El Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) resolvió retirar la membresía del partido al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien ha sido investigado por el Ministerio Público por actos de corrupción y ha sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado. El Tribunal pidió que se apruebe esta determinación en la próxima Asamblea General del partido. 

 

Texto: Vienna Herrera y Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen

 

Una resolución del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) determinó que se debe retirar la membresía del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. En un documento al que tuvo acceso Contracorriente, el Tribunal expone que Fúnez no puede seguir ostentando «el derecho de representarnos, gozar de ninguno de los derechos y privilegios derivados de esa membresía o volver a ser precandidato, ni mucho menos candidato de Libre en ninguno de los niveles de cargos a elección popular».

 

El Tribunal dijo que se le informó al coordinador de Libre, Manuel Zelaya, expresidente y actual asesor presidencial, sobre el retiro de la membresía, y que en la próxima asamblea general del partido –que en 2023 se realizó en marzo, pero este año aún no se ha concretado– se debe ejecutar esta expulsión.

 

Según el documento, el Tribunal recibió varias denuncias sobre diferentes irregularidades por parte de Fúnez, y mediante una comunicación oficial se le solicitó responder a las acusaciones, pero no lo hizo «invocando apoyos ulteriores en contra de la integridad del Estatuto»; agregan que «su negativa a responder a las preguntas implica la aceptación tácita de sus imputaciones». 

 

Si bien el documento no menciona en quiénes se apoyó Fúnez para no responder al Tribunal, en Contracorriente publicamos una investigación que revela los vínculos del alcalde de Tocoa con Carlos Zelaya —hermano de Manuel Zelaya y secretario del Congreso Nacional (CN)—. De acuerdo a testimonios de miembros de Libre en la zona, Zelaya y el alcalde «se han vuelto inseparables» y se han acompañado en diversas reuniones públicas. Asimismo, mantiene vínculos con Edson Argueta, secretario privado del presidente del CN, Luis Redondo.

 

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Luis Redondo, Adán Fúnez, Marco Maradiaga, Edson Argueta y Carlos Zelaya reunidos. Foto tomada de la página de Facebook de la alcaldía de Tocoa.

Entre las interrogantes y requerimientos que el Tribunal envió a Fúnez, se incluyó uno sobre su declaración pública en 2016, donde aceptó su vínculo y amistad con Javier Rivera, del cártel de narcotráfico Los Cachiros. Tanto Javier como su hermano Devis Leonel se entregaron a Estados Unidos en enero de 2015, y Devis sirvió como testigo en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, como lo había hecho en 2017 en el juicio contra Fabio Lobo, donde también mencionó a Fúnez como uno de los políticos que recibió sobornos del cártel. El Tribunal pidió a Fúnez que se disculpara públicamente por ese vínculo.

 

El documento también cuestiona su relación con el empresario Lenir Pérez, dueño de varias empresas y proyectos vinculados a conflictos medioambientales, que ha adquirido concesiones y tierras de forma ilegal. Al respecto, la resolución explica que se le cuestionó a Fúnez «el origen de las concesiones de las que goza desde el corrupto régimen anterior. Eso hace daño al país y a su entorno y compromete al Partido que lo apoye. Usted tiene la responsabilidad de ser leal con el Municipio, con el Partido y el país, pero ha apoyado al Sr. Pérez y a sus empresas. ¿Cómo puede resolver este dilema?». 

 

Pérez es socio de Inversiones Los Pinares, una empresa del grupo EMCO, un conglomerado con inversiones en diversos sectores como la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Entre sus operaciones más destacadas en el país se encuentran un megaproyecto minero en la zona de amortiguamiento del Parque Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, y la concesión para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Palmerola. Ambos proyectos han sido muy cuestionados por diversos sectores de la sociedad, debido a las condiciones irregulares en que los permisos fueron otorgados.

 

Recientemente, en Contracorriente publicamos cómo, entre 2017 y 2022, representantes de la empresa Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, y la excandidata a diputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres obtuvieron ilegalmente la propiedad de tierras destinadas a la reforma agraria para construir parte de su megaproyecto minero.

 

Pero las conexiones de Pérez con funcionarios no se limitan únicamente a Fúnez y la excandidata a diputada. En enero de 2023, Contracorriente reveló que el bufete de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización del gobierno actual, y su esposa Pamela Blanco Luque, presta servicios legales al empresario Lenir Pérez.

 

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Lenir Pérez también está vinculado con la termoeléctrica Ecotek, que busca la instalación de un proyecto de generación de energía que funciona con base en un derivado del carbón altamente contaminante, que ha sido apoyado por Adán Fúnez, presionando por la aprobación en cabildo abierto del proyecto. El último intento, realizado el 13 de junio, resultó en la exclusión de las comunidades y organizaciones que se oponen al proyecto, el cual finalmente fue aprobado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo que pone en suspensión esa decisión del cabildo. El Tribunal de Honor también mencionó en el documento que «incluso está documentado como el Alcalde tuvo que huir de la población, bajo una lluvia de piedras e insultos y salir resguardado por la policía».

 

Este 19 de junio, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) notificó al Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa sobre la suspensión de todas las actuaciones administrativas en favor de la planta termoeléctrica, en consonancia con el recurso de amparo admitido por la CSJ.

 

El documento de la resolución sobre la solicitud de expulsión de Fúnez también hace hincapié en que el alcalde tocoeño no ha prestado atención a la oposición de miembros de las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente ante la instalación de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, y sus vínculos con multinacionales como Nucor, la principal productora de acero en Estados Unidos. Estos vínculos fueron descubiertos por Contracorriente en noviembre de 2020, señalando que la multinacional fue una poderosa socia tras las bambalinas del proyecto minero.

 

Después de que Contracorriente publicara la resolución del Tribunal de Honor, medios de comunicación nacional retomaron la noticia.  Un canal de televisión abordó al alcalde Adán Fúnez, quien manifestó que se encuentra en la disposición de ser llamado por la Asamblea General del Partido Libre, siempre y cuando presenten las pruebas de las acusaciones por las que se pide su expulsión y le permitan defenderse. 

 

Por otro lado, no negó su cercanía con el secretario del Congreso, Carlos Zelaya. Además,  dijo que las acusaciones vienen de un ala radical de Libre, mientras que él pertenece a un sector proveniente del Partido Liberal que acompaña al expresidente Mel Zelaya.

 

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Juana Esquivel, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, espera que la resolución del Tribunal conlleve una acción contra el edil. «Esperamos que no sea un juego de doble moral, porque sabemos que al final el partido tiene sus estructuras, tiene una coordinación general, una conducción del partido que al final incide mucho en la toma de decisiones definitivas en la asamblea, y esperaríamos que haya una coherencia en este primer dictamen, que hasta ahora vemos algo más definido», señaló en un reciente XSpace organizado por Contracorriente.

 

Desde que se fundó el partido Libre en 2011, nunca se ha expulsado a ninguno de sus miembros, a pesar de que la misma presidenta Xiomara Castro anunció la expulsión de 18 miembros en 2022, durante una crisis legislativa por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional. De acuerdo a varias fuentes consultadas por Contracorriente, la expulsión no está contemplada dentro de los estatutos del partido.


Texto: Jessica Isla

Fotografía: Fernando Destephen


En mi mente las imagino riendo, divertidas, bulliciosas, ocupadas en algún ritual cotidiano como lavarse el pelo, cuidar a los niños/as, barriendo o lavando ropa. Unas recias y otras gráciles como pompas de jabón, cantando, bailando, encerradas, pero vivas. Sin embargo, sé que nada de eso es verdad, y que la boca de la muerte con su aliento de fuego alcanzará estas imágenes, no sin antes recibir disparos, machetazos, puñaladas. 


A un año de la masacre en la Penitenciaría Nacional de Mujeres (PNFAS), hay 16 requerimientos contra otras mujeres supuestamente responsables de los asesinatos, pero la consecuencia está ahí: 46 vidas  se apagaron violentamente el 20 de junio de 2023 y no recibieron ni siquiera una breve comunicación presidencial lamentando el femicidio más grande y en masa que ha vivido el país. Los familiares todavía con un cuerpo sin identificar siguen pidiendo justicia. 


Las muertas tienen nombre, y van desde la extesorera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), privada de libertad por su participación en el millonario desfalco de esta institución, hasta una mujer de 37 años, presa por haber intentado introducir un paquete de marihuana al centro penitenciario de La Paz. A una chica de 25 años solo le faltaban dos días para salir de la cárcel, mientras otra cumplía condena por haber agredido a su expareja. Y luego está ella. Una chica a la que llamaré Anna, y a cuya madre conocí un mes después de la masacre en un evento para conmemorar a las víctimas. Me acerqué a una mujer de pelo canoso y grande, de unos setenta años, que estaba acompañada de otras mujeres. Le pregunté por qué estaba allí y la conversación surgió más o menos así: 


—Estoy aquí porque no me puedo morir todavía —me respondió.


—-¿Y eso? —le pregunté.


—-Me mataron a mi cipota —replicó, y continuó diciendo—: Mire, yo sé que ella no andaba en muy buenos pasos, pero no era todo lo que decían. Lo más que ella llegó a probar era marihuana. Tal vez vendía, no sé, pero ya iba a salir, no tenía condena. Mire, le voy a enseñar la cédula…


Ella sacó la cédula de Anna, donde pude ver su pelo colocho y su cara aniñada. Vi asombrada que acababa de cumplir 19 años; levanté la mirada hacia su madre nuevamente y me dijo: 


—Así es, doña, no me puedo morir porque me queda el nieto, el hijo de ella de dos años, y tengo que criarlo. Tengo que seguir trabajando por él, que es el que me queda. 


Yo no atiné a decir mucho, solo le pregunté en qué trabajaba, y ella me contó que vendía comida en el mercado, que había pensado «jubilarse» y dejarles el negocio a sus hijas, pero que eso ya no iba a poder ser. Esa madre doliente, que no esbozó ni una lágrima, no sabe que Anna todavía me acompaña en los días y en las noches, cuando no puedo dormir y pienso en ellas, las asesinadas. 


«Fue problema de maras», me dijeron los personeros de la Policía Nacional, en un foro televisivo al día siguiente de la masacre. «Se mataron entre ellas», concluyeron ahí, frente a la población hondureña. 


«Sí», dije, y acepté aquella conclusión policial, pero sostengo: ellas no fueron las que dieron las órdenes de matarse unas con otras. Las órdenes las dieron otros, los jefes de las maras, los patriarcas a los que las mujeres de las pandillas deben obediencia hasta la muerte en un sistema que emula a ejércitos en el mundo criminal. Ellos y sus estructuras criminales que llegan hasta miembros de la alta sociedad son los verdaderos culpables. Nadie habla de eso y menos el Estado, que todavía se sume como un armadillo sobre sí mismo, en un silencio atronador. 


En ese mismo foro, la Policía Nacional aceptó que «sabían» desde hace más o menos un mes que esas muertes iban a ocurrir, y aún así no hicieron nada. No solo no hicieron algo para evitarlo, sino que encontraron, después del incendio que según la policía ellas mismas provocaron, armas de largo y corto calibre, granadas y armas blancas. Mi pregunta obligada es: ¿cómo, con todos los controles de seguridad en ese lugar, llegaron esas armas allí? ¿Cómo lograron, pese a esos controles y supuestas cámaras, dejar que unas y otras se atacaran con todo tipo de armamento? Y la respuesta obligada que me doy es: que el 20 de junio de 2023, las autoridades fueron cómplices en una extensa red criminal de la cual, hasta el día de hoy, desconocemos el alcance, y que acabó con la vida de 46 mujeres 


Por eso, cuando escribo sobre las asesinadas, digo que no fueron unas contra otras; fue el Estado contra ellas, tal como lo denuncian las compañeras feministas mexicanas ante los femicidios en su país. El despido de un director de la Policía y la promesa de construcción de megacárceles (una en Isla del Cisne, pese a las objeciones de los expertos en el tema ambiental) no solucionará el problema, como tampoco lo hará el seguimiento del estado de excepción o el endurecimiento de la «mano dura» contra las maras y pandillas, al estilo Bukele, con la suspensión de las garantías constitucionales. Tampoco les llevará justicia a los familiares de las 46, ni al pueblo hondureño que demanda saber qué pasó ese 20 de junio. Porque lo que allí ocurrió es un femicidio de lesa humanidad, sin que el Estado lo reconozca hasta la fecha, que bien podría llevar a un caso de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Yo espero que así sea y que las voces de estas mujeres salgan de sus nichos y se expandan, como un ejemplo sobre cómo este país trata a sus mujeres, más aún a sus privadas de libertad.


Ellas son más que cifras y palabras, fueron vida y ahora, como Anna, son historias que se resisten al olvido y la desesperanza. La muerte seguirá estando presente, con su voz de acero y fuego, pero nosotras también estaremos aquí, desde la vida, recordándoles.

María del Carmen Deola, catalana residente en Guatemala desde hace 40 años, es responsable editorial y de promoción del Grupo Editorial Penguin Random House para Alfaguara, uno de los 41 sellos editoriales que lo conforman, cuya contribución a la difusión de la literatura latinoamericana y española ha sido de gran importancia desde su fundación, hace 60 años.

En esta entrevista que María del Carmen le brindó a María Eugenia Ramos para Contracultura, en el marco del festival Centroamérica Cuenta realizado en Panamá en mayo de 2024, nos habla, entre otras cosas, de su oficio de editora, cuáles son los temas que atraen más a los públicos lectores, qué buscan las editoriales en las propuestas de publicación, y da recomendaciones para las autoras y autores jóvenes que tengan interés en publicar.

 

Texto: María Eugenia Ramos

Portada: Persy Cabrera
Fotografía: Cortesía María del Carmen Deola

 

Contracultura (CC):  No siempre se sabe con precisión en qué consiste el oficio editorial, y a veces hay mucha confusión en nuestro medio sobre lo que es corrección de estilo, corrección ortotipográfica y trabajo de edición. ¿En qué consiste tu trabajo?

María del Carmen Deola (MDC): Sí, tienes toda la razón en lo que dices, y es más, incluso agregaría que muchas veces confunden nuestro trabajo con el trabajo del impresor; o sea, dicen, mire, le presento esta propuesta que está lista para imprimir. Yo pienso: pues entonces diríjase a usted a un impresor, porque yo no me dedico a imprimir, ¿no es cierto? Y aunque creo que ya se ha ido trabajando un poquito más, el editor es básicamente un intermediario entre el autor y el lector. Recibimos manuscritos, textos que están esperando que otros ojos, fuera de los ojos del autor, que no ven a veces cosas que el editor, con una mirada externa, lo detecta rápidamente. Somos estos ojos y procuramos, siempre con el beneplácito del autor, enriquecer el texto de todas las formas que se pueda.

En principio, un autor que se preste de tal no puede entregarte un manuscrito con erratas, no debería. No, porque es que como editor empiezas a leer un texto que tiene erratas gramaticales, y es que no sigues. Me refiero a mejorar el texto con una serie de observaciones y de comentarios que enriquecen la lectura, y pueden ser observaciones que a veces pueden llevar a que el autor elimine 50 páginas de la novela. 

Hay una periodista guatemalteca que se llama Lucía Escobar, que una vez hizo una metáfora que me pareció muy, muy bonita; dijo: «Yo interpreto el trabajo de la edición como el de la partera. Ayuda a nacer, está hecho, el material está ahí, pero ayúdalo, para que llegue a las manos del lector lo más fluido, lo más trabajado posible», ¿no?, que el lector empiece un libro bien curado. Es como una curaduría.

 

CC: ¿Qué consejos les darías a autores y autoras jóvenes que quieran publicar libros?

MCD: Les diría: no tengan prisa en publicar. No tengan prisa, o sea, el tiempo no se acaba, no se agota; trabaja, sé exigente con tu propio texto, reescríbelo tantas veces como sea necesario. No tengas prisa en publicar, porque a veces nos precipitamos, al pensar que si no publicamos ya nos quedaremos al margen. O sea, esto no es así, es mejor tener un texto maduro, un texto bien trabajado, bien elaborado para presentarlo. Porque a veces, si envías una propuesta, o una segunda propuesta, y ni la una ni la otra llena las expectativas, pues es posible que ya en una tercera ocasión ya ni tan siquiera la revisen. ¿No? Porque dices: «¡Ay, otra vez lo mismo!». Entonces, es mejor enviarlo cuando tú consideres que es un trabajo no solo bien hecho, sino que a ti realmente te llena y te satisface; que no le pondrías ni le quitarías nada, aunque después venga el proceso de digerir, porque otros ojos lo van a ver.

 

CC: ¿Cuál es tu opinión sobre el interés que hay actualmente en los libros, quiénes están leyendo, qué temas llaman más la atención? 

MDC:  Diría que hay que poner el ojo en que hay muchas más lectoras en estos momentos que lectores. Esto no quiere decir que lo que se publique vaya dirigido a un público determinado, pero sí hay más lectoras. Yo creo que esto se evidencia incluso en los clubes de lectura, donde es raro encontrar algún hombre. Y no es porque no les interese lo que han leído, sino que tienen otras formas de conversarlo. Las mujeres, es como si quisiéramos alargar la lectura, ¿no? Después de leerla, como que necesitamos compartirla, comentarla, seguir, como que no hubiera terminado, con una disciplina digna de admirar, porque son constantes.

Y ahora como que están gustando los temas de las nuevas maternidades, pero no solamente esto, sino una palabra que está en boca de muchas escritoras, aunque no está en el diccionario de la Real Academia todavía, que es la palabra «hijidad», es decir, la relación entre madres e hijas. Porque todas somos hijas; no todas somos madres, pero todas somos hijas. ¿Entonces, cómo es esta relación? ¿Cómo se ha dado esta relación entre madres e hijas? Ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver más con todas las relaciones familiares.

Acabamos de presentar en Costa Rica, que justo vengo de allá, un libro de la escritora costarricense Catalina Murillo, una novela que además tiene un título provocador: Una mujer insignificante. Un título fuerte y que trata precisamente acerca de la relación entre una madre y una hija, aunque hay otros muchos personajes. Y es una novela en la que la autora hace uso del recurso de la autoficción, un término que a algunos editores no les gusta, o hay periodistas que no les gusta. A mí no me molesta para nada.

 

CC: ¿Por qué?

MDC: Claro, porque yo pienso que la autoficción tampoco es un cajón de sastre; o sea, no cabe todo ahí. El tener una historia interesante, o llena de anécdotas, no hace que esta historia sea una novela, sea literatura; tiene que haber giros, tiene que haber tensión, tiene que haber complicaciones. Oye, nos levantamos y les voy a contar lo que hice la semana pasada. Oye, pues perdona, ¿pero esto a quién le va a interesar? A lo mejor a ti y a tus amigas. No, no. O sea, tiene que haber ahí una complicidad con el texto. Siendo autoficción, por ejemplo, llegas a una verdad escénica, es decir lo que la autora cuenta, sea ficción o no, porque al final no lo sabes. Tú como lectora te lo crees; o sea, la autora ha conseguido que tú te creas la historia, y punto. Ahí está la literatura, el poder de la creatividad.

 

CC: Si consideramos el tema de la distribución, y que a Centroamérica nos llegan sobre todo los libros de autores centroamericanos, mexicanos y tal vez colombianos, ¿qué autoras y autores nos recomendarías leer?

Las cosas han ido cambiando. Sabemos que el mercado ha ido cambiando. También hay libros más comerciales, otros que no lo son tanto. Dependemos también de los libreros, que son, al fin de cuentas, los que compran los libros a las editoriales para ofrecer a sus lectores, y los libreros también tienen sus gustos y saben qué es lo que su mercado les pide. Entonces, todo esto hace que lo que se publica en Centroamérica no necesariamente circula por todos lados.

Pero cada vez estamos llegando a más países y cada vez autores centroamericanos circulan más. Por ejemplo, esta misma autora que te mencionaba, Catalina Murillo, de Costa Rica, su novela circula por Centroamérica, su novela está en México. Esperamos que, si la respuesta de los lectores es buena, pueda dar el salto hacia otros países, pero hay que demostrar primero que hay un interés local, que localmente la obra no pasa desapercibida.

Prácticamente en todos los países, por parte de Penguin Random House, tenemos autores consagrados, autores que hace muchos años que escriben y que están publicando, que han publicado siempre con nosotros, o no, porque el mundo editorial es así, los autores cambian de editorial y tal, y ya conocemos a estos autores consagrados que tienen su público, ya sabemos cuál es este público, y al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es introducir en nuestro catálogo autores nuevos. Bueno, porque necesitamos que el catálogo se oxigene, que se renueve y que se rejuvenezca. Para el año que viene, te voy a dar una primicia: vamos a publicar a un autor salvadoreño que se llama Jorge Galán.

 

CC: Él es poeta, ¿verdad?

MCD: Yo creo que él tiene varios sombreros, y cada sombrero está hecho a la medida para él. Cuando escribe poesía sabe qué sombrero ponerse, y cuando escribe narrativa tiene también un sombrero especial en el que no abandona la poesía. Tú puedes leer en su narrativa frases que dices: esto es poético, incluso ante escenas realmente fuertes. Entonces, es una combinación muy interesante.

Y bueno, como parte de mi trabajo de scouting editorial [búsqueda de proyectos editoriales], estoy buscando nuevas voces que tengan una propuesta, que tengan algo que ofrecer, que yo vea que puedan sorprender al lector, que a fin de cuentas es al que nos debemos. Esta profesión de editor, editora, ha pasado mucho por Hollywood, ¿no? Entonces, te hacen ver como la persona que recibe montones de manuscritos, y que tiene que escoger entre tantos; pero esto no siempre es así. Si tú trabajas en una editorial que te establece ciertos parámetros para elaborar un plan editorial y te dice: la tendencia es esta, los parámetros son estos, tú sales a buscar proyectos que respondan a estos parámetros, a no ser que la empresa sea tuya y tú decidas qué quieres publicar y no tengas que dar razón a nadie; pero, aun así, te debes a un mercado, te debes a un público. No puedes decir: yo solo voy a publicar lo que a mí me gusta; a veces funciona y a veces no.

 

CC: ¿Y cómo es hacer scouting?

En el trabajo de scouting tú sales a buscar; en este país, ¿quién hay escribiendo algo que pueda ser interesante? Alguien a quien yo le pueda preguntar: «¿Oye, qué estás haciendo? ¿En qué estás? ¿Te gustaría publicar esto con nosotros?» O, «¿qué tienes trabajado?». O sea, tienes que salir a la calle, a buscar los proyectos. Parece un trabajo muy interesante este, y muy arriesgado también de alguna manera, porque puede ser que te entreguen varias propuestas, pero que no llenen las expectativas. Y también hay que saber decir: «Oye, no es lo que yo esperaba», lo cual no quiere decir que esté mal; simplemente que cuando tú sales a buscar algo, no sales dando palos de ciego, sales buscando ciertas cosas, y si lo que te entregan no va por ahí, pues podrá funcionar en otra editorial; o sea, no quiere decir que no, puede funcionar en otro lado.

 

CC: ¿Podría decirse que hay un traslape del trabajo de edición con las funciones del agente editorial?

MCD: Es cierto que a veces el editor puede llegar a convertirse en un agente editorial, pero no es este su trabajo propiamente. El agente editorial es alguien que de hecho pertenece a una agencia, una empresa que se mueve en el mundo del libro y que su trabajo es básicamente procurar que el libro de este autor circule y que llegue a cuantos más lectores posibles. De alguna manera, como que se entrelaza, porque el editor quiere que el libro llegue a cuantos más lectores sea posible. Entonces, se han llegado a hacer mancuernas muy bien logradas que encajan muy bien entre agentes y editores, cuando el fin que persiguen es el mismo y se logra.

No todos los autores tienen agencia; es más, cuando un autor está empezando, normalmente no tiene agencia, y bueno, cuando al final decide entrar en una agencia, pues todo el tema contractual, por ejemplo, la editorial ya no lo resuelve con el autor, sino con el agente. Y el agente se convierte en un intermediario entre el autor y el editor en temas más bien de carácter administrativo. Por lo menos hasta ahora, yo te diría que los agentes con los que he trabajado no interfieren en mi trabajo editorial, que llevo directamente con el autor.

Incluso también para traducciones, los agentes van a distintas ferias del libro. Hay ferias en donde la parte de derechos de autor es muy fuerte, llegan agentes y contratan el libro para ser traducido con la editorial x, en tal país; entonces, procuran que el libro llegue a cuantos más lectores posibles, en el idioma original o en otro.

 

CC: Actualmente ustedes están publicando a autores jóvenes y también de cierta trayectoria; ¿son reediciones, o publicaciones de libros inéditos?

MCD: Sí, autores que hace tiempo los estamos publicando y que siguen haciéndonos propuestas literarias nuevas, aparte de autores nuevos que están ingresando ahora en el catálogo. Alfaguara es uno de los sellos editoriales de Penguin Random House, que tiene más de 40 sellos editoriales, cada uno con un contenido distinto. Penguin es como un paraguas, y debajo están Alfaguara, Plaza y Janés, Debate, Taurus, Suma de Letras, Salamandra, entre otros. Alfaguara está cumpliendo este año 60 años, y es necesario que entren autores nuevos en el catálogo para que refuercen toda esta trayectoria del sello. Es un año muy interesante, precisamente para esto, para incluir voces nuevas.

 

CC: Nosotras nos conocimos en línea por el tema de la antología Desde el centro de América. Miradas alternativas (Alfaguara, 2023). ¿Qué otras antologías centroamericanas de cuento se han hecho, y cuál es la diferencia con esta?

MCD: En Centroamérica se hizo una antología hace muchos años, de Santillana, que salió con el sello de Alfaguara; te hablo de lo que he hecho yo. Ahora que lo pienso, es una antología que me dio muchas satisfacciones; pero imagínate, el título era Los centroamericanos (en masculino), y la mayoría eran hombres. José Mejía, un guatemalteco, un académico, me ayudó en la curaduría de esta antología; y sí, había de todos los países, sobre todo, autores que ya habían fallecido. Era de alguna manera un plan de rescate. Y ahora, veinte años después, imagínate, esta antología que acabamos de publicar, en la que tú estás como autora, y que arrancas la antología, se titula Desde el centro de América. Miradas alternativas; o sea, es un enfoque diferente, aparte de que no teníamos ningún interés en recuperar nada, sino mostrar esto que se está haciendo. Y miradas alternativas porque aparecen voces que no se conocían.

La idea era decir, a ver, miradas, qué nos cuentan, qué ven estas miradas, que hasta ahora no conocíamos, no porque no estuvieran escribiendo, sino porque no se habían dado a conocer. Y ahí, bueno, lo has visto, hay cuentos realmente interesantes en esta antología, empezando por «La cinta roja», que es el tuyo, y que de verdad lo recomiendo, estando frente a ti y aunque no lo estés. Es un cuento que me gusta muchísimo, y creo que ha conseguido dar un panorama distinto de la narrativa, del cuento en Centroamérica. Y fue prácticamente un encargo de mis colegas, editores desde México.

Sí se han hecho algunas antologías, pero más desde el lado académico, que no han circulado mucho, más académicas, y con presencia de autoras de mucha trayectoria, algunas de ellas que ya no nos acompañan, que son referentes. Entonces, dijimos, prácticamente todas las autoras que se incluyen en la antología tienen como referentes a estas autoras que ya no están; no las incluyamos. Qué contentas estarían las maestras de ver a sus pupilas demostrar lo que saben hacer, que es narrar.

 

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CC: ¿Qué les dirías a los chicos, chicas, nacidos en los noventas, o más jóvenes, de unas generaciones muy distintas a la nuestra, que a lo mejor escuchan reguetón, pero al mismo tiempo se interesan en la literatura?

MCD: Yo pienso que, y lo hemos comprobado, a todos nos gusta que nos cuenten historias. Ahora que decías del reguetón, pues las canciones del reguetón están contando una historia. Este festival de Centroamérica Cuenta se inauguró con una conversación entre Rubén Blades y Leonardo Padura, la relación entre la literatura y la música. Las letras de las canciones de Rubén Blades son historias. La historia, desde las primeras líneas, y puede parecer un lugar común, desde el principio te tiene que atrapar. Los jóvenes lo entenderán muy bien, estas generaciones, estas décadas de la inmediatez. 

Pensemos en las letras de las canciones. ¿Cuánto duran las canciones, dos, tres minutos? Cuando mucho, con excepciones. Si tú esperas que el lector se interese en la página 30, es tarde; el lector te deja y se va a otra cosa. Tienes que ser potente desde el inicio, tienes que decirle al lector qué vas a contar, tienes que engancharlo. Esto en todo, en una canción, en una película, en una serie, en un libro, todo; esto es muy importante, sobre todo, pensando en los jóvenes, hay que tomar esto muy en cuenta.

 

CC: Ahora queremos que nuestros lectores y lectoras te conozcan un poco más. Sabemos que sos española y tenés 40 años de vivir en Guatemala. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Alguna vez pensaste que ibas a irte al otro lado del mundo y quedarte? 

MCD: Sí, soy española, soy catalana; el catalán es mi lengua materna y estoy muy orgullosa de estos orígenes. Con mis hijos hablamos siempre en catalán, y creo que esto también me ha ayudado a mantener mi acento. Yo nací en 1961 en un pueblecito del área central de Cataluña, y pues bueno, como la mayoría de los niños y niñas de aquella época, estudiábamos en castellano, porque los libros de texto eran básicamente en castellano; quizás algo de literatura, cuentos, sí los encontrábamos en catalán. Pero se daba un fenómeno muy interesante, y es que la mayoría de las profesoras eran catalanas. Ahí se produjo un fenómeno muy interesante, que nos hizo ser bilingües, porque leíamos en castellano, en español, y la profesora nos daba las explicaciones en catalán; entonces había un intercambio allí curioso. Además que en casa, por ser el idioma materno, hablábamos catalán.

Yo estudié Geografía e Historia en la Universidad Central de Barcelona, y me especialicé en Historia Medieval. Dirás, bueno, ¿qué hace una medievalista en América? Bueno, pues que no sabía que iba a parar en América. Cuando llegué a este lado del mundo, a mediados de los años ochenta, ingresé en el área universitaria, precisamente en la carrera de Historia, hasta que entré en el mundo editorial en el año 2000, justo en el cambio de siglo. Me casé con un guatemalteco, y cuando llegué a Guatemala mi objetivo era incorporarme a la academia, porque venía de la academia y quería seguir mi carrera ahí, en ese campo. 

 

CC: Me imagino que siempre fuiste una gran lectora, ¿pero en qué momento decidiste que querías hacer libros? ¿Alguna vez antes del 2000 pensaste en que ibas a hacer eso?

MCD: No, la verdad es que no; debo confesar que no fui una gran lectora de pequeña o de joven. Leía, lógicamente, lo que tenías que leer en el colegio. Pero sí estuve rodeada de libros, y creo que esto siempre fue un estímulo. Siempre sabía que había algo que podía leer. Mi padre había comprado toda la colección de la Biblioteca Salvat. Por cierto, me traje un libro a Guatemala, sin pedir permiso, La tía Tula, de Miguel de Unamuno. No dije nada, o sea, que a aquella biblioteca, en el momento que se deshizo, le faltaba un volumen, el que yo me traje. 

Y de mi madre, pienso que recibimos más toda esta tradición oral catalana: costumbres, cuentos, cuentos tradicionales. Nos los leía, y nos los contaba además. Recuerdo muy bien que a veces, en la cena, contándonos cuentos que nos había contado una y otra vez, lograba que nos sorprendieran en algún momento de la historia.

Pero no, en ningún momento pensé que me dedicaría al mundo de los libros. Sí me gustaban los libros, lógicamente; en la carrera, me aficioné y me apasioné con los libros. Pero sí, siempre supe que trabajaría en donde hubiera libros, ¿no? Eso sí lo tenía claro.

 

CC: ¿Cómo fue entonces que entraste al mundo editorial? ¿Surgió una oportunidad directamente en Alfaguara?

MCD: Sí, de hecho, después de estar en la universidad por varios años, me contrataron de la Embajada de España para dirigir el Centro Cultural de España de aquella época. Lo dirigí varios años y esto me sirvió mucho, porque me permitió entrar en contacto con escritores. En el 2000 entré en el mundo editorial. Fue del 96 al 2004 los años que estuve en el Centro Cultural [de España]. Para mí fue un aprendizaje, porque de estar en el mundo académico, pues como que salí, se abrieron las puertas. Y conocí escritores, cineastas, gente de teatro, artistas plásticos.

Bueno, pues empecé a relacionarme con todo este mundo cultural guatemalteco, lo que me ha servido muchísimo a lo largo de mi carrera en el mundo editorial, en donde entré porque Grupo Santillana me contrató para dirigir el área de interés general. Un área de Santillana era el libro de texto escolar, y la otra era en aquel tiempo de interés general. Era [entonces] Prisa Ediciones. Ahí entré en el mundo editorial como responsable para Centroamérica Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. Hasta que en el 2014 Penguin Random House compró Prisa Ediciones, con todos estos cambios que suceden en los grupos empresariales. Y bueno, pues yo entré en el paquete, y desde entonces estoy en Penguin Random House, desde el 2014.

 

CC: ¿Cómo te ves dentro de un tiempo? ¿Has pensado en volver a España, o ir a vivir en algún otro país?

MCD: Yo me siento muy optimista en el sentido de que Centroamérica tiene muchas cosas que dar, muchas cosas que contar, y yo quiero ser un medio que colabore a que se cuenten estas historias interesantes de Centroamérica. No me quita el sueño pensar en si regreso o si me quedo. Ahora está tan de moda decir «vive el momento», pero yo pienso que a fin de cuentas es así; no sé si mañana estaré en este mundo todavía, entonces, ¿para qué me voy a preocupar pensando qué voy a hacer? Quiero seguir haciendo lo que sé hacer, lo mejor que puedo, aprendiendo. Me gusta mucho aprender de personas a las que admiro, de personas que sé que trabajan seriamente en este oficio, con la idea de mejorar yo también, y hacer mi trabajo cada día mejor.

Texto: Eleonora Castillo

Portada: Canva

Sueño a diario con mi madre.

En la espera visible de nuestro puente, encuentro el sentido de sus ausencias.

La respuesta al mantra interminable de mi cabeza

siempre loco, siempre la mano sin cuerpo, sin rostro, sin voz.

Revolotean en su pecho izquierdo las ruinas de su fe,

en su estómago se encuentran los abismos de mi niñez.

El fantasmal espesor de su cuerpo contiene todas las muertes,

vibra, se enciende, le quiere sintética dentro del amor.

Mi madre habla mientras duerme y así descubro al culpable de nuestros horrores,

siempre loco, siempre la mano sin cuerpo, sin rostro, sin voz.

Es una estrella aniquiladora y punzante.

Todas sus reglas son remotas, todas sus sombras son mortales,

sus mandatos petrifican a mi madre, secan cada partícula de su poesía

y la quieren infante, pues brota de su ombligo el hijo de un dios muerto.

De pronto, la urgencia me hizo aparecer en una isla y allí

escuché a unos ancianos que, volviéndose al Khalil

uno después del otro, le decían:

No nos abandones y háblanos del amor.

No nos dejes pronto y háblanos de los hijos.

No te vayas sin antes hablarnos del entendimiento.

No nos dejes pronto y háblanos del saber de sí.

No nos abandones y háblanos del don.

No te vayas pronto y danos la luz, la palabra.

Khalil, como descosiendo al silencio, respondió:

Más severo que darles muerte a las estrellas, es sostener la idea del abandono.

El reposo de mi alma encontró en los rincones de este pueblo, 

                                   / la eternidad de su valía.

 

Por eso les hablo:

A los hijos del fin del mundo.

A quienes lloran en vano la causa de los pobres.

A los hijos de la escritura y todos quienes por ella fenecen.

A la supremacía del ruido y la continuidad de su porvenir.

Al formato doloroso de la muerte de cada día y a la obligatoriedad de sus crímenes.

A ustedes, a quienes exhorto, les proclamo la escatología del lenguaje.

De mi palabra brota el consuelo que se hospeda en el interior de quienes escuchan,

porque soy el profeta y solo un momento después de una breve calma en todos los vientos, otra mujer me dará a luz.

¿Qué hacer para que vuelvan nuestras alas? 

Dejar de ser remedos,

payasos de nosotros mismos

no entristecerse  

no mancillar las venas de las manos.

Edgardo Florián, «Caer». 

 

En este juego de los sueños y el reincidir, lo encuentro siempre concertando la precisión de las mariposas en una muerte conceptual desangrando el purgatorio que le construyeron sus contemporáneos.  

El idioma de los sueños es continuo y las imágenes se absorben una tras otra para que no existan espacios sin nombrar.

—Hace poco un amigo tuyo me llamó genocida del lenguaje —le digo.

Edgardo conoce muy bien las fronteras de la imaginación y hace que las carcajadas sean su vocabulario permanente. 

—Cuando se vive en ese mundo de ustedes, se es más ego que animal, es solo una metáfora, niña —me responde, y pienso: es una metáfora niña en la manifestación de la verdad y es tan certera y doliente porque el poeta se ampara en la geografía de un poema desesperado. 

Todos saben que detrás de un poema desesperado reside la autocondena del sujeto y se sacrifica el amor.

Se desprende el origen de su misticismo y las manos del poeta se convierten en una fogata destructora de la lógica primordial.

El poeta suele ser un niño que se acomete a la revelación de todas sus edades.

Su comportamiento es cíclico y escribe su propio infierno todos los días. 

 

Porque el hombre hecho palabra y carne es dios y es carencia.

 

Se le presentan todos los mundos y las posibilidades incalculables, pero él prefiere el idioma de los fantasmas.

Se da cuenta de que es el padre de su propia debilidad.

 

Porque el niño hecho palabra y carne es dios y es ternura.

En Honduras, los datos personales de personas migrantes o en tránsito son declarados en reserva por motivos de seguridad nacional y de confidencialidad, sin mayor explicación. Lo mismo sucede en México, Guatemala y El Salvador. Access Now, una organización dedicada a los derechos digitales, ha presentado solicitudes de información a estos países y a las agencias de los Estados Unidos que tienen acceso a estos datos, pero la información ha sido entregada de forma incompleta o no se ha brindado en lo absoluto.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Archivo CC

Durante 2022, Honduras fue el octavo país con mayor cantidad de solicitudes de asilo presentadas a nivel mundial, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), registrando un incremento del 33 % en comparación con 2021. Cifras más recientes de la agencia señalan que entre enero y octubre del año pasado, solo en México se registraron más de 36,000 nuevas solicitudes de asilo de personas migrantes hondureñas.

Además, a finales de diciembre de 2022 se contabilizaron casi 200,000 solicitudes de asilo presentadas por personas hondureñas, que están pendientes de resolver; de estas, el 66 % estaban dirigidas a Estados Unidos, el 29 % a México y el 3 % a España. 

El proceso de resolución de estas solicitudes se ha visto afectado por una orden ejecutiva firmada por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a inicios de junio de 2023, la cual establece limitar a 2,500 la cantidad de solicitudes de asilo al día por parte de migrantes en puntos no oficiales de entrada a Estados Unidos, con la finalidad de frenar el ingreso de migrantes al país norteamericano.

A esto se suman los abusos en los acuerdos y aplicaciones tecnológicas que permiten violaciones a la privacidad de las personas migrantes y otras personas en tránsito, incluyendo refugiados y solicitantes de asilo, según han documentado organizaciones de derechos humanos y derechos digitales. Ángela Alarcón, coordinadora de campañas para América Latina y el Caribe de Access Now, explica que se recolecta una gran cantidad de información sobre estas personas, pero se desconoce cómo se procesa y qué decisiones se están tomando basadas en ella.

«Es importante tomar en cuenta que todas estas tecnologías y acuerdos ocurren en un contexto político, en un contexto social, y que todas estas cosas afectan la forma en la que se narran estas situaciones. Los acercamientos a gobiernos, a las autoridades, las empresas, todo está empañado por la situación político-social con la que se ve la migración», indica Ángela.

Access Now, una organización enfocada en los derechos humanos digitales, ha presentado desde 2022 pedidos de información a agencias estadounidenses como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre los datos biométricos, es decir, características de las personas migrantes, que son recolectados mediante las aplicaciones que estas personas utilizan para solicitar asilo en la ruta migratoria.

En 2014, Honduras firmó un acuerdo no vinculante con Estados Unidos para el intercambio de datos entre el ICE y la Policía Nacional de Honduras sobre inmigración y antecedentes penales de personas hondureñas, con la finalidad de «mejorar el intercambio de datos policiales y inmigración para la administración de la justicia penal, suprimir las actividades delictivas y las amenazas a la seguridad nacional en Honduras», según indica el documento.

