Construcción de represas podría no mitigar del todo inundaciones en el norte de Honduras

Construcción de represas podría no mitigar del todo inundaciones en el norte de Honduras

Con el paso de la tormenta tropical Julia, distintas zonas de Honduras entraron en estado de emergencia por inundaciones y riesgo de deslizamientos. En medio de esto, el Gobierno anunció la construcción de las represas El Tablón, Jicatuyo y Llanitos al norte del país. El ministro de Energía, Erick Tejeda aseguró que con la construcción de estas represas se estarían mitigando las inundaciones en temporada de lluvias; sin embargo, expertos en temas energéticos y defensores del medio ambiente aseguraron que la solución a esta problemática requiere de otras acciones.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El 3 de octubre, el secretario en los Despachos de Energía, Erick Tejada, anunció que los términos de referencia para la construcción de las represas El Tablón, Llanitos y Jicatuyos, proyectos ubicados en el departamento de Santa Bárbara al occidente de Honduras, ya habían sido aprobados por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) con la finalidad de contener las inundaciones en el norte de Honduras producidas por las crecidas de los ríos Chamelecón y Ulúa.

Parte del acuerdo para concretar la construcción de estas represas fue la reunión sostenida en el Valle de Sula el pasado 2 de octubre, en la que participaron el expresidente y ahora asesor presidencial, Manuel Zelaya; su hijo, el secretario privado Héctor Zelaya y su sobrino, el ministro de Defensa, Manuel Zelaya, con distintos representantes de la empresa privada del norte de Honduras. Después de esta reunión, el secretario privado anunció que, además de la construcción de las represas, el Gobierno estaría trabajando en el ordenamiento y la reconstrucción de 116 puntos de la cuenca del Valle de Sula, dentro de los cuales, 89 ya están siendo trabajados actualmente.

El 17 de agosto de 2022, el Congreso Nacional aprobó un préstamo de inversión pública con el Banco Central por mil millones de dólares para la reparación de escuelas, construcción de hospitales y la construcción de la represa El Tablón. Este préstamo está proyectado para tener una duración de 30 años con una tasa de interés del 1.9 por ciento anual.

El ministro de Energía y gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) explicó a Contracorriente que la reformulación del Presupuesto General de la República en abril de 2022 solo contempla los estudios para la construcción de estas represas, no las obras civiles; por esta razón, el Gobierno buscará los recursos necesarios para su financiamiento.

Según los estudios preliminares realizados a El Tablón en 2007 y en 2015 por la empresa Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), la construcción de esa represa costaría al menos 220 millones de lempiras, mientras que Los Llanitos y Jicatuyo costarían entre 700 y 800 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, el ministro de Energía consideró pertinente realizar una actualización de estos estudios con aportes de hidrógrafos y geólogos.

«Nosotros tenemos que salir y buscar el financiamiento, ya tenemos algunas ofertas por parte de fondos de inversión, pero vamos a seguir buscando y valorar otras opciones en términos de conseguir financiamiento mientras los estudios se desarrollan», indicó el ministro a este medio.

Sin embargo, agregó que aún no saben quién validará los estudios hidrológicos de estas represas, debido a que están considerando distintas opciones para su realización. Una opción es someter a concurso público quién realizará los estudios y la otra es que estos sean donados. «Lo que sí es claro es que estas represas no estarán finalizadas en el mandato de la presidenta Xiomara Castro, pero sí se podrían avanzar en un buen tramo» señaló el ministro.

Además, añadió que existen bancos nacionales de otros países interesados en el financiamiento de estas represas, las cuales deberían de iniciar obras civiles en el tercer trimestre de 2023 o a inicios de 2024.

Históricamente, la élite empresarial de Honduras ha estado ligada a la entrega de concesiones y la edificación de proyectos de energía limpia. Tal es el caso de la represa Agua Zarca, en el departamento de Intibucá, proyecto entregado a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y por el cual fue asesinada Berta Caceres, líder indigena y ambientalista que enfrentó a quienes impulsaron y edificaron este proyecto sin consulta previa. Uno de los bancos que proporcionó financiamiento para este proyecto fue el Banco Holandes de Desarrollo (FMO por su siglas en inglés).

Además, en mayo de 2021, durante el juicio contra David Castillo (– ahora condenado a 22 años de cárcel por el asesianto de Berta Cáceres –, el Ministerio Público presentó un audio en el cual Jacobo Atala, vicepresidente de DESA, menciona la negociación del préstamo del FMO a Ficohsa para el proyecto Agua Zarca, mismo que nunca fue otorgado por el banco holandés. Esto se sumó a financiamientos que también otorgaron otras instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE). 

