Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Lenir Pérez, el empresario dueño de las concesiones en la mina de Guapinol y el aeropuerto Palmerola, mantiene su poder intacto a pesar del discurso oficial de la presidenta Xiomara Castro en contra de estos proyectos. Señalado por beneficiarse de sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández para obtener contratos irregulares y abusar de los derechos humanos de comunidades, Pérez podría mantener un acceso privilegiado al nuevo gobierno a través del trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización. 


Texto: Fernando Silva
Apoyo en la investigación: Vienna Herrera y Jennifer Avila
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El gobierno de Xiomara Castro mantiene un vínculo estrecho con el empresario Lenir Perez a pesar de que en el discurso oficial repudia la criminalización de defensores del ambiente en Guapinol, perpetrada principalmente por este empresario. Una investigación de Contracorriente encontró que, desde junio del 2020, el empresario comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomas Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Desde entonces, Pamela Blanco pasó a ser la notaria encargada de la constitución de múltiples empresas que forman parte del grupo liderado por Lenir Pérez; además, le otorgaron «poderes legales para pleitos válidos» para representar a varias de sus empresas ante cualquier institución del Estado.

Lenir Pérez es presidente del Grupo Emco Holding, un conglomerado de empresas que mantiene inversiones en diferentes sectores como el de la construcción, el aeroportuario y la siderurgia. Entre sus proyectos más importantes en el país están un megaproyecto minero ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, y la concesión para la construcción y operación del nuevo aeropuerto Internacional Palmerola, ambos proyectos ampliamente señalados por diversos sectores de la sociedad por haberse otorgado en condiciones irregulares.

La concesión en Guapinol ha generado un conflicto desde 2018 en el que 32 defensores fueron criminalizados y, en la última semana, dos líderes de ese movimiento comunitario que se opuso al proyecto minero de Lenir Pérez fueron asesinados: Jairo Bonilla y Aly Dominguez, este último fue uno de los primeros ambientalistas criminalizados por defender el río de la destrucción de la empresa minera. El abogado Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, apuntó en sus redes sociales que este asesinato también es responsabilidad del gobierno actual ya que, a pesar de las denuncias de abusos a los derechos humanos y afectaciones al medioambiente, el gobierno no ha cancelado las concesiones manteniendo el conflicto intacto.

Tras las elecciones de 2021, que resultaron en la victoria de Xiomara Castro como presidenta, las concesiones otorgadas a las empresas lideradas por Pérez fueron señaladas por funcionarios del nuevo gobierno y parte del sector empresarial. Incluso, en diciembre de 2021, la mandataria apuntó a la concesión adjudicada a la empresa Palmerola International Airport como un «contrato ilegal» por lo que anunció que sería revisado y modificado. Además, la presidenta prometió en su discurso inaugural el cese a los permisos de minas abiertas y concesiones sobre los ríos y pidió libertad para «los presos políticos de Guapinol», ocho ambientalistas que estuvieron en prisión durante casi dos años y medio a causa del conflicto medioambiental.

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Toma de posesión de la Presidenta Xiomara Castro quien es acompañada por su esposo y ex presidente, Manuel Zelaya Rosales. Foto CC/Jorge Cabrera

A pesar de una inspección realizada por el Ministerio Público en el Parque Nacional Carlos Escaleras que constató los daños al ambiente en la zona y otra inspección realizada por parte del viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), Malcom Stufkens e Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no hubo muestra concreta del cumplimiento de las advertencias de Castro, por lo que las empresas lideradas por Lenir Pérez y su esposa, Ana Facussé, siguen operando de forma normal y aumentan su capital a medida que sus actividades se expanden por toda la región centroamericana y el Caribe.

Y es que Pérez ha sabido establecer relaciones gubernamentales que protegen sus negocios; primero, con el gobierno del expresidente Hernández con diputados del Partido Nacional con quienes reconoció haber negociado la reducción de la zona núcleo del Parque Carlos Escaleras, área protegida donde opera la concesión minera y, segundo, en el caso de Palmerola para firmar un contrato con el presidente sin que sus empresas tuvieran experiencia en el rubro aeroportuario.

La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene «la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia».

Los poderes de esta Secretaría sobre las municipalidades y las gobernaciones departamentales y la observancia del acceso a la justicia en el país, le podrían brindar al empresario Lenir Pérez un contacto invaluable para incidir en el poder local en las zonas en donde mantiene sus inversiones y tendría influencia en el enlace directo entre la presidenta y organizaciones de sociedad civil, que en varios casos reclaman abusos a derechos humanos en contra de las comunidades donde Pérez mantiene sus inversiones.

El 8 de marzo de 2022, las redes sociales de la Secretaría de Gobernación publicaron la foto de Tomas Vaquero juramentando como gobernador del departamento de Colón al alcalde electo de Tocoa, Adán Funez, señalado por organizaciones defensoras del ambiente de ser uno de los principales aliados de Lenir Pérez y Ana Facusse para el funcionamiento de la mina propiedad de Inversiones Los Pinares.