Ante la falta de respuesta por parte de las agencias, la denegación de información o entrega de información incompleta, Access Now, junto a la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, en el Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad, han demandado a CBP y ICE para solicitar una orden judicial solicitando la producción inmediata de los registros de los datos de las personas migrantes.

Ángela Alarcón nos explicó más sobre los pedidos de acceso a la información a los distintos gobiernos de Centroamérica, las demandas contra las agencias migratorias de Estados Unidos, y el riesgo en el que se encuentran las personas migrantes debido a los sistemas de vigilancia de los cuales no se tiene suficiente conocimiento.

CC: Ángela, ¿de qué forma las agencias migratorias en los Estados Unidos pueden tener acceso a datos o información sensible de las personas migrantes?

AA: El pedido de acceso a la información que hicimos a CBP tiene relación con la aplicación CBP One, que es desde hace unos meses la única forma en la que las personas pueden solicitar asilo antes de llegar a Estados Unidos. Hay una serie de razones por las que esta aplicación es controversial; por un lado, su funcionamiento, no «tira» [emite] suficientes citas al día, y además requiere que la persona cuente con un dispositivo inteligente con acceso a Internet.

Desde el punto de vista de la privacidad también hay preocupaciones; por ejemplo, al momento en que una persona solicita una cita con esta aplicación, también le muestra las coordenadas GPS [de donde se encuentra] a las autoridades estadounidenses, porque uno de los requisitos es que hay que estar dentro de un rango de kilómetros respecto a la frontera de Estados Unidos para poder usarla.

También es controversial la recopilación de datos biométricos por medio de aplicaciones como CBP One, específicamente el rostro, porque también solicita fotografías, y estamos hablando de datos sensibles; pero además también es una fuente de fallas, porque en estos sistemas hay muchas razones por las que no se pueden registrar las fotos, incluso por  el tono de piel de la persona.

Además, es bien sabido que muchos sistemas de reconocimiento facial, aunque este sea de datos biométricos, muchas veces fallan cuando la persona es mujer, es no binaria, tiene un color de piel más oscuro, o es una persona adulta mayor. Todos estos son factores por los que una fotografía podría no ser aceptada, y si a eso se le suman las condiciones específicas en que se toma la foto, que puede ser absolutamente en cualquier lugar con mala iluminación, también hay mucho rebote [rechazo] de esas fotografías.

CC: ¿Qué información solicitaron exactamente a las agencias de Estados Unidos y cuál fue su respuesta? ¿Cómo se origina la denuncia sobre falta de información de los datos de personas migrantes que hace Acces Now?

AA: En diciembre de 2022, desde Access Now, junto con la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, en el Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad —una organización de una universidad de Estados Unidos que ve temas de derechos humanos y tecnología—, presentamos una serie de pedidos de acceso a la información pública en Estados Unidos, concretamente frente al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional, y al CBP, que es Customs and Border Protection, para tratar de esclarecer un poco el alcance de ciertos acuerdos y tecnologías que permiten el intercambio transfronterizo de datos personales, y específicamente de datos biométricos, que son datos sensibles de personas migrantes.

Los pedidos que presentamos frente al Departamento de Seguridad Nacional fueron dos; uno de esos, el Departamento de Seguridad Nacional lo transfiere a ICE, por eso es que ICE ahora también entra dentro del combo de agencias a las que pedimos la información. Es por esto que hace un par de semanas desde Access Now, debido a la falta de una respuesta adecuada, decidimos demandar a las agencias ICE y CBP; las otras dos agencias todavía están pendientes de que nos respondan. [Estamos] tratando de negociar fechas para no tener que recurrir al litigio, pero está también sobre la mesa [la posibilidad de una demanda]; todo dependerá de cómo se vayan moviendo.

ICE lo que respondió fue que ellos realizaron las búsquedas y no encontraron información relevante según lo que nosotros pedimos, lo cual es absurdo, porque algunas preguntas eran lo suficientemente amplias como para incluir información que está disponible incluso en su sitio web. Entonces, el reclamo a ICE tiene que ver con cómo realizaron esta búsqueda, no se justifica que no hayan encontrado ninguna información. En el caso del CBP tiene que ver más la falta de respuesta. Apenas unos días antes de que presentáramos la demanda (CBP) mandó unos pocos links públicos, pero nada que realmente fuera relevante respecto a la información solicitada.

CC: ¿Cómo es la situación de falta de acceso al registro de datos de personas migrantes en el caso específico de Honduras?

AA: En el caso de Honduras hay otra historia sobre pedidos de acceso a la información pública muy relevante. Honduras tiene con Estados Unidos, desde aproximadamente 2014, un acuerdo no vinculante que permite justamente el tratamiento transfronterizo de datos biométricos de personas migrantes. Usualmente estos acuerdos se enmarcan dentro de protecciones en la lucha contra la trata de personas o tráfico de personas, cosas muy legítimas y problemas muy reales. El problema es el abordaje y el lenguaje amplio de los acuerdos, que al final termina metiendo todo dentro de un mismo saco.

Entonces, el año pasado realizamos pedidos de acceso a la información pública a Guatemala, Honduras, El Salvador y México, sobre qué tipo de información es utilizada para la creación de perfiles; si la tecnología tomaba o sugería decisiones de manera automatizada o semiautomatizada; si había garantías para exigir que se ejercieran los derechos de acceso a rectificación, cancelación u oposición al uso de datos personales por parte de los titulares; si había salvaguardas especiales para niños, niñas y adolescentes, que es una población protegida. [Pedimos] que nos dieran un número sobre [la] cantidad de personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas, que han sido sometidas a las condiciones del acuerdo, porque estos grupos específicamente tienen protecciones especiales en los sistemas internacionales.

La respuesta en Centroamérica fue para los tres casos básicamente la misma: la totalidad de la información fue denegada por razones de seguridad nacional, de confidencialidad, de información reservada. Específicamente en el caso de Honduras nos dijeron: «esto es información reservada», sin mayor explicación del porqué.

En ese sentido, es relevante rescatar que en ocasiones anteriores relatores especiales de Naciones Unidas, de la OEA, han denunciado que muchas veces se hace abuso de enmarcar ciertas situaciones bajo el contexto de seguridad nacional como una razón para denegar información, y bueno, también han resaltado que es importante que si se deniega la información, incluso por motivos de seguridad nacional, tiene que haber una justificación, tiene que haber un razonamiento detrás de esto.

El año pasado, más allá de hacer estos pedidos de acceso a la información pública y topar con [una] pared, también solicitamos a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que rescindieran los acuerdos, por lo menos los no vinculantes, porque como los propios acuerdos especifican, es más un tema de avisarle a la contraparte y no mucho más que eso; pero el resultado fue que ningún gobierno respondió.

Entre las organizaciones que han sido relevantes para estos procesos en Honduras quiero rescatar el trabajo que realizó Barracón Digital, ya que fue a través de ellos que pudimos presentar el pedido de acceso a la información pública en Honduras, y nos ayudaron a hacerle seguimiento y demás.

CC: También presentaron otra queja vinculando testimonios de personas migrantes provenientes de El Salvador. ¿Cómo se vincula con el contexto político de las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele?

AA: Sí, este fue un proceso aparte y que realizamos específicamente para el caso de El Salvador. Junto al National Immigrant Justice Center (NIJC), la organización Cristosal en El Salvador y Stanford Law School’s International Human Rights & Conflict Resolution Clinic, sacamos una queja administrativa que se presentó frente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respecto al uso de información espuria [ilegítima] proveniente de El Salvador.

¿Cuál es la particularidad de esta queja respecto a los otros procesos de pedido de acceso a la información? El Salvador lleva más de dos años en estado de excepción, uno que ha estado muy teñido de dudas sobre su legitimidad, que tiene reportes de violaciones a los derechos humanos, y en ese contexto, abuso de poder por parte de las autoridades.

En ese sentido, el trabajo de Cristosal fue primordial para poder recuperar algunos de los testimonios, nos pudimos enterar de cómo muchas autoridades en El Salvador estaban metiendo a personas en el sistema de seguimiento criminal por razones que no necesariamente se justificaban. Por ejemplo, esta persona tiene un tatuaje artístico y es clasificado como miembro de pandilla directamente, o incluso se detallan algunos casos donde un oficial, o alguna persona de alguna autoridad, tenía una rencilla de carácter personal con alguien, y como una forma de represalia le detienen.

Pero la historia no acaba ahí, sino que alguna de esta información también es compartida con otros gobiernos. En el caso El Salvador, por ejemplo, es relevante la cantidad de red notices, o avisos rojos en español, que El Salvador hace frente a Interpol; es decir, la proporción de estos red notices que hacen respecto a otros países, que incluso tienen mucho más población, es bastante alta, y como son personas que están dentro del sistema de Interpol y que están siendo buscadas o tienen una orden internacional, esto le llega como una alerta también a los gobiernos.

Lo anterior afecta a personas que en El Salvador han sido detenidas por razones que puedan ser arbitrarias, que luego migran hacia Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades de vida, y su destino migratorio de repente se ve truncado por estos red notices que son cuestionables, porque hay personas que han sido detenidas, separadas de sus familias y deportadas, y todo esto [genera] un cambio mayúsculo en la vida de las personas.

CC: Tomando en cuenta la forma errónea en la que se han utilizado los datos de personas migrantes, ¿podría esto contribuir al estigma que se tiene en contra de quienes migran y las vulneraciones que sufren?

AA: Creo que la retórica pública, muchas veces, lamentablemente, es negativa en torno a la migración y se criminaliza a las personas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el acuerdo entre este país y Estados Unidos, en una parte dice que «el acuerdo permite recolectar los datos biométricos de personas que hayan cometido una actividad criminal», algo así es el fraseo, o que estén considerando movilizarse de nuevo entre fronteras de manera irregular, algo así.

Entonces aquí pasan muchas dudas y preocupaciones porque, primero, ¿cómo llegan a la conclusión de que alguien está considerando movilizarse de manera irregular? O sea, ¿de dónde sacan esta información? ¿Cómo conocen la intencionalidad de alguien? Y por otro lado, se está castigando un acto antes de que este ocurra realmente, al procesar datos biométricos e información sensible de personas que no han cometido ningún acto fuera de la ley.

En este sentido yo creo que sí hay un tema de criminalización de la población migrante en general. La migración irregular es una falta administrativa, y si bien los Estados se pueden reservar el derecho de a quién dejan entrar o no en sus jurisdicciones, siento que esta falta administrativa, que es al final la no portación de papeles, se cataloga con la misma gravedad que delitos que son totalmente de otra índole.

Así que creo que es importante también recapacitar un poco en las retóricas, en la forma en que se presenta la información (y en ese sentido creo que los periodistas son grandes aliados), y alejarnos un poco de esta idea de que las «fronteras inteligentes» son una forma más humanitaria de acercarse a la gestión de la migración. Creo que desde las autoridades muchas veces la gestión de la migración se ve con ojos de la seguridad nacional, y nunca, o pocas veces, en materia de derechos humanos, y esto no puede ser así.

O sea, no son ciudadanos de segunda categoría, son personas con derechos, igual que todos, y creo que es importante insistir en lo práctico, en las políticas públicas, en las cosas específicas que se pueden hacer, pero también en cómo influimos en el discurso y reimaginamos la forma en que nos referimos a estas poblaciones.

 ***

Angela Alarcón, coordinadora de campañas para América Latina y el Caribe de Access Now, hace un llamado a las personas que tengan mayor información sobre el uso de datos biométricos de personas migrantes para que escriban a la Coalición Latinoamericana para Migrar Sin Vigilancia, o a su correo angela@accessnow.org. Además, también invita a las personas que puedan sentirse en riesgo o tienen alguna inquietud sobre el uso de sus datos, para que se acerquen a ella o a las organizaciones previamente mencionadas.

En Contracorriente hemos contado las historias de desplazamiento interno en Honduras, reunificación familiar, quienes provienen de otros países y transitan por Centroamérica, quienes caminan juntos y juntas en caravanas migrantes, las personas deportadas, las que son repatriadas y quienes sobreviven ante los riesgos y adversidades en la ruta migrante, huyendo de la violencia, el despojo y la expulsión en Honduras. Puedes leer más en nuestra línea de investigación.

Además, puedes visitar el especial Tráileres: Trampa para Migrantes, una investigación transnacional que presenta datos reveladores e historias de personas migrantes, y expone cómo opera el negocio clandestino de transportar migrantes en contenedores, el cual ha dejado un centenar de muertos entre 2018 y 2023. Esta investigación fue coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), En Un2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México).


Texto: Alexandra Kelly
Portada: Fernando Destephen

El 30 de mayo fue mi cumpleaños. Me sentía —y aún me siento— feliz de poder cumplir 30 años, de recibir el llamado de mi madre, agradeciendo por mi vida. Pero ese agradecimiento, más que alegría, denota alivio. En el año 2023, más de 300 mujeres fueron asesinadas en Honduras, y según el Observatorio de Seguridad de las Mujeres del Foro de Mujeres por la Vida, el 15 % de ellas fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas muertas.

Entonces mi alegría por cumplir años se empañó.  Dejó de ser una alegría por las experiencias, los viajes, las personas, y se convirtió en la alegría de haber podido sobrevivir en un país donde la violencia contra la mujer es normalizada, invisibilizada e incluso aceptada.

A mis 30 años, siendo feminista, abogada y además parte de una organización de mujeres que transgreden este sistema patriarcal, resulta difícil poder saborear la vida al saber que hay madres que lloran a sus hijas, que les fueron arrebatadas cuando apenas cumplían 15 años, niñas llenas de sueños, de esperanzas. 

Pienso en esas madres y padres, como el caso de Dayana Michell Cruz, desaparecida desde el 2018. Su padre, seis años después, continúa visitando la morgue de San Pedro Sula, confundido, sin saber ni siquiera si Dayana se encuentra  entre los cuerpos recientemente exhumados de una fosa común clandestina, o si puede continuar con la esperanza que un día Dayana cruce la puerta de su casa para volver a su lado. Dayana es madre de una niña y también es una hija, una hermana, una amiga que salió de un hogar donde sigue presente en las mentes de sus seres queridos. Su padre, don José Luis Cruz, refleja la mirada confundida de cientos de familias que, al igual que él, se preguntan: ¿dónde están las desaparecidas? La mirada que desearía que ninguna madre, ningún padre tenga que experimentar.  

En nuestro país no existe un protocolo claro que trate la desaparición; peor aún, el Estado perpetúa la revictimización, tanto hacia la víctima como a la familia afectada. Las madres son cuestionadas, las desaparecidas son señaladas, pero no son buscadas. La Policía Nacional y las autoridades asumen que las niñas y mujeres «se fueron con el novio», o que solo se quisieron ir y después van a regresar, cuando las alarmantes cifras de violencia hacia nosotras arrojan todo lo contrario. Según el Observatorio de Seguridad de las Mujeres, no solo nos desaparecen, sino que también nos violan, nos maltratan y nos asesinan, una realidad que confirman los datos de 102 mujeres asesinadas hasta el 30 de mayo del año 2024.

En Honduras a las mujeres nos desaparecen; el Estado calla, no hay respuestas, no hay justicia. Es ahí donde veo el valor de las organizaciones de mujeres, que son quienes acompañan, quienes toman a estas madres de las manos y sostienen sus espaldas, amplifican sus voces en la búsqueda de sus hijas.

He aprendido en estos 30 años al lado de otras mujeres, a las que ahora llamo  mis compas, que, aunque el miedo nos invada y la zozobra camine a nuestro lado por las calles, también lo hacen las alegrías, las ganas de vivir y de querer cambiar este mundo.

Entre 2017 y 2022, representantes de la empresa Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, y la ex candidata a diputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres, obtuvieron ilegalmente la propiedad de tierras que estaban destinadas para reforma agraria para construir una parte de su megaproyecto minero, lo cual provocó un conflicto medioambiental, que aún sigue teniendo consecuencias en el municipio de Tocoa, al norte de Honduras.

 

Texto: Fernando Silva

Con reportes de Jennifer Ávila

Fotografía: Fernando Destephen

Portada: Catherine Calderón

 

Una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) se suma a la lista de irregularidades cometidas por la empresa Los Pinares, dueña de un megaproyecto minero en Colón, al norte de Honduras. El Comité denunció este martes 11 de junio, que entre 2017 y 2022, con el beneplácito de funcionarios, tanto del gobierno actual como del anterior, Inversiones Los Pinares se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria, y que, por tanto, solo podían ser adquiridas por personas u organizaciones que las usaran para ese fin.

 

Algunas de esas parcelas nunca cumplieron con los requisitos necesarios para ser adjudicadas por el Instituto Nacional Agrario, y tras pasar a manos de Inversiones Los Pinares, en lugar de utilizarse para reducir la pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria del país, sirvieron para el desarrollo del megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras. 

 

¿Cómo compró la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez una serie de parcelas de tierra que tenían que destinarse a fines agrarios según la ley? La manipulación de su círculo cercano y la intermediación de funcionarios corruptos del gobierno anterior, y aliados políticos en el actual gobierno, lo facilitaron.

 

El guardia de seguridad que ayudó a construir un emporio minero

 

Allan Edgardo Escobar Navarro, nacido en 1989, aparece en el Sistema Nacional de la Administración de la Propiedad de dos formas; primero, en 2018, en la compra de una propiedad ubicada en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, su ocupación es descrita como guardia de seguridad, con residencia también en San Pedro Sula. En la constitución de la hipoteca valorada en 645,000 lempiras para la compra de esa propiedad aparece Lenir Pérez como aval solidario del préstamo, sugiriendo una relación de alta confianza entre ambos sujetos.

 

En segunda instancia, Navarro aparece en documentos de cinco propiedades que le adjudicó el INA en octubre de 2021, en el marco de la reforma agraria, y que luego vendió de forma irregular a Inversiones Los Pinares en abril de 2022, registrado como un agricultor con residencia en Tocoa, Colón. 

 

Uno de los requisitos que Navarro tenía que cumplir para adquirir las tierras bajo la ley agraria es que la tierra debía ser utilizada exclusivamente para fines agrícolas; sin embargo, cuando Navarro se hizo acreedor de las cinco parcelas, la vegetación de dos de ellas había sido completamente eliminada, y en el resto se había despejado parcialmente, lo que indicaría que las parcelas se adjudicaron a Navarro en violación de la legislación pertinente. 

 

Finalmente, Navarro compró estas tierras al INA por un total de 686,657 lempiras, y tan solo seis meses después recibió 22.1 millones de lempiras al venderlas a Inversiones Los Pinares. Una diferencia de 21.4 millones de lempiras  en el valor de estas tierras, a pesar de que en las mismas no había mejoras visibles ni se reportaron construcciones ante el Instituto de la Propiedad (IP).

Parcelas de tierra adjudicadas por el INA en favor de Allan Navarro en enero de 2021.

La forma en la que Navarro logró obtener estas tierras, sin cumplir los requisitos necesarios según la ley, tiene que ver con las personas que estuvieron tras la gestión legal del proceso. La transacción –en la que supuestamente la empresa no tenía nada que ver– fue presentada por Jorge Luis Ramos Navarro, quien laboraba para Inversiones Los Pinares, y en noviembre de 2023 fue requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico como apoderado legal de la empresa.

 

Luego, la transacción de adjudicación entre las autoridades del INA y Navarro fue realizada en octubre de 2021 ante los servicios notariales de Ilsa Lorena Torres Matamoros, quien en ese entonces era candidata a diputada por el Congreso Nacional en el departamento de Atlántida por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Luego, en 2022, la abogada Ilsa Torres aspiró sin éxito a convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y ahora forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras.

 

En 2021, cuando fue candidata al Congreso, Torres Matamoros también fue parte de la plataforma «A quién elijo» de Contracorriente, en donde respondió que algunas de sus prioridades en el plan de gobierno eran el medio ambiente, parques y zonas verdes, y el ordenamiento territorial. Además, se posicionó en contra de la minería en las condiciones en las que se encontraba en ese momento, y que hasta el momento no han cambiado.

 

Sin embargo, la pieza más importante en esa transacción fue Ramón Lara Bueso, entonces titular del INA, institución que debía velar por la legalidad del proceso de adjudicación verificando que Navarro cumpliera con los requisitos establecidos en la ley. Ramón Lara firmó la escritura en la cual el Instituto Nacional Agrario autorizó la adjudicación de las parcelas de tierra en favor de Navarro.

 

Ramón Lara fue nombrado en 2015 como director del Instituto Nacional Agrario, y en junio de 2018 fue acusado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) por presuntamente ser parte de una red de corrupción que desvió más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

 

La investigación reveló que una red criminal en la que estaban involucrados diputados, políticos, funcionarios y exfuncionarios públicos drenaron el dinero para su uso personal y financiar campañas políticas. En el caso de Ramón Lara, el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público le acusó del delito de lavado de activos porque supuestamente recibió sin justificación casi seis millones de lempiras de la Fundación Todos Somos Honduras. Finalmente, en agosto de 2020, el exfuncionario, junto con otras 22 personas, recibió el sobreseimiento definitivo por parte de la Corte de Apelaciones del Poder Judicial. 

 

Ramón Lara Bueso fue alcalde del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y en 2013 fue coordinador de la campaña electoral del expresidente Juan Orlando Hernández en esa región. Ahora, tras las acusaciones de las que salió bien librado, sigue dedicándose al negocio de la producción y exportación del café, y desde 2023 abrió el hotel La Casa de Don Juan en Las Vegas.

 

Sobre su responsabilidad en la venta de las tierras, en una entrevista vía teléfono con Contracorriente, el exministro del INA aseguró que no recordaba la adjudicación en específico, pero que «la zona del Aguán es una zona de mucho conflicto» y que «siempre hay reacciones cuando suceden este tipo de decisiones». Además, a pesar de que su nombre aparece en la adjudicación que se hizo ante la notaría pública, se excusó diciendo que dio la autorización considerando que ya había pasado por todos los filtros de la oficina regional del INA, la Secretaría General y el Departamento de Titulación.

 

Respecto a la prohibición de usar la tierra para actividades no agrarias, ya sea por parte de la persona adjudicataria o de la empresa compradora, Ramón Lara Bueso afirmó que, tras la adjudicación, el INA pierde la capacidad de monitorear si las tierras son vendidas a terceros y qué destino se les da. Sin embargo, destacó que el IP «debería verificar» que el comprador siempre destine las tierras a los propósitos establecidos en la reforma agraria. Además, reconoció que, aunque el objetivo de la reforma agraria es garantizar la seguridad alimentaria en el país, en el INA se han emitido títulos en favor de empresas generadoras de energía, por ejemplo.

 

Sobre la responsabilidad del IP de verificar que la empresa compradora mantenga la vocación agrícola de la tierra, Onil Toledo, quien se desempeñó como director de regularización predial en el Instituto de la Propiedad durante el período en que Inversiones Los Pinares compró las tierras a Navarro, aseguró que la titulación de estas parcelas carecía de limitantes de dominio. Por esta razón, el registrador era incapaz de identificar si la tierra formaba parte de la reforma agraria y tenía que destinarse exclusivamente a dicho sector.

 

Otra de las irregularidades identificadas en la adjudicación de estas tierras es que en 2017, previo a que esta transacción se concretara, Inversiones Los Pinares incluyó tres de las parcelas que luego el INA adjudicó a Navarro en una evaluación de impacto ambiental, con el fin de solicitar un permiso para una planta peletizadora que es parte del megaproyecto minero. Además, según las imágenes satelitales, en enero de 2022 Inversiones Los Pinares construyó dos edificios en los terrenos recién adquiridos por Navarro, sin ser de propiedad de la empresa hasta ese momento.

 

¿Cómo logra una empresa construir en tierras que no son de su propiedad? Además del acompañamiento que dio el apoderado legal de Los Pinares a Navarro en sus transacciones ante el INA, otra razón podría ser la confianza que tenía con Lenir Pérez, quien fue su aval en la compra de la propiedad ubicada en San Pedro Sula.

 

Antes de estas transacciones, en julio de 2017, Navarro también presentó documentos en nombre de Grupo Empresas Corporativas S. A, –en el que Lenir Pérez es socio y fungió como representante y presidente del Consejo de Administración hasta febrero de 2024– para la compra de la isla Bell’s Cay, ubicada en Islas de la Bahía, por un monto de 800 mil dólares. Es decir, Allan Navarro y Lenir Pérez mantenían una relación de intercambio de favores al menos desde 2017.

 

Uno de los requisitos legales para las personas que desean comprar tierras al INA es que su ocupación habitual sea el trabajo agrícola; sin embargo, la contradicción entre las dos ocupaciones de Navarro según los registros –la de guardia de seguridad y agricultor–, no deja claro si ese era otro factor de ilegalidad para adjudicar esas parcelas, que finalmente cayeron en manos de Inversiones Los Pinares.

 

Contracorriente buscó referencias de Allan Navarro consultando con autoridades municipales, miembros de organizaciones de sociedad civil, miembros del movimiento campesino y personas de la comunidad; sin embargo, nadie dijo conocerlo de ninguna forma.

Cabildo abierto para socializar y aprobar el proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo Emco, en el Instituto Froylán Turcios. Tocoa, Colón, diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

Las relaciones de Lenir Pérez con el actual gobierno que permitieron la compra de las parcelas

 

El 16 de noviembre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una notificación al apoderado legal de Inversiones Los Pinares, Jorge Luis Ramos Navarro, para que la empresa diera una explicación sobre la ausencia de exportaciones, y la forma en la que obtienen ingresos para el pago de empleados, ya que «no tienen exportaciones y tampoco reportan ingresos por ventas». La pregunta que planteó esa notificación era importante: ¿cómo paga salarios Inversiones Los Pinares si no está generando ingresos? 

 

Inversiones Los Pinares es una empresa hondureña que forma parte del conglomerado empresarial Grupo EMCO, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, y que hasta enero de 2024 mantuvo una concesión para la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

 

Pero los cuestionamientos sobre las actividades de esta empresa no son nuevos. Los señalamientos han ido desde la manipulación de la institucionalidad, por sus relaciones con políticos de diversos gobiernos, hasta la violencia generada en las comunidades cercanas al proyecto y la promoción de la criminalización de defensores y defensoras del ambiente. 

 

Ahora, con esta nueva denuncia presentada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, se abre un capítulo más de irregularidades perpetradas por esta empresa. 

 

Según lo estipulado en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, Navarro no podía vender las propiedades que el INA le adjudicó si el comprador no era agricultor ni utilizaría la tierra para la agricultura. A pesar de eso, el 2 de abril del 2022, Navarro vendió las cinco parcelas, con un área total de 74 hectáreas, que había recibido sólo seis meses antes, a la empresa minera Inversiones Los Pinares, por un monto total de 22.1 millones de lempiras.

 

Los beneficiarios de las tierras del INA, según la ley, también tienen la obligación de asegurarse de que se utilice para la explotación agrícola y asegurar el uso racional de los recursos naturales, aspectos que estarían lejos de cumplirse al instalar un proyecto minero que tiene como objetivo la extracción de acero en un parque nacional. Además, según el artículo 70 de esa ley, el registrador del Instituto de la Propiedad debía verificar que las condiciones para la venta de las parcelas se cumplieran para poder registrar la venta. 

 

Otra vez, las influencias de Pérez en el Instituto de la Propiedad podrían ayudar a explicar la forma en que se logró registrar esta transacción al margen de la ley.

 

Tras la adjudicación de las tierras del INA en favor de Navarro en octubre de 2021, en Honduras se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que resultó ganadora Xiomara Castro, del Partido Libre, quien amenazó con la revisión de las irregularidades en contratos de otras empresas de Lenir Pérez y aseguró que acabaría con la minería a cielo abierto en el país. 

 

Lo que parecía un escenario complejo para Pérez terminó siendo matizado por el poder político que adquirieron algunos de los colaboradores en sus negocios. Por ejemplo, Tomás Vaquero fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Vaquero es socio y esposo de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco, quien desde junio de 2020 ha ofrecido sus servicios profesionales a más de una decena de empresas del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez. Vaquero también integró el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP), institución cuya aprobación se requería para que se concretara la compra de las parcelas de tierra entre Navarro e Inversiones Los Pinares.

 

El pasado 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención en el IP, tras descubrir supuestas irregularidades en más de 1,000 millones de lempiras erogados entre el 15 de junio de 2022 y julio de 2023, que no pasaban por el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi). Además, aseguró que existen denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos, por lo que harían una auditoría de los fondos; en consecuencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegó a las instalaciones de la institución a secuestrar documentación y tomar declaraciones.

 

Además de las tierras que Inversiones Los Pinares le compró a Navarro, entre 2017 y 2022 la empresa compró siete parcelas más de tierra, adquiridas previamente por siete diferentes propietarios ante el INA entre junio de 1993 y julio de 2017. Bajo las mismas condiciones que las otras cinco parcelas, Inversiones Los Pinares pagó 72.6 millones de lempiras por 90.2 hectáreas. En este caso, al menos una de las parcelas ya había sido incluida por la empresa como parte de una evaluación ambiental.

 

Ahora, el megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares se encuentra en incertidumbre, ya que el 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del parque. Con la publicación de este decreto, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeominh) quedaría inhabilitado para otorgar la solicitud de Inversiones Los Pinares para ampliar la licitación para la explotación minera en ese territorio. 

Así se ve la estructura de la empresa Ecotek, que aún no comienza a procesar el ácido de hierro. Se encuentra a 50 metros del Río Guapinol y a poco menos de un kilómetro de la comunidad del mismo nombre. Guapinol, 12 de agosto. Foto CC/Fernando Destephen.

Los miembros del Comité Municipal exigen que se deduzca responsabilidad penal por la complicidad de instituciones e individuos en la autorización de este proyecto minero, que ha causado graves daños sociales y ambientales a las comunidades. Anteriormente, la ATIC anunció en un comunicado que estaban llevando a cabo investigaciones en el edificio de la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se habían cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad, en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del medio ambiente en la zona.

 

Según la información del Ministerio Público, esas tareas se suman a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S. A. de C. V., que según el comunicado del ente investigador, «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto». Además, información a la que tuvo acceso Contracorriente en enero de 2024 indica que hay un requerimiento fiscal pendiente de presentar contra el empresario Lenir Pérez.

 

Previo a estas acciones por parte de la fiscalía hondureña, el 28 de abril de 2023, el FBI allanó un gran complejo ecuestre valorado en 10 millones de dólares en Palm Beach, Florida, que había sido adquirido por Pérez. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a Nucor, una de las mayores compañías siderúrgicas del mundo, pero no ofreció información adicional sobre el caso.


Contracorriente buscó a Erick Spears, representante legal de Lenir Pérez, pero no hubo respuesta a las llamadas y mensajes de este medio. También se contactó a las personas que han estado a cargo de sus relaciones públicas; sin embargo, aseguraron que ya no trabajan para el conglomerado empresarial liderado por Pérez.

Fe de erratas: En la versión original de este texto se mencionó que en 2021 la abogada Ilsa Lorena Torres era diputada del Congreso Nacional; sin embargo, en 2021 era candidata a diputada por el Partido Libre y finalmente no resultó electa.

Mientras el gobierno informó una disminución en la tasa de homicidios de 2023, en sectores como la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, se registran múltiples desapariciones desde la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022. Estos casos no aparecen en los registros oficiales de violencia. Un gran sector de la población percibe que la lucha contra la criminalidad está en retroceso, y la promesa de combatir el crimen organizado en los barrios y colonias del país se diluye debido a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado y las denuncias de abusos cometidos por estas.


Texto: Allan Bu

Fotografía: Archivo CC

                      Gráficos: Vienna Herrera


Wilmer Argueta trabajó en varios medios de circulación nacional como fotógrafo, hasta que un día el desempleo tocó su puerta; entonces guardó su cámara y para ganarse la vida se dedicó a conducir una mototaxi en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Así lo hizo hasta que el domingo 25 de marzo, cuando sus familiares dijeron a los medios de comunicación que Argueta fue raptado por desconocidos, y desde entonces nadie sabe de él.  


El 18 de enero de 2024, el mecánico automotriz Anthony Montoya desapareció a las 7:30 p.m., cuando caminaba a una pulpería en la colonia Manuel Pedrosa del sector Jucutuma. El 9 de febrero, de espaldas a las cámaras para proteger su identidad, la madre de Kimberly Navarro denunció en televisión nacional que su hija había desaparecido cinco días antes en la colonia Asentamientos Humanos del sector Rivera Hernández. A finales de abril, familiares del taxista Bayron García reportaron su desaparición; fue visto por última vez la madrugada del jueves 24 en el Kia blanco donde trabajaba como conductor de un taxi VIP, un servicio de taxis privado. 


Estos hechos, que fueron noticia en la prensa nacional, ocurrieron en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras y el polo industrial del país, pero también uno de los principales focos de violencia en la nación centroamericana. Las desapariciones que los familiares denuncian en las redes sociales o los medios de comunicación no son las únicas; hay muchas que pasan desapercibidas cuando las familias se mantienen en silencio. 


En una conversación con Contracorriente, en el mes de abril de 2024, el pastor Daniel Pacheco —quien lleva más de una década haciendo incidencia con el tema de seguridad en la Rivera Hernández— manifestó que en 15 días se habían registrado 12 desapariciones en esa zona, «y esas son de las que yo me doy cuenta», puntualizó. 


En Chamelecón, una fuente que prefirió no ser identificada dijo que los grupos que controlan esa zona de San Pedro Sula, últimamente sacan a sus víctimas de las comunidades para no «calentar la zona y no afectar su negocio más rentable, que es la venta de drogas». Esta persona también mencionó la existencia de cementerios clandestinos en zonas como Chamelecón o la Rivera Hernández. 


Días después de esa conversación, en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, las autoridades descubrieron un cementerio clandestino, donde hasta el 27 de mayo el personal de Medicina Forense y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida encontraron los restos de 10 personas, que no habían sido identificadas hasta la fecha de publicación de esta nota. Las autoridades indicaron que conocer la identidad de las víctimas era difícil por el estado de descomposición de los cuerpos. 


El pastor Daniel Pacheco opina que la rebaja de homicidios reportada por la Secretaría de Seguridad en el 2023 —que es de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en el país en los últimos 19 años, pero sigue siendo la más alta en Centroamérica y la segunda en América Latina— podría explicarse en las desapariciones. «Hay homicidios no reportados porque no tenemos un sistema que haga un conteo de las desapariciones, y la mayoría de estas no son reportadas, ningún familiar lo reporta», explicó. 


El líder evangélico comentó que él trató de convencer al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, de que las cifras que le estaban entregando no eran creíbles. «El ministro anterior es oriundo de la Rivera Hernández, y aun así no logramos que hiciera algo; lo llamé y le dije: “Por el amor de Dios, le hago un llamado a que no reciba informes estúpidos; usted es una persona inteligente, ¿por qué una persona inteligente va a creer una mentira? ¿Quién lo obliga?”»


La Policía Nacional en el norte del país reconoce que hay desapariciones de personas en zonas controladas por estructuras criminales. El jefe de la Policía Nacional en el Valle de Sula, el comisionado David Ortega, le dijo a Contracorriente que hay ciertos fenómenos o tipologías criminales relacionadas con el tema: «algunas personas lo denuncian, algunos [de los desaparecidos] son encontrados, otros siguen sin ser hallados», reconoció


Ortega mencionó que las autoridades pueden actuar cuando se hace público que las personas son sustraídas de sus hogares, «pero si no hay denuncia es difícil darse cuenta; sin embargo, hay métodos para hacer las investigaciones necesarias, no hay que callar ninguna arbitrariedad», afirmó. 


Daniel Pacheco denunció que hay sectores como la Rivera Hernández en donde las estructuras del crimen organizado le siguen arrebatando sus casas a personas que no denuncian estos hechos. En sectores como la Rivera Hernández y Chamelecón existe un desplazamiento forzado producto de la violencia de maras y pandillas, las cuales desalojan a las familias de sus viviendas, para luego utilizarlas como cuarteles para albergar a sus miembros, o como centros de tortura, más conocidos en el lenguaje popular como «casas locas». 


El líder religioso manifestó que tanto el despojo de viviendas como las desapariciones son hechos que nadie denuncia. «Nadie confía en las autoridades, llegaron a un límite en este momento. No digo que todos los policías son malos, habrá sus honrosas excepciones, pero ¿quién tiene un escáner para saber eso?», dijo.


Las reservas del pastor están sustentadas por el historial opaco de la Policía Nacional, pues varios de sus miembros han estado involucrados activamente en todo tipo de delitos, incluso el narcotráfico. Durante el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se creó una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía. Según informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 6,168 policías fueron cesados de sus funciones, y alrededor del 33 % de esos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para investigación.

 

Ahora más de 1,000 oficiales de la Policía están demandando al Estado por el cuestionado proceso de depuración, y arguyen que se violó su derecho a la defensa. Ese proceso de depuración tampoco ayudó a recuperar la confianza de la población, y el pastor Pacheco asegura que es «terrible» porque el pueblo no tiene a quién recurrir si las unidades de la Policía están podridas; «es que nunca había visto un nivel de infiltración tan grande como el de hoy», manifestó, y aseguró que esta es una situación que la cúpula policial conoce bien. 

 

En marzo de 2024, Hernández fue encontrado culpable por tres cargos de narcotráfico, y en el mismo juicio, dos policías de alto rango se declararon culpables por los mismos delitos. Uno de ellos fue Mauricio Hernández Pineda, exsubcomisionado de la Policía Nacional (PN), y el otro fue Juan Carlos Bonilla, más conocido como «El Tigre», exdirector de la Policía Nacional.   

 

En marzo de 2024, Contracorriente publicó un reportaje sobre una serie de delitos cometidos, incluyendo raptos, en el marco del estado de excepción. Estos crímenes habrían sido cometidos por hombres con uniformes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Aunque las autoridades dijeron que se trataba de grupos criminales usando indumentaria policial, las víctimas apuntaron el dedo acusador contra el Estado. En abril, el Ministerio Público capturó a cinco miembros de la Dipampco acusados de secuestro agravado y otros crímenes. 

 

La extorsión en el marco del estado de excepción

 

Las desapariciones mencionadas al comienzo de esta nota ocurrieron durante el estado de excepción que rige en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022. Esta medida ha suspendido las garantías constitucionales de los hondureños y hondureñas, entre ellas la inviolabilidad del domicilio, según la cual nadie puede entrar a un domicilio sin el consentimiento de sus habitantes o una orden de un juez.

 

La medida fue tomada por el gobierno en respuesta al aumento de la criminalidad, especialmente las amenazas de extorsión. Según información enviada por la Secretaría de Seguridad a este medio, entre diciembre del 2022 y abril de 2024 se detuvo a 34,064 personas por diferentes delitos, siendo el más repetido el tráfico de drogas, con más de 6,989 detenciones por esta razón; en cambio, por extorsión —la principal razón para decretar la medida— solo fueron capturadas 503 personas, en el mismo período.  

Para el analista y consultor en temas de seguridad Leonardo Pineda, los resultados del estado de excepción en los barrios son poco visibles. «En la comunidad, lo único que se ve del estado de excepción son algunos grupos y unidades especiales de la Policía entrando a patadas en las casas, sin ninguna orden de captura y llevándose a la gente; eso es todo lo que se ve», afirmó Pineda. 

 

El analista sostiene que de las capturas que reportan en el régimen de excepción solamente 5 % son efectivas. «Tampoco para eso ha servido. He escuchado que algunas estructuras criminales, con sus abogados, que son muy buenos, les han bateado legalmente las capturas, porque dicen que son ilegales. Hay jueces que sí les aceptan eso a los afectados y salen rápido. Hay fallos en el procedimiento», concluyó.

 

El jefe de la Policía en el Valle de Sula, David Ortega, al hablar de la seguridad en la zona destacó —al contrario de los análisis citados— el fuerte trabajo que realizan las autoridades, que en su opinión ha dejado algunas estadísticas favorables, como la reducción de homicidios, mientras que otros delitos, como el robo a viviendas y a ciudadanos de a pie se están haciendo más visibles. «Se han hecho operaciones de cierto alcance, a determinadas horas y en zonas comerciales, y darle más tranquilidad a la población», afirmó Ortega. 

Al ser consultado sobre el aumento de las amenazas y denuncias de extorsión, Ortega respondió de forma muy general, casi como si recetara un guion, que hay sectores como el de transporte que denuncian estar sufriendo extorsión, y aseguró que hay procesos investigativos para tales efectos. «Pedimos que las personas que sean sujetas a cualquier tipo de amenaza [que] hagan la denuncia respectiva al ente correspondiente. Tenemos líneas suficientes para poder hacerlo (…) mientras más personas se salgan de esa esfera del miedo y del temor, más rápido podemos llegar y evitar estos actos delictivos», declaró.  

