Las desconocidas sociedades offshore de Pepe Lobo mientras era presidente de Honduras

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En un análisis de miles de documentos de los Pandora Papers, salió a la luz que no solo el cuestionado político y ganadero tenía tres empresas de papel en Panamá, sino que también su esposa manejó otra offshore de la que no se sabía, mientras era primera dama. Asimismo, su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales. El hallazgo cobra relevancia pues el expresidente y su esposa fueron incluidos en la lista Engel y ella enfrenta hoy un juicio por sospecha de corrupción.

Por: Jennifer Avila, Andrés Bermúdez Liévano y María Teresa Ronderos*
Ilustración de Miguel Méndez
Fotografías de Martín Cálix


Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de Honduras entre 2010 y 2014, 
señalado este año por el Gobierno de Estados Unidos en la «Lista Engel» de aceptar sobornos del narcotráfico a cambio de favores políticos, mantuvo tres sociedades offshore en Panamá durante prácticamente todo su gobierno y al menos hasta 2016. Una la abrió dos meses antes de las elecciones presidenciales (en las que perdió) de 2005 y las otras dos las registró durante el primer año de su presidencia.  Lobo Sosa argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales. 

Su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, quien actualmente enfrenta un juicio por corrupción y también aparece en la lista estadounidense, tuvo en 2011 un poder general sobre otra empresa offshore en Panamá, cuando era primera dama y estuvo ligada a esta al menos hasta 2016.

Otras dos personas de su núcleo más cercano —su hijo, el actual congresista Jorge Dimitrov Lobo Alonzo, y Wilfredo Cerrato Durón, quien fue jefe de la Casa Presidencial bajo su gobierno—  figuran así mismo solicitando una proveedora de servicios offshore la creación de dos empresas distintas el mismo día, un año después de la salida de Lobo Sosa del poder.

El hecho de que varias personas del entorno del expresidente hayan sido o estén siendo investigadas por la justicia hondureña por posibles casos de corrupción, levanta nuevas preguntas sobre cuál podría haber sido su motivación para tener sociedades offshore en jurisdicciones opacas, cuya existencia por sí sola no es evidencia de actividades ilegales.

Estos son algunos de los hallazgos del análisis que hicieron Contracorriente en Honduras y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de miles de documentos pertenecientes a varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países. Las revelaciones de esta alianza, hacen parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) .

Una fuente anónima compartió con ICIJ 2,94 terabytes de registros financieros confidenciales, en lotes separados a lo largo de varios meses, que suman más de 11,9 millones de documentos, de 14 empresas proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo.

Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de más de 600 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos, simultáneamente en 117 países. 

Las sociedades del expresidente

Porfirio Lobo Sosa tiene 73 años, y —tras una larga trayectoria política— se dedica ahora a sus fincas, ubicadas en Olancho, en el oriente de Honduras, donde cultiva maíz y soya, además del cuidado del ganado. El expresidente habló con este equipo periodístico en su casa en una colonia exclusiva de Tegucigalpa.

Contrasta la figura campechana del expresidente, cuyas metáforas suelen estar asociadas al ganado con sus operaciones internacionales. Ha sido beneficiario final de tres sociedades offshore en Panamá, cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora. Dos de ellas fueron creadas durante su presidencia, otra es anterior a su elección y todas estuvieron activas al menos hasta 2016 cuando ya había acabado su gobierno, según documentos internos de la firma legal panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocida como Alcogal.

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Una primera sociedad, Fandrow Investments S. A., fue creada el 7 de octubre de 2005, según consta en un formulario de debida diligencia de información confidencial preparado por Alcogal.

La sociedad fue registrada siete semanas antes de las elecciones presidenciales de 2005, en las que Lobo Sosa era candidato y perdió contra Manuel Zelaya por apenas 73,000 votos. En ese momento, Lobo era además diputado por el departamento de Olancho y presidente del Congreso Nacional.

Mientras revisaba en su computadora las respuestas que preparó para la entrevista con este equipo periodístico, el pasado 9 de septiembre, el expresidente contó que perdió frente a José Manuel Zelaya, —el candidato del Partido Liberal— porque «se le pasó la mano» al pedir la pena de muerte para crímenes abominables. «La pedí porque vi un crimen que sucedió en Copán, y que me desgarró, una madre fue asesinada igual que sus tres hijos pequeños, una atrocidad. Pero pedí perdón en la segunda campaña», dice.

