Human Rights Watch: Gobierno de Xiomara Castro ha fallado en cumplir promesa de fortalecer los DD. HH.

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su informe mundial de derechos humanos, que incluye más de 100 países. Sobre Honduras, el informe establece que el Gobierno que preside Xiomara Castro ha fallado en cumplir una de sus promesas de campaña: «fortalecer los derechos humanos». El informe recoge datos sobre asesinato de defensores, femicidios, migración y violaciones a los derechos humanos. También destaca que el país, desde hace muchos años, sufre «corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad», entre otros.

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografía: Jorge Cabrera

«El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país», indicó la oenegé Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre derechos humanos 2024, divulgado este jueves.

El informe de HRW destacó que, entre enero y agosto de 2023, 236 defensores de derechos humanos sufrieron «hostigamientos, amenazas o ataques», mientras que al menos 13 fueron asesinados en ese mismo año. También destacó que 11 defensores fueron asesinados el 2022.

HRW resaltó en su informe lo peligroso que es ser defensor del ambiente y de la tierra en Honduras. Citando datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, HRW indicó que «más del 90 % de los defensores asesinados eran defensores del medioambiente y de la tierra».

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Otra de las críticas planteadas por HRW son las «graves falencias» que presenta el Mecanismo de Protección creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

«El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan», subrayó HRW.

La titular de la Secretaría de los Derechos Humanos en Honduras, Natalie Roque —quien ha sido señalada por defensores de «desbaratar» el Mecanismo de Protección— publicó el pasado 9 de enero en su cuenta de Twitter que «globalmente» se resalta el compromiso continuo del Gobierno de Honduras «en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción».

La ministra de DD. HH. agregó que «si algunos no lo quieren reconocer, es porque nada de lo que haga nuestro gobierno será reconocido por quienes nunca han buscado el bienestar común y solo velan por sus intereses».

La ministra de DD. HH. invocó una resolución adoptada por la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones sobre la «Lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras» en donde, según dijo, se elogió «los esfuerzos constantes del Gobierno», y agregó que en la evaluación de la Cuenta del Milenio en 2023 se revelaron «avances sustanciales en áreas clave como política fiscal, inflación, género en la economía, derechos políticos y libertades civiles».

En el contexto de libertades civiles, HRW expuso la situación de peligro a la que estuvo expuesta la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, indicando que tuvo que salir de Honduras en junio de 2023, tras recibir amenazas luego de publicar un informe sobre nepotismo en el Gobierno.

«Castellanos regresó al cabo de un mes y continuó denunciando prácticas corruptas», expuso HRW.

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La oenegé HRW indicó que Honduras sufre «corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente».

En cuanto a la interferencia política en el sistema judicial, HRW criticó la forma en cómo se escogió la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2023, en donde «los partidos políticos se dividieron las vacantes entre ellos»; sin embargo, destacó como punto positivo que los congresistas «esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores».

HRW hizo eco del descontento mostrado por la sociedad civil por el rol que jugó la junta proponente para la elección del fiscal general en Honduras, al enviar un listado de cinco candidatos al Congreso Nacional después de un proceso que estuvo influido por «intereses políticos».

El ministro Ricardo Salgado, actual titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, fue incluido en la Lista Engel a finales del año pasado, señalado por el Departamento de Estado de EE. UU. de socavar los procesos o las instituciones democráticas, al dirigir los esfuerzos coordinados de grupos leales al Partido Libre «para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023». Además de Salgado, fueron incluidos el empresario hondureño de origen paquistaní Mohammad Yusuf Amdani, y el también empresario Cristian Adolfo Sánchez.

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HRW —basándose en datos oficiales de 2021— indicó que «cerca del 80 % de los hondureños de las zonas rurales vivían en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a 7 dólares diarios, y casi todos ellos en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 4 dólares diarios» y que, a marzo de 2023, los datos oficiales mostraban que «el 14 % de los hondureños no sabía leer ni escribir».

HRW explicó que las remesas representaron casi el 8 % de la fuente total de ingresos de los hondureños, lo que supone el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La oenegé explicó que lo anterior constituye «la tasa más alta de América Latina y el Caribe, según datos de 2022 del Banco Mundial».

En cuanto a la seguridad pública, HRW expuso que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3,661 homicidios reportados por la policía en 2022, lo que significa una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Durante un discurso, la presidenta Xiomara Castro dijo el pasado 1 de enero que fue «acertada» la decisión de entregar a las FF. AA. y a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el control de los 25 centros penitenciarios. Afirmó también que con la puesta en marcha del estado de excepción, la operación contra el crimen y el Plan Fe y Esperanza, se redujo «gran parte del crimen que antes era ordenado desde las cárceles, así como el decomiso de armas, municipios y equipo de comunicaciones». 

El informe de HRW recoge datos sobre femicidios y la violación a los derechos sexuales y reproductivos, que colocan a Honduras con una de las tasas más altas de femicidios en América Latina, y cita los estudios del Centro de Derechos de Mujeres, que contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.

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«El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para quienes se sometan a abortos y para quienes los practiquen. En marzo, los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema confirmaron una sentencia anterior que rechazaba el argumento de que la prohibición era inconstitucional», indicó HRW.

El comunicado también critica las vulneraciones a los derechos de personas con discapacidad, haciendo hincapié en las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en los servicios de transporte público y el escaso acceso a información. Además, resalta que según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, «el 14 % de los hondureños tiene algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial».

Sobre migración, HRW indicó que entre enero y septiembre de 2023 el gobierno mexicano informó que 31,055 hondureños solicitaron asilo en México, sólo superados por los haitianos. Además, destacó que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Honduras «continúan sufriendo un alto grado de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país».

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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