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Encerradas y sin derechos: así viven la pandemia las mujeres trans en Honduras

La pandemia por COVID-19 expone la realidad a la que se enfrentan las mujeres transgénero en Honduras: falta de reconocimiento de su identidad de género y derechos por parte del Estado, violencia y discriminación. La pandemia también aumenta la crudeza de esa realidad porque impide migrar, algo que para algunas de ellas es la única posibilidad de sobrevivir.

Texto: Catherine Calderón

Ilustraciones: Ambar Nicté

Nahomy no logra dormir bien desde que inició la cuarentena por COVID-19. Es la una de la madrugada en España y se siente inquieta. Mientras lee lo que se publica sobre el virus, se ha enterado que la pandemia ha llegado a su país natal, Honduras. Le angustia lo que pueda pasar en su país donde el sistema de salud está colapsado desde hace muchos años. 

Las mujeres trans en Honduras ya eran vulnerables antes del COVID-19 y desde antes eran discriminadas en el sistema sanitario y no reconocidas en su identidad de género. Para el sistema, no pasan de ser solo un dato más en las estadísticas de las unidades de infecciones de transmisión sexual. 

Nahomy Otero o «La Nahomy» como le dicen sus amigas cercanas, ha sido defensora de los Derechos Humanos desde hace más de 15 años, en específico incidiendo por los derechos de las mujeres transgénero y personas con VIH en Honduras. 

Justo antes del cierre de fronteras, ella se preparaba para recibir a varias compañeras y amigas que por la violencia en Honduras buscaban salir del país a finales de marzo de 2020.

«Yo esperaba a una de ellas el primero de abril. Ya tenía su boleto de avión comprado y todo y ahora le ha tocado quedarse allá en medio de esta incertidumbre. Imagínate», expresa. 

Entre junio de 2009 y marzo 2020 se registraron 111 transfemicidios en Honduras. Las edades de las mujeres asesinadas van de los 12 a los 34 años de edad, según el informe sobre muertes violentas de la comunidad LGTBI, de la Red Lésbica Cattrachas. 

Nahomy también huyó, como ahora lo quieren hacer sus amigas. Huyó para no ser parte de esas estadísticas. Hace 20 años, cuando miembros de una mara la raptaron para violarla y asesinarla, ella sobrevivió, después de eso intentó quedarse en su país pero la violencia la siguió. 

«Me metieron a un cuarto, cerca de un potrero, intenté escaparme, pero ahí me dieron la primera puñalada. Sentí que mi alma salió del cuerpo, sentí ese aire, ese suspiro que salía de mí, pero también escuché una voz que me decía que yo no iba a morir así, que me levantara y no se cómo, pero mis pies estaban desatados, cuando me levanté. Después de eso decidí ser parte del cambio, quería ayudar a otras personas, Dios me estaba dando otra oportunidad de vivir», relata y asegura de que lo que le sucedió en ese potrero fue una señal para tener claridad en su propósito de vida. 

Nahomy, se integró a las organizaciones de Derechos Humanos, después de un año de su agresión. En 2014 denunció ante el Ministerio Público el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en los almacenes del Estado. En aquel momento ella trabajaba en la respuesta al VIH. A partir de esta denuncia relata que le empezaron a hostigar, siguiéndola y enviándole mensajes de que no siguiera hablando del tema. 

Ella dice que el hostigamiento lo habría soportado de no ser porque en esa misma temporada asesinaron frente a ella a una de sus amigas y ella pudo identificar al asesino. Y aunque el asesinato no estaba relacionado a su labor como defensora, Nahomy se preguntó si valía la pena quedarse o irse para poder sobrevivir. 

Ahora es otra de sus amigas la que está en peligro. Después de enterarse que su amiga había sido brutalmente golpeada y dada por muerta a finales de 2019, Nahomy empezó a buscar la forma de apoyarla desde su experiencia para que pudiera llegar a España y poder darle posada mientras se instalaba. Estar en España se ha convertido en una oportunidad para ayudar a otras mujeres como ella. 