Esta empresa se creó con un capital de 10,000 dólares, con igual número de acciones, según un documento de Alcogal. Este, fechado en 2012, cuando Lobo ya era presidente, certifica que él era el dueño de la totalidad de las acciones de Fandrow.

«¿Por qué se crean empresas afuera? ¿Para lavar dinero o esconder? Eso no, porque yo no soy delincuente. Todo lo que tengo lo he trabajado y la mayor parte es heredado, no lo voy a negar», dice Lobo, ante las preguntas de esta alianza periodística sobre la creación de empresas offshore. Las tierras de su familia en Olancho, agregó, son unas de las más extensas.

Lobo aseguró que abrió empresas en Panamá por seguridad, porque aunque él ha luchado contra la delincuencia, el país sigue siendo inseguro y dar a conocer propiedades, compañías y bienes podía costarle la vida. Dijo también que los bancos en Panamá ofrecen préstamos a tasas más bajas que los hondureños.

Con respecto a Fandrow en 2005, curiosamente no fue el expresidente Lobo quien creó la sociedad. En una carta de Alcogal, fechada el 17 de enero de 2006, un oficial del bufete le informó a un hondureño llamado Jacobo Atala —de la empresa Representaciones Financieras de C. A. (Refica)— que la sociedad había sido exitosamente creada tres meses atrás, en octubre. Otro cuadro interno de Alcogal confirma que quien solicitó la creación de la sociedad fue Jacobo Atala.

La carta de 2006 además decía que el día anterior se había radicado ante una notaría panameña un poder general a nombre de Porfirio Lobo Sosa para manejar la sociedad y que la totalidad de las acciones de Fandrow habían sido emitidas en un certificado al portador.

Años después, el 22 de noviembre de 2010, cuando Lobo estaba a punto de cumplir diez meses en la presidencia de Honduras, fueron registradas dos nuevas sociedades en Panamá: Tyrell Overseas y Foxearth Investments S. A. Un documento inmediatamente posterior certifica que Fandrow es la dueña de las acciones de esta última. 

En ambos casos, Alcogal describe a Lobo como beneficiario final de estas empresas en sus formularios de debida diligencia.

En marzo de 2016, cuando Lobo ya había dejado la presidencia hacía dos años y era integrante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los abogados de Alcogal solicitaron transferir la sociedad Fandrow Investments S. A. a Overseas Management Company (OMC), otro proveedor de servicios offshore.

En ese formulario, describieron las actividades comerciales de Fandrow como un vehículo de inversión y gestión de bienes raíces. Además, allí ratificaron que Fandrow era la propietaria del 100 % de las acciones de Foxearth Investments S. A. y revelan que también lo era de Tyrell Overseas.

Según el registro de Panamá, Alcogal renunció a ser agente representante de Fandrow en 2016 y, como no fue reemplazado por otro agente, la sociedad terminó siendo disuelta en 2019. Este hecho sugiere que finalmente OMC no terminó tomando a Lobo como cliente.

Lobo Sosa explicó en la entrevista que fue una decisión de Alcogal dejar de manejar las empresas y trasladarlas a OMC: «Cuando ese tema de los Papeles de Panamá todos se pusieron ariscos, nadie quería manejar temas de PEP», dijo, refiriéndose a las personas consideradas como expuestas políticamente, entre las que él figuraba por su condición de expresidente. «Me imagino que fue a raíz de eso», agregó.

Aunque Alcogal declinó responder sobre casos específicos y tampoco hay documentos en la filtración que expliquen por qué tomó esa decisión, la firma panameña respondió a ICIJ —el consorcio que lideró la investigación de Pandora Papers— que «si descubrimos o somos informados por cualquier fuente o tenemos conocimiento por cualquier medio, de información negativa que involucre a una empresa o a un cliente, incluyendo sospechas de actividades delictivas, su implicación en una investigación penal o la existencia de una condena, procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de renuncias hasta la renuncia como agentes registrados o la presentación de SAR, según el caso» (ver la respuesta completa de Alcogal). 

De todos modos, es claro que, al menos hasta 2016, Porfirio Lobo mantuvo tres sociedades offshore manejadas por Alcogal. En las tres aparecen como directivas las mismas personas puestas por la proveedora panameña, al igual que sucede con cientos de documentos de otras offshore. Entre ellos están Edgardo Eloy Díaz como presidente de las tres sociedades del expresidente hondureño; María Vallarino como secretaria y Myrna de Navarro como tesorera de Fandrow; y Gina Martínez como secretaria y Fernando Gil como tesorero de Tyrell y Foxearth.