 

Para el pastor Daniel Pacheco, más que miedo, la gente en los barrios y colonias siente terror. 

¿A quiénes le tiene terror la gente?, le preguntamos al religioso.

 

En principio respondió que la gente tiene miedo de lo que pueden hacer las maras y pandillas; las personas viven con miedo y tienen que adaptarse a las reglas de un «gobierno invisible» que hay en los barrios. Explicó que mientras uno esté adaptado y conozca los protocolos de seguridad de los grupos criminales, «vas a estar más o menos, al menos vas a sobrevivir», añadió. 

Pacheco apunta a que la población siente una desconfianza casi total hacia las fuerzas de seguridad. «La gente tiene terror de las autoridades y eso es peor que [hacia] las pandillas. No existe un temor más grande que [el que se tiene a] las autoridades, y se molestan porque se les dice esto, pero yo, en lugar de molestarme, buscaría una solución», expresó.

 

Lo dicho por el pastor contradice la campaña gubernamental, que ha hecho alarde de la evolución de la Policía Comunitaria, cercana a la gente, que genera confianza y es respetuosa de los derechos humanos; sin embargo, para Pacheco nada de esto ha pasado. 

 

El líder religioso asegura que el clima de violencia no es algo que está naciendo en el interior de las maras y pandillas. «Esto es algo más fuerte, esto alcanza otros niveles, por ahora yo no tengo una explicación clara de esto. No le encuentro cabeza, esto tiene que estar a muy alto nivel, no lo puedo ver porque no está a mi nivel», afirmó. 

 

Mientras el discurso oficialista sobre las políticas de seguridad es repetitivo y hace énfasis sobre los logros en la disminución de homicidios, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del pueblo hondureño, según el Sondeo de Opinión realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); un 19 % estima que la delincuencia e inseguridad es el primer problema del país y, por el contrario, solo un 3 % de las personas encuestadas mencionó el combate a la delincuencia como un logro del Gobierno. 

 

Pacheco es uno los escépticos respecto a los avances del Gobierno en la lucha contra la criminalidad, que a su juicio sigue mandando en los barrios.«La gente sigue saliendo de las comunidades, exiliados, buscando un lugar dónde irse», dijo, en referencia a quienes son desplazados por la violencia que toca implacablemente sus puertas, y agregó: «Y están también los que se quedan y se callan. Les agarran un familiar, no lo vuelven a ver, pero se quedan. ¿Y para dónde pueden ir? ¿A quién le conviene causar este terror?», se preguntó el pastor. 

 

Leonardo Pineda, por su parte, opinó que al hablar de San Pedro Sula no se puede señalar que esté pasando una sola cosa, porque es una ciudad muy grande, en la que hay diversas dinámicas de acuerdo a la zona.. Explicó que en algunas zonas parece haber menguado la extorsión, pero en otras ha aumentado o las cuotas son más altas. Pineda añadió que los principales actores son las pandillas tradicionales, pero hay bandas criminales, que aunque no tienen capacidad de competir con la Pandilla 18 o la MS-13, han llegado a acuerdos con estas estructuras para realizar algunas actividades delictivas. 

 

Según datos proporcionados a este medio por la Secretaría de Seguridad, en el país están identificadas 29 bandas criminales que operan en seis departamentos. En Tegucigalpa, aparte de la Pandilla 18 y MS-13, delinquen ocho grupos más. En San Pedro Sula, además de los dos grupos ya mencionados, hay otras siete bandas operando. Choluteca, Atlántida y Olancho también son departamentos con varios grupos criminales, con seis, cuatro y tres, respectivamente. 

 

En las comunidades, dijo Pineda, se encuentran otros escenarios; por ejemplo, la zona de Chamelecón aparentemente está en paz. «Si usted revisa la cifra de muertos de hace 10 o 12 años, solo este sector le aportaba 400 muertos a San Pedro Sula; ahora usted revisa y hay 7 o 20 al año. No voy a decir que es una cifra verídica, pero es notable», señaló. 

 

Pineda sostuvo que esa baja en los homicidios en estos sectores obedece a muchos factores: en primer lugar, los grupos criminales que tomaron el control de ciertos territorios han impuesto normas que la gente ya asumió; en segundo lugar, los pleitos entre las pandillas, especialmente la Pandilla 18 y la MS-13, son cada vez menores; «una se está imponiendo a la otra y los pleitos no tienen saldo trágico, sino que simplemente se van para no entrar en ese conflicto; ellos lo han definido como “no calentar” sus territorios, para que su otro negocio, que es el más rentable y es la venta de droga, no se vea afectado, pero la violencia sigue existiendo», dijo el analista.  

 

Pineda agregó que desde la Secretaría de Seguridad se han hecho esfuerzos y se ha tratado de aumentar la presencia de agentes policiales, pero que tales esfuerzos siguen siendo muy precarios, pues en una zona como Chamelecón, con aproximadamente 150,000 habitantes, solo hay asignados unos 90 policías; «no llegan ni a uno por cada mil habitantes, y la media debería ser tres, y lo mismo pasa en la Rivera Hernández; entonces, tratan de hacer algunas cosas, pero se ven desbordados en sus capacidades», dijo. 

 

Después de más de dos años del Gobierno de Xiomara Castro, Pineda reconoció que todavía está en el proceso de entender lo que está pasando. «Por un lado, pareciera que están tratando de hacer las cosas bien, pero por otro lado, hay cinco órdenes de captura contra miembros de la Dipampco; entonces, usted se hace la pregunta, ¿esas personas son nuevas? ¿Entraron con esta administración o vienen de atrás? A la hora que se conteste esa pregunta yo podría contestar qué está pasando», finalizó. 


Texto y portada: Daniella Alvarenga

Llegó a ser una ciudad tan silenciosa que lo único que se escuchaba era el llanto de las estatuas. Sí, las estatuas también lloran. Aunque no siempre fue así. No siempre lloramos. Cuando decidimos salir a la calle como estatuas, mi hermana y yo comenzamos de a poco a ganarnos un par de monedas detrás de un teatro. Aprovechándonos de la gente elegante, a veces, conseguíamos hasta dos monedas por acto. Los usuales, gente como nosotros, se dieron cuenta de que era un negocio rentable y las estatuas humanas proliferaron en la ciudad. Al principio éramos silenciosos, hasta nos toleraban porque atraíamos a gente incluso más elegante. Esa que habla un idioma que no entiendo y posa para sus fotos junto a nosotros, sus extraños suvenires, mientras nuestros cuerpos entumecen. Eso éramos, un bonito accesorio. Nos hacían sentir especiales. Tan especiales que nuestros retratos iban al lado del rostro del Silencio, en las pancartas que inundaban la ciudad.

Pero entonces, las estatuas empezamos a hablar, tirábamos chistes, contábamos refranes, o nos disfrazábamos de gente del pasado. Empezamos a recordar quiénes éramos antes de ser la ciudad silenciosa. Yo, por ejemplo, comienzo a creer que no siempre fui una estatua.

En ese momento nos convertimos en una plaga.

Entonces los guardadores del silencio, que también eran como los usuales, comenzaron a perseguirnos. Nos arreaban de las esquinas, incluso de las más feas, donde el progreso no había maquillado la ciudad, y con su matonería arrebataban nuestras monedas y disfraces. Nos intimidaban con sus camiones, vigilando que no quedara ni una sola estatua por las calles. Y al encontrar a una, se bajaban, sin remordimiento, a darnos palo. «Para que aprendan», decían. «¿Dónde se ha visto que las estatuas se quejan?».

Así fue como inició la cacería de las estatuas. Al sonido de los motores, escapábamos buscando un escondite, como una jugarreta infantil. Y los elegantes no hacían más que reírse al ver tanto personaje corriendo entre calles y avenidas. Un espectáculo surreal.

Como la persecución era tanta, nosotros respondíamos con miedo y llanto. Sobre todo, con llanto. Yo lloré mucho. Lloré tanto, que los grumos de mi maquillaje se empezaron a disolver en mi piel.

Yo no conozco el rostro del Silencio, pero sí conozco el ruido. Y el ruido fue lo que me llevó a sentir otro tipo de temor. Fue el día en el que los guardianes del silencio vinieron por mi hermana, y la apalearon frente a mí. Aunque quise, no supe llorar. Me había ganado la costumbre. Entonces entendí que el silencio podía ganar más que mi miedo. Lo había logrado. Me había transfigurado en una indolente y frívola estatua de cemento.

Desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 cientos de pandilleros han huido a países como México, Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, Guatemala y España. Dromómanos y La Redacción Regional reconstruyen con decenas de testimonios la diáspora de unos hombres que pasaron de controlar casi todo El Salvador a malvivir en el extranjero, temerosos de ser deportados. Los que quedan en el país están presos o escondidos mientras el autoritarismo de Bukele se ha convertido en dictadura.

 

Por Bryan Avelar y Carlos García

Ilustración de portada: Donají Marcial

I – Pandilleros sin pandilla

 

Una noche a principios de marzo de 2024, un pandillero apodado El Pinki se quedó sin marihuana, así que empuñó un diminuto cuchillo y salió descamisado a la calle dispuesto a asaltar al primer vecino que se le cruzara por delante. Pronto vio a una señora que caminaba con su carterón bajo el brazo y su celular en la mano. El Pinki, un joven alto y de cara huesuda, le mostró con rudeza sus tatuajes y le arrebató el teléfono de un manotazo.

 

“Mejor dele recto y no se vaya a andar quejando, vieja pendeja”, amenazó.

 

Después del asalto, el pandillero caminó feliz y listo para cambiar su botín por un poco más de droga, pero un par de cuadras adelante un grupo lo detuvo. Era el presidente comunal y un séquito de hombres vestidos de negro. 

 

“Aquí no vas a andar robando, pendejo”, sentenció el presidente, y uno de sus escoltas le propinó un garrotazo en las piernas con un tubo de hierro.

 

El Pinki echó a correr desesperado en busca de protección hasta la casa de El Güero, el líder pandillero en esta colonia en Tapachula, una ciudad al sur de México, en la frontera con Guatemala. Aquello, sin embargo, no detuvo a los guardias de la noche: entraron a la casa y siguieron golpeando el esquelético cuerpo de El Pinki.

 

Patadas, trompadas, tubazos y más patadas.

 

“Solo en la cabeza no le peguen porque nos podemos comprometer”, ordenó el presidente mientras El Güero observaba aquella escena desde un viejo y curtido sillón.

 

El Pinki se cubría la cara con las manos hasta que finalmente rompió en llanto.

 

“¡Déjenme, ya no me peguen! ¡Les juro que no vuelvo a robar!”, suplicaba. “¡Voy a trabajar, les voy a cortar el pelo a todos de gratis, lo juro, lo juro!”.

 

El líder pandillero lo veía con ojos de lástima, pero no intervino por su “homeboy”. Ni siquiera preguntó qué había hecho para que todo aquello estuviera ocurriendo en su propia casa.

 

Los golpes cesaron. Los guardianes de la noche le quitaron el celular de la señora y le hicieron una última advertencia: si volvía a robar lo iban a desaparecer.

 

El Pinki volvió llorando y vapuleado a su casa. Ahí se encerró para sanar sus heridas sin la anestesia de la marihuana.

 

***

En el cementerio municipal de Tapachula, algunos pandilleros han manchado paredes como recordatorio de su presencia y paso por esta ciudad. / Bryan Avelar

Una semana después de que los guardias de la noche vapulearan a El Pinki, un grupo de jóvenes se reúne frente a un bulto de basura humeante en la orilla del Río Coatán, en Tapachula, en la misma colonia donde le propinaron la paliza al pandillero. Son cerca de las 3:00 de la tarde y el grupo se refugia del sol pegándose a un muro que proyecta una sombra piadosa. El Güero, un hombre bajito, de cuerpo fibroso y cabeza rapada, atiza el fuego con un tubo largo de plástico mientras recuerda en voz alta la paliza de El Pinki.

 

“N´ombre, yo les digo a estos morros que no se anden metiendo en pedos, que aquí la cosa es diferente, aquí ya no están en su casa”, dice El Güero.

 

El Pinki escucha el relato sentado en la acera y mira de reojo con una mezcla de furia y pena. Los demás oyentes asienten con la cabeza.

 

La juntura que hay en este lugar es, cuando menos, extraña. Hasta hace poco, imposible. Los cinco jóvenes reunidos son pandilleros, pero pertenecen a dos estructuras históricamente en guerra que dejaron decenas de miles de muertos en El Salvador solo en las últimas dos décadas. Tres de ellos son de la MS-13 y dos del Barrio 18. Esta tarde están aquí reunidos como homeboys de una misma clica, como se le llama en argot pandillero a una célula o grupo. Aunque ellos no son una clica.

 

En Tapachula hay pandilleros, no pandillas.

Hace muchos años, esta ciudad clave en la principal ruta migratoria hacia Estados Unidos fue parte del territorio en el que la MS-13 extendía su control más allá del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, más allá de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora la presencia de las pandillas se dibuja en famélicos grafitis pintados sobre algunas paredes de edificios viejos sobre los que, una y otra vez, los pandilleros tachan los símbolos de unos para pintar encima el de los otros. Las cifras oficiales sirven para reafirmar lo lánguidas que se encuentran. Según la Fiscalía General de Chiapas, entre el 1 de enero de 2021 y el 4 de octubre de 2022 se detuvo a 241 integrantes de ambas pandillas, pero sólo procesó a 12 de ellos: tres por homicidio, siete por robo, uno por lesiones y otro más por posesión de droga. Ahora Tapachula es solo un buen lugar para esconderse; una vieja guarida a la cual es seguro regresar.


“Aquí es un sálvese quien pueda, viejo. Si te metés con la persona equivocada no van a tardar en botarte (matarte en este contexto)”, dice El Güero, que lleva casi dos años viviendo en Tapachula y ahora se dedica a vender crack, marihuana y cocaína al menudeo.

Vagón del tren de carga conocido como «La Bestia» con un «placazo» (grafiti) de la MS13 en Ixtepec, Oaxaca / Carlos García

El declive de las pandillas en el sur de México comenzó en 2005 cuando el huracán Stan arrasó la estructura ferroviaria por donde los migrantes pasaban a lomos de “La Bestia”, el tren de mercancías que cruza el país de sur a norte, y con ella su principal negocio: secuestrar y extorsionar centroamericanos. Pero la gran derrota de la MS-13, más allá de aquella tempestad meteorológica, tiene que ver con la avalancha de policías y soldados que comenzó en El Salvador en marzo de 2022 cuando el presidente, Nayib Bukele, instauró un Régimen de Excepción. Bajo su gobierno este mecanismo extraordinario contemplado en la constitución que permite suspender varios derechos de los salvadoreños durante 30 días, se ha renovado 26 veces y sigue vigente más de dos años después.

 

Desde aquel día cientos de pandilleros han huído del país; algunos hacia el sur, a Honduras y Nicaragua; o con rumbo norte, a Guatemala, México y Estados Unidos; otros incluso han puesto un océano de distancia hasta llegar a España. Durante más de dos años, estos periodistas han entrevistado —en persona y por teléfono— a más de una veintena de pandilleros que huyeron a seis países para reconstruir el éxodo de la MS-13 mientras en El Salvador la pandilla ha quedado reducida a una sombra.

El gobierno mexicano está reconstruyendo el tramo de línea férrea al sur de Chiapas, donde la MS-13 hacía negocio con los migrantes antes del Huracán Stan en 2005. / José Torres

Los pandilleros, según sus propios testimonios, escaparon por instinto, por la cercanía de otros países y se camuflaron en la histórica migración de los salvadoreños que durante décadas han huido del hambre o la violencia provocada por las mismas pandillas. Para ello sortearon puntos fronterizos ilegales; muchos usaron contactos de su misma estructura en otros países en la ruta; pagaron coyotes, sobornos a la policía y algunos hasta pidieron refugio en otro país, aprovechando la corrupción de las instituciones y vacíos legales, o incluso haciéndose pasar por víctimas de violencia en El Salvador. La inmensa mayoría de aquellos hombres que llegaron a controlar el 90% del país y la vida de millones de personas ahora malviven en el extranjero, escondidos y temerosos de ser deportados.

 

Hueso pasó 30 de sus 48 años en la MS-13, ahora sobrevive del techo y la comida que le regala un pastor evangélico y su prima en el sector Rivera Hérnandez de San Pedro Sula, uno de los barrios más marginales y uno de los bastiones más importantes de su antigua pandilla en Honduras. “Ey, ¿y usted no me puede ayudar a que mi familia se venga para aquí?”, preguntaba en noviembre de 2023. “Es que para mí la vida en El Salvador ya se acabó, ya no queda nada”. Mache llegó a decir que se sentía “orgulloso” de su presidente, a quien consideraba una “leyenda”, pero huyó luego de que un vecino de la comunidad a la que antes atemorizaba lo denunciara en Facebook: “Por este medio hacemos una denuncia ciudadana y un llamado a las autoridades a que investiguen a este delincuente”. Para su fuga eligió Barcelona, España, un país donde estaría alejado de la presencia de las pandillas. Cuando comenzó el Régimen de Excepción, Veterano, un pandillero de la clica South Side Locos que tuvo un alto rango en su estructura criminal tanto en El Salvador como en Estados Unidos, apenas tenía 33 días de haber salido de prisión. Según un informe policial filtrado por Guacamaya Leaks y un testimonio de su clica, huyó a Guatemala y es uno de los pocos pandilleros localizados en esta investigación que siguen activos en medio del colapso de la MS-13 en El Salvador.

Los cinco pandilleros frente a la fogata de basura que ahora están sentados a orillas del Río Coatán también escaparon del Régimen. En El Salvador fueron peligrosos sicarios que caminaban holgados con los brazos separados del cuerpo, armas al cinto y felonía en la mirada. Ahora están derrotados. Ni siquiera le pueden robar un celular a una señora con impunidad.

En México, “la mafia”, “la maña”, como se le llama al crimen, no son ellos. 

“Arriba están Los Señores, después estamos nosotros y por debajo de nosotros está la pandilla, que ni son pandillas. Ellos venden droga, digamos. Si los encontramos robando o pidiendo piso (extorsión) no se lo perdonamos”, dice el presidente de la comunidad y líder de los guardianes de la noche.

 

“Los señores” son el narco, más concretamente, El Cartel de Sinaloa, y más recientemente el Cartel Jalisco Nueva Generación, que ha entrado en disputa por el control del estado fronterizo de Chiapas.

“El Cartel es el que tiene el control de todo. Controla el territorio, las instituciones, la política, las rutas de droga y de tráfico de migrantes” explica Bigote, un policía estatal que lleva casi una década trabajando en esta región y que pidió ocultar su nombre. “La llegada de pandilleros que vienen huyendo de El Salvador no ha modificado el mapa criminal en Tapachula. Lo único que sí es cierto es que ha aumentado el delito de narcomenudeo. Ellos vienen y ponen su puesto de venta de crack, marihuana o perico (cocaína) y venden tranquilamente siempre y cuando esa droga se la compren al cartel”.

 

Esta tarde, durante las primeras tres horas frente a la fogata de basura, unas treinta personas llegan a comprar pequeñas porciones de droga a cambio de cincuenta o cien pesos (tres o seis dólares). Lo hacen frente a la vista de todos y a plena luz del día.

 

Una patrulla con dos agentes de la Policía Municipal pasa de largo frente a los pandilleros. El copiloto inclina su cabeza hacia atrás y cierra los ojos para hacer que no ve nada.

 

—¿Ya ves? —pregunta El Güero. —Es que aquí si vos llevás la fiesta en paz, no pasa nada. Solo no hay que meterse con nadie, no buscar pedo. La vida es para los listos, no para los pendejos.

 

—¿Y aquí son MS? —le pregunta el periodista.

 

—No —responde.

 

—¿Entonces son 18?

 

—Tampoco.

 

—¿Y entonces?

 

—Aquí es otra onda.

 

El líder emeese sigue atizando la basura. Sobre la pared en la que este grupo improbable se refugia del sol, hay un enorme número 18 pintado con aerosol rojo.


“Aquí puede venir cualquiera y si quiere vivir aquí y trabajar con nosotros, pero tranquilo, se le respeta. Aquí se acabó esa locura de andarnos matando”, dice El Güero. “Aquí se acabó el odio, es lo que nos toca si queremos sobrevivir”. 

Algunos pandilleros manchan paredes en Tapachula para marcar su supuesto territorio. Sin embargo, ninguna de estas estructuras tiene poder real en esta ciudad. / Bryan Avelar

II. El Éxodo

El “Régimen de Excepción” fue aprobado la madrugada del 27 de marzo de 2022 luego de que en los tres días anteriores las pandillas asesinaran a 87 personas. Aquella matanza, la mayor desde los acuerdos de paz en 1992, tenía su explicación: el pacto que el gobierno de Bukele había mantenido en secreto por poco más de dos años y medio con las pandillas se había roto.

En los primeros siete días del Régimen de Excepción las autoridades anunciaron la captura de 4,357 presuntos pandilleros. En un mes, la cifra había ascendido a 34,000. Ahora, más de dos años después, los detenidos son más de 80,000. Según el mismo Bukele, el número de pandilleros activos en todo el país para 2020 era de 60,000, incluyendo a los 17,000 que estaban en prisión antes de su llegada al poder. El Régimen ha capturado casi al doble de los supuestos pandilleros que estaban libres y, a pesar de que las autoridades negaran en un principio el arresto de inocentes, han liberado al menos a 7,000 personas por falta de pruebas. 

Durante los más de dos años de Régimen de Excepción han sido detenidas unas 80,000 personas en El Salvador./Focos.

El Señor S no esperó a que se desarrollaran estos acontecimientos. La tarde en que empezó el Régimen de Excepción, huyó de El Salvador con la misma ropa con que había salido de su casa aquella mañana. 

 

Desde hacía un año y medio, el Señor S iba todas las semanas a firmar al juzgado especializado antimafias de San Miguel, una ciudad en el oriente de El Salvador. Iba a firmar como una medida legal impuesta por el tribunal por estar vinculado en un caso contra una estructura de la MS-13 acusada de asesinar y extorsionar durante años en aquel lugar. Para entonces, había cambiado su fachada de pandillero y aparentaba ser un pastor evangélico. Se vestía con camisas de manga larga y sus pantalones estaban siempre bien planchados. Había cambiado su forma de hablar, con los labios pegados, la mirada altiva y su caminar holgado, por las maneras de un hombre de Dios. Sin embargo, su pasado todavía pesaba sobre él y, para las autoridades, seguía siendo un pandillero.

 

Cuando el Señor S salió del tribunal, en su teléfono había varias llamadas perdidas de su mujer y una cadena de mensajes. Los vio preocupado. “Pensé que habían matado a alguien”, recuerda. Pero los mensajes tenían otra razón: “El país está en emergencia. Andan soldados y policías agarrando a toda la gente y ya vinieron a preguntar por vos”.

 

El Señor S supo que ya no podía regresar a su casa. Entonces llamó a un taxista de su confianza y lo convenció de que lo sacara de la ciudad para esconderse. Era cerca del mediodía. Después, el señor S transbordó varios vehículos y al final de la noche logró cruzar la frontera de El Salvador con Guatemala por un punto fronterizo ilegal. Sus viejos amigos en la pandilla del lado guatemalteco le sirvieron para encontrar por dónde pasar y a cambio de una promesa de pago de $500 dólares lo recogieron al otro lado de la frontera.

 

“Fue tremendo porque yo no entendía bien lo que estaba pasando. Lo que sí sabía es que andaban agarrando a medio mundo. Y, mire, como que Dios me dijo que no podía volver a la casa. Si me quedo allá preso estuviera”, dice.

 

El señor S está sentado en una mesa del restaurante Pollo Campero, en la ciudad de Tapachula, a casi 600 kilómetros de la que alguna vez fue su casa en El Salvador. Habla al lado de su mujer y sus dos hijos a quienes sacó del país días después también con ayuda de la pandilla del lado guatemalteco. Desde entonces se esconden aquí y tratan de mantener una presencia discreta, lejos del crimen. Juntos han fundado una diminuta iglesia evangélica donde consiguen dinero para comer a cambio de predicar.

 

La iglesia del Señor S es un pequeño acampado de láminas y varas de madera en el patio baldío de una casa que un tapachulteco le ha prestado para vivir. Un espacio de unos siete metros de largo por tres de ancho al aire libre, pero donde no corre ni una leve brisa y el calor aplasta. Una tarde a principios de marzo de 2024 el Señor S predica de pie frente a su casi inexistente feligresía. Apenas lo escuchan siete personas, incluyendo a su mujer, la señora N., mucho menor que él. El Señor S tiene 42 años y ella 25. Sus hijos tienen cuatro y dos años. 

 

Dos de los feligreses que escuchan la prédica son también expandilleros que huyeron de El Salvador. Los dos aún llevan sus tatuajes en el cuerpo, su mirada todavía tiene un aire amenazante y cuando uno se les queda viendo mucho tiempo o les pregunta alguna intimidad sobre su vida, fingen no escuchar nada. No han logrado quitarse de su imaginario aquella institución, la estructura a la que ellos alguna vez se refirieron como “La Bestia”, al hablar de su pandilla.

Los dos han abandonado su pandilla para convertirse en evangélicos como el Señor S. Aunque decir esto es inexacto por dos motivos. Ser “cristiano” para muchos pandilleros fue y sigue siendo únicamente una forma de bajar su perfil. El otro, inédito, es que no les queda pandilla a la que abandonar. La poderosa MS-13, y la clica Sailor Locos Salvatrucha, a la que alguna vez pertenecieron, está ahora derrotada. En el pasado, para que un miembro de la MS-13 abandonara la pandilla debía tener “el pase” o aval de sus superiores. Hacerlo sin permiso podía significar la muerte. Ahora, ni el Señor S ni los otros dos pandilleros pidieron permiso a nadie por una sencilla razón: no hay a quien pedirle permiso.

 

El Señor S predica esta tarde de marzo, dos años después de su huida, exasperado, furioso. Las venas de la frente y la garganta se le inflaman mientras escupe culpas contra la que una vez fue su familia: “Hermano, la pandilla nos volvió miserables, nos volvió escoria, nos volvió basura. Eso que tanto adorábamos era un dios de ceniza, un engaño. Ahora estamos aquí, huyendo de nuestro país, de nuestra tierra. Andamos huyendo de la ira de Dios, pero, hermano, de ella la ira del Señor no se esconde nadie y él nos está haciendo pagar aquí, aguantando hambre”.

Vista de drone sobre una colonia de Tapachula con presencia de pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 / José Torres

III. Los pedazos de “La Bestia”

 

“La Bestia” es la palabra con que los pandilleros de la MS-13 se refieren a su pandilla. “La Bestia te anda buscando”, “tenés que adorar a La Bestia”, “con La Bestia no se juega”. El término nació a mediados de los ochenta en Los Ángeles, California, cuando la Mara Salvatrucha era apenas un grupo de salvadoreños roqueros que escuchaban la canción The Beast de los Twisted Sisters. Muchos años después, miles de esos pandilleros fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador y esa “Bestia” en que mutó la pandilla llegó a tener el monopolio del crimen en el 90% en ese país. Ahora, ahí ya solo quedan pedazos de aquel animal. La MS-13 —y el Barrio 18 en sus dos facciones— han perdido su control territorial y su principal fuente de ingresos, la extorsión, se ha acabado.

 

Aunque la desarticulación de las pandillas en El Salvador no quiere decir que han desaparecido en su totalidad, por las calles donde antes era imposible caminar sin ser detenido por un pandillero ya no se ve ninguno: la mayoría están presos, huyeron despavoridos del país o lo intentaron, como un pandillero que fue detenido rumbo a Guatemala oculto dentro de un ataúd amarrado sobre un carro particular. Los que quedan en libertad dentro de las fronteras salvadoreñas —unos 17,500, según el propio gobierno— se esconden en los montes, en hoyos que han cavado en el suelo o en las paredes de casas escondidas.

Mota es uno de los que ha sorteado la caza de las autoridades. En octubre de 2023, desde algún lugar de San Salvador, hablaba de cómo la MS-13 se había consumido, así como a él le consumía la paranoia de ser detenido y pasar el resto de la vida en la cárcel. Desde el inicio del Régimen, Mota había salido solo seis veces de casa, todas para trabajar y obtener algunos dólares que lo mantuvieran a flote. Su experiencia laboral consistía en matar, vender droga, robar autopartes y conducir un taxi. Su experiencia criminal estaba respaldada por sus doce años en prisión.

 

Al iniciar el Régimen de Excepción, Mota no tuvo los recursos para pagar un coyote y huir de El Salvador. Un año y medio después, estaba resignado.

 

“Antes jamás había tenido miedo a estar preso, nunca, ni a una condena por grande que fuera. Ahora no quiero ir preso los últimos días de mi vida, tengo 45 años”, dice.

 

Mota asegura que en El Salvador su pandilla está deshecha, sin “operatividad”. “Yo lo que pienso es que la pandilla está en el exilio prácticamente”. El pandillero que fue alguien dentro de la más grande estructura criminal del país, hoy se esconde y está dispuesto a ser nadie a cambio de seguir en libertad.

 

Los operativos de policías y militares se han sucedido desde el comienzo del Régimen de Excepción en marzo de 2022./Focos.

Todos los gobiernos salvadoreños desde 2003, cuando la MS-13 y el Barrio 18 apenas empezaban a crecer como estructura, implementaron políticas represivas contra las pandillas. Desde el presidente Francisco Flores (1999-2004) con su plan “Mano Dura”, que consistió básicamente en hacer redadas masivas, pasando por Antonio Saca (2004-2009) con su plan “Súper Mano Dura”, un calco del anterior, y más tarde Mauricio Funes (2009-2014), que militarizó la seguridad pública. Con la llegada en 2014 de Sánchez Cerén a la presidencia, la lucha contra las pandillas se convertiría en una guerra no declarada, incluyendo la creación de grupos de exterminio dentro de la Policía y el Ejército que mataron a cientos de personas, según lo documentó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, muchas de ellas sin que cometieran un delito. Pero ninguna de estas medidas ni tampoco los pactos que hicieron con las pandillas los tres últimos presidentes, incluido Bukele, lograron desarticularlas. Hasta que llegó el Régimen de Excepción.

 

—¿Qué creés vos que le funcionó a Bukele para derrotar a la pandilla?

 

—le pregunta uno de los periodistas a El Güero en su exilio de Tapachula. 

 

—Es que Bukele es más inteligente que los presidentes anteriores. Los bichos, los líderes de la pandilla no contaban con eso, ¿me entendés?

 

Bukele, en efecto, es diferente a sus predecesores. Luego de llegar al gobierno en 2019 con una popularidad de más del 80%, se hizo con el control de los tres poderes del Estado en menos de dos años. Dicho de otra forma: lo que acabó con las pandillas en El Salvador fue el autoritarismo.

 

La embestida del Régimen, según cuentan los pandilleros entrevistados para esta investigación, paralizó a las pandillas. Acostumbradas a extorsionar, asesinar y controlar la vida de gente humilde y desarmada en los barrios, fueron arrasadas en un enfrentamiento frontal contra un Estado encarnado en carros artillados, helicópteros y tanquetas.

Pandilleros de la MS-13 y el Barrio 18 en la prisión de Izalco antes de ser trasladados al CECOT, la megacárcel construida por el gobierno de Bukele./Dirección General de Centros Penales.

La propaganda del gobierno viralizó esa victoria y exhibió a cientos de pandilleros tatuados, apiñados y semidesnudos siendo trasladados a la mega-prisión construida por Bukele. Para la narrativa oficial, las detenciones arbitrarias —3,170 denuncias registradas por Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador— y las muertes en cárceles —261, según la misma organización— han sido daños colaterales del triunfo. El paradero de Élmer Canales Rivera alias Crook, excarcelado ilegalmente por el gobierno salvadoreño y capturado posteriormente en México por el FBI, así como la situación de los líderes históricos de la MS-13 y el Barrio 18 recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, con quienes el gobierno negoció durante dos años y medio, siguen siendo incógnitas que las autoridades se niegan a responder.

 

En las redes sociales de la Policía y del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han desfilado decenas de pandilleros capturados en Guatemala, Honduras, México e incluso en Estados Unidos. “Nunca más verán la luz del sol”, suele ser la frase que acompaña las fotos de los detenidos a modo de sentencia previa. El pasado 10 de mayo, sin embargo, ocurrió algo inédito en el éxodo de los pandilleros. La Audiencia Nacional de España recomendó al gobierno de aquel país negar la entrega y extradición de un pandillero del Barrio 18 Revolucionarios a El Salvador por considerar que sus derechos fundamentales estaban en peligro bajo el Régimen de Excepción. En una entrevista con Tucker Carlson, un comentarista famoso por sus conspiraciones de extrema derecha, Bukele se preguntó: ¿Por qué el Gobierno español quiere a un pandillero más?”, y dijo que no le importaba porque así tenía “una boca menos que alimentar”.

 

Los pandilleros entrevistados para esta investigación dicen que no saben nada de los que fueron sus líderes, pero aseguran que la búsqueda incansable de la cúpula de la pandilla por obtener beneficios carcelarios sin pensar en las bases de la estructura las fracturó.

 

“Ellos negociaron su libertad con el gobierno. ¿Vos creés que El Sirra, El Trece de Teclas, Viejo Lin de la 18 o El Chino Tres Colas están presos? Todos ellos están libres”, opina El Güero, el líder del grupo de pandilleros exiliados en Tapachula. “Ellos se enrollaron con el gobierno sin pensar en la gente en la calle, ¿me entendés? Ahí fue cuando ya nos dejó de gustar esa mierda y al final la pandilla estaba fuera de control. Sin cabeza. Eso fue también lo que benefició a Bukele”.

Lo cierto es que El Régimen de Excepción ha provocado que “La Bestia” se convirtiera en una marabunta que huye hacia diferentes países, incluyendo a Estados Unidos, su lugar de origen. 

Capítulo IV – De cabeza de león a cola de ratón.

 

Diablo no entiende su vida sin la pandilla. Va a cumplir 40 años y se metió en la MS-13 con apenas 13. “Por la pandilla he vivido todo lo que viví y por esa misma tontera quizá voy a morir”, dijo en una conversación telefónica a principios de enero de 2024. No lo dijo con el tono de alevosía que suelen utilizar los pandilleros, sino como una frase de despedida.

 

“La primera cosa emocionante que hice en mi vida fue cuando los bichos me mandaron a poner la foto (hacer una misión). Yo ya tenía rato de andar con ellos hasta que me dijeron que tenía que ir a dispararle a unos diecicho. Después de eso caí preso y anduve en varios centros de reinserción, pero más loco salí”, recuerda con nostalgia.

 

A los 18 años, luego de rodar por tres prisiones para menores de edad en El Salvador y ganar prestigio en su pandilla, Diablo migró a Estados Unidos donde también se metió al mundo criminal.

“Donde quiera que he ido me he encontrado a La Bestia”.

Una pinta de la MS sobre la calle Francis en Los Ángeles, California/ Carlos García

Luego de llegar a ser uno de los grandes líderes de su pandilla, Diablo terminó huyendo de El Salvador hacia Nicaragua unos meses antes de que iniciara el Régimen de Excepción. Ahí permaneció escondido durante casi un año, intentando alejarse de la pandilla.

“Allá me dediqué a predicar, pero no predicaba a otros pandilleros. De verdad traté de alejarme lo más que pude de ese mundo”.

 

Pero en marzo de 2022, cuando se enteró del poder y alcance del Régimen sintió miedo. “Nicaragua estaba muy cerca. Ahí en cualquier ratito me podían agarrar y mandarme de nuevo para El Salvador. Por eso decidí irme lo más lejos que puedo”.

 

En junio de 2023, reunió todo el dinero que pudo, unos 1000 dólares, y huyó rumbo al norte. En su ruta, Diablo se mantuvo unas semanas en Tapachula donde permaneció en contacto con algunos miembros pandilleros de la MS-13, pero, dice, sin “activarse” o cometer delitos.

 

“Después llegué a Mexicali (en el estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos). Ahí estuve unos días y cuando reuní el dinero, me tiré el muro”. “¿Tú sabes lo que cuesta migrar sabiendo que hay un monstruo detrás que ya no solo persigue al delincuente, sino que ya te está cazando porque quiere aparentar?.

 

Ahora vive en un barrio en el estado de Colorado. Vive escondido, casi sin poder trabajar, en la casa de un amigo suyo que también migró hace años desde la ciudad de San Miguel, en El Salvador.

 

“Este me hace el favor de traerme comida cuando sale a trabajar, pero yo de aquí no salgo. De alguna forma es como que también estuviera preso, solo que en jaula de oro”. 

 

Apenas unas semanas después de haber llegado a Estados Unidos, Diablo salió a trabajar, aún con el miedo en el cuerpo. Encontró trabajo en una empresa que construye cimientos para casas y edificios. Pero pronto lo abandonó. 

 

“Ahí estaban otros migrantes y como vos, si sos salvadoreño, bien identificás quién es salvadoreño también. La cosa es que estaban ahí unos chavos civiles, chavos normales que nunca habían sido pandilleros ni nada, pero me empezaron a ver feo y a tirar habladas.

 

‘Ey, decían, dicen que Bukele está metiendo presos a todos los mareros, esos hijos de puta nunca más van a salir’, decían en voz alta, así tipo gritado, tipo para que yo oyera, ¿me entendés? Entonces me fui y ya no volví”.

 

Ahora la Bestia ya no lo cuida. Diablo se ha quedado solo.

 

***

 

Sentados frente a la fogata hecha de basura en Tapachula, los pandilleros de la MS-13 y del Barrio 18 que huyeron de El Salvador, hacen un recuento de los pedazos de sus pandillas.

 

—Ya de mi clica no queda ninguno, a todos los jalaron —dice uno de ellos que lleva en su cuerpo tatuajes de la emeese. 

 

— De mi colonia, simón, varios lograron huir, pero no sé nada de ellos —dice otro con las mismas manchas. 

 

—Un cuate mío logró escapar, pero aquí vino a morir. Como que se metió con la mujer de un narco y lo mataron —dice otro. 

 

—De mi clica solo yo logré salir — dice otro. 

 

Al final de la tarde, la basura que alimenta la fogata se va acabando. Uno de los pandilleros enrolla un cigarro de marihuana y empieza a compartirlo con los demás. El sol empieza a ocultarse sobre la colonia y los pandilleros se van cada uno para su casa. Al final solo queda El Güero sentado en el filo de la banqueta. Escucha una canción del rapero venezolano Canserbero en una pequeña bocina que lleva consigo mientras la fogata se extingue tirando las últimas bocanadas de humo. El Güero pone su pistola 9 milímetros a un lado suyo y se queda cantando mientras la noche empieza a cubrir la ciudad. Antes de la despedida, dice: 

 

“Al final todo eso fue una locura. Tanto poder, armas, droga. Todo lo que vos te imaginés. Pero todo eso fue como un sueño. Yo digo que fue como un sueño porque pasamos de ser unos niños a los que nadie les tenía miedo a ser los más temibles, ¿me entendés? y ahora volvimos a ser lo mismo, solo que ya viejos”.

El Güero de la MS-13 sostiene su arma una tarde a finales de mayo de 2024 en Tapachula / Bryan Avelar

 

*Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Texto y portada: María Eugenia Ramos
Fotografías: Daniel Mordzinski, Andreia Tapia  

 

Hace un año, estaba muy feliz con la expectativa de volver al festival Centroamérica Cuenta, una década después de haber participado en la primera edición, en la que representamos a Honduras con el maestro Julio Escoto. El comité organizador ya me había enviado el boleto aéreo, y casi podía respirar la brisa de mar de Santo Domingo, la sede de 2023. 

Pero el universo tenía otros planes. Mi reciente afición por las plantas, combinada con mi falta de precaución, hicieron que me cayera de una mesa cuando pretendía regar mi flamante y frondosa Callisia repens, nombre común «peluca», según rezaba la etiqueta que tenía cuando la compré. Resultado: fractura de tibia, que requirió cirugía con platina y tornillos, seguida de tres meses de recuperación en los que debí volver a aprender a caminar. Adiós, viaje a Dominicana. 

Bueno, me dije, ya no te volverán a invitar a Centroamérica Cuenta, porque pensarán que ya estás grande y cualquier cosa te puede pasar, dejándolos de nuevo con el boleto comprado. Pero un día llegó un correo de Claudia Neira Bermúdez, la directora, reiterando la invitación para la edición de 2024, esta vez en Panamá. Ya se imaginarán que desde entonces redoblé mis precauciones para asegurarme de no faltar al encuentro. Reté a cualquier infortunio que quisiera alejarme de Panamá. Nada de subirme a regar plantas —con pesar, le di mi «peluca» en adopción al poeta Néstor Ulloa—, mucho cuidado al subir o bajar las escaleras, ojo dónde ponés el pie; fui justo la señora bien portada que mi hermana y mi hija anhelan que sea.