Nahomy Otero vive una nueva etapa de su vida. Tiene 41 años y se considera una sobreviviente. Ilustración: Ambar Nicté.

Planes que la pandemia detuvo

Marlene, a quien llamaremos de esa manera por seguridad, tiene 37 años y es defensora de Derechos Humanos, educadora y contadora. Le gusta la ciencia, la física cuántica, los números y compartir su conocimiento con otras compañeras, se define fuera de lo heteronormativo, le gusta vestirse como se siente cómoda sin tener que seguir cánones de belleza de ningún género. Es la amiga a quien Nahomy esperaba a finales de marzo. 

El ataque a Marlene conmocionó a sus compañeras, por la brutalidad de lo ocurrido y porque la agredida lo sobrevivió. «Estaba regresando de mi trabajo de abordaje (abordaje sobre educación sexual y derechos humanos) con mis compañeras que ejercen trabajo sexual y pues de repente como a las 12 o 1 de la mañana, algún loco transfóbico, me empezó a golpear con una piedra, me agarró desprevenida. Pasé seis días en el hospital, bastante grave, 85 puntos en la cabeza,» retrata con una voz firme, mientras termina de cocinar en la casa donde vive temporalmente por seguridad. 

Marlene y sus compañeras se movilizaron inmediatamente, interpusieron la denuncia y solicitaron medidas de protección al Mecanismo protector para las y los defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de Justicia, un conjunto de diferentes instituciones del Estado en coordinación con representantes de gremios y sociedad civil, que se dedican a generar estrategias para prevenir y proteger a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión. 

Sin embargo, luego de aproximadamente tres horas de entrevista, brindando las pruebas y las amenazas previas que había tenido ejerciendo su rol como defensora, su solicitud no fue aceptada. 

«Me dijeron que mi caso no aplicaba, busqué ayuda internacional y en eso estoy… estaba. Por la situación del COVID-19 no se pudo concretar el viaje que tenía para el 31 de marzo, ya no se pudo. Esto de salir del país, lo decidí realmente por el riesgo de perder mi vida y para buscar una nueva perspectiva de vida en otro país».

Marlene, no tenía planeado salir del país, ella se miraba trabajando en lo que le gusta, incluso terminando su carrera universitaria, con su familia con quien recién había vuelto a tener contacto. Su plan de vida cambió súbitamente. 

Pero ella no era la única que tenía planeado irse antes del cierre de frontera. 

Cristina Portillo tiene 34 años, es estilista profesional y amiga de Nahomy.  También había planificado irse del país a finales de marzo o principios de abril porque estaba cansada de que no la reconozcan como ciudadana y sujeta de derechos. Cotizó el boleto de avión justo antes del cierre de las fronteras. 

Cristina había sacado una profesión como estilista de belleza y luego de varios años se involucró en política, militando en el Partido Nacional en San Pedro Sula. 

«Trabajé cuatro años en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula con el ingeniero Armando Calidonio y luego te das cuenta que no hay oportunidades de crecimiento. Ejercemos el sufragio pensando que con eso salimos adelante en nuestros derechos, pero la discriminación al final es la misma dentro de la sociedad, es igual, no cambia nada.»

Cristina relata que su objetivo al involucrarse en política, era poder incidir en los espacios estatales para que la población LGTBI, en especial las mujeres trans, pudieran tener mejores oportunidades de trabajo.

«En varias ocasiones, en algunas reuniones con aspirantes a diputados hablaba sobre la importancia de no discriminar a las mujeres trans, les contaba que había abogadas y profesionales de otras ciencias que no tenían oportunidad en la empresa privada. Pero la respuesta a ello, siempre fue el silencio por parte de los aspirantes.»

Todo lo que había hecho le parecía en vano, y ahora tenía mayor claridad que las mujeres trans o de cualquier otra población vulnerabilizadas, solo eran sujetas políticas cuando les tocaba ejercer el sufragio.

Cristina Portillo, atendiendo a una clienta en un salón de belleza. Ilustración: Ambar Nicté.

