónde se fueron». Un año después del suceso, Contracorriente volvió al sector 8 y las calles siguen desiertas.  De las familias que huyeron, ninguna ha regresado.  

 

En Villanueva, como en otras colonias, el plan antiextorsión decretado en noviembre de 2022 y el estado de excepción no han cambiado nada en la vida de sus habitantes. Según el pastor de la Casa de los Milagros —que sirve de refugio para el aula de Karol— la problemática de inseguridad y extorsión en su barrio siguen iguales. 


El estado de excepción pretendía ser una herramienta para investigar y combatir más eficazmente el crimen organizado, pero los datos que Contracorriente analizó muestran una realidad muy alejada de las intenciones del Gobierno. De hecho, según datos brindados por el Ministerio Público, este año fue marcado por una baja drástica de requerimientos fiscales presentados por los delitos de asociación ilícita y extorsión. En 2022, hubo 65 requerimientos por asociación ilícita y 177 por extorsión, mientras que hasta noviembre de 2023 se contabilizaron, respectivamente, 27 y 94.

Desde hace un  año, el Poder Ejecutivo publica un nuevo decreto (PCM) cada mes para prolongar la figura del estado de excepción, prevista en la Constitución de la República en caso de «grave perturbación de la paz». Tanto la Policía Nacional por medio de sus comunicados como los decretos posteriores justifican la ampliación de esta medida por sus «muy buenos resultados». 

 

Sin embargo, estos resultados podrían deberse a la falta de rigurosidad de las estadísticas relacionadas con el estado de excepción, o un intento deliberado por manipular los datos. Según los PCM, los delitos perseguidos son los que se relacionan con el crimen organizado:  extorsión, asociación ilícita,  homicidios, tráfico de droga y de armas, y robo.  

 

Contracorriente solicitó, vía acceso a la información pública, el listado de las detenciones efectuadas en el marco del estado de excepción entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, y los delitos correspondientes. En el documento Excel remitido, pudimos comprobar que dos de los delitos mayoritariamente representados son violencia doméstica y maltrato familiar. 

 

De las 22,100 detenciones registradas en ese tiempo, 1,981 corresponden a violencia doméstica, 105 a violencia contra la mujer, 2,743 a maltrato familiar y 163 a violencia intrafamiliar. 

 

En comparación, aparte del tráfico de droga (4,604 arrestos), todos los otros delitos relacionados con el crimen organizado presentan cifras menores a las de violencia doméstica y maltrato familiar: extorsión (377 arrestos), asociación ilícita (387 arrestos), tentativa de homicidio (353 arrestos), homicidio (730 arrestos), amenazas (562 arrestos), tenencia ilegal de armas (705 arrestos), robo (730 arrestos), contrabando (163 arrestos).

 

Otros delitos registrados en el marco de las detenciones por el estado de excepción son: allanamiento de morada, conducción temeraria, encubrimiento, deforestación, delito contra el medio ambiente, desobediencia, actos de lujuria, violación, aborto…

 

Durante la conferencia de prensa organizada por la Secretaría de Seguridad el 8 de diciembre de 2023 sobre los resultados de los PCM, Contracorriente preguntó al ministro Gustavo Sánchez por qué aparecían detenciones por violencia doméstica y maltrato familiar en el listado del estado de excepción, y qué pasaba después con los agresores detenidos. Contestó: «El caso número uno de denuncias recibidas por la Policía son de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia de género. Por eso, se destina una patrulla  al día en cada jefatura policial  para atender la denuncia, realizar la aprehensión y remitir a las autoridades competentes. Estamos también relanzando la línea 114, que se dedicará únicamente a la atención de esos problemas de violencia enquistada en nuestra sociedad y patrones culturales». 

 

Para Iliana Licona, investigadora del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), «estamos viviendo un abuso de la figura de estado de excepción» que se refleja en la prolongación injustificada de la medida y en la indeterminación de los delitos perseguidos. 

 

En febrero del año pasado, el Conadeh ya había señalado la confusión que reinaba en el registro de las detenciones, revelando que la mayoría de los casos eran por faltas y no por delitos, y que la gran mayoría de las personas detenidas salían libres después de 24 horas. 

 

En su trabajo de análisis de las quejas recibidas por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en el estado de excepción —que alcanzaron 330  en octubre—, Iliana Licona destacó un gran número de denunciantes mujeres que señalaron comportamientos intimidatorios, e incluso violentos, por parte de la Policía Nacional y de la Policía Militar durante los operativos. Explicó que las mujeres se sienten muy vulnerables porque las autoridades pueden ingresar a una casa sin orden judicial, y muchas veces en los hogares están acompañadas por menores de edad. Nos comentó el caso de una mujer que denunció una violación por parte de miembros de la Policía Militar, que regresaron a su casa después de que detuvieran a su esposo, a sabiendas de que ella se encontraba sola.  

 

A Iliana Licona le sorprendió que gran parte de las detenciones en el estado de excepción fueron por violencia doméstica y maltrato familiar, porque  no corresponde a la función de la medida, que además caracterizó como una «pura política de mano dura sin enfoque de género».



Una política de seguridad que ignora a las mujeres

 

En noviembre, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, manifestó que se registraron  333 muertes violentas de mujeres de enero a octubre de 2023. En la lista de detenciones en el marco del estado de excepción, la Secretaría de Seguridad contabilizó 43 arrestos por femicidios. 

 

Pese a este alarmante contexto, el Ministerio Público registra este año una baja de requerimientos fiscales presentados por los delitos de violencia contra la mujer, y también por maltrato familiar. 

 

En 2022 hubo 2,054 requerimientos presentados por maltrato familiar, pero hasta noviembre de 2023 se registraron solo 881. El número de requerimientos presentados por violencia contra la mujer pasó de 74 en 2022 a 55 en 2023. 

 

«Estamos sumamente preocupadas» dijo Ana Cruz, de la Asociación Calidad de Vida, encargada de gestionar casas refugio para sobrevivientes de violencia  doméstica. «No hay ningún avance en materia de protección a las mujeres con este Gobierno; no se ha aprobado ninguna política pública. Vivimos un aumento de femicidios. La Ley de Casas Refugio está engavetada, y mientras se despilfarran millones para cambiar la grama de un estadio de fútbol, las mujeres siguen muriendo. Constatamos que no hay ningún interés en el tema, el índice de impunidad por femicidios continúa siendo del 95 %».

 

Actualmente, en Honduras, no existen albergues estatales para sobrevivientes de violencia doméstica. Son organizaciones no gubernamentales las que administran los refugios. Un proyecto de ley fue redactado para corregir esa laguna, pidiendo para su ejecución diez millones de lempiras, un presupuesto muy modesto en comparación con lo que fue asignado a la Secretaría de Seguridad en 2023. Aparte de 10,202,258,600 de lempiras, el artículo 293 del Presupuesto General autorizó una asignación presupuestaria de 1,000 millones de lempiras para el «fortalecimiento y la continuidad del Plan Antiextorsión». Un plan que no tiene resultados, mientras que hasta la fecha la Ley de Casas Refugio no ha sido discutida en el Congreso Nacional. 



Dos leyes, pero poca justicia 

 

Honduras cuenta con dos aparatos legales para enfrentar el fenómeno de violencia machista. Por un lado, existe una Ley de Violencia Doméstica cuya ejecución sirve para otorgar medidas cautelares a las víctimas, y por otro lado existe el Código Penal que criminaliza el delito de «violencia contra la mujer». El Código Penal solo tipifica la violencia física y psicológica, dejando de lado la violencia patrimonial y la violencia sexual doméstica que aparecen en la ley de violencia doméstica. Para feministas e investigadoras como Ana Cruz, o Lara Bohórquez, del Centro de Derechos de Mujeres, esa dualidad es problemática y es necesario reformar el código penal. 

 

«La Ley de Violencia Doméstica es el fruto de una visión más integral y cercana a la realidad de las mujeres, pero existen problemas de aplicación, ya que los agresores pueden evadir los procesos de reeducación pagando una multa», estimó Lara Bohórquez, y añadió: «Son bastante ineficientes los procesos de resolución de situaciones de violencia doméstica». 

 

Estos procesos consisten en que, después de una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación investiga el caso y remite un informe al Ministerio Público, que a su vez realiza su investigación antes de presentar un requerimiento fiscal. Según la investigadora del Centro de Derechos de Mujeres, «ese proceso es muy lento y revictimizante», y por lo tanto muchas mujeres prefieren ir a denunciar directamente a los juzgados de violencia doméstica porque el proceso es más ágil. 

 

En Honduras solo existen dos juzgados especializados en violencia doméstica, y se ubican en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

 

En general, en 2023, se observó que los juzgados de letras y de paz en materia de violencia doméstica conocieron también una inflexión en las cifras de casos ingresados, en comparación con los años anteriores. 

Preguntamos a Lara Bohórquez si la baja de requerimientos fiscales y de casos ingresados en los tribunales significa una disminución del fenómeno. Su respuesta fue que el número de denuncias que llegaron al Ministerio Público entre enero y junio de 2023 fue menor, ya que se contabilizaron «solo 2,500 denuncias», pero que se debió probablemente a la huelga masiva de los fiscales en marzo, que duró más de 60 días. «Dijeron que estaban recibiendo denuncias; sin embargo, nosotras sabemos que no es cierto», aseguró.  


Además, el fenómeno no solo se puede medir a través de las denuncias o de los procesos judiciales, ya que «muchas mujeres desconfían de la justicia en Honduras y la mayoría de los casos terminan en procesos caducados porque las mujeres abandonan la denuncia o no se le da seguimiento». Pero, según la investigadora, las llamadas de emergencia reflejan una realidad distinta de lo que el sistema de justicia procesa: «El Sistema Nacional de Emergencias registró entre enero y junio 19,142 llamadas por violencia doméstica y 26,672 por maltrato familiar”. 


Según la primera encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas de 15 años y más, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, una de cada dos mujeres ha experimentado violencia en algún momento de su vida, y nueve de cada diez no denunciaron esta situación. 


Estado de excepción todo el tiempo, en todas partes


El estado de excepción se extiende en el tiempo y el territorio, justificándose en sus «buenos resultados», pero se contabilizan arrestos por delitos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Mientras tanto, las víctimas de violencia doméstica y de maltratos familiares tienen menos acceso a la justicia que en los años anteriores. 


El último PCM sobre el estado de excepción fue el 46-2023, que entró en vigencia sin ratificación del Congreso Nacional, dada la crisis prolongada de la institución, a pesar de que el artículo 187 de la Constitución establece como obligación parlamentaria el control de esa medida excepcional. 


Las analistas feministas que entrevistamos para este reportaje no consideran el estado de excepción como un aliado en la lucha contra la violencia de género, sino todo lo contrario. 


Para Lara Bohórquez, «el estado de excepción es una medida punitivista que criminaliza la pobreza y no sirve tampoco para prevenir la violencia hacia las mujeres». Para Ana Cruz, «el estado de excepción no tiene ninguna validez para las mujeres». Por su parte, Iliana Licona se pregunta: «¿Estamos viviendo una situación excepcional de perturbación de la paz como para justificar tal medida, o estamos viviendo un problema estructural que necesite de políticas específicas?».


La criminalidad organizada, como la violencia machista, son problemas estructurales. La primera se beneficia de un estado de excepción ineficiente: el Conadeh reportó en su primer informe sobre el estado de excepción que la mayoría de detenciones solo duran 24 horas y no avanzan a un proceso de judicialización. Mientras tanto, la violencia machista registra cifras muy altas, sin perspectiva de mejora a corto plazo. Así es como cerramos un año bajo la nueva normalidad en materia de seguridad.

Carla* llegó a una clínica privada en Choloma, embarazada y con señales de que su parto se había adelantado. El sistema de salud estaba colapsado por la pandemia por COVID-19. El bebé nació, pero no recibió atención médica y murió a las dos horas. En ese lapso, desde la clínica denunciaron a Carla ante la policía por el delito de aborto. La policía, la fiscalía y la clínica privada fabricaron una historia llena de prejuicios de género para ocultar la historia real, que apunta a que hubo negligencia médica y violencia obstétrica. 

 

Texto: Vienna Herrera

Portada generada con IA de Canva

Gráficos: Daniel Fonseca 

 

Carla se sienta frente a un tribunal compuesto por tres juezas en San Pedro Sula; es el último día del juicio oral y público en el que se le acusa del delito de aborto. Ella se declara inocente, pero no solo eso; dice con convicción: «Quiero pedirles justicia por mí y por mi hijo, ambos fuimos víctimas».

 

Carla es una mujer de 28 años, y tenía 25 cuando quedó embarazada de su segundo hijo. Asistió a sus primeros controles prenatales en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y ahí, marcó la casilla indicando que su embarazo era planificado. De repente, el mundo se detuvo por la pandemia de COVID-19, que llegó a Honduras en marzo de 2020, y una de las primeras medidas que tomaron los hospitales fue no continuar los controles con las mujeres embarazadas, a menos que estuvieran cerca de la fecha de parto, por el riesgo de que murieran al infectarse con el virus. 

 

El 30 de abril, Carla, que tenía alrededor de siete meses de embarazo, comenzó a sentirse mal, tenía fiebre y dolor abdominal. Por la tarde fue a una clínica privada donde le recetaron Acetaminofén y descanso; llegó a su casa y eso fue lo que hizo. Pero la fiebre no bajaba, y a las tres de la madrugada del 1 de mayo, le pidió a su familia que la llevara a buscar atención médica. En aquel momento nadie quería ir a un hospital público; había mucho temor, era común escuchar que la gente decía que quien entraba al hospital no volvía a salir. Para Carla, ir al Seguro Social, que era donde le hacían sus controles, no era una opción.

 

Su hermano y su pareja la llevaron a una clínica privada en Choloma. Al llegar ahí le dijeron que sólo había médicos generales para recibirla, pero Carla presentía que algo andaba mal y un médico general no le había resuelto horas atrás, así que pidió a una especialista. Carla esperó media hora. Se sentía cada vez peor, tenía muchos escalofríos. Cuando llegó la ginecóloga, no tardó ni 10 minutos en atenderla porque el parto comenzó. 

 

La doctora dice que apenas pudo ponerse los guantes para recibir al bebé, y que ni ella ni la clínica estaban listas para atender a un recién nacido tan pretérmino, que, a su criterio, estaba entre 26 y 28 semanas. 

 

Carla no entendía bien qué estaba pasando; lo único que supo es que tenía que pagar 18 mil lempiras (720 USD), y si quería evitar una infección, porque la placenta no había salido completa, también tendría que pagar un legrado. Pero ni Carla ni su pareja contaban con esos recursos Buscaron desesperadamente el dinero que les cobraban por la atención del parto, porque en la clínica les dijeron que si no pagaban, no harían el traslado de Carla ni de su bebé al IHSS.  

 

«Fue una mala experiencia, nunca se me va a olvidar, me marcó la vida. Me acuerdo muy bien de algo que me dijo la recepcionista: Si lo hubieras parido en la puerta no te cobraban», narró Carla. 

 

Pasaron casi dos horas entre el parto y el pago a la clínica; en todo ese tiempo el recién nacido, según relata Carla, no tuvo ningún tipo de asistencia. «Yo vi que aún respiraba y estaba envuelto en un suéter», contó el hermano de Carla. 

 

Carla estaba débil; tenía una hemorragia a causa del parto. Para poder hacer el traslado su familia tuvo que comprarle a la misma clínica dos pañales, que les costaron 50 lempiras cada uno (2 USD). Antes del traslado, la clínica hizo firmar a Carla unos documentos en los que aceptó eximir a la clínica de responsabilidades por ella y por su bebé. Carla no sabía que, mientras firmaba los documentos, su hijo ya había muerto. 

 

Un sistema lleno de prejuicios

 

Carla supo que su hijo murió cuando la ambulancia del IHSS llegó y escuchó al personal de la ambulancia decir que no se llevarían al bebé porque no había sobrevivido. «En ese momento yo sentí que mi vida se me destrozó, solo yo sentía el dolor por dentro», dijo Carla, colocándose una mano sobre el pecho. 

 

Sin embargo, según la doctora que atendió a Carla, su reacción era sospechosa. «Estaba callada, no preguntó por su bebé ni quiso abrazarlo», dijo durante el juicio y agregó que encontró dos pastillas de misoprostol adheridas a la placenta en la parte fetal, una de las cuales, según su relato, aún estaba completa. 

 

El misoprostol es un medicamento tradicionalmente usado para tratar úlceras gástricas, pero que tiene el efecto de madurar el cuello uterino, lo que produce contracciones y por tanto, una interrupción del embarazo. Se puede usar vía vaginal o colocándolas detrás de la lengua hasta que se desintegran. 

 

Según la hipótesis de la doctora, Carla debió haber introducido las pastillas detrás del feto, pues la placenta es lo último en salir en un parto, según explicó una doctora con especialidad en ginecoobstetricia que participó como consultora en el juicio. Por otro lado, la doctora que atendió a Carla también dijo en el juicio que ella no sangraba mucho al momento del parto, y que por eso pudo ver con claridad las pastillas. 

 

Esta versión contradice la de Carla y su familia, que ella sufrió una hemorragia y que incluso tuvieron que comprar pañales; los recibos que guardaron de esa compra sirvieron de prueba. Por su parte, la doctora que llamó a la policía y acusó a Carla dijo que colocó las pastillas como prueba del aborto en el expediente. 

 

La policía llegó a interrogar a Carla, que ya había sido trasladada al IHSS. También interrogaron a su hermano, quien asegura que el agente ni siquiera le dijo que era un interrogatorio oficial; solo lo llevó aparte porque «quería hablar». Luego, el agente llenó un informe en el que escribió que Carla había buscado una especialista porque «sabía lo que había hecho»; así fue como Carla terminó acusada de aborto.

 

Que una doctora denuncie a una mujer por aborto en Honduras no es extraño. El estudio Criminalización del aborto en Honduras, que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar entre 2006 y 2018, recopilado por las organizaciones Somos Muchas y Optio, indica que en el 64 % de los casos la denuncia fue interpuesta por personal de salud. 

 

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Karol Bobadilla, abogada defensora de Carla y asociada al equipo de la organización Optio, explicó que como defensa no solo buscaban que Carla fuera absuelta de todos los cargos, sino también sentar precedentes con respecto a los daños causados a las mujeres en este tipo de procesos judiciales; por ejemplo, reconocer la violencia obstétrica por parte de quienes la atendieron, y por otro lado, «reconocer que había estereotipos de género que habían viciado todo el proceso de investigación», dijo. 

 

La abogada Bobadilla explicó que todo el proceso quedó viciado al asumir la culpabilidad de Carla desde un inicio, y que tanto la fiscalía como la policía que hizo la investigación supusieron una historia sin corroborar y no dudaron de la versión de la clínica. «Dejaron de lado líneas de investigación que sí debieron haberse agotado, si se hubiese pensado el caso con perspectiva de género», dijo, y explicó que en ningún momento se tomó en cuenta la violencia obstétrica que sufrió Carla. 

 

Incluso durante el juicio, en la etapa de conclusiones, la fiscal dijo que el caso no se trataba de violencia obstétrica, sino de la defensa de la vida del recién nacido, y que por tanto no debían hablar de estereotipos de género o violencia hacia la mujer «En países de Latinoamérica el aborto es permitido, pero señores, aquí es Honduras y nos regimos con el Código Penal. No estamos hablando de que los operadores de justicia no aplicamos protocolos, de que si el protocolo que usó el médico era correcto, que sí hubo maltrato (del personal médico). Estamos llamando a que no sea un derecho, una libertad el interrumpir un embarazo», expuso.

 

La defensa de Carla encontró que el levantamiento del cuerpo del recién nacido se hizo cuatro horas y media después de la muerte. Al momento de realizarlo no acordonaron el área y no hubo policías preventivos; tampoco recolectaron otro tipo de indicios relacionados con otras causas de muerte, lo que demuestra que no vieron otra posibilidad que no fuera la de culpar a Carla de aborto. 

 

Durante el juicio, la fiscal dijo que era imposible que Carla no supiera que sus dolores abdominales eran contracciones, porque Carla ya había tenido un hijo, y además perdió un embarazo anteriormente. Para la defensa esta es una visión errónea y llena de prejuicios, pues no todos los embarazos son iguales, y el haber tenido un aborto espontáneo demuestra que Carla pasaba por un embarazo de alto riesgo. 

 

Los medios de prueba que presentó la fiscalía fueron deficientes. No hay fotografías de las pastillas por las que Carla fue acusada,y los dictámenes que las mencionan tienen información contradictoria. Por ejemplo, algunos señalan que era una pastilla completa, otros que eran trozos, e incluso un análisis afirma que no había restos biológicos en las mismas; ¿cómo podían aquellas pastillas haber pasado por el parto sin que quedaran esos restos? 

 

Otra de las irregularidades del caso es la prueba de la docimasia hidrostática que hizo Medicina Forense. Se trata de una prueba que en otros países ya está desfasada, y que se trata de sumergir los pulmones del cadáver en un líquido, y si flotan, quiere decir que el fallecido, en este caso el bebé, respiró en algún momento. En este caso la prueba dio negativo, a pesar de que la doctora, Carla y su hermano declararon haber visto al bebé respirar.

 

«Supimos que también Medicina Forense hizo la prueba de forma errónea, esto es grave también porque en algunos casos estas pruebas erróneas permiten que a algunas mujeres se les culpabilice de delitos mucho más graves», señaló la abogada Bobadilla.

 

Otra de las falencias en los medios de prueba es que hubo tres dictámenes sobre la edad gestacional del hijo de Carla: uno menciona 25 semanas, otro 29 y el más confiable, según la defensa, es entre 29 y 30 semanas; sin embargo, a Carla se le acusó de abortar un feto de entre 20 y 25 semanas. 

 

«La fiscalía está aquí representando al recién nacido y ni siquiera pudo demostrar una edad gestacional, esto es importante para saber si el bebé realmente murió por negligencia médica, porque ni siquiera se intentó salvar su vida», dijo la defensa durante el juicio, explicando que el cuerpo del recién nacido tenía lesiones que no correspondían al parto y que no se explica cómo pasaron, además de que también había inconsistencias en las fotografías del levantamiento del cuerpo.

 

La abogada Bobadilla explicó que litigar en casos así implica también tener un juicio didáctico, para que los tribunales o los jueces entiendan cómo funciona el cuerpo de las mujeres, porque al respecto aún hay muchos mitos. En ese sentido, la fiscal también dijo durante el juicio que existía un instinto maternal, y por eso Carla debió haber reaccionado de una forma distinta cuando supo del parto prematuro: «Cualquier madre que recién pare quiere saber de sus hijos, si nació bien, si tiene todas sus partes. No tuvo las reacciones normales de una madre que pierde a su hijo» dijo la fiscal, previo a pedir en la etapa de conclusiones una pena de entre 3 y 6 años de prisión para Carla. 

 

«Si analizamos la personalidad, una víctima cuando tiene un hecho traumante nos demuestra una depresión, llanto, baja autoestima, ansiedad, dificultad para relatar, y esas conductas no fueron observadas ni por el médico, ni por el psicólogo, que dice que ella es calculadora, es fría, responde a impulsos» dijo la fiscal.

 

Medicina Forense, la institución que hizo el dictamen psicológico, cometió muchas faltas de objetividad en las pruebas técnicas para reforzar la teoría del Ministerio Público. Por ejemplo, extrajo muestras de sangre sin autorización judicial ni consentimiento, cuando Carla aún se encontraba en recuperación, y aunque el doctor le había dicho a los forenses que esperaran de dos a tres días para hacerle una evaluación psicológica porque necesitaba recuperarse primero, los psicólogos hicieron caso omiso y la evaluaron ese mismo día.

 

Pero estas falencias tienen causas estructurales. En Honduras, la Dirección de Medicina Forense tiene solo seis médicos especialistas en medicina legal, cinco en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula. De ahí, existen 129 médicos generales que se han capacitado en el área forense, en un curso básico intensivo que dura dos meses,ninguno de los temas de esa capacitación intensiva aborda el enfoque de género desde la medicina legal. De 2015 a 2023, Medicina Forense ha recibido 11 capacitaciones en temas de género, la mayoría en casos de violencia sexual y femicidios, ninguno sobre violencia obstétrica o salud reproductiva.    

 

En ese contexto, el Ministerio Público, entre 2015 y 2023, recibió 231 denuncias por el delito de aborto. Este es un dato recopilado de las denuncias que recibe cada fiscal, pero también desde la Policía Nacional. En esas denuncias hay 113 que corresponden a mujeres, 63 no consignaron el sexo de la persona y 53 se trata de hombres; este último dato podría referirse a personas involucradas en abortos clandestinos, pero también a hombres que han provocado abortos al infligir violencia física hacia sus parejas. La mayoría de las denuncias se centran en Francisco Morazán con 55 casos, seguido de Cortés con 32.

Entre 2017 y 2023, el Ministerio Público emitió 29 requerimientos fiscales por el delito de aborto: 14 se trataron de mujeres, 14 de hombres, y en uno de los casos no consignaron el sexo. La mayoría de requerimientos se presentaron en Francisco Morazán, con 8 casos, seguido de Cortés, con 6.

Para la abogada Bobadilla, este caso no debió haber llegado a juicio oral y público. «Pudo haberse quedado en la primera etapa, tomando en cuenta todas las falencias que había, pero realmente es algo que los jueces de primera instancia a veces no ven, o no quieren analizar porque también están viciados», explicó.  Agregó que el caso de Carla fue exitoso porque tuvo una defensa privada, pero que cualquier mujer que se enfrente a una acusación similar con una defensa pública o sin análisis con perspectiva de género «está prácticamente condenada».

 

Aunque al finalizar el juicio el tribunal decidió absolver a Carla del delito de aborto y sentenció con perspectiva de género, señalando que había sufrido violencia obstétrica, desconocemos si la fiscalía ha comenzado una investigación en contra de la clínica por este delito y por negligencia médica. 

 

Pero los daños que Carla sufrió durante tres años criminalizada son irreversibles. Le tocaba firmar un libro en los juzgados, primero cada 15 días, luego una vez al mes, como medida preventiva para demostrar que no se había dado a la fuga; no podía salir del país y cargaba en sus antecedentes un delito que tiene una estigmatización social muy grande.

 

«Yo a ese hijo lo esperaba con ansias. El amor de madre fue lo que hizo que primero buscara atención médica, y no pensé que ahí perdería a mi hijo», dijo Carla, recordando la violencia que sufrió, primero durante el parto, y después la que el Estado también ejerció contra ella.



*El nombre de Carla fue cambiado para proteger su identidad.

Texto: Dany Díaz Mejía

Portada: Pixabay

 

«Ahora Zurita –me largó– ya que de puro verso y desgarro pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas; ¿tú puedes decirme dónde está mi hijo?»

—Raúl Zurita, Canto a su amor desaparecido.

 

1.

Yo lo vi esa madrugada de octubre de 1982. Él tenía diecisiete años. Llegó por la noche en canoa junto a dos hombres y cuatro mujeres jóvenes. Navegaban en silencio, y cuando pasaron frente a mí supe que eran perdedores. Es decir, traían esa mirada pesada y triste de aquellos a quienes les han arrancado un pedazo que no volverá a crecer. Era una repetición de una imagen antigua: jóvenes con el espíritu mutilado. La había visto cincuenta años antes en los que sobrevivieron la matanza que ordenó Martínez en Izalco, aquellos que pasaron de camino a refugiarse en las montañas, pero para evitar al ejército decidieron nadar por la bahía de Jiquilisco, cruzando frente a la Isla del Espíritu Santo.

Antes de que el sol saliera supe que él sería el líder del grupo. No porque se hubiese vuelto parlanchín o porque tratase de consolar a los demás. Lo supe simplemente porque tomó la iniciativa de pescar, aun cuando los demás no despertaban del estupor de su viaje para empezar a entender la magnitud de su pérdida. En cuanto llegaron a la orilla de la Isla del Espíritu Santo, él les dijo a los demás que hicieran un refugio temporal. Sacó una red, seguramente improvisada durante el viaje, y volvió al mar.

Pienso que él supo que pescar sería importante. No solo para esa primera mañana, sino para el resto de sus nuevas vidas. Por eso lo hizo tan bien esa primera vez. Antes de lanzar su red pidió la protección de Imox, el señor de los mares, que a veces se transforma en un lagarto de quijada salvaje para atacar a los que no respetan el balance de su reino. Luego esperó con una paciencia que yo no había visto en un humano en muchos años. Probablemente no había comido en mucho tiempo, pero si su cuerpo sufría los estragos del hambre, no lo demostró.

Siguió viendo el agua pacientemente, como si estuviera convenciendo a los peces de que sería un buen vecino, que solo tomaría lo justo, que no haría enfadar al dios lagarto. La negociación dio resultados, pues de pronto su red se empezó a llenar de peces. No celebró ni sonrió cuando supo que tendría suficiente comida para todos. Subió la red a la canoa y se fue en silencio.

Cuando volvió a la isla, los demás habían encontrado un área limpia, que serviría como el centro de su refugio, y armaron un fuego para asar los pescados que Samuel llevó. Comieron despacio, arrancando la carne en pedacitos que masticaban como si estuviesen en un trance. Cada uno repasando para sí una imagen que tenía que ver con el horror del que habían escapado, una imagen calibrada para la pérdida intraducible que cada uno arrastró consigo. Después de comer recorrieron la isla para conocer mejor su nueva casa. Por la noche volvieron a cenar pescado asado, pero esta vez hablaron.

Nadie se atrevió a mencionar su antigua casa o sus muchos muertos. Eran siete niños asustados, que no querían hablar del miedo del que venían. En vez de eso, Samuel les pintó la isla como un nuevo comienzo. Se harían pescadores, le darían refugio a otros que llegasen huyendo del ejército, y algún día, cuando la guerra terminara, volverían a tierra firme. Todos estaban de acuerdo, pero temían que, si aceptaban a cualquier extraño para que viviera en la isla, pronto el conflicto de tierra firme terminaría devorándolos, como había pasado en su antiguo hogar.

Para evitarlo, Samuel propuso un comité de seguridad comunitario para monitorear la entrada a la isla, que estaría a cargo de impedir que llegaran a vivir entre ellos personas que estuviesen infectadas por la sed de violencia que envenenaba al resto del país.  Es decir, para vivir en la isla, los futuros habitantes tendrían que renunciar a todos los bandos de la guerra y aceptar vivir en paz, como pescadores artesanales.

Esa primera noche definiría cómo los humanos vivirían en la Isla del Espíritu Santo. Nosotras, las tortugas gigantes, estuvimos de acuerdo. Así comenzó nuestra historia común.

Pasamos muchos años en paz en la isla. Yo les enseñé a los humanos a pescar entre los manglares, a usar lo necesario, y a coexistir con nosotras. Aunque yo soy una diosa tortuga, no puedo usar mis poderes para favorecer a los humanos, ni alterar el equilibrio natural de la isla. Pero sí les enseñé a los residentes todo lo que pude sin alterar el balance. Samuel y yo nos volvimos amigos. A pesar de que él moriría en este plano, mucho antes que algunas de mis tortugas, yo aprendí a quererlo.

 

2.

Treinta años después de la fundación de la Isla el Espíritu Santo, un grupo de militares llegó al puerto donde se tomaban las lanchas para viajar de tierra firme a la isla. Su llegada conmocionó a toda la comunidad.  Hacía mucho que nadie interactuaba con militares o funcionarios del gobierno. Estos últimos años habían transcurrido casi de forma autónoma del resto del país. Quien parecía ser el líder se acercó a Samuel.

—Buenos días, oficial, ¿en qué puedo ayudarlo? —preguntó Samuel.

—Me vas a llevar a la Isla del Espíritu Santo con mi escuadrón —dijo el teniente Mario Ávila.

—Sí, señor. Pasen adelante —dijo Samuel.

Los cinco jóvenes fornidos, que hasta ese momento se mantenían a dos metros de distancia, se acercaron cuando el teniente movió su cabeza como señal de que subieran a la lancha de Samuel.

—¿Van de paseo a la isla, señor? En esta época se comen unos curiles muy ricos. Mis hijos anduvieron de pesca anoche, así que les puedo decir que les preparen unos a usted y sus muchachos. 

—Que los vayan preparando con limón y nos los den cuando lleguemos —dijo el teniente Ávila, sin inmutarse—. Detesto venir a estos pueblos de mierda donde se me ensucian las botas. Pero por lo menos está bueno para que mis muchachos vean lo bien que los tenemos en San Salvador y que echen huevos.

—Aquí los vamos a tratar bien, señor. También hay un agua de coco que les va a caer bien y unas hamacas para que se relajen —dijo Samuel.

Para Samuel era difícil ocultar su incomodidad. Hacía cuarenta años que no estaba tan cerca de un militar. La última vez que lo estuvo, toda su aldea terminó en sangre y lágrimas. Yo conocía la historia, pero también sabía que Samuel evitaba hablar de aquellos años. En ese momento quizás pensó que ya habían pasado treinta años desde la guerra, que ahora los militares eran otros, que como habían perdido tanto poder ya no tratarían tan mal a la gente. Además, la isla estaba retirada de todo lo que estaba pasando en tierra firme.

Él  lo sabía porque escuchaba la radio todas las noches. El gobierno había lanzado un megaplan para terminar de una vez por todas con las pandillas. Probablemente los militares estaban tan lejos de donde se sabía que dominaban las maras porque tenían que dar la percepción de estar en todo el territorio nacional. Por eso, Samuel trató de tranquilizarse en la hora que les tomó llegar del puerto a la isla.

Cuando llegaron a la orilla, la familia de Samuel recibió a los militares. Les dieron de comer y los llevaron en un recorrido. Los muchachos iban callados, sosteniendo sus armas de alto calibre y sin secarse el sudor de sus caras. Sus botas negras de cuero parecían hundirse en la arena, haciéndolos caminar más despacio. Los jóvenes de la isla, en cambio, se movían con mucha agilidad, aunque no se atrevían a sacarles plática a los militares.

El teniente y Samuel se quedaron atrás tomando agua de coco, esperando a que los muchachos regresaran de hacer el reconocimiento del terreno.

—Y, ¿de qué vive acá la gente? —preguntó el teniente.

—Más que todo de lo que pesca. Aquí pescamos mucho curil y pescado. Salimos en la madrugada, pescamos, y a mediodía vamos a vender lo que pescamos al puerto. Al día nos podemos hacer unos tres o cuatro dólares —dijo Samuel.

—¿Y quién manda aquí?

—Nos organizamos en un patronato y cada tanto rota el presidente. El año pasado me tocó a mí y ahora a una vecina. Como no hay tanta gente, no llegan las patrullas de la policía, así que hacemos turnos por la noche. Pero es tranquilo. Nunca hemos tenido ningún problema desde que yo vivo acá —dijo Samuel.

Cuando los muchachos regresaron, el teniente Ávila les hizo un ademán que ellos entendieron perfectamente. Se hicieron para atrás, levantaron sus rifles de alto calibre y les apuntaron a Samuel y a los otros chicos que iban descalzos.

—¿Ustedes piensan que soy pendejo? Yo vine aquí a buscar terroristas y no me voy a ir sin ellos. Así que les va a tocar hablar, hijos de puta —dijo el teniente, mientras se limpiaba la boca con la manga de su camisa y se ponía de pie.

 

3.

—Señor, aquí no hay terroristas. Todos somos pescadores humildes. Nunca hemos sabido de maras. Aquí no han llegado —dijo Samuel, mientras los soldados le apuntaban a la cabeza.

—Yo ya sé que ustedes transportan drogas a los terroristas. Y si no me dicen para quiénes trabajan, yo mismo me los llevo a ustedes, cabrones. Vos creés que solo porque están escondidos en este hoyo de mierda no nos vamos a dar cuenta de lo que hacen. Pero estás equivocado. Los tengo bien fichados a todos ustedes, así que andá cantando —dijo el teniente.

Los chicos de la isla miraban a Samuel esperando que les diera una explicación. Ninguno había visto armas de alto calibre o de ningún tipo tan de cerca. Aunque la isla tenía un comité local ciudadano, todo se hacía sin armas. Los hombres llevaban garrotes pesados cuando hacían sus rondas.

El teniente se levantó, agarró a Samuel de la camisa y lo levantó con ambas manos, antes de tirarlo al suelo y darle una patada en las costillas. Los chicos de la isla quisieron auxiliarlo, pero Samuel les hizo un gesto con la mano para que se quedaran en su lugar. Al caer se raspó el brazo y le salía sangre. Sin embargo, no trató de defenderse. Solo cubrió su cara con los brazos, anticipando una patada en la cara.

Cuando vi la sangre correr por el brazo de Samuel recordé la matanza de hace noventa años. Recordé al otro Samuel, al que vi morir a machetazos en Izalco cuando visitaba a otras tortugas para una ceremonia espiritual. Él tampoco se defendió. Los que lo mataron llevaban el mismo uniforme.

Martínez había ordenado limpiar la tierra de terroristas y el ejército decidió que aquellos campesinos del maíz eran una amenaza para la seguridad nacional. Los acusaron de comunistas y de planear un golpe de estado por medio del terror. Yo los vi llegar y no pude hacer nada. Solo pude ver cuando el machete se comía al otro Samuel. Era como si el machete se volviera insaciable al probar el primer sorbo de sangre. La mano de aquel militar parecía poseída por el machete, que entraba y salía y entraba en la carne del otro Samuel. La hoja enviciada de mutilación, pero sobre todo de la sangre que la bañaba.

Alguna vez le compartí esa memoria a Samuel, el del presente. Le dije que yo ya lo había visto morir hace muchos años en Izalco. Me dijo que era imposible porque su familia jamás había vivido en esa área, así que no podría haber sido un pariente suyo, y ciertamente la masacre que yo contaba había pasado mucho antes de que él naciera.

Entonces le conté que, al igual como los nahuales nacen múltiples veces, para acompañar a los humanos, también los humanos nacen múltiples veces. Es decir, su esencia cósmica, esa combinación de energías fundamentales, únicas a cada persona, se manifiesta en diferentes planos, no solo en el nuestro, y a veces se manifiesta en otra coordenada del tiempo, pero en nuestro mismo plano. Por eso, es por lo que yo pude verlo morir hace noventa años.

Y por eso, aunque ya no pude decírselo, me dolía doblemente su sangre, porque no era la primera vez que veía su hermoso cuerpo rompiéndose contra el suelo a manos de un uniformado.  

El teniente agarró a uno de los chicos descalzos y lo tiró al suelo junto a Samuel.

—Vos tenés cara de inteligente. Así que te voy a dar una oportunidad. Decime que es cierto que ustedes le ayudan a los terroristas a mover droga y les hacen favores —dijo el teniente, mientras se quitaba la gorra y las gafas.

—Señor, aquí somos pescadores. Yo no sé nada de terroristas ni de pandillas. Usted sabe que para entrar aquí todos tienen que pasar por una posta —dijo el niño.

—Dejate de pendejadas y hablá, si no te va a ir muy mal, cabrón —dijo el teniente, antes de darle una patada que derrumbó al muchacho.  

Por primera vez, Samuel creyó que yo lo había visto morir hace noventa años. La escena era tal como la que yo le había descrito antes. Supe que esa epifanía le congelaría el corazón.  Probablemente Samuel pensaba que, si la vez pasada había terminado tan mal, la llegada de los soldados también era su fin.

Deseé que recordara que, aunque yo lo había visto morir, no quería decir que todo terminaría igual, pues el otro él no determinaba su viaje de ahora por el mundo. Pero los dos sabíamos en qué país vivía. Y eso le helaba la sangre más de lo que cualquier profecía podría haberle animado.

Para entonces ya habían llegado más lugareños a ver lo que pasaba. El padre del chico, al verlo tirado en el suelo, se lanzó sobre él para abrazarlo, y alzó la cabeza para ver al teniente. Los soldados y Samuel quedaron atónitos. El padre del chico era la viva imagen del teniente. Tenían el mismo lunar cerca de la boca, el mismo pelo y la misma mirada endurecida por los años.

—¿Qué mierda es esta? —preguntó el teniente.

—Soy yo, Luis, tu hermano. Este es tu sobrino, no lo dañés, por favor. Se llama Mario, igual que vos —suplicó el hombre, mirando a los ojos al teniente.

El teniente Mario Ávila tardó unos segundos en recomponerse. Para cuando supo lo que pasaba, ya había pateado con más fuerza a  Samuel, al chico descalzo, y al que ahora reconocía como su hermano gemelo, perdido desde la guerra civil de El Salvador en los ochenta.

—Yo no tengo ningún hermano. El maricón que parieron mis papás huyó de su deber patriótico y para mí está muerto desde entonces —dijo el teniente.

Les gritó a sus hombres que esposaran a los traidores y ordenó la captura de los demás jóvenes que habían llegado a ver lo que pasaba. En total, se llevaron a veintidós hombres. Los soldados usaron las lanchas de los pescadores para llevarlos presos. El teniente ordenó que le llevaran a su hermano traidor. Se fueron juntos en la lancha hasta el puerto. Luis remaba con una pistola apuntándole, mientras el teniente lo interrogaba.

 

4.

Los soldados murmuraban entre sí sobre el supuesto hermano del teniente. Se preguntaban si lo dejaría ir al llegar al puerto, o si le ofrecería convertirse en testigo criteriado para que obtuviera su libertad a cambio de denunciar a los pandilleros de la zona.

Ninguno había leído el informe donde el Ministerio de Hacienda hablaba del potencial de explotación comercial de la isla, o el plan bajo el cual la familia del presidente del partido podría adueñarse del territorio, para luego dividirlo en pequeños lotes que podrían venderse a extranjeros ávidos de bitcoines. Diez meses después, yo sabría de este plan por una de mis hermanas tortugas, que a su vez lo escucharía del ministro en una playa cerca de San Salvador. Pero entonces ya sería demasiado tarde para los isleños arrestados.

Cuando llegaron al puerto, el teniente ordenó que subieran a todos los arrestados al camión que los esperaba. Esa noche harían el viaje de casi cuatro horas a San Salvador, a la cárcel más grande del país, esa que tenía aquel nombre precioso, «La Esperanza». A mitad del camino, el teniente ordenó que pararan el camión e hicieran bajar a su hermano. Le ordenó a un grupo de soldados que los acompañaran.

Caminaron por quince o veinte minutos, hasta que llegaron a lo que parecía la entrada de un edificio abandonado que custodiaban tres soldados de otro regimiento. Saludaron al teniente y lo dejaron pasar con su escolta y prisionero. Al estar en la parte de atrás del edificio, ordenó que tiraran a su hermano frente a él y lo hicieran ponerse de rodillas. Luis miró a Mario con los ojos tristes, pero se quedó en silencio. Se oyeron los graznidos de tres disparos. La escolta y el teniente dejaron el edificio, y él les ordenó a los custodios que se encargaran de limpiar.

Al regresar al camión todos entendieron lo que había pasado. Los soldados se vieron entre sí con la mirada congelada. Los prisioneros bajaron sus cabezas, mientras el miedo escurría por sus cuerpos. Hicieron el resto del trayecto a San Salvador en total silencio.

En la cárcel los guardias golpearon a los prisioneros. Les quitaron las ropas que llevaban y les hicieron ponerse el uniforme de calzoneta y camiseta blanca. Fueron llevados a una enorme celda donde los residentes superaban por más de cuatro veces su capacidad. Los familiares no podían visitarlos. Algunos se enfermaron de infecciones de la piel o de tuberculosis. Los oficiales de la cárcel solo les decían a los familiares desesperados que los detenidos habían sido ingresados en ese centro, que no podían contar nada más.

Por la noche, la hermana de Samuel me visitaba para preguntarme si alguno de los presos había muerto.  Ella sabía que, aunque yo era una diosa tortuga, no podía intervenir en los asuntos humanos. Solo cuando el balance del mar se alteraba me era permitido actuar para restablecerlo. Pero Samuel y su grupo habían sido tan buenos huéspedes que en más de cuarenta años no había intervenido en su mundo. Once meses después del arresto, sólo podía contarle que Samuel seguía vivo, pero el aliento vital de dos pescadores presos junto con él peligraba.

Un año después de que empezara el régimen de excepción, Samuel seguía detenido, dos pescadores habían muerto, y diecinueve obtuvieron libertad condicional.  Tuvieron que firmar una carta donde juraban no contar los horrores que habían vivido, o de lo contrario podían volver a ser arrestados. Samuel quedó detenido sin ninguna explicación. Probablemente el gobierno esperaba haber roto el espíritu de la isla, preparando una futura negociación para hacerse de las tierras.

Así comenzaron los días sin nombre, los más oscuros de la historia de esta tierra que por tiempos se pudre y por tiempos florece.

Texto y fotografía: Fernando Destephen

Héctor Rolando Pagoada, padre de una de las 10 personas fallecidas, estaba desconsolado cuando le entregaron el cuerpo de su hijo de 22 meses en Medicina Forense de Tegucigalpa. Al recibir el féretro, Pagoada se acomodó en la parte posterior del taxi 0159, propiedad de su sobrino.

 

A las 8:20 a.m. se enteró de la noticia. Sus familiares, entre los cuales se encontraba su pequeño, habían salido a las 5 a.m. de Juticalpa, Olancho, zona oriental del país. 

 

El niño murió en el accidente de un bus interurbano a la altura del kilómetro 31 de la carretera que conduce a Olancho. La unidad llevaba más de 30 pasajeros a bordo. El accidente se registró cuando pasaban por el puente Ilamapa y, según las autoridades, una rastra invadió el carril contrario, causando el accidente que provocó que el bus cayera en un abismo de unos 10 metros de profundidad. 

 

Los heridos fueron llevados al Hospital Escuela de la capital por helicópteros de la Fuerza Aérea. Los levantamientos de los fallecidos se hicieron en la carretera, que estuvo cerrada por al menos tres horas; uno de los heridos falleció en el hospital. El conductor de la rastra fue capturado en Guaimaca, a pocos kilómetros del lugar del accidente, y será sometido a una investigación. 

 

Los familiares de Pagoada, la mayoría originarios de Catacamas y Juticalpa, las principales ciudades de Olancho, esperaban en silencio, con la mirada perdida, a que les entregaran los cuerpos para velarlos y enterrarlos. Frente al edificio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las autoridades instalaron una carpa de color naranja, muy similar a la que se observó cuando murieron 46 privadas de libertad en Támara, el pasado 20 de junio. 

 

La asistencia a los familiares por parte de la Alcaldía del Distrito Central consistió en la donación de ataúdes. Las Fuerzas Armadas entregaron comida y refrescos, y ayudaron a cargar algunos féretros. Personal de contingencias se acercó a darles chucherías a las familias de las víctimas; después de un rato, en la carpa solo se oían suspiros y el ruido de las bolsas.

Miembros del Cuerpo de Bomberos trabajando en el lugar del accidente del bus, en el kilómetro 31 de la carretera a Olancho. Foto CC/ Fernando Destephen.

Javier Sánchez, de 62 años, fue otra de las víctimas mortales. Era conductor de la empresa Discovery y había estado de vacaciones en Olancho. Regresaba como pasajero en la unidad número 20 a reincorporarse a sus labores en Tegucigalpa cuando ocurrió el accidente, según contó Walter Velásquez, amigo de la víctima y empleado de la empresa.

 

En lo que va del año se han registrado 983 muertes por accidentes de tránsito, y al menos 1,300 personas han resultado heridas en más de 4,000 accidentes, según reportes de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El candidato de la fórmula presentada como la carta de la sociedad civil para hacer frente a Nayib Bukele se confiesa: el objetivo principal de su candidatura, al principio, buscaba más potenciar las votaciones legislativas para la oposición que ser una opción real contra el presidente que busca la reelección a pesar de que esta es inconstitucional en El Salvador. Todo cambió hace cosa de un mes, dice, cuando su partido, el movimiento que lo propuso, y hasta él, se dieron cuenta que había una incompatibilidad en los objetivos para el próximo año y que la avanzada de Bukele no tiene frenos.

Texto y fotos:  Daniel Valencia


En El Salvador Nayib Bukele arrasa en las encuestas de popularidad y ese es un hecho innegable, como también es innegable que su camino hacia una reelección está prohibido hasta en seis artículos de la Constitución salvadoreña. Y aun así, el Día de la independencia de 2022, año y medio antes de los comicios de 2024, Bukele lanzó su proclama por la reelección frente a una oposición salvadoreña todavía sacudida por el golpe a la Sala de lo Constitucional de mayo de 2021, el régimen de excepción y el cierre de espacios.

La respuesta de la oposición se tardó. Hasta mediados de 2023, un grupo de dirigentes políticos y de líderes de la sociedad civil salvadoreños idearon una apuesta disruptiva para hacerle frente a Nuevas Ideas. La apuesta, según algunos de los involucrados, era promover una fórmula presidencial emanada desde la sociedad civil que fuera arropada por todo el espectro de la oposición a través de una amplia alianza.

Las conversaciones, sin embargo, apenas estaban en pañales cuando la apuesta se vino abajo. Una noticia de El Faro, en la que se revelaron algunos encuentros, provocó el rechazo de algunos sectores, entre estos los partidos tradicionales Arena (derechas) y FMLN (izquierdas). Para quien no conozca El Salvador, en este país hay una regla política básica que nunca se debe pasar por alto: esos partidos que gobernaron entre 1989 y 2019, y contra quienes apuntó Bukele para catapultarse en la nueva era política salvadoreña, son como el agua y el aceite, como el Barcelona y el Real Madrid, como la MS-13 o el Barrio 18: no se juntan.

Cerrada la puerta a una amplia alianza opositora, el abogado, exmilitar y ex precandidato presidencial de Arena (2018) Luis Parada; y la defensora de derechos humanos Celia Medrano se quedaron apenas con un camino: afiliarse en el partido de centro Nuestro Tiempo, respaldados por un colectivo de la sociedad civil que se hace llamar Sumar. El FMLN sacó su propio candidato y otros grupos que participaron en las conversaciones incluso propusieron una candidatura diferente, que ahora es la carta a la presidencia del partido Arena. Quedó claro que la oposición iría dividida a las presidenciales. 

Aún así, desde su presentación en sociedad, Nuestro Tiempo, Sumar, Parada y Medrano propagaron en cuanta entrevista participaron esta idea: “sumar” para llegar a las presidenciales por medio de una alianza. En algún punto, los líderes del partido incluso llegaron hasta decir que intentarían encontrar el camino de las coaliciones (exclusivas para partidos en contienda) antes del cierre de plazos. Tampoco ocurrió.

Seis meses después, y a escasos dos meses para los comicios, ahora Luis Parada se confiesa y revela que el objetivo de la fórmula en realidad no era la presidencial, porque era una posibilidad “remota”. Según dice, tanto en Nuestro Tiempo como en Sumar se apostaba como primera medida potenciar las elecciones legislativas, para arrebatarle el control de la Asamblea a Bukele, con la ayuda de una fórmula que jalara votos para esos candidatos. Parada incluso dice que le habían puesto asesores que hasta le pedían que no confrontara con el presidente, y que candidatos a alcaldes y diputados le exigían lo mismo para no verse perjudicados en sus territorios. “Pero ahora estamos en la misma página. Por eso me siento contento y optimista”, dice.

Esta entrevista se celebró en un espacio de oficinas rentadas de la capital, el jueves 30 de noviembre, el día en el que Bukele presentó una licencia para dejar de ejercer como presidente (aunque conserva privilegios que le da el cargo) para lanzarse de lleno a la campaña. La oficina estaba reservada a nombre de Andy Failer, presidente del partido Nuestro Tiempo.

Luis Parada es un abogado experto en litigios internacionales y exmilitar. Su testimonio fue clave en el juicio por los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, perpetrado por un batallón de Ejército salvadoreño en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, en noviembre de 1989. En febrero de 2020 renunció, a modo de protesta, a sus grados militares, luego de que Nayib Bukele se tomara, junto a soldados armados, la Asamblea Legislativa.

¿Cómo ve el panorama a dos meses de las elecciones?

Esa pregunta es un poco prematura porque no hemos dicho de dónde venimos. Entonces, cuando te diga que me siento muy bien, optimista, me dirás: pero cómo es eso, si solo faltan dos meses y no se ve la campaña. Soy optimista porque ahora sí vamos a iniciarla; y ya tenemos un equipo que está trabajando para que iniciemos bien.

¿Y hasta ahora no tenía equipo?

No teníamos quizá ni siquiera una visión compartida, entre los actores importantes en esta candidatura, sobre cuál era el objetivo. Y eso, pues, nos llevó a retrasos e incluso algunas controversias internas que gracias a Dios ya se solucionaron. Ahora estamos en la misma página. Por eso me siento contento y optimista.

¿Cuál era el objetivo antes?

Lo que se pensó hasta hace poco era que el papel principal de esta candidatura iba a ser un papel secundario de apoyo a la elección legislativa, la verdaderamente importante para el país. La idea de ganar la presidencia era algo muy remoto, y lo que se buscaba en realidad era potenciar a través de una campaña presidencial que la oposición pudiera obtener suficientes diputados para romper la mayoría calificada del partido de gobierno. Yo no compartía esa visión y se los dije desde el principio. Romper la mayoría calificada no iba a resolver los problemas de El Salvador, porque en El Salvador el problema es que hay un dictador. 

¿Y ese objetivo se mantuvo, le entiendo, hasta hace muy poco?

Yo no veía incompatibilidad… pero sí, resultaron saliendo ciertos problemas en el camino que me demostraron que tener diferentes visiones sobre cuál era el objetivo planteaba contradicciones entre un objetivo y otro.

¿Cuál era el suyo?

Para mí, el objetivo era confrontar directamente al dictador, pero muchas veces esa confrontación no era bien vista por candidatos a otros cargos tanto legislativos como municipales, que sentían que tener un candidato presidencial que fuera muy confrontativo no les ayudaba en sus candidaturas. Entonces viene un candidato y me dice que yo debería de reconocerle y agradecerle al presidente por la seguridad que ha traído. Le dije: cómo voy a hacer eso, cuando yo sé que es una seguridad falsa, que, metiendo presa a 70 mil gentes, incluyendo 20 mil inocentes, no es una manera de obtener una seguridad a largo plazo. Eso, pues, lleva a diferentes grados de conflicto u opiniones contrapuestas sobre lo que se debe hacer. Pero todo eso creo que ya… me siento…

Liberado, le entiendo. 

Sí, puede decirse.

Quiero reconfirmar: candidatos a diputados de Nuestro Tiempo le decían: ‘hey, bájele con el tema de seguridad’.

Y candidatos a alcaldes también. Y era con el tema de las críticas al presidente en general. Había incluso algunos estrategas políticos que decían que el presidente era tan popular que no había que confrontar con él, que solamente había que hablar sobre la economía. Es un tema que golpea a toda la gente, pero nunca estuve de acuerdo con eso, porque cuando uno no pelea un campo es como que lo admite; y yo no puedo admitir algo con lo que no estoy de acuerdo.

¿Asesores de campaña?

A mí los asesores que me habían puesto me habían dicho que no había que confrontar a Bukele, pero yo no estaba de acuerdo con eso, entonces ahora ellos ya no son mis asesores.

¿Fueron asesores puestos por Nuestro Tiempo o por Sumar? ¿O por ambos?

Ya estaban ahí, o sea, ya estaban asesorando.

Pero no aparecieron por arte de magia.  ¿Se los presenta quién? ¿Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo? ¿José Marinero de Sumar?

No, ellos ya estaban asesorando, habían estado asesorando durante el proceso. No sé cuánto tiempo antes…

¿Ya no son sus asesores?

No, ya no están. Precisamente porque no concordaba yo con su pensamiento. Cuando un candidato no tiene confianza en los asesores, creo que los asesores se retiran.

(((Pese a las repreguntas, Parada dijo que no revelaría el nombre de esos asesores)))

 

¿Y esto no ha generado división en la alianza?

No, yo creo que fue parte de ese renacer.

Ahora, de fondo, la estrategia de Sumar y Nuestro Tiempo con la fórmula presidencial no era como la vendieron. ¿La apuesta no era la presidencial?

No sé si había un acuerdo, pero logré ver que actores clave tenían esa idea de que esa era la principal función de una fórmula presidencial, que para mí no era así. Yo les hice saber cuál era mi situación y en ese momento no se vio que podría haber incompatibilidad.

¿Y cuándo lo descubrieron?

Fue pasando gradual, entre unos dos meses, un mes.  Es como cuando tú sabes que ya llegaste a otro destino; cuando saliste de un lugar, vas en medio del viaje, ves que ya vas a llegar, pero no sabes que llegaste… O como hizo Hernán Cortés, que le dio fuego a las carabelas…

¿Usted quería darles fuego a las carabelas?
No, quería que tuviéramos definición de lo que estábamos haciendo. No sé cómo piensan otros partidos, pero nosotros creo que ya estamos claros.

Si entre «hace dos meses y un mes» se dieron cuenta de que iban por dos rumbos distintos, quiere decir que ni siquiera las reformas electorales que golpearon las apuestas por las legislativas los habían hecho despertar. Esas reformas ocurrieron hace cinco meses, en junio.

Es que mira, no es un despertar así… No sé cómo despiertas tú en la mañana. El despertarnos no es un ‘switch’ de una luz.  A veces toma tiempo, como cuando fallece una persona: desde el acto físico del fallecimiento, entre que lo internalizas y lo aceptas pasa algún tiempo. Algo similar pasó.

¿Ese destino por la legislativa fue una postura de Sumar y de Nuestro Tiempo, compartida por la fórmula, hasta que usted dijo: ¡no, basta, voy a quemar carabelas!?
No, mira, yo no quería quemar ninguna carabela. Lo que pasa es que se tardó un poco en asimilar el significado del momento histórico que estamos viviendo. Había sucedido esa reforma, pero aun así estaba la esperanza de que algo podía pasar. Lo catalizó todo cuando el Tribunal Supremo Electoral comenzó a rechazar sin argumentos válidos, sin leer, sin abrir la Constitución, los recursos que se presentaron. Ahí siento que todo el mundo internalizó que había un problema que había que afrontarlo directamente: el presidente de la República; y que si no se confrontaba esa realidad, ninguna de las demás cosas iban a ser… No quiero decir ‘irrelevantes’, pero que no iban a tener la trascendencia que necesitaba el país para evitar un nuevo período de caos.

Si las peticiones de nulidad de la candidatura inconstitucional de Bukele fueron el catalizador, eso ocurrió hace poco más de un mes. Si hasta hace un mes la oposición en la que usted participa se da cuenta realmente del escenario al que se enfrenta, ¿eso significa que andaban navegando la deriva?

No íbamos a la deriva, sino que íbamos en una dirección… pero todavía no sabíamos que habíamos llegado al puerto de llegada, hasta que llegamos.

¡Púchica! Ese es el viaje de Cristóbal Colón: iba para un lado y terminó en otro.

Bueno, la verdad es que no sabían que había un gran continente en medio, pero fueron a descubrir algo en medio. Y no fue que tuviéramos más conocimiento, sino que nos dimos cuenta de dos cosas: lo primero, que todos estuvimos de acuerdo en que esta era una batalla decisiva que había que pelear por la defensa de la democracia El Salvador, y que se tenía que pelear no solamente en las legislativas. Se le dio la dimensión, la importancia, de pelear la presidencia, confrontar al presidente. Para mí es ese es el punto importante porque sentí que ya estábamos en sintonía. Otra cosa real, y que todos tuvimos que aceptar, es que íbamos a tener que pelear sin financiamiento. Entonces, cuando todo parece estar en contra ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder o vamos hacia adelante? ¿Cuál es mi película favorita, por cierto?

No lo sé.
Tienes que saberlo. Hay un TikTok que se llama las 10 cosas que no sabías de Luis Parada. Ahí dice cuál es. Te pongo de tarea que lo veas, y verás que ahí hay un grupo de personajes idealistas que, en el momento que parece que todo está perdido, es cuando agarran fuerza ahí y dicen: vamos para adelante. Creo que cuando vimos que todo parecía que estaba peor es cuando agarramos más fuerza y más ánimo. Cuando tú estás definido en lo que vas a hacer y tienes claridad, eso inspira a otras personas y te inspira a ti.  Por eso a dos meses de la elección me siento contento, con una dirección, ahora sí tenemos un equipo, más que todo de voluntarios, que está trabajando por el país.

¿Porque callaron esta apuesta desde un inicio? Ustedes presentaron otra cosa: la aspiración de una candidatura única para la presidencia. Nunca hablaron de que lo que buscaban era potenciar la legislativa. ¿Por qué vendieron una falsa promesa?

Recuerda que lo que se había pensado desde el principio no empezó bien. Y creo que eso generó bastante incertidumbre.

¿Esta apuesta por lo legislativo era más de Nuestro Tiempo que de Sumar y la supuesta alianza multipartidaria?

Yo solamente había tenido conversación con una persona de Sumar. Y pues él es el que me había expresado que ellos veían, sin menospreciar, que no querían estar buscando la presidencia, porque sabían que eso era algo que tenía posibilidades remotas. Estamos hablando de lo que se tenía entendido antes de abril-mayo. Ahora creemos que no son remotas las posibilidades porque el descontento de la población con el actual presidente es real. Y tal vez no es mayoritario, pero sí es bastante elevado.

¿Y en esas primeras conversaciones usted realmente creía que Arena y el FMLN participarían de una unión como esa?  

Yo no había hablado con ellos todavía. Yo hablaba con una persona de Sumar que, entiendo, recogía el sentimiento del colectivo. Con Celia no nos habíamos reunido con ningún partido político hasta mayo. Luego, por lo menos los del Frente dijeron que por presiones internas iban a tener que poner su propia candidatura.

¿El Frente o personas del Frente sin mucho poder de decisión?

No sé, o sea, el Frente es un partido de miles de personas, pero por lo menos los representantes fueron claros. El representante de Arena dijo que ellos probablemente harían lo mismo. Entonces de ahí empezó a verse que no iba a darse esa cosa, desde la primera vez que hablamos con los partidos. Y de ahí, pues, sucedió la publicación de El Faro, que vino a acelerar, quizá, porque había algunas inexactitudes, que Arena y FMLN saltaran de inmediato para distanciarse. Pero no, en esa reunión con los partidos políticos no se habló sobre el objetivo de que la candidatura presidencial potenciara la legislativa.

Entonces esa apuesta es posterior. ¿Fue solo de Nuestro Tiempo o también de Sumar?

(Medita cuatro segundos). Mira, es que no te puedo decir que fue todo Sumar, pero por lo menos con un representante, una persona de Sumar. Creo que en Nuestro Tiempo también es la idea que tenían ellos.

¿Como partido, a nivel institucional?
Creo que sí. Pienso que sí. Por lo menos esa fue mi impresión.

¿Usted es consciente que con estas palabras está incendiando una carabela? Ante sus palabras Nuestro Tiempo y Sumar deberán responder sobre la falsa promesa con la que lanzaron a esta fórmula.

Mira, es que no era un plan de perder la elección presidencial. Para que no me malentiendas, el plan era que la fórmula presidencial… y te digo, vaya, y a mí me parece, o sea, no vi una incompatibilidad, en la teoría, entre su objetivo y el objetivo de tratar de ganar la elección presidencial.

Pero no le agradaba.

Eso fue hasta después…

…Si no le permiten a uno ir a darse duro con los guantes bien puestos…

No, eso fue hasta después. En teoría yo no veía incompatibilidad y nadie dijo que había incompatibilidad. Pero cuando en la práctica tú sientes que para hacer lo que tú deseas hacer, y otros candidatos sienten que eso impacta en sus candidaturas… Ahí sí surgen problemas que no habías anticipado.  Pero al final esas incompatibilidades desaparecieron al ver la voracidad del presidente, que de verdad se pasó la restricción constitucional a la reelección. Creo que la gente ya puso en mejor dimensión el problema y desaparecieron esas incompatibilidades.

Pero lo que le entiendo es que se sentía amarrado.

Fue un amarre no oficial. O sea, cierta resistencia a hablar sobre temas que… imagínate ahora con lo de la captura de Crook… Básicamente lo que yo venía diciendo, que no querían que dijera, pues ahora prácticamente es de lo que se está hablando. Y te puedo estar hablando nada más sobre nuestra relación de fórmula, o la mía en particular con el partido, pero ahora siento que estamos súper bien. 

Dan ganas de decirle, en broma, que todo fue gracias Nayib.

Es que si él no fuera como es, no habría necesidad de que yo estuviera de candidato. Estoy aquí porque  Bukele es un dictador que ha ocupado la presidencia y los recursos del Estado para buscar perpetuarse en el poder.

Que esta fórmula, que Nuestro Tiempo, Sumar estuvieran tan tibios frente a Bukele en sus primeras apariciones entendería que es por esto no, porque no había…

…Una definición sobre el objetivo. Y no nos habíamos terminado de dar cuenta que íbamos a pelear sin fondos. Estábamos, no sé, esperando que sucediera algo. Ahora, cuando las cosas están claras, la única opción es seguir. Hay una claridad de propósito y de actuación que no había existido antes. Yo no puedo explicarte cómo se cuaja el queso, pero se cuaja, y adquiere esa consistencia y sabor de queso. Eso es lo que ha sucedido, no sé cómo sucedió, pero sí se siente.

Luis Parada muestra los contactos telefónicos que dice haber obtenido de los otros candidatos de oposición a la salida de un foro presidencial sobre apuestas por el medioambiente. “A ver si no se pierden los papelitos”, bromea.

¿Y entonces ahora el objetivo es?
Tratar de ganar la presidencia. Y si no se puede en esta ocasión, ser parte de la resistencia que habría ante un gobierno ilegítimo, inconstitucional, al no reconocimiento del poder. Pero en este momento no estamos pensando en eso, estamos pensando en hacer nuestra parte para tener el mejor resultado electoral, no compitiendo contra los otros partidos políticos de oposición, sino contra el desconocimiento o desinterés de la gente causado por la desinformación, las mentiras del gobierno. Que la mayoría de los salvadoreños vaya a votar y que vote por un partido que no sea el del presidente. Si logramos eso, estamos potenciando la posibilidad de una segunda vuelta, y si hay una segunda vuelta, todos a apoyar a quien sea el candidato de oposición que llegue.

Y esta es una apuesta de Nuestro Tiempo, Sumar, los partidos, ¿o es solo suya?  

Es una idea que yo tengo hoy, que creo que la compartimos todos los demás, porque todos los demás saben que individualmente no podemos hacer nada.

Suena algo utópico que haya una votación masiva por cada bloque para que se fuerce una segunda vuelta.

Es una votación masiva en conjunto, no por cada bloque. Teniendo buenos candidatos, que de verdad hagan un buen trabajo, hagamos un buen trabajo, y me incluyo, porque siento que ni hemos comenzado. Entre todos sumamos y si logramos sumar más del 50 por ciento, irnos juntos apoyar a quien sea. Estoy haciendo lo que considero que es correcto sin importarme si va a tener un rédito electoral o no, y en eso te estoy admitiendo la posibilidad que no sea yo el que llegue a segunda vuelta. Si es así, por lo menos quiero estar contento de que hice lo correcto y ayudé a que hubiera una votación suficientemente grande como para que alguien llegara a la segunda vuelta; y de ahí apoyar a quien sea. Ojalá que sea una persona que valga la pena.

También puede significar que usted es consciente que es difícil la tarea y que es probable que no se logre.

No quiero leer la probabilidad. Sé que es posible entonces si es posible vamos a tratar de hacer lo que pase. Yo ahorita no estoy viendo probabilidades, no estoy viendo encuestas.

Cuesta creer a un político en campaña cuando dice que no ve encuestas.

¿Si le digo que no las veo entonces estoy mintiendo?

Se lo planteo de otra manera: ¿cómo reaccionó a la encuesta que ubica al candidato Joel Sánchez de Arena por encima del resto de candidatos de la oposición, con un bajo 4 %?

Sinceramente no veo los números. Sí me di cuenta de eso porque alguien me dijo, pero yo no le presto atención. Siento que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, los resultados van a llegar. Si estamos equivocados o no, será mi responsabilidad. Si las cosas salen bien, será por el equipo de apoyo que tengo.

En Redacción Regional, hace unos días realizamos un foro para hablar del contexto electoral. Uno de los participantes planteó, con un pesimismo que contagia, que hay que olvidarse de estas elecciones y comenzar a prepararse para el futuro.

Yo diría a esa gente que no piensen así porque eso es sentirse derrotado antes de empezar; y nosotros apenas vamos a empezar, tarde, pero no estamos demasiado tarde.

Hablemos de sus propuestas electorales

Las presentaremos en enero.

Pero habían dicho que sus propuestas serían las que presentara el colectivo Sumar. Y, de hecho, ya les hicieron entrega de esas propuestas.

Vamos a tomar ese documento con Celia y lo vamos a presentar a diferentes organizaciones, en gremiales de cada sector, para que nos den otros insumos.

¿La plataforma entregada por Sumar no es vinculante, no es la plataforma de gobierno de la fórmula Nuestro Tiempo-Sumar?

Es un insumo. Sumar no es no es el poder detrás del trono, ni siquiera tiene…

Eso no lo he dicho yo.

Nunca fue mi entendimiento ni de Sumar ni de Nuestro Tiempo que esas eran las propuestas para la fórmula. Con eso sería como dejar que alguien dicte lo que vas a hacer, y eso no lo voy a permitir.

Es que incluso hasta por los tiempos, los performances, todo parecería por cascada. Si no, luego a usted le queda dos meses para hacer su plataforma al mismo tiempo que para hacer su campaña.

La propuesta con planes programáticos la vamos a presentar hasta enero. Tenemos este mes para consensuarlas con los diferentes sectores.

Veamos: en resumen, Bukele avanza con la propaganda del Estado y con una candidatura inconstitucional hacia 2024; el oficialismo avanza con las reformas electorales que buscan potenciar un partido único; hay un árbitro que no es árbitro; ustedes hasta ahora están en sintonía; no tienen fondos, van a hacer casi que una campaña de guerrillas…  A dos meses de las elecciones, y con estos parámetros, ¿cómo se puede ser optimista?

Tienes que ver cuál es mi película favorita.

 

(((La película favorita de Luis Parada es la primera de Star Wars: Episodio IV))).

Para las mujeres hondureñas, cruzar calles sin ser víctimas de acoso es improbable y cruzar fronteras sin sufrir violencia basada en género es inimaginable. Rosa –nombre que ella escogió para cuidar su identidad– escapó de su agresor dos veces. La primera vez intentó llegar a Estados Unidos con su hermano, pero fueron secuestrados por Los Zetas en México. La segunda vez intentó recorrer el mismo camino  con sus hijos, pero  fueron separados por agentes federales mexicanos. En Honduras, la justicia sigue sin responderle, porque el juzgado aún no emite sentencia del proceso judicial por violencia contra la mujer. Sin esta sentencia, Rosa no puede iniciar a tramitar su divorcio. 

 

Texto: Laura García Cáceres

Ilustración: Axel Josué Mencía Monroy



«Estábamos en Piedras Negras cuando caímos en manos de Los Zetas», relató Rosa al recordar su primer viaje hacia Estados Unidos en el 2007. «Nos llevaron a una casa con cuernos de chivo, nos desnudaron, a mi hermano lo agarraron y con una pistola en la cabeza le dijeron que se agachara sin el pantalón». Piedras Negras es una ciudad en el estado fronterizo de Coahuila, al otro lado del Río Bravo. Para el 2009, incluso el centro penal de Piedras Negras estuvo controlado por Los Zetas, uno de los cárteles de la droga más temidos en México.

 

Rosa y su hermano estuvieron encerrados en una bodega mientras su madre en Honduras reunía 4,000 dólares (aproximadamente 72,000 lempiras en el 2007) para que el cártel dejara en libertad a sus dos hijos. Después de semanas de espera, su madre vendió un solar, el único bien que Rosa tenía. «Fueron noches de zozobra, yo escuchaba cuando le gritaban [a mi hermano] y lo golpeaban cada cinco minutos», relató.  

 

Pero aun antes del secuestro, el viaje ya había sido angustioso. «Aguantamos hambre por días, pasamos 12 trenes, 32 túneles, dormimos a la intemperie. Tuvimos que meternos en contenedores llenos de migrantes, encendían los focos y decían que iban a quitar [raptar] mujeres (…) Fuimos por un futuro y lo que encontramos fue desgracia.» Como consecuencia de estos golpes, el hermano de Rosa quedó en estado parapléjico y tuvieron que regresar a Honduras al ser liberados. 

 

Pasaron diez años entre su primer y segundo intento de llegar a Estados Unidos. Durante ese tiempo, Rosa regresó a trabajar en un mercado de la capital mientras buscaba asistencia en las instancias del Gobierno que pensó que podían ayudarla: la Fiscalía de la Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer. No quería irse a Estados Unidos de nuevo porque ya conocía los riesgos de la ruta migratoria. Sin embargo, esa fue la única salida que encontró para escapar, por segunda vez, de un matrimonio violento.

 

«Le pedí ayuda a todas las autoridades» —comentó Rosa, recordando su desesperación—, «presenté actas de denuncia al Core 7 por maltrato físico y agresiones. Sigo atada al mismo yugo y no me han hecho caso.» 

 

A pesar de todas las pruebas que la defensa pública de Rosa presentó ante la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) del Ministerio Público (MP), y pese a que su agresor admitió el maltrato frente a un juez, Rosa sigue casada con su agresor. El problema es que en los tribunales hondureños un fallo que declara la existencia de un delito de violencia intrafamiliar no basta para que, de oficio, se tramite un divorcio.

 

«Una cosa es demostrar la agresión, y otra es encauzar y utilizar la agresión como causal de divorcio», indicó la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo Integral para la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliézar. La Fiscalía no puede ayudarla con su divorcio, entonces Rosa tiene que contratar a un abogado privado para que lo tramite utilizando la sentencia que aún está por emitirse.

 

«Si ella tiene un documento legal donde él acepta que la ha agredido, este documento constituye plena prueba para utilizarlo en una causal de divorcio. Y si alguna audiencia o sentencia sigue pendiente, entonces es difícil que ella logre divorciarse de su agresor. La probabilidad de una sentencia justa en casos de mujeres en situaciones de violencia gira alrededor de la cantidad de dinero que tengan disponible para ser representadas en juicio», indicó Siliézar.

 

 

Legislación interna para proteger a las mujeres

 

La Ley Contra la Violencia Doméstica entró en vigencia en 1998 en Honduras. Fue la primera norma en la región centroamericana que reconoció que la violencia entre parejas y exparejas es denunciable ante fiscalías, y que constituye una violación a los derechos de las mujeres. 

 

Sin embargo, la ley no quedó inserta en materia penal; entonces, la violencia doméstica no es un delito, quedó solamente como una norma sancionadora en un cuerpo legal fuera del Código Penal. Con el paso de los años, a juicio de la abogada Siliézar, se fue revistiendo de impunidad y ha resultado insuficiente. 

 

Contrario a la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar sí se considera un delito. El Código Penal de 1983 consideraba la violencia intrafamiliar un delito, con una pena de 1-3 años de prisión. Con las reformas penales del 2005, se disminuyeron las penas en delitos contra la libertad sexual. «El problema arranca aquí —agregó Siliézar— porque con una pena tan baja, la orden del MP es suspender la acción penal». El fiscal no persigue al agresor porque las penas son mínimas en comparación con otros delitos. 

 

«El Poder Judicial emite sentencias según las herramientas que tiene a su alcance. Lo que garantiza un buen juicio en materia penal es la investigación criminal. Con una legislación débil, los fiscales no tienen argumentos ni evidencias para procesar a los supuestos agresores», indicó la defensora de derechos de la mujer. 

 

Para esta historia se intentó entrevistar a la titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Doris García, y a la secretaria de Estado en despacho de Derechos Humanos, Natalie Roque. Sin embargo, para la fecha de cierre de esta publicación no se recibió respuesta de las funcionarias. 

 

«¿Dónde no le he buscado a la vida? Pero aquí no somos libres, no puedo estar con la zozobra y no puedo andar escondiendo a mis hijos toda la vida. Trato de continuar mi vida, pero nunca he vuelto a tener un hogar», comentó Rosa.

 

Rosa buscó trabajo y se mudó de ciudad siete veces: Juticalpa, Danlí, Comayagua, La Libertad, La Paz, El Progreso, Puerto Cortés. De nada servía, su esposo siempre la encontraba. «Intenté buscar ayuda ante la autoridad de nuestro país y de nada nos sirvió porque igual estaba amenazada por uno de sus sobrinos, que era pandillero.» Al no encontrar ayuda en Honduras, Rosa y sus tres hijos salieron hacia Estados Unidos en el último trimestre del 2017.

 

 

El segundo viaje hacia Estados Unidos

 

Sabiendo los riesgos que enfrentaría, Rosa no tuvo otra opción más que intentar llegar a Estados Unidos otra vez. En esta ocasión, ella y sus hijos fueron detenidos y separados por la policía en México. El esposo de Rosa interpuso una alerta migratoria internacional porque se llevó a sus hijos sin consentimiento. Pese a que su esposo es un padre ausente y fue denunciado por violencia contra la mujer, Rosa y sus hijos fueron retornados a Honduras. 

 

«Estábamos en Celaya, Guanajuato, cuando nos detuvo migración. Me dijeron que tenía alerta internacional migratoria. Cuando me detuvieron me dijeron que no tenía derecho a nada por haber sacado a mis hijos del país ilegalmente; dijeron que era secuestro. Presenté denuncias, fotografías y todo en México. Les lloré y supliqué que me dieran refugio y me lo negaron». Rosa y sus tres hijos estaban separados y aislados entre sí. 

 

La violencia contra la mujer como motivo de migración, a juicio de Siliezar, es un tema que poco se toca y que, probablemente, se invisibiliza a propósito. «La migración es para las mujeres hondureñas, en muchísimas ocasiones, la única escapatoria de un matrimonio violento y de un Estado ausente frente a su reiterado clamor por auxilio, (…) un Estado que insiste en ignorar las violencias basadas en género». 

 

Para finales de agosto del año en curso, 32,727 hondureños habían sido retornados al país. según boletines de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA-ONU). De estos migrantes, 26,397 fueron retornados por controles migratorios en Estados Unidos y su frontera con México. La agencia de las Naciones Unidas para refugiados estima que el 5 % de estos hondureños necesitaría protección internacional. 

 

Protección internacional fue lo que pidió Rosa ante las instituciones mexicanas luego de un evento que desató en ella una crisis nerviosa dentro de la prisión federal. En la cárcel de México intentaron abusar sexualmente del hijo mayor de Rosa, que tenía 13 años. «Cuando mi hijo me dijo eso, yo busqué ayuda en México. Aunque éramos inmigrantes, estábamos en manos federales, ¿cómo iban a aceptar abusos sexuales en contra un menor dentro de la cárcel?»

 

Cuando Rosa y sus tres hijos regresaron a Honduras, ella se encontró con una demanda por manutención presentada por su esposo en contra de ella. Rosa le entregó sus hijos a su esposo. «Yo le entregué a mis hijos porque no tenía cómo darles de comer. Por eso se los entregué, pero aún él, viviendo en mi propia casa, me fue a demandar.»

 

Rosa se encarga de sostener a sus tres hijos, su hermano y su madre. Su única victoria en el proceso judicial ha sido una orden de alejamiento como medida de protección hasta que se emita la sentencia. «Tengo dos niños en la escuela, mi hijo no pudo entrar  a la universidad. Yo quiero lo mejor para mis hijos, pero me siento corta económicamente porque las ventas han bajado. Hay que comprar pañales, leche para mi hermano, que tiene 32 años, porque es un bebé en cama», agregó Rosa.. 

 

«La realidad de nuestras mujeres es esa: empobrecidas, en situación de violencia y desigualdad, no tienen profesional del derecho que las represente en materia civil. Allí está el porqué del abandono de los procesos», indicó Siliezar.

 

 

Denuncias, investigación criminal y sentencias 

 

En el año 2020, el MP recibió 14,744 denuncias por delitos de violencia basada en género a nivel nacional. En el 2021, recibió más de 23,000. En 2022, recibió 21,200 denuncias. Y hasta septiembre del año 2023, el MP había recibido más de 15,000 denuncias por estos tipos de violencias.

 

Según datos del Poder Judicial, en el 2020 se emitieron 317 resoluciones en casos de violencia basada en género, frente a 2 sobreseimientos otorgados en el mismo año. En el 2021, se emitieron 517 resoluciones y 53 sobreseimientos definitivos. En el 2022, se presentaron 281 resoluciones y 9 sobreseimientos. En lo que va del 2023, se han emitido 222 resoluciones y se han otorgado 10 sobreseimientos. 

 

«La ignorancia en temas de género es inexcusable en los legisladores y jueces. La sentencia queda a criterio de jueces que están insensibilizados con violencia de género. Es inevitable reconocer que la violencia predomina en la estructura estatal, en especial en las cortes» apuntó Siliezar. En casos de violencia intrafamiliar, el Estado tiene una gran labor de reparación. Las organizaciones feministas, indicó la entrevistada, instan al Estado a aumentar la sanción penal y revisar las figuras donde se redujeron penas. 

 

El caso de Rosa representa una realidad para las mujeres en situaciones de violencia basada en género en Honduras: el acceso a los tribunales no les garantiza justicia porque la legislación es débil al proteger los derechos de la mujer. «Esto es impunidad hecha a la medida del agresor», concluyó Siliézar. 

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa «¡Exprésate!» en América Latina.

Cristhina Portillo fue sacada de su negocio en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, en la noche del 24 de noviembre, por hombres con indumentaria de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y contra el Crimen Organizado (Dipampco), según narraron testigos a Contracorriente. Hasta este día, las autoridades no han dado respuesta a la familia sobre su paradero. 

Texto: Catherine Calderón

Fotografía: Amilcar Izaguirre

 

Dos semanas lleva desaparecida Christina Portillo, quien, según familiares y testigos, fue vista por última vez en el bar Flamingos, un negocio de su propiedad ubicado en el sector Rivera Hernández. La noche del 24 de noviembre, cinco hombres vestidos con indumentaria policial de la Dipampco realizaron un cateo supuestamente buscando drogas, y se llevaron a Portillo. 

 

Christhina es una mujer trans de 38 años y líder comunitaria en el sector Rivera Hernández; es la presidenta del patronato en Brisas del Sauce y conocida activista del Partido Nacional. 

 

Honduras está bajo un estado de excepción desde diciembre de 2022 y en el marco de las acciones contra el narcotráfico, en zonas como estas, la policía suele hacer operativos de este tipo. Josiris, hermana de la desaparecida, dijo a este medio que esa noche en el bar, cuando entraron los supuestos agentes policiales, a ella le pareció un operativo rutinario. Sin embargo, de acuerdo con su relato, había algo inusual en la forma  violenta en la que estaban llevando a cabo el cateo, ya que los supuestos agentes comenzaron a tirar las cosas, les quitaron su identidad y les tomaron fotografías, a ambas hermanas y a dos clientes que estaban esa noche. Además, se refirieron a Cristhina por su nombre legal, y ella se intimidó. 

 

«Ahí fue cuando yo pensé que todo estaba raro, porque casi nadie sabe el nombre de mi hermana como está en la identidad. Cuando escuché que dijeron que se la iban a llevar junto al otro muchacho que estaba en el negocio, me salté la ventana del bar y perseguí al carro en el que se llevaban a mi hermana», relató Josiris, quien aseguró que fue a la Primera Estación Policial, ubicada entre la segunda y tercera avenida de San Pedro Sula, para ver si allí se la habían llevado, pero no la encontró. 

 

«Yo soy abogada de profesión, y cuando llegué y pregunté por Cristhina, me dijeron que no sabían nada y que no había reporte de ello. Llegué prácticamente una hora después del suceso y solo me tomaron la denuncia como robo de mi celular porque aún no habían pasado 24 horas para colocar que mi hermana estaba desaparecida», dijo.  

 

Esa noche del 24 de noviembre, Josiris buscó en hospitales, clínicas, en la morgue y en todas las oficinas policiales que pudo visitar para verificar la detención de Cristhina, pero no logró dar con ella. Durante dos días, la familia de Cristhina habló con agentes policiales de la Dipampco y la buscaron en todo el sector Rivera Hernández. La buscaron incluso durante operativos de levantamientos de cadáveres, para verificar que no estuviera muerta. 

 

Cuatro días después de no saber nada sobre su ubicación, los familiares recibieron varios mensajes vía WhatsApp de un número desconocido, en el que les pedían 300 mil lempiras por el rescate; hasta ese momento entendieron que podía tratarse de un secuestro. «Para ese momento confirmé que no podía confiar en nadie para esto, y definitivamente empecé a sospechar de las autoridades», dijo Josiris. Continuó relatando que respondió al mensaje pidiendo pruebas de que su hermana estaba viva, pero nunca respondieron el mensaje. 

 

Ronald Posada, vocero de la Policía Nacional en la zona norte del país, confirmó a este medio que Josiris presentó efectivamente la denuncia el 24 de noviembre. «En el momento que se nos reportó la desaparición, realizamos la denuncia formal a quien le compete, que es el Ministerio Público, quien debe asignar un investigador de la DPI que va a recabar toda la información sobre ese día», explicó el vocero. Asimismo, dijo que se generó un reporte para la posta policial del sector Rivera Hernández, y luego de las 24 horas de su desaparición se alertó a  las radiopatrullas.

 

Cristhina ya había recibido amenazas antes; en 2020 denunció que la amenazaron miembros del crimen organizado, y aseguró que era por razones políticas, ya que ella era activista del Partido Nacional. Tras esas amenazas, ella intentó huir del país  pero iniciaba la pandemia por COVID-19. En ese momento relató a Contracorriente que su activismo político la estaba causando problemas, a pesar de todo el esfuerzo que hacía como emprendedora en el sector.  

 

Cristhina decidió involucrarse en la política para poder incidir en los espacios estatales en favor de la población LGBTQ+, en especial las mujeres trans. Durante la entrevista que concedió a Contracorriente en el año 2020, reiteró que no quería ser una cifra más, que ella quería vivir más de los 35 años que los estudios dicen que vive una mujer trans en Latinoamérica y el Caribe. 

 

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Ese mismo año, durante los huracanes Eta y Iota, Cristhina tuvo que huir del albergue en el que estaba, pues alguien del sector le contó que habían pagado para asesinarla, por su vínculo con el Partido Nacional. Al poco tiempo, ella regresó a San Pedro Sula porque sentía que no podía seguir huyendo; quería continuar con su salón de belleza y abrir el bar junto a su hermana.

El Comité LGBTIG del Valle de Sula, junto a Josiris hermana de Cristhina Portillo, realizaron un plantón frente al Centro Integrado de Trabajo InterInstitucional (CEIN), de San Pedro Sula, para exigir respuestas de las autoridades Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Osman Lara, del Comité LGBTQ+ de Valle de Sula, organización que hoy realizó un plantón para exigir pronta investigación y el retorno de Cristhina, dijo que este secuestro refleja la inoperancia del sistema de justicia en el país, ya que a pesar de haber hecho la denuncia prácticamente a la hora de su captura, la policía aún no ha asignado a una persona al caso. 

 

Una fuente con conocimiento sobre el sistema penitenciario hondureño confirmó a este medio que Cristhina no está privada de su libertad en ninguna prisión. Dipampco confirmó a este medio que no hubo operativos en esa zona en esos días. «Cuando nosotros realizamos operativos, de manera inmediata se realiza la presentación a medios; sin embargo, recuerde que los miembros de maras y pandillas realizan sus fechorías con uniformes similares a los de las autoridades policiales», reiteró el portavoz de la Dimpamco.

 

Hoy, familiares y amigos de Christina se encontraron en el mismo lugar donde su hermana la fue a buscar el día de su desaparición, frente a la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula, para exigir que la retornen viva y que haya justicia.

Los contratos municipales que otorga el alcalde de El Progreso, en Yoro, Alexander López Orellana, despiertan sospechas de corrupción, irregularidades y opacidad. En un ejercicio de auditoría, Radio Progreso investigó los destinados a la reparación de calles en los últimos 7 de los 18 años que lleva en el cargo. Constatamos las prácticas irregulares que pueden ser indicio del mismo modus operandi en contratos de cuantías millonarias. La sombra de las prácticas corruptas persigue al único alcalde incluido en la lista Engel de Estados Unidos, que lo coloca entre las personas más corruptas y antidemocráticas de la región.



Esta nota fue producida por Radio Progreso y publicada en su versión original aquí

Foto de portada: Archivo CC

 

Si no fuera el único alcalde de todos los países del Triángulo Norte que ha entrado este año, 2023, en la Lista Engel, de personas corruptas y antidemocráticas, establecida por el gobierno de Estados Unidos, Alexander López Orellana podría ser solo el nombre de un gobernante local de una pequeña ciudad del norte de Honduras, donde lleva casi 20 años en el poder.

 

En esa lista figuran personas que han cometido actos de corrupción y han socavado la democracia en diferentes niveles y territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A López Orellana se le vincula con contratos de obras públicas significativamente amañados para beneficiar a su círculo cercano.

 

En respuesta a los señalamientos del Departamento de Estado hacia el alcalde, Radio Progreso llevó a cabo una revisión del portal web del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), centrándose en los contratos que la alcaldía sube como evidencia de su supuesta transparencia en la gestión municipal.

