Diputados opositores alertan sobre persecución política tras ser denunciados ante el Ministerio Público

Este jueves, tres diputados de la oposición fueron denunciados ante el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones. La denuncia contra estos congresistas ocurre el mismo día en que se giró una orden de captura contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, respectivamente, acusadas por corrupción en el caso de la compra de los Hospitales Móviles investigado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FETCCOP. El diputado oficialista Jari Dixon posteó en su cuenta de X que «faltarán cárceles en Honduras para enjuiciar a tanto corrupto», y el Ministerio Público dirigido por el fiscal general y fiscal adjunto interinos ha anunciado acciones contra las fiscalías que retrasaron requerimientos fiscales por supuesta conveniencia de los imputados.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen

Las congresistas Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa, ambas del Partido Salvador de Honduras (PSH), y el diputado Marlon Lara, del Partido Liberal, fueron denunciados este jueves ante el Ministerio Público por el abogado Gustavo Varela, quien los acusó de usurpar funciones que le corresponden a la junta directiva del Congreso Nacional.

Los diputados de oposición desarrollaron el pasado 1 de noviembre una reunión extraordinaria, en la que Iroshka Elvir actuó como presidenta. En dicha sesión resolvieron dejar sin valor y efecto la elección del fiscal general Johel Zelaya y del fiscal adjunto Mario Morazán, ambos nombrados interinamente por una Comisión Permanente, presidida por el diputado Luis Redondo.

En la sesión extraordinaria del pasado 8 de noviembre, convocada por la oposición, se designó a Marlon Lara y a Suyapa Figueroa para que comparecieran ante la Corte Suprema de Justicia a notificar la resolución, Figueroa en condición de secretaria y Lara, como prosecretario.

El abogado Gustavo Varela, quien interpuso la denuncia este jueves, explicó que se usurparon funciones, y que espera que el Ministerio Público agregue otros delitos. Varela, en su denuncia, los señaló de «usurpación de funciones públicas y simulación de cargos en contra de la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República».

En la primera sesión extraordinaria, realizada el 31 de octubre, las bancadas de oposición, antes de que terminara el período legislativo a las 12:00 p.m. de ese día, se autoconvocaron para promover una prórroga legislativa de sesiones ordinarias. 

Luego, en su segunda sesión oficial, el 1 de noviembre, en la que participaron más de 70 congresistas, aprobaron un decreto para dejar sin valor y efecto el nombramiento interino de los nuevos titulares del Ministerio Público que habían sido nombrados por la Comisión Permanente a cargo del oficialismo. 

En la reunión del 1 de noviembre, Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa actuaron como presidenta y secretaria, respectivamente, mientras que el diputado Mauricio Villeda actuó como secretario.

Ante la imposibilidad de hacerlo público en el Diario Oficial La Gaceta, los congresistas de la oposición manifestaron que se haría en medios de difusión nacional.

En la tercera y más reciente sesión, desarrollada el pasado 8 de noviembre, las bancadas, esta vez con la presencia de 66 diputados, determinaron aprobar una moción para interpelar a Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, y al gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada. En esta tercera reunión, en lugar de Mauricio Villeda, que había actuado como secretario el 1 de noviembre, actuó en su lugar el diputado Marlon Lara.

Iroshka Elvir dijo a Contracorriente que es un «momento difícil para Honduras, sobre todo porque se tenía la esperanza, luego que ganamos las elecciones en noviembre de 2021, de tener un gobierno de reconciliación nacional».

Para la diputada Elvir, lo que está pasando ahora mismo son «acciones de persecución política contra aquellas personas que cuestionan objetivamente el mal proceder de los funcionarios del partido de Gobierno».

La congresista del PSH Elvir afirmó que tanto ella como Figueroa y Lara son «personas limpias» que actúan en el marco constitucional. Agregó que se basaron en el artículo 190 de la Constitución de la República, el cual señala cuáles son los procedimientos para establecer una sesión extraordinaria.

