Los Valle: el cartel narco que regresó y es intocable en Honduras

Los líderes del grupo criminal fueron enjuiciados en Estados Unidos, pero algunos de sus miembros ya cumplieron sus condenas y retornan a Honduras, donde nadie los persigue. Después de su captura y extradición en 2014, los Valle podrían incluso recuperar sus bienes gracias a la lentitud del sistema de justicia hondureño y la falta de atención de Estados Unidos a las peticiones de apoyo para resolver los procesos de privación de dominio. La Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI)  confiesa que no tiene control sobre todas las propiedades incautadas y fuentes de la institución aseguran que personas cercanas al cártel de los Valle Valle se han apoderado de ellas.

 

Texto : Célia Pousset

Ilustración : Daniel Fonseca

 

Las ferias organizadas en Copán por los Valle Valle eran espectaculares, había carros de lujo, grandes pistolas bañadas en oro y caballos pura sangre. «¡Ni quiera dios!», dice uno de los investigadores cuando relata cómo las recuerda. Este investigador realizó operativos infiltrándose en celebraciones como las que describe y esto  culminó con la captura de los líderes de uno de los carteles más importantes de Honduras.  

 

El Investigador* y un compañero tenían la misión de identificar a los miembros del cartel, y como creyeron que para pasar desapercibidos lo mejor era hacerse selfies con las atracciones de fondo, comenzaron a deambular con celular en mano, esperando la oportunidad para retratar a sus blancos. La estrategia, sin embargo, los delató. De repente, diez personas los estaban siguiendo, y desde el centro de mando el jefe de los detectives les hizo una advertencia a través de una llamada: «Aborten la misión,  ahora mandaron a traer tres sicarios para desaparecerlos». 

 

Los miembros del cartel querían llevarlos  hacia la propiedad de Luis Alfredo Escalante Landaverde, uno de los socios de los Valle —también pedido en extradición— para matarlos. El centro de mando lo descubrió porque algunos celulares de la estructura  estaban intervenidos y en sus intercambios habían alertado la presencia de los extraños de las selfies. Los detectives lograron escapar por una quebrada. Meses después, el cartel ofreció 5 millones de lempiras por las cabezas de los investigadores, pero nunca dieron con ellos.  

 

El Investigador que cuenta la historia, trabajó para la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Durante cuatro años, estuvo detrás del cartel de los Valle.  Preparó informes para la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en el marco de la Operación Cerbero contra la estructura criminal liderada por los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle. 

 

Agencias de Estados Unidos como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA) impulsaron en Honduras operaciones de inteligencia con la Policía Nacional, y tras seis años de trabajo conjunto, en 2014, el imperio de los Valle se desmoronó en cuestión de siete meses cuando las unidades especiales corrieron de un operativo a otro, de una victoria a otra.

 

Todo empezó con la caída de Digna Valle en junio de ese año, arrestada por las autoridades estadounidenses en Miami por traficar cocaína desde Colombia hasta Guatemala y México con rumbo a Estados Unidos.  Sus  hermanos fueron declarados prófugos de la justicia. A mediados de agosto, las autoridades hondureñas incautaron los primeros bienes de la familia en el departamento de Copán mientras los Valle permanecían escondidos. El 2 de octubre, la policía capturó al hermano menor, José Inocente Valle Valle, junto a su esposa. El 5 de octubre, arrestaron a Miguel y Luis Valle Valle en las afueras de El Espíritu, Copán, en una cabaña repleta de armas, municiones, comida y medicinas. En diciembre, fueron extraditados.

 

Nueve años después de aquel logro icónico en la lucha contra el crimen organizado, el Investigador habla con nosotros en una terraza vacía de un café sobre la noticia que sacudió a Honduras hace cinco meses: los Valle están de vuelta tras haber cumplido sus penas en Estados Unidos. Se trata de José Inocente Valle y de su esposa Marlen Griselda Amaya Argueta, ambos condenados por delitos de narcotráfico. Ellos no tienen orden de captura ni procesos penales pendientes  en este país a pesar de que cometieron delitos en Honduras. 

 

Digna Valle también salió de la cárcel, pero solicitó asilo en Estados Unidos y está viviendo en Texas, según el medio hondureño Proceso Digital. Asimismo, según La Prensa, otros miembros del cartel estarían a punto de recobrar la libertad. 

