X Space: triple femicidio en Roatán y masacre en PNFAS, dos escenarios en los que la presidenta Xiomara Castro optó por el silencio

La presidenta Xiomara Castro, jefa de Estado hondureña, ha sido criticada durante los últimos meses por su supuesta falta de sensibilización, al no mostrarse indignada ni expresar una declaración pública sobre la muerte de mujeres en Honduras, que sitúan al país a la cabeza de los femicidios en América Latina. En el primer X Space del año, Contracorriente contó con la participación de la viceministra Julissa Villanueva, quien reconoció las fallas en el sistema; y con la investigadora Lara Bohórquez y la feminista y escritora Jessica Sánchez, quienes interpelaron al gobierno ante la emergencia que viven las mujeres en Honduras. 

 

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen 

El pasado viernes 11 de enero, Contracorriente realizó el primer Space del año, con una pregunta provocadora: ¿Puede el Estado responder al triple femicidio de Roatán? Las invitadas —Jessica Sánchez, feminista y escritora; Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad— tocaron puntos que retrataron que lo sucedido en Roatán va más allá del caso concreto, ya que el Estado está en deuda con las mujeres y se requiere de mayor sensibilidad por parte de los tomadores de decisión, incluyendo a la propia presidenta de la República, Xiomara Castro.

Jessica Sánchez comenzó diciendo que en Honduras existe una emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, la cual, para las feministas, no sólo abarca los femicidios sino también los modos en que ocurre esa violencia, y que por ello fue necesario crear la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CIMVMF), lanzada el 16 de agosto del 2018 tras el decreto legislativo 106-2016.

«Formo parte de esa comisión, pero últimamente me he retirado precisamente por la falta de capacidad del Estado», reveló Sánchez, quien agregó que desde hace dos años se ha estado trabajando en un plan estratégico, que se suponía era urgente, «pero no se ha concretado, y no es por nosotras sino por incapacidad del Estado. Siempre dan vueltas y no contestan. Entonces nosotras como organizaciones de mujeres y feministas ya estamos un poco cansadas», confesó.

Agregó que en el caso de la masacre de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el Estado ni siquiera ha tenido interés ni capacidad para dar respuesta a esas muertes, y tampoco ha dado respuesta a los femicidios que desde hace mucho tiempo se vienen dando.

Los femicidios, según Sánchez, son un fenómeno que según registros comenzó en San Pedro Sula, que se intensificó durante los años 1998, 1999 y 2000, y se fue extendiendo a todo el país.

«No solo es el caso de un hombre que mata a las mujeres, o sea no solo es violencia doméstica; según datos del OV (Observatorio de la Violencia) en un momento el escenario del crimen organizado fue donde más muertes de mujeres había, porque estas son objeto de venganza o de trata de personas», expuso.

Sánchez añadió que es necesario que la atención se centre en una parte de la población masculina, porque, por ejemplo, instituciones como el Ministerio Público han fallado en las investigaciones. «Dijeron que solo el 10 % de casos se habían judicializado, entonces se ha fallado en la investigación por falta de voluntad política», manifestó.

En el Space se criticó el papel de algunos funcionarios que buscan sacar réditos políticos de casos mediáticos.

«Hemos visto al fiscal interino (Johel Zelaya) muy interesado por el caso de Roatán», manifestó Sánchez, quien por otro lado criticó la tibieza de la presidenta Xiomara Castro, que ha aparecido en eventos públicos, pero no se ha pronunciado por los crímenes contra mujeres.

«Ustedes ven a la presidenta con la ministra de Salud [doctora Carla Paredes, recientemente nombrada] muy, muy risueña, y con Rixi Moncada [aspirante a candidata respaldada por el Partido Libre], muy alegre, muy contenta, sin haber dicho nada de las muertes de mujeres.  Es un contraste bastante fuerte que la presidenta no tome la palabra y no dedique algo al menos a los familiares de las víctimas», manifestó Sánchez.

La escritora feminista criticó que en Honduras no existan enfoques integrales cuando se registran asesinatos de mujeres, como por ejemplo, la reparación a los familiares de las víctimas. «A mí me dijeron que quedan seis niños huérfanos en Roatán, pero no hay iniciativas económicas. Hace un tiempo solicitamos una beca o un bono para los hijos de las víctimas de femicidios, pero ahí se quedó».