Ante la pregunta de qué uso le había dado a las offshore, el expresidente contestó: «En 2010 el banco me prestó a mí dos préstamos de 550,000 dólares cada uno y con eso compré este apartamento y otro allá (señala el apartamento contiguo), un préstamo a nombre de Tyrell y el otro Foxearth porque si la tasa aquí era del 10 %, allá (en Panamá) era como del 5 % o 4 % y también aquí le cobran impuesto sobre lo que uno tiene depositado, y allá no. Uno lo que busca es la oportunidad, no es que ando escondiendo. Uno busca dónde colocar y que le den rentabilidad».

Dijo además que, como en 2010 él era presidente de Honduras, «dar un préstamo al presidente no es muy así… pero si le dan un préstamo a la empresa que no se ve el nombre, es mejor y el préstamo uno lo paga». 

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Porfirio Lobo Sosa, da un discurso en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, DC en 2011 mientras era presidente. Foto cortesía.

En la conversación con los periodistas, Lobo mostró en su computador los movimientos de las cuentas de Tyrell y Foxearth donde está el detalle de los créditos bancarios y los pagos. En el caso de Tyrell —una empresa que el mismo Lobo asegura que nunca pasó de tener 5000 dólares— fue acreedora de un préstamo de 522,000 dólares por parte de Banco Ficohsa pocos meses después de que la empresa fuera creada. En ese entonces, aseguró, él solamente ganaba un salario de 80,000 lempiras, unos 3000 dólares mensuales. Pagó, sin embargo, una cuota mensual de 15,000 dólares y, con dos grandes aportes a capital, terminó de pagar el préstamo de Tyrell en un año. En el caso de Foxearth, el préstamo también fue de 522,000 dólares y fue pagado entre 2010 y 2013.

PEP con historia 

El formulario de debida diligencia de Alcogal de septiembre de 2016, que menciona a Lobo como una «persona expuesta políticamente» (o «PEP», en la jerga legal) y que reconstruye su trayectoria pública, finaliza con un parte de tranquilidad. «Confirmo que estoy conforme con la integridad y reputación del cliente y que ha cumplido con los requisitos de debida diligencia solicitados. En caso de conocer alguna información comprometedora le estaremos informando a la Gerencia de Alcogal», escribió Yesenia Ríos, una oficial de cumplimiento de la firma panameña.

Frente al tema de los PEP, Alcogal explicó que realiza «un proceso reforzado de debida diligencia» y que uno de los requisitos adicionales es que la persona sea remitida a la firma por «una entidad profesional de prestigio».

Sin embargo, desde 2014 había ya cuestionamientos a la gestión de Lobo. En julio de 2014, seis meses tras dejar el poder, el expresidente reconoció que su administración había detectado el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Adujo, sin embargo, que decidió no intervenirlo dado que se acercaban las elecciones presidenciales y, en sus palabras: «se trataba de consolidar la democracia».

Además, en mayo de 2015, Fabio Porfirio Lobo, uno de los hijos de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Durante el juicio en contra suyo en 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga —un jefe de Los Cachiros, el cartel de narcotráfico más grande de Honduras— testificó y dijo que se habían reunido con el expresidente Lobo en varias ocasiones y que le habían hecho una contribución a su campaña de 500,000 dólares a cambio de futuros contratos con el Estado, protección contra la extradición e impunidad local, una vez ganara la elección. Según los fiscales del caso en el Distrito Sur de Nueva York, Lobo Sosa se reunió luego, en 2013, con otros políticos para ratificar su apoyo a Los Cachiros y frente a ellos llamó al General Julián Pacheco Tinoco, en ese entonces jefe de inteligencia del Estado, para pedir su apoyo. Fabio Lobo se declaró culpable y terminó condenado a 24 años de prisión.

En otro juicio en Estados Unidos contra Juan Antonio «Tony» Hernández, excongresista y hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, uno de los testigos señaló que el acusado recibió protección legal a cambio de sobornos considerables a políticos, incluido el actual presidente y Porfirio Lobo Sosa. Aseguró además que en 2012, durante el mandato de Lobo Sosa, el presidente envió dos camiones de soldados para proteger la frontera de un narco guatemalteco, a petición del capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán. Según el testigo, quien era el alcalde de un municipio fronterizo, el Chapo temía que el guatemalteco le quitara el control de la frontera a su organización criminal y, con el apoyo de unos 120 soldados hondureños durante dos meses, afianzaron su control. «Tony» Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. El expresidente Porfirio Lobo Sosa no ha sido acusado por esos hechos.