A las 5:30 de la mañana del día previsto salí hacia el aeropuerto, dejando bien encomendada a mi michi Matilda. Mi último viaje fuera del país fue en 2019, antes de la pandemia, así que muchas cosas resultaron nuevas para mí. Por ejemplo, me sorprendió que el Uber me cobrara 200 lempiras con 47 centavos desde mi casa a Toncontín, más que el valor del pasaje de Toncontín a Palmerola, que solo cuesta 200; en transporte colectivo, claro, porque al regreso me tocaría pagar transporte privado, con un costo muy oneroso para cualquiera que no tenga un sueldo de ministro, de diputado o de asesor gubernamental.

Llegué a Palmerola con tiempo más que suficiente para abordar el vuelo de Avianca, que saldría a las 10 de la mañana. Como buena representante que soy de la generación baby boom, me las arreglé como pude para escanear el código QR y presentar mi declaración de aduanas. Después de tres intentos fallidos y pedirle ayuda sin éxito al hombre que estaba en una ventanilla, ¡bravo! ¡Lo logré! Me sentí poderosa. Pero me pregunto: ¿cómo harán las personas que no tienen celular? ¿Y las que no tienen muchas habilidades en lectura y escritura, no digamos en conocimientos tecnológicos? A esa hora no había nadie que brindara apoyo.

Ya cumplidos los requisitos de aduanas y consignación de equipaje, me fui a desayunar. Me acerqué a la única cafetería abierta, y vi sentada a una joven de rizos dorados que me pareció conocida; en efecto, era la escritora Valeria Cobos, cofundadora del colectivo Letra L. Me contó que, como miembro del comité organizador del Festival de Los Confines, estaba a la espera de algunos participantes que llegarían del extranjero, para llevarlos a Gracias, Lempira. En su compañía se hizo menos tedioso esperar hasta la hora en que debía abordar el vuelo. Encontrarla y que tuviera la confianza de mostrarme uno de sus cuentos fue también un guiño alentador del universo.

Luego de abordar el avión, el vuelo, con el consabido trasbordo en San Salvador, transcurrió sin incidentes, y llegamos a Ciudad de Panamá en una tarde soleada, con algunos chubascos. Me estaba esperando en el aeropuerto un conductor con el rotulito de Centroamérica Cuenta, y me llevó al Hotel Central, el alojamiento oficial para todos los participantes, en el casco viejo de la ciudad, una ubicación hermosa, en la que se están reconstruyendo muchos edificios de valor histórico, en contraste con la otra parte de la ciudad, llena de rascacielos y condominios. Declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad, el casco antiguo es hoy un destino turístico muy concurrido y seguro para los visitantes, aunque, según me indicó luego la escritora panameña Erya Harbar, el proceso ha implicado también la gentrificación. 

En la recepción del hotel encontré a Melina Flores, elemento clave en la organización del festival. Ya el restaurante estaba cerrado, pero ella gestionó que nos atendieran a quienes acabábamos de llegar. Ahí me encontré con Mario Martz, joven escritor nicaragüense, también miembro del comité organizador, y el escritor mexicano Emiliano Monge. «Yo te conozco», me dijo Emiliano. «¿Verdad que nos hemos visto en algún lado?». Le recordé que ambos fuimos seleccionados por la FIL Guadalajara como parte de «Los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina», en 2011. «Uuuuhhhh», me dijo, «¡hace ya tiempos de eso!». Ambos ahora lucimos el cabello completamente canoso, aunque él, nacido en 1978, es mucho más joven que yo. Emiliano actualmente es uno de los narradores latinoamericanos más reconocidos; yo, pues estoy viva, tengo un empleo digno y la libertad de contar historias cuando puedo, y eso en Honduras ya es bastante.

Una de las características distintivas del festival Centroamérica Cuenta es justamente que ofrece a contadores y contadoras de historias con distintas trayectorias, no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina y Europa, la oportunidad de reunirse e intercambiar experiencias, ofreciendo un panorama rico y diverso del estado de la región en cuanto a su producción literaria, artística e intelectual. Con esa idea fue creado por su fundador, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes, entre otros muchos reconocimientos a su obra. Las primeras ediciones se hicieron en Nicaragua, de 2013 a 2017; a partir de ese año, se ha celebrado en Costa Rica, Guatemala, Madrid, República Dominicana, y el más reciente en Panamá.

Si bien la literatura, en especial la narrativa, sigue siendo el eje principal del festival, su apuesta se ha extendido a otros géneros literarios, como también a las artes, las ciencias, y el periodismo. Su agenda cada año incluye conversatorios, talleres, visitas a centros educativos, cine, temas socioeconómicos, literatura infantil y juvenil, y lecturas de poesía. Así es como Centroamérica Cuenta se ha convertido en el más grande y reconocido encuentro cultural de la región, contribuyendo a visibilizar nuestros aportes, más allá de las calamidades políticas y naturales que padecemos. 

Las actividades del festival han quedado registradas desde el primer año por la mirada del fotógrafo oficial del festival, el argentino Daniel Mordzinski, reconocido como «el fotógrafo de los escritores» porque viaja por el mundo retratando a la gente que se dedica a escribir, famosos y no famosos.

Inició su carrera a los 18 años, retratando a sus compatriotas Julio Cortázar y Jorge Luis Borges; después ha retratado a Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Camilo José Cela, Mario Benedetti, Ernesto Sabato, José Saramago, Juan Gelman, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Leonardo Padura, Mircea Cartarescu, Claudia Piñeiro, Carlos Fuentes… y la lista sigue y sigue, incluyendo además músicos legendarios como Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez o la rockera Patti Smith.  Nos encontramos el día de mi llegada, le parecieron interesantes mis canas, y decidió tomarme un par de fotos para actualizar las que me tomó en León en 2013, durante la primera edición de Centroamérica Cuenta.

María Eugenia Ramos. Ciudad de Panamá, 27 de mayo de 2027. Foto: © Daniel Mordzinski.

Centroamérica Cuenta se ha caracterizado por promover los lazos entre grandes exponentes de la literatura y de la música. Y siendo la sede Panamá, ¿quién representa mejor a ambos géneros sino Rubén Blades? Le llaman acertadamente «el poeta de la salsa», pero es mucho más que eso; es el filósofo, el lector acucioso, el activista profundamente comprometido con el destino de América Latina y el mundo. Así pues, luego de los actos protocolarios, la joya de la noche de la inauguración del Centroamérica Cuenta 2024 fue el conversatorio entre Rubén Blades y el novelista cubano Leonardo Padura

Durante el diálogo, Blades reveló que nunca lo animó la idea de cantar o escribir para ser famoso, sino que siempre le interesó escribir crónicas, cuentos; por eso, sus canciones son cuentos cortos, a pesar de las objeciones de las compañías disqueras. Se define a sí mismo como un contador de historias; cada una de sus canciones se puede leer como un relato, con argumentos y personajes tomados de la cotidianidad. 

Claro, hubiera sido lindo estrechar la mano de Rubén y decirle que, por alguna razón, «Ligia Elena» es la canción que me devuelve a mi primera juventud, en los convulsos años ochenta; y que «Desaparecidos» es para mí una de las maneras más hondas y hermosas de abordar un tema que en Honduras, como en casi toda América Latina, sigue siendo una herida abierta, ya sea por razones políticas, sociales, o como forma de represión bajo la excusa de combatir a las maras. No pude decirle todo eso, pero ya haberlo visto en esa hermosura de edificio que es el Teatro Nacional de Panamá, desde un palco, como invitada especial, a pocos metros de distancia del escenario, es un privilegio.

Me llamó la atención la intervención de la ministra de Cultura de Panamá en los actos protocolarios. El ministerio a su cargo fue uno de los auspiciadores y coanfitrión del Centroamérica Cuenta; pero en lugar de resaltar que hablaba a nombre del gobierno tal y tal, del presidente fulanito con su gobierno de (inserte aquí el lema), su participación fue muy sobria, limitándose a dar la bienvenida con palabras corteses. Tampoco había banderas ni camisetas de ningún partido político, ni en el poder ni de la oposición. Y recordé lo que alguien me dijo días atrás: que difícilmente Honduras podría ser la sede del festival,  ni durante el régimen de Juan Orlando Hernández, ni ahora, dada la afinidad del actual gobierno con la dictadura de Daniel Ortega.

Esa noche, por fin, después de cuatro días seguidos de desvelo, dormí profundamente.

Al día siguiente, por la mañana, me encontré en el ascensor con el escritor Horacio Castellanos Moya, muy vinculado con Honduras, donde estuvo recientemente invitado por la Feria del Libro de San Pedro Sula; en esa oportunidad lo entrevistó mi compañero Persy Cabrera, quien se la jugó para saber qué le da pereza. Para mi sorpresa, porque no nos habíamos vuelto a ver desde que nos conocimos, siendo ambos muy jóvenes, a inicios de los años ochenta, me saludó con aprecio, y dijo que me recordaba, y también a mi papá, el periodista Ventura Ramos.

Ese día, jueves, fue mi primera actividad, una visita al Colegio de Panamá, un centro educativo privado con excelentes instalaciones situado en las afueras de la ciudad. Hablar con estudiantes es algo que siempre disfruto, así que cuando me lo propusieron vía correo, semanas antes, no dudé en aceptar. Las y los estudiantes de bachillerato habían hecho su tarea, y de las paredes colgaban muchas cartulinas con información sobre mi vida y mis libros. Mi gratitud para las docentes y las estudiantes que me dieron la bienvenida, sobre todo a las estudiantes de último año, que fueron magníficas anfitrionas.

En el Colegio de Panamá, antes de entrar al conversatorio. Ciudad de Panamá, 27 de mayo de 2024. Foto: Andreia Tapia, estudiante del Colegio de Panamá.
En el Colegio de Panamá. Ciudad de Panamá, 27 de mayo de 2024. Foto: Andreia Tapia, estudiante del Colegio de Panamá.

Ese día también tuvimos un almuerzo en la residencia del embajador de España en Panamá, donde pude saludar al escritor panameño Carlos Wynter Melo, con quien nos hemos encontrado ya en otras ediciones de Centroamérica Cuenta y la FIL Guadalajara, y al poeta Javier Alvarado, a quien le llevaba un encargo de mi comadre, la poeta Soledad Altamirano. Por cierto, Sole, te quedé mal; anduve cargando el libro que le enviabas a Javier, pero en un recorrido que hice por los alrededores del hotel, aparentemente se me quedó olvidado en algún lugar donde me detuve. Me disculpo públicamente por eso. 

También saludé a las escritoras panameñas Consuelo Tomás Fitzgerald, Eyra Harbar, Roxana Muñoz y Lucy Chau, quien me conmovió al decirme que mi poemario Porque ningún sol es el último la inspiró a escribir. En un momento nos emocionamos tanto con la plática, que Carlos Wynter se acercó para decirnos, en tono de broma: «Ya están reunidas las feministas, mejor me voy»… (puntos suspensivos para que inserten el emoticón de su preferencia). 

El viernes por la mañana me perdí la presentación de la última novela de Sergio Ramírez, El caballo dorado, porque a la misma hora estaba agendado el conversatorio «Contar el cuento», en el que participé junto con Juan Casamayor, de la editorial Páginas de Espuma de Madrid, María del Carmen Deola, de Alfaguara, y los escritores panameños Carlos Fong y Emiliano Pardo-Tristán, que es músico de carrera, pero también escribe, y tiene una novela premiada.

Con Juan Casamayor no nos habíamos visto nunca, pero intercambiamos correos al principio de la pandemia, cuando la editorial Páginas de Espuma, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, estaban preparando la antología Vindictas, una recopilación de cuentistas latinoamericanas del siglo XX injustamente olvidadas. Me pidieron recomendar a tres escritoras hondureñas que cumplieran con estos parámetros, y para mí fue una gran alegría que al final hayan seleccionado a Mimí Díaz Lozano, y que ella alcanzara a tener el libro en sus manos pocos días antes de morir. Aproveché el conversatorio para comentar mi preocupación porque en Honduras las narradoras somos poco reconocidas como tales, aunque nos inviten a eventos fuera del país; ojalá no aparezcamos más adelante en una antología de autoras injustamente olvidadas del siglo XXI.

Conversatorio Contar el cuento, Universidad de Las Américas. De izquierda a derecha, Juan Casamayor (España), Carlos Fong (Panamá), María del Carmen Deola (España-Guatemala), María Eugenia Ramos (Honduras) y Emiliano Pardo-Tristán (Panamá). Ciudad de Panamá, 28 de mayo de 2024. Foto: Captura de video del canal oficial de Centroamérica Cuenta.

Con María del Carmen Deola tampoco nos conocíamos en persona, pero hemos tenido una comunicación más cercana, con la publicación por Alfaguara de la antología Desde el centro de América. Otras miradas, recopilada por la escritora guatemalteca Gloria Hernández. Así que aprovechamos pequeños espacios entre eventos, o las horas de las comidas, para conocernos mejor. Pronto leerán la entrevista que le hice para Contracultura, donde cuenta su experiencia en una de las editoriales de mayor prestigio mundial, y menciona aspectos que los escritores y escritoras noveles deben tomar en cuenta si quieren publicar.

Al día siguiente varios de los participantes regresamos a nuestros países, mientras que otros llegaron para incorporarse a las siguientes actividades, que culminaron el domingo. Apenas alcancé a saludar al escritor hondureño Luis Lezama Bárcenas, quien llegó para moderar el conversatorio La magia de los idiomas: los desafíos y vericuetos de la traducción

Aunque fue corto el tiempo, y no era posible asistir a todos los conversatorios, me dio mucho gusto saludar a Óscar Castillo, fundador y director de Uruk Editores, de Costa Rica, a quien se le hizo un reconocimiento durante el festival por su larga trayectoria dedicada a promover la literatura centroamericana. También tuve el gusto de compartir la mesa durante la cena con Philippe Hunziker, gerente de la legendaria librería Sophos de Guatemala. Y también intercambié un par de palabras con el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, quien se da el lujo de decidir en qué editorial de las más famosas del mundo quiere publicar. Parece miembro del jet set, sin duda, pero no ha perdido el acento guatemalteco, lo cual es bueno.

Al regreso compartí el transporte con la escritora costarricense Dorelia Barahona, a quien conocí hace muchos años, pero no había tenido oportunidad de tratar. Entre los libros que eran de la biblioteca de mi padre conservo su novela De qué manera te olvido. Nos separamos al llegar al aeropuerto de Tocumén, para acceder cada una a la terminal de su vuelo. 

En la terminal de Avianca las filas eran interminables, y había muchos militares, algunos de uniforme, que llevaban varias cajas de armamento; otros, en los que reconocí fácilmente el acento hondureño, vestían de civil, pero tenían todo el aspecto de militares o de miembros de algún cuerpo de seguridad. Me despedí del aire de Panamá, puro en comparación con el que hemos soportado en Honduras en las últimas semanas. Pero para mí siempre es una alegría volver a mi país, en especial al agujero que llamamos capital, donde nací, donde vivo y donde están mis afectos.

En Palmerola me esperaba el transporte que me recomendaron en la oficina, a cargo de un joven muy alto y fornido, muy conversador. Durante todo el camino hasta Tegucigalpa tuvo tiempo de sobra para contarme sobre su infancia, su juventud y su experiencia de trabajo en la cooperativa de taxis que brinda el servicio entre Palmerola y Tegucigalpa. «Mire», me dijo, «yo soy de Tegucigalpa, y me duele que nos hayan quitado el aeropuerto. Aunque tal vez ganamos algo más [con el transporte individual, por el que cobran 70 dólares], Palmerola no es mejor que Toncontín. La que se está beneficiando de verdad es la empresa que tiene la concesión; los que sufrimos somos los que vivimos en Tegucigalpa».

No pude evitar pensar que también a mí me duele que Tegucigalpa no tenga aeropuerto. Es verdad que, según un documental de National Geographic, Toncontín tenía el segundo lugar entre los aeropuertos más peligrosos del mundo, solo superado en riesgo por uno situado en una montaña de Nepal; pero en el mismo documental, uno de los expertos entrevistados dice que en Toncontín hubo pocos accidentes debido a la pericia de los pilotos, y que para ellos era una satisfacción aterrizar, si no en el primero, en el segundo o tercer intento, porque esa era una comprobación de su capacidad al mando del avión.

Mientras tanto, la literatura y el arte de la región siguen su vuelo, a bordo de aviones como el de Centroamérica Cuenta, llevándonos a que nuestras historias se conozcan fuera de nuestras fronteras. Porque la literatura, el arte y el pensamiento nos nutren para ser quienes queramos ser, más allá de los autoritarismos, de los desafíos que enfrentamos cada día. Porque leer, escribir, pensar, nos dan la posibilidad de conocernos mejor y de seguir procurando espacios más amplios para la participación, para la democracia, para la vida misma.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

 

La Casa Morazán es un museo dedicado a la vida y obra de Francisco Morazán. Un lugar limpio, ordenado, con varios salones llenos de pinturas y murales en honor a Morazán, así como también cartas y objetos que le pertenecieron a él. Es una casa restaurada para ser un refugio del recuerdo morazanista en el Centro de Tegucigalpa, en contraste con el abandono del edificio que está justo enfrente, lo que alguna vez fue el cine Variedades: un par de rótulos exhiben el número de teléfono para mayor información sobre la renta del lugar, una cortina de metal sella y separa el lugar del resto de un casco histórico que luce más abandonado con el tiempo.

 

El Centro Histórico de Tegucigalpa es «uno de los más diversos del país y es de los pocos que puede representar las diferentes etapas de la historia», dice Rolando Canizales, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH); sin embargo las oficinas de esta entidad se ubican en el barrio Buenos Aires, en el terreno del antiguo museo Villa Roy, una instalación que está a punto de ser tragada por la tierra debido a una inestabilidad en el terreno, por lo que está cerrado al público. 

 

Aparte del deslizamiento, el edificio está en malas condiciones. Sin embargo, hay una buena noticia: ya hay 13 millones de lempiras de presupuesto para el rescate de este inmueble que estuvo en el abandono durante casi 10 años.

 

¿Por qué invertir en recuperar un museo? «Estamos ante un edificio que se convirtió en símbolo de identidad para los hondureños, y en especial para los habitantes de Tegucigalpa», contesta Canizales. En las paredes de este edificio hay historia: este lugar fue construido entre los años 1936-1940 por Roy Gordon, gerente de la Rosario Mining Company, la minera de San Juancito. Luego, la casa fue propiedad de Julio Lozano Díaz, presidente de Honduras durante el periodo de 1954 a 1956, y derrocado el 21 de octubre de 1956 por un golpe de Estado militar. El extractivismo, los golpes, las dictaduras, también están amalgamados en esas paredes. 

 

La doctora Gloria Lara, miembro de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central (CCCHDC), habla de Ciudad Histórica, no de casco histórico, al referirse al centro. Considera que Tegucigalpa como poblado se construyó en el «lugar menos adecuado» porque nació y se desarrolló como pueblo minero, por las minas de plata; de ahí lo de las calles estrechas «y el trazo [distribución de las calles] que parece tan cerrado».

 

Lara cree que impulsando la recuperación del casco histórico se podría contar con fuentes económicas y empleos, pero agrega que tienen que ser espacios bien manejados en la parte administrativa, bien restaurados, bien iluminados y con seguridad constante.

 

Edificio donde funcionó el cine Variedades en la intersección de la calle Salvador Mendieta, hacia la avenida Cristóbal Colón, en el barrio El Centro. Tegucigalpa, mayo de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Un ejemplo de restauración de un edificio histórico son los Condominios La Ronda, un complejo habitacional construido en el espacio físico de lo fue el hotel La Ronda, una de las joyas de la corona en la memoria colectiva de referencias en Tegucigalpa; ahora son una serie de apartamentos, que se construyeron como parte de una campaña de restauración del casco histórico de Tegucigalpa, el proyecto Vuelve al Centro, que también rescató la Casa Quinchón León, que funciona como un centro comercial, oficinas y espacios de coworking, en medio de un caótico centro con las calles cerradas, debido a los trabajos de reparación de calles que hace la alcaldía en la avenida Cervantes.

 

El proyecto Vuelve al Centro fue encabezado por el ingeniero Fernando Castillo, socio de la empresa Raíz Capital, encargados de la renovación del edificio Quinchón León. El proyecto era más agresivo, buscaba darle una imagen diferente al centro de Tegucigalpa. No se mencionó la palabra gentrificación;  se dijo que se iba a convertir la zona «en un centro de renovación del espíritu empresarial, centrado en la inclusión social, el desarrollo cultural y el empoderamiento económico de los trabajadores humildes». Para el año de la inauguración, en el 2016, el precio de los condominios rondaba desde los 8 mil lempiras hasta los 16 mil, cuando el salario mínimo de los trabajadores era de 7,759 lempiras; por tanto, estaban totalmente fuera del presupuesto de un «trabajador «humilde» .

 

A pesar de los intentos de gentrificación, en el centro de Tegucigalpa se respiran los mismos aires de siempre, con vendedores ambulantes de frutas y verduras, de accesorios para teléfonos y medicinas, mientras las tiendas de ropa usada y de ropa de maquila adornan sus fachadas con anuncios de las ofertas de temporada. 

 

El casco histórico aún se mantiene, se resiste a desaparecer; muchos son los edificios vacíos, sucios y con valor patrimonial que se dañan a diario y que quedan fuera del presupuesto del IHAH.

 

En el casco histórico subsisten varios edificios de carácter privado, ahora vacíos, pero con valor histórico. Se destacan los que alguna vez funcionaron como cines: Clámer, Aries y Tauro, Presidente, Variedades. Algunos están en abandono y otros ahora son tiendas. Los cines se han concentrado en modernos centros comerciales, quitando el entretenimiento del centro histórico, que se ha vuelto una zona de bastante tráfico, donde abundan los estacionamientos, lleno del ruido de los carros durante el día, y por la noche la peligrosa soledad de varios edificios abandonados que solo acumulan el polvo de la indiferencia.

Fachada de lo que fue el cine Clámer en el centro de Tegucigalpa, ahora un espacio vacío y cerrado, con algunas intervenciones artísticas externas. Tegucigalpa, mayo de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Existe un plan maestro para el manejo y conservación del centro histórico de Tegucigalpa; también hay un reglamento, «herramientas que ayudan a los funcionarios públicos a que puedan hacer una buena gestión de este patrimonio», dice Canizales, y agrega que la responsabilidad de preservación no es solo del gobierno, sino de cada ciudadano, y más de aquellos que son propietarios particulares de inmuebles con valor histórico.

 

La indiferencia hacia los edificios históricos y en general hacia el valor cultural y patrimonial viene, explica Canizales, de una forma de pensar vinculada a la falta de valoración de la herencia cultural: «vemos algo histórico, lo consideramos como un signo del pasado del atraso»; por ello es necesario pasar por un proceso de adquirir conciencia. 

Y adquirir conciencia es reconocer que el edificio donde funciona el Congreso Nacional es patrimonio cultural, y que el mismo Congreso Nacional es dueño del edificio antiguo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), situado junto al puente Mallol. Dentro de este edificio en abandono, también de gran valor cultural, se esconde un mural de Arturo López Rodezno. Según Canizales, periódicamente monitorean su estado, y se plantea la posibilidad de moverlo, pero no hay capacidad técnica en el país para restaurarlo,y la burocracia del Congreso Nacional ralentiza un simple trámite como la entrada al lugar para la supervisión anual del estado del edificio y del mural.

Para la arquitecta y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Gloria Grimaldi, para que no se abandone el casco histórico es necesario mejorar las condiciones que obligan a una migración interna hacia las periferias de la ciudad, lo que va dejando en abandono el centro de Tegucigalpa. Grimaldi lamenta que esos espacios «quedan abandonados, y son zonas que ya tienen instalación eléctrica, ya tienen drenajes sanitarios. Están pavimentados, o sea, podríamos decir están urbanizados, pero a la gente ya no le atrae llegar a vivir ahí».

Grimaldi recuerda el proyecto Vuelve al Centro, pero considera que «no basta una iniciativa, sino que tiene que haber una puesta en valor de la alcaldía, de las empresas que invierten en las residencias y que la gente quiera regresar a vivir [allí]». 

El déficit habitacional de Honduras supera las 1.3 millones de viviendas. Otro problema es el techo para vivienda social en el país, que es de un millón de lempiras, lo que «hace inviable la construcción en ciudades grandes como Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y Roatán», de acuerdo a Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) y exinterventor de la polémica  Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). 

Para Edwin Araque, presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BanhproviI), el aumento del financiamiento hasta de un millón de lempiras para vivienda social es un acto de justicia. Por su parte, la arquitecta Grimaldi considera que sería más fácil reinvertir en el Casco Histórico porque ya hay infraestructura.

Todo proyecto de restauración en el casco histórico, más allá del entusiasmo, ocupa de una voluntad política que funcione lejos de las redes de corrupción y que no entienda la cultura como un bien que se premia por un aporte económico.

Texto: Lucía Vijil Saybe

Portada: Archivo CC 



La crisis energética en Honduras, que se manifiesta en prolongados apagones, sobrecarga en las estaciones de generación y problemas en la distribución de energía, en las últimas semanas elevó en el debate nacional el discurso oficialista sobre «el impacto del cambio climático en la matriz energética actual». 

 

En cadena nacional, el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, expuso «los planes destinados a revertir la situación energética actual, agudizada por las brutales olas de calor y las severas sequías, aunado a la deplorable herencia del sistema eléctrico del país con nula inversión durante los 12 años de narcodictadura». En ese mismo espacio se señaló que «la hidroeléctrica Patuca III, ubicada en el norte del país, ha llegado al nivel mínimo operativo y cesó hace unos días la generación de energía, en tanto las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua han dejado de inyectar alrededor de 200 megavatios a la red».

 

Desde el sector empresarial, el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, expresó que «Honduras es un país de montañas, caen enormes cantidades de agua, lo lógico sería construir represas para retener el agua para generar energía a través de centrales hidroeléctricas». También lamentó que «la política energética sea generar energía a base de combustible, que es más caro, y que el país depende del precio internacional por no ser una nación productora».

 

El líder sindical de la ENEE, Miguel Aguilar, también se refirió a la temática e indicó: «Somos conscientes de los factores climáticos, pero hay que decir la verdad, se debe acelerar la licitación de las represas El Tablón y Los Llanitos, para poder fortalecer la matriz con potencia verde. Se hacen los esfuerzos, pero la situación es compleja». 

 

Además de haber comenzado este escrito desde el ámbito nacional, es relevante mencionar que en toda Latinoamérica hay grupos que apoyan esta misma postura. La Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Fundación Tecnalia se han unido para presentar estudios sobre cómo el cambio climático afecta a la infraestructura energética de la región. A pesar de que la región solo aporta el 8 % de las emisiones globales, los análisis indican que es necesario fortalecer la capacidad del sector energético en América Latina y el Caribe para enfrentar los riesgos y vulnerabilidades de su infraestructura. Esto implica realizar cambios en la planificación y operación de los sistemas.

 

Con los discursos expuestos previamente no se pretende afirmar que están equivocados, sino que, desde otra perspectiva, ¿qué pasaría si invertimos la pregunta y reformulamos el enfoque del debate? ¿No es mejor considerar el impacto de la matriz energética en la dinámica ecosistémica y evaluar qué ha pasado con la naturaleza cada vez que la especie humana requiere satisfacer sus demandas de producción? Porque lo que hemos visto hasta ahora es una narrativa que justifica la producción de energía como derecho humano, sin repensar el modelo de consumo actual. 

 

Para que se pueda ejecutar un proceso productivo (colocando por ahora términos económicos) es importante considerar a las materias primas, que son las que se transforman en productos, y luego las fuentes de energía para hacer funcionar la maquinaria que realiza dicho proceso. Ambas, por la división internacional del trabajo y asignación de roles en esos ciclos de producción, han determinado la cuota de participación de países que producen «materia prima» y quienes la requieren para su transformación.

 

En el estudio de las fuentes de energía, se hace una diferencia entre energías primarias y secundarias. Las energías primarias pueden ser adquiridas directamente de la naturaleza, como la solar, geotérmica, biomasa, eólica o hidráulica; o a través de extracción indirecta de recursos como el petróleo, gas natural y carbón. Las energías secundarias provienen de la conversión de las fuentes primarias para su uso directo, como gasolina, electricidad, etc. La energía no se genera de forma natural, sino que es producida en centrales eléctricas a través de una variedad de fuentes como la hidráulica, nuclear, solar, geotérmica y eólica.

 

La necesidad humana de la producción y satisfacción de la necesidad ha generado históricamente una presión y agotamiento sobre las dinámicas propias de las especies y entornos naturales, tanto, que cada vez que un bien común de la naturaleza se agota, entonces repensamos: ¿de dónde más podemos sacar provecho para generación de energía? Podría poner de ejemplo al petróleo y su anunciado agotamiento hace un par de décadas; ahora estamos recurriendo a las tierras raras, que son necesarias para la producción de las «energías limpias» o «renovables». 

 

Al reformular la pregunta y responder ¿cómo afecta la constante demanda energética a la naturaleza?, algunos ejemplos podrían ser: 

 

a. La generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, es responsable de la emisión masiva de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases con efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global.

b. Las plantas de generación eléctrica que utilizan combustibles fósiles también liberan contaminantes como NOx, SO₂ y partículas finas, los cuales pueden provocar problemas respiratorios y otras enfermedades en las personas.

c. Los productos químicos tóxicos pueden contaminar cuerpos de agua durante la extracción y procesamiento de combustibles fósiles. Y también hay que considerar los desechos radiactivos generados por las plantas nucleares con el fin de prevenir la contaminación del agua.

d. La extracción de carbón y la explotación de petróleo y gas pueden ocasionar daños al suelo y la pérdida de biodiversidad.

e. En toda intervención humana existe un impacto ambiental. Todos los ecosistemas (áridos, húmedos, tropicales, etc.) se ven afectados por la construcción de plantas de energía, presas hidroeléctricas y parques eólicos. Asimismo, producen desplazamiento de especies y destrucción por completo de sus hogares. Por ejemplo, las turbinas eólicas pueden suponer un peligro para las aves y los murciélagos, mientras que las presas hidroeléctricas tienen la capacidad de interrumpir las migraciones de peces y otros seres acuáticos a través de sus rutas habituales.

 

Como hemos leído, la institucionalidad claramente debe garantizar el suministro energético de calidad a la ciudadanía. La empresa privada velará por intereses de control sobre la matriz energética y los sectores sindicalistas continuarán haciendo señalamientos sobre la operación y gestión de la energía. Con esos puntos, pretendo entonces introducir otra narrativa más al debate sobre la crisis energética nacional.

 

En estas esferas distintas de discurso se vislumbran diversos intereses, y a estas alturas, los episodios del cambio climático deberían llevarnos a la consideración del consumo y continua presión sobre la tierra. Mientras el debate y las preguntas estén mal formuladas, no podremos avanzar en cuestionar realmente lo importante para asegurar una transformación del actual modelo depredador de los bienes comunes de la naturaleza.

Después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras, en marzo de 2023, se firmó un acuerdo de cooperación económica que asciende a 280 millones de dólares en donación de China hacia Honduras, los cuales supuestamente están destinados a la restauración escolar y el equipamiento de centros educativos a nivel nacional. En la firma de este convenio se anunció el primer desembolso para la infraestructura educativa; sin embargo, las autoridades hondureñas aseguran que aún no han accedido a estos fondos, y en el portal de transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco existe más información sobre este convenio después de la aprobación de un decreto que declara en secretividad el proceso de negociación de instrumentos, acuerdos, convenios y tratados con el Estado hondureño. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Archivo CC 

A finales de marzo de 2024, Honduras y China firmaron un convenio de cooperación económica por 6,800 millones de lempiras (280 millones de dólares) no reembolsables, para la restauración de la infraestructura escolar y el equipamiento de centros educativos a nivel nacional. En la firma de este convenio se anunció un primer desembolso de 2,400 millones de lempiras en su primera fase.

El convenio, que tiene como finalidad desarrollar el proyecto «Intervención Integral en Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos», fue suscrito entre el canciller Enrique Reina y el embajador de China en Honduras, Yu Bo, en presencia del designado presidencial, Renato Florentino, el ministro de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda, y el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Warren Ochoa.

Aunque en la firma del convenio se anunció que arrancaría con un desembolso de 2,400 millones de lempiras, en los portales de transparencia de la Secretaría de Educación y del FHIS no hay información al respecto. En el portal de transparencia de la Cancillería tampoco hay una copia del convenio con las condiciones fijadas por parte de China y Honduras para su ejecución y las fechas en las que se desarrollará cada fase.

Lo anterior tiene relación al decreto 001-SG-2024 publicado a inicios de marzo en el diario oficial La Gaceta, en el que, además de declarar en secretividad las negociaciones para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), también declara como información reservada los «Instrumentos, Acuerdos, Convenios, Tratados y toda la información de las organizaciones internacionales o de otros Estados» suscritos con el Estado de Honduras.

En diciembre del año pasado, China donó al Estado de Honduras «en calidad de asistencia humanitaria» otros 2,480 millones de lempiras destinados a la construcción de viviendas en el Valle de Sula y el Valle de Quimistán, al norte de Honduras, para personas afectadas por las tormentas Eta e Iota en 2020. Este dinero fue recibido por el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y por la vicecanciller Cindy Rodríguez. Además, la vicecanciller también recibió en abril de este año una donación de 1,332 toneladas de harina de trigo por parte de China como asistencia alimentaria, para distribuir en sacos en 56 municipios a nivel nacional, a través de las alcaldías.

Para Ricardo Salgado, ministro de la Secretaría de Planificación —quien fue invitado al acto de entrega de una donación de más de 6 mil millones de lempiras para la restauración de la infraestructura escolar—, los fondos no han empezado a utilizarse debido a trámites administrativos, y, por tanto, aún no se ha transferido este dinero a las cuentas del Estado.

Además, Salgado señaló que el gobierno de Honduras decidió invertir esa donación en el sector educativo, en lugar de «obras monumentales» donadas por China a otros países, como la Biblioteca Nacional de El Salvador y el Estadio Nacional de Costa Rica.

«Aquí se decidió dedicarlo [el financiamiento de China] a que se utilice para reconstruir las escuelas. Como todos los empréstitos, lo mismo que hace el Banco Centroamericano, o el BID o el Banco Mundial, hacen los chinos. [Ellos] solo están esperando que les entreguen el papeleo con la factibilidad y la ubicación. Estamos esperando que se termine la documentación para entregarla y que ellos comiencen a liberar los fondos para comenzar a trabajar», dijo el ministro de Planificación Estratégica a Contracorriente

Al ser consultado por el tipo de documentación y las condiciones impuestas por Honduras en este convenio, Salgado indicó que desconocía esta información, y nos refirió a las autoridades de Cancillería y Educación.

Contracorriente contactó al ministro del FHIS, Warren Ochoa, y al ministro de Educación, Daniel Sponda, para conocer más sobre la ejecución de los fondos donados por China en el sector educativo; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de los funcionarios.

La vicecanciller Cindy Rodríguez dijo a Contracorriente que Mariam Tavassoli Zea, encargada de la Mesa de Trabajo China por parte de la Cancillería y asesora ministerial, podía brindar más información respecto a los mecanismos y la transparencia que se implementarían para la ejecución de fondos provenientes de China; sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la funcionaria a la solicitud de entrevista.

Previo a la firma de este convenio, el Estado destinó a la Secretaría de Educación (Seduc) un presupuesto de más de 40 mil millones de lempiras (40,752,644,279.00) en el presupuesto general para 2024, de los cuales, 1,786,329,329 provienen de «fuentes externas» no especificadas, y el resto del Tesoro Nacional y de fondos propios. Además, según el portal Honduras Inversiones, esta Secretaría está entre las ocho instituciones en las que está concentrado el 78% del presupuesto de la República 2024.

El caso del Fondo Hondureño de Inversión Social es diferente. Según el presupuesto asignado para esta institución en 2024, el 67.1 % proviene de fondos externos, es decir, más de la mitad de los fondos destinados al FHIS provienen de convenios, donaciones o proyectos que tampoco están especificados en el presupuesto general de la República.

El FHIS atiende distintos proyectos relacionados con la infraestructura en el sector social financiados por cooperantes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). En cuanto a la cooperación con el sector educativo, existen dos proyectos activos: uno es el programa Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (Mife), del Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE), con duración hasta 2026; otro es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine) en su fase II, financiado por el Gobierno de la República Federal de Alemania, que finalizará  en julio de este año.

La suma de ambos proyectos da un total de 311.9 millones de lempiras, de fondos presupuestados para su ejecución este año; sin embargo, según el portal, ninguno ha sido ejecutado en lo que va del 2024.

Al consultarle sobre cuál será la institución que se encargue de ejecutar los fondos provenientes de China para la infraestructura educativa, Salgado respondió que una vez estos sean liberados, el FHIS será quien se encargue de ejecutarlos. Dijo que tendrá que liquidarlos «centavo por centavo» y que las liquidaciones estarán disponibles en el portal de transparencia.

Según el ministro, aunque la Secretaría de Planificación Estratégica no tenga un rol específico en la suscripción de este convenio, forma parte del gabinete de inversiones, y podrán «dar fe, alinear los proyectos que se hagan y que estén en concordancia con el destino que se le ha dado a corto y mediano plazo».

Para Miguel Gomis, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, la donación de millones de lempiras por parte de China a Honduras responde a la necesidad del Gobierno de avanzar rápidamente en la resolución de las demandas que tiene la población hondureña y en la facilidad que da China para acceder a sus préstamos, los cuales no ha ofrecido a Honduras hasta el momento.

Sin embargo, Gomis señala que la inversión en infraestructura educativa no responde necesariamente a la implementación de una política educativa que conlleve mejoras en la calidad educativa en Honduras.

Interior de un aula de la escuela de la comunidad de Tacamiche. San Manuel, Cortés, enero de 2024. Foto CC / Amílcar Izaguirre.

Según el análisis de Estado de País 2023 de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Honduras continúa enfrentando altos niveles de exclusión educativa en los niveles de prebásica y media, considerando que entre 2022 y 2023 la matrícula educativa en el sector público bajó un 0.3 %, y que desde el 2019 Honduras no ha accedido a evaluaciones internacionales en este sector.

Los datos de este análisis señalan que en 2023 Honduras tampoco logró el 6 % de inversión del Producto Interno Bruto (PIB) sugerida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que, en ese mismo año, la inversión en textos escolares disminuyó 1.9 millones de lempiras.

Por otro lado, para una parte de la ciudadanía encuestada en el Sondeo de Opinión Pública 2024 del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), las mejoras en el sistema educativo y el sistema de salud en Honduras figuran como la tercera prioridad que se debe tener en el gobierno de Xiomara Castro. Por otro lado, este mismo sondeo reveló que la Secretaría de Educación está entre las tres instituciones en las que más confía la ciudadanía, después de la Iglesia evangélica y la Iglesia católica.

«China en realidad está ofreciendo pragmatismo, y de hecho el canciller [Enrique Reina], cuando le entrevistaron, él dijo exactamente eso. Dijo: “Nosotros no estamos en una relación ideológica [con China], estamos en una relación pragmática”, es decir, están diciendo que lo que les importa es recibir ayuda para desarrollar el país rápidamente porque están urgidos de mostrar resultados», afirmó el doctor en Ciencias Políticas Miguel Gomis.

Según cifras de la Secretaría de Educación, en Honduras se repararon 1,415 centros educativos a nivel nacional durante 2023. Los departamentos con más reparaciones durante ese año fueron El Paraíso, con 241 centros educativos reparados, seguido de Francisco Morazán, con 206, y Santa Bárbara, con 176. Los que menos reparaciones registraron fueron Valle, con ningún centro educativo reparado durante 2023, Islas de la Bahía con 6, Ocotepeque con 6 y Cortés con 11.

En comparación con las reparaciones, la Seduc registró solo 483 centros educativos reconstruidos ese mismo año. Santa Bárbara es el departamento con más centros educativos reconstruidos durante 2023, con 83, seguido de Intibucá con 59, y Comayagua con 45. Los departamentos de Atlántida y Olancho fueron los únicos que no registraron ningún centro educativo reconstruido en ese año. 

«Este estudio muestra una clara preferencia por las reparaciones en comparación con las reconstrucciones completas, probablemente debido a factores como costos, tiempos de ejecución y la viabilidad de las reparaciones», indica el informe anual de 2023 de la Seduc.