Jessica dijo no estar de acuerdo con la viceministra Villanueva, pues esta última defendió a la presidenta Castro diciendo que la mandataria sí está sensibilizada con el tema.

«La doctora Julissa decía que no es que la presidenta no tenga sensibilización, pero yo sí creo que no la tiene, porque si la tuviera, ya hubiera salido en un mensaje a la nación; yo sí creo que no es falta de conocimiento, sino falta de sensibilidad humana como mujer (…) yo sé que usted está en su cargo y su deber es defenderla, pero creo que no me dejan mentir las demás feministas que están aquí, nos ha fallado y esa es una herida profunda», expresó Sánchez.

«¿Desde dónde se ve la sensibilidad?», se preguntó Sánchez, quien cuestionó que la presidenta Castro ni siquiera se atreva a usar el término femicidios, y opte por eufemismos como «homicidios de mujeres».

«¿Por qué el miedo si ya está en el Código Penal?: ¡femicidios! Desde ahí se ve la falta de sensibilidad. Dos años tenemos pidiéndole que cambie por femicidios y no nos ha parado bola. Y según el protocolo a nivel latinoamericano, que fue también adoptado por el Estado de Honduras, dice que toda muerte violenta de mujer se llamará femicidio, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué la resistencia?», cuestionó la académica.

Por su parte, Lara Bohórquez, de la Unidad de Investigación Feminista del CDM, indicó que el caso de Roatán es ejemplar, porque ahí concurren los elementos de lo que generalmente se conoce como «la víctima perfecta», ya que existe un contexto en donde unos familiares de las víctimas hicieron todo lo posible por evitar el crimen, al solicitar ayuda y denunciar la desaparición. Sin embargo,  Bohórquez hizo hincapié en el contraste del rol negativo del Estado, que no dio respuesta inmediatamente cuando se reportó la desaparición.

«Los familiares inmediatamente denunciaron e hicieron todo lo correcto y aun así hubo una consecuencia [el triple femicidio]», indicó Lara, explicando que es un ejemplo de una denuncia que no fue solucionada. «Claro que ahora ya se están poniendo a trabajar», ironizó .

Bohórquez afirmó que como feministas han sostenido que Honduras es un país «invivible» para las mujeres, y que eso es consecuencia de la falta de políticas públicas que tiene el Estado, en donde hay falta de prevención y de sensibilización. Criticó además que la presidenta Castro tampoco se pronunció cuando se produjo la masacre de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

«El 25 de noviembre pasamos sin una declaración de la presidenta, y ahora con este caso, que no se ha pronunciado, no vimos esa determinación que se necesita todos los días para abordar la violencia contra las mujeres», explicó.

La viceministra de Seguridad, la doctora Julissa Villanueva, defendió a la presidenta Xiomara Castro, argumentando que es ella como mandataria la que, «enérgicamente», le ha señalado «a todos los funcionarios» que existe una emergencia en materia de muertes violentas y sobre todo femicidios. 

«Ha sido fuerte y contundente, y eso se ve evidenciado en la creación de la Comisión Interinstitucional de Muertes Violentas de Mujeres, que comienza a reactivarse con la presencia de actores de gobierno y sociedad civil, de alto nivel y tomadores de decisiones», dijo VIllanueva.

Villanueva dijo que existe una orden presidencial «para que todos estos funcionarios» comiencen a trabajar en función de metas y estrategias. «¡Esto no es un show mediático!», exclamó la viceministra, y agregó que eso se va a demostrar. «Las cifras tienen que caer. Se deben detener sobre todo las muertes violentas de mujeres e igualmente disminuir todas las formas de violencia», sostuvo.

Villanueva subrayó que la violencia contra las mujeres son un problema heredado «de los últimos 12 años». No obstante, ese argumento fue rechazado por la escritora Jessica Sánchez y por alguien de la audiencia que tomó la palabra, quienes coincidieron en manifestar que no se puede permanecer tanto tiempo culpando a otros y que es necesario asumir las riendas y tomar responsabilidad.

La viceministra también hizo referencia a los más de 300 femicidios del año pasado y a los más de 200 del 2022, y reconoció que todos los femicidios deben de ser emblemáticos y recibir la misma atención y tratamiento en la investigación como el de Roatán, que se ha convertido en un caso mediático por haber ocurrido en un lugar turístico y por la nacionalidad, estadounidense, del sospechoso.