 

En este examen, nos enfocamos especialmente en los contratos destinados al transporte de material balastre y a la reparación de calles. Sin embargo, también se identificaron cientos de contratos adicionales destinados al barrido de calles, compra de alimentos en el marco de la pandemia y al pago de publicidad que la alcaldía realiza mensualmente a medios de comunicación y periodistas. En la mayoría de estos contratos, se observan nombres de individuos y empresas cercanas a la administración del alcalde.

 

Todo ello sigue un patrón, que corroboramos al revisar la sección de Alcaldías en el Portal Único del IAIP. El alcalde divide y fragmenta los contratos, permitiendo que un mismo proveedor obtenga varios en la misma semana, todos destinados al mismo propósito: reparación de calles en barrios y colonias de zonas urbanas y rurales. Esta táctica le permite eludir los procesos de licitación   establecidos por la Ley de Contratación del Estado.

 

De esta manera, tiene la libertad de asignar estos contratos a sus empleados, amigos o allegados, evitando todo el proceso en el que se requiere rendición de cuentas. A continuación, presentamos algunos ejemplos de estas prácticas.

 

 

Un Análisis de cientos de contratos fragmentados para evadir las auditorías

El patrón es el mismo: hasta 4 contratos casi idénticos en el mismo día a la misma empresa. Y nunca llegan al millón de lempiras cada uno.

 

En el transcurso de la revisión exhaustiva de cientos de contratos cargados en la plataforma, se pudo constatar que, exclusivamente, en el año 2021, se concedieron ocho contratos, en dos días del mes de diciembre, al señor Jesús Rigoberto Romero Zapata, de la Constructora Romero y Asociados S.A. Esta empresa fue creada apenas dos años antes de la firma de dichos contratos, el 28 de febrero de 2019. La documentación incluye un cuadro que detalla estos contratos y su asignación.

 

El 29 de diciembre de 2021, se otorgaron cuatro contratos a la Constructora Romero, sumados, alcanzan una cifra algo superior a 3.9 millones de lempiras, todos destinados a idéntico propósito: la compra y acarreo de material para la reparación de calles en la ciudad. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se entregaron otros cuatro contratos a la misma empresa de Jesús Rigoberto Romero Zapata, también por otros 3.9 millones de lempiras. En dos días, al mismo proveedor y por el mismo servicio, se le asignaron casi 8 millones de lempiras (en concreto, 7,957,420), contraviniendo la ley que explícitamente prohíbe la subdivisión de contratos con el mismo fin.

 

En relación con este proceder, el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado establece claramente la prohibición de subdividir contratos: «El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrá ser fragmentado, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.» La ley también especifica que no se considera subdivisión cuando las etapas o secciones planificadas en la ejecución del proyecto están claramente diferenciadas y coordinadas, lo cual no se observa en estos contratos examinados por Radio Progreso.

 

Este patrón de subdivisión de contratos también se evidenció en el caso del proveedor Dagoberto Ferrufino Rivas. El 3 de agosto de 2020, se le asignaron tres contratos por montos de casi 1 millón de lempiras cada uno, mostrando la intención de no superar el millón para evitar el proceso de licitación. Los restantes cuatro contratos se entregaron en fechas posteriores, sumando en total más de 5.5 millones de lempiras. En este caso, también se empleó la subdivisión de contratos para eludir el proceso de licitación en las obras municipales.

 

Conexiones Políticas: Contratos Otorgados a Aliados

 

El señalamiento por parte de Estados Unidos al funcionario se centra en la asignación indebida de contratos municipales a sus aliados políticos y personas cercanas. Radio Progreso ha verificado la relación de cientos de estos contratos con reconocidos activistas liberales en el municipio de El Progreso.

 

En el año 2022, cuatro contratos fueron para Marvin Alfonso Reyes Santos, dirigente liberal, por un monto de más de 2.3 millones de lempiras. Se concedieron del siguiente modo: el 7 de abril, uno por 698,351.10; el 1 de septiembre, otro por 351,422.00; el 14 de septiembre, por 999,982.25, y el 7 de diciembre por 299,989 lempiras.

 

Manuel de Jesús Mencía Urrea, activista liberal en la zona sur del municipio, fue favorecido con 43 contratos que totalizan más de 3.6 millones de lempiras. En una situación similar se encuentra Humberto Enrique Espinal Galeas, familiar de la actual asistente de tesorería municipal, Oneida Martínez, quien recibió 40 contratos para el mismo propósito, con un costo de casi 3.2 millones de lempiras.

 

Yadira Lizzette Medina, hermana de la actual vicealcaldesa, Martha Medina, ha recibido más de 8 millones de lempiras para la entrega de alimentos en el marco de la pandemia. Por denuncias de sobreprecios en las bolsas solidarias el Ministerio Público abrió una línea de investigación. En este caso, se viola lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, ya que los impedimentos se extienden a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) y los parientes hasta el segundo grado de afinidad (cuñados), dice el artículo 15 numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado.

 

Omar Menjívar, abogado penalista y actual vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula, recuerda que la Ley de contratación del Estado es la que establece cuáles son los mecanismos y reglas que se deben seguir para firmar contratos con las distintas instituciones del Estado.  Entre los diversos tipos existentes, la contratación directa se considera una excepción. “Hay cuatro o cinco tipos de contratación básicamente. Una es la licitación pública, otra la licitación privada, el concurso público y la contratación directa, ésta última debe ser una excepción. «Debemos de tener claro que la regla general es que toda institución pública, incluidas las alcaldías deben someterse a una especie de calificación del mejor oferente, los que garanticen las mejores condiciones en las obras o servicios”, explicó.

 

Agrega que en cada contrato siempre se deben revisar las condiciones técnicas, las garantías de cada uno de los oferentes y se hace una ponderación de todos esos elementos para finalmente tomar una decisión. «Pero lamentablemente la administración pública no hace esto porque en muchos de los casos todo está arreglando para beneficiar a sus allegados», denuncia Menjívar.

 

Otro activista beneficiado fue Ramón Villatoro Álvarez, quien recibió más de 3 millones de lempiras por 19 contratos para el acarreo de material y otras obras.

 

Durante los últimos siete años de revisión, encontramos a 101 contratistas que trabajaron en obras financiadas por la alcaldía de El Progreso. En este listado también se incluye al exalcalde liberal Virgilio Padilla, con al menos 10 contratos que suman más de 8.5 millones, y 24 contratos a favor de René de Jesús Paz Díaz, por un monto de algo más de 1,9 millones. Él es esposo de la asistente del alcalde Alexander López.

 

Prácticas Continuas de Contratación: Material para Reparación de Calles

Fotografía: Radio Progreso

Durante la revisión de los contratos desde, 2015 hasta 2022, Radio Progreso ha constatado que anualmente se firman alrededor de 100 contratos para un mismo propósito: la compra y acarreo de material destinado a la reparación de calles. Estas obras, que resultan efímeras y difíciles de auditar, consisten principalmente en la dispersión de material balastre en calles de diversos barrios y colonias. Sorprendentemente, estos contratos no forman parte de un plan de inversiones o proyectos con una visión a largo plazo, a pesar de las dos décadas en las que el funcionario ha permanecido en el poder.

 

La mayoría de estos contratos se otorgan a individuos particulares en lugar de empresas constituidas y especializadas en construcción. Entre los 10 proveedores a los que se les ha concedido mayores montos económicos, solo dos proveedores son empresas especializadas y, en ese caso, apenas logran cumplir con el requisito de dos años de constitución antes de la firma del contrato, como es el caso de la Constructora Romero.

 

En su gran mayoría, los proveedores son individuos particulares a quienes se les concede la libertad de adquirir material por su cuenta o subcontratar a otras empresas especializadas en estos servicios. Este enfoque de contratación plantea interrogantes sobre la transparencia y el criterio utilizado en la asignación de estos contratos, dado que la preferencia recae en individuos en lugar de empresas establecidas en el sector de la construcción.

 

 

Simulación de transparencia: contratos y falta de rigor

Fotografía: Radio Progreso

La alcaldía de El Progreso, Yoro, fue reconocida por el hecho de enviar una gran cantidad de información al portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la revisión llevada a cabo por Radio Progreso revela que esta información consiste en contratos y datos desordenados, incompletos e incluso superfluos, lo que no asegura un auténtico proceso de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Un desorden para tapar el posible caos planeado.

 

Los contratos individuales que hemos analizado son por valores inferiores al millón de lempiras. Estos antecedentes llevan a sospechar si se ha seguido el mismo patrón en el caso de los contratos multimillonarios que ha otorgado la municipalidad para proyectos como el palacio de los deportes, la construcción del nuevo palacio municipal, el museo de los alcaldes, los parques públicos y el próximo contrato para el servicio de recolección de basura en la ciudad, donde los actuales regidores   han denunciado irregularidades en el proceso. 

 

Actualmente, López Orellana ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo del Partido Liberal, uno de los más grandes y antiguos del país.

 

Su incursión en la política fue respaldada por Roberto Micheletti Bain, eterno diputado del departamento de Yoro y expresidente del Congreso Nacional en 2006, quien se convirtió en su mentor y padrino político. Este reconocido político y líder liberal avaló el golpe de Estado de 2009 y asumió la presidencia de facto. Micheletti ejerció el control en el departamento de Yoro durante décadas hasta que su pupilo lo sucedió.

  

Con cinco administraciones consecutivas y desligándose de su mentor, López Orellana es el líder más poderoso en el municipio, respaldado también por Yani Rosenthal, quien figura en la Lista Engel y fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero para Los Cachiros, uno de los cárteles de narcotráfico más influyentes en Honduras. Rosenthal es el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y fue candidato presidencial en Honduras.

 

El mundo al revés. Un sospechoso reconocido

 

En Honduras, sin embargo, López Orellana ha sido reconocido, desde 2016, hasta en 7 ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública, junto a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que han señalado su «transparencia en la gestión pública».

 

Paradójicamente, en agosto de 2016, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervino varios departamentos de la alcaldía, después de que los residentes de los barrios Las Delicias y Cabañas acusaron a López Orellana de obligarlos a pagar por un pavimento que, en realidad, había sido donado. Incluso, el apoderado legal de los vecinos, el abogado Apolonio Ortiz, solicitó una investigación contra el alcalde por utilizar presuntamente testaferros en la compra de propiedades y terrenos, según informaron los medios que siguieron las denuncias en ese momento.

 

Tres años después, en julio de 2019, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP) intervino la alcaldía para incautar documentos y verificar las denuncias de supuestos actos de corrupción que se investigaban desde 2016.

 

Posteriormente, en 2020, el Ministerio Público allanó la municipalidad debido a denuncias de irregularidades en la entrega de bolsas solidarias. En este caso, Alexander López fue acusado de sobrevalorar el precio de alimentos destinados a familias de escasos recursos, en el marco de la pandemia de Covid-19. Además, otorgó contratos para que la hermana de la vicealcaldesa y un exdiputado fueran los proveedores de alimentos.

 

 Lo extraño es que ninguna de las investigaciones sobre los casos y denuncias mencionados avanza, según hemos podido constatar.

 

Radio Progreso se puso en contacto con el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, quien confirmó que Alexander López está siendo investigado en 10 casos de corrupción y abuso de autoridad desde el año 2016. No obstante, Mora señaló que no es posible proporcionar detalles específicos sobre el proceso investigativo en curso.

 

El equipo de Radio Progreso también ha intentado en repetidas ocasiones obtener la versión del alcalde Alexander López, pero no hemos tenido respuesta.

 

El otorgamiento de contratos municipales en El Progreso, Yoro, es un asunto de interés público que requiere transparencia, legalidad y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para garantizar la correcta ejecución de proyectos y servicios en beneficio de la comunidad. Es algo que el alcalde Alexander López Orellana debe saber.

Han pasado ocho meses desde que Ana Hernández fue encontrada muerta en su casa, al sur de Tegucigalpa. Su familia sigue sin conocer los resultados de la autopsia que revelaría si Ana fue víctima de femicidio. Recientemente, la Fiscalía le dio a su padre la certificación del acta del levantamiento cadavérico y una constancia, pero ninguno de esos papeles da cuenta de los resultados de la autopsia. Para la familia es una muestra más de la impunidad que rodea, no solo el caso de Ana, sino el de muchas mujeres en Honduras. 

 

Texto: Vienna Herrera 

Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Portada: Generada con IA de Canva

 

Ángel Hernández pagó 200 lempiras (8 USD) para recibir dos constancias de la Fiscalía con las que esperaba tener respuestas sobre la autopsia de su hija. Las hojas no decían nada sobre la causa de muerte. Don Ángel deja abierto el folder que contiene los papeles y se aleja indignado, como si no quisiera seguir viendo la insuficiente, pero única respuesta que le ha dado el Ministerio Público sobre la muerte violenta de su hija, Ana Hernández, ocurrida el 19 de marzo de 2023. 

 

«Yo ya tengo claro que esto va a quedar así», dice, mientras se sienta en una silla plástica blanca en el recibidor de su casa. Tardaron casi un mes en entregarle las dos hojas: una es la constancia de levantamiento cadavérico en la que mencionan que la forma de muerte está «pendiente de investigación» la otra es una constancia extendida por la Secretaría General del Ministerio Público, que repite la misma información, y añade que «se extiende exclusivamente para trámite de asilo político». Pero don Ángel no está buscando asilo y, por el momento, no piensa hacerlo. Esa frase resuena como una advertencia, o quizá como un presagio.  

 

Ana era una mujer de 32 años que trabajaba en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). Fue encontrada muerta en su casa, y el primer sospechoso de asesinarla fue su pareja, el mayor de artillería Franco Méndez. Él dijo que Ana se había suicidado, y aunque la policía lo detuvo por portación ilegal de armas, fue liberado nueve días después. Méndez tenía en su casa proyectiles de fusil, casquillos de bala, seis granadas, municiones, cargador de fusil y de pistola, todos de uso prohibido fuera de las instalaciones militares. 

 

La muerte de Ana ocurrió en medio de una huelga nacional del Ministerio Público y las morgues judiciales, durante la cual decenas de muertes violentas se quedaron sin tener una autopsia. La familia de Ana, desesperada, se tomó en protesta la carretera principal del país, la CA-5, con lo que lograron que se realizara la autopsia, aunque esta se efectuó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no en Medicina Forense.

 

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Don Ángel está preocupado. Personas cercanas al proceso le han dicho que deje de preguntar por el caso, que no pida justicia. Después de que nadie lo llamara para actualizarlo, don Ángel consiguió reunirse con la fiscal que lleva el caso y con el encargado de la autopsia de Ana en Medicina Forense. A don Ángel lo recibió la fiscal asignada al caso en los primeros días de noviembre, y le dijo que Ana había estado viva por 20 minutos y que eso explicaría por qué había sangre en la cocina de su casa, pero su cuerpo apareció en su habitación.

 

La familia no encontró ningún rastro de sangre en ese camino; lo que sí vieron fue sangre en el lavatrastos de la cocina mientras limpiaban la casa de Ana, después de su muerte. Según su familia, Ana fue encontrada con un arma en una posición que no encaja con un suicidio, como lo dijo en un inicio la pareja de Ana, quien además, según don Ángel, tuvo comportamientos extraños ese día. Franco lo llamó para avisarle que había peleado con su hija y que esta, supuestamente, había amenazado con quitarse la vida. Después, dijo que estaba lejos de la casa, pero conocidos de Ana lo vieron cerca. También supieron que Franco le aseguró a la policía que no vivía con ella, aunque en la casa aún están sus pertenencias.

 

«No me explican [la Fiscalía] cómo es que mi hija se disparó, se levantó a la cocina, limpió la sangre del piso y luego se murió en el cuarto», dice don Ángel, y cuenta que cuando la hermana de Ana le pidió a la fiscal que les aclarara cómo era posible esa versión, la funcionaria se molestó y les dijo que ella solo leía lo que vio en el expediente de investigación, y que recién le habían asignado el caso.

Angel Matías recorrió las calles principales de Zambrano cargando la foto de su hija Ana Hernández el día de su entierro. Foto Cc/ Jorge Cabrera.

Don Ángel tiene muchas dudas sobre el expediente de investigación que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le entregó al Ministerio Público, aunque una fuente dentro de la DPI le confirmó a Contracorriente que la hipótesis del suicidio estaba descartada. El padre de Ana dice que la policía no hizo el vaciado telefónico de los aparatos de Ana y que, por el contrario, le preguntaron si él tenía la clave, o si conocía a alguien que pudiera hackear el teléfono.

 

Al finalizar la reunión con la fiscal, a don Ángel le ofrecieron una constancia: «es todo lo que podemos darle», le dijeron, y él aceptó, esperando que por lo menos allí le dieran un dictamen más claro. Cuando llegó a retirarla semanas después, vio que la hoja decía que se extendía para asilo político. Don Ángel no sabe qué pasó con la pareja de Ana, pero un oficial de defensa le dijo que había sido dado de baja. Contracorriente buscó confirmar esta información, pero ningún miembro de las Fuerzas Armadas quiso hacer comentarios, ni siquiera de forma anónima.  

 

Don Ángel dice que nada le regresará a su hija, pero tiene que lidiar con su pérdida: a Ana le faltaba muy poco para pagar la hipoteca de su casa, y ahora, hasta el banco está esperando la autopsia para gestionar el seguro. También, cuenta don Ángel, están en suspenso los beneficios del Instituto de Previsión Militar al que Ana aportaba desde que inició su trabajo hace 10 años en la DNII; esta última no se pronunció ni con un acuerdo de duelo, y no ha buscado a su familia para entregarle sus derechos adquiridos.

 

Don Ángel explica que en la reunión con el encargado de la autopsia este le dijo que estaban evacuando la hipótesis de que todo fue un accidente; que probablemente hubo un tiro al aire que rebotó en el techo y le pegó en la cabeza a Ana. Según este funcionario, ella murió a los 20 o 30 segundos, lo que contradice la teoría de la Fiscalía según la cual Ana murió después de 20 minutos. A don Ángel le costó entender varios términos que el encargado de la autopsia le mencionó, porque eran muy técnicos, pero al final este le dijo que enviarán pruebas a otros países para terminar de evacuar esa hipótesis. 

 

El médico le dijo a don Ángel que él había hecho la autopsia de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que fue víctima de femicidio en una celda policial en febrero de 2021. Cuando el médico le contó esto, don Ángel sintió más desesperanza: «por eso sé que va a quedar así el caso de mi hija, esos casos nunca los resuelven».

Performance frente al edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa, durante una movilización en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Foto CC/ Fernando Destephen.

El caso de Keyla tiene similitudes con el de Ana, ya que la hipótesis inicial de la policía fue que Keyla se había suicidado. Las circunstancias del hecho siguen inconclusas para su propia familia. Aunque hubo un juicio contra el agente policial Jarol Perdomo como único imputado, ninguno de los testigos dijo qué pasó, y Perdomo no declaró en ningún momento. 

La familia de Keyla no se encuentra satisfecha ni con el juicio ni con la decisión del tribunal que sentenció al agente como culpable de homicidio imprudente, un delito contemplado en el nuevo Código Penal para cuando una persona causa la muerte de otra por  imprudencia grave o leve. En nuestra normativa vigente, la pena va de entre uno a tres años si es leve, y de tres a siete años si es grave. Esta resolución se emitió después de que la Corte Suprema de Justicia negara un recurso de reposición a un amparo que interpuso la familia para que la sentencia que se dictara fuera por el delito de femicidio agravado (castigado con penas de entre 25 a 30 años de prisión), y no el de homicidio (de 15 a 20 años), que era lo que había pedido la defensa. 

 

Tipificar de forma errónea los delitos no es algo inusual en el sistema de justicia y persecución penal de Honduras. Entre enero de 2015 y agosto de 2023, el Ministerio Público ingresó a sus bases de datos 21 casos de parricidio (de los 100 casos ocurridos en ese período de tiempo) en los que el denunciado tenía o había tenido una relación de pareja con las mujeres, a pesar de que el artículo 208 del Código Penal describe como femicidio agravado que el victimario «haya sido o fuera pareja de la víctima».

La abogada feminista Karol Bobadilla dice que la integración de la figura penal de femicidio en Código Penal desde 2013 no ha generado cambios en la realidad de vida de las mujeres ni en los niveles de violencia que enfrentan. «No vemos una conciencia y conocimiento por parte de los funcionarios públicos de lo que constituye la existencia de un femicidio, y la existencia y la importancia del uso de este tipo penal para poder identificar los tipos de violaciones a derechos humanos que sufren las mujeres», afirma.

 

Bobadilla agrega que desde que existen hipotesis erróneas como el calificar de suicidio una muerte violenta hay un patrón instalado en la misma institucionalidad: «es un patrón que violenta estándares internacionales que establecen que, debido al contexto altamente violento que viven las mujeres, todos los casos de muertes aparentemente violentas y no violentas de las mujeres tienen que ser investigados como femicidios», dice.

Movimientos feministas protestan frente a Casa Presidencial por el alto índice de femicidios en el país, sin que hasta ahora se contemple una estrategia real para detener las muertes de mujeres. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras es el país en Latinoamérica que tiene la tasa más alta en femicidios y muertes violentas de mujeres, con una tasa de 6.0 por cada 100 mil mujeres; el país que le sigue está alejado de esta cifra, República Dominicana con 2.9. 

 

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) registró entre 2005 y 2022 que Honduras tuvo al menos 7,095 muertes violentas de mujeres y femicidios, la mayoría en edades entre 30 y 34 años. En Honduras la mayor causa de muerte violenta son los femicidios, el OV-UNAH hizo un estudio caso por caso de las cifras de 2022, en el que se encontró que, de 308 casos registrados, 194 se tratan de femicidios y el resto de muertes violentas sin determinar, u homicidios de mujeres. De los 194 casos, 39 casos se trataron de femicidios íntimos, es decir, que se determinó que el victimario era o había sido la pareja.

 

Migdonia Ayestas, coordinadora del OV-UNAH, destaca la gravedad de estas cifras. «Los hombres creen ser dueños y (…) que en su condición de pareja, expareja o pretendientes, pueden quitarle la vida a una mujer. Necesitamos avanzar para comprometernos a la prevención», dijo. 

 

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha denunciado que, de los 1,014 casos de femicidios y muertes violentas que ingresaron al Ministerio Público en los últimos tres años, apenas 29 tuvieron una sentencia condenatoria. 


Don Ángel no se ha reunido con el nuevo fiscal general interino, si bien le han dicho que esa es la única persona que puede hacer algo por su caso. Contracorriente contactó al nuevo fiscal interino, Johel Zelaya, y al fiscal adjunto interino, Mario Morazán, para conocer más sobre el caso de Ana y cómo planean atender los femicidios y la violencia hacia las mujeres desde este poder del Estado, pero al cierre de este texto ninguno había atendido las solicitudes de entrevistas.

Movilización feminista frente al Ministerio Público para exigir un alto a los femicidios y una estrategia real para frenar las muertes violentas de mujeres. Foto CC/ Fernando Destephen.

Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas, destacó la importancia de las instituciones encargadas de la justicia para las mujeres. «Se tiene que asegurar que los fiscales interinos hagan un trabajo fuerte alrededor de la historia de este tema, que la Corte también nos muestre verdaderamente cuáles son los pasos específicos que están haciendo para disminuir estos casos», señaló.

 

Por su parte, Doris García, ministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, asegura que durante casi dos años, desde que ella fue nombrada en ese cargo, se intentó reunir con el anterior fiscal general, Oscar Chinchilla, pero nunca la recibió. García afirma que el actual fiscal interino sí la ha recibido para escuchar sus demandas: «El Ministerio Público tiene responsabilidades en la investigación de las muertes violentas de mujeres, en la instalación y el fortalecimiento de las unidades también de investigación de muertes violentas de mujeres. En la medida que funcionen, los perpetradores ya tendrían más cuidado en decidir si le quitan la vida o no a una mujer». 

 

Para la abogada Bobadilla es grave que las instituciones encargadas de la justicia en Honduras, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, no tengan perspectiva de género: «Es que más de la mitad de la población no tiene posibilidades de alcanzar justicia cuando acude a estas instituciones».

 

Aunque don Ángel dice que su caso no tendrá justicia, se resiste a perder del todo la esperanza. Mantiene la casa de Ana con pruebas que podrían demostrar la hipótesis de femicidio; durante ocho meses las ha dejado intactas «por si la Fiscalía aún quiere verlas», refiere. 

 

Don Ángel cuenta que vio a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, en uno de los programas televisivos con mayor sintonía en el país, refiriéndose a un posible caso de violencia doméstica. Suspira, y con un tono en el que se perciben resignación y tristeza, dice: «Ojalá dedicaran [los encargados de la justicia] un programa así para hablar de la autopsia de mi hija. Ojalá lo hicieran así por Ana y por las otras».

Entrevista. El abogado Alex Navas, coordinador jurídico nacional de Cristosal en Honduras y ex funcionario de la Maccih, dijo a Contracorriente que el requerimiento fiscal recién librado contra un implicado en el asesinato de Berta Cáceres le recuerda las investigaciones de la Maccih sobre los miembros de una familia con mucho poder económico en Honduras: los Atala y cómo la élite empresarial hondureña reaccionó ejerciendo sus influencias en la justicia hondureña. El Ministerio Público, actualmente dirigido por dos fiscales interinos, tiene el reto de conseguir legitimidad tras su controversial elección a tiempo que la Corte Suprema de Justicia tiene el reto de hacer justicia en casos emblemáticos, como el de Berta Cáceres.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

 

A mediados de julio de 2017, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), a través de su jefe, el abogado Juan Jiménez Mayor, cuestionó el rápido crecimiento del capital de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), ya que pasó de 25 mil lempiras en mayo de 2009 a 381 millones de lempiras en febrero de 2014. Esa fue la primera vez que oficialmente se sospechó de algunos miembros de la familia Atala, pues según el abogado Jiménez Mayor, era importante analizar la legitimidad del significativo aumento del capital de Desa para ver si no estaba relacionado con el lavado de activos. Jiménez Mayor fue más allá ese día y mencionó a quiénes estaban al frente de la empresa Desa: «Roberto David Castillo Mejía, como presidente, Jacobo Nicolás Atala Zablah, como vicepresidente y Pedro Atala, como vocal», sostuvo.

Después de seis años de ocurrido lo anterior, ayer el Ministerio Público sorprendió con un requerimiento fiscal nuevo contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya coordinadora era Berta Cáceres y ahora es liderado por su hija Berta Zúniga Cáceres, reveló que Daniel Atala —quien fungió en su momento como gerente financiero de Desa— fue acusado por el Ministerio Público por su participación en el asesinato de Berta Cáceres, hecho ocurrido el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.

En un comunicado publicado anoche, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentó el requerimiento con orden de captura contra el «nuevo involucrado». 

Sin embargo, Daniel Atala fue llamado como testigo en junio de 2021 durante el juicio contra David Castillo, quien fue encontrado culpable y sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión por ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres. Pero Atala se negó a declarar en aquel momento, argumentando que él también estaba siendo objeto de investigación por el asesinato de Berta.

En un comunicado, con fecha 11 de mayo de 2020, el Copinh exigió que Daniel Atala fuera enjuiciado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres, con la siguiente petición: «Daniel Atala fungió como gerente financiero de la empresa DESA y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas».

Ante este requerimiento fiscal, Contracorriente (CC) conversó con el abogado Alex Navas (AN), quien hizo memoria de las líneas de investigación abiertas por la Maccih en contra de Desa, sobre la influencia de la familia Atala, el papel de los fiscales interinos y la polarización actual que atraviesa Honduras.

Pinta por asesinato de Berta Cáceres. Foto Archivo CC
Pinta por asesinato de Berta Cáceres. Foto Archivo CC

CC: Recientemente el Ministerio Público publicó un comunicado en donde informa de un requerimiento fiscal por el asesinato de Berta Cáceres que, según el Copinh, es contra uno de los miembros de la familia Atala. ¿Cuál es su opinión al respecto?

AN: Yo fui funcionario de la Maccih durante cuatro años, ahí se llevó el famoso oficio «Fraude en el Gualcarque», que no era específicamente sobre el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres sino por el tema de corrupción en las licencias sobre el río Gualcarque. En ese tiempo, Juan Jiménez, en una conferencia de prensa leyó un comunicado en donde había personeros que ahora están guardando prisión y otros que eran de una familia muy importante, incluyendo la familia Atala, quienes eran los principales de la empresa DESA. Creo yo que es importante que después de esa conferencia de prensa, y ahora que han pasado más de cinco años, se siga haciendo justicia. Y que esas líneas de investigación que tenían que ver con autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, así como el tema de vinculación de mecanismos de corrupción y las licencias ambientales, se impulsen desde el Ministerio Público de forma efectiva, [así como] esos requerimientos fiscales y que por fin se llegue a los autores intelectuales de toda esta trama que dio con el asesinato de Berta Cáceres.

CC: ¿Qué sabe usted de Daniel Atala? quien es señalado por el Copinh como el nuevo acusado

AN: Lo único que sé yo es que él era socio de la empresa DESA y que tuvo un muy cercano trabajo con el señor David Castillo y con algunas personas que ya están vinculadas en el tema del asesinato de Berta Cáceres. Así que me imagino que es uno de los principales sospechosos en este caso de los autores intelectuales de todos estos delitos que se le imputan.

Aunque el Ministerio Público no lo menciona directamente, el Copinh dice que es Daniel Atala [autor intelectual del asesinato] y es importante que se dé con la captura de él y que se hagan las investigaciones del caso, que se le den todas las garantías judiciales pertinentes y que se haga justicia lo más pronto posible.

CC: La familia de Berta, en conjunto con los apoderados legales de ellos, se adhirieron como acusadores privados para apoyar al Ministerio Público en las acusaciones. ¿Qué significa que este caso se presente hasta ahora con la salida de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián y ahora con la entrada de los nuevos fiscales interinos Johel Zelaya y el señor Morazán?

AN: Mire yo lo que le puedo decir es que el mismo día que se hizo la conferencia de prensa de la Maccih haciendo señalamientos de esta familia vinculada al tema de corrupción, ese mismo día, en la tarde, tuvimos la visita de toda la plana de poder, la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), haciendo algunas observaciones sobre por qué se había mencionado a esta familia en este caso, me sorprendió porque estaba toda la plana mayor del Cohep, toda, y esto quiere decir, estimado periodista, que aquí se habla mucho de las influencias políticas y de los entes operadores de justicia, pero también hay influencia de entes corporativos empresariales que tienen bastante influencia o capacidad de maniobras para presionar a fiscales generales y fiscales adjuntos para que ciertos personajes vinculados, y que tienen una infinidad de delitos, no sean investigados y no sean procesados.

En estos casos, por ejemplo, de alto impacto, normalmente quienes caen son los bandos intermedios, como David Castillo, por ejemplo. Él era un gerente de una empresa donde realmente no tenía todas las capacidades para la toma de decisiones. Y los tomadores de decisión en este caso eran otros, familias importantes a nivel económico de este país y que al final son o fueron, de alguna forma, intocables. Yo alabo lo que el actual Fiscal General [Johel Zelaya] está impulsando procesalmente estos casos.

altar de Berta Cáceres
Un hombre descansa junto al altar en memoria de Berta Cáceres en el Campamento Feminista Viva Berta que se ha ubicado en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia a lo largo del juicio contra David Castillo. Tegucigalpa. Archivo CC.

Falta que articulemos un poco más el tema de las capturas y el tema de inteligencia, porque los requerimientos fiscales no tienen ningún efecto si estas personas no son presentadas ante los entes jurisdiccionales; por lo tanto, creo yo que se debe afinar este tipo de temas.

No podemos obviar que el saliente fiscal Chinchilla y el abogado Sibrián, de alguna forma, y no lo estoy viendo con sesgo político, retuvieron ciertos casos para guardarles las espaldas a ciertos actores políticos y a ciertos personajes del mundo empresarial que todavía tienen o tenían control sobre instituciones del Estado que tienen que ver con la justicia.

CC: ¿Cuál es la responsabilidad de la banca? Tanto la banca nacional como la banca internacional en apoyo y respaldo a estos proyectos que han terminado no solo con el asesinato de Berta Cáceres, sino que también hay otras personas que resultaron asesinadas o vulneradas en sus derechos, hechos que se derivan del apoyo de estos organismos financieros.

AN: Yo, en este país, con serios problemas económicos, veo que crecen —y así lo dicen los datos de CEPAL o Banco Mundial— solo tres rubros: infraestructura energética, telecomunicaciones y banca. No crecen otros rubros económicos que no sean estos tres; ¿por qué? porque los bancos son como un pulpo que han creado diferentes aspectos de inversión y han cooptado la mayoría de estos espacios, y tienen una alta responsabilidad, porque el dinero invertido en un proyecto daña tierras ancestrales, bienes o recursos que pertenecen a los pueblos indígenas y a la mayoría de los pueblos, y pueden dañar también el tema de la subsistencia de estas comunidades y también violan derechos humanos. Aquí hay que ver no solo la parte de la banca nacional, de la que son dueños la familia Atala, sino también el Banco Holandés, por ejemplo, que dio mucho financiamiento a estas empresas.

Tendrían que hacer una investigación los entes encargados de esto, como el Ministerio Público, para ver si ellos no tuvieron la debida diligencia sobre estos proyectos que violentaban derechos humanos, garantías constitucionales y estaban vinculados a temas de corrupción al momento del otorgamiento de las licencias y permisos requeridos, creo que debería haber una investigación del caso y sacar las deducciones de responsabilidad pertinentes.

De alguna forma, los derechos humanos fueron concedidos en una primera línea para proteger los derechos de las personas, pero estos derechos fueron reorientados o posicionados para defender la voracidad del capital. Y ha habido un tema de corrupción a cielo abierto y eso de dejar hacer y dejar pasar nos está pasando una factura que se traduce en violación a los derechos humanos y garantías esenciales para que la gente pueda subsistir y desarrollarse. Han llegado al extremo de asesinar a personas que se oponen a estos megaproyectos que solo dejan luto, hambre, pobreza y desolación.

CC: Ya se está hablando de que este caso será una prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia en virtud de que anteriormente en el país no se han girado requerimientos fiscales contra familias que, además del poder político, ostentan poder económico. ¿Cuál es su opinión al respecto de la situación por la que está pasando la justicia, ahora con la nueva Corte Suprema que tenemos en el país?

AN: Cuando llegó la Maccih, en el país nunca se habían tocado grandes intereses políticos y empresariales; el caso Pandora, por ejemplo, narcopolítica o red de diputados, cambió el paradigma de la persecución penal. La viga quedó bastante alta con esos casos de la Maccih y de la Uferco, demostrando valentía, independencia y capacidad en la presentación de requerimientos fiscales y ahora será una prueba de fuego más, aquí no estamos hablando de Juan Pérez ni de María Rodríguez, sino de una de las familias más influyentes del país, que tienen no solo bancos, infraestructura y telecomunicaciones sino que incluso la Selección de fútbol, así que será una gran prueba para la Corte Suprema de Justicia validar lo que dice la constitución que todos somos iguales ante la ley y que si alguien comete un delito debe ser investigado y procesado, y en caso de encontrarlo culpable, castigarlo con todo el caso de la ley.

Así como exponen a una persona que se roba una gallina o comete un delito menor y le ponen todo el peso de la ley, así a estas familias que están vinculadas a temas de corrupción y alto impacto, supuestamente ¿no?, o a delitos que tienen que ver con la planeación de un asesinato como el de Berta Cáceres, deben de ser investigados y procesados con todas las garantías de la ley.

Hay que saber que aquí hay valentía de parte de los fiscales, porque meterse con estas familias no es cosa fácil, tienen capacidad económica y cuentan con actores políticos, militares y policías trabajando bajo su mando, y esto debería ser tratado con la mayor cautela posible pero sabiendo que hay una ciudadanía y una sociedad que está esperando que se haga justicia en este caso, y ojalá este sea el principio para cambiar el paradigma de persecución penal, y que cualquier familia, sea de un grupo económico, político, social y religioso que comete un delito, sea procesado por las instituciones hondureñas.

CC: La comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas leyó un informe en donde mencionaba la participación de parte de la familia Atala en el asesinato de Berta Cáceres y ella fue acusada de delitos contra el honor y posteriormente condenada; en el marco de todo ese poder, y ahora que tenemos un contexto de polarización bastante grande en donde algunos actores recurren a argumentar persecución política, ¿cómo sitúa usted su análisis? porque evidentemente en Honduras tenemos un ambiente marcado por la extrema polarización y falta de claridad en muchos aspectos y por otro lado también está la influencia y poder de estas familias.

AN: La diosa Temis está con los ojos vendados y por mucho tiempo lo estuvo pero para favorecer a grupos políticos, empresariales o corporativos de este país, espero que ahora con el nuevo cambio de la nueva Corte Suprema de Justicia —porque yo creo que la junta nominadora lo hizo medianamente bien y además tenemos también fiscales interinos, eso hay que recalcarlo— estos de alguna forma han impulsado casos que estaban engavetados, y ahora, creo yo, ojalá que la diosa Temis siga guardando la tela en sus ojos pero para impartir la justicia con la espada que tiene en la mano, no importando que esto sea de uno u otro lado, sino que se imparta justicia amén de cualquier relación política o económica que tenga la persona que esté siendo investigada.

No se le puede llamar persecución política a los que cuando entraron al poder utilizaban transporte público para llegar a las instituciones del Estado y después salieron siendo grandes terratenientes, con grandes casas y grandes privilegios. No se le puede llamar persecución política a los que desviaron fondos públicos destinados para la salud y la educación y los drenaron para intereses particulares, eso se llama corrupción y esta debe ser combatida sea del partido rojo, azul o verde, tiene que ser combatida de forma frontal y abierta. Es la única forma de construir una democracia apegada al Estado de derecho que se sustente en la justicia.

La justicia, decían los griegos, es darle a cada quién lo que merece; si con esos fondos de la corrupción se hubieran construido escuelas o carreteras definitivamente tendríamos un país mejor, pero poniéndolo en el otro lado, que las personas que cometen delitos también tienen que tener su castigo y ser investigadas con todos sus procesos y garantías que tienen la constitución.

A pesar de las denuncias por parte de defensores del ambiente y el discurso oficial del gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro, funcionarios como Adán Fúnez, alcalde del municipio de Tocoa, Colón, y Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, están impulsando un proyecto de generación de energía que funciona con base en un derivado del carbón altamente contaminante. La planta de la empresa Tocoa Energy es parte de un conglomerado que dirige Lenir Pérez, un conflictivo empresario hondureño investigado por el FBI en Estados Unidos.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen



Máquinas monstruosas, generadores imponentes y edificios enormes que arrasaron con lo que debería ser una zona protegida en el Parque Nacional Carlos Escaleras, forman parte de la planta de generación de energía de la empresa Tocoa Energy, del Grupo Emco. Todo esto fue parte de lo que el regidor del municipio de Tocoa, Juan López, observó en su visita del 17 de octubre de 2023 a las instalaciones de lo que ahora representa la principal apuesta del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez.

 

Juan también es defensor del ambiente y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y desde 2018 ha sido perseguido judicialmente por oponerse a la instalación y puesta en marcha de la mina de la empresa Los Pinares, que también es parte del mismo grupo y del megaproyecto minero que consta de siete componentes.

 

Ahora la historia se repite; López y otros defensores del ambiente en la zona se enfrentan a un proyecto que utilizará el petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante, para generar energía. Al hacerlo se oponen a los intereses de la empresa, que ha prometido solucionar la aguda crisis energética en la zona, con el respaldo que han recibido por parte de Adán Fúnez, cacique del oficialismo en el departamento de Colón, y el gobierno central representado por Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

 

En consecuencia, el pasado 14 de noviembre, Juan López regidor por el Partido Libre, Leonel George, regidor por el Partido Todos por Tocoa —y también defensor ambiental perseguido judicialmente—, y Félix Chávez, regidor por el Partido Nacional, votaron en contra de la solicitud de cabildo abierto presentada por el apoderado legal de la empresa, por considerar que se busca avalar la totalidad del megaproyecto de EMCO. Al emitir su voto recordaron los antecedentes de abusos a los derechos humanos que distintas organizaciones le han señalado a la empresa, responsable de un conflicto que ha dejado a cinco defensores asesinados.

 

Sin embargo, a pesar de las denuncias y la oposición de los regidores, el cabildo fue aprobado con base en la promesa empresarial de «educación, salud, ambiente, infraestructura, compensación social, y más», y tendrá lugar el próximo 9 de diciembre.

Miembros del Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos dijeron en Conferencia de Prensa en Tegucigalpa que la alcaldía de Tocoa tendría arreglado el cabildo abierto del 9 de diciembre para aprobar el proyecto de generación de energía perteneciente al consorcio empresarial EMCO Holding. Foto CC/Fernando Destephen.

Entre la contaminación ambiental y las promesas de desarrollo

 

«Van a utilizar el petcoke, un residuo muy barato, pero muy tóxico, de los hidrocarburos. Esto genera gran cantidad de cenizas que tienen muchísimo azufre y no tienen un espacio donde puedan acumular de manera segura estos residuos, y además no hay control de cuántas emisiones van a generar. En Honduras no hay regulación para esto y no debería usarse», explicó Limbor Velásquez, ingeniero forestal y miembro de la Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR).

 

Además, Velásquez dijo que, según la información que han recopilado, el petcoke será importado por toneladas al país, con la intención inicial de generar 25 megavatios de energía y suplir las necesidades del megacomplejo minero que Grupo Emco instaló en la montaña del Parque Nacional Carlos Escaleras, y que se anunció por parte de las autoridades de SERNA sería suspendidas a causa de la falta de licencias ambientales.

 

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El pasado 12 de octubre Lucky Medina, titular de la SERNA, apareció en un medio de comunicación local explicando que habían recomendado someter la aprobación del proyecto a un cabildo abierto para lograr que la empresa «abastezca de energía eléctrica a unos 40 mil hogares de la zona».

 

Según información que la empresa proporcionó a las autoridades del municipio y a la que Contracorriente tuvo acceso, la construcción de la planta ha avanzado en un 87 %, a pesar de que desde mayo de 2020 no tiene una licencia operativa.

 

Lo que planean hacer con esos primeros 25 megavatios es tomar 15 megavatios de energía para la operación del proyecto minero, y el resto sería para suplir las necesidades de energía en el municipio de Tocoa. Sin embargo, no existe todavía una evaluación por parte de las instituciones del Estado para garantizar que las seis comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto no serán afectadas en su salud y modo de vida.

 

En ese sentido, Velásquez apunta que la detención de las operaciones del complejo minero ha sido más un discurso que una realidad, ya que no existe, hasta el momento, un comunicado oficial por parte de la Serna que declare la suspensión. Aseguró que más bien pudo ser una estrategia de la empresa y la institucionalidad para que le otorguen los permisos correspondientes a la planta, utilizando la necesidad de energía que tiene la población en la zona.

Limbor Velásquez explica los daños causados a la montaña por la instalación de la planta de generación de energía de la empresa Tocoa Energy. Foto CC/Fernando Destephen.

«Lucky ha venido aquí a la zona, se ha reunido con las autoridades municipales y ha planteado como la solución a la problemática energética la instalación de esa planta. En ningún momento la empresa intenta detener operaciones; ellos están construyendo esta planta eléctrica para poder mover toda la maquinaria de la planta, es decir que Ecotek (la planta procesadora de hierro para convertirlo en acero) se quedará con la mayoría de energía y no habrá ninguna solución para Tocoa», apuntó el miembro de la FSAR.

 

Además, quienes se oponen a este nuevo proyecto apuntan que no pueden justificar la puesta en marcha de la planta energética a costa de tanta contaminación, ni la ilegalidad que arrastra toda la operación de la minera desde hace años.

 

«Esto tiene una cola de ilegalidades de corrupción que no es posible darle luz verde con todos esos antecedentes, además sabiendo que van a utilizar como materia prima para la generación de energía un material que para nosotros es desconocido, que no hay ningún tipo de regulación a nivel nacional y que no sabemos cuánto va a contaminar, porque el Gobierno no tiene la capacidad de medir las emisiones que va a generar la planta», finalizó Limbor Velasquez.

 

En enero de 2022 ya se había detenido en el Congreso Nacional un proyecto relacionado con las empresas de Lenir Pérez y la generación de energía a través del petcoke; en ese caso se trataba de aprobar un contrato con categoría de prioridad nacional en favor de la empresa Puente Alto Energy, también del Grupo Emco; sin embargo, sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) señalaron que esta posibilidad le abriría camino a todos los permisos, autorizaciones y licencias requeridos como parte de una estrategia de competencia desleal.

 

Además, en ese entonces, José Morán, quien ocupaba el cargo de titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), dijo en redes sociales que «los requerimientos y procesos de autorización para centrales que usan carbón y otros combustibles muy contaminantes deben ser rigurosos por protección de las personas y el ambiente».

 

En ese contexto de críticas, diversos sectores apuntaron también a la contaminación que dejaría este derivado del carbón y al incumplimiento de los compromisos hechos por Honduras en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021 (COP26) para no aprobar proyectos de carbón. Estos compromisos no se están considerando al instalar el cabildo abierto para dar vía libre a Tocoa Energy, pese a la participación de la presidenta Xiomara Castro en la COP28, en noviembre de 2023.

 

Lo cierto es que los empresarios locales en la ciudad de Tocoa, la zona a la que la empresa promete solucionar su problema de energía, se encuentran sumamente necesitados de una salida a la crisis de apagones, que en ocasiones pueden durar incluso días. 

 

Tocoa, en el departamento de Colón es llamada por sus propios habitantes como la «Colombia chiquita», por su relación histórica con el crimen organizado y el lavado de dinero. Actualmente, con la llegada de franquicias transnacionales de comida rápida y empresas nacionales millonarias, experimenta un auge económico que los locales solo comparan con la época en la que los carteles del narcotráfico lavaban su dinero en la zona. 

 

José Estrada, regidor del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el municipio, explicó que la llegada de estas cadenas de tiendas y restaurantes ha aumentado la demanda de energía en la zona, por lo que a pesar del desarrollo también aumentan el problema histórico de energía en esa ciudad.

 

«Yo tenía varias dudas, una de ellas era el impacto negativo que podía tener para estas comunidades, para los vecinos muy cercanos. Son seis comunidades que están dentro del radio de incidencia de la planta, pero la empresa nos despejó las dudas. Yo creo que al final un comerciante siempre va a aprovechar las necesidades, desgraciadamente así es, pero no lo veo con malicia», explicó el regidor, quien cree que la empresa está intentando separarse de sus acciones pasadas y operar con transparencia.

 

Estrada también explicó que, en la reunión que tuvieron con la empresa, él les dijo que su mayor deseo es que la investigación contra Lenir Pérez concluya y se deduzcan responsabilidades; además, reformuló su análisis sobre las intenciones de la empresa y dice que quizá ellos piensan: «bueno, tenemos la minera parada porque estamos siendo investigados, pero podemos darle trámite a este otro proyecto; no sé si es un juego, pero yo lo veo como que están aprovechando en el buen sentido. Aprovechando lo que tienen y la necesidad de la población».

Foto de referencia sobre los daños registrados a la montaña debido a la actividad minera Foto CC/Fernando Destephen.

Finalmente, Estrada señaló como una vergüenza que tanto el alcalde Adán Fúnez como el resto de la corporación municipal no hayan inaugurado ningún proyecto de beneficio para la población. En ese contexto, la puesta en operación de la planta Tocoa Energy podría ser un impulso político importante, principalmente para Fúnez, quien es dueño del poder político del oficialismo en el departamento, y que aspira a presentarse nuevamente como candidato para reelegirse al frente de la municipalidad, según diversas fuentes consultadas por Contracorriente.

 

Desde la perspectiva del regidor y defensor del ambiente Juan López, el alcalde de Tocoa impulsa este tipo de proyectos en la impunidad debido a la protección que tiene en tres vías: empresa privada, la amistad que tiene con el asesor presidencial y coordinador de Libre Manuel Zelaya, y sus relaciones con el crimen organizado.

 

Sobre la utilización de la crisis energética para presionar por la aprobación del proyecto, López dijo que «el municipio tiene grandes necesidades, es verdad, pero la solución no se puede encontrar sobre las heridas de tanta gente».

 

La oposición al megaproyecto del Grupo Emco ha dejado hasta el momento cinco asesinatos de líderes ambientales, 31 defensores acusados judicialmente y varias familias desplazadas.

 

Las relaciones del Gobierno con el «nuevo» Emco 

 

«Responsabilizamos a Lucky de su actitud negligente, avalando daños y delitos en la zona. En su momento, afirmó que no se podía cancelar el proyecto debido a una Corte Suprema de Justicia cachureca, pero ahora sugiere que el Congreso debe derogar un decreto, ignorando las ilegalidades y los delitos cometidos», apuntó Leonel George, otro regidor del municipio y defensor del ambiente.

 

Lucky Medina, titular de la Serna, ha llegado en múltiples ocasiones a Tocoa, en varias de ellas para respaldar de alguna forma la decisión de instalar el proyecto de generación de energía, a pesar de que el discurso de la presidenta Xiomara Castro había sido en contra de las inversiones del Grupo Emco.

Leonel George, defensor del ambiente y regidor municipal de Tocoa, Colón. Foto CC/Fernando Destephen.

Tras las elecciones de 2021 y la victoria de Xiomara Castro como presidenta, las concesiones otorgadas a las empresas lideradas por Pérez fueron cuestionadas por funcionarios del nuevo gobierno y parte del sector empresarial. Incluso, en diciembre de 2021, la mandataria apuntó a la concesión adjudicada a la empresa Palmerola International Airport como un «contrato ilegal» por lo que anunció que sería revisado y modificado. Además, la presidenta prometió en su discurso de toma de posesión el cese a los permisos de minas abiertas y concesiones sobre los ríos, y pidió libertad para «los presos políticos de Guapinol», ocho ambientalistas que estuvieron en prisión durante casi dos años y medio a causa del conflicto medioambiental.

 

Ahora parece que, al menos en el departamento de Colón, todo quedó en discurso. A pesar de que inicialmente se prometía la resolución y la suspensión de proyectos mineros, las comunidades y las organizaciones defensoras del ambiente señalan un cambio de tono que sugiere un alineamiento con intereses económicos más fuertes. La relación entre el poder político y la empresa minera se ve reflejada en la asignación de proyectos como supuestas obras sociales de la Alcaldía Municipal, según lo que apuntó George.

 

«La comunidad sigue indignada y demanda que la empresa responsable sea sancionada, pagando todos los daños no solo a la zona núcleo y los ríos, sino también a las personas afectadas», dijo George.

Heriberto Alemán, presidente de la asociación Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ) Foto CC/Fernando Destephen.

Por su parte, Heriberto Alemán, representante de la Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), que públicamente se ha posicionado a favor de EMCO, dijo que es necesario que las autoridades aclaren la legalidad de la empresa minera porque en ausencia de información clara «la población se guía por suposiciones». Añadió que no debería haber oposición a un proyecto de energía que es necesario en la zona. 

 

Esta organización ha pactado reuniones con instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que ellos catalogan como «falsos ambientalistas», lo que ha incrementado las tensiones en la zona. 

 

Adilia Castro, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresó su preocupación ante la cadena de corrupción y complicidades entre la empresa minera, el gobierno y diversas instituciones. «Del gobierno se esperaba un enfoque distinto en derechos humanos y protección de recursos naturales. Vemos un compromiso de continuar con el modelo económico basado en el extractivismo», lamentó, y finalizó denunciando que hay una estrategia de suspender temporalmente el proyecto minero como una táctica para dar tiempo a la empresa a corregir errores pasados.

Texto: Persy Cabrera

Fotografías: Amílcar Izaguirre

 

A Horacio las entrevistas le dan pereza…mucha pereza.

 

Él estuvo en la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula, evento dirigido por el escritor Giovanni Rodríguez y yo le solicité una entrevista. 

 

«Hola, Giovanni. Si el entrevistador ha leído algunos de mis libros, no tendría problema. Si lo único que hará son preguntas generales, me da pereza» le dijo Horacio a Giovanni a través de un mensaje que luego me compartió. No sé si lo debía tomar como amabilidad informativa o como amistosa advertencia. Ganó la advertencia, pues ésta rebotó duramente en mi conciencia ya que yo, en efecto, no había leído ninguno de sus libros.

 

Lo último que quería era que Horacio me mandara a la mierda porque no he leído ninguno de sus libros, así que empecé a leer El asco (Random House, 2018) por recomendación de personas que claramente sabían más de Horacio de lo que sabía yo. Leí el libro, vi entrevistas, investigué como periodista; como en la escuela, hice la tarea, a la carrera, pero la hice. Se lo hice saber a Giovanni y él se lo hizo saber a Horacio. 

 

«Una cosa corta, que hablar de un libro publicado hace 28 años me da pereza» respondió Horacio, y la verdad es que a mí también me daría pereza. ¿Y cómo no? si después de El asco, ha publicado 10 novelas, cuatro cuentos y decenas de artículos periodísticos, ensayos, contribuciones a antologías, etc. 

 

El asco fue publicada en 1997, y en 1999 ocasionó el exilio de Horacio Castellanos Moya de El Salvador hacia España. Un amigo mío definió esta novela como una «demolición cultural», las pupusas, los militares, el fútbol, la playa, todo, una demolición cultural de todo en El Salvador. 

 

Giovanni también me dijo que Horacio «ya es un tipo que viene de vuelta de la vida» ese dicho que se usa para decir que a una persona ya no le puede sorprender nada, que ya lo vio todo, que está por encima de todas las circunstancias. Y cómo no, pues Horacio fue periodista en México durante la Guerra Civil en El Salvador, evento crucial que explora en su literatura; volvió a El Salvador y salió de nuevo hacia España tras publicar El asco; volvió a México en 2001, luego vivió en Fráncfort, Alemania, entre 2004 y 2006 por ser escritor residente de la feria del libro de esa ciudad, vivió en Japón y ahora vive en Estados Unidos. En el ida y vuelta de su vida, Horacio pasó esta vez por Honduras.

 

Estoy a las puertas de la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula. Hice un cuestionario de quince preguntas, probablemente más de la mitad están mal hechas, si logro llegar al final de la entrevista sin que me deje hablando solo, entonces podré hacer la última pregunta, la que ni siquiera tengo escrita pero que ronda en mi cabeza como una nube gris; quizá sea la única buena pregunta.

 

Si sabés que vas al matadero, nada mejor para sudar una camiseta que te avisen que «hay un pequeño cambio de planes», el camino se despeja y te adelantan la hora del tan esperado momento. Resulta que Horacio va de viaje el día siguiente por la mañana, la mañana en la que iba a entrevistarlo, la mañana en la que tendría un mejor cuestionario.

 

Pero el periodismo es así, es lanzarse de cabeza —sabiendo que la podés perder en el intento— y también poner poker face para fingir que sabemos algo y que nadie se de cuenta que —a lo mejor— no sabemos nada. Entonces le dije a Horacio que yo estaba listo y que, claro, podía entrevistarlo a cualquier hora. 

 

Horacio me pregunta la hora porque no utiliza reloj y mucho menos un smartphone, y me dice que tengo unos 30 minutos porque después tiene dos presentaciones de libros a las que asistir.

 

No hay desinterés en el outfit de Horacio, lleva un saco azul con cuadrícula pequeña de muchas líneas blancas, una camisa de manga larga negra —¿o azul oscuro?— con turtle neck y lentes con marco y patillas de color amarillo. Más tarde vi que usaba unos calcetines con burbujas de varios colores.

 

Nos sentamos en el primer escalón de la gradería de concreto de la instalación, estamos viendo en la arena de juego del polideportivo —sede de la feria— el ir y venir de las personas que como moscas que revolotean entre los libros, atraídas por todo eso que da la literatura, desde aromas, colores y sabores agradables a los sentidos, hasta aquello que tal vez sea agradable a las moscas de verdad.

 

Hace unos días, Horacio dijo en una entrevista que solo lee «lo que está bien escrito», le pregunto ¿cómo sabe que algo está bien escrito? Se detiene a pensar y antes de responder hace unas cuatro veces un chasquido con los dientes, un tic que parece descartar respuestas antes de decidirse a hablar.

 

Dice que una buena prosa se reconoce por el ritmo y la cadencia, y por la intensidad que contiene ese ritmo y esa cadencia. Como un buen maestro lo haría, Horacio dice que él ve tropezones en una prosa floja y que escribir con convicción no tiene que ver con la puntuación o la gramática, que una prosa que describe acción hace que tomemos más aire al respirar, tiene más verbos, los verbos son velocidad, reitera.

 

Una prosa relacionada al paisaje y a la atmósfera, continúa diciendo, utiliza más adjetivos y adverbios. 

 

El sonido de un celular interrumpe su idea, es la música de alguien scrolleando en TikTok. «Si al menos fuera buena música», dice Horacio. Y con esta categórica sentencia estética se levanta y nos movemos para sentarnos en otra parte de ese larguísimo primer escalón de la gradería.

 

De regreso a la línea de reflexiones sobre la buena prosa,  Horacio dice que el reto del escritor es encontrar su lenguaje, «porque la literatura funciona fundamentalmente en lenguaje y el lenguaje está hecho de oraciones y las oraciones de palabras ¿no?».

 

Y el lenguaje es lo que todos tenemos, es lo más cercano y a veces lejano, define nuestro entorno, las personas que nos rodean y cómo nos rodean. Dentro y fuera de la literatura es todo lenguaje, algunos denigran con él y otros le quieren poner portón y candado. A veces hablo una suerte de spanglish y pienso que no existe palabra en español que abarque con exactitud lo que se quiere decir con cringe o entiendo a mi mamá, quien se queja porque le quitaron la tilde a «sólo». El lenguaje es un fuerte remolino de aire, me gusta que sea así. 

 

Horacio dijo en una entrevista que llegó a la literatura de manera indirecta, buscando inspiración en poemas para ser músico de rock. El aspecto sonoro nunca se fue de su vida —como me lo hizo saber con la interrupción del tik tok— así que pienso en la voz de sus personajes, algo que comentó en una entrevista.

 

¿Cómo se escucha una voz que llegará a una página? le pregunto, y me responde que en la literatura no hay fórmula, no hay método, lo que hay es intuición; «si esa voz no me convence, aunque tenga el tema, el perfil del personaje, una idea muy precisa de lo que quiero contar, pues no lo cuento».

 

Horacio no solo contiene en su interior la voz de sus personajes, también tiene esa voz  —la que para algunos es la de la conciencia y les dice si sus acciones están bien o mal— que a él le aconseja sobre literatura. «Aguantate, ahí hay algo que no has dicho, la paciencia es importante, va a venir, va a venir la voz que va a seguir contando esa historia» me cuenta que le dice esa voz interna y entonces guarda silencio y espera.

 

Es muy intuitivo, tiene que ver con el misterio de escribir» dice Horacio mientras chasquea los dientes una vez más —lo hace cada vez que guarda silencio— piensa en su respuesta y termina diciendo que «escribir y la voz de los personajes tiene que ver con la acumulación que hace un escritor de su propio método de trabajo».

***

 

Horacio piensa que siempre hemos vivido amansados, «probablemente siempre ha sido así,  ahora son las redes sociales e instrumentos tecnológicos, antes la televisión, antes la radio».  

 

«El ser humano siempre busca maneras de no estar solo y de no enfrentar la tarea enorme relacionada con ¿qué hace en este planeta? Y entonces cada época le va dando los instrumentos para embobarse, para distraerse, para no sentir la asfixia existencial». Tras decir eso deja que un largo silencio invada nuestra poco íntima atmósfera, pero  el murmullo de la gente en la feria se escucha más fuerte y, a pesar de eso, hago la siguiente pregunta, titubeando, porque tal vez la asfixia existencial me empieza a alcanzar.

 

Si hay una catástrofe climática, alguien está robando; si hay una pandemia global, alguien promueve lo último en tecnología médica y termina robando; si alguien decide hacerle la guerra a las pandillas, hay cosas graves que se no están diciendo y todos le aplauden y si hay elecciones salen las caras de siempre y se inventan un fraude. Y la violencia… la violencia nunca se detiene, en la universidad, en las cárceles y en nuestras calles.

 

Nuestros países parecen de ficción, o mejor dicho, la ficción nunca supera la realidad de nuestros países, ¿seguirán superando nuestros países la imaginación de un escritor? Horacio dice que siempre ha sido así porque la crueldad siempre ha sido la misma, la fantasía humana, las ambiciones siempre han sido las mismas.

 

Y añade que «la literatura no tiene que ser una evidencia de lo que pasa, sino que la realidad se transmuta en algo que tenga razón de ser dentro de la obra. Si tú te propones en tu obra meter una situación de crueldad, como jugar fútbol con la cabeza de un ser humano o colgar cuerpos de los puentes, que son nuestra contemporaneidad, siempre lo ha sido», dice Horacio con seguridad y como si esto es algo obvio. Siempre ha sido así.

 

Continúa diciendo que el autor sabe cuando hay cosas de la realidad que tiene que dejar afuera; «si no [lo sabe] lo que te demuestra es que ese autor tiene más una voluntad de denuncia que una voluntad de creación literaria y que no ha podido aprehender esa realidad y convertirla en obra literaria, sino que todavía están avasallado por la realidad, cree que la realidad per sé es importante, y la realidad solo es importante si se convierte en obra literaria».

 

¿Me explico? me pregunta, y la verdad, no lo sé. 

El escritor Horacio Castellanos Moya firma libros durante la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Horacio nació en Honduras, pero a los cuatro años su familia se mudó con él a El Salvador; en 1980 regresó a vivir durante cuatro meses a Tegucigalpa, periodo en el que trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y conoció a Roberto Castillo, al crítico «Tony» Bermúdez, al poeta Roberto Sosa y al cuentista Eduardo Bähr que murió este año.


Horacio leyó El cuento de la guerra (1977) de Bähr hace cuarenta años y dice que es un libro que le gustó mucho, que conoció a su autor cuando él tenía unos 22 años y Bähr unos 35 o 37 años, estima. 


Recuerda una grata amistad con todos los escritores de la ya extinta revista Alcaraván, fundada por Roberto Castillo, «Tony» Bermúdez y Roberto Sosa, la mayoría fallecidos, excepto por Hernán, «Tony» Bermúdez, quien aún está vivo. «A todos los recuerdo con especial cariño», dice Horacio.


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El que el mundo en el que vivimos «siempre ha sido así»  es una idea que taladra la cabeza al platicar con Horacio. Suena el eco del detective Rust Cohle: «Este es un mundo en el que nada nunca se resuelve. Alguien una vez me dijo: “el tiempo es un círculo plano”. Todo lo que hemos hecho y todo lo haremos, lo repetiremos una y otra vez. Y ese pequeño niño y esa niña, estarán en esa habitación una y otra vez, una y otra vez, para siempre».


La violencia está en todas las épocas, dice Horacio;  espera dos segundos e indica que, «por supuesto, ahora mismo también. La violencia es horrible en muchos lugares del planeta, no es una particularidad nuestra, y si hay académicos que la quieren convertir en una particularidad nuestra, solo es una forma de clasificar o entender una obra partiendo de lugares comunes».


También dice que nosotros hemos heredado de la literatura occidental su primera obra, La Ilíada, que narra la historia de una guerra. 


«¿Qué mayor violencia que Aquiles en su carro atando el cuerpo de Héctor y dando vueltas alrededor de un espacio para ver si el cuerpo se deshace?» pregunta Horacio, y dice que «la literatura está en la voluntad de los dioses, en que ese cuerpo permanezca tal cual; en nuestra época será de otra manera ¿no?».


A Horacio le duele la espalda, no tiene un respaldo, y una gradería de concreto no es exactamente el lugar más cómodo para un señor de 66 años que viene de «vuelta de la vida» —como me dijo Giovanni—, a quien le dan pereza las entrevistas con preguntas generales y más aún, sobre un libro que se publicó hace 28 años. Por suerte estas gradas son anchas, muy anchas, entonces Horacio se desliza hacia atrás, sube los pies del suelo y los pone sobre la grada y descansa su espalda en la grada de atrás, pone los brazos sobre sus rodillas y se pueden ver sus coloridos calcetines, parece un adolescente despreocupado hablando en una plaza cualquiera.


***


La obra de Horacio está marcada por haber vivido su infancia y adolescencia durante la Guerra Civil en El Salvador. ¿Sobre qué escribirá nuestra juventud en el futuro? le pregunto.


Horacio dice que es difícil para un escritor hablar sobre el futuro o sobre qué van a escribir las personas y dice que la literatura no se da por generaciones, «lo que sí se da por generaciones son los grupos de amigos con los que hablamos».


Entonces, pausadamente, como extrayendo las palabras de un profundo pozo de nostalgias y agregando un silencio cada dos o tres palabras, continúa diciendo que «la literatura siempre será una  labor de individuos solitarios, que tienen la necesidad de escribir en su soledad». 


***


La Guerra Civil en El Salvador terminó en 1992 y dejó unas 75,000 personas muertas y otras 8,000 desaparecidas. En 2022, en este país, de unos 21,041 kilómetros cuadrados y poco más de 6 millones de habitantes, se vivió el día más violento del siglo, y tras esto, inició el régimen de excepción liderado por su presidente actual, Nayib Bukele. 


Tras 19 meses bajo el estado de excepción de Bukele, se calcula que hay 71 mil personas detenidas —sin evidencia de que todas ellas pertenecen o colaboran con pandillas—  y serias violaciones  a los derechos humanos en los centros de detención. 


Horacio considera que eso no es novedoso, que es «la rueda de la bicicleta» y añade que los gobernantes venden una percepción del mundo y que la gente la compra, pero eso no significa que no haya violencia. «Sigue habiendo violencia a otros niveles, la gente muere en las cárceles, la gente tiene que pagar la violencia que ejerció y por eso es tratada como animales» dice Horacio.


«En Centroamérica, la represión da una sensación de que la violencia termina; en El Salvador, Guatemala o Honduras puede haber cero crímenes, pero la gente se sigue yendo a pie, [huyendo] de esta forma de violencia tremenda», dice Horacio.


«Es real, ya no hay crimen en las calles [en El Salvador], pero igual se va la gente porque el crimen era uno de los problemas, pero yo no soy político ni sociólogo, no te puedo decir más cosas sobre eso» me dice Horacio.


Horacio no se percató —o no lo quiso aceptar—, pero sí sabe sobre qué va a escribir la juventud en el futuro. Después de decir que no es político ni sociólogo y que la gente sigue yéndose porque el crimen solo es uno de sus —muchos— problemas, dice:


«Ese es el material para el escritor, evidentemente, para los escritores de las nuevas generaciones. Yo ya estoy de salida pero para los escritores jóvenes el reto es cómo retratar esas nuevas circunstancias».

 

Michelle Recinos, escritora y periodista salvadoreña, ya tomó esa consigna. En el cuento Barberos en huelga, incluido en el libro Sustancia de Hígado (F&G, 2023), la autora relata la cotidianidad de sesenta días en un país abrumado por la militarización, por la captura sin sentido de miles de jóvenes solo por su corte de pelo, el objetivo es capturar y capturar. En la Feria Internacional del  Libro de Guatemala (FILGUA) este libro fue censurado porque, de acuerdo a la editorial F&G, el gobierno salvadoreño pidió a la FILGUA no incluir el libro en su programación.

 

***


Horacio dice que el periodismo y la literatura son dos cosas distintas, «es como ser médico y ser abogado». Además dice que le sigue la pista a muchos medios en el mundo, pero solo superficialmente, «leo titulares para ver dónde estoy, nada más». 


«Cuando era periodista leía más periodismo, lo leía con pasión, [ahora] no me alimenta nada, tengo veinte años de no hacer periodismo; en veinte años perdés los intereses y reflejos, es como el boxeador, necesita estar boxeando» dice Horacio.


Hay otro silencio, uno de los últimos, antes de decirme —como si tomándonos una cerveza hubiéramos estado— «una más». Yo me río nerviosamente, se viene la pregunta, la que ojalá atente contra la pereza de Horacio Castellanos Moya. En mi ingenuidad o quizá respeto, pienso si no estaré cruzando una línea y, al final, me termine mandando a la mierda.


¿Qué cosas no le dan pereza?


Esa es una pregunta muy interesante, me dice Horacio.


«Por lo general, lo que le da pereza a uno son ciertos gestos o comportamientos que se repiten y que se repiten sin novedad. En ese sentido, uno podría pensar que la vida le da pereza ¿por qué? Porque el sol sigue saliendo, la noche sigue cayendo, el tiempo sigue pasando —chasquea los dientes y hace otro silencio, ese silencio de asfixia existencial— pero eso no me da pereza»


«No me da pereza la belleza que puedo encontrar en la raza humana. Tampoco me da pereza la crueldad porque la puedo ver» dice Horacio y ahora me mira más serio y a los ojos, pienso que es por algo personal, pero probablemente sea que esté desalojando la pereza acumulada tras tantos años y me dice «lo que me da pereza es estarme repitiendo».


«Para mí es importante no…no repetirme», dice Horacio. 


Y aprovechando los últimos segundos con Horacio le suelto una más ¿Cuál es la pregunta que más le da pereza que le hagan?


«Sobre El asco», dijo Horacio y se fue.

El presidente del Partido Nacional, David Chávez, está prófugo de la justicia de Honduras después de que hoy en la madrugada, intentara salir del país vía aérea. Chávez, con denuncias por corrupción desde el 2018, dijo ayer lunes ser «víctima» de persecución política después de que recibiera una citación por otro caso, este último relacionado con supuesta violencia y tratos denigrantes en perjuicio de la presidenta Xiomara Castro. Con esta orden de captura, suman cinco altos líderes nacionalistas acusados en el mes de noviembre, justo después del cuestionado nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya, quien ha sido la apuesta del partido de Gobierno.

 

Texto: Leonardo Aguilar y María Celeste Maradiaga

Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

 

 Este martes se libró una orden de captura contra el actual presidente del Partido Nacional, David Chávez, quien es señalado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios tras irregularidades registradas en el tiempo en que fungió como director del Instituto de Formación Profesional (Infop), entre el 2010 y el 2013.

La orden de captura, firmada por un juez con jurisdicción nacional, se emitió hoy mismo contra Chávez, quien en horas de la madrugada intentó salir vía aérea rumbo a EE. UU. desde el aeropuerto internacional de Palmerola. Sin embargo, agentes de Migración lo bajaron del avión por portar dos pasaportes, y Chávez abandonó el aeropuerto tras derribar la tranca de seguridad, según informaron autoridades migratorias.

Autoridades de la Policía Nacional han manifestado que están detrás de David Chávez para darle captura. Ayer, el propio David Chávez afirmó en una comparecencia pública ser víctima de persecución política, argumentando que la Fiscalía de la Mujer lo había citado por incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injurias y calumnias en perjuicio de Xiomara Castro, delitos por los cuales Chávez fue denunciado a finales de 2021.

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Seguidores del Partido Nacional acompañaron la comparecencia pública en la casa del Partido Nacional en apoyo al exdiputado y actual presidente del Partido Nacional, David Chávez. Foto CC/ Fernando Destephen

Requerimiento contra Chávez salió de la FETCCOP

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a Contracorriente que el requerimiento fue presentado contra David Chávez por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), y corresponde a los delitos de malversación de fondos públicos a raíz de una licitación que realizó Chávez mientras era director del Infop.

Mora detalló que esta denuncia fue interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción en 2016, y que en ella se señala a David Chávez de haber malversado una licitación de 75 millones de lempiras, la cual estaba destinada a equipar los centros regionales del Infop en Juticalpa, Puerto Lempira y San Pedro Sula.

El portavoz del Ministerio Público señaló que una vez que Chávez sea capturado, este tiene que comparecer ante un juez para la audiencia de declaración de imputado y seguir con el procedimiento respectivo. Además, indicó que hasta el momento desconocen de otros requerimientos fiscales en contra de funcionarios de la administración anterior.

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«Los requerimientos nosotros no los conocemos hasta que están presentados, porque los fiscales no nos dan información para evitar que se filtre información, que se vayan a fugar o por otras cosas, así que hasta el momento no tenemos información de otros requerimientos», aseguró Mora.

El expresidente de Honduras Porfirio Lobo (izq) y el exalcalde Nasry Asfura asisten el martes 28 de noviembre a la convocatoria del Partido Nacional en apoyo al exdiputado David Chávez. Foto CC/ Fernando Destephen.

En 2018, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe en el que se denunciaba la participación de David Chávez en actos de corrupción cuando fue director del Infop. El CNA indicó que en ese entonces David Chávez ocasionó un perjuicio en contra del Estado por 21 millones de lempiras, al sobrevalorar un contrato de suministros junto a una red de funcionarios.

 

¿El caso de Chávez es cosa juzgada?

En octubre de 2022, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un oficio que eximió de responsabilidad administrativa, civil o penal a David Chávez en el caso del Infop.

El abogado Raúl Pineda Alvarado, analista y exdiputado del Partido Nacional,  dijo a Contracorriente que, aunque el decreto que facultaba al TSC ya está derogado, al momento de emitir la resolución a favor de David Chávez todavía estaba vigente.

“El hecho fundamental ahora es que Libre ha tomado la decisión de hacer a un lado el Estado de derecho y el modelo garantista, y va con todo a aplastar a la oposición política. Lo que menos juega un papel importante, es el respeto a la ley”, expuso Pineda Alvarado.

«Muy convenientemente para los intereses del Gobierno han reactivado una serie de expedientes que estaban retardados en la Fiscalía; ojalá que puedan sacar también algunos que quedaron desde el 2009, donde también hubo una serie de actos de corrupción», señaló.

Sobre los delitos imputados al presidente del Partido Nacional, el abogado Pineda expuso que el procedimiento ha sido «normal y legal» sin embargo, consideró que detrás de la orden de captura están los «intereses políticos del Gobierno», que está empeñado en una labor de «neutralizar» a la oposición política y gobernar a través del temor.

«Todo está sucediendo convenientemente a los intereses del partido Libre, que está manifestando que va a reactivar los ilícitos cometidos durante el Gobierno anterior. Hay una coincidencia que no se puede negar. ¿Si es legal? Sí, es legal. ¿Si es bueno? No, no es bueno, porque se hace con interés de atemorizar y no de hacer justicia», expuso Alvarado.

El abogado Omar Menjívar, militante del Partido Libre, experto en derecho penal y actual vicealcalde de San Pedro Sula, dijo a Contracorriente que, si aspiramos a que funcione un Estado de derecho basado en el principio de legalidad, el trato debe ser igual para todos y todas, y en ese sentido deberíamos ver como normal lo que le está pasando a Chávez.

«Es frecuente que usen el argumento de la persecución política cuando se les acusa de algo. Se acusa al señor Chávez por dilapidar fondos del Infop, no se le acusa por ser el presidente del Partido Nacional», expuso Menjívar.

Sobre el oficio del TSC en favor de Chávez, Menjívar dijo que los titulares de dicha institución no gozan de credibilidad, y que pudo conocer del mal proceder de estos cuando, como abogado independiente, le tocó defender a uno de los imputados en el caso Pandora.

«Mi representado, Fernando Suárez, brindó información calificada y de primera mano al Ministerio Público sobre cómo funcionaba esta red y toda esta operación. Se reveló que en el TSC había funcionarios, al menos cuatro, que después de las 4 de la tarde se iban a Casa Presidencial a cuadrar cuentas para que a la hora de una intervención formal del TSC todo resultara sin problema y resultaran en finiquitos de absolución para todos los que pudieran ser investigados», dijo Menjívar.

Por tanto, argumentó el vicealcalde sampedrano, «no se puede confiar en un finiquito que haya emitido el TSC durante ese período, durante ese régimen, y asumo que si el MP ha decidido presentar la acusación es porque tiene evidencia de que se cometió el ilícito».

Menjívar cree que, más allá de esa constancia del TSC, que para él es una mera formalidad, es necesario «descubrir una verdad material de los hechos, objetiva, técnica y que se establezca si hubo delitos, exista o no exista esa constancia del TSC».

Menjívar explicó, por otra parte, que las investigaciones antes de emitir requerimientos fiscales deben ser objetivas y profesionales, «y si resulta que alguien ha cometido delito, hay que presentar una acusación, pero por supuesto que el Ministerio Público debe tener cuidado y saber distinguir cuando se trate de acciones que su impulso sea un interés eminentemente político».

 

David Chávez, un líder nacionalista más en ser acusado en noviembre

Chávez es el quinto político nacionalista de renombre en ser acusado durante el mes de noviembre, coincidiendo con la salida del exfiscal general Óscar Chinchilla y con el cuestionado nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya, este último una apuesta del Partido Libre. Zelaya fue juramentado el 1 de noviembre únicamente por nueve diputados de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Aunque Honduras no cuenta con un fiscal general en propiedad, bajo el mandato de Johel Zelaya se han librado requerimientos fiscales contra: la exministra de Finanzas, Rocío Tábora (detenida en la frontera con Nicaragua); la exministra de Salud, Consuelo Flores (pendiente de captura); y contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa (cuya audiencia fue fijada para el 13 de diciembre). Aparte de estos casos, hay otros exfuncionarios, no tan conocidos, que también figuran en requerimientos fiscales.

El exdiputado y actual presidente del Partido Nacional, David Chávez, forcejea con elementos de la Policía Nacional en las cercanías del Ministerio Público, el día de la juramentación de Johel Zelaya como fiscal general interino el pasado 1 de noviembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera

Desde el nombramiento de los fiscales interinos, el ambiente de polarización se ha profundizado en el país, pues se han registrado algunas protestas protagonizadas por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), del que David Chávez forma parte. Además, cerca de 70 diputados del Congreso Nacional se han opuesto a las decisiones de la Junta Directiva que preside Luis Redondo.

Luego de que se conociera que Chávez estaba siendo requerido, líderes, activistas y militantes del Partido Nacional brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su apoyo al presidente de esa institución política.

El activista nacionalista Kilvett Bertrand expuso que esta conferencia de prensa era para dar a conocer el posicionamiento y las rutas a seguir por parte del Partido Nacional luego de que se conociera el requerimiento fiscal en contra de su máximo líder.

Bertrand no se opuso a los señalamientos concretos que la Fiscalía hace a Chávez, pero indicó que existe mucha confusión en el proceso contra el líder nacionalista. «Hay muchas cosas que están lejos de estar claras, lo de una fiscalía general que actúa de manera ilegal porque no fue electa como lo establece la ley», dijo.

Hasta el momento, añadió Bertrand, el Partido Nacional no ha determinado quién ocuparía la presidencia del Partido Nacional en caso de efectuarse la captura de Chávez.

Esta foto, compartida por Migración del aeropuerto internacional Palmerola, muestra al exdiputado y presidente del Partido Nacional David Chávez este martes, a su llegada a la terminal aérea, donde tomaría un vuelo a Estados Unidos.

Jorge Zelaya, diputado nacionalista que aspira a convertirse en candidato presidencial, aseguró a Contracorriente que no hay temor de que se presenten requerimientos fiscales en contra de nacionalistas, siempre y cuando sean enmarcados dentro de la Ley.

«Si son enmarcados dentro de la ley no hay ningún problema, lo que pasa es que se está abusando de ello y es evidente que hay un tinte político. Si se reactivan algunos casos y sí son reales, pues ni modo», indicó Zelaya.

Zelaya manifestó que, luego del nombramiento de los fiscales interinos, ha sido evidente la persecución política a los funcionarios de oposición. Además, agregó que la falta de consensos en el legislativo prevalecerá luego del requerimiento presentado contra David Chávez.

En otra imagen cedida por Migración del aeropuerto internacional de Palmerola se muestran los supuestos daños causados al momento de la retirada abrupta del presidente del Partido Nacional.

Crispación entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno de Honduras

El nombramiento de los fiscales interinos también ha generado crispaciones entre el Gobierno de Xiomara Castro y la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

La embajadora estadounidense, Laura Dogu, manifestó este miércoles que la situación de Honduras es difícil, pues según ella los fiscales interinos están extralimitándose en sus funciones. «Es un momento muy difícil en Honduras, porque un grupo muy pequeño ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina, entonces creo que es un momento difícil para el país. La mayoría del pueblo ya no tiene la oportunidad de participar en este proceso porque un grupo pequeño de diputados ha tomado esa decisión», expuso Dogu.

Dogu dio estas declaraciones a pesar de que, semanas atrás, el canciller Enrique Reina le pidió no emitir juicios sobre la democracia hondureña. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió en su cuenta de X y dijo que los fiscales interinos sí tienen las mismas atribuciones como si fueran fiscales en propiedad.

Redondo posteó en su cuenta de X que las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, no son correctas, porque «el Fiscal General y Fiscal General Adjunto interinos tienen las mismas facultades y/o atribuciones que aquellos que son electos en propiedad. No existe ningún artículo constitucional, ni legal que reduzca, restrinja o les disminuya dichas facultades. Por lo que las actuaciones de los Fiscales están enmarcadas en la Constitución y las Leyes».

Hasta el momento no se han confirmado otros requerimientos fiscales ni otras órdenes de captura en contra de funcionarios de la administración anterior o actual; sin embargo, las miradas están centradas en el ambiente de polarización que aumenta cada vez más en un sector de la ciudadanía.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

 

En Honduras es tradición, durante la medianoche del 31 de diciembre, quemar monigotes rellenos de pólvora en los barrios y colonias del país. Este es un ritual que representa la renovación del tiempo y las esperanzas, una ceremonia que, simbólicamente, limpia todo lo que trajo el año viejo minutos antes de que llegue el nuevo. Este año, la figura de Iván Barton será la más vendida y quemada, especialmente por los aficionados al fútbol.  

 

El árbitro salvadoreño Iván Barton provocó descontento en los aficionados hondureños  debido a las decisiones que tomó en el último  partido de fútbol que se disputó entre las selecciones de Honduras y México, acusándolo de haber favorecido a la selección mexicana para que ganara el partido. Para muchos hondureños, el fútbol es un tema que se toma en serio; hay incluso quienes piensan que se le exige más a un jugador de fútbol que a un diputado.

 

Los problemas de la política hondureña, como los recientes enfrentamientos registrados en el Congreso Nacional, podrían  pasar inadvertidos para la mayoría de estos aficionados, no así un partido en el cual Honduras tenía la posibilidad de dejar a México fuera de la Copa América 2024. El 14 de noviembre en Tegucigalpa,  la selección derrotó por dos goles a cero a la selección de México. El 21 del mismo mes, en  el partido de vuelta, la selección mexicana debía ganar por diferencia de tres goles para poder pasar a la Copa América. Al minuto 42 concretaron el primer gol, y se fueron al descanso después de jugar seis minutos  de descuento.

 

Honduras mantuvo el resultado de uno a cero hasta los noventa minutos del tiempo reglamentario, pero al final se agregaron otros nueve minutos de descuento. Honduras resistió, sosteniendo el resultado que lo clasificaba, pero Iván Barton pitó el final dos minutos después del tiempo añadido, hasta que México empató en el marcador global, lo que obligaba a jugar tiempo extra. Ahí comenzó el descontento de los hondureños contra Iván Barton, que además repitió tres veces un penal a favor de México, lo cual molestó aún más a los aficionados hondureños.

 

Desde entonces los insultos, bromas y memes han llovido contra Iván Barton de parte de la afición hondureña, incluso en las redes sociales personales del árbitro. También los medios deportivos criticaron el trabajo de Barton y cuestionaron los intereses de la Concacaf al favorecer a México. La presidenta hondureña Xiomara Castro, durante una visita al estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, dijo que nos habían robado la oportunidad de clasificar, y aprovechó para felicitar a los jugadores.

 

Adolfo Sarmiento, un artesano de 52 años del barrio Cabañas de San Pedro Sula, Honduras, está sacando provecho de esta situación. Él no es atleta, pero sí un habilidoso creador de monigotes, y está vendiendo a sus clientes reproducciones de la figura de Barton, reflejando así el descontento de los aficionados contra el árbitro. Don Adolfo es ebanista, pero durante la temporada navideña deja de hacer y tapizar muebles para fabricar monigotes con los que gana un dinero extra y alivia un poco la pobreza.

 

Entre la lista de personajes que don Adolfo ha elaborado se encuentran políticos, deportistas, religiosos, artistas, ya sea que tengan la aceptación o el rechazo en la población hondureña. Entre estos personajes han desfilado figuras como la del expresidente «Mel» (Manuel Zelaya), su esposa y actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el expresidente Juan Orlando Hernández, el artista puertorriqueño Bad Bunny, y hasta la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

Don Adolfo dijo que el secreto para vender varios monigotes consiste en fabricar el personaje que está de moda. Por ejemplo, el año pasado, la figura que más vendió fue la de Bad Bunny. De 250 muñecos que hizo en total, 120 fueron del artista, quien dio un concierto para esos días en el Estadio Olímpico; luego, las figuras de Zelaya y Castro fueron las que tuvieron mayor demanda.

 

Este artesano dice que a él no le importa la política, ni siquiera le gusta el fútbol. Lo que sí se toma en serio es su negocio y la manera de generar ingresos. Asegura que es capaz de reproducir a cualquier personaje con solo ver una foto. «Me llamó un cliente de La Entrada, Copán, para pedirme doce monigotes, y quiere seis con la figura del árbitro, tres de Xiomara y tres de Mel», dice, mientras le colocaba el sombrero a una cabeza con la figura del expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya.

 

Debido a que subió el costo de los materiales con los que se elaboran los monigotes, este año el precio de cada uno es de 800 lempiras, 100 más que el año pasado, y 350 lempiras solo por la cabeza del muñeco. Para hacer los monigotes, don Adolfo compra ropa vieja en puestos de ropa usada; también usa aserrín, esponja, resistol y zapatos viejos.  Dice que lo más difícil en el proceso de fabricación es hacer la nariz de los personajes. Su esposa Erlin Rodríguez, y sus hijos Joselyn y Jonathan Sarmiento, también participan en el negocio de los monigotes.

 

«Los que quieran apoyar este emprendimiento pueden escribirme via WhatsApp al 95934143», concluyó el habilidoso don Adolfo.

El Trans-450, iniciado hace 10 años, ha tenido varias funciones ajenas a los objetivos por los cuales se construyó. Esta obra, inaugurada en el Distrito Central en la administración del nacionalista Ricardo Álvarez es un monumento de la corrupción- Nunca se inauguró porque el transporte no fue adquirido y la infraestructura de las terminales y casetas ahora son usados por indigentes y migrantes como refugio. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen

Francisco Varga es un niño de 14 años que comenzó su camino migratorio hace dos meses desde Colombia, junto con cinco miembros más de su familia. Todos duermen en una de las estaciones del Trans-450, llamada «Los Presidentes». Esta caseta es parte del recorrido de 2.5 kilómetros desde Plaza Miraflores hasta la primera entrada de la colonia Kennedy, inaugurado por el entonces alcalde, Ricardo Álvarez, el 23 de enero de 2014; ahora es un refugio para migrantes que han quedado varados en esta ciudad y esperan seguir su camino hacia el norte. 

 

En Tegucigalpa, una ciudad superpoblada y con un desorden vial que mantiene las calles atascadas casi todo el día, el Trans-450 era un proyecto necesario y se vendió en el imaginario colectivo como el modelo de urbanidad que le faltaba. Se construyó a un costo de 51 millones de dólares provenientes de fondos propios de la alcaldía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Pero ahora es una muestra de lo que no funciona en este país, con sus espacios destruidos y otros convertidos en pasos a desnivel.

 

En las casetas que aún se mantienen en pie duermen indigentes, recicladores y cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos que esperan mientras logran ajustar los 35 o 40 dólares del pasaje para trasladarse a la frontera con Guatemala, y desde allí seguir con rumbo a los Estados Unidos o Canadá. Dependiendo del día, contó Francisco, pueden recoger unos 200 lempiras diarios, entre la venta de dulces y pedir en la calle; ese dinero lo dividen entre pasajes y comida. 

 

Daniela Ramírez dejó Venezuela hace tres meses; salió de su país el 15 de agosto con su familia. «Vienen mi papá, mis dos hermanas, mis tres niños, mi esposo y mi persona», dice. Son familias que huyen y encuentran un espacio de descanso en las ruinas de un proyecto que no se concretó debido a la corrupción, pero se sigue pagando por concepto de deuda externa . 

 

El 16 de noviembre, las Fuerzas Armadas hicieron una brigada para regalar comida y llevar vitaminas a los niños que permanecen en esta zona. Los tres hijos de Daniela recibieron medicinas. «Este es el principio, siempre que miremos gente aquí, pues vamos a estar apoyando», dijo el general Francisco Serrano, de la Fuerza Aérea de Honduras.

La Policía Nacional también dispuso una brigada médica ese 16 de noviembre en la plaza que complementa el túnel peatonal de Plaza Miraflores, un lugar cercano a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y muy cerca de la estación «Los Presidentes», donde duerme, Francisco y su familia. Dieron atención médica, agua y comida a los migrantes que se acercaron. En esta ocasión, Francisco solo alcanzó dos bolsas de agua.

 

Las historias de los migrantes se entrecruzan. Algunos se adelantan en el paso por el Darién y van avisando a los que vienen atrás, dejando instrucciones, pistas sobre dónde poder descansar. Así se enteraron de que en las casetas del Trans-450 podían acampar sin problemas, únicamente con el ruido de los carros, cuenta Francisco.