Pero la inversión y ejecución de fondos para reparar y reconstruir estos centros básicos no ha sido tarea solo de educación, indica la misma Secretaría. Según el informe, no hay una fuente específica que determine de cuánto ha sido la inversión y de dónde provienen los fondos para la reparación y reconstrucción de escuelas, sino que han sido los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, el FHIS y «diversas empresas y fundaciones», además de la Secretaría de Educación, las que tienen participación en la financiación y ejecución de los proyectos.

En el caso del FHIS, según su cuarto informe trimestral de 2023, ejecutaron más de 195 millones de lempiras en 50 proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa durante 2023. Los datos de esta institución señalan que se ejecutaron 83,573,567 lempiras en 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos, en obras iniciadas desde noviembre de 2022; otros 63,387,572 en 17 subproyectos que iniciaron en el tercer trimestre de 2023, y 48,900,577 en 8 subproyectos en el último trimestre del mismo año.

Corrupción en donaciones y falta de transparencia 

Aunque las donaciones de China no representen una alarma por sí solas, Miguel Gomis considera que no existe claridad sobre los mecanismos que se implementarán para ejecutar esos fondos y cómo serán rastreados. Además, señala que los retrasos en la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih) despiertan más dudas sobre la ejecución de donaciones o financiamiento externo al gobierno de Honduras.

«¿Cómo se hace seguimiento de todo este dinero? ¿Cómo vamos a ver cuáles serían las licitaciones? Tradicionalmente, cuando se supervisan licitaciones se deben de tener sistemas que demuestren los procedimientos en la ejecución de fondos, pero, hasta donde yo sé, China no ha obligado a ningún país en estos aspectos», indica Gomis.

En marzo de este año, el Gobierno decretó en secretividad la negociación entre el Estado y las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH en Honduras, lo cual disparó las alarmas de la sociedad civil y de sectores que apoyan la llegada de la comisión.

Pero antes de China, mientras Honduras sostenía relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán, también se registraron actos de corrupción y falta de transparencia en la ejecución de sus donaciones.

Durante la emergencia por Covid-19, Taiwán donó a Honduras 2,414,300 dólares (59,629,323 lempiras) para apoyar en la emergencia sanitaria en 2020; sin embargo, el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) solo dio constancia en sus portales de transparencia de la utilización de 414,840 dólares (10,245,880 lempiras) para la elaboración de batas quirúrgicas y el hospedaje y alimentación de una brigada médica cubana.

Además, Taiwán —que no tiene relaciones diplomáticas con Honduras luego del establecimiento de relaciones con China— también donó, junto a Estados Unidos, Corea y el Consejo Empresarial de América Latina, más de dos millones de mascarillas quirúrgicas y otro equipo de bioseguridad en el contexto de la pandemia, equipo del que Copeco tampoco rindió cuentas.

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Anteriormente, en 2018, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) reveló, junto a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) –ahora Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco)– el caso «Caja chica de la dama», en el que señalaron a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de coordinar una red de corrupción que se apropió de 94.6 millones de lempiras provenientes de distintas fuentes, entre ellas donaciones por parte de la Embajada de Taiwán, los cuales debieron ser ejecutados por la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama (Udeco) entre 2011 y 2014.

Según un estudio de AidData, replicado por el medio nicaragüense Divergentes, China tiene alrededor de 3,427 proyectos realizados entre 2000 y 2017 en 165 países, bajo la modalidad de préstamos y ayudas, por  un valor de 843 mil millones de dólares.

Esta investigación analiza la financiación exterior de Pekín, incluida la Belt and Road Initiative (BRI) o la Franja y la Ruta, el plan de infraestructura global lanzado en 2013 por Xi Jinping, el presidente chino, para incrementar la centralidad comercial de China frente a Estados Unidos.

El profesor Miguel Gomis asegura que, para China, Honduras no es una pieza clave en cuanto a la ruta de la comercialización; sin embargo, sí lo es en cuanto al simbolismo que conlleva ser aliado del país asiático.

Avances macroeconómicos frente a un discurso polarizante

En la más reciente ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Honduras —anunciado desde la apertura de relaciones entre ambos países en 2023—, se discutieron puntos relacionados con mejoras sobre concesiones arancelarias y la exportación de café, cigarros, melón, productos del mar y azúcar.

Aunque se han registrado avances en el establecimiento de este TLC, con 23 de los 25 puntos ya definidos, lo cual podría representar un escenario de crecimiento macroeconómico, para el profesor Gomis esto podría verse opacado con el discurso polarizante que presenta el Gobierno actual.

Según el último informe de Situación de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las recientes crisis de gobernabilidad en Honduras «han generado un clima de polarización social que dificulta la construcción de consensos democráticos en la toma de decisiones públicas y en la adopción de las reformas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones en el país». Además, el informe señaló la falta de mecanismos de participación ciudadana en la veeduría social.

«Generalmente, la definición del populismo es acortar tiempos políticos, apelar al pueblo y normalmente tiene que ver con desintermediación; entonces, la cooperación o el socio chino, lo que permite hasta cierto punto es acelerar los proyectos, dar resultados más rápidos, desintermediación, y en ese sentido uno de los objetivos del gobierno es la dinamización macroeconómica. Ahora, ¿qué tan válido es este camino? Porque tampoco queda tanto de gobierno, más bien, esto podría tener impacto de cara a las elecciones», indica el analista.

Una figura destacada de cara a las elecciones es Rixi Moncada, exministra de Finanzas y quien además forma parte de la comisión encargada de negociar el convenio para la llegada de la Cicih al país. Aunque Moncada —la precandidata presidencial que tiene el respaldo de la familia presidencial, incluido el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales— aún no ha anunciado cuáles son sus propuestas y su postura frente a las relaciones entre Honduras y China, quienes la impulsan han dicho que continuará con los proyectos impulsados por Xiomara Castro.

«Para que todo continúe, para que todo se profundice, para que los proyectos continúen, para que estemos firmes en el proyecto de refundación, ¡solo Rixi Moncada nos garantiza continuar adelante!», dijo el diputado de Libre y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, al presentar a Moncada en un mitin político en abril de este año.

Texto: Valeria Guzmán

Portada: Persy Cabrera

 

No hay manera de escapar de las imágenes de Nayib Bukele en El Salvador. Como si se tratara del cantante favorito de adolescentes, no se puede ir por la calle sin encontrarse con alguien con una camiseta o un llavero con la cara estampada del presidente que este sábado inicia un segundo mandato, erosionando la poca democracia que se alcanzó a construir tras la guerra civil. 

 

Su fama también alcanza a quienes visitan El Salvador. En el aeropuerto, al pasar por migración, hay una esquina dedicada a simular un pedazo de Casa Presidencial para que los visitantes se tomen fotos alrededor de las banderas y las fotografías enmarcadas del presidente y Gabriela Rodríguez de Bukele, la primera dama. 

 

Para nadie es secreto la popularidad de Nayib. Parte de ella está también depositada en la primera dama, una mujer profesional preocupada por la primera infancia que siempre aparece sonriente al lado del mandatario. Con ella se completa la imagen del buen esposo, hombre de familia, líder y patriarca nacional. 

 

Pero la realidad para las salvadoreñas comunes dista mucho de la imagen de la mujer sonriente y elegante que recibe a los turistas en el aeropuerto. Y el panorama solo parece que empeorará a partir de este 1 de junio, cuando Bukele asuma su segundo mandato consecutivo a pesar de que la Constitución lo prohíbe en seis artículos. 

 

Esto ha iniciado una serie de discusiones teóricas entre periodistas y académicos: ¿Desde cuándo se le puede llamar dictadura a lo que ocurre en El Salvador? ¿Era ya dictadura cuando se tomó con militares la Asamblea Legislativa? ¿O acaso será dictadura a partir de que se coloque –de nuevo– la banda presidencial? 

 

Lo cierto es que en los últimos cinco años la dictadura ya había comenzado para las mujeres. Para algunas disidentes públicas de Bukele, el exilio ha sido el único camino para recuperar una sensación de seguridad.

 

Nuestra participación ciudadana ha sido relegada a nuestro papel como madres y cada vez menos como sujetos políticos. La primera dama impulsó la Ley Nacer con Cariño, que busca un proceso respetuoso con los cuerpos de las mujeres en los hospitales durante la gestación y parto. Para 2019, el primer año de Bukele como presidente, se registró el porcentaje más bajo de muertes maternas en El Salvador. Sin embargo, eso rápidamente cambió. En 2021, el sistema de salud registró 63 muertes maternas, la cifra más alta desde 2015. 

 

Y es que las salvadoreñas tienen justas razones para preocuparse por su salud reproductiva. Tanto si desean ser madres o si deciden no serlo. En El Salvador, como en Honduras, las mujeres siguen corriendo el riesgo de enfrentar prisión por tener un aborto. Con el gobierno bukelista, la despenalización del aborto parece, por ahora, impensable.

 

Después de pláticas con médicos he entendido que, deliberadamente, la vida de las mujeres se pone en peligro. Por ejemplo, hay pacientes que experimentan un embarazo ectópico, es decir, inviable y fuera del útero, pero los médicos temen intervenir y ser denunciados por haber ayudado con un «aborto». En estos casos, si la mujer no es tratada a tiempo, corre el riesgo de sufrir hemorragias, perder sus órganos reproductivos o de muerte. Para ellas, en la ley no hay cariño.

 

En 2018, antes de convertirse en presidente, Bukele dijo que estaba de acuerdo en los abortos cuando la vida de las mujeres estaba en peligro. Durante su presidencia, eso cambió y llegó a comparar tener un aborto con ser parte de un genocidio. 

 

Con la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, las activistas por la despenalización del aborto se enfrentan a la posibilidad de ser detenidas sin explicaciones. La activista feminista Clanci Rosa declaró al periódico El País que en ocasiones, «da miedo que en una protesta puedas acabar presa». Pero eso no las detuvo de salir a marchar el Día Internacional de la Mujer y exigir la despenalización. 

 

También se ha impulsado la Ley Amor Convertido en Alimento que busca que las mujeres tengan las facilidades para dar lactancia materna y así procurar que los bebés tengan garantizada una vida con apego sano a sus madres y salud integral. Poco se sabe de qué pasará cuando estos niños crezcan y se encuentren con un país completamente militarizado, donde mostrar «nerviosismo » ante un grupo de soldados armados hasta los dientes es suficiente motivo para ir preso. 

 

En los primeros meses del Régimen de Excepción, las calles frente a un penal se llenaron de madres durmiendo en el suelo esperando día tras día, que sus hijos salieran de prisión para poder llevarlos a casa y servirles un plato de comida en libertad.

 

Para las mujeres trans que son encarceladas por sospechas de algo –no se sabe bien de qué– su paso por las cárceles de El Salvador viola los derechos humanos. Una mujer trans que ya fue liberada por no encontrarse culpable de ningún delito narró su experiencia a un medio. Ahí contó que fue torturada, golpeada y además sufrió tratos transfóbicos. Como es lo usual que hagan con los hombres, cuando ella entró a prisión la raparon. Su identidad no importaba. 

 

Los discursos conservadores sobre lo que significa ser una buena mujer cada vez tienen más peso en El Salvador. Con la instalación de este segundo mandato inconstitucional de Bukele, no solo se burla la ley, sino que se afianzan todas las decisiones tomadas en el quinquenio anterior y sufridas por las mujeres más vulnerables. 

 

La política del bukelismo busca, constantemente, dejar atrás cualquier cosa que se crea que se relaciona con «la ideología de género». Una de las primeras medidas del gobierno fue desarticular la Dirección de Diversidad Sexual, que se encargaba de promover los derechos de la población LGBTIQ+. Desde que se firmó la paz en El Salvador, al menos 600 mujeres trans han sido asesinadas por su identidad de género. Sin la Dirección de Diversidad Sexual, muchas más mujeres trans se encuentran en peligro y sin ningún interlocutor oficial que vele por sus derechos. 

 

Además, a inicios de este año Bukele anunció que se prohibía «todo rastro de ideología de género» en la educación del país. Omitió decir que la perspectiva de género es la que ayuda a identificar y prevenir la violencia de género, usualmente sufrida en mayor medida tanto por mujeres cisgénero como trans. 

 

Prohibir esa supuesta «ideología» no solo afectó a los programas en las escuelas, sino que también a algunas oficinas que brindan servicios de salud sexual. Ahí, se retiraron preventivamente páginas volantes con información sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual porque mencionan palabras tan peligrosas como orientación sexual, identidad de género o la temida sigla LGBTI. 

 

Para rematar, la Asamblea Legislativa, conformada en un 90% por diputados oficialistas, eliminó este mayo la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, donde -en teoría- se discutían mejoras legales y programas que ayudaran a cerrar la brecha de desigualdad. ¿El argumento que dieron los diputados? Evitar tener agendas «dispersas». 

 

Con este panorama, algunas feministas ya han aceptado que deben bajar perfil y reducir el volumen de su activismo público por miedo a las represalias. Algunas periodistas también han hecho lo mismo para detener las amenazas de violencia sexual en sus redes sociales. Al inicio, estas estrategias parecían temporales, pero con el nuevo mandato inconstitucional de Bukele, es difícil saber cuándo volverán a gritar públicamente quienes ahora susurran por miedo a ser señaladas, o en el peor de los casos, procesadas. 

 

La última vez que un presidente se reeligió consecutivamente en El Salvador, el país terminó en dictadura y masacre. Quizá por eso, muchos han esperado a que llegue este día para atreverse a nombrar como tal un régimen que desde hace mucho tiempo viene dando luces sobre su verdadera naturaleza. Y a pesar de que las feministas, activistas y lideresas comunitarias han debido bajar el volumen de su voz en algunos espacios para cuidarse a sí mismas, tengo la certeza de que siguen trabajando para nombrar las injusticias y plantar cara a lo que se viene. 

Cuando era asesor jurídico de la Casa presidencial de Nayib Bukele, el abogado Francisco Javier Argueta Gómez, incluido en la Lista Engel por ayudar a destituir de manera irregular a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, recibió del estatal Banco Hipotecario $785,000 sobre una propiedad con piscina y cancha de tenis ubicada en una zona exclusiva de la capital. Con una parte de los fondos, Argueta compró una segunda propiedad de 340 metros cuadrados en la residencial Cumbres de Cuscatlán. Este crédito incrementa a 33 la lista de figuras vinculadas al oficialismo beneficiadas y acerca los montos repartidos por el banco hasta los $7 millones de dólares. 

 

Por Jaime Quintanilla

 

Entre el 14 de noviembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, el exasesor de despacho de la Casa Presidencial, Francisco Javier Argueta Gómez, y su esposa, Gloria Carolina Ramos, asesora de la dirección ejecutiva de la Autoridad Marítimo Portuaria, recibieron créditos por $785,000 del estatal Banco Hipotecario por una propiedad adquirida en agosto de 2019 y cuyo precio de compraventa fue menor al valor de la hipoteca. Con una parte del crédito, la pareja también adquirió una segunda propiedad por $315,000 en otra zona exclusiva del municipio de Antiguo Cuscatlán. 

 

El terreno hipotecado mide 1,474 metros cuadrados y es una mansión con cancha de tenis y piscina. Está ubicado en la lujosa urbanización Lomas de Altamira, un complejo residencial privado al sur de la ciudad capital y con vistas panorámicas al volcán de San Salvador.

 

Vista aérea de la zona en la que el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas ubica la propiedad del ex asesor Javier Argueta.

El banco estatal, que tiene como principal objetivo apoyar a medianos y pequeños empresarios, anotó una primera hipoteca para la pareja Argueta-Ramos en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros, en noviembre de 2019. En marzo de 2020, a días del inicio de las cuarentenas por la covid-19, anotó un aumento en el crédito. 

 

En los documentos públicos, el Banco señaló que la hipoteca sobre la propiedad tiene un valor de “hasta” $890,000 dólares. En la noche del lunes 27 de mayo, Javier Argueta confirmó la recepción de los créditos a través de uno de sus abogados, pero aseguró que los montos totales recibidos sobre la propiedad, que ahora “está alquilada”, fueron por $785,000. 

El abogado Javier Argueta fue asesor jurídico de la Presidencia Bukele hasta mayo de 2022. Los créditos los obtuvo entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, antes de comenzar a figurar como un vocero de la Presidencia y protagonista en la destitución de los magistrados de la Sala y el fiscal general.

Un crédito para un protagonista del golpe a la Sala y al fiscal general

 

La primera hipoteca a favor de los Argueta-Ramos fue otorgada el 14 de noviembre de 2019, en el arranque del sexto mes de gestión de Nayib Bukele. Para ese momento, Javier Argueta ya llevaba también seis meses  como asesor de despacho de la secretaría privada de la Presidencia tras haber sido reclutado de las filas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), donde fungió como director legal durante una década, de 2009 a 2019. 

 

Los honorarios del cargo público con el que entró al gobierno ascienden a $5,800, según reveló La Prensa Gráfica y estaba disponible en el portal de Transparencia del Gobierno al principio de la administración Bukele, pero posteriormente fue retirado. 

 

Ese mismo medio también reveló que la esposa de Argueta fue ascendida de cargo en la AMP en septiembre de 2020. Pasó de ser ‘técnico administrativa’, un cargo que ostentaba desde 2013, a asesora de la dirección ejecutiva, un cargo de confianza, con un salario de $2,975, más del doble de su sueldo anterior.

 

El matrimonio compró la propiedad de 1,474.33 metros cuadrados el 16 de agosto de 2019 por $525,000. En la escritura, Argueta quedó con el derecho de nuda propiedad, mientras que su esposa se convirtió en usufructuaria.

Vistas a la ciudad y volcán de San Salvador desde Lomas de Altamira.

Antes de la compraventa, sobre el inmueble ya existía una hipoteca otorgada a favor de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito  Visionaria (Accovi de R. L.) por  $575,000. La propiedad le pertenecía a Jorge Alberto Aguilar Herrera, un abogado con el que Argueta también hizo otros tratos inmobiliarios ajenos al crédito del banco estatal el mismo día de la compraventa de la propiedad en Lomas de Altamira. Argueta permutó (intercambió) dos de sus propiedades (una en San José Villanueva, La Libertad; y una en San Salvador, con un área de 696.72 metros cuadrados en conjunto) a cambio de otras cuatro. Una de ellas ubicada en el cantón San Antonio Abad; otras dos en la carretera al Boquerón, y una última en Joya Grande, todas en San Salvador. En conjunto, estas propiedades tienen un área de 24,496.20 metros cuadrados y fueron valoradas en $150,000. 

 

Tres meses después, el 14 de noviembre, el Banco Hipotecario autorizó una hipoteca a un plazo de 30 años sobre el inmueble comprado a Aguilar Herrera. De acuerdo con las escrituras, “los hipotecantes (los esposos Argueta-Ramos) valúan el inmueble hipotecado incluyendo sus mejoras, actuales y futuras construcciones, en suma de seiscientos mil dólares ($600,000)”.

 

El banco autorizó la hipoteca “hasta” por $600,000. Según documentos inscritos en el registro público, la primera hipoteca sobre la propiedad con Accovi de R.L. quedó cancelada el 26 de diciembre de 2019.

El 10 de marzo de 2020, dos días antes de que Bukele cerrara el país debido a la pandemia de covid-19, el Banco Hipotecario otorgó un incremento a la hipoteca autorizada en noviembre “hasta” por $890,000. 

 

Según la escritura disponible en el CNR, “el Banco (Hipotecario) y los hipotecantes (los esposos Argueta-Ramos) (…) convienen en incrementar el monto de hipoteca abierta antes mencionada en la suma de doscientos noventa mil dólares ($290,000). Como consecuencia del incremento del monto los hipotecantes valúan el inmueble hipotecado en ochocientos noventa mil dólares ($890,000)”.

Extracto de la escritura de hipoteca en la que se modifica y se anota el aumento “hasta” por 890,000 a favor de los esposos Argueta Ramos.

La escritura a la que tuvo acceso este medio no detalla las razones que dieron los hipotecantes para solicitar más dinero ni los argumentos que dio la junta directiva del Banco Hipotecario para otorgarlo. 

 

A través de su abogado, Argueta mostró —sin dar copia— dos “mutuos” notarizados con el Hipotecario que señalan la recepción de un primer crédito en la misma fecha del otorgamiento de la hipoteca; y otro el 10 de marzo de 2020, la misma fecha en que el Banco señala ante los registros públicos el otorgamiento de un aumento en la hipoteca. Según ese otro documento, el último crédito se solicitó para adquirir otra propiedad con el inmueble de Lomas de Altamira como garantía. 

 

Los documentos que mostró el abogado de Argueta indican que el monto total que recibió la pareja de esposos asciende a los $785,000, con un primer crédito por $525,000 en noviembre de 2019 y un aumento de la hipoteca por $260,000 en marzo de 2020. 

 

Según estos documentos, el matrimonio recibió hasta $260,000 en créditos por encima del precio de compraventa del inmueble en Lomas de Altamira. 

 

Ante el banco, según los documentos presentados por el abogado, Argueta planteó que el aumento en el crédito respondía al interés por otra propiedad identificada por una matrícula única. En los registros públicos, ese número está anclado a una propiedad de 330 metros cuadrados en la residencial Cumbres de Cuscatlán que Javier Argueta adquirió por un monto de $315,000 el mismo día en que le fue autorizado el incremento. Casi cuatro años más tarde, el 24 de febrero de 2024, la propiedad fue vendida a un tercero por $448,000, según el registro público.

A los montos obtenidos por funcionarios, empleados públicos o asesores pagados por el Estado se suma 1 millón de dólares en un crédito a favor de uno de los principales proveedores de la pandemia.

En el primer gobierno de Nayib Bukele (asumirá el 1 de junio un segundo mandato que viola hasta seis artículos de la Constitución que prohíben su continuidad en la Presidencia) Argueta fue uno de los principales asesores y voceros utilizados por la Presidencia para justificar algunos de los actos autoritarios más emblemáticos del mandatario.

 

Entre estos destacan la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, los decretos ejecutivos con los que Bukele extendió cuarentenas durante la pandemia de covid-19, y con los cuales Argueta salía a cuestionar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que los revertían. El 1 de mayo de 2021, ese precedente fue una de la piedras angulares con las cuales la Asamblea dominada por el partido de Bukele realizó las destituciones irregulares de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. 

Vista aérea de la zona en la que el registro público ubica la segunda propiedad adquirida por los esposos Argueta- Ramos. Según el Registro, esta fue vendida a un tercero a inicios de 2024.

En septiembre de 2021, el asesor también fue pieza clave para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieran como válido un comentario de los magistrados impuestos por el oficialismo en la Corte Suprema que abrió las puertas a  la candidatura inconstitucional a la reelección de Bukele, según reveló GatoEncerrado. 

 

En julio de 2022, Argueta fue incluido en la lista de funcionarios antidemocráticos y corruptos, la llamada Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque “socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir la destitución de cinco magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal General en un proceso inusual en aparente contravención de los procesos establecidos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos magistrados a partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional del Poder Judicial”.

 

Para ese momento, según su abogado, su representado ya no laboraba en la Casa Presidencial. “Comparto del portal de transparencia. Y tal como aparece ahí, él ya no trabaja en CAPRES a partir del 16 de mayo de 2022”, compartió el abogado junto a una imagen de la ficha de Argueta con la leyenda “NO VIGENTE”.

 

El 8 de marzo de 2024, la oficina de acceso a la información de la Presidencia respondió que la información relativa a los contratos que Argueta ha firmado con la institución y los cargos que ha desempeñado son información confidencial y que para revelarlos se requiere “el consentimiento de los individuos”. 

En primera fila, de izquierda a derecha: Ernesto Castro y Suecy Callejas, presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Michelle Sol y Sofía Medina, ministra de vivienda y secretaria de comunicaciones. En segunda fila: Xavier y Francisco Zablah Bukele, primos del presidente. Ricardo Andrés Hasbún Bukele, otro primo del mandatario, la diputada Dania González y Mynor Gil.Parte del círculo íntimo de Bukele que ha recibido cientos de miles de dólares en créditos hipotecarios para adquirir propiedades de lujo en zonas exclusivas de la capital, en las faldas del volcán de San Salvador o, incluso, terrenos de playa.

Los favores del Banco Hipotecario en el gobierno Bukele

 

La propiedad hipotecada en Lomas de Altamira está ubicada en un complejo residencial que también cuenta con un bosque privado, es sede residencial de integrantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador  y fue el lugar en el que el expresidente Mauricio Funes habitó una lujosa propiedad que, según una investigación periodística de El Faro, está vinculada a una trama de favores entre el expresidente, uno de sus exfuncionarios y un crédito del Banco Hipotecario. Esta propiedad está incluida en uno de los siete casos de corrupción por los que Funes es perseguido en el país mientras continúa asilado en Nicaragua.

 

Desde los 15 años previos al gobierno Bukele, el Banco Hipotecario ha estado en la mira del sistema de justicia salvadoreño por haber servido de caja chica en millonarios desvíos de fondos públicos para alimentar ‘partidas secretas’ durante las presidencias de Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

 

En el quinquenio Bukele, junto a los Argueta-Ramos, el Banco ha otorgado créditos con superávit a 27 funcionarios y tres primos de Bukele que recibieron en conjunto más de $5.9 millones en préstamos del banco estatal sobre 28 inmuebles. $4.9 millones de estos procesos fueron revelados en una investigación publicada por la Redacción Regional y Focos en febrero pasado.

 

Fachada de una de las oficinas reportadas por una empresa ganadora de millones de dólares en contratos de la pandemia y beneficiada con 1 millón de dólares por el Banco Hipotecario.

En el mismo periodo, el Hipotecario también otorgó un crédito por 1 millón de dólares a uno de los principales contratistas del gobierno durante la pandemia por covid-19, pese a que en el proceso incumplió sus normativas internas, según una investigación de Revista Factum para ‘Los favores del Banco Hipotecario’, una entrega especial junto a Redacción Regional y Focos sobre el reparto de fondos discrecionales del banco estatal. 

 

Con estos créditos, los beneficiarios —entre estos ministros, secretarios del gabinete, 12 diputados de Nuevas Ideas que ganaron la reelección en los comicios de marzo pasado, un empresario y tres primos del presidente— compraron viviendas de lujo, terrenos de playa y en zonas exclusivas del área metropolitana.

 

En el caso de funcionarios o empleados públicos pagados por el Estado, el caso del exasesor Argueta  destaca del resto por ser el más oneroso y coincide con 14 casos en los que los créditos fueron otorgados sobre inmuebles que ya habían sido adquiridos con anterioridad y cuyos precios de compraventa fueron inferiores al monto de las hipotecas. 

Diputados del partido oficialista Nueva Ideas y reelectos para el periodo 2024-2027. Todos fueron beneficiados con cientos de miles de dólares en créditos del Banco Hipotecario.

La diferencia entre la compra y el préstamo del asesor de despacho y su esposa es mayor incluso que el que recibió la vicepresidente de la Asamblea, Suecy Callejas, quien fue beneficiada con una hipoteca de $111,000 por encima del valor de la compraventa de una propiedad adquirida en 2021. 


Todos estos créditos fueron aprobados por una junta dirigida por Celina Padilla, designada por el presidente Bukele en el cargo y vinculada a uno de los fundadores de Nuevas Ideas, el exdirector del Fovial y de la Dirección de Obras Municipales Álvaro O’Byrne, con quien recibió un crédito hipotecario por hasta $260,000.


El Banco Hipotecario de El Salvador es una institución financiera y sus acciones son propiedad estatal. Hasta el 31 de diciembre de 2023, contaba con un monto total activos de $610,015,204, que incluyen títulos, préstamos, bienes recibidos en pago y cuentas por cobrar, según los balances del Registro de Comercio. La calificadora de riesgos Pacific Credit Rating (PCR, por sus siglas en inglés) detalló que el 96 % de las acciones del banco pertenecen al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). 


Consultada sobre los nuevos hallazgos, la expresidenta de la junta directiva del banco dijo que no daría detalles sobre los préstamos otorgados en su gestión. “El Banco Hipotecario es un banco comercial y se rige por la Ley de Bancos, al igual que todos los otros bancos comerciales. Usted está entendiendo e interpretando a su propio juicio”, dijo la exfuncionaria el 21 de mayo a través de una llamada telefónica. También se le solicitó una entrevista para que explicara los argumentos legales con los que aprobaron los créditos, pero respondió a través de WhatsApp que no puede revelar secretos bancarios. 

*Esta investigación de Redacción Regional y Focos forma parte de #LosFavoresDelHipotecario, un especial en alianza con Revista Factum sobre el uso discrecional de fondos de un banco estatal hacia figuras públicas vinculadas al oficialismo

El banco estatal le dio condiciones especiales al empresario Munir Bendeck para que obtuviera un crédito de $1 millón para el cual no cumplía los requisitos. Bendeck fue el principal proveedor de canastas de alimentos durante la pandemia y la Fiscalía lo investigaba por sospechas de corrupción.

 

Loida Martínez Avelar 

 

El Banco Hipotecario (BH) incumplió sus propias políticas de crédito para beneficiar con un préstamo de $1 millón a la sociedad NSB S.A de C.V, cuyo propietario es Munir Bendeck, un empresario que ganó contratos por $22.7 millones con el Gobierno durante la pandemia de Covid-19 y quien, según investigaciones fiscales, vendió alimentos con sobreprecio.   

 

Esta es la historia de cómo el banco estatal que opera con fondos públicos favoreció con un préstamo a un proveedor del Gobierno que no reunía los requisitos. Revista Factum tuvo acceso al expediente de crédito, donde constan cuatro irregularidades en el procedimiento. El Hipotecario incumplió tres lineamientos de su Manual de Políticas de Crédito: el préstamo fue aprobado únicamente por la entonces presidenta del Hipotecario, Celina Padilla de O´Byrne, a pesar de que el manual exige la votación de tres integrantes de la directiva; el índice de endeudamiento que tenía la empresa era mayor al permitido por el banco y los registros contables que Bendek presentó en su solicitud estaban desactualizados.

 

La cuarta inconsistencia consta en un formulario que llenó el empresario. Bendeck mintió al llenar una declaración jurada que exige la Fiscalía para prevenir el lavado de dinero: declaró bajo juramento que no era contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a pesar de que sus registros contables reflejaban lo contrario.

 

La escritura pública del préstamo, documentos de los expedientes de compra del Ministerio de Agricultura (MAG), desembolsos bancarios, estados financieros y una auditoría de la Corte de Cuentas retratan la secuencia de las irregularidades. El proceso de evaluación y otorgamiento de crédito fue manipulado, pues la empresa fue catalogada como cliente A1, la mejor calificación en el sistema financiero, a pesar de que incumplía algunos requisitos.

 

El 9 de septiembre de 2020, el Banco Hipotecario le aprobó a NSB el préstamo número AA1083141 por $1 millón, con una tasa de interés de 8.5%, para un plazo de seis meses. La empresa se comprometió a hacer un solo pago. El crédito fue pagado, pues no aparece en las deudas pendientes del balance financiero de la empresa de 2021. 

 

El destino del dinero, según la justificación que la sociedad dio al banco, fue para cumplir con los contratos pendientes con Agricultura, ministerio que cinco meses antes le había empezado a darle contratos a Bendeck, quien, según reveló El Faro, fue el principal proveedor de alimentos del Gobierno de Nayib Bukele en la pandemia.

 

La expresidenta del Hipotecario, Celina Padilla de O´Byrne, quien era la cabeza de la junta directiva, aprobó de manera individual el crédito por $1 millón a favor de NSB, aunque no estaba autorizada para hacerlo. Según el Manual de Políticas de Crédito, el documento que regula todos los financiamientos y los comités internos que los aprueban, la presidencia únicamente podía avalar préstamos a corto plazo por un monto de hasta $20,000. 

 

El numeral 11 de la sección dos del manual establece que las solicitudes de préstamo que excedan los $500,000 deberán ser resueltas por la junta directiva del banco. 

 

Padilla de O´Byrne fue la única que firmó la resolución del préstamo relegando la autoridad de los otros cuatro integrantes del comité de créditos, que son el vicepresidente del banco y tres integrantes más de la junta directiva. Esta revista consultó con tres de los directivos y se desligaron del caso. Uno de ellos recomendó que se pidiera la información al banco, otro aseguró que estaba de viaje en la fecha en que fue aprobado ese préstamo y una directora más se limitó a decir que no fue aprobado durante su gestión. 

 

El pacto social del Banco Hipotecario también establece que dos atribuciones de la junta directiva son conocer y resolver solicitudes de crédito. 

Resolución del crédito a favor de NSB. La única directiva que aprobó el préstamo fue la expresidenta del Banco Hipotecario, Celina Padilla de O´Byrne.

Padilla de O´Byrne fue presidenta del Banco Hipotecario entre junio de 2019 y septiembre de 2023. Su salida del banco estatal fue manejada con hermetismo, no hubo ni un solo comentario en las redes sociales, que son el canal usado por el Gobierno para comunicar sus decisiones. En su gestión, Padilla de O’Byrne autorizó $4.9 millones en créditos para 27 funcionarios y tres primos del presidente Bukele, según una investigación de Redacción Regional y Focos.

 

Esta revista se comunicó con la exfuncionaria para preguntarle por qué aprobó de manera individual el crédito y para solicitarle una entrevista. A través de un mensaje de Whatsapp se limitó a responder: “Con lo que consulta: 1) por la ley de bancos las operaciones de los bancos están sujetas a reserva bancaria; 2) los créditos son aprobados no por 1 persona sino de forma colegiada”, escribió. Se le repreguntó por el caso, pero ya no contestó.

Celina Padilla de O´Byrne, expresidenta del Banco Hipotecario, es la esposa del exdirector de la Dirección de Obras Municipales, Álvaro O´Byrne. Foto: Banco Hipotecario

Otra irregularidad quedó detallada en el documento de resolución del financiamiento. El crédito fue concedido, a pesar de que los registros contables tenían observaciones. En lugar de cuestionar o frenar el proceso de aprobación del préstamo, como ocurre en ese tipo de casos según dos economistas consultadas, el banco le concedió a Bendeck un plazo de un mes para solucionarlas.  “Cliente se compromete a subsanar registro contables presentados al 30-06-2020, de acuerdo a evaluación financiera realizada”, dice el documento en el apartado de condiciones especiales con plazo. 

 

Las políticas del Hipotecario establecen que los estados financieros son la base para realizar la evaluación financiera de los usuarios que buscan un préstamo. “Cualquier cliente que solicite crédito y dichos estados tengan más de tres meses de antigüedad, la solicitud no se procesará hasta que proporcione unos más recientes”, dice la regulación.

 

Las empresas están obligadas a entregar los estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales. Y estos deben coincidir con los presentados en el Registro de Comercio. 

Fachada de una sucursal del Banco Hipotecario en San Salvador. Foto Factum/Gerson Nájera

Para la aprobación de un préstamo, los bancos analizan los riesgos crediticios para garantizar el retorno del dinero. Este riesgo refleja el nivel de endeudamiento y la capacidad que tienen las personas o las sociedades para pagar. La expresidenta del Hipotecario le aprobó el préstamo de $1 millón a NSB, a pesar de que el índice de endeudamiento que tenía era mayor al permitido por el banco. La inconsistencia fue clasificada como una “operación exceptuada”, según consta en el expediente crediticio. 

 

Las políticas de crédito del Banco Hipotecario establecen que para calcular el endeudamiento de los clientes que piden préstamos mayores a los $100,000, el banco toma en cuenta el resultado de una división matemática utilizando los montos de la deuda bancaria y el patrimonio. Con el resultado el banco clasifica a sus usuarios con parámetros de bueno, aceptable, elevado, muy elevado e inviable. 

 

Antes de la pandemia, las políticas del Hipotecario establecían que ese banco no otorgaba créditos ni asumía riesgos por más del 5% del fondo patrimonial de las personas naturales o jurídicas. El 30 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó que ese porcentaje subiera a 25 %.  Los diputados de Arena y el FMLN que promovieron esa modificación argumentaron que el monto anterior le impedía al Hipotecario competir con los bancos comerciales.

 

En la documentación no consta cuáles fueron los montos que utilizó el Hipotecario para calcular el índice de endeudamiento de NSB. Sin embargo, en el documento de aprobación del préstamo quedó consignado que una de las condiciones especiales para otorgarlo fue que la empresa de Bendeck se comprometió a fortalecer su patrimonio y a generar mayores ganancias. Además, el banco estableció que NSB no podría repartir sus ganancias ni darle créditos a sus accionistas sin su autorización.

 

“NSB, S.A. de C.V. no tiene nada que opinar al respecto, ya que se envió la solicitud de crédito con toda la documentación requerida, sin que se nos haya observado la misma. No podemos opinar por algo que le compete contestar a un tercero”, respondió el abogado de Bendeck, Óscar Giralt, al ser consultado sobre las irregularidades. 

La cuarta irregularidad en la aprobación del préstamo a NSB está relacionada con información falsa plasmada en una declaración jurada que exige la Fiscalía para prevenir el lavado de dinero. Bendeck mintió al consignar en ese formulario que su sociedad no era contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir que no pagaba ese tributo. Ese dato es falso, según la información plasmada en sus balances contables presentados en el Registro de Comercio.  En 2013, año en que constituyó la empresa, y en 2019, antes de que le dieran el préstamo, reportó pagos por ese impuesto. 

 

Además, si NSB no hubiera declarado el IVA, no habría sido contratista del Gobierno, pues ese es uno de los requisitos para ser proveedor de servicios y productos. 

Declaración jurada del cumplimiento del instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía en la que Munir Bendeck detalló que no era contribuyente del IVA.

Bendeck fue el codeudor solidario del crédito otorgado a su propia compañía. Es decir, el Hipotecario lo aceptó como el fiador de NSB, su propia empresa. Un doble rol contradictorio, pues en caso que la empresa de su propiedad no pudiera pagar, él tendría que hacerlo. 

 

La figura del codeudor solidario está regulada en la sección de Cultura de crédito del Manual del BH y según la definición “es aquel que ocupa el mismo lugar que el deudor principal, de manera que, el acreedor puede cobrarle…”

 

El desembolso del dinero en la cuenta bancaria NSB fue hecho un día después de la aprobación del crédito, el 10 de septiembre de 2020.  Bendeck abrió una cuenta con $303 en el BH y horas después fue notificado de la aprobación del crédito. Recibió el desembolso del dinero y pidió al banco estatal que le permitiera trasladarlo a la cuenta de la empresa del Banco Central de Reserva (BCR) número 300-012. Las especialistas consultadas coinciden que el Banco Central de Reserva únicamente custodia fondos de transacciones comerciales de montos elevados; y que no existen cuentas de ahorros. 

 

En una nota que envió al Banco Hipotecario, el empresario les solicitó “su valiosa ayuda” para transferir el dinero del préstamo al BCR. Aseguró que después de esa transacción los fondos serían depositados en la cuenta empresarial del Banco Agrícola número 522-0379XXX. No quedó detallado el motivo del movimiento del dinero. 

 

NSB fue registrada con dos direcciones en San Salvador. La primera en la calle y reparto Los Héroes #65-A, un lugar que hoy es un predio abandonado frente al estadio Cuscatlán, y la segunda en la 69 avenida norte y I calle poniente #159 de la colonia Escalón, que es una casa abandonada de dos pisos con balcón y una cochera.

 

Esta revista buscó al empresario en esas dos direcciones, pero no fue posible localizarlo. La puerta de la casa de la colonia Escalón tiene un candado y al tocar el timbre nadie atiende. Desde afuera se observan cartones en las ventanas. Un vigilante que tiene dos años de trabajar en la zona dijo que esa casa está deshabitada, que solo es una bodega y que varias personas llegan buscando esa dirección, incluidos furgones.  

Lote 65 A, calle y reparto Los Héroes, San Salvador, donde Bendeck registró NSB. Foto Factum/Gerson Nájera

El abogado de Bendeck aseguró, a través de un correo electrónico, que esas oficinas están desocupadas porque son las direcciones antiguas; sin embargo, en el Centro Nacional de Registros no han registrado un nuevo domicilio para la sociedad.

El botín del Hipotecario

La economista Julia Evelyn Martínez concluye que las condiciones en las que el Hipotecario otorgó el crédito a NSB fueron “confeccionadas a la medida” del empresario. Es un “ejemplo de cómo las normas crediticias y las disposiciones se ajustan a la medida de las personas que quieren favorecer”, dice Martínez, quien conoce el funcionamiento del banco estatal porque en el pasado fue parte de su directiva.

