El investigador que denunció los favores al narcoestado del fiscal que se va 

Las conexiones entre los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández con el narcotráfico fueron descubiertas por un abogado que, cuando tenía 21 años, fue un detective que participó en sendas operaciones contra el cartel de los Valle Valle. Como abogado de la Fiscalía, Josías Aguilar descubrió los nexos del expresidente con el narco, y lo denunció ante su jefa directa, Soraya Cálix, y ante el fiscal general que se va, Óscar Fernando Chinchilla. Esta es la historia de todo lo que, durante una década, no hizo el Ministerio Público contra el narcoestado hondureño.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
Ilustración: Stupidgiant

El área donde trabaja el abogado Josías Aguilar es amplia, dividida en dos secciones, una para los denunciantes y otra, separada por una barrera horizontal de pequeños escritorios, destinada a los fiscales, sus auxiliares y para guardar expedientes. Lo que se platica aquí resuena alrededor de este local que tiene el techo alto, estilo catedral, amplio, que debe serlo, porque las columnas de expedientes son enormes.

Josías, de 29 años, está sentado en un diminuto cubículo de recepción de denuncias, en el deteriorado anexo del Ministerio Público en Tegucigalpa, ante un puñado de sillas puestas para los denunciantes. Josías no aparenta ser quién es: el empleado que se atrevió a denunciar al Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla y a Soraya Cálix, su antigua jefa en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), de proteger a una red de narcotraficantes que se coludió con lo más alto de la política hondureña.

Con palabras ligeras, Josías explicó que, en su momento, él alertó a sus superiores de las vinculaciones con la narcoactividad, primero, del exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández y también de su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, ambos actualmente presos en EE. UU. por narcotráfico.

«¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no me han mandado a ejecutar? ¿O por qué no me han mandado a exiliar o cosas así por el estilo?», se pregunta Josías, en voz baja, inclinando su cuerpo hacia adelante, entrecerrando los ojos achinados que tiene detrás de sus lentes.

Se responde a sí mismo como quien se sabe, de alguna manera, blindado. «No sé si se acuerda cuando el año pasado se le intentó hacer el antejuicio al Fiscal General. Con lo que le intentaron hacer el antejuicio fue con mi informe, porque éste se filtró, porque lo presenté en varios lados: Secretaría de DD.HH., Conadeh, Embajada Americana, en un montón de lados, para resguardarme, denunciando al Fiscal General y a la abogada Soraya Cálix, con pruebas».

El pasado 12 de mayo de 2022, una comisión especial de diputados presentó un informe al pleno del Congreso Nacional en donde recomendó hacerle un juicio político a Chinchilla. Según la sesión legislativa, que quedó grabada, también se recomendó hacer un juicio al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, por no haber sancionado a jueces o magistrados que favorecieron a narcotraficantes mientras conocían causas penales.

Se informó en esa sesión, que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instruyó a Secretaría de este Poder del Estado para que procediera a traducir ese informe al idioma inglés y enviar una copia a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), a todas las Embajadas acreditadas en el país, a los Organismos Internacionales de Investigación del Narcotráfico y a toda la Comunidad Internacional. «Para que todo el mundo se entere que este Congreso Nacional está poniendo orden en el país», dijo en ese momento una de las secretarias del Congreso Nacional, la diputada Angélica Smith.

La congresista Silvia Ayala, integrante de la Comisión Especial de Extradición que presentó la recomendación de juicio político, confirmó lo que dijo Josías, explicando que recibieron información oficial en donde detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico señalaban «una gran cantidad de irregularidades cometidas, en aquel entonces, por la titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico [Soraya Cálix]; y en donde se denunciaban órdenes ilegales, manipulación de expedientes y una serie de situaciones que los detectives pusieron en conocimiento al Fiscal General de la República y él no actuó. Esa es parte de las acciones que le digo que, por omisión, incurre en responsabilidad el Fiscal General de la República».

Según los diputados, las pruebas contra Chinchilla están resguardadas en la «caja fuerte del Congreso Nacional». «El fiscal es una persona que sirvió para que una gran cantidad de actos que podrían haber sido constitutivos de delitos, no se sometieran a la justicia», expuso Ayala.