El diputado Marlon Lara, por su parte, en sintonía con la diputada Elvir, dijo a Contracorriente que como diputados de la oposición se enmarcaron en la Constitución de la República, artículo 190, «así que la denuncia no tiene ningún fundamento legal».

Marlon Lara mantuvo su postura en cuanto a que considera que la Comisión Permanente que preside Luis Redondo «es ilegal y no debe existir», y dijo que el pleno del Congreso desconoció a esa Comisión Permanente. «Cualquier decisión que hayan tomado, como haber nombrado a las autoridades interinas del Ministerio Público, son nulas y no tienen valor ni efecto», expuso.

El diputado Lara aseguró que están conscientes de que pueden ser perseguidos políticamente.

«Eso fue lo que siempre se dijo, que Libre quería el Ministerio Público para poder utilizarlo como un arma contra toda la oposición; ahí va a quedar evidenciado si se tenía o no razón. Ese es uno de los temas que va a tener que analizarse de acuerdo con las actitudes que ellos, los fiscales recién nombrados, vayan tomando», afirmó Lara.

Requerimientos y denuncias en un clima político altamente polarizado 

La denuncia contra los diputados de la oposición ocurre el mismo día en que se conoció que se giró una orden de captura contra las exsecretarias de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, respectivamente, acusadas por corrupción en el caso de la compra de los Hospitales Móviles.

Además, este día se dio a conocer que los nuevos fiscales que lideran interinamente el Ministerio Público removieron de sus puestos a las cabezas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre estos al exdirector Ricardo Castro.

El diputado del Partido Libre y exfiscal hondureño, Jari Dixon, posteó en su cuenta de X que «faltarán cárceles para encerrar a tanto corrupto». Por su parte, el diputado Lara dijo que está de acuerdo con que se procese a los corruptos que han cometido actos dolosos, pero rechaza la persecución política contra opositores del Gobierno.

Sobre la validez de los decretos surgidos tras las reuniones que están sosteniendo las bancadas de oposición, sobre todo porque no serán sancionadas por la presidenta Xiomara Castro y tampoco publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, Marlon Lara dijo que «hay muchos proyectos que estamos aprobando que no se necesita que vaya sanción al Poder Ejecutivo; por ejemplo, la autoconvocatoria no necesita sanción, ampliar el periodo de sesiones no necesita sanción, y nosotros todo lo que se está aprobando, como dice la ley, lo publicaremos ya sea en medios digitales, impresos o televisados», expuso el congresista Marlon Lara, que concluyó que seguirán reuniéndose como oposición y tomando decisiones.

La diputada Elvir explicó que la oposición ha sido contundente y que incluso logró sobrepasar el quórum de 65 diputados, al reunir a más de 70 para desarrollar la sesión extraordinaria. La diputada sostuvo que los delitos de los cuales los acusan no proceden, «en función de que un vicepresidente (en este caso ella, que es la quinta vicepresidenta) puede tomar las funciones del presidente en el caso de la ausencia del presidente (Luis Redondo), que no respeta al pleno del Congreso Nacional», subrayó.

Iroshka Elvir ocupa la quinta vicepresidencia en la Junta Directiva que preside Luis Redondo; sin embargo, se ha desmarcado de las acciones de los diputados oficialistas, que están tomando decisiones por medio de la instalación de la Comisión Permanente.

«El pleno acompañó la decisión de extender el periodo de sesiones, y esto obviamente limita todas las determinaciones que ha tomado [la Comisión Permanente encabezada por Luis Redondo] y se dejó sin valor y efecto las decisiones tomadas por la Junta Directiva y Comisión Permanente, que es ilegal. Por lo tanto el nombramiento del fiscal interino y adjunto es ilegal», manifestó Elvir.

Honduras enfrenta nuevamente una crisis en el Congreso Nacional. La primera fue en enero de 2022 y se dio tras un fraccionamiento de la misma bancada del Partido Libre. Esta es la segunda vez que en el Congreso Nacional hay crisis de gobernabilidad y de legitimidad.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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