Tras la cancelación del cabildo abierto convocado para el sábado 9 de diciembre por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, cientos de representantes de las comunidades del municipio y varias organizaciones que se oponen al proyecto instalaron una asamblea popular, en la que ratificaron oficialmente su rechazo a la planta eléctrica Ecotek y la señalaron como un intento del Grupo EMCO para seguir con la instalación y operación de la mina en el Parque Nacional Carlos Escaleras. La planta de generación de energía es parte del conglomerado que dirige Lenir Pérez, un conflictivo empresario hondureño investigado por el FBI en Estados Unidos, que pretende utilizar petcoke, un derivado del petróleo altamente contaminante.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Cerca de 2,000 personas, representantes de diferentes comunidades del municipio de Tocoa, Colón, acompañados por miembros de organizaciones y cooperación internacional, llenaron el auditorio del Instituto Froylán Turcios, ubicado en esa misma ciudad, para mostrar su rechazo al proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo EMCO.
También acudieron personas a favor del proyecto, que en su mayoría llegaron en buses pagados por la empresa, con la promesa de recibir desayuno y almuerzo.
Estas personas atendieron la convocatoria del alcalde Adán Fúnez, quien en reuniones de la corporación municipal había impulsado la instalación del cabildo, anunciándolo directamente como un «cabildo de socialización y aprobación», sin dar la opción de consulta que diera paso al rechazo del proyecto.
Las razones por las que grupos ambientalistas y los habitantes de las comunidades se oponen al proyecto son las repetidas vulneraciones contra los derechos humanos que las inversiones del empresario Lenir Pérez han cometido en la zona, la persecución judicial hacia quienes se oponen a estos proyectos y, en este caso, la intención de la planta de utilizar petcoke para generar energía. El petcoke es un derivado del petróleo que, según el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), es uno de los generadores de electricidad más sucios y que más carbono emite.
El inicio del cabildo estaba anunciado para las nueve de la mañana; sin embargo, Fúnez llegó más de dos horas después, hablando por teléfono, acompañado de su seguridad y del gobernador del departamento, Ixcer Barahona. Al sentir la presión de la multitud y escuchar el consejo de sus asesores, en lugar de entrar al salón, se retiró y canceló el cabildo.
La inversión realizada en el intento de aprobar el proyecto fue notable. Se instaló una pantalla gigante y se dio transporte y alimentación a muchas personas para que fueran a apoyar a la empresa, según revelaron; además, la empresa distribuyó cientos de panfletos informativos.
El último precedente de un cabildo abierto convocado para tomar decisiones sobre el extractivismo en el municipio data de noviembre del 2019, cuando Adán Fúnez se hizo acompañar del ahora asesor presidencial y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya. En esa ocasión, Fúnez y Zelaya fueron abucheados, y los asistentes votaron para declarar el municipio libre de minería; sin embargo, las operaciones de la mina siguieron su curso.
La planta eléctrica Ecotek pertenece al grupo empresarial liderado por Lenir Pérez, quien también es dueño de la controversial concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, y cuya casa en Wellington, Florida, E.E. U.U., fue inspeccionada por el FBI en abril de 2023. Por su parte, Fúnez ha sido mencionado en juicios en Estados Unidos por su relación con narcotraficantes hondureños.
La municipalidad de Tocoa y la empresa Ecotek, parte del grupo EMCO, actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por la supuesta adulteración de un acta municipal de cabildo abierto, con el objetivo de cumplir el requisito de socialización del proyecto.
En esta ocasión, sin el respaldo del máximo caudillo de su partido, Fúnez se vio débil, y su intento de aprobación del proyecto se revirtió en la instalación de una asamblea popular, en la que las comunidades ratificaron su rechazo a los proyectos promovidos por las empresas de Grupo Emco.
Un cabildo hecho a medida de la empresa
El primer incidente en el marco del cabildo abierto se registró apenas a las 7:40 de la mañana, cuando miembros de la Policía Nacional identificaron y desalojaron del Instituto Froylán Turcios a algunas personas señaladas por las organizaciones ambientalistas como guardias de seguridad de la empresa Ecotek.
Las organizaciones denunciaron desde muy temprano que la seguridad de la empresa había ingresado desde la noche antes a las instalaciones del centro educativo donde se realizó el cabildo, y que en el transcurso de la mañana carros de lujo que transportaban a supuestos veedores del proceso ingresaron por un portón de acceso alterno.
Algunos minutos después de que la policía sacara a estas personas, llegaron varios buses llenos de personas que decían ser residentes de la comunidad de Ceibita, una de las zonas de influencia del megaproyecto minero de EMCO. La mayoría eran mujeres y niños que bajaron un poco desorientados, siguiendo a los líderes de los patronatos locales que han recibido múltiples promesas de la empresa de llevarles salud, educación y desarrollo.
Quienes se oponen a los proyectos del Grupo EMCO les dicen a estas personas «los mineros», por su apoyo a la instalación del megacomplejo minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Los «mineros» portaban pulseras de papel azul como las que se utilizan en hoteles y fiestas. Esta identificación, además de darles derecho al desayuno y almuerzo que les pagó la empresa, eran relato silencioso de su lealtad para con los intereses del proyecto minero y de generación de energía.
Entre estas personas, Gilberto Morales, presidente del patronato de Ceibita, explicó que «venimos en apoyo a la empresa Ecotek de energía eléctrica, por los apagones que tenemos todo el tiempo, y ya que vino esta empresa queremos apoyar el desarrollo de la aldea y de las comunidades. No sé cuántos megavatios serían para el municipio de Tocoa, pero sé que se le van a repartir una cantidad; además, la empresa nos ha prometido infraestructura, salud, educación y medioambiente».