En un comunicado público del 11 de julio de 2022, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa apuntó que «Adán Fúnez está comprometido y corrompido por el empresario Lenir Pérez». La municipalidad de Tocoa y la empresa Ecotek, parte del grupo EMCO — que posee otra concesión en la zona de amortiguamiento del parque Carlos Escaleras — actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por la supuesta adulteración de un acta municipal de cabildo abierto con el objetivo de cumplir el requisito de socialización del proyecto.

Finalmente, ante la presión de las comunidades, Fúnez renunció al cargo de gobernador y dejó en su lugar a Icxer Barahona, quien se encontraba en una relación de subordinación con Fúnez ya que fungía como encargado de relaciones públicas en la municipalidad, y que miembros de la comunidad en Guapinol aseguran que pertenece a su círculo cercano; además, participó como candidato a diputado por la misma corriente del alcalde de Tocoa. Adán Funez sigue siendo el alcalde de Tocoa y según fuentes de la zona, es quien se reúne con altos funcionarios en privado y en el territorio de la empresa procesadora de metales propiedad de Pérez.

Funez también ha sido señalado por sus vínculos con el cartel de Los Cachiros. En 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró en una corte de los Estados Unidos que el alcalde de Tocoa brindó asistencia al cartel a cambio de sobornos. Previo a esas declaraciones, Funez ya había admitido en uncabildo abierto que mantuvo una relación de amistad con miembros de esta familia criminal.

Lenir Pérez y sus conexiones con el gobierno de la «refundación»

Según la documentación encontrada por Contracorriente, el 1 de junio de 2020 ,Pamela Blanco recibió un «poder general para pleitos» en cinco empresas parte del Grupo Emco: Inversiones Los Pinares S.A de C.V, Alutech S.A de C.V, Constructora EMCO S.A de C.V, Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S.A de C.V y en Palmerola International Airport S.A de C.V. Además, la empresaria Ana Facusse, quien también es socia y esposa de Pérez, le otorgó ese mismo día poderes a Blanco en la empresa Xtreme Twistters S. de R.L.

Desde entonces, Pamela Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte de este conglomerado. Las empresas constituidas con los servicios legales de Blanco fueron: EMCO Corporación S.A, TREDESA, ADIMEX, EMCO F.S Honduras S.A de C.V y EMCO Comercial Honduras S.A de C.V.

Todos estos poderes y actas notariales para la constitución de las empresas fueron firmados en una oficina ubicada en el barrio Suyapa de San Pedro Sula perteneciente al Bufete Vaquero Blanco. De 35 empresas que Contracorriente encontró registradas a nombre de Lenir Pérez, en 14 de ellas Pamela Blanco Luque ha prestado sus servicios legales desde esa oficina que comparte con el actual ministro de gobernación.

Otro vínculo entre la familia Vaquero-Blanco y Lenir Pérez está en la Corporación Candeo, una sociedad anonima que constituyó en agosto de 2012 Laura María Blanco Luque, hermana de la abogada Pamela Blanco, con el presidente de la junta directiva de inversiones Atlántida, Guillermo Bueso Anduray, quien el mismo Lenir Pérez aseguró en un discurso público que fue su enlace con la banca privada nacional para la construcción del aeropuerto internacional Palmerola. La hermana de una de sus apoderadas, esposa del ministro de gobernación, es socia en una empresa con uno de sus socios en la banca nacional.

Banco Atlántida, que dirige Guillermo Bueso, fue además el agente y estructurador de un crédito de 163.5 millones de dólares otorgado a Palmerola International Airports por AFP Atlántida, Banco de Occidente, Banco Promerica, St. Georges Bank, Banco del País y el Banco de Desarrollo Rural.

La conexión con este bufete legal tiene especial relevancia en los negocios de Lenir Pérez ya que Tomas Vaquero, además de ser uno de los funcionarios de mayor importancia en el gobierno de Xiomara Castro, es un hombre de confianza de Manuel Zelaya, coordinador del partido Libertad y Refundación y expresidente de la República. La confianza en Tomás Vaquero es tanta que diversas fuentes confirmaron a Contracorriente que él fue el encargado a nivel nacional de la recaudación de fondos para la campaña política de Xiomara Castro en 2021, además de ser el encargado de la coordinación de Libre en San Pedro Sula.

El ingeniero Roberto Mena, quien fue parte de la coordinación de la campaña política del candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Omar Menjívar, confirmó a Contracorriente que previo a iniciar la campaña para las elecciones generales, el expresidente Zelaya presentó a Tomás Vaquero y dijo que él iba a estar apoyando en esa zona con la obtención del financiamiento para desarrollar la promoción de los candidatos en San Pedro Sula y principalmente de la entonces presidenciable Xiomara Castro; además, les aseguró que ya había trabajado con él en otras campañas políticas.