Normas internas, internacionales y auditorías, según explica, prohíben la aprobación de préstamos si los registros contables no están aprobados por un auditor externo, que garantiza que la información es verídica. Además, los balances contables muestran el panorama económico de la empresa y que los números no están “maquillados”.

“En los registros contables hacen una serie de pruebas, como la de liquidez. Hay una lógica, si usted le mete un millón de dólares a esto, y se lo mete de una sola vez, y las finanzas están debilitadas entonces en lugar de hacerle un favor a la empresa termina con problemas, porque le meten más capital del que puede utilizar y puede terminar pagando deudas”, ejemplifica la economista.

Para ella, es ilógico que Bendeck haya sido el fiador del crédito de su propia compañía. “El codeudor solidario (o fiador) es una persona que está para respaldar cuando al deudor le va mal, pero si la misma persona a la que le están dando el crédito es con la que se está respaldando, realmente no hay codeudor. Es decir, aquí es una persona como la Santísima Trinidad, solo que aquí en lugar de tres personas fueron dos personas en una sola”, recalca Martínez.

Pero, para el abogado de Bendeck, esto no constituía algo irregular: “Porque NSB, S.A. de C.V. es una persona jurídica distinta a la persona natural. Además, se tenía la capacidad y el respaldo de pago. ¿Por qué buscar como codeudor a un tercero?”, respondió Giralt.

El Banco Hipotecario de El Salvador es una institución financiera, pero sus acciones son propiedad estatal. Hasta el 31 de diciembre de 2023, contaba con un monto total activos de $610,015, 204, que incluyen títulos, préstamos, bienes recibidos en pago y cuentas por cobrar, según los balances del Registro de Comercio. La calificadora de riesgos Pacific Credit Rating (PCR, por sus siglas en inglés) detalló que el 96 % de las acciones del banco pertenecen al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI).

El 22 de enero de 2007, el Hipotecario fue inscrito como una Sociedad Anónima (S.A.), durante la administración de Antonio Saca, bajo el argumento de incentivar al público a obtener fondos por medio de depósitos y poder competir con los bancos privados.

El banco estatal ya acumula un historial de mal uso de fondos. En diciembre de 2022, el expresidente de ese banco, Carlos Ortiz, y el exoficial de cumplimiento, Jolman Amaya, fueron condenados a cinco años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero.  En declaraciones brindadas a Diario El Mundo, una fiscal aseguró que los condenados hicieron desembolsos de hasta $1 millón de dinero público y que los trasladaron a cuentas de particulares en la gestión del expresidente Mauricio Funes.

La influencia de Pablo Anliker

Pablo Anliker fue ministro de Agricultura entre el 1 junio de 2019 y el 6 de abril de 2021. La Fiscalía investigaba compras a sobreprecio durante la pandemia.

Para otorgarle el crédito a NSB, el Hipotecario aceptó como garantía una orden de pago irrevocable por el 125 % del monto de la deuda del Ministerio de Agricultura. Ese compromiso de pago cubría las cuentas pendientes por cobrar que tenía la compañía como proveedor del programa presidencial de suministros de canasta básica durante la emergencia por la Covid-19, según el extracto de escritura pública del préstamo. NSB comenzó a ganar contratos con el MAG en abril de 2020, es decir, cinco meses antes.

 

Esa garantía fue firmada por el entonces ministro de agricultura Pablo Anliker Infante. 

 

“OPI aceptada por el MAG por el 125 % del monto del crédito,  lo que garantiza el repago de la obligación”, está escrito en la resolución del crédito. 

Extracto de escritura pública en la que el Ministerio de Agricultura asume la garantía del 125 % del crédito otorgado a NSB.

La Fiscalía de Raúl Melara, que investigaba a Bendeck por irregularidades en los contratos en la pandemia, determinó que no es legal que una institución pública sirva como garantía en las transacciones de terceros. Concluyó que la intervención del exministro Pablo Anliker Infante, para que el Hipotecario otorgara el crédito a NSB, demuestra una relación cercana con el proveedor. 

“La intervención del exministro Anliker Infante, en dicha transacción denota además de una cercana y estrecha relación con el proveedor Bendeck Miguel, una conducta determinada a influir en la banca estatal para lograr que la sociedad NSB S.A. de C.V, cuyo beneficiario final es Bendeck Miguel, logre adquirir una ventaja sobre otros usuarios pues no es una acto legal que la administración pública sirva como garantía en las transacciones individuales de terceros”, consignó la Fiscalía en el expediente Catedral, que contiene pruebas de corrupción en compras del Gobierno durante la pandemia. 

Hasta mayo de 2021, como parte de Catedral, la Fiscalía investigó irregularidades en las compras y distribución de paquetes alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria. Investigaciones periodísticas han expuesto los esquemas de corrupción utilizados y en los que están involucrados varios funcionarios, que a la fecha permanecen en sus cargos. Esa investigación finalizó tras la llegada de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el oficialismo.

Bendeck, según la investigación fiscal, vendió canastas de alimentos al Gobierno con un sobreprecio de $5.9 millones.  Un estudio de mercado que consta en la investigación reveló que NSB vendió al Gobierno los productos con un sobreprecio de $5.9 millones. Por ejemplo, las canastas que fueron vendidas a $10 cada una, los mayoristas las ofrecían a $6, y las que el Gobierno compró a $32.32, en el mercado valían $27. 

“No ha existido un “sobreprecio”. No es lo mismo comparar precios hoy, con los precios

durante la pandemia. Los costos de los productos, del pago de personal, transporte y

logística, etc., cuando el mundo entero estaba paralizado, eran mucho mayores.

Mientras la mayoría de empresas dejaron de operar y estaban resguardados en sus casas

por lo peligroso de la pandemia, nuestra empresa y nuestro personal, seguía trabajando”, afirmó el abogado de Bendeck respecto a este punto.

Una auditoría de la Corte de Cuentas determinó, por otra parte, que el MAG no dispone de información confiable que indique la cantidad de canastas de alimentos que fueron entregadas. Hasta febrero de 2021, había más de 3 millones de cestas sin respaldo de entrega.

“Verificamos en los anexos a esta respuesta, que se remitieron actas de entrega de cestas alimenticias al Viceministerio de Transporte, CEPA, Alcaldías Municipales y otros, por un total de 1,455,086 de canastas, y según el Documento Master del Programa de Emergencia Solidaria se tenía una meta de 5.1 millones de canastas, de tal, manera existen 3,644,914 cestas que no tiene respaldo de su entrega”, concluyó la Corte de Cuentas. 

El abogado de Bendeck aseguró que la empresa nunca fue notificada de ese hallazgo: “NSB, S.A de C.V. hace una oferta de acuerdo a sus costos, el Estado no está obligado a comprarnos. Si hubiese parecido costoso, hubiesen buscado a otro proveedor”, agregó.

La Fiscalía sospechaba que con las ganancias de los contratos con el Gobierno, el empresario se compró una propiedad. El Faro comprobó que el 9 de septiembre de 2021 Bendeck registró la compra de un apartamento de 2,188 pies en Estados Unidos. La propiedad está ubicada en 851 NE 1 Avenue, Unit 1411, Miami, Florida, 33132-1704. El empresario sigue siendo el propietario del apartamento, según el registro público. 

El año de la prosperidad

Casa 159, sobre la 69 Avenida Norte y 1 Calle Poniente, Colonia Escalón, San Salvador, donde NSB registró su domicilio, pero al consultar en la zona nadie identifica a la empresa. Los clientes de los restaurantes cercanos se parquean afuera del lugar. Foto Factum/Gerson Nájera

Munir Bendeck, quien fue precandidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán por el FMLN en 2014, tiene participación en seis empresas: NSB, Cervecerías de Centroamérica, Fertilizantes del Istmo, Latin American Parkings, Inversiones Miguel y Desarrollos A y M, inscritas entre 2009 y 2019, según el Registro de Comercio.

 

NSB, que tiene como rubro la venta de productos al por mayor, fue inscrita el 18 de junio de 2013. Es la empresa más fuerte y funciona como un intermediario para la comercialización en la Bolsa de Productos (BOLPROS). Durante la pandemia tuvo un repunte en sus ganancias. La bonanza empresarial inició en 2020, cuando recibió $22.7 millones en contratos del Gobierno salvadoreño.

El 25 de abril de 2016, NSB perdió el permiso para operar en BOLPROS y fue sancionada por supuestamente presentar fuera de tiempo las garantías de cumplimiento de contratos, no brindar información y retrasarse en el pago de la comisión a la Bolsa. 

 

El 23 de marzo de 2018, la Corte Suprema admitió un amparo que benefició a la empresa y revirtió el castigo impuesto por BOLPROS. En la actualidad, NSB sigue siendo contratista del Gobierno por medio de ese mecanismo de compra. Hasta diciembre de 2022, tres ministerios le debían dinero a la empresa de Bendeck: Educación $1,235,145; Agricultura $2,261,235  y Hacienda $402,550. 

 

Bendeck ha estado vinculado a negocios en Guatemala. En julio de 2012, constituyó Istmofert S. A. de C.V. junto con el guatemalteco Mario del Águila López, representante de Fertilizantes Maya S. A. (Mayafert), empresa que fue investigada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso Cooptación del Estado por el posible pago de sobornos a funcionarios para ganar contratos.

 

*Esta investigación de Revista Factum forma parte de #LosFavoresDelHipotecario, un especial en alianza con la Redacción Regional y Focos sobre el uso discrecional de fondos de un banco estatal hacia figuras públicas vinculadas al oficialismo

 

Los datos del sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) revelan que la población hondureña tiene una enorme desconfianza en las instituciones políticas del país y consideran que el narcotráfico sigue enquistado en ellas. Sin embargo, no lo perciben como el principal problema, e incluso el 21% de la población considera que Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico hace menos de tres meses, no le hizo ningún daño al país.

 

Texto : Célia Pousset

Con reportes de María Celeste Maradiaga y Jennifer Ávila

Fotografía: Fernando Destephen

 

«Es interesante que el narcotráfico no aparezca como problema mayor para el país, en el año del juicio de Juan Orlando Hernández, y aún cuando la población lo identifica como narcotraficante», dijo el sacerdote jesuita Ismael Moreno,  miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), al interpretar los resultados de la última encuesta del sondeo de opinión pública

 

Casi tres meses después de la condena del expresidente por delitos de narcotráfico en Nueva York, la publicación del sondeo arroja luz sobre una gran paradoja de la sociedad hondureña: aún cuando se percibe que el narcotráfico sigue con «mucha presencia» en las instituciones del Estado (el 48 % de las 1,522 personas encuestadas lo afirma), solo el 1 % lo coloca como mayor problema que enfrenta el país actualmente. 

 

Las mayores preocupaciones de la población siguen siendo el desempleo, la crisis económica y la delincuencia, o la inseguridad pero «más asociada con las maras y pandillas que con el narcotráfico», dijo Elvin Hernández, del ERIC-SJ, para explicar esta discrepancia. «Las maras y pandillas son presentadas como el gran problema, el narcotráfico no preocupa tanto porque es el soporte económico de muchas comunidades del país», añadió.

 

Ismael Moreno apuntó a los bajos niveles de escolaridad, a la confianza en las iglesias y a la debilidad institucional en Honduras: «La gente por lo que está ansiosa es por resolver sus necesidades inmediatas, del empleo, de la situación económica y de la seguridad ciudadana, esa es su mayor preocupación; quién se lo resuelva y cómo se lo resuelva no es el problema más importante, incluso, si es un pastor evangelico milenarista, si es un narcotraficante, o si es un populista o si es un demócrata, ese no es el principal problema, lo cual indica bajos niveles de escolaridad y un nivel de conciencia que no le permite políticamente identificar qué es lo que mejor le conviene como persona y como sociedad», explicó.

 

El sacerdote Ismael Moreno durante la presentación del Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ. Tegucigalpa mayo de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Sin embargo, los actores que la población identifica como los responsables de la presencia del narcotráfico en el Estado son también los que gozan de un nível de confianza más bajo. Por ejemplo, los diputados son los principales señalados (17.5 %), y más del 70 % de la población encuestada tiene «ninguna» o «poca» confianza en el Congreso Nacional, así como más del 84 % no confía en los partidos políticos. 

Estos datos revelan una desilusión de la institucionalidad.  En el juicio de Juan Orlando Hernández, más allá de juzgar a un hombre, se juzgó a un Estado en el que diputados, alcaldes, empresarios, policías y militares cooperaron e hicieron uso de recursos públicos para enriquecerse con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. 

 

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Entre los responsables de que el narcotráfico continúe en las instituciones del Estado, la ciudadanía también señala a los policías, los militares, los jueces, magistrados, los empresarios y los fiscales. Con dos fuerzas de seguridad en el top de las instituciones percibidas como más permeables al crimen organizado, no es de extrañar que a la pregunta «¿En cuál de los cuerpos armados del Estado tiene más confianza?», un 33 % de la población contestó «ninguna»

 

En contraste, las instituciones que gozan de mayor confianza son religiosas o asistencialistas. Según el sondeo, el primer puesto lo tiene la Iglesia evangélica, seguida de la Secretaría de Educación y luego por la Iglesia católica. Las escuelas públicas ofrecen diariamente la merienda escolar y las iglesias son muchas veces el único lugar de sociabilidad y apoyo en las comunidades abandonadas por el Estado.  

 

En regiones controladas por el narcotráfico, los capos también realizan obras sociales para ganarse a la población. Ello podría explicar por qué, a pesar de que el sondeo del ERIC se dio entre febrero y marzo de 2024, en pleno juicio de JOH, el 21.4 % de los encuestados piensan que el expresidente no le hizo ningún daño al país. 

 

«Con el juicio de Juan Orlando se estaban revelando los mecanismos de corrupción pública y cómo el crimen organizado estaba en las estructuras de poder a todos los niveles. Es una alerta que la gente considera que sigue presente», opinó la investigadora del ERIC-SJ, Mercy Ayala. 

 

Los problemas de falta de empleo y oportunidades son los que más preocupan a la población, y también las razones por las que casi la mitad de las personas encuestadas pensaron o desearon irse del país. El 55.9 %  menciona la falta de empleo para generar ingresos, y el 29.6% apunta a la situación económica del país. 

 

Esas inquietudes no resueltas por el actual Gobierno desembocan en la poca satisfacción hacia la gestión de la presidenta Xiomara Castro. El 45.9 % considera que el país va peor, y la nota que recibió este año fue aún más baja que el año anterior. En una escala de calificación que va del 0 al 10, recibió un puntaje de 4.23 en 2024, en contraste con el 4.46 que obtuvo en 2023.

 

Con 13 años de existencia, el sondeo nacional del equipo del ERIC, que cubre 16 de los 18 departamentos de Honduras, muestra  tendencias profundas, como el afianzamiento de la Iglesia evangélica o la pérdida de confianza en las instituciones estatales. Para Ismael Moreno, los resultados muestran una «sociedad ansiosa, frágil y polarizada» donde podrían tener cabida proyectos políticos antidemocráticos, con tal de que presenten ofertas políticas que abracen sus necesidades. 


«El peligro de los predicadores de último momento, como de un Milei (actual presidente de Argentina), en una sociedad frágil como Honduras, es posible», vaticinó.

Texto: Persy Cabrera

Fotografías: Fernando Destephen

 

Es la mañana del 11 de mayo y el centro de Tegucigalpa está paralizado por un tráfico que obliga a caminar. Hace mucho calor y el humo producto de la contaminación invade el panorama, una  escena que se repite en varias ciudades del país. Pero en la calle peatonal que lleva hasta el Museo de Identidad Nacional (MIN) nada se detiene: vendedores ambulantes ofrecen camisetas, gafas, sombreros y calcetines, lo que se necesite… Dentro del MIN, el caos se disipa. Después de avanzar por un pasillo, se escucha música y voces; alguien dirige un ensayo; es Lauren Sofía. 

 

Además de los bloqueos creativos, de balancear una vida artística con una carrera universitaria o un trabajo, y la falta de apoyo, los artistas hondureños se enfrentan a la precariedad. Le pregunto a Lauren cómo puede una artista en Honduras ensayar en un espacio así. Porque el MIN es un edificio bonito, grande, caro. Lauren cuenta que la mamá de Marisa, una de las bailarinas con las que ensaya, les apoyó con este espacio. Apunta, sin embargo, que conseguir lugares para presentar y ensayar su música es una de las mayores dificultades que enfrentan los artistas en Honduras. 

 

Lauren nos cuenta que gestionó con la Alianza Francesa para hacer su live debut en 2023, pero que su trabajo no se redujo a presentarse, sino que también tuvo que organizar todo lo administrativo: los cheques, los contratos. Dice que esto a veces la deprime, que la hace sentir como que no es solista exclusivamente en lo artístico, pues siempre tiene que autogestionarse. A veces se cuestiona a sí misma el esfuerzo: «si fuera un país que al menos te escucha», se lamenta. 

 

De acuerdo a datos de Spotify, Lauren tiene 3,425 oyentes mensuales de su música. Esta plataforma también contabiliza a 959 personas, identificando desde qué ciudad la escuchan: ahí se desglosa que un 44 % de ese grupo, o sea unas 424 personas, escuchan a Lauren desde México, en Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México. 

 

Lauren, como la gran mayoría de artistas en Honduras, no vive de la música que crea. Sin embargo, ha encontrado un respaldo para crear sin los altos costos que esto puede acarrear: sus amistades, que le apoyan en la producción de su música y sus vídeos, le permiten seguir creando. «Esa es la meta», dice Lauren, sobrevivir haciendo música.

 

Es por los espacios autogestionados que esta artista de 24 años está ensayando para un evento que, nuevamente, ella misma tiene que construir. Aunque explica que no puede revelar de qué se trata todavía.

 

En el auditorio del MIN, Lauren explica que su proceso creativo-musical está motivado por «lo diario», «las cosas más básicas» y enlista el amor y sus amistades como inspiración. Dice que ha sido una artista muy visual, con letras más inspiradas en imágenes o experiencias que veía a diario, pero que ahora está siendo más directa, que está «casi tirando barras», «casi rapeando», y que solo le falta poner los nombres de personas en sus letras.

 

Rosalía: ese nombre no falta cuando Lauren explica sus influencias. En «Tulipanes», su último sencillo, se percibe claramente el eco de canciones como «Malamente», de la artista catalana. Lauren admira cómo Rosalía trajo el folklore a lo contemporáneo, algo que también le gusta del español C. Tangana. 

 

También menciona a la estadounidense de origen colombiano Kali Uchis, y destaca todo su concepto visual, el «que está haciendo ahorita, que es como de novelas». Nombra además al mexicano Peso Pluma y cómo está «haciendo los corridos contemporáneos». Encuentra en común entre estos artistas la importancia de «arraigarse con la tierra en donde estás, vivirla y representarla», aunque ella misma no se considere una «representante de Honduras» porque, aunque le gusta colocar en su música pequeños detalles del país, quiere cantar sobre «lo que yo soy o lo que yo quiero, algo estético que me representa a mí». 

 

Lauren balancea la música con la arquitectura, carrera en la que ya se encuentra en proceso de práctica profesional y de la que quiere graduarse para hacer felices a sus familiares, dejando claro que esa es su única motivación. Sin embargo, dice que de esta disciplina le «encanta» la rama de patrimonios, que describe como un camino para «saber de dónde venís, para saber dónde estás y a dónde querés ir», y después traerlo a lo contemporáneo, como hizo Rosalía.

Lauren ve como un ejemplo a Jorge Drexler, de quien considera que sigue siendo exitoso por seguir escribiendo milongas o décimas, pero haciéndolo de modo «contemporáneo y minimalista». Tegucigalpa, 11 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Unas cuatro filas abajo de donde está sentada Lauren, hay un celular sostenido en un trípode. Está vigilando, grabando a la distancia las preguntas y respuestas en ese auditorio del MIN, probablemente para hacer contenido para sus redes sociales. Lauren comenta que en TikTok le está yendo muy bien. Ante la falta de los espacios físicos, aparecen los digitales, siempre autogestionados, pero ahí están. 

 

«Le metí bastante como hace dos meses —a TikTok— y subió súper rápido», nos cuenta, y detalla que le alegra recibir mensajes como «mi hija te escucha todas las mañanas». También agrega, con un aparente tono de alivio y sorpresa, que «hate me cae poco, no es tanto».

 

Pienso en los extremos; en las redes sociales, o se pasa desapercibido, o se enfrenta el embrollo negativo de la viralidad, el de los insultos y burlas, y la terrible cotidianidad de la gente en internet: la de insultar, burlarse y atacar a personas que no conocen. Lauren dice que a veces le comentan «no le entiendo a su letra», a lo que ella responde: «no me importa que no le entendás (…) ponele imaginación».

 

Aún así, Lauren recalca que recibe «súper poco hate». 

 

Además de Rosalía, en entrevistas con otros medios Lauren ha mencionado a One Piece, el manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda. Bromea y dice que parece que el hobby de la gente que ve One Piece es recomendar que vean One Piece.  Añade que lo que más le gusta es que para ella no hay «ningún villano y no hay ningún héroe» en esta obra.

 

Seguidamente Lauren agrega otro ingrediente a la conversación: leer a Nietzsche. Ella dice que «es de mente vieja» el que piensa en términos de lo «bueno y lo malo», y que a través de One Piece y de sus lecturas del filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, ha canalizado una cosa: «te das cuenta [de] que lo que importa es la intención de la persona para hacer el “bien y el mal”». 

 

Entonces entiendo que ella ve la importancia de las intenciones también en la música. Por ejemplo, explica que para ella cantar en inglés —como lo hacen sus amistades de Atomic Rose— o en español, solo denota que hay intenciones diferentes, y considera que cuando ella canta en su lengua materna, español, «te sentís como más desnuda ante el mundo». 

Actualmente Lauren cuenta con más de 10,000 seguidores en TikTok y su sencillo «Tulipanes» fue agregado a tres playlists de Spotify en México. Tegucigalpa, 11 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen

Le pregunto a Lauren qué piensa para su futuro; dice entre risas que está trabajando en «algo grande», que al igual que el propósito de su ensayo en el MIN, «no podés poner (en la publicación)». Por ahora está ensayando y ensayando. Pronostica seguir haciendo música con sus amistades, personas clave en sus producciones y que le permiten seguir trayendo el folklore a lo contemporáneo sin gastar mucho dinero,  o casi nada. El último lanzamiento musical de Lauren Sofía fue el EP titulado «Pétalos», que reúne sus sencillos «Orquídea», «Azúcar», «Tulipanes», «Vino tinto» y «Té verde». 

 

Lauren cuenta sobre sus planes, sus sueños, pero me advierte nuevamente que no puedo ponerlos en la entrevista. Lo que sí me confiesa, muy decidida y con los ojos visiblemente esperanzados, es la pasión que siente por lo que hace: «Yo no tengo de otra, yo no tengo de otra que vivir de esto». 

 

Antes de terminar, le pregunto por algunos datos generales, y me dice rápidamente: «Estudio arquitectura, tengo 24 años, tengo un gato que se llama Gato»; y yo agrego que lo seguro es que pronto sabremos más de ella, de todas esas cosas «grandes» que, por ahora, no puedo poner en esta entrevista. 

El 8 de diciembre de 2023, la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma directa un contrato a dos empresas hondureñas de reciente creación por un monto total de más de 583 millones de lempiras. Una de esas empresas, Eyetech Solutions S.A., es una sucursal de la empresa del mismo nombre basada en México cuyo dueño es el exmilitar de inteligencia israelí Yaniv Zangilevitch, amigo personal del presidente salvadoreño Nayib Bukele. 

Texto: Fernando Silva

Portada: Persy Cabrera

 

El jueves 15 de mayo, cuando un vehículo blindado Black Mamba Sandcat recientemente comprado y valorado en más de 13 millones de lempiras, se incendió en la carretera que conduce de Tegucigalpa al norte del país, las redes sociales se colmaron de señalamientos contra las autoridades de la Secretaría de Seguridad que ejecutaron dicha compra de forma directa, es decir sin licitaciones públicas ni privadas.

 

En ese contexto, el representante en Honduras de la empresa que vendió los vehículos, un hombre que se presentó como Leonardo Amador, fue cuestionado en un programa de radio. En la transmisión en vivo apenas mencionó que trabajaba para una empresa llamada Eyetech, y aseguró que cumplirían con las garantías correspondientes; además, desmintió que la empresa fuese de reciente constitución y se excusó de dar más detalles asegurando que por aspectos contractuales no podía dar más información.

 

Lo que Amador omitió en esa entrevista fue que la sucursal en Honduras de Eyetech Solutions S.A. se constituyó en mayo de 2023, apenas siete meses antes de la adjudicación del contrato de 228.3 millones de lempiras por la compra de cuatro drones, dos grip (de los que no hay más información), y diez Black Mamba Sandcat. Además, según el registro de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) la empresa tiene como rubro ofrecer servicios de «seguridad de computadoras, redes o Internet», a diferencia de su casa matriz en México que desde su constitución en 2011 se dedica a ofrecer servicios de protección, vigilancia, seguridad privada y comercialización de equipos de seguridad, actuando también como proveedora del gobierno.

 

Los socios de la empresa en Honduras son los mexicanos José Alberto Zarco y Helen Skeif Nassy, vinculados directamente con la casa matriz en México, cuyo dueño es el exmilitar de inteligencia israelí Yaniv Zangilevitch, quien ha sido señalado por obtener contratos sobrevalorados y opacos en El Salvador y es amigo cercano del presidente de ese país, Nayib Bukele. 

 

¿Quién es Yaniv y porqué se compraron los vehículos blindados a su empresa?

 

Documentos del portal Honducompras, liberados el pasado 17 de mayo, indican que el 31 de octubre de 2023, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, envió una invitación para participar del proceso para la «adquisición de equipo tecnológico especial, modernización y actualización de equipo táctico y sistemas de análisis para diferentes unidades policiales», dirigida a Gilad Pait, de origen israelí, director de operaciones de la empresa mexicana Eyetech Solutions, dedicada según su página web a ofrecer «soluciones en el campo de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia y protección ciudadana»,  con oficinas y proyectos en ejecución en México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

 

Según el documento de resolución, Eyetech fue invitada a participar del proceso por tener un acuerdo de distribución exclusivo en el país de múltiples empresas de seguridad, incluyendo proveedoras de drones de última generación, software de inteligencia, y Epel S.A., una empresa mexicana especializada en blindajes que junto con TPS Armoring tienen la licencia para manufacturar en territorio mexicano versiones de los vehículos blindados Sandcat que pertenecen a la empresa israelí Plasan, entre ellos el modelo Black Mamba Sandcat.

 

Aunque el resto del equipo que compró la Secretaría de Seguridad ha sido omitido en la resolución publicada en el portal Honducompras, las empresas con las que Eyetech tiene acuerdos de distribución podrían dar pistas sobre las adquisiciones que hizo la institución. El documento describe que además de Epel, Eyetech tiene acuerdos de distribución exclusivos con: Cobwebs Technologies, quienes proveen plataformas para investigaciones de inteligencia; Colugo Systems, proveedor de drones militares de última tecnología; y Falkor Vision, proveedor de software de cibervigilancia. 

 

A pesar de que el contrato de estos componentes fue otorgado directamente a Eyetech, según los documentos del proceso, esta empresa incurrió en omisiones de acuerdo con las pautas establecidas en la Ley de Contratación del Estado. Entre estas omisiones se encuentra la falta de presentación de la fotocopia de la constancia de inscripción en el registro de proveedores del Estado, expedida por la Oncae. En respuesta, las autoridades solicitaron la subsanación de este requisito; sin embargo, la certificación fue emitida el mismo 8 de diciembre, día en el que la Secretaría de Seguridad adjudicó el contrato.

 

Otro punto relevante es que Leonardo Amador, representante por Honduras de Eyetech, es ejecutivo de tecnología y su experiencia parece lejana a la venta de equipo de seguridad de este tipo. Sin embargo, tras toda esta operación se encuentra Yaniv Zangilevitch, un exmilitar de inteligencia israleí que presumió en su perfil de Linkedin la venta de los equipos a la Secretaría de Seguridad hondureña. 

Yaniv es amigo personal del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Publicaciones de los medios El Faro y Factum señalaban en enero de 2023 que el mandatario incluso fue invitado a la boda del empresario realizada en febrero de 2020 en Acapulco, México. En el evento, Bukele pronunció un discurso en el que hizo alusión a su cercanía. Las publicaciones de los medios salvadoreños también mencionan una serie de contratos que le fueron adjudicados a Eyetech Solutions para proveer equipo y software para espiar a ciudadanos al margen del control judicial, y un contrato con la alcaldía de San Salvador para proveer miles de cámaras de seguridad en esa ciudad, todo a pesar del claro conflicto de interés existente.

 

La conexión directa a nivel de socios entre Yaniv y la empresa hondureña que se constituyó en 2023 se concreta con la presencia de Jose Alberto Zarco Gomez y Helen Skeif Nassy quienes operan como delegados de la asamblea de la empresa basada en México. Según la revista Proceso de México, la empresa que dirige Yaniv también ha vendido cientos de millones de pesos de tecnologías de vigilancia al gobierno federal y a varios gobiernos locales de ese país. Según Proceso, Eyetech Solutions también distribuye en México productos de empresas vinculadas a Israel, como Circles, una compañía que se fusionó en 2014 con la israelí NSO Group, conocida por vender licencias del software de espionaje Pegasus.

 

Pero, ¿cómo llegó Yaniv ha ser favorecido con un contrato multimillonario en Honduras? Los gobiernos de Xiomara Castro y Nayib Bukele han demostrado una gran cercanía. El 3 de marzo de 2023 el asesor presidencial y ex presidente Manuel Zelaya Rosales, y su hijo y secretario privado de la presidenta Hector Zelaya, se reunieron con el presidente Bukele y dialogaron sobre «proyectos binacionales, canal seco, unión aduanera y (temas) migratorios». Luego, el 3 de junio de 2023, Hector Zelaya se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, quien ha sido señalado por medios de comunicación de su país y por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas.

 

Marroquín y la oficina que dirige son parte esencial del plan de control territorial impulsado por Nayib Bukele y bajo el cual El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 22 de marzo de 2022. Un estado de excepción que Honduras también replicó y que se usó como justificación para permitir, a través de un acuerdo ejecutivo, la compra directa de este equipo de seguridad por la institución que dirige Gustavo Sánchez. 

 

El estado de excepción en Honduras lleva vigente más de 500 días, y sus resultados son cuestionados por diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que señaló en un informe reciente que solo un caso de cada diez que se procesan reciben sentencia. Además, una investigación de Contracorriente evidenció múltiples denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos que se han presentado contra las fuerzas de seguridad en el marco del estado de excepción. Este miércoles 22 de mayo la Secretaría de Seguridad anunció la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales por 45 días más.

 

Compras directas e información oculta en la Secretaría de Seguridad

 

La vigencia del acuerdo ejecutivo en el que la presidenta y el consejo de ministros permitieron las compras directas a la Secretaría de Seguridad tenía vigencia hasta el 31 de dicembre de 2024; sin embargo, tras una publicación en la que Contracorriente señaló las contradicciones entre la compra y cooperación entre Israel y Honduras, y las posiciones del Gobierno hondureño con respecto a la guerra en Gaza, a la que abiertamente el asesor y expresidente Manuel Zelaya ha llamado genocidio; el canciller Eduardo Enrique Reina publicó un carta pública en la que anunció que el acuerdo se suspendía y que «el Estado de Honduras no permitirá convertirse en parte de la falacia del libre mercado que irrespeta la dignidad y la vida de la persona humana».

 

En una entrevista realizada por este medio a Eldad Golan, embajador de Israel en Honduras, apuntó que esta compra se realizó en seguimiento a diversas colaboraciones que se han concretado entre ambos países desde el inicio de la gestión de la presidenta Castro, incluyendo el envío de policías de alto rango para capacitaciones en Israel. 

 

Además, Golan aseguró que vendrá al país más equipo de seguridad israelí para «ganar la batalla contra el narcotráfico», y que seguirán equipando a la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Nacional. Asimismo, apuntó que aunque la venta de estos vehículos no es exclusivamente israelí, son ellos como Estado quienes regulan el alcance de estos contratos y reciben el beneficio de los impuestos recaudados por la venta. 

 

Golan también explicó en ese momento que quien maneja mayores detalles sobre los contratos y colaboraciones en términos de seguridad entre Israel y otros países de la región es la agregaduría militar de Israel en la embajada de ese país en México, liderada por Amir Shalom Contracorriente buscó a funcionarios de esa representación diplomática pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

 

A pesar que la Secretaría de Seguridad se vio obligada, tras la presión de medios de comunicación, a subir la información del proceso de contratación en el que se incluía la compra de los vehículos blindados, el contrato que consta de al menos 19 componentes y está valorado en 583,394,095 lempiras, no es completamente transparente.

 

La Secretaría de Seguridad omitió las compras que realizó a otra empresa hondureña llamada Honduras Technology S.A de C.V cuyo rubro, según la ONCAE, es la venta de fotocopiadoras, impresoras multifunción, paquetes modulares de la recepción de oficinas, y mantenimiento y reparación de equipo de computación. A esta empresa se le contrató por un monto de 355.1 millones de lempiras sin que la población pueda conocer con exactitud en qué consistió la adquisición.

 

Además, la información que ha proporcionado la Secretaría de Seguridad sobre la compra de los vehículos blindados es contradictoria, por un lado un documento oficial de la Secretaría de Seguridad presentado a finales de enero de 2024 ante la Secretaría de Finanzas confirmó que en 2023 se compraron las 15 unidades anunciadas por Sánchez, por un costo total de 195,787,500 lempiras, es decir, cada Black Mamba Sandcat le costó a Honduras un total de 13,052,500 lempiras (526,573 dólares); y por otro lado, los documentos de esta adjudicación indican que solo se compraron 10 unidades de los blindados por ese precio.

 

Un reporte de diario El Heraldo señala que TPS Armoring –proveedor principal de los Black Mamba Sandcat en México– aseguró que el precio del equipo de seguridad era de 11.5 millones de lempiras, por lo que la diferencia en el precio total de la adquisición con Eyetech como intermediario es de 15 millones de lempiras.

 

Contracorriente consultó a los representantes de ambas empresas sobre los contratos que firmaron con la Secretaría de Seguridad, y anteriormente al ministro Gustavo Sánchez; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota no hubo respuesta. 

Fotografías y texto: Fernando Destephen 

 

Una densa capa de humo cubre gran parte de Honduras, resultado de los 2,568 incendios forestales que se han registrado en lo que va del año.  El aire tiene un fuerte olor a quemas agrícolas, el personal médico registra un aumento en las atenciones por emergencias respiratorias, los edificios apenas se vislumbran a través de la neblina tóxica, algunos aeropuertos han estado inoperativos y nueve de los 18 departamentos del país muestran un ambiente de aspecto fantasmal, lo que los mantiene en alerta roja y amarilla.

A esta situación se suman las partículas de polvo por las construcciones y el humo de los automóviles, creando una atmósfera irrespirable. La falta de viento contribuye a que este espeso manto de contaminación no se disipe, y la alta humedad del ambiente agrava aún más la situación. 

El 21 de mayo, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) informó vía X que había 28 incendios forestales activos, mientras que el día anterior la cifra fue de 50 incendios.

 

Cristian Sevilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, dijo que esta institución  se encuentra combatiendo incendios forestales, pero que solo laboran en las zonas donde hay una estación de bomberos, y en todo el país apenas hay 44; «por eso es que los bomberos casi no manejan número de hectáreas, número de incendios que van en el año, porque no participamos en todos», explicó. También aclaró que es el Instituto de Conservación Forestal (ICF) quien tiene la potestad de la investigación y la acusación judicial, cuando corresponda.

 

Sevilla señaló que mientras no llegue la lluvia estos incendios van a seguir aumentando en todo el territorio nacional. Además, recalcó que las fuentes de agua son una constante preocupación para el Cuerpo de Bomberos, porque no están produciendo agua debido a la sequía de los terrenos. Detalló que por esa razón los incendios se combaten con agua potable. «Esos 5 mil o 10 mil galones que se utilizan [para apagar]  un incendio es agua que ya no va a llegar a una comunidad, donde tal vez llevan unos 15 días sin el servicio», lamentó.

La capa de humo que cubre el Distrito Central ha llevado a suspender clases en el sistema educativo y a la modalidad de teletrabajo para una parte de la burocracia, aunque el tráfico vehicular ha reducido muy poco. Tegucigalpa, mayo de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Para Honduras el 2023 fue el año más letal en cuanto a incendios forestales, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que además reveló que existe un  un 97 % de impunidad en cuanto a los delitos ambientales.

 

Por el momento, las lluvias son lo que esperan las autoridades para que reduzcan esta densa capa de humo. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pronosticó que este jueves, viernes y sábado habrá lluvias y chubascos en varias partes del país, pero advierten a la ciudadanía que no se expongan a estas lluvias ni utilicen el agua por su toxicidad.

En el Congreso de Guatemala hay padres y madres que son diputados y, al mismo tiempo, compañeros de bancada de sus hijos. También hay hermanas, sobrinos y de entre todos esos clanes familiares sobresale Sofía Hernández, una diputada y ex vicepresidenta del Congreso señalada en la Lista Engel y otrora pieza de confianza en el gobierno y el partido Vamos de Alejandro Giammattei. Ahora, mientras el gobierno de Bernardo Arévalo promete que erradicará los grupos de poder en el Ejecutivo, los parientes de la diputada mantienen sus puestos en dependencias de gobierno, mientras ella y sus hijos ocupan cargos de elección popular en el Congreso y el Parlamento Centroamericano. 

Por Jovanna García

A la diputada Sofía Hernández ya no es usual verla caminar sobre la octava avenida de la zona 1, en el Centro Histórico. Aunque las calles aledañas al Congreso de Guatemala ya no están cerradas con vallas ni resguardadas por agentes policiales, como lo estuvieron debido a las protestas y plantones de finales de 2023, la diputada “tiene miedo”, asegura un asesor de Vamos, su partido, que habla con la condición de anonimato. Y no es para menos. El 15 de noviembre pasado, cuando Hernández salió del Congreso en busca de su vehículo, una turba se abalanzó sobre ella luego de que, junto a una mayoría de diputados de la legislatura saliente, eligieron a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las 46 Salas de Apelaciones del país. “¡Corrupta! ¡Ahí van las ratas!”, le gritaban a Hernández, que intentaba protegerse la cabeza mientras le lanzaban garrotazos, piedras y botellas.

En Guatemala, desde hace más de una década, la protesta contra un sistema político y de justicia ‘secuestrado y cooptado’ por grupos de poder señalados por graves actos de corrupción ha sido una constante. Aquella votación, de hecho, fue vista como un nuevo capítulo en el blindaje al que se aferran los grupos que fueron investigados por la expulsada Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). También fue vista como una maniobra  frente al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones con un discurso de confrontación contra ese status quo que cuenta, en el Congreso, con voceros como la diputada Hernández.

Esta dos veces primera vicepresidenta del legislativo ha hecho crecer su carrera en los últimos 12 años bajo la sombra de denuncias de irregularidades y presuntos vínculos con el narcotráfico. Las confesiones en Guatemala y Estados Unidos de su hermano (asesinado en 2022) y de un sobrino -en las que aceptan sus vinculaciones a “Los Huistas”, una organización del narcotráfico que opera en el occidente del país- la ponen en la mira. Sin embargo, el Ministerio Público nunca la ha señalado con ningún hecho de narcotráfico, pero sì está incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado “por socavar instituciones democráticas” al utilizar su posición “para intimidar a oponentes políticos”, solicitar sobornos y amenazar con los propósitos legítimos del Congreso para beneficio personal.

Pero nada de esto ha detenido su ascenso político, del que también se sigue beneficiando su núcleo familiar, aún en el gobierno de Arévalo.

En las elecciones generales celebradas a mediados de 2023, la diputada Hernández logró que su partido, Vamos, el partido del expresidente Alejandro Giammattei, también sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción, colara a una de sus hijas como candidata al Parlamento Centroamericano y a otro de sus hijos como candidato al Congreso. Huehuetenango reportó más de 670 mil personas empadronadas para votar y los Hernández ganaron con una mayoría en el departamento en el listado distrital, siendo el primer puesto con 80,568 votos. Con una diferencia de casi 30,000 del segundo, que fue el partido UNE. El pasado 15 de enero, Hernández se juramentó en su nuevo periodo como diputada como también lo hizo su hijo, Erick Martínez. 