«La gente cree que todo es bello en Roatán, pero hay un serio problema de seguridad allá. Y cuando yo lo he establecido y lo he dicho, me mandaron para atrás, más bien me dijeron que era no grata. Me lo dijo en algún momento el general Ramón Sabillón cuando comenzamos a trabajar e identificar casos de trata de personas, y me dijo: “bueno es mejor que ya no regrese a Roatán”. Porque yo comencé a hablar sobre muchos casos de trata de personas, de la explotación sexual comercial y de casos como el de Angie Peña», expuso la viceministra.

Agregó que todos estamos obligados a reflexionar sobre lo que está sucediendo con las mujeres. «Ese es el mensaje que nos está mandando a nosotros la presidenta de la República y no es falta de sensibilidad de ella, Jessica, ella (la presidenta Castro) ha declarado emergencia y pronto estará ella dando la cara al respecto», expresó Villanueva.

La viceministra Villanueva dijo durante el Space que se siente apenada por la lentitud operativa de cómo funcionan el Ministerio Público y el Poder Judicial, y afirmó que «ahora el general Gustavo Sánchez (ministro de Seguridad) sabe que, o retoma las riendas de seguridad en este país, o van a rodar cabezas muy pronto, porque la presidenta ha sido contundente en esta materia».

Villanueva reveló que en Roatán no hay forenses capacitados, y que tampoco hay morgue ni laboratorios criminalísticos, y que «los fiscales son muy pocos».

La viceministra de Seguridad sostuvo que algunos casos de femicidios han salido a la luz gracias a ella, porque de lo contrario seguirían escondidos.

«En el caso de PNFAS no habían dado ningún avance en las investigaciones, y tuve que irme a meter a los laboratorios de balística, y decirles que por favor me presentaran avances, y se me negaron todos los accesos dentro de la misma policía; por eso me fui a meter yo, para ver si se atrevían a sacarme a mí, siendo viceministra; y ahí empecé a revisar la evidencia y les dije: si ustedes no entregan estas evidencias, yo voy a denunciarlos», expuso.

Agregó, además, que logró que las evidencias fueran trasladadas al Ministerio Público, y se preguntó si solo habría requerimientos para las «19 reclusas», dejando impunes a los policías que facilitaron las municiones y las demás autoridades que omitieron, con conocimiento de causa, lo que estaba pasando en PNFAS.

«Es mejor estar adentro que afuera. Si yo hubiera estado afuera de la Policía, no se hubiera demostrado que las balas que mataron a esas mujeres son balas asignadas a la Policía Nacional», sentenció Julissa.

En respuesta al señalamiento de un participante del Space en cuanto a que  el estadounidense sospechoso de asesinar a las tres mujeres de Roatán no fue detenido, argumentó que fue porque todavía no tenían «ningún indicio» y «ningún delito».

Sin embargo, reconoció que existen problemas para detener a extranjeros que asesinan mujeres en el país, y ejemplificó el caso de un canadiense que en Trujillo, otra ciudad turística, «mató en un hotel a su compañera de relación, y sencillamente no hubo levantamiento».

Villanueva explicó que no se realizó el levantamiento por parte de Medicina Forense porque en esos días había una protesta con suspensión de labores. 

Actualización

Seis días después del Space, el pasado 17 de enero, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) se manifestó frente al Ministerio Público y condenó el silencio de la presidenta Xiomara Castro ante la emergencia de femicidios en Honduras, exigiendo la puesta en marcha de un mecanismo de respuesta inmediata a las emergencias, el cual figura ya en la propuesta de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que lleva ya dos años esperando discusión en el Legislativo.

En 15 días de este año, CDM reportó que 16 mujeres habían muerto de forma violenta en Honduras y que en este 2023 los femicidios han aumentado en un 30 % en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el Ministerio Público el 18 de enero presentó un requerimiento fiscal para «nueve integrantes de la Pandilla 18 presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023 en horas de la mañana». 

Las sospechosas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas privadas de libertad.

Estan acusadas de «asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida». 

«Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría», se indicó en el comunicado.

Hasta el momento, tal como lo advertía la viceministra de Seguridad, el Ministerio Público no ha presentado requerimientos fiscales contra policías o altos mandos de la Secretaría de Seguridad por el uso de armas del Estado para perpetrar la masacre. «Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes», concluye el comunicado.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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