Funcionarios del gobierno de Xiomara Castro respaldan planta de energía altamente contaminante vinculada con Lenir Pérez

A pesar de las denuncias por parte de defensores del ambiente y el discurso oficial del gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro, funcionarios como Adán Fúnez, alcalde del municipio de Tocoa, Colón, y Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, están impulsando un proyecto de generación de energía que funciona con base en un derivado del carbón altamente contaminante. La planta de la empresa Tocoa Energy es parte de un conglomerado que dirige Lenir Pérez, un conflictivo empresario hondureño investigado por el FBI en Estados Unidos.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen



Máquinas monstruosas, generadores imponentes y edificios enormes que arrasaron con lo que debería ser una zona protegida en el Parque Nacional Carlos Escaleras, forman parte de la planta de generación de energía de la empresa Tocoa Energy, del Grupo Emco. Todo esto fue parte de lo que el regidor del municipio de Tocoa, Juan López, observó en su visita del 17 de octubre de 2023 a las instalaciones de lo que ahora representa la principal apuesta del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez.

 

Juan también es defensor del ambiente y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y desde 2018 ha sido perseguido judicialmente por oponerse a la instalación y puesta en marcha de la mina de la empresa Los Pinares, que también es parte del mismo grupo y del megaproyecto minero que consta de siete componentes.

 

Ahora la historia se repite; López y otros defensores del ambiente en la zona se enfrentan a un proyecto que utilizará el petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante, para generar energía. Al hacerlo se oponen a los intereses de la empresa, que ha prometido solucionar la aguda crisis energética en la zona, con el respaldo que han recibido por parte de Adán Fúnez, cacique del oficialismo en el departamento de Colón, y el gobierno central representado por Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

 

En consecuencia, el pasado 14 de noviembre, Juan López regidor por el Partido Libre, Leonel George, regidor por el Partido Todos por Tocoa —y también defensor ambiental perseguido judicialmente—, y Félix Chávez, regidor por el Partido Nacional, votaron en contra de la solicitud de cabildo abierto presentada por el apoderado legal de la empresa, por considerar que se busca avalar la totalidad del megaproyecto de EMCO. Al emitir su voto recordaron los antecedentes de abusos a los derechos humanos que distintas organizaciones le han señalado a la empresa, responsable de un conflicto que ha dejado a cinco defensores asesinados.

 

Sin embargo, a pesar de las denuncias y la oposición de los regidores, el cabildo fue aprobado con base en la promesa empresarial de «educación, salud, ambiente, infraestructura, compensación social, y más», y tendrá lugar el próximo 9 de diciembre.

Miembros del Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos dijeron en Conferencia de Prensa en Tegucigalpa que la alcaldía de Tocoa tendría arreglado el cabildo abierto del 9 de diciembre para aprobar el proyecto de generación de energía perteneciente al consorcio empresarial EMCO Holding. Foto CC/Fernando Destephen.

Entre la contaminación ambiental y las promesas de desarrollo

 

«Van a utilizar el petcoke, un residuo muy barato, pero muy tóxico, de los hidrocarburos. Esto genera gran cantidad de cenizas que tienen muchísimo azufre y no tienen un espacio donde puedan acumular de manera segura estos residuos, y además no hay control de cuántas emisiones van a generar. En Honduras no hay regulación para esto y no debería usarse», explicó Limbor Velásquez, ingeniero forestal y miembro de la Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR).

 

Además, Velásquez dijo que, según la información que han recopilado, el petcoke será importado por toneladas al país, con la intención inicial de generar 25 megavatios de energía y suplir las necesidades del megacomplejo minero que Grupo Emco instaló en la montaña del Parque Nacional Carlos Escaleras, y que se anunció por parte de las autoridades de SERNA sería suspendidas a causa de la falta de licencias ambientales.

 

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El pasado 12 de octubre Lucky Medina, titular de la SERNA, apareció en un medio de comunicación local explicando que habían recomendado someter la aprobación del proyecto a un cabildo abierto para lograr que la empresa «abastezca de energía eléctrica a unos 40 mil hogares de la zona».

 

Según información que la empresa proporcionó a las autoridades del municipio y a la que Contracorriente tuvo acceso, la construcción de la planta ha avanzado en un 87 %, a pesar de que desde mayo de 2020 no tiene una licencia operativa.

 

Lo que planean hacer con esos primeros 25 megavatios es tomar 15 megavatios de energía para la operación del proyecto minero, y el resto sería para suplir las necesidades de energía en el municipio de Tocoa. Sin embargo, no existe todavía una evaluación por parte de las instituciones del Estado para garantizar que las seis comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto no serán afectadas en su salud y modo de vida.