 

Con ellos han regresado varias incertidumbres. Para un policía que participó en la operación de captura, de quien omitiremos el nombre para proteger su identidad,  saberlos de vuelta es una decepción y un problema grande: «Va a haber sangre», nos dijo desde una oficina de la Secretaría de Seguridad. «Allí en Copán los testaferros que han sido desleales y los que consumieron el dinero están en peligro. Sabemos que ya algunos empiezan a huir, pero los Valle van a ir detrás de ellos. Todo volverá a ser igual. Realmente para los buenos policías, es preocupante. Nosotros esperábamos que se quedarían de por vida en Estados Unidos. Esperábamos que no iban a volver nunca más.»

 

Los testaferros y las propiedades son ahora mismo otra incertidumbre, pero sobre todo una prueba de fuego para el Estado. El imperio que los Valle lograron construir, de más de 150 propiedades, sociedades, vehículos y cuentas bancarias, en el papel está bajo control de las autoridades pero, en la práctica, la institucionalidad se ha olvidado de ellos o se declara incapaz para darles seguimiento y resguardo. Ahora mismo, todos los bienes de orígen ilícito incautados penden de un proceso de privación de dominio que está paralizado, y en los terrenos ya se sabe que los remanentes de la estructura se han hecho con el control de algunos de ellos, según fuentes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados consultadas por Contracorriente y que hablan con la condición del anonimato. 

 

El investigador de la DLCN que trabajó en la operación Cerbero en contra de los Valle incluso se los ha encontrado en la calle. «Me he encontrado por casualidad a algunos miembros que han salido, se me quedan viendo sin decir nada. A mí me da miedo, pero no lo demuestro», cuenta.

Digna Azucena Valle Valle fue la primera del cartel en ser capturada en junio de 2014, en Miami. Con este documento, en febrero de 2015, se declaró culpable de cargos relacionados al narcotráfico ante las autoridades estadounidenses. Nueve años después recuperó su libertad.

Un cartel con poder político y judicial

 

Los Valle eran narcotraficantes de cocaína ubicados en un punto estratégico cerca de la frontera con Guatemala, en el departamento de Copán. La familia se dedicaba al tráfico de drogas desde los años noventa. Según El Investigador, el cartel contaba con más de 50 miembros. Algunos habían sido capturados y luego liberados. En 2003, Luis Valle fue condenado por el juzgado de Tocoa, Colón, por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas, pero en 2005 recuperó su libertad por un fallo de la Corte de Apelaciones de La Ceiba. 

 

Casi una década más tarde, bajo un Honduras al mando de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico, los Valle cayeron. Pero no porque JOH así lo quisiera, según nos comentó la fuente policial.

 

«Los Valle eran investigados porque patrocinaban al Partido Liberal a nivel nacional con el dinero del narcotráfico. Para el partido oficial de aquel entonces, el Partido Nacional, era necesario hacer uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para debilitarlos. Juan Orlando no quería en absoluto capturarlos, esa era la voluntad de Estados Unidos», dijo el policía que además aseguró que Hernández pretendía beneficiar al narcotraficante Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, quien  financiaba al Partido Nacional además de colocar a sus hombres de confianza en puestos clave como diputados, regidores o alcaldes del partido.

 

Las unidades especiales de la Policía que participaron en los arrestos de los Valle contaban con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través de la DEA, del FBI y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). «La Policía hondureña fue el instrumento del Gobierno de Estados Unidos. Toda la logística fue brindada por las agencias estadounidenses: los drones, los vehículos armados, el combustible», recordó la fuente.

 

A los Valle les quitaron casi todo. Las primeras incautaciones datan de 2014,  pero no fue sino hasta  el 12 de agosto de 2016 cuando la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de su unidad de privación, redactó la solicitud de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, lo que equivale en un proceso penal a un requerimiento fiscal. Cuatro días después, el juez resolvió admitir dicha solicitud y ordenó notificar personalmente a los Valle, entonces extraditados en Estados Unidos, la apertura del proceso judicial.


En total, más de 150 bienes inmuebles fueron asegurados, 13 sociedades mercantiles, 36 vehículos, 300 cabezas de ganado y decenas de cuentas bancarias. 