En junio de 2023, Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) anunció que las operaciones del complejo minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras sería suspendido debido a la falta de licencias ambientales; sin embargo, según los activistas, la detención de las operaciones del complejo minero ha sido más un discurso que una realidad, ya que no existe, hasta el momento, un comunicado oficial por parte de la Serna que declare la suspensión.
«No sé nada de la contaminación, pero nos hemos reunido con la empresa y todo lo que ellos dicen pensamos que va a estar bien (…). Hoy el bus viene pagado por la empresa, también nos van a dar alimentación», explicó finalmente Gilberto Morales.
En enero de 2022, el Congreso Nacional frenó un proyecto vinculado a las empresas de Lenir Pérez y la generación de energía por medio del petcoke. El proyecto buscaba aprobar un contrato prioritario para Puente Alto Energy del Grupo Emco, pero fue objetado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), quienes señalaron riesgos de competencia desleal. Además, José Morán, entonces titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), destacó en redes sociales la importancia de procesos rigurosos para proteger el medio ambiente y la salud.
División y tensión en el cabildo abierto
Tras los primeros incidentes del día, a las 9 a.m. los portones se abrieron y las personas que se oponen al proyecto, entre ellos ambientalistas y miembros de organizaciones, llenaron completamente el auditorio del Instituto Froylán Turcios. Allí esperaron por dos horas, entre consignas populares y el calor de la costa hondureña, la llegada del alcalde Adán Fúnez.
Durante la espera, personas que se identificaron como «veedores» repartieron trifolios con información a favor de la planta de energía y sobre los supuestos beneficios que dejaría el proyecto a las comunidades; la respuesta de los asistentes fue romper y quemar los trifolios. En ese momento, representantes de organizaciones denunciaron la presencia de miembros de la seguridad privada de la empresa en el evento.
Sobre la información que recibieron las comunidades para poder tomar una decisión sobre el proyecto en el marco del cabildo abierto, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) apuntó en un informe que «no se ha dado el tiempo adecuado para que la información llegue a todas las comunidades afectadas».
Al respecto, Leonel George, ambientalista y regidor del municipio, apuntó que «es un abuso y una arbitrariedad. Son indicios de ilegalidad y creemos que la gente viene a decidir; no es el tiempo suficiente para decirles que socializamos un proyecto que tiene enormes impactos ambientales y a la salud de las comunidades».
Por otro lado, el regidor del Partido Salvador de Honduras (PSH), José Estrada, apuntó que como corporación municipal tenían la expectativa de que las personas del municipio decidieran la aprobación o el rechazo al proyecto; sin embargo, señaló, que «no son tontos»; saben que la empresa busca su propio beneficio y los problemas de energía del municipio no serán solucionados solo con la instalación del proyecto.
La huida del cacique local
A pesar de que todas las personas esperaban su llegada para iniciar el cabildo, Fúnez nunca entró al auditorio. Al cabo de unos minutos y una larga llamada telefónica, el alcalde decidió retirarse seguido de todas las personas de las comunidades que la empresa había llevado al evento, y pospuso el cabildo.
A diferencia del cabildo abierto realizado en noviembre de 2019, cuando se convocó para decidir si Tocoa se declararía un municipio libre de minería, Fúnez llegó sin su principal respaldo para mantener el poder en la zona: Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre. En ese entonces, Zelaya había dicho en medios de comunicación nacional que la concesión otorgada a Grupo EMCO «destruye la naturaleza, destruye las fuentes de agua (…) esa concesión es un crimen contra la naturaleza en el municipio de Tocoa».
Contradiciendo estas declaraciones, el apoyo de Adán Fúnez al Grupo EMCO ha sido evidente y denunciado por organizaciones de derechos humanos y los mismos integrantes del Partido Libre, y Zelaya ha mostrado un profundo respaldo hacía el alcalde de Tocoa; incluso, al inicio del Gobierno de Xiomara Castro, Fúnez fue nombrado gobernador del departamento de Colón. Este nombramiento fue sumamente cuestionado, y finalmente Fúnez nombró en el cargo a Ixcer Barahona, uno de sus empleados de confianza en la municipalidad.
Tras la salida de Fúnez del evento del sábado 9 de diciembre, seis regidores de los diez que tiene el municipio decidieron acompañar y seguir la reunión. Así, las organizaciones locales y la población que acudió al cabildo iniciaron una asamblea popular en la que rechazaron oficialmente la instalación del proyecto de energía termoeléctrica.
Por parte del Gobierno central, el evento fue acompañado por el viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure, quien manifestó su preocupación por la seguridad de los líderes defensores del ambiente y derechos humanos que en el pasado han recibido amenazas por parte de personas que están a favor de la empresa. Ahora, tras el fracaso del cabildo convocado por la municipalidad, podría darse una escalada de violencia contra los activistas.
Eguigure también se refirió a los señalamientos que ha recibido Lucky Medina, titular de la Serna, por impulsar el proyecto del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez, y aseguró que «entiendo que desde su posición [los activistas] están denunciando a la Serna por apoyar este proceso; yo no estoy tan seguro de que sea así, pero entiendo la posición de la comunidad y entiendo el malestar y los impactos».
A pesar de que el Gobierno ha manifestado en su discurso un gran interés por proteger el medio ambiente, un día antes del cabildo, según conoció Contracorriente, miembros del Comité Municipal por los Bienes Públicos de Tocoa fueron convocados a una reunión en la Secretaría de la Presidencia para encontrarse con las autoridades de la Serna y la Secretaría de Energía; sin embargo, ninguna de estas autoridades se hizo presente.