Francisco López pide dinero en la estación «Los Presidentes» del Trans - 450. De acuerdo a sus cálculos, una persona necesita entre 35 y 40 dólares para continuar su ruta hacia Estados Unidos o Canadá. Foto CC / Fernando Destephen.

Johnniel Rojas salió desde Venezuela hace dos meses  Ha pasado mucho tiempo ya en Honduras, porque al llegar aquí ya el dinero se le había acabado. A muchos los asaltan en el camino, y en ese caso deben ingeniárselas para reunir el costo del pasaje, a veces comiendo, a veces no.

Enizaida Navas y Wisneidi Navas, madre e hija, son familiares de Francisco. Wisneidi acaba de cumplir los 18 años: «los cumplió en el camino, en esta travesía», dice su madre. Las dos se arreglan dentro de su tienda de campaña. Wesneidi  maquilla a su madre, la, le delinea las cejas, los ojos, le pinta detalles en las manos o en las mejillas (estrellas o corazones). En Colombia hacía piercings, y cuando sonríe se le puede ver una argolla en las encías. Dice que esta pieza se llama smile y que se la colocó ella sola. En Colombia también aprendió a esconder una hoja de afeitar (gillette) en su boca para defenderse de las agresiones. En Honduras, le sirve para sacarse las cejas con la precisión de una cirujana, mientras espera poder continuar su camino.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 22 de noviembre 481,867 migrantes entraron a Honduras de manera irregular. Se calcula que el año podría cerrar con casi medio millón de migrantes, superando las cifras de años anteriores (188,858 en 2022 y 17,590 en 2021).

 

Víctor, un venezolano que viaja solo, estuvo 16 días en Danlí, y llegó en la mañana del viernes 24 a Tegucigalpa, a la caseta «Los Presidentes» del Trans-450, en el momento en que servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) levantaban los datos de los migrantes en una lista para transportarlos hasta la frontera con Guatemala en buses de la empresa privada. El personal del INM que estaba asignado al transporte de migrantes no tiene autorización para hablar con la prensa. De manera oficial no hay datos, pero surgen preguntas: ¿quién proporciona los buses? ¿Hay algún pago de parte del gobierno? ¿Cada cuánto hay transporte? 

Las lluvias mostraron lo vulnerable que sigue siendo el Valle de Sula y el desamparo de miles de familias que viven en las riberas de los ríos Chamelecón y Ulúa. En El Progreso, Yoro, los habitantes de la colonia Zelaya Castro esperaron en vano la visita de la presidenta Xiomara Castro, que al final se canceló. Las esperanzas de recibir ayuda directa del Gobierno central se convirtieron en frustración y descontento, luego de una espera de varias horas. 

 

                                                           Texto y fotografías: Fernando Destephen y Amílcar Izaguirre



Cuando supo de las inundaciones, Jairo Castro, de 37 años, tuvo que regresar de su trabajo en San Pedro Sula a su casa en El Progreso, Yoro. Su vivienda está ubicada en la colonia Zelaya Castro, en las orillas de la carretera CA-13, salida a Santa Rita, una zona en donde se realiza un proceso de recuperación de tierras. Jairo regresó para rescatar los enseres de su casa y para buscar junto a su esposa un albergue seguro para ambos y para sus cuatro hijos. 

 

El pasado miércoles 8 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro prometió una visita a la colonia Castro Zelaya, lo que, en medio del desastre, representaba una esperanza para centenares de familias afectadas por el agua acumulada por la falta de drenajes. Desde la mañana hicieron fila a orillas de la carretera CA-13 que conecta a El Progreso y Santa Rita Yoro. mientras esperaban a la presidenta.

 

«Lo que se escucha es que la presidenta viene en camino para dar una solución», dijo Jairo Castro, un guardia de seguridad, mientras buscaba un lugar en la fila cargando a uno de sus tres hijos. Ese miércoles, los pobladores se organizaron en diferentes filas con la intención de recibir ayuda, e hicieron listas de personas afectadas; sin embargo, no llegaron ni la presidenta ni la ayuda.

 

La visita de la titular del ejecutivo, estaba prevista para las 12:30 del medio día, pero se suspendió por condiciones climatológicas: «es imposible aterrizar en la zona», explicó el ministro de Prensa, Ivis Alvarado, quien se encontraba en el lugar junto un nutrido equipo de prensa oficial que daría cobertura a la visita de la presidenta. 

 

Esa mañana también estuvo presente el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio Pineda, quien, luego de escuchar que la presidenta no podría llegar, prometió construir una caja puente para dar solución al problema de las aguas estancadas; además, dijo que se haría un censo para reasentar, reconstruir y modificar las viviendas de las personas que viven en la colonia Castro Zelaya. Sin embargo, no se refirió a la legalidad del terreno donde se construyó esta colonia, un problema para el que los pobladores demandan solución.

 

Luego de anunciar que la presidenta no llegaría, los funcionarios públicos y prensa oficial abandonaron la zona, y los tractores que limpiaban los accesos dejaron de trabajar. Para los pobladores, las expectativas de conseguir alguna ayuda se disiparon y se convirtieron en descontento. Algunos dijeron que la comitiva solo había llegado a revolver el lodo y el mal olor.

 

De la convocatoria solo quedó la promesa hecha por el ministro del FHIS; no hubo entrega de víveres ni de insumos de higiene, como se acostumbra a hacer en estos eventos. Lo único que la gente obtuvo al final de esa reunión fue una pieza de ropa de segunda que un empleado municipal llegó a regalar. «Esto es del pueblo y para el pueblo», gritaba, mientras la gente hacía fila para tomar una pieza de ropa al azar, sin importar la talla.

En otro sector de la ciudad de El Progreso, al este del puente La Democracia, se ubica la colonia Policarpo Paz, que cada vez que llueve se convierte en una especie de estanque por la acumulación de agua de los ríos Pelo y Ulúa. Los vecinos tratan de sacar el agua con bombas, aunque el esfuerzo es en vano porque es mucha. «Acá no hay alcalde que ayude, entre nosotros ponemos 100 lempiras para comprar combustible para bombas que nos prestan», comentó un poblador de la Policarpo Paz.

 

Entre las comunidades que fueron afectadas por las lluvias en El Progreso, están; Las Chombas, La Fragua, Naranjo Chino, Veracruz, San Isidro, El Socorro, Palermo, Fican 1, 4, 8, Palermo y Policarpo Paz. Según el Comité de Emergencia Municipal (Codem), en este municipio se habilitaron en varias zonas unas 16 albergues donde se alojaron unas 1,500 personas, de las cuales la mayoría ya regresó a sus casas luego del paso de las lluvias. 

 

Don Adolfo Trejo, de 78 años, prefirió quedarse en su casa de madera a medio caer, antes que ir a un albergue. Desde la puerta de su casa observaba cómo el agua se acumulaba dentro de su casa y humedecía su cama. Afuera estaba una carreta llena de botellas de plástico que vende para ganarse la vida. 

 

Maricarmen, por su parte, tuvo que dormir con sus tres hijos bajo una carpa en la mediana del bulevar cerca del puente La Democracia. A sus 26 años, ya le ha tocado vivir esta situación varias veces.

 

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja para los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Copán y Yoro. durante algunos días de la segunda semana de noviembre.

Según el informe de Copeco, durante el frente frío se registraron al menos 3 muertes, 7,719 familias afectadas, 193 damnificadas, 564 evacuaciones voluntarias, 955 viviendas dañadas, 18 destruidas y 142 comunidades incomunicadas.

La vulnerabilidad en el Valle de Sula continúa, a pesar de la  inversión hecha por  la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Ailyn Suárez, jefa regional de esta Secretaría, dijo el mes pasado en La Lima que, entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, la SIT ha invertido más 350 millones en infraestructura para mitigar las inundaciones. Aún así Jairo Castro, Irma Castro, Maricarmen, Adolfo Trejo y miles de personas continúan padeciendo sus efectos, con el sueño de que algún día se consiga una solución permanente.

Honduras pasó de ser un país de tránsito de cocaína a ser también un país productor de drogas. En los últimos diez años, los municipios de Iriona y Limón en Colón, en la costa caribeña de Honduras, encabezan la lista de lugares en los que las fuerzas de seguridad han destruido más cultivos de coca y narcolaboratorios. Mientras tanto, en el resto del país, circula la coca hondureña que ha alimentado un mercado local precario y empobrecido. 

 

Texto: Célia Pousset

Edición: Jennifer Avila

Fotografía : Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Ilustraciones : Daniel Fonseca

 

Fumar crack es fumar miedo y volverse adicto al pánico. Así dicen, uno tras otro, los tres hombres internados en una casa hogar de Comayagüela, la ciudad gemela y empobrecida de Tegucigalpa. White, Angel y David comparten algo, un día probaron «la piedra» —el otro nombre del crack— y desde ese momento no pudieron dejar esa droga, derivada de la cocaína, cortada con bicarbonato y agua, quemada en una cuchara, hecha piedra y fumada en una pipa que, en Honduras, suele ser la antena robada de un carro. Es la cocaína de los pobres.

Vivir aquí es vivir en medio del narcotráfico y del miedo. Así dijeron también los miembros de una comunidad ubicada en la costa caribeña, en Colón, el departamento donde las autoridades erradicaron más cultivos de coca en los últimos diez años.

Cuatrocientos kilómetros separan el Distrito Central del departamento de Colón, pero ambos lugares cuentan la historia de un país atrapado entre las garras del narcotráfico. En diez años, Honduras pasó de ser un simple corredor para el tránsito de la droga a ser un cultivador de planta de coca y productor de una cocaína de dudosa calidad que se queda acá, nutriendo el consumo local, según cuentan fuentes policiales.

 

Comayagüela: resistiendo  al llamado de «la piedra»

 

Ángel se sienta en una silla plástica en la sala principal de una casa hogar para alcohólicos y drogadictos, y empieza avisando que «antes no era así», que antes era gordo, pero que el crack lo hizo adelgazar. Tiene 29 años, fue albañil, tiene cuatro hijos pero no los ve mucho. Cuenta que no sólo fue un consumidor de piedra, sino también una mula para la Mara Salvatrucha (MS-13), la mafia que controla el territorio y el negocio de las drogas del barrio donde vivía. 

 

Empezó a consumir piedra a los 16 años después de una separación con su novia.  Compraba en su barrio hasta 3,000 lempiras de piedra por semana aunque su salario como albañil era de 500 lempiras al día . Para dar una idea de lo mucho que consumía,  una piedra —que produce un minuto de «alivio»— cuesta en Tegucigalpa entre 50 y 70 lempiras. Para Ángel eran unas 50 piedras a la semana, o bien, una piedra cada tres horas.


Pronto le faltó el dinero y empezó a robar taladros, pulidoras y sierras de su trabajo para poder comprar crack. Después perdió su trabajo. Empezó a trasladar droga a diferentes puntos de Tegucigalpa para la Mara Salvatrucha. Lo hizo tres años hasta que la MS-13 le propuso entrar oficialmente en las filas de la estructura criminal. Rechazó la propuesta, pero después entendió que no era una oferta sino una orden. Ángel ya sabía demasiada información sobre el negocio. Huyó de Tegucigalpa para que no lo mataran. Se fue hacia el sur del país, a una ciudad donde no conocía los puntos de venta de crack así que empezó a comprar cocaína y comérsela porque inhalada no le daba los mismos efectos que el crack. Pero la cocaína era cara, más de 100 lempiras el gramo y nunca le «asustaba» como lo hacía la piedra. A los meses encontró crack en Choluteca. Pasaron los años y por fin supo que todos los que lo amenazaban de la MS-13 habían sido asesinados, por lo que decidió regresar a la capital.

Jóvenes con problemas de adicción atienden entrevistas con Contracorriente. Foto CC/Fernando Destephen

Colón: de las narcopistas a las plantaciones y laboratorios de coca

 

El municipio de Limón está casi en la frontera que divide el departamento de Colón y el inicio de la selva hondureña, la Moskitia, en el departamento de Gracias a Dios. Todas las carreteras ahí son de tierra y desde esos difíciles caminos lo que se ve en el horizonte es palma aceitera, centenares de hectáreas de tierra que pertenecen a poderosos empresarios del sector agroindustrial como los Facussé, propietarios de la empresa Dinant. Más atrás, en las montañas de Limón, se esconden los cultivos de coca. 

 

Desde hace décadas, esta ha sido una tierra en disputa por ser el punto de llegada de las lanchas o de las avionetas cargadas de cocaína desde Colombia. Incluso en esa zona, varias comunidades pertenecientes a pueblos originarios con títulos comunitarios  han tenido que pelear para recuperar hectáreas de tierra y arrancarlas de las manos de terratenientes y narcos que por mucho tiempo han usado esas tierras para narcopistas, bodegas y otras necesidades logísticas del trasiego de drogas. Estas comunidades ahora, además de ser testigos del «trajín» habitual (como llaman al traslado de cocaína), tienen que vivir en medio del auge de los cultivos de coca en la zona. 

 

Recomendamos: Cocaína: todo a la vez en todas partes. Cómo la producción de la droga se extiende a Centroamérica y Europa.

 

Desde aproximadamente el 2010, los cárteles de droga colombianos comenzaron a experimentar con el cultivo de la planta de coca en Honduras  con el apoyo de estructuras criminales hondureñas, según un ex agente de la Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA) cuya identidad protegemos por motivos de seguridad. La DNPA fue creada en 2018 y sus agentes encontraron las primeras plantaciones a inicios del 2020, mayoritariamente en los municipios de Iriona y Limón. Según este policía, la creación de esta institución fue tardía ya que hacía más de diez años que el fenómeno había iniciado  pues otras autoridades, como las fuerzas armadas, ya habían descubierto cultivos de coca desde 2012.

 

Entre 2012 y 2023, el Ministerio Público de Honduras investigó 42 cultivos de coca y 15 narcolaboratorios, de los cuales un 47% se concentra en el departamento de Colón, la mayoría en el  municipio de Limón. Los datos de la la DNPA  confirman la intensidad del problema, pues entre 2020 y 2023, tan solo en el departamento de Colón, fueron erradicados 28 cultivos de coca y desmantelados 28 narcolaboratorios, la mayoría de ellos en Iriona.

No sorprende que cultivar coca parezca ser una actividad ilícita más en un país cuyo expresidente fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico; sin embargo, cultivar y procesar coca no fue un camino obvio, ni siquiera para los propios narcotraficantes. Por ejemplo, cuando el narco hondureño Geovanny Fuentes tuvo la idea de crear su propio narcolaboratorio, no recibió el apoyo que esperaba. Una intervención telefónica que sirvió de prueba en su juicio en Nueva York demuestra que su compatriota Leonel Maradiaga, líder de la banda criminal Los Cachiros que operó en Colón, no quiso colaborar con él ya que consideraba que era más barato traer la cocaína ya preparada desde Colombia. El  líder de Los Cachiros sostenía que era mejor simplemente mover la droga de Colombia a México; el trasiego era en aquel momento el único horizonte del narcotráfico en Honduras.

 

Pero si al principio hubo escépticos sobre la posibilidad de cultivar coca en Honduras, al día de hoy se puede decir que la apuesta experimental fue exitosa. A nivel nacional, de enero a agosto de 2023, se han erradicado 3.5 millones de arbustos de coca según comentó a Contracorriente el General Juan Manuel Aguilar Godoy,  director de la Policía Nacional: «Hace unos diez años atrás no imaginábamos que se iba a cultivar coca en Honduras, en la actualidad estamos viendo enormes plantaciones». 

La hoja de coca no se vende y debe ser procesada dentro de las siguientes doce horas después del corte para que no se pierda su componente activo. Por eso, a la orilla de las plantaciones, hay siempre una edificación rústica, llamada «laboratorio», que sirve para preparar la pasta de coca. El proceso para obtener cocaína es el siguiente: primero, se pica la hoja de coca y se mezcla con gasolina, cal y agua para que se desprenda el componente activo. El resultado se conoce como pasta base o sulfato de cocaína. Bajo esta forma, se puede trasladar a cualquier punto del mundo donde haya un laboratorio de cristalización equipado con prensas y microondas para extraer la humedad, y con químicos para convertir la pasta en una sal llamada clorhidrato de cocaína.

Según diversas fuentes policiales, el único problema de la cocaína catracha es que es de «mala calidad», y por lo tanto sirve para abastecer más que todo el mercado nacional.

Un total de 56,000 arbustos de hoja de coca fueron incautados el viernes 20 octubre de 2023 por la Policía Nacional en La Machaca, municipio de Juan Francisco Bulnes departamento de Gracias a Dios, en el Caribe de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

«Los laboratorios están en barrios de ricos»

Siendo colaborador de la MS, Ángel conoció algunos de los laboratorios de cristalización en la capital. Le tocaba ir a buscar los productos y despacharlos hacia diferentes puntos de venta. Uno de ellos quedaba en la residencial Altos del Trapiche, una de las residenciales más lujosas de Tegucigalpa. 

 

«Honduras tiene laboratorios de cristalización, pero hasta el momento no se ha incautado uno», nos dijo la fuente de la DNPA, antes de justificarse diciendo que  «lo sabemos por información de inteligencia, pero nunca hubo operativos. Esos laboratorios son más difíciles de encontrar porque pueden estar en cualquier casa y en cualquier ciudad». Reveló también que normalmente «en estos laboratorios, los cocineros casi siempre son colombianos».

 

Si bien la DNPA nunca desmanteló un laboratorio de cristalización, otras unidades de la Policía Nacional  sí lo hicieron. Hubo por ejemplo un operativo en una zona residencial adinerada de San Pedro Sula, donde más de 10 kilos de cocaína, relacionados con la MS-13, fueron incautados por las Fuerzas Anti Maras y Pandillas. Asimismo, en la residencial Altos del Trapiche fue arrestada en 2016 una mujer que escondía 80 libras de precursores químicos en su casa.

 

White, de 36 años, es ex obrero en la plomería y ex adicto al crack. Conoce bien el proceso de transformación de la materia prima ya que aprendió a «cocinar» la cocaína para hacer crack. «Las maras y pandillas controlan el negocio. Compran por ejemplo 50.000 lempiras de cocaína, la hacen piedra y se ganan el triple». Aseguró que tanto el Barrio 18 como la MS-13 tienen laboratorios. 

 

Con territorios estrictamente divididos en los barrios, el peligro para los que consumen es saber a quién comprar y nunca equivocarse;: «tienes que comprar a la estructura que controla tu barrio porque si se enteran de que compraste en otro punto te pueden matar», dijo White. 

 

El punto ciego es saber cómo funcionan exactamente los vínculos entre los cárteles que participan del narcotráfico y las maras y pandillas que se encargan del narcomenudeo. 



Debajo de la coca agoniza la tierra

 

En los últimos años, las erradicaciones de cultivos de coca se han hecho recurrentes, pero rara vez los operativos terminan en detenciones. Según la fuente de la DNPA, los carteles utilizan tierras nacionales de difícil acceso para sembrar y por eso es imposible rastrear al propietario del terreno. Cuando las autoridades llegan en helicóptero a los cultivos, no encuentran a nadie y  se conforman con arrancar a mano los arbustos que pueden llegar a medir 1.50 metros. Para arrancar 8 manzanas de plantas de coca, tardan entre una semana y quince días, ya que cada manzana cuenta un promedio de 7000 arbustos.

La erradicación manual es el método más  ecológico y eficaz para deshacerse de una planta que, al contrario, no tiene nada de amigable con la tierra.

«La coca es muy rentable ya que se cosecha cuatro veces al año —contó un biólogo que solicitó proteger su identidad por temor a represalias — pero para obtener estos resultados hay que fertilizar muchísimo, aplicar herbicidas y pesticidas. Daña profundamente los suelos. Después de unos quince años de cultivo intensivo, la tierra se vuelve infértil y es irrecuperable».

Miembros de la Policía Nacional participaron en la erradicación de las plantaciones de coca. Foto CC/Jorge Cabrera

El biólogo vivió en una región en la que se cultiva mucha coca en América del Sur. Le preguntamos cómo este cultivo andino pudo llegar hasta acá, en el trópico, y específicamente en Iriona y Limón, dos municipios cerca del mar donde las montañas no son tan altas, pues la más alta de la zona alcanza solamente los  720 metros sobre el nivel del mar. 

«La planta conoció una modificación genética. Es un proceso natural, pero se puede realizar también en laboratorios para adaptarla a diferentes condiciones. Es un proceso barato pero que lleva su tiempo», explicó el biólogo. 

Según el biólogo, en Perú, por ejemplo, se solía cultivar coca en la «ceja de selva», una zona ubicada entre la sierra y la selva. Generalmente es entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar que la coca manifiesta todo su potencial genético. Sin embargo, para escapar al control de las autoridades y porque el suelo se volvió infértil, los agricultores migraron y así es como se empezaron a ver cultivos a 200 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, resaltó que en la parte de la amazonía peruana donde hace veinte años el Gobierno erradicó la coca, la alternativa para los agricultores fue la palma africana. La misma que se expande por decenas de hectáreas en Colón en donde se cruzan varias zonas de reserva.

Cultivos de palma africana han inundado la tierra codiciada para el trasiego de la droga por años. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente

Del cultivo al consumo: el ciclo del miedo

Colón es uno de los departamentos más violentos de Honduras por sus conflictos agrarios y la enraizada presencia del narcotráfico. Entre 2013 y 2023, ocurrieron 2,154 homicidios, según la Secretaría de Seguridad.

 

Podemos también medir la violencia a través de los datos proporcionados por la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. El informe de monitoreo de agresiones contra defensoras revela que, en septiembre de 2023, el 78% de las agresiones se dieron por defender la tierra y el territorio y que la mayoría de estas ocurrieron en el departamento de Colón (51%). 

 

En total, entre 2013 y 2023 se registraron 1.796 agresiones a defensoras en el departamento, incluyendo hostigamiento, amenazas, vigilancia e intentos de asesinatos. Lo alarmante es que la tendencia empeora, ya que, mientras que en 2022 hubo 146 agresiones, tan solo entre enero y septiembre de 2023 la cifra alcanzó 505 agresiones. Los principales perpetradores de esta violencia son policías, empresarios y terratenientes que pueden ser o no miembros del crimen organizado. 

 

En el otro extremo de esta cadena humana de infortunios, también hay miedo, pero es uno que te seduce, te atrapa, te devora. 

 

En la silla plástica de la casa hogar de Comayagüela,  David reemplazó a Ángel y a White en nuestra conversación. Tiene 32 años, lleva una gorra azul marino y sonríe mucho. Registra orgullosamente tres meses sin tocar nada, ni alcohol ni crack. Cuenta que vivió un tiempo en Estados Unidos y probó muchas drogas, teniendo un cierto «control» porque eran drogas «de fiesta» y de consumo ocasional; pero de vuelta a Honduras, la única droga que podía comprarse era la piedra, esa cocaína empobrecida. «Es mucho más fuerte y más barata. Te vuelves loco. Te quemas los labios de la desesperación, lo vendes todo para conseguirla, ahí ya no hay nada de social, nada de fiesta. Con la piedra es “yo y la vaina”. Nada más existe en el mundo.»

 

En ese mundo, David tenía siempre la aguda sensación de que alguien venía a matarlo, a robar su dinero o que la policía venía a arrestarlo. Entonces, como sus compañeros de la casa hogar, terminó diciendo lo que parece ser una verdad general en Honduras: «Por fuerza me volví adicto a la zozobra». 

 

Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Contracorriente y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

La investigación en Honduras  fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

El cambio climático ya está empujando los arrecifes coralinos de Honduras a sus límites. 

 

Texto y fotografías: Sierra Garcia


Durante 30 años de presenciar los arrecifes en el Caribe hondureño, antes como una niña curiosa y ahora como científica, Claudia Guerrero jamás había visto los corales en tan mal estado como parecían este octubre. Desde las Islas de la Bahía hasta la costa, los corales duros —que construyen cientos de kilómetros de arrecifes que protegen las costas que rodean— parecían fantasmas vestidos de blanco.

«Se siente una impotencia», me dijo en una videollamada. Guerrero es la coordinadora para Honduras de la organización Arrecifes Saludables para Gente Saludable, que hace monitoreo de la salud de todo el sistema arrecifal mesoamericano, que también incluye México, Belice y Guatemala. «Realmente no puedes hacer nada más que documentarlo y regar la voz…pero una solución a corto o mediano plazo, pues no la sé», dijo.

El «blanqueamiento» reciente de los corales es una consecuencia directa del estrés causado por meses de temperaturas elevadas en el mar Caribe. Los corales, que son animales vivos a pesar de que parezcan rocas de colores brillantes, pueden aguantar el calor hasta cierto punto. Después de cruzar ese punto, se ponen «blanqueados», un estado crítico del que se pueden recuperar al 100 % si mejoran las condiciones, pero que puede resultar en la muerte de arrecifes enteros si no baja la temperatura marina en poco tiempo. Guerrero sugiere que esos corales parecen «zombis».

Un legado rocoso

Los arrecifes de coral son famosos por sus colores brillantes y la diversidad de vida marina que soportan. Sin embargo, tienen mucha más importancia que su valor estético y científico. Los corales vivos forman la base de la pesca igual que el turismo. Ofrecen protección costera de los huracanes y las tormentas sin paralelo de invención humana, disminuyendo la fuerza de las olas hasta 97 % antes de que alcancen la orilla. Si los corales mueren, sus restos siguen protegiendo la costa hasta décadas después, pero eventualmente sin tanta eficacia si no se regeneran.

Estos corales normalmente tienen color café o anaranjado, pero se pusieron blancos bajo el estrés de casi cinco meses de calor excepcional.

«Es muy triste, la verdad, con nosotros como una comunidad de buceadores ver el futuro del arrecife cambiar de esa manera», cuenta Juan Castro Antunez, un instructor de buceo en Roatán. «Estamos viendo cómo el cambio climático está afectando el arrecife. Puede que nos afecte en el turismo». 

 

Mientras buzos y científicos esperan con ansiedad para revisar bien cuántos de los corales sobrevivirán, varias organizaciones siguen esforzándose para mejorar las perspectivas de los arrecifes hondureños para el futuro. Una de ellas es Roatan Marine Park (RMP), una organización sin fines de lucro que maneja varios programas para aumentar la resiliencia del arrecife coralino de Roatán. Sus soluciones incluyen estrategias nunca antes probadas en el país, como mezclar la información genética de corales individuos que parecen más resilientes  para producir una nueva generación más fuerte.

 

«Estamos acelerando un proceso que ocurre normalmente y que generalmente lleva mucho, mucho tiempo, pero lo estamos haciendo en un plazo más corto», me explicó Andrea Godoy Mendoza, la gerente de programas técnicas de RMP.

 

Pero este proceso depende de encontrar corales resistentes no solamente a las amenaza del calor marino, sino también a enfermedades letales que han destrozado las poblaciones de docenas de especies importantes. De allí, los científicos tienen que capturar los huevos y espermas de esos corales durante las pocas noches durante todo el año cuando se reproducen, un evento que puede ser difícil de predecir exactamente y que dura unos solos minutos.

 

Mientras tanto, hay muy poco que se puede hacer a un nivel local, o aún nacional, para prevenir que el mar siga calentándose más en los próximos años y décadas. Se estima que, de cumplir con los acuerdos internacionales más estrictos para parar el calentamiento global, se salvaría entre 10-30 % de los arrecifes de coral del mundo, pero que un calentamiento global mayor resultaría en la extinción de prácticamente todos los arrecifes de coral. 

 

«Fue impactante observar el innegable efecto del calentamiento global sobre nuestros preciados ecosistemas», escribió Godoy Mendoza en su cuenta de Instagram el 29 de octubre. «Ni fue necesario que entrásemos al agua para confirmar estos reportes [de blanqueamiento], ya que se observaban puntos blancos por todo el arrecife desde nuestra embarcación en la superficie».

 

Por el contrario, el día tormentoso en el que visité el arrecife de Utila, el agua de la superficie estaba tan brumosa que no se veía ningún rasgo del arrecife debajo. Luego de descender unos metros, aparecían distintas formas blancas, que al acercarse se revelaron como los corales: duros y suaves, con formas de abanicos, cerebros y lechugas, casi todos blancos y brillantes, desde el arrecife más superficial hasta al menos 25 metros de profundidad.

 

Era a finales de octubre, y yo había llegado para conocer el vivero de corales allí, uno de al menos siete en el país (todos en las Islas de la Bahía). En esos viveros los fragmentos cuelgan de estructuras sencillas hechas de tubería plástica que flotan sobre el arrecife superficialmentesuperficial, y hay buceadores que cuidan los esquejes de corales como jardineros submarinos. Ese proyecto en Utila lleva cinco años cultivando corales de la especie «cuerno de ciervo», y a su alrededor había marañas de corales plantadas al arrecife que habían comenzado como fragmentos del tamaño de un dedo en ese mismo vivero. Noté que la mayoría de esas colonias eran muy blancas, pero vivas aún.

 

Criar fragmentos de coral en viveros marinos, suponiendo que provienen de colonias que muestran alguna resistencia natural a enfermedades y calor, es una estrategia con algunas ventajas de implementación sobre la reproducción asistida. Esos viveros no requieren mucho equipo técnico, y pueden operar durante todo el año. Pero solo producen clones de colonias existentes, y demandan mantenimiento regular.

 

El día en que conocí el vivero de Utila estaba acompañada por otros 14 buceadores, la mayoría jóvenes y extranjeros, que vinieron como voluntarios para limpiar el vivero de algas, bajo la supervisión de la buceadora profesional Laura Olarte Bu.

Buceadores voluntarios en Utila limpiando estructuras en un vivero de corales, al fondo de un coral suave «blanqueado».

«Siempre les digo, ‘este es el momento en el que tenemos que actuar’» me contó Olarte Bu, con consternación aparente en su voz. «Si no lo hacemos ahora, luego no vamos a tener nada».

 

Pero Valeria Valladares, quien ha estado encargada de manejar el vivero en Utila desde la primavera, con la ONG Asociación para la Conservación de las Islas de la Bahía, dice que hay retos para involucrar a gente a largo plazo para ayudar a mantener el vivero. Los fondos para proyectos como viveros típicamente no involucran remuneración para personas de la localidad que quisieran apoyar el proyecto, y ni hablar de las barreras que existen para entrenarse como buceador, para comenzar.

 

«Al momento de involucrar a la gente local hay que tener en cuenta su tiempo. La mayoría no tiene el tiempo para ‘voluntariar’», me dijo Valladares, tras pasar toda la tarde en el vivero de corales. 

 

¿Quién puede salvar el arrecife?

 

Aunque en las Islas de la Bahía ha habido más testigos del blanqueamiento, el fenómeno ha afectado también la costa norte del país. La Bahía de Tela ha sido especialmente impactada, con mortalidad de más de la mitad de los corales en algunos sitios, según varias fuentes, aunque muchas de las especies en mayor peligro de extinción en la región siguen vivos y sanos.

 

«Esta información es bastante sensible porque hay muchas personas que dependen del arrecife», dice Guerrero. «No a todos nos gusta admitir que esto está pasando, pero es una realidad».

 

El «blanqueamiento» de los arrecifes hondureños, al igual que en todo el Caribe, era predecible; los científicos llevan décadas pronosticando que el calentamiento global sería una amenaza existencial para los arrecifes coralinos, que requieren un rango tan específico de temperatura que un aumento de solamente unos grados los puede matar. Antes de que comenzara el verano, las principales agencias climáticas y oceánicas de los Estados Unidos pronosticaron que 2023 sería un año especialmente caluroso a nivel global. Pero los resultados actuales en el mar Caribe estos últimos meses fueron peores que las advertencias científicas.

Laura Olarte Bu inspecciona los corales que crecen colgados encima del arrecife en un vivero en Utila. Aunque el arrecife en el fondo muestra muchos corales blancos, uno de los propósitos principales de usar viveros como este es buscar y multiplicar corales con resistencia natural.

Ambos, Tela y las Islas de la Bahía cuentan con protecciones gubernamentales de zonas protegidas marinas como refugios y parques nacionales. Pero esas protecciones legales, que en los mejores casos definen límites de la pesca y el desarrollo, reciben escasos fondos para su implementación. Mientras tanto, organizaciones como la Alianza para los Arrecifes de Coral afirman que medidas locales y regionales como la pesca sostenible y la buena calidad del agua desempeñan un rol importante para fortalecer los arrecifes ante la amenaza del cambio climático.

 

En ese aspecto, los corales se parecen a los seres humanos cuando enfrentan una enfermedad; es posible que un arrecife con buena salud resista mejor las amenazas, como el calentamiento global, que los corales que también tienen que luchar contra aguas contaminadas o un desbalance de las poblaciones de peces. Esas medidas están en manos de actores locales y regionales, aún los que no se dan cuenta de la existencia de los arrecifes coralinos. Por eso, «los biólogos no somos la solución» explicó Guerrero.

 

«No podemos ser la solución, no deberíamos de ser la solución, porque el arrecife no les pertenece a los biólogos» afirmó. «El arrecife les pertenece a todos y a todas los hondureños y a todos y todas los mesoamericanos».

Del 17 al 19 de noviembre se celebró la tercera edición de la —ahora internacional— Feria del Libro de San Pedro Sula (FIL SPS), que contó con la participación de 25 editoriales, 15 librerías, 54 autores hondureños y 16 de otros países invitados. En sus conversatorios acercó a actores políticos a debatir el papel institucional en el desarrollo artístico y cultural para la población hondureña y se anticipó la creación de una Ley de Cultura en el Congreso Nacional, pero también se señaló la baja ejecución presupuestaria del actual Gobierno en la secretaría que se ocupa del arte en Honduras.

 

Texto: Persy Cabrera

Fotografías: Amílcar Izaguirre

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula (FIL SPS) se realizó el conversatorio «Política y cultura en un país llamado Honduras», en el que participaron Mario Mejía, titular de la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), José Balaguer, director del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), y en representación del Congreso Nacional, la diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre).

 

Hace un año, en la FIL SPS celebrada en 2022 en las instalaciones de la Plaza de las Banderas, Salvador Madrid, poeta y gestor cultural, señaló las necesidades no solo de las editoriales, sino también del pueblo hondureño: «queremos que se desarrolle infraestructura cultural, que se fortalezca la Secretaría de Cultura, que se recupere la red de bibliotecas del país, que era extraordinaria y que los últimos años de narcogobierno la borraron, la eliminaron totalmente», dijo. Ahora en 2023, la FIL SPS trajo ese señalamiento a la mesa de discusión.

«Hay políticos que creen que [la cultura] es una pérdida de tiempo» dijo la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, en el conversatorio «Política y cultura en un país llamado Honduras». Foto CC/Amílcar Izaguirre

La diputada Fátima Mena cuestionó en este conversatorio que la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) solo ha ejecutado un 45.5 %, unos 164 millones de lempiras, de su presupuesto vigente de acuerdo a la plataforma Honduras Inversiones. De acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), hasta julio del 2023 la administración central ejecutó apenas un 35 % del presupuesto aprobado para este año.

 

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Mena también apuntó al poder legislativo: «Hay que ser más conscientes sobre qué representa la agenda cultural; para muchos políticos la agenda cultural es el cuadro de danza del 15 de septiembre». La legisladora por el PSH además añadió «miro que hay una oportunidad en la cultura de utilizar herramientas, presupuestos ciudadanos para proyectos específicos», refiriéndose a proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula.

En el marco de la FIL SPS se realizaron talleres, charlas, lecturas de cuentos para la niñez. Foto CC/Amilcar Izaguirre

José Balaguer, director del CCET, expresó la necesidad de una Ley de Cultura, y también la de descentralizar la cultura, pues considera que «solo está en Tegucigalpa», ciudad en la que desde hace nueve años el CCET organiza una Feria del Libro en el marco del Día del Idioma y del Libro.

 

En ese sentido el abogado y diputado por Libre, Ramón Barrios, adelantó la creación de una Ley de Cultura, y añadió: «Tenemos que entender la realidad del país; en este presupuesto [General de la República], de cada 100 lempiras, 52 van a pago de deudas». Barrios también señaló que, ante los altos índices de pobreza en el país, el desarrollo cultural no es una prioridad.

 

Ante esta afirmación del diputado Barrios, el director de la Dirección de Cultura de la UNAH, Mario Mejía, replicó con una pregunta «¿Qué pasa con el desarrollo simbólico? ¿Eso quiere decir que las personas no van a tener desarrollo cultural porque no tienen qué comer?». 

 

Fátima Mena expresó a Contracorriente que una iniciativa como la Ley de Cultura se quedaría «estancada», pues el Congreso Nacional se encuentra en una «situación realmente atípica, una crisis institucional profunda», y también dijo que en este conversatorio es la primera vez que escuchó acerca de una posible Ley de Cultura.

 

«Asumo que es con la Secretaría [Secapph], o que lo están trabajando de forma individual y que no se han tomado en cuenta ni las bancadas, ni las comisiones porque realmente no hemos escuchado mayor socialización» concluyó Mena.

 

Tras el conversatorio, Armando Maldonado, de Ediciones Malpaso, expresó que estas políticas culturales deben ir acompañadas de políticas educativas, pues «dentro del pensum académico de las escuelas, institutos y universidades no hay herramientas que se le den a los muchachos para poder fomentar esta sensibilidad hacia los lenguajes culturales». Sumado a una reestructuración curricular en la educación, Maldonado agregó que las políticas culturales deben verse como un «proyecto de nación» y que no sean «políticas que vayan a funcionar solo estos cuatro años y que el siguiente gobierno que venga las bote».

 

 

La labor de las editoriales independientes

 

Giovanni Rodríguez, uno de los fundadores de la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula (FIL SPS), expresó que este evento cultural «va creciendo año con año» y que no solo está mejorando en aspecto, sino que también en organización y número de expositores. En su tercera edición logró la participación de 25 editoriales, 15 librerías, y la asistencia de 54 autores hondureños y 16 de otros países. 

 

En los stands de la FIL SPS se apreció la incansable labor de las editoriales independientes de Honduras, que estuvieron el año pasado en este evento y que en esta tercera edición volvieron a mostrar las expresiones literarias de autoría hondureña.

 

Giovanni Rodríguez, director de la editorial Mimalapalabra, afirmó que su labor se orienta en dos direcciones: la primera, «el rescate de la mejor literatura que ha tenido Honduras, tanto con autores ya fallecidos como también autores contemporáneos», mientras que la segunda «tiene que ver con la producción de los jóvenes escritores en Honduras; tenemos algunos unos tres o cuatro nuevos narradores por los que estamos apostando con con la intención de darlos a conocer y que se sepa que hay buena narrativa joven en Honduras».

 

Armando Maldonado de Ediciones Malpaso, con sede en Tegucigalpa, expresó que esta editorial sigue creciendo gracias a «la generosidad del público y de los autores que confían en nuestro trabajo». Maldonado detalló que Malpaso tiene unos 35 poetas publicados en sus colecciones físicas, y más de 200 en colecciones virtuales en alianza con el Festival Internacional de Poesía de Los Confines.

Agustín Montes, autor de literatura infantil y director de la Librería Navarro, conversa con el escritor Giovanni Rodríguez en el marco de la FIL SPS. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

En la FIL SPS también se expuso el catálogo de otras editoriales independientes: Proyecto Editorial La Chifurnia, Editorial Efímera, Sofos, Ixchel, entre otras. Salvador Madrid, de la Editorial Efímera, expresó durante la segunda edición de la FIL SPS, en 2022, cómo este evento brinda sustanciales oportunidades a la «pequeña industria del libro» que las editoriales independientes están forjando.

 

No obstante, la participación de mujeres fue baja en condición de protagonistas en la FIL SPS; solo la diputada Fátima Mena participó como panelista en el conversatorio «Política y cultura en un país llamado Honduras», y al menos dieciséis mujeres participaron en presentaciones de libros como autoras o moderadoras. En contraparte, la participación masculina llegó al menos hasta cuarenta, tomando en cuenta conversatorios y presentaciones de libros.

 

En la conferencia inaugural de la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula 2023, Giovanni Rodríguez dijo que «hacía falta una feria del libro que tuviera resonancia internacional». A continuación, el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya expresó que son estos eventos los que mitigan la «falta de presencia» de literatura centroamericana en el mundo y son ese impulso interno y escaparate para mostrar un libro».

Las copiosas lluvias de comienzos de noviembre de 2023 nuevamente pusieron en evidencia la vulnerabilidad del Valle de Sula. Pese a que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ha invertido millones  en obras de contención, varias comunidades están inundadas y se perdieron los cultivos. En San Manuel, una de las  comunidades afectadas, la presidenta Xiomara Castro declaró que se están haciendo estudios para construir la represa El Tablón como solución a esta vulnerabilidad.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías: Jorge Cabrera



Desde octubre del año 2022 hasta el mismo mes del 2023, el Estado de Honduras ha invertido más de 273 millones de lempiras en infraestructura para contener inundaciones en el Valle de Sula. Informes proveídos a Contracorriente por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indican que esta institución ejecutó 90 obras con ese fin en el período mencionado. Pese a esa inversión, la lluvia inundó varios municipios del Valle de Sula durante la primera semana de noviembre del 2023.  

 

Los municipios más afectados fueron Omoa, Choloma y Potrerillos en Cortés,  Quimistán en Santa Bárbara y El Progreso en el departamento de Yoro.  La mayoría de inundaciones fueron provocadas por aguas lluvias que se acumulan por la falta de alcantarillados pluviales, pero en zonas como Choloma y El Progreso los bordos de contención fueron rebasados por las aguas de los ríos Chamelecón y Ulúa en algunos sitios.

 

Darío García, ministro de la Copeco, informó que tras el sistema de baja presión que afectó al país se registraron aproximadamente 14,000 familias afectadas, 2,878 damnificadas, 776 evacuadas y 548 albergados a nivel nacional, pero la mayoría de afectados se encuentran en el Valle de Sula. En todo el país, 212 comunidades quedaron incomunicadas, 1,150 viviendas fueron dañadas y 56 destruidas. Cinco personas perdieron la vida durante las inundaciones. 

 

El ministro explicó que los departamentos más afectados fueron Atlántida, Islas de la Bahía, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, especialmente la ciudad de El Progreso. Agregó que, según monitoreos realizados, después de las lluvias hasta un 15% de la producción del agro a nivel nacional fue afectada, pero aún no se han cuantificado las pérdidas.

 

La directora regional de la SIT, Haylin Suárez, dijo a Contracorriente que en algunas zonas del Valle de Sula hay bordos antiguos que colapsaron y no han sido reparados. En una larga conversación, explicó que construir un bordo es muy caro y que aunque en el Gobierno actual hay voluntad, los recursos son limitados. Además, mencionó que con la desaparición de Invest Honduras y la creación de la SIT, el actual gobierno empezó a trabajar en infraestructura hasta octubre del 2022. Desde entonces se han construido 92 obras en el Valle de Sula, manifestó, aunque la información recibida por parte de la misma institución a través de acceso a información pública indica que son 90.

Varias colonias en El Progreso, Yoro quedaron anegadas por las copiosas lluvias, dejando pérdidas materiales. Foto CC/Jorge Cabrera

En el proyecto de presupuesto general para el 2024, que asciende a más de 400,000 millones de lempiras y aún no ha sido aprobado, , la SIT recibirá un 87 % de aumento en la asignación de fondos —lo que equivale a más de 5 mil millones de lempiras— en comparación  con el presupuesto de 2023. En detalle, la SIT pasaría de tener un presupuesto de 6 mil 580 millones de lempiras a 12 mil 281 millones. 

 

Según Honduras Inversiones, en el 2023 hubo una reasignación de fondos y el presupuesto de la SIT quedó en casi 8,000 millones de lempiras, cuya ejecución, según el portal oficial Honduras Inversiones está alrededor del 60%. En el primer año de la administración de Xiomara Castro la ejecución de esta cartera fue de apenas 15%. En el mismo portal, la ejecución de los fondos para las obras de contención en el Valle de Sula aparece en un 50%, pero la directora regional de SIT descartó que esto sea cierto, y considera que la información podría estar desactualizada.

 

Después de la tormenta Julia que azotó el valle de Sula en noviembre del 2022, la SIT detectó que había rupturas en 142 puntos en los bordos, que ya habían sido reparados después de los huracanes Eta y Iota en 2020. Algunas de esas fallas aún están pendientes de reparación por la escasez de fondos, pero la funcionaria manifestó  que han encontrado un método barato para reforzar los bordos, que ha resultado eficiente. Ahora  están esperando que mejore el clima para intervenir unos 34 puntos que se identificaron en las lluvias a comienzos de noviembre, aseguró Suárez. 

 

La funcionaria refirió que en algunas ocasiones los bordos no ceden por la fuerza de los ríos, sino más bien por acciones de las comunidades. Contó que durante una emergencia recibió una denuncia de que miembros de una comunidad querían romper el bordo de otra aldea cercana para evitar que la de ellos se inundara. Al final, elementos de la Policía Nacional lo evitaron. Suárez relató que en otra ocasión, en Río Blanquito, una aldea de Choloma, sí  rompieron uno de los bordos, y días después pobladores de ese sector la llamaron para pedir que la estructura fuese reparada. Y otra queja, quizás más grave, es que la funcionaria asegura que hay dueños de cultivos de palma que dañan las estructuras para proteger sus cultivos: «Mire, hay palmeros que rompen [los bordos⌉ para que el agua no entre a la palma, pero se inundan las comunidades, hemos encontrado un montón de bordos con rupturas»,  denunció.  

 

Por otra parte, en algunas zonas los miembros de la comunidad sostienen que todavía hay obras pendientes. El pastor Daniel Pacheco, activista por los derechos humanos en el sector Rivera Hernández, mencionó que hay bordos sin reparación: «En la Cristo Viene [una colonia del sector], ahí fue la ruptura de Eta y Iota en el bordo de contención y eso no está reparado. Ahí solo está lo que la gente pudo hacer en su momento, pero de parte de la ciudad o del Estado, pues no hay nada», dijo.

 

Agregó que hay otro tramo en una colonia denominada Celeo González donde no existe prácticamente el bordo de contención del Canal Chotepe: “Aquí, yo no me he dado cuenta que haya mantenimiento. Es que como ahorita el Gobierno está tan metido en la pelea política  se le olvidan los votantes”, criticó.

En el mismo sector trabaja el pastor José Daniel Rivera, quien se autodenomina como veedor de las obras de contención en la zona que está realizando la SIT. Según Rivera  se está haciendo dragado en el canal Chotepe y esos trabajos habían evitado que las inundaciones fuesen mayores, pero aclaró: «o hemos terminado. Tenemos una temática bastante extensa, no solo en el canal de alivio, aquí hay graves problemas, que tiene que darles atención el Gobierno o el alcalde. Hay problemas serios, se están mitigando algunos, pero la parte que le corresponde al alcalde se ha quedado corto», aseguró el pastor.

La falta de alcantarillado para el dragado de las aguas lluvias causa que algunas casas se mantengan bajo agua en colonias como la 2 de Julio en El Progreso. Foto CC/Jorge Cabrera

En las oficinas regionales de la SIT en San Pedro Sula, la directora Haylin Suárez repitió una premisa recogida en una nota anterior en Contracorriente, mencionando que el Valle de Sula es vulnerable y en eventos extremos siempre habrá inundaciones. «El riesgo no se puede reducir a cero, pero se puede hacer obras como las que se han realizado en varias comunidades. Las obras funcionan dependiendo el fenómeno que nos ataque, pero tenemos que trabajar para proteger el Valle», expuso la funcionaria.

 

Pese a los esfuerzos descritos para la SIT y alrededor de 90 obras realizadas, la vulnerabilidad del Valle de Sula quedó evidenciada en las lluvias de los primeros días de noviembre, cuando hubo múltiples inundaciones y cuantiosos daños en el sector agro.

 

Haylin Suárez defiende la gestión realizada hasta ahora por la SIT: «Pueden venir todos los periodistas que quieran  y hacemos la gira para enseñarles punto por punto, no hay ningún proyecto inventado. Tenemos la bendición de ser un gobierno transparente y Mauricio Ramos [ministro de la SIT], quienes lo conocen saben que es totalmente honesto, y yo, es la primera vez que soy funcionaria. Nosotros no tenemos los vicios del pasado».

 

Lo que viene para el Valle

 

El Valle de Sula se encuentra ubicado en cuatro departamentos de Honduras y abarca 18 municipios, que conforman la zona más productiva e industrial del país. Se estima que el 63 % del Producto Interno Bruto (PIB) tiene su origen en la actividad económica y productiva del Valle. Además, expertos del Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDVS) consideran que el 25 % de las aguas que cae en el país desemboca en el mar a través de los ríos Chamelecón y Ulúa.

 

Para aumentar la protección del Valle de Sula contra las inundaciones, además de construir y reparar bordos, hacer dragado de los ríos y canales de alivio, también el actual Gobierno ha retomado la idea de construir represas en las cuencas de los ríos Chamelecón y Ulúa para disminuir la vulnerabilidad de la zona. Sin embargo después de casi dos años de esta administración, la iniciativa continúa en estudio y rodeada de claroscuros.

 

La presidenta Xiomara Castro, en una visita a San Manuel, Cortés, donde se reunió con los alcaldes de San Manuel y La Lima para hablar de la emergencia provocada por las lluvias, se refirió a la construcción de las represas: «Creo que como pueblo debemos de mantener muy claro el interés del pueblo. Lo que hoy vivimos, lo hemos vivido todos estos años porque no se actúa con el compromiso para resolver el problema, porque el asunto no es mitigar, es resolver. Hace 12 años en el Gobierno del presidente Zelaya se hizo toda una estrategia para la construcción de las represas Jicatuyo, Los Llanitos y el Tablón; todo eso está parado».

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitó San Manuel, Cortés, uno de los municipios afectados por las lluvias. Foto CC/Jorge Cabrera

Mencionó que se están haciendo los estudios para construir estas represas porque los que existían ya estaban desfasados, y ahora los están actualizando para que en esta administración se puedan dar los primeros pasos para construir la represa El Tablón en la cuenca del Río Chamelecón, «pero estamos actuando con toda la responsabilidad», dijo.

 

Castro también mostró satisfacción de recibir una retroalimentación positiva de las obras realizadas durante su gobierno para la contención de inundaciones. Expuso que se han encontrado filtraciones que serán reparadas apenas las lluvias lo permitan (el jueves 9 de noviembre todavía llovía). Agradeció la articulación de esfuerzos de las instituciones y sociedad civil. Ese día se reunió con Arturo Castro, de San Manuel, y Santos Laínez, de La Lima, ambos alcaldes del partido Libertad y Refundación.

 

En entrevista para Contracorriente, la directora regional de la SIT, Haylin Suárez, al ser consultada sobre la inversión que necesita el Valle de Sula en obras de infraestructura, respondió: ««La gente no entiende que es una inversión millonaria. Yo solo le voy a decir que 3,000 mil millones para el Valle de Sula, no es nada; hay que hacer bordos, canalizaciones, dragados, etc. Es que no se ha invertido, el Valle de Sula está descuidado. Todos los ríos azolvados. ¿Hace cuánto no se miraba que se estuviera dragando el Chamelecón? Hacía años».

Según la funcionaria, entre octubre del 2022 y octubre del 2023 la SIT invirtió más de 300 millones de lempiras en obras de contención en el Valle de Sula, los cuales fueron insuficientes, aunque ella no lo dijo explícitamente. «Nosotros quisiéramos hacer todos los bordos que hacen falta, todos los dragados que hacen falta… La presidenta tiene voluntad política, pero ¿el dinero para invertir?», se preguntó.

 

 

Un show en El Progreso

 

Había cientos de personas observando a una máquina lidiar con montañas de lodo. Un nutrido operativo de la Policía Nacional había provocado atascamiento de vehículos. Ahí, usando botas de caucho también andaban ministros, viceministros y otros funcionarios. Ese día, el 8 de noviembre, se había anunciado la llegada de la presidenta Xiomara Castro a El Progreso, en el norte de Honduras. La noticia se había extendido. Su visita estaba programada para que tuviera lugar en la colonia Castro Zelaya de esa ciudad; desde esa comunidad afectada por aguas acumuladas, la mandataria iba anunciar una serie de medidas para mitigar los daños que dejaron las lluvias de los primeros días de noviembre. Pero la presidenta no llegó.

 

El mal clima impidió que el helicóptero en el que se transportaba la presidenta continuara el vuelo hasta llegar al Valle de Sula. Según el ministro Octavio Pineda, la aeronave retornó a Tegucigalpa por indicaciones de las Fuerzas Armadas. Ahí se quedaron cientos de personas esperando la llegada de la presidenta.

 

Al final, el despliegue de seguridad y desplazamiento de altos funcionarios terminó en un  alboroto, con el ministro Octavio Pineda hablando de las soluciones para la colonia Castro Zelaya, donde decenas de casas se inundaron por aguas lluvias acumuladas. Pineda mencionó a los medios de comunicación que en la colonia en mención se construirá una caja para evitar el reflujo de aguas y que se reubicará a las familias que así lo necesiten, en colaboración con la alcaldía de El Progreso.

Cada año cientos de familias tienen pérdidas en sus bienes por las lluvias o por los desbordes de ríos en la zona norte de Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera

¿Por qué la Castro Zelaya?, le preguntó un comunicador local al ministro. «Es una instrucción desde Casa de Gobierno», dijo el funcionario, y agregó: «Pero no solamente esta colonia, sino también los campos bananeros y otros lugares. Son finitos los recursos e infinitas las solicitudes. Nosotros estamos priorizando», dijo. Y en eso último, Pineda tiene razón. Las vulnerabilidades del Valle de Sula y otras zonas del país son gigantescas. Y la mayoría no están resueltas.

 

Según datos proporcionados por la SIT a Contracorriente, en el Valle de Sula se han invertido más de 270 millones de lempiras en estructuras de mitigación de las inundaciones; sin embargo cinco días de lluvias desataron una emergencia en municipios como El Progreso (Yoro), La Lima, Potrerillos, Omoa (Cortés) y Quimistán (Santa Bárbara).

 

Pese al despliegue de funcionarios y el discurso de ayuda, los pobladores de la colonia Castro Zelaya y sus alrededores no recibieron el apoyo que esperaban. Se levantaron registros en las que se incluyeron cerca de 350 familias, aunque en un recorrido por la comunidad del equipo de Contracorriente, varias personas confirmaron que en la colonia solo viven entre 40 o 60 familias. La mayoría están esperando que resuelvan la tenencia de las parcelas en la colonia, pues es una invasión.

 

Una de las personas que quedó esperando fue Yobany Dubón, un hombre de 74 años, cuya casa iba a ser visitada por la presidente Xiomara Castro. El anciano mostró a las cámaras su vivienda de madera, con el piso lleno de lodo y precarios muebles: “esperamos que la presidenta se dé cuenta de la situación que vivimos nosotros los pobres”, dijo.

Un poblador señala los daños causados a su casa de habitación luego de quedar inundada por las constantes lluvias. Foto CC/ Jorge Cabrera

Dubón contó que durante los tres años que ha vivido en la Castro Zelaya (que según otro grupo de vecinos se llama Alturas Celestiales) ha tenido que lidiar con las inundaciones. «Tenemos fe que con lo que se está haciendo tengamos un poco de tranquilidad», dijo, esperanzado, mientras dos máquinas removían montañas de lodo en una de las calles de entrada de la colonia.

 

Don Yobany ese día esperaba de la mandataria una promesa: ⧙«La presidenta puede porque ella tiene facilidades. Yo estaba viendo informaciones, no sé si fue Taiwan o Estados Unidos que ofrecieron ayuda de 150 millones de dólares; ella puede ayudar a cualquier pobre que tenga una necesidad como yo». Esas mismas esperanzas albergan miles de personas que viven en el productivo y vulnerable Valle de Sula. 

El Congreso Nacional es la mayor fuente de polarización en el país actualmente. Una serie de hechos han desembocado en una crisis que afecta la gobernanza del país, especialmente la elección de nuevas autoridades en el Ministerio Público y otros altos cargos que están pendientes. Contracorriente realizó un X Space para tratar de responder a la pregunta: ¿hay salida para la crisis legislativa?

 

Texto: Allan Bu

Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

 

Bien dice un adagio popular: lo que mal comienza, mal acaba. Hasta ahora, a casi dos meses de cumplir dos años en funciones, el Congreso Nacional de Honduras no le ha fallado a este axioma de la sabiduría popular. El 21 de enero del 2022, en la instalación del nuevo parlamento hondureño hubo empujones, gritos, insultos y hasta patadas.

 

En el momento en que Jorge Cálix, que había sido electo con 83 votos como presidente de la junta directiva provisional, prestaba juramento con Leonel Ayala –ministro de Gobernación en ese momento— el diputado Rasel Tomé, como si fuese un experto en artes marciales, le asestó una patada a Cálix. Ambos son miembros del partido Libertad y Refundación, que ganó las elecciones en noviembre del 2021. 

 

Después, el mismo Rasel Tomé, sin tener las facultades para hacerlo, fue quien tomó juramento como presidente a Luis Redondo, que en ese entonces pertenecía al Partido Salvador de Honduras, y solo tenía 44 votos de diputados propietarios a favor. Después de dos reuniones paralelas, una en el Congreso Nacional y otra en un lugar cercano a Tegucigalpa, denominado Bosques de Zambrano, Redondo quedó como presidente del Congreso, en una elección donde votaron más suplentes que propietarios

 

En la oposición no han dejado de señalar que Redondo está al frente de una junta directiva «ilegal». En el Congreso son frecuentes los gritos, golpes, cohetes, pero sobre todo, y lo que más daña a Honduras, la falta de consensos. En el segundo semestre del 2023, las controversias se agudizaron después de la  fallida elección del fiscal general. En esta ocasión no hubo acuerdos para dejar a los tres partidos mayoritarios contentos. A diferencia de la elección de la Corte Suprema de Justicia, en la que el Partido Libertad y Refundación obtuvo seis magistrados, el Partido Nacional cinco y los liberales cuatro; en el Ministerio Público solo hay dos cargos por elegir.

Miembros de la policía antidisturbios forcejean con los seguidores del partido Libertad y Refundación en las afueras del Congreso Nacional durante la elección de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Foto CC/ Fernando Destephen

Tras varios intentos fallidos de encontrar una fórmula que estuviera acorde con los intereses de las cúpulas de los tres partidos mayoritarios en el Congreso, se llegó al 31 de agosto de 2023, fecha en la que finalizaba el segundo período de Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público (MP); este dejó su cargo y tres días después se fue a Nicaragua. Al frente del MP quedó el fiscal adjunto Daniel Sibrián, no reconocido en funciones por el partido oficialista. 

 

En septiembre y octubre hubo parálisis legislativa; la junta directiva encabezada  por Luis Redondo no convocó a ninguna reunión, aunque la ley establece que el Congreso debe sesionar tres veces por semana. La razón que esgrimió la bancada oficialista para la suspensión de sesiones fue simple: sin consensos para la elección del fiscal, no habría sesiones legislativas. Y así fue, ante la pasividad de las bancadas de oposición.

 

Pasaron dos meses en los que no hubo acuerdos, solo declaraciones de uno y otro bando. Las acusaciones sobre la pretensión de controlar el MP alejaron más los acuerdos. Llegó el 31 de octubre de 2023, fecha contemplada en la ley para que se cierre la legislatura. Así lo hizo Luis Redondo, y también nombró una Comisión Permanente. Pero antes de la medianoche de ese día, la oposición, con más de 65 diputados, se reunió y extendió el período ordinario de sesiones. Según abogados constitucionalistas, ambas acciones están contempladas en la ley. 

 

Ese  31 de octubre, el diputado del PN Antonio Rivera Callejas apareció en un video con la cara ensangrentada, después que militantes del partido de gobierno lanzaran objetos a los congresistas de oposición, quienes se reunían en los bajos del hemiciclo. Ese día también circuló un video donde aparece el diputado nacionalista Mario Pérez amenazando con arma de fuego a un miembro de la seguridad del Congreso. Así se ha ido agudizando una crisis que no parece tener final, porque los frentes encontrados no exhiben ningún interés en negociar. 

 

Inmersos en el zafarrancho, la Comisión Permanente que nombró el Congreso, compuesta por nueve diputados, nombró de forma interina a Johel Zelaya y Marcio Cabañas, como fiscal general y fiscal adjunto. Además, interpuso denuncias contra Iroshka Elvir, Suyapa Figueroa y Marlon Lara, quienes presidieron las sesiones alternas de la Comisión Permanente. El martes 21 de noviembre de 2023 hubo nuevamente dos sesiones. Esa es la realidad del hemiciclo legislativo, totalmente dividido. 



Sin diálogo

 

En el X Space organizado y moderado por Contracorriente, el analista Leonardo Pineda opinó que los políticos deben «empezar a deponer las posiciones intransigentes, a veces hasta incoherentes de uno y de otro lado» para comenzar a pensar en Honduras, pues no se puede «estar viviendo de ese pasado, hay que aprender para que el presente sea mejor».

 

Para la conversación también fueron invitados congresistas: Ligia Ramos, quien recientemente renunció al Partido Salvador de Honduras y se declaró diputada independiente; María Antonieta Mejía (Partido Nacional) y Ramón Barrios (Libertad y Refundación), quienes expusieron sus puntos de vista, en su mayoría distantes unos de otros, reflejando la polarización que vive el país.

 

La diputada Ligia Ramos manifestó que es importante ver desde otras perspectivas lo que está pasando en el Congreso Nacional: «Esto es algo mucho más profundo de lo que aparenta ser. La falta de diálogo tiene que ver tanto con intereses de partidos políticos como intereses de grupos que necesitan impunidad».  Agregó que cuando se habla de defender la democracia hay que revisar las posturas democráticas de cada bancada del CN, donde ella considera que «se obliga a los miembros a tener una línea política. Desgraciadamente tanto en Libre como en el Partido Nacional tienen líneas trazadas».

Diputados del Partido Nacional reunidos durante una sesión ordinaria, una de las últimas antes de la crisis parlamentaria. Foto CC/ Jorge Cabrera

La diputada Ramos precisó que, en el caso de la bancada nacionalista, «están siendo manejados por líderes políticos que todavía están dentro de procesos judiciales; hay 18 expedientes judiciales activos y hay casos que están por presentarse. Si tenemos diputados que son juez y parte en el momento de escoger a un fiscal independiente, vamos a tener conflictos porque se va a querer imponer a la persona que le puede dar impunidad. Y lo mismo pasa con Libre, quieren asegurarse una persona que sea políticamente afín».

 

Ramón Barrios, parlamentario oficialista, explicó que en el marco jurídico la Comisión Permanente es una figura que aparece en la Constitución, y que dentro de sus atribuciones está nombrar de forma interina a funcionarios, así que el nombramiento de Johel Zelaya y Marcio Cabañas «está de acuerdo a la Constitución». Tampoco aceptó que el fiscal interino se plegue a los intereses de Libre; lejos de eso, aseguró que es de filiación liberal.

 

En cuanto a las negociaciones, el diputado por Cortés recordó que antes de este Congreso llegar a los acuerdos era menos complicado, porque en el escenario solo había dos fuerzas políticas y con facilidad se ponían de acuerdo; ahora, en cambio, hay cuatro partidos con representaciones grandes en el Congreso. Esto no es del todo cierto, pues si bien el Partido Liberal y PSH tienen 30 diputados en conjunto, estos no son determinantes para la toma de decisiones, pues en la suma Libre y el PN hacen 93 votos. No obstante, en estos partidos es donde nace la mayor polarización y cualquier decisión que requiera mayoría calificada (86 votos) no puede tomarse, si una de estas dos instituciones políticas no está de acuerdo. 

Una salida

 

Siguen las acusaciones y las sesiones paralelas en el Congreso Nacional. Incluso durante el debate en X, Ramón Barrios y María Antonieta Mejía cruzaron palabras y reflejaron qué tan distantes están los puntos de negociación. Pese a estas posiciones antagónicas, en el espacio se conversó sobre la posibilidad de llegar a caminos comunes.

 

La diputada María Antonieta Mejía afirmó que para negociar hay mucha desconfianza en la voluntad del partido de gobierno para cumplir con los acuerdos. «Hay desconfianza, arbitrariedades  y abusos», dijo, y agregó que habitualmente en las mesas de negociación se dice una cosa, pero cuando toca hablar en público «cada uno salva su pellejo». Por eso propuso que haya una intermediación en el conflicto. «Estamos invitando a nivel nacional e internacional [a que haya] un mediador que pueda llevar la fiesta en paz y que pueda ser testigo de honor de lo que ahí se plasme», dijo. 

 

Ante la pregunta sobre la posibilidad de encontrar acuerdos para resolver el entuerto de la elección del fiscal y otras decisiones trascendentales para el país, Barrios contestó que «sí hay una salida política» y que su partido está de acuerdo con que este funcionario debe ser elegido con 86 votos. Además, manifestó que todos los partidos están de acuerdo con que la elección sea entre los cinco candidatos que envió la junta proponente: «Estamos de acuerdo en esas dos cosas, que son un punto de partido para las conversaciones», destacó. 

 

Para el representante por el departamento de Cortés, una solución puede ser que diputados y diputadas comiencen a reunirse entre ellos para encontrar puntos de acuerdo. «A lo mejor las propuestas no vienen de arriba hacia abajo, sino que fluyan de abajo hacia arriba. Tengo firme convicción que nos vamos a poner de acuerdo,más temprano que tarde. Creo que ya tenemos las dos premisas iniciales». 

 

La doctora Ligia Ramos propuso ir por la vía de la «meritocracia» para desenredar la madeja en la elección del fiscal general, que por ahora, es la manzana de la discordia. Y en caso de tomar esa vía, la diputada piensa que la elegida debería ser la abogada Jenny Almendares, «quien aparentemente tiene cierta independencia porque no se ha visto como activista de ninguno de los partidos políticos. Creo que sí hay una salida, pero hay mucho ego, odio y malestar. Hay una polarización que se ha venido construyendo con lo de la Ley de Justicia Tributaria, todo esto se ha ido polarizando para evitar ciertos cambios que necesita el país», mencionó Ramos, refiriéndose a la ley que confrontó a la empresa privada con el Gobierno.

 

Por último, la diputada ahora independiente reafirmó la idea de sentarse a dialogar y buscar la salida que el país merece, y que los congresistas «debemos anteponer los intereses del país, disminuyamos los egos y la polarización para  seguir con la agenda legislativa». 

 

El analista Leonardo Pineda espera que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en el primer día de la tercera legislatura para nombrar un fiscal en propiedad, y coincidió con la diputada Mejía en que si las cúpulas no pueden encontrar caminos comunes, se deben buscar interlocutores, «engo mucho respeto por personas como el padre Melo [Ismael Moreno], que son ecuánimes, que no se parcializan. Hay que buscar una solución», recalcó.

Las celebraciones por los resultados de las elecciones más votadas de la historia reciente de Honduras, en noviembre de 2021, se revivieron con la euforia que produjo  la captura del expresidente Juan Orlando Hernández en febrero de 2022, ahora enjuiciado por narcotráfico en los Estados Unidos. Pero el sabor dulce de una posible salida de la prolongada crisis política hacia un periodo de construcción de democracia rápidamente se fue tornando amargo, un cambio que inició en el Congreso Nacional desde el primer día de su nueva administración.

 

Sin duda, los problemas estructurales de Honduras merecen acciones contundentes; la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia no se combaten con retórica ni con programas asistencialistas —eso ya está sobradamente demostrado—, sino con políticas públicas focalizadas y de largo plazo, y con reformas en la administración de justicia orientadas a la transparencia e independencia política de esa función del Estado.

 

La democracia no es un modelo perfecto y tampoco una utopía. Es un proceso político e institucional de mejora continua que depende de la voluntad y acuerdo de la clase política y actores clave de la sociedad en cuanto a que, pese a sus diferencias y desencuentros, la única y absoluta forma de lidiar con los conflictos políticos es a través de las reglas democráticas. Esto, en el entendido de que la clase política y los actores clave de la sociedad comprenden y actúan coherentemente con el hecho de que su legitimidad y la confianza de la población dependen de que las decisiones se apeguen a las reglas establecidas, abierta y transparentemente. De tal manera, esa población confía en que quien responde a sus demandas es una institución y no una personalidad, un caudillo, que tarde o temprano, hace lo que quiere con el Estado.

 

Y en eso, la clase política hondureña ha fallado y lo sigue haciendo. Muchos de los problemas que sufre la mayoría de hondureñas y hondureños son los síntomas de un cáncer que está oculto: la cultura política autoritaria de una clase política que siempre ha torcido las leyes a su conveniencia para saquear el Estado y concentrar poder. No es una cuestión de ideología, ya que quien ejerce puestos públicos en Honduras, sea de derecha o de izquierda, lo hace desde la posición del «más vivo, el más fuerte, el más rápido».

 

La cultura política tradicional de los hombres fuertes, gritones, violentos y fanáticos del gran líder se expresa en lo que se conoce como caudillismo. Como quien aprende a usar una nueva herramienta, los caudillos aprendieron a usar las instituciones democráticas para reafirmar su continuidad, cambiaron todo para no cambiar nada. Juan Orlando Hernández no solo fue caudillo, también fue capo y dejó bien arraigadas unas costumbres políticas en el Estado y la sociedad, como el clientelismo, la corrupción, la impunidad y la violencia, que no eran nuevas, pero que supo utilizar bien para mantenerse autoritariamente en dos períodos presidenciales.

 

Luego llegó Libre, con un discurso refundacional, que muchos creyeron que trataba de transformar de manera radical la cultura política dominante tanto dentro del Estado como en la sociedad, con el fin de construir una sociedad democrática. Pero no ha sido así. Los procedimientos políticos del gobierno actual y su partido han reproducido la lógica de imponer a gritos, golpes y tergiversaciones legales su agenda refundacional.

 

Fue muy sabia la decisión de la población de no dar a Libre todo el poder en el Congreso, puesto que lo iba a tener en el Ejecutivo. Sabiduría popular de pesos y contrapesos fundamentales para la democracia. La refundación de Libre debió haber respetado esa decisión popular. Sin embargo, eso no ha ocurrido y un breve repaso de los hitos legislativos lo demuestra.

 

Desde el primer día de la nueva gestión legislativa se violentaron las reglas institucionales y se impuso, literalmente a patadas, una junta directiva presidida por un diputado que inició en ese momento su carrera al estrellato caudillista. Posteriormente, se violentaron nuevamente los procedimientos formales con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, expandiendo así no solo la desconfianza en los tomadores de decisiones, sino también la centralización del poder político ya conocida en administraciones políticas anteriores. Y ahora, se eligió a las autoridades del Ministerio Público mediante una retorcida interpretación de las prerrogativas legales de la junta directiva del Congreso Nacional. En todos los casos hubo gritos, golpes y movilización de fanáticos incautos para aumentar la bulla que alienta a los jugadores de cada bando.

 

Ante estas afrentas, la oposición ha hecho lo que mejor sabe hacer, es decir, lo mismo: gritar más, violentar más, radicalizarse más. El Bloque Opositor Ciudadano (BOC) ha peleado por su derecho a la manifestación y protesta debido a los antecedentes recientes en los que algunas manifestaciones de descontento fueron violentamente confrontadas por colectivos de Libre, convocados por la presidenta Castro, por miembros de su gabinete, por diputados y líderes tradicionales de Libre. Sin embargo, la propuesta que el BOC enarbola no es democrática. Recientemente han adoptado una réplica tropical del recién electo presidente Milei, representante de una extrema derecha agresiva y negacionista de la democracia y los horrores vividos en ese país durante la dictadura militar. A esto se suma que sus líderes son reconocidos personajes de la política tradicional hondureña, señalados y acusados por corrupción pública.

 

La población hondureña no experimenta la refundación de la cultura política. Gobierno y oposición recurren a las viejas prácticas políticas que han impedido que la democracia prospere en el país. Sus principales líderes políticos centran todos sus esfuerzos en buscar la cancelación y erradicación de quien difiera de sus posiciones, todo contra los cachurecos o todo contra los zurdos. La suma cero es la única opción viable: si un bando llama al diálogo, el otro llama también a lo mismo. Ambos esperan la sumisión del otro; si uno llama a manifestación pública, el otro también. Ambos movilizan a sus bases como un llamado a la batalla para demostrar de uno y otro lado que «nos tuvieron miedo».

 

La población que participa de esos eventos –torneos de gladiadores– se puede contar por miles sin llegar a una decena de ellos. Regresan luego al lugar de donde salieron, ese barrio conflictivo, empobrecido, con expectativas frustradas, pero revitalizados en el afán de rechazar y aplastar al otro, al del otro equipo de fútbol, al del otro partido político, al del otro lado de la frontera invisible, al del otro barrio.

 

El resto, el gran resto de la población, sigue igual. Observa los eventos como el vergonzoso espectáculo político que son, es indiferente y cambia el canal de televisión para ver una mejor telenovela, o simplemente sigue su camino de salida del país, porque aquí la democracia nunca echó raíces; ni en la clase política, porque no les ha sido útil para concentrar el poder y permanecer en él, ni en la ciudadanía, porque nunca logró vivirla en el día a día de su sobrevivencia.

Las últimas dos administraciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) utilizaron su poder para favorecer el polémico proyecto de una represa que derivó en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. En la administración de Dante Mossi, el Banco vendió al por menor la deuda del proyecto, en una trama en la que el empresario Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida y amigo de Mossi, terminó como nuevo dueño del financiamiento. Con 500,000 dólares de esa deuda, el BCIE financió un proyecto de Ley de Consulta Previa que planeaba facilitar el camino a los generadores privados de energía con al menos 115 contratos, incluyendo el reinicio del proyecto Agua Zarca. Las comunidades impactadas por los proyectos siguen resistiendo y la violencia prevalece en ellas.

Texto: Fernando Silva
Con reportes de Daniel Valencia
Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

 

El 29 de marzo de 2016, el Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) descubrió que su presidente ejecutivo, Nick Rischbieth, había autorizado modificaciones al proyecto de la represa Agua Zarca sin contar con la aprobación del directorio, lo cual suponía una violación a las normas internas y la paralización misma de la obra. Sin embargo, el descubrimiento se hizo demasiado tarde; el 3 de marzo, 26 días antes, el conflicto que había generado la construcción de la represa ya se había cobrado la vida de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada a tiros en su casa por un escuadrón de sicarios.

El descubrimiento del Directorio, junto al golpe que significó el crimen para la reputación del BCIE, provocó la suspensión inmediata de desembolsos. Un mes después, la calificación crediticia de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, cayó en valores negativos, y para julio de ese año el BCIE se vio obligado a suspender el proyecto.

Informes internos a los que tuvieron acceso Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Contracorriente y Redacción Regional, revelan que las últimas dos presidencias ejecutivas del banco maniobraron para favorecer a las empresas que han intentado culminar el proyecto de la represa, pese a la oposición de las comunidades indígenas. En la administración de Rischbieth, el banco no solo entregó una obra de más de USD 24 millones a una empresa inexperta, vinculada a un exdirectivo del BCIE y a la familia Atala, una de las más poderosas de Honduras, sino que además modificó el proyecto a conveniencia de DESA.

Luego, a finales de 2018, cuando el proyecto comenzaba a convertirse en un activo sin futuro, la nueva administración dirigida por Dante Mossi retomó una campaña para revitalizar la obra, por medio de la venta de la deuda a una empresa europea que, más tarde, cedió sus acciones en una trama que convirtió a Guillermo Bueso —dueño del Banco Atlántida de Honduras y de quien Mossi confirma ser amigo— en el nuevo propietario del crédito otorgado para la construcción de Agua Zarca.

Cabe mencionar que el grupo bancario que dirige Bueso es conocido por haber obtenido la concesión de 14 subcuencas de ríos en Honduras para la explotación de generación de energía y captación de agua para consumo privado.

En la era Mossi, con los USD 500 mil obtenidos en la venta de la deuda, el BCIE financió al gobierno de Honduras para impulsar una Ley de Consulta Previa que busca superar las prohibiciones del Convenio 169 de la OIT para reiniciar el proyecto y potenciar otras apuestas en generación de energía renovable en toda Honduras, incluido el financiamiento de la Hidroeléctrica El Tornillito, en la que el BCIE proyectaba invertir 150 millones de dólares.

 

Los secretos del río Gualcarque

En febrero de 2012, meses antes de que el BCIE aprobara el préstamo de 24 millones de dólares en favor de la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico, todo el planteamiento inicial cambió en relación al aumento de la potencia de generación de energía que se había propuesto (16 mw a 21.7 mw), la ubicación de la casa de máquinas, la altura de la cortina de agua y la longitud de la tubería de conducción de agua.

Según el requerimiento fiscal que el Ministerio Público de Honduras presentó por el caso Fraude sobre el Gualcarque, estos cambios ameritaban el trámite de una nueva licencia ambiental que no se hizo, por lo que la Fiscalía acusó a 16 personas, entre ellos funcionarios y Roberto David Castillo quien fue presidente del consejo de administración de DESA.

Sin embargo, este caso no fue el único con irregularidades con respecto a los cambios realizados en el proyecto por el que Berta Cáceres fue asesinada.

Tres años más tarde, el Banco autorizó el «cambio en la ubicación de ciertas partes de la construcción del margen izquierdo del río» en el proyecto Agua Zarca sin la venia del Directorio. Según un informe de auditoría, el cambio fue sugerido a Nick Ricshbieth  el 18 de mayo de 2015, por escrito, por Luis Marin, jefe del Sector Privado y Operaciones no Soberanas, y Horacio Leiva, gerente de país del BCIE por Honduras. Según ese informe fue Rischbieth quien autorizó el cambio.

En los planos originales, el proyecto se desarrollaría en la margen derecha del río Gualcarque, «con una represa ubicada en la unión de dicho río con el Río Blanco…».  La represa comenzó a construirse a inicios de 2013, pese a la fuerte oposición de las comunidades ubicadas en la zona, además de las protestas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (Copinh), del que Berta Cáceres era coordinadora.  

Según el informe, la empresa Carbón Ingeniería, Consultores Externos –contratados por DESA– había reportado en enero 2015 que «complicaciones de tipo social» impidieron continuar con el «cambio de la línea del proyecto» y su esquema original de construcción, por lo que se planteó un diseño conceptual alternativo para el desarrollo por la margen izquierda, que aunque tiene una longitud mayor de conducciones, permite aprovechar una caída mayor que en el esquema original», dice el informe.

Este cambio, sin embargo, tampoco fue aceptado por las comunidades, que insistían en que la obra se parara. Dos fuentes del Banco que hablaron con la condición de anonimato aseguran además que esas modificaciones violaron las normas internas que existían en ese momento en el BCIE, ya que el cambio era «sustancial», lo cual representaba un proyecto nuevo «que no era el que había autorizado el Directorio», dice una de las fuentes.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la obra y sus cambios tenían un avance financiero del 56.7 %, porcentaje del cual el Banco había aportado un total de USD 9.4 millones, mientras que el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, y la financiera finlandesa Finnfund, habían desembolsado el 98.7 % de USD 19 millones.

En enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Cáceres, una alerta de una empresa consultora externa recomendó que DESA debía «enfocarse en mejorar la seguridad física, incluyendo entrenamiento de fuerza policial» alrededor de los terrenos en los que se edificaba la represa.

Esta recomendación fue en contra de una alerta sobre el proyecto recibida dos años antes, según otro informe de auditoría del BCIE. En 2014,  DESA había sido cuestionada por alimentar las tensiones con la comunidad local, y porque su dependencia de las fuerzas militares y policiales para la seguridad en el sitio había aumentado el conflicto.

En enero de 2016, la empresa consultora también recomendó «crear una estrategia de comunicación en medios nacionales e internacionales de influencia en la opinión pública, particularmente en fuentes que tengan relación con los prestamistas».

«Mientras eso no se logre», añadió la empresa consultora, «cualquier evento menor será controlado por la Copinh y sus partidarios, dejando a DESA y a los prestamistas expuestos a riesgos reputacionales innecesarios».

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo, pero el Directorio no se reunió sino hasta finales de ese mes. En esa reunión, los representantes de los países fundadores del Banco y de países accionistas fueron informados de todos los cambios en el proyecto. Al enterarse de las modificaciones, la decisión fue inmediata.

«En la sesión de Directorio de marzo de 2016, además de la decisión de suspender desembolsos, la principal preocupación (…) fue el hecho de que el diseño del proyecto cambió sustancialmente y que ese evento no fue conocido / aprobado por el Directorio, así como la duda de que, a pesar del cambio, se mantuvo el PGI original», reseñó en un informe de abril de 2016 el auditor del Banco.

Los desembolsos cesaron el 11 de abril de 2016, y además se hizo una reclasificación crediticia a DESA de SCR-4, «con perspectiva estable», a «SCR-5, con perspectiva negativa».

«La justificación para la reclasificación radica en la determinación del FMO y del BCIE de suspender temporalmente los desembolsos producto de las protestas que se han generado por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a raíz de la muerte de su coordinadora», escribió el auditor del Banco en un informe presentado al Directorio.

En ese mismo informe, aunque el auditor reseñó que las aprobaciones hechas por el presidente ejecutivo del Banco tampoco fueron compartidas con el Comité de Crédito —un requisito que establecía el Banco para estos procesos—, resolvió que la resolución emitida había sido «procedente» y recomendó continuar con la obra. El auditor de la era Rischbieth avaló la continuidad del proyecto, aún y cuando dejó por escrito otra anomalía: las aprobaciones para modificar la obra no fueron «registradas en una resolución de presidencia, lo que dificulta la trazabilidad y auditoría de las operaciones».

Rischbieth no respondió a las preguntas enviadas por los periodistas. El gerente Ríos no quiso responder a la solicitud de comentarios y pidió que se buscara información del caso en el BCIE. Al cierre de este reportaje fue imposible obtener respuestas de Marin. 

El auditor también reseñó en su informe que el BCIE no hizo nada para frenar las alertas que pendían sobre la obra. «A pesar de que en todos los informes de supervisión ambiental se presentan recomendaciones que atender, algunas catalogadas como “urgentes”, no encontramos una valoración interna del BCIE (de la gerencia de país o de cualquier otra área técnica que recibe y conoce estos informes), en términos de riesgos del proyecto; es decir, si las recomendaciones revelan riesgos no previstos, o si dichos riesgos son manejables, aceptables o tolerables (conscientemente)», expuso en su informe.

Para julio de 2016, los dos coinversionistas del BCIE se retiraron formalmente del proyecto y ese mismo mes se suspendió la construcción de la obra. La puja del BCIE por Agua Zarca, sin embargo, no pararía.

Los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) queman a las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una fotografía de Roberto David Castillo Mejía acusado del asesinato de Berta Cáceres. Foto CC / Fernando Destephen.

Mossi y el destino del «activo tóxico»

Dos años después del asesinato de Berta Cáceres, el proyecto Agua Zarca continuaba suspendido. Su potencial, sin embargo, mantenía interesados a los inversionistas hondureños. Desde 2012, la apuesta central del proyecto había sido la creación de una Central Hidroeléctrica de 21.3 MW, con una generación promedio anual de 94.1 GWh. «Funcionando, es una inversión muy rentable, pero sobre todo su aprobación abriría las puertas a nuevos proyectos similares en Honduras», dice una de las fuentes del Banco consultadas.

El 2 de abril de 2018, Guillermo Bueso Anduray, presidente ejecutivo de Banco Atlántida, sirvió de intermediario entre Nick Rischbieth y Yann Tarabori, director de Swiss International Wealth Management  (SIWM). Bueso reenvió una carta de Tarabori en la que expresaba el interés de la empresa de origen suizo por «diversos proyectos de energía renovable en América Central» y en específico por «la situación del proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, que actualmente está siendo desarrollado por Desarrollos Energéticos SA de C.V. (DESA)».

Para esa fecha, con 9.4 millones de dólares desembolsados, el BCIE era el único financista del proyecto y quería deshacerse de este, según los documentos internos, aunque también dudaba. «Aunque es incierto el desarrollo futuro del proyecto, el mismo cuenta con todos los permisos, licencias y concesiones vigentes», reseñó un informe de auditoría de febrero de 2018.

Ese mismo informe recomendó dos opciones para terminar la relación entre el BCIE y DESA: la venta a un tercero del préstamo, o la ejecución legal del préstamo, con la que el BCIE se habría convertido en «el dueño de los activos del proyecto convirtiéndose en el responsable de todas las obligaciones legales, ambientales y reputacionales, recibiendo a su vez toda la presión mediática».

El Banco optó por la primera vía. El 24 de mayo de 2018, SIWM presentó finalmente una oferta formal para la compra del préstamo por 500 mil dólares, alrededor de ocho millones y medio por debajo de lo que el Banco había invertido hasta ese momento. En diciembre de 2018, en medio de las negociaciones, Dante Mossi asumió como nuevo presidente ejecutivo del BCIE.

En una entrevista que Mossi dio a Contracorriente relató su versión de los hechos. Aseguró que cuando llegó al Banco se encontró con una gran cartera de «activos extraordinarios», es decir proyectos fracasados con bienes físicos que por deuda u otras razones ahora pertenecían al Banco, y que entre esos activos estaba también Agua Zarca.

«Cuando encontraron un comprador, entonces pregunté quién lo compró y me dijeron que un fondo suizo; obviamente me quitaban un problema de encima, pero me pregunté qué quería ese fondo suizo», explicó Mossi.

Señaló que este tipo de fondos especializados que operan en jurisdicciones «muy, muy particulares», como SIWM, adquieren activos tóxicos, que tienen como característica algo malo y pueden comprar a un descuento muy grande, luego lo guardan y esperan si las condiciones cambian para activarlo o, si el contexto no mejora, liquidar el activo.

El 14 de marzo de 2019, el BCIE recibió una notificación sobre un acuerdo entre los accionistas de DESA y SIWM. El acuerdo implicaba la compra de las acciones de la empresa suiza a DESA, que en ese momento se encontraba en medio de una controversia tras el arresto en 2018 de David Castillo por su implicación en el asesinato de la líder lenca.

A pesar de que los documentos del BCIE señalan que se concretó ese acuerdo, en el registro mercantil de Honduras no se encuentran documentos que validen el cambio de accionistas. En el caso de DESA, Contracorriente revisó los documentos del registro mercantil para rastrear algun tipo de cambio en los accionistas de la empresa; sin embargo, el ultimo movimiento de acciones en febrero de 2014 refleja que los últimos accionistas registrados son la empresa de registro panameño Potencia y Energía de Mesoamerica (PEMSA) que dirigía David Castillo, expresidente de DESA encontrado culpable por la autoria intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y la empresa hondureña Inversiones Las Jacarandas, propiedad de miembros de la familia Atala. 

Además, tanto en PEMSA como en Las Jacarandas tampoco se registra un cambio de accionistas según los documentos del registro mercantil panameño y hondureño.

Mossi, por su lado, aseguró que el Banco hizo la debida diligencia y el control de las acciones quedó en manos del consorcio suizo.

El 18 de marzo, cuatro días después, la empresa suiza envió una carta al BCIE ratificando la compra por un monto en descuento de 500 mil dólares.

Documentos del BCIE indican que el interés del inversionista que compró la deuda radicó en resolver el caso de Agua Zarca, ya que tenía paralizados otros proyectos del sector de generación de energía en Honduras. El Banco destacaba en ese entonces que SIWM tenía «experiencia y apetito en proyectos a nivel global con cierto grado de complejidad y deterioro».  Pero SIWM, en realidad, solo intervino en la compraventa como el nodo inicial en un intercambio  entre compañías que llevó la propiedad de Agua Zarca hasta las manos de Guillermo Bueso, el empresario y banquero amigo de Dante Mossi.

Mossi afirma que es muy amigo de Guillermo Bueso y que conoce a muchos de sus socios. Su amistad, según relata, en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee; se conocieron en una fiesta de estudiantes, y Bueso no hablaba con nadie, por lo que Mossi se acercó a platicarle.

«No era muy popular; para ser franco, me dio como pesar verlo solo, entonces me fui a platicar con él. Lo divertido del caso es que yo nunca supe el apellido, me di cuenta [de] que él era Guillermo Bueso muchos años después», explicó Mossi desde su oficina en la sede del BCIE en Tegucigalpa.

Dante Mossi presidente del BCIE en Honduras atiende una entrevista con Contracorriente. Foto CC/Jorge Cabrera

En 2018, el 100% de las acciones de SIWM fueron adquiridas por la sociedad Portofino Holdings LTD, propiedad del ciudadano británico Andrew Peat, con la finalidad, según los documentos del BCIE, de servir como vehículo para la adquisición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Posteriormente, en 2019, Peat vendió la totalidad de Portofino Holdings al empresario español Fernando de Mergelina, quien forma parte de la junta directiva de Banco Atlántida en Honduras. En julio de 2021, Mergelina vendió la totalidad de Portofino a la firma The Rocket Company S.A, que tiene como administrador único y dueño al empresario y presidente ejecutivo del Banco Atlántida, Guillermo Bueso.

La amistad de Bueso y Mossi levanta sospechas sobre la transparencia y el posible conflicto de interés en la venta del préstamo al fondo suizo; sin embargo, Mossi aseguró a Contracorriente que cuando vio el nombre del director de SIWM y reconoció que era un socio de su viejo amigo Guillermo Bueso, pidió apartarse del proceso.

«Yo sabía quién era esa persona, y yo no puedo [ya no podía] ser imparcial. No sé si es bueno o es malo, pero no quería meterme; entonces, el equipo hizo la debida diligencia, y me notificaron que se compró el préstamo por medio millón de dólares», explicó Mossi, confirmando que su amigo Guillermo Bueso siempre estuvo tras esa transacción. 