«Era el enlace de la coordinación del partido acá en Cortés, si queríamos entendernos con Mel prácticamente era a través de él porque era quien estaba manejando la campaña de la presidenta a nivel de Cortés. Él tuvo la responsabilidad de buscar financiamiento también para la campaña de Omar Menjívar, pero al final, a nosotros no nos apoyó porque había ciertas discrepancias ya que ellos tienen su lógica desde una perspectiva liberal pero nosotros hicimos nuestro planteamiento para hacer las cosas distintas, entonces había diferencias», apuntó Mena.

Además, Mena aseguró que los enlaces empresariales de Vaquero, lejos de generar desconfianza, les generaron esperanza, «pensamos que se iba a tener más acceso y más apoyo de parte de los empresarios sin necesidad de comprometer alguna promesa, pero era muy difícil», y aseguró que un día Vaquero dijo que por culpa de las promesas de la presidenta de construir en el país el «socialismo democrático» le costaba poder conseguir fondos.

Sumado a la importancia que el actual ministro tiene en la estructura del partido Libre, hasta el momento Tomas Vaquero y Pamela Blanco son la única conexión visible entre los intereses de Lenir Pérez y la oficina del fiscal general del Ministerio Público, institución que, junto a la empresa minera, se encargó de liderar un proceso de criminalización y acoso en contra de las comunidades y defensores del parque Carlos Escaleras.

Contracorriente encontró que la familia Blanco Luque mantiene un lazo de amistad con el fiscal general Oscar Chinchilla, quien es constantemente invitado a los eventos importantes de la familia y además fue jefe de la abogada Nicole Vaquero Blanco, hija de Tomas y Pamela, quien se desempeñó durante al menos 9 años como abogada asociada directa al fiscal general.

El Ministerio Público acusó y logró encarcelar a ocho ambientalistas defensores del Parque Carlos Escaleras y el Río Guapinol que eran afectados por la minera de Lenir Pérez. 

De la misma forma, el Ministerio Público ignoró peticiones internacionales para detener los abusos a derechos humanos en el caso de los presos de Guapinol, como una carta enviada por Amnistía Internacional el 11 de diciembre de 2021 a la oficina del Fiscal General Oscar Chinchilla, en la que manifestaron «su preocupación por las graves irregularidades de la investigación y el enjuiciamiento en contra de los ocho defensores de Guapinol, concluyendo que las acusaciones penales en su contra, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia».

Tomas Vaquero Morris es un abogado y empresario reconocido en la zona norte del país que entre 2006 y 2007 fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) previo a incorporarse, a inicios de 2008, al gabinete del expresidente Manuel Zelaya.

En enero de ese año, Vaquero fue nombrado titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y desde allí se encargó de firmar los contratos de operación de proyectos de generación de energía, como fue el caso delProyecto Hidroeléctrico Mezapa, ubicado en el municipio de Arizona, Atlántida, al que se hanopuesto pobladores de las comunidades circundantes y organizaciones defensoras del territorio y el ambiente.

Además, Vaquero fue promotor de la Ley General de Minería que finalmente fue aprobada en 2013 y que diversas instancias de sociedad civil han señalado que tiene que revisarse o derogarse por favorecer a un reducido grupo de empresarios y propiciar daños al ambiente. Justamente en ese tiempo, Vaquero declaró que «no hay que ahuyentar a los inversionistas, lo que sí creo es en los mecanismos de control ahora en el mundo, hay normas de calidad y exportación que permiten la regulación y la aplicación de la normativa de explotación general».

Tras el Golpe de Estado de 2009, Vaquero enfrentó una acusación de la fiscalía por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en la que se le dictó auto de formal procesamiento, pero finalmente resultó absuelto. En ese contexto, Vaquero siguió ejerciendo como empresario y abogado en el Bufete Vaquero Blanco ubicado en el barrio Suyapa de la ciudad de San Pedro Sula, en el que lo acompaña como socia su esposa Pamela Blanco.

Fue ante ella y en la misma oficina de su bufete legal, que en abril de 2016 Vaquero acudió para la constitución de una empresa denominada Ideas 21 S. de R.L, quedando evidenciado un vínculo de negocios entre la señora Pamela Blanco y Tomas Vaquero.

Cuatro años después, el 1 de junio de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, Lenir Pérez en su calidad de presidente del consejo de administración de Inversiones Los Pinares otorgó un «poder general para pleitos» en favor de la abogada Pamela Blanco en el que la facultó para representar a esa empresa dueña de la concesión minera en el parque Carlos Escaleras ante «cualquier institución administrativa del Estado en cualquiera de sus dependencias, ante los tribunales de justicia de la República de Honduras y ante autoridades competentes […]». Dicho poder sigue vigente hasta la fecha de publicación de esta investigación.

Apenas dos días después, el 3 de junio, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, una organización comunitaria articulada como proceso de organización y acción social contra el despojo producido por los proyectos extractivos en la zona, emitió una carta pública en la que exigió la liberación de 8 defensores del ambiente que guardaban prisión desde septiembre de 2019, esto ante un brote de Covid-19 dado en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, donde se encontraban detenidos los defensores.