El informe, que en mayo del año pasado se dijo se haría público, aún no se ha publicado. Cuatro diputados consultados por Contracorriente afirmaron que no tenían el documento ni en digital ni en físico. En víspera de la salida de Chinchilla del Ministerio Público, algunos congresistas hicieron consultas a la secretaría del Legislativo y al departamento de gerencia. Finalmente, el informe no fue facilitado.

Para los diputados, la directora Soraya Cálix también debe de ser investigada porque hay una gran cantidad de denuncias en su contra: órdenes que ella dio a detectives, subalternos, expedientes que señalan que, según el relato de testigos, fueron manipulados por Cálix, y a los que incluso se les extrajeron folios.

«Todas esas situaciones era una obligación del Ministerio Público investigarlas, porque no se trataba de señalamientos menores, y no se trataba de una funcionaria de bajo nivel, pero independiente del nivel y del cargo, y la naturaleza de los hechos que se estaban denunciando, éstos requerían una investigación profunda y oportuna por parte del Ministerio Público, una investigación que no se realizó», expuso Ayala, que añadió que por el contrario, fueron «algunos detectives que tuvieron repercusiones por haber hecho estas denuncias».

Uno de estos detectives es Josías, quien asegura haber cambiado de carro al menos cinco veces, y que la casa donde vivía con sus padres quedó abandonada. «Me han cortado los frenos de mi vehículo, hace como tres meses. En la casa donde anteriormente vivía me fueron a hacer disparos».

Sede del Ministerio Público en Tegucigalpa. En este edificio, Óscar Chinchilla ha tenido su oficina durante más de una década. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Sede del Ministerio Público en Tegucigalpa. En este edificio, Óscar Chinchilla ha tenido su oficina durante más de una década. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Josías saltó hace unos meses a la palestra tras participar en una protesta de empleados del Ministerio Público que duró 79 días, a la cual se sumaron los empleados de Medicina Forense —dependencia del Ministerio Público—, deteniéndose, por un tiempo, los levantamientos cadavéricos, lo que dejó cuerpos abandonados en ríos y en carreteras.

Actualmente, Josías espera que con la elección de un nuevo fiscal la realidad cambie para ellos, que se depure el Ministerio Público, que se cumpla con el mecanismo de protección de abogados y fiscales, y además, que se contrate más personal porque la carga es excesiva.

—¿Sabe cuánto es la mora fiscal? —preguntó Josías

—¿Cuánto? —pregunté

—Arriba de 100 mil expedientes

—¿En qué período de tiempo?

—Pongámosle que de unos 10 años

Josías explicó que esta mora fiscal se debe a que el Ministerio Público cuenta con pocos fiscales, 841 a nivel nacional, según la plantilla de julio. Agregó que eso contrasta con los miembros de otras dependencias como las FF. AA. y la Policía Nacional, que tienen entre 15,000 y 20,000 efectivos en sus filas, incluyendo a los agentes de inteligencia que remiten constantemente casos al Ministerio Público. «¿Cuántos tiene el Ministerio Público? Solo somos 3,766 empleados a nivel nacional (3,558 con acuerdo de permanencia). ¿Se imagina a 5,000 agentes de la Policía remitiendo casos y a 5,000 agentes de inteligencia de las FF. AA. remitiendo casos?».

Existe disparidad en los salarios de los fiscales en Honduras. Por ejemplo, el total de ingresos en el mes de julio para el Fiscal General en Honduras fue de 235 mil lempiras, unos 9,500 dólares. Mientras que algunos coordinadores de algunas fiscalías y algunos fiscales titulares recibieron arriba de 100 mil lempiras, unos 4,000 dólares. El salario de los fiscales y auxiliares oscila entre 25 mil y 50 mil lempiras mensuales. En escasas situaciones, hay fiscales auxiliares devengando 21 mil lempiras. Luego hay salarios más bajos todavía que son devengados por motoristas, receptores de denuncias, entre otros.

Según lo expresado por Josías, la carga pesada es alta, pues algunos fiscales están conociendo hasta 700 casos. «¿En qué vida y con qué tiempo va a resolver esa carga?». Josías manifestó que en otros países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala los salarios de los fiscales oscilan entre los 1,400 dólares y los 2,300 dólares.