Bueso no respondió a las solicitudes de comentarios solicitadas por OCCRP.

Según una denuncia realizada por Lucky Medina, actual titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banco Atlántida fue beneficiado con el manejo indefinido de 14 subcuencas de ríos a nivel nacional, con el objetivo de producir energía. Medina no especificó cuáles son los proyectos o cuencas que estaban en control de este banco, pero en un medio de comunicación local aseguró que el gobierno había anulado dicha concesión.

Contracorriente solicitó entrevistas en reiteradas ocasiones con el ministro Medina para conocer su posición sobre el papel de la banca nacional y multilateral en conflictos medioambientales; sin embargo, hasta el momento de publicación de este reportaje nuestras peticiones no habían sido contestadas.

Dante Mossi, quien terminará el 17 de noviembre su cuestionado periodo como presidente del BCIE, cuenta que su padre es del municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, la misma zona donde todavía existe la posibilidad que Banco Atlántida concrete el proyecto de Agua Zarca; sin embargo, asegura que, si él hubiese sido presidente cuando el proyecto llegó al Banco, habría rechazado otorgar el financiamiento.

«Como ahí es tan alto, de chiquito me llevaban a volar barriletes al valle de Azacualpa [en Intibucá]. Me encantaba volar barriletes», cuenta Mossi. A pesar de sus justificaciones y añoranzas, durante su gestión posibilitó el último intento de aprobación de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, que fue ampliamente rechazada por organizaciones indígenas y sociedad civil. La Ley busca aplicar el Convenio 169 de la OIT, una regulación que obliga a los Estados a reconocer la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre proyectos que les afectan.

Una fuente de alto nivel en la ENEE le aseguró a Contracorriente que el contrato de generación de energía adjudicado a DESA para el proyecto Agua Zarca se encuentra en la última etapa del proceso de rescindirse, y que el área legal de la institución se encuentra trabajando en las notificaciones para concluirlo.

 

Apoyo a una ley con dedicatoria

En abril de 2020, el BCIE anunció públicamente su desvinculación del proyecto Agua Zarca, pero eso no era del todo cierto. Según documentos a los que Contracorriente tuvo acceso por medio de una solicitud de acceso a la información pública, el BCIE financió al Gobierno de Honduras para crear la Ley de Consulta Previa hasta finales de 2020. El fondo para impulsarla provino de los USD 500 mil obtenidos en la venta de la deuda de Agua Zarca.

El 9 de agosto pasado, la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno de Honduras respondió a Contracorriente que la Secretaría de Trabajo fue órgano ejecutor de esos fondos y que estaban en proceso de realizar la liquidación.

El esquema del BCIE estipulaba una secuencia de acciones hacia la revitalización de la represa: luego de cumplirse el traslado del crédito, de que SIWM comprara las acciones de DESA y de que el Gobierno lograra la reglamentación del convenio de la OIT, comenzaría el proceso de consultas con las comunidades para reanudar la construcción de Agua Zarca.

Mossi explicó a Contracorriente que cuando consultaron al predirectorio la decisión de vender la deuda del proyecto Agua Zarca al fondo suizo, uno de los directores del Banco pidió que el medio millón de dólares que venían del proyecto que causó el asesinato de Berta Cáceres lo dieran al Gobierno de Honduras «para que no vuelva a suceder esa tragedia».

Documentos internos del BCIE a los que OCCRP, Contracorriente y Redacción Regional tuvieron acceso indican que hasta marzo de 2019, previo a firmar el acuerdo de cooperación financiera no reembolsable para promover la regulación del Convenio 169 de la OIT, solo consultaron con una organización indigena y no consideraron a otras que habían hecho incidencia sobre el tema, como el mismo Copinh y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

El pueblo garífuna, liderado por Miriam Miranda, se apostó frente al Ministerio Público para exigir la creación de una fiscalía especial para investigar la desaparición de cuatro garífunas en 2020. Foto CC/Jorge Cabrera

También consultaron al entonces presidente Juan Orlando Hernández; al sector privado, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias; al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, e incluso involucraron a la Embajada de Estados Unidos y al Banco Mundial.

Además, el Banco destinó 65,000 dólares para contratar a la firma consultora de comunicación Burson-Marsteller, una de las más grandes e importantes a nivel mundial, para el diseño de su estrategia y manejo de comunicación en crisis.

En el Congreso, la campaña por este convenio arrancó en enero de 2020, liderada por el diputado Óscar Nájera, del Partido Nacional, un viejo cacique de la política conservadora en Honduras. Nájera ha sido incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, en la lista Magnitsky del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la lista de sancionados por el gobierno británico, y su nombre aparece mencionado en los casos relacionados con el narcotráfico y corrupción que se dirimen en las cortes de Nueva York contra políticos hondureños.

En el primer trimestre de 2020, Nájera presumió haberse reunido hasta con 10 pueblos indígenas y haber logrado «consensos» para impulsar la ley. Sin embargo, fue desmentido. El 23 de enero, en los bajos del Congreso Nacional, integrantes del Copinh que fundó Berta Cáceres y de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) se manifestaron en contra de esta ley, a la que señalaron de ser una reglamentación que «legaliza el despojo de los pueblos».

La ley no fue votada ese año, pero continúa activa en la agenda del Congreso, de los políticos y los empresarios interesados en Agua Zarca y en otros proyectos similares en Honduras.

Diputados del Congreso Nacional durante una sesión legislativa. Foto CC/Jorge Cabrera

El Tornillito y un patrón que se repite

El 21 de marzo de 2021, Juan Carlos Cerros, líder indígena lenca y coordinador de la organización Comunidades Unidas, fue asesinado en su casa. Según medios de comunicación de San Antonio de Cortés, se encontraron 40 casquillos de bala alrededor de su cuerpo. Cerros era el presidente del patronato y de la junta de agua de la comunidad de Nueva Granada, pero era más conocido por su lucha contra una represa anunciada como necesaria para mitigar los daños del cambio climático en la zona norte del país.

El crimen impactó a la comunidad, pero sobre todo a la Asociación de Comunidades Unidas Pro Desarrollo Social de la Biosfera del río Ulúa, creada en 2015 para resistir, denunciar y detener la construcción de la hidroeléctrica El Tornillito, de la empresa Hidrovolcan S.A. El proyecto, impulsado por el BCIE,  desplazaría, según las denuncias, a por lo menos cinco comunidades lencas en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, y viola el convenio 169 de la OIT, ya que se ejecuta sin consultar a las comunidades.

Cerros y la asociación habían denunciado públicamente las irregularidades en la concesión a la represa; sin embargo, en diciembre de 2020 el BCIE anunció que apoyaría a la empresa Hidrovolcan con financiamiento para la reubicación de algunas familias de las comunidades afectadas.  En septiembre de 2021, tras el crimen, la empresa publicó en sus redes sociales que la construcción de la hidroeléctrica finalmente sería financiada por el mismo BCIE, sin especificar la cantidad de dinero que recibiría.

En respuesta, la organización presentó reclamos y solicitudes formales al banco para reconsiderar el financiamiento del proyecto, pero no fueron escuchados. Dante Mossi siguió anunciando en medios de comunicación que otorgarían un préstamo para el proyecto.

Mossi se contradice sobre este episodio. Por un lado, asegura que no recuerda si el BCIE analizó si el crimen de Cerros estaba vinculado al conflicto por El Tornillito, pero al mismo tiempo asegura que, según los reportes que llegaron a su escritorio, el caso no está relacionado con el proyecto hidroeléctrico.

Mossi aseguró que «el asesinato de Cerros no tenía que ver con el proyecto, sino con otra temaática ambiental y social no relacionada».

 

Otra hidroeléctrica, otra familia con poder

El Tornillito comparte una similitud con Agua Zarca: detrás de su ejecución hay una familia poderosa de Honduras. En este caso es la familia Larach, al frente del conglomerado del sector eléctrico Inversiones y Representaciones Electromecánicas (IRESA), que tiene contratos de producción de energía por más de 400 megavatios distribuidos en proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos, térmicos y de carbón. Este es el conglomerado con más contratos en el sector de producción de energía en el país.

El asesinato de Cerros, en escuetos informes policiales, fue atribuido a miembros de una pandilla. Pero para las comunidades, el móvil guarda similitudes con el caso de Berta Cáceres. Tras su muerte, organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos a nivel nacional e internacional publicaron un video póstumo en el que Cerros, con su característico sombrero, explica la problemática a la que se enfrentaban con El Tornillito.

«En el caso nuestro no hemos sido consultados, nos ha caído esto como un balde de agua fría, una sorpresa que nos ha dejado como paralizados (…). El ingeniero del proyecto nos anda diciendo que si no queremos negociar [la venta de las tierras] el agua nos va a sacar, pero ya consultamos con un equipo de abogados que nos están dando asesoría, y nosotros tenemos varias razones para que podamos reclamar nuestro derecho. Nosotros ya tuvimos acceso al Convenio 169 donde hay mucha información para que podamos reclamar nuestro derecho, porque no solo se trata de la vida de una persona, sino de varias generaciones que vienen detrás de nosotros, y aquí en nuestras tierras nosotros sabemos hasta dónde se pega bien el maíz, somos ingenieros naturales», dice Cerros en el video.

En su campaña contra la hidroeléctrica, Cerros reunió a habitantes de las comunidades de los municipios de San Antonio y Villanueva, en Cortés, y Chinda en Santa Bárbara; además, convenció a terratenientes con hectáreas de tierra que tenían que ser compradas por la empresa Hidrovolcan para que se unieran a su lucha.

Daniel Alemán fue uno de esos terratenientes. Él cuenta que, tras recibir intimidaciones por parte de la empresa para obligarlo a vender sus tierras, las cuales colindan con el lugar donde se pretende construir la cortina de la represa, se convirtió en un colaborador cercano de Cerros.

«Nosotros somos afectados en mayor cantidad, pero apelamos por gente a la que se le va a afectar su única parcela de tierra o  que se le va a quitar su única casa. Le expusimos [a la empresa] que, previo a la negociación con nosotros o con otros compañeros vecinos, que negociaran con la gente lenca y que les ofrecieran una oportunidad de mejora a sus comunidades: centros de salud, medicina, médicos, educación, empleos, pero empleos de manera permanente. Queríamos que realmente hubiera un impacto social», apuntó Alemán.

La empresa asegura que realizó socializaciones con los patronatos de cada barrio y en cada comunidad. En enero de 2021, previo al asesinato de Cerros, Contracorriente entrevistó a Karen Gallegos, gerente de relaciones públicas de Hidrovolcan, quien aseguró que habían pedido al gobierno que estableciera las reglas para la consulta pero que «lo que nos corresponde a las empresas son las socializaciones y estas las hicimos». Sin embargo, en el expediente del proyecto que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente no hay pruebas documentales de dichas socializaciones.

Daniel Alemán explica que han interpuesto varias denuncias en contra del proyecto, pero son conscientes de que su lucha es cuesta arriba. «Sabemos quiénes son los socios de Hidrovolcan y, pues, de todos es conocido que son gente con mucho caudal económico y con muchos contactos, a niveles tanto de Gobiernos locales, gobierno central, y se manejan en las esferas del Poder Judicial, del Ministerio Público; nos enfrentamos al proyecto de capital privado más grande de la región», explicó.

Adolfo Larach, el patriarca de la familia detrás de la empresa, se presenta como consejero del gobierno de Xiomara Castro en la construcción de represas, a pesar de las denuncias de las comunidades en contra del proyecto que construye sobre las aguas del río Ulúa.

El interés del gobierno en estos proyectos contrasta con los llamados de Castro durante su campaña y en su discurso de inicio de gobierno, en los que exigió justicia en el caso de Berta Cáceres y líderes ambientalistas asesinados, quienes habían  exigido la realización de consultas antes de la instalación de los proyectos.

Alemán apunta que, con una concesión de 50 años para generar energía, es lógico que no acepten que se ponga  freno a su inversión.

«El proyecto por el que doña Berta fue víctima tuvo un préstamo de 24 millones, entonces imaginemos que si su vida costó esos 24 millones, ¿cuántas vidas podrán cobrar por este proyecto si hay cientos de millones de por medio?», cuestiona.

El 30 de marzo pasado, el Banco respondió a Contracorriente que se encontraba en etapa de preparación y análisis del proyecto, y no especificó el monto que está en proceso de aprobación. En medios de comunicación, Mossi dijo que buscaba otorgar entre 200 y 600 millones de dólares al que sería el segundo proyecto hidroeléctrico privado más grande en toda Centroamérica, con una producción estimada de entre 160 y 200 megavatios de energía. La proyección era superar por mucho al fallido proyecto Agua Zarca, que pretendía producir 21.3 megavatios de energía. La última información arrojada por el BCIE en su página web indica que Hidrovolcan buscó 150 millones de dólares en financiamiento para el proyecto.

Sin embargo, finalmente el financiamiento del BCIE no avanzó. En el caso de los proyectos de capital privado, según explica el mismo Mossi, los gobernadores del BCIE tienen que presentar una «no objeción», ya que es dinero del Gobierno que pueden utilizar para obras públicas. Aunque la administración de Juan Orlando Hernández le pidió avanzar con el préstamo, la actual gobernadora por Honduras, la secretaría de Finanzas Rixi Moncada, detuvo el proceso y le dijo a Mossi que todavía no tenía autorización para ceder los fondos al proyecto de El Tornillito. Sin embargo, la solicitud de financiamiento sigue vigente y la respuesta del Gobierno no es definitiva.

«El Gobierno nos dice mañana que sí podemos proceder y vamos a hacerlo. Yo la verdad es que no he dado seguimiento, pero no me extrañaría que Tornillito consiga financiamiento por otro lado, y que no requieran nuestra ayuda», finaliza Mossi.

Mientras tanto, en las montañas circundantes al lugar donde quieren construir el proyecto, Alemán dice que esperan que el banco analice las condiciones en las que otorgará el préstamo y dé prioridad al beneficio de las comunidades.

«Es un proyecto que afecta a varias comunidades. Ya con el agua hasta el cuello me dicen los pobladores que tocará irse en alguna caravana de migrantes. Hay gente de Chinda que se fue después de los huracanes [Eta e Iota], porque le habían prometido comprar sus tierras, pero tras los huracanes les dijeron que ya no valen nada», dice.

Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografía: Fernando Destephen

 

El Congreso Nacional de Honduras sigue sin lograr un diálogo entre la Comisión Permanente liderada por Luis Redondo, creada el 31 de octubre de 2023, y las bancadas de oposición, que suman más de 65 diputados que rechazan a la comisión y llaman a un periodo de sesiones extraordinarias luego que la legislatura terminó. 

En medio de esta división fueron electos los fiscales general y adjunto interinos para el Ministerio Público, y en estos días se pretende abordar la elección de otros altos cargos que quedaron sin elegir en la anterior legislatura. La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión Permanente, Luz Angélica Smith, anunció que en la semana que viene estarán recibiendo postulaciones para optar a los cargos de magistrados en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Para más contexto: Fracaso en consensos y repartición de cuotas de poder se extiende a otras elecciones en el Congreso Nacional

La comisión designada por la comisión permanente estará conformada por 11 diputados de las distintas fuerzas políticas: Luz Angélica Smith (Libre), Rafael Sarmiento (Libre), Mario Segura (Partido Liberal), José Jaar (Partido Nacional), Karen Martínez del Partido Anticorrupción (PAC), Héctor Vidal Cerrato (Partido Liberal), Carlos Alexis Raudales (DC), Mario Amílcar Portillo (Libre), Luis Enrique Ortega (Libre), Isis Carolina Cuéllar (Libre) y Román Morán Cabrera (PSH).

Simultáneamente, las bancadas opositoras celebraron una sesión extraordinaria en el área de conferencias, en la que designaron a una comisión especial de selección para elegir a los magistrados del TSC.

Congreso Nacional dividido
Mientras la Comisión Permanente comparecía para anunciar el llamado a postulaciones para el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), las bancadas opositoras sesionaron en el área designada para la prensa en el Congreso Nacional. Fotografía CC: Fernando Destephen.

Además, las bancadas opositoras aprobaron designar a una comisión especial para la selección de magistrados para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y los comisionados de la Unidad de Política Limpia.

También aprobaron una moción exhortativa para realizar un llamado al Estado Mayor Conjunto y a la junta de comandantes para seleccionar a nuevos mandos «bajo los criterios de meritocracia».

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, explicó a Contracorriente que este llamado a las FF.AA. se hace teniendo en cuenta que los altos mandos los elige el pleno de diputados y no «solo 9».

«La comisión permanente quiere suplantar al pleno del Congreso, y eso no es legal porque el periodo de sesiones ordinarias está ampliado», dijo.

Así se desarrolló la crisis: Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos son juramentados por comisión permanente en medio de conflicto político

Lara no especificó si la comisión designada en la sesión extraordinaria para el proceso de elección de los comisionados de la Unidad de Política Limpia partirá de cero o si retomará la etapa que quedó descontinuada.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, dijo que a través de lo discutido y aprobado en la sesión extraordinaria, se está desarrollando un proceso inclusivo. Mena calificó como una «reacción» la designación de una comisión especial para la selección de magistrados al TSC por parte de la Comisión Permanente del Congreso.

«La autoconvocatoria de hoy era por parte de la oposición en donde estamos la mayoría de diputados, es lamentable que la comisión permanente se considere con atribuciones y facultades que tienen los 86 diputados, no es posible que 9 diputados tengan más peso que 86 votos del pleno», manifestó la diputada Fátima Mena.

La diputada del PSH también dijo a Contracorriente que el mediador o mediadora en la crisis que enfrenta el Poder Legislativo debería ser de sociedad civil o buscar un organismo internacional que aplique una metodología de diálogo.

«Nosotros deberíamos de buscar interlocutores que sean serios y con credibilidad, yo creo que no podría ser nadie de ningún partido político por lo menos activo, aquí la pelota cae en sociedad civil, la que se ha comportando independiente y que entienda los temas de diálogo, o buscar a través de procesos de paz como con Oacnudh (Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas) un interlocutor válido o experto internacional que facilite este mecanismo de diálogo porque el país está muy polarizado», señaló Mena.



Por: Wilfredo Miranda

Publicado originalmente en Divergentes 


Lo que Sheynnis Palacios consiguió la noche del sábado en San Salvador es, en cierta medida, comparable a ganar un mundial de fútbol. Una experiencia y una sensación catalizadora que Nicaragua nunca había experimentado, a pesar de las hazañas deportivas de Dennis Martínez y Alexis Argüello. Ganar el certamen de Miss Universo trae reflectores mundiales; convierten a esta joven de 23 años y graduada de comunicación social no sólo en una bella estrella súbita, sino en símbolo nacional, en un mito que permanecerá vigente mucho tiempo para nuestro país. 

Los concursos de belleza suelen ser denostados por algunas mujeres con muchos argumentos irrebatibles, pero creo que esta vez vale la pena rescatar lo que implica que Sheynnis se haya alzado como la mujer más bella del planeta –según los jurados del certamen–, en un contexto muy particular para Nicaragua: nuestra crisis sociopolítica y su grave impacto en la juventud. Pero antes de entrar con mayor detalle en ese planteamiento, quiero reparar en las masivas movilizaciones que generó la coronación de Sheynnis: una alegría genuina, autoconvocada, unitaria que no habíamos visto desde las protestas sociales de 2018

El certamen Miss Universo –y sus misses– podrá ser apolítico pero en este caso, de Sheynnis y de Nicaragua, es bien difícil separar un hecho de tal relevancia pública de lo político y lo social. Después de cinco años de dolor, desesperanza y violencia, los nicaragüenses –que están en Nicaragua y en el exilio– nos merecíamos algo reparador y positivo, como ha sido el cetro que Sheynnis se ganó a pulso. Ver otra vez repletas las calles que la dictadura Ortega-Murillo ha arrebatado a las más de 700 000 personas (que nos hemos exiliado o han huido de la crisis económica) resultó conmovedor. Otra vez nuestra bandera azul y blanco ondeando, pese a la criminalización de su uso impuesta por la tiranía. Otra vez las calles —momentáneamente— recuperando el habla y el gritar sin miedo a la policía, reducida por la multitud pletórica por Sheynnis. Lo que no pasaba desde 2018. Un pálpito de país. Nuestra esencia nacional siendo movida por una esperanza común; la esperanza de un país golpeado, pero inclaudicable que desde el sábado Sheynnis llevará a todo el mundo, como un relato fehaciente de la hermosura de nuestra patria, de nuestra cultura, de nuestra poesía, de nuestros volcanes, de nuestros lagos, pero sobre todo el relato de otra Nicaragua: la de una Nicaragua con una juventud inteligente que quiere –y es capaz de– una mejor nación. Un empeño que los sátrapas les han cobrado con brutalidad. 

El relato no de una Nicaragua sumida en una dictadura barbárica, de tiempos pasados que hoy dos sociópatas en el poder imponen a punta de violencia, balazos letales, cárcel y destierro, sino el de un país de jóvenes, de múltiples habilidades como las de Sheynnis que, a pesar de la pobreza, la desigualdad y la opresión, salen desde sus comunidades y barrios a ganar un Miss Universo, por ejemplo. 

No hay necesidad que Sheynnis sea explícita cuando hable para entender que ella representa a una juventud que ha sido despojada de sus universidades, como la UCA; representa una juventud que a millares ha abandonado Nicaragua para buscar un futuro menos incierto en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Costa Rica, donde llegan a dar batalla para obtener certezas en sus proyectos de vida. Si bien es cierto que Sheynnis salió de un país desangelado a causa de los dictadores, representa la esperanza que todos los que aspiramos a vivir en democracia compartimos. 

Que Sheynnis haya ganado Miss Universo es una bocanada de oxígeno, sobre todo para los compatriotas que siguen, de cierta forma, presos en el país. Los ciudadanos que lidian con un Estado opresor a diario; que callan por miedo a ser apresados y que sólo se quejan de la dictadura en voz baja en sus cocinas… Sin embargo, resisten y escriben un testimonio de resiliencia, como la familia de Sheynnis, de abnegación hacia la vida y la capacidad de salir adelante en Nicaragua y ahora, como esta joven coronada por el orgullo inmarchito de la belleza, en el mundo.

Insisto, Sheynnis nos recuerda el poder de Nicaragua y de los nicaragüenses: que a pesar de nuestro sino tormentoso podemos salir de Nicaragua, como lo hizo Rubén Darío en su tiempo, a convertirnos en príncipes como él y reinas como ella; gente capaz que construye reinados cotidianos desde sus trabajos y sus vidas en el extranjero sin olvidarse nunca de su tierra. Todos los nicas que testimonian con entusiasmo sobre nuestra pequeña patria preñada de música, colores, sabores, naturaleza y en especial de gente creativa y valiente. La corona de Miss Universo –que desde el sábado es merecidamente de Sheynnis– es un brindis por la esperanza de Nicaragua; un país que tiene mucho que contarle al mundo, no sólo de dolor y desgracia, sino de creatividad, talento y gracia.

La falta de diálogo entre las distintas fuerzas partidarias en el Congreso Nacional se ha expresado con violencia de género, según han denunciado algunas congresistas. Luego de tener un posicionamiento crítico frente a las acciones de la comisión permanente —misma que nombró a las nuevas autoridades del Ministerio Público—, las diputadas que lideran la oposición en el Congreso han denunciado ser víctimas de malos tratos e impedimentos al ejercicio de sus labores.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

 

Iroshka Elvir, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) e integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional como quinta vicepresidenta, denunció en sus redes sociales que le habían puesto cadenas a la puerta de su oficina y cambiado el llavín sin su conocimiento el pasado 2 de noviembre, y que desde día no ha podido ingresar a la misma.

«Es una violación a mis derechos porque, aunque sea una oficina pública, una oficina del Estado, también está adscrita a mí y soy responsable de las cosas que están dentro de esa oficina. Entonces, en ese sentido, yo tengo desconocimiento de quiénes entraron, en qué condiciones entraron, si sustrajeron mis cosas, si metieron otras cosas, tengo total desconocimiento», narró la diputada a Contracorriente.

Para la congresista, este acto representa la violencia política que viven ella y otras mujeres en el legislativo, y lo califica como un abuso por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

«Pusieron un nuevo llavín en esa puerta y lamentablemente lo hicieron sin notificarme, sin pedirme que estuviera en forma presencial cuando iban a hacer el cambio de llavín —detalló la diputada del PSH—. Esto es un abuso por parte del diputado presidente del Congreso Nacional y también es violencia de género hacia una mujer, porque no lo va a hacer contra un diputado hombre, lo hace precisamente con una mujer porque se ensaña con nosotras».

Hasta el momento nunca se han registrado denuncias por impedimento al acceder a sus oficinas por parte de diputados del oficialismo o de la oposición en el Congreso Nacional. Lo más parecido a esto fue la denuncia realizada por la diputada del PSH, Maribel Espinoza, quien denunció el 31 de octubre que tanto la bancada de su partido como la del Partido Liberal estaban secuestradas dentro del Congreso por la instrucción de Redondo de no dejar entrar ni salir a nadie en ese momento, algo que Luis Redondo negó posteriormente.

Para el miércoles 15 de noviembre, la oficina de Iroshka continuaba cerrada. Mientras denunciaba esta situación al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), el gerente del Congreso Nacional, David Reyes, la interrumpió diciendo que el cierre de la oficina fue «una medida urgente e inmediata», y que él «no se iba a prestar para un show de esos, no estoy en campaña política, si quieren aprovechar el show, aprovéchenlo», dijo, refiriéndose a la denuncia de la diputada.

Debajo de este video, y también en otras publicaciones de distintos medios sobre la denuncia de la diputada Elvir, algunas personas han hecho comentarios misóginos y machistas en contra de la diputada, entre los cuales la califican de «vieja loca usurpadora», y también le sugieren que su lugar debería ser en el hogar cuidando a su hija, algo ajeno a su labor como congresista.

El cierre de la oficina de la diputada se da luego de que ella y otros 70 congresistas de la oposición celebraran una sesión extraordinaria en la que aprobaron extender el periodo de sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero de 2024.

Sin embargo, el presidente del Congreso conformó una Comisión Permanente con él a la cabeza e integrada por ocho diputados del Partido Libre, la cual nombró al día siguiente a las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público, Johel Zelaya como fiscal general interino y Mario Morazán como fiscal adjunto interino.

Después de este nombramiento, los diputados de la oposición —PSH, Partido Nacional, Partido Liberal— han celebrado tres sesiones extraordinarias, teniendo a la diputada Iroshka Elvir como presidenta. En su última sesión, el 9 de noviembre, designaron a la diputada Suyapa Figueroa del PSH como secretaria, y a Marlon Lara del Partido Liberal como prosecretario.

Ese mismo día, los tres congresistas fueron denunciados por el abogado Gustavo Varela ante el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones públicas. Ante esto, la diputada Iroshka Elvir aseguró que ella y los diputados que han liderado la oposición en el Congreso están siendo perseguidos ni por sus actuaciones en contra de la Comisión Permanente, pero que eso no los va a detener.

El 2 de noviembre, luego del nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público por parte de la Comisión Permanente, el Congreso Nacional comunicó a la ciudadanía que «los delitos de sedición no prescriben» en contra de los diputados de oposición, y que se investigaría a los responsables de la violencia en este poder del Estado.

«Nosotros vamos a continuar liderando estas sesiones extraordinarias, pues lo único que queremos es cambiar la situación del país. Nosotros sí estamos buscando verdaderos espacios de diálogo, pero también debemos comprender que las actuaciones de la Comisión Permanente son totalmente ilegales», argumentó la diputada del PSH.

Señaló, además, que en el transcurso de la búsqueda de diálogo entre los distintos partidos políticos para avanzar en la agenda legislativa se han violentado los derechos políticos de las mujeres en el Congreso, y que si bien las diputadas de las bancadas de oposición se han solidarizado con ella por la violencia que está viviendo, no ha ocurrido lo mismo por parte de las diputadas del Partido Libre.

«Las diputadas del partido de gobierno [Partido Libre] no se han solidarizado, al contrario, se han ensañado contra mí por mis posiciones y han defendido actuaciones fuera del marco legal y además abusivas por parte del diputado presidente [Luis Redondo]. Él no tiene el derecho de venir y meter llave en la puerta de mi oficina. Todo esto es violencia de género y no la podemos permitir, sobre todo cuando nosotros fuimos gestores de que una mujer llegara a ocupar el cargo más importante que un ciudadano puede obtener, que es la primera magistratura», indicó Iroshka Elvir, refiriéndose al triunfo de la presidenta Xiomara Castro.

Para Jessica Isla, analista en temas de género y feminista, actualmente existe una necesidad de quitar de en medio a las mujeres que lideran en la política hondureña, y que esto se ve reflejado en los ataques verbales, físicos y actos misóginos en contra de las diputadas de la oposición.

 

Ataques machistas por defender convicciones y ser beligerantes

En medio de la parálisis legislativa, Ligia Ramos, exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó su renuncia a la bancada de este partido el pasado 14 de noviembre. En la carta que dirigió al presidente de la bancada del PSH, Jhosy Toscano, Ramos explicó que, desde su visión política, personal y profesional no podía seguir acompañando procesos con los que no estaba de acuerdo, y destacó que su renuncia no representaba la afiliación a otro partido político.

La renuncia de la diputada Ramos a esta bancada despertó distintos comentarios en las redes sociales, algunos de respaldo y otros en los que incitan a cometer actos violentos en contra de ella y una diputada del Partido Liberal, Kritza Pérez. Por ejemplo, en esta publicación una cuenta comentó que en Honduras se saluda a estas diputadas, mientras que «en otro país les tiran piedras al verlas, les hacen burla a sus hijos en escuelas y les gritan en los supermercados». Otras cuentas hicieron comentarios en esta misma publicación, calificándolas de «muertas de hambre», «mendigas traidoras» y «vaginas del mal».

La diputada Ligia Ramos dijo a Contracorriente que la realidad que viven las mujeres que incursionan en la política en Honduras no ha cambiado a pesar de los años, y que en este momento hay mujeres que afrontan discursos machistas y bloqueos en el desarrollo de sus funciones. Un ejemplo de esto es el presidente del PSH, Salvador Nasralla.

«El presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) se ha estado expresando, no solo desde esta situación, sino que desde situaciones anteriores, de una forma misógina y peyorativa, y no solo contra mí, sino que contra cualquier mujer, ya sea de su partido o del oficialismo que lo adversa a él», apuntó la diputada independiente.

Diputados del congreso nacional participan de una sesión ordinaria. Foto CC/Fernando Destephen

La diputada señaló que afrontan estos ataques «sin que nos quiebren y sin que nos hagan desistir de nuestras luchas», e indicó que es en este momento donde las mujeres deben aprender a mantener sus posicionamientos firmes.

«Definitivamente los partidos políticos son de hombres, cuesta que nos den espacios, y cuando nos dan los espacios quieren tirarnos líneas o manipularnos, y cuando nosotros decidimos seguir nuestras convicciones empiezan con los ataques», destacó Ligia Ramos.

En agosto de este año, luego de que la diputada Ligia Ramos dijera en redes sociales que no marcharía con al Bloque de Oposición Ciudadano (BOC), Salvador Nasralla manifestó en una conferencia de prensa que ella no estuvo presente en una de las reuniones de la bancada de su partido porque tenía VIH, cuando la diputada estaba enferma por COVID-19.

Además, en el 2016, el presidente del PSH fue denunciado por parte del colectivo de mujeres parlamentarias del Partido Libre y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) por agresiones verbales y comentarios machistas y misóginos en contra de las diputadas Beatriz Valle, del Partido Libre, y Fátima Mena, quien entonces era diputada del Partido Anticorrupción (PAC) y ahora es congresista del PSH.

Sobre su renuncia, la diputada Ligia Ramos expresó que sus posicionamientos en cuanto a la defensa de los derechos humanos y los de otros integrantes del PSH eran antagónicos, y que desde su independencia respeta las causas que están defendiendo las distintas diputadas del partido al que pertenecía, como Fátima Mena, Maribel Espinoza e Iroshka Elvir. Además, señaló que es evidente el escarnio público contra ellas en su liderazgo.

Ramos expresó que no se le da importancia a la violencia política que viven las mujeres en Honduras, especialmente en el Congreso.

«Es evidente que vivimos violencia política dentro del Congreso Nacional —afirmó Ligia Ramos—, y eso es de parte de todos los diputados, esa es la realidad que vivimos en el pleno, donde de 128 diputados muy pocos son respetuosos de la participación de la mujer».

 

Violencia física y escarnio público a funcionarias

Si bien la violencia no solo se ha dado en el Congreso Nacional, funcionarias de la administración actual también han denunciado ataques. Uno de estos casos es el de la ministra de la Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez, quien en octubre de este año denunció ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) a Melvin Ceballos y a un colectivo del Partido Libre por agresiones y amenazas a muerte.

«No puedo conversar con nadie en estas circunstancias, con gente que solo utiliza la fuerza para hacer valer sus opiniones y sus criterios», dijo la ministra Vélez en un video, luego de explicar el enfrentamiento físico entre empleados de la secretaría y la ocasión en la que ella también fue agredida. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía diciendo que no todos los colectivos del Partido Libre se comportan de esa manera.

Jessica Isla señaló que en los actos violentos en contra de funcionarias y congresistas se puede observar la violencia que viven todas las mujeres en Honduras. «¿Por qué hay tanto femicidio y tanto odio contra la mujer en Honduras? Porque nos quieren encerradas, nos quieren obedientes, nos quieren sumisas, y si nosotras quebramos esas normas, ni siquiera somos castigadas, somos asesinadas».

Miembros de Organizaciones Feministas marchan por las calles de Tegucigalpa durante la celebración del día de la Mujer. Foto CC/Fernando Destephen

Según el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), solo en el mes de octubre se registraron 24 femicidios en Honduras, sumando un total de 341 muertes violentas en lo que va del 2023. El Observatorio también destacó que, en los últimos tres días de octubre, nueve mujeres fueron asesinadas en el país.

Sobre el factor político, Islas indica que «a muchas feministas se nos perdió el norte» y que esto se ve reflejado en las «alianzas ruinosas» que las mujeres han hecho con hombres que tienen acciones machistas. Ante esto, ella hace hincapié en la necesidad de ser estratégicas en la política.

«Esas alianzas las llama Marcela Lagardi “alianzas ruinosas”, porque no nos aportan, más bien nos quitan, y se hace pensando en que ellos [los hombres] nos van a levantar perfil, cuando nosotras somos competencia para ellos; en este caso lo que se tiene que hacer es volver a las alianzas de vida que se han tenido por años», señaló Jessica Isla.

La analista de género también destacó la captura de la exministra de Finanzas, Rocío Tabora, como una muestra del exhibicionismo que afrontan las mujeres en estas situaciones, comparado al hermetismo con el que se manejan las capturas de hombres señalados por actos de corrupción.

Luego de haber sido capturada por los delitos de fraude en perjuicio de la economía del Estado y por violación de los deberes de los funcionarios en el caso de los Hospitales Móviles en la pandemia, Rocío Tabora fue enviada a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 15 de noviembre. Las imágenes de la exfuncionaria llorando mientras llegaba a Medicina Forense para exámenes médicos se hicieron virales.

La Policía Militar del Orden Público PMOP resguarda la entrada de un anexo de las oficinas del Ministerio Público donde se encuentra en resguardo la exministra de Finanzas Rocío Tabora. Foto CC/Jorge Cabrera

«Tienen que hacernos malas mujeres —argumenta Jessica Isla—. Mientras a Iroshka nadie le cubre el que le que le tengan cerrado su espacio, sí exponen a otra mujer y dicen “miren, a esta mujer la capturamos, se rindió”; y que importa [si] se rindió o si le capturaron, está presa, y ella no tenía las mismas prebendas que Juan Orlando de irse a sentar en la Corte Suprema, entonces, ¿por qué humillarla?», cuestiona Jessica.

Isla aseguró que el mismo exhibicionismo ocurrió en la captura de Rosa Helena Bonilla, contrario a la captura de los acusados por los mismos delitos. «Todos los demás pandoros iban con gorra a firmar, los tapaban y les ayudaban».

Hasta el momento no se ha instalado un diálogo entre las distintas fuerzas partidarias en el Congreso Nacional. Para Jessica Isla, las mujeres se llevan las consecuencias de esto al atreverse a entrar en la esfera política y ser víctimas de esta violencia, lo cual también repercute en la sociedad hondureña.

«La sensación es que quieren gobernar solos y que no quieren hacer diálogo, y si siguen siendo tan totalitaristas la violencia contra las mujeres se va a “encrudecer” [recrudecer], porque ya vienen estas próximas elecciones y van a atacar a todo aquel o toda aquella que crean que es potable políticamente. En estos momentos son estas mujeres [las diputadas de oposición] porque están diciendo la verdad y están denunciando un acto ilegal», destacó la feminista.

Texto y fotografía: Amilcar Izaguirre

 

Hace 30 años que José Rápalo y Marleni Romero sobreviven vendiendo ropa y otros productos en el callejón Buena Vista, al sur del parque industrial Zip Buena Vista. Ubicado en el municipio de Villanueva, Cortés, en la zona norte de Honduras, este parque pertenece a la familia Canahuati. Entre sus propietarios, los rostros más visibles son los de Mario y Jesús Canahuati, quienes controlan una buena parte del sector maquilero en Honduras.

La construcción de una planta solar puede poner fin a la única fuente de ingresos de José y Marleni, afectando también a por lo menos otros 150 vendedores que comercian en el callejón. Las autoridades del parque textil Zip Buena Vista tomaron la decisión de cerrar un portón para que los operarios de la maquila —los principales clientes de estos negocios informales— ya no pasen a comprar. Según los vendedores, la idea del parque textil Zip Buena Vista es asfixiarlos económicamente para obligarlos a irse, y entonces los empresarios unirán el parque con la planta solar que va a construirse en el otro extremo.

Alfredo Cruz, representante de la Asociación Nacional de Vendedores Independientes de Honduras (Anavih), dijo que estos comercios se crearon con la llegada del parque textil en los años noventa. La mayoría de estos locatarios son personas mayores de 50 años, madres solteras y extrabajadores de la maquila, algunos de los cuales terminaron con daños permanentes en sus músculos y huesos tras trabajar durante varios años en el parque industrial.

Algunos vendedores entrevistados coincidieron en que al inicio tenían buena relación con el primer dueño del parque Zip Buena Vista. «Don Juan Canahuati incluso salía a conversar con nosotros, nos preguntaba cómo nos iba con el negocio, pero luego él murió, y ya con los hijos todo cambió», dijo Alfredo Cruz. Pero ahora las cosas han cambiado; representantes de Zip Buena Vista, de manera verbal, les han pedido que desalojen el lugar, porque necesitan el espacio para unir el parque textil y el proyecto solar.

Alfredo Cruz dijo que en el 2013 hubo una permuta entre la comunidad de Pueblo Nuevo y Zip Bella Vista, un acuerdo en el cual la alcaldía de Villanueva sirvió como mediador. El acuerdo consistía en que el Zip Buena Vista cedería parte del terreno para que Pueblo Nuevo construyera un bulevar y, a cambio, la comunidad cedería la avenida donde se ubican los vendedores. «El problema es que ese acuerdo lo hicieron sin contar con nosotros; además, hay artículos donde la ley prohíbe que una calle o avenida pública no se pueda vender ni permutar», manifestó Alfredo.

Según el personal del catastro municipal de Villanueva, el callejón Buena Vista debería tener una anchura de nueve metros, pero debido a que el terreno donde se construye la planta solar estuvo desocupado por muchos años, los vendedores tomaron unos metros para ensanchar sus negocios. La abogada Lily Morel, del Departamento de Justicia de la Municipalidad de Villanueva, confirmó que la administración municipal sirvió como mediador entre Pueblo Nuevo y el Zip Buena Vista. «No entiendo por qué se complican los vendedores, lo único que tienen que hacer es respetar los nueve metros. Desde hace dos meses se les pidió que se quitaran y aún siguen en el terreno», expresó Morel.

Pero aunque las autoridades lo vean tan simple, para José y Marleni, y para los demás vendedores, este callejón simboliza el trabajo digno que les ha permitido sacar adelante a sus familias. «De aquí logré mandar mis hijos a las escuela; cuando eran pequeños los metía en una caja de cartón y los ponía debajo de la mesa hasta que cerraba el negocio, porque no tenía quién me los cuidara», dijo Marleni.

Los vendedores ahora piden otro espacio para vender y una indemnización. Sostienen que constantemente están recibiendo el acoso del Departamento de Justicia Municipal, cosa que la abogada Morel niega, argumentando que la municipalidad de Villanueva se limita a velar por el cumplimiento del acuerdo de los nueve metros.

Morel agregó que hay dos puestos ubicados fuera de la tranca, muy cerca de la CA-4, que serán desalojados próximamente a petición de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. que solicitó a la municipalidad que despeje el lugar para evitar un accidente.«Tengo que quitarlos porque si sucede un accidente, van a culpar a la municipalidad», dijo.

El callejón Buena Vista se ubica entre el parque textil Zip Buena Vista y la planta solar fotovoltaica en construcción. Ahí 150 vendedores se ganan la vida desde hace 30 años y temen un posible desalojo. Foto CC/Amílcar Izaguirre
El callejón Buena Vista se ubica entre el parque textil Zip Buena Vista y la planta solar fotovoltaica en construcción. Ahí 150 vendedores se ganan la vida desde hace 30 años y temen un posible desalojo. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El pasado 29 de septiembre, el Departamento Municipal de Justicia alcanzó un acuerdo entre los vendedores y un representante de Zip Buena Vista, mediante una audiencia de conciliación. En el documento, los vendedores se comprometieron a retirar los puestos ubicados dentro del terreno de Zip Buena Vista, pero para eso solicitaron que Catastro Municipal hiciera una medición del terreno. Pero los vendedores alegan que hubo un problema con la medición, a raíz de un error presuntamente cometido por un ingeniero representante de Zip Buena Vista.

El error provocó que algunos vendedores movieran sus puestos, y algunos tuvieron que incurrir en gastos de miles de lempiras, como en el caso de María Montes, dueña de un puesto de comida, quien aseguró que invirtió 70 mil lempiras para mover su local. «Es una injusticia que ahora quieran que vuelva a reconstruir después de todo lo que invertí», se quejó.

Mientras los vendedores ven cómo sus ingresos disminuyen, y ante las amenazas de desalojo, afirman que piensan seguir resistiendo. «Hemos luchado durante 27 años para sacar a nuestros hijos adelante. Esta ha sido nuestra única fuente de ingreso y lo único que pedimos es que nos dejen vender», concluyó Marleni.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

 

Con la intención de mejorar sus ingresos, Raúl Pinto, de 70 años, residente de la comunidad de La Laborcita, municipio de Sinuapa, Ocotepeque, dejó de producir granos básicos y de cuidar sus vacas para dedicarse a la producción de café. Hoy, cinco años después, su situación sigue igual o peor que antes, reconoce, pues los  precios del café no le favorecen; además, no encuentra trabajadores para recoger la cosecha, porque, según dijo, la mayoría de jóvenes en edad de trabajar, incluyendo a dos de sus hijos, han optado por hacer el viaje hacia Estados Unidos.

 

Ante la falta de mano de obra, don Raúl tiene que viajar hasta Chiquimula, Guatemala, para reclutar trabajadores durante la temporada de corte de café. Esto representa más costos para él debido a que debe proveerles un lugar dónde dormir en su finca y facilitarles la comida, además de ofrecerles buena paga. «Si no les ofrezco pagar 17 quetzales por lata, nadie viene a cortar el café. Esto ya no es negocio para nosotros», se lamentó don Raúl.

 

Explicó que por recolectar un quintal de café sin despulpar paga unos 190 lempiras, mientras que en el mercado apenas le ofrecen 500 lempiras por ese mismo quintal; de lo que queda, tiene que pagar por sustancias como plaguicidas y fertilizantes, que compra a precios elevados.

 

Añadió que para poder producir fertiliza dos veces al año su finca de siete manzanas, y en abono gasta alrededor de 80 mil lempiras. Además, fumiga tres veces al año su finca, para lo cual invierte siete mil lempiras por manzana en cada aplicación de veneno. «En cosecha uno agarra el dinero y solo es para pagar, no nos queda nada, solo es porque digan que somos cafetaleros», expresó don Raúl.

 

Según el portal del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), en Honduras la cosecha correspondiente  al 2021 – 2022 fue de alrededor de 6.2  millones de quintales en pergamino o café listo para ser tostado y molido. De esos, solo en el departamento de Ocotepeque se produjeron 639,312 quintales.

 

Según cifras del Ihcafe, este rubro aporta a Honduras el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y un 30 % del (PIB) agrícola del país. Honduras generó unos 1,200 millones de dólares en divisas durante la cosecha 2021 – 2022. Los productores como don Raúl esperan que el gobierno haga algo para mejorar su situación. «La presidenta Xiomara Castro debería buscar un mercado para que los pequeños productores podamos vender a un mejor precio o por lo menos bajarle el costo a los insumos», dijo don Raúl.

 

Con la migración de hondureños hacia Estados Unidos ha incrementado el ingreso de remesas a Honduras. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y agosto de 2023 el país recibió alrededor de 7,114 millones de dólares en remesas. Algunas de las personas que generan estos ingresos para el país ayudaban antes a la producción en el campo y hoy se resiente su ausencia. Según sondeos de la Pastoral de Movilidad Humana, de la terminal de San  Pedro Sula salen a diario  entre 700 y 900 hondureños con rumbo a los Estados Unidos.

 

Según don Raúl, los jóvenes de La Laborcita deciden migrar hacia EE. UU. debido a que los ingresos que perciben en su comunidad no son suficientes para cubrir sus necesidades; además, después del noveno grado no pueden continuar estudiando porque sus padres no cuentan con ingresos para mandarlos a los colegios de la ciudad de Ocotepeque, en ese mismo departamento.

 

«Yo, que me dedico al café, ya en menos de tres años se me han ido dos de mis hijos para Estados Unidos. Ahora me he quedado solo y estoy pensando en retirarme de este negocio», concluyó don Raúl.

Varios líderes y pobladores indígenas que mantienen una protesta pacífica frente al Ministerio Público de Ciudad de Guatemala reivindicaron ser guardianes de la democracia, pero se desmarcan de cualquier lucha político electoral. Y es que el Ministerio Público ha emprendido una serie de acciones, junto con la Corte Constitucional, que ponen en peligro la toma de posesión de Bernardo Arévalo, la cual está programada para el 14 de enero de 2024. Las autoridades indígenas han sido enfáticas en expresar que las protestas son pacíficas y han descartado que estas sean partidarias y políticas, al contrario, buscan evitar que se creen condiciones como las que produjeron el conflicto armado que duró 36 años en el país. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Fernando Destephen

 

Aquella tarde de sábado 28 de octubre lloviznaba en Ciudad de Guatemala. En el Ministerio Público de dicha ciudad, centenares de indígenas mantenían una protesta pacífica que entonces llevaba ya 26 días. La petición era una sola: la renuncia de cuatro altos funcionarios, entre ellos la fiscal general, Consuelo Porras.

La primera impresión fue ver a varios indígenas que, mientras tomaban café, reposaban sobre unos colchones y relataban provenir de comunidades postergadas, algunas de Petén, a más de 522 km de distancia, más de 10 horas de distancia de la Ciudad de Guatemala.

Estaban también los pobladores de Totonicapán que, liderados por el Concejo de Autoridades de 48 Cantones, gobierno y máxima autoridad del Pueblo Maya K’iché’, coincidieron en que la manifestación, en donde había al menos unas 500 personas que se turnaban para rodear la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala, era totalmente pacífica.

Apostados tanto en la calle principal como en un costado de la misma, los indígenas instalaron carpas, colchones, alimentos, un altar y una tarima, desde la cual,  con altoparlantes, lanzaron discursos eufóricos.

«Vine a hacer amistades que jamás había pensado tener. Empezamos como siete pueblos originarios y hoy somos 27». El mensaje anterior es el de un líder indígena que se hizo escuchar en todos los alrededores y solo fue interrumpido por un griterío de voces, que con algarabía colectiva y ayudados con bocinas, celebró la unidad del movimiento indígena.

Los líderes de este movimiento aseguraron que esta manifestación estaba lejos de buscar apoyo para el presidente electo Bernardo Arévalo y para el Movimiento Semilla, su partido político, sino que el objetivo principal era alejar a Guatemala de una confrontación mayor, sirviendo como contrapeso precisamente para garantizar y exigir que se preserven los principios democráticos.

La actual indignación en Guatemala detonó con los intentos del Ministerio Público de revertir los resultados electorales.

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta que encaminaron al candidato Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala —al ser la sorpresa al posicionarse en la segunda posición—, el Ministerio Público decomisó varias cajas que contenían actas con los resultados de las elecciones de la primera vuelta. Desde ahí se encendieron las alarmas.

Luego, a mediados del mes de octubre, durante un paro nacional que duró varios días exigiendo respeto a los resultados electorales, el ataque de un comando armado dejó un manifestante guatemalteco muerto y dos heridos en el municipio de Malacatán, San Marcos, uno de los más de 100 lugares del país en donde se realizaban protestas pacíficas.

Recientemente, el Tribunal Electoral confirmó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, tras acciones tanto del Ministerio Público como de la Corte Constitucional.

Graffiti en un muro del Ministerio Público de Ciudad de Guatemala. Los pueblos originarios exigen desde hace unos 30 días la renuncia de cuatro altos funcionarios, entre ellos la fiscal general, Consuelo Porras, por considerarlos parte del sistema de corrupción. Foto CC/Fernando Destephen.

La demanda principal del movimiento indígena 

Los manifestantes no solo piden la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general, también piden la de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la de la agente fiscal Cinthia Monterroso. Exigen además la renuncia del Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. Todos son señalados de actuar de mala fe y contrario a la democracia guatemalteca y todos incluidos en la «lista Engel» del Departamento de Estado de los Estados Unidos por su participación en hechos significativos de corrupción y en contra de la democracia.

«A nuestros hermanos de Honduras queremos comentarles y decirles que este movimiento está a cargo de todos los pueblos originarios de Guatemala, desde los mames hasta los k’iches, todos nos hemos unido en este mismo sentir. ¿Y cuál es la demanda inmediata ahora mismo por la cual se está desarrollando el movimiento? En las peticiones y en las consignas que se nos han establecido es que pedimos la renuncia de cuatro personajes de la entidad política de nuestro país».

Estaba presente en la protesta el alcalde Rogelio Pineda, representante de la zona cuatro de Totonicapán, quien le explicó a Contracorriente que las protestas se detonaron justamente porque en Guatemala se ha transgredido la democracia.

«Lo decimos como palabra simple, pero realmente no es una palabra tan simple: la democracia involucra muchas situaciones a nivel de país, que creo que por eso es que 48 Cantones se levantó. El levantamiento se dio como un equilibrio al poder del país. Entonces, aquí lo primordial es fortalecer la democracia que se está transgrediendo», manifestó Rogelio.

Según Rogelio, los cuatro personajes a los cuales se les pide la renuncia, han extralimitado su poder y actuado con mala fe. «Entonces hablamos aquí del poder del Ministerio Público, que por cierto no está tomado, simplemente estamos haciendo una resistencia pacífica. Consuelo Porras definitivamente es la insignia de la corrupción. Si nosotros como pueblos originarios no hacemos el contrapeso, permitiremos entonces que sigan socavando la democracia de Guatemala».

Rogelio afirmó que el Ministerio Público guatemalteco ha mostrado celeridad en investigar supuestas irregularidades cometidas durante los comicios electorales, pero que, por otro lado, se ha olvidado de varios casos que son de alto impacto y que involucran a presidentes anteriores y a otros personajes de Guatemala quienes, según Rogelio, sí tienen peso político y económico.

«Ahí es donde se ve el desequilibrio sobre hacia dónde van dirigidas las investigaciones y la mala fe. ¡Claro!, si definitivamente existe algo a nivel de lo que se desencadenó en votaciones, es bueno esclarecerlo también. Nosotros no estamos en contra de que se esclarezca, pero no estamos a favor de que hayan tocado los votos y las actas. Esto es una corrupción total. Están corrompiendo la base de la democracia».

Manifestaciones de los pueblos originarios que acampan frente al edificio del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala en demanda de la salida de la fiscal general, Consuelo Porras. Foto CC/Fernando Destephen.

Nadie mejor que Rogelio para explicar cómo influye y qué tan importante son los 48 Cantones en este momento de Guatemala.

Rogelio contó que esta es una organización que nació prácticamente con la independencia de Guatemala, y al contar con más de 200 años de historia y experiencia, cada vez que se levanta, en Guatemala «se mantiene el equilibrio de poderes».

Rogelio explicó que la coyuntura guatemalteca ha ocasionado que la organización se extienda a nivel nacional, porque no solo se trata del pueblo de Totonicapán, al que pertenecen los 48 Cantones.

«Esto es difícil, pero si no lo hacemos nosotros ¿quiénes lo van a hacer? Alguien lo tiene que hacer y no solo estamos velando por nosotros, sino por los que vienen atrás, por las futuras generaciones. Así como de igual forma nos lo enseñaron nuestros ancestros, ahora nosotros lo vamos a seguir enseñando. Tenemos que ser un pueblo en resistencia ante cualquier transgresión directa contra el beneficio en común de la población en general».

La clave del éxito del movimiento, afirmó Rogelio, es que hay profesionales bien instruidos. «Muchos dentro de la organización son abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, o sea, realmente 48 Cantones no se puede catalogar como una población ignorante. La población de Totonicapán ha despertado hoy más que nunca. Yo creo que las redes son importantes porque nos ayudan a fortalecer todas las estrategias».

Entre las demandas históricas planteadas por los manifestantes, que van más allá de la coyuntura electoral, está la crisis energética, la educación, la salud y el autogobierno indígena.

Rogelio, por ejemplo, sostuvo que desde que la energía se privatizó, más guatemaltecos cayeron en la pobreza. «La energía se volvió de una forma privada y creo que ahí es donde empezó el desajuste de la economía para para los que realmente son pobres o viven en extrema pobreza: que una familia esté viviendo con 50 o 60 quetzales el día al día, con tres… cuatro hijos, y que estén pagando energía de entre 20 a 25 quetzales, es bastante. Es decir, más del 50 % de sus ingresos se destina al pago de energía. Entonces ahí es donde existe el desequilibrio».

Los sectores indígenas están conscientes de que Arévalo gobernará sin el apoyo del Ministerio Público, Corte Suprema y Legislativo. «Va a ser difícil realmente para que el presidente el próximo año pueda gobernar de una forma equitativa y que pueda pasar proyectos de ley, pero entonces ahí es donde el fortalecimiento de las organizaciones es más que necesario».

Sin embargo, Rogelio fue enfático en manifestar que ellos, como movimiento, velarán por el bienestar de la población en general, independientemente de quién esté gobernando en Guatemala.

«Nunca estuvimos a favor de un partido específico. Ya que él [Bernardo Arévalo] haya pasado y que sea presidente, es otra cosa. Igual hubiese sido si otra persona, de otro partido, hubiese pasado por todo este proceso, en donde hubiesen destapado los votos y las actas. También nos hubiéramos levantado», explicó.

El alcalde añadió que están conscientes de que Arévalo cuenta con una historia familiar, su padre, Juan José Arévalo fue el icónico presidente de la era democrática iniciada con la Revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al dictador Jorge Ubico. Sin embargo, Rogelio fue enfático en afirmar que, como población ancestral, tendrán que juzgar al nuevo presidente. «Cuando 48 cantones sepa de algo que es injusto, aunque él esté, nos vamos a tener que levantar, o sea, no es solo por él, sino es por la población». Rogelio manifestó que a Arévalo se le va a solicitar, una vez que asuma el poder, que dé a los pueblos originarios su lugar.

«Ahí es donde viene la política. Y la política la va a tener que manejar bien. Entonces creo que los pueblos originarios son una organización que como aliado serían muy buenos».

Rogelio también fue claro en reconocer que deben existir consensos entre el Gobierno, los movimientos indígenas y la empresa privada.

«Este tipo de alianzas se tienen que hacer para que exista un país equitativo. Tampoco podemos venir y pelearnos con aquellos que tienen el factor económico. No podemos. Realmente se necesita el poder económico para que Guatemala camine. Si entramos en una disposición de pelear con los que tienen el dinero, creo que ahí empezamos mal. Simplemente se debe platicar y ver que los recursos sean bien distribuidos».

Pero por ahora, Rogelio dejó claro que hay solo una demanda inmediata. «Garantizar que el próximo presidente reciba la presidencia. Eso es lo único [por lo que] que vamos a estar garantes».

Los pueblos ancestrales organizados se forman para turnarse las jornadas de protesta frente al edificio del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Foto CC/Fernando Destephen.

Las autoridades indígenas sostienen que encarnan la voluntad colectiva de las comunidades

La socióloga Gladys Tzul dijo a Contracorriente que las rebeliones indígenas se han ido expandiendo como la pólvora durante todos estos años en Guatemala.

Explicó que, en su país, por un lado está el sistema político estatal y por el otro el sistema político comunitario, este último, sostuvo, tiene distintas formas de elección, distintos cargos y distintas responsabilidades.

Tzul fue clara en expresar que el movimiento no tiene un nombre específico de alguien que decida a su antojo el destino y las acciones.

«Los que convocan este levantamiento son autoridades indígenas y al mismo tiempo son quienes encarnan la voluntad colectiva de las comunidades. Entonces sí hay nombres de personas, pero esas personas no hablan por sí mismas, sino que hablan por el cuerpo completo de la comunidad. Entonces, a lo largo de los días, se fueron levantando otros pueblos del norte de Guatemala, de Petén, de Chiquimula, de Izabal, de la costa sur, es decir, este es un levantamiento generalizado».

Tzul agregó que llegó un momento en el que en Guatemala se contabilizaron más de 200 bloqueos, porque todo el país se levantó el 2 de octubre. «Desde el 2 de octubre hasta estas fechas».

Sobre si la decisión de salir fue espontánea de la gente o fue bien planificada y razonada, Tzul consideró que, como se trata de un sistema político con un procedimiento asambleario deliberativo, el paro fue la última medida a tomarse por parte de la ciudadanía organizada.

«Hay una serie de acciones que se dieron por la vía legal: memoriales, escritos y peticiones que se estuvieron presentando a todas las instancias, pero nunca se tuvo una respuesta y la última medida fue el paro. Entonces, digamos, yo soy muy crítica de la idea de pensar que esto es espontáneo, de ninguna manera es espontáneo, fue deliberado, se decidió entre las asambleas comunitarias y las autoridades, si no, no se mantendría por 28 días».

Tzul ahondó sobre el papel del Ministerio Público, y dijo que este debería ser un ente imparcial, más no lo es, y por lo tanto, muchas comunidades están sufriendo, enfrentando desalojos de tierras, criminalización de sus dirigentes y son afectados por órdenes de captura.

«Eso también explica un levantamiento generalizado, sí, por resguardar el orden democrático, para que haya una transición de mando, pero también está ese gran paraguas que, si usted piensa en su cabeza en un paraguas, este está sostenido por las varillas, por el mango, entonces las varillas y el mango son todas estas demandas críticas que tienen las comunidades contra el Ministerio Público. Ha sido el que facilita el espacio a la agroindustria, a la minería; por eso las comunidades de Petén se levantan, sí, porque se vaya [Rafael] Curruchiche y para que se vaya Porras».

Para la socióloga, una demanda histórica de los pueblos guatemaltecos indígenas es el autogobierno y actualmente es importante resaltar que las comunidades han sabido cómo manejar esta situación, pues fueron las que «revolvieron y levantaron» a la ciudad.

«Los primeros en levantarnos fuimos los indígenas que vivimos en la ciudad y después se comenzó a levantar la clase media popular, por sus mismas sus condiciones estructurales, y entonces lo que muestra el horizonte es que, a Guatemala, lo que la sostiene, es la política comunitaria, porque la corrupción ha hecho que se roben el dinero de la educación, de las escuelas, carreteras, hospitales ¿y quién ha peleado eso? las comunidades».

Tzul agregó, frente al Ministerio Público, que las autoridades han sido sabias y han hecho cambios de estrategia.

«Y ese cambio de estrategia significa una estrategia rotativa, mientras que antes estaban ocupando la cinta asfáltica, hoy día las comunidades vienen rotativamente. Mi comunidad, por ejemplo, vino el día miércoles [25 de octubre], hoy [sábado 28 de octubre] vinieron otras comunidades que están aquí todas reunidas; hay una rotación».

La socióloga mencionó que las autoridades indígenas han sido muy enfáticas al decir que este no es un movimiento partidario ni político, sino que están trabajando para el resguardo de la democracia, para evitar todas aquellas condiciones que existieron en el tiempo de la guerra, es decir, garantizar la transición de mando y garantizar que se respeten derechos como a la protesta o a la reunión.

«Entonces siento que esto es como mucho más amplio», expuso Tzul.

Sin embargo, argumentó que Bernardo Arévalo, al asumir el poder, tendrá que ser muy inteligente para comprender que la población es un gran contrapeso a la instancia estatal y que eso está demostrado con los más de 20 días que las personas estuvieron en las calles.

«Arévalo ha de ser bastante inteligente como para no intervenir el movimiento y al mismo tiempo saber dialogar con él».

Grafiti en apoyo a la resistencia que los pueblos originarios mantienen frente al edificio del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Foto CC/Fernando Destephen.

La lucha comunitaria indígena y la visión de género

Doña María Juan Elías es vicealcaldesa, miembro de la Junta Directiva de los 48 Cantones y es líder de una organización comunitaria.

«Estudié y de ahí empecé a trabajar en una organización que apoya a las comunidades del área rural. He perdido el miedo de hablar en público y he aprendido a defender nuestros derechos como mujeres. Porque también en las comunidades se sufre de otro tipo de problemas como el machismo y la falta de participación de las mujeres en espacios y tomas de decisiones. Y eso pues a mí me ha fortalecido».

María explicó que ella cuenta con liderazgo desde hace 18 años y que actualmente lucha para que se fortalezca la inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisión.

«A mí me ha marcado la participación de nosotras como mujeres, que no solamente somos ama de casa, sino que también tenemos esa capacidad de dirigir a otros grupos. Lo que queremos es que la mujer tenga un trabajo para apoyar también al esposo y, si en un dado caso no está el esposo, que también como mujer se tenga la posibilidad de llegar a estos puestos o de integrar otros comités para dirigir, es decir, ser parte de las tomas de decisiones», expuso.

Doña María reveló que cuando inició en los trabajos de liderazgo fue duro, porque sufrió la pérdida de su esposo y tuvo que combinar su trabajo de liderazgo con el de la crianza de sus hijos.

«Son retos que me han tocado; ahora mis hijos crecieron, ya se graduaron y están trabajando. Están grandes ahora. Ya no tengo esa responsabilidad tan grande con los hijos. Ahora son ellos los que me están apoyando».


Liderazgos y sacrificios

Óscar Rodríguez y Elizeo Yax son autoridades en sus comunidades. Estos jóvenes, a la par de su trabajo como líderes, también realizan labores como obreros para el sostenimiento de sus familias.

Óscar reveló que se dedica a cultivar hortalizas y a hacer milpas, de trigo y cebada, pero que para aumentar los recursos ha optado por hacer trabajos de construcción.

«Me dedico al trabajo de la construcción y a la agricultura porque si no, no puedo sacar adelante a mi familia, porque es poco lo que se gana. Yo llevo tres años exactos de casado y tengo mi nena, pero por querer tener un poquito más de dinero y para poder sacar adelante a la familia, hemos decidido con mi esposa hacer dos cosas, yo trabajo en la construcción y en horas extras me dedico a la agricultura», expuso.

Óscar contó que está comprometido con la defensa de la democracia y que disciplinadamente respeta a las máximas autoridades de los 48 Cantones. Explicó que salió a las 2:00 a.m. desde el paraje Pacapox en Totonicapán con rumbo a Ciudad de Guatemala, llegando ese mismo día a las 5:30 a.m. «Los alcaldes se han elegido desde nuestras comunidades y siempre se ha respetado las decisiones que se toman en la Junta y dentro del consejo», explicó.

Elizeo, por su parte, mencionó que en Guatemala hay mucho desarrollo, pero la corrupción ha hecho que los beneficios no sean para todos. «He visto en mi comunidad de que los que mueven la economía son los que se han ido a los Estados Unidos, pero sabemos que es arriesgado irse para allá porque uno puede perder la vida en el camino».

La agricultura, explicó Elizeo, es un pilar fundamental para su comunidad y para toda Guatemala. Indicó que también hay otros aspectos en donde el país necesita mejorar como la educación y la salud. Para concluir, Elizeo concluyó que no estaba frente al Ministerio Público para defender a un partido político en específico, sino porque están ávidos de justicia y de que ésta se imparta equitativamente.

Por ahora nadie tiene certeza de qué puede ocurrir en Guatemala el próximo 14 de enero, pese a que el camino democrático indica que debe ser la toma de posesión democrática de Bernardo Arévalo. Mientras tanto, los pueblos ancestrales de Guatemala, hicieron hincapié en que están listos para un levantamiento en el caso de que las autoridades encargadas de la transición actúen arbitrariamente. Eso calza perfectamente con la siguiente frase del Popol Vuh, que tiene una connotación poderosa para estos pueblos: «Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos uno ni dos de nosotros, sino todos».

El tránsito de miles de migrantes ha originado un negocio que genera ganancias millonarias en Honduras. A los migrantes hondureños ahora se suma la ola de migrantes que pasan por el territorio en su camino de huida de Cuba, Nicaragua, Haití o Venezuela, y se han convertido en la materia prima para «coyotes» que, según fuentes consultadas por este medio, ganan hasta 50 mil lempiras diariamente, y ahora utilizan a niños para ciertos trabajos. Pequeños y pacíficos municipios fronterizos del país están siendo impactados por el paso de estos migrantes, ante la pasividad del Estado.

Texto: Allan Bu

Fotografía: Amílcar Izaguirre

 

A cuatro kilómetros de Agua Caliente, la frontera entre Honduras y Guatemala, hay un grupo de personas que, como fieras esperando a su presa, aguardan la llegada de migrantes. En ese lugar hay decenas de vehículos particulares que pertenecen a personas que se dedican al lucrativo negocio de trasladar migrantes por puntos ciegos hacia el territorio de Guatemala. Este negocio mueve miles de dólares diariamente.

Ese es el último eslabón del jugoso negocio que representa para algunos el tránsito por Honduras de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos y haitianos. Al llegar a este punto, las personas en movilidad han sido extorsionadas por autoridades, y muchas también han sufrido cobros abusivos por el comercio.

 

Desde que comenzó el masivo flujo migratorio por Honduras, el comercio ha cobrado precios diferentes a aquellos que van en la ruta migratoria; esta práctica se ha dado desde Danlí hasta Ocotepeque. Como ejemplo, el secretario municipal de Santa Fe, Jhony Oliva, nos manifestó que para los migrantes  «una taza de café cuesta cinco dólares». Para tener una idea, en la zona, un poblador local hondureño puede conseguir un café por 10 o 15 lempiras (unos 60 centavos de dólar), pero si el paladar es más exigente puede gastar entre 50 y 60 lempiras por una taza de café (unos 2.4 dólares).

Este movimiento migratorio comenzó a ser notorio a finales del 2020, cuando un grupo de haitianos quedó varado en Trojes, El Paraíso, en la frontera de Honduras y Nicaragua. Desde entonces, el flujo de migrantes no ha parado, y por el contrario ha aumentado. El mayor pico comenzó en la segunda semana de julio de 2023, pues a partir de esa fecha el Instituto Nacional de Migración (INM) registra que más de cinco mil personas en tránsito han ingresado diariamente al país.

El 5 de noviembre, el medio Divergentes publicó que el régimen de Daniel Ortega abrió las puertas del aeropuerto internacional de Managua para miles de migrantes haitianos, que llegan al país vecino en vuelos chárter para continuar la ruta hacia Estados Unidos. Ortega también hace negocio, pues según Divergentes cada vuelo chárter paga 2,000 dólares por utilizar el aeropuerto, y cada migrante paga casi 45 dólares como impuesto de salida.

 

En Honduras, el paso inusitado de miles de migrantes, por un lado, ha desbordado la capacidad de atención de un Estado que no puede atender a su propia gente —el  índice de pobreza es de 52 % según el Banco Mundial— y también se ha convertido en la oportunidad para cientos de personas de ganar miles de dólares mensuales, gracias a los servicios como el transporte, hoteles o bienes de consumo, que ofrecen a los migrantes a precios abusivos.

 

En el caso  del transporte, la operación es tan rentable que  el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), una dependencia del Estado, emitió permisos para que comenzará a operar una «ruta migrante», exclusiva para trasladar a personas en movilidad. Cada uno de los migrantes paga 40 dólares, por lo que cada unidad de transporte de este negocio privado produce 50,000 lempiras o más a diario. Cada día, por la ruta pueden circular 40, 50 o quizá más autobuses. Es un negocio gigantesco en el que hay funcionarios involucrados directamente, que incluso son dueños de unidades de transporte, según denunció elmedio Reporteros de Investigación.

 

A lo largo de la ruta que comienza habitualmente en puntos fronterizos entre Nicaragua y Honduras en el suroriente del país y termina en Agua Caliente,  Ocotepeque, zona occidental los migrantes son esquilmados de todas las formas posibles. Miembros de organizaciones que trabajan en derechos humanos denunciaron que los conductores de autobuses ya tienen indicados los restaurantes y gasolineras en donde se detienen, y en los que aplican  «precios especiales» para los migrantes. Además, durante el trayecto entre Danlí y Ocotepeque hay varios operativos de las fuerzas de seguridad del Estado en los que, de acuerdo con reiteradas denuncias de migrantes y organizaciones de DD.HH., se extorsiona a quienes van en tránsito por Honduras, pese a que la mayoría cuenta con un salvoconducto que le permite circular libremente por el país durante cinco días. 

A unos 100 metros del punto de control policial, donde los buses bajan a los migrantes, se ubican los taxis y carros particulares que cobran 20 dólares a cada uno hasta la frontera de Agua Caliente, un trayecto de no más de cuatro kilómetros. Foto CC/Amílcar Izaguirre

A unos 4 kilómetros de la frontera de Agua Caliente, los autobuses de la ruta migrante dejan a sus pasajeros. Ahí entra en operación el grupo de personas dedicadas a la trata de personas con las que iniciamos este relato, ahí esperan a los migrantes para ofrecerle el servicio de transporte y llevarlos fuera de Honduras. «Ya traen línea», dicen en Ocotepeque. Como la «línea» se le conoce en la zona a la red nacional o internacional que traslada a los migrantes hasta la frontera y luego los deja en manos de socios en territorio de Guatemala.

 

Cada migrante paga 20 dólares para que lo acerquen a la frontera, y todavía tendrá que pagar otros cinco dólares a los guías o coyotes que los llevarán por puntos ciegos a Guatemala.

 

Es un negocio lucrativo. En Nueva Ocotepeque hay peleas entre las redes de tráfico de personas para prevalecer en este mercado. Hay miles de dólares que diariamente están en juego y cientos de personas de la zona dedicadas a esta labor, cuyos nuevos ingresos les han permitido un salto social.  ¿Cómo este movimiento de dinero inusitado puede cambiar la dinámica en comunidades tan pequeñas?  Una de las fuentes con las que hablamos expresó:  «Mire, uno de mis vecinos tenía una mototaxi, y ahora tiene tres camionetas enfrente de la casa».

 

 

Ocotepeque, la «capital de la hospitalidad»

 

Nueva Ocotepeque, la pequeña ciudad hondureña ubicada en la triple frontera de Honduras, El Salvador y Guatemala, es conocida por sus habitantes como la  «capital de la hospitalidad». Lo dicen con orgullo. El pueblo tiene amplias calles y su clima es fresco, pues se encuentra a pocos kilómetros de la montaña del Güisayote, uno de los pulmones del occidente del país. En ese municipio pacífico, donde su gente presume de ser hospitalaria, hay cosas que han cambiado por efecto de los dólares que dejan los migrantes.

 

Por ejemplo, todo el día, pero más cuando llega el atardecer, potentes bocinas retumban con música de todos los gustos. Esto no pasaba hace un año. Diversas personas con las que hablamos asocian este tipo de gastos superfluos al dinero que están obteniendo algunos individuos por trasladar migrantes.  «Se han incrementado los problemas sociales. El consumo de drogas y alcohol está desbordado. Están recibiendo mucho dinero y no hallan en qué invertirlo. Por eso [el tráfico de migrantes] ya han habido muertes», dijo una trabajadora de la Municipalidad de Nueva Ocotepeque.

 

Esta afirmación nos deja otra pregunta: ¿por qué razones hay muertes? Para responder, basta decir que, según pobladores de la zona, una persona involucrada en este negocio puede ganar de L 10,000 hasta L 50,000 (de USD 404 a USD 2,000), ingresos muy superiores a los de la mayoría de la población en Honduras, donde el salario mínimo oscila entre  L 8,114 y 15,770 mensuales. Y Ocotepeque, además, por tratarse de una zona del interior en donde predominan la agricultura y ganadería, los salarios de un obrero al día representan 200 o 250 lempiras (USD 8). Entonces, en la frontera de Agua Caliente opera un negocio que todos los días puede mover cifras cercanas a un millón de lempiras, porque a la frontera llegan cerca de 5,000 migrantes todos los días y la mayoría paga 25 dólares para llegar a Guatemala. Tanto dinero en juego tarde o temprano puede llevar a disputas: «Ya hay balaceras», manifestó un empleado municipal, sin dar muchos detalles.

 

En este negocio participan guatemaltecos, y son quienes tienen el control. Se cree que hay alrededor de 200 personas involucradas de las comunidades de Nueva Ocotepeque, Concepción y Santa Fe. El negocio se ejecuta a vista y paciencia del Estado, representado visiblemente por policías y militares. Según una empleada gubernamental, en el negocio no solo hay policías, sino también representantes de migración y empleados de la Municipalidad de Nueva Ocotepeque.  «Hay diferentes redes; quien lidera es una familia de Guatemala, con el permiso de ellos actúan las redes», dijo. 

Hace un año, por las calles de Nueva Ocotepeque caminaban cientos de migrantes. En ese entonces, los autobuses dejaban a las personas en tránsito muy cerca de la ciudad y casi a 30 kilómetros de la frontera. Ahora esto ha cambiado y la última estación de los autobuses fue movida a unos 4 km de Agua Caliente, así que es más fácil avanzar a Guatemala, en lugar de permanecer en Nueva Ocotepeque u otros sitios fronterizos.

 

En la Municipalidad de Nueva Ocotepeque conversamos con el secretario municipal, Carlos Marzuca. El alcalde Isrrael Aguilar y el vicealcalde José Villeda no estaban en sus oficinas. Marzuca manifestó, aunque no tenía las estadísticas a mano, que el tránsito de migrantes ha tenido un «impacto negativo» en la seguridad porque hay un «leve» aumento en los asaltos. Además, aseguró que el número de trabajadoras sexuales ha crecido. «Hay personas que se dedican a este ejercicio de la prostitución en el parque o en diversos puntos», manifestó. 

La presencia de personas en tránsito hacia Estados Unidos ha disminuido en el centro de la cabecera departamental de Ocotepeque, desde que los buses dejaron de bajar a los migrantes en el punto conocido como «el triángulo» ubicado a pocas cuadras de esta ciudad. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El funcionario expresó que en los últimos meses Nueva Ocotepeque ha estado en menos apuros de aglomeración de migrantes en las calles, y que se aprecian menos personas acampando en lugares públicos, como el parque central, sitio que el equipo de Contracorriente visitó por dos noches consecutivas, encontrando solamente una familia. No obstante, el funcionario municipal señaló que hay un daño ambiental, especialmente en el sector donde desembarcan los autobuses, pues «hay mucha basura» y la descarga de sanitarios móviles –que hace un año no existían— es algo negativo para el ambiente.

 

«Estas municipalidades son pobres y hemos enfrentado esta tarea por humanidad», explicó Marzuca, quien durante la entrevista recalcó en varias ocasiones que en las municipalidades no existe un renglón presupuestario para atender a los migrantes, ya que los lineamientos han sido establecidos desde la Secretaría de Finanzas (Sefin). Sin embargo, dijo que se ha apoyado de diferentes formas; puso como ejemplo que en Nueva Ocotepeque hay una clínica y en ella se atiende a los migrantes, aunque recalcó que esto termina impactando las finanzas municipales, «porque es medicamento que puede servir para las personas del municipio y se está utilizando para los migrantes. Se puede pensar que somos egoístas por pensar así, pero es una realidad», dijo.

 

Saúl Dubón, facilitador de proyectos de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) en la zona, mencionó que encontrar el equilibrio entre el respeto a los derechos de los migrantes y la reducción del impacto en las comunidades por las que hay tránsito no es fácil: «luchamos para que a las personas en movilidad se les respeten sus derechos, queremos sensibilizar a las autoridades, pero también luchamos porque las comunidades por donde pasa el flujo migrante no tengan un impacto de daño. Es casi imposible que ese tránsito de miles no ocasione algún impacto», dijo.

 

«La xenofobia es uno de los temas que estamos trabajando, que la población hondureña no vea con ojos de desprecio a los migrantes. Es que migrar es un derecho. Lo tienen ellos y lo tienen nuestros compatriotas que van de aquí para allá. Esto también es una lucha que estamos haciendo», agregó. 

 

¿Qué hacer con la basura?

 

Santa Fe es el último municipio de Honduras antes de llegar a Guatemala. Tiene unos 4,500 habitantes y los principales rubros de su economía son el cultivo de granos básicos, hortalizas y café. Es un pueblo muy pequeño, con un diminuto parque y una amplia oficina municipal, en donde el tránsito diario de cinco mil migrantes es más visible y su influencia en la dinámica del pueblo es evidente.

 

Una de las fuentes anónimas contó una historia que tuvo lugar en la frontera, que despierta alertas sobre los indicios de que la niñez puede estar siendo utilizada en este negocio. La fuente sostuvo que un menor, en una acción marcada por la inocencia, le ofreció trabajar en la trata de personas a un funcionario estatal. Primero, el niño preguntó cuánto ganaba el funcionario y luego, al escuchar una respuesta —inventada, porque el número triplicaba los ingresos que en realidad gana el empleado público—, provocó una respuesta insólita de parte del niño, quien replicó: «Eso, trabajando conmigo, se lo gana en un día». 

 

Una servidora municipal de la zona mencionó que una persona involucrada, con uno o más carros para transportar migrantes, puede ganar hasta 2,000 dólares al día, que serían alrededor de L 50,000.

 

En una visita del equipo de Contracorriente al puesto de atención humanitario ubicado en un sector denominado Machuca, a cuatro kilómetros de la frontera, se observó a un pequeño de unos nueve años deambular entre los migrantes.  «¿Estás perdido?» le preguntó un voluntario de derechos humanos. «No, estoy buscando a la gente de un amigo», respondió; y alguien más, que estaba presente en el lugar, infirió: «Es un niño coyote». 

En el punto de control policial de Machuca, Santa Fe, Ocotepeque, los migrantes esperan hasta formar un grupo considerable para poder avanzar hacia la frontera de Agua Caliente. Un poco más adelante, algunos toman taxis; otros caminan cuatro kilómetros para no pagar los 20 dólares que cobran los taxistas. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La fiebre por trabajar en el rentable e ilícito negocio de trasladar migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y de hondureños que salen en busca del mismo destino, ha dejado a Santa Fe con escasez de mano de obra. Según el secretario municipal Johny Oliva,  «si usted quiere un trabajador, le va a costar. Ahora las personas se dedican más que todo a llevar migrantes, ellos le llaman trabajo. Ya cuesta bastante [conseguir trabajadores] y se ha aumentado la paga para ellos».

 

El 25 de octubre de 2023, Oliva atendió al equipo de Contracorriente y a representantes de la  Asonog, porque el alcalde José Rosa no se encontraba, y la vicealcaldesa Liliam Moreira se excusó indicando que se encontraba atendiendo un negocio, ya que sus empleados renunciaron para emprender la ruta hacia Estados Unidos.  «Casi no viene», dijo Oliva en referencia a la funcionaria.

 

Oliva agregó algo que parece ha generado preocupación en todo el sector productivo: «En las comunidades el tema de relevo generacional es crítico y la juventud ya no quiere trabajar aquí, lo que quiere es irse o dedicarse a esto de trata de personas», señaló.

 

Hace algunos años, para la temporada de cosecha del café, miles de guatemaltecos ingresaron al país porque Honduras ya no tiene mano de obra para cubrir esa demanda temporal; ahora, en cultivos como la cebolla y otras hortalizas, también los jornaleros son escasos. Y es que un día de jornal se paga a 200 o 250 lempiras, pero en la trata de personas, el salario diario podrían ser miles. Oliva reiteró que «ahora en tres horas, ya ganaron algo que les sirve mucho más.  Hay muchas personas que se están dedicando a eso».  

  

Este no es el único inconveniente generado en Santa Fe por el tránsito de miles de migrantes. Johnny Oliva manifestó que en la corporación municipal están preocupados por la basura que se acumula en su jurisdicción, mayoritariamente como consecuencia del  paso de migrantes. «Siempre ha habido basura porque es algo cultural»,  reconoce el funcionario, pero expresó que en los últimos meses ha aumentado al punto de que la corporación hizo una declaratoria de emergencia.

 

Oliva mencionó que la llegada de 3,000 a 4,000 personas a la frontera está provocando un ambiente insalubre en el sector denominado como Machuca, muy cercano al casco urbano de Santa Fe. Además de la basura, mencionó que la zona se ha convertido en un enorme inodoro público, pese a que hay cinco sanitarios portátiles que resultan insuficientes. «Esta es una municipalidad pequeña. Es difícil, el viernes [27 de octubre] tenemos cabildo abierto y no dudo que se va a tocar lo que está sucediendo ahorita en la comunidad», dijo.

 

Otro tema de conversación es el hecho de que cientos de personas utilizan la zona cercana a la carretera como sanitario. Oliva aseguró que algunas organizaciones que trabajan en el sector temen que la exposición de heces fecales genere una epidemia. «Hay preocupación de que se llegue a producir un virus  que no se haya presentado en la zona y nos afecte». 

Santa Fe es el último municipio de Ocotepeque que cruzan las personas que transitan hacia Estados Unidos, antes de entrar a Guatemala. Un funcionario municipal aseguró que muchas personas en ese lugar han dejado los trabajos agrícolas para dedicarse a los negocios que genera la migración. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Por último, el secretario municipal de Santa Fe se quejó de que los pobladores que no tienen vehículo propio se han visto tan afectados por el servicio de transporte que ahora trabajan sin horario, pues lo adaptan a la llegada de migrantes. «Los [conductores de] autobuses ya no le toman importancia a los hondureños, ellos quieren llevar migrantes», dijo.

 

Los migrantes

Siguen llegando por miles todos los días, de las más diversas nacionalidades: chinos, rusos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, senegaleses, afganos, venezolanos, etc. Todos son vulnerables de una u otra forma. «Los que sí vienen perdidos son los rusos, chinos y afganos, andan desorientados y se comunican con el traductor de Google», dijo un empleado de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya base se encuentra en la frontera.

 

Al llegar a Machuca son esperados por coyotes o guías, que ante la pasividad de la Policía Nacional cobran a los migrantes 20 dólares por llevarlos en un tramo de cuatro kilómetros. Después tendrán que pagar cinco dólares más para que los crucen por puntos ciegos. Muchos de esos migrantes son acompañados o traen indicaciones de las redes de trata de personas; en este caso suelen ir bien vestidos y con teléfonos de alta gama. Otros van avanzando poco a poco, solicitando ayudas o trabajando temporalmente. A la mayoría, según los testimonios de migrantes y organizaciones de derechos humanos,  antes de salir de Honduras sus derechos les fueron vulnerados. 

 

La respuesta humanitaria del Estado no ha sido suficiente. Si bien se permite casi sin contratiempos la circulación de los migrantes por territorio nacional, tampoco existe control de la extorsión y los abusos de las autoridades a lo largo de ese camino.

 

En la frontera también hay muerte. Recientemente, cuatro migrantes murieron luego de que el autobús que los trasladaba en la madrugada se accidentó en Copán. Esto fue una noticia nacional e internacional, pero en la frontera también en los últimos años murieron otros cuatro migrantes, dos hombres y dos mujeres. La muerte les alcanzó cuando estaban por dejar Honduras.

En Machuca, Santa Fe, están ubicadas varias casetas de ONG que brindan ayuda humanitaria a las personas en tránsito hacia Estados Unidos. Los migrantes hacen una pausa para que les revisen sus documentos y usar los baños portátiles instalados en esa zona, para luego avanzar hacia la frontera entre Honduras y Guatemala. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Inmersos en este camino lleno de amenazas avanzan cientos, quizá miles de niños. Al puesto de atención humanitaria en donde personal voluntario de Asonog, Cruz Roja, Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y Dinaf, entre otras, los niños llegan con problemas de deshidratación, diarrea y enfermedades de las vías respiratorias.

 

En ocasiones los infantes son separados de sus padres, pues en la frontera se permite el paso libre de los núcleos familiares, pero en el retén de la Policía Nacional casi nunca se deja pasar libremente al padre, quien es enviado a cruzar por los puntos ciegos. La vulnerabilidad intrínseca del migrante hace que muchas madres y sus niños avancen caminando por las montañas para no separarse del padre; de hecho, la mayoría prefiere no separarse, aseguró el personal de la Dinaf.

 

Aunque a la familia se les explica que madres y niños pueden cruzar a Guatemala sin rodear, organismos de derechos humanos estiman que al final la decisión es forzada, pues en el retén policial se señala que el padre «está bien» y debe irse por el punto ciego. «En ese momento es donde la familia se bloquea, se siente vulnerable y prefiere rodear», dicen.

 

La conclusión del personal de la Dinaf en el sector es que al permitir que los niños caminen más de 30 minutos entre matorrales, no se les está protegiendo: «Si nosotros permitimos eso también estamos poniendo en riesgo a los niños. Se ha tratado de hablar con la policía, pero en ese tema sí están bien cerrados», mencionaron.

 

Saúl Dubón, de Asonog, sostuvo que uno de los ejes de las organizaciones humanitarias en la zona es informar a las personas en movilidad que su condición no los hace perder sus derechos: «A quien exige sus derechos, es raro que se los vulneren, pero son muy pocos que exigen sus garantías», dijo.

 

El Estado, por medio de sus instituciones, debería proteger los derechos de aquellos más vulnerables, ya sea por falta de recursos, por la barrera del idioma o por estar en una tierra desconocida, que , pero no es lo que ha pasado. «Nosotros [las oenegés] hacemos incidencia para que asuma ese rol. Probablemente en algunos aspectos [el Estado] está ausente en su totalidad, y [en] otros, lejos de brindar esa protección, son los que violentan derechos», reclamó Dubón.

 

Representantes de oenegés se reunieron el jueves 26 de octubre en Ocotepeque con la intención de confeccionar un plan de respuesta humanitario ante el flujo sostenido de migrantes. Por ahora no existe una forma estructurada de atender diligentemente a las personas que requieren atención humanitaria en los puntos fronterizos. El objetivo de la reunión, coordinado por Asonog y Oxfam en Honduras, era disponer de una coordinación operativa y fundamentada en enfoque de género y derechos humanos. «Esto nace de una necesidad que no está siendo cubierta, hay organizaciones que ya tienen protocolos internos, pero en la zona dudo mucho que exista un plan de respuesta para la mitigación del riesgo o la respuesta inmediata», expresó Dubón.

 

Por ahora, el flujo de migrantes continúa. Las comunidades resienten el impacto y es necesario que el Gobierno intervenga para aminorar los efectos. Los migrantes siguen cruzando por Honduras; al hacerlo, son extorsionados y van dejando miles de dólares en su camino. Y las cosas no cambiarán más adelante. Apenas ingresan a territorio de Guatemala, los «guías» ya los esperan para llevarlos por 20 dólares a Esquipulas, un municipio a 15 kilómetros de la frontera. Así comienza su tránsito por otro país.

Empresas vinculadas a dos consultores del BCIE obtuvieron contratos por valor de más de 1,6 millones de dólares para asesorar al banco en su relación con Corea del Sur. Uno de los asesores, además, fue delegado por Dante Mossi para adquirir en ese país asiático $2.1 millones en pruebas PCR a “bajo costo” para apoyar a los países centroamericanos durante la pandemia. Las pruebas, sin embargo, eran inservibles. Para corregir el error, el Banco terminó pagando más del doble de lo presupuestado para distribuir los insumos en la región.

 

Por Andrew Little (CJI) y Jiyoon Kim (KCIJ-Newstapa). Investigación de Yan Yan (OCCRP)

 

Hallazgos clave

 

  • En 2020 y 2021, el BCIE pagó a tres contratistas más de 1,6 millones de dólares por asesoría sobre la relación del banco con Corea del Sur.

  • Las tres estaban vinculadas a dos consultores que trabajaban en el BCIE —incluido el asesor del presidente del banco en temas de Corea del Sur. Expertos sostuvieron que la situación habría violado las normas del BCIE.