«Y lo confirmé cuando opté por una plaza municipal del área de migración. Obviamente no me dijeron directamente que era por ser mujer trans, pero sí se por mis contactos que hubo comentarios sobre mi identidad de género.»

Irse del país es algo que había pensado desde hace años. Intentó pedir asilo a través de organizaciones con el objetivo de buscar nuevas oportunidades, huir de la discriminación. Sin embargo, no obtuvo respuestas.  

«Pareciera que para pedirles asilo, tenes que haber perdido una parte de tu cuerpo, te tuvieron que haber agredido físicamente, cuando a veces la agresión verbal basta y sobra. El daño social y trauma psicológico que te hace la sociedad en este país y la falta de oportunidad es como que estar muerta en vida.» 

En Honduras no existen leyes que garanticen los Derechos Humanos de la población LGTBI. Actualmente, los únicos recursos legales que han tenido son el artículo 321 del Código Penal y la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que solamente ampara a aquellas personas que han sido certificados como defensores de DDHH. 

En el nuevo Código Penal que entró en vigencia, los agravantes por discriminación y odio se eliminan y quedan como circunstancias agravantes motivaciones racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima, edad, lengua, situación familiar, etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual o identidad de género, razones de género, enfermedad o discapacidad; y reincidencia. 

La Guía de recomendaciones sobre atención integral de la salud de las mujeres trans en Latinoamérica y El Caribe afirma que la expectativa de vida de una mujer trans en la región de Latinoamérica y El Caribe es de 35 años. Cristina está convencida de que la única forma de vivir más que eso, es yéndose del país, muy lejos.

Desde que se involucró en política, Cristina ha recibido amenazas por parte de grupos delictivos y considera que no solamente es perseguida por su identidad de género, sino también por haber militado en un partido político.

Cristina teme por su vida, siente que si no logra irse del país será parte de las estadísticas de muerte en el país, tiene 34 años y quiere vivir más. 

Toque de queda no reduce violencia

La población LGTBI ha vivido y  enfrentado un problema endémico, el de la exclusión e invisibilización. La violencia estructural es cotidiana. 

«Decimos doble pandemia por las condiciones del sistema de salud fracasado, desmembrado que no tiene respuestas a la población general, mucho menos tiene una capacidad de respuesta a la población LGTBI de manera diferenciada, específica, para las necesidades que demandamos. La preocupación ha sido grande, porque la pandemia nos ha puesto en condiciones de mayor vulnerabilidad.»

Durante la cuarentena las violaciones a los derechos humanos se han incrementado afirma Donny Reyes, director de la Asociación Arcoiris y integrante del Comité de diversidad sexual de Honduras (CDSH). 

Según el Diagnóstico situacional de las personas LGTBI en relación al COVID-19, por parte de CDSH, un 40% de la población vive en una casa alquilada, 36% en la casa de un familiar y 22% en casa propia. Un 41% de la población LGTBI trabaja, mientras que un 24% no trabaja ni estudia y un 11% trabaja y estudia. Para Donny Reyes, ese 24% es el que está en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Según el diagnóstico, solo el 6% de la población abordada se identificó como mujer transgénero, por lo que el CDSH documenta mediante entrevistas individuales casos de mujeres transgénero que han ejercido trabajo sexual en el país durante los toques de queda. 

«Salen a exponerse en la búsqueda de recursos para poder pagar su cuarto de hotel o su vivienda, llevar alimentos. Muchas de ellas tienen a cargo abuelas, sobrinos que dependen de ellas, que sobreviven con lo que ellas llevan» afirma Donny Reyes, además de que a raíz de ello, se han registrado arrestos con fuerza excesiva por parte de policías y militares. 

«Incluso tenemos registrado el caso más reciente que fue el de la compañera trans en La Ceiba quien fue asesinada en pleno a pedradas, destruyéndole su cara con bloques y ¿Quién está en control de estas ciudades en estos momentos? la fuerza de seguridad y del orden público del Estado, o sea todas las fuerzas de seguridad estatales» puntualiza. 