A esto se suma que, en mayo de 2019, el Ministerio Público hondureño y la Misión Anticorrupción de la OEA (Maccih) presentaron su doceavo caso llamado «Narcopolítica», en el que acusaron al hijo mayor de Lobo Sosa y a varios funcionarios públicos de su gobierno de haber otorgado concesiones y contratos a una empresa constructora de Los Cachiros. Sin embargo, no acusaron al expresidente. Ocho meses después, la Maccih fue expulsada del país después que el Congreso Nacional no renovara su convenio.

Los casos que han manchado la imagen del expresidente no terminan allí. Apenas hace tres meses, el 1 de julio de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó la «lista Engel» de personas que «han participado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, que hayan participado en actos de corrupción significativos o que hayan obstruido las investigaciones sobre dichos actos de corrupción» en el Triángulo Norte centroamericano. En esta lista incluyeron a Lobo porque —según el documento del Gobierno Biden— «participó en actos significativos de corrupción durante su presidencia al aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos», otorgando credibilidad a  los testimonios en su contra.

Porfirio Lobo explicó a esta alianza periodística que el fiscal de Nueva York está equivocado sobre los señalamientos que le hacen y que son acusaciones graves en las que la única prueba que tiene la justicia estadounidense es el testimonio de narcotraficantes. Dijo, airado, que querían meterlo en un requerimiento fiscal pero no tenían la evidencia para hacerlo.

«En primer lugar, yo no he recibido sobornos de nadie y por 500,000 pesos (usando el término coloquial para dólares) yo no voy a comprometer mi prestigio y la lucha de toda una vida. Eso no lo voy a hacer», dijo en la entrevista en su casa en Tegucigalpa. «En segundo lugar, la extradición no es potestad de uno hacerla: en Honduras no había extradición y yo como presidente llegué a un acuerdo con Estados Unidos de aprobar la extradición porque aquí dejaban ir a los delincuentes grandes. Los jueces de un pueblo, por ejemplo, les tenían miedo. Por eso se hizo la extradición en mi gobierno».

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Porfirio Lobo Sosa revisa documentos en su computadora mientras da una entrevista en su condominio en Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix

Además de la entrevista, Lobo envió un documento que enumera 44 leyes aprobadas durante su mandato como presidente del Congreso Nacional, algunas de ellas para atacar el lavado de activos. Aseguró que cuando él llegó al poder, pasaba por Honduras el 80 % de la droga proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos, pero que cuando salió del gobierno solo lo hacía el 17 %.

Se desligó por completo de las acciones de su hijo Fabio, condenado por narcotráfico. «Si yo tengo un hijo que es mayor de edad, que está casado, que tiene hijos, yo no tengo más que lamentar por mis nietas, que ahora les estoy ayudando con la escuela porque no se puede desampararlas. Yo dividí la tierra y la puse a nombre de todos mis hijos, mis empresas son con todos mis hijos, pero Fabio no figura porque desde 1993 lo sacamos de todo por una decisión de familia. No por nada que tenga que ver por narcotráfico», explicó. «No tengo ninguna sociedad con Fabio en el tema económico. Sí lo ayudé porque era mi hijo, pero creo que lo que él hizo fue una estupidez», agregó, y sostuvo que él no está interesado en esconder dinero.

Lobo sugirió que su inclusión en la Lista Engel tiene que ver con sus diferencias con el actual presidente, Juan Orlando Hernández (comúnmente conocido como JOH), quien también ha sido señalado en los juicios de Nueva York de recibir sobornos y facilitar el narcotráfico en el país. «¿No le hace bulla que no aparece JOH en la lista, que a Bukele (presidente de El Salvador) le sacan siete ministros y no le sacan ni uno a JOH? ¿No le hace bulla?», preguntó.