  • El BCIE también gastó millones de dólares en adquirir pruebas PCR de Corea del Sur a las que les faltaban piezas clave, con lo que se perdió tiempo crucial durante los primeros días de la pandemia del COVID-19.

  • Una auditoría interna constató que el presidente ejecutivo del banco, Dante Mossi, cometió “infracciones éticas” en la compra.

Los delegados del Banco Centroamericano de Integración Económica fueron agasajados con danzas tradicionales coreanas, música de tambores y kimchi mientras socializaban en un evento en 2021 diseñado para dar a conocer la cultura surcoreana en el corazón de la capital de Honduras.

 

El principal banco de desarrollo de Centroamérica, conocido por las siglas BCIE, había tardado décadas en convencer a Corea del Sur de incorporarse. Seúl se convirtió finalmente en “socio extrarregional” en 2019, con la esperanza de que el BCIE ayudara a las empresas surcoreanas a sacar provecho del gran número de empresas estadounidenses que están trasladando sus cadenas de suministro a Centroamérica.

 

“Una vez más, destacamos cómo Corea ha ayudado a Centroamérica”, señaló el presidente del banco, Dante Mossi, en un discurso en el evento 2021.

 

“Aunque son nuestro socio más reciente, nos ayudaron durante la emergencia de COVID-19… También están trabajando en varias innovaciones en la región, y apenas hemos visto el comienzo”.

Delegados del BCIE fueron agasajados con danzas tradicionales coreanas en un acto celebrado en Tegucigalpa en 2021 para dar a conocer la cultura surcoreana. [Haz clic en la imagen para ver el video]

La incorporación de Corea del Sur —el segundo mayor donante del BCIE después de su otro miembro asiático, Taiwán— fue una bendición para el banco de desarrollo. Los 450 millones de dólares que ofrecía Seúl ayudaron a mejorar la calificación crediticia del BCIE, respaldaron una ampliación de capital de 5.000 a 7.000 millones de dólares y representaban nuevos fondos que el banco podía otorgar en forma de préstamos.

 

Pero la inyección de nuevos fondos también ha creado nuevas oportunidades para consultores y asesores que puedan ayudar al BCIE a gastar los fondos surcoreanos.

 

En una investigación del OCCRP, Columbia Journalism Investigations y KCIJ-Newstapa se pudo constatar que algunas de esas consultoras tienen vínculos con personas que trabajan con el BCIE: el entonces asesor del presidente del banco sobre temas de Corea del Sur, Jason Oh, y su antiguo socio Seung-yol Lee, coordinador del fondo fiduciario surcoreano del banco.

 

En su conjunto, tres empresas vinculadas a los señores Oh y Lee obtuvieron 1,6 millones de dólares en contratos con el BCIE en 2020 y 2021 para ayudar a gestionar estos fondos surcoreanos, o para asesorar en la “canalización de recursos” de Corea del Sur a Centroamérica, o “fortalecer los lazos políticos entre el BCIE, la región del SICA [Centroamérica] y Asia-Pacífico”.

 

En los documentos de las empresas surcoreanas no aparece quién es el propietario de estas consultoras, aunque Oh y Lee sí ocuparon altos cargos en algunas de ellas y han trabajado estrechamente con otras. Ninguno de los dos respondió cuando se les solicitó algún comentario.

 

Tanto Lee como Oh trabajaban para ese entonces con el BCIE. En la lista de contratistas se puede apreciar que Oh fue contratado como asesor de Mossi en 2020 —y según el presidente, aún sigue trabajando con el banco. En el perfil corporativo de Lee se aprecia que empezó a trabajar para el BCIE ese mismo año, y que sigue siendo asesor del banco.

 

Los reporteros no encontraron pruebas de que Oh o Lee hayan ejercido alguna influencia en la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, los expertos que revisaron los hallazgos de la investigación señalan que se debería investigar la trama, porque es posible que se hayan violado las políticas de conflicto de intereses del BCIE.

 

Han-Beom You, director del capítulo surcoreano de Transparencia Internacional, declaró a Newstapa que se trataba de un “clásico conflicto de intereses”.

 

El BCIE no emitió ningún comentario para este artículo.

Un “puente” entre culturas

Uno de los objetivos declarados de Seúl al incorporarse al BCIE era ayudar a las empresas surcoreanas a expandir sus negocios en Centroamérica.

 

Poco tiempo después de incorporarse, su gobierno creó el Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF) con el fin de otorgar 50 millones de dólares en subvenciones a los proyectos del banco por  un plazo de cinco años. Según las normas del fondo, al menos el 55 % de ese dinero se destinó a empresas surcoreanas. En la práctica, las empresas coreanas han recibido incluso más —cerca del 80 %—, según el informe anual de 2021 del fondo.

 

Aunque el KTF era gestionado por el BCIE, exfuncionarios del gobierno surcoreano ocuparon puestos destacados. Entre ellos, Kunmin Kim, ex alto funcionario del Ministerio de Economía de Corea, que fue designado como administrador.

 

“El personal del gobierno coreano asignado al BCIE… [servirá] de trampolín entre la economía coreana y el BCIE y la economía centroamericana”, escribió Kim en un artículo publicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea.

 

“Hacer negocios en Centroamérica a través del BCIE reduce los riesgos políticos y aumenta la estabilidad y la sustentabilidad.”

 

El consultor coreano-estadounidense Oh ha sido clave para forjar la relación del BCIE con Corea del Sur. Ya en 2016 se le ve en fotos codeándose con altos funcionarios del BCIE. Varios antiguos y actuales funcionarios del BCIE afirman que Oh desempeñó un papel crucial en la incorporación de Corea del Sur como miembro.

Dante Mossi se dirige al público en un evento en 2021 en Tegucigalpa concebido para mostrar la cultura surcoreana. [Haz clic en la imagen para ver el video]

Mossi señaló que Oh ya había sido contratado con ese fin cuando se le designó como presidente ejecutivo del banco, a finales de 2018. Oh fue incorporado como asesor de Mossi “en todos los asuntos y negocios relacionados con la República de Corea” en 2020, según una lista de contratistas del BCIE.

 

“Para conocer Corea, necesitas a alguien que te ayude a traducir literalmente el camino a seguir”, explicó Mossi al OCCRP en una entrevista. “Contratamos a gente para que nos ayude con las relaciones con el gobierno cuando no tenemos presencia física en ese país, es lo normal”.

Mossi añadió que Oh sigue trabajando con el BCIE en la actualidad, y que ha fungido de contratista tanto con la oficina de finanzas como con la unidad de estrategia.

 

Pero Oh no sólo ha ayudado al BCIE a hacer negocios con Corea del Sur. Los periodistas pudieron corroborar que algunas consultoras donde personas cercanas a él ocupaban altos cargos también han conseguido contratos con el banco. Entre estas personas se encuentra Lee, su colega consultor en el BCIE.

 

Oh y Lee han trabajado juntos durante más de una década en una serie de empresas de consultoría constituidas tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. También compartían domicilio: En 2011 y 2012, ambos indicaron el mismo apartamento residencial en los documentos relacionados con dos casos judiciales civiles que se procesaron en Washington, D.C. (Ambos casos fueron desestimados).

 

La misma dirección se utilizó para crear una consultora estadounidense llamada Logical Standard en 2010. En sus registros de constitución figura Jason Oh como agente registrado, aunque no se indica quién es el propietario de la empresa.

En su perfil de LinkedIn, Jason Oh indica que ha trabajado con el BCIE desde 2019.

Dos días después de que se constituyera Logical Standard, Lee volvió a utilizar la misma dirección para registrar el dominio de un sitio web llamado logicstand.com. En los registros, Lee dice representar a una empresa llamada Kore Development Advisors —otra consultora estadounidense de la que Oh fue presidente y donde el perfil corporativo de Lee indica que fue director entre 2011 y 2019.

 

Cuatro años después, y a miles de kilómetros de distancia, Oh también figuraba como director en el acta constitutiva de otra consultora llamada Logical Standard, en esta ocasión registrada en Corea del Sur.

A primera vista, este enrevesado rastro documental que vincula a Lee y Oh a ambos lados del Pacífico termina ahí, ya que las Logical Standards estadounidense y surcoreana han cerrado operaciones. Pero los investigadores han hallado indicios de que han resurgido como una de las consultoras que obtuvieron contratos del BCIE, una empresa surcoreana llamada Logic Stand Co. Ltd.

 

Tres personas que conocían de Logic Stand y las otras consultoras contratadas por el BCIE declararon que trabajaban en estrecha colaboración con la empresa propiedad de Oh, Kore Development Advisers (o Korda), e incluso licitaron en los mismos proyectos. La correspondencia que obtuvieron los periodistas señala que las empresas compartían personal y colaboraban entre ellas.

 

“Siempre me he preguntado… cómo nadie se ha dado cuenta de que es la misma persona” la que está detrás de las empresas, indicó una de las personas, que pidió no ser identificada para proteger su carrera.

 

Cuando se le solicitó un comentario para este artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur declaró que el BCIE gestiona por completo el KTF y que el gobierno coreano no supervisa a quién contrata.

 

El banco “selecciona de forma independiente a los proveedores según la normativa interna, y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene ninguna autoridad de gestión o supervisión”, afirmó.

 

Mossi declaró al OCCRP que el contrato de Oh con el BCIE expirará pronto porque el banco ya abrió una oficina en Corea del Sur.

 

Cuando un periodista de Newstapa visitó las oficinas de Korda y Logic Stand a finales de octubre, ambas estaban vacías y sus puertas cerradas. Según agencias inmobiliarias, ambos espacios se pusieron en alquiler a principios de octubre.

Las consultoras surcoreanas que recibieron contratos del BCIE

Logic Stand

En su sitio web, Logic Stand se describe como un vínculo entre Corea del Sur y América Latina. “Tendemos puentes entre Corea del Sur y América Latina y el Caribe a través de nuestras redes y conocimientos únicos”, afirmaba la empresa.

 

Según la lista de contratistas del BCIE, Logic Stand recibió 1,2 millones de dólares por prestar “Servicios de Administración y Asesoramiento Externo” al KTF en 2020.

 

En los documentos de la empresa surcoreana se indica que Logic Stand no se constituyó hasta ese año. Pero otros indicios apuntan a que existe desde hace mucho más tiempo —y de hecho puede ser una reencarnación de Logical Standards, gestionada por Lee y Oh.

 

Por un lado, el sitio web de Logic Stand —que fue desactivado después de que los reporteros abordaran a Jason Oh solicitando una entrevista— mencionaba proyectos que se remontaban a casi una década. Varios de ellos eran los mismos proyectos en los que Logical Standard afirmaba haber trabajado, incluidos dos proyectos en América Latina de 2014 y otro del año siguiente en el que se asesoraba al gobierno de Nicaragua en materia de software.

 

Las dos empresas también comparten empleados. La directora de Logic Stand, llamada Yun-Jung Bang, también fue directora interna de la surcoreana Logical Standard desde 2015 hasta su disolución en 2021.

 

Cuando los reporteros de Newstapa, aliado del OCCRP, visitaron las oficinas de Logic Stand en el distrito de Seongdong de Seúl a principios de este año, se les indicó que Lee también era director de la empresa.

 

Un guardia de seguridad explicó a los periodistas que el personal de la empresa también trabajaba para otra consultora del edificio, Korda, cuya oficina estaba a un piso de distancia.

 

Bang, Lee y Logic Stand no respondieron cuando se les solicitó algún comentario.

 

 

Evolve Consulting

 

Evolve Consulting Co. Ltd. es una empresa surcoreana que obtuvo un contrato de 400.000 dólares en 2020 para ayudar a “fortalecer los lazos políticos y económicos entre el BCIE, la región del SICA [América Central] y Asia Pacífico”.

 

Su lista de accionistas no está publicada, pero Bang figura como directora interna en los registros de la empresa. La información de la base de datos empresarial mundial Orbis muestra que el anterior director general de la empresa era Lee.

 

Al parecer, su relación con Evolve se remonta a varios años atrás: En un documento de 2016 emitido por la empresa para un proyecto de banda ancha en Nicaragua figuran tanto Lee como Bang como investigadores.

 

En la correspondencia que pudieron analizar los periodistas también se indica que Evolve ha trabajado en estrecha colaboración con Logic Stand y con Korda.

 

Evolve no respondió cuando se le solicitó algún comentario al respecto.

I Street Partners

I Street Partners Co. Ltd. recibió 40.000 dólares para asesorar al BCIE sobre la “canalización de recursos” de Corea del Sur a Centroamérica en 2021.

 

En los registros de la empresa no aparecen sus accionistas, y sólo se da el nombre de un director representante llamado Surin Park. Según los detalles de un obituario familiar en internet, confirmados a través de registros de la propiedad y redes sociales, Park es la hermana de Jason Oh.

 

Bang también fungió de auditora de la empresa durante un breve periodo en 2021.

‘Básicamente mentiras’

 

Además de la inyección de fondos al BCIE, Corea del Sur también aportó dinero para ayudar a sobrellevar el COVID-19 después de que la pandemia azotara la región a principios de marzo de 2020.

 

Los funcionarios del banco utilizaron sus nuevos contactos coreanos para adquirir lo que se suponía que eran pruebas de PCR a bajo precio, que ayudarían a los países centroamericanos a diagnosticar nuevos casos del virus en los primeros días de la pandemia.

 

Pero las gestiones para adquirir las pruebas de empresas surcoreanas acabó en un bochorno —y en una auditoría interna inquisitiva que detectó violaciones éticas— después de que se confirmara que a las pruebas les faltaban piezas clave que las hacían inutilizables.

 

“A sugerencia de nuestro entonces Director coreano, su gobierno ofreció algunos kits de pruebas a los precios que ellos mismos las obtendrían, y facilitó el nombre de varias empresas”, explicó Mossi.

 

Mossi delegó en su asesor sobre Corea del Sur, Jason Oh, los contactos con los proveedores y para que negociara directamente con ellos, según una auditoría de la compra a la que tuvieron acceso los periodistas. El BCIE acabó pagando a una empresa surcoreana 2,1 millones de dólares por unas pruebas PCR que pensaba distribuir entre sus Estados miembros.

 

Pero cuando las pruebas llegaron a Costa Rica había un problema: faltaban los “kits de extracción” —los tubos que contienen los bastoncillos utilizados para tomar la muestra de los pacientes—, por lo que resultaban inútiles.

 

“Por desgracia, las pruebas de coronavirus donadas —con generosidad y las mejores intenciones— por los socios extrarregionales del BCIE a los socios regionales no pueden ser utilizadas por estar incompletas”, escribió el entonces director del banco en Costa Rica, Ottón Solís, en un correo electrónico a Mossi el 14 de abril de 2020.

 

A principios de abril de 2020, el BCIE publicó una foto de Mossi, el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y funcionarios de salud hondureños recibiendo una entrega de pruebas COVID-19.

 

Cuando Mossi respondió que los kits habían sido solicitados por los ministerios de salud de los estados miembros, Solís volvió a escribir —esta vez colocando el texto de su correo en rojo para enfatizar— solicitando a Mossi que compartiera “esta solicitud errónea de los ministros por escrito… para proteger la reputación del BCIE”.

 

Mossi respondió que las pruebas habían sido solicitadas al “más alto nivel” del Consejo de Integración Regional, SICA, y habían sido “aprobadas” por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA. Cualquier problema con las pruebas podría subsanarse comprando los kits de extracción que faltan, añadió Mossi.

 

“Creo que es una oportunidad para demostrar que podemos colaborar”, le escribió Mossi a Solís.

 

Pero en la auditoría se confirmó que Oh empezó a negociar la compra de las pruebas antes de que los directores del BCIE la hubieran aprobado.

 

También se constató que COMISCA, como afirmaba Mossi, no había dado el visto bueno a las pruebas ni las había evaluado en detalle antes de la compra, salvo para señalar que les faltaba un componente clave.

 

La auditoría hizo referencia tanto a la “deficiente actuación profesional de los responsables de la donación” como a las “violaciones éticas” que se cometieron al intentar encubrir el error.

 

“En varias etapas de la operación se expresaron verbalmente y por escrito informaciones, conceptos y opiniones intencionalmente erróneas (en resumen, mentiras)”, escribió el jefe de ética del banco, a la vez que recomendó que se abriera un caso ante el comité de ética del BCIE.

 

En una carta adjunta, hizo un “enérgico llamado de atención” a Mossi y a otros altos funcionarios por comprar las pruebas incompletas, negarlo y “alegar repetidamente” que COMISCA y los gobiernos regionales habían aprobado la compra.

 

Mossi defendió la decisión de comprar las pruebas, declarando al OCCRP que Oh había logrado negociar con los proveedores surcoreanos un precio mucho mejor que otras alternativas disponibles en ese momento.

 

En otros comentarios por escrito, señaló: “La compra de kits de pruebas que hizo el BCIE fue auditada y no se encontró ninguna irregularidad”. Afirmó que el banco sí consultó a COMISCA sobre las pruebas, y que había creado un panel de expertos para realizar la compra siguiendo los consejos del organismo sanitario regional.

 

La junta directiva del BCIE aprobó en mayo de 2020 un monto de hasta 2,3 millones de dólares adicionales para comprar kits de análisis y muestreo, es decir, más del doble del monto original que se gastó. Mossi indicó que la segunda ronda de subvenciones incluía los kits de extracción que faltaban.

 

Pero para entonces, señaló el auditor, ya se había perdido la ventaja de haber comprado las pruebas temprano.

 

Aunque no se mencionó específicamente al BCIE, en el Parlamento surcoreano ya se han planteado preocupaciones sobre la falta de transparencia en torno a las donaciones y préstamos que el gobierno concede a instituciones internacionales de desarrollo.

 

En 2019, un congresista propuso una enmienda legal con la que se buscaba una mayor supervisión del monto de dinero que se estaba entregando a dichas organizaciones.

 

Aunque el Ministerio de Finanzas rechazó la propuesta, los funcionarios admitieron en su respuesta a la moción que “no existe un control fiscal real” y que la ley de Corea del Sur sobre el financiamiento de bancos de desarrollo “se está utilizando para eludir el debate presupuestario.”

 

“Es necesario mejorar el sistema para que puedan corregirse las prácticas poco razonables y los aportes a la inversión puedan gestionarse y ejecutarse con transparencia”, declaró Hong Sung-kook, legislador del partido de la oposición que ha criticado los aportes del gobierno a las instituciones financieras internacionales.

 

 

*La versión original de este artículo se publicó en OCCRP y KCIJ-Neswtapa, con el título: Posible conflicto de intereses en relación del BCIE con Corea del Sur.

Centenares de opositores al Gobierno de Xiomara Castro marcharon este sábado por las calles de Tegucigalpa y se dirigieron a Casa Presidencial, en donde gritaron consignas en contra del partido de Gobierno. Aunque había en las inmediaciones miembros de los colectivos del Partido Libre, la Policía Nacional evitó una confrontación física. La oposición hondureña salió a las calles masivamente, luego de la elección interina de los fiscales general y adjunto, sin la venia de más de 70 diputados de la oposición.

 

Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes y fotografías de Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Centenares de manifestantes de la oposición, aglutinados en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), llegaron este sábado a Casa Presidencial para rechazar lo que ellos consideran «un giro» hacia ideologías como la de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Algunos destacados asistentes de la manifestación fueron dirigentes del Partido Nacional (PN) como David Chávez, el excandidato presidencial Nasry Asfura, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el general Romeo Vásquez Velásquez, autor material del golpe de estado de 2009. 

Una de las razones de esta marcha fue la crisis desatada el pasado 1 de noviembre, cuando nueve diputados oficialistas, miembros de una Comisión Permanente, decidieron nombrar de manera interina al fiscal general y al fiscal adjunto, Johel Zelaya y Mario Morazán respectivamente, desconociendo la voluntad de más de 70 diputados de la oposición de las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

 

Las consignas del BOC giraron en torno a la «defensa de la democracia», argumentando que Honduras, con el «socialismo democrático de Xiomara Castro», se dirige a ser «una dictadura como Nicaragua o Venezuela».

Portando pancartas, grupos opositores marcharon por Tegucigalpa sin ningún incidente. Foto Cc/ Fernando Destephen

El general Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto que ejecutó el Golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, dijo que el partido de Gobierno está «abusando del poder, no respetan a nadie ni a nada, el pueblo no los puso para que violaran la ley. Son comunistas ineficientes y no pueden hacer nada».

Al otro extremo de la marcha del BOC estaba Melvin Ceballos, dirigente del Partido Libre, quien negó haber sido convocado por Xiomara Castro o el expresidente Zelaya, afirmando que «se autoconvocaron en defensa del Gobierno, por ese relajo de delincuentes como Tomás Zambrano, como el general Vásquez, como Marcia Villeda, Mario Pérez y Tito Asfura, el de los Panama Papers», dijo.

Manifestantes del Bloque de Oposición vistieron de blanco en su protesta contra el gobierno de Xiomara Castro. Foto CC/Jorge Cabrera

Junto a Melvin Ceballos y los colectivos del Partido Libre, también pudo verse a los «motorizados de la presidenta Xiomara Castro», quienes aseguraron estar listos para defender a la mandataria.

A pesar de que Melvin Ceballos argumentó que no fueron convocados ni por Xiomara Castro ni por Manuel Zelaya, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, convocó en su cuenta de X a los colectivos del Partido Libre para defender a la presidenta Xiomara Castro «del golpismo».

La Policía Nacional de Honduras blindó los accesos a Casa Presidencial para evitar que los colectivos del Partido Libre se enfrascaran en una pelea física con los miembros del BOC, quienes sí pudieron llegar hasta la sede del Ejecutivo.

La crisis en el Congreso Nacional, epicentro de la crisis 

Aunque los nombramientos de los fiscales general y adjunto son interinos, la oposición difícilmente podrá reunir 86 votos para nombrar a otros fiscales en propiedad y tampoco cuentan con el control de la Junta Directiva, en manos del Partido Libre, que está en franca confrontación con la oposición.

Los diputados de la oposición han recurrido a autoconvocarse en sesiones extraordinarias  y han logrado reunir más de 65 votos, logrando quórum, y votado para echar atrás el nombramiento de los fiscales del Ministerio Público; sin embargo, sus decisiones no han sido tomadas en cuenta hasta el momento.

Pese al comunicado de no convocatoria por parte del gobierno, algunos seguidores del partido en el poder llegaron hasta Casa Presidencial.Foto CC/ Jorge Cabrera

Por el contrario, congresistas que han encabezado estas sesiones, como Marlon Lara, Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa, fueron denunciados ante el Ministerio Público por usurpación de funciones.

Ante las reuniones de diputados opositores, la dirigencia del Partido Libre ha dicho que en Honduras se está «fraguando un golpe blando contra el Congreso Nacional».

 

Pulso político 

La protesta de este sábado no se desarrolló en un clima favorable, pues algunos ministros amenazaron con no dejar avanzar los buses de los miembros de la oposición.

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), a través del Comisionado Rafael Barahona, amenazó a los dueños de autobuses con detener y decomisar sus unidades urbanas e interurbanas si trasladaban a manifestantes a la capital sin un permiso previo. Esa situación imposibilitó la llegada de varios buses procedentes del departamento de Choluteca, zona sur de Honduras.

Los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno de la presidenta Castro. Foto Cc/ Fernando Destephen

El partido de Gobierno ha sido señalado en ocasiones anteriores por intentar interrumpir o coartar el derecho a la protesta. El Ejecutivo convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para investigar a una protesta de empleados de Choluteca, quienes cuestionaban al Gobierno por algunas decisiones.

En meses anteriores se han protagonizado enfrentamientos a golpes de parte de miembros de colectivos del Partido Libre contra militantes de la oposición. Además, la convocatoria a protestas paralelas ha sido una constante para la desarticulación de iniciativas de sociedad civil como, por ejemplo, una convocatoria del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) a marchar para exigir la llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción, la cual fue cancelada para evitar confrontaciones con colectivos de Libre.

Hoy, el exsecretario de Transparencia del Gobierno de Xiomara Castro, Edmundo Orellana Mercado, posteó en su cuenta de X que los miembros del BOC «pueden estar equivocados o representar los intereses más oscuros de la política, pero tienen el derecho a manifestarse y la autoridad el deber de facilitarles el ejercicio de su derecho y protegerlos. Quien restrinja este derecho incurre en responsabilidad».

Los discursos confrontados y de odio fueron recurrentes entre ambos bandos este día. El diputado nacionalista Nelson Márquez expresó que «Libre está equivocado si cree que Honduras va a ser igual que Nicaragua, Venezuela o Cuba», y que en esa marcha “Honduras le está diciendo al Partido Libre que aquí quieren democracia”.

La policía estableció un fuerte resguardo en las cercanías de Casa Presidencial. Foto Cc/Jorge Cabrera

Antes de esta protesta, miembros del BOC habían compartido videos en donde gritaban consignas de «zurdos de mierda», en referencia al Partido Libre y emulando una famosa frase del candidato presidencial argentino Javier Milei.

«La gente no acompaña las ideologías de Libre, las agendas de anti Dios», expresó Tomás Zambrano, quien dijo que «miles de personas» se quedaron en las salidas de Choluteca por temor y porque sus autobuses fueran detenidos.

Rashid Mejía, fundador de «Una sola voz por Honduras», quien anteriormente fue agredido por colectivos del Partido Libre, llegó este sábado usando un chaleco antibalas, y manifestó que llegaba «sin miedo porque vamos a defender el país cueste lo que cueste. Porque al país no le pertenece a nadie y tampoco es una hacienda de la familia Zelaya. Desde anoche amenazaron a los transportistas que cuidadito movían a las personas».

David Chávez, presidente del Partido Nacional, manifestó que lastimosamente les boicotearon los buses y le prohibieron a los transportistas que contrataran unidades. Agregó que actualmente en Honduras «tenemos mucha convulsión y que los que gobiernan, si no entienden que hay que buscar diálogos y consensos, vamos a vivir el nivel más alto e histórico de polarización. El diálogo es la solución (…) necesitamos buscar soluciones dentro de la Constitución que sean de beneficio para el pueblo, el pueblo tiene que saber que las decisiones son para bienestar del pueblo».

Diputados de la oposición denunciados ante el Ministerio Público

Esta semana, tres diputados opositores fueron denunciados ante el Ministerio Público por el supuesto delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Junta Directiva que dirige Luis Redondo, después de haber realizado al menos tres reuniones extraordinarias, en las cuales desconocieron el nombramiento de los fiscales interinos y además interpelaron al titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, y a las autoridades de la Enag, con más de 65 votos.

El exalcalde Tito Asfura participa de la marcha convocada por la oposición contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Foto Cc/ Jorge Cabrera

Por otra parte, los fiscales interinos recientemente nombrados por la Comisión Permanente han procedido a «desengavetar» requerimientos fiscales que, según ellos, habían sido archivados por los jefes de algunas unidades del Ministerio Público, los cuales, a su vez, están siendo removidos de sus respectivas jefaturas.

En el marco de las nuevas actuaciones del Ministerio Público, se han emitido requerimientos fiscales contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, acusadas por corrupción en la compra de hospitales móviles durante la pandemia del COVID.

Mientras estas protestas se suceden, la polarización en Honduras crece, con la tensión diplomática entre el Gobierno de Honduras y la Embajada de Estados Unidos en Honduras. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina le pidió a la embajadora Laura Dogu no emitir juicios de valor sobre la democracia hondureña.

El Congreso Nacional parece ser ahora el punto más delicado y fuente de crisis en Honduras, porque las principales bancadas opositoras, con más de 65 votos, parecen estar en un punto de no retorno, mientras las decisiones oficiales las está tomando una Comisión Permanente con apenas 9 congresistas, quienes, aprovechando el período de vacaciones que finaliza el 24 de enero de 2024, están recurriendo a las facultades que les otorga la Constitución para tomar decisiones trascendentes. Esa situación es vista por la oposición hondureña y ciertos sectores de la comunidad internacional como una jugada autoritaria. 

El 31 de octubre terminaron las sesiones ordinarias del Congreso Nacional para el año 2023. Era el último día para ratificar uno de los decretos que derogaron las ZEDE. Sin embargo, la noche fue marcada por la división de las bancadas y una crisis de violencia, dejando por fuera el tema que fue una de las promesas de campaña más importantes del Partido Libre. La comisión permanente del Congreso Nacional, creada aquel día y conformada por nueve diputados, reafirmó esta semana la «derogación total» de las ZEDE en un comunicado que no vale como ratificación por no contar con la aprobación de dos tercios de los diputados. La figura jurídica de la ZEDE aún autorizada por la constitución —pero sin ley orgánica— sigue en el limbo. 

Texto: Célia Pousset

Fotografía: Jorge Cabrera

 

«Las ZEDE están derogadas» escribió ayer en su cuenta de X Rasel Tomé, el vicepresidente del Congreso Nacional. «Las odiosas ZEDE que atentan contra la forma de gobierno y el territorio NO están derogadas», aseguró la diputada liberal, Maribel Espinoza en la misma plataforma.

 

Desde el 7 de noviembre volvió a surgir con fuerza el tema de las ZEDE, tras un comunicado de la Comisión Permanente del Congreso Nacional que reafirmó la «derogación total» de esta figura jurídica creada en 2012, pero sin tener la potestad de ratificar dicha derogación. 

Ese debate existe desde abril de 2022, cuando el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos. Esa derogación se realizó a través de la aprobación de dos decretos:  el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022

El primer decreto pretende derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE; sin embargo, por ley constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la «subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia».

 

En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.

 

Según el análisis del abogado Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), al no ratificarse ese decreto «no se perfeccionó el procedimiento de reforma de la norma constitucional y, en consecuencia, la figura de las ZEDE sigue estando reconocida por la Constitución de la República».

La Ley ZEDE, en cambio, está derogada  por el segundo decreto ya que sólo se necesitaba de la mayoría de votos para ello.

Un residente de la ZEDE Ciudad Morazán almuerza bajo la sombra de un árbol. Foto CC/Jorge Cabrera

En resumen, Mejía afirma que la figura legal de la ZEDE existe en la Constitución, pero que ya no cuenta con ninguna ley orgánica que le dé operatividad.

 

Concretamente, no se pueden instalar más ZEDE en Honduras pero, al no haber ratificado  la derogación a las reformas constitucionales, quedan en el limbo legal las tres ZEDE existentes: Próspera en Roatán, Ciudad Morazán en Choloma, y Orquídea en  San Marcos de Colón. 

Rótulo colocado en la comunidad garífuna de la Ensenada, en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Los pueblos originarios expresaron desde el inicio su rechazo a la posible implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en su comunidad. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

Un tema sacrificado en el altar de las negociaciones para la elección del fiscal general

 

«Mucha gente considera que se sacrificó el tema ZEDE a cambio de la creación de la comisión permanente. Los diputados de Libre prefirieron el tema del fiscal», expresó Óscar Hendrix, abogado y activista en contra de las ZEDE, quien tiene claro que no hubo derogación completa por la falta de ratificación.

 

Según Hendrix, el Gobierno no fue lo suficientemente estratégico a la hora de poner un alto a las ciudades modelo. Lamenta que «se limitaron a la vía legislativa» y que «a pesar de tener una nueva Corte Suprema de Justicia desde hace 10 meses, no se hizo empuje para que se admitieran los recursos de inconstitucionalidad, lo que hubiera sido lo mejor. La Corte pasada estaba a favor de los intereses de las ZEDE, pero recuperamos la Corte, supuestamente, y no apostaron en eso».

 

La vía de los recursos de inconstitucionalidad parece ser la que contemplan también algunos diputados de Libre. Cuando preguntamos a Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso y miembro de la comisión permanente, si esta comisión podía hacer algo por el tema de las ZEDE tras la ausencia de ratificación, contestó: «se está analizando si se puede hacer algo, pero también hay un recurso de inconstitucionalidad pendiente».

 

Hendrix admite que, desde la militancia, bajaron la guardia porque confiaban en que el Gobierno de la Refundación iba a solucionar el problema: «Así como el Gobierno no le dio seguimiento al tema ZEDE, creo que nos faltó como población movilizarnos». 

Xiomara Hortencia Zelaya, diputada del Congreso Nacional, Fernando García, comisionado presidencial en contra de las ZEDE, Xiomara Castro, presidenta de la República, y Lucky Medina, ministro de MiAmbiente, en la firma que sanciona la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE y los decretos derivados de su normativa. Foto CC/Jorge Cabrera.

El abogado y activista señala también que el Gobierno falló en proponer un modelo de desarrollo y oportunidades a las comunidades vecinas de las ZEDE, y que por lo tanto, siguen siendo proyectos aceptados para una parte de la población hondureña, lo cual genera conflictividad con las personas que luchan contra su presencia en el territorio: «que yo sepa el Gobierno no tiene [un] programa social para esas comunidades. Entonces, si el Estado no se asoma, esos proyectos se vuelven atractivos». 

Toma de una manifestación contra las Zede de la comunidad garífuna de La Ensenada, en el departamento de Atlántida. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

Entonces, ¿las ZEDE siguen?


Contracorriente preguntó a los tres secretarios técnicos de las actuales ZEDE en Honduras si cerrarán o continuarán operando.  


Del lado de Próspera, Jorge Colindres afirmó que la declaración de la comisión permanente era solo un intento de intimidación, y que no les iba a impedir crecer. «Nosotros seguimos. Actuamos bajo la autonomía y derechos adquiridos que nos confiere y garantiza la Constitución de la República, tratados internacionales y contratos de estabilidad jurídica. Traición a la patria es usurpar ilegalmente cargos públicos, como lo han hecho con la Junta Directiva del CN y el Ministerio Público», expresó.  


En diciembre, los inversionistas de Próspera demandaron al Estado ante el centro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI), hasta 10,775 millones de dólares por daños y perjuicios. El Gobierno no nombró árbitro en este proceso y se niega a reconocer la jurisdicción del CIADI. 

 

En cambio, el secretario técnico de Ciudad Morazán, Carlos Fortín, se mostró más preocupado por la incertidumbre jurídica y la huida de las inversiones: «Terminaron las sesiones ordinarias sin la ratificación, entonces la gente piensa que las ZEDE se salvaron por eso. Yo no creo que nos salvemos de nada si el deseo político es derogar y que ya no hay institucionalidad en Honduras». 


Preguntamos a Fernando García, el designado presidencial en contra de las ZEDE, cómo el Gobierno iba a poner en práctica lo que aseguran es decir,  que las ZEDE están derogadas, y si iban a cerrar los proyectos. No obtuvimos respuesta.

Cuatro meses antes de las elecciones de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica autorizó un préstamo de 1,750 millones de lempiras (unos 70 millones de dólares) a Honduras, para paliar la devastación de las tormentas tropicales Eta e Iota. El primer desembolso llegó un mes antes de los comicios y el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, utilizó parte de ese dinero para otorgar bonos a cambio de que las personas beneficiadas votaran por el candidato presidencial de su partido. La hija del expresidente, Ivonne Hernández, trabajaba como ejecutiva de finanzas en el BCIE en esa época. 

Texto: Vienna Herrera
Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Jorge Cabrera y Amílcar Izaguirre

«Era un fenómeno, decenas de personas en los bancos aquí de El Progreso cobrando el bono. Algunas decían que eran siete mil (lempiras), otras decían que eran 14 mil los que te daban, siete mil antes de las elecciones y los otros siete mil después», dice Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), quien radica en esta pequeña ciudad al norte de Honduras.  

Elvis Hernández se refiere al dinero en forma de ayuda directa proveniente de dos bonos aprobados en 2021 por el gobierno de Juan Orlando Hernández, previo a las elecciones generales de noviembre de ese año: el Bono Vida Mejor-Bicentenario, que recogía remanentes de presupuesto de varias instituciones, y el Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, financiado con un préstamo de 1,750 millones de lempiras (USD 70 millones) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a paliar la emergencia provocada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020. 

A pesar de la devastación —100 muertos y 4.5 millones de personas afectadas, según cifras oficiales— y de que miles de personas sin hogar ni albergue deambulaban por las calles de San Pedro Sula y El Progreso, el gobierno de Honduras le escribió al BCIE para solicitar el préstamo hasta junio de 2021, siete meses después del desastre. . Según la documentación del mismo banco, los fondos,  fueron aprobados en agosto y transferidos en octubre, casi un año después del paso de las tormentas tropicales, pero a solo un mes de las elecciones presidenciales. 

De acuerdo con un documento de la Secretaría de Finanzas, del total del préstamo, el BCIE entregó el 20 % al gobierno de Hernández, 339,813,551 lempiras (13,592,542 USD) para que la ayuda llegara a unos 485 mil beneficiarios. Sin embargo, dos personas que cobraron el bono, dos fuentes dentro del banco y dos veedores de sociedad civil le confirmaron a Contracorriente que los bonos fueron entregados en noviembre de 2021 por el gobierno nacionalista, a cambio de votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura. 

Una de las personas que recibió el bono y habló con este medio bajo condición de anonimato, cuenta que para incluirla en el listado de beneficiarios le pidieron su tarjeta de identidad, «Nomás eso y que votara por ‘Papi a la orden’». 

Las dos fuentes dentro del banco aseguran que el préstamo se aprobó inusualmente rápido debido a la cercanía de las elecciones. El todavía director del BCIE, Dante Mossi, que dejará su cargo en unos días, reconoció en entrevista con Contracorriente que el desembolso se produjo efectivamente en un plazo más corto de lo habitual,  aunque asegura que se debía a la urgencia de que el bono llegara a quienes lo necesitaban. 

Todas las fuentes consultadas describen el mismo mecanismo para la entrega de bonos: transferencias monetarias condicionadas a votar por el Partido Nacional. Las personas que podían cobrar el bono eran parte de un listado que recogían las guías de familia, personas encargadas de monitorear su comunidad y gestionar los proyectos, quienes a cambio recibían un pago mensual del gobierno. Aunque no era un requisito oficial, las guías de familia debían ser también activistas del Partido Nacional para asegurarse de que los beneficiarios votaran por Asfura.  

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Antes de que el gobierno de Hernández recibiera el dinero para los bonos, la plataforma Mesa Ciudadana, conformada por académicos y sociedad civil, envió una carta a Mossi en donde le pedían que no desembolsara el préstamo porque podría ser utilizado para el clientelismo electoral. Según la plataforma, nunca obtuvieron respuesta.  

La Secretaría de Infraestructura y Transporte, según el portal oficial Honduras Inversiones, solo ha ejecutado la mitad del presupuesto asignado en 2023 para obras para el control de inundaciones en el Valle de Sula.

Mossi reconoció que los políticos se pueden beneficiar de bonos o proyectos que se realicen con fondos del BCIE si es año electoral, y que esa fue la razón por la que no desembolsaron todo el fondo en ese momento y solo dieron el 20 %.

«No hay ninguna anomalía, si hubiese, créame que yo la vería. Yo fui acusado muchas veces por haberle hecho un desembolso para la campaña al Partido Nacional; digo, es una tontera, ni siquiera estaba en Honduras cuando pasó eso. […] Legalmente no es problemático, pero no sé si moralmente o a nivel de conciencia hay como, este análisis de, bueno, podemos beneficiar a cierto candidato si estamos entregando esto dos semanas antes de las elecciones», dijo Mossi. 

Tres años después del paso de Eta e Iota, el manejo de las ayudas a los damnificados por parte del gobierno de JOH sigue envuelto en serias dudas. La Fiscalía hondureña tiene una investigación en curso sobre el programa «No están solos», en la que busca aclarar el tipo de control para elegir a las personas a las que se les darían los bonos, y si realmente las ayudas fueron entregadas. Estos fondos, al igual que los prestados por el BCIE, fueron entregados por medio de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), una de las instituciones más cuestionadas durante el gobierno de Hernández por estar involucrada en varios casos de corrupción. 

 

Un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) denominado La política pública de asistencia social del partido de gobierno: origen, trayectoria y propósito de los programas y proyectos sociales, indicó que durante los años en que la Sedis estuvo activa ejecutaba más fondos que los aprobados para su presupuesto. Los años en que más incrementó esa ejecución fueron 2016 y 2017, así como 2020 y 2021, «coincidente con los años del fin del gobierno y del proceso electoral». 

El exalcalde de Tegucigalpa, Tito Asfura, durante la celebración del Día de la Bandera. Foto: Archivo CC.

Asfura, a pesar de la compra de votos, perdió las elecciones ante la actual presidenta, Xiomara Castro. El gobierno actual eliminó la Sedis para sustituirla por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde hoy está en prisión acusado de narcotráfico. Su hija, Ivonne Hernández, ocupaba el cargo de ejecutiva de Finanzas en el BCIE cuando se aprobaron los fondos para emergencia que acabarían siendo utilizados en parte para la compra de votos, y desempeñó ese cargo hasta junio de 2022.  

«Ella ganó un concurso en el área financiera de gestión de recursos en nuestra oficina de Taipéi, en la República de China Taiwán, sin relación alguna con la parte de negocios que se encarga del diseño de operaciones», respondió Mossi a la pregunta de Contracorriente sobre si había algún conflicto de interés por el hecho de que la hija del presidente de Honduras trabajara en el banco en el momento del préstamo.

 

La hija del presidente en el BCIE

Ivonne Hernández comenzó a trabajar en agosto de 2019 como asistente de la directora de Honduras ante el BCIE, Catherine Chang, hija del exministro de Gobernación de Hernández, Chang Castillo, y esposa del exfiscal general, Óscar Chinchilla, quién recientemente se fue a Nicaragua a ocupar el cargo de vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). 

Una fuente que trabajaba en ese entonces en el BCIE, en una de las oficinas encargadas de proyectos, dijo que Chang tenía un papel fundamental para apoyar al gobierno de Juan Orlando Hernández: «Era un caballito de guerra, aprobando cosas que ni sabían que estaban aprobando. Un proyecto que se lleva al BCIE ya lleva todo cuadrado, ni siquiera discuten si es un proyecto necesario, solo hacen la patarata [fingen]».  

Contracorriente contactó a Catherine Chang para solicitar su versión sobre estas declaraciones y explicar su relación con el gobierno del expresidente Hernández, pero al cierre de este texto no respondió a las solicitudes de entrevistas.

Ivonne Hernández, según su perfil de Linkedin, ocupó ese puesto hasta octubre de 2020, cuando fue nombrada Ejecutiva de Finanzas, cargo en el que permaneció hasta junio de 2022.

La hija del expresidente asegura en esa misma red social que es fundadora y miembro de la Fundación Acción Juvenil (Fundaj), una organización que recibió casi 38 millones de lempiras (un millón 500 mil dólares) entre 2016 y 2017 en convenios con la SEDIS. Según una respuesta de Sedesol entregada vía solicitud de información, de ese dinero, casi la totalidad (33 919 millones de lempiras, un millón 356 mil dólares) sigue pendiente de liquidación.

 

Ivonne Hernández, sin embargo, no aparece como fundadora en el Registro Público de las Asociaciones Civiles (DIRSACC). Fundaj fue inscrita por Elvin Onán Rodríguez Alvarenga, quien en su LinkedIn declara que trabaja en Bufetes Asesores Legales, una empresa para la que Ivonne Hernández laboró como asistente de abogados entre mayo de 2010 y junio de 2012. 

Misael López, un campesino de la aldea El Socorro, en El Progreso, Yoro, muestra sus cultivos de yuca dañados por las inundaciones que dejó la tormenta tropical Julia. Foto CC/Jorge Cabrera.

La misma empresa figura también en el currículo del expresidente Juan Orlando Hernández. Según el documento, trabajó ahí desde 1997 hasta la fecha en que presentó su currículo en 2013, previo a ser nombrado presidente. Según medios locales del departamento de Lempira, Rodríguez Alvarenga, además, trabajó como asesor en el despacho de la primera dama, Ana García Carías, en la administración pasada.

Contracorriente contactó a Ivonne Hernández para conocer sobre su trabajo en el banco y su implicación con Fundaj, pero al cierre de este texto no respondió a nuestras solicitudes de entrevistas.

Las redes clientelares de Vida Mejor

El expresidente Hernández y su esposa, Ana García Carías, estuvieron involucrados en el programa Vida Mejor, en el que se enmarca la entrega de bonos financiados por el préstamo del BCIE, desde 2006. Sin embargo, fue a partir de su llegada al poder en 2014 que el programa se transformó en una maquinaria asistencialista y clientelar gubernamental, que le permitió controlar una considerable masa de votantes a través de la Sedis.

La extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social estuvo involucrada en varios casos de corrupción revelados por la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), como el caso «Corrupción sobre Ruedas». Según la información de la MACCIH, la hermana fallecida de Hernández, Hilda Hernández, transfirió por medio de la Sedis fondos destinados a ONG para campañas políticas del Partido Nacional. 

«Vida Mejor fue la red clientelar más grande que ha tenido Honduras, por haberse consolidado por tanto tiempo. Normalmente, los gobiernos siempre están cuatro años y consolidan lo que pueden, pero en 12 años se convirtió en la plataforma clientelar más grande que hemos tenido», dice el investigador Elvin Hernández. 

Uno de los principales productos de  Vida Mejor fueron los ecofogones, un sustituto de los fogones con leña, comunes en hogares pobres de Honduras. Hernández los presentó como una solución a la crisis climática y aseguró que reducirían las enfermedades respiratorias de las mujeres que cocinaban con leña. En 2013, año de la campaña electoral en la que Hernández llegaría a la presidencia por primera vez, el programa recibió fondos del gobierno de Honduras mediante una donación de 23,587 millones de lempiras (USD 1 millón), provenientes del BCIE. 

El contrato para la construcción de 9,575 ecofogones, fue otorgado a la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), una organización no gubernamental inscrita en 2006 por Ana García, la exprimera dama y esposa de Juan Orlando Hernández. Entre 2014 y 2017, Fundeih recibió al menos 2 mil 800 millones de lempiras (116 millones de dólares) por medio de convenios con la Sedis.

 

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Una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el manejo del Fundeih entre 2013 y 2016, señala que la organización usaba las mismas facturas para liquidar dos fondos distintos. Al menos 86,708 mil lempiras (USD 3,468) de gastos que correspondían al proyecto de ecofogones del BCIE estaban también dentro de las liquidaciones del Fondo Departamental que el Congreso Nacional le entregaba a diputados para ejecutar proyectos. Este fondo fue investigado por la fiscalía hondureña y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) porque los parlamentarios depositaban el dinero en sus cuentas de banco y lo usaban para gastos personales o de campaña.

Los auditores, además, contactaron a 87 personas supuestamente beneficiarias de los ecofogones quienes aseguraron no haber recibido el beneficio.

Fachada de las oficinas centrales del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

Lujo y conexiones familiares en el BCIE

Los cuestionamientos más recientes hechos al BCIE tienen un actor en común: su presidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi. En 2018, la Junta Directiva del BCIE nombró a Mossi en el cargo, contando con el respaldo de los votos de Honduras, Nicaragua y El Salvador. En ese momento, Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras; Daniel Ortega cumplía su tercer mandato consecutivo en Nicaragua; Salvador Sánchez Cerén, luego prófugo de la justicia acusado de corrupción y ahora ciudadano nicaragüense, presidía El Salvador. 

Mossi buscó una reelección por cinco años más, pero en mayo de este año el BCIE anunció que terminaría su período y elegirían un nuevo presidente. El mandato de Mossi finaliza la próxima semana. 

Eduardo Trejos, exdirector del BCIE por Costa Rica, dijo en una entrevista con Contracorriente que él había enviado al gobierno de Xiomara Castro varias comunicaciones para que no apoyaran la permanencia de Mossi en la presidencia, pero no tuvieron respuesta.

«Se había desgastado bastante la relación con Mossi y los indicadores financieros venían en bajada, sabiendo cuál había sido la posición de Mossi con Juan Orlando, otorgando los créditos que se utilizaron políticamente y todo lo que ya sabemos», dijo Trejo, quien salió del BCIE en 2022. 

Mossi creía tener aliados suficientes para la reelección, según Trejos, pero en la reunión de gobernadores que hubo en México en mayo de 2023 se quedó sin sus aliados cercanos. «Más o menos el 68 % del capital accionario del banco estaba en su contra, y no solamente por su reelección, sino que también pedían su salida inmediata del banco. Ese 32 % que apoyaba su reelección era Honduras, Nicaragua y El Salvador». 

Una base de datos elaborada por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en conjunto con la alianza periodística Redacción Regional demuestra que en la primera administración de Hernández el BCIE no dejó de financiar proyectos para Honduras. En esos primeros cuatro años le dieron 633 millones de dólares distribuidos en ocho proyectos, pero los fondos se duplicaron con la llegada de Mossi al banco en 2018. Tras la reelección ilegal de Hernández, Honduras llegó a recibir 1,752 millones de dólares para 18 proyectos, entre 2018 y 2021.

En la misma entrevista, Trejos aseguró que la ministra de Finanzas de Honduras, Rixi Moncada, se opuso en esa reunión a la salida de Mossi, y logró que al menos terminara su plazo de nombramiento.

Mossi declaró ante Radio América que, efectivamente, la ministra Moncada lo defendió: «A mí me place mucho que la decisión sea unánime […] yo no estuve en ese debate, pero sí pregúntenle a la ministra de Finanzas que me defendió como una leona». El hijo de Moncada, Ramón Ernesto Arias, trabaja como ejecutivo de proyectos en el BCIE desde 2021, previo a que ella fuera nombrada Secretaria de Finanzas en el nuevo gobierno.

Contracorriente contactó a la ministra Moncada para conocer sobre la relación de la Secretaría de Finanzas con el BCIE, y si existe algún conflicto de interés porque su hijo trabaje en el banco. Moncada respondió, vía mensaje de texto, que su hijo «trabaja para el BCIE desde antes de mi designación como Secretaria de Finanzas, y considero que no existe ningún conflicto de intereses porque su cargo no tiene jerarquía en relación con mis funciones de Estado».

De acuerdo con Trejos, la oposición a que Mossi se reeligiera se debe a que durante su dirección el banco aumentó en un 34 % las contrataciones administrativas, compró sedes en diferentes países y empezó a financiar gastos corrientes, es decir, fondos no recuperables.

Trejos no es el único que ha denunciado la situación del banco. Su predecesor, Ottón Solís, que fue director del BCIE ante Costa Rica de junio de 2018 a junio de 2021, denunció en un artículo publicado en varios medios los abusos de la cúpula del BCIE. Solís asegura en el artículo que desde sus primeros días supo de «ofensivos lujos y ostentaciones a disposición de los directores. Parecía que me había incorporado a un banco de alguna de las economías petroleras del golfo Pérsico. Esos excesos son incompatibles con los fines desarrollistas del BCIE y con los ingresos de la mayoría de los habitantes de la región, sus dueños».

De acuerdo con Solís, los directores recibían en ese momento un salario de 11 mil dólares mensuales, más bonificaciones, y a aquellos directores que trasladaban su residencia a Honduras les daban 2 mil dólares adicionales por desarraigo. Además, denunció que los directores podían contratar a cuatro personas a su disposición, viajar a cualquier país socio sin pedir permiso, disponer de vehículos de lujo y tomar vacaciones sin reportar, lo que hacían regularmente porque el banco tiene de requisito dar dos días de vacaciones al mes y pagar por las vacaciones no tomadas. Según Solís, durante la pandemia el presupuesto administrativo del banco se incrementó en un 98 %.

Una fuente consultada por Contracorriente que trabajó en el banco y que pidió proteger su identidad, aseguró que todo lo denunciado por los dos expresidentes es cierto. «Así es como se chantajeaban, las fiestas adentro del BCIE se gastaban exagerado de dólares. Era una forma de convencer para aprobar proyectos».

La misma fuente asegura que en el banco eran muy comunes  las conexiones de familiares con políticos pues mientras más peso tenía el político, su familiar entraba en un cargo de más responsabilidad en el BCIE. «Todo mundo entró por alguien. Yo no encontré a nadie que no fuera por algún familiar o alguien conocido», dice.

Ena Aguilar vivía en el bordo de Chamelecón. Contó que la estructura no ha sido reparada. Después de Eta y Iota pudo reconstruir su casa de láminas de zinc con ayuda de organizaciones humanitarias. «Dios quiso que regresáramos aquí», dijo. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Nuevo gobierno, viejas políticas

El préstamo del BCIE para paliar la emergencia de Iota y Eta se empezará a pagar hasta 2026, y estará activo por los siguientes 20 años con una tasa variable. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Finanzas publicado en enero de 2023, el remanente del préstamo, que suma 1,694,105,000 lempiras (67 millones de dólares), será trasladado al programa gubernamental Red Solidaria cuando el BCIE apruebe esta modificación.

La Red Solidaria es un programa del gobierno de Xiomara Castro que tiene la misión de «mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y el acceso a mecanismos de protección social para las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema», con el lema de que la pobreza no tiene color político. 

Sin embargo, uno de sus ejes de acción sigue siendo las transferencias monetarias. Si bien no está claro cuánto están destinando para esto, en su portal de transparencia señalan que en enero de 2023 tenían un presupuesto de 772 millones de lempiras para ayuda social a personas, y en junio solo quedaban 20 millones por devengar

 

Contracorriente contactó a la directora ejecutiva del Programa Red Solidaria, Edith Marissela Figueroa, y al ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, encargado de diseñar los programas que ejecuta la Red Solidaria, para conocer más sobre las transferencias monetarias y los planes para el uso de ese remanente, pero al cierre de este reportaje no habían contestado las peticiones de entrevistas.

Este jueves, tres diputados de la oposición fueron denunciados ante el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones. La denuncia contra estos congresistas ocurre el mismo día en que se giró una orden de captura contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, respectivamente, acusadas por corrupción en el caso de la compra de los Hospitales Móviles investigado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FETCCOP. El diputado oficialista Jari Dixon posteó en su cuenta de X que «faltarán cárceles en Honduras para enjuiciar a tanto corrupto», y el Ministerio Público dirigido por el fiscal general y fiscal adjunto interinos ha anunciado acciones contra las fiscalías que retrasaron requerimientos fiscales por supuesta conveniencia de los imputados.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen

Las congresistas Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa, ambas del Partido Salvador de Honduras (PSH), y el diputado Marlon Lara, del Partido Liberal, fueron denunciados este jueves ante el Ministerio Público por el abogado Gustavo Varela, quien los acusó de usurpar funciones que le corresponden a la junta directiva del Congreso Nacional.

Los diputados de oposición desarrollaron el pasado 1 de noviembre una reunión extraordinaria, en la que Iroshka Elvir actuó como presidenta. En dicha sesión resolvieron dejar sin valor y efecto la elección del fiscal general Johel Zelaya y del fiscal adjunto Mario Morazán, ambos nombrados interinamente por una Comisión Permanente, presidida por el diputado Luis Redondo.

En la sesión extraordinaria del pasado 8 de noviembre, convocada por la oposición, se designó a Marlon Lara y a Suyapa Figueroa para que comparecieran ante la Corte Suprema de Justicia a notificar la resolución, Figueroa en condición de secretaria y Lara, como prosecretario.

El abogado Gustavo Varela, quien interpuso la denuncia este jueves, explicó que se usurparon funciones, y que espera que el Ministerio Público agregue otros delitos. Varela, en su denuncia, los señaló de «usurpación de funciones públicas y simulación de cargos en contra de la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República».

En la primera sesión extraordinaria, realizada el 31 de octubre, las bancadas de oposición, antes de que terminara el período legislativo a las 12:00 p.m. de ese día, se autoconvocaron para promover una prórroga legislativa de sesiones ordinarias. 

Luego, en su segunda sesión oficial, el 1 de noviembre, en la que participaron más de 70 congresistas, aprobaron un decreto para dejar sin valor y efecto el nombramiento interino de los nuevos titulares del Ministerio Público que habían sido nombrados por la Comisión Permanente a cargo del oficialismo. 

En la reunión del 1 de noviembre, Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa actuaron como presidenta y secretaria, respectivamente, mientras que el diputado Mauricio Villeda actuó como secretario.

Ante la imposibilidad de hacerlo público en el Diario Oficial La Gaceta, los congresistas de la oposición manifestaron que se haría en medios de difusión nacional.

En la tercera y más reciente sesión, desarrollada el pasado 8 de noviembre, las bancadas, esta vez con la presencia de 66 diputados, determinaron aprobar una moción para interpelar a Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, y al gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada. En esta tercera reunión, en lugar de Mauricio Villeda, que había actuado como secretario el 1 de noviembre, actuó en su lugar el diputado Marlon Lara.

Iroshka Elvir dijo a Contracorriente que es un «momento difícil para Honduras, sobre todo porque se tenía la esperanza, luego que ganamos las elecciones en noviembre de 2021, de tener un gobierno de reconciliación nacional».

Para la diputada Elvir, lo que está pasando ahora mismo son «acciones de persecución política contra aquellas personas que cuestionan objetivamente el mal proceder de los funcionarios del partido de Gobierno».

La congresista del PSH Elvir afirmó que tanto ella como Figueroa y Lara son «personas limpias» que actúan en el marco constitucional. Agregó que se basaron en el artículo 190 de la Constitución de la República, el cual señala cuáles son los procedimientos para establecer una sesión extraordinaria.

El diputado Marlon Lara, por su parte, en sintonía con la diputada Elvir, dijo a Contracorriente que como diputados de la oposición se enmarcaron en la Constitución de la República, artículo 190, «así que la denuncia no tiene ningún fundamento legal».

Marlon Lara mantuvo su postura en cuanto a que considera que la Comisión Permanente que preside Luis Redondo «es ilegal y no debe existir», y dijo que el pleno del Congreso desconoció a esa Comisión Permanente. «Cualquier decisión que hayan tomado, como haber nombrado a las autoridades interinas del Ministerio Público, son nulas y no tienen valor ni efecto», expuso.

El diputado Lara aseguró que están conscientes de que pueden ser perseguidos políticamente.

«Eso fue lo que siempre se dijo, que Libre quería el Ministerio Público para poder utilizarlo como un arma contra toda la oposición; ahí va a quedar evidenciado si se tenía o no razón. Ese es uno de los temas que va a tener que analizarse de acuerdo con las actitudes que ellos, los fiscales recién nombrados, vayan tomando», afirmó Lara.

Requerimientos y denuncias en un clima político altamente polarizado 

La denuncia contra los diputados de la oposición ocurre el mismo día en que se conoció que se giró una orden de captura contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, respectivamente, acusadas por corrupción en el caso de la compra de los Hospitales Móviles.

Además, este día se dio a conocer que los nuevos fiscales que lideran interinamente el Ministerio Público removieron de sus puestos a las cabezas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre estos al exdirector Ricardo Castro.

El diputado del Partido Libre y exfiscal hondureño, Jari Dixon, posteó en su cuenta de X que «faltarán cárceles para encerrar a tanto corrupto». Por su parte, el diputado Lara dijo que está de acuerdo con que se procese a los corruptos que han cometido actos dolosos, pero rechaza la persecución política contra opositores del Gobierno.

Sobre la validez de los decretos surgidos tras las reuniones que están sosteniendo las bancadas de oposición, sobre todo porque no serán sancionadas por la presidenta Xiomara Castro y tampoco publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, Marlon Lara dijo que «hay muchos proyectos que estamos aprobando que no se necesita que vaya sanción al Poder Ejecutivo; por ejemplo, la autoconvocatoria no necesita sanción, ampliar el periodo de sesiones no necesita sanción, y nosotros todo lo que se está aprobando, como dice la ley, lo publicaremos ya sea en medios digitales, impresos o televisados», expuso el congresista Marlon Lara, que concluyó que seguirán reuniéndose como oposición y tomando decisiones.

La diputada Elvir explicó que la oposición ha sido contundente y que incluso logró sobrepasar el quórum de 65 diputados, al reunir a más de 70 para desarrollar la sesión extraordinaria. La diputada sostuvo que los delitos de los cuales los acusan no proceden, «en función de que un vicepresidente (en este caso ella, que es la quinta vicepresidenta) puede tomar las funciones del presidente en el caso de la ausencia del presidente (Luis Redondo), que no respeta al pleno del Congreso Nacional», subrayó.

Iroshka Elvir ocupa la quinta vicepresidencia en la Junta Directiva que preside Luis Redondo; sin embargo, se ha desmarcado de las acciones de los diputados oficialistas, que están tomando decisiones por medio de la instalación de la Comisión Permanente.

«El pleno acompañó la decisión de extender el periodo de sesiones, y esto obviamente limita todas las determinaciones que ha tomado [la Comisión Permanente encabezada por Luis Redondo] y se dejó sin valor y efecto las decisiones tomadas por la Junta Directiva y Comisión Permanente, que es ilegal. Por lo tanto el nombramiento del fiscal interino y adjunto es ilegal», manifestó Elvir.

Honduras enfrenta nuevamente una crisis en el Congreso Nacional. La primera fue en enero de 2022 y se dio tras un fraccionamiento de la misma bancada del Partido Libre. Esta es la segunda vez que en el Congreso Nacional hay crisis de gobernabilidad y de legitimidad.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia nombró al juez que conocerá el caso Pandora II, presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y en el que se acusa a los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH) por fraude. Sin embargo, este no es el único caso contra ellos. 

En agosto de 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), solicitó la asistencia de las autoridades de EE. UU. para recopilar información que sirviera para la investigación de casos contra varios hondureños, entre estos los exmandatarios Lobo y JOH, el exalcalde sampedrano Armando Calidonio y el exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez, todos del Partido Nacional. Esos casos cobran una relevancia particular ahora que se instala el nuevo Fiscal General interino, Johel Zelaya, nombrado por la comisión permanente del Congreso Nacional.

Texto: Célia Pousset y Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

 

La semana pasada, el juez Walter Miranda Sabio fue nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer la ampliación del caso Pandora presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) dirigida por el fiscal Luis Javier Santos.

 

El proceso excepcional de nombramiento por el pleno de la CSJ se aplica cuando los casos que tratan asuntos en los que están relacionados altos funcionarios del Estado, calidad vigente para Juan Orlando Hernández, quien antes de ser extraditado a EE. UU. juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

 

El requerimiento fiscal presentado a principios de octubre incrimina a los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2018 y 2018-2022) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) en el delito de fraude, aunque a Hernández se le imputó además el de lavado de activos. Otros  seis exfuncionarios fueron imputados también por fraude.

Sin embargo, aparte de la ampliación del caso Pandora, otra unidad del Ministerio Público investiga a Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández por delitos relacionados a la delincuencia organizada transnacional, por lo que han solicitado ayuda a agencias antidrogas y de inteligencia de los Estados Unidos. 

Según información en manos de Contracorriente, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ha solicitado ayuda a las autoridades estadounidenses en la recolección de la información necesaria para continuar investigando a siete ex funcionarios, entre los cuales destacan los expresidentes Lobo y Hernández y otros como el exalcalde sampedrano Armando Calidonio y el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez.

Johel Zelaya, fiscal general interino, habla ante los medios de comunicación frente al Ministerio Público. Foto Cc/Fernando Destephen

Tanto la acusación como la investigación en curso representan un giro en la historia reciente del Ministerio Público, encabezado hace poco por el fiscal general Chinchilla, quien protegió al exmandatario JOH a pesar de contar con elementos para probar sus vínculos con el narcotráfico. 

A finales de agosto de 2023 — el mismo mes en que fue enviada una solicitud de asistencia a Estados Unidos para investigar a JOH y Pepe Lobo — Chinchilla dejó su puesto como fiscal general y emigró a Nicaragua

El primero de noviembre, el fiscal general interino Johel Zelaya fue nombrado por nueve diputados del Congreso Nacional— casi todos del partido Libertad y Refundación — en medio de un proceso cuestionado y polémico. Los casos contra ex altos funcionarios del Partido Nacional podrían ser emblemáticos para el Ministerio Público en esta etapa de interinato de los fiscales general y adjunto.

El ex presidente Porfirio Lobo atiende una entrevista con Contracorriente en su casa de habitación. Foto Cc/Jorge Cabrera

Pandora II: La acusación de la Uferco

El caso por el cual la Uferco acusó a los expresidentes fue llamado Pandora II por ser la continuación de la investigación «caja de pandora» liderada entonces por la Uferco — antes llamada Ufecic — y la Maccih. En 2018, la primera parte del caso Pandora detalló cómo 282 millones de lempiras habían sido drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional en 2013.

De acuerdo con las investigaciones, la SAG suscribió contratos con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos se desviaron para el pago de campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento «La Cachureca» promocionada por el presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de noviembre de 2013.

En esta nueva secuela del caso Pandora se acusa a más actores que habrían participado en este fraude. Aparte de los expresidentes JOH y Pepe Lobo, los demás imputados son el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.

Según la Uferco, entre los años 2010 y 2013, se conformó «una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa».

Porfirio Lobo Sosa aseguró en una entrevista con Contracorriente que él «no sabía para qué eran los fondos. El presidente no traslada ningún fondo a ninguna Secretaría de Estado, eso lo hace la Secretaría de Finanzas. El presidente, a finales de periodo, cuando hay presupuesto sobrante, puede pedir que la Secretaría de Finanzas traslade dinero a ciertos proyectos. El ministro traslada entonces esa petición a la comisión del presupuesto del Congreso Nacional, que puede decidir si es viable o no. El responsable de ejecución es el ministro de la Secretaría en cuestión, en ese caso de la SAG.»

«El fiscal está asumiendo que es una conspiración y que yo sabía para qué eran los fondos. Yo estuve en conocimiento que eran fondos para un proyecto con pequeños productores del campo», argumentó Lobo Sosa durante la entrevista.

El ex presidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en New York a la espera de un juicio, mientras participaba en una actividad del Ejército de Honduras durante su mandato. Foto Cc /Jorge Cabrera

Las investigaciones de la Uferco apuntaron a que Wilfredo Cerrato aprobó en la Secretaría de Finanzas una ampliación de 35 millones de lempiras que fue transferida a la fundación Todos Somos Honduras, por lo que esta unidad de investigación anunció que solicitará la citación de algunos de los imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.

 

Acusación es tardía y favorece a Lobo Sosa, sugiere analista

Para el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado, el requerimiento fiscal en Honduras contra los expresidentes Hernández y Lobo no tendrá «ninguna consecuencia grave en su perjuicio».

«En el caso del expresidente Hernández, él está preso en Estados Unidos y corre muchísimas posibilidades de estar al alcance de la acción de la justicia norteamericana y en el caso de don Porfirio Lobo, teniendo más de 70 años, ya no resulta aplicable en su contra la prisión preventiva en Honduras», expuso Pineda.

El delito de fraude, según el artículo 482 del Código Penal, establece penas para funcionarios o empleados públicos que van de 5 a 7 años de prisión. Y el artículo 82 indica que cuando los penados hayan cumplido los 70 años pueden obtener la libertad condicional, siempre y cuando no hayan sido condenados a más de 20 años de prisión.

El analista Pineda consideró que, por haberle hecho una acusación en Honduras al expresidente Lobo, consecuentemente se le pone al margen de cualquier posibilidad de ser extraditado y tampoco puede ser recluido por la acción penal en Honduras debido a su avanzada edad. 

De hecho, quien tiene un juicio pendiente en Honduras no puede ser extraditado. Para Pineda, «se van a dar fenómenos de acusaciones sin mayores fundamentos, usándolo únicamente como un mecanismo de protección para evitar la dureza de una cárcel en Estados Unidos, frente a la debilidad del sistema penitenciario hondureño». Añadió que la acusación, aunque de manera involuntaria, resulta en un favor a don Porfirio, pero que, en todo caso, la acción es tardía y sigue reflejando que la «justicia en Honduras camina con la velocidad de una tortuga embarazada». 

El fiscal Luis Javier Santos considera que cerrar una investigación es un proceso riguroso que toma tiempo y que no le corresponde a él como fiscal especular sobre las probabilidades de extradición de las personas investigadas. 

«El caso pandora no es de un día para otro. Se trabaja desde el 2013. Lo que pasa es que estaba engavetado. Vino la Maccih, lo rescató y se presentó la primera etapa, quedando bajo investigación esa segunda etapa», dijo Santos en una entrevista con Contracorriente

Santos asegura que la última pericia financiera se terminó unas semanas antes de presentar la acusación, el 11 de octubre. 

«Este país está lleno de suposiciones, pero eso no puede detener las acciones de una unidad fiscal. Tenemos que presentar la acusación independientemente de la consecuencia. Decir que viene a retrasar un proceso de extradición sin haber todavía un proceso de extradición, es un invento. ¿Nos vamos a quedar esperando diez años más para saber si habrá un proceso de extradición?», preguntó el fiscal. 

Consultado sobre el tema, Pepe Lobo argumentó  que « la ley de extradición la aprobamos nosotros, en mi Gobierno. ¿Cómo voy a temer la extradición? Que me lleven. No tengo nada que esconder». 

 

Los expresidentes investigados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado

En agosto de 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) mandó una solicitud de asistencia legal al Departamento de Justicia de los EE.UU en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

Los investigados son Marlon Pascua Cerrato,  exministro de Defensa de Lobo Sosa; Armando Calidonio, exalcalde de San Pedro Sula; Óscar Arturo Álvarez Guerrero, exministro de Seguridad y exdiputado relacionado con el caso «Arca Abierta»; José Luis Licona Muñoz, exdirector de la Policía Nacional y los expresidentes Profirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

La Fescco ha solicitado a Estados Unidos la copia de la acusación contra Juan Orlando Hernández así como reportes y entrevistas hechas por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y la Agencia Federal de Investigación (FBI).

«La documentación solicitada es una evidencia de importancia vital para las investigaciones y así poder identificar a los que forman parte de la estructura criminal», establece el documento al que Contracorriente tuvo acceso. 

Desde la primera extradición del narcotraficante «El Negro Lobo» en 2014, la justicia estadounidense juzgó y sentenció a decenas de hondureños por cargos relacionados con el tráfico de drogas y  armas. Sus agencias estatales recibieron información de colaboradores eficaces, como Los Cachiros. 

En los diferentes juicios llevados a cabo por la Corte del Distrito Sur de Nueva York se ha mencionado a funcionarios y exfuncionarios de alto rango. Así, en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez se señaló por primera vez a Juan Orlando Hernandéz y en el juicio de Fabio Lobo se hizo mención al expresidente Porfirio Lobo Sosa, su padre. Una parte del requerimiento fiscal estadounidense tiene como subtítulo «Fabio Lobo y Lobo Sosa protegieron a Los Cachiros». 

Se sostiene que en 2009, mientras Lobo Sosa estaba en plena campaña para ser Presidente de la República, los líderes de Los Cachiros le pagaron $ 500.000 por protección política, por la promesa de no ser extraditados y de otorgarles algunos contratos públicos para sus empresas de fachada para blanquear dinero.

Según la fiscalía, Fabio Lobo empezó a relacionarse con Leonel Maradiaga cuando Lobo Sosa fue electo Presidente y juntos crearon «una o varias empresas fachadas», las cuales recibieron licitaciones públicas del Gobierno de Sosa. Uno de esos ejemplos es la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR) que recibía contratos del Despacho de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).

En 2016, ante la corte estadounidense, Fabio Lobo se declaró culpable de narcotráfico. 

En entrevista con el expresidente Lobo, le preguntamos sobre los fondos dados por Los Cachiros a su campaña. Negó todo pacto con el narcotráfico, « No hombre. ¿Qué pasa con eso? a veces vienen y es muy posible que alguien diga “mira ayudamos para la campaña”, un acercamiento de algún narco. Decimos muchas gracias, pero tal vez usted no se da cuenta quién es, la gente aprovecha. ¿Qué va a hacer? Pero nunca acepté dinero condicionado. No soy narco, ni amigo de narco, ni socio de narco. Mi hijo sí, mi hijo era un pobre papo que ayudaba a los narcos a pasar las postas policiales,  pero ¿qué culpa tengo yo?»

En cuanto a la INRIMAR, Lobo Sosa expresó «¿Eran empresas de narcos? Mire, el presidente no da contratos. El ministerio da contratos a través de una comisión que califica las empresas, y parte de esa comisión es USAID. La empresa de los Cachiros estaba calificada para poder contratar con el Estado, estaba en la lista autorizada».

Pero no fue únicamente en el juicio de Fabio Lobo que el nombre del expresidente sonó. 

Durante el juicio contra el exdiputado Tony Hernández —hermano del expresidente Hernández que fue condenado a cadena perpetua en EE. UU.—, uno de los testigos aseguró que Tony recibió protección legal a cambio de sobornos a políticos, incluidos los expresidentes Hernández Alvarado y Lobo Sosa. 

El testigo en el juicio de Tony dijo también que, en 2012, el entonces presidente Lobo Sosa envió dos camiones de soldados para proteger la frontera frente a posibles acciones hostiles de un narco guatemalteco, a petición del capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán quien temía que el narco guatemalteco se hiciera con el control de la frontera.

 

Las acusaciones contra expresidentes y las nuevas autoridades del MP

Además de estas acusaciones, hay elementos de fondo en la situación actual del MP que es necesario considerar. 

Uno de estos es que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, fue aspirante a fiscal general y fue sacado del proceso de forma polémica por la Junta Proponente. 

La semana pasada, el fiscal general interino, Johel Zelaya, fue juramentado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ese nombramiento sigue siendo cuestionado por la oposición, ya que no fueron los dos tercios de los diputados quienes eligieron a las autoridades, sino nueve de diputados mayoritariamente del partido Libre. 

Para el analista Raúl Pineda, el requerimiento de la Uferco contra los expresidentes abre la puerta para que la fiscalía que dirige Luis Javier Santos sea usada como instrumento de represión política. 

Sin embargo, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, reafirmó a Contracorriente su independencia tras los cuestionamientos de que existe una supuesta instrumentalización de la Uferco por parte de sectores político partidarios u otros grupos particulares.

«Siempre dicen que los casos no están fundamentados o que son el producto de una persecución política. Es siempre el mismo discurso. Pero, desde que salió la Maccih trabajamos igual, investigando a todos. Y nunca tuvimos que pedir permiso al fiscal general para presentar un requerimiento fiscal», concluyó.

Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado llevan enredadas en las cercas los sobornos de la multinacional. Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas. Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.

Por Noticias Caracol y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP*

 

El capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de US$56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos sólo en este país sudamericano para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros. 

En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. El pasado agosto, el Grupo Aval y su fiduciaria Corporación Financiera Colombiana SA llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos así como el pago de US$ 80 millones.

A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora. 

De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que al menos en este país, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado. 

El trabajo colaborativo hace parte del proyecto Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo de CLIP, se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.

 

Un sobornador que cuidaba su reputación

El sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha. 

Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.

En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria”  porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas.

Dibujo Federico Gaviria Ilustración: Miguel Méndez

Mientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos.

Dibujo Otto Bula Ilustración: Miguel Méndez

En 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67.000 millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia. 

¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes? 

Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.

 

En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.


Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo Álvaro Uribe Vélez en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes. 

Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, y quien pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.

 

La falsa compra de Villa Esther


A comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de “estabilidad jurídica”, que les congeló las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable. 

Según dijo Bula a la Fiscalía, Odebrecht le pidió una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la «eficiente gestión». Por esa razón acudió al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenía una empresa offshore en Panamá llamada New Com Int. 

A esa empresa entraron en febrero de 2013, US$2,5 millones (equivalentes a 4.000 millones de pesos de la época). Según la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfirió ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usó como pantalla para repartir sobornos en varios países. Y desde New Com Int, se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedó documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habían hecho posible el contrato de “estabilidad jurídica” tan requerida por Odebrecht

 

El día 14 de ese mismo mes se firmó una promesa de compraventa en Colombia por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometía a vender su finca en el municipio antioqueño de La Estrella, llamada Villa Esther, por 12 mil millones de pesos. Según el documento, la finca tenía 20 hectáreas, pero sólo seis hectáreas se estaban comprometiendo en la venta, que incluían una casona, una piscina, un establo y un kiosko. Como comprador aparecía Klienfeld Services Ltd, y José Antonio Bonnet Llinás, ex compañero de trabajo y conocido de muchos años de Federico Gaviria, según éste dijo a los fiscales, se presentó como su apoderado. Esta alianza envió preguntas a Bonnet Llinás para saber desde cuándo había sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo qué circunstancias a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no había respondido.

Contrato de promesa de compraventa de la finca Villa Esther. Suscrito entre el empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, en representación de la sociedad SIMTEC SA, y José Antonio Bonnet Llinás, en representación de Klienfeld Services Limited, empresa pantalla de Odebrecht

Sin embargo, conforme al certificado de tradición y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez días después de firmar la promesa de compraventa, nunca sucedió. Para lo que parece haber servido esta falsa operación inmobiliaria fue para camuflar la traída al país de al menos 2,5 millones de dólares y legitimarla ante los bancos.

Certificado de tradición y libertad de la finca Villa Esther, La Estrella (Antioquia)

Restrepo aseguró que prestó sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habían dicho que se trataba de una transacción legal. Incluso, dijo que Bula lo llevó a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Pero que, a último momento, la negociación cambió de rumbo y no incluyó el intercambio de la finca. “Lo único que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partes”, detalló.

Después de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibió un reclamo de Bula por los fondos que le habían girado. “Necesito que me pague”, le pedía el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habían convenido, finalmente aceptó entregarle los fondos al lobista. 

Al final, los dos ganaron: Bula movió el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, según declararon ambos a la Fiscalía. 

Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobación de la “estabilidad jurídica” en el Congreso ha sido el capítulo central de varias sentencias judiciales: la del lobista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel Elías y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dólares a Colombia aún no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacción.

Restrepo aseguró que se había reunido con el director jurídico de la multinacional Yesid Arocha, y que en esas reuniones habían acordado la transacción en dólares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece mención alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodística no encontró requerimiento judicial alguno para que Bonnet Llinás explique cómo llegó a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.

Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho más amplia. Es amo y señor de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo de 5000 habitantes donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compañía familiar, compró 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creció hasta codearse con la clase dirigente de la región, como cuando se fotografió en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.

La riqueza repentina de Restrepo cernió una sombra sobre su origen, como explicó a la Fiscalía un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, el poderoso narcotraficante líder del Cartel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007. 

Cuando Restrepo dijo que se reunió, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya había sido vinculado públicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell había publicado en 2005 en Semana una columna que lo señalaba como integrante del cartel liderado por “Chupeta”. La acusación fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, alias “El Tuso”, que volvió a vincularlo con este narcotraficante en 2010. “Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a Chupeta”, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, el empresario es propietario de “numerosas propiedades” a nivel departamental, nacional e internacional.

Los archivos secretos de un computador de Chupeta, a los que tuvo acceso esta alianza periodística, que permitieron a las autoridades reconstruir su economía ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrían interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias “006” de nombre “Hernán Mario Restrepo” y otras menciones a “Mario” o “Hernando”. 

Años más tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusación de la Fiscalía por financiar y abastecer, junto con su hermano Fabián Oswaldo, al bloque suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó en la zona de Antioquia. La misma estructura ilegal que, según la Fiscalía y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la Fiscalía respondió que el proceso contra Restrepo por presuntos vínculos con paramilitares está en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigación para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.  

Esta alianza periodística envió un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participación en la falsa operación inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vínculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondió las consultas.

Si Odebrecht miró para otro lado con Restrepo, la elección de Bula como lobista es más difícil de explicar para la compañía, porque este exsenador mantuvo constante relación con los directores brasileños a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegó a la alta política mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la Fiscalía que, como parte de su esquema de lavado, realizó intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5000 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$ 1,8 millones de la época. Odebrecht debía conocer su prontuario, pero igual usó sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.

Bula también quedó bajo la lupa de la justicia por una supuesta relación con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasó a dirigir actividades criminales en Medellín. En junio de 2014, según documentos que forman parte de la filtración NarcoFiles, mientras Bula movía las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decía que Macario Guillermo Arango de León le debía a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos US$3 millones de la época-. Esta prueba motivó una investigación judicial para determinar si el exsenador tendría relación con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Esta alianza consultó a la Fiscalía por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht.  En una detallada respuesta de siete páginas, la entidad aseguró que la información requerida “no es susceptible de suministrar a los periodistas” pues existen restricciones legales que no le permiten hacerlo. 

Bula también fue contactado por esta alianza periodística, pero el exsenador no respondió las preguntas.

 

La finca Paraná de Piedrahita

Villa Esther no fue la única finca que enredó a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declaró ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileña repartió en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobista clave de la compañía, junto a otros dos socios le compraron su hacienda Paraná en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la había recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millón de dólares que le había prestado a un narcotraficante, para pagar su defensa en Estados Unidos. 

En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, Piedrahíta ratificó ante los fiscales que él sí fue clave en el negocio. “Se vendió el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada Paraná, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (…) figurando como comprador Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocio”, dijo Piedrahita.

El registro oficial ratifica esa versión: la finca pasó de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, una compañía que había sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. Ellos eran además accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de Bogotá, Profesionales de Bolsa S.A. Ésta sociedad también fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aún hoy, casi una década después de que estallara, no termina de esclarecerse.

Certificado de tradición y libertad de la finca Paraná, Planeta Rica (Córdoba)

Piedrahita dijo que, en total, la operación pactada fue por 6153 millones de pesos colombianos –equivalentes a unos US$2,6 millones de la época – y que se firmó oficialmente por 4000 millones de pesos colombianos -U$1,6 millones-; es decir, por casi un millón de dólares menos. Consultado por esta alianza periodística, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicó que “no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una práctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso penales”.

Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisición de la finca, según el certificado oficial, se concretó el 26 de enero de 2015. Es decir, diez días después de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos -equivalentes a US$ 1 millón de la época- de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal

La justicia determinó que este desembolso junto a otros tres giros que recibió Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria – y que sumaron 8.376 millones de pesos – fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, según las sentencias judiciales, Gaviria se quedó con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razón por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito.

No se puede afirmar que la finca Paraná fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesión de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisión ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017 Otto Bula aseguró que alertó a los investigadores de la Fiscalía sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca Paraná: “Me entero (del negocio) por el señor Gustavo Torres o por el señor Federico Gaviria. Se la compraron al señor José Piedrahita, pero no sé ni cuánto costó ni cómo lo pagaron”. 

Esta alianza periodística intentó comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigación, pero el ingeniero no respondió las consultas.

Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La Fiscalía aseguró a esta alianza que actualmente ni la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ni el Grupo de Persecución de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca Paraná. Esto a pesar de que en la apertura de una investigación preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma Fiscalía planteaba «si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca Paraná por un valor inferior al pagado en efectivo a través de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos».

De la confesión Piedrahita se pudo reconstruir no sólo el origen ilícito de su fortuna, sino también su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisición de la finca Paraná como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia. 

Nacida a finales de los años ochenta en Bogotá, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversión en mercados de capitales, así como en el negocio ganadero. Tras el escándalo, Profesionales de Bolsa entró en liquidación voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018.

Piedrahita hizo énfasis en su relación con este agente de bolsa al recordar que, cuando estalló el escándalo que lo complicó judicialmente desde 2008, a raíz de una publicación periodística, se le cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de Bogotá, “pero eso no ocurrió con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldándome comercial y financieramente”, señalan los documentos. Este equipo periodístico envió consultas al abogado de Mayorga Pachón, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicación no fueron respondidas.

 

La Cubana de los herederos de Cifuentes Villa

Tras lograr la aprobación de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la “estabilidad jurídica” en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabían que sus honorarios estaban próximos a llegar, según relató el propio Gaviria a la Fiscalía. Aseguró que Bula le propuso entonces a su compañero hacer un negocio ganadero juntos: comprar La Cubana, una antigua finca en Cáceres (Antioquia) de 1200 hectáreas. 

Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodística, aseguran que la hacienda había pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, más conocido como Pacho Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. Según las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, había quedado en cabeza de sus herederos.

La Cubana volvió a quedar bajo la lupa cuando, ya después de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregó a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensación económica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de Persecución de Bienes no tiene ninguna investigación en curso para esclarecer si tienen vínculos con grupos organizados al margen de la ley, según informó la Fiscalía como respuesta a un cuestionario de esta alianza.

El trato que hicieron Gaviria y Bula  –según la versión del primero- fue que el exsenador aportaría la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuñado Mauricio Londoño, se encargarían de acondicionar el predio para su uso ganadero y también administraría el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado Cáceres SAS, que concretó la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS. 

Bula finalmente decidió no participar: «Al principio pensé hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, después hubo una diferencia y una cosa ahí entonces yo dije: ‘yo no hago ese negocio’», explicó Bula a la Fiscalía.

Hubo dos intermediarios -según Gaviria- para formalizar la adquisición de la hacienda: un hombre llamado Felipe Gómez y Juan Fernando Ramón Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias “El Médico”. Juan Fernando estuvo casado por varios años con Sara Carolina Cifuentes Gómez, una de las hijas del capo Pacho Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de ‘El Médico’ participó en esa operación inmobiliaria en representación de los herederos del capo Cifuentes. Según los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicó la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022. 

“Se acordó como pago de los ‘intermediarios inmobiliarios’ la suma de 5000 millones de pesos”, indicó Gaviria, y luego explicó que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron entre 2014 y 2016. El lobista aceptó que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, había sido pagado a través de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos. 

En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayoría de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ángela María Gómez de Cifuentes, ex esposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a través de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa Aldepósitos.

La operación de la que hizo parte Aldepósitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileña, suscribió un contrato ficticio con Aldepósitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la única operación que ordenó. Zambrano confesó haber movido 12,509 millones de pesos (equivalente a unos US$5,1 millones al cambio de la época) a través de la empresa Consultores Unidos.

Zambrano jugó un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. Según la sentencia judicial de Prieto, así se le recompensó al gerente de esa campaña por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. El dinero, dice el fallo del juez, se tramitó con el pretexto de «tapar los huecos financieros» de la campaña de reelección

Eduardo Zambrano también fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, a quien señaló de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. “Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, le pagó unos dineros durante el año 2012 y 2013 (…) a Daniel García Arizabaleta”, explicó Zambrano a la Fiscalía. Como soporte de su versión, entregó 13 cheques cobrados por García Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos, unos US$ 150 mil dólares de la época.

García Arizabaleta hoy está negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delación en contra del candidato presidencial que enfrentó a Santos en la segunda vuelta en 2014. García dijo que Odebrecht le había pagado al publicista Duda Mendonça (ya fallecido) para que asesorara la campaña de Oscar Iván Zuluaga. 

Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Quedó en libertad a finales del año pasado.

No parece haber tenido injerencia alguna en la decisión de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prófugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyó del país. 

En Brasil intentó infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de Medellín a quienes les comenzó a manejar sus inversiones, según su propio relato. En febrero de 1983 compró un apartamento en Río de Janeiro que pagaba cuentas de teléfono millonarias.  Pronto consiguió la residencia en ese país. 

En 1984, las autoridades de Panamá, presionadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).

Allí contó que él había hecho un pago de 200 mil dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda – del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién. El ingeniero colombiano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del jefe de la fuerzas de defensa panameñas, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de 4 millones de dólares más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5 mil kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión estadounidense, no les cumplieron el trato. 

 

La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cartel en la Amazonía entre Colombia y Brasil. 

Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano. 

En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber “implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países”. También le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilícito. El juez federal Helio de Matos los condenó diez años después, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro años de prisión, pero como tampoco se había presentado ante la justicia, y pasó tanto tiempo entre la acusación y la condena, el juez declaró la “punibilidad extinta” de su caso. 

Un voluminoso expediente de la justicia brasileña, de más de 800 páginas, consultado por esta alianza periodística, revela esos capítulos desconocidos de Panamá y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo envió preguntas a Zambrano a través de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versión tanto su participación en el caso Odebrecht como la relación que tuvo con el narcotráfico, pero no hubo respuesta.

Zambrano regresó a Colombia y se reinventó como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucró en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vínculos con el narcotráfico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto Donadío que citó en su libro Nobelbrecht y en una columna de opinión, que el nombre de Zambrano había salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de Medellín. Esta investigación corrobora esa versión con el expediente original del caso en Brasil.

Aún así, la Fiscalía no parece haber atado ningún cabo. 

A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero también de las otras investigaciones aquí mencionadas, la Fiscalía ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte más oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete años, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados. 

Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobistas e intermediarios con el crimen organizado. 

 

*Esta investigación tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (Perú) y La Prensa (Panamá)

NarcoFiles: el nuevo orden criminal

Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

Por Ricardo Valencia*

La diplomacia de la administración de Joe Biden hacia El Salvador cambió en dos años. Pasó de calificar en 2021 a la reelección del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, como un sabotaje a la democracia, a guardar silencio en 2023 con la excusa de que el tema es un asunto interno y un debate político. Un viraje que demuestra que Estados Unidos tiene dos caras: en una, es un zelote que defiende la democracia hasta las últimas consecuencias; en la otra, un Poncio Pilato que se lava las manos al ver a un líder que, aun siendo autoritario, puede ayudarle a alcanzar sus metas a corto plazo.

El vaivén del Departamento de Estado sobre El Salvador revela que Washington está sumergido en los ánimos reeleccionistas de Biden.  Ahora, el gobierno estadounidense moviliza toda su maquinaria en el afán de detener los flujos migratorios que llegan a su frontera sur. Tal como lo hizo el ex presidente Donald Trump, la actual diplomacia estadounidense deja de lado muchos de sus valores para concentrarse en detener la llegada de millones ante la posibilidad de que el Partido Republicano lo utilice como arma contra Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

En dos años, 7.5 millones de personas han sido detenidas en la frontera sur. El flujo de migrantes ha pasado de ser de mexicanos y centroamericanos a convertirse en un fenómeno internacional que aglomera nicaragüenses, cubanos, haitianos, rusos, ucranianos y africanos.