Óscar Chinchilla, el hombre del «anonimato absoluto»

El Fiscal General, Óscar Chinchilla, ha sido fuertemente cuestionado en su puesto pero nunca fue interpelado por el Congreso Nacional. Foto CC/ Jorge Cabrera.
El Fiscal General, Óscar Chinchilla, ha sido fuertemente cuestionado en su puesto pero nunca fue interpelado por el Congreso Nacional. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Óscar Chinchilla, de 51 años, es abogado y notario, nació en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, en donde se desarrolló como un hábil abogado penalista en una región habituada a los asesinatos, narcoactividad y contrabando. No es un funcionario fácil de contactar. Cuando lo intentamos, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que Chinchilla no era un hombre mediático y que «quizá haya concedido una entrevista durante los últimos cinco años».

También intentamos contactar a la abogada Soraya Cálix. Yuri Mora afirmó que ésta dejó, este año, de ser la titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y que ahora funge «en alguna» de las áreas de la Fiscalía de Delitos Comunes, porque cuando asumió como directora de la DLCN había pedido permiso. No obstante, en el organigrama del Ministerio Público, Cálix sigue apareciendo con el cargo de directora de la DLCN.

«Chinchilla era un abogado de provincia. Fue llevado a Tegucigalpa por el designado presidencial Víctor Hugo Barnica, quien lo anduvo presentando a diferentes políticos por su modestia, prudencia, su bajo perfil, por su obsequiosidad de haber venido a conocer un mundo que no se daba en la provincia. Él se identificó mucho con Juan Orlando Hernández. Se habla de que Hernández lo tenía largos períodos de pie esperando que lo recibiera. Hernández le demostró quién mandaba», dijo el abogado Raúl Pineda, exdiputado nacionalista, antiguo aliado de JOH en el Congreso Nacional.

El primer cargo público de Óscar Chinchilla fue en el año 2002, cuando figuró como diputado suplente de José Sady Contreras por el Partido Nacional. Estuvo ahí hasta el 2003, donde pasó a integrar la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. En 2009 fue escogido para desempeñarse durante siete años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); siete años que nunca llegó a completar durante la administración de Jorge Rivera Avilés, período 2009-2016, porque el Partido Nacional hizo lo necesario para convertirlo en Fiscal General.

Óscar Chinchilla fue severamente criticado en 2012. Fue el único de los cinco magistrados de la Sala Constitucional en no ser destituido por el Congreso, el 12 de diciembre de ese año. Chinchilla votó en contra de un recurso de inconstitucionalidad —expediente RI-769-11— sobre las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), también conocidas como ciudades modelo, proyecto que le quitaba soberanía al territorio nacional. En ese entonces, el Legislativo era presidido por Juan Orlando Hernández. La razón por la que Chinchilla quedó en pie fue evidente: votar en contra de declarar inconstitucional un proyecto que después se convirtió en las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes), un proyecto central de Hernández, que se perfilaba de frente hacia la presidencia de Honduras.

Al ganarse la confianza del Partido Nacional, Chinchilla interrumpió su magistratura en la CSJ para convertirse en Fiscal General el año 2013, en un proceso plagado de vicios e irregularidades.
«Le decían fiscal cinco estrellas y lo presentaban como un extraordinario funcionario. Es un hombre que ahora ha caído en un anonimato absoluto, sin el respaldo de nadie. Es un vaso de agua. Llega ahí por voluntad de un caudillo autoritario como era Juan Orlando Hernández. El problema es que él tiene una personalidad muy aletargada, no sabe lo que es ser un fiscal, un fiscal debe ser un guerrero y debe tomar algunas medidas que implican a veces un riesgo personal. Él simplemente es un hombre que cobra un cheque todos los meses», añadió Raúl Pineda.

Chinchilla está casado con Catherine Chang Carías, nombrada en su momento por el expresidente Hernández como directora del Banco Central de Honduras (BCH) y como directora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Chang estuvo en este último puesto hasta marzo de 2022 cuando el gobierno de Xiomara Castro la sustituyó por Belinda Martínez.