Justamente en marzo de 2020, el equipo legal de los defensores presentó un habeas corpus solicitando su liberación tras las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que concluyó que la detención de los defensores de Guapinol no cumplía con normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Humanos.

En ese momento, en la carta pública emitida por el Comité Municipal se responsabilizó «en primer lugar, al Estado cuyo gobierno dirige Juan Orlando Hernández, junto a Rolando Argueta en la Corte Suprema quienes tienen pleno conocimiento de la naturaleza de estas violaciones, en segundo lugar, se responsabiliza a la empresa minera Inversiones los Pinares cuyo responsable es Lenir Pérez y Ana Facusse en Honduras por la vida e integridad de los defensores de derechos ambientales».

Rio guapinol Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH
Los habitantes de Guapinol escriben mensajes que defienden la vida en las enormes rocas que hay en su río. Guapinol, Tocoa, 11 de agosto de 2022. Foto CC/Fernando Destephen.

A pesar de la exposición pública del conflicto y que seguramente Pamela Blanco estaba enterada de cada uno de los detalles del mismo, el poder legal para representar a esta empresa recayó en la oficina del bufete legal que conforma quien dos años después ocupó el cargo de secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Rita Romero, que acompaña al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, aseguró que hay varias acciones del actual gobierno que dejan claro que hay una sociedad con las empresas de Lenir Pérez.

La abogada Romero se refirió a la construcción de la nueva academia militar de aviación que será ejecutada por la empresa Palmerola International Airports de Lenir Pérez, la cual se ubicará en la Base Aérea «José Enrique Soto Cano» junto al aeropuerto civil.

Según la información oficial, el proyecto está preliminarmente valorado en más de 91 millones de lempiras, los que serán puestos completamente por la empresa como parte del cumplimiento del compromiso de Palmerola International Airport con la Academia Militar de Aviación cuya sede original fue desplazada hace unos años por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola. En el inicio de las obras estuvo presente el empresario Lenir Pérez y el sobrino de la presidenta José Manuel Zelaya, titular de la Secretaría de Defensa.

«No podemos negar que en noviembre y diciembre pasado [2021] fue como una gran luz de esperanza, pero a este momento esa luz de esperanza se ha trastocado en una verdad y creo que ha sido bueno el aprendizaje, y es que es ilusionista pensar que un cambio de administración gubernamental puede dar al traste con una inversión bien montada en un país para beneficiarse solo ellos y que aquí se trata de que la fuerza está en la colectividad poblacional», concluyó la abogada Romero.

Consultamos vía correo electrónico y llamada telefónica a la abogada Pamela Blanco Luque para conocer su visión con respecto a un posible conflicto de interés de parte de su esposo y socio el ministro Vaquero, debido a su relación como apoderada legal en empresas del grupo liderado por Lenir Pérez. El correo no fue respondido al cierre de esta nota y a través de una llamada telefónica la reconocida abogada y notaria nos dijo que ella era una persona «de bajo perfil» y que no daba entrevistas, menos refiriéndose al tema por el que la llamamos: su relación con el empresario Pérez.

Contactamos vía correo electrónico, vía llamada telefónica y mensajes de whatsapp al ministro Vaquero para conocer su nivel de involucramiento en los trámites legales del empresario Pérez que se firman en su despacho y su posible conflicto de interés con el caso Guapinol, pero a través de la llamada solo nos dijo que revisaría su correo para darnos respuesta, sin embargo, al cierre de esta nota, el correo no fue respondido.

También contactamos al ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María para conocer la visión desde la Presidencia de la República sobre el posible conflicto de interés de un miembro de su gabinete y cómo responde éste al conflicto que sigue latente en la comunidad de Guapinol, sin embargo, el ministro nos remitió con la SERNA y la SEDH, e insistió que no podía hablar de algo que no conocía y que, según él, no le compete. 

Finalmente, escribimos al ministro de defensa, José Manuel Zelaya para consultar sobre el trato que hay entre Lenir Pérez y el gobierno para la construcción de la academia militar de aviación que ejecuta la empresa Palmerola International Airport, sin embargo, no obtuvimos respuesta.

El parque Carlos Escaleras en más peligro que nunca

Además del nombramiento de Adán Funez realizado por Tomas Vaquero, otro punto opaco en el historial de la pareja Vaquero Blanco es que, en 2005, la abogada Pamela Blanco Luque se encargó de la constitución de la empresa Distribuciones Latinas S. de R.L propiedad de Christian Jamil Suazo Sánchez, quien en noviembre de 2020 fue arrestado en Estados Unidos y en octubre de 2022 fue sentenciado en una Corte del Distrito Sur de La Florida a una pena de cinco años y nueve meses de prisión por haber sido declarado culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Según reportes de medios nacionales, Suazo Sánchez fue socio de Fredy Mármol, capo de la droga extraditado en octubre de 2021 hacia Estados Unidos, que se declaró culpable por los cargos de conspiración para distribuir cocaína y fue condenado a una pena de 20 años de prisión.