Las preguntas sobre el financiamiento para la construcción de estas represas giran en torno a la aprobación de la Ley Especial de Energía, en mayo de 2022, dentro de la cual se derogó el contrato de fideicomiso, suscrito en mayo de 2021, que entregó 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía, el control de inundaciones y la mitigación de los efectos del cambio climático, todo mediante la constitución de una Alianza público-privada. Además, la Ley Especial de Energía establece en su artículo 7 que también queda derogado el Decreto Legislativo 373–2013, dentro del cual se encuentran los estudios realizados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) a las represas Llanitos y Jicatuyos con un costo de 11 millones de dólares.

El ministro de energía aseguró desconocer cuáles son los bancos o qué empresarios hondureños son los que estaban involucrados o en negociaciones en el contrato de fideicomisos ahora derogado y que la Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la Enee es quien ahora está trabajando el tema de las represas, junto a la Comisión del Valle de Sula y otra dependencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sit).

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (Mas) piensa diferente. Para ella, la búsqueda de financiamiento para estas represas, especialmente la de El Tablón, no concuerda con la aprobación del préstamo del BCH por mil millones de lempiras, dentro del cual está contemplada la construcción de este proyecto.

«Ya se probaron 400 millones de dólares en el Congreso Nacional para El Tablón, entonces, [con la búsqueda del financiamiento] parece que hay un interés muy fuerte en hacer algo en El Tablón y no es salvaguardar el Valle de Sula, son los intereses empresariales corporativos, los mismos que tienen otras concesiones que ya están vendiendo energía al Estado y que tienen exoneraciones por importaciones y exportaciones. Son los mismos que conforman una estructura económica de poder que, cuando no se sienten beneficiados, otorgan golpes de Estado como en el 2009 o legitiman fraudes electorales como en el 2017», manifestó la ambientalista.

Construcción de represas podría no mitigar del todo inundaciones en el norte de Honduras
Un grupo de personas realiza un recorrido en lancha por el río Ulúa, al norte de Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Para Vásquez, el anuncio de estas represas genera sospechas. En primer lugar, por los intereses empresariales que podrían estar detrás de la construcción de las mismas y, en segundo lugar, por la falta de interés de las autoridades en solucionar la problemática de inundaciones en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés.

«Esa plata que van a invertir en estos proyectos hidroeléctricos mejor la deberían invertir en mitigación, reconstrucción, reordenamiento territorial del Valle de Sula y, por supuesto, también se debe incluir la parte de Occidente porque las represas no sólo son con Santa Bárbara, el Ulúa y Chamelecón son afluentes de cuatro departamentos del occidente de Honduras. Los embalses se van a seguir llenando cuando haya fenómenos naturales, como los que se dan en temporada de huracanes y tormentas tropicales y, al llenarse, se van a tener que abrir las compuertas», señaló Betty Vázquez.

Aníbal Godoy, geólogo independiente, también aseguró que el reordenamiento territorial en el Valle de Sula es algo urgente, paralelo a la construcción de estas tres represas, siempre y cuando sean bien administradas.

El geólogo explicó que el ordenamiento territorial inadecuado y el crecimiento poblacional en zonas como el Valle de Sula hacen que fenómenos naturales afecten directamente a estas poblaciones. Además, con el aumento de la demanda de alimentos por parte de la población, el monocultivo como la palma de aceite, el banano y el ganado incrementa, lo que afecta los suelos existentes en estos lugares.

Pero otro asunto que afecta a las inundaciones del Valle de Sula es la deforestación de los bosques, lo que ocasiona que el agua corra más rápido en las partes altas y, eventualmente, llegue más rápido a las zonas bajas debido a que existe menos filtración de agua en el suelo. Esto ocasiona mayor erosión y deslizamiento en los suelos, lo que provoca a su vez la elevación del cauce del río en el Valle de Sula.

En este sentido, el geólogo aseguró que es pertinente un estudio de factibilidad en estas zonas y que, una vez construidas las represas, estas deben de ser bien administradas y tomar en cuenta las horas pico de las crecidas en los ríos si se realizan descargas.

Erick Tejada, ministro de Energía, consideró como un añadido a la construcción de estas represas está la posibilidad de producir entre 20 a 30 megas de energía en El Tablón, 210 megas en la represa de Los Llanitos y 80 megas en Jicatuyo.

