En medio de actos de violencia, presidente del Congreso Nacional conforma una comisión permanente con «superpoderes»

Por María Celeste Maradiaga, Jennifer Ávila, Fernando Destephen y Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen

 

En la noche del 31 de octubre, diputados del Partido Nacional fueron agredidos en los bajos del Congreso Nacional por activistas del Partido Libre, luego de que estos y otros diputados de oposición celebraran una sesión extraordinaria en la que se aprobó extender el periodo de sesiones desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero del 2024.

Esta sesión, según el diputado y jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, fue celebrada a las 10 a.m. y contó con la presencia de 19 diputados liberales, 43 nacionalistas y 9 del PSH, conformando así 71 votos para aprobar extender el periodo de sesiones ordinarias después de que el Congreso ha permanecido paralizado y sin consensos. Además, Toscano contó a Contracorriente que desde esa hora ya había presencia policial en los bajos del Legislativo.

«Durante todo el día estuvimos con presencia de policías y ya a las 6 de la tarde fuimos encerrados en el Congreso Nacional. La bancada del Partido Liberal y PSH no teníamos por dónde salir, estaba resguardado totalmente por policías y del lado de la plaza del Congreso el Partido Nacional tampoco tenía opción de entrar, ahí es cuando los colectivos de Libre empezaron a agredir a los diputados de afuera y forcejear bruscamente las puertas para agredir a quienes estábamos adentro», indicó el diputado del Partido Salvador de Honduras.

Después de la violencia física en los bajos del Congreso, que terminó con varios diputados del Partido Nacional heridos, los policías desalojaron a los activistas del Partido Libre y bloquearon los accesos en los alrededores. Aún así, un grupo de activistas afines al diputado Jorge Cálix llegó a los bajos del Legislativo.

Por otro lado, varios funcionarios del gobiernoa actual difundieron un video en el que se ve al diputado nacionalista, Mario Pérez, apuntando con un arma a un guardia del Congreso Nacional, aduciendo que la violencia se dio de ambos bandos en conflicto.

Policía Nacional y seguidores del Partido Libertad y Refundación llegaron a golpes y empujones. FotoCC/ Fernando Destephen

Más tarde, los activistas del partido que habían participado en el altercado, se replegaron y llegaron los activistas afines a Jorge Cálix quienes gritaron vivas al diputado, quien se disputó en enero de 2022 la presidencia de este poder del Estado y ahora representa una oposición a las decisiones de Redondo. 

Previo a esto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza denunció en su cuenta de X que la seguridad del Legislativo y el presidente del Congreso, Luis Redondo, había dado la instrucción de «secuestrarlos» para impedir que se celebrarán sesiones. Además, a través de X, Daniel Sibrián, quién funge como máxima autoridad del Ministerio Público, dio la instrucción a fiscales de acuerpar el Congreso para determinar las razones por las cuales la seguridad del legislativo impide la reunión de los diputados de las distintas bancadas.

Jhosy Toscano aseguró que el único punto a tratar en la sesión extraordinaria fue extender el periodo de sesiones extraordinarias «tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional», sin embargo, horas después, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, conformó una comisión permanente integrada por los mismos congresistas que conforman la Junta Directiva de este poder del Estado.

Para el jefe de bancada del PSH esta comisión es «ilegal» y está «fuera de tiempo», debido a que los congresistas de la oposición ya habían aprobado la extensión de sesiones ordinarias. Toscano explicó que las comisiones permanentes se conforman en el Congreso Nacional exclusivamente para llamar a sesiones extraordinarias cuando el Congreso va a un periodo de receso o cuando se termina una legislatura, quedando una comisión permanente que establece las convocatorias de emergencia.

En este sentido, aseguró Toscano, la comisión fue establecida fuera de tiempo y forma y para «engañar al pueblo hondureño». Además, Jhosy Toscano negó las declaraciones en las Luis Redondo aseguró que lo que fragua la oposición con la aprobación de continuar las sesiones es un golpe de Estado. Toscano señaló que han sido los diputados del Partido Libre, Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, los que han incitado a una disolución del Congreso Nacional.

En este sentido, con la celebración de la sesión extraordinaria por parte de la oposición, Toscano aseguró que impidieron que se disolviera el Congreso Nacional y se dieran un «autogolpe».