 

En ese sentido, Velásquez apunta que la detención de las operaciones del complejo minero ha sido más un discurso que una realidad, ya que no existe, hasta el momento, un comunicado oficial por parte de la Serna que declare la suspensión. Aseguró que más bien pudo ser una estrategia de la empresa y la institucionalidad para que le otorguen los permisos correspondientes a la planta, utilizando la necesidad de energía que tiene la población en la zona.

Limbor Velásquez explica los daños causados a la montaña por la instalación de la planta de generación de energía de la empresa Tocoa Energy. Foto CC/Fernando Destephen.

«Lucky ha venido aquí a la zona, se ha reunido con las autoridades municipales y ha planteado como la solución a la problemática energética la instalación de esa planta. En ningún momento la empresa intenta detener operaciones; ellos están construyendo esta planta eléctrica para poder mover toda la maquinaria de la planta, es decir que Ecotek (la planta procesadora de hierro para convertirlo en acero) se quedará con la mayoría de energía y no habrá ninguna solución para Tocoa», apuntó el miembro de la FSAR.

 

Además, quienes se oponen a este nuevo proyecto apuntan que no pueden justificar la puesta en marcha de la planta energética a costa de tanta contaminación, ni la ilegalidad que arrastra toda la operación de la minera desde hace años.

 

«Esto tiene una cola de ilegalidades de corrupción que no es posible darle luz verde con todos esos antecedentes, además sabiendo que van a utilizar como materia prima para la generación de energía un material que para nosotros es desconocido, que no hay ningún tipo de regulación a nivel nacional y que no sabemos cuánto va a contaminar, porque el Gobierno no tiene la capacidad de medir las emisiones que va a generar la planta», finalizó Limbor Velasquez.

 

En enero de 2022 ya se había detenido en el Congreso Nacional un proyecto relacionado con las empresas de Lenir Pérez y la generación de energía a través del petcoke; en ese caso se trataba de aprobar un contrato con categoría de prioridad nacional en favor de la empresa Puente Alto Energy, también del Grupo Emco; sin embargo, sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) señalaron que esta posibilidad le abriría camino a todos los permisos, autorizaciones y licencias requeridos como parte de una estrategia de competencia desleal.

 

Además, en ese entonces, José Morán, quien ocupaba el cargo de titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), dijo en redes sociales que «los requerimientos y procesos de autorización para centrales que usan carbón y otros combustibles muy contaminantes deben ser rigurosos por protección de las personas y el ambiente».

 

En ese contexto de críticas, diversos sectores apuntaron también a la contaminación que dejaría este derivado del carbón y al incumplimiento de los compromisos hechos por Honduras en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021 (COP26) para no aprobar proyectos de carbón. Estos compromisos no se están considerando al instalar el cabildo abierto para dar vía libre a Tocoa Energy, pese a la participación de la presidenta Xiomara Castro en la COP28, en noviembre de 2023.

 

Lo cierto es que los empresarios locales en la ciudad de Tocoa, la zona a la que la empresa promete solucionar su problema de energía, se encuentran sumamente necesitados de una salida a la crisis de apagones, que en ocasiones pueden durar incluso días. 

 

Tocoa, en el departamento de Colón es llamada por sus propios habitantes como la «Colombia chiquita», por su relación histórica con el crimen organizado y el lavado de dinero. Actualmente, con la llegada de franquicias transnacionales de comida rápida y empresas nacionales millonarias, experimenta un auge económico que los locales solo comparan con la época en la que los carteles del narcotráfico lavaban su dinero en la zona. 

 

José Estrada, regidor del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el municipio, explicó que la llegada de estas cadenas de tiendas y restaurantes ha aumentado la demanda de energía en la zona, por lo que a pesar del desarrollo también aumentan el problema histórico de energía en esa ciudad.

 

«Yo tenía varias dudas, una de ellas era el impacto negativo que podía tener para estas comunidades, para los vecinos muy cercanos. Son seis comunidades que están dentro del radio de incidencia de la planta, pero la empresa nos despejó las dudas. Yo creo que al final un comerciante siempre va a aprovechar las necesidades, desgraciadamente así es, pero no lo veo con malicia», explicó el regidor, quien cree que la empresa está intentando separarse de sus acciones pasadas y operar con transparencia.

 

Estrada también explicó que, en la reunión que tuvieron con la empresa, él les dijo que su mayor deseo es que la investigación contra Lenir Pérez concluya y se deduzcan responsabilidades; además, reformuló su análisis sobre las intenciones de la empresa y dice que quizá ellos piensan: «bueno, tenemos la minera parada porque estamos siendo investigados, pero podemos darle trámite a este otro proyecto; no sé si es un juego, pero yo lo veo como que están aprovechando en el buen sentido. Aprovechando lo que tienen y la necesidad de la población».