Ante esto, Edgar Aguilar, investigador en materia económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aseguró que estos proyectos son necesarios pues tienen un propósito múltiple, desde ayudar a prevenir crisis como las inundaciones, hasta cumplir el papel de una fuente de energía eléctrica para el país; sin embargo, se debe de tener cuidado con la cantidad de energía que se se produce y se distribuye en estos proyectos para evitar contratos onerosos con precios elevados.

«Como ejemplo tenemos a Patuca. El Gobierno estimaba que iba a costar alrededor de 600 a 800 millones de dólares y al final terminó costando como el triple y, además de eso, se construyó la represa, pero no se pensó en que había que fortalecer la capacidad de transmisión al sacar esa energía y distribuirla. Entonces, ahora tenemos una represa que, aunque tiene una gran capacidad no se aprovecha totalmente», explicó Edgar Aguilar.

El investigador aseguró que estos procesos deben de ser transparentes para el bienestar de la ciudadanía y que las autoridades deben de informar paso a paso sobre lo que está ocurriendo. «Lo que requerimos es el espacio y la apertura para el monitoreo, para el acceso a la información, que tengamos claro quiénes participan, cuáles son los acuerdos a los que se llegan, cuáles son los parámetros bajo lo que se llevan estos acuerdos, estas conversaciones», indicó Aguilar.

El pasado 3 de octubre, la Empresa Nacional de Energía (Enee) anunció la renegociación de 16 contratos con 14 empresas generadoras de energía eléctrica, algo contemplado en la Ley Especial de Energía aprobada en mayo de 2022. El ministro de Energía explicó a Contracorriente que, de los 75 contratos de generación de energía en operación comercial, se escogieron 28 considerados los más lesivos y con precios elevados en tarifa energética. De estos 28, se ha llegado a un acuerdo con 16, en una renegociación que implicó una rebaja en el precio monómico de la energía y que representa un ahorro para la empresa estatal y para las finanzas públicas, según dijo el ministro Tejada.

«Todavía hay 12 contratos que, digamos, no acercamos posiciones en torno al precio monómico, entonces nosotros manejamos dos aristas, una es el tema de que seguimos abiertos al diálogo y la otra es los insumos que va a dar el informe de la Comisión Nacional de auditoría que hizo de las empresas generadoras», informó Erick Tejada.

El ministro decidió no referirse a cuáles son los contratos pendientes de renegociación pues «aún están abiertos al diálogo, pero pronto sabrán a qué grupo pertenecen».

La importancia de la consulta previa a las comunidades

«Estos anuncios que hace el Gobierno sobre las represas, bueno, se pueden aprobar en Consejo de Ministros, pero una cosa es que lo aprueben y otra cosa es que las comunidades estén dispuestas a aceptarlos y a pagar el despojo y el desplazamiento a cambio de que es una promesa de su Gobierno», aseguró Betty Vásques del MAS, quien indicó que, a pesar de que el departamento de Santa Bárbara representa una de las bases sociales más grandes del Partido Libertad y Refundación (Libre) con aproximadamente el 35% de las alcaldías y el 60% de los diputados, desde el MAS continúan con su postura de resistencia y defensa del medioambiente y de la tierra.

La coordinadora del MAS asegura que en Santa Bárbara existen poblaciones indígenas y por eso, están amparadas y protegidas por el Convenio 169. Es por esta razón que ella considera que, antes de pensar en aprobar un presupuesto o no, los funcionarios deben pensar sí realizarán estos proyectos o no. «Siento que también hay un acto de hipocresía ahí a pesar de que hay una afinidad con la nueva presidenta, pero sentimos la hipocresía en decirle “las represas van porque van” para alimentar una esperanza», indicó la activista.

Por otra parte, el ministro de Energía aseguró que en las comunidades donde serán construidas estas represas se hará la debida consulta libre, previa e informada que indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Nosotros entendemos que hay alguna resistencia en el caso de El Tablón, en el sector de La Ceibita, departamento de Santa Bárbara. Para nosotros es fundamental el tema de respeto al derecho humano, no podemos seguir la misma lógica que siguió el régimen anterior en temas de proyectos energéticos. Para nosotros, un plan de acción de reasentamiento con una consulta libre, previa, informada, bien realizada es esencial, y esperamos que las comunidades nos apoyen y logremos llegar a acuerdos, porque las tres represas de hecho son claves para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula», aseguró el ministro de Energía.