«Los Valle eran extravagantes», recordó el Investigador de la DLCN mientras enseñaba en su celular un vídeo que ha visto múltiples veces: «Cuna de oro» el corrido dedicado a un niño nacido en medio del poder narco, el hijo de Miguel Valle. La canción suena: «por todo el mundo en El Espíritu, Copán, es sabido que nacen muchos y son pocos los que crecen […] Luis Arnulfo será patrón de patrones». El vídeo exhibe a un niño con sombrero y botas de vaquero subido en tractores y planos a vista de pájaro de una mansión de color rosado. Es la hacienda El Semental, actualmente incautada. «Haber nacido en cuna de oro fue su suerte, con mucho orgullo su padre le hace una casa por ser el hijo que tanto había soñado», canturrean unos músicos con acordeones. Pero es una cuna de plomo también. De repente, el investigador señaló a un hombre que aparece en el vídeo: «a él lo mataron». 


El día del arresto de los hermanos Valle,  las unidades especiales de la Policía Nacional, entre ellas los Tigres, incautaron decenas de armas de grueso calibre y el contenido de una caleta enterrada: más de once millones de dólares en bolsas.


Aquello que tenía pinta de ser el inicio de una acción punitiva del Estado contra la familia de narcos, en realidad fue el inicio de un empantanamiento. Desde agosto de 2016, el caso no ha tenido avances.

 

 

Unas cortes que se mueven en cámara lenta


El Funcionario** nos recibió en su oficina con una advertencia: «Yo le puedo hablar del caso de 2014 hasta 2018». Accedió a compartir sus impresiones con la condición de preservar su anonimato. Él es uno de los pocos en Honduras que mejor conoce el estado de los juicios por privación de dominio.  


La razón por la cual las cortes no han dictado sentencia sobre las propiedades incautadas a los Valle es porque no se les ha podido notificar para que se hagan parte del proceso. Si el juzgado desconoce el paradero de los titulares de derecho, puede hacer un aviso público a través de medios de comunicación, pero en este caso se sabía que los Valle se encontraban en cárceles estadounidenses, por lo tanto la notificación debía ser personal y hasta la fecha no se ha realizado.  


Según el Funcionario, hasta 2018 fueron enviadas varias solicitudes de asistencia jurídica a Estados Unidos, pero ninguna recibió respuesta: «Esas solicitudes se han mandado a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala. A todas tuvimos respuestas, pero de EE.UU nunca volvieron. Honduras no es un país tan importante para ellos, supongo. Los encargados de ese tipo de políticas sí están pendientes, como la embajada, pero para un sheriff de algún condado de Texas donde está la cárcel de uno de los Valle, Honduras no es nada.» 


Una fiscal nos confirmó haber mandado una solicitud a Estados Unidos en el caso Valle, sin embargo «el departamento de asistencia jurídica de allá no ha mandado a ningún abogado a los centros penales para cumplir con el trámite.» 


Lo extraño es que no es la primera vez que se da un proceso de privación de dominio mientras los titulares de derecho están encarcelados en el extranjero. Sin embargo, normalmente estos se abocan al juzgado a través de apoderados legales. «Para el narcotraficante Ramon Matta, también solicitamos que EE.UU lo notificara, no lo hicieron, pero tuvimos la suerte que el señor Matta nombró a un defensor en Honduras y se pudo empezar el proceso», comentó el Funcionario.


Las solicitudes pueden ser enviadas a través del Ministerio Público o del juzgado por medio de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo,
Contracorriente se dio cuenta de que la CSJ remitió esa misión el 9 de septiembre de 2016 a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización dirigida por el cuestionado exministro Héctor Leonel Ayala. En el expediente, no hay ninguna prueba de que esta solicitud fue debidamente enviada y tampoco pudimos dar con el contacto de Ayala para preguntárselo. 


Tratamos de contactar a una fuente que recibe las solicitudes de asistencia jurídica en Estados Unidos para saber por qué no han dado seguimiento a las peticiones de Honduras, pero hasta la fecha no pudimos comunicarnos con él.

En el documento 104 del juicio llevado por el Distrito Sur de la Corte de Florida, leemos que la fiscalía y la defensa encontraron un acuerdo para la pena de Miguel Valle: 25 años de encarcelamiento. Luis Alonso recibió la misma pena. Sin embargo, sus hermanos, Digna y José Inocente Valle, también mencionados en el documento, ya salieron de la cárcel.