Esto ha hecho que Biden haya pasado de buscar detener la construcción de un muro que divida su país con México -tal como lo prometió Trump en su campaña- a abrazar la construcción de este. El objetivo electoral ha disparado un efecto dominó en las políticas regionales de Estados Unidos. La administración Biden ha levantado algunas sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro. A cambio Maduro ha aceptado la llegada de vuelos de deportados venezolanos en aeronaves estadounidenses. Un simple “ojo por ojo”.

De la misma forma, México se ha convertido en un pilar de esta estrategia estadounidense para detener la migración. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, organizó una cumbre migratoria en las cuales fueron invitados representantes de Cuba y Venezuela. En abril pasado, en una visita a Washington,  el presidente colombiano, Gustavo Petro, se comprometió con Biden en colaborar en una migración “ordenada y legal”, al mismo tiempo Washington informó que abrirá oficinas de asilos en toda Latinoamérica. Por su parte, Haití suspendió sus vuelos a Nicaragua para intentar disminuir el número de sus ciudadanos que emigraban al norte del hemisferio con la anuencia del gobierno de Nicaragua, adversario geopolítico de Estados Unidos. La medida, temporal, no impidió que los vuelos continúen y que el régimen sandinista los ocupe para lucrarse y “atacar” a EUA.

En esta ofensiva diplomática por contener un fenómeno tan viejo como la humanidad, la diplomacia de Biden parece pensar que la única opción en El Salvador para avanzar sus intereses es negociar con Bukele. La oposición está dividida y la sociedad civil está siendo perseguida por un Estado de excepción que ha favorecido la criminalización de líderes comunitarios. Así que, mientras la administración estadounidense pide respetar la legalidad en la elección del fiscal en Honduras e incluye nuevas  sanciones a funcionarios judiciales guatemaltecos, en El Salvador, Washington apoya tácitamente una reelección inconstitucional. Lo qué es bueno para Honduras y Guatemala no lo es para El Salvador. Para luchar con esta percepción, el primero de noviembre de 2023, la embajada de Estados Unidos en El Salvador se dio palmaditas en la espalda cuando el congreso oficialista invalidó una ley mordaza que amenazaba con arrestar periodistas por contactos con fuentes en las pandillas. Tal vez sin saberlo, Bukele le ha hecho un favor a Biden al declarar al país como libre de pandillas. Ante la ficción del desaparecimiento de las pandillas, miles de peticiones de asilo podrían ser rechazadas.

Bukele también ha respondido al llamado de Washington al mejor estilo de su régimen autoritario. En el marco de una reunión sostenida entre Bukele y el subsecretario de estado, Brian Nichols, un día antes de que el mandatario salvadoreño se inscribiera como candidato a la contienda electoral, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, , El Salvador impuso un impuesto de $1,000 a los viajeros que lleguen vía aérea provenientes de países asiáticos y africanos .

Al mismo tiempo que los objetivos de la diplomacia de Biden sobre El Salvador se realineaban,  funcionarios de Washington empezaban a contactarse con el canciller en la sombra, Karim Bukele, de acuerdo a fuentes cercanas a la administración estadounidense. Si los poderes de la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, son limitados, los de Karim son enormes y poderosos. Karim ha sido el principal negociador con China y al cerrarse el filtro de dinero de la cooperación china, Washington parece una buena opción. Con el reacomodo estadounidense, el gobierno salvadoreño parece volver a confiar en la aprobación de un préstamo de $1.2 mil millones que el Fondo Monetario Internacional tiene estancado desde 2021 después que Bukele removió ilegalmente al fiscal general y la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, Nichols sigue prometiendo una supuesta bonanza estadounidense que salpicará al hemisferio occidental con la Alianza de la Américas con la que Washington piensa estimular la inversión extranjera en la región.

El cambio de Zelote a Pilatos de la administración estadounidense responde a un reacomodo regional de Washington. Estamos por ver si será efectiva, pero como el caso de Nicaragua demuestra, gobiernos autoritarios que persiguen a sus opositores terminan obligando a miles a dejar sus países y aventurarse a la frontera sur de Estados Unidos. Si antes, muchas peticiones de asilados salvadoreños aseguraban ser perseguidos por las pandillas, podríamos no estar lejos de que estas crezcan y se haga más evidente que cuerpos de seguridad persiguen y desplazan a miles de inocentes que sufren, sin derechos, bajo el régimen  del Estado de excepción.

Si sucede esto, Washington habrá creado su peor monstruo: un régimen autoritario que, al perseguir a inocentes, los expulsa. Nada nuevo para los que nos gusta la historia. En los ochenta, los regímenes autoritarios de Guatemala, Honduras y El Salvador provocaron unos de los mayores éxodos de centroamericanos a los Estados Unidos. Entonces, Washington apoyaba a esos gobiernos con una mano y con la otra hablaba de democracia. Con Trump y con Biden, nos hemos dado cuenta de que, al final, si Washington tiene que decidir entre detener la migración y proteger la democracia, Estados Unidos prefiere la primera.

El régimen sandinista abre las puertas del aeropuerto internacional de Managua para miles de haitianos, que usan Nicaragua como un trampolín para llegar a Estados Unidos y esquivar el Tapón del Darién. Ortega ha encontrado en esa masiva oleada una forma de hacer negocios en efectivo en varios flancos, mientras instrumentaliza la migración como “arma de ataque contra Estados Unidos”

 

Wilfredo Miranda Aburto | Luciana Quintero

San José, Costa Rica

 

En la pista del aeropuerto internacional de Managua Augusto C. Sandino aterrizaron un inusual número de vuelos chárteres durante el mes de octubre: un promedio de 18 aeronaves al día, la mayoría provenientes de Puerto Príncipe, Haití; República Dominicana y de la isla Providenciales. 

 

La terminal aérea, que desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018 ha sufrido una baja notable de viajeros, volvió a estar repleta, esta vez en su mayoría de miles de haitianos que han encontrado en Managua no sólo un trampolín migratorio para alcanzar Estados Unidos, sino un atajo para evitar el peligroso paso a través de la selva del Tapón del Darién

 

Al igual que con los cubanos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no exige visado a los haitianos para ingresar a Nicaragua. Esa ha sido la principal motivación para establecer una conexión sin escalas de Puerto Príncipe a Managua, que no existía hasta la llegada de estos chárteres. 

 

La apertura del aeropuerto Augusto C. Sandino representa un negocio rentable para el régimen sandinista: aprovechar la desesperación de miles de migrantes por llegar a Estados Unidos. De acuerdo a diversas fuentes aeroportuarias y otras ligadas al negocio de los charters consultadas para este artículo, Redacción Regional ha podido documentar los cobros que las autoridades aeroportuarias realizan de manera oficial y extraoficial. 

 

Para empezar, explica la fuente aeroportuaria, a cada avión que aterriza en el Augusto C. Sandino se le cobra un landing fee (tasa de aterrizaje) que es variable entre vuelos comerciales y vuelos privados. Una aerolínea suele pagar un landing fee de aproximadamente 500 dólares en Managua. 

 

Sin embargo, aterrizar un chárter cuesta entre 2 mil a 3 mil dólares, en dependencia del tamaño de la aeronave y los servicios que se requieran del aeropuerto. Es decir uso de manga para desembarcar, uso de escaleras, estibadores para descargar equipaje, recargo de combustible, uso de hangar, entre otros servicios. 

 

“A estos chárteres que están viniendo de Haití les cobran un promedio de 2 mil dólares, básico, porque no hay manejo de equipaje. La gente viene sólo con una mochila y se baja del avión. Además, el landing fee tiene que ver con el tamaño del avión. Los que vienen de Puerto Príncipe han sido, en su mayoría, pequeños: tipo Embraer 175. Caben en ellos entre 50 y 75 asientos”, explica la fuente asociada al negocio de los chárteres. 

Vuelos aterrizando en Managua el pasado 24 de octubre.

Entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre aterrizaron en Managua 36 chárteres procedentes de Haití, un país que lleva sumido en una grave crisis sociopolítica desde julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su vivienda por un comando de mercenarios colombianos.

 

Ante un Estado colapsado y a merced de bandas criminales, los haitianos en su eterna miseria huyen en masa de la isla… y Managua, como sucede con miles de cubanos, es la ruta más directa para internarse en Centroamérica y subir hasta la frontera sur de Estados Unidos. Lo necesario es llevar dólares en la bolsa, unos cuantos miles. Los pasajes desde Puerto Príncipe se cotizan entre mil a 3 mil dólares por trayecto.

 

Si se toma en cuenta el promedio diario de 18 chárteres aterrizando en el Augusto C. Sandino desde Haití, República Dominicana e islas Providenciales, con un costo base de dos mil dólares por landing fee, se trata de 36 mil dólares diarios. Es decir, aproximadamente unos 1 millón 80 mil dólares mensuales. Sin embargo, el estimado puede variar porque se siguen registrando chárteres desde Cuba, así como otros tres provenientes de Kirguistán que pasaron por Bulgaria e hicieron escala en Managua en septiembre. Eran aviones más grandes: Airbus 330.

Aeropuerto sale del saldo rojo

Haitianos en el aeropuerto internacional de Managua. Foto tomada de redes sociales.

Un informe de mantenimiento de calificación de riesgo publicado por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) revela que la crisis de liquidez que sufría el Augusto C. Sandino se acabó en 2022, cuando sus ingresos crecieron en 95%.

 

Ese año, gracias a la llegada masiva de cubanos en chárteres y vuelos comerciales, así como el retorno a Managua de algunas aerolíneas estadounidenses tras la pandemia, la empresa generó utilidades por 4.16 millones de dólares. 

 

El aeropuerto estaba en crisis ya que, producto a la crisis sociopolítica iniciada en 2018, el turismo se desplomó. Mientras que los excesivos requisitos que las autoridades aeronáuticas nicaragüense impusieron a las líneas aéreas después de la covid-19 retrasaron el reinicio sus operaciones y otras no volvieron a dar servicio. 

 

El régimen Ortega-Murillo eliminó en noviembre de 2021 el visado para los cubanos y eso generó una oleada migratoria a través del puente aéreo entre La Habana y Managua. Miles de cubanos llegaron en chárteres pero no regresaron a la isla, sino que se dirigieron hacia Estados Unidos por tierra. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) comprueban esa diferencia entre embarques y desembarques durante 2022 en el Augusto C. Sandino: 634 800 pasajeros entraron por vía aérea a Nicaragua, pero sólo 312 400 salieron de la misma manera. 

 

La llegada masiva de cubanos cesó a partir de enero de 2023 cuando el gobierno de Joe Biden cerró las fronteras a los migrantes irregulares y puso como condición de ingreso acogerse al Parole Humanitario. Si bien los vuelos de cubanos han persistido, han bajado intensidad. 

 

Sin embargo, Managua ahora recibe en masa a haitianos. De acuerdo a Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano y especialista en temas migratorios, en las últimas semanas han aterrizado en Managua 31 000 haitianos.

 

El número de pasajeros que atraviesan el puesto fronterizo del Aeropuerto Augusto C. Sandino es clave en otro aspecto del negocio migratorio de los Ortega-Murillo. El primero, denuncia la fuente ligada a la industria de los vuelos chárteres es que Nicaragua impone un impuesto a todos los pasajeros que retornan a su destino de origen. El tributo se llama “Derecho de terminal para pasajeros salientes”. 

 

Su precio es uno de los más elevados de la región y es de 44.23 dólares, de acuerdo a la página web de EAAI. Usualmente, ese impuesto se incluye en el precio de los tickets redondos. Cuando se trata de un pasaje de una sola vía, es decir de ingreso como el que compran los miles de migrantes, no solía cobrarse. 

 

“Sin embargo, han encontrado una nueva forma de sacar más dinero al cobrar el impuesto de salida a pesar que los chárteres regresan prácticamente vacíos. Esto es nuevo, lo comenzaron a hacer hace algunos meses con los vuelos provenientes de Haití. Y eso es absurdo porque la mayoría de esos pasajeros salen por tierra hacia Estados Unidos”, narra la fuente. 

 

Si se multiplica esos 44.23 dólares por 31 000 haitianos que ingresaron en las últimas semanas por el Augusto C. Sandino, se recaudó la suma de 1 millón 371 mil 130 dólares. 

 

Stéphanie Armand, portavoz de Sunrise Airways, quien fue contactada por la agencia de noticias Associated Press (AP), dijo que la aerolínea realizó al menos 15 vuelos durante la penúltima semana de octubre. Explicó que la compañía no vende boletos a Nicaragua sino que es contratada por “terceros” para realizar los vuelos. No dio más detalles sobre quiénes eran los terceros.

 

Cuando se le preguntó si los servicios de la aerolínea están siendo utilizados por traficantes de personas para realizar migraciones a Estados Unidos, Armand dijo que la compañía verifica los documentos de los pasajeros antes de abordar. “Como aerolínea y operador de aviones, no tenemos información sobre las intenciones de los pasajeros que transportamos”, escribió Armand. “Si los pasajeros cumplen con los requisitos de ingreso al país y son admitidos, corresponde a las autoridades, no a las aerolíneas, dar seguimiento a su estatus”.

 

El cobro extraoficial y jugoso 

Haitianos varado en Puerto Príncipe después que suspendieron de forma momentanea los vuelos a Managua. Foto tomada de Le nouvelliste.

Otro cobro extraoficial que las autoridades migratorias imponen a los migrantes haitianos –y que empezaron a aplicar a los cubanos– es un impuesto de ingreso a Nicaragua. Por norma general, todo extranjero al ingresar a Nicaragua “deberá cancelar un arancel turístico de diez dólares americanos”.

 

 “Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del Convenio CA-4 (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua)”, establece la EAAI. No obstante, a los migrantes les cobran entre 150 y 200 dólares de ingreso. Se trata de un cobro discrecional, insisten dos fuentes allegadas al aeropuerto Augusto C. Sandino. 

 

“El funcionario migratorio decide cuánto cobrarles a los migrantes, pero suele ser entre 150 y 200 dólares. Esa gente viene desesperada por pasar a Estados Unidos y termina pagando ese dinero. Traen dinero porque muchos venden sus casas, pertenencias u otros familiares en Estados Unidos financian el viaje, entonces pagan para que no los detengan. Cuando pagan, a unos les dan un papel hecho a mano por el oficial migratorio en el que le dan cinco días para abandonar Nicaragua. En otros casos no les dan nada y a otros ni les sellan el ingreso en el pasaporte. Es todo discrecional y hasta se presta para corrupción entre los agentes porque todo es en efectivo”, insiste otra fuente cercana a Migración y Extranjería de Nicaragua. 

 

Si se hace el cálculo de 31 000 haitianos que han ingresado en las últimas semanas por un cobro promedio de 150 dólares por cada uno, el régimen Ortega-Murillo agrega a sus arcas 4 millones 650 mil dólares. 

 

Manuel Orozco, el experto migratorio del Diálogo Interamericano, señala en su más reciente informe que los datos de vuelos de agosto a octubre de 2023 apuntan a más de 260 aviones fletados que llegaron a Managua con una media de más de 30 000 haitianos. 

 

“Esto supone casi el 60% de todas las llegadas de haitianos a la frontera entre Estados Unidos y México. Algo similar ocurre con los vuelos de La Habana a Managua, que suman unos 50 vuelos mensuales en movimiento durante 2023, es decir, 5700 pasajeros de media al mes, el 40% del número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”.

 

El informe presentado este primero de noviembre resalta que, entre junio y el 29 de octubre de 2023, Nicaragua duplicó el número de llegadas, con un total estimado de 60 000 pasajeros. Desde enero, cuando comenzó a ofrecer vuelos chárteres de La Habana a Managua, Managua ha sido un puente para casi 100 000 personas, o el 4.5% de todas las entradas irregulares a la frontera de Estados Unidos con México.

 

“Nicaragua está instrumentalizando (weaponizing) la migración como arma de ataque contra Estados Unidos. Para Ortega y Murillo es oficial y públicamente expresado que Estados Unidos es un país ‘enemigo, conspirador y propiciador de golpes de Estado’, de modo que el régimen de manera premeditada ha facilitado este proceso de forma directa”, dice Orozco a Redacción Regional

 

“Además, con autorización del director de Aeronáutica Civil de conducir estos vuelos chárteres. El acto, en sí, es además violatorio de normas internacionales sobre la movilización ordenada y regularizada de personas”.

Las autoridades luchan para enfrentar el carácter global del narcotráfico. El proyecto colaborativo NarcoFiles muestra cómo los periodistas pueden trabajar juntos para construir una imagen más completa de cómo operan los grupos delictivos internacionales.

Por Paul Radu
Portada: James O’Brien/OCCRP
Crédito traducción: Infolibre


Que vivimos tiempos peligrosos es una obviedad. La destrucción del medio ambiente, los ataques globales a la democracia y los conflictos armados en Ucrania, en el Sahel, en Israel, en Gaza, acaparan los titulares todos los días.

Pero también vivimos las secuelas de otro gran combate que ya se ha perdido: la llamada «guerra contra las drogas». Esta batalla se ha librado durante más de medio siglo con un gran costo humano y con pocas victorias contra las bandas mundiales de narcotraficantes.

De hecho, el consumo de drogas ha aumentado en todo el mundo, según Naciones Unidas. Los grupos de delincuencia organizada han obtenido beneficios asombrosos y se han convertido en poderosas fuerzas políticas en muchas partes del mundo, todo ello a costa de todos los que sufren la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la crisis sanitaria que ocasiona el consumo de estupefacientes.

 

Detrás del dolor y el sufrimiento hay grupos criminales cuyas actividades abarcan prácticamente todas las conductas ilegales conocidas por la humanidad. Aunque transnacionales por naturaleza, sus delitos suelen ser investigados y perseguidos de forma aislada por fuerzas y cuerpos de seguridad confinados dentro de sus fronteras nacionales.

Sobre el proyecto

Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, y como ha inovado y se ha extendido por el mundo.

El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo.

Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

El carácter global de la delincuencia organizada impide que este enfoque fragmentado dé resultados suficientes. Las fuerzas policiales y las agencias de inteligencia tienen una visibilidad limitada de los ecosistemas delictivos que se expanden más allá de sus jurisdicciones.

Su campo de visión se ve aún más reducido por la geopolítica, las disputas políticas y la falta de cooperación de países en los que los delincuentes se han infiltrado en el gobierno. Basta pensar en lo improbable que sería que la policía iraní trabajara codo con codo con sus homólogos de Estados Unidos y la Unión Europea para enfrentar una organización criminal.

La delincuencia internacional se ve muy distinta cuando los periodistas de investigación traspasan las fronteras para colaborar en un proyecto como NarcoFiles. A diferencia de las fuerzas de seguridad, los periodistas pueden establecer alianzas mundiales con rapidez, independientemente de su nacionalidad, y pueden ampliar el foco para obtener una visión más amplia del panorama delictivo mundial.

NarcoFiles es el mayor proyecto de investigación sobre el crimen organizado que ha surgido de América Latina, una región duramente golpeada por el narcotráfico, así como la violencia y la corrupción que acarrean. La filtración de NarcoFiles nos brindó una oportunidad sin precedentes para esbozar una imagen mucho más clara de cómo los narcotraficantes construyen sus feudos transfronterizos y de cómo las fuerzas policiales se ven desbordadas por sus acciones.

Lo que hemos visto es una conspiración criminal transcontinental en la que grupos de narcotraficantes aparentemente aislados son, en realidad, miembros de organizaciones criminales sin fronteras. Algunas de estas alianzas clandestinas se basan en relaciones probadas y comprobadas, mientras que otras se forman ad hoc en torno a intereses comunes. Se trata de un sistema de acceso libre donde los delincuentes siguen creando nuevas oportunidades para cometer delitos tanto en el mundo físico como en el digital.

También hemos visto cómo los delincuentes pueden utilizar infraestructuras logísticas, financieras y digitales facilitadas por políticos, banqueros, contables, abogados, agentes del orden, piratas informáticos, expertos en logística, e incluso periodistas corruptos.

Estas personas suelen vivir en países que los grupos de delincuencia organizada consideran refugios seguros. Allí se felicitan de los beneficios obtenidos y de mantenerse a salvo de la violencia que asola países como México o Ecuador, donde los criminales reinan con sangre. En muchos casos, no son conscientes de que el cáncer que ayudan a alimentar está haciendo metástasis y acabará también alcanzándolos.

En OCCRP siempre decimos que hace falta una red para luchar contra una red. Pero en el caso del narcotráfico mundial se necesita mucho más que eso. Nos enfrentamos a un enemigo transnacional cuyo poder ha crecido sin control durante demasiado tiempo.

Hablamos de generaciones de criminales despiadados para los que hacer el mal es un estilo de vida. Se trata de padrinos inversores y criminales, pero también de villanos de la vieja escuela que financian a nuevos delincuentes dedicados a perpetrar ataques de ransomware contra hospitales y a suministrar armas a extremistas u organizaciones terroristas. También se trata de ladrones que utilizan los cientos de miles de millones de dólares generados por el narcotráfico para comprar la tierra bajo nuestros pies, nombrar a funcionarios del gobierno y cambiar las leyes en su beneficio.

A fin de cuentas, la delincuencia organizada representa a una minoría que inflige un daño desproporcionado a los sistemas democráticos respetuosos con la ley. Es un enemigo global al que hay que combatir y reducir para que prevalezca la democracia.

Los periodistas se han unido para desenmascarar a este enemigo con los NarcoFiles, pero necesitamos muchos más aliados para cambiar la situación. Necesitamos un enfoque nuevo y global si queremos acabar con las guerras propiciadas por la corrupción y el crimen organizado. Necesitamos instituciones mundiales capaces de abordar el problema y necesitamos que la izquierda y la derecha acepten que se trata de una cuestión de interés común que trasciende las luchas partidistas.

También necesitamos que las empresas tecnológicas desempeñen un papel más activo en la lucha contra la delincuencia. No nos equivoquemos: los delincuentes son muy creativos y, mientras usted lee estas líneas, probablemente estén desarrollando sus propias modelaciones de lenguaje y herramientas de inteligencia artificial.

Siempre planifican con antelación. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.

Los narcotraficantes están redibujando el mapa de la cocaína en el siglo XXI: los cultivos se expanden al norte hacia Centroamérica, mientras que los laboratorios para procesar droga han cruzado el Atlántico hacia Europa.

PUNTOS CLAVE: 

  • La producción de cocaína se extiende cada vez más allá de los Andes, su zona tradicional, hacia Centroamérica.

  • Información obtenida por OCCRP muestra un significativo aumento del cultivo de hoja de coca en Guatemala, México y Honduras.

  • OCCRP ha descubierto a un importante número de colombianos implicados en esa deslocalización hacia el norte.

  • Laboratorios para la producción de cocaína están apareciendo en Europa y en otros lugares, un fenómeno propiciado por técnicas novedosas de envío de la droga.

  • Lejos de salir perdiendo, los colombianos están exportando su experticia como ‘cocineros’ de cocaína y proveedores de servicio a grupos criminales internacionales en los nuevos territorios de ese negocio.

  • Ese desarrollo se ha visto incentivado en parte por la fragmentación de grupos como las FARC que controlaban ese tráfico.

 

Por Jonny Wrate (OCCRP), David Espino (El Universal),
Jody García (Plaza Pública), Angélica Medinilla (Agencia Ocote), Enrique García (Ojoconmipisto), Víctor Méndez (Narcodiario),
Arthur Debruyne, Yelle Tieleman (Follow the Money),
Brecht Castel (The Knack), Juanita Vélez.
Análisis de datos por Ignacia Velasco.
Portada: James O’Brien/OCCRP

 

En febrero del 2022, la policía colombiana interceptó la llamada de un individuo sospechoso de traficar droga.  Estaba organizando una venta al por mayor de cocaína a un comprador en México. El tipo alardeaba de que tenía una cantidad importante disponible; un producto que podía entregar en Denver, Miami y por todo el Caribe.

Apenas una década antes, las drogas venían siempre de Colombia o de las regiones andinas de Perú o Bolivia. Pero los tiempos han cambiado. La coca de la que hablaba el  sospechoso había sido cultivada en Guatemala, un país a 2.000 kilómetros al noroeste de los grandes países productores y que tradicionalmente ha servido de punto de parada para los traficantes.

La coca “dio buen resultado”, le dijo el hombre a una persona que parecía ser su socio en el negocio, indica la transcripción de la llamada interceptada. El hombre aseguró que tenía “un centenar de cajas de zapatos blancos de alta gama” –código que se usa para hablar de kilos de cocaína- así como “cocineros” listos para empezar a trabajar en Guatemala y México. 

La conversación, identificada en la filtración masiva de correos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, es una prueba más de una tendencia, tan nueva como poco conocida, que está reestructurando el tráfico global de cocaína: la relocalización de la producción más allá de las zonas andinas tradicionales hacia Centroamérica.

Este artículo es parte de ‘NarcoFiles: el nuevo orden criminal’, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, que explora cómo innova y cómo se extiende por el mundo.
El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo.
Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

La evolución de los cultivos de coca ha sido impulsada por varios factores, especialmente por la fragmentación de los grupos que controlaban el tráfico. Tras el acuerdo de paz de 2016, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió la producción de cocaína tanto  a grupos nuevos como a otros ya establecidos, que experimentaron con nuevas técnicas y cadenas de suministro. Las conversaciones interceptadas a este individuo en Bogotá, por ejemplo, fueron grabadas durante una investigación sobre un grupo disidente de las FARC.

Para una mejor comprensión de la tendencia, OCCRP y sus socios han analizado los documentos filtrados, que han corroborado con documentos judiciales, entrevistas con expertos y reportería sobre el terreno en cinco países.

Datos obtenidos del ministerio del Interior de Guatemala mediante una solicitud de información pública muestran que el cultivo de coca se ha disparado desde que en 2018  se informó sobre la primera plantación detectada en el país. Una expansión similar se está produciendo en países vecinos, como Honduras y México, según muestran datos de esos países, mientras que Belice detectó en diciembre de 2022 la primera plantación de coca en su territorio.

Distribución de las plantaciones de coca detectadas por las autoridades en Centroamérica desde 2017. Edin Pašović/OCCRP

Los periodistas descubrieron que, lejos de salir perdedores con esta nueva tendencia, los colombianos -que históricamente han controlado grandes porciones del tráfico- están exportando su experticia y haciéndose un nicho con los nuevos desarrollos en Centroamérica y más allá.

Esta investigación muestra cómo el procesamiento de la cocaína también está siendo relocalizado. En paralelo al aumento de la demanda en Europa, Asia y África, los laboratorios han empezado a dejar atrás Colombia y a cruzar el Atlántico. Decenas de nuevos laboratorios son localizados cada año en Europa Occidental. Uno de estos, descubierto en Países Bajos y dirigido por un traficante colombiano conocido como ‘el Rey de la heroína de Nueva Jersey’, podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

La aparición de laboratorios en Europa y en otros lugares se ha visto facilitada por técnicas innovadoras de transporte, entre ellas métodos sofisticados para camuflar cocaína líquida en prendas textiles u otros materiales, lo que hace que esos envíos sean más difíciles de detectar.

El tráfico de drogas ha vivido un “momento de innovación” en los últimos años, que va desde “cómo mejorar las redes, el uso de las herramientas y las redes sociales para comprar mayores cantidades”, explicó Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas a OCCRP .

Cuando se produjo el desarme de las FARC, grupos de disidentes mantuvieron sus intereses en el tráfico de drogas, señalan los expertos. Mientras tanto, otras bandas, como los albaneses o los serbios, han incrementado su presencia.

El resultado es que el tráfico de cocaína está ahora “mucho menos centralizado”, explicó Laurent Laniel, analista en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

“Más gente está implicada y eso genera más oportunidades de hacer contactos y más ideas sobre rutas y métodos de tráfico”, añadió Laniel.

De la mano de estos nuevos territorios de cultivo, la llegada de la planta de coca amenaza con más oleadas de violencia sobre comunidades que llevan décadas sufriendo a manos de los narcotraficantes o de las autoridades estatales.

La historia de la cocaína 

Después de que los europeos comenzaron a extraer el alcaloide de las hojas de coca en el siglo XIX, la popularidad de la droga se disparó, apareciendo en productos comerciales como remedio para el dolor de garganta o la Coca-Cola.

Hace un siglo, los Países Bajos eran el mayor productor mundial de cocaína. Después de que Estados Unidos prohibiera esa droga en la primera mitad del siglo XX, la cocaína era traficada desde laboratorios legales en Europa a través de Colombia y Honduras.

El resto del mundo siguió a Estados Unidos en su veto a la cocaína. Pero la popularidad de la droga le abrió una oportunidad al crimen organizado para responder a la demanda – y ganar millones.

Desde la prohibición, la producción de cocaína se ha concentrado históricamente en tres países andinos –Colombia, Perú y Bolivia– donde la planta es considerada sagrada por algunas comunidades indígenas.

Perú fue durante un tiempo epicentro de la producción ilegal, hasta que las políticas antidrogas de Estados Unidos llevaron a los traficantes colombianos a recortar el riesgo cultivando la planta en su propio país. El aumento de incautaciones en el marco de la “Guerra contra las Drogas” los empujó después a enviar la droga al norte por tierra a través de México y Centroamérica.

Desde entonces, el tráfico ha animado a poderosos grupos criminales, que en ocasiones son cómplices de las autoridades. En 2022, por ejemplo, el antiguo presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde las autoridades lo acusan de proteger a un narcotraficante que tenía un laboratorio de cocaína en el país.  Su juicio está programado para el próximo año.

Las nuevos confines de la cocaína

Ubicado entre densos bosques y plantaciones de café en la verde región mexicana de Costa Grande, el pueblo de El Porvenir parece, a primera vista, abandonado. Con apenas una docena de casas, sus escasas calles están desiertas y su cancha de baloncesto languidecía al sol cuando los reporteros lo visitaron la primavera pasada.

Pero este apacible pueblo se asienta en uno de los numerosos nuevos territorios fijados por un narcotráfico en expansión.

Una casa en El Porvenir, un pueblo del estado mexicano de Guerrero donde se han multiplicado los cultivos de coca. David Espino

Durante décadas, las comunidades locales han plantado cannabis y amapola en esa región, junto con otros cultivos como cocos o mangos. Pero tras el hundimiento de los precios del café en la década de los 90, los cultivos ilegales se convirtieron en una de las pocas opciones rentables. Hoy, con los precios del opio hundiéndose a causa de un cambio de consumo en Estados Unidos hacia el fentanilo, muchos ponen sus esperanzas en la coca.

“Es una nueva economía: diversificación de los cultivos ilícitos”, dijo Arturo García Jiménez, un líder comunitario, a El Universal, medio aliado de OCCRP.

De las 171 plantaciones de hoja de coca destruidas en México entre 2020 y 2023, solo 13 no se encontraban en la región de Costa Grande, en el estado de Guerrero, según información de los militares mexicanos. La mayoría estaban localizadas en ‘ejidos’, áreas de propiedad comunitaria como El Porvenir.

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Los narcotraficantes en la región imponen la expresión latinoamericana “plata o plomo”. Es decir, o cooperas o mueres. Investigaciones académicas y periodísticas muestran cómo estos grupos suelen amenazar a miembros relevantes de esas comunidades, como médicos o profesores, antes de abandonar cuerpos mutilados en las cunetas, así como asesinar y secuestrar a los que no se someten o pagan su ‘impuesto’.

Para muchos residentes, es mucho más seguro trabajar a las órdenes de las bandas, explicó García. Al ser los únicos compradores de la producción, los grupos criminales pueden ordenar qué cultivos ilegales quieren y cuánto van a pagar por ellos.

El líder comunitario explicó a OCCRP que, años atrás, un trío de colombianos llegó a la zona. Cree que trajeron las plantas de coca que ahora han proliferado, y que posteriormente compraban las hojas a los cultivadores.

“Ellos son técnicos. No les importaba el rendimiento y la calidad”, explicó García a OCCRP. “Lo que quieren es producir y producir”.

El tráfico de cocaína sigue una senda de asesinatos y desplazamientos forzados conforme los distintos grupos compiten por el control territorial. En marzo, el comisario de Corrales, un ejido a 15 kilómetros al norte de El Porvenir, dijo al periódico mexicano Milenio que la población entera de una de sus comunidades había huído después de que un grupo criminal que no identificó secuestrara e hiciera desaparecer a tres personas.

Milenio identificó Corrales como uno de los numerosos ejidos que han caído bajo el control de un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, conocida por sus ejecuciones y decapitaciones. Después de que los vecinos huyeran, el Ejército mexicano destruyó casi una hectárea de coca en el ejido, muestran datos obtenidos por OCCRP.

En El Porvenir, el Ejército irrumpió buscando coca en septiembre del año pasado. Un cultivador local de café recuerda cómo el pueblo “se llenó de soldados” y cómo los drones sobrevolaban sus cabezas durante las redadas. Cuando los militares se fueron, cuenta, los campesinos simplemente trasladaron las plantas montaña arriba.

“El cultivo se va a quedar”, indicó Garcia. “La destrucción que está haciendo el Ejército es simbólica en comparación con el territorio cultivado”. 

Efecto “globo”

La relocalización realizada por los cultivadores de El Porvenir es un ejemplo a pequeña escala de lo que los expertos denominan el “efecto globo”. Si se presiona la producción de cocaína en un lugar, simplemente se va a mover hacia otra zona, como si fuera el aire en un globo. Si se aplasta a un grupo criminal, otro aparecerá para ocupar su lugar.

Dinámicas similares están en parte detrás del auge de la producción en Centroamérica. Para cuando se produjo el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, el grupo rebelde controlaba el 40 por ciento del comercio global de cocaína, según una estimación del centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime. Pero en lugar de perjudicar la producción, la división del grupo rebelde creó lo que la agencia antidrogas de la ONU describió como un “mercado libre” más competitivo, diverso y compartimentado.

«Hay una especie de vacío en el mercado que no sólo afecta a Colombia», dijo Correa, coordinador del SIMCI. “Los territorios, las rutas que tenían las FARC, eso sí se interrumpió… y dio lugar a que se piense que es posible hacer esto en otras partes”.

Los incentivos económicos también han ayudado a impulsar el cultivo hacia el norte. Correa dijo que un kilogramo de cocaína se vende en Colombia por 1.700 dólares mientras que podía alcanzar los 15.000 dólares cuando llega a Centroamérica. Al producir cocaína más cerca del punto de venta, los traficantes pueden beneficiarse de precios más altos y al mismo tiempo evitar gastos de transporte y otros costos, así como reducir los riesgos de que su producto sea incautado en tránsito.

Países que solían servir principalmente como puntos de tránsito ahora se están convirtiendo en productores, y el cultivo a menudo se concentra a lo largo de rutas de tráfico establecidas en áreas remotas u otros lugares donde la presencia del Estado es limitada.

Miembros del ejército guatemalteco erradicando arbustos de coca en una operación en el departamento de Izabal en agosto de 2022. Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala

En Honduras, tras el golpe militar del 2009, la producción de cocaína creció rápidamente en las regiones de Colón y Olancho, ambos puntos clave en la ruta tradicional de la droga hacia el norte. El análisis de OCCRP muestra que en Guatemala, sólo dos de las 217 plantaciones de coca encontradas entre 2018 y finales de 2022 no estaban en el noreste, una zona escasamente poblada, específicamente en la región de Izabal, conocida desde hace mucho tiempo como base de operaciones para los traficantes locales.

A veces, este cultivo se introduce de manera velada. Alan Ajiatas, fiscal especial de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad de Guatemala, dijo a Guatemala Leaks – socio de OCCRP – que su oficina está investigando casos en los que el cultivo fue introducido a los agricultores sin que les revelaran que era coca.

“Les dijeron: ‘es un producto que les va a servir y les vamos a pagar por el resultado mucho’”, indicó Ajiatas. “Entonces la gente comenzó a sembrar desconociendo qué era.”

Estos nuevos cultivadores aún están muy lejos de los productores andinos. La agencia antidrogas de la ONU estima que el año pasado se plantaron 230.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que equivaldría a más del dos por ciento de la superficie total de Guatemala. A finales del año pasado, las autoridades guatemaltecas sólo habían destruido unas 110 hectáreas de cultivo y las mexicanas unas 39.

Pero la producción está en constante expansión. Los productores experimentan con los cultivos para ver dónde se afianzan, explican expertos y autoridades. Algunas plantaciones han surgido en lugares como las selvas de Panamá o el montañoso estado mexicano de Chiapas, para luego desaparecer. Este año también se encontró coca por primera vez en rincones remotos del estado mexicano de Michoacán.

“Buscan lugares donde se pueda desarrollar mejor este cultivo”, dijo a El Universal Ludwig Reynoso, secretario general del Gobierno del Estado de Guerrero, que precisó que el producto local “todavía no tiene la calidad necesaria, como la coca que se siembra en Colombia”.

Y no es sólo el cultivo el que está cambiando, como lo demuestran acontecimientos recientes al otro lado del Atlántico.

Los cocineros trotamundos de Colombia

En julio de 2020, un grupo de colombianos llegó en un autobús con los vidrios oscuros a una escuela de equitación en el pueblo holandés de Nijeveen.

Dentro de los establos les esperaban sus nuevos jefes, un grupo criminal de 10 individuos basados en los Países Bajos. Habían construido el laboratorio de cocaína más grande jamás visto por las autoridades, capaz de producir hasta 200 kilogramos de droga por día, según muestra el expediente de la Fiscalía y la posterior condena.

Por lo menos 13 colombianos – 11 de los cuales llegaron en avión para ese trabajo – pasarían los siguientes 10 días extrayendo, procesando y empaquetando una cantidad equivalente a una tonelada métrica de cocaína, indicó la Fiscalía. Al llegar, les dijeron que entregaran sus teléfonos y los encerraron, indican sus testimonios.

Los cocineros trabajaron para un compatriota colombiano, Alejandro Cleves Ossa, quien a su vez respondía a los líderes afincados en Holanda, indica la orden de captura.

El colombiano Alejandro Cleves Ossa, condenado por administrar un laboratorio de cocaína en una escuela de equitación en Nijeveen, un pueblo holandés. CREDIT: New Jersey State Department of Corrections

Cleves, que a los 23 años ya había sido apodado el ‘Rey de la heroína de Nueva Jersey’, había sido extraditado de Colombia a Estados Unidos y encarcelado por tráfico de drogas en 2010. Le concedieron libertad anticipada en 2018. A los dos años, se había mudado a los Países Bajos para coordinar la producción de cocaína en representación de un capo en Colombia, revela un documento de la policía holandesa obtenido por Follow the Money, socio de OCCRP.

Las autoridades holandesas hicieron una redada en la escuela de equitación de Nijeveen en agosto de 2020. Cleves fue declarado culpable en marzo de 2022 y condenado a cuatro años de prisión. No respondió a un cuestionario sobre su pena y si iba a apelar.

El sumario del caso ofrece una visión inédita del funcionamiento de estos nuevos laboratorios, que desde hace una década empezaron a aparecer con mayor frecuencia fuera de Sudamérica, algunos de ellos en lugares tan remotos como Australia y Senegal. La policía holandesa ha desmantelado más de 60 laboratorios de este tipo desde 2018.

Mensajes encriptados, intercambiados en la ya desaparecida herramienta de comunicaciones EncroChat, hackeada por la policía y citados en la orden de arresto, muestran que la banda,  basada en los Países Bajos, había recorrido una variedad de sitios antes de decidirse por la escuela de equitación.

“El lugar es perfecto”, le escribió un miembro del grupo a su suministrador de cocaína en Colombia.

“Ahora nos podemos volver locos”, respondió el hombre.

Mensajes posteriores sugieren que el proveedor colombiano envió más de 1,5 millones de euros a sus socios en los Países Bajos para invertir en el laboratorio, aunque el documento judicial no indica si finalmente la transferencia se realizó. 

Para al menos uno de los miembros de la organización holandesa, este era su primer intento para entrar en el negocio de la cocaína tras llevar varios años operando un laboratorio de metanfetamina en los Países Bajos con unos mexicanos. La búsqueda de alternativas más rentables le hizo volverse “adicto” a la idea de procesar cocaína ya que ahí estaba “el dinero real”, indica su sentencia, que cita sus mensajes de EncroChat.

La organización holandesa que construyó el laboratorio de Nijeveen – uno de los tres que manejaban, según la orden de captura – añadió una capa de sofisticación tecnológica extra al proceso: incorporaron generadores industriales y calderas hechas a medida y, además, insonorizaron los establos y los equiparon con un sistema de purificación de aire para evitar que los olores químicos llamaran la atención.

No está claro cuánto costó el laboratorio, pero dos expertos entrevistados por OCCRP estimaron que construir instalaciones similares podría costar entre 200.000 y 500.000 euros. En los chats hackeados citados por la policía, un miembro holandés de la banda especuló que su jefe había invertido un total de 2 millones de dólares en uno de sus laboratorios.
La ubicación ofrecía otra ventaja. En Sudamérica, los productores de drogas suelen tener dificultades para obtener precursores químicos de alta calidad, como el permanganato de potasio. Pero en la Unión Europea, los grupos criminales, que cuentan a menudo con décadas de experiencia en la producción de drogas sintéticas, pueden obtener las sustancias químicas directamente de productores legales.

Distribución de laboratorios de cocaína detectados en las provincias de los Países Bajos entre 2021 y 2022. Datos de la policía neerlandesa. Edin Pašović/OCCRP

Varias condenas en tribunales holandeses por casos similares muestran que estas compras a menudo son manejadas por intermediarios que afirman que los productos químicos se utilizarán para actividades legales como la restauración de arte.

Los chats hackeados del caso Nijeveen muestran que miembros de organizaciones holandesas hablaban de gastar entre 300.000 y 400.000 euros en “líquidos”,  una referencia a precursores químicos, cuando el laboratorio estaba en construcción.

“Los holandeses lo tienen todo, puertos, redes de distribución, ubicaciones, productos químicos. Pero carecen de experiencia. Los colombianos tienen el producto y la experiencia”, explicó a OCCRP Martin van Nes, fiscal principal de tráfico de cocaína en los Países Bajos. «Se podría decir que es casi un matrimonio de conveniencia».

Los periodistas han descubierto que esta experticia es un producto de exportación apetecido. El traficante radicado en Bogotá cuyo teléfono fue interceptado no sólo envió un equipo de “cocineros” a Guatemala para procesar su cocaína centroamericana, sino que también habló de mandarlos a trabajar a Amsterdam.

Otros han sido enviados a hacer trabajos similares en España. Un cocinero de cocaína colombiano que trabajaba en un laboratorio en las afueras de Madrid le dijo a Narcodiario -socio español de OCCRP – que lo contrataron para gestionar un equipo de seis personas y le pagaron alrededor de 450 euros por “unidad”, que es como se suele denominar cada kilogramo producido. (Más detalles en el recuadro).

«Es lo que sabemos hacer bien», dijo el cocinero, hablando bajo condición de anonimato. “Nací en una región donde esto es el día a día de cada familia y se aprende antes a trabajar con la coca que a leer o escribir”.

 

La «base miserable» del tráfico de cocaína

Los «cocineros» de cocaína trabajan en unas condiciones que las autoridades califican de insalubres e inhumanas. Los turnos son largos y los trabajadores a menudo duermen y comen en los sitios de producción.

Narcodiario, socio de OCCRP, entrevistó a un colombiano que llegó a España para procesar cocaína. Dijo que había estado fabricando la droga desde que era niño, y que aceptó el trabajo en parte porque: «Es lo que sabemos hacer bien». 

Explicó que un amigo de la región del Putumayo, al sur de Colombia, lo recomendó. Antes de viajar, la banda le pidió el pasaporte y le gestionó todos los vuelos y la documentación. 

“Sólo  me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes te entregan tickets de avión , Bogotá – París, París – Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada, están todos los documentos preparados”, añadió.

Dijo que lo recogieron de madrugada en Madrid y lo llevaron a una granja, donde pasó 15 días viviendo y trabajando en el laboratorio. Los gases podían ser intensos: «Tienes que salir a respirar aunque ya estamos muy acostumbrados”.

No se les permitían las comunicaciones, recordó, y compartían habitaciones con literas. Un cocinero les preparaba arroz, carne y papas. 

El trabajo puede ser peligroso: un laboratorio clandestino en los Países Bajos explotó en marzo de 2020, matando un rebaño de ovejas y contaminando el aire y el suelo a su alrededor. (Más información sobre el laboratorio aquí).

Pocos de los beneficios de ese negocio llegan a los cocineros. Los colombianos detenidos en un laboratorio en Galicia, en el noroeste de España, dijeron a la policía que apenas les habían prometido unos pocos miles de euros por el trabajo. 

«Son la base miserable de este criminal negocio que genera miles de millones de euros de beneficios”, declaró a OCCRP Emilio Rodríguez Ramos, inspector jefe de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado en Galicia.

El hombre afincado en Bogotá al que la policía colombiana interceptó sus comunicaciones ofreció otro ejemplo de maltrato. Después de que los cocineros que mandó a Guatemala empezaran a negociar directamente sus salarios con un cliente mexicano, les amenazó con quitarles el pasaporte. 

«Deben entender que son empleados», le dijo a otro miembro de la banda, según la transcripción de la escucha.

 

Cargamentos camuflados 

La transformación en la producción y elaboración de cocaína se ha visto impulsada por unos métodos de transporte cada vez más sofisticados. 

Gran parte de la pasta base de cocaína llega a Europa oculta en productos legales. Esto puede implicar mezclarla en plástico fundido que luego se vuelve a moldear o disolver la cocaína en líquidos y verter la mezcla para «impregnarla» en ropa u otros materiales. 

El uso de estas técnicas, que aparecieron por primera vez a principios de la década de 2000, han aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, señala Jorrit van den Berg, científico forense holandés.

«La escala de estas operaciones también ha aumentado», afirma van den Berg. «El contrabando de cocaína en material de transporte se ha convertido en un segundo gran flujo hacia Europa».

«Cees», un holandés de 44 años condenado en 2021 por dirigir un laboratorio de metanfetamina en el que empleaba a cocineros latinoamericanos, le dijo a OCCRP que también se había planteado montar un laboratorio para extraer cocaína de materiales impregnados. La idea, señaló, era evitar costes -como tener que sobornar a funcionarios portuarios o pagar a personas para que forzaran los contenedores de transporte- y compensar así las recientes caídas de precios debidas a la sobreproducción en Colombia.

«Tiene más sentido desde el punto de vista económico», dijo Cees a OCCRP, que aceptó ser identificado sólo por su apodo. «Han estado produciendo tanto [en Sudamérica] que los precios al por mayor han bajado».

En una investigación conjunta con autoridades británicas y holandesas, los fiscales colombianos le siguieron la pista a un grupo delictivo transnacional que planeaba exportar cocaína mezclada con productos como aceite de palma, carbón vegetal, café y fertilizantes. No está claro si estos planes se llevaron a cabo.

Según un informe interno que resume las conclusiones de la investigación, un dúo de químicos formado por padre e hijo ayudaba a procesar la cocaína y luego la insertaba en estos productos legales en laboratorios clandestinos colombianos. Antes de exportar la droga, la banda enviaba cargamentos de prueba de carbón sin adulterar a puertos europeos para testear los controles aduaneros de cada país. Ambos fueron detenidos, en un operativo donde 27 personas fueron arrestadas, de las que 19 están apelando.

Una vez al otro lado del océano, la droga se extrae mediante técnicas como el lavado con agua y disolventes del material portador impregnado. En el laboratorio de Nijeveen, el equipo extrajo primero la base de cocaína del carbón en el que se había mezclado y luego la cristalizó antes de envasarla, dejándola lista para la venta. Jorrit van den Berg, el científico holandés, explicó a OCCRP que la sofisticada naturaleza de este tipo de camuflaje ha hecho que algunas de las técnicas de detección estándar resulten ineficaces.

Sacos de carbón vegetal impregnado de cocaína incautados por las autoridades españolas en Medina del Campo, Valladolid, en abril de 2021. Gobierno de Castillo y León

Pero acertar con la receta no es fácil. Un grupo de traficantes, conocido en los medios de comunicación como el «cártel de Morfhox», experimentó con formas novedosas de eludir la detección en sus envíos a Estados Unidos y Europa, incluido el envío de un kilogramo de cocaína líquida a las Bahamas, destaca una acusación colombiana contra el grupo.

Sin embargo, cuando un miembro de la banda en las Bahamas intentó devolver la droga a su estado original después de que le enseñaran la «fórmula» perfecta, solo consiguió extraer 40 gramos. Decenas de miembros del grupo fueron detenidos en Colombia en 2018 (él y otras personas están apelando).

Freek Pecht, coordinador antidrogas de la policía holandesa, explicó que los colombianos que llegan a Europa eran a menudo los mismos que escondían la cocaína en el material portador impregnado, porque conocían el «código específico» para «desbloquear» los envíos. 

«Si manipulas con esa receta y las cosas van mal, obtendrás un rendimiento mucho menor o dañarás todo el lote y te quedarás sin nada», declaró a Knack, colaborador de OCCRP.

Este año, la policía española desmanteló un laboratorio en Galicia, en el noroeste del país. En Europa es la primera estructura de gran tamaño en la que se produce directamente cocaína a partir de un cargamento de pasta base, el rudimentario producto elaborado por los propios cultivadores.

Como en Nijeveen, el laboratorio gallego podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

Distribución de laboratorios de cocaína detectados en municipios españoles entre 2012 y 2022. Datos obtenidos del Ministerio del Interior mediante solicitud de información por InfoLibre. Edin Pašović/OCCRP

La pasta base de coca es más barata que los productos más trabajados. Como resultado, procesarla hasta convertirla en cocaína en Europa reduce las pérdidas si un cargamento es incautado. También supone un mayor margen de beneficio del lado europeo, donde mil kilos de cocaína pueden generar hasta 80 millones de dólares, afirma un análisis de Global Initiative, una organización no gubernamental enfocada en el crimen organizado.

“El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio”, explicó Emilio Rodríguez Ramos, jefe del grupo de policías españoles que descubrieron el laboratorio, a Narcodiario.

Van Nes, el fiscal neerlandés, dijo que las autoridades en Amberes y Rotterdam han estado incautando mucha más cocaína en los últimos años, y que es lógico que los narcotraficantes reaccionen. Intentan “repartir el riesgo, igual que lo haría cualquier inversor de bolsa sensato”, variando métodos, rutas y puertos.

“Entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad es el juego de nunca acabar del gato y el ratón”, recalcó.




Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Contracorriente y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

 

La casa a medio terminar que habitaban Dania Cruz y Marcial Chirinos está a punto de ser arrastrada por el río Bermejo en la colonia El Paraíso III, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Esta es una de las zonas más vulnerables de la capital industrial. Marcial cuenta que antes vivía con su esposa y su hija bajo una galera porque no podían pagar la renta y estaban pagando la cuota del terreno, pero ahora no duermen tranquilos porque la corriente del río está a punto de llevarse su casa.

 

Alberto López, meteorólogo de turno de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), dijo que los suelos están saturados en la parte alta de San Pedro Sula por la lluvia y no tienen capacidad de absorción del agua que cae. Debido a eso, las corrientes bajan con más fuerza y producen problemas en las zonas bajas, entre ellas, Asentamientos Humanos en Rivera Hernández y Flor de Cuba también en la zona baja de Chamelecón, entre otras.

 

El viernes, debido a las fuertes lluvias y un frente frío que entró al país, Copeco declaró en  alerta Roja a ocho departamentos, en ellos, Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Gracias a Dios y el municipio de Alianza, departamento de Valle.

 

Junto a la colonia El Paraíso III, hay otras seis etapas que quedan en medio de dos corrientes, porque  cuando las  lluvias son fuertes y continuas,  el río se bifurca en el vado de Cemcol y, al desbordar ambos cauces, el agua entra a estas colonias debido a que no  cuentan con bordos de contención apropiados. «Anoche dormimos con un ojo abierto y otro cerrado, como el conejo, porque no se puede dormir con este problema», dijo Marcial.

 

La casa de la pareja solo cuenta con dos paredes de lámina y en la misma pieza está ubicada la cama y ropa de segunda mano que venden para sobrevivir y pagar la cuota de 2,400 lempiras por el solar, unos 100 dólares, porque a pesar de estar ubicados en una zona vulnerable y carente de varios servicios, el precio total del solar es de 450, 000 lempiras, unos 18,000 dólares. «La necesidad de tener casa propia nos hizo venir a esta zona» comentó Marcial.

Decenas de familias fueron evacuadas debido a las lluvias en la colonia 15 de Septiembre que pertenece al municipio de San Manuel, Cortés. Foto Cc/Amilcar Izaguirre

También en la colonia el 15 de Septiembre en San Manuel, Cortés, fueron evacuadas decenas de familias por el Comité de Emergencia Local y las autoridades municipales. Aracely Benitez, quien permanecía en un albergue, contó que a su casa se le comenzó a meter el agua a las 3:00 am. «Es triste estar en estas condiciones, pero prefiero estar acá y no perder de nuevo las cosas como en Eta y Iota», manifestó Aracely mientras sostenía un folder con papeles mojados entre ellos su currículo y los antecedente penales con los que pretendía  buscar empleo después de dos años sin trabajo.

 

Alberto López de Copeco, dijo que las lluvias continuarán durante este sábado 4 de noviembre pero que para el domingo habrá mejores condiciones climáticas. También aseguró que el municipio de Omoa, Cortés, fue el más afectado por las lluvias, pero que las autoridades correspondientes ya trabajan para auxiliar a los pobladores.

 

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Alrededor de 40 familias de las aldeas 17 de Enero y la Canaán, ubicadas en la  zona baja de La Lima, fueron evacuadas y ahora permanecen albergadas en el gimnasio municipal y en la escuela Manuel Bonilla de este municipio. «El agua no nos dio chance de sacar las cosas de la casa, apenas pude sacar ropa para mis dos hijos», dijo Iris Funes una de las damnificadas.

 

Los vecinos de las colonias El Paraíso, esperan que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras les construya un bordo de contención para evitar las inundaciones, aunque se quejaron  por que ni siquiera las calles han sido reparadas porque las maquinas solo llegan hasta la colonia Flor de Cuba.

La defensa del Río Grande o Petacón le ha costado mucho al municipio de Reitoca, al sur de Francisco Morazán, dos de sus defensores están procesados judicialmente desde el 2018. Los miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) esperan que estos queden en libertad definitiva.

 

Texto y fotografía: Fernando Destephen

 

Luisa Flores Reyes, de 74 años, lleva siete años  defendiendo el río Grande, conocido como Petacón, ubicado en el municipio de Reitoca, al sur del departamento de Francisco Morazán. Actualmente ella está apoyando a los defensores del ambiente Wilmer Alonzo y Orlando Rodas, criminalizados desde el 2018 tras ser acusados de los delitos de daños agravados y usurpación al proyecto hidroeléctrico Río Petacón, desarrollado por la empresa Progelsa en dicho municipio.


Reitoca es uno de los municipios más  pobres de Francisco Morazán, con un índice de pobreza del 77 %, según el Censo de Necesidades Básicas Insatisfechas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013. De 10,649 habitantes, el 91 % tiene una cobertura educativa hasta el nivel primario.

Luisa Flores al frente de la movilización del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) en frente de Casa Presidencial. Foto CC / Fernando Destephen.

A Luisa le dicen la reina, y yo le pregunto porqué. «Porque no hay otra», contesta y vuelve a ocupar su lugar en la calle, en el recorrido que se hizo desde el edificio del Ministerio Público hasta la Corte Suprema de Justicia exigiendo justicia para los ambientalistas.

 

Lo que ella no dice es que fue reina de Las Flores y del Petacón, una celebración en el municipio de Reitoca de la que Luisa formó parte y ganó, aunque no recuerde con exactitud las fechas de esos tiempos, los que sí tiene bien grabado en su memoria son sus procesos como ambientalista, recuerda muy bien que hace siete años inició su proceso de lucha y defensa del río de su comunidad.

 

Luisa, una mujer pequeña, de tez trigueña y arrugada por la edad, corre, camina, grita y ordena las filas, sin dejar de cargar una pancarta con la leyenda: «protejamos y conservemos el medio ambiente». Sin desacomodar una diadema (de reina) que lleva en su cabeza, pintada por algunas canas que sobresalen en su cabello oscuro que lleva amarrado y que le cae a la nuca.

 

«He sufrido siete años», gritó frente al portón cerrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el martes 31 de octubre, fecha en la que se suponía era la última audiencia y la lectura de la sentencia, pero no hubo, se reprogramó hasta el 8 de noviembre.

 

«Ellos (Wilmer y Orlando) son inocentes, no deben nada», gritó de nuevo, justo en el momento cuando  cuatro policías se formaron dentro del portón del palacio de justicia. Los uniformados hicieron un muro simbólico, protegiendo las instalaciones de un sistema de justicia hondureño que ha criminalizado a Wilmer y a Orlando, y que mantiene sedienta de justicia a Luisa y a casi un centenar de personas del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), que esperan que sus compañeros queden en libertad definitiva.

 

Llegaron en la tarde del lunes 30 de octubre a Tegucigalpa y acamparon. A pesar de la lluvia, permanecieron un rato en las afueras del Ministerio Público (MP), pidiéndole al ente acusador que detenga los actos represivos, demandando que sus compañeros queden en libertad definitiva y que el juicio no se atrase más.

 

En la Corte Suprema de Justicia demandaron sobreseimientos definitivos para ambos imputados, resoluciones que les permitirán  continuar con sus vidas sin tener que viajar al juzgado de Comayagüela un día a la semana para firmar un libro donde queda constancia de que siguen en Honduras.

 

Luisa, que tuvo ocho hijos, dos de los cuales murieron siendo militares, reveló que seguirá luchando por Wilmer y Orlando, porque está convencida de que la acusación es injusta y que ambos «son inocentes». «Con la fe en el de arriba«, dice, sin dejar de sostener la pancarta y viendo hacia el edificio de las salas de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo menos nueve activistas que se opusieron a represas financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.

 

Por Mariana Castro (Columbia Journalism Investigations), Eli Moskowitz (OCCRP) y Madeline Fixler (Columbia Journalism Investigations)

Portada: James O’Brien/OCCRP

 

El BCIE (que se autodenomina el “Banco Verde de Centroamérica”) les ha prestado millones de dólares a proyectos de energía sostenible.

 

Esto incluye a 25 plantas hidroeléctricas que el banco ha financiado en algo más de 30 años. Según su presidente saliente, Dante Mossi, el banco ahora tiene en mente otros dos polémicos proyectos.

 

Pero algunos de esos proyectos han costado más que dinero.

 

Por lo menos nueve activistas que se oponían a estas hidroeléctricas han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.

 

Algunos fueron baleados de camino a las protestas; otros habrían sido atacados simplemente por manifestarse en contra de los proyectos.

 

En todos estos proyectos, el BCIE transfirió o se comprometió a desembolsar fondos después de que estas personas fueran asesinadas.

 

En otros dos casos, el banco siguió financiando las represas incluso después de que hubiera manifestaciones de comunidades indígenas y de que se publicaran reportes de violencia contra ellas.

 

El OCCRP y Columbia Journalism Investigations (CJI) descubrieron que el BCIE pasó por alto las señales de alerta cuando accedió financiar la polémica represa de Agua Zarca en Honduras.

 

Los periodistas examinaron otros dos proyectos hidroeléctricos que fueron financiados por el banco y pudieron constatar errores similares.

 

La batalla por Babilonia

 

Carlos Roberto Flores estaba descansando en el patio de su casa con su familia, en el pueblo de La Venta, en Gualaco, en el nororiente de Honduras, cuando seis hombres irrumpieron y lo acribillaron a balazos.

 

Según relatos de los testigos citados por grupos de derechos humanos, informes de prensa y un académico estadounidense que se encontraba de visita en el pueblo en ese momento, Flores fue asesinado por guardias de Energisa S.A. de C.V., una empresa hondureña que estaba construyendo una pequeña represa hidroeléctrica en la zona.

 

Los grupos de derechos humanos afirmaron que Flores, que tenía 28 años cuando fue asesinado en junio de 2001, se había convertido en blanco de ataques por liderar las protestas contra la represa. Un par de meses antes, una organización de derechos humanos había publicado en un periódico local una lista de personas que, según esta, eran perseguidas por Energisa. El nombre de Flores figuraba entre los primeros, según Daniel Graham, un académico que estaba estudiando la represa Babilonia.

 

“Carlos Flores se convirtió en blanco de asesinato por ser uno de los mayores detractores del proyecto de Energisa”, escribió Graham en un recuento publicado por varios grupos de derechos humanos.

 

Ni Energisa, ni la policía hondureña respondieron a nuestras preguntas.

Los lugareños temían que la represa Babilonia destruyera las muchas cascadas y ríos de la región. Foto: Mark Bonta

Babilonia era una de varias pequeñas represas hidroeléctricas de capital privado que se construyeron en Honduras a principios de siglo. En 1998, el gobierno aprobó una nueva ley para fomentar la inversión privada en proyectos hidroeléctricos, que se proclamaban como fuentes de energía ecológicas, prometiéndoles un “trato preferencial.”

 

El BCIE había apoyado la iniciativa y se comprometió a financiar varias de las nuevas represas. Entre ellos figuraba Babilonia, una represa de unos 4 megavatios bautizada por el río sobre el que fue construida, que Energisa prometió que suministraría electricidad a hogares de la zona y que atraería a inversionistas internacionales.

 

Pero miembros de la comunidad advirtieron que la represa destruiría las muchas cascadas y ríos de la región y que dejaría sin trabajo a caficultores locales. Muchos tenían miedo de que afectara también al vecino Parque Nacional de la Sierra de Agalta, un refugio de fauna salvaje que forma parte de un importante corredor migratorio de tapires, pumas y leopardos, entre muchos otros animales.

 

Pero las protestas de la población fueron reprimidas con violencia e intimidación. Rafael Ulloa, entonces alcalde de Gualaco y líder de las protestas contra Babilonia, afirmó haber recibido amenazas de muerte anónimas y haber sido agredido físicamente en varias ocasiones. Otro de los líderes de la protesta, José Zúñiga, declaró a los funcionarios de derechos humanos que parte de su ganado había sido masacrado a machetazos.

 

El hermano de José, Isidro Zúñiga, comentó que la gente tenía mucho miedo a salir de sus casas de noche por temor a ser interceptados o arrestados por los guardias de seguridad de Energisa.

 

“La comunidad vivía en estado de pánico”, declaró a los periodistas.

 

Un mes después del asesinato de Flores, los manifestantes llevaron su lucha a la capital. Más de 300 personas se concentraron frente al Congreso Nacional para protestar, antes de visitar la sede del BCIE y las embajadas de varios de sus Estados miembros.

 

“Visitamos muchas embajadas de los países miembros del BCIE para que entendieran el tipo de proyecto que estaban financiando”, señaló Isidro Zúñiga.

Protestas contra la represa Babilonia en Honduras. Daniel Graham

La policía se enfrentó a los manifestantes con gases lacrimógenos, porras y balas de goma, dejando más de una docena de heridos. Grupos internacionales de derechos humanos condenaron la violencia y la detención de 20 manifestantes.

 

A pesar de las protestas, el BCIE accedió a otorgar un préstamo a Energisa por 2,7 millones de dólares, un poco más de la mitad de los 5 millones necesarios para la construcción del proyecto Babilonia. El banco no respondió nuestras solicitudes de comentarios acerca del proceso de toma de decisión en este caso.

 

Mark Bonta, un geógrafo estadounidense que realizó una evaluación del impacto ambiental de Babilonia para los grupos de protesta, dijo que el BCIE y el gobierno no debieron haber apoyado la represa después de que la muerte de Flores diera “pruebas claras y documentadas con fotografías de que Energisa actuaba con impunidad”.

 

“Incluso después del asesinato de Flores no se inmutaron y, cuando la tormenta de la polémica y las protestas de calle dio lugar a investigaciones oficiales, el banco reiteró su apoyo”, escribió Bonta en un artículo académico sobre el caso.

 

El BCIE no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

 

 

Daños irreversibles

 

El BCIE financió el proyecto Babilonia no sólo después de la represión violenta contra los manifestantes, sino también a pesar de una gran cantidad de preocupaciones medioambientales que habían planteado sus opositores y de denuncias de irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto.

 

Un mes después del asesinato de Flores, la Coordinadora Nacional Contra la Impunidad (CONACIM), que agrupa a organizaciones de derechos humanos hondureñas, elaboró un informe donde se detallaban las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del proyecto Babilonia.

 

La Coordinadora luego le envió una petición al BCIE, pidiendo que el banco dejara de financiar la represa.

 

La petición decía que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) había firmado contratos con Energisa antes de que el proyecto obtuviera la licencia ambiental, “en abierta contradicción y violación” de la ley. El acuerdo se aprobó por decreto presidencial en marzo de 2000, antes de que se realizara la evaluación de impacto ambiental que exige la ley.

 

Incluso cuando se realizó la evaluación de impacto ambiental, el proyecto tenía muchos problemas, según la CONACIM. Lo más importante es que no tenía en cuenta las leyes medioambientales y forestales, ignoró información clave sobre los propietarios de las tierras que se verían afectadas y no tomaba en cuenta las preocupaciones de la población local.

 

La CONACIM también señaló que había lagunas en los análisis técnicos que sirvieron de base al estudio y criticó a Energisa por suministrar “datos total o parcialmente falsos”.

 

“No nos oponemos a que el BCIE o cualquiera otra instancia canalice fondos internacionales para proyectos nacionales que significarán desarrollo económico y social”, escribieron.

Un manifestante mira a la policía antidisturbios durante protestas en contra del proyecto Babilonia. Foto: Daniel Graham

“En cambio, sí nos oponemos a que la utilización de fondos externos para proyectos de dudosa reputación se quieran sustentar ingenuamente en documentos salidos de autoridades corruptas al más alto nivel”.

 

Bonta, a quienes los manifestantes le pidieron que revisara la evaluación de impacto ambiental de Energisa, coincidió en que había una “falta lamentable” de datos sobre el impacto de la represa en la geología y la fauna de la región. Los mapas anexados al informe también habían sido “en buena parte manipulados para que pareciera que la gente no iba a perder sus cafetales”, señaló.

 

Reportes de la época indican que, tras las protestas, el jefe de la Comisión de Energía de Honduras había anunciado que el BCIE había congelado el financiamiento de 14 proyectos, por un total de unos 300 millones de dólares, pero no el de Babilonia.

 

El jefe de la comisión, Jack Arévalo, declaró a medios locales que la represa contaba con los permisos adecuados y que cualquier paralización podría provocar que el Gobierno tuviera que pagar una indemnización a Energisa.

 

A pesar de la retahíla de problemas de la represa, Energisa terminó la construcción del proyecto Babilonia. Un mes después de que Ulloa terminara su mandato como alcalde de Gualaco en enero de 2002, su sucesor le concedió a la empresa el permiso de explotación.

 

“Lo que nos había tocado una lucha de cuatro años, en dos horas le dan el permiso de operación”, afirmó Arévalo.

 

Lugareños les dijeron a los periodistas que ya estaban viendo los efectos ambientales negativos de la represa. Ulloa dijo que el río sobre el que fue construida ahora tiene la mitad de su caudal normal.

 

“El proyecto no es autosostenible, depende de la cantidad del caudal”, dijo Ulloa.

 

No obstante, el impacto ambiental ha sido como muchos habitantes de la zona lo predijeron: El río donde se construyó ahora tiene la mitad de su caudal normal.

Manifestantes en contra de la represa Barro Blanco en Panamá bloquean una carretera. Foto: Richard Arghiris

El lado oscuro de Barro Blanco

 

Una década después de la polémica con Babilonia, el BCIE accedió a otorgar un préstamo por 25 millones de dólares a otra polémica represa en Chiriquí, en el occidente de Panamá, conocida como Barro Blanco.

 

Las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé de la zona venían protestando desde hacía bastante tiempo contra la represa, alegando que no se les había consultado debidamente antes de que el gobierno aprobara el proyecto, que acabaría anegando casi 260 hectáreas de tierras, desplazando a familias e inundando antiguos emplazamientos de relevancia cultural.

 

En un principio, el Banco Europeo de Inversiones, el banco para el desarrollo de la Unión Europea, también había aceptado financiar el proyecto de 80 millones de dólares. Pero después de que varios grupos indígenas presentaran una denuncia advirtiendo de los daños que causaría, el banco anunció una investigación formal sobre el proyecto.

 

Cuando la constructora de la represa, Generadora Del Istmo, S.A. (GENISA) se enteró de que esta investigación incluiría enviar funcionarios a visitar el sitio de la obra, la empresa retiró su solicitud de financiamiento. En 2011, el BCIE intervino junto con dos bancos de desarrollo europeos.

Un soldado habla con una multitud de manifestantes frente a la represa Barro Blanco. Foto: Richard Arghiris

Tras unas manifestaciones masivas, la policía respondió con una represión violenta, según grupos de derechos humanos, que denunciaron que agentes de la policía dispararon balas de goma a los manifestantes, fueron casa por casa para rociarlos con gas pimienta, e interpusieron demandas judiciales inventadas contra los detractores del proyecto Barro Blanco.

 

A principios de 2012, dos manifestantes, Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, murieron después de que presuntamente les disparara la policía en una de las manifestaciones. Siete años después, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cultural Survival, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los indígenas, señaló que aún nadie había recibido una condena por estas muertes.

 

GENISA no respondió a nuestra petición de comentario. Tampoco lo hizo la Fiscalía panameña.

 

Poco más de un año después de los dos asesinatos, en marzo de 2013, apareció el cadáver de otro manifestante, Onésimo Rodríguez, que arrojaron a un arroyo. Según los reportajes de medios de comunicación y relatos de grupos de derechos humanos, fue asesinado por cuatro asaltantes enmascarados tras asistir a una concentración contra Barro Blanco.

 

Un informe interno del BCIE, que obtuvieron los periodistas, afirma que el banco “subestimó los riesgos ambientales y sociales” de Barro Blanco cuando aceptó financiar la represa y empezó a desembolsar dinero antes de que se hubiera realizado algún estudio de impacto ambiental y social.

Un manifestante se para frente a los restos de un bloqueo de carretera tras una protesta en contra de la represa Barro Blanco. Foto: Richard Arghiris

“No hemos visto una sanción como lo establece la ley panameña”

 

El BCIE siguió financiando el proyecto Barro Blanco después de que se denunciara un gran número de problemas ecológicos y presionó a las autoridades para que reanudaran la obra después de que el gobierno la paralizara debido a dichas objeciones.

 

En enero de 2015, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá realizó una evaluación de Barro Blanco y sus conclusiones fueron contundentes. GENISA había incumplido 20 medidas establecidas en el plan de gestión del proyecto, entre ellas las relativas a la contaminación del agua y del aire, al no eliminar adecuadamente los residuos peligrosos, y por no presentar un acuerdo con los pueblos indígenas locales.

 

Los auditores recomendaron suspender el proyecto hasta que GENISA “presente pruebas del cumplimiento de todos los compromisos medioambientales”, según una copia del informe. El CJI encontró el documento oculto entre los Pandora Papers, una gigantesca serie de documentos de 14 firmas offshore, incluida la firma de abogados que representaba a GENISA, filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartida con socios de medios alrededor del mundo.

 

La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá paralizó la construcción al mes siguiente.

 

GENISA no sólo enfrentó problemas medioambientales durante la construcción de Barro Blanco.

En junio de 2015, uno de sus directores, Schucry Kafie Larach, fue detenido por su presunta participación en una trama de malversación de 60 millones de dólares. Una empresa de la que era socio fue acusada de vender bienes y servicios al Instituto Hondureño de Seguridad Social con un exagerado sobreprecio.

El caso era parte de una amplia red de presuntos sobornos en la que, según los fiscales, estaban implicados decenas de altos funcionarios y que costó al Estado unos 118 millones de dólares.

Según reportajes, Kafie, que también era el cónsul honorario de Jordania en Honduras en ese momento, fue detenido en junio de 2015, pero fue puesto en libertad por una condición médica. Según se reportó, se retiraron los cargos en su contra.

Kafie no respondió a una petición por comentarios.

 

Pero las denuncias por temas medioambientales no amilanaron al BCIE ni a sus socios financieros: el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y una subsidiaria del Banco Alemán de Desarrollo KfW.

 

Según una carta publicada en internet por la organización climática Carbon Market Watch, los bancos de desarrollo le escribieron a la vicepresidente de Panamá en los meses siguientes defendiendo a GENISA y pidiendo que se reiniciara el proyecto.

 

Escribieron con “preocupación y consternación”, alegando que el Ministerio de Medio Ambiente no había dado a la empresa tiempo suficiente para corregir las infracciones. Advirtieron además de que la suspensión “podría pesar en contra del país en futuras decisiones de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo”.

 

Isabel de Saint Malo de Alvarado, la ex vicepresidente a quien se remitía la carta, dijo que su gobierno había intentado crear un diálogo inclusivo sobre Barro Blanco con las personas de la zona, pero que se había sentido presionado por GENISA y por los bancos de desarrollo.

 

“Las organizaciones financieras y GENISA, que estaban bien al tanto de nuestros esfuerzos, que eran públicos, presionaron por un fast track”, dijo de Saint Malo. “Personalmente, creo que ese fast track estaba basado en la idea de que se podría usar la fuerza, así como ya ha sido usada muchas veces antes en Panamá, lo que ha llevado a que personas sean heridas, o incluso asesinadas en confrontaciones violentas con la policía”.

 

“Los esfuerzos de desarrollo inclusivo deben ser valorados y apoyados si la región quiere superar sus obstáculos y las organizaciones financieras deben estar del lado del apoyo a estos esfuerzos. No estoy segura de que ese haya sido el caso de Barro Blanco”.

CRÉDITO: Movimiento 10 de Abril CAPTION: Manolo Miranda, líder del Movimiento 10 de Abril, dijo que Barro Blanco ha causado fluctuaciones masivas en el caudal del río.
CRÉDITO: Movimiento 10 de Abril CAPTION: Manolo Miranda, líder del Movimiento 10 de Abril, dijo que Barro Blanco ha causado fluctuaciones masivas en el caudal del río.

En mayo de 2015, el mismo mes en que los bancos enviaron la misiva, un panel independiente de los bancos de desarrollo de Alemania y Países Bajos hizo pública su auditoría de Barro Blanco, donde se concluyó que los prestamistas “no se habían tomado con la debida seriedad la resistencia de las comunidades afectadas” cuando aprobaron el financiamiento.

 

A pesar de los numerosos problemas de Barro Blanco, el gobierno panameño autorizó que se reanudaran las obras de la represa. En septiembre de ese mismo año Genisa recibió una multa de 775.000 dólares y se le obligó a “negociar con, reubicar y compensar a aquellos afectados por el proyecto hidroeléctrico”, así como solucionar la violación de los derechos sociales y culturales de las personas Ngäbe afectadas.

 

Barro Blanco inició operaciones en 2017. El BCIE siguió recibiendo dividendos de su préstamo a GENISA hasta 2021, cuando la compañía terminó de pagarlo con intereses.

 

Desde que la represa de Barro Blanco se completó, las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé han sufrido. Varias comunidades han sido desplazadas, sus tierras han quedado anegadas y se han perdido patrimonios culturales. Los estudios demuestran que la represa ha tenido un impacto devastador en el río Tabasará, acabando con la vida marina.

Manolo Miranda, líder del Movimiento 10 de Abril, que protesta contra el proyecto, señaló que las enormes fluctuaciones del nivel del agua han hecho prácticamente imposible que la gente pueda desplazarse a lo largo del río.

 

“No hemos visto una sanción como lo establece la ley panameña”, señaló. «Es un genocidio al medio ambiente, así como a las comunidades y otros pueblos que fueron afectados por imponerse a este proyecto»

 

«En Panamá sólo se hace justicia contra la clase baja», agregó.

Documentos internos revelan que el Banco Centroamericano de Integración Económica hizo caso omiso de las señales de alarma, llevó a cabo una escasa diligencia debida y mantuvo su apoyo a la construcción de la represa hondureña incluso después de que una persona de la localidad fue asesinada por un soldado en medio de las protestas de las comunidades indígenas y de que otro financiador dijera que era demasiado arriesgado continuar.

Por Eli Moskowitz (OCCRP) y Mariana Castro (CJI)*
Con reportes de: Jonny Wrate (OCCRP), Angus Peacock (OCCRP) y Fernando Silva (Contracorriente)
Traducción: Matías Godoy, CLIP
CRÉDITO: James O Brien / OCCRP

 

La noche del 27 de febrero de 2014, Daniel Atala Midence, el joven heredero de una de las familias más poderosas de Honduras, sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. 

Acababa de enterarse de que la empresa familiar en la que trabajaba como director financiero había conseguido un tramo crucial de financiación para una presa hidroeléctrica que estaba construyendo en las extensas tierras altas del oeste de Honduras.

El proyecto, llamado Agua Zarca, se había retrasado por protestas de grupos indígenas locales que afirmaban que la presa destruiría un río sagrado y diezmaría las poblaciones de peces de las que dependían para alimentarse. Tras el asesinato de un manifestante, el inversionista inicial, que también era uno de los constructores, se retiró. 

Así que la familia Atala y su empresa, Desarrollos Energéticos S.A de C.V. (DESA), estaban contando con que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiara el proyecto. Cuando Atala, de 27 años, supo que el BCIE había firmado un largamente anticipado préstamo a DESA por 24,4 millones de dólares, respiró aliviado. 

«Me siento 50 lbs lighter», escribió en WhatsApp a su novia, en uno de los miles de mensajes escritos en un español salpicado de palabras en inglés, recopilados en el marco de un juicio civil en Honduras y obtenidos por OCCRP. Al principio, le dijo, le preocupaba que el BCIE no aprobara el contrato de préstamo, que además incluía otros 20 millones de dólares de prestamistas holandeses y finlandeses, que iban a ser administrados a través del BCIE.

. Al principio, le dijo, le preocupaba que el BCIE no aprobara el contrato de préstamo, que además incluía otros 20 millones de dólares de prestamistas holandeses y finlandeses, que iban a ser administrados a través del BCIE.

«Foc, [Fuck] estaba cagado», escribió en otro mensaje.

El préstamo no sólo salió adelante, sino que puso en marcha un proyecto que acabaría en tragedia.

Dos años después de los mensajes nocturnos de Daniel Atala a su novia, la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, que lideraba una campaña contra la construcción de la presa, fue muerta a tiros en su dormitorio por un escuadrón de asesinos dirigido por un antiguo francotirador de las fuerzas especiales hondureñas.

Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por su oposición al Proyecto Agua Zarca. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente

Los matones fueron contratados por el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, según la corte hondureña que lo sentenció el año pasado a 22 años de prisión por su participación en la orden y planificación del asesinato, junto con otros siete hombres. Castillo, quien aún puede apelar su condena, no respondió a peticiones de comentarios hechas por periodistas de esta alianza. Los fiscales hondureños no han acusado a Daniel Atala de jugar algún rol en este asesinato.

Se han escrito cientos de páginas sobre el asesinato de Cáceres y sus repercusiones posteriores en Honduras. Sin embargo, poco se ha revelado sobre cómo el BCIE accedió en un principio a ayudar a financiar el proyecto de Agua Zarca.

Ahora, una investigación realizada por OCCRP y Columbia Journalism Investigations revela que el banco –que afirma dar prioridad a los proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que reducen la pobreza– ignoró varias señales de alarma cuando se asoció con DESA y sus poderosos propietarios, la familia Atala.

OCCRP obtuvo auditorías internas confidenciales que indican que el BCIE tenía «la necesidad de analizar la capacidad financiera y técnica de los promotores [del proyecto] para realizar sus aportes» antes de aprobar el préstamo de 24,4 millones de dólares. Los auditores señalaron que la empresa estaba valorada en sólo 2 millones de dólares, y aun así estaba asumiendo un proyecto de 50 millones. 

Más preocupante aún es que las personas que estaban detrás de DESA –la familia Atala y Castillo—«no tenían experiencia en proyectos de generación de energía» cuando se aprobó el préstamo para construir Agua Zarca, según la auditoría. 

En los mensajes de texto que envió a su novia sobre el préstamo, Atala hablaba con franqueza de esta falta de experiencia. «Me siento mal. Ahora I owe [debo] 44,4 millones de dólares…. Soy empleado del BCIE… por los próximos 13 años, tengo que generar ese montón dinero…. I’m freaking out, bruh [Me estoy volviendo loco, hermano]».

«Dannyyyyy!!!!», respondió ella. «Todas, absolutamente todas las empresas se endeudan».

«No tanto», respondió él. «¿[Mi tío y mi padre] cómo no están cagados [nerviosos], confiando tanto pisto [dinero] en dos huirros [niños]?»

Las auditorías muestran que el BCIE hizo caso omiso de múltiples advertencias sobre los riesgos del proyecto, desde preocupaciones por daños medioambientales, hasta informes de que DESA estaba alimentando tensiones con la comunidad local. Los documentos no dejan claro por qué el banco pasó esto por alto, pero la familia Atala tenía buenos contactos en Honduras y en el propio banco. 

El padre de Daniel, José Eduardo Atala Zablah, accionista de la empresa propietaria de DESA, había sido director del BCIE en Honduras por dos años en la década de los 2000. Su tío, Jacobo Atala Zablah, es un destacado empresario hondureño que dirigió el Banco BAC, uno de los mayores prestamistas del país. En 2021, Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, socios de OCCRP, revelaron que Jacobo Atala ayudó a crear varias empresas offshore para Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2014.

Ni José Eduardo ni Jacobo Atala Zablah respondieron a solicitudes de comentarios hechas por periodistas de esta alianza.

Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años de cárcel por ordenar y planificar el asesinato de Berta Cáceres. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

En sus mensajes de texto a su novia, Daniel Atala dijo que el BCIE se había tomado demasiado tiempo para aprobar el préstamo. «Tuve que usar mis Frank Underwood backchannels [canales traseros de Frank Underwood]», dijo —una referencia al intrigante personaje principal de la serie de Netflix House of Cards.

En el mensaje siguiente explicó que se refería a «Jacko», usando un apodo para su tío Jacobo.

Atala afirmó en una respuesta escrita a preguntas de OCCRP que simplemente había estado alardeando para sonar más importante. 

«No se utilizaron canales traseros de ningún tipo para hacer aprobar esta financiación y si hubo un texto a una novia diciendo algo contrario a eso fue sólo con la intención de cortejar, intentando parecer más interesante o en la búsqueda de más conversación, como hacen los hombres jóvenes cuando están en un noviazgo», dijo.  

Añadió que se había llevado a cabo una diligencia debida «extremadamente amplia» antes de que su empresa recibiera el préstamo para la represa, y subrayó que su padre había dejado su cargo de director en el BCIE años antes.

«Eso no parece un conflicto de interés, pero entiendo que esta información no encaje en la historia que ustedes están intentando vender», dijo.

Sin embargo, Wout Albers, un abogado de derechos humanos que representa a la familia de Cáceres en una demanda civil contra el FMO, otro banco que prestó dinero para el proyecto, dijo que el papel de José Atala en DESA debería haber encendido las alarmas en el BCIE.

El banco «debió darse cuenta de que conceder un préstamo de 24 millones de dólares a su ex director creaba la impresión de conflicto de intereses, o al menos de nepotismo», dijo.

El presidente saliente del BCIE, Dante Mossi, dijo a OCCRP en una entrevista que no podía defender la decisión del banco de prestar dinero para la presa de Agua Zarca. Dijo que era uno de los muchos préstamos fallidos que heredó cuando asumió su cargo a fines de 2018, y calificó el proyecto como una «vergüenza».

«No sé qué se le metió en la cabeza a la junta directiva que aceptó este proyecto», dijo. 

Los graves riesgos sociales del proyecto de la presa deberían haber sido obvios para cualquier persona familiarizada con el contexto hondureño, dijo Mossi – en particular la complejidad de la propiedad de la tierra en los territorios tradicionales del pueblo indígena Lenca.

«Si yo hubiera sido presidente [en ese momento] este proyecto nunca habría sido aceptado porque sé que se trata de tierras comunales, no se puede comprar una parcela de tierra en esa región».

El BCIE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios hechas por esta alianza.

Cada año la conmemoración de la lucha de Berta Cáceres en contra de proyectos como el de Agua Zarca, es liderada por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que ella fundó y que sigue exigiendo justicia por su asesinato. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Nuevos y repetidos fallos

 

La comunidad de Berta Cáceres, el pueblo indígena lenca, se había opuesto a Agua Zarca desde el principio, alegando que dañaría un río sagrado, mataría a los peces de los que dependían para alimentarse y destruiría sus medios de vida. La presa era uno de los más de 40 proyectos hidroeléctricos que el gobierno de Honduras había aprobado sin consultar a los grupos indígenas que se verían afectados.

En 2013, manifestantes lencas establecieron un bloqueo en el lugar, pero pronto se enfrentaron a ataques violentos y al acoso de guardias de seguridad y tropas. Las obras se suspendieron meses después, cuando uno de los manifestantes, Tomás García, murió por disparos de un soldado hondureño.

Los conflictos en torno a la presa provocaron la retirada del socio de DESA en el proyecto, la empresa constructora china Sinohydro Corporation Limited. Un financiador clave del proyecto, el Fondo Mezzanine Centroamericano (CAMIF), respaldado por el BCIE, también se retiró después de que un grupo de activistas indígenas liderados por Cáceres presentara una protesta formal ante el mecanismo de quejas del Banco Mundial, que era copropietario de CAMIF. 

Documentos internos del BCIE, obtenidos por reporteros, dicen que CAMIF informó al BCIE en febrero de 2014 que se retiraba del proyecto porque la nueva queja «elevaba el riesgo del proyecto al máximo». Daniel Atala cuestionó esta versión de los hechos, diciendo que su empresa había decidido «no buscar financiamiento con CAMIF» debido a un desacuerdo sobre el costo del préstamo. 

El BCIE ya había aprobado el préstamo por 24,4 millones de dólares, pero aún no había firmado formalmente su desembolso. Según una auditoría del proyecto, la salida de CAMIF debería haber sido una señal de alarma para la dirección del banco, 

En cambio, los funcionarios del banco y los gerentes de país en Honduras «hicieron creer, o por lo menos no realizaron la debida diligencia, y argumentaron [que] la salida de CAMIF del financiamiento [ocurrió] por razones de oportunidad de inversión, sin valorar adecuadamente que más bien… respondía a una denuncia por afectación a comunidades vecinas», escribió el auditor en su informe.

«Esta situación no fue investigada adecuadamente en el BCIE».

El informe, escrito en 2018 —casi dos años después del asesinato de Cáceres— por el auditor interno jefe, ofrece una imagen muy crítica de los errores internos del BCIE en el proyecto, e identificó  «nuevas y repetidas fallas en los sistemas de controles y equilibrios» que deberían haber evitado que se invirtiera en la represa.

La auditoría señala que un evaluador ambiental externo contratado por el BCIE había advertido en febrero de 2014 que DESA estaba alimentando las tensiones con la comunidad local, y que su dependencia de las fuerzas militares y policiales para la seguridad en el sitio había aumentado el conflicto.

CITA DEL DOCUMENTO:

La Condición “Copia del informe y del Plan de Acción Ambiental y Social definitivos a satisfacción de los inversionistas y de los cofinanciadores, entre ellos el BCIE, se dio por cumplida con el Informe Ambiental y Social realizado por la firma GAI, del 4 de febrero de 2014, denominado “Follow-Up Social Due Diligence” PHAZ GAI, que advertía lo siguiente:

  1. DESA no cumplió con todos sus compromisos sociales anteriores, en parte porque la compañía no tenía un plan de acción establecido.

  2. DESA no comprendía el alcance de la complejidad de aspectos de las tierras y problemas étnicos en el área afectada.

  3. La dependencia de DESA de contar con seguridad provista a través de las fuerzas militares y policiales en el campo aumentó el nivel de tensión y conflicto.

  4. Este es ahora un proyecto de Categoría A de acuerdo con los Estándares de Desempeño de la IFC y requerirá monitoreo independiente frecuente, particularmente durante la fase de construcción. (Anteriormente estaba catalogado en Categoría “B”)

 

Sin embargo, el BCIE decidió seguir adelante y aprobó el desembolso del préstamo para DESA ese mismo mes, lo que desencadenó los mensajes de texto de alivio de Daniel Atala a su novia.

El BCIE también omitió múltiples señales de alerta sobre el propio DESA. La auditoría de Agua Zarca señaló que «no se realizó ningún análisis de la capacidad financiera» de DESA antes de que el BCIE aprobara el préstamo. Si el banco lo hubiera hecho, señala el documento, debería haberse preocupado de que una empresa con un valor contable de apenas US$2 millones estuviera tomando un préstamo tan grande, especialmente cuando estaba dirigida por empresarios sin experiencia en proyectos de generación de energía. El banco justificó la aprobación señalando que el proyecto contaría con un supervisor externo, pero el auditor dijo que esa supervisión debió haber sido un requerimiento básico del proyecto y no «un plus».