Los antecedentes oscuros de Adán Fúnez y Tomas Vaquero han resultado en que la comunidad y los defensores del ambiente se encuentren en una situación de indefensión y peligro latente.

Leonel George, integrante del Comité Municipal y líder comunitario, dijo a Contracorriente que como defensores contaban que con el nuevo gobierno y su discurso de defensa de los derechos humanos iba a terminar la persecución política y que las fuerzas de seguridad estatal ya no iban a cuidar a la empresa minera; sin embargo, se han enfrentado a un escenario contrario.

«Ha ido bajando la esperanza y lo que creíamos por las personas que han ido ubicando en distintas instituciones y que se sabe que sus antecedentes no han sido tan limpios ni transparentes, entonces ha bajado esa confianza por el triunfo de la presidenta», apuntó Leonel.

El defensor explicó que se presentó una oposición formal ante la Secretaría de Gobernación por el nombramiento de Fúnez, en la que justificaban que esta acción atentaba contra los defensores del ambiente en la zona y con ese cargo le daban más poder a Fúnez y los defensores se volvían más vulnerables.

«Tanto el alcalde como el nuevo gobernador continúan considerando que somos sus enemigos, simplemente porque estamos en contra de la explotación minera y ellos están a favor, eso es expresado muy claro por ellos y ese es el motivo por el que no ha sido posible establecer relaciones de diálogo ni de avanzar en conversaciones para tratar esos temas con el gobierno. La empresa sigue protegida y sigue teniendo el control absoluto», explicó Leonel.

Además, apuntó que la respuesta de las autoridades de la SERNA, liderada por el secretario de Estado Lucky Medina, y del Instituto de Conservación Forestal (ICF) liderado por Luis Soliz, es que están estudiando los expedientes de los proyectos. Sin embargo, Leonel dijo que ya es suficiente tiempo para seguir poniendo dichas excusas, y aseguró que estos retrasos le están dando ventaja a la empresa para que siga destruyendo, amenazando, criminalizando y explotando los recursos de las comunidades.

«Solo quisiéramos creer que no es un plan en el que se han puesto de acuerdo para darle ventajas o beneficios en la ilegalidad para que puedan aprovechar de los recursos y destruir la zona de este Parque Nacional», apuntó Leonel.

Finalmente, George aseguró que los defensores del ambiente ligados a este conflicto se sienten más desprotegidos y con mayor riesgo que previo al inicio del gobierno de Xiomara Castro porque «la empresa ha tenido a Fúnez como aliado aquí en Tocoa y ahora él tiene mucho más poder y eso a las comunidades y nosotros nos pone más vulnerables porque pues entendemos que si existen estos intereses de explotar no les va a importar ninguna oposición».

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH
Defensores del medio ambiente en Guapinol, Tocoa al norte de Honduras continúan exigiendo la cancelación de las concesiones mineras en su territorio. FotoCC/ Fernando Destephen

En agosto de 2022, el Comité Municipal emitió un informe técnico geológico en el que se describe el impacto ambiental de lo que ahora es el megaproyecto minero de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek que incluye dos concesiones mineras: ASP y ASP2 a Inversiones Los Pinares, una planta de beneficio y paletizada propiedad de Inversiones Ecotek, una planta de generación eléctrica con capacidad de 50 megavatios y una contrata de aguas nacionales sobre el Río Guapinol.

Dicho informe concluye en que «este proyecto minero, desde un principio fue mal concebido por las autoridades gubernamentales que, abusando de su autoridad, propiciaron el daño al medio ambiente. Asimismo, el clamor comunitario revela la magnitud de la inconformidad comunitaria con un megaproyecto minero que no se sabe a ciencia cierta qué intenciones tiene y que está dañando gravemente sus fuentes de agua, su bosque y sus medios de vida».

Además, la parte legal de las comunidades exigió en diferentes instancias la aplicación del principio precautorio establecido de la Declaración de Río de Janeiro citando que «cuando haya peligro de daño grave o irreversible, sin que la falta de certeza científica absoluta sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente», todo esto debido al peligro de daño grave o irreversible en la zona de riesgo en que dicho megaproyecto opera.

Contracorriente intentó reiteradamente contactar a través de llamadas y mensajes a Lucky Medina, titular de la SERNA, al viceministro Malcom Stufkens y a Ariel Madrid, secretario de esa institución, para consultar sobre las acciones realizadas desde esa dependencia relacionadas al conflicto en el Parque Carlos Escaleras. Sin embargo, ninguno respondió.

La abogada Rita Romero opinó que en este caso la responsabilidad que tendrán los funcionarios de la SERNA ante la destrucción que se está cometiendo en el Parque Nacional Carlos Escaleras y la afectación en los medios de vida de las comunidades es una culpa y responsabilidad por omisión.