El Estado abandona a su suerte el imperio creado por los Valle

 

Para la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), la institución que administra oficialmente todo lo incautado a los Valle, la demora en la sentencia representa también un problema. Una fuente confidencial cercana a la institución contó a Contracorriente que «Normalmente los casos de privación de dominio se resuelven rápido. Pero con el proceso de los Valle no ha sido el caso. Hay una serie de bienes que se encuentran en administración y causan gastos al Estado, pues hay que invertir en seguridad, custodia, mantenimiento. A través del tiempo, esos gastos van sumándose. Implicó problemas también por lo lejos que están y la cantidad importante de bienes.»

 

Para la fuente, el reto es encontrar un «equilibrio» entre incautar, una medida provisional, y las sentencias de privación. «De lo contrario, lo que sucede es que se va llenando el organismo de administración de bienes, sin que haya la misma proporción de sentencias», resaltó.

 

Otra fuente de la OABI, que conoce a fondo la entidad y que también accedió a hablar bajo anonimato es más pesimista, pues dijo que la oficina  no administra tantos bienes porque no todas las propiedades incautadas fueron entregadas y  agregó que la mayoría de las propiedades se encuentran en «total abandono». En el caso de Los Valle, sostuvo que actualmente son los «hombres de confianza» de la familia los que están en posesión de las casas y fincas. «Por falta de pago a las empresas de seguridad, los guardias dejaron de cuidar esos bienes y la dirección de la OABI tomó la decisión de manera hablada, sin ningún respaldo, de dejarlos en las manos del cartel.»

 

Al ser consultado sobre esto, el Secretario General de la OABI, José Rómulo Mejía, no nos supo decir quiénes están en posesión de las propiedades, si son los hombres de los Valle o no, ya que la Oficina desconoce la  cantidad y la ubicación de «muchos de los bienes» incautados. 

 

«Los de la comisión de auditoría de la OABI están tratando de ubicar esos bienes. La administración anterior no se dedicaba a hacer la vigilancia completa, entonces, a la fecha nosotros estamos ubicándolos para determinar realmente la cantidad, dónde están, cómo están y qué está pasando», explicó.  

 

Además, respecto a las empresas de seguridad que la OABI había contratado para realizar la vigilancia de los bienes, el secretario añadió: «Lo que pasó es que las empresas de seguridad abandonaron muchos inmuebles y los mismos guardias los saquearon. Estamos realizando un estudio para deducir responsabilidades».

 

 

«Yo nunca conocí a los Valle»

 

«Yo nunca, jamás, conocí a los Valle Valle», clama un hombre de unos sesenta años ante el juez. Es una tarde de septiembre, estamos en una audiencia de privación de dominio en Tegucigalpa. El hombre con una impecable camisa blanca y zapatos de cuero brillante comparece ante el juzgado para que le devuelvan sus bienes, incautados durante la operación Cerbero. «Me investigaron porque mi apellido es Valle, pero yo no tengo ningún vínculo familiar con ellos», repite. Más tarde, el Ministerio Público lo confirmó: ese hombre no tiene ninguna relación con el cartel, sin embargo —caído por casualidad en la redada— tampoco puede justificar el origen de su patrimonio. Por eso, la Fiscalía no está dispuesta a devolverle sus casas, cuentas y joyas. 

 

Cabe señalar que, además del núcleo familiar criminal, el expediente de los Valle cuenta con más de 100 titulares de derecho, es decir personas a quienes el Estado les quitó sus bienes por la sospecha de haberse beneficiado de favores del cartel o de prestar sus nombres. La Unidad Sensitiva de la Policía, que trabajó en la intervención de las comunicaciones del cartel, describe en un informe que «queda evidenciado que Miguel (alias Colocho) y Luis Valle (alias LV o El Cojo) dan instrucciones respecto a la adquisición de bienes inmuebles y depósitos en bancos a nombres de terceros.» 