El abogado Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula y ex fiscal, asegura que las dos elecciones de Óscar Chinchilla como Fiscal General fueron fraudulentas. Tanto la de 2013 como la de 2018. El Partido Nacional tenía claridad de que necesitaba controlar el Ministerio Público y para eso, su gobierno intervino la entidad en 2013, que en ese momento era dirigido por un cuestionado Luis Alberto Rubí, quien se vio obligado a renunciar tras una veintena de graves denuncias en su contra.

Pero para Menjívar, todo esto fue una trama bien montada, porque a pesar de que Rubí era un ex fiscal inoperante, una vez que renunció nunca le presentaron ni un tan solo requerimiento fiscal. Lo apartaron solamente para adelantar un proceso de elección y asegurar un fiscal que obedeciera los intereses del Partido Nacional.

«En agosto de 2013 nombraron de manera anticipada a Chinchilla, porque el período de Luis Rubí debía finalizar en marzo de 2014», explicó Menjívar. Para él, Juan Orlando Hernández tenía claro que necesitaba elegir un fiscal a la medida debido a que en un nuevo Congreso, que iba a estar integrado por primera vez por diputados del Partido Libre, y diputados del PAC —que eran de Salvador Nasralla en ese momento—no le daría garantías para cumplir el cometido. Para el segundo período de Chinchilla —que fue electo violentando el artículo 232 de la Constitución de la República—, Menjívar indicó que a éste lo dejaron en contra de su propia voluntad, «porque él había dicho que no quería y sin embargo lo nombraron y él aceptó esa imposición. Por eso fue que ese Ministerio Público nunca hizo nada de perseguir al narcotráfico, especialmente el que estaba vinculado a Juan Orlando Hernández y a Tony Hernández».


Detective de la DLCN pidió autorización para denunciar a Tony Hernández

El expresidente Juan Orlando Hernández, hermano del exdiputado Tony Hernández, presentado a mediados de febrero de 2022 tras haber sido capturado para proceder a su extradición a EE. UU. que lo solicitó por cargos de narcotráfico. Foto CC/ Jorge Cabrera.
El expresidente Juan Orlando Hernández, hermano del exdiputado Tony Hernández, presentado a mediados de febrero de 2022 tras haber sido capturado para proceder a su extradición a EE. UU. que lo solicitó por cargos de narcotráfico. Foto CC/ Jorge Cabrera.

El 2016, un Josías de 22 años, para entonces detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), fue asignado a la regional de occidente en Santa Rosa de Copán. «Yo recuerdo que nosotros inauguramos la regional de la DLCN el 8 de febrero de 2016 por orden de la Embajada (americana) y del Fiscal General, porque era un punto álgido en Copán. Se acaba de extraditar a los Valle Valle y habían caído los Cachiros, y se quería golpear fuertemente a la zona de occidente».

En diciembre de 2014, los hermanos Miguel y Luis Arnulfo Valle Valle fueron extraditados a Estados Unidos acusados de mover toneladas de cocaína desde Honduras hacia ese país, mientras que los Cachiros, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, se entregaron a la justicia estadounidense en enero de 2015.

«Cuando nosotros llegamos allá [a occidente], lo primero que hacemos es comenzar a recoger información, en conjunto con agentes de la DEA. Su servidor pues tuvo la dicha de que, aunque quien capturó a los Valle Valle fue Ramón Sabillón, un caso no termina con la captura, sino con la sentencia, con desbaratar las estructuras que quedan, y quien quedó con ese caso fui yo», explicó Josías, quien afirmó que en ese entonces el Ministerio Público comenzó a montar operaciones como Redada IRedada IIOperación CerberoOperación Volcán, todo eso en el marco de golpear la estructura de los Valle. «¿Qué fue lo que pasó?, nosotros comenzamos a golpear fuerte, y a raíz de que nosotros íbamos golpeando fue saliendo más información».

Josías reveló a Contracorriente que a medida se iban realizando estas capturas, le resultó reiterativo que los narcotraficantes capturados se quejaran de que no se estaba tocando a otro selecto grupo de narcotraficantes. Lo mismo manifestó en su momento el exdirector de la Policía Nacional y ex secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.

«Cuando usted va agarrando un narco, y éste ve que no se está tocando a otra estructura criminal, lo primero que le reclaman a uno, ¿verdad que a vos te mandó éste? o ¿va que vos te mandó aquel? Y yo inocente, porque entré a los 21 años a trabajar al Ministerio Público», sostuvo Josías.