«En SERNA no nos dicen que el proyecto debe seguir, pero no nos resuelven, no cancelan la licencia. La semana pasada ya metimos un último escrito y pedimos que cancelen la licencia de ASP y ASP2 porque hay vasta evidencia de la explotación ilegal y los daños. Evidencia sustentada en los mismos informes de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) que depende la SERNA», apuntó Romero.

Otra instancia que podría intervenir en la crisis ambiental que afecta a las comunidades de influencia del megaproyecto minero es la Comisión de Derechos Humanos del gabinete del Poder Ejecutivo, el cuál es conformado por representantes de diversas Secretarías de Estado, entre ellas, la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización. Esta instancia, creada por la actual administración, se encarga de tratar casos de forma interinstitucional; sin embargo, a pesar de la prioridad que la presidenta le dio al caso de Guapinol al iniciar su mandato, hasta el momento no se ha discutido sobre la exigencia de las comunidades de cancelar las concesiones otorgadas a las empresas de Pérez ante las irregularidades y los abusos a derechos humanos cometidos.

Guido Eguigure, viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que en el caso de Guapinol hay cosas que sobrepasan la potestad del Ejecutivo, sobre todo porque los contratos de concesiones se ratifican y revisan en el Congreso donde el Partido Libre no tiene una mayoría absoluta.

«A veces nos topamos con que los argumentos de los fiscales coinciden casi al 100% con los argumentos de los acusadores privados en caso de defensores del territorio. Entonces igual qué podemos hacer nosotros del Ejecutivo con el Ministerio Público, no podemos hacer mucho claro, podemos hacer pronunciamientos, exigir que haya un apego al debido proceso podemos, pero más allá de eso no», explicó Eguigure.

Además, Eguigure aseguró que al menos en los altos mandos del ejecutivo ya se realizó un proceso de saneamiento por lo que cuentan con la plena confianza de que todos los titulares de las Secretarías cumplen con los parámetros de derechos humanos y legalidad que demanda el gobierno, pero explicó que, aunque el poder económico en el país es oscuro, no puede desconocerse, por lo que el gobierno tendrá que sentarse a negociar con estos empresarios conflictivos.

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Viceministro de la Secretaria de Derechos Humanos, Guido Eguigure en entrevista con Contracorriente. Foto CC/Fernando Destephen

Justamente, el pasado 9 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras celebró el día internacional de los derechos humanos en Tegucigalpa y tuvo como invitados a funcionarios del gobierno, entre ellos, Lucky Medina, quien en un momento tuvo que unirse a los gritos de los defensores del ambiente que exigían al unísono «¡Fuera Pinares! ¡Fuera Ecotek! ¡Fuera Lenir Pérez!».

Hasta la fecha de publicación de este reportaje no hay una respuesta concreta por parte de Lucky Medina a las exigencias de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos de las empresas que lidera Lenir Pérez.

Lenir Pérez, el opaco paladín empresarial de Centroamérica

Esta no sería la primera ocasión en la que Lenir Pérez se favorece de negociaciones y conexiones con el sector gubernamental. Pérez pasó de ser un empresario con buenas inversiones en el sector de carga y construcción en la zona norte del país a crecer exponencialmente con la concesión para la mina en Guapinol y luego, en 2016, con la firma de un contrato con el expresidente Juan Orlando Hernández para la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Palmerola. Dicho contrato se constituyó en condiciones especiales pues fue hecho a través de un decreto ejecutivo por orden del presidente Juan Orlando Hernández, omitiendo así cualquier posible discusión o retraso en el Congreso Nacional.

Sin experiencia en la construcción o administración de aeropuertos, el 31 de marzo de 2016, el empresario Lenir Alexander Pérez Solís y el expresidente Juan Orlando Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, uno de los contratos más grandes en la historia del país. El monto estimado por de la inversión fue de USD 163 millones, siendo la oferta más baja de todas las empresas licitantes del proyecto por lo que tuvo ventaja para ganar la concesión. Sin embargo, crecer en el sector empresarial no es tan fácil sin obtener amplias ganancias, por lo que ese negocio tendría que mejorar.

El 29 de mayo de 2019, dicho presupuesto sufrió justamente la modificación que requería la empresa gracias a una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano, y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional.

Finalmente, el presupuesto original del aeropuerto de Palmerola se disparó en más del 80 por ciento, lo que planteó múltiples problemas al Estado para financiar esas obras adicionales. Esto fue revelado en un informe de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas publicado antes de la pandemia del Covid-19 en el que este organismo planteó el «riesgo potencial que el Concesionario no pueda terminar las obras por falta de fondos, o se creen compromisos para que estas obras sean parciales y con una calidad menor que la aprobada».

Debido a esos retrasos, el Aeropuerto Internacional Palmerola recibió otros USD 2.2 millones aprobados vía decreto ejecutivo por el Consejo de ministros en 2021 con el objetivo de acelerar las obras. El informe «Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola» del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) plantea que el aeropuerto no traerá beneficios económicos al país en el corto plazo, el concesionario empezará a pagar al Estado de Honduras un canon por concepto de la tarifa de salida de pasajeros internacionales, pero con la condición de registrar anualmente 600,000 pasajeros internacionales. Según estimaciones, esto podría ocurrir pasados 10 o 15 años de los 35 que dura la concesión.