Sofía, Filomeno y Erick Hernández en un mitin en Huehuetenango. Foto: Partido Vamos Huehuetenango

Huehuetenango es el tercer distrito electoral más grande en Guatemala. Desde hace décadas, además, es un enclave para la migración irregular y el crimen organizado por su colindancia fronteriza con México. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por cada 100 mil habitantes en un distrito, se permite un diputado. Este departamento tiene la posibilidad de colocar 10 diputados y en 2023, de los que cuatro llegaron por el partido Vamos, coincidentemente, los otros dos también son padre e hijo: Joél Rubén Martínez Herrera quien ha sido diputado por cinco legislaturas consecutivas (20 años) y su hijo, Christian Joél Martínez Juárez, quien ejerce su primer período. En la Centroamérica actual, una madre y un hijo, un padre y un hijo, son compañeros de bancada en el Congreso guatemalteco.

 

Sofía Hernández y su hijo Erick Martínez se sientan lado a lado en el hemiciclo parlamentario, pero tienden a guardar las apariencias.  Regularmente es Erick quien ingresa temprano y, cuando su madre llega al pleno, intercambian alguna que otra mirada o documentos, pero conversan poco.  En el Congreso en el que los diputados del partido Semilla buscan marcar una diferencia (son la tercera fuerza en medio de un congreso dominado por los partidos tradicionales), hay 12 diputados que comparten apellidos y sangre, siendo hijos, hermanos, padres o madres de sus colegas de facción.


De entre estos seis clanes, en el que también figuran las hijas de Sandra Torres, la ex primera dama de Guatemala que perdió con el partido UNE el balotaje frente a Arévalo, destaca el clan de los Hernández, con Sofía, la madre, a la cabeza.

 

La diputada de Santa Ana Huista

 

Sofía Jeanetth Hernández Herrera es originaria de Santa Ana Huista y tiene 57 años, 13 de los cuales los dedicó al Ministerio Público (MP) como encargada de la Oficina de Atención a la Víctimas. Según su curriculum, es licenciada en psicología con enfoque social de la Universidad de San Carlos (USAC) y también tiene un postgrado en victimología de la Universidad de la Florida.

Llegó al Congreso en 2012 con el respaldo del Partido Patriota (PP), un partido de ideología liberal y democrática. Esta organización posicionó al militar en retiro Otto Pérez Molina en la presidencia y a Roxanna Baldetti en la vicepresidencia. En su primera participación en las Elecciones Generales de 2011, el PP obtuvo 79,877 en Huehuetenango y obtuvo cuatro diputados. Hernández Herrera ocupaba la tercera casilla. Como integrante de este Congreso, está vinculada a una votación mayoritaria, a cambio de sobornos, a favor de la constructora brasileña Odebrecht. Según el testimonio del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, revelado por Redacción Regional y No-Ficción, el PP fue protagonista en una de las mayores tramas de corrupción de Guatemala y Latinoamérica.

Hernández en un mitin de campaña del Partido Patriota en 2011 en La Democracia, Huehuetenango. Foto: Facebook Sofía Hernández

En 2015, Pérez Molina depuso su cargo y ahora está condenado por corrupción, al igual que quien fuera su vicepresidenta, aunque Baldetti también tiene desde 2017 una solicitud de extradición pendiente por narcotráfico a solicitud de Estados Unidos. Acabado el PP, Hernández encontró hueco en otros dos partidos. Su primera reelección en 2015 fue con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), un partido de centro-izquierda que respaldaba la candidatura presidencial de Manuel Antonio Baldizón, condenado por Estados Unidos en 2019 cuando se declaró culpable acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

 

En las Elecciones Generales de 2019, Hernández Herrera ganó otra diputación con Unión del Cambio Nacional (UCN), que respaldaba en ese momento a Mario Amílcar Estrada Orellana para la presidencia. De nuevo, las acusaciones por narcotráfico a su alrededor aparecieron, pues Estrada fue condenado en 2020 por conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

 

Durante la campaña presidencial de Estrada, en 2019, se reveló que intentó solicitar financiamiento de carteles internacionales de la droga. La embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que Estrada y un acompañante prometieron apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de financiamiento para su campaña y favores si llegaba a la presidencia. Wikileaks catalogó a UCN como un partido “narco” en un cable de la Embajada de Estados Unidos filtrado a Plaza Pública. 

 

Aunque Hernández es diputada desde 2012, y ha construido su poder político cambiando de banderas, su poder local se reforzó en el último gobierno, gracias a una alianza con el expresidente Alejandro Giammattei. En las últimas elecciones, el caudal de la diputada ha podido sortear incluso el rechazo popular en su terruño, en el que incluso ha  sido declarada non grata por la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango.

Toma de posesión de Alejandro Giammattei, como presidente de la República el 14 de enero de 2020. A la derecha figura Hernández al lado del exvicepresidente Guillermo Castillo, en medio Giammattei y a su izquierda, el diputado Allan Rodríguez. Foto: Gobierno de Guatemala

Durante el mandato de Giammattei, la legisladora emergió como una figura crucial en la toma de decisiones en el Congreso y fue nombrada como la primera Vicepresidenta, mientras que el diputado Allan Rodríguez de Sololá ocupaba la presidencia. 


El expresidente Giammattei incluso otorgó a Hernández un privilegio inusual: la oportunidad de participar en actividades del Ejecutivo siendo congresista. Desde inauguraciones de obras hasta reuniones con alcaldes y fiscalizaciones; su presencia era equiparable a la mano derecha del presidente en Huehuetenango, porque, en realidad, lo era.


Según un reportaje de Plaza Pública, Hernández se había procurado contactos en ministerios y dependencias clave del Estado para poder controlar la agenda de proyectos en el departamento. Siendo congresista y vicepresidenta, en la legislatura anterior ocupó las comisiones de Desarrollo Social y Turismo. Asimismo, las comisiones de Seguridad Alimentaria, Reformas al Sector Justicia, Comunicaciones y Economía, estas dos últimas junto con su hija Karla Martínez, y de Educación y Agricultura, junto con su hijo Erick Martínez.



“Los Hernández están en todo el Estado”


En las Elecciones Generales 2023 cinco Hernández ganaron un puesto de elección popular. Junto a la diputada y su hijo doctor, la médica estética Karla Andrea Martínez Hernández ganó una curul en el Parlamento Centroamericano, ese congreso regional no vinculante en el que se reciclan funcionarios guatemaltecos y centroamericanos que gozan de inmunidad y privilegios. 


Fuentes cercanas a la familia cuentan que la diputada Hernández pidió al partido un cambio para su hija: pasar del Congreso, un lugar tenso y expuesto al ojo público, a otro espacio donde pudiera tener una vida “tranquila” para dedicarse a su familia. Hasta 2023, madre e hija habían sido colegas en dos legislaturas. 


La diputada Karla Andrea Martínez está casada con el recién destituido embajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime José Regalado Oliva. Exdiputado, Regalado Oliva aparece mencionado en un informe de InSight Crime que perfila la relación entre el Cartel del Golfo y Los Regalado, una familia de terratenientes en Petén. El nombre del exembajador también figuró en 2018 cuando las autoridades capturaron, en una propiedad vinculada a su nombre, al colombiano William Darío Molina Ruiz, investigado por lavar Q53 millones ($6.8 millones). En 2019, Molina Ruiz fue liberado bajo fianza pero en 2021 fue ligado a proceso. 


Juntos, Jaime y Karla tienen una hija pequeña de dos años a quien llamaron Sofía, como su abuela, y esperan el nacimiento de su segundo hijo, Jaime.


El cuarto de los Hernández en obtener un puesto de elección popular es el alcalde de Santa Ana Huista (Huehuetenango), Filomeno Hernández Herrera. Él es el otro hermano de la diputada y gemelo de Henry Hernández, acusado por narcotráfico y asesinado en 2022. Filomeno Hernández es uno de los 132 alcaldes (de un total de 340) que Vamos logró en todo el territorio nacional, el partido con más comunas en todo el país. Hernández Herrera  ya había sido alcalde de la localidad en el período 2016 – 2019 con el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el mismo que llevó a su hermana al Congreso en ese período.


El quinto miembro del clan con cargo público es su sobrino Jorge Juan Gualberto de León Herrera, quien fuera el gobernador departamental de Huehuetenango en 2020, gracias a una negociación con el entonces presidente Giammattei. En los últimos comicios, De León Herrera alcanzó el puesto de concejal 1 en la alcaldía de Huehuetenango, dirigida por el alcalde Gustafo Adolfo Cano Villatoro, también del partido Vamos.

Cierre de campaña electoral de Vamos en Huehuetenango el 18 de junio de 2023. En primer plano, el ex gobernador De León sostiene una gorra roja al dar unas palabras. A su derecha, la diputada Hernández y el alcalde Cano. Foto: Facebook Sofía Hernández

Pero los Hernández no ocupan cargos solo por elección popular. Los más de 12 años que Sofía Hernández lleva cimentando su poder político, ha logrado ubicar a sus familiares y amistades en distintas dependencias y poderes del Estado. En el árbol genealógico Sofía es la líder, quien mayor experiencia tiene y a quien sus familiares respetan y obedecen.


“Sus hijos hacen lo que ella diga, la decisión de en qué listado se van a postular, es una decisión de ella a nivel familiar y a nivel partido. Y todos saben que las decisiones las toma ella. Los Hernández están en todo el Estado”, dice una fuente cercana a la familia que prefiere mantenerse en anonimato.


Pese a que el presidente Bernardo Arévalo anunció, en el marco de un acto por sus 30 días de Gobierno, que al menos 878 personas fueron retiradas de cargos de la administración del Estado por considerarse plazas fantasma o con indicios de corrupción en la contratación, los familiares de Sofía Hernández aún se mantienen en sus cargos. El nepotismo no es considerado para este clan, pese a que la prensa y organizaciones como Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, han documentado la influencia de la diputada en la designación de cargos a sus familiares.


Su hermana, la enfermera Nury Edith Hernández Herrera de Guevara, hasta la última planilla de marzo continúa siendo Directora Técnica en la Coordinadora Departamental de Huehuetenango de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), quien en  2020, a inicios del gobierno de Giammattei, trabajó también en Huehuetenango como consultora en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).


Su exesposo, Edward Geobany Martínez Féliz, también mantiene su puesto como director Técnico en la Oficina de Control de Área de Reserva Territoriales del Estado (OCRET) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), esto según la última planilla registrada.


“Creemos que el clan de Sofía Hernández, porque la identificamos como la cabeza del clan, sigue controlando muchas cosas principalmente por sus diputaciones, el trabajo con municipalidades, con los Codedes y creemos que el gobierno en solitario no tiene la capacidad de desarticular estos clanes. Su lógica es muy departamental y creemos que ahora están en un proceso de mutación, de cambio, no se disuelven, siempre buscan nuevos actores”, plantea a la Redacción Regional César Vega, investigador y director de Acción Ciudadana.


Para Vega estos clanes también son poderosos debido al tiempo que tienen de existir y también por la ausencia de leyes en contra de prácticas de nepotismo. La única alternativa para debilitarlos, plantea, es a través de nuevas propuestas políticas desde grupos ciudadanos con capacidad para disputar esos poderes locales y de investigar, evidenciar y denunciar todo aquello en lo que se puedan encontrar anomalías.  


Santiago Palomo, director ejecutivo de la recién estrenada Comisión Nacional contra la Corrupción, una oficina adscrita al poder ejecutivo, señalan que han descubierto que «existen sistemas creados con el único objetivo de beneficiar a minorías corruptas». Estas redes de poder, según él, se han convertido en una práctica ‘perversa’ y ‘dañina’ y tienen el compromiso de erradicarlas. El funcionario asegura que entre ministerios, secretarías y demás dependencias han presentado más de 80 denuncias ante el Ministerio Público, la entidad encargada de investigar estos hechos.


Las redes de poder de los Hernández aupadas por Giammattei


En 2016, el periodista Mauselio Hiram Martínez ganó la gobernación departamental de Huehuetenango. Ojoconmipisto lo entrevistó y declaró que al asumir la gobernación, al menos cinco diputados se le acercaron, entre ellos la diputada Hernández. Aunque Martínez dijo entonces que la diputada no intentó ejercer ningún tipo de presión sobre él, más adelante la denunció junto a su asistente, Luis Vásquez, por tráfico de influencias ante el Ministerio Público.

Según Martínez, había sido presionado para pagar por obras incompletas o incluso inexistentes, que podrían considerarse como pagos irregulares. Se estima que alrededor de Q45 millones (más de 5.7 millones de dólares) se destinaron a trabajos que no cuentan con una adecuada auditoría.

En ese entonces, Hernández negó la acusación y dijo estar sorprendida. Era septiembre de 2016 y la primera solicitud de antejuicio en su contra se había interpuesto por este señalamiento, pero Martínez se retractó de la denuncia y la desestimó ante el Ministerio Público, según consta en un audio que Sofía Hernández publicó en la época, en su cuenta de Facebook, en su defensa. “Ellos creyeron que lo que yo les había manifestado daba lugar para que se hiciera una denuncia (…), vino un abogado y firmé una carta de desistimiento”, se escucha en el audio. En marzo de 2017, Martínez fue destituido por baja ejecución presupuestaria pese a que datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) reflejaron que la gestión de Martínez, junto con la de otros tres gobernadores relevados, se encontraba entre las diez primeras en términos de mayor erogación de recursos, según un reportaje de Plaza Pública.

Al cargo llegó Julio Rene Calderón Flores, que también fue retirado por señalamientos de estafa. Según el medio local El Cuarto Poder, Calderón Flores fue sentenciado a cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios ($1.29) en el caso. En su lugar fue nombrado Pedro Regino Gómez Martínez, pero tampoco se mantuvo mucho tiempo en el cargo.  Hasta 2020, el gobernador departamental de Huehuetenango fue cambiado al menos cuatro veces.  

El orden se impuso con la llegada del gobierno de Alejandro Giammattei: en el cargo fue colocado un sobrino de la diputada Hernández: Jorge Juan Gualberto de León Herrera, un joven ingeniero forestal con una maestría en desarrollo, quien trabajó los diez años anteriores como asesor en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Huehuetenango, entidad donde también tiene un puesto el exesposo de la diputada.

En la terna enviada por la sociedad civil del departamento en 2020 fue el que obtuvo mejor puntuación, pero esto no era una sorpresa según activistas indígenas del territorio: su tía había negociado su puesto con la sociedad civil, aseguran.  Al sobrino y a su pariente, la diputada, los unía también una donación en campaña. En 2019, en la campaña electoral, su sobrino efectuó un aporte simbólico de Q6,692 al partido UCN.

Ahora como concejal 1 de Gustavo Adolfo Cano, alcalde reelecto, de León Herrera es el responsable de vigilar que las decisiones en la municipalidad sean acorde “a lo que su tía diga”, asegura un trabajador de la municipalidad que trabaja en cercanía con Cano.  Los Hernández y el alcalde ya han colaborado desde el pasado gobierno, dado que la familia, a través de la gobernación, y el alcalde, tenían la realización de obras y proyectos en común. 

Aunque no terminó el período como gobernador, su sobrino fue una figura importante para reforzar el poder local y a su tía se le vio en varias ocasiones inaugurando obras en las que no podía tener nada que ver más que por su rol de fiscalización como diputada.

La diputada también acompañó durante meses las giras del expresidente Giammattei adjudicándose el alcance de varias obras de cara a los comicios de 2023. Sus favoritas, los tramos de carreteras. “El día de hoy estuve presente en la reunión en conjunto con el presidente Dr. Alejandro Giammattei para fiscalizar la puesta de la primera piedra en el tramo carretero de 8.8 km de carretera de San Pedro Necta, Huehuetenango. Esperamos pronto se dé dicha construcción de tan irreparable cuadro carretero en mal estado, es por ello que he estado fiscalizando y que los trabajos sean de una buena calidad”, escribió en su cuenta de Facebook el 3 de julio de 2020. Pese a que en su momento la carretera tuvo mejoras, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó grietas y daños de gran proporción en noviembre de 2023

Hernández ve con decepción las condiciones de las carreteras de su departamento, señala que en sus fiscalizaciones ha encontrado que a Huehuetenango no se le ha dado prioridad desde el año pasado y le preocupa por ejemplo, el abandono del tramo carretero de La Mesilla, un tramo fronterizo con Chiapas, México, en donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación con el que Los Huistas trabajan en Guatemala. “Estoy pidiendo avances físicos y financieros. Mis hallazgos es que muchas carreteras de Huehuetenango no tienen presupuesto desde marzo del año pasado y por eso muchas empresas tomaron la decisión de parar las obras hasta ver certeza de este gobierno. (…) Por ejemplo, la ruta de Huehuetenango cabecera hacia La Mesilla, es un trabajo que se dejó a medias por falta de asignación de presupuesto y es una ruta muy transitada, por más de 23 municipios. Es importante, pero no hay avances”, dijo a Redacción Regional.

La llegada de Arévalo y la disputa por Huehuetenango


El 30 de enero pasado, apenas dos semanas después de su juramentación, el presidente Bernardo Arévalo dio inicio al proceso de gobernador departamental cambiando las reglas del juego para procurar, según dijo, elecciones transparentes y con la mayor participación posible. 


Los gobernadores departamentales, encargados de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede), históricamente han visto el presupuesto de los Consejos determinado por negociaciones entre el Ejecutivo y miembros del Congreso, convirtiéndolos en fichas de trueque en acuerdos políticos. Según un reportaje de No-Ficción, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, se destinaron casi Q11 mil millones ($1,415 millones) al sistema de Consejos, consolidando el poder de Vamos en las alcaldías para las elecciones de 2023.


Las ternas propuestas al presidente (compuestas por tres titulares y tres suplentes) son seleccionadas por una  junta receptora integrada por representantes de la sociedad civil y en Huehuetenango esta fue integrada por 10 personas.


El 22 de febrero, tras una jornada que duró 12 horas, el Codede conformó una terna que fue cuestionada por medios de comunicación y en redes sociales e incluso con comunicaciones oficiales dirigidas a Arévalo. Según las denuncias, la conformación de las ternas estaba amañada. Fuentes locales que participaron del proceso relatan que, durante las elecciones, los representantes de sociedad civil se retiraron por al menos cinco horas para votar y deliberar de forma secreta quiénes serían las personas designadas para las ternas, poniendo en primeras posiciones a dos cartas vinculadas al clan de la diputada Hernández.


Esta vinculación nace de la presencia como representante de la sociedad civil ante la gobernación, de una cuñada de la diputada. Se trata de Lisbeth Noemí Castillo, esposa de Filomeno Hernández, el alcalde de Santa Ana Huista. Castillo tiene este rol desde 2022 por la Organización de Mujeres Sanjuaneritas ante el Consejo Departamental de Desarrollo y en redes sociales elogia constantemente el trabajo de su cuñada. Según comunitarios, Castillo fue la encargada de negociar la inclusión de allegados a Los Hernández en la terna. 

Lisbeth Noemí Castillo abrazada a su esposo, el alcalde de Santa Ana Huista, Filomeno Hernández. Foto: Facebook Lisbeth Noemí Castillo

El 20 de marzo pasado, tras recibir diversas expresiones de rechazo a varias ternas, Arévalo nombró solo a ocho gobernadores y devolvió 14 ternas por no cumplir con los criterios de idoneidad para el cargo. Entre estas estaba la de Huehuetenango. El Codede debía enviar nuevas ternas con nuevos aspirantes, pero no lo hizo. Ante esta situación, el presidente eligió, el pasado 29 de abril, a Elsa Hernández de la lista de expedientes recibidos, y fue juramentada como gobernadora del departamento. Hernández, una mujer maya mam que contó con el apoyo de las comunidades indígenas durante el proceso, fue celebrada el 11 de mayo en el municipio de Santa Eulalia con marimba y comida en honor a su nombramiento.

 

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Han pasado seis meses desde que la diputada Sofía Hernández fue agredida en las afueras del Congreso. En una entrevista telefónica con este medio, comparte su versión de las múltiples acusaciones en su contra. Habla despacio, pero con fluidez, manteniendo una actitud amable y sin perder la compostura a pesar de los cuestionamientos sobre asuntos que considera difamaciones. Afirma que ha construido su carrera con esfuerzo. Al ser consultada sobre la elección del nuevo gobernador de Huehuetenango y la participación de su cuñada en las deliberaciones, niega haber estado involucrada y sostiene que los señalamientos en su contra son difamaciones de sus detractores. “Yo no metí nada… (ríe) Traté la manera de no meterme en nada, de ser respetuosa. Los gobiernos sólo duran cuatro años y lo que nos interesa es que vayan avanzando”, dijo.

Sofía Hernández en una reunión de fiscalización con funcionarios del Ministerio de Finanzas y alcaldes de Huehuetenango para pedir cuentas acerca de la ejecución presupuestaria de la Gran Cruzada Nacional por la Desnutrición. Foto: Congreso

La diputada incluso rechaza que el ex gobernador del departamento sea su pariente, aunque sea hijo de una prima materna. “Lo del anterior gobernador es rumor”, dice. Y luego apunta de nuevo hacia el gobierno: “a este gobierno yo la verdad le digo que he tratado de darle el espacio y el beneficio de la duda; para darle su tiempo para que inicien con todos los procesos relativos a lo que es la ejecución del presupuesto. Me interesa que llegue el desarrollo a mi departamento. Siempre hemos dicho que vamos a apoyar a cualquier gobierno cuando se vea reflejado el presupuesto en el departamento”.

 

Para Hernández  los señalamientos acerca del crecimiento de su familia en el Estado y la vinculación de miembros de su familia con Los Huistas son campañas de desprestigio en su contra por su ‘liderazgo como mujer’. “Mi pecado es haber nacido allá (Santa Ana Huista). Sí, yo nací allá, pero me vine a la capital a los 13 años. Aquí estudié, aquí me formé y nunca regresé a mi municipio hasta 2002, después de mi divorcio, a trabajar como psicóloga en atención a las víctimas en el Ministerio Público. No tengo denuncias de nada, han sido señalamientos espurios”, dice.

 

La diputada añade, confiada, que no detendrá su agenda “desarrollista”. “Soy una mujer de trabajo. Mientras la gente me elija yo voy a seguir trabajando”. 

 

Pero por lo pronto,  dice, prefiere no llegar al Congreso cuando afuera del palacio legislativo hay manifestaciones. Cuando miro que hay mucha gente en el Congreso, prefiero no ir porque me da miedo. Solo que sea muy necesario voy, de lo contrario tengo mi oficina en la Casa de la Cultura y ahí es donde trabajo.  Si está tranquilo, solo me atravieso caminando. Hay gente de la oficina y la bancada que me acompañan”. 

El análisis de dos proyectos de créditos de carbono en la Amazonía brasileña halló que podrían estar relacionados con el blanqueo ilegal de madera. Antes del análisis, ya se habían suspendido planes de gestión forestal en esas áreas por el mismo problema. Los proyectos pertenecen a Ricardo Stoppe Jr, conocido por ser el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil, quien ha ganado millones de dólares vendiendo estos créditos a empresas como Gol Airlines, Nestlé, Toshiba, Spotify, Boeing y PwC; su socio en uno de los proyectos fue condenado por blanqueo de madera hace seis años. Sus proyectos REDD+ fueron desarrollados por Carbonext, conocido como el mayor proveedor de créditos de carbono de Brasil, y certificados por Verra, uno de los mayores registros de mercados voluntarios de carbono del mundo.

 

Por: Fernanda Wenzel (Mongabay Brasil)

 

Dos grandes proyectos de carbono en la Amazonía brasileña, cuyos créditos se han vendido a empresas como Gol Airlines, Nestlé, Toshiba y PwC, podrían haber sido utilizados para blanquear madera procedente de zonas deforestadas ilegalmente. 

La conclusión procede de un análisis del Center for Climate Crime Analysis (CCCA), una organización sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos y fundada por fiscales e investigadores, que indaga  a los emisores de gases de efecto invernadero que modifican el clima. Las autoridades brasileñas ya habían iniciado investigaciones por posible blanqueo de madera en las zonas cubiertas por el análisis del CCCA, que dieron lugar a la suspensión de autorizaciones de tala. El propietario de una empresa responsable de uno de estos proyectos ya tiene una condena anterior por blanqueo de madera. 

El CCCA realizó el análisis a petición de Mongabay después de que una fuente anónima destacara la participación de personas condenadas por blanqueo de madera en dichos proyectos. 

 

CCCA analizó dos proyectos REDD+, llamados Unitor y Fortaleza Ituxi, en el municipio de Lábrea, en el estado de Amazonas. Los dos proyectos abarcan un área combinada de 140 862 hectáreas ?dos veces el tamaño de Londres? y pretenden evitar la liberación de 660 598 toneladas métricas de emisiones de CO2 al año impidiendo la expansión de la deforestación en una de las zonas más amenazadas de la Amazonía.

El CCCA encontró pruebas de posible blanqueo de madera en dos proyectos REDD+ en el sur del estado brasileño de Amazonas.

REDD+ significa reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. La idea es que los dueños de las tierras reciban dinero por proteger un área que de otro modo podría deforestarse. Las emisiones que se evitan gracias a esta protección pueden venderse como créditos de carbono; las empresas que los compran pueden decir a sus clientes e inversores que están “compensando” su huella de carbono y ayudando a mitigar el cambio climático al mantener en pie bosques estratégicos. 

Los dos proyectos estudiados por el CCCA se basan en planes de gestión forestal sostenible, un sistema en el que la madera se corta y vende bajo estrictas normas ambientales, como una de las principales herramientas para garantizar la vigilancia de la zona y evitar la deforestación ilegal. “La presencia de trabajadores en las actividades de gestión es el primer factor para inhibir las presiones de invasiones dentro del área del proyecto”, afirma una presentación de Fortaleza Ituxi. “La mayoría de las metodologías permiten la tala sostenible”, dijo a Mongabay Bárbara Bomfim, ingeniera forestal brasileña y experta en carbono del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en Estados Unidos. 

En estos dos casos, sin embargo, el CCCA halló incoherencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y el volumen talado estimado a través de imágenes satelitales, un desajuste que indica que estas áreas pueden haber sido utilizadas para blanquear el equivalente de más de 4200 camiones cargados de madera. 

Grupo Ituxi, la empresa que está detrás de ambos proyectos, negó en una declaración a Mongabay cualquier relación con el blanqueo de madera y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas, verificadas y registradas.

En Brasil, toda la madera debe ir acompañada de un documento llamado DOF, el Documento de Origen Forestal, también conocido como crédito maderero. Una vez que las autoridades ambientales aprueban un plan de gestión forestal, su propietario puede expedir un número determinado de DOF, correspondiente al volumen de árboles que está autorizado a extraer de esa área.

El blanqueo de madera en Brasil es ilegal e involucra comprar créditos madereros falsos de proyectos de gestión forestal subexplotados. El crédito lo emiten proyectos madereros aprobados, pero los árboles a los que corresponden no se talan. En cambio, los delincuentes utilizan los documentos falsos para reclamar madera extraída ilegalmente de zonas donde la tala está prohibida, como tierras indígenas y áreas de conservación.

Maquinaria pesada de movimiento de tierras dentro de un área de gestión forestal en el proyecto Unitor REDD+. Imagen de Fernando Martinho.

Algunos grupos delictivos en Brasil se especializan en conseguir la aprobación de planes de gestión forestal por parte de organismos ambientales sólo para emitir créditos madereros falsos, según explicó a Mongabay en una videollamada Alexandre Saraiva, adjunto de la Policía Federal. “Una vez recibimos una intervención telefónica en la que el propietario de una empresa maderera decía: ‘No me preocupa la madera, aquí tengo madera gratis, lo que necesito es un DOF’”, relató. 

Saraiva ha participado en algunas de las mayores redadas de Brasil contra grupos de tala ilegal en la Amazonía. “Imaginemos una organización criminal que vende coches robados. Ese coche sólo se venderá por un precio razonable si tiene un documento. Con la madera pasa lo mismo”.

Para evaluar el tamaño de las zonas explotadas taladas en los planes de gestión forestal de los dos proyectos REDD+, el CCCA utilizó una tecnología de imagen por satélite llamada NDFI (índice de fracción de diferencia normalizada) que pone de relieve las cicatrices dejadas en el bosque por los madereros. La misma tecnología ya es utilizada en Brasil por la Policía Federal, por la agencia ambiental del estado de Pará y por Simex, el sistema de seguimiento de la tala desarrollado por institutos de investigación independientes como Imazon, Imaflora, Idesam e ICV. 

El CCCA multiplicó la superficie talada mostrada en las imágenes de satélite por el volumen medio de madera por hectárea registrado en cada autorización de plan de gestión forestal. Este promedio se calcula a partir de un inventario forestal realizado sobre el terreno por el proponente del proyecto. 

El resultado mostró al CCCA una estimación de la cantidad de madera que probablemente se taló durante un periodo de tiempo. A continuación, el CCCA lo comparó con el volumen declarado al IBAMA, la agencia federal ambiental, en el sistema DOF.

Si el volumen de madera en el sistema DOF es sustancialmente superior al de la estimación de madera, podría indicar que los créditos adicionales se utilizaron para cubrir madera talada en otros lugares y blanqueada a través de estos proyectos.

Los vecinos de Brisas de Tramade reclaman que no han recibido ninguna compensación por los daños provocados por la minera Agrecasa. Puerto Cortés, 10 de mayo de 2024. Foto: CC/Allan Bu.

Los análisis de las áreas de manejo forestal de Fortaleza Ituxi y Unitor mostraron varias incoherencias que apuntan fuertemente a un posible caso de lavado de madera, según el CCCA. El caso más llamativo es el plan de manejo forestal de Fortaleza Ituxi, que, según las imágenes satelitales, solo tuvo el 35 % de su área talada de 2018 a 2019, lo que representa un estimado de alrededor de 48 588 metros cúbicos de madera. 

En el sistema DOF, sin embargo, los dueños del proyecto reportaron haber extraído 104 700 metros cúbicos del área en el mismo periodo, más del doble del volumen talado estimado por el CCCA. “Esto es un fraude”, dijo Saraiva tras revisar los resultados del CCCA.

El CCCA afirma que su método proporciona volúmenes aproximados, y que las cifras reales sólo pueden determinarse mediante una auditoría local. El informe completo y la metodología pueden consultarse en un documento publicado en el sitio web de la organización. 

Gustavo Geiser, experto forense de la Policía Federal en el estado de Pará, dijo que su equipo utiliza la misma metodología que el CCCA cuando investiga la tala ilegal allí. “Este caso que usted describió, por ejemplo, tiene fuertes indicios de lavado de madera”, dijo a Mongabay en una videollamada.

También se encontraron incoherencias en las actividades de tala en la hacienda Três Barras, que forma parte del proyecto REDD+ Unitor. En uno de los planes de gestión forestal de la hacienda, los proponentes declararon la venta de 25 371 metros cúbicos de madera, pero el CCCA calculó que extrajeron como mucho el 71 % de ese volumen. 

En otro plan de manejo forestal para la misma hacienda, el volumen declarado fue de 24 148 metros cúbicos, pero el CCCA estima que extrajeron alrededor del 58 % de ese volumen. CCCA también encontró indicios de blanqueo de madera en Presidente Prudente, otra hacienda cubierta por el proyecto Unitor, donde se declararon 18 547 metros cúbicos de un área talada. Según el análisis del CCCA, el área no debería haber suministrado ni la mitad de esa cantidad. “Son fuertes indicios de una posible transacción a crédito sin respaldo real en la madera”, dijo a Mongabay Mikael Freitas, analista de datos del CCCA.

En total, el análisis del CCCA sugiere que 84 886 metros cúbicos de madera estaban cubiertos por DOF potencialmente falsos emitidos por los sistemas de créditos de carbono, lo que bastaría para blanquear el equivalente a más de 4200 camiones cargados de madera. 

“Estoy sorprendido”, declaró Gustavo Pinheiro, que ha trabajado durante más de una década en organizaciones como The Nature Conservancy y el Instituto Clima e Sociedade. “Sabíamos que había problemas técnicos con estos proyectos, especialmente con Fortaleza Ituxi. Pero esto es algo mucho peor. Parece un caso policial”.

Mientras en algunas zonas los proyectos extraían mucha menos madera de la que declaraban, en otras hacían lo contrario. En la hacienda São Sebastião, parte del proyecto Unitor, las imágenes satelitales sugieren una extracción de 11 859 metros cúbicos de madera, pero no se declaró madera en el sistema del DOF. Esto también ocurrió en otro plan de manejo forestal ubicado dentro del proyecto Fortaleza Ituxi, donde se explotó una superfície de más de 1700 hectáreas sin la debida documentación.

“Esta dinámica de que un plan de manejo se ejecute de una manera y otro de otra indica un proceso muy adaptado a las irregularidades del mercado de la madera en la Amazonía”, dijo Freitas, del CCCA. Todos los indicios apuntan a un modelo de negocio que no se preocupa por la conservación del ambiente, añadió. “Al contrario, vemos un esfuerzo por sobre-optimizar las ganancias financieras del bosque, tanto a través de la aparente sobreexplotación de la madera en algunas áreas como a través del uso de otras áreas para generar DOF, así como la venta de créditos de carbono”.

Tanto Unitor como Fortaleza Ituxi están dirigidas por Ricardo Stoppe Jr, médico de São Paulo, y certificadas por Verra, uno de los mayores estándares de certificación del mercado voluntario de carbono en el mundo y el más importante para las iniciativas REDD+.

Ricardo Stoppe, principal proponente de los proyectos Unitor y Fortaleza Ituxi, posa en una foto junto a Ricardo Salles, quien fue ministro de Ambiente de Bolsonaro. Foto de Facebook.

La empresa de Stoppe, Grupo Ituxi, dijo que sólo posee los planes de gestión forestal y que la tala la llevan a cabo terceros. “Sólo intermediamos en las relaciones comerciales con interesados capaces de llevarla a cabo, empresas que disponen de personal y maquinaria propios para talar la madera”, afirmó. El Grupo Ituxi también rebatió las conclusiones del análisis del CCCA, afirmando que las imágenes por satélite no bastan para evaluar los volúmenes reales de tala, lo que, añadió, sólo podría conseguirse mediante una inspección in situ. 

Un portavoz de Verra dijo que la empresa necesita más detalles sobre los análisis antes de comentar los hallazgos. 

Según el medio brasileño de noticias empresariales Exame, Stoppe es el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil y ha sido celebrado como “uno de los mejores ejemplos de cómo ganar dinero manteniendo los bosques en pie”. “Vivo aquí y este lugar se ha convertido en mi vida. Estoy enamorado de la Amazonía”, dijo el empresario en una entrevista. 

Sus proyectos fueron desarrollados por Carbonext, una empresa brasileña conocida como la mayor generadora de créditos de carbono del país y especializada en estructurar los proyectos, calcular su línea base de deforestación y llevar a cabo todos los trámites de registro y auditorías. 

En una declaración a Mongabay, Carbonext dijo que no estaba implicada en la gestión forestal llevada a cabo en la zona, y que “no hay formas científicamente reconocidas de determinar el volumen de madera en proyectos de gestión forestal basadas únicamente en imágenes de satélite.”

Investigaciones previas ya apuntaban al blanqueo de madera

 

Antes del análisis del CCCA, las autoridades brasileñas ya habían encontrado indicios de blanqueo de madera en Unitor y Fortaleza Ituxi. 

En octubre de 2021, agentes del IBAMA, la agencia federal ambiental, fueron a Divisa, un aserradero situado en el distrito de Vista Alegre do Abunã, en el límite de la carretera BR-364. Según el informe de inspección del IBAMA, su objetivo era verificar una transacción sospechosa de 13 DOF, correspondiente a 233,76 metros cúbicos de madera, que la empresa declaró haber recibido de un plan de manejo forestal en la hacienda Nossa Senhora das Cachoeiras do Ituxi, donde se encuentra el proyecto REDD+ Fortaleza Ituxi. 

Sin embargo, cuando los inspectores pidieron ver la madera, el gerente del aserradero dijo: “No hubo movimiento de madera, sino sólo un movimiento virtual para ajustar el patio de Divisa”. Los agentes concluyeron que las DOF tenían como objetivo “encubrir el mismo volumen de madera recibido ilegalmente por la empresa”.

Según el IBAMA, el caso era aún más grave debido a la proximidad del aserradero a territorios indígenas y áreas protegidas que están bajo presión de madereros ilegales. Los agentes también indicaron que esto podría ser la punta del iceberg, ya que otras 11 empresas habían recibido 55 DOF del mismo plan de gestión forestal durante un periodo en el que la propiedad era inaccesible. 

En aquella época, el proyecto de carbono Fortaleza Ituxi ya generaba créditos certificados por Verra. IBAMA multó a la iniciativa de Stoppe, llamada Stoppe LTDA, con 211 500 reales (39 200 dólares en aquel momento) y bloqueó el acceso de la empresa al sistema DOF. Describió el esquema como “gestión [forestal] autorizada que utilizaba los créditos preaprobados para encubrir madera talada ilegalmente”. Según el IBAMA, la prohibición se levantó menos de un año después, en agosto de 2022, debido a una medida cautelar. 

En su declaración, el Grupo Ituxi dijo que “hubo un problema con el registro de uno de los documentos” debido a una mala conexión a Internet, pero que la madera fue entregada a Divisa.

Las autoridades también habían encontrado indicios de blanqueo de madera en algunas haciendas del proyecto Unitor REDD+, descrito por sus promotores como “un consorcio de propiedades vecinas… que se han unido para desarrollar actividades de carbono forestal.” La zona comprende 12 haciendas que suman 94 270 hectáreas.

En mayo de 2023, dos de estas fincas ?Três Barras y São Sebastião? fueron objeto de una operación antifraude por parte del IBAMA. Según la oficina de prensa del organismo, se suspendieron cuatro autorizaciones de gestión forestal de las dos propiedades. Los investigadores, que al igual que el CCCA analizaron imágenes de satélite y emisiones del DOF, concluyeron que el objetivo del fraude en el sistema DOF era “encubrir madera talada ilegalmente en otros lugares, como tierras indígenas, unidades de conservación y áreas no autorizadas”. 

Stoppe dijo a Mongabay que las haciendas de Três Barras y São Sebastião no están gestionadas por el Grupo Ituxi y que la suspensión por parte del IBAMA de la autorización de gestión forestal de Três Barras se hizo sin ninguna inspección in situ.

Três Barras es la mayor propiedad del proyecto Unitor y está situada a 12 kilómetros de la carretera BR-364. Mongabay visitó la finca en agosto de 2023 y encontró zonas de ganadería y gestión forestal. Ninguno de los vecinos o empleados de la propiedad con los que hablamos dijeron saber que formaba parte de un proyecto de compensación de carbono. 

Três Barras es una de las haciendas que integran el proyecto Unitor REDD+, en el municipio de Lábrea. Información de la Policía Federal y análisis del CCCA indican que la misma área que se beneficia de los créditos de carbono está siendo utilizada para blanquear madera ilegal. Imágenes de Fernando Martinho.

Durante una investigación contra la tala ilegal dirigida por la Policía Federal y la fiscalía federal en 2017, conocida como Operación Arquímedes, las autoridades identificaron la zona como uno de los sitios presuntamente utilizados para generar DOF falsos para encubrir madera ilegal extraída de otros lugares. 

La información forma parte de una decisión judicial sobre Élcio Aparecido Moço, cuya empresa, Green Forest Carbon, es una de las promotoras del proyecto Unitor, junto con Stoppe y Carbonext. Las empresas y familiares de Moço también son propietarios de la mayor parte de las tierras de la zona de Unitor. Otra de sus empresas, Rio Negro, también aparece mencionada en los informes de Verra como responsable de supervisar los planes de gestión forestal de Fortaleza Ituxi.

Antes de ser investigado en la operación Arquímedes, Moço ya había sido condenado por blanqueo de madera en 2017. Dos años después, un tribunal superior decidió que el caso ya había prescrito y que ya no podía ser castigado. También en 2019, fue imputado por presunto soborno a dos funcionarios públicos para obtener una licencia para un proyecto de gestión forestal. Un juez se ha hecho cargo del caso, pero aún no se ha fijado fecha para el juicio.

“Recuerdo a Moço”, dijo Saraiva, que trabajó en la investigación de Arquímedes. “Era un viejo empresario maderero que tenía en sus manos buena parte del IPAAM”, añadió, en referencia a la agencia ambiental del estado de Amazonas.

Mongabay hizo varios intentos de ponerse en contacto con Moço por correo electrónico y teléfono para plantearle los hallazgos, pero no tuvo éxito. El Grupo Ituxi afirmó que la Operación Arquímedes precedió a la creación del proyecto Unitor.