Josías externó que en 2016, siendo un joven de 22 años, le comenzó a llegar información sobre el entonces diputado Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, hermano del entonces presidente de la República.

«Él no tenía ni una denuncia. Vengo yo y le pido una reunión a mi superior inmediato y le digo que el presidente de la República también está ligado con la estructura criminal tal, tal y tal».

Su superior lo llevó hasta la abogada Soraya Cálix, que ya era directora, «para ver si ella autorizaba aperturar (abrir) la denuncia. “Entonces mi superior pregunta, ¿quién va a llevar la denuncia? Todos tenían miedo. Entonces yo dije: yo la voy a llevar».

Josías continuó relatando que cuando estuvo frente a Soraya Cálix sintió que algo extraño estaba pasando, pues no sintió la misma disposición de abrir una denuncia, tal y como había sido la dinámica seguida con el cartel de los Valle Valle. «Es ahí donde se viene algo contrario a las acciones que venía haciendo Chinchilla, ¿por qué?, porque nosotros le consultamos a Soraya Cálix si podíamos abrir la denuncia y lo primero que ella dijo fue: ¿cuáles son las pruebas que ustedes tienen en contra de esta persona?… No, no se va a aperturar, me dijo».

Josías reveló que esa conversación se dio en una reunión en donde había más de 30 personas presentes. «Yo la increpé y le dije: abogada, pero el caso de los Valle se abrió por fuentes. ¿Y qué pruebas teníamos contra los Valle? Ninguna». Josías agregó que en ese tiempo todavía no sonaba tan fuerte el nombre de Mario José Cálix alias «Cubeta» —acusado de narcotráfico por una corte de Nueva York en 2019— quien es primo de la abogada Soraya Cálix, según reveló el 2019 el Diario Tiempo de Honduras. «Pero nosotros seguimos golpeando, seguimos golpeando, pero solo a la estructura de los Valle», expuso Josías.

A principios del año 2019, la Corte del Distrito Sur de Nueva York formuló una acusación formal contra «Cubeta» Cálix de traficar drogas hacia Estados Unidos. Actualmente está prófugo de la justicia. En una publicación de la Embajada de Estados Unidos, sobre los cargos contra el exalcalde Amílcar Ardón, se informa que los cargos también eran contra Mario José Cálix, a quien describen como un cómplice de Tony Hernández.

Josías dijo que existen intervenciones telefónicas en donde se menciona a Tony Hernández por parte de los Valle Valle. Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua más treinta años de prisión por un juez estadounidense. Los audios —en poder del Ministerio Público, según lo revelado por Josías Aguilar— también mencionan al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez. «Ahí están las intervenciones de los Valle cuando dicen: vamos a ver esto en la casa de Tony. Por eso digo que la justicia es a ciegas, porque hay un montón de cosas que la gente no se da cuenta», dijo Josías.

Óscar Chinchilla, ¿candidato a la extradición?

El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez —que inició en marzo de 2021— no solo trajo consecuencias para el expresidente de Honduras, sino que en este se mencionó cómo Juan Orlando Hernández se sentía seguro con la institucionalidad puesta al servicio de un narcoestado, según lo manifestado en las acusaciones realizadas por fiscales estadounidenses.

Ha sido una constante que en juicios desarrollados en EE. UU., el expresidente Juan Orlando Hernández sea señalado por fiscales estadounidenses de haber convertido a Honduras en un narcoestado. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Ha sido una constante que en juicios desarrollados en EE. UU., el expresidente Juan Orlando Hernández sea señalado por fiscales estadounidenses de haber convertido a Honduras en un narcoestado. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En la acusación contra Fuentes Ramírez, se acusa a Hernández de haberle aconsejado en el 2013 para que no se preocupara por la ley, porque el fiscal general [Oscar] Chinchilla había sido designado para protegerlos a ellos y también a la droga. Según la acusación, todo el sistema estaba coludido: los transportes de droga tendrían la protección de los militares y la policía, y si Estados Unidos se daba cuenta, el sistema modificaría la ley a su favor.