En el nuevo presupuesto del proyecto se amplió la cantidad que aportaba a la construcción el Estado de Honduras en USD 46.2 millones, resultando el presupuesto de las tres fuentes de financiamiento en fondos del concesionario (UDS 87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España (USD 53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente (Estado de Honduras) que en un principio era de USD 22.2 millones y ahora es de USD 68.4 millones. Sumado a esto, se amplió el tiempo de concesión de 30 a 35 años debido a retrasos en el inicio de las operaciones.

Ante la falta de transparencia en la aprobación de la ampliación presupuestaria, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe que dice que la concesión representa un riesgo para las finanzas del Estado. El informe señala que tras el inicio de las operaciones será el Estado de Honduras el responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola, y asegura que «este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario».

Ante estas irregularidades y tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban las debilidades estructurales de la nueva construcción, la congresista Maribel Espinoza propuso ante el pleno del legislativo la revisión del contrato otorgado a Palmerola International Airport.

En esa comisión se encuentra el diputado del partido Libre por Francisco Morazán, Jari Dixon, quien aseguró a este medio que después de una serie de auditorías que realizaron como comisión del Congreso Nacional, ha llegado a la conclusión de que el contrato es una estafa para el pueblo hondureño.

«Se va a tener que buscar la vía judicial para declararlo un contrato leonino y que se pueda disolver, pero así a grandes rasgos ese contrato fue un contrato totalmente desventajoso para el Estado hondureño y habría que revisar si se cometió un delito para que el Ministerio Público deduzca responsabilidad tanto del corrupto como del corruptor», apuntó el congresista.

Además, Dixon aseguró que tiene sospechas de que estos negocios, que representan pérdidas para el Estado, no solo han servido para beneficiar a Lenir Pérez sino que otras figuras están ganando. Dixon, aseguró que Lenir Pérez «es testaferro» porque «me parece muy raro que una persona se vuelva multimillonaria y se fortalezca tanto y que tenga tantas cosas en tan poco tiempo».

La empresa Alutech S.A. se ha extendido por toda Centroamérica y en El Salvador donó un millón de dólares para la campaña del Partido GANA que en 2019 llevó a la presidencia a Nayib Bukele en El Salvador. Un año después, esta empresa obtuvo la adjudicación para operar y administrar la terminal de cargas del aeropuerto de ese país.Alutech S.A. fue beneficiada con la adjudicación de la primera asociación público privada en El Salvador después de una licitación internacional pública. Según noticias de medios en ese país, Alutech fue la única concursante que presentó propuesta técnica y económica, a pesar de que otras 33 empresas compraron los TDR para aplicar. Esta alianza público privada es un proyecto que tuvo participación del gobierno estadounidense a través de su programa FOMILENIO II, parte del Millenium Challenge Corporation (MCC).

La inversión inicial de esta alianza público privada es de 13 millones de dólares en su primera etapa y en la segunda será de 44 millones de dólares en la que el grupo EMCO hace alianza con Aeropuertos de Munich, tal como lo hizo en la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras. A pesar de los conflictos que rodean este consorcio empresarial, estos empresarios han podido atraer a fuertes colaboradores como Aeropuertos de Munich o, por ejemplo, la productora de acero más grande de los Estados Unidos, la Corporación Nucor, la cual tuvieron de socia durante cuatro años para construir una mina y una planta procesadora a pesar de fuertes indicios de irregularidades y una presunta persecución de campesinos y ambientalistas que viven en los alrededores de la mina.

En 2020, Alutech emitió certificados de inversión en la Bolsa de Valores de El Salvador por $60,000,000. Según el Pacific Credit Rating (PCR), la empresa Alutech está categorizada como AAA por su alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados sin verse afectada por la industria. El PCR establece que «Alutech Honduras, quien funge como casa matriz, es la empresa líder en techos y materiales para la construcción en Honduras, al registrar una participación de mercado de 63%. Asimismo, Alutech El Salvador, que funciona como una sucursal para comercializar los productos de Alutech Honduras, presenta una participación más conservadora del 14% y se posiciona como la segunda compañía más fuerte en el mercado de El Salvador».

En el 2018, Alutech, S.A. de C.V., Honduras, se convirtió en el accionista mayoritario de Alutech, S.A. de C.V. El Salvador, Alutech, S.A. de C.V. Guatemala y Alutech, S.A. de C.V. Nicaragua, mediante la capitalización de las cuentas por cobrar. En el 2016, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, aprobó la fusión por absorción de las Compañías Inversiones EMCO, S.A. de C.V. y Honduras Business Import & Export, S.A. de C.V., con Alutech, S.A. de C.V.