«Nuevamente, se asume erróneamente que el promotor [DESA] es el principal interesado en que todo salga bien», escribió el auditor. «Pero, igualmente, es el principal interesado en ocultar información si algo sale mal».

CITA DE UN DOCUMENTO:

Como se puede apreciar, desde el cumplimiento de condiciones previas a formalizar se anuncian riesgos que no estaban considerados al momento de la aprobación, o que no se conocían. No obstante, ningún ejecutivo o área de soporte tuvo el criterio para advertir esto a instancias superiores para reevaluar la operación. En nuestra opinión esta forma de actuar es familiar en el Banco. Ante la posibilidad de errores u omisiones, las instancias del front office prefieren enmendar sin avisar, interpretar, o francamente omitir condiciones, por recelo o sospecha de recibir reprimendas de parte de la instancia que aprobó la operación (generalmente el Directorio), o en el peor escenario, [de] que se anulen operaciones que ya estaban aprobadas. Lo que, en nuestra opinión, requiere una revisión y discusión de la cultura y forma de presentar y aprobar o improbar operaciones.

Alberto Cortés, director del BCIE en Costa Rica en el momento del asesinato de Cáceres, ha sido por mucho tiempo un crítico de la gestión de este proyecto por parte del banco. Cortés afirma que se alarmó cuando se enteró de que un activista que protestaba contra un proyecto financiado por el BCIE había sido asesinado, e impulsó la investigación interna sobre el proyecto que desembocó en la auditoría obtenida por los periodistas.

Cortés dijo que pudo descubrir, a través de búsquedas en Google, que Castillo, el presidente de DESA, era un ex oficial de inteligencia militar que había sido multado en 2009 por el Tribunal Supremo de Cuentas de Honduras por vender equipos informáticos a precios excesivos a las fuerzas armadas de su país. En el mismo caso, Castillo también fue censurado por cobrar dos sueldos estatales como oficial militar y empleado de la empresa nacional de electricidad. (Ni Castillo, actualmente en prisión, ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios).

«Si yo pude encontrar esto con una búsqueda en Google, ¿cómo es posible que la comisión que estaba a cargo de la debida diligencia, del análisis, no haya podido descubrirlo?», dijo.

«[El BCIE] no cumplió con los requisitos básicos y la evaluación de riesgo que normalmente debe hacer un banco serio», dijo.

Los múltiples problemas señalados por los auditores, junto con la continua oposición de la comunidad local a la represa, «debería haber obligado a los constructores del proyecto a implementar nuevos procesos de consulta y socialización, lo que habría evitado tragedias como la muerte de Berta [Cáceres]».

Diversos pueblos originarios han protestado y exigido justicia por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres y el despojo sufrido por proyectos extractivistas desarrollados sin consulta. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Enajenación de la deuda con descuento

 

Cuando la noticia del asesinato de Cáceres saltó a los titulares, empezaron a llover las condenas a Agua Zarca. 

Los dos coinversionistas del BCIE, el banco de desarrollo holandés FMO y la financiera finlandesa Finnfund, se retiraron formalmente del proyecto en julio de 201 y dejaron al BCIE como único prestamista internacional. Aunque el banco dejó de entregar más dinero al proyecto, ya había desembolsado 9,4 millones de dólares.

Esta deuda no sólo estaba en mora, ya que DESA había dejado de pagar su préstamo poco después del asesinato, sino que se había convertido en una bomba política. El proyecto de la presa también había acumulado decenas de quejas de parte de comunidades locales. Cuando se suspendió la construcción en julio de 2016, el BCIE había recibido 71 de esas quejas, 43 de ellas sin resolver, según una evaluación interna vista por periodistas.

Dante Mossi, saliente presidente del BCIE, en una entrevista con Contracorriente en Tegucigalpa. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Mossi, quien asumió la presidencia del banco a fines de 2018, calificó la deuda de Agua Zarca como un «activo tóxico», pero dijo que el banco no estaba en condiciones de simplemente perdonar el préstamo. 

«El proyecto salió mal [pero] teníamos una obligación allí, así que dije: ‘Vendámoslo a la mejor parte».

En marzo de 2019, el banco acordó vender la deuda a una empresa llamada Swiss International Wealth Management (SIWM) por 500.000 dólares. De acuerdo con un memorando interno del BCIE sobre ese acuerdo, la empresa suiza planeaba alcanzar otro acuerdo con DESA para adquirir sus acciones, lo que le daría el control de todo el proyecto de la presa. (Daniel Atala se negó a comentar si esto había sucedido, citando un acuerdo de confidencialidad que había firmado). 

SIWM había hecho la oferta casi un año antes, en la primavera boreal de 2018, antes de que Mossi fuera nombrado presidente del banco. Guillermo Bueso, el director ejecutivo del banco más grande de Honduras, Banco Atlántida —un buen amigo de Mossi desde la universidad— había escrito al BCIE para «hacer una presentación inicial» entre el banco de desarrollo y SIWM.

En un principio, el BCIE se negó a seguir adelante con la venta porque dijo que no tenía suficiente información sobre SIWM. En algún punto en los meses siguientes, sin embargo, reabrió las conversaciones. No está claro si esto ocurrió antes o después de que Mossi asumiera la presidencia del banco a finales de 2018. 

Poco después de que SIWM compró la deuda, su matriz británica, Portofino Holdings, pasó por una serie de cambios de propiedad hasta que acabó en manos de Bueso —el banquero hondureño que había presentado la firma suiza al BCIE y que conocía personalmente a Mossi.

RECUADRO

Una operación de deuda cuestionable
Por James O’Brien yand Edin Pasovic/OCCRP

Un informe interno del BCIE escrito después de que se aprobara la venta, así como documentos corporativos del Reino Unido y Suiza, muestran que, lejos de ser una firma con una larga trayectoria en la gestión de patrimonios, Swiss International Wealth Management había cambiado su nombre y su propósito no mucho antes de hacer su oferta para comprar la deuda de Agua Zarca.

Aunque la empresa suiza fue fundada técnicamente en 1982, era un fabricante de herramientas y moldes de metal llamado R. Bachmann AG hasta finales de 2017, cuando cambió para convertirse en una firma de gestión de patrimonio, y se nombraron nuevos directores. 

Los registros corporativos suizos no revelan más que esto, pero un informe interno del BCIE obtenido por el OCCRP explica que Swiss International Wealth Management fue luego adquirida en 2018 por una empresa del Reino Unido propiedad de un británico, Andrew Peat, quien dijo ser el único inversor en el proyecto.

“Este esquema es el comúnmente utilizado por Andrew Peat para realizar las transacciones en las que él incurre, y de esta manera mantener independencia en sus inversiones”, decía el informe del BCIE.

La participación de Peat inicialmente levantó alertas en el BCIE después de una verificación de diligencia debida, pues había sido nombrado en un caso de fraude civil presentado ante el Distrito Sur de Nueva York, en el que se le acusa de participar en un esquema de inversión que estafó a inversionistas de edad avanzada. Los registros judiciales muestran que el caso fue desestimado en 2015.

«Se identificaron algunas demandas en contra del Señor Andrew Brian Peat y compañías asociadas a dicha persona, por reclamaciones relacionadas con incumplimiento de deberes fiduciarios y otras obligaciones contractuales, fraude y negligencia», dijo el BCIE en su informe interno.

Peat —que no pudo ser localizado para comentar estos hallazgos— no sería el propietario de SIWM durante mucho tiempo.

Pocos meses después de que Swiss International Wealth Management adquirió con éxito la deuda de Agua Zarca, su empresa matriz en el Reino Unido, Portofino Holdings, sufrió varios cambios de propiedad. 

En primer lugar, la mayoría de las acciones de Portofino se transfirieron a un miembro de la junta directiva del Banco Atlántida, Fernando de Mergelina. En julio de 2021, la propiedad mayoritaria se transfirió de nuevo, esta vez a una empresa hondureña propiedad directamente de Guillermo Bueso. 

Dado que los registros suizos no revelan los accionistas corporativos, los reporteros no pudieron establecer si Portofino sigue siendo propietaria de SIWM en la actualidad, o si la estructura de la deuda sigue siendo la misma.

Pero el banco decidió seguir adelante con la venta de todos modos, pues el caso fue desestimado y no se habían presentado demandas legales contra la propia empresa SIWM.

Bueso no respondió a las solicitudes de comentarios. Swiss International Wealth Management, que desde entonces cambió su nombre, tampoco respondió.

Kush Amin, especialista legal de Transparencia Internacional, revisó la cadena de transacciones que llevó a que Agua Zarca terminara aparentemente en manos de Bueso, y dijo que demostraba «una clara falla en el proceso interno para la venta de estos activos».

«¿Existe alguna prueba de que el banco llevara a cabo la diligencia debida sobre la fiabilidad y la experiencia pasada de Swiss International Wealth Management que les permitiera vender el préstamo (increíblemente sensible desde el punto de vista político) con un enorme descuento?», preguntó. «¿Hubo otras ofertas?» 

Mossi declaró a OCCRP que era «buen amigo» de Bueso desde cuando ambos estudiaban en la Universidad de Vanderbilt, donde se conocieron tomando vino y queso gratis en un acto estudiantil. Dijo que cuando se incorporó al banco y vio la propuesta de SIWM, reconoció inmediatamente que la empresa estaba relacionada con Bueso a pesar de que su nombre no estaba en el documento.

«Conozco al grupo cercano que trabaja con Guillermo Bueso», dijo.

Sin embargo, aseguró que su relación con el banquero no influyó en la venta de la deuda. 

«Cuando vi el nombre de alguien a quien conocía, me recusé de la reunión del consejo para tratar la propuesta suiza», dijo, y añadió: «Y sin embargo, desde el punto de vista financiero, fue una decisión muy buena».

Amin dijo que la relación previa de Mossi con Bueso, y el hecho de que la operación se llevara a cabo después de que Mossi asumiera la presidencia ejecutiva del banco, justificarían una investigación de parte del banco.

«El hecho de que [la deuda] al parecer terminara siendo propiedad personal de Bueso (a través de sociedades presididas por otros directivos del Banco Atlántida) justificaría una investigación del BCIE dada su amistad con Mossi».

 

Echarle leña al fuego

 

Según una propuesta para la venta de la deuda a Swiss International Wealth Management, el BCIE esperaba que la transacción pudiera ayudar a «reactivar el sector energético [hondureño]».

Lo que quería decir con esto era que los 500.000 dólares que ganara con la venta del préstamo se donarían al gobierno hondureño para lo que denominó una «campaña de socialización». El objetivo de la campaña era conseguir el apoyo de comunidades indígenas a un nuevo proyecto de ley sobre cómo se debe consultar a estos grupos acerca de los nuevos proyectos de desarrollo.

Mossi le dijo a OCCRP que estaba a favor de ese plan.

«Lo que le dije a la junta es: ‘Miren: podemos mantener este activo tóxico en nuestros libros, o podemos deshacernos de él y con los ingresos de lo que tenemos, básicamente podemos ayudar al gobierno a hacerlo bien».

Según escribieron funcionarios del BCIE en un informe interno sobre la venta del préstamo, esto podría ayudar a agilizar los procedimientos gubernamentales para futuros proyectos energéticos, mantendría abierta la posibilidad de reiniciar el estancado proyecto de Agua Zarca y facilitaría potencialmente el desarrollo de otros proyectos en el futuro.

«El apoyo que brindará el BCIE a la República de Honduras permitirá no sólo propiciar la definición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sino también abrirá la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de inversión que han estado paralizados por el vacío en la reglamentación», dice el informe.

CREDITO: Documentos internos del BCIE sobre la venta de la deuda de Agua Zarca.

Una solicitud de información pública presentada por Contracorriente, socio hondureño de OCCRP para este reportaje, confirmó que la donación de 500.000 dólares se había efectuado, y que iba a ser «utilizada exclusivamente para apoyar la estrategia de socialización para la aprobación», del nuevo proyecto de ley, conocido como OIT 169.

La hija de Berta Cáceres, Berta Zúniga Cáceres, asiste al juicio en contra de David Castillo, por el asesinato de su madre. Foto Archivo Contracorriente.

Amin, el especialista de Transparencia Internacional, dijo que el uso de los 500.000 dólares para la «campaña de socialización» revelaba cosas nuevas sobre la venta inicial del préstamo.

«Es posible que hayan ocultado la venta del préstamo al amigo de Mossi por una fracción de su valor y, simultáneamente, hayan tenido la intención de hacer que el mismo préstamo valiera mucho más, en caso de que el proyecto de ley prosperara».

El proyecto de ley OIT 169 era «ampliamente impopular entre… las comunidades indígenas de Honduras», dice Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, que reúne a unas 30 organizaciones de Estados Unidos y Canadá que apoyan a la sociedad civil en Honduras. 

«Básicamente lo rechazaron, [diciendo]: ‘Esto no es suficiente, no protegerá nuestros derechos. No lo apoyamos».

El OIT 169, dijo, fue un intento de «legalizar la violación de los derechos de las comunidades indígenas mediante la promulgación de leyes para facilitar la entrada de más proyectos y ofrecer más flexibilidad para iniciativas económicas, incluidos los proyectos de generación de energía y el despojo de tierras».  


*Mariana Castro es fellow de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Columbia Journalism School.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, juramentó de forma interina a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto después de que una comisión permanente con 9 diputados propietarios, la mayoría del partido oficialista, aprobara su moción. El primero fue siempre la apuesta del Partido Libre, mientras que el segundo es un exfuncionario del Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Ambos permanecerán en sus cargos hasta que el pleno de diputados alcance un consenso de 86 votos. La oposición llamó a sus seguidores a protestar y los colectivos del Partido Libre han llamado a defender la posición de la comisión. 

Texto: Leonardo Aguilar

Con reportes de María Celeste Maradiaga

Fotografía: Fernando Destephen

En medio de serios cuestionamientos, una Comisión Permanente del Congreso Nacional eligió este miércoles a Johel Zelaya en el cargo de Fiscal General y a Mario Morazán, como Fiscal General Adjunto. Las autoridades del Legislativo explicaron que ambos permanecerán en sus cargos en condición de interinato hasta que los diputados de las distintas bancadas alcancen consensos para lograr una mayoría calificada de 86 votos.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien preside la Comisión Permanente, dijo que no iban a permitir que continuara a la cabeza del Ministerio Público un exfiscal general adjunto que permitió la reelección constitucional, la violación de la soberanía y el narcotráfico, en referencia a Daniel Sibrián, quien venía ejerciendo funciones de Fiscal General después de que pasara el tiempo para elegir autoridades en esa institución. 

Sibrián tomó las riendas del ente acusador durante casi dos meses, después de que el exfiscal general Óscar Chinchilla –cuestionado por no actuar contra el narco-Estado encabezado por el expresidente Hernández– abandonara su cargo y el país, para integrar la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) cuya sede se encuentra en Nicaragua y en donde funge como vicepresidente.

En un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio Público, todavía en manos de Daniel Sibrián, sugirió la posibilidad de considerar aplicarle un juicio político al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por sus opiniones vertidas en Canal 11 en donde desconocía la autoridad de Sibrián y argumentaba «falta absoluta» de autoridades en el ente acusador del Estado.

La falta absoluta de autoridades en el Ministerio Público era un requisito necesario para que la Comisión Permanente hiciera el nombramiento de los fiscales interinos.

El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado del Congreso Nacional, dijo a Contracorriente que el nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán es ilegal porque la Comisión Permanente no tiene facultades para nombrarlos porque «esas facultades surgen cuando se da la situación de ausencia absoluta».

El analista explicó que, no concurriendo esta circunstancia de la ausencia absoluta, entonces no opera la atribución. 

«El fiscal Sibrián está en su cargo, lo mismo que otros funcionarios de la fiscalía, y la ausencia absoluta se da cuando hay muerte, incapacidad física y cuando hay inhabilitación judicial. Además cuando hay un revocatorio. Entonces estos fiscales interinos, entre comillas, porque los van a dejar por cinco años, son fiscales electos ilegalmente», explicó Pineda Alvarado.

El analista agregó que las consecuencias políticas que esto tendrá es el de la persecución política a opositores, bajo el argumento de que se está combatiendo la impunidad.

Pineda expuso que los diputados hondureños «le dieron el carpetazo» (es decir que le dieron cierre) a temas como la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), de esta última dijo, su llegada es «si no difícil, imposible que se haga realidad en el país».

Pineda Alvarado subrayó que cerrándose el período de sesiones ordinarias, este Congreso ya no puede ratificar la derogación de reformas constitucionales que permitieron las ZEDEs. 

Al ser consultado sobre si el tema de las ZEDEs pudo haber sido una negociación entre congresistas y representantes de élites políticas y económicas de Honduras, Pineda Alvarado expuso: «no le puedo dar una respuesta sobre eso. No lo creo. Pero está dentro de lo posible».

El diputado del Partido Libre, Edgardo Castro dijo a Contracorriente que él siempre estuvo seguro que los fiscales, general y adjunto, se iban a elegir ya sea con consensos o no. «Yo siempre dije: habrá fiscal quieran o no quieran».

Castro fue más allá en sus declaraciones y no descartó que los fiscales interinos puedan convertirse en fiscales definitivos una vez que termine el período de validez de la Comisión Permanente, el 24 de enero de 2024. Para eso, dijo que bastará un «decretito» que les dé la categoría de fiscales permanentes.

«Recuerde que la Comisión permanente del Congreso queda instalada hasta el 24 de enero [de 2024], entonces les da chance para acercamientos. Si no hay acercamientos para elegir los fiscales de forma perenne, [la introducción de un decreto para elegirlos definitivamente] va a ocurrir», indicó Castro.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras resguardan las instalaciones del Congreso Nacional mientras se juramentan a los fiscales interinos de la república, Johel Zelaya y Mario Morazán. Foto CC / Fernando Destephen

El Fiscal General interino Johel Zelaya fue siempre la apuesta del Partido Libre, fue puntuado por una Junta Proponente con el 80 % y avanzó a pesar de que, en la declaración jurada, los candidatos debían acreditar no haber tenido participación política durante años recientes, sin embargo, Zelaya pasó todos los filtros a pesar de que actualmente funge como servidor público, pues es regidor del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, por el Partido Liberal.

El Fiscal General Adjunto interino Mario Morazán, en el 2006 fue nombrado por el expresidente Manuel Zelaya —actual asesor presidencial— como ministro consejero de la Embajada de Honduras en Costa Rica.

El Congreso Nacional terminó sus sesiones ordinarias con tres asuntos pendientes de resolver: la ratificación de la derogación a los artículos constitucionales sobre las Zedes, la elección de un nuevo fiscal general con 86 votos y la aprobación del presupuesto general para el 2024.

El Congreso Nacional estuvo dos meses paralizado y retomó las sesiones en un clima altamente polarizado en donde el presidente Luis Redondo eligió a las nuevas autoridades del Ministerio Público, prescindiendo de los 86 votos requeridos y recurriendo a las facultades que la Constitución de la República le otorga a la Comisión Permanente, que según el artículo 208, numeral 11, establece que esta puede “Elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.

La Comisión Permanente fue integrada por nueve diputados propietarios, 8 de los cuales pertenecen al Partido Libre. Sus miembros fueron juramentados este miércoles, justo cuando se entró en el receso legislativo, comprendido del 1 de noviembre de 2023 al 24 de enero de 2024. Con esto, el Legislativo puso fin a las sesiones ordinarias.

En un intento por frenar la instalación de esta Comisión Permanente, la oposición, que alcanzó 71 votos, seis más de los que necesitaba para alcanzar el quórum, desarrolló ayer martes una sesión extraordinaria en la que aprobó un decreto para ampliar la vigencia de las sesiones ordinarias hasta el 24 de enero de 2024, sin embargo, al tratarse de un decreto, para entrar en vigencia se requiere que este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, una instancia que no cuenta con autonomía suficiente como para atender el decreto promovido por la oposición política.

El artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la última parte, señala que «Una vez terminada las sesiones del Congreso Nacional, la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la última sesión, la cual está integrada por el Presidente del Congreso Nacional, un Vicepresidente, el Primer Secretario, y miembros propietarios y alternos». Una vez elegida la Comisión Permanente, debe establecer el calendario de reuniones y los mecanismos para evacuar las responsabilidades que por ley le corresponden y sus decisiones se toman por mayoría simple de sus miembros. 

Antes del nombramiento de los fiscales, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, compartió el mensaje de la Embajada Americana en Honduras llamando a la calma e instando al diálogo. Además hizo un llamado para que Honduras elija a un Fiscal General y Adjunto, «con los 86 votos requeridos».

Con menos que conseguir, las cosas se facilitaron para el Partido Libre, que tras las elecciones de noviembre de 2021, alcanzó 50 diputados en el Congreso Nacional, mientras que el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10. La Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción (PAC) alcanzaron uno cada uno.

El Partido Nacional reaccionó a través de su presidente David Chávez, quien además es miembro del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC). Este convocó a las bases de su partido y a otros sectores de la ciudadanía para presentarse a las instalaciones del Ministerio Público con el objetivo de impedir que tomen posesión los recién nombrados como fiscal general y fiscal general adjunto interinos.

 

Líderes del Partido Libre también convocaron a sus colectivos a las instalaciones del Ministerio Público, lo que puede incrementar la violencia política, como la registrada ayer durante la sesión en donde resultaron heridos algunos diputados opositores y en donde además, se dieron otros incidentes peligrosos, tal como el protagonizado por el diputado nacionalista Mario Pérez, quien sacó un arma de fuego y amenazó a uno de los guardias de seguridad del hemiciclo Legislativo.

Por María Celeste Maradiaga, Jennifer Ávila, Fernando Destephen y Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen

 

En la noche del 31 de octubre, diputados del Partido Nacional fueron agredidos en los bajos del Congreso Nacional por activistas del Partido Libre, luego de que estos y otros diputados de oposición celebraran una sesión extraordinaria en la que se aprobó extender el periodo de sesiones desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero del 2024.

Esta sesión, según el diputado y jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, fue celebrada a las 10 a.m. y contó con la presencia de 19 diputados liberales, 43 nacionalistas y 9 del PSH, conformando así 71 votos para aprobar extender el periodo de sesiones ordinarias después de que el Congreso ha permanecido paralizado y sin consensos. Además, Toscano contó a Contracorriente que desde esa hora ya había presencia policial en los bajos del Legislativo.

«Durante todo el día estuvimos con presencia de policías y ya a las 6 de la tarde fuimos encerrados en el Congreso Nacional. La bancada del Partido Liberal y PSH no teníamos por dónde salir, estaba resguardado totalmente por policías y del lado de la plaza del Congreso el Partido Nacional tampoco tenía opción de entrar, ahí es cuando los colectivos de Libre empezaron a agredir a los diputados de afuera y forcejear bruscamente las puertas para agredir a quienes estábamos adentro», indicó el diputado del Partido Salvador de Honduras.

Después de la violencia física en los bajos del Congreso, que terminó con varios diputados del Partido Nacional heridos, los policías desalojaron a los activistas del Partido Libre y bloquearon los accesos en los alrededores. Aún así, un grupo de activistas afines al diputado Jorge Cálix llegó a los bajos del Legislativo.

Por otro lado, varios funcionarios del gobiernoa actual difundieron un video en el que se ve al diputado nacionalista, Mario Pérez, apuntando con un arma a un guardia del Congreso Nacional, aduciendo que la violencia se dio de ambos bandos en conflicto.

Policía Nacional y seguidores del Partido Libertad y Refundación llegaron a golpes y empujones. FotoCC/ Fernando Destephen

Más tarde, los activistas del partido que habían participado en el altercado, se replegaron y llegaron los activistas afines a Jorge Cálix quienes gritaron vivas al diputado, quien se disputó en enero de 2022 la presidencia de este poder del Estado y ahora representa una oposición a las decisiones de Redondo. 

Previo a esto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza denunció en su cuenta de X que la seguridad del Legislativo y el presidente del Congreso, Luis Redondo, había dado la instrucción de «secuestrarlos» para impedir que se celebrarán sesiones. Además, a través de X, Daniel Sibrián, quién funge como máxima autoridad del Ministerio Público, dio la instrucción a fiscales de acuerpar el Congreso para determinar las razones por las cuales la seguridad del legislativo impide la reunión de los diputados de las distintas bancadas.

Jhosy Toscano aseguró que el único punto a tratar en la sesión extraordinaria fue extender el periodo de sesiones extraordinarias «tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional», sin embargo, horas después, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, conformó una comisión permanente integrada por los mismos congresistas que conforman la Junta Directiva de este poder del Estado.

Para el jefe de bancada del PSH esta comisión es «ilegal» y está «fuera de tiempo», debido a que los congresistas de la oposición ya habían aprobado la extensión de sesiones ordinarias. Toscano explicó que las comisiones permanentes se conforman en el Congreso Nacional exclusivamente para llamar a sesiones extraordinarias cuando el Congreso va a un periodo de receso o cuando se termina una legislatura, quedando una comisión permanente que establece las convocatorias de emergencia.

En este sentido, aseguró Toscano, la comisión fue establecida fuera de tiempo y forma y para «engañar al pueblo hondureño». Además, Jhosy Toscano negó las declaraciones en las Luis Redondo aseguró que lo que fragua la oposición con la aprobación de continuar las sesiones es un golpe de Estado. Toscano señaló que han sido los diputados del Partido Libre, Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, los que han incitado a una disolución del Congreso Nacional.

En este sentido, con la celebración de la sesión extraordinaria por parte de la oposición, Toscano aseguró que impidieron que se disolviera el Congreso Nacional y se dieran un «autogolpe».

Para el analista jurídico, Rafael Jerez, si la ampliación de sesiones se da por medio de un decreto legislativo para que este se convierta en ley, esto debe ser sancionado por la presidenta Xiomara Castro y posteriormente publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

«Si eso no ocurre [la sanción del decreto por parte de la presidenta] no tendría validez la ampliación de periodo de sesiones y entraría la otra acción que tomó la Junta Directiva, que es el nombramiento de la Comisión Permanente», dijo Jerez.

Además, Jerez opinó que los diputados de oposición que convocaron a una sesión extraordinaria tenían la capacidad constitucional para hacerlo ya que, tras los incidentes sucedidos en el Congreso Nacional, el artículo 191 de la Constitución ampara a un número de cinco diputados a convocar extraordinariamente al Congreso cuando motivos de fuerza mayor impidan la instalación y celebración de las sesiones.

«Esa convocatoria, desde mi punto de vista jurídico sí está amparada en la Constitución, pero lo que da paso a eso es la forma en que se dan los hechos hoy en la tarde noche en el Congreso Nacional», señaló Jerez a Contracorriente.

Sin embargo, horas después del caos en los bajos del Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, brindó declaraciones diciendo que era falso que se iba a disolver ese poder de Estado y que todo fue producto de «actos que lindan con la sedición, ya que su claro objetivo es desestabilizar y derrocar este poder del Estado».

En la conferencia Redondo también dijo que desde el 11 de febrero del 2023 se está ejecutando un plan para darle golpe de Estado a la junta directiva del Congreso Nacional. «El pueblo debe estar alerta y atentos a defender la democracia», expresó en la conferencia.

Además anunció la conformación de una Comisión Permanente invocando los Artículos 208 de la Constitución de la República y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El Artículo 208 de la Constitución faculta a esta comisión, entre otras cosas, a convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias «a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera» y a elegir interinamente en caso de falta absoluta a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional.

Redondo expresó que las sesiones legislativas no se interrumpirían y rechazó los señalamientos realizados en las últimas semanas sobre la pretensión de disolver el Congreso Nacional. Además, acusó a miembros de la oposición de pretender desestabilizar y derrocar al Poder Legislativo.

Entre las facultades de la comisión permanente —que según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional debe estar presidida constitucionalmente por el presidente del legislativo—están emitir un reglamento interno, preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país, convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera, entre otras.

Otra de las facultades de esta comisión es «elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional». Sobre esto, Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), opinó que con esto podría pensarse que Luis Redondo y el Partido Libre quieren elegir a «su» fiscal general.

Ramirez también aseguró que aunque esta comisión permanente sea interina no se descarta la posibilidad de que pueda quedarse de manera permanente en el Congreso si no se establecen diálogos y que podría ser un escenario similar al de enero del 2022 cuando existían dos congresos paralelos. «Hay un conflicto entre la Junta Directiva y la mayoría simple de los diputados que hay en el Congreso», indicó Ramírez.

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Además, el experto en gobernanza y transparencia calificó como «disfuncional» este poder del estado y señaló que es urgente una reforma al diseño institucional del Congreso y a su Ley Orgánica para quitarle el poder absoluto al presidente del legislativo. 

Ramírez también recordó que los escenarios violentos, si bien han ido en escalada estos últimos días, también ocurrieron en el Congreso anterior. «Esta situación irá escalando porque la manera en la que se está gobernando se le está dando muchos poderes al presidente del Congreso y no se han llegado a acuerdos de manera consensuada entre los distintos partidos», dijo Lester Ramirez a Contracorriente.

Sobre esto Rafael Jerez, opinó que, si bien la conformación de la Comisión Permanente está prevista en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, genera suspicacia el interés de la Junta Directiva del Congreso para formar esta comisión, que tendrá la facultad de nombrar de forma temporal los sustitutos de funcionarios nombrados por el Legislativo, entre ellos, el fiscal general y fiscal general adjunto.

«Sin duda que ese es un elemento para considerar, pero, aunque se nombre Comisión Permanente ese es sencillamente un ingrediente más dentro del escenario de conflictividad en el que nos encontramos y el nombramiento de esa comisión no lo va a resolver», concluyó Jerez.

Estados de cuenta de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional revelan que  solo en dos meses de 2022 se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de estas facturas se encuentra en los portales de transparencia, tampoco están los estados de cuenta de las tarjetas. En conferencia de prensa, el presidente del CN, Luis Redondo, dijo que estas eran utilizadas para hacer compras por internet con el objetivo de ahorrar costos a la institución, pero en los portales tampoco hay recibos de este tipo de compras.

 

Texto: Vienna Herrera, Fernando Silva y Jennifer Ávila
Con reportes de Célia Pousset
Portada: Daniel Fonseca

Contracorriente tuvo acceso a dos estados de cuenta del 2022 de la tarjeta de crédito a nombre del Congreso Nacional, en los que se registran retiros en efectivo y compras en lugares de servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Los montos en ambos estados de cuenta ascienden a 443 mil 559 lempiras (17,742 USD).

El gasto más grande en sumatoria de los dos meses fue en diversos vuelos que suman más de 10 mil dólares y en segundo lugar, hospedajes en hoteles por más de 3,700 dólares. A nivel nacional, la mayoría de los gastos han sido destinados a compras en supermercados nacionales; además, se utilizaron para compras en sitios de entrega a domicilio.

Los estados de cuenta también reflejan gastos personales como cenas en restaurantes italianos, tiendas de vino, una compra por 66.27 dólares en la tienda de la marca de tequila José Cuervo y otra por más de 1,555 dólares en una tienda de Apple.

El presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Redondo dijo el pasado 10 de octubre en una conferencia de prensa que la información de gastos del Congreso está en el portal de transparencia y ante el cuestionamiento sobre el uso de tarjetas de crédito dijo que estas se usaban para compras por internet.

«Todos los fondos son publicados de manera transparente en la página del IAIP. Yo le invitaría a que revise esa información, por eso somos cuestionados, porque por primera vez un congreso publica los gastos que se hacen en cada uno de los rubros. No tenemos nada que ocultarles en ese sentido», dijo Redondo aceptando el uso de la tarjeta de crédito como mecanismo administrativo para ahorrarle costos al Congreso comprando en el extranjero.

«Para comprar el sistema de micrófonos, cuando cotizamos al Congreso se lo cotizan alrededor de medio millón de lempiras, cuando lo compramos por Amazon cuesta 4 mil dólares. El mecanismo es bien transparente porque se publica todo el manejo de la información, así que no busquemos asuntos donde no los hay», añadió después de que la prensa lo presionara por responder y con eso, se retiró del lugar escoltado por el vicepresidente del legislativo, Carlos Zelaya.

Contracorriente verificó en el portal de transparencia del Congreso en el apartado de compras donde presuntamente se encuentran los respaldos y descripciones de cada adquisición hecha por esa institución entre 2022 y 2023, y en ningún documento aparecen compras realizadas por internet en comercios internacionales como Amazon. 

La diputada Silvia Ayala, quien ocupa el cargo de secretaria de la Junta Directiva del Congreso, aseguró a Contracorriente que este tipo de gastos no están permitidos y que la tarjeta se utiliza exclusivamente para compras en internet de insumos necesarios para la operatividad de la institución.

«No es una tarjeta de crédito que está discrecionalmente para que el presidente o para que algún otro directivo la use, o que se le va a dar para que se vaya a un viaje o para que adquiera situaciones de tipo personal, sino que es para ese tipo de compra que le va a representar un ahorro al Poder Legislativo», apuntó.

Ayala remarcó que el presidente del Congreso, o cualquier otro empleado del Congreso, no pueden utilizar estos fondos para compras en supermercados, comida o algún otro tipo de gasto personal. 

Para un reporte anterior, Contracorriente consultó a la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fatima Mena, quien también integra la Junta Directiva del Legislativo, sobre si habían sido notificados sobre la adquisición de tarjetas de crédito y aseguró que no había sido aprobada por la Junta Directiva y que en todo caso esa decisión era potestad del presidente del Congreso.

En contraste, la diputada Ayala aseguró que hace semanas, después de nuestra publicación, fueron notificados que se iba a utilizar este procedimiento administrativo con el objetivo de «tener acceso a precios preferenciales»; sin embargo, los estados de cuenta a los que tuvo acceso Contracorriente revelan el uso de la tarjeta de crédito desde hace más tiempo, uno es de agosto de 2022 y el otro de diciembre de 2022.

Ayala también aseguró a Contracorriente que el uso indebido de este instrumento administrativo sería difícil ya que los controles internos del Congreso son sumamente rigurosos.

«Más bien si hay algo que yo le puedo decir, porque por la experiencia que tengo desde la presidencia de la Comisión de Deporte, es que los mecanismos para lograr gestionar un apoyo o una erogación por parte del Congreso Nacional aunque sea para participación en eventos deportivos son extremadamente rigurosos. Hay una serie de controles precisamente para que el pueblo hondureño tenga la seguridad de que todos los fondos del Congreso Nacional van a ser auditados y manejados de la manera en que corresponde», explicó Ayala.

Sin embargo, los estados de cuenta también describen transacciones de múltiples retiros en efectivo que es imposible rastrear a qué rubro se destinaron.

Uno de los estados de cuenta registra que 183,500 lempiras fueron gastados en 21 retiros, con 504 lempiras de cargo por usar ese servicio. El otro tiene 8 mil lempiras en 3 retiros de efectivo, con 72 lempiras de cargos por el servicio; además, hay 13,580 lempiras de cargos por interés por no pagar de contado los gastos de la tarjeta de crédito.

Contracorriente revisó los dos estados de cuenta a los que tuvo acceso y contrastó la información de las compras realizadas en la tarjeta con los viajes que realizaron delegaciones del Congreso Nacional en las que se encontraba Luis Redondo. Por ejemplo, entre el 19 y 23 agosto de 2022, la tarjeta de crédito fue utilizada en Ciudad de México en hoteles, restaurantes e impuestos migratorios por un total de 2391 dólares, y las fechas coinciden con el viaje que hizo una delegación encabezada por Redondo para reunirse con legisladores en México. También pudimos corroborar con un servicio de delivery una de las transacciones reflejada en el estado de cuenta. 

El pasado 19 de septiembre, Contracorriente reveló que, según información a la que tuvimos acceso, dos tarjetas de crédito fueron solicitadas por el Congreso Nacional ante un banco privado desde abril de 2022 para uso del presidente Luis Redondo y su secretario privado Edson Argueta.

Para esta nota Contracorriente volvió a contactar a Luis Redondo, a su secretario privado Edson Argueta y al gerente del Congreso David Reyes para consultar sobre el uso de esta tarjeta de crédito y los gastos que realizan con ella pero no hubo respuesta por parte de los funcionarios.

 

Otras irregularidades del Congreso Nacional

Sumadas a las irregularidades en los gastos que no reporta el Congreso Nacional, un informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) sobre monitoreo legislativo, reveló que el CN solo ha trabajado 47 horas en los últimos 3 meses, lo que le ha costado al Estado de Honduras por cada diputado un total de 6,761 lempiras (270 USD) cada hora sesionada, tomando en cuenta solamente sus salarios y no las prebendas.

Además de esto, señalaron que entre julio y septiembre la productividad legislativa ha sido muy baja, con solo 77 proyectos presentados de los cuáles 20 han sido aprobados, 28 enviados a comisiones y los 44 restantes quedaron a la deriva.

Otra de las irregularidades del CN actual es la entrega de viáticos durante los recesos legislativos. En el portal de transparencia indican que el CN entregó 14 millones 377 mil 989 lempiras (USD) en viáticos para el mes de junio, a pesar de que la última sesión que tuvieron fue el 1 de junio de ese mes y no regresaron sino hasta el 12 de julio. Este monto de viáticos es entregado todos los meses, en sumas que van entre los 13 y 14 millones en viáticos nacionales y entre 1 y 2 millones y medio en viáticos al exterior.

Esta es  información que había denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción en 2022, a lo que la directora financiera del CN, Vilma Orozco, salió a desmentir diciendo que es un monto que están obligados a pagar por ley, resultado de una aprobación que hizo el CN anterior en 2021 y que el monto de viáticos incluye el pago de los diputados suplentes «se requieren 86 votos para aprobarlo y fue publicado el último día de la legislatura del Partido Nacional», dijo Orozco y aseguró que antes el Partido Nacional solo no publicaba esos montos y ahora sí se hace.

A pesar de que esta obligación es modificable y este tema estuvo en discusión públicamente hace más de un año, hasta el momento ningún diputado ha presentado alguna propuesta de ley para eliminar o modificar esa determinación.

La diputada Silvia Ayala también fue consultada sobre estas erogaciones y apuntó que no le parece correcto que los diputados de Francisco Morazán devenguen viáticos porque viven en la misma ciudad en la que se ubica el hemiciclo legislativo, y agregó que en el caso de los viáticos fuera del país se otorgan en misiones oficiales del Congreso Nacional y los diputados y diputadas deben rendir cuentas de cuánto recibieron de viáticos, qué hicieron y quién los pagó. En el caso del viaje a Rusia que realizó una comitiva oficialista del Congreso en septiembre, aseguraron que el gobierno de ese país había costeado sus gastos pero no detallaron cuánto habían recibido y qué gastos habían hecho.

A pesar de la visible opacidad en las operaciones administrativas del Congreso Nacional, este 27 de octubre el Instituto de Acceso a la Información Pública en la presentación de su informe de verificación correspondiente al primer semestre de 2023, entregó un certificado de cumplimiento en la publicación de la información de oficio en su portal de transparencia.

Contracorriente solicitó, en dos ocasiones, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que maneja el Congreso y la copia de todas las actas de junta directiva para determinar si éstas fueron aprobadas por la misma. En ambas ocasiones el Poder Legislativo solicitó prórroga y dejó vencer los plazos sin responder a las peticiones.

El Banco Centroamericano de Integración Económica se creó para dar a la región más control sobre su propio desarrollo, pero una nueva investigación de OCCRP y sus aliados plantea dudas sobre las prácticas de préstamo del banco.

 

Por Eli Moskowitz (OCCRP) Jonny Wrate (OCCRP) Madeline Fixler (Columbia Journalism Investigations), Bill Barreto (No Ficción), Ernesto Rivera (Lado B), Daniel Valencia (Redacción Regional), Andrew Little y Mariana Castro (Columbia Journalism Investigations)

Datos de Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)

Traducción: Matías Godoy (CLIP)

 

A mediados de noviembre, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) nombrará a un nuevo presidente ejecutivo para los próximos cinco años. Quien tome el timón del principal banco regional de inversiones de Centroamérica lo hace en un momento clave de su historia.

Aunque sólo un actor pequeño en comparación con instituciones globales como el Banco Mundial, el BCIE desempeña un papel vital canalizando miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. El banco afirma que representa cerca de la mitad de la financiación para desarrollo en Centroamérica, una de las zonas más pobres del hemisferio occidental.

El BCIE desempeñó un papel fundamental durante la pandemia del COVID-19, cuando concedió más de mil millones de dólares en préstamos y subvenciones para mantener a flote a sus fundadores. Con todos los bonos de estos Estados calificados como «basura»el BCIE se ha convertido en un salvavidas para los mercados financieros internacionales, y en una fuente clave de financiación para los líderes autoritarios de la región.

El saliente presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, habla con Contracorriente. Foto: Jorge Cabrera/ Contracorriente.

«No importan sus políticas si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas, a las que van dirigidos los proyectos» dijo el presidente saliente del banco, Dante Mossi, en un evento en Washington, D.C. este año, mientras enfrentaba críticas por proveer fondos al dictador nicaragüense Daniel Ortega.

«En eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado», dijo Mossi a los asistentes.

Algunos no están de acuerdo.

El BCIE ha sido criticado por entregar miles de millones de dólares a los regímenes autoritarios de Centroamérica encabezados por Ortega, el presidente Nayib Bukele en El Salvador y el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahora una investigación de El Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y sus aliados revela que el Banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos para favorecer a los dictadores.

Los reporteros pasaron más de un año investigando el BCIE, combinando datos de fuentes abiertas con investigaciones oficiales, documentos filtrados y entrevistas con empleados y exempleados del banco. Para obtener una imagen más clara de la trayectoria del banco, estos reporteros también recopilaron una base de datos de más de 500 operaciones aprobadas en el último cuarto de siglo. En conjunto, los resultados muestran cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.

El OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia- y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, incluyendo Contracorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos de México, La Prensa Panamá en Panamá, y Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.  La investigación también contó con el apoyo del Institute For War And Peace Reporting (IWPR) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Los reporteros descubrieron que el banco ha respaldado al menos 25 centrales hidroeléctricas en Centroamérica desde 1992, incluidas varias muy controvertidas. Al menos nueve personas que se oponían a estas represas fueron asesinadas, mientras que muchas más sufrieron acoso, amenazas y sangrientas represiones por protestar.

El caso más conocido fue el de Berta Cáceres, ecologista indígena hondureña asesinada en 2016 por hacer campaña contra la represa de Agua Zarca. Auditorías internas descubrieron que el BCIE ignoró numerosas alertas rojas, realizó escasa diligencia debida y continuó respaldando el proyecto después de que un manifestante fuera asesinado, sus coinversores se retiraran y el banco recibiera docenas de quejas por parte de comunidades indígenas, antes de vender el préstamo en 2019.

Los periodistas descubrieron que los préstamos del banco se usaron para sobornos en un caso relacionado con el escándalo de Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina, y fueron vistos como una fuente fácil de dinero en efectivo por personas acusadas de formar parte de otro caso de corrupción en curso en Costa Rica.

Al menos dos exempleados del BCIE, así como personas que han trabajado con el banco, dijeron que éste tiene controles más débiles sobre sus préstamos que otros bancos de desarrollo.

«Ciertamente no me parece que exista un procedimiento de auditoría como el que tiene el Banco Mundial», dijo Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, que canaliza los préstamos del banco de desarrollo al país.

Acevedo dijo a los reporteros que el BCIE funcionaba como un «club de amigos», en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sensatas. «Tú me apruebas un préstamo, yo te aprobaré un préstamo… y así es como se toman las decisiones», dijo.

Bajo la gestión de Juan Orlando Hernández, ahora procesado por narcotráfico en EUA, el Estado intentó revivir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres. En Honduras también hay denuncias sobre el desvío fondos de un préstamo por 1,750 millones de lempiras con el BCIE hacia la compra de votos para el candidato de su partido, Nasry Asfura, en 2021.

Este enfoque laxo de los préstamos parece haber empeorado desde que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, de acuerdo con múltiples fuentes dentro del banco y documentos internos obtenidos por periodistas de la alianza. Bajo su liderazgo, el BCIE comenzó a otorgar préstamos «basados en políticas», un tipo de financiación con pocas condiciones que, según los críticos, se malversa fácilmente. De hecho, un tercio del segundo mayor préstamo para el sector público de la historia del banco -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas de El Salvador a sobrevivir a la pandemia de COVID-19- se desvió para financiar el intento fallido del presidente de convertir el Bitcoin en moneda nacional.

Altos funcionarios del BCIE han expresado su preocupación por la falta de transparencia dentro del banco. A finales de 2021, nueve directores escribieron a la Junta de Gobierno del BCIE destacando el deterioro de sus resultados financieros y acusando a la administración del banco de ocultarles información. Sin acción, advirtieron los directores, el BCIE enfrentaría «un eventual deterioro de la salud financiera que la institución había disfrutado durante la última década».

El análisis del OCCRP muestra que las finanzas del banco han empeorado desde entonces, con una caída en ingresos y un aumento en provisiones para préstamos y costes incobrables. En un reciente artículo de opinión publicado en La Nación de Costa Rica y Confidencial de Nicaragua, el exdirector costarricense del BCIE, Eduardo Trejos Lalli, afirmó que el próximo presidente del banco se enfrentará a un camino difícil. 

«Independientemente de la elección, la persona que asuma el cargo tendrá que enfrentar no sólo la débil situación financiera del BCIE, sino que también tendrá que llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los esfuerzos realizados durante años por Mossi», escribió.

El OCCRP intentó en repetidas ocasiones, por correo electrónico y por teléfono, recabar comentarios para este reportaje del departamento de comunicación del BCIE y de su director, pero no obtuvo respuesta. Días antes de la publicación, el banco aseguró no haber  visto los mensajes enviados por los periodistas,, pues según sus normas sobre libertad de información, sólo están obligados a dar respuestas en el plazo de dos meses desde que las reciben.

Sin embargo, el presidente saliente del banco, Dante Mossi, respondió a las preguntas de los periodistas en múltiples entrevistas, así como por escrito. Dijo que algunos proyectos emprendidos antes de que se uniera al banco en 2018 fueron mal concebidos, pero defendió la trayectoria del BCIE, cuestionando por qué ha sido señalado por apoyar el autoritarismo cuando otras instituciones, como el Banco Mundial y el FMI, también prestan dinero en Centroamérica.

«El BCIE no es una institución política, trabajamos con los países miembros… No tenemos el mandato de determinar la forma de gobierno de ningún país miembro», dijo, rechazando la idea de que las prácticas crediticias del banco hicieran su financiación vulnerable a la corrupción.

«Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo», añadió en una entrevista con el OCCRP. «Creo que los riesgos están totalmente distorsionados… Es decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África».

Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y ‘número 3’ del gobierno de Otto Pérez Molina se entregó a la fiscalía en 2020 y confesó haber confeccionado, con indicaciones del expresidente Otto Pérez Molina, una trama de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de US$399.4 millones. Foto: Oliver de Ros. No-Ficción.

Legado de la Guerra Fría 

El BCIE se creó en 1960, cuando la Guerra Fría marcaba el destino de América Latina. Con sede en Honduras, el banco nació poco después que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respaldado por Estados Unidos, con el fin de dar a sus miembros un mayor control sobre su propio desarrollo.

Tras una tumultuosa década de 1980 marcada por una crisis de la deuda en Centroamérica, el banco se expandió globalmente, incorporando nuevos miembros como Taiwán, México y España. Con la reciente incorporación de Corea del Sur, el BCIE cuenta ahora con 15 miembros y con activos de más de 13.800 millones de dólares.

A lo largo de los años, periodistas han descubierto que el BCIE ha respaldado proyectos envueltos en escándalos. Aunque con años de diferencia, varios guardan similitudes sorprendentes.

Registros citados en una investigación realizada por fiscales anticorrupción de Guatemala, respaldados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), muestran que el gigante de la construcción Odebrecht, salpicado por un escándalo de corrupción, utilizó millones de dólares de un préstamo del BCIE para pagar a funcionarios estatales en Guatemala.

Uno de ellos, según los registros de la CICIG, fue el ex ministro Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, que actualmente está siendo juzgado por múltiples casos de corrupción en Guatemala. 

No Ficción y Redacción Regional, socios de OCCRP, obtuvieron una copia del testimonio que Sinibaldi dio a los fiscales guatemaltecos, en el que implica al BCIE en el supuesto esquema de sobornos.

Según el relato de Sinibaldi, el ex director guatemalteco del BCIE fue «fundamental» en el plan que permitió a Odebrecht asegurar condiciones preferenciales en su contrato para construir parte de una importante autopista.

En un relato de 41 páginas a los fiscales, el exministro alegó que el funcionario bancario recibió sobornos de Odebrecht y sobornó a otros directores del BCIE para aprobar los cambios.

Los periodistas no pudieron corroborar de manera independiente las afirmaciones de Sinibaldi, incluidos los pagos específicos a funcionarios del BCIE. El exdirector de ese banco, que Sinibaldi mencionó en su testimonio, Oscar Humberto Pineda Robles, negó a esta alianza periodística haber pagado o recibido sobornos, subrayando que su nombre nunca ha aparecido en ningún caso ante las cortes relacionado con Odebrecht.

«TODO LO MALICIOSAMENTE ATRIBUIDO A MI PERSONA POR ESE REPROCHABLE Y PERVERSO PERSONAJE [Sinibaldi] ES, SIN EXCEPCIÓN, UNA ABSURDA MENTIRA», escribió Pineda en un correo electrónico a OCCRP.

El propio Sinbaldi negó cualquier implicación en el esquema de sobornos de Odebrecht, afirmando que nunca se había reunido con Pineda. También sostuvo que el testimonio obtenido por los periodistas era una falsificación creada para desacreditarlo. «Niego categóricamente haber proporcionado dicha declaración», escribió a OCCRP, afirmando que el testimonio había sido fabricado «con el objetivo de generar conflicto con importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala».

Los reporteros confirmaron la autenticidad del testimonio con la fiscalía de Guatemala y dos personas cercanas al caso Odebrecht.

Fuentes dentro del banco, que tenían conocimiento del caso en ese momento, dijeron que era sabido dentro de la institución que los funcionarios habían recibido pagos relacionados con Odebrecht.

«Se sabía en ese momento que el director recibía dinero por el préstamo, y que muchos políticos recibían dinero por el préstamo, y que muchos empleados del banco recibían mucho dinero por el préstamo», dijo uno de ellos.

Los reporteros también obtuvieron una copia de las enmiendas al contrato, que fueron aprobadas por el BCIE, redefiniendo los costos del proyecto y asegurando a Odebrecht un adelanto de 73 millones de dólares.

Odebrecht, ahora Novonor, dijo desconocer la existencia de tratos ilícitos entre sus representantes y funcionarios del BCIE.

El tramo de la CA2 occidente son 140 kilómetros que van de Cocales a Tecún Uman. Foto Oliver de Ros/ No-Ficción.

Casi dos docenas de personas han sido detenidas o encarceladas en relación con el esquema de Odebrecht, y otras más se enfrentarán a juicio. Entre ellos se encuentra Sinibaldi, que fue incluido por «corrupción significativa» en la Lista Engel (2019), la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras, que según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Sinibaldi ahora se enfrenta a juicio por este y varios otros presuntos escándalos de corrupción de cuando estaba en el cargo. Sinbaldi no hizo comentarios sobre los otros casos que enfrenta.

En otro largo caso de corrupción en Guatemala, reporteros descubrieron que el BCIE ha seguido financiando el controvertido proyecto de la carretera Franja Transversal del Norte incluso después de que se viera envuelto en un escándalo.

En 2008, el banco aprobó hasta 203 millones de dólares para el proyecto, que iba a ser construido por Solel Boneh FTN, una filial de Shikun & Binui, empresa israelí líder en infraestructura y bienes raíces. Pero las auditorías públicas guatemaltecas obtenidas por OCCRP documentaron una letanía de problemas en los años siguientes. Las obras de la autopista fueron citadas repetidamente por problemas de construcción y fallos en la supervisión, lo que llevó a múltiples suspensiones.

Solel Boneh cuestionó las críticas en las respuestas citadas en las auditorías, pero no respondió a las solicitudes de comentarios de OCCRP.

En 2017, una comisión respaldada por las Naciones Unidas y el Ministerio Público de Guatemala presentó hallazgos de que Solel Boneh y su holding habían sobornado a Sinibaldi a través de una serie de empresas offshore mientras era diputado y, más tarde, ministro de comunicaciones del país.

Sinibaldi no respondió a las preguntas sobre la Franja Transversal del Norte a tiempo para esta publicación. Tampoco Solel Boneh.

Según fuentes oficiales, al menos una docena de personas ya han sido condenadas en relación con este escándalo de corrupción.

A pesar de las revelaciones, el BCIE prorrogó el año pasado su préstamo para la Franja Transversal del Norte por otros 12 meses, hasta abril de 2023. A finales de octubre, los datos del sitio web del banco mostraban que había desembolsado casi 185 millones de dólares. 

Unos 15 años después de que el BCIE acordara por primera vez financiar el proyecto, la autopista sigue incompleta. Incluso después de los escándalos y los retrasos, los documentos del gobierno muestran que en agosto del año pasado Solel Boneh FTN seguía siendo el contratista para terminar la construcción, después de que el BCIE hubiera ampliado su préstamo para la autopista.

Mossi, presidente saliente del BCIE, admitió a OCCRP que la Franja Transversal había enfrentado ««muchos problemas» incluidos los desafíos legales de los propietarios de tierras y los daños causados por huracanes. Dijo que el banco había accedido a extender el préstamo porque era un subcontratista de Solel Boneh, el que había sido acusado de corrupción.

«El Gobierno y el BCIE realizaron la debida diligencia sobre el caso, y concluyeron que el comportamiento de la persona no estaba relacionado con la empresa. Por lo tanto, la ejecución del contrato continuó», dijo el presidente Mossia OCCRP.

Mossi dijo que había heredado una serie de proyectos fallidos cuando asumió su cargo a fines de 2018. «El banco hizo muchos préstamos al sector privado que salieron mal», dijo. «Puedo decirte que al menos hubo unas dos docenas de proyectos realmente fallidos».

Nick Rischbieth, presidente del BCIE antes que Mossi, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Más recientemente, fiscales de Costa Rica han acusado a varios funcionarios del gobierno, que estaban a cargo de administrar los préstamos del BCIE al organismo estatal CONAVI, que supervisa la construcción de carreteras, de formar parte de otra trama de sobornos.

Según las pruebas recogidas en el expediente del caso, tres ejecutivos del organismo CONAVI habrían operado un esquema de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas constructoras que trabajan en varios proyectos respaldados por el Estado. (El juez está decidiendo ahora si se procede a juicio).

Uno de ellos era una carretera de circunvalación alrededor de la capital, construida por un consorcio que incluía a la constructora costarricense H. Solís, a la que el BCIE acordó prestar hasta casi 223 millones de dólares. Escuchas telefónicas en el expediente del caso muestran al propietario de la empresa y a funcionarios de la CONAVI discutiendo cómo podrían obtener más dinero del banco, al que veían como una fuente fácil de efectivo.

En una de las escuchas incluidas en el expediente del caso, uno de los funcionarios de CONAVI acusados, Carlos Solís Murillo, le dice a Mélida Solís, la jefa de H. Solís, que el banco es tan laxo que sólo hay que «pedir permiso al BCIE” para una línea de crédito y ellos  ahí mismo».

Ambos ingresaron en prisión preventiva en 2021 como sospechosos de tráfico de influencias y cohecho. Los fiscales no respondieron a preguntas sobre el estado del caso o sobre si siguen detenidos. Se ha reportado que continúan las investigaciones sobre casi 100 personas y empresas implicadas en el escándalo de sobornos.

Al parecer, el BCIE aún no ha desembolsado ninguno de los fondos del préstamo, según los datos que figuran en el sitio web del banco. El banco no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron Solís Murillo ni Solís.

Mossi dijo que el escándalo de corrupción había girado en torno a «las aprobaciones internas en el Gobierno de Costa Rica», por lo que no era responsabilidad del banco.

“#Bitcóin, la ciudad va muy bien”, tuiteó el 9 de mayo de 2022, junto a una secuencia de fotografías en las que aparece observando una maqueta de ‘Bitcoin City’, el supuesto proyecto a desarrollarse con la apuesta Bitcoin de su gobierno. la Ley que definió la legalidad del uso de la criptomoneda ha sido rechazada por la población en todas las encuestas posteriores a la creación de la misma, en junio de 2021. *Imagen tomada de la cuenta oficial de Nayib Bukele en X.

De proyectos a políticas públicas

Si bien el cuestionable enfoque del BCIE con respecto a los préstamos se remonta a años atrás, los reporteros encontraron que el banco ha adoptado nuevas prácticas desde que Mossi asumió la presidencia a fines de 2018, lo que ha dificultado el monitoreo de cómo los gobiernos usan sus fondos.

Bajo el liderazgo de Mossi, el BCIE comenzó a otorgar los llamados «préstamos basados en políticas», un tipo de financiamiento destinado a ayudar a los países a alcanzar objetivos de gran envergadura, como la reducción de la pobreza, en lugar de un proyecto específico. Sus defensores afirman que este enfoque más flexible permite a los gobiernos establecer sus propias prioridades.

Pero los críticos afirman que estos préstamos son difíciles de supervisar y que es fácil abusar de ellos. Como el dinero va directamente a las arcas de los gobiernos, es difícil saber cómo se ha gastado. Y como la financiación no se destina a un proyecto concreto, es imposible determinar si se ha utilizado eficazmente.

«Financiábamos proyectos y ahora financian políticas. Y las políticas son cada vez menos claras en términos de lo que van a lograr», dijo Alberto Cortés, otro de los ex directores del BCIE en Costa Rica.

Según correspondencia obtenida por los periodistas, varios de los directores del BCIE se opusieron a la introducción de préstamos basados en políticas, expresando su preocupación por la transparencia y argumentando que era contrario a las normas del banco financiar los gastos cotidianos de los Estados miembros. Mossi agravó sus preocupaciones al decir que los préstamos no necesitarían ser auditados, escribieron.

«Dado que el dinero es algo fungible una vez depositado en la cuenta pública, puede utilizarse para cualquier tipo de gasto corriente, y no para el destino o la política pública originalmente otorgados», decía la correspondencia obtenida por Columbia Journalism Investigations.

«Esto se ve agravado por problemas de falta de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de contaduría en los sistemas de control presupuestario de los países beneficiarios».

En conversación con OCRRP, Mossi defendió los «préstamos basados en políticas» que hizo el banco, afirmando que se habían implementado a petición de Costa Rica, con la aprobación de la junta directiva. Cuando se popularizaron a raíz de la pandemia debido a «la liquidez que se generó», el BCIE comenzó a tratar de limitar el uso de estos préstamos para preservar el enfoque «tradicional» del banco de financiar proyectos de infraestructura, dijo. También rechazó la idea, planteada por algunos dentro del banco, de que había empezado a conceder «préstamos basados en políticas» para ganarse el favor político.

«Lo hicimos por necesidad… para los países y no por necesidad mía de ser reelegido», le dijo Mossi a OCCRP. «Mucha gente vio mi deber de servir a los países como una … campaña de ventas de parte mía para seguir siendo presidente. Yo dije: “Ése no es mi propósito”».

Los datos publicados en el sitio web del BCIE muestran que aprobó 13 préstamos «basados en políticas de desarrollo» entre 2020 y 2022, por un total de más de 2.500 millones de dólares. Algunos dan objetivos específicos, como apoyo durante la pandemia o para combatir el cambio climático, pero casi la mitad sólo dan descripciones vagas, como «apoyar acciones de política pública y resultados de desarrollo.»

El BCIE concedió un préstamo de 250 millones de dólares basado en políticas para apoyar al sector eléctrico de Honduras. Foto Archivo Contracorriente.

Entre estos préstamos se incluye uno de 250 millones de dólares que, en última instancia, se destinaría a apoyar a la empresa estatal de electricidad de Honduras, notoriamente corrupta. Múltiples estudios han detallado la corrupción dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que el Carnegie Endowment for International Peace llamó parte de «la red cleptocrática del país.» Incluso el gobierno hondureño ha arremetido contra la ENEE, diciendo que bajo administraciones anteriores fue parte de uno de los esquemas de corrupción más grandes del país en décadas.La ENEE no respondió a una solicitud de comentarios.

 Mossi enfatizó que el préstamo no se otorgó directamente a la ENEE, y señaló que todos los préstamos del BCIE basados en políticas incluían cláusulas anticorrupción.

Finn Tarp, exdirector del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, dijo que era muy problemático otorgar préstamos basados en políticas a organizaciones con un historial de corrupción.

«Si existe documentación independiente sobre el comportamiento de empresas tan grandes, y aún así reciben estas inyecciones masivas de capital… Obviamente, hay algo que no funciona», dijo Tarp, que ahora es profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Copenhague.

Mossi rechazó la idea de que se esté haciendo mal uso de los «préstamos basados en políticas» del BCIE. «Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo», dijo al OCCRP. «Creo que los riesgos están totalmente mal calculados… Quiero decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África».

Pero incluso con otros tipos de préstamos, los reporteros descubrieron que los gobiernos no siempre han utilizado los fondos del BCIE según lo previsto. Un tercio del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia en El Salvador- se malgastó cuando más se necesitaba.

La economía de El Salvador atravesaba dificultades cuando el BCIE anunció el préstamo a principios de 2021. La pandemia había hecho que el PIB del país se desplomara casi un 8% el año anterior, y a muchas personas les resultaba difícil llegar a fin de mes debido a las estrictas restricciones de movilidad. En un comunicado de prensa en el que se anunciaba el préstamo en abril de 2021, Mossi dijo que beneficiaría a 4 millones de personas, incluidos empresarios y familias.

En julio de ese año, el BCIE entregó los 600 millones de dólares directamente al gobierno de El Salvador, que supuestamente los daría a bancos locales para que los prestaran a micro, pequeñas y medianas empresas. Pero sólo una fracción del préstamo -unos 20 millones de dólares- acabó utilizándose como había descrito Mossi. 

En su lugar, los documentos presupuestarios muestran que el gobierno desvió la mayor parte del efectivo para financiar sus propias necesidades, asignando 425 millones de dólares a «obligaciones generales del Estado». De esa cantidad, más de 200 millones se destinaron a un proyecto favorito del líder autoritario de El Salvador, Bukele: convertir Bitcoin en moneda nacional.

El autodenominado «dictador más cool del mundo» había anunciado su plan de convertirse en el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal en junio de 2021, unas semanas antes de que el BCIE aprobara los fondos COVID-19 para El Salvador. Bukele argumentó que el uso del bitcoin abarataría la recepción de remesas vitales desde el extranjero y ayudaría a las personas sin acceso al sistema bancario.

Sin embargo, otros no estaban tan convencidos: la agencia de calificación Moody’s citó el plan como una de las razones por las que rebajó la calificación de los bonos del gobierno salvadoreño ese año. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI)  también desaconsejó la idea y el Banco Mundial rechazó el proyecto por problemas medioambientales y de transparencia, el BCIE apoyó el plan de Bukele.

Un manifestante disfrazado protesta a un costado de un cajero Chivo Wallet, diseminados por el gobierno a lo largo y ancho del país para que la población pudiera acceder a un bono de $30 dólares intercambiable en criptomonedas. La Chivo Wallet propició más de 700 denuncias de fraude ante la Fiscalía. Según una investigación de No-Ficción, también propició el hurto de $12 millones de dólares. Imagen de Daniel Valencia, Redacción Regional. 15 de septiembre de 2021.

«Esta es una gran noticia para laregión», dijo Mossi en un comunicado de prensa, en junio 2021, anunciando que el banco proporcionaría «asistencia técnica» sobre cómo implementar el plan Bitcoin. La lista de contratistas del BCIE muestra que el banco pagó a una empresa informática casi 85.000 dólares por realizar un estudio sobre la implementación.

Aunque el banco no parece haber tenido la intención de que su apoyo por el COVID-19 a El Salvador se utilizara para el plan Bitcoin, los documentos presupuestarios muestran que se utilizaron unos 200 millones de dólares para construir la arquitectura financiera necesaria, así como para dar a todos los que se inscribieron en la aplicación del gobierno 30 dólares en criptomoneda.

Mossi dijo a OCCRP que al tiempo que el BCIE había pagado por el estudio, había aconsejado a El Salvador que las reformas legales y regulatorias requeridas para hacer del bitcoin una moneda de curso legal «estaban mucho más allá de lo que el Gobierno estaba dispuesto a llevar a cabo». Añadió que el BCIE también  había prohibido específicamente en el contrato para el préstamo de 600 millones de dólares que éste se utilizara para Bitcoin. «Básicamente dice que hay un convenio en El Salvador, que ningún dinero del BCIE podría ser utilizado para financiar ninguna actividad de Bitcoin. Así que no, no financiamos eso», dijo Mossi. «Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee».

Cuando se le preguntó si El Salvador había incumplido las condiciones del préstamo, se mostró de acuerdo, pero añadió: «El dinero es fungible».

El gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios.

El experimento Bitcoin de Bukele ha sido ampliamente criticado como un costoso fracaso. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos  (NBER por sus siglas en inglés) , descubrió que el año pasado menos de una de cada 10 personas que se registraron en la aplicación de criptomoneda del gobierno seguían utilizándola.

«Se aprobó la ley Bitcoin, pero en realidad Bitcoin no existe; Bitcoin no es moneda de curso legal», dijo el economista César Villalona. «Está la ley y está la realidad. La realidad es que el país sigue dolarizado».

Mossi coincidió y agregó: «Al final de la saga, Bitcoin es menos del uno por ciento de la economía salvadoreña, así que…».

 

Borrascas financieras 

Estas prácticas de préstamo laxas han tenido un precio. Aunque la calificación crediticia del BCIE sigue siendo alta, lo que le da un acceso más barato a la financiación internacional, altos cargos internos del banco han expresado su preocupación por su futura estabilidad financiera.

En diciembre de 2021, nueve de los directores nacionales del BCIE escribieron a su Junta de Gobernadores para expresar su preocupación por el estancamiento de sus resultados y por lo que consideraban una falta de transparencia en torno a sus inversiones.

En la carta, obtenida por los reporteros, plantearon «gran preocupación por la gestión y los parámetros financieros del Banco y las serias preocupaciones planteadas sobre su adecuada gobernanza», citando un desplome en la rentabilidad del BCIE y el rendimiento de sus activos desde 2018, cuando Mossi asumió la presidencia.

Hasta hace poco, señalaron los directores, la creciente cartera de préstamos y los activos del banco indicaronque se encontraba en una posición financiera sólida.  Les tomó por «sorpresa», dijeron, cuando las cifras de octubre de 2021 mostraron que los ingresos se habían desplomado a 83,6 millones de dólares, por debajo de los 223,5 millones de 2018.

El BCIE se autodefine como «el banco multilateral más sólido, sostenible y con mayor presencia no regional» en Centroamérica. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente

Los directores acusaron a la administración del banco de ocultarles información, por lo que no podían tomar decisiones informadas sobre si invertir en «operaciones que también presentan graves deficiencias en sus fundamentos».

«La administración ha insistido en diversas prácticas tendientes a impedir que se cuente con los insumos necesarios para que los consejeros puedan ejercer adecuadamente sus funciones», escribieron. De no tomarse medidas, los directores advirtieron que el BCIE enfrentaba «un eventual deterioro de la salud financiera que la institución venía disfrutando en la última década».

Mossi rebatió las preocupaciones de los directores, afirmando que la Junta de Gobernadores había rechazado los puntos planteados en la carta. Las finanzas del BCIE estaban «mejor que nunca» y el banco estaba «funcionando fantásticamente», argumentó, señalando el aumento de capital del banco en 2020 de 5.000 millones de dólares a 7.000 millones.

Las ganancias del BCIE han caído desde que los directores expresaron su alarma, con un desplome de ingresos financieros netos de más del 6 % en los seis meses hasta junio de 2022 en comparación con el mismo período del año anterior, según las cifras más recientes que están disponibles al público. Acevedo, exdirector del Banco Central de El Salvador, revisó las cuentas del BCIE y estuvo de acuerdo en que la caída era «sorprendente», diciendo que justificaba una mirada más cercana a la forma en que el banco está siendo administrado.

Parte del problema parece deberse al deterioro de la cartera de préstamos del banco, ya que en junio de 2022 la provisión para insolvencias del sector público había aumentado casi un 40 % con respecto al año anterior.

En un comunicado publicado meses más tarde, la agencia de calificación S&P también planteó preocupaciones sobre las perspectivas económicas para Centroamérica, advirtiendo la presencia de una «calidad de activos más débil» en la región.

Mientras tanto, el nivel de capital ajustado por riesgo del BCIE -una medida clave de la estabilidad financiera a la que se refieren los directores en su carta- también disminuyó, cayendo al 14 % en junio de 2022, por debajo del 15,7 % del mismo momento del año anterior.

A medida que los beneficios del BCIE han disminuido, sus costos han aumentado, con un incremento del gasto en salarios y prestaciones de los empleados que crecióel 13 % en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ottón Solís, otro de los exdirectores del BCIE en Costa Rica, dijo que se quejó de la cultura de gastos excesivos del banco cuando aún trabajaba allí en 2018, pero los gobernadores sofocaron sus intentos de frenar los gastos.

En una entrevista con el diario El País de España, después de dejar su puesto, describió cómo los directores cobraban 20.000 dólares al mes libres de impuestos, recibían regalos de lujo, tenían uso discrecional de vehículos y vuelos ilimitados en primera clase en la región, y recibían bonos de vacaciones. Según sus cálculos, el gasto del BCIE en relación con sus activos triplicaba el del Banco Mundial y el BID.

«Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico», declaró al periódico. «Estos excesos son incompatibles con los objetivos de desarrollo del BCIE y con los niveles de renta de la mayoría de los habitantes de la región», agregó.

Mossi admitió que el BCIE había visto «aumentar el costo de hacer negocios en términos absolutos» en los últimos años, pero en general describió albanco como de «bajo costo» y «altamente eficiente».

A pesar de las borrascas financieras a las que se enfrenta, el BCIE parece confiar en su futuro.

En su estado financiero de junio de 2022, el banco dijo que había cambiado su metodología contable para mantener menos dinero en reserva contra impagos. La medida permitió al banco liberar casi 133 millones de dólares, aumentando sus ingresos para el período a poco más de 250 millones de dólares y mejorando sus métricas financieras. 

Pero un exfuncionario del BCIE, que habló bajo condición de anonimato para evitar repercusiones profesionales, dijo que el cambio era sólo una forma de hacer que el banco se viera mejor sobre el papel.

«No son ingresos en efectivo, es sólo una maniobra contable que aumenta los ingresos y permite al banco mejorar su base de capital para conceder préstamos», dijeron.

Soldados de las Fuerzas Especiales Armadas, siguiendo órdenes del presidente Nayib Bukele, entran al Congreso en San Salvador, El Salvador, domingo 9 de febrero de 2020.

Financiación del autoritarismo

Era un día ventoso a principios de mayo cuando el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena encabezó una pequeña protesta contra la reelección de Mossi como presidente frente a las oficinas del BCIE en la capital de Costa Rica.

Berberena afirmó que el BCIE se ha convertido en el principal financiador del gobierno opresor de Nicaragua bajo Mossi, a quien acusó de conceder préstamos indiscriminadamente para ganarse el favor de Ortega y de otros líderes autoritarios de Centroamérica. 

«La estrategia de Mossi era obtener el apoyo de la mayoría de los socios fundadores del BCIE a través de la concesión indiscriminada y discrecional de préstamos para ser reelegido», dijo a OCCRP, y agregó «Es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas».

El BCIE ha suscitado un creciente coro de críticas por financiar a los líderes autoritarios de Centroamérica, en particular al hombre fuerte de Nicaragua, el presidente Ortega. A principios de este año, Mossi compareció en un debate en Washington, D.C., donde se vio obligado a defenderse de repetidas acusaciones de que estaba ayudando a mantener el brutal régimen del país con préstamos para ganar apoyo político.

El abogado de derechos humanos nicaragüense Juan Diego Barberena encabezó una pequeña protesta contra la reelección de Dante Mossi como presidente frente a las oficinas del BCIE en la capital costarricense en mayo. Foto: OCCRP

Al día siguiente del debate, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribieron a cada uno de los otros cuatro miembros fundadores del banco pidiéndoles que aumentaran el escrutinio y la transparencia de su financiación para Nicaragua. El BCIE también fue nombrado en la legislación presentada en el Senado de EE.UU. en junio que pedía al Departamento de Estado que restringiera las inversiones y los préstamos que benefician al gobierno de Nicaragua.

«En los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar el escrutinio y reducir la financiación de las instituciones multilaterales que beneficiarían directamente al régimen de Ortega-Murillo», dicen las cartas. «Instamos a su gobierno a seguir políticas similares con respecto a los préstamos del BCIE».

El OCCRP analizó datos históricos sobre los préstamos del BCIE disponibles en su sitio web, que se remontan a la década de 1960. Mostró que, a lo largo de las décadas, la mayoría de los fondos que el banco aprobó fueron para Costa Rica, generalmente visto como el país más democrático de Centroamérica, incluso en los años posteriores a la llegada de Mossi a la presidencia ejecutiva en diciembre de 2018.

En los tres años anteriores a la llegada de Mossi a la presidencia, Costa Rica también recibió la mayor cantidad de desembolsos. Pero esto cambió a partir de 2019, cuando El Salvador y Nicaragua recibieron la mayor parte de los fondos del banco. En ambos casos, la cantidad de dinero que el BCIE entregó a cada país casi se duplicó de 2018 a 2021.

El pico de los desembolsos a ambos países fue en 2021, cuando Ortega fue acusado de llevar a cabo una amplia represión contra periodistas y opositores políticos de la sociedad civil en vísperas de las elecciones nacionales. En El Salvador, el BCIE llegó a aprobar préstamos para la policía y el ministerio de defensa mientras Bukele llevaba adelante su controvertido plan de control territorial.

 

 El estado de excepción de Bukele

Fue una escena que un grupo de derechos civiles comparó con los días más oscuros de la guerra civil de El Salvador: soldados en uniforme de combate ocuparon el hemiciclo del parlamento en un intento de presionar a los legisladores para que respaldaran el nuevo plan de seguridad del presidente.

Las tropas invadieron el edificio en febrero de 2020 después de que los legisladores de la oposición se negaran a participar en una votación para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del BCIE para la tercera fase del llamado «plan de control territorial» del presidente Nayib Bukele, destinado a combatir la violencia generalizada de las bandas en todo el país. Aunque el préstamo no se aprobó ese día, se ratificó al año siguiente.

El préstamo, que se describió como destinado a la «seguridad ciudadana», asignó millones de dólares a la policía y al ministerio de Defensa de El Salvador, incluidos fondos destinados a comprar equipos de vigilancia y un helicóptero.

«Los bancos de desarrollo no deberían financiar a una policía tan abusiva como la de El Salvador», dijo Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, señalando que «encarcelar a la gente de forma masiva y abusiva debería ser motivo suficiente para que el BCIE pusiera estos fondos en suspenso». En marzo de 2022, Bukele impuso un«estado de excepción» que suspendió muchas libertades civiles en todo El Salvador.

Desde entonces, el gobierno ha detenido a más de 72.000 personas y los grupos de derechos humanos han documentado una larga lista de abusos por parte de la policía y el ejército, desde detenciones arbitrarias hasta el asesinato y la tortura de personas bajo custodia.

Aunque el BCIE aún no ha desembolsado los préstamos para la segunda y tercera fase del plan de control de Bukele, que ascienden a 200 millones de dólares, el banco sigue respaldándolo. A mediados de 2022 -apenas unos meses después de que el gobierno de El Salvador impusiera el estado de excepción- las resoluciones del banco muestran que ambos préstamos fueron prorrogados por un año.

Mossi dijo que el BCIE accedió a los préstamos porque eran para financiar «un programa de seguridad ciudadana que incluye una variedad de actividades» y que serían «supervisados de cerca».

«El BCIE tiene una lista negativa de rubros que no podemos financiar, y respetamos esa lista», dijo. «El programa de seguridad de El Salvador fue monitoreado cuidadosamente para asegurar que esa lista fuera respetada».

Acevedo, el exjefe del banco central de El Salvador, dijo que el aumento de los préstamos del BCIE a Nicaragua y El Salvador era «sorprendente» – y potencialmente peligroso.

«Esto conlleva riesgos reputacionales que eventualmente pueden traducirse en riesgos financieros», dijo.

Al ser cuestionado por el aumento de los préstamos a Nicaragua y El Salvador, Mossi dijo que la demanda de recursos de cada país «está vinculada a su gobernanza interna y a los ciclos electorales, a su capacidad para ejecutar proyectos y al apetito por nuestros préstamos», que había aumentado durante la pandemia. Afirmó que el BCIE no tiene una agenda política.

Enfrentado a presiones financieras y vientos políticos en contra, quien asuma la presidencia del BCIE lo hace en un momento crítico para el banco. Tras recibir más de 240 candidaturas, el banco ha reducido la lista a tres candidatos y anunciará el nombre del ganador el 17 de noviembre.

Entre los candidatos se encuentra el actual vicepresidente ejecutivo del BCIE, el economista guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, quien ha asumido muchas de las funciones de Mossi en el período previo a la renuncia formal del presidente en diciembre.

A finales de octubre, Mossi escribió a los gobernadores del banco, argumentando que la medida de dar a Díaz Palacios el control del BCIE mientras se postulaba para ser presidente era ilegal, y planteó dudas sobre la imparcialidad del proceso de selección.

«La idea de que el Directorio transfirió funciones del Presidente Ejecutivo al Vicepresidente de manera ilegal, y ahora él está en la lista de candidatos, sugiere una falla», escribió a la Junta de Gobernadores del BCIE el 20 de octubre.

Mossi también llamó la atención al candidato oficial de Costa Rica por mantener reuniones con el directorio en Guatemala, diciendo que «causó preocupación sobre la neutralidad de todo el proceso de selección».

Al recordar su paso por el banco en conversación con OCCRP, el director ejecutivo saliente dijo estar contento con su legado.

«Yo era un ejecutivo bien pagado en el Banco Mundial que vivía en Washington, D.C.», dijo. «Acepté este reto y creo que marqué la diferencia».

 

*Esta investigación contó con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El presidente electo Bernardo Arévalo fue entrevistado por el periodista de El Faro, José Luis Sanz, durante el Foro Centroamericano (ForoCAP). Arévalo dijo que, a pesar de que los intentos de golpe de estado continúan, él está preparado para tomar posesión el 14 de enero. Habló sobre cómo gobernará con el Congreso, Corte y Ministerio Público controlados por la oposición y dio sus opiniones sobre Centroamérica y política internacional.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Fernando Destephen


Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, se presentó el viernes a la decimotercera edición del Foro Centroamericano (ForoCAP) y manifestó que lo él mismo ha definido como un «golpe de Estado en cámara lenta» «va a seguir toda vez que el Ministerio Público continúe con esta campaña». El Ministerio Público de Guatemala realiza acciones que han sido catalogadas como persecución política de acuerdo con manifestantes que piden la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras. 

El viernes, una fiscalía presentó una solicitud de levantamiento de la inmunidad del diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla, por haber emitido una opinión en sus redes sociales que fue interpretada por el ente acusador público como delito, específicamente el de «actividades contra la seguridad interior de la nación». El diputado Pérez criticó a la Corte Constitucional (CC) por haber ordenado reprimir a los manifestantes que piden la renuncia de Porras.

Para el presidente Arévalo, la intención de los grupos que buscan impedir su toma de posesión es que el resultado electoral — que le da la victoria a él — que ha sido certificado por el tribunal electoral, no se lleve a cabo. A pesar de esto, el presidente electo se mostró optimista y mencionó que está de acuerdo con lo que dijo el magistrado Molina Barreto, sobre que «definitivamente no hay forma en que no se pueda llegar al 14 de enero y tomar posesión». Y es que Barreto, magistrado de la CC, explicó que ninguna fiscalía está facultada para anular un proceso electoral.

En ese sentido, Arévalo dijo estar consciente de que lo que está pasando en Guatemala es «una lucha del sistema democrático y del sistema electoral» y que en el Movimiento Semilla se sienten respaldados por la gran mayoría de la ciudadanía guatemalteca, «pero está este núcleo, este grupo, que no nos permite transitar hacia la toma de posesión», expuso el presidente electo.

«Nosotros creemos que el intento de golpe va a fracasar, porque tenemos claridad de estos hechos. Pero van a continuar, no sabemos si van a decidir volcarse contra los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Están atacando a los magistrados, es incierto, en la medida en lo que ellos están haciendo y definen como legal, no sabemos cómo va a salir, pero sabemos que van a fracasar», expresó.

Periodistas de todas partes del mundo escuchan la intervención del presidente electo Bernardo Arévalo de Guatemala, durante la celebración del Foro Cap 2023. Foto Cc /Fernando Destephen

Al ser consultado sobre el actual presidente  Alejandro Giammattei, reveló que le han solicitado al presidente que se manifieste públicamente. «Y no lo ha hecho amparándose en una explicación alrededor de separación de poderes que, en el momento de una crisis, lo amerita. Claramente e inequívocamente no ha usado su influencia para pronunciarse”.

El mandatario reconoció el liderazgo indígena en la defensa de la democracia guatemalteca asegurando que han asumido «un liderazgo popular, con una madurez y una claridad política increíble, y se convierte en un foco de diálogo con otros sectores que empiezan a entender que hay una realidad que hay que transformar».

Medios guatemaltecos han informado que existe un «diálogo» entre el sector empresarial, autoridades ancestrales y Bernardo Arévalo. El presidente electo fue consultado en este foro sobre si ha alcanzado «pactos» con grupos para poder transitar hacia la toma de posesión, a lo que el mandatario contestó que si hubiera hecho pactos la situación ya estaría resuelta.

«No hemos entrado en ningún arreglo, si no hace rato se hubiera resuelto este problema», expuso.

Arévalo también dijo que el liderazgo del movimiento indígena es espontáneo y que este no esperó indicaciones de ningún actor político para tirarse a la calle y hacer la defensa. En ese sentido, Arévalo dijo que el movimiento indígena es un actor que está celoso y que tiene claro su espacio en el trabajo en la defensa en la calle «y nosotros estamos haciendo lo que corresponde en la defensa legal», agregó.

Arevalo fue cuestionado sobre si no teme que el liderazgo del pueblo indígena termine por diluir su liderazgo político como presidente electo, a lo que respondió que «necesitamos liderazgos articuladores, no tengo miedo de diluirme, dos décadas pasé dedicado a procesos de consolidación de la paz y es necesario que se entienda que los liderazgos se construyen a nivel colectivo».

Arévalo participó a finales de septiembre en el IX encuentro del Grupo de Puebla, que concentra a políticos latinoamericanos identificados con un pensamiento que califican como progresista, por lo que se consultó si no teme que su participación en ese evento afecte su relación con la empresa privada y sectores conservadores.

El mandatario electo mencionó que en la sociedad guatemalteca existen niveles altos de polarización y entonces es natural que el sector empresarial «va a decir ¡qué miedo! si me reúno con el Grupo de Puebla».

«Estamos construyendo una manera diferente de entendernos políticamente, hay que entender que el presidente debe hablar con todos los sectores a los que les interesa la democracia. En el Foro de Puebla o en una reunión con líderes continentales conservadores, siempre habrá desconfianza», aseguró Arévalo, que se ubicó a sí mismo y al Partido Movimiento Semilla en una ideología socialdemócrata, algo que defendió diciendo «tengo además textos [sobre la socialdemocracia] que empecé a escribir incluso antes de ser político».

Pero Arévalo tendrá enormes retos, tendrá un Congreso Nacional, una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público integrados por miembros de la oposición, mismos que desde ya están moviendo piezas que, según algunos analistas, dejarán con poco margen de maniobra al presidente electo. 

En ese sentido, recientemente la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso Nacional presentó un dictamen favorable para aprobar un proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, un proyecto que fue criticado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) que recomendó no aprobarlo porque contiene «anomalías introducidas» por la Comisión de Finanzas que representarían focos para la corrupción.

«Definitivamente pueden dejar “atado de manos”, [al Ejecutivo] pero el problema no es con el monto, ya sea con el que envió [la Comisión de Finanzas] o con el presupuesto actual. Es una derrota para el país que tengamos una comisión de finanzas del Congreso que no entienda que la gente reclama ponerle fin a la corrupción», manifestó Arévalo sobre este tema.

 

Arévalo reconoció que desde el Ejecutivo tendrá pocas facultades para luchar contra la corrupción en instituciones ajenas al Gobierno que él preside, pero prometió que en el Ejecutivo sí habrá cambios, porque organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dependían de una colaboración con el Ejecutivo, «que era parte del problema, ahora el EJecutivo asume la lucha contra la corrupción».

 

«Nosotros tenemos control sobre la corrupción dentro del organismo ejecutivo y haremos el esfuerzo para que este opere de manera transparente; es una lucha que no es exclusivamente judicial, porque esa es una dimensión que escapa a nuestra capacidad», mencionó Arévalo, quien al ser preguntado si actuaría contra exfuncionarios señalados por corrupción, agregó que no se debe «reducir la lucha contra la corrupción a la judicialización».

 

Retos, promesas y su posición sobre Bukele, Ortega y Xiomara Castro

 

Arévalo dijo que no van a poder «resolver 500 años de exclusión y marginación», pero sí que pueden «sentar bases» y dijo que el promedio de los guatemaltecos van a sentir «un cambio tremendo» porque van a ser escuchados.

Sobre cómo piensa reducir la impaciencia de un pueblo guatemalteco que espera cambios, este mencionó promesas en temas concretos como las medicinas. «Un sistema que va a reducir el precio de la medicina de una manera dramática», prometió.

«Seremos prácticos en política internacional, pero estamos claros que un sistema basado en instituciones democráticas y protección de derechos humanos para la propia sobrevivencia de nuestro estado democrático».

Arévalo no tuvo ningún problema en reconocer que Nicaragua es una dictadura, asegurando que no tiene ningún problema en denunciar a los gobiernos que están siguiendo derivas autoritarias.

Sobre el presidente Nayib Bukele, quien ya presentó su solicitud para reelegirse inconstitucionalmente y gobernar un período más con altos índices de popularidad pero también de críticas por violaciones a los derechos humanos y amenazas contra la libertad de expresión, Arévalo dijo que reelegirse inconstitucionalmente no es un principio democrático que él comparte. 

«No es algo que yo haría, porque eso iría en contra de los principios que nosotros hemos establecido, así que es claramente algo que cuestiona los principios democráticos, pero tenemos que observar si esto definitivamente se convierte en una deriva autoritaria», expuso Arévalo, y añadió que en El Salvador «hay una serie de datos de que puede existir una deriva autoritaria y estaremos observando».

 

Arévalo dijo que Bukele y Ortega «son casos distintos» y a partir de esos casos es que debe hacerse un juicio. «En el caso nicaragüense hemos visto eliminación de instituciones simplemente por el designio de la presidencia, ahí estamos viendo la consolidación de una dictadura”.

 

Sobre casos de persecución a la prensa en distintos países de Centroamérica, Arévalo mencionó que ha asumido un compromiso con la libertad de expresión y libertad de prensa. Sobre casos concretos de periodistas guatemaltecos criminalizados como José Rubén Zamora, dijo que «no podemos intervenir en el organismo judicial, pero tenemos que tener en cuenta que la situación de José Rubén Zamora, y la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, viene del Ejecutivo y actores de gobierno interesados en eliminar ese tipo de “molestias” a esa gestión corruptas».

 

Sobre la minería metálica en Guatemala, un punto álgido en este país, mencionó que «como partido hemos pedido una ley de moratoria sobre la minería metálica, para estudiar si este tipo de proyectos generan algún beneficio o no».

 

En cuanto a las relaciones que mantendrá con el Gobierno de Honduras, Arévalo mencionó que «esperamos tener una muy buena relación, como esperamos tener con los distintos países». En relación con problemas concretos como la basura que llega de Guatemala a Honduras a través del río Motagua, reconoció su preocupación y anunció que se debe resolver el problema central que es la emisión de la basura y que a pesar de que esto le corresponde al nivel municipal, les apoyará financieramente.

 

Arévalo, que se enfrentará a muchos problemas heredados, prometió que hará inversión pública en las zonas en donde se concentra la pobreza, la exclusión, territorios en donde se concentra la población indígena. Además, dijo que Guatemala necesita unos 3000 centros de salud, pero reconociendo las limitaciones tanto presupuestarias como de personal médico «entonces vamos a construir 400».

 

Uno de los temas en donde Arévalo no respondió con claridad fue sobre qué hará Guatemala en la relación que mantiene con China Taiwán y si abrirá relaciones comerciales con la República Popular de China. Al respecto, dijo que mantendría relaciones con Taiwán y que expandirá relaciones con China Continental.

 

Otro tema que le fue difícil responder, es su posicionamiento sobre la guerra entre Israel y Palestina. La postura de Arévalo fue neutral y lamentó las consecuencias que generan los conflictos bélicos.

Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografías: Fernando Destephen

 

En una conversación sobre «expresiones actuales, cuestionamientos a los límites de la realidad, y la obsesión del periodismo con lo actual y lo presente», los historiadores Otto Argueta de Guatemala y Víctor Hugo Acuña de Costa Rica, se replantearon qué es memoria y qué es olvido.