La conexión con Atala

¿Por qué el empresario Jacobo Atala, de Refica, creó la sociedad Fandrow Investments S. A. y luego le transfirió el control final a Lobo, cuando este era diputado del Congreso Nacional? El reservorio de documentos de Alcogal muestra que el cliente que solicitó la creación de Refica (Representaciones Financieras de C. A.) en las Islas Vírgenes Británicas fue una empresa llamada Ficorp. Según documentos de Alcogal, esta empresa pertenece al grupo financiero Bamer que en Honduras es representada por Jacobo Atala Zablah. También figura en los archivos de Alcogal una segunda Refica, una sociedad hondureña inscrita a su vez en 1995 por dos compañías panameñas: Representaciones Financieras de Panamá S. A. y Centennial Supply Corp., creadas en 1995 y 1991, respectivamente, por la propia Alcogal. Estas sociedades aparecen disueltas actualmente, pero la empresa hondureña continúa activa con la representación de Samuel Girón, quien hizo las gestiones con Alcogal para la primera Refica en Islas Vírgenes Británicas y aparece en la correspondencia con la firma legal panameña como representante de las gestiones de Ficorp. Es decir, la Refica hondureña está asociada e la de las Islas Vírgenes y esta, a su vez, está conectada con Jacobo Atala Zablah.

Jacobo Atala Zablah es un reconocido empresario y banquero hondureño, presidente ejecutivo del Banco BAC Credomatic en Honduras y miembro de la junta directiva de Desarrollos Energéticos S. A. (Desa). Esa última es la empresa que tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, al que la conocida líder ambiental e indígena Berta Cáceres se opuso durante años, antes de ser asesinada en 2016. Al menos tres personas ligadas a Desa, cuya propietaria es la familia Atala Zablah, han sido condenadas por el homicidio de Cáceres: el gerente general David Castillo Mejía, el gerente socioambiental Sergio Rodríguez Orellana y el exdirector de seguridad Douglas Geovanny Bustillo. La familia de Cáceres y el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que ella ayudó a fundar, han hecho múltiples llamados para que la justicia investigue a Jacobo y al resto de los Atala Zablah. Hasta la fecha la justicia hondureña no ha abierto investigación contra el banquero.

Según los archivos de Alcogal, Jacobo Atala Zablah aparece vinculado a otras dos sociedades offshore gestionadas por la firma panameña. El expresidente Lobo Sosa aseguró que, en esos tiempos, antes de que algunos bancos abrieran sucursales en Panamá, le ofrecieron colocar dinero en el extranjero en —según sus palabras— «las famosas offshore» que ofrecían una alta de rentabilidad y facilidades de préstamos con baja tasa. Agregó que su relación con Atala Zablah es «Bac, nada más, Bac Bamer, es un servicio que daban todos los bancos». Acto seguido explicó: «Yo tengo que trabajar con un banco atrás que sepa lo que hago. ¿Por qué sale don Jacobo allí? Porque yo trabajo con Bac desde que se fundó en los años 90». 

Ninguna de las sociedades de Porfirio Lobo parece estar activa hoy: según el registro panameño, Foxearth fue suspendida en 2019 por no pagar sus tasas y las otras dos, Tyrell y Fandrow, fueron suspendidas entre 2019 y 2021 por no pagar tasas ni asignar agentes representantes. Según Lobo, esas empresas «no hacían nada» y existieron solo para sacar préstamos que él pagó rápidamente.

Primera dama offshore

Además de las empresas que aparecen a nombre de Lobo, su esposa Rosa Elena Bonilla sale en los documentos de Pandora Papers como beneficiaria final de la sociedad Portalegre Overseas S. A. al menos desde 2011, cuando ya llevaba un año como primera dama del país.

Esta sociedad fue inscrita en Panamá el 26 de agosto de 2010 por la firma legal panameña Rosas y Rosas, según el registro comercial del país centroamericano. En diciembre de 2010, se otorgó un poder general sobre Portalegre Overseas al hondureño Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y, en abril de 2011, ese poder general quedó a nombre de la primera dama.

Cuatro años más tarde, Rosa Elena Bonilla presentó documentos relativos a Portalegre a otro proveedor offshore: Overseas Management Company, también conocida como OMC Group y la misma agencia a la que su esposo Porfirio Lobo solicitó trasladar Fandrow Investments en 2016. Según el registro panameño, Portalegre fue disuelta en septiembre de 2017.

En sus documentos de solicitud de apertura de la sociedad con OMC, Bonilla declaró que el dinero que ella depositara en la cuenta de la sociedad provendría de dos fuentes: réditos de negocios propios y sus ahorros personales. La exprimera dama también declaró que la sociedad no sería usada para ninguna actividad ilegal y que cumplía a cabalidad con las normas tributarias de su país. 

Según el Ministerio Público hondureño y la Maccih, en años anteriores dinero proveniente de las arcas estatales sí habría ingresado de forma irregular en cuentas personales de Bonilla en Honduras.