La misma referencia aparece en la acusación que hicieron los fiscales de Nueva York contra Juan Orlando Hernández, en donde se indicó que, durante múltiples reuniones en 2013 y 2014, Juan Orlando aceptó decenas de miles de dólares de Fuentes Ramírez, a cambio de protegerlo del arresto y extradición, prometiendo ayudas a través del Fiscal General.

El vicealcalde de San Pedro Sula, sentado en su oficina ubicada en el centro de la capital industrial de Honduras, dice conocer bien la carrera de Óscar Fernando Chinchilla. Menjívar fue fiscal entre diciembre de 2000 y agosto de 2007, con asignaciones en los municipios de Santa Rosa de Copán y en su natal Catacamas, en donde lideró casos contra la criminalidad organizada.

Para Omar Menjívar el Ministerio Público no necesitaba que alguien presentara una denuncia sobre la ocurrencia de un delito para abrir investigaciones. «Cuando usted comete delitos de orden público y por supuesto el narcotráfico lo es, está obligado a actuar el Ministerio Público, y aquí era evidente el rumor, si se quiere decir de una forma suave, de que JOH y Tony estaban vinculados al narcotráfico y no se inició ningún proceso de investigación».

Lo anterior también puede sustentarse en los artículos 25 y 267 del Código Procesal Penal.

«Pero hay un delito particular, que es la omisión del deber de perseguir delitos, que le compete claramente al fiscal general. En el artículo 515 [del nuevo Código Penal] está ese delito y él incurrió en esa conducta. O lo piden en extradición en EE.UU., que creo es una posibilidad alta o acá el nuevo Fiscal General le tiene que revisar la conducta de Chinchilla e inevitablemente concluirá que incurrió en delito», concluyó Menjívar.

Según él, está cercana la posibilidad de que EE. UU. pueda pedir a Óscar Chinchilla en extradición «porque en todo caso fue un facilitador de las operaciones del narcotráfico, al no representarles ningún obstáculo a esas organizaciones porque no las persiguió ni les inició procesos de investigación».

A Óscar Chinchilla —añadió Menjívar— en el caso de no ser extraditado, le aplica también una disposición del ámbito nacional: «para empezar, violación de los deberes de los funcionarios, el Ministerio Público tiene, de acuerdo con la ley y la Constitución, el ejercicio ineludible de la acción penal pública». Esto se puede encontrar en el artículo 349 numeral 3 sobre Omisión a los Deberes de los Funcionarios (Código Penal, decreto 144-83) y también en el artículo 449 numeral 2 del Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal.

El caso de Amílcar Ardón desnuda al Ministerio Público

Para Josías, el caso del narcotraficante Amílcar Alexander Ardón Soriano, un testigo principal en el caso que se le sigue al expresidente Hernández en EE. UU., ejemplifica muy bien la inoperancia del Ministerio Público durante ese tiempo, y la instrumentalización del mismo a favor de un determinado cartel.

Josías cuenta que Amílcar Ardón no tenía ni una sola denuncia en Honduras hasta el 2017 y que él interpuso la primera el 12 de abril de ese año. Además, aseguró que en una ocasión, junto al coronel Ramiro Muñoz —el actual jefe de la Policía Militar del Orden Público—, detuvieron a Ardón.

«Pensábamos que ese hombre tenía orden de extradición, lo tuvimos como seis horas detenido, llamando a la DEA, a la Embajada, averiguando si tenía orden de captura. Nosotros pensábamos, por todo lo que había ventilado en torno a los Valle, que tenía orden de extradición, pero cuando revisamos no tenía ni una multa de tránsito», afirmó.

Josías se preguntó cómo un narco potentado no tenía una denuncia, por lo que abrió la denuncia y comenzó a investigar y se topó con que los hermanos Hernández también estaban involucrados. «Y por eso es que Alexánder es el testigo estrella. Quien era el narco ahí era él, no era Tony ni JOH sino que era Alexánder».

Cuando presentó el informe —aseguró Josías— antes de que se ventilara todo en EE. UU. y que le libraran la orden de extradición a Tony y a JOH, no tuvo el impacto esperado ante sus superiores.

«Cuando ella [Soraya Cálix] lee el informe, [el informe más grande de 154 páginas tamaño oficio, en donde se revelan actividades, vinculaciones, propiedades y todas esas cuestiones, y hay gente poderosa, aparte de ellos, empresarios potentes del país, ligados con ellos] me dijo a mí que lo que yo le estaba presentando era una novela. Que era una serie de Netflix y que eso no procede», recordó.