Donny Reyes se refiere al transfemicidio de Luz Zúniga, de 23 años de edad, asesinada el 1 de mayo en La Ceiba. Según diversos medios de comunicación locales, la mujer fue asesinada a golpes por un hombre, que al igual que ella, estaba en condición de calle. 

Durante la cuarentena, se han registrado dos asesinatos de mujeres trans en la zona norte del país, la primera es Luz en La Ceiba y la segunda en Villanueva de quien se desconoce su nombre.

Durante años la población LGTBI ha incidido para que la Ley de Identidad de Género y la de no discriminación sean discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional. La primera ley es clave para reducir la tasa de mortalidad de las mujeres trans en el país, ya que con esta ley, el Estado está obligado a cumplir con la despatologización y el reconocimiento de las personas por su nombre social. Una deuda del Estado que ha causado traumas en la población trans que lucha por el derecho a la salud de manera diferenciada. 

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Documentar la situación de la población LGTBI durante la pandemia ha sido difícil para las organizaciones de Derechos Humanos, ya que no es posible verificar o trasladarse a los lugares en que ocurren los hechos y denunciar formalmente ante la fiscalía. 

Las medidas de restricción que el Estado emitió durante la pandemia para evitar la propagación del virus, impiden que las y los defensores de Derechos Humanos puedan movilizarse libremente a los lugares dónde se reportan incidentes y agresiones.

Donny Reyes hace hincapié en que la justicia es una deuda que tiene el Estado y que en tiempos de pandemia denunciar se vuelve más complejo. «En Tegucigalpa está la Región Metropolitana de la UMEP 1 de la policía que es en el centro de la ciudad, ir a la policía a denunciar a la policía, es una cosa muy complicada» afirmando que muchas de las agresiones registradas han sido por parte de las fuerzas del orden público. 

En el Diagnóstico situacional de las personas LGTBI en relación al COVID-19 del CDSH se registra que el 34% de las personas consultadas identifican como sus agresores a los militares, mientras que el resto a policías nacionales, de tránsito y municipales. Y debido a ello solo el 3% de ellas han interpuesto formalmente su denuncia. 

Esta realidad ha sido constante en la vida de muchas mujeres. Nahomy recuerda que los golpes, las humillaciones y amenazas por parte de las autoridades policiales fueron parte de su vida y de las amigas con quienes inició la transición.

«A veces nos iban a soltar allá por el Catarino (como se le conoce a la zona donde está ubicado el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula) y cuando teníamos suerte, la noche anterior no nos habían metido en barriles con agua mientras nos insultaban» recuerda Nahomy.

Seguridad alimentaria 

El desempleo causado por la cuarentena ha afectado las condiciones de vida especialmente en lo relacionado con la seguridad alimentaria. Según el Informe Situacional de las Personas LGTBI en relación a la Pandemia del COVID-19 en Honduras el 84% de la población consultada indicó que la pandemia les ha afectado económicamente.

«La situación trasciende desde la violencia física, la violencia sexual hasta lo elemental que es la alimentación. No hay una estrategia ni una política pública del Estado orientada a atender esta población, ni siquiera un oficio donde se diga «atiéndase en la emergencia a estos colectivos» reitera Donny Reyes.

Esta situación de calamidad ha sido atendida desde los colectivos LGTBI, por ejemplo, llevando comida a las personas que carecen de ella. Sin embargo, esto es un riesgo por el toque de queda como medida de prevención. El medio internacional Presentes, publicó un reportaje sobre la detención de Gabriela Redondo, defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, el sábado 11 de abril por la policía cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. Durante la detención, los policías la intimidaron y se burlaron de ella, llamándole por el nombre que aparece en su documento personal. 

Asimismo, Viena Ávila, directora de otra organización de mujeres trans en la zona norte del país, comentó a Contracorriente la preocupación que tenía por sus compañeras y la frustración que le causaba no poder apoyarlas como quisiera con alimento, ya que ni siquiera a las y los defensores de derechos humanos se les ha permitido circular durante la pandemia. 