Las dos entidades acusaron a Bonilla de haberse beneficiado entre 2010 y 2014 de la malversación de 16.8 millones de lempiras (equivalentes a 883,687.04 dólares, según la tasa de cambio promedio de la época) originalmente destinados a programas sociales. Según la investigación, a la que bautizaron «La Caja chica de la dama», parte de ese dinero terminó en las cuentas personales de la exprimera dama y fue usado para pagar tarjetas de crédito, la educación de su hijo y gastos personales y de su empresa inmobiliaria.

El primero de marzo de 2018, Bonilla salió en los medios esposada de pies y manos, una escena inédita en Honduras para una primera dama. Un año y medio después fue condenada  por un Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción a 58 años de cárcel, pero en marzo de 2020 la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación a su favor, con lo que anuló el juicio y la dejó en libertad después de dos años y medio de detención por vencimiento de la prisión preventiva. La repetición del juicio estaba señalada para agosto de este año, pero fue suspendido a solicitud de la defensa de Rosa Elena Bonilla, argumentando razones de salud, después de que su médico adujera que se encuentra en un estado delicado de salud mental.

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Rosa Elena Bonilla ex primera dama de Honduras es trasladada al Centro de Detención Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, 28 de febrero de 2018. Foto: Martín Cálix

Rosa Elena Bonilla también figura en la «Lista Engel» del Gobierno de Estados Unidos de «actores corruptos y antidemocráticos» en Honduras, que según este gobierno, participaron «en actos significativos de corrupción mediante fraude y apropiación indebida de fondos públicos».

Esta alianza periodística buscó a Bonilla a través de su abogado Juan Carlos Berganza, quien la representa en el actual proceso judicial al que ella no ha acudido por su incapacidad médica. Berganza no respondió el correo electrónico con el cuestionario que enviamos para la exprimera dama, pero habló con nosotros por teléfono, ya que el expresidente Porfirio Lobo lo llamó mientras lo entrevistábamos a él el 9 de septiembre. En la llamada, el abogado describió el caso contra su cliente como «fabricado» e «injusto».

Al día siguiente de la entrevista con Lobo, Berganza replicó vía WhatsApp que no podría responder preguntas sobre la sociedad Portalegre, sino únicamente sobre el actual juicio ya que desconocía del tema. Añadió que consultaría a Lobo Sosa ya que Bonilla «se encuentra indispuesta de salud», sin embargo al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

En Honduras no son públicos los registros de bienes e intereses comerciales de los altos servidores del Estado, por lo que no es posible saber si Porfirio Lobo y Rosa Elena Bonilla —quienes eran presidente y primera dama mientras figuraban como beneficiarios finales de sociedades offshore— las declararon al fisco hondureño. 

Sobre si declaró las empresas panameñas al fisco mientras era funcionario público, el expresidente Lobo dijo: «Allí está el Tribunal de Cuentas, yo declaré todo lo que tenía que declarar. (Sobre las empresas en Panamá) no sé, le mentiría si le dijera uno debe declarar los activos, yo no me acuerdo, pero ¿qué tenían estas empresas? Nada. Uno no declara una empresa sino los bienes que tiene. Si la empresa tiene activos sí, pero si no tiene activos no les interesa». 

Más vale ser hijo de expresidente

Jorge Dimitrov Lobo Alonzo, otro hijo del expresidente Pepe Lobo, también aparece en los archivos de la firma OMC solicitando en octubre de 2015 la creación de una sociedad llamada Inversiones Napoc S. A. de la cual él sería beneficiario final. 

Es el único de los hijos del expresidente que siguió sus pasos en la política: fue secretario de Agricultura y Ganadería en el primer Gobierno de Juan Orlando Hernández en 2014 (aunque renunció sorpresivamente a los dos meses), y actualmente es diputado del Partido Nacional por Olancho, como lo fue su padre durante más de una década. 

En una carta firmada de octubre 1 de 2015, Lobo (hijo) —de 46 años— declaró que sus ingresos provenían de réditos de negocios y ahorros personales. Para probar su idoneidad como dueño de esa sociedad —cuyo nombre resulta de invertir Copán, el de las célebres ruinas arqueológicas mayas de Honduras— Lobo aportó una carta de referencia bancaria del Banco BAC Credomatic con fecha del 2 de octubre de 2015, que daba fe de su saldo anual promedio de 80,000 dólares. Adjuntó también varios documentos personales, incluyendo una copia de su pasaporte. Al final, sin embargo, como confirmó esta alianza, la empresa no fue registrada ni en Panamá ni en Islas Vírgenes Británicas.