Para el analista jurídico, Rafael Jerez, si la ampliación de sesiones se da por medio de un decreto legislativo para que este se convierta en ley, esto debe ser sancionado por la presidenta Xiomara Castro y posteriormente publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

«Si eso no ocurre [la sanción del decreto por parte de la presidenta] no tendría validez la ampliación de periodo de sesiones y entraría la otra acción que tomó la Junta Directiva, que es el nombramiento de la Comisión Permanente», dijo Jerez.

Además, Jerez opinó que los diputados de oposición que convocaron a una sesión extraordinaria tenían la capacidad constitucional para hacerlo ya que, tras los incidentes sucedidos en el Congreso Nacional, el artículo 191 de la Constitución ampara a un número de cinco diputados a convocar extraordinariamente al Congreso cuando motivos de fuerza mayor impidan la instalación y celebración de las sesiones.

«Esa convocatoria, desde mi punto de vista jurídico sí está amparada en la Constitución, pero lo que da paso a eso es la forma en que se dan los hechos hoy en la tarde noche en el Congreso Nacional», señaló Jerez a Contracorriente.

Sin embargo, horas después del caos en los bajos del Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, brindó declaraciones diciendo que era falso que se iba a disolver ese poder de Estado y que todo fue producto de «actos que lindan con la sedición, ya que su claro objetivo es desestabilizar y derrocar este poder del Estado».

En la conferencia Redondo también dijo que desde el 11 de febrero del 2023 se está ejecutando un plan para darle golpe de Estado a la junta directiva del Congreso Nacional. «El pueblo debe estar alerta y atentos a defender la democracia», expresó en la conferencia.

Además anunció la conformación de una Comisión Permanente invocando los Artículos 208 de la Constitución de la República y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El Artículo 208 de la Constitución faculta a esta comisión, entre otras cosas, a convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias «a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera» y a elegir interinamente en caso de falta absoluta a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional.

Redondo expresó que las sesiones legislativas no se interrumpirían y rechazó los señalamientos realizados en las últimas semanas sobre la pretensión de disolver el Congreso Nacional. Además, acusó a miembros de la oposición de pretender desestabilizar y derrocar al Poder Legislativo.

Entre las facultades de la comisión permanente —que según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional debe estar presidida constitucionalmente por el presidente del legislativo—están emitir un reglamento interno, preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país, convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera, entre otras.

Otra de las facultades de esta comisión es «elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional». Sobre esto, Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), opinó que con esto podría pensarse que Luis Redondo y el Partido Libre quieren elegir a «su» fiscal general.

Ramirez también aseguró que aunque esta comisión permanente sea interina no se descarta la posibilidad de que pueda quedarse de manera permanente en el Congreso si no se establecen diálogos y que podría ser un escenario similar al de enero del 2022 cuando existían dos congresos paralelos. «Hay un conflicto entre la Junta Directiva y la mayoría simple de los diputados que hay en el Congreso», indicó Ramírez.

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Además, el experto en gobernanza y transparencia calificó como «disfuncional» este poder del estado y señaló que es urgente una reforma al diseño institucional del Congreso y a su Ley Orgánica para quitarle el poder absoluto al presidente del legislativo. 

Ramírez también recordó que los escenarios violentos, si bien han ido en escalada estos últimos días, también ocurrieron en el Congreso anterior. «Esta situación irá escalando porque la manera en la que se está gobernando se le está dando muchos poderes al presidente del Congreso y no se han llegado a acuerdos de manera consensuada entre los distintos partidos», dijo Lester Ramirez a Contracorriente.

Sobre esto Rafael Jerez, opinó que, si bien la conformación de la Comisión Permanente está prevista en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, genera suspicacia el interés de la Junta Directiva del Congreso para formar esta comisión, que tendrá la facultad de nombrar de forma temporal los sustitutos de funcionarios nombrados por el Legislativo, entre ellos, el fiscal general y fiscal general adjunto.

«Sin duda que ese es un elemento para considerar, pero, aunque se nombre Comisión Permanente ese es sencillamente un ingrediente más dentro del escenario de conflictividad en el que nos encontramos y el nombramiento de esa comisión no lo va a resolver», concluyó Jerez.

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