Foto de referencia sobre los daños registrados a la montaña debido a la actividad minera Foto CC/Fernando Destephen.

Finalmente, Estrada señaló como una vergüenza que tanto el alcalde Adán Fúnez como el resto de la corporación municipal no hayan inaugurado ningún proyecto de beneficio para la población. En ese contexto, la puesta en operación de la planta Tocoa Energy podría ser un impulso político importante, principalmente para Fúnez, quien es dueño del poder político del oficialismo en el departamento, y que aspira a presentarse nuevamente como candidato para reelegirse al frente de la municipalidad, según diversas fuentes consultadas por Contracorriente.

 

Desde la perspectiva del regidor y defensor del ambiente Juan López, el alcalde de Tocoa impulsa este tipo de proyectos en la impunidad debido a la protección que tiene en tres vías: empresa privada, la amistad que tiene con el asesor presidencial y coordinador de Libre Manuel Zelaya, y sus relaciones con el crimen organizado.

 

Sobre la utilización de la crisis energética para presionar por la aprobación del proyecto, López dijo que «el municipio tiene grandes necesidades, es verdad, pero la solución no se puede encontrar sobre las heridas de tanta gente».

 

La oposición al megaproyecto del Grupo Emco ha dejado hasta el momento cinco asesinatos de líderes ambientales, 31 defensores acusados judicialmente y varias familias desplazadas.

 

Las relaciones del Gobierno con el «nuevo» Emco 

 

«Responsabilizamos a Lucky de su actitud negligente, avalando daños y delitos en la zona. En su momento, afirmó que no se podía cancelar el proyecto debido a una Corte Suprema de Justicia cachureca, pero ahora sugiere que el Congreso debe derogar un decreto, ignorando las ilegalidades y los delitos cometidos», apuntó Leonel George, otro regidor del municipio y defensor del ambiente.

 

Lucky Medina, titular de la Serna, ha llegado en múltiples ocasiones a Tocoa, en varias de ellas para respaldar de alguna forma la decisión de instalar el proyecto de generación de energía, a pesar de que el discurso de la presidenta Xiomara Castro había sido en contra de las inversiones del Grupo Emco.

Leonel George, defensor del ambiente y regidor municipal de Tocoa, Colón. Foto CC/Fernando Destephen.

Tras las elecciones de 2021 y la victoria de Xiomara Castro como presidenta, las concesiones otorgadas a las empresas lideradas por Pérez fueron cuestionadas por funcionarios del nuevo gobierno y parte del sector empresarial. Incluso, en diciembre de 2021, la mandataria apuntó a la concesión adjudicada a la empresa Palmerola International Airport como un «contrato ilegal» por lo que anunció que sería revisado y modificado. Además, la presidenta prometió en su discurso de toma de posesión el cese a los permisos de minas abiertas y concesiones sobre los ríos, y pidió libertad para «los presos políticos de Guapinol», ocho ambientalistas que estuvieron en prisión durante casi dos años y medio a causa del conflicto medioambiental.

 

Ahora parece que, al menos en el departamento de Colón, todo quedó en discurso. A pesar de que inicialmente se prometía la resolución y la suspensión de proyectos mineros, las comunidades y las organizaciones defensoras del ambiente señalan un cambio de tono que sugiere un alineamiento con intereses económicos más fuertes. La relación entre el poder político y la empresa minera se ve reflejada en la asignación de proyectos como supuestas obras sociales de la Alcaldía Municipal, según lo que apuntó George.

 

«La comunidad sigue indignada y demanda que la empresa responsable sea sancionada, pagando todos los daños no solo a la zona núcleo y los ríos, sino también a las personas afectadas», dijo George.

Heriberto Alemán, presidente de la asociación Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ) Foto CC/Fernando Destephen.

Por su parte, Heriberto Alemán, representante de la Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), que públicamente se ha posicionado a favor de EMCO, dijo que es necesario que las autoridades aclaren la legalidad de la empresa minera porque en ausencia de información clara «la población se guía por suposiciones». Añadió que no debería haber oposición a un proyecto de energía que es necesario en la zona. 

 

Esta organización ha pactado reuniones con instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que ellos catalogan como «falsos ambientalistas», lo que ha incrementado las tensiones en la zona. 

 

Adilia Castro, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresó su preocupación ante la cadena de corrupción y complicidades entre la empresa minera, el gobierno y diversas instituciones. «Del gobierno se esperaba un enfoque distinto en derechos humanos y protección de recursos naturales. Vemos un compromiso de continuar con el modelo económico basado en el extractivismo», lamentó, y finalizó denunciando que hay una estrategia de suspender temporalmente el proyecto minero como una táctica para dar tiempo a la empresa a corregir errores pasados.

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Sobre
Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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