Betty Vasques del MAS informó que realizarán un ejercicio el mes de noviembre en la zona de la Ceibita, Quimistán, en Santa Barbará, con la finalidad de conocer qué tan informada está la población sobre el proyecto hidroeléctrico El Tablón. Sin embargo, la defensora del medioambiente indicó que, en vez de proporcionar información sobre estos proyectos, las autoridades gubernamentales se han encargado de ser voceras de la empresa privada a la hora de impulsar estos proyectos.

Con el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, el Gobierno anterior aprobó la construcción de 14 represas con la finalidad de mitigar las inundaciones en temporada de huracanes y lluvia. La comunidad Brisas del Ulúa, en el municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara, sería el lugar donde se instalaría el proyecto hidroeléctrico El Tornillito, adquirido por la empresa generadora de energía Hidroeléctrica El Volcán S. A. de C.V. (Hidrovolcán).

En 2017, pobladores de Chinda y autoridades municipales realizaron un cabildo abierto para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos; sin embargo, el proyecto no se detuvo, realizó socializaciones con los patronatos de cada barrio y finalmente fue aceptado por los patronatos, aseguran los pobladores de estos barrios.

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«Santa Bárbara es un territorio en riesgo, pero los santabarbarenses no estamos dispuestos a perder territorios, porque no se está pensando en otra alternativa más sostenible para el Valle de Sula y para el resto del país, porque no solo el Valle de Sula sufre las consecuencias por los fenómenos naturales, esta es una cuestión en la que hemos tenido un abandono estatal en temas de medioambiente, y hoy el cambio climático y sus consecuencias nos están cobrando todo lo que no hemos podido hacer», dijo Betty Vásquez del MAS.

El proyecto de reducción de pérdidas de la Enee continúa iniciar

Otra de las novedades de la nueva administración respecto a la matriz energética, es la implementación del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la Enee, el cual promete reducir el 8.2% de las pérdidas de esa empresa en el primer año de su implementación. Después de ser anunciado en julio de 2022, este aún no ha iniciado, pero la contratación de personal a nivel nacional ya se está efectuando.

Acerca de esto, el ministro de Energía y gerente de la estatal eléctrica argumentó que «se está haciendo supuestamente un proceso de contratación masivo de gente que no es de la Enee, pero sí hay mucha experiencia en la distribución de la Enee en el tema de pérdidas y también va a apoyar a todo el programa».

Los tres coordinadores a nivel nacional de este proyecto son la ingeniera Delmi Padilla, la ingeniera Vanessa Arias y el licenciado Raúl Soto, quienes tienen «estructura propia y algo de independencia en sus labores», aseguró el ministro sobre la contratación de personal para este proyecto. El ministro de Energía explicó que, hasta el momento, no tienen fecha de inicio en este proyecto y que aún no saben cuando estará todo listo para salir masivamente.

Construcción de represas podría no mitigar del todo inundaciones en el norte de Honduras
Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), en una entrevista para Contracorriente. Foto CC/ Fernando Destephen

El Proyecto Nacional de Reducción de Pérdidas también se encargará de la compra de vehículos, medidores y otros insumos para el personal técnico a nivel macro en el país. Lo anterior también ha provocado retrasos en el lanzamiento del programa, indica Erick Tejada. Este programa tendrá una duración de cuatro años.

Edgar Aguilar, investigador de ASJ, explicó que la implementación de este programa podría ayudar directamente a la estatal energética, pero que, si aún no se conoce cuál será el plan que llevarán a cabo, es difícil confiar en que este se implementará. «Debe aterrizarse más este plan y empezar a hacer más pública la información de cada proceso, tanto de la contratación de personal como de la compra de equipo, porque se van a comprar medidores y se van a mejorar algunas partes de la red de distribución. Que haya espacio ahí también para la veeduría para el acceso a la información y claridad.», aseguró.

Además, el investigador advirtió que, de no ser transparentes con esta información y no iniciar con el programa, se corre el riesgo de politizar la contratación de activistas en un plan que es totalmente técnico.

Por otro lado, Edgar Aguilar afirmó que el Gobierno actual sí le ha dado prioridad al tema energético y que las renegociaciones de los contratos de generación de energía son importantes; aunque no impacte mucho en la tarifa del consumo, sí es algo que impactará y es un buen paso.

«Lo importante es que el espíritu de la ley, que es justamente el fortalecimiento de la empresa pública, se está llevando a cabo, y todos los problemas estructurales que decidimos atacar como el tema EEH (Empresa Energía Honduras), el tema renegociación de contratos, el tema fideicomisos y el tema de inversión pública se están ya atacando, entonces, el avance en el sector energético y en subsector eléctrico específicamente, ha sido superlativo este año», dijo por su parte el ministro de Energía.

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