«Muchas se han acercado para pedir apoyo, sobre todo por el tema alimentario y que no tienen otra manera de generar un ingreso, estamos recolectando lo básico» comenta Viena Ávila de la Asociación Feminista Trans (AFET) quien le relata a Contracorriente que algunas viven en hoteles o en sectores vulnerados. 

«El gobierno tiene la estrategia de entregar lo que llaman bolsas solidarias, pero esas bolsas no benefician a las compañeras, porque son específicamente para familias y muchas de ellas no están con sus familias», explica. 

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Ante este escenario, líderes de la población LGTBI interpusieron un recurso de amparo para restituir el derecho a defender derechos, derecho a la libertad de circulación y expresión de defensores y defensoras de derechos humanos violentados por el Estado de Honduras mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 y sus prórrogas:

Los decretos que motivan esta acción, según su propio texto, son de aplicación general excluyendo a servidores públicos de las fuerzas policiales y militares, personal sanitario, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y empresas que se dediquen a la producción y distribución de alimentos. Quienes suscribimos esta acción, estamos impedidos de desarrollar nuestra labor de defensoría de derechos, la cual no debe prohibirse en ningún caso en un Estado de derecho, mucho menos durante la vigencia de estados de excepción. 

La exclusión y falta de voluntad política ante esta situación en particular ha sido denunciada en diversos espacios digitales por parte de la población LGTBI. Uno de ellos es el foro virtual “Coronavirus y Derechos Humanos LGTBI” organizado por Victory Institute. Abner Jiménez, representante por Honduras de la organización Somos- CDC denunció la negativa por parte de SINAGER ante las solicitudes de apoyo para la población LGTBI, indicando que dicha población, no es clave en el marco de la pandemia por COVID-19. 

Un estado intervenido por la religión

La falta de reconocimiento por parte del Estado agudiza la situación de la población LGTBI. A pesar de que las diversas organizaciones nacionales y organismos internacionales tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas ocasiones han interpelado al Estado para que cumpla con los acuerdos internacionales de reconocer a todas las personas por igual y a partir de ello también brindarles sus derechos constitucionales, el Estado de Honduras les sigue invisibilizando, entre otras, por razones justificadas en doctrinas religiosas.

El Informe Estado Laico y Fundamentalismos Religiosos elaborado por la organización Cattrachas, registra diversas declaraciones de autoridades estatales de alto nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de los derechos de la población LGTBI, fundamentados en la moral religiosa. 

Diputados y diputadas en sesión legislativa en el Congreso Nacional. Ilustración: Ambar Nicté.

En el informe documenta hechos como lo ocurrido el 10 de noviembre del año 2015 cuando la Confraternidad Evangélica de Honduras solicitó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que se pronunciara públicamente sobre el matrimonio igualitario. 

Ante esta solicitud, Oliva respondió en conferencia de prensa, acompañado por representantes de la Confraternidad que «Es importante dejar establecido que nosotros y en este caso hablo en mi caso personal, hay barreras de tipo moral, religiosos, culturales y legales en mi país que veo que no harían viable tal propósito»  y reiteró que no puede impedir que alguien presente el proyecto en la Cámara «En mi plano personal quiero ratificar que yo, Mauricio Oliva, en mi calidad de simple diputado no acompañaría una iniciativa en ese sentido» puntualizó. 

Alberto Solórzano, pastor y miembro de la Confraternidad Evangélica manifestó en una entrevista a Contracorriente que su cercanía con el gobierno es estratégica, no forma parte de ningún hecho espontáneo y que ellos han provocado ese acercamiento a raíz de temas como el matrimonio igualitario y el aborto.

«¿De dónde se paga la educación de este país? De los impuestos que pagamos, entonces, tenemos el derecho y las obligaciones de solicitar que a la hora de educar se eduque correctamente, según nuestras convicciones, a los hijos nuestros y a los hijos de nuestros hijos.» 