 

El Funcionario admitió que hay una diferencia entre «las personas que formaron parte del cartel de los Valle, y otras que, solo porque tienen el apellido Valle o hicieron una transacción comercial con ellos, se vieron involucradas en el proceso», pero que «esa es la complejidad de la privación de dominio, pues no estamos hablando de delitos penales, lo que miramos es cómo justifican las irregularidades que detectamos. »

 

La ley contempla juzgar a qué sirvió el bien, si cumplió una función en una actividad criminal, y también observa si este fue adquirido de manera legal o no. Es el origen lícito de la adquisición del bien lo que el titular de derecho debe demostrar para recuperar su posesión y goce. Lo importante de entender es que el proceso de privación de dominio es totalmente autónomo de un proceso penal. 

 

Según el Funcionario, tiene mucho sentido separar la privación de un bien del proceso penal, por ejemplo del delito de lavado de activos: «Ningún bien que se origina de una actividad ilícita, puede hacerse legal de ninguna manera. Por ejemplo, si un ladrón roba un collar y después lo vende, el propietario del collar sigue siendo la víctima, y no el comprador aunque él no cometió ningún delito.»

 

Antes sólo se aseguraban bienes si la persona estaba procesada por un delito penal, pero si salía libre del proceso, entonces recuperaba sus bienes. Por eso era importante separar la procedencia de los bienes de la responsabilidad penal de la persona. Por la misma razón, también a las personas no se les conocen como imputados sino titulares de derecho a quienes simplemente el juez les pide «por favor, demuestren la procedencia de esos bienes.»

 

Los abogados y familiares que intentan recuperar feudos

 

En el municipio de Nueva Arcadia, Copán, la empresa Cable Color Génesis, ubicada en un centro comercial,  ofrecía servicios de cable para televisores y contaba con varios empleados. Según las investigaciones de la DLCN del Ministerio Público, la estructura servía para lavar dinero de la droga y pertenecía a Luis Alonso Valle.

 

En el expediente de privación de dominio, la persona a quien se le ha incautado la empresa es Yasmin Zamira Aguilar Lemus, la exesposa de Luis. Su abogado afirma que Cable Color Génesis nunca ha pertenecido a los Valle y desde años pelea para que le sea devuelta. 

 

Pudimos contactar al abogado —quien solicitó el anonimato— para explicar su posicionamiento: «La empresa Cable Color Génesis, como persona jurídica, no ha cometido ningún delito de lavado de activos ni actividad ligada al narcotráfico. Es una empresa de comercio lícito. A la empresa nunca le encontraron que fue utilizada para lavar dinero. A mi cliente la tienen solo por el vínculo familiar con los Valle, por ser exesposa de Luis Alonso con quien tuvo hijos. Pero ella creó sola la empresa cuando ya estaba separada de él. Ellos sospechan que Luis Valle metía dinero en la empresa por el vínculo conyugal, pero no es cierto, y nunca pudieron probarlo. Por ese bendito vínculo familiar, no nos han devuelto la empresa, la casa y las cuentas bancarias.»

 

El abogado contó que la empresa está en manos de la OABI, quien la está arrendando a un tercero. Pero según una de las fuentes consultadas, esa empresa sigue informalmente en manos de los titulares de derecho, «ya que la OABI no tenía la capacidad de administrar esa empresa».

 

El secretario general de la OABI también desconoce el estado de Cable Color Génesis. «Es el otro problema que tenemos, porque hay unos bienes que se suponen que están administrados y lo están por personas ajenas. En eso estamos, investigando. Pero  para contestarle bien, tendría que ver bien el expediente para darle más explicaciones y actualmente no lo tengo conmigo», añadió el secretario general. 

 

Según el abogado de la exesposa de Luis Valle, la ausencia de delito cometido por la empresa basta para probar la nulidad de la medida de aseguramiento: «El Ministerio Público, con el pretexto de que el capital – y no la actividad de la empresa – es de un narcotraficante porque es socio, solo con eso van a incautar la empresa. Y no prueban nada del lavado de activos. Tan solo porque un socio es narcotraficante, suponen que la empresa es narcotraficante».

 

El abogado envió varias cartas al juzgado para pedir la revocación de las medidas, y en algún momento pensó también interponer un recurso de inconstitucionalidad de la ley, pero no lo hizo, para que no lo «tachen de abogado de narcos». 

 

Considera que hay un «prejuicio en contra de los familiares de un narcotraficante», pero también que es injusto vincular a una persona solo por el hecho de que existió un lazo comercial.