A diferencia de su padre y de su madrastra, Jorge Lobo no aparece en la Lista Engel y, distinto a la exprimera dama, tampoco fue imputado por la Maccih. No tiene ninguna investigación abierta y ha declarado en medios nacionales que las acusaciones contra su padre en Estados Unidos son «un circo».

Jorge Lobo respondió a esta alianza periodística por correo electrónico: «No tengo idea de qué es eso de esa empresa que mencionan en el documento adjunto». Ante insistencia de esta alianza periodística por conversar con él sobre su solicitud de creación de Napoc S. A. a OMC, no volvió a responder.

La mano derecha

Wilfredo Cerrato Durón, quien fue secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera durante toda la presidencia de Porfirio Lobo,  solicitó en octubre de 2015 el registro de una sociedad llamada Inversiones Vallemar Internacional S. A. de la cual él sería beneficiario finalsegún documentos internos de OMC.

Cerrato era entonces miembro del Parlamento Centroamericano por el Partido Nacional y por largo tiempo ha tenido una relación de confianza con el expresidente de vieja data. Antes de ser el hombre fuerte de la Casa Presidencial durante su mandato, había sido administrador del Congreso Nacional durante el período en que Lobo Sosa lo presidió entre 2002 y 2006. Además de eso, su hijo Wilfredo Cerrato Rodríguez fue ministro de Finanzas de Lobo, cargo en el que continuó bajo su sucesor Juan Orlando Hernández, y hoy es el presidente del Banco Central de Honduras. Cerrato hijo no aparece conectado a la sociedad offshore de su papá, ni a ninguna otra en este reservorio de documentos.

En el formulario de solicitud de sociedad (llamado «CR400»), del 1 de septiembre de 2015, Cerrato pidió un capital autorizado de 10,000 dólares y explicó que el propósito de la empresa era ser dueña de una cuenta bancaria y un vehículo de inversión. Para ello estimó un movimiento de capital de 50,000 dólares y señaló como fuentes de los ingresos sus ahorros personales e ingresos por negocios. Los documentos de la filtración incluyen sus nombres completos y copia de su pasaporte. Igual que con Jorge Lobo, la empresa no aparece registrada ni en Panamá ni en las Islas Vírgenes Británicas. 

Cerrato también fue investigado por el Ministerio Público hondureño y la Misión Anticorrupción de la OEA, en un caso llamado «La Caja chica del hermano». Los fiscales acusaron en noviembre de 2018 a Ramón Lobo Sosa —hermano del entonces presidente— y a Cerrato por presunto fraude y malversación de 8.4 millones de lempiras (unos 350,000 dólares), aduciendo que supuestamente los desviaron de la Casa Presidencial a las cuentas personales del hermano del presidente, pero ambos fueron absueltos por la justicia hondureña en 2019.

Contactado por teléfono, Wilfredo Cerrato explicó que estaba fuera de Honduras, pero comentó que no tenía la menor idea de una sociedad con ese nombre. Dijo además que no conocía al proveedor del servicio de creación de sociedades offshore, OMC ni a la abogada María del Mar López que intervino en el trámite de Inversiones Vallemar. «No conozco esa organización definitivamente», dijo e incluso sugirió que se podía tratar de un homónimo porque él no ha hecho ninguna operación con empresas en Panamá en 2015. Aclaró que había hecho una operación en Panamá alrededor de 2008 y que la había declarado a las autoridades hondureñas.

Consultada por ICIJ sobre las solicitudes de los dos Lobo, Bonilla y Cerrato, la firma OMC replicó en una carta que no puede responder ninguna pregunta sobre sus clientes por tratarse de información confidencial, pero subrayó que cumple con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde opera. «OMC está comprometida con el cumplimiento y mantiene un sólido programa al respecto, que incluye políticas y procedimientos de debida diligencia», señaló. Además, señaló que las preguntas estaban basadas en información y suposiciones «falsas, incorrectas o engañosas». 

Los trámites gemelos de Lobo hijo y Cerrato

Entre los trámites de solicitud para crear cuentas offshore del hijo y el exjefe de Casa Presidencial de Porfirio Lobo hay varias coincidencias.

Jorge Lobo y Wilfredo Cerrato llenaron sus formularios de solicitud de creación de sociedades el mismo día: el 1 de septiembre de 2015. Esa fecha también encabeza la carta de referencia personal que ambos presentaron.

