Texto y fotografía: Fernando Destephen
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se movilizaron el pasado martes 12 de diciembre en Tegucigalpa, iniciando desde el Banco Central de Honduras (BCH) hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandando que los magistrados que conocen la causa ratifiquen las sentencias contra los involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras. Los miembros del Copinh además pidieron que se enjuicie y castigue a los autores intelectuales.
El 1 de diciembre pasado, el Ministerio Público (MP) emitió un nuevo requerimiento fiscal contra otro implicado en el asesinato de Cáceres. La coordinadora del Copinh, Berta Zúniga Cáceres, reveló que se trata de Daniel Atala, miembro de una de las familias más poderosas de Honduras, quien fungió como gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Según el Copinh, Atala está imputado por el Ministerio Público por su participación en el asesinato de la ambientalista.
En noviembre de 2018 se emitieron las primeras condenas contra ocho personas involucradas en el caso; una de esas condenas, de 22 años y seis meses de reclusión, es contra Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA. Estos avances, sin embargo, no concluyen el caso, según el Copinh.
«Hace siete años y diez meses que, a pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia», expresó Berta Zúniga Cáceres durante la conferencia de prensa en la Corte, en donde se desplegaron mantas, pancartas y banners con el rostro de Berta Cáceres, y los manifestantes gritaron pidiendo el fin de la impunidad.
Zúniga se refirió al asesinato de su madre como un feminicidio político, y pidió a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, que «confirme las sentencias ya emitidas en el caso de los siete primeros condenados por el asesinato».
Daniel Atala fue llamado como testigo en junio de 2021 durante el juicio contra David Castillo, quien fue encontrado culpable por ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres. Pero Atala se negó a declarar en aquel momento, argumentando que él también estaba siendo objeto de investigación por el asesinato de Berta.
La exigencia para enjuiciar a los autores intelectuales por el asesinato de Cáceres sigue siendo una prueba de fuego para los operadores de justicia en Honduras.