 

El Funcionario concuerda que «si usted es familiar de un narcotraficante, no hace de usted una narcotraficante. Ahora bien, si el narcotraficante le vende un bien con sobreprecio, o se lo da gratis, allí hay una sospecha grande. Si hay una transacción con muchos beneficios o muy pocos, hay que ahondar».

 

Por ejemplo, en Santa Rosa de Copán vive otro hombre con apellido Valle. Le han incautado propiedades y una ferretería. En el expediente, sus abogados mandaron cartas al juzgado anexando la prueba de que no existe un vínculo familiar con el cartel; pero hasta ahora, la fiscalía no ha pedido la revocación de las medidas de aseguramiento de sus empresas. Los abogados interpusieron un amparo constitucional que fue desestimado. 

 

El Investigador del Ministerio Público conoce el caso de Tito José Valle Chinchilla, el titular de derecho.: «Él está totalmente vinculado. Cuando ya las autoridades estaban asegurando los bienes de los Valle y estaban detrás de todas sus propiedades, él registró una ferretería y unas casas a su nombre para evitar que el Estado las asegure.» informó.

 

De hecho, en agosto de 2014, cuando se daban las primeras incautaciones y que los hermanos Valle aún no habían sido capturados, el cartel se organizó rápidamente para perder lo menos posible. La unidad de intervención de las comunicaciones evidenció que se dieron «actos tendientes al ocultamiento de bienes a través del traspaso a terceros, así como la destrucción de documentos que los señores Valle ordenaron a los miembros de su organización  a fin de impedir la obtención de elementos probatorios de sus actividades ilícitas».

 

Contactamos al abogado de Tito Chinchilla vía telefónica para conocer cómo su cliente se defiende ante la acusación de ser testaferro de los Valle, pero no quiso dar declaraciones.

En la audiencia de imposición de medidas, Luis Alonso Valle Valle tuvo la oportunidad de tomar la palabra una última vez ante el Distrito Sur de la Corte de Florida. Dijo que creía en la justicia estadounidense, en Dios, se disculpó y anunció que estaba colaborando con el Gobierno de EE.UU.

El rol de la privación de dominio en la lucha contra el crimen organizado

 

Si consideramos al crimen organizado como un monstruo de múltiples cabezas, la privación de dominio podría ser vista como una muy buena espada, incluso más eficaz que la privación de libertad de algunos miembros de la estructura criminal. Es lo que explicó Dennis Cheng a Contracorriente. Cheng tiene una larga trayectoria en la materia y fue el director de un proyecto de Sistemas de Administración de Bienes Incautados de América Látina de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

«A principios de los 2000, en América Central, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no estaba dando los resultados esperados, la privación de libertad de las personas no bastaba para acabar con las estructuras criminales. Los delincuentes seguían poseyendo un patrimonio del cual podían gozar, heredar o distribuir incluso desde la cárcel. Además sólo se podían quitar los bienes si la persona estaba condenada. Dejaba de lado muchos casos: las personas muertas, los testaferros, los prófugos de la justicia.», explicó Cheng.

 

De este vacío legal nace la normativa de privación de dominio, con el fin añadido de debilitar profundamente a las estructuras criminales. En Honduras fue aprobada en 2010. Cabe señalar que en 2013, en Tegucigalpa, fue asesinado Orlan Chávez, fiscal jefe de la unidad de lavado de activos que empujó esta ley. 

 

La primera ley de extinción de dominio en América Latina fue la de Colombia en 1996, después de que las autoridades se dieron cuenta de que no podían acabar con el cartel de Pablo Escobar sin arremeter contra el meollo de la estructura: el dinero, y con el dinero, la lealtad. 

 

«Con la ley de privación destruimos ese poder económico que tiene el crimen organizado», subrayó también el Funcionario dando un ejemplo muy concreto sacado de su experiencia, «el caso de Negro Lobo es interesante. En 1985 era marino, en 86 era capitán de barco, en 87 dueño de un barco, en el 88 se le quemó el barco, en 89 tenía dos barcos y en 1992 tenía 14 barcos. Cuando en el 2012 sus bienes fueron incautados, la fiscal me contó que a las dos semanas de haber sido asegurados, Lobo se presentó a la fiscalía, rodeado de guardaespaldas, quejándose de por qué se le habían quitado sus “cositas”. Las cositas eran buques, casas, carros, empresas, cuentas bancarias; pero sin sus bienes no pudo seguir pagando a sus guardias de seguridad. ¿Cómo fue capturado el Negro Lobo años después? En una camioneta, solo, en calzoneta, buscando comida. Esa es la fuerza de la privación de dominio.»