Para Solórzano, el matrimonio igualitario es algo incorrecto «La Biblia menciona que actos de esta naturaleza caen en lo inmoral, así como ser infiel es inmoral, tener dos mujeres es inmoral, practicar la sexualidad de forma desordenada es inmoral.»

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Algunas de las recomendaciones de organismos internacionales ignoradas por el Estado de Honduras son: eliminar de su ordenamiento jurídico toda norma que pudiera discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género e impedir el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, prohíba la discriminación en el ámbito público y privado, entre otras. 

Sobre esto Solórzano afirma que detrás de estas solicitudes, hay otros intereses y que son financiados por grupos que buscan acceder a beneficios de salud «ellos podrían invocar su derecho de decir, no me siento hombre, me siento mujer entonces me voy a operar, me voy a poner todo lo que una mujer tiene para proyectarme como una mujer» considera que estos grupos, han logrado introducir personas en organismos como la ONU para instalar este tipo de agendas. 

El 26 de mayo de 2020, en medio de la pandemia, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio igualitario, luego de una opinión consultiva por parte de la CIDH, en la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Código de Familia que no permitía el derecho de matrimonio de personas del mismo sexo. Logros y avances en materia de derechos humanos que solo se logran en un país donde la democracia y la estabilidad política lo permite. 

Para Nahíl Zerón de la organización Cattrachas, el actuar del Estado de Honduras es una paradoja, ya que no cumple con las recomendaciones y con los acuerdos que firma internacionalmente, no reconocen a la población LGTBI dentro de las leyes estatales cuando las personas están vivas, pero sí cuando han sido asesinadas.

«Es súper paradójico que sí reconozcan nuestras muertes pero no reconozcan nuestras orientaciones e identidades cuando estamos vivos y vivas» refiriéndose que en el Ministerio Público existe una Unidad de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, dependencia de la Unidad de Muertes Violentas.

«Esa unidad no funciona con un enfoque diferenciado o sea hablar de gays, lesbianas, bisexuales, trans, entonces el no comprender la orientación sexual e identidad de género obviamente hace que el trabajo no sea eficiente. También el retroceso del Código Penal cuando se quitó el agravante de odio también para nosotros era un poco preocupante porque ya no se puede justificar por ejemplo una muerte ejercida con odio hacia una persona LGBT.» 

El doble discurso del Estado, al firmar y ratificar acuerdos internacionales en temas de derechos humanos versus la realidad legislativa del país, es una violencia más hacia la población LGTBI.

Nahomy a la izquierda y Cristina a la derecha hace 20 años durante una fiesta, dos días antes del primer ataque a Nahomy. Ilustración: Ambar Nicté.

***

El éxodo de personas LGTBI hacia otros países se ha vuelto cada vez más evidente. El 30 de junio, en plena emergencia por COVID-19, a pesar de que las carreteras y las fronteras están militarizadas, una caravana de 80 migrantes se atrevió a desafiar el toque de queda. En esa caravana, un grupo de personas LGTBI también pretendía llegar a Estados Unidos, pero llegando a la frontera con Guatemala se regresó porque la policía amenazó con lanzar bombas de gas lacrimógeno. 

Las oportunidades para salir del país se cierran hacia cualquier destino. Se cerraron para este grupo que iba en caravana hacia Estados Unidos, como para las amigas de Nahomy que esperaban poder irse a España. 

«A veces recuerdo todo lo que viví en Honduras, todo lo que sufrí, hasta que llegué aquí me doy cuenta de todo el daño que pasé, que sufrí, solo por sostener una identidad de ser trans» afirma Nahomy mientras desde el balcón de su apartamento en España donde puede ver la plaza y salir de vez en cuando con su perro. Una escena que en su propio país era imposible sin ser discriminada. 

Nahomy ahora tiene 41 años y sueña con tener una casa refugio junto a otros compañeros que han huido a España para poder ayudar a otras mujeres y hombres que no puedan ser libres en su país. Por ahora espera que Marlene y Cristina, sus amigas de la juventud, puedan salir de Honduras para recibirlas.

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