Josías dijo a Contracorriente que lo que hizo fue enviarle el informe directamente al departamento de Justicia de EE. UU. «A mí entonces me surgen amenazas de muerte, hay intervenciones donde están pagando dinero para matarme a mí y a otro compañero. Me traen para Tegucigalpa, y me entero que me falsifican la firma en un informe de equis persona en un caso muy delicado».

Fue ahí en donde Josías explicó que decidió denunciar a la abogada Soraya Cálix y fue el génesis para él de «una persecución increíble». «Usted me pregunta a estas alturas, tengo a toda mi familia fuera del país, solo yo me he quedado. No acepté el refugio ni el asilo porque considero que los hombres buenos tenemos que quedarnos en el país para generar un cambio, para dar esa justicia. No podemos vivir con miedo toda la vida, huyendo de la realidad, que al menos yo quiero una mejor vida», expuso.

Josías lamentó que para entonces el Ministerio Público de Honduras haya sido incapaz de detener, investigar o al menos abrir una denuncia contra quienes desde el poder estaban usando su poder para traficar droga. «Por eso es que yo decía que el abogado Luis Javier Santos era un buen candidato para Fiscal General, pero lastimosamente hay requisitos que se tienen que cumplir. Sí se ocupa que llegue un Fiscal General que quiera hacer un combate frontal».

Josías aseguró que la única persona en aquel momento que tenía acceso directo al Fiscal General era la abogada Soraya Cálix, y que a Chinchilla lo utilizaron, lo endulzaron diciéndole que era un fiscal de oro: «yo al menos soy del criterio que a doña Soraya Cálix y a él, para mi punto de vista, les va a salir orden de extradición, yo le pongo un 70 % u 80 % de que se lo pueden llevar».

Apatía para exigir cuentas a Óscar Chinchilla

Para Úrsula Indacochea, directora de independencia judicial para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), es importante que cuando concluya su mandato, a Chinchilla se le haga un balance, pero no solo desde afuera. Él, dice, tiene que rendir cuentas. «También para que el nuevo fiscal tenga un nuevo mapa. Nadie está hablando del balance de esa doble gestión y me parece que es un elefante rosado del que nadie está mencionado».

Indacochea dijo que hay que hacer preguntas como estas: ¿en realidad se planteó reducir la criminalidad?, ¿lo logró o no?, ¿esperó los años de su mandato para hacer su balance o ya conocía estos datos y podía aplicar correctivos y no lo hizo? ¿A dónde dirigió los recursos?

Durante toda la gestión del Fiscal General, este nunca fue exigido por el Congreso Nacional. Óscar Chinchilla no presentó informes anuales, violentando el artículo 24 de la Ley del Ministerio Público, que ordena presentarlos para aprobación de los diputados. Por otra parte, pese a todas las denuncias públicas en su contra, nunca fue interpelado para rendir informes, según el artículo 205 numeral 22 de la Constitución de la República.

La abogada peruana dijo que leyendo los reportes de ejecución de gastos de las fiscalías se puede identificar fácilmente cuáles fueron las prioridades del fiscal Óscar Fernando Chinchilla. «Si el mayor gasto se fue a determinadas unidades fiscales, que él lo explique. ¿Cuántos casos emblemáticos fueron resueltos?, ¿cuántos corruptos logró encarcelar?, ¿cuántos narcotraficantes logró encarcelar? Necesitamos ver la foto completa para ver si fue un buen fiscal o no».

 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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3 comentarios en “El investigador que denunció los favores al narcoestado del fiscal que se va ”

  1. Rodrigo Tejada Pineda

    Hola,saludos desde GRACIAS LEMPIRA
    A mi criterio si tienen grandes clavos
    No soy abogado,pero tampoco pendejo
    Si espero de verdad justicia y ver en el mamo a todos los que an saqueado a este pobre PAIS
    En lempira hay una gran mamado.
    Ojalá los miremos presos

  2. Excelente reportaje, felicidades, ojalá no vayan a matar al abogado Josias por estas declaraciones, porque aún estamos en un narco estado, desmontar esas estructuras del narcotráfico es difícil.

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