Exactamente un mes después, el 1 de octubre de 2015, tanto Lobo hijo como Cerrato presentaron sus formularios de «declaración de estatus como beneficiario final». Ese mismo día, ambos firmaron con OMC Trust Services un documento llamado «acuerdo de servicio de accionista nominal y de custodia», en el que cada uno instruyó a la firma panameña mantener en custodia el certificado de acciones de sus sociedades en su oficina en el doceavo piso de la Torre Delta de Ciudad de Panamá. En los dos casos, se trataba de 10,000 acciones y en ambos estas se emitieron a nombre de Worldwide Council Corp.

Una semana antes, el 26 de septiembre, ambos hondureños habían presentado certificados de autenticidad de sus direcciones físicas. Ya dos meses atrás, el 28 de julio, también habían elegido el mismo día para enviar certificados similares de sus pasaportes.

Es decir, Lobo Alonzo y Cerrato realizaron seis trámites de apertura de sociedades offshore diferentes con el mismo proveedor en una idéntica ventana de tiempo, entre finales de julio y comienzos de octubre de 2015. Ahí no terminan las similitudes. Hay una persona cuyo nombre se repite en varios de los documentos que presentaron ambos a OMC para abrir sus sociedades: la abogada hondureña María del Mar López Fortín.

López Fortín, respaldada por su sello del Colegio de Abogados de Honduras, firmó al menos seis documentos de Jorge Lobo, incluyendo el formulario de apertura de la empresa, una carta de referencia personal en donde declara que el actual diputado era su cliente desde hacía cinco años, una certificación de la autenticidad de su pasaporte, una certificación de la dirección de su domicilio, un acuerdo de indemnización y, en calidad de testigo, el acuerdo de custodia de acciones entre su cliente y OMC. La misma López Fortín aparece firmando seis documentos de Cerrato: el formulario de solicitud de creación de una sociedad del exjefe de Casa Presidencial, la carta de referencia profesional, el acuerdo de indemnización, el acuerdo de salvaguarda de acciones, la certificación del pasaporte y la certificación de la dirección física.

Más allá de los formatos propios de OMC, las dos cartas de referencia firmadas por López Fortín, en la misma fecha, contienen textos idénticos.

Las fechas también coinciden parcialmente con las de Rosa Elena Bonilla. El mismo día que Jorge Lobo y Cerrato firmaban varios documentos con OMC, la exprimera dama lo hacía con su declaración de origen de los fondos de su sociedad. A su vez, el certificado de disolución de la sociedad de la primera dama aparece María del Mar López como citante de la reunión en que se tomó esa decisión.

De vuelta al ruedo

Entre tanto, la carrera política de Porfirio Lobo Sosa parece resucitar a medida que se acercan las elecciones generales de Honduras, previstas para este 28 de noviembre.

En mayo de 2021, el expresidente anunció que volvería al Congreso Nacional, donde estuvo en tres ocasiones consecutivas antes de gobernar el país, de nuevo como candidato a diputado por el departamento de Olancho. Solo que esta vez se propuso hacerlo por el partido minoritario Democracia Cristiana, tras romper con el Partido Nacional y con el actual presidente Juan Orlando Hernández. En septiembre, sin embargo, anunció que se había arrepentido de lanzarse: «La vida es una universidad», dijo a la prensa local, explicando que su aspiración era para hacer equilibrio dentro del Congreso Nacional.

Ahora, aseguró, está intentando facilitar una alianza de oposición entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal para derrotar a su antiguo partido. La candidata de Libre es Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya con quien Lobo perdió su primera elección presidencial y depuesto por un golpe de Estado en 2009, y el del Partido Liberal es el ex ministro Yani Rosenthal, quien apenas hace un año cumplía una pena en una cárcel en Estados Unidos por participar en un esquema de lavado de activos. (Ver historia de Yankel Rosenthal).

Todavía falta mucho para responder la pregunta de por qué un expresidente y su entorno cercano recurrieron a las opacas sociedades offshore, cuando a la vez este patriarca de la vida hondureña estaba siendo señalado de gravísimos delitos, como el de presuntamente haber recibido sobornos.

"pandora papers honduras"

Esta investigación periodística fue realizada por Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación periodística (CLIP) en el marco del proyecto Pandora Papers del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

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4 comentarios en “Las desconocidas sociedades offshore de Pepe Lobo mientras era presidente de Honduras”

  1. Christian Fletes

    Excelente artículo! Gracias por condensar y explicar de manera tan sencilla y comprensible estos actos, evidentemente de corrupción.

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