 

A principios de agosto de 2023, Carlos «Negro» Lobo salió de prisión tras haber cumplido sus diez años de condena en Estados Unidos y será deportado a Honduras

 

La sombra de un cartel 

 

En Honduras, hasta marzo de 2023, arrancó un juicio contra 12 personas ligadas al cártel, entre estas la hija de Digna Valle, Tesla Danessa Ortega Valle. «En el caso de los Valle y de los Ardón, el negocio no ha terminado. Los hijos son la nueva generación de delincuentes», afirmó la fuente policial que participó en la operación de captura. 

 

Capturar a las cabecillas fue un logro, pero el negocio de la droga, como las riquezas que brotaron de este se heredan, aseguró.

 

Aparte de este caso, los únicos que tienen un requerimiento fiscal y una orden de captura en el país son Miguel y Luis Valle, ya que tienen un proceso abierto desde 2015 por lavado de activos, tráfico de drogas y tráfico de armas.

 

Para el Funcionario que conoce de los casos de privación de dominio, la situación es muy preocupante pues «¿Cómo es posible que ya están saliendo de la cárcel, de vuelta, y que no ha empezado el proceso judicial?»

 

Contactamos a la Fiscalía para consultar sobre las investigaciones del caso Valle y por qué otros miembros del cartel no tienen un requerimiento fiscal presentado, pero al cierre de esta publicación no dieron fecha para atender una cita. 

 

En las últimas semanas, según informaron fuentes del juzgado de privación de dominio, exigieron al Ministerio Público que brindara un informe sobre el avance de las solicitudes de asistencia jurídica en el expediente Valle. Todavía están a la espera de una respuesta. En el juzgado tienen la esperanza de que el proceso de privación de dominio no va a detenerse en caso de vuelta de los Valle, al contrario «se les notificará y el juicio empezará». 

 

Sin embargo, añadieron que se le ordenó al abogado de José Inocente Valle que lo trajera al juzgado para notificarlo personalmente, y hasta la fecha ese trámite no se ha realizado a pesar de que su cliente ya se encuentra en Honduras o en otro país. En realidad, José Inocente no tiene ninguna orden de captura conocida. 

 
A diferencia del policía, El Investigador de la DLCN no se muestra tan alarmista. Cree que el cartel de los Valle es la sombra de lo que era y que, a pesar de ver a algunos de ellos en libertad, han logrado «golpear» la estructura criminal. 

 

¿Qué sintió cuando los Valle fueron condenados en Estados Unidos?

Satisfacción. 

¿Aunque estén por volver?

Sí. Aquí nunca hubieran sido juzgados. Ningún fiscal se hubiera atrevido a presentar el requerimiento y ningún juez lo hubiera tomado.

 

Algo no cuadra, una sensación de absurdidad. Algo como Sísifo que empuja una roca montaña arriba a sabiendas que, apenas llegada a la cima, aquella rodará cuesta abajo hacia el valle. La sensación de un esfuerzo en vano. Hago una la última pregunta: 

 

¿Qué sentido tenía para usted pasar años investigando a los Valle si sabía que quedarían impunes?

 

No dudó al responder:

 

Al menos para tener la certeza de que la impunidad no la generé yo. Que la impunidad en Honduras es de otros. 

 

 

*Durante todo el reportaje llamamos “El Investigador” a una fuente que ha solicitado proteger su identidad por razones de inseguridad. 

 

**Durante el reportaje llamamos “El Funcionario” a una fuente que ha solicitado que protejamos su identidad por razones de inseguridad. El investigador y el funcionario no son la misma persona

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Sobre
Periodista recientemente graduada de la escuela de periodismo de Sciences Po Rennes ( Francia), he trabajado temas de género, justicia y desigualdad en Guatemala y El Salvador, he incursionado en el documental radiofónico en Francia sobre migración.
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Directora de Contra Corriente Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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