 

El diálogo, moderado por la periodista guatemalteca Claudia Méndez, inició indagando sobre la popular premisa de si «la historia es cíclica». Ante esta interrogante, el doctor Otto Argueta argumentó que esto está relacionado con los paralelismos, debido a que cuando un acontecimiento, suceso o evento capta nuestra atención, sentimos la necesidad de darle sentido para de esta manera explicarlo.

 

«Un paralelismo nos ayuda a darle sentido a esto que estamos observando», dijo Argueta, pero además señaló el riesgo de hacer estas comparaciones entre eventos similares en la historia de forma antojadiza.

 

Para profundizar en esto, el historiador señaló que no debemos de desvirtuar los acontecimientos actuales categorizándolos en un evento que se da solo porque la historia «se repite» o «es cíclica». En este sentido, Argueta recordó la participación de  Bernardo Arévalo —presidente electo de Guatemala— y a Jacobo Arbenz Vilanova —hijo del expresidente de Guatemala Jacobo Arbenz Vilanova— en la última marcha en conmemoración de la revolución de 1944 en Guatemala.

 

Si bien, ambos son hijos de expresidentes que estuvieron en escenarios de protesta y cambios, Argueta subrayó que siempre hay novedades, entre ellas el apoyo del pueblo indígena en la candidatura de Arévalo y la postura beligerante de los cantones indígenas en el paro nacional y manifestaciones en contra de la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

 

El historiador guatemalteco destacó que la historia no es memoria, ya que esto último corresponde a la construcción simbólica con las emociones y recuerdos que le atribuimos a un evento, y a la destrucción y creación de contenido que viene con esto, contrario a la historia que prevalece.

 

Para Victor Acuña, la memoria es una conspiración, una que puede servir al olvido para perpetrar injusticias que vienen de hace mucho tiempo.

 

«¿Conjuro del olvido o conjuro de la memoria? Efectivamente es un conjunto de los dos. La memoria conspira contra el olvido y el olvido conspira contra la memoria», subrayó el historiador tico, quien además destacó las políticas memoriales que se hacen desde los discursos de los gobernantes de Centroamérica.

El historiador Otto Argueta durante su participación en la celebración del foro cap 2023 en Antigua, Guatemala. Foto Cc/Fernando Destephen

Acuña recordó el discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien criticó que el mandatario salvadoreño asegurara que los procesos de paz no existieron en el país que gobierna. Ante esto, según el historiador, se está poniendo en duda el pasado.

 

«La memoria no es recordar, sino un despliegue de acción, tiene que ver con movimiento y acción social. Los emprendedores de la memoria, los que se encargan de preservar la memoria, tratan de fundar una ortodoxia de esa memoria, definen cómo se debe recordar, de manera que la memoria es un acto performativo que se actualiza en el presente», afirmó el historiador tico.


 

«Por más que estemos en el presente,pensándolo, se nos cuela el pasado»

 

Ambos historiadores señalaron la importancia del periodismo en la historia y los periodistas documentando la historia.

 

«Los periodistas cuando están en tiempo presente, quieran o no, también están lidiando con otros tiempos, y no solo el tiempo presente que están cabalgando», señaló Victor Acuña.

 

Argueta, por su parte, señaló cómo desde el periodismo se hace una selección constante a la hora de trabajar acontecimientos históricos, en contraste al revisionismo, es decir, al vaciado de contenido histórico que se hace al comparar acontecimientos del pasado con los actuales.

 

«No es justo decir que esto es lo mismo que pasó antes porque hay cosas completamente novedosas del pasado, como el poder indígena en las elecciones a Arévalo», ejemplifica Otto Argueta.

 

Para finalizar, Argueta y Acuña coincidieron en la relación del pasado con las disputas políticas y factores ideológicos. En este tema, el historiador costarricense destacó a Nayib Bukele fundando su legitimidad en el presente y futuro y demonizando el pasado, y al régimen nicaragüense de Rosario Murillo y Daniel Ortega como una revolución fantasmal post-sandinista.

Gran asistencia durante la celebración del Foro Cap 2023 en Antigua, Guatemala. Foto Cc/Fernando Destephen

En el caso de Honduras, Argueta resaltó los discursos de funcionarios actuales que invalidan o resaltan el pasado a su conveniencia, y cómo los referentes históricos de la memoria funcionan como un arma para partir a la sociedad en dos.

 

En este sentido, destaca los discursos de funcionarios del Partido Libre a favor de quienes no son críticos o son activistas de su partido, y llamando «golpistas» a quienes están en contra, recordando la crisis, el agite político y polarizaciones del Golpe de Estado en 2009.

 

Como conclusiones, ambos historiadores señalaron la importancia de escarbar en el pasado —que siempre se cuela en el presente— y de esta forma reconstruirlo, y cómo en las sociedades con una continua polarización es necesario aprovechar las oportunidades de cambio.

En 2021 los homicidios se habían reducido sistemáticamente, dentro de los penales los pandilleros gozaban de beneficios, y los líderes salían cada vez con más frecuencia a las falsas consultas. Bukele había consolidado su poder en las elecciones a alcaldías y diputados con el apoyo de las pandillas, y la justicia salvadoreña entorpecía las peticiones de extradición de Estados Unidos. Pero, después de dos años de negociación, las visitas al interior de los penales, la demanda más anhelada por las pandillas no llegaba. En marzo de 2022 los días más violentos desde los Acuerdos de paz pusieron fin a 33 meses de negociaciones. Comenzaba el Régimen de Excepción, la principal carta que ahora ocupa Bukele para catapultarse hacia una reelección inconstitucional.

El 14 de enero de 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación “más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de EU contra la MS13 y su estructura de mando y control”. La Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a 14 líderes de la Ranfla Histórica de terrorismo y solicitó a El Salvador su extradición. Entre los extraditables, estaban ocho de los internos de Zacatecoluca beneficiados por el Estado con traslados para asistir a falsas consultas en hospitales públicos y privados.

El anuncio de las solicitudes de extradición vino a confirmar un rumor que los máximos líderes de la MS-13 temían desde agosto de 2019. “Están abatidos”, describía un análisis de inteligencia policial fechado en aquel mes, “alguien del gobierno les había dicho que serían extraditados a cárceles de los EE. UU sin ver el sol”.

De los 11 extraditables que se encontraban presos en la prisión de Zacatecoluca, 8 salieron a hospitales, algunas veces públicos, otras veces privados / FBI

El bloqueo del proceso de extradición se convertiría desde entonces en un nuevo punto en la negociación con el gobierno. El otro elemento que entró en el diálogo en 2021 fueron las elecciones a alcaldes y diputados de febrero de ese año: las pandillas se comprometieron a incidir en sus territorios para favorecer a Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

Al interior del penal de Quezaltepeque se tenía la orden de “que todos los familiares de los detenidos voten por el partido nuevas ideas, en las próximas elecciones del 28 de febrero,”, según la Nota 888321 de la Subdirección de Inteligencia de la PNC con fecha del 15 de febrero. La orden en intramuros, de acuerdo con el informe, la giró Fernando Alberto Espadero Gonzales, alías “Ilegal”, miembro de la clica Hollywood Locos. uno de los ranfleros y portavoces de la MS-13 dentro de esta prisión.

La campaña del partido Bukele para las legislativas y municipales de 2021 se centró en dos mensajes: “#Operación2021” y “Vota por la N de Nayib”. En las cárceles, la inteligencia policial y militar recogía insumos que entre los acuerdos con el Gobierno se incluía el apoyo de las pandillas para que sus familiares votaran por Nuevas Ideas.

El 10 de febrero, el subdirector general de Centros Penales, Carlos Aparicio, visitó Zacatraz. Entró a las 9:15 “en dos vehículos sin placas y con varios sujetos a bordo”. Cinco minutos después,  Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito”, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, salieron a una consulta al Hospital Nacional Santa Teresa sin que se reportara su regreso. 

Al día siguiente, Aparicio volvió a visitar la cárcel para reunirse con el director del penal.

Las actas policiales no dan cuenta del objetivo de esas reuniones ni quienes estaban presentes, pero un custodio que trabajaba en Zacatecoluca en esas fechas afirmó para esta investigación que se celebraban en la sala de audiencias y que en ellas participaban líderes pandilleros.

El 24 de febrero, el último día de campaña electoral, salieron por primera vez de Zacatraz cinco pandilleros en un solo viaje. El grupo, compuesto por miembros de la MS-13 y el Barrio 18, se trasladó a bordo de la camioneta con matrícula N526 hacia el hacia el Hospital Nacional Rosales, en San Salvador. Los cinco pandilleros salieron a las 5:30 am y no regreserían hasta las 12:25 pm, siete horas después.

El 28 de febrero, día de la votación, se vieron pandilleros a la entrada de algunos centros de votación alentando a la ciudadanía a “votar por la N”, según un reporte de la organización Crisis Group.

La Corte del Distrito Este de Nueva York también acusaría más tarde la injerencia de las pandillas en el proceso electoral: 

Los líderes de la MS13 también acordaron utilizar la influencia política de la MS13 para dirigir a los miembros de la MS13, a sus amigos y familiares, y a los residentes de los barrios bajo control de la MS13, para que apoyaran a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 para la Asamblea Legislativa de El Salvador”, se lee en una acusación o indictment dada a conocer en febrero de 2023.

Nuevas Ideas arrasó con 56 de 84 curules en la Asamblea Legislativa y 152 alcaldías de los 262 municipios. El partido oficialista alcanzó la mayoría calificada y con ello Bukele seguía apuntalando su poder absoluto en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela, posan luego de emitir el sufragio en los comicios del 28 de febrero de 2021. Horas antes de que se cerraran las urnas, Bukele dio una conferencia de prensa desde el centro de votación. “Yo le quiero llamar a esta tarde Operación Remate. Creo que vamos bien, el país va bien, va por el buen camino; el país ha decidido pasar a la página de la posguerra”, dijo.

El poder absoluto de Bukele, un poder para negociar mejor

El de 1 de mayo de 2021 los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión en sus curules. Esa misma noche destituyeron inconstitucionalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, para reemplazarlos por funcionarios cercanos a Bukele.

Las primeras dos acciones del oficialismo con su nueva mayoría impactaron de manera directa en los intereses en común entre el Gobierno y las pandillas. Por un lado, los magistrados depuestos podrían haber inclinado balanzas en la Corte Plena para autorizar o denegar las extradiciones solicitadas por Estados Unidos. Por el otro, al designar a Rodolfo Delgado, el Gobierno logró que se archivaran casos de corrupción en la administración Bukele y también una investigación de un grupo especial de fiscales sobre las visitas de Osiris Luna a centro penales y las negociaciones de funcionarios del gobierno Bukele con las pandillas.  

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea oficialista también golpeó al fiscal Raúl Melar e impuso a Rodolfo Delgado en el puesto. Desde su llegada, Delgado no solo bloqueó una investigación sobre las negociaciones de funcionarios de Gobierno con las pandillas, sino que se opuso públicamente a las solicitudes de extradición de EUA. En la imagen, Delgado es reelecto en el cargo en diciembre de 2021.

El triunfo arrasador de Nuevas Ideas se vivía con expectación entre los pandilleros presos en Quezaltepeque. “Ya que esperan que se sienten los nuevos diputados para ir observando qué beneficios puedan ir logrando, ya que ellos como pandilla, la exigencia será obtener el beneficio de la visita familiar y esperan que las nuevas autoridades les den dicho beneficio”, señalaba la Nota 90021 de la Memoria de Labores 2021 del Subdirección de Inteligencia Policial.

Se estaban cumpliendo dos años de negociaciones con el gobierno y la visita familiar seguía siendo una demanda a la que los pandilleros no renunciarían.El 10 de junio, la nueva Corte mostró indicios de la postura del oficialismo respecto a las extradiciones a Estados Unidos cuando comenzó a entorpecer la extradición de Armando Eliu Ramírez, alias “Blue”, el primer pandillero acusado de terrorismo en Estados Unidos.

Los magistrados impuestos el 1 de mayo lideraron el debate con un argumento que no se utilizaba en los procesos de extradición: el pago de condenas pendientes en El Salvador antes de responder al país demandante. Blue, aunque no es miembro de la Ranfla, es perfilado por las autoridades estadounidenses como cabecilla de la MS-13 en la costa este.

Los magistrados impuestos por la Asamblea oficialista controlan la Sala de lo Constitucional e inclinaron la balanza en la Corte Plena para rechazar las solicitudes de extradición de pandilleros solicitada por Estados Unidos, según investigaciones de La Prensa Gráfica.

Para ese entonces cuatro miembros de la Ranfla Nacional ya habían sido solicitados en extradición ante diferentes juzgados: Elmer Canales Rivera, “Crook”; Eduaro Erazo Nolasco, “Colocho”; Hugo Armando Quinteros Mineros, “Flaco” y Efraín Cortez, “Tigre”; dos de los cuales habían salido en repetidas ocasiones a hospitales. Actualmente tres de las cuatro órdenes de extradición ya han sido rechazadas.  Los magistrados impuestos no pueden pronunciarse sobre la solicitud contra “Crook”, ya que su paradero es desconocido desde noviembre de 2021.

El Departamento de Justicia norteamericano condenaría estas medidas de la Corte como una negociación. “La Ranfla Nacional exigió que el gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13, incluida la Ranfla Nacional, a los Estados Unidos para su enjuiciamiento. A cambio, los líderes de la MS-13 acordaron reducir el número de asesinatos públicos en El Salvador, lo que benefició políticamente al gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios”.

En noviembre de 2022, Redacción Regional reveló que militares fotografiaron fuera del penal de Zacatecoluca a dos líderes de la ranfla de la MS-13 solicitados por Estados Unidos. En la imagen, “Colocho de Western” y “Crook”.

El año menos violento, el año con más salidas

El 2021 fue hasta entonces el año menos violento de la administración de Nayib Bukele. En El Salvador se cometieron 1,211 homicidios, un promedio diario de 3.3,  de acuerdo con los datos de Medicina Legal. Ese año también fue en el que se produjeron más salidas de pandilleros de Zacatraz, 504, más del doble que en 2020 y hasta nueve veces más que en el segundo semestre de 2019, cuando comenzaron las negociaciones entre el gobierno y las pandillas.

En junio se llegaron a registrar 50 traslados, la mayor cifra en un mes hasta entonces. El día 11 salieron al mismo tiempo cuatro de los pandilleros más beneficiados: Snayder, Diablito, Trece y Carlos Alberto Martínez Melara, “Shaggy”. Todos quedaron internados en el Hospital de Santa Teresa por tres días, excepto Snayder que permaneció siete.

Perfil del máximo líder de la MS-13 tomado por la inteligencia militar que monitoreaba el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Los beneficios carcelarios y las salidas a hospitales, además, no eran exclusivas de Zacatecoluca. Los documentos de inteligencia consultados para esta investigación, muestran que pandilleros recluidos en los penales de Izalco y Quezaltepeque también gozaron de beneficios en intramuros y salidas a centros médicos. Según uno de los informes, policías a cargo de la custodia de internos trasladados de Quezaltepeque al Hospital Rosales sorprendieron a dos pandilleros llamando por celular desde una sala del centro.

«Los internos fingen estar enfermos y cuando son llevados al hospital están aprovechando hablar por teléfono y recibir visitas, situación que están aprovechando para enviar líneas delincuenciales hacia la calle y así mismo ingresarlas al interior del penal, por lo que en un momento determinado pueda que haya un aumento de los delitos, ya sean homicidios, extorsiones, etc«, de acuerdo con la Nota 98352 realizada por la subdirección de inteligencia.

Las líneas principales trazadas desde julio de 2019 en la negociación entre gobierno y pandillas se estaban cumpliendo: en las calles de El Salvador los homicidios se habían reducido drástica y sistemáticamente, dentro de los penales los pandilleros gozaban de beneficios, y sus líderes salían cada vez con más frecuencia a las falsas consultas. En este tiempo Bukele había consolidado su poder y la información con la que contaban los aparatos de inteligencia de la PNC y El Ejército sobre las salidas irregulares y pactos no había llegado a manos de a la Fiscalía, que de todos modos ya estaba cooptada por gente afín al oficialismo.  Los documentos de inteligencia, sin embargo, muestran que al menos desde mediados de julio, justo cuando se cumplían dos años de la negociación, la MS-13 volvía a elaborar un plan B en caso de que las autoridades no les concediera su demanda más ansiada: los “puntos de honor”, las visitas dentro de los penales.

Están dando un compás de espera durante tres meses para ver si les dan visita familiar, si esto no sucede se abrirá las válvulas”, se lee la Nota 96289 de inteligencia policial sobre el penal de Quezaltepeque. Otro informe, sobre la cárcel de Ciudad Barrios, indicaba que la MS-13 amenazaba con abrir fuego contra el sistema, “porque están evaluando que no les van a dar visita familiar”.

Según el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia periodo del 2 al 8 de agosto de 2021”, la MS-13 estaba engrosando la lista negra en la que tenían anotados a todos esas personas detractoras, informantes, civiles que no pagaban la extorsión y hasta agentes del Estado, que serían ejecutadas cuando le quisieran mandar un mensaje al gobierno.  

Entre el 9 y el 11 de noviembre fueron asesinadas 45 personas en El Salvador. El 12, se desplomaron de inmediato, de manera coincidente con las salidas de dos cabecillas de la Ranfla de la MS-13.

Las masacres en las calles acaban con los pactos gestados en los penales

El 7 de octubre el país estaba atento al partido entre “La Selecta” y Panamá de las eliminatorias mundialistas. El gol de Enrico Hernández al minuto 37 puso el grito en la voz de miles de salvadoreños que veían el partido desde sus casas; también en cientos de presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Unas imágenes en poder de esta investigación muestran como los pandilleros disfrutaron de la victoria sentados en el comedor con pupusas, pastel y soda, mientras el partido era transmitido desde un proyector.

 

Aquello era una actividad no protocolaria del sistema penitenciario, pero el pacto estaba siendo favorable tanto para el gobierno como para las pandillas, así que el partido era una prebenda para los presos. El 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia había negado la extradición a Estados Unidos de Armando Eliu Ramírez, “Blue”, y las pandillas habían mantenido un promedio diario de 2.3 homicidios entre septiembre y octubre. El presidente continuaba atribuyendo esos índices al Plan Control Territorial. El 16 de octubre se convirtió en el día con más salidas registradas en la base de datos de los documentos de inteligencia a los que ha tenido acceso La Redacción Regional: siete miembros del Barrio 18 Sureños fueron trasladados al hospital Santa Teresa.

A finales de 2021, en Zacatecoluca se permitió el ingreso de comida rápida y que los reos pudieran ver partidos de fútbol.

Las visitas, a pesar de las promesas de los interlocutores del gobierno, seguían sin llegar y los planes de la MS-13 que la inteligencia policial había registrado en los meses anteriores, se cumplieron.  Entre el 9 y el 11 de noviembre murieron asesinadas 45 personas.

La inteligencia policial responsabilizó a la MS-13 al consignar en el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia periodo del 8 al 14 de noviembre que se tubo incremento en la incidencia de homicidios los día 09 al 11 (SIC), concentrándose principalmente en el departamento de San Salvador y la Libertad, siendo las principales victimas (SIC) pandilleros de la 18 sur o con vínculos, en la mayoría de casos los victimarios fueron pandilleros de la MS13.

El último día de la masacre, el 11 de noviembre, cuatro líderes del Barrio 18 Sureños enviaron un mensaje a sus huestes desde el interior de Zacatecoluca pidiendo detener «los enfrentamientos entre pandillas» para no “echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”, según un audio publicado por El Faro. El audio había sido grabado y enviado con el consentimiento del gobierno para que los líderes presos calmaran a sus soldados de las calles.

Al siguiente día, los homicidios volvieron a su promedio diario de 2.4 y los beneficios se sucedieron durante las siguientes semanas.  

 

El 18 de noviembre, Elmer Canales Rivera, “Crook”, uno de los miembros más influyentes de la Ranfla Nacional y pedido en extradición, fue liberado de Zacatecoluca a pesar de contar con una pena pendiente de 40 años de acuerdo con varias fichas realizadas por la Inteligencia Policial. Según una investigación de El Faro, el pandillero fue llevado por el propio Carlos Marroquín, director de Tejido Social, hasta Guatemala. De ahí viajaría hasta México.

La investigación de El Faro reveló que ‘Crook’, uno de los cabecillas de la Ranfla de la MS-13 fue liberado de Zacatecoluca con ayuda de funcionarios de Gobierno. Vivió un tiempo en la colonia Escalón, una de las zonas más exclusivas de la capital salvadoreña, antes de pasar por Guatemala con destino a México.

El 24 de noviembre, cuando Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito”, fue trasladado a un asilo de ancianos, llamado Casa Linda, y permaneció ahí por 28 días con medidas de seguridad mínimas, según revelaron Redacción Regional y La Prensa Gráfica en marzo pasado.

El 22 de diciembre, el día que Diablito regresó a Zacatecoluca,  un automóvil de la empresa Fórmula San Salvador dejó en el penal 752 “platos de comida carne encebollada” para la tienda. El 24 de diciembre a alas 7:56 am otro camión procedente de la empresa Pollo Campestre se adentró al penal “con el fin de dejar 607 combos de pollo para los PDL”.

La Navidad de 2021 parecía aquella de dos años atrás, cuando recién se había formalizado el pacto entre gobierno y pandillas, y los beneficios se sucedían en Zacatecoluca. Incluso, 2022 inició con un mayor ritmo de salidas del penal hacia centros médicos: 45 en enero, 45 en febrero y 38 en marzo. Pero entre el 25 y el 27 de marzo las pandillas provocaron los días más violentos desde la Guerra Civil, cometiendo 87 asesinatos.  

“La ranfla en libertad habría ordenado válvula abierta a todos los programas para que se incrementen los homicidios, exigiendo una ‘pegada’ (homicidio) por clica, debido a inconformidades de los PDL y como medida de presión al Gobierno”, consignó el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia” del mes de marzo.

Modesto, un antiguo miembro de la MS-13 que habla desde otro país y que vivió sus últimos años en el penal de Zacatecoluca, dice con desdén que Bukele: “no cumplió con el trato”.

El 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, y para el sábado 26 la ola de violencia no paraba, a pesar de los aparentes esfuerzos para que así ocurriera. A las 00:20 del sábado 26, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, Saúl Antonio Ángel Turcios, “Trece” y Carlos Alberto Martínez Melara, “Shaggy”, salieron de Zacatraz a un “hospital privado” sin ningún diagnóstico o una explicación para estar de regreso a las 3 am.

Bukele en reunión de emergencia en Casa Presidencial. Madrugada del 26 de marzo. Ku

A esa hora, en Casa Presidencial, Bukele, el gabinete de Seguridad y el fiscal general ya habían acordado la creación de un Régimen de Excepción. La medida sería informada a todos los mandos policiales del país horas después en una reunión convocada de urgencia en una sede del Estado Mayor de la Fuerza Armada. En la madrugada del domingo 27, la Asamblea Legislativa decretó el Régimen de excepción, todavía vigente en El Salvador.

A partir del 27 de marzo los informes de novedades no volvieron a registrar una sola salida a hospitales. Las visitas familiares jamás llegaron. Todo había acabado.

El primer trimestre de 2020 arrancó con constantes salidas de pandilleros, mientras Bukele jugaba a denunciar a la oposición, y a tomarse la Asamblea Legislativa con militares fuertemente armados, porque los diputados no ratificaban un préstamo de $109 millones para ‘combatir’ a las pandillas. A finales de abril, en el primer mes de la cuarentena por la covid-19, fueron asesinadas 85 personas en cinco días. Bukele decretó “emergencia máxima” en las cárceles y las imágenes de pandilleros sometidos dieron la vuelta al mundo. En secreto, las salidas de pandilleros de Zacatraz se reactivaron en junio, hasta alcanzar las 194 ese año

Por Carlos García
Con reportes de Jaime Quintanilla, Andrés Dimas, Ricardo Flores, David Bernal y Daniel Valencia
Ilustraciones: Donají Marcial y Monserrat Benítez

 

El 3 de marzo de 2020 el director de Centros Penales, Osiris Luna, llegó a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca acompañado de cuatro personas encapuchadas y con lentes de sol, según los informes de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamaya a los que ha tenido acceso La Redacción Regional. El grupo evadió el registro obligatorio de ingreso, el escáner y los protocolos de seguridad. Adentro, se reunió por una hora con el máximo líder de la MS-13, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito”, a quien le mostraron noticias en periódicos. El director penitenciario aprovechó la ocasión y le entregó una Biblia sellada con plástico que ingresó sin ser revisada, denunciaron custodios de ese penal a través del grupo de Facebook Voz Penitenciaria. Al día siguiente, Osiris Luna ingresó de nuevo con tres desconocidos, sin pasar por los controles de seguridad, se reunió por una hora con Diablito y les dejó a los custodios 30 sardinas enlatadas para que se las dieran cuando “él (Diablito) lo solicitara”, consignó el coordinador policial del penal en su informe diario de novedades del 4 de marzo.

Si estos sinvergüenzas no aprueban el préstamo para el Plan Control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo…”, dijo Nayib Bukele a una multitud que lo coreaba, minutos después de haberse tomado con militares fuertemente armados la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020. Bukele increpó a la oposición por no ratificar un préstamo de $109 millones para combatir a las pandillas. En el primer trimestre de 2020 continuaban las salidas de pandilleros de Zacatraz.

Las visitas de Osiris se dieron justo después de que el 2 de marzo Bukele ordenara una nueva “emergencia máxima” para que los pandilleros no recibieran ni un “rayo de sol tras el asesinato de dos militares.

Desde noviembre de 2019 hasta el primer día de marzo de 2020 los homicidios se habían reducido mes con mes, según los registros de Medicina Legal, pero las visitas al interior de los penales, la petición más añorada por las pandillas en sus negociaciones con el gobierno, seguían sin llegar. El “Análisis Diario del Fenómeno de las Pandillas” de finales de noviembre sostenía que lo pandilleros “estarían esperando, que les permitan visita familiar en enero o a principios de febrero, de lo contrario aumentarían los homicidios en las calles y amotinamiento en los penales”. Una amenaza que ya se había cumplido el 20 de septiembre de 2019, cuando fueron asesinadas 19 personas.

Lo que sí continuó, a pesar del anuncio de esta nueva “emergencia máxima”, fueron las salidas a hospitales. Del 2 al 10 de marzo, día en que se levantó el “encierro total”, fueron trasladados al menos 13 pandilleros a supuestas consultas médicas, entre ellos Eduardo Erazo Nolasco, “Colocho”, miembro de la Ranfla Nacional de la MS-13, y Rubén Arnoldo Toledo Cea, “Humilde”, uno de los máximos cabecillas de la 18 Sureños.

El 11 de marzo, Osiris Luna reapareció en Zacatraz junto al entonces subdirector de centros penales, Elmer Mauricio Mira, y se dirigió al área de videoaudiencias para hablar por dos horas con Diablito, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, y Pablo Antonio Renderos Cruz, “Bad Spirit”, de acuerdo con una investigación de El Faro.

Según reportes de inteligencia del 17 al 26 de marzo de 2020, después de estas visitas la tienda del penal fue surtida abundantemente con jamón, churros, galletas, jabón Prótex, papel higiénico, Ensure, Incaparina, suero oral, jugos Petit, pan dulce y leches donadas por la Empresa Inversiones El Panda.

Marzo superó a octubre de 2019 y se convirtió en el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. El promedio diario de homicidios fue de 2.2. Pero cuando se cumplían nueve meses de negociaciones entre gobierno y pandillas, irrumpió la pandemia de la covid 19. El 21 de marzo el gobierno decretó “estado de excepción”, obligando a la gente a quedarse en sus casas.

Con la excusa de la cuarentena por la covid-19, el presidente Bukele militarizó el país con “cercos sanitarios”, gracias a sucesivos estados de excepción que llegaron a ser cuestionados por la Sala de lo Constitucional.

Los viajes de Zacatraz se vieron interrumpidos durante las siguientes semanas, a excepción del realizado por el dieciochero Pedro Antonio Linares Ochoa, “Shaggy”, que el 30 de marzo a las 8:05 quedó ingresado en el hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca.

A pesar de las duras restricciones impuestas por la contingencia sanitaria, Osiris Luna reingresó con gente encubierta al penal el 31 de marzo. En esa ocasión llegó con cinco personas para que éstas se reunieran a puerta cerrada con ocho líderes de ambas pandillas, quedando Osiris y el director de Zacatecoluca fuera de la reunión. Según el periódico El Faro , los encapuchados interactuaron con Diablito, Snayder, Humilde, Jeffrey Isaac Pérez López, “Xochil”, Erick Saúl Villalobos, “Pitoreta”, entre otros.

Captura de video del ingreso del director de Centros Penales al penal de máxima seguridad, el 31 de marzo de 2020, diez días después del inicio de la cuarentena nacional. Tomada de El Faro.

Casi un mes más tarde, entre el 24 y el 28 de abril, las pandillas volvieron a perpetrar varias masacres a través de un plan que las autoridades nombraron como “plan cien días o plan estrella”, según el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia” de esos días.

Los homicidios a nivel nacional durante cien días; van dirigidos a personas que hubiesen tenido problemas con las estructuras, personas que laboraban para el Sistema PNC, FAES, custodios DGCP, fiscales, jueces, entre otros; aprovecharían darle muerte al que este descuidado o vulnerable”, consignaba el documento.

En cinco días murieron asesinadas 85 personas.

Al segundo día de las masacres, el 25 de abril, Bukele decretó una vez más «emergencia máxima» en los penales. Ordenó el encierro de 24 horas sin plazo definido y  suspendió las tiendas y los programas penitenciarios.

Osiris Luna, por su parte, anunció una medida que pudo haber desencadenado una masacre dentro de los penales: encerró pandilleros enemigos en una misma celda.

Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los @CentrosPenales de Seguridad, alardeó por Twitter.

Las fotos de cientos de hombres apiñonados, sin camisa, descalzos, pero con cubrebocas dieron la vuelta al mundo.

Según la versión de “Maniaco”, un antiguo pandillero preso entonces en el penal de Izalco, un día antes el director del penal les comunicó la noticia: “Los van a unir, hablen entre ustedes no se vayan a matar, no sean tontos”. El mismo director, dice Maniaco, sacó a líderes de ambas facciones para que hablaran cara a cara y se organizaran.

Los traslados a hospitales se reactivaron poco a poco en medio de la pandemia. Entre junio y agosto se produjeron cinco traslados, entre ellos el de Diablito y Snayder, considerados los principales negociadores por parte de la MS-13, que fueron enviados el 10 de junio al Hospital Santa Teresa y quedaron internados al mismo tiempo por una semana.

Desde la masacre de finales de abril hasta julio, los homicidios cayeron en picado. De mayo a julio se registraron 254 homicidios, con 13 jornadas sin ningún asesinato. En esos tres meses se contabilizó un promedio de 2.7 homicidios diarios. Entre septiembre y diciembre se promediaron 4 por día.  

De acuerdo con un memorándum de Centros Penales, dado a conocer por El Faro , el 8 de agosto los pandilleros dejaron de estar mezclados en las celdas de Zacatraz por órdenes “verbales” de Osiris Luna.

Los viajes a hospitales se retomaron a partir del 11 de septiembre. Octubre fue el mes del año donde se produjeron más traslados, con 40. Diablito salió dos veces en ese mes, Snayder y Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “Trece”, lo harían una. El 2020 cerró con 194 salidas a hospitales en comparación con las 55 registradas en 2019.

El hospital Santa Teresa, ubicado en el municipio de Zacatecoluca, fue el recinto al que más pandilleros fueron trasladados durante los 33 meses de negociaciones. Imagen de La Prensa Gráfica.

Consultas falsas para “pacientes” VIP

Los líderes de la Ranfla Nacional de la MS-13 y los líderes de las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, fueron sacados de prisión hacia diferentes hospitales con diagnósticos falsos y sin contar con un historial de tratamiento de enfermedades crónicas. Así lo aseguran un médico y dos custodios del sistema penitenciario, y un médico y un trabajador del Hospital Santa Teresa, además de las acusaciones de la Corte de Estados Unidos.

“Hubo pandilleros que estaban muy bien de salud y aun así los hospitalizaron hasta un mes. Algunas veces solo presentaban un cuadro de alergia a nivel de vías respiratorias o gripes que fácilmente pudimos tratar en la clínica del penal”, señala un médico del sistema penitenciario bajo petición de anonimato por temor a represalias.  Se autorizaron salidas con la excusa de sentir náuseas, “ni tan siquiera con un cuadro de vómito. Eso es algo incomprensible”, dice el médico. “En nuestras evaluaciones no ameritaba un traslado a un centro de atención como un hospital”.

Lucas, que trabajó como custodio en el penal de Zacatecoluca y cuyo nombre real ha sido cambiado para su protección, sostiene que las salidas de los pandilleros no formaban parte de un seguimiento médico, sino obedecían a órdenes directas del director de Centros Penales, Osiris Luna:

“Cuando sacaban a los pandilleros no creás que era porque la clínica coordinaba para sacarlos a un chequeo. Sino que eso llegaba de un documento de la Dirección General de Centros Penales, específicamente del director general, ya con orden y nombre del interno que iban a sacar, a qué hospital y a qué chequeo supuestamente salía. Cosa que no era que de verdad porque ni estaba enfermo”.

El protocolo indica que las consultas debían ser programadas con previo aviso a través de la tarjeta hospitalaria, en cambio, lo que llegaba era otra orden. “Se le daba cumplimiento porque era un orden del director general”, dice Lucas, “nosotros solo obedecíamos. Para decirte que algunas veces ellos (los pandilleros) ya sabían y decían ‘hoy no me han venido a traer y hoy me toca ir al hospital’. Les preguntábamos si tenían cita y decían que sí, pero cuando íbamos a clínica a preguntar decían que no tenían nada. Pero al rato llegaba la hoja donde decía que saquen a tal fulano y ahí se daba el procedimiento normal: ir a traerlo a celda, darle la custodia al hospital y de ahí para allá. No sabíamos qué pasaba adentro”.

Hoja de Referencia Emergencia recibida en el hospital San Teresa de Zacatecoluca donde se lee en el padecimiento actual de Diablito: “valoración médica. Al momento paciente estable” / La Prensa Gráfica

Otro custodio, integrante del colectivo Voz Penitenciaria, sostiene en la cuenta de Facebook de esa organización que los pandilleros tenían un lugar especial en el hospital donde quedaban solos y con acceso a teléfonos. «Se reunían con otros palabreros de otros centros. Incluso con palabreros de afuera», señala. «Cuando llegaban tenían un pabellón condicionado sólo para ellos con 3 o 4 camas. Ahí hacían las reuniones para planificar lo de la tregua, mientras que los custodios se quedaban afuera haciendo guardia. Recibían también visitas de familiares. Y de ahí llegaban los otros para llevar órdenes a otros centros». 

Esto lo contrasta el relato de un médico del Hospital Santa Teresa que habló para esta investigación bajo anonimato.  “Nos ordenaban mover a los reos a la zona de máxima urgencia, que era más solitaria y que supuestamente era para la población, pero la ocupaban para que ellos (pandilleros) fueran visitados por otro tipo de personas”, expuso.

“Los reos tenían muchas prioridades cuando llegaban. Había médicos específicos asignados para que los atendieran y hasta ya sabían de antemano con qué diagnóstico los iban a recibir. La jefa de residentes daba la orden de asignar los médicos. Llegaban de ambos bandos (MS13 y Barrio 18) y los ponían en el mismo cuarto”, explicó otro trabajador del hospital para esta investigación.

Estas mismas fuentes aseguran que el viceministro y director de penales, Osiris Luna, llegó en varias ocasiones a reuniones en esas salas, que fueron acordonadas, lo que dificultó atender a otros pacientes.

Protocolo de salida de internos a hospitales donde se lee que el motivo de salida de Diablito es “evaluación” / La Prensa Gráfica

En el archivo del Hospital de Santa Teresa solo se registró el ingreso de 25 pandilleros entre 2020 y 2022, cuando en la base de datos realizada para esta investigación a partir de más de 3,000 documentos de inteligencia policial y militar, arroja al menos 535 salidas a dicho hospital en ese periodo.

El Departamento de Justicia estadounidense acusaría más tarde en el requerimiento CR22_429 realizado por la Corte del Distrito Este de Nueva York que “los funcionarios penitenciarios también facilitaron los traslados temporales de líderes de la MS-13 (incluido Borromeo Henríquez Henríquez), a hospitales civiles para «tratamiento» de condiciones médicas inexistentes, lo que permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la Ranfla en las Calles y facilitó las negociaciones”.

Estados Unidos llegó a la misma conclusión que los aparatos de inteligencia del Estado salvadoreño: “Como parte de estas negociaciones secretas, la Ranfla Nacional, la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales negociaron con altos funcionarios gubernamentales beneficios económicos, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas”.

La base de datos realizada con más de 3,089 documentos filtrados por el colectivo Guacamaya arroja que los pandilleros fueron sacados a hospitales tanto públicos como privados. El que mayor afluencia tuvo fue el Hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca con 535 de salidas seguido del Hospital Nacional Rosales con 226, pero también fueron sacados a hospitales privados y más pequeños como el asilo de ancianos Casa Linda, la Policlínica Herrera o la Clínica Privada del Dr. José Alvarino Merino Ortiz, entre otras.

En marzo pasado, Redacción Regional reveló que Diablito, el máximo líder de la MS-13, fue trasladado durante 21 días a la clínica privada Casa Linda, un asilo de ancianos. En la imagen, una de las habitación del recinto.

Los viernes y jueves eran los días con más actividad, siendo la 5 de la mañana la hora más recurrente de las salidas de los reos, quienes pasaban un promedio de cinco horas fuera del penal. Según los informes, en 121 de las 881 salidas los reos quedaron ingresados en hospitales en algún momento. Es decir, el 13.7% de las salidas no regresaron el mismo día y la mayoría de los ingresados pasaron entre 2 y 3 días fuera de prisión.

Algunas de las salidas, reportadas como traslados a centros de salud, duraron apenas media hora, el tiempo que hacía la camioneta policial solamente en ir y venir al hospital más cercano, en la ciudad de Zacatecoluca.

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Capítulo 4: Se rompe el diálogo, llega el régimen

El Sub-Comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró una audiencia para examinar la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras, con un llamado al presidente Joe Biden para reconsiderar la relación con la administración de Xiomara Castro, que ha asumido una retórica de socialismo. La congresista republicana de origen cubano, María Salazar, lideró esta audiencia, la cual fue calificada por la representante de California, Sidney Kamlager-Dove, como «un reflejo del MacCartismo de los años cincuenta.» Esta época se caracterizó por una intensa persecución de supuestas amenazas comunistas.

 

Texto y fotografía: Oscar Estrada

 

Este miércoles 25 de octubre se celebró una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para analizar al gobierno de Xiomara Castro. Además  de la congresista republicana de origen cubano, María Salazar, participaron los representantes Joaquín Castro, congresista de Texas y Gregory Staton de Arizona. Como testigos, fueron llamados Eric Jacobstein, del Departamento de Estado, y Mileydi Guilarte, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,  (USAID, por sus siglas en inglés).

 

La audiencia, originalmente programada para las 2 de la tarde, comenzó con una hora de retraso debido al proceso de elección del vocero del Congreso, un importante cargo que ha estado vacante por conflictos internos en el partido republicano en los últimos días.

 

Salazar, representante del Estado de Florida, expresó su preocupación por el discurso socialista que ha prevalecido en Honduras desde la llegada de Xiomara Castro al poder. Esto ha generado inquietud en cuanto a la dirección ideológica que está tomando el país, y Salazar considera que la administración Biden no está tomando en serio este hecho.

 

Además, recordó los intentos del expresidente, Manuel Zelaya desde 2006 por acercar a Honduras al socialismo, incluyendo su desafío a la Constitución mediante la convocatoria a un referéndum para una nueva Constitución. Salazar destacó que la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas intervinieron para preservar la democracia y destituir a Zelaya.

 

Salazar argumentó que la estrategia de Zelaya durante su exilio fue preparar a su esposa, Xiomara Castro, para llegar al poder, y sugirió que Zelaya ejerce una influencia significativa en la actual administración de Castro, incluso si no tiene un cargo oficial.

 

Otro punto importante en la audiencia fue la ruptura de relaciones entre Honduras y Taiwán, sobre el cual los representantes de ambos partidos expresaron preocupación, aunque los demócratas reconocieron el derecho soberano de Honduras a establecer sus propias relaciones internacionales.

 

Kamlager-Dove preguntó acerca de la reciente relación de cooperación China-Honduras en materia de comunicaciones, que va desde la facilitación de contenidos para los medios públicos hasta el acceso a tecnología de HUAWEI, que podría ser utilizada para espionaje y, dada la presencia norteamericana en la Base Soto Cano en Comayagua, quiso saber si no consideran que eso pondría en peligro los intereses de Estados Unidos. Jacobstein respondió que en efecto la presencia china en la base Soto Cano pondría en alerta a los Estados Unidos, y están pendientes de ver cómo se desarrolla eso. Salazar reclamó luego que Honduras recibe ayuda económica de Estados Unidos a pesar de no apoyar los objetivos estadounidenses.

 

En la audiencia se resaltó la conformación de colectivos por parte del partido Libre de Honduras, siguiendo el modelo de Venezuela. También se mencionó el nepotismo en la administración de Castro, donde un pequeño grupo familiar concentra puestos importantes de poder, así como el pacto de impunidad que marcó el inicio del gobierno en 2022, con la aprobación de una amnistía política a exfuncionarios del gobierno de Zelaya acusados por corrupción. 

 

En un punto crucial de la audiencia, la congresista Salazar presentó una denuncia, basada en una nota hondureña originalmente publicada por el portal  Reporteros de Investigación, en la que se señala que los funcionarios hondureños, Rafael Barahona del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y la gobernadora de Choluteca, Ilse Villatoro, habían conformado una red que cobraba 150 dólares a cada migrante que llegaba a la frontera hondureña para tomar un bus hacia la frontera con Guatemala, con la intención de continuar su ruta hacia Estados Unidos. Eric Jacobstein, del Departamento de Estado, respondió a esta denuncia resaltando que el gobierno de Honduras había cancelado el año pasado, mediante una amnistía, el cobro a los migrantes. Salazar enfatizó que ese era el cobro oficial que se había cancelado, pero que aún existía otro cobrado por la red conformada por Barahora y Villatoro.

 

La migración fue identificada como un desafío fundamental para Centroamérica, y se enfatizó la importancia de abordarla de manera humanitaria y beneficiosa para toda la región.

 

Durante la audiencia, los representantes de ambos partidos subrayaron la importancia de que la administración de Xiomara Castro sea cuidadosa con los contratos públicos y que el Gobierno hondureño apoye más la lucha contra la corrupción. Se mencionó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) como un paso importante para abordar este problema, aunque se expresó preocupación por la lentitud del proceso de conformación.

 

Finalmente, en la audiencia se manifestó una profunda preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, quienes continúan operando bajo amenazas a sus vidas. También se cuestionó por qué aún no se ha nombrado a un fiscal general y adjunto en Honduras, y Eric Jacobstein comentó que esto se debía a las dificultades que los congresos en la región enfrentan para lograr consensos, haciendo un paralelismo con las dificultades que el partido republicano ha tenido para nombrar al vocero de la cámara de representantes.

 

En resumen, la audiencia en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos resaltó la importancia de reevaluar la relación entre Estados Unidos y Honduras, en el contexto de preocupaciones sobre el socialismo, la corrupción, la migración y la dirección ideológica del país. También se criticó el ambiente hostil para la inversión y se puso énfasis en la importancia de abordar de manera inmediata los feminicidios como una expresión de la violencia de género dentro del gobierno de Xiomara Castro.

 

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras emitió un comunicado en respuesta a la audiencia convocada por el Sub-Comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. En el comunicado, el gobierno hondureño destacó que el Gobierno Socialista Democrático de la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento está basado en un programa de gobierno público que busca beneficiar al pueblo hondureño y mantener relaciones exteriores respetuosas con todas las naciones. También resaltaron que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos están en un buen nivel y que se han reconstruido después de un período de dificultades.

 

El gobierno de Honduras reafirmó su compromiso con el respeto a los principios del Derecho Internacional y la soberanía nacional, rechazando cualquier intento de evaluación externa unilateral. Además, expresaron su preocupación por grupos opositores que grupos con “escaso o nulo respeto a la dignidad y soberanía nacional, que buscan la injerencia de sectores externos para desestabilizar el país y afectar sus relaciones internacionales”. El gobierno hondureño afirmó su compromiso de seguir manteniendo relaciones exteriores basadas en el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional.

Las pandillas dieron “inicio” a la orden de no atentar contra el sistema en noviembre de 2019, según los documentos de inteligencia analizados por la Redacción Regional. Mientras los homicidios se desplomaban, los traslados de pandilleros a hospitales se dispararon: pasaron de dos en octubre a al menos 19 ese noviembre. El pacto quedó claro desde el inicio: condicionar beneficios penitenciarios sería la hoja de ruta de las autoridades, la de las pandillas abrir o cerrar “el chorro” de los homicidios. Cada quien retiraría de la mesa de diálogo sus compromisos cuando la otra parte no cumplía su palabra.

 

Por Carlos García
Con reportes de Jaime Quintanilla, Andrés Dimas, Ricardo Flores, David Bernal y Daniel Valencia
Ilustraciones: Donají Marcial y Monserrat Benítez

 

Los reportes del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) del 12 al 18 de julio de 2019 titulados “Análisis para la Interpretación del Fenómeno de Pandillas en El Salvador”, señalaban que en Zacatecoluca se vivía un pacto entre pandillas de no agresión. La PNC estaba enterada que estos grupos habían ordenado “cerrar el chorro” de homicidios con “cero palmes” tanto al interior del penal como al exterior.

Un jefe policial que participó por órdenes de sus superiores en la tregua del primer gobierno del FMLN en 2012; que vio el nacimiento del Plan Control Territorial y que ejecutó el Régimen de Excepción, asegura que para el segundo mes del Gobierno de Bukele ya era evidente para él y sus colegas de mando que algo había cambiado.

“Veníamos de las medidas extraordinarias, y por más buenos policías que seamos, usted ahí tenía los resultados. Bajamos, pero no lográbamos desaparecer la racha de violencia homicidas. No somos Superman, vaya, por muy buen trabajo que hagamos. Cuando los homicidios comenzaron a desplomarse de esa manera, quienes tenemos décadas en esto rápido dudamos. Conversábamos entre nosotros y hasta era chiste: ‘¿Vos hiciste algo nuevo? ¿Te inventaste algo?’ Supimos que un nuevo pacto había ocurrido, pero para ese momento era prematuro definir si era una nueva tregua. Pero lo cierto es que no era normal. Sobre todo, porque el Plan Control Territorial… ¿qué era eso que anunciaron? Nada. Las mismas acciones de siempre, con otro nombre, ineficaces algunas o que nunca han dado los resultados esperados”.

El Plan Control Territorial fue lanzado el 20 de junio de 2019 por el Gobierno, en el inicio de la gestión Bukele. Las negociaciones con las pandillas, según los documentos de inteligencia, arrancaron semanas después, a inicios de julio.

En “Zacatraz”, como también se conoce al penal en alusión a la célebre prisión de Alcatraz, las pandillas habían abierto un diálogo al menos desde principios de julio, pero con fecha de caducidad si el gobierno no atendía sus demandas: mejor atención médica, tienda toda la semana, horas completas de sol, programas de reinserción y, sobre todo, visitas al interior del penal.

«Están esperando que el presidente Bukele les normalice los beneficios carcelarios en los primeros 100 días de gobierno”, se lee en la hoja 3 de uno de los informes de inteligencia sobre el Barrio 18 Sureños, “de no ser así realizarán atentados en contra del personal del sistema y su familia”.

La MS-13, según los informes de inteligencia, señalaban noviembre, después de la audiencia por el caso Cuscatlán, en el que por primera vez se procesaba a 425 miembros de la pandilla, como fecha límite para que el gobierno cumpliera con sus demandas de admitir visitas al interior del penal. De lo contrario ordenarían de nuevo abrir el “chorro” de los homicidios. 

El 2 de agosto de 2019 el director de Centros Penales, Osiris Luna, subió un video en Twitter donde mostraba imágenes del interior de Zacatecoluca como parte de una campaña de medicamentos en el Sistema Penitenciario. Un mes después, el presidente, Nayib Bukele, ordenó en Twitter “levantar totalmente la emergencia” penitenciaria impuesta desde el 21 de junio.

Entre estos dos días, que marcaban un nuevo trato para los presos de las pandillas en el penal de máxima seguridad, no solo continuaron los traslados desde Zacatecoluca —en agosto, según los documentos de inteligencia policiales y militares filtrados por Guacamaya, se registraron seis salidas, todas de miembros de la MS-13—, sino que marcaron nuevos hitos: el del traslado a clínicas privadas de los líderes y la estancia durante días en centros de salud.

El internamiento de pandilleros en hospitales se inauguró el 14 de agosto, cuando Christian Alejandro Hernández, miembro de la MS-13, fue trasladado al Hospital Santa Teresa y quedó ingresado por seis días.

El primer traslado a una clínica privada que recogen los informes de inteligencia de un miembro de la Ranfla Nacional ocurrió tres días después. Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho”, fue enviado el 17 de agosto a las 7:40 de la mañana a la Policlínica Herrera para hacerse una supuesta ultrasonografía.  Colocho permaneció una hora en las instalaciones, un lugar más parecido a un centro de salud de ginecología que a un hospital con la infraestructura necesaria para recibir a uno de los líderes históricos de la MS-13, para después regresar al penal.

Durante esos meses, como lo confirman dos güilas (mensajes internos de la pandilla) confiscados por la PNC a la MS-13 en el penal de Izalco a inicios de septiembre, la negociación entre gobierno y pandillas continuaba.

“Que hondas hermanos les rallamos esta willa para que tengan el conocimiento que los hermanos de Zacatecoluca, mandaron estos datos hace poco haciendo ver que a Zacate ya llegó la jente que ellos esperaban (gobierno) y llegaron a un dialogo, que si nos van alludar pero solo tengamos calma”, rezaba el recado que después fue transcrito por la PNC en una presentación de Power Point.

Las güilas evidenciaron que los pandilleros en libertad estaban atentos a los acercamientos entre el gobierno y los líderes en Zacatraz.

“Otra onda, los homis de las calles mandaron a decir que ellos que cómo estábamos con el trato que habíllamos cerrado. Y esta jente (gobierno) les contestó y le dijo que ya estaban trabajando y nos ban ayudar que solo esperaramos unos meses que lo primero eran los tavos (cárceles)  y después las calles. Los homis de las calles tienen la comunicación con esa jente y también dicen los homis de las calles que nuestros familiares están llegando a un trato pero lo primero es la visita para los tavos (cárceles) y esta mierda ya va a cambiar que no pasa de este año y podamos tener visita”.

Uno de estos mensajes internos reveló que las salidas a hospitales eran aprovechadas para compartir lineamientos. “Esto (la información) es de hacerlo llegar a los otros modulos pero con jente de confianza o que salga al hospital o clínica para que se lo den a la jente que anda al frente de las cosas”.

Las salidas de cabecillas de pandillas hacia centros de salud contrastaba con las campañas médicas y el incremento de atenciones que el Gobierno había instaurado en los centros penales del país.

Aunque la negociación parecía prosperar, la MS-13 tenía un plan B en caso de que el periodo de calma que pedían las autoridades se prolongara. Eso se lo hizo saber a la policía un miembro de la pandilla luego de manifestar su inconformidad con las “decisiones que estaban tomando los cabecillas” de la MS-13. Confesó que su compañero Antonio Flores Lucano, alias “Axel”, pronto quedaría en libertad para transmitir información que “las mentes del (sector) seis” le habían instruido.

“Mandan a decir a la ranfla de las calles y zonas, que inicialmente se manejaba el dos de noviembre de este año para iniciar ataques contra la policía y ataques contra empleados de este penal”. El informante decía desconocer si esa fecha se mantendría porque el ultimátum sería enviado a través de reos que serían trasladados desde Zacatraz hasta los juzgados por el Caso Cuscatlán.

“Si las cosas (los beneficios) no se pueden hacer del dos de noviembre para allá (en adelante), que no debe pasar este año en pegarle a Zacate, a cualquier empleado, y hacer una ofensiva contra agentes de la PNC, contra miembros del ejército y contra instalaciones policiales y militares”.

La declaración de este emeese también consignaba que “la idea es llamar la atención para que el gobierno a través de sus representantes vengan a Zacate y hablen o negocien con la ranfla máxima de la MS y para ellos también mandan la palabra que nadie de la ranfla de penales o casa de la MS ni sectores del 1 al 4, tienen la autoridad para hablar con gente del gobierno de temas de este tipo, que acá en Zacate solo son unos cuantos homeboys (Saúl Antonio Ángel Turcios, (a) 13, Elmer Canales Rivera, (a) Croock, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, (a) Diablo HLS y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, (a) Sniper de Pasadena«.

El 9 de septiembre se cumplieron los primeros 100 días de Bukele en el poder. 11 días después, 19 hombres fueron ejecutados a sangre fría en diferentes puntos del país, de acuerdo con un reporte interno de la PNC. Las autoridades pudieron identificar que cinco de los victimarios pertenecían a la MS-13.

El tweet del presidente no se hizo esperar. “Hoy estamos experimentando un alza en homicidios, como si fuera un día del Gobierno anterior”, escribió.  

El informe policial titulado “Cabecillas de la Pandilla MS13 prófugos y radicados en México” señala que uno de los autores intelectuales de esa jornada sangrienta fue Jorge Alejandro de la Cruz, alias “Cruger”, uno de los líderes de la Ranfla Nacional en libertad y ubicado en México, quien desde alguna de las aplicaciones Soma o Line ordenó el incremento de muertes. Esa acusación también la comparte el Departamento de Justicia estadounidense, que acusa a Cruger de “proveer instrucciones y guía en nombre de la Ranfla Nacional de la MS13 a líderes fuera de prisión que participaron en estas negociaciones”, según un requerimiento o indictment publicado en febrero pasado.

Cuatro días después de los asesinatos del 20 de septiembre, Zacatraz volvió a tener tienda. La Dirección de Centros Penales comunicó públicamente la “apertura de tiendas penitenciarias” y la reactivación del depósito electrónico para presos que quisieran comprar en ellas.

Septiembre cerró con cuatro jornadas de más de 10 homicidios diarios, con seis viajes a hospitales y con la primera salida doble de uno de los máximos líderes del Barrio 18 Revolucionarios, Jeffrey Isaac Pérez López, alias “Xochil”, que acudió a una “consulta particular”.

 

El caso Cuscatlán y la mesa de diálogo

El 8 de octubre de 2019 se llevó a cabo la mayor investigación judicial contra la Mara Salvatrucha, conocida como Caso Cuscatlán, en la que por primera vez se judicializaron 425 miembros de la pandilla. Las largas y tumultuosas audiencias sirvieron también como reencuentro de miembros de la MS-13 provenientes de diferentes penales. Según Maniaco, un miembro esta pandilla quien entonces cumplía sentencia en el penal de Izalco, se difundió entre ellos la información sobre las negociaciones de la pandilla con el Gobierno y el plan de la MS-13 en caso de que las autoridades no cumplieran con lo acordado.

“Ahí aprovecharon ellos. En esa sacada de gente fue que organizaron”, dice, «la DECO intimó o sacó gente de Fase II y III que nos vinculaban con ciertas cosas y ahí a Sniper (Juan Carlos Guzmán Moreno) le dijeron que tal había salido al hospital. Ahí se corrieron varias cosas», cuenta Maniaco sobre una ocasión en que se llevaron cerca de 200 pandilleros de Izalco a una audiencia al mismo tiempo que lo hicieron con algunos miembros de la Ranfla Nacional de Zacatecoluca.

El 27 de octubre, semanas después de las audiencias por el caso Cuscatlán, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito”, el máximo líder de la MS-13, salió por primera vez de prisión, de acuerdo con la información en poder de La Redacción Regional. Diablito fue trasladado hacia el Hospital Santa Teresa por una «emergencia» y quedó ingresado hasta el 1 de noviembre. El informe diario del penal lo registró bajo el nombre de Diomedes Herrera Solórzano, pero un documento de inteligencia confirma que se trataba de Diablito.

Al segundo día de su salida no hubo un solo homicidio en el país.

Análisis Integrado de Inteligencia del 1 al 31 de octubre de 2091 donde revela que Diomedes Herrera Solórzano es Diablito.

El «Análisis Diario del Fenómeno de las pandillas» realizado del 25 al 31 de octubre por el Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), en el marco de la salida de Diablito, recogía una güila confiscada en el penal de Ciudad Barrios que decía que «cabecillas tendrían planificada una mesa de dialogo con representantes del gobierno, entre los puntos a tratar estaría la reducción de homicidios y el tema de los enfrentamientos entre policías, militares y pandillas«.

Los informes de inteligencia no registran una fecha exacta del encuentro en el que líderes pandilleriles acordaron sus condiciones de manera directa con representantes del gobierno, pero sí consignan la existencia de ese encuentro y los temas tratados.

La negociación no incluyó una paz total, sino la reducción de homicidios, ya que ambas pandillas mantenían vigente una orden de cometer asesinatos de manera selectiva y menos visible, según los documentos de inteligencia. Dejar los ingresos a través de la extorsión y venta de droga tampoco formaron parte de los ofrecimientos de las pandillas. Decenas de reportes de inteligencia revelan las demandas que los pandilleros solicitaban al sistema penitenciario: la atención médica, el derecho a tienda, horas de sol, ropa, productos de limpieza, reabrir los programas de reinserción, reducir la violencia de los policías y custodios tanto adentro como afuera de prisión y, sobre todo, habilitarles la visita.

Modesto, el miembro de la MS-13 preso en Zacatecoluca durante esa época, recuerda que cada vez que algún funcionario entraba al penal los guardias los ponían boca abajo y contra la pared para no que no pudieran observar quien ingresaba. Los beneficios prometidos por el gobierno de Bukele, dice, llegaban “poco a poco”. Los primeros fueron las salidas al patio a recibir el sol y los medicamentos, luego se reabrió la tienda, les dieron dos boxers, sábanas, colchonetas y “dejaron entrar los paquetes” familiares con productos de limpieza. Hubo corte de cabello y los custodios dejaron de portar gas pimienta. El número de médicos en la clínica de Zacatraz pasó de uno a dos y comenzaron a tomarles el peso y a darles una dieta especial a los que sufrían desnutrición, como el propio Modesto.

“Él (Osiris Luna) dijo que iba a dar tienda, incluso que iba a dar visita. Iba a ver visita en los penales, sólo que por medio de vidrios», asegura que escuchó en Izalco Maniaco, quien habla desde Chiapas, en el sur de México, donde huyó durante el Régimen de Excepción. «Eso era todo y nada más. No querían nada más. Visita, ver a sus hijos y que hubiera tienda en los sectores”.

Aviso oficial sobre el ingreso de paquetes publicado por la Dirección de Centros Penales a través de Twitter

La promesa de visitas, junto la posibilidad de realizar llamadas telefónicas, tenían un nombre clave entre los pandilleros presos: “puntos de honor”.

Las visitas, sin embargo, continuaban sin producirse al interior del penal. Los únicos que tenían acceso a ellas eran los líderes que salían de Zacatecoluca durante sus estancias en los centros médicos. El ultimátum de la MS-13 estaba cada vez más cerca y mientras la pandilla seguía sus negociaciones con el Gobierno también continuaba con su plan B, según los análisis de inteligencia. Las autoridades incluso llegaron a recibir información sobre la creación de una lista negra de gente “que le han fallado a la MS13” en la que se incluían miembros detractores, informantes, civiles que no pagaban la extorsión y hasta agentes del Estado que podrían ser ejecutados cada vez que el gobierno no cumpliera con lo pactado.

Zacatecoluca oficializa negociaciones y celebra la Navidad

El traslado de Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, el máximo líder de la Mara Salvatrucha, el 27 de octubre de 2019 hacia el Hospital Santa Teresa para tratarse una supuesta “emergencia médica”, según el “Informe novedades y actividades relevantes” realizado por el órgano de inteligencia policial, marcó un punto y aparte en los homicidios cometidos en el país.

 “Por primera vez tenemos 5 días sin homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz. Esperamos cerrar con un mes histórico”, presumió Osiris Luna el 31 de octubre en el programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21 “La población salvadoreña se merece un precedente donde políticos que han negociado con pandillas enfrenten la justicia, esto tiene que terminar con una condena. No más treguas, ni pactos oscuros”.

Bukele celebraba el 1 de noviembre en Twitter que octubre se había convertido “en el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz”. El Gobierno contabilizó 112 homicidios en aquel mes, un promedio de 3.61 diarios.  

Aquel mismo día, según un reportaje publicado por La Prensa Gráfica, Diablito fue trasladado de nuevo, desde el Hospital Santa Teresa hasta el Hospital Saldaña, en San Salvador, para recibir otra supuesta consulta, como consignó el libro de novedades del penal de Zacatecoluca. Maniaco asegura que durante ese traslado Diablito visitó Izalco para comunicarles a sus homeboys el nuevo compromiso con el gobierno de “cerrar las válvulas”.

“Fueron a sacar a Borromeo a Zacate y lo fueron a sacar para ir a hablar a Izalco. Allá en Izalco llegó uno de Fase III y de Fase II, sacaron a uno de acá y uno de allá para hablar. Cuando entraron de inmediato se regó la bulla (la información), ahí vimos al Diablo”, dice.

La División de Análisis y Producción de Inteligencia de la PNC consignaría meses más tarde en su reporte “Análisis Diario de Fenómeno de las pandillas”, fechado del 5 al 6 de marzo de 2020, que en noviembre de 2019 las pandillas habían dado “inicio” a la orden de no atentar contra el sistema.

 Mientras los homicidios se desplomaban, los traslados de pandilleros a hospitales se dispararon: pasaron de dos en octubre a al menos 19 en noviembre. Solo el 5 de ese mes se registraron tres salidas: una al hospital Rosales y dos al de Santa Teresa. El 20 de noviembre Raúl Armando Bonilla Lazo alias «Slow», miembro de La Federación o Ranfla en las calles en la zona Paracentral del país, quedó ingresado en Santa Teresa por 14 días. Cinco días más tarde, se hizo oficial el ingreso de paquetes de ropa a Zacatecoluca por parte de familiares.

Estas salidas coincidían con una propaganda sobre las campañas de salud en cárceles de la que presumían el presidente y la Dirección de Centros Penales. Se hablaba de la inversión de hasta 1 millón de dólares en “medicamentos para privados de libertad”, la designación de “150 profesionales de salud” en las cárceles y la instalación de al menos una clínica por cada centro penal. Sumado a esto, Bukele anunció el inicio de un programa para curar la tuberculosis y la desnutrición en el sistema penitenciario y añadió:si los homicidios no siguen a la baja, por el contrario, se van al alza… vamos a detener esos programas”.

 

Ese mensaje del presidente fue un ejemplo de lo que muestran los documentos de inteligencia sobre la dinámica de la negociación entre el gobierno y las pandillas. Condicionar beneficios penitenciarios sería la hoja de ruta de las autoridades, la de las pandillas abrir o cerrar “el chorro” de los homicidios. Cada quien retiraría de la mesa de diálogo sus compromisos cuando la otra parte no cumpliera su palabra.

Raúl Armando Bonilla Lazo alias “Slow”

En diciembre, el número de salidas alcanzó las 18. Dos líderes de la Ranfla Nacional, Efraín Cortez, alias «Tigre», y Ricardo Adalberto Díaz Mejía, alias “Rata”, quedaron ingresados en Santa Teresa. El primero es corredor tanto nacional como internacional de la clica Park View Locos y el segundo corredor principal del Programa Centro de San Salvador. Ambos habían participado en la tregua de 2012, impulsada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, donde fueron enviados desde la cárcel de Zacatraz hasta al penal de menor seguridad de Ciudad Barrios para propagar entre sus huestes la reducción de homicidios.

Así llegó la Navidad a Zacatecoluca. El 24 de diciembre, una comisión dejó en el penal 350 combos de Pollo Campestre, según el informe de novedades de ese día. Cuatro horas más tarde el subdirector de Centros Penales, Carlos Aparicio, apareció con 600 cajas más de Pollo Campero.

 

“Llegaron de presto, nosotros ni nos esperábamos eso”, recuerda Modesto, el pandillero que estaba preso para aquellas fechas en Zacatraz. “Al parecer nos iban a vender unos combos de pollo por medio de la tienda, pero cuando se acordó entraron ellos (políticos) también verdad, el mismo día del combo entraron. Entró Osiris y otras personas ahí. Pero cuando estábamos ahí, preguntaron porque había varios así con pasamontañas que la verdad no supimos ni quienes eran. Y cuando les preguntaron que quiénes eran que nos madaban eso (el combo de pollo), pues dijo, ‘denle gracias a Dios’, no más dijo, ‘porque esto Dios se los manda’, dijo. De ahí comenzamos a darnos cuenta de que se habían terminado las medidas extraordinarias. Ya de ahí, después de eso, fue cuando comenzaron a vendernos en lo que era, porque al principio solo vendían 5 dólares de tienda, [se ríe] solo más que todo, solo dos bolsillas de galletillas y rinso (detergente) y jabón”.

Fuentes que presenciaron los beneficios recibidos por lo pandilleros de Zacatecoluca en diciembre de 2019 confirmaron a la Redacción Regional que esta imagen, que se filtró en redes sociales, se corresponde con las actividades realizadas intramuros al final de ese mes.

Modesto y el resto de los internos del sector 2 celebraron dentro de sus celdas, pero hubo un reo de Zacatecoluca, Julio César Melgar Hernández, alias «Power», uno de los líderes más letales de la clica Teclas Locos Salvatruchos, que lo hizo fuera del penal. Power fue trasladado al hospital Santa Teresa por un «chequeo médico de emergencia» y estuvo ingresado por 20 días.

El festejo en Zacatraz, sin embargo, duró poco. “Como a los dos días estaban haciendo una buena limpieza, llevándose todo de nuevo”, dice Modesto. “Comenzaron jugando; daban y luego te lo quitaban. Primero dieron las colchonetas, luego llegaron a recogerlo todo de nuevo. No sé qué pasó y mandaron a recoger todo”.

Los primeros seis meses de gestión del nuevo gobierno cerraron con una reducción de homicidios del 52%, según la versión oficial, por la implementación del Plan de Control Territorial. Los niveles que habían alcanzado en diciembre no se habían registrado en un solo mes ni durante los Acuerdos de Paz ni durante la Tregua del 2012.

Bukele se vanagloriaba por las cifras y deseaba un feliz año nuevo a todos.

Que Dios nos siga bendiciendo”, escribió en su Twitter. Mientras el contador de viajes desde Zacatraz había alcanzado las 55.

 

No se pierda hoy, 7:00 PM.
Capítulo 3: Ni la pandemia ni una masacre detienen las negociaciones

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen

 

En la inauguración del decimotercer Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP), desarrollado el 25 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, la periodista Alejandra Sánchez, directora de Dromómanos, moderó el espacio en el que los expositores, los destacados periodistas Martín Caparrós y Jon Lee Anderson, hablaron sobre los desafíos del periodismo actual en Latinoamérica.

Caparrós y Lee hablaron sobre las derechas e izquierdas que han ido y venido a lo largo de muchos años en la región.

Lee dijo que, a partir del narcotráfico en América Latina, surgió un mercado negro, «una economía paralela a la legal en donde tú podías hacerte rico desde tu perspectiva, eso captó mucha gente de las izquierdas. Recuerdo cuando los guerrilleros de la FARC, empezaron a deponer sus armas y uno de ellos dijo: nuestro gran error fue el pacto con el narcotráfico».

«No digo que eso arrasó con todos, con toda la izquierda, pero con bastante de todos… mirá lo que pasó en El Salvador, con los farabundos, bueno, en todos lados, la violencia viene de la falta de consolidación del Estado de derecho y de la democracia», expuso Lee, quien lamentó que hemos tenido 40 años de la posibilidad de consolidar democracia, pero «lo tiramos al tacho».

Martín Caparrós participa durante la celebración del Forocap 2023 en Guatemala. Foto CC/ Fernando Destephen

En ese contexto, Lee dice que ahora, en América Latina, muchas personas tanto en el norte como en el sur, añoran lo negro o lo blanco, «buscan de nuevo armar realidades propias en donde dicen este es malo y esto es bueno. Y esto abre la puerta a los populismos. Donald Trump propició eso, pero luego vinieron los Milei y los Bukele».

Caparrós recordó que hace unos 20 o 30 años, en los años 90, años neoliberales, una gran parte de nuestros países terminaron bastante mal. Entonces surgieron varios movimientos que, sin provenir de la izquierda, comenzaron a pregonar un discurso de izquierda que fue muy aceptado gracias al fracaso de los años neoliberales. Entre los políticos que Caparros mencionó estuvo Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

«Vengo hace 20 años insistiendo en que llamarlos de izquierda es promover una falacia», sentenció Caparrós, quien detalló que después del «fracaso estrepitoso» de estos países como Venezuela y Argentina, muchos de sus ciudadanos se sienten heridos por ese fracaso y consideró que estas personas «no buscarán la respuesta en la izquierda porque son quienes los llevaron a ese fracaso… entonces ahora, cuando quieren salir de esa situación de miseria, entonces miran a la derecha».

Por su parte, Lee, dijo que «hay matices; cuando comencé a conocer a Chávez era un enigma. Era un tipo que se reconocía ser autodidacta y estaba muy influenciado por Fidel Castro… El chavismo era pujante cuando el neoriberalismo no había suplido las necesidades de mucha gente. Chávez era un tipo casi místico, muy simpático, carismático, tenía plata y podía darla».

Sobre la desigualdad actual en América Latina, Caparrós consideró que «América Latina es desigual porque puede… porque la base de la economía ha sido la explotación». Agregó que lo que siempre hemos hecho es «la extracción y exportación y eso tiene consecuencias», entre estas, que los ricos norteamericanos, al tener todo a su servicio, «no necesitan a los pobres ni para trabajar ni para consumir».

Jon Lee Anderson durante su participación de la inauguración del Forocap 2023 en Antigua, Guatemala. Foto CC/ Fernando Destephen

Bukele y MIlei, ¿qué tienen en común estos tipos de Trump?

Ante esta pregunta, Lee dijo que estos han perdido el miedo y que estamos en una «especie de postideología». Añadió que Donald Trump abrió la puerta hacia esos nuevos comportamientos en donde un candidato puede ser vulgar, un cretino y faltarle el respeto a todo el mundo.

«No sé si las poblaciones ahora en todo el mundo están atados a las redes y a los espectáculos, los más vulgares, y necesitan excitación de sus líderes y hay una necesidad de rebajar el discurso a lo más bajo, y funciona en casi la mitad de estas poblaciones que votan por estos», aseguró Lee.

Lee afirmó que Bukele es quizá «un paradigmático del nuevo populista, el dictador más cool del mundo, es un chulo, pero es funcional al menos en el tema de seguridad, ha dado respuesta a algo que es una necesidad en todos los países».

Caparrós por su parte manifestó que «estamos en un momento pre-utópico. Hay algo que se puede constatar a lo largo del tiempo, hay momentos en la historia en que las sociedades saben lo que quieren para su futuro, entonces trabajan para su futuro y hay épocas en que, como esas ideas de futuro han fracasado, todavía no se han construido las siguientes y creo que estamos en esa época… entonces esto ya es muy difícil, pero todavía no hemos podido concretizar una era de futuro, el problema es que cuando el futuro no es promesa, es amenaza, entonces estamos todo el tiempo temiendo el futuro».

Caparrós afirmó que Bukele «tiene una gran ventaja, con respecto a sus competidores como Milei: es que le salió bien y ha sido eficaz, entonces los políticos que quieren imitarlo son tan torpes que no les sale bien y eso es un alivio extraordinario, pero a la vez es un espanto».

Caparrós agregó que si Milei llega a ser presidente, «Argentina deja de ser el país que yo creía que era… Es muy raro que un país entero acepte que un candidato les diga que habla con su perro muerto y le digan gobiérnenos. Estoy muy preocupado, sigo muy preocupado».

La Secretaría de Infraestructura y Transporte, según el portal oficial Honduras Inversiones, solo ha ejecutado la mitad del presupuesto asignado en 2023 para obras para el control de inundaciones  en el Valle de Sula. Mientras en algunos municipios como La Lima hay satisfacción por las obras realizadas, en otros como San Pedro Sula y Potrerillos —altamente vulnerables— la ejecución es muy baja.

 

 

Texto: Allan Bu

Fotografía: Amílcar Izaguirre

 

«Estamos listos para un invierno normal, quizá copioso, pero si hay un evento extremo como Eta y Iota, el Valle de Sula se va a inundar», sostiene sentado en una pequeña oficina de la Municipalidad de La Lima, Delmis Cardona, quien es jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos en esa ciudad, una de las más golpeadas en Valle de Sula tras el paso de las tormentas Eta y Iota.

 

Su premonición está basada en la experiencia y los datos. Explicó que los bordos tienen alturas de 8 metros, pero durante los fenómenos del año 2020, los niveles de los ríos llegaron hasta 12 metros. No había forma de evitar que el Valle de Sula se inundara. Desde entonces, y como es normal en países que improvisan, se comenzó a hablar de obras de mitigación. Con la asunción al poder de Xiomara Castro se ha vuelto a mencionar la construcción de las represas Los Llanitos y El Tablón. En el Congreso Nacional incluso se aprobó buscar financiamiento para la construcción de El Tablón y se dijo que los estudios para construir estas obras fueron levantados durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ahora asesor presidencial. Lo cierto es que después de dos años de administración de Libre, se ha hecho lo de siempre: reparar los bordos de contención.

 

A casi dos meses de cerrar el 2023, en un recorrido realizado por el equipo de Contracorriente, autoridades de las municipalidades de La Lima y San Manuel manifestaron satisfacción por la ejecución de obras de contención. En esos municipios se ha cumplido con la reparación de la infraestructura para mitigar las inundaciones. En otras ciudades como El Progreso y Choloma se han realizado fuertes inversiones, pero hay algunas comunas como San Pedro Sula y Potrerillos donde la ejecución de obras es muy baja; en este último municipio no se ha concluido obra alguna. La mayoría de estas obras han sido ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Mauricio Ramos, un hombre muy cercano al asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales.

 

El Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDVS) es el ente estatal encargado de planificar y evaluar las obras que se realizan para la contención de inundaciones en el Valle de Sula. Su directora Marisa Mena le dijo a Contracorriente que en esa institución están trabajando a corto, mediano y largo plazo. «Seguimos cerrando boquetes que dejaron Eta y Iota, cerrando boquetes del año pasado por la lluvias de la tormenta Julia, haciendo retiros de bordos, si es necesario, y trabajando en proyectos de mediano plazo como en La Lima, y luego en largo plazo estamos trabajando un plan maestro contra inundaciones en el Valle de Sula. En febrero (2024) vienen los consultores y se trabajará con ellos para entregar un producto en tres años».

 

En La Lima, Cardona asegura que el 98 % de la estructura de contención de inundaciones ha sido reparada. Se ha dragado el Canal Maya, y los puntos donde habían fisuras, o en los que el bordo se había roto, fueron reparados. «Faltan algunas cosas puntuales, pero ya están siendo intervenidas», asegura Cardona. Agregó, además, que a esta ciudad le favoreció el ser declarada zona cero por la presidenta. La inversión en La Lima durante este gobierno alcanzó en el año 2022, según este funcionario,  los L. 140 millones. En el 2023 también se ha invertido solo en medidas de contención arriba de L. 30 millones. «Creo que somos el único municipio que ya tenemos todo el sistema de protección parado, Choloma [también en poder de Libre] todavía tiene bordos dañados y El Progreso no digamos», dijo.  

El Canal Maya en La Lima, que sirve de alivio para las aguas del Río Chamelecón, se sometió a limpieza en el 2023. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

San Manuel, Cortés, es otro de los municipios golpeados por los desastres naturales. Hablamos con el regidor Darío Banegas, quien expresó que en ese municipio han recibido muy buena asistencia del Gobierno Central. «Este año se le ha metido mucha inversión por parte de Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en los bordos más vulnerables. Se ha trabajado bastante en la prevención y reparación de esos bordos. Hay mucha respuesta del Gobierno Central», aseguró. 

 

Los bordos que han sido reparados en el Valle de Sula, aunque mitigan la vulnerabilidad, no son una solución total. Los efectos del cambio climático se han convertido en la principal causa de desplazamiento forzado interno en Honduras. Las sequías y eventos como Eta y Iota provocan más desplazados por la violencia. La Fundación Cristosal, una organización dedicada a promover los derechos humanos en Centroamérica, registró que entre enero y septiembre del 2022, en Honduras hubo 2,088 desplazados internos, y de estos el 78 %, tuvo que dejar sus hogares por las condiciones climáticas. Solo un 16 % lo hizo por la violencia y criminalidad. Se estima que en el país hay 350,000 personas desplazadas. 



No volvieron a Chamelecón

 

Pero los testimonios son distintos en los bordos de contención en Chamelecón. Ahí encontramos a un ciudadano que aseguró que desde las reparaciones realizadas en los puntos que dañaron Eta y Iota hace dos años no hay mantenimiento. En los bordos de Chamelecón hay vacas, ovejas y caballos pastando, animales que son medios de supervivencia, lo que indica que no hay trabajos en los bordos. Muy cerca del puente de la CA-5 que está sobre el río Chamelecón hay máquinas sacando material, pero no avanzan. «Hay partes débiles, y lo que están haciendo es dragado o es un negocio redondo porque ya tienen varios meses de estar en ese lugar y no avanzan», nos dijo Jesús Discua, un líder comunitario del sector. 

 

Todas las personas que viven cerca de los bordos de Chamelecón coincidieron en que no se han reforzado sus estructuras desde hace más de dos años. Estas reparaciones se realizaron cuando después de Eta y Iota los pobladores del sector se tomaron el Bulevar del Sur en protesta por la falta de acciones. En dichas manifestaciones apareció el actual alcalde Roberto Contreras, quien en ese entonces no ostentaba ese cargo. 

 

Otro poblador de Chamelecón externó su preocupación porque los trabajos que se están realizando en el río no son los que las autoridades prometieron. «El gigante está dormido, pero esta tierra no ha sido retirada [muestra la obra en un video de redes sociales. Estamos preocupados porque las máquinas no están trabajando. Se ha sacado material [arena], pero hay mucho material en medio del río», dijo. 

 

En un documento oficial compartido por Aylin Juárez, jefa regional de la SIT en el norte del país, solo aparecen contempladas tres obras en San Pedro Sula en el cauce del Río Chamelecón –ninguna terminada– que alcanzan una inversión de 8,300,000 millones de lempiras, un contraste importante con ciudades como La Lima, San Manuel y El Progreso, Yoro donde se han invertido decenas de millones de lempiras en cada lugar de los mencionados. 

 

Delmis Cardona, de la Unidad de Gestión de Riesgos en La Lima, reconoce que el alcalde limeño Santos Laínez ha tenido mucho apoyo de la Presidencia de la República, y destacó además su capacidad de gestión. «Tenemos la suerte que la línea del Gobierno local y la administración central es la misma», dijo Cardona, quien desde hace 17 años y pasando por el poder tres partidos políticos diferentes, ha ejercido la misma función. 

 

Lejos de la atención que ha tenido La Lima, está la comunidad de Potrerillos, donde según el documento compartido por la SIT solamente hay en ejecución un proyecto con un  valor de 1,722,581 de lempiras y que actualmente está realizado en un 15%. El proyecto se trata de una elevación del bordo que protege a la comunidad del Río Blanco, y justamente a principios de octubre, fuertes aguaceros provocaron que el río inundará algunas aldeas de ese municipio. Intentamos hablar con los funcionarios de gestión de riesgos de esa comuna, pero no respondieron llamadas ni mensajes. 

La Lima es una de las ciudades más vulnerables a las inundaciones en el Valle de Sula. Así luce en un día soleado. Foto CC/ Amílcar Izaguirre.

La directora del CEDVS, Marisa Mena, explicó que la diferencia en inversiones de un municipio a otro es porque los entes encargados de la aprobación y ejecución de obras se enfocan en las prioridades. «San Pedro Sula es un municipio que recauda más de 4,000 millones HNL al año y esta unidad ¿cuánto tiene? 150 millones para 20 municipios. Luego se prioriza, usted tiene ríos y canales. Se analiza la población afectada, área afectada y se va priorizando. Hay un listado de más de 240 problemas pendientes. Acuérdese que este es un sistema hidráulico que los estadounidenses dejaron que tiene más de 40 años de no recibir mantenimiento y ahí vamos cumpliendo», dijo.

 

Leonardo Pineda, analista y exempleado del CEDVS, manifestó que hay una «tramitología gigantesca» para ejecutar obras como las que se necesitan para mitigar las inundaciones. Mencionó que la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) era una unidad descentralizada que tenía su propio presupuesto y cuyas decisiones se tomaban en San Pedro Sula: «ahora la SIT, que absorbió eso, cambió muchas dinámicas, antes se podía resolver más ágilmente dónde invertir el dinero». El CEDVS no tiene ni presupuesto asignado ni poder ni decisión. Pineda recordó que en noviembre del año 2022, cuando aún trabajaba en la institución, se envió la solicitud para un proyecto en la Rivera Hernández, sin embargo, este proyecto comenzó a ejecutarse hace un mes, casi un año después.



Los proyectos de la SIT

 

El Valle de Sula es la zona más productiva de Honduras. Se estima que el 63 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país tiene su origen en la actividad económica de este valle, que está afincado en cuatro departamentos. Abarca los 12 municipios de Cortés, tres de Yoro, dos de Santa Bárbara y uno de Atlántida. El Valle de Sula es recorrido por los dos ríos más caudalosos del país: Ulúa y Chamelecón, que trasladan hacia el mar un 25 % del agua que cae en Honduras. Esto hace al Valle de Sula tan productivo como vulnerable.

 

Bajo las actuales circunstancias se puede derivar en una conclusión: el Valle es inundable en fenómenos como el Huracán Mitch y las tormentas Eta y Iota. Aunque haya una estructura de bordos, se va a inundar, «eso pasa hasta en los países industrializados», dijo Leonardo Pineda, quien afirma que por el cambio climático las lluvias caen en menor tiempo y en zonas más concentradas. Obviamente también puede inundarse en un invierno normal si la estructura de los bordos no recibe mantenimiento.

 

Delmis Cardona, el jefe de Gestión de Riesgos en La Lima, repite que para un invierno normal están preparados, pero señala: «ahora si viene una cuestión extrema, que se diga un huracán categoría 3, es inevitable, el Valle de Sula se va a inundar. La mayor altura de los bordos es de ocho metros, pero si toma de referencia en Eta y Iota, fueron 12 metros de altura, entonces no se puede detener [el agua]».

 

Marisa Mena, directora del CEDVS, aseguró que ella quisiera cambiar ese discurso de que si «los bordos no están listos, nos vamos a inundar», pues la realidad es que el Valle de Sula se ha inundado desde siempre, y afirmó que esto fue producto de inundaciones. Además, explicó que por el Valle pasa el agua que cae en una enorme cuenca de 24 mil  kilómetros cuadrados, que como si fuera un embudo enorme, «recoge agua y solo tiene dos ríos principales que tiran el agua  al mar. Está escrito desde 2017, en un estudio que hizo el Banco Mundial con COPECO, que los bordos no pueden detener esas lluvias».

 

Aylin Suárez, jefa regional de la SIT en el norte del país, afirmó en una comparecencia en La Lima que entre noviembre del año 2022 y septiembre del 2023, la SIT ha invertido más de 350 millones de lempiras en infraestructura para mitigar las inundaciones, aunque en un documento compartido por esta institución, las inversiones en el 2022 solo alcanzan un poco más de 170 millones HNL. Para este año en el portal Honduras Inversiones en el proyecto de presupuesto se contemplan 200 millones de lempiras para la cuenta «obras para el control de inundaciones en el Valle de Sula»; hasta la fecha de publicación de esta pieza había disponibilidad de 107 millones HNL, por lo que se ha ejecutado un alrededor de 50 %. 

Ena Aguilar vivía en el bordo de Chamelecón. Contó que la estructura no ha sido reparada. Después de Eta y Iota pudo reconstruir su casa de láminas de zinc con ayudas de organizaciones humanitarias. «Dios quiso que regresamos aquí», dijo. Foto CC/Amílcar Izaguirre

 Esto es el 2.4 % del Presupuesto de la SIT para el 2023, que según el mismo portal, tiene disponibles 7,846 millones HNL para invertir en diferentes cuentas como construcción de puentes, mantenimiento de red no pavimentada, obras de emergencia, construcción de obras urbanas y construcción de carreteras, entre otras.

 

En el proyecto de presupuesto general para el 2024 uno de los puntos que destacan es que la SIT recibirá un 87 % de aumento en la asignación de fondos —que equivale a más de 5 mil millones de lempiras— comparado con el presupuesto de 2023.  En detalle, la SIT pasó de tener un presupuesto de 6 mil 580 millones de lempiras a 12 mil 281 millones. Hay que decir que, según Honduras Inversiones, en el 2023 hubo una reasignación de fondos y el presupuesto de la SIT quedó en casi L 8,000 millones.

 

Este incremento a la SIT —secretaría que se encarga de operar en el sector de infraestructura a nivel nacional en cuanto a la construcción de carreteras, urbanismo, edificaciones públicas y obras de mitigación— se da en el año destinado a elecciones primarias en Honduras. El catedrático y analista  Julio Raudales le dijo a Contracorriente que el incremento en la infraestructura previo a un año electoral es algo recurrente en Honduras, y que por esta razón se debe observar detenidamente en qué se destinará el presupuesto asignado no solo a la SIT, sino a todas las secretarías e instituciones.

 

Durante la conversación publicada en redes sociales de la Municipalidad de la Lima, Suárez anunció que han realizado una gira con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que después de esto se proponen realizar un «plan maestro para el Valle de Sula»; a partir de tener definido este plan «se hará un dragado de los canales de alivio y posteriormente empezar a atacar los municipios que son más afectados, entre ellos La Lima, pero son proyectos que tenemos en ejecución entre 2024 y 2025», dijo.

 

En la ejecución de los fondos asignados para mejoramiento de las obras de contención en el Valle de Sula, la ejecución ha sido lenta. Faltando dos meses para finalizar el año solo se ha ejecutado el 50 % de los fondos asignados. Hay municipios como San Pedro Sula y Potrerillos donde, según información facilitada por la SIT, no se ha terminado ninguna obra. En Potrerillos algunas comunidades ya fueron inundadas por el Río Blanco, en cuyo bordo está contemplado realizar una elevación por un valor de 1,722,581 HNL, pero hasta el momento solo se ha avanzado en un 15 %.

 

Contracorriente se comunicó con Aylin Suárez, jefe de la SIT en el norte del país, pero aunque inicialmente aceptó tener una conversación sobre el tema, hasta el momento de publicación de esta nota, no hacontestado las llamadas y mensajes que se le hicieron después del primer contacto.

 

Leonardo Pineda sobre la lenta ejecución de las obras en el Valle de Sula afirma que «la disponibilidad de contratistas no es alta», y por otro lado señala que los trámites para aprobar un proyecto son enormes: «eso puede tardar seis u ocho meses. Eso es causa del cierre de la CCIVS». La SIT es el ente encargado de aprobar y llevar a cabo los proyectos a través de la Unidad Ejecutora con sede en San Pedro Sula.  Ahora opera el CEDVS esencialmente para evaluar la factibilidad de los proyectos solicitados por las comunidades y después mandarlo a aprobación a Tegucigalpa. Este ente no tiene presupuesto ni capacidad de decisión.

 

Pineda agrega que en aras de la prevención en el Valle de Sula «debería existir una autoridad regional con agilidad, descentralizada y con presupuesto suficiente para dar mantenimiento a la estructura hidráulica, eso no existe. Lo que hacen para hacer rápido en este momento es decretar una emergencia y hacerlo todo así. Ahí usted sabe que es piñata [se presta para prácticas corruptas]». 

Así luce el bordo de contención del río Chamelecón. Algunos pobladores lo usan para pastar ganado y también es un botadero de basura. Foto CC/ Amílcar Izaguirre.

Marisa Mena defiende su gestión al frente del CEDVS y también la disposición del Gobierno: «Le puedo decir que aquí hay método, hay compromiso, hay honradez y conocimiento. Estamos acuerpados, tenemos un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se llama  «fortaleciendo respuesta en el Valle de Sula», nos están capacitando porque aquí se perdió el conocimiento en la ingeniería, hace unos 15 años», dijo.

 

Jorge Peña, quien es representante de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa del Valle de Sula (CODEVAS) manifestó que la construcción y reparación van avanzando, pero «la necesidad es bastante grande. En cada municipio se requiere hacer muchas obras». Afirmó que el CEDVS y la Unidad Ejecutora ya están haciendo cierre fiscal del año 2023 y la obras pendientes se ejecutarán el próximo año. Dijo que están visitando comunidades para realizar el perfil de los proyectos solicitados.

 

Mientras estudios van, estudios vienen. Los interminables trámites ganan tiempo y en el fértil Valle de Sula se espera que no haya un invierno copioso.

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