En 2020, el grupo Emco amarró otro contrato multimillonario en la región, en este caso en Guatemala, donde en noviembre de ese año se le adjudicó el proyecto del aerómetro en Ciudad de Guatemala, valorado en un total de 156 millones de dólares, según información publicada por el sitioPrensa Comunitaria.

De esta manera, Lenir Perez junto a su esposa Ana Facusse y todo el conglomerado de empresas del Grupo Emco conectan diversas alianzas públicas en la región para mantener sus negocios y lograr la expectativa que el mismo Pérez anunció en su momento: lograr volúmenes de ventas que lleguen a los mil millones de dólares anuales.

Contracorriente contactó vía whatsapp y llamada telefónica al abogado Erick Spears, director legal de grupo Emco con el objetivo de solicitar una entrevista con el empresario Lenir Pérez y cuestionar sobre su relación con la abogada Pamela Blanco Luque y los posibles beneficios que pudo haber obtenido de esa cercanía con el ministro de Gobernación y Justicia; sin embargo, sólo contestó que estaba esperando la autorización del equipo de relaciones públicas para confirmar si la entrevista se realizaría. Hasta el momento de la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

¿Cuál es el futuro de las concesiones propiedad de Lenir Pérez?

En abril de 2013, la empresa Inversiones Los Pinares solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN). En diciembre de 2013, el Congreso Nacional, mediante Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque para reducir 217 hectáreas de su zona núcleo y convertirlas en zona de amortiguamiento. El decreto no lo decía, pero con ese cambio la minera podía operar porque la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica en las zonas de amortiguamiento.

Pérez Solís admitió en 2020 haber organizado reuniones con representantes del gobierno para que los funcionarios replantearan los límites del área núcleo del parque.

Ese decreto, que redujo la zona núcleo del parque, fue presentado ante el Congreso Nacional por el exdiputado suplente Ricardo Antonio Díaz Aceituno del Partido Nacional (2010-2014). Ricardo Antonio Díaz Aceituno fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en junio de 2022 por sus vínculos a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con organizaciones no gubernamentales. La Uferco acusó a Díaz Aceituno junto a tres ex diputados (uno de ellos, el diputado Oswaldo Ramos Soto del que Díaz Aceituno era suplente) y el actual diputado Alberto Chedrani, del desvío de unos 773 mil dólares.

La junta directiva del Congreso Nacional que aprobó ese decreto la conformaban los diputados nacionalistas Mauricio Oliva Herrera, como presidente; Rigoberto Chang Castillo, como secretario y Gladys Aurora López, como secretaria. Ésta última estuvo involucrada en las investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción por malversación de fondos públicos (MACCIH). 

Chang Castillo fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2016), el mismo puesto que ahora ocupa Tomas Vaquero y según los medios de comunicación se constituyó como uno de los hombres de confianza del ex presidente Hernández desde que éste fungía como presidente del Congreso Nacional. 

Chang Castillo es dueño de la empresa Concretos Argos Honduras, que fue la encargada de preveer 30 mil toneladas de cemento para la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola. Chang Castillo es el padre de Catherine Yamileth Chang Carías, esposa del fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, amigo cercano de Vaquero y Blanco Luque.

En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque al dictaminar que su impacto sobre la flora y la fauna sería severo, ya que es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.

Tras esa reforma legal, pocos meses después les fueron otorgadas a EMCO Mining Company (ahora bajo el nombre de Inversiones Los Pinares) las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Y a pesar del informe del ICF, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto.

El pasado 30 de noviembre, Leonel George junto a Rosa Aquino, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, escribieron a mano una carta y la entregaron ante el despacho del secretario privado de la Presidencia que preside Héctor Zelaya. En dicha carta manifestaban la necesidad de que se nombre a un director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para dar cumplimiento a una solicitud que realizaron en mayo de 2022 pidiendo que se cancelaran «los derechos mineros otorgados a favor de Inversiones Los Pinares en la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras».

Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este texto, la presidenta no ha dado ni una comunicación de respuesta ante dicha solicitud.

Del otro lado, quien sí parece mantenerse tranquilo mientras sus inversiones aumentan es Lenir Perez y el grupo Emco, acompañados por su equipo legal que incluye a Pamela Blanco Luque. Y es que hasta 2022, Blanco permaneció involucrada en las operaciones del grupo empresarial mientras su esposo, el actual ministro Tomas Vaquero Blanco se encarga de dirigir la Secretaría de Gobernación y Justicia.

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Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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2 comentarios en “Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH”

  1. Los felicito por esa extensa investigación Periodística, lo que si me deja triste es la indiferencia del actual gobierno liderado por Xiomara Castro Sarmiento y todos los involucrados. Como pueblo y estudiante de periodismo (por egresar) hemos resistido día a día de toda injusticia; pensábamos que todo iba a mejorar, pero todo lo que estoy viendo es meramente decepcionante, seguimos en lo mismo. Tenemos que luchar contra los banqueros y empresarios por ser unos “delincuentes refinados”. Les envío un fuerte abrazo y cuídense mucho colegas porque estas investigaciones presentan un peligro.

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