Moço es copropietario de un conglomerado empresarial con el hijo de Stoppe, Ricardo Villares Lot Stoppe, formado por siete empresas. Incluye Rio Grande Produção Florestal,  multada con un total de 2,8 millones de reales (519 000 dólares de la época) por deforestar 572 hectáreas en 2021. El conglomerado también se ha asociado con individuos como Cleyliane Lopes de Moura, detenida en 2006 por vender madera ilegal, y José Luiz Capelasso, condenado por comerciar ilegalmente con DOF en 2012. Según la investigación, Capelasso cobraba 3000 reales (unos 1500 dólares de la época) por cada documento falso. En uno de los informes de verificación de Unitor, Capelasso también se presenta como responsable de actividades como “estructura de gestión operativa” y “período de acreditación.”

En un mensaje de WhatsApp a Mongabay, Capelasso dijo que no era el “propietario oficial” de los proyectos y recomendó ponerse en contacto con el Grupo Ituxi. En cuanto a la multa de Rio Grande, Grupo Ituxi dijo que la zona había sido deforestada antes de que la empresa la comprara. Mongabay no pudo ponerse en contacto con Moura para que hiciera comentarios. 

Ganancias millonarias


Según documentos adjuntos a una demanda pública, Stoppe y sus socios habían ganado más de 80 millones de reales (15,5 millones de dólares de entonces) con los créditos de carbono hasta 2020. Stoppe también firmó un contrato de opción de compra de hasta 2,5 millones de dólares con un fondo de inversión de Estados Unidos, en una operación intermediada por Moss, una empresa brasileña que se describe a sí misma como una fintech ambiental (empresa de tecnología financiera) que opera como intermediaria de créditos de carbono.

Fortaleza Ituxi vendió más de 1,2 millones de créditos de carbono a empresas entre 2022 y 2023, según Verra. El principal cliente es Moss, que vendió parte de estos créditos a la aerolínea brasileña de bajo coste GOL Airlines.

Moss declaró que todos los créditos se compraron y vendieron antes de las presuntas irregularidades descubiertas durante esta investigación. (Lea su declaración completa aquí.) GOL dijo a Mongabay que todos los créditos de carbono adquiridos por la empresa a Moss han sido auditados. (Lea su declaración completa aquí.)

Otras empresas brasileñas, como la aplicación de reparto de comida iFood; Itaú, uno de los mayores bancos del país; y Hering, una empresa de moda, figuran entre los principales clientes de Forteleza Ituxi. Los créditos también se utilizaron para compensar las emisiones del gigante japonés de electrodomésticos Toshiba.

En sus respectivas declaraciones, iFood e Itaú afirmaron que habían llevado a cabo procesos internos de diligencia debida antes de comprar los créditos. Itaú añadió: “Cualquier caso probado de fraude o delito ambiental que implique a socios dará lugar a la rescisión de la asociación.” (Lea las declaraciones completas de iFood e Itaú respectivamente aquí y aquí.) Hering dijo que los créditos se compraron a través de una empresa intermediaria líder, que presentó documentación de la validación e integridad de los activos (lea su declaración completa aquí). Toshiba no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Stoppe fue entrevistado en 2021 por el director general de Moss, el principal cliente del proyecto Fortaleza Ituxi REDD+. Vídeo de YouTube.

Un número aún mayor de créditos, 2,3 millones, han sido retirados del proyecto Unitor REDD+. Sus tres principales clientes son la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la minera canadiense Sigma Lithium Resources y la auditora británica PwC International. La lista también incluye otras empresas transnacionales como Nestlé. 

En una declaración, Ecopetrol dijo que compró los créditos a uno de los promotores de proyectos más reconocidos del mundo. (Lea su declaración aquí). Nestlé Brasil dijo que adquirió créditos de carbono a través de WayCarbon, una empresa líder en el sector. (Lea su declaración aquí). Sigma y PwC no respondieron a nuestros correos electrónicos.

Las presuntas irregularidades también rodean otro proyecto que Stoppe posee en el municipio de Apuí, también en el estado de Amazonas, que ha vendido créditos de carbono a empresas como Boeing y Spotify. Un juez de São Paulo bloqueó la venta de créditos de carbono de REDD+ Evergreen en octubre de 2022 después de que Carbonext planteara dudas sobre el registro de tierras de una de las propiedades del proyecto. 

El Grupo Ituxi negó cualquier irregularidad de tierras en Evergreen. Carbonext dijo que ha logrado los objetivos del caso, que ya se ha cerrado. (Lea la declaración completa aquí.) Boeing dijo que desconocía las acusaciones y que está supervisando la situación para informar de sus próximos pasos. (Lea su declaración aquí). Spotify no respondió a nuestras preguntas.

En total, Stoppe posee cinco proyectos REDD+ en la Amazonía brasileña, que abarcan más de 400 000 hectáreas, una superficie más de tres veces el tamaño de Los Ángeles. Dos de estos proyectos aún están “en fase de validación” o “en desarrollo” en Verra.

Entre 2020 y 2022, Stoppe fue mencionado en investigaciones dirigidas por la Policía Federal y la fiscalía federal contra Chaules Pozzebon, conocido como uno de los mayores deforestadores de la Amazonía, que blanqueaba madera para un esquema de tala ilegal en la frontera de los estados de Amazonas y Rondônia, en la misma región de los proyectos Fortaleza Ituxi y Unitor.

Según las investigaciones, Stoppe era sospechoso de suministrar la documentación necesaria para “legalizar” la madera extraída ilegalmente de la selva y habría sido una de las principales fuentes de DOF para uno de los aserraderos de Pozzebon, llamado J.M.

Análisis de la policía judicial de los “principales implicados como defraudadores”, en relación con uno de los aserraderos de Chaules Pozzebon. Stoppe es el primero entre los emisores. Imagen de la demanda de Ninametsa.

Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019, Stoppe habría emitido el equivalente a 57 472 metros cúbicos de madera avaluados en 4,8 millones de reales (1,2 millones de dólares de la época) a J.M. Pero las grandes distancias entre sus proyectos de gestión forestal y sus supuestos clientes llamaron la atención de los investigadores. 

“La distancia entre la gestión y el aserradero acaba haciendo que el transporte sea costoso desde el punto de vista comercial. Este hecho indica que la gestión puede servir únicamente para asignar créditos a J.M.”, escribieron los investigadores en un informe.

La fiscalía federal en Rondônia dijo a Mongabay que Stoppe no fue acusado por la Policía Federal ni imputado por la fiscalía en ese caso porque no había suficientes pruebas contra él en aquel momento. “Si surgen nuevas pruebas más sólidas contra él, nada impide la reapertura de las investigaciones e incluso la apertura de un proceso judicial”, dijo en un correo electrónico. 

El Grupo Ituxi dijo a Mongabay que, “en el pasado, Chaules Pozzebon fue uno de los clientes que extrajo la gestión forestal de Fortaleza Ituxi”. Añadió que no había pruebas de ninguna conexión entre Stoppe y la conducta de los investigados por las autoridades. (Lea su declaración completa aquí). 

Chaules Pozzebon (en el centro) está acusado de dirigir un importante esquema de tala ilegal en Rondônia y Amazonas. Imagen cortesía de Agência Pública.

Los registros públicos analizados por el CCCA muestran que los créditos madereros que indican lavado de las áreas REDD+ fueron enviados a decenas de aserraderos, entre ellos cuatro empresas pertenecientes a Pozzebon, según la Policía Federal. 

Según los archivos del IBAMA, Stoppe y Moço también emitieron DOF a varios aserraderos con antecedentes de multas por almacenar y transportar madera talada ilegalmente y por incluir información falsa en el sistema DOF, entre ellos Cesar Ronhiski, con 21 multas, Adelson & Zapeline, con 17 multas, y Madeireira Bom Jesus, con 11. 

Pozzebon está actualmente en la cárcel, después de haber sido condenado a 100 años de prisión en 2021 por extorsión y ser parte de una organización criminal. En mayo de 2023, su condena se redujo a 70 años.

Aprobación de los auditores

 

Los proyectos REDD+ no están sujetos actualmente a ninguna regulación oficial en Brasil, donde el Congreso aún está debatiendo la aprobación de un mercado regulado de créditos de carbono. En una apuesta por la credibilidad, muchos proyectos de compensación de carbono deben atenerse a metodologías como las creadas por la certificadora estadounidense Verra.

El sistema ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y la comunidad científica, tanto por exagerar sus resultados ambientales como por tratos injustos y engañosos con las comunidades locales que albergan los proyectos. En enero, The Guardian descubrió que más del 90 % de las compensaciones de carbono de la selva tropical certificadas por Verra podrían carecer de valor. En agosto pasado, un estudio publicado en la revista Science demostró que podrían haberse generado millones de créditos de carbono exagerando los beneficios de los proyectos en la protección de los bosques.

Grandes empresas, como la aerolínea Gol, compraron créditos de carbono de Stoppe para compensar sus emisiones. Imagen de Facebook.

Para emitir créditos de carbono, un proyecto debe ser verificado por un auditor independiente. Esta independencia, sin embargo, es relativa, ya que el promotor del proyecto paga los honorarios de los auditores. “La auditoría tiene que mejorar mucho y tiene que venir de una tercera parte real, no de alguien elegido por el promotor del proyecto”, dijo a Mongabay Bárbara Bomfim, que anteriormente estuvo afiliada al Berkeley Carbon Trading Project de la Universidad de California. “Estas personas que dirigen muchos proyectos REDD+ ya están creando relaciones con estos auditores. Dicen: ‘Te voy a contratar y ya tengo otros 10 proyectos en marcha, así que hagámoslos todos’. Así que acaban convirtiéndose en socios comerciales”.

Verra afirmó que existen diversas salvaguardias y normas éticas para garantizar la independencia e imparcialidad de los auditores, a pesar de estar pagados por la entidad auditada. (Lea aquí su declaración completa). 

Ni los informes de auditoría de Unitor ni los de Fortaleza Ituxi ?elaborados por Earthood (empresa india), Icontec (Colombia), Rina (Italia) y Aenor (España) ? mencionan ningún problema con los planes de gestión forestal ubicados dentro de estos proyectos REDD+. La excepción es una incoherencia en el volumen de madera extraído de la zona de Unitor y declarado por el proponente del proyecto en el informe de verificación de abril de 2022.

Los auditores de Rina señalaron un desajuste entre las cifras declaradas en una tabla y las de una hoja de cálculo que habían recibido, que no es pública. El caso se cerró menos de 20 días después, una vez que el promotor del proyecto actualizó la información de la tabla. 

Aenor dijo en un correo electrónico que toda la información compartida por Mongabay era anterior a su proceso de verificación en Unitor, que abarcó de agosto de 2021 a julio de 2022. (Lea su declaración completa aquí.) Rina dijo que el Estándar de Carbono Verificado (VCS) no requiere la evaluación de antecedentes penales o análisis independientes, sino solo el cumplimiento de un proyecto con el estándar. (Lea su declaración completa aquí.) Earthood e Icontec no respondieron a nuestros correos electrónicos.

“Los verificadores ni siquiera son brasileños, no conocen la realidad brasileña. Así que estas auditorías acaban siendo muy formales: ‘¿Tiene aquí el documento? Sí, entonces cumple”, explica Pinheiro, que anteriormente formó parte del Instituto Clima e Sociedade y acaba de incorporarse a la empresa de inversiones de impacto Trie Capital. “El hecho es que la metodología no está haciendo lo que se propone, que es garantizar la integridad de los proyectos”.

Cita: West, T. A., Wunder, S., Sills, E. O., Börner, J., Rifai, S. W., Neidermeier, A. N., … Kontoleon, A. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. Science, 381(6660), 873-877. doi:10.1126/science.ade3535

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Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
 

Los vecinos de Brisas de Tramade se tomaron la carretera que va de Puerto Cortés a San Pedro Sula para pedir al Gobierno el cierre de la mina a cielo abierto que la empresa Agregados del Caribe Sociedad Anónima de Capital Variable (Agrecasa) mantiene en esa comunidad. Los manifestantes aseguran que esta actividad minera ha provocado daños irreversibles en su río. Ante la protesta, el gobierno de Xiomara Castro respondió con represión policial. 

 

Texto: Allan Bu

Fotos: Allan Bu y cortesía

 

Después de 18 años de lidiar con nubes de polvo, escuchar explosiones que sacuden el suelo como si fuese un terremoto, y de observar enormes fisuras en las paredes de sus casas, los vecinos de Brisas de Tramade, una aldea de Puerto Cortés, en el norte de Honduras, decidieron manifestarse para exigir al Gobierno de Xiomara Castro el cese de las operaciones de la minera Agregados del Caribe Sociedad Anónima de Capital Variable (Agrecasa), empresa dedicada a la extracción de grava por medio de la explotación minera no metálica a cielo abierto.  

 

«Aquí no se sabe si está temblando o son explosiones de la mina», dijo Jessica, una vecina de esa comunidad cuya casa tiene una enorme fisura que la divide en dos. Ella aseguró, aunque no explicó cómo llegó a esa conclusión, que el 98 % de las viviendas en la aldea están dañadas por la actividad de la mina. 

 

El martes 7 de mayo a las 4:30 de la tarde, cientos de vecinos de Brisas de Tramade se tomaron el bulevar que une Puerto Cortés con San Pedro Sula. Durante casi 12 horas cortaron el paso de entrada y salida al puerto más importante de Honduras y Centroamérica. 

Miembros de la Policía Nacional llegaron a las 10 de la noche al lugar de la toma y hablaron con líderes comunitarios, pero la toma se mantuvo.

 

A las 5 de la mañana del miércoles 8 de mayo, los manifestantes y las autoridades habían acordado liberar un carril de cada lado, pero los pobladores relatan que a una hora de cumplirse el plazo, elementos del Escuadrón Cobra y de la Policía Nacional comenzaron a repartir garrotazos a diestra y siniestra, y golpearon a hombres y mujeres sin importar que estuvieran niños presentes. Hasta autobuses y mototaxis que estaban cerca resultaron con los vidrios quebrados tras la agresión. 

 

Mirian y su hijo Francisco aseguran que ninguno de los manifestantes hizo nada para provocar la súbita represión, «Nosotros no llevábamos ni una aguja», asegura la mujer frente al portón de su casa, y añade: «Pensé que nos iban a matar». Ella y otros vecinos sostienen que un jefe policial les dijo que para el desalojo se llevó a más de 1,200 policías. En el momento de la conversación, los labios de Francisco seguían inflamados, por la brutal golpiza que recibió de la policía.

 

Hablemos un poco de la minera Agrecasa para entender las razones que llevaron a estos pobladores a organizar una protesta que finalizó de forma violenta por la intervención de las tanquetas y toletes de la Policía Nacional, que a comienzos del Gobierno de Xiomara Castro fue anunciada como una fuerza comunitaria cercana a los pueblos y respetuosa de los derechos humanos.

 

@osmanguillen4

Gente apoyen y compartan esto sucedió en tramade puerto cortes

♬ sonido original - @J&Osman$Guillen

Agrecasa comenzó a operar en Puerto Cortés hace 18 años, según referencias de los vecinos, aunque su fecha de creación en el Registro Mercantil es el 22 de enero de 2004, y se registró como proyecto minero en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) en julio de 2005. La empresa extrae grava de una cantera cercana a comunidades como Sapadril Arriba, Sapadril Abajo,La Delicias, Campana y Brisas de Mar Tramade. 

 

De acuerdo con el IV informe de Conciliación, que comprende los años 2017 y 2018 y fue elaborado en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés), Agrecasa es subsidiaria del conglomerado estadounidense American Aggregates, LLC.  

 

En ese documento se registra que durante el 2017 y 2018 Agrecasa exportó a Estados Unidos y países del Caribe 2,453,882 toneladas métricas de piedra caliza. Sin embargo, durante el último año el ritmo de extracción se incrementó y las volquetas acarreando el material al muelle de Puerto Cortés prácticamente no paraban, por lo que las cantidades reportadas en el informe probablemente aumentaron. 

 

Respecto al pago de impuestos, durante los dos años antes mencionados, y sumados todos los tributos pagados, el informe señala que Agrecasa ingresó al tesoro nacional la cantidad de 23,857,809 lempiras. En el documento no se reporta que haya pagado Impuesto sobre la Renta. Si dividimos la cifra pagada en impuestos por Agrecasa entre las toneladas métricas de piedra caliza que exportó, encontramos que por cada tonelada pagó alrededor de 10 lempiras. El informe muestra que la exportación de minerales ascendió a 181.9 millones de dólares en 2017 y 199.1 millones de dólares en 2018, cuando los minerales metálicos y no metálicos representaron alrededor de un 4 % de las exportaciones del país.  

 

Tras el conflicto entre las operaciones de Agrecasa y las comunidades aledañas, en Puerto Cortés se sopesan las pérdidas que ocasionaría la partida de la minera. El 9 de mayo de 2024, un grupo de conductores de volquetas, que son contratistas de Agrecasa, anunciaron que se tomarían el peaje del puerto en protesta por el cierre temporal de la empresa. Al final la manifestación no se llevó a cabo. Los transportistas manifestaron que Agrecasa genera más de 500 empleos directos, pero además otros cientos de indirectos por los pequeños comerciantes que venden comida o tienen una llantera, por ejemplo, por lo que la empresa generaría en la ciudad una derrama económica de millones de lempiras. 

 

«El circulante que dicha empresa genera a Puerto Cortés son alrededor de 100 millones lempiras, [si la empresa se va] generaría un déficit en la economía del municipio: siendo los más afectados los siguientes sectores: contratistas, llanteras, gasolineras, pulperías, alquileres de apartamento, talleres mecánicos, supermercados, farmacias, casas de repuestos y muchos más»; un representante de los volqueteros leyó este comunicado en Canal 5. 

 

Sobre el empleo, el informe de la EITI señala que en el 2018 había 6,300 personas empleadas en canteras (minas como Agrecasa), lo que representaba en ese entonces el 0.15 % del porcentaje de todas las personas ocupadas en el país. 

 

Durante el proceso para extraer grava, la empresa utiliza dinamita  cada dos o tres días. Estas explosiones han provocado un ambiente lleno de polvo, un ruido ensordecedor y daños en las viviendas. Además, han destruido una pequeña montaña, y los vecinos aseguran que un río cuyas aguas antes eran abundantes ahora es un pequeño hilo de agua. 

La actividad de la minera Agrecasa ha provocado daños en la mayoría de casas de Brisas de Tramade. Puerto Cortés, 10 de mayo de 2024. Foto: CC/Allan Bu.

«Ahí nosotros teníamos un río donde nos bañábamos y brincábamos, pero ahora es una gotita la que pasa, y antes hasta podíamos saltar al agua, era algo bello. Aquí era bonito, no ocupábamos ventilador y ahora estamos en un desierto», se queja Jessica, cuyo elevado tono de voz le da más fuerza a su mensaje. 

 

La gerenta del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés, Kay Bodden, dijo a Contracorriente que el daño al río de Brisas no está «documentado como un impacto ambiental de la actividad minera como tal», pues en todo Honduras y todo el mundo las fuentes de agua están mermando por el cambio climático.

 

También apuntó que en esa zona hay tala ilegal de árboles; «entonces, es cierto que hay una problemática ambiental en la zona, que ha disminuido la cantidad de agua, pero no es atribuible específicamente a las actividades de Agrecasa, [aun]que sí se contribuye porque toda actividad minera tiene impactos». Agregó que las fuentes de agua están arriba de la extracción minera; «entonces, todo lo que ocurre en esa zona está haciendo que disminuya la cantidad de agua». 



Las razones

 

Nahúm Reyes es el presidente del patronato de Brisas de Tramade; conversamos con él en una gasolinera del sector. Los pobladores de esa comunidad han tomado medidas de seguridad después de la manifestación realizada y el desenlace que tuvo. «Hemos tocado grandes intereses», sostiene Reyes. Los pobladores con los que conversamos tenían ciertas reservas para hablar del tema y preguntaban por nuestra presencia en ese sector. 

 

Han tomado algunas medidas de seguridad porque, aunque la manifestación acabó de forma violenta, dio como resultado el cierre temporal de la mina. Luego de que las imágenes de la represión policial circularon en los medios de comunicación, el Gobierno central envió a personal del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y del Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF) para hacer una inspección, que concluyó con la suspensión de operaciones de la compañía minera. 

Aunque el comunicado de Inhgeomin no ahonda en las razones para la determinación, Reyes asegura que los inspectores del Gobierno encontraron que la compañía no cumple con los estándares de seguridad industrial. Además, desde enero tiene la licencia ambiental vencida y el permiso de operación municipal caducado; por tanto, estuvo más de cuatro meses operando sin la documentación necesaria. 

 

El líder comunitario dijo que ellos estuvieron buscando información sobre la operación de la minera desde 2014. La comunidad quería confirmar algunos acuerdos que habían logrado los representantes de Brisas de Mar Tramade y que de esta forma la aldea no solamente fuera afectada, sino también gozara de los beneficios del material extraído. «Iba a haber un fondo de compensación, pero pasó una década y nunca se cumplió nada. Durante el Gobierno anterior buscamos las instancias en Tegucigalpa y no se nos dio la documentación, tampoco se nos dio la información en la Municipalidad», manifestó Reyes. 

Los vecinos de Brisas de Tramade reclaman que no han recibido ninguna compensación por los daños provocados por la minera Agrecasa. Puerto Cortés, 10 de mayo de 2024. Foto: CC/Allan Bu.

Reyes apuntó que fue en esta administración, después de hacer las gestiones ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) cuando tuvieron acceso a la información solicitada. Ahí se enteraron de que los permisos de operación y licencia ambiental estaban vencidos. También encontraron los compromisos contraídos por la minera, de los cuales no ha cumplido ninguno: «No se construyó un polideportivo que habían prometido, no se construyeron puentes que estaban plasmados, no se construyeron escuelas, no se contrataron maestros, y hasta los 18 años de estar operando esta empresa nosotros nos enteramos de ese fondo de compensación», lamentó. 

 

La ingeniera Kay Bodden manifestó que extender los permisos de operación no está dentro de sus competencias, pero que ella tenía conocimiento de que la minera tenía permiso municipal hasta el momento que las operaciones fueron suspendidas por Inhgeomin con el objetivo de verificar los estándares bajo los que está operando la mina. Sobre la denuncia de los acuerdos incumplidos a los pobladores, la funcionaria manifestó que «esos aspectos no le corresponden a este departamento».

 

Hay que aclarar que en el sitio web de Inhgeomin aparece que la concesión para explotar la caliza en el proyecto Sapadril es indefinida, pero esto no exime a la compañía de renovar licencias ambientales y permisos de operación. 

 

Tras tener toda la información de los permisos y acuerdos, representantes de la comunidad buscaron dialogar antes de llegar a la toma. Reyes manifestó que se realizaron dos caminatas pacíficas en las que se llamaba a un diálogo. Se convocaron cuatro asambleas donde se solicitaron representantes de la comunidad, pero de la alcaldía no se envió a ningún funcionario. «Fuimos una comisión a la municipalidad y no nos atendió la alcaldesa María Luisa Martell, porque supuestamente estaba de viaje», contó. 

 

Pero los intentos para encontrar una solución no quedaron ahí. Un grupo de personas de la comunidad se presentó a una reunión donde llevaron sus peticiones; luego fueron convocados a una mesa para exponer los puntos. 

 

«La señora alcaldesa no dijo nada, simplemente se levantó de la silla donde estaba, abandonó la reunión y la dio por cancelada; entonces eso motivó al pueblo y todos los buenos ciudadanos a hacer una toma de carretera, porque en nuestro país se volvió la única forma de ser escuchado, se volvió costumbre perjudicar a buenos trabajadores y muchos buenos empresarios para que escuchen el clamor del pueblo», dijo Reyes, quien se considera militante del partido en el poder, Libertad y Refundación. 

 

La toma y la agresión

 

 A las 4 de la tarde del martes 7 de mayo, los vecinos de Brisas de Tramade se reunieron para tomarse de forma pacífica el bulevar que une a Puerto Cortés e interrumpieron el tráfico en la importante vía. Los jefes policiales presentes en el lugar dialogaron en dos ocasiones con los líderes comunitarios y acordaron liberar una vía, lo que permitiría al menos un flujo lento del tráfico que había estado detenido por más de 12 horas. 

 

Una hora antes de cumplirse el plazo, los jefes policiales, uno de ellos el comisionado Eduardo Rivera Thomas, ordenaron el desalojo de los pobladores. Por lo menos una docena de manifestantes resultaron con hematomas. Francisco Zamora fue uno de los más golpeados. Tiene hematomas por todo su cuerpo y habla con alguna dificultad por los labios hinchados. Él asegura que no hizo nada para provocar la agresión. Ni él ni ninguno de sus vecinos. 

 

«Ya teníamos un acuerdo que la huelga se iba a quitar, con los coroneles y los Cobras. A saber porque reaccionaron así y nos agarraron, pero con quien la agarraron fueron conmigo porque vieron que yo era quien más me movilizaba. Nunca les falté el respeto, a mí me golpearon todo porque no metí ni las manos», aseguró Francisco, un hombre robusto. 

 

«Ya tengo tres días de no comer porque me duele la boca», dijo el hombre, que fue salvado por uno de sus hermanos de una golpiza mayor. «Hubo demasiados daños. A mí hermano le quebraron todos los vidrios del bus, hubo mototaxis a las que les quebraron vidrios y los retrovisores, fue un solo relajo», recordó. 

Varias personas fueron brutalmente agredidas por la Policía Nacional en la protesta contra la actividad minera en Brisas de Tramade.  Puerto Cortés, 8 de mayo de 2024. Foto: Cortesía Nahúm Reyes.

El hermano de Francisco relató que a las 4 de la mañana del miércoles 8, los jefes policiales les dijeron que tenían 1,200 efectivos listos para sacarlos, y que ellos no tenían gente. En ese momento acordaron liberar una vía. «Nadie les tiró nada, ellos empezaron a dar garrotazos a lo pendejo. A un amigo que intentó defender a su hijo porque lo llevaban todo amontonado le dieron un garrotazo. Ahí no respetaron niños ni nada», dijo. 


Nahúm Reyes, presidente del patronato de Brisas de Tramade, lamentó que durante esta administración, la Policía Nacional se había mostrado más abierta al diálogo con la población, pero el miércoles en la mañana «parecía una guerra» por la cantidad de elementos que llegaron para reprimir al pueblo. «Ya las evidencias las tienen los entes competentes. Tenemos información muy fehaciente que la orden no vino de la presidenta, y por eso nosotros pedimos la destitución del comisario de Puerto Cortés y el que mandaron de San Pedro Sula», afirmó el líder comunitario. 


Contracorriente contactó mediante Whatsapp al comisionado Eduardo Rivera Thomas, mencionado por los pobladores como uno de los jefes presentes en el violento desalojo, y  respondió que en el operativo solo participaron 300 efectivos policiales.  Al preguntarle sobre la agresión policial a los vecinos de Brisas de Tramade, que afirman no haber hecho nada para provocar los toletazos, respondió de forma escueta: «Ahí lo que hubo es el desalojo de un eje carretero, eso es lo que hubo». Consultado sobre si ya había un acuerdo para liberar una vía, el oficial respondió nuevamente que lo que «hubo fue un desalojo de un eje carretero, nada más».



Que se vayan


«Nosotros lo que más queremos es que la mina se vaya, pero si acaso le permiten que se quede, lo que le pedimos a Agrecasa [es] que nos haga la montaña y nos haga un río, y ni con todo el dinero que han ganado lo van a poder hacer», expresó con ironía Jessica Martínez. Ella sostiene que con todos los recursos económicos cosechados por Agrecasa, bien pudo haber beneficiado a las comunidades afectadas. «Nosotros estábamos dormidos», reconoció. 


Lamentó que por estar «con los ojos cerrados» perdieron el río, lo que a su juicio «es el principal daño que ha tenido la comunidad por la actividad minera». Le parece triste cómo una compañía millonaria —los vecinos de la comunidad estiman que envían más de 60 mil toneladas cada dos o tres días a Estados Unidos— les pudo destruir lo poco que tienen los pobres.  


«Agrecasa, como es millonaria dijo: “los pobres no valen nada”. Y cuando los pobres vamos a la calle porque ya no aguantamos más, nos golpean. Yo estaba presente, tuve que correr», recordó, mientras extendía un brazo en el que tenía un círculo morado. 


La ingeniera Kay Bodden reconoció que la actividad minera en cualquier parte del mundo genera impactos negativos, pero son regulados por la ley mediante licencias y concesiones. «Lo que se debe hacer en materia ambiental es que esos impactos no sean tan significativos, que los daños se minimicen lo más que se pueda, pero la actividad minera en cualquier parte del mundo tiene implícitos impactos ambientales», aceptó.


Sobre la protesta ciudadana realizada contra las operaciones de la mina, expresó su acuerdo en que «hay algo de razón» porque todas las actividades contribuyen a la problemática ambiental, pero lo que se debe revisar es si está dentro o fuera de la ley, y como municipalidad están a la espera, pues son las autoridades nacionales las encargadas de verificar las denuncias contra la mina. 


La Ley General de Minería de Honduras indica en su artículo 27 que la ejecución de las actividades de exploración, explotación y beneficio deben realizarse de «conformidad a los estándares internacionales contenidos en los convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras en materia de protección y conservación del medio ambiente, de manera que no se comprometa la salud y la seguridad pública; aplicando el criterio de precaución cuando haya peligro de daño grave o irreversible». 


En Brisas de Tramade no olvidan el anuncio hecho por el Gobierno de Xiomara Castro en marzo de 2022, cuando declaró a «Honduras libre de la minería a cielo abierto», con la promesa de que su administración iba a revisar las licencias y concesiones que operan en el país. «Tengo entendido que la presidenta dijo que hasta que se les venciera el permiso, hasta ahí llegaban; queremos que la presidenta respete lo que dijo y nos ayude», demandó Jessica. 


Nahúm Reyes pide al Gobierno que escuchen las peticiones de la comunidad, porque Puerto Cortés es una arteria importante de la economía del país y un colapso o levantamiento puede ser catastrófico para la administración Castro Zelaya. «No queremos eso, nosotros queremos que los buenos ciudadanos triunfen», dijo. 


Y recurrió a una referencia histórica muy conocida sobre los beneficios que supuestamente está dejando la actividad minera: «Lo que pasa que en este país todavía estamos en el colonialismo, donde se cambiaba oro por espejos; aquí nos quieren imponer esta mina. Los empleados se quejan que se van a quedar sin empleo, pero no saben que a la posteridad nos vamos a quedar sin oxígeno, sin agua y sin nada». 

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

Tegucigalpa es una ciudad que no es amigable ni para conductores ni para peatones. De acuerdo con el  Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), entre enero y mayo de 2024 se registraron 2,234 accidentes de tránsito en el Distrito Central, lo que representa un aumento de 100 accidentes en relación con el mismo periodo en 2023. Además, según datos del Sistema Nacional de Emergencia 911, hasta abril de 2024 se reportaron unos 353 atropellamientos de peatones en la capital hondureña, casi tres atropellos diarios.   

 

De acuerdo con las autoridades policiales, la principal causa de estos accidentes viales es la falta de educación vial tanto de conductores como de peatones: no mantener la distancia, no estar atento a las condiciones del tránsito, no respetar las señales viales y los cambios de carril. Además, el estado de embriaguez en conductores y las imprudencias de peatones contribuyen a esta problemática. 

 

A esta situación se le suma que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene varias vías cerradas o con el tráfico limitado a un carril debido a las construcciones. En un solo día, el viernes 10 de mayo se anunció la intervención para trabajos de rehabilitación de al menos 25 puntos en toda la ciudad, lo que provoca un caos en una ciudad con un parque vehicular de 757,917 vehículos, de acuerdo con el Instituto de la Propiedad, de los cuales la mitad son motocicletas. 

 

Cada vez es más frecuente ver la ciudad colapsada por el tráfico. A veces, un alivio para los peatones y conductores es el personal de Ordenamiento Vial de la AMDC, que ordena el tráfico, permitiendo el paso de los peatones en las calles, ante la falta de puentes peatonales u otras alternativas para el cruce.

 

Un miembro de este personal es Alexis Hernández, encargado de supervisar a un grupo de agentes viales en uno de los puntos críticos de tráfico en la ciudad: el centro de Tegucigalpa. Alexis confiesa que ha recibido amenazas a las que solo responde con el silencio, para evitar confrontaciones. Muchas veces, estos agentes son víctimas de la carga emocional de conductores que explotan en medio del congestionamiento vehicular; algunos incluso han sido atropellados en sus jornadas laborales.

 

Por el momento, el gobierno central ha implementado algunas medidas para reducir el caos vehicular, como enviar a teletrabajo a los empleados públicos o cambiar los horarios del trabajo presencial, además de abrir zonas que se encontraban cerradas con portones. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha logrado detener el congestionamiento. Mientras tanto, el Congreso Nacional aprobó el 14 de mayo una ley de educación vial que exige a la Secretaría de Educación implementar clases de educación vial en el nivel de educación media en colegios públicos y privados. 

 

Representantes de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales explicaron que han tenido reuniones de trabajo con la Alcaldía del Distrito Central, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y hasta con el Congreso Nacional, para analizar cómo reducir el tráfico y los accidentes viales en la ciudad. Sin embargo, los cambios propuestos en esas reuniones no tienen seguimiento, y con cada cambio de administración en estas instituciones, todo el trabajo desaparece. La situación del tráfico en Tegucigalpa es el resultado de una combinación de factores que incluyen la falta de educación vial, la mala planificación urbana y la inadecuada coordinación entre las autoridades.

 

Un agente vial de la alcaldía ordena el tráfico vehicular en la primera entrada de la colonia Kennedy, Distrito Central. Mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Texto: Omar Cruz
Portada: Persy Cabrera

Siendo niños y viendo los lugares más oscuros de nuestros hogares, imaginamos que en alguno de ellos probablemente se alojaría un ente ajeno a la naturaleza humana. Es por eso que, creo yo, tales espacios —por aquello de la experiencia vivida— son una fuente ilimitada de inspiración para muchos autores del cine de terror y suspenso en la posmodernidad. Es muy frecuente ver en las películas de la línea de horror y fantasía cómo dichos lugares suelen tener importancia, ya sea porque brotan desde su interior seres inimaginables, o porque en ellos se mece la cuna de los infantes cuando el reloj marca la medianoche. Estos espacios se han ganado el cariño de los amantes del terror y lo desconocido. Es notable cómo los lugares oscuros de un hogar han llegado a influenciar grandes clásicos del cine de terror y suspenso, incluyendo series sobre lo paranormal y fenómenos con los que aún no hemos podido interactuar.

De este lado del mundo crecemos en hogares en los que desde pequeños nuestros padres y abuelos nos relatan hechos cuasi verídicos sobre apariciones macabras en pueblos, y también en las ciudades. Tales situaciones se asocian con mitos, metamorfosis de hombres o mujeres en seres repugnantes, y hasta la llegada de animales capaces de habitar en la esquina de tu habitación, de la sala o el comedor. El imaginario colectivo se transmuta de tal manera que se arraiga en nuestra cultura, tanto oral como visual, y cuando ocurre la migración, los nuestros se llevan toda esta narrativa fantástica y ancestral hacia los países a los que llegan, y con ello mantienen viva esa tradición de contar lo que habitaba en la oscuridad de sus antiguas casas, en el armario y en los gabinetes, que por alguna razón siempre avivan la llama de nuestra curiosidad.

Desde estas premisas, creo yo, surge la serie del cineasta mexicano Guillermo del Toro, estrenada en 2022 en Netflix, titulada El gabinete de curiosidades, un trabajo que, por su cuidado y profundidad, bien podría estar en el top del horror moderno y del producido en la actualidad. En esta serie de terror ancestral y misterio cósmico, el autor nos da un recorrido por los parajes y diferentes ángulos en los que se enmarca el mundo de lo paranormal y lo desconocido, llevándonos a conocer las bestias mitológicas y a los extraños seres en los que el hombre y la mujer suelen convertirse al sonar el frío campanazo en las angustiosas madrugadas.

 

Narrando lo grotesco y lo arabesco: explorando la influencia del gabinete

Si hay un elemento que se destaca en el trabajo de Guillermo del Toro es la profundidad con la que aborda sus proyectos, y en este caso no hay excepción. Esta antología de cuentos lleva en su interior un sinfín de lecturas que el autor ha realizado a lo largo de su carrera, y es por eso que quizá notemos varias formas de la narrativa clásica del terror y el misterio presentes en este gabinete. Desde monstruos que se inmolan y se desfiguran, como en los cuentos de Edgar Allan Poe, hasta seres inexplicables e irreconocibles que gobiernan el mundo, como en los cuentos de H. P. Lovecraft, o incluso aquellos que son creados con el mero objetivo de retar al Dios de los creyentes y probarles que la ciencia es capaz y también puede hacer que un hombre viva desde los pedazos, como en la novela de Mary Shelley. 

Todo esto se junta en la obra de Del Toro, y eso me parece aplaudible. Aunque se pueda argumentar en su contra aquello de los lugares comunes en la obra del escritor, debemos tener presente que la voz de quien decide dedicarse al oficio de escribir se va construyendo desde las lecturas, y así mismo se deconstruye las veces que sean necesarias, hasta llevar esa voz a un nivel de limpieza escrita, y en este caso visual, en la que sea imposible negar que el escritor ha sabido aprovechar el tiempo en el oficio de escribir. Eso es algo que naturalmente Guillermo del Toro ha logrado, y es por eso que hoy día su voz y su lápiz dirigen esta orquesta imparable de misterio, horror y locura.

 

Los poetas malditos: seres que habitan dentro de El gabinete de curiosidades

En esta antología de cuentos también hay una poética, y quizá sea esta fusión la que permite una visión diferente de la obra de Del Toro. Aquí es notable cómo el autor no arroja a sus personajes a la acción sin antes haber meditado en una causa válida para que salgan del gabinete y sufran en carne y huesos la brutalidad e imaginación de su creador.

Cuando entramos a la construcción del lenguaje poético en la serie, podemos notar la influencia de poetas como Leopoldo María Panero, Arthur Rimbaud, Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire. Dicho valimiento es notable cuando en varios de sus personajes encontramos aptitudes y actitudes que van contra de lo moralmente correcto; por ejemplo, una marcada cercanía hacia la idolatría del mal como expresión estética, la irreverencia hacia la moral y las costumbres de aquellos países de los que Del Toro los hace emerger y, por supuesto, el pensamiento crítico hacia la vida y sus engranajes, de manera que la autonomía se haga presente y el titeretismo sea expulsado desde las entrañas. Todo esto es algo que también es para agradecer al cineasta ya que, por lo general, este tipo de elementos no suelen tomarse en cuenta en una obra visual de terror y varios cineastas suelen dejar algunos agujeros inexplicables en el guion, cosa que no sucede en esta serie, puesto que Del Toro cuida cada detalle y no arroja su obra para que las hienas la puedan despedazar con facilidad.

 

Abriendo las puertas del gabinete, o la poética del horror y lo desconocido

Esta serie del cineasta mexicano Guillermo del Toro está dividida en ocho partes de extensa duración. Me parece que los capítulos Lote 36 y Ratas de cementerio tienen la esencia de la tradición oral mexicana, inglesa y estadounidense. Es necesario decir que en estos primeros capítulos encontramos relatos bien logrados y embellecidos con la esencia del México a la vanguardia del cine, entremezclado con sus narraciones de lo paranormal que se juntan y hacen una poética del horror, un canto siniestro, y en otras ocasiones unas letanías que van contando las creencias en la Santa Muerte, o incluso el mitológico nahualismo.

Luego encontramos las formas del cine inglés, muy marcado por la codicia y lo repugnante que puede llegar a ser el hombre con tal de obtener lo que se le antoje por la fuerza, y eso incluye diamantes y otros metales preciosos, algo que a mi parecer describe exactamente esa notable atracción de muchos ciudadanos de dicho país por obtener algo sin importar el sacrificio de los que están a su alrededor.

Los otros dos capítulos, La autopsia y Por fuera, tienen en sus relatos el estilo de Hollywood, y es entendible, ya que la mayor parte de su carrera Del Toro la ha hecho fuera de su país natal. No obstante, es destacable cómo el autor apuesta por un estilo más gótico en su narración, y va dejando en estos capítulos ese americanismo de antaño con influencia alemana, caracterizado por explorar los más insanos temores del ser humano, y con esto hacer que de alguna forma se pueda perturbar su conciencia, por supuesto dejando la valía del mensaje como método de reflexión.

 

En las vísceras de lo paranormal, o los frutos oscuros del gabinete

Los últimos cuatro capítulos: Modelo, Sueños en la casa de brujas, La inspección y El murmullo están marcados por pasar de la calma a la perturbación de golpe, algo que a mi parecer ha sido un gran acierto del autor, porque logra mantener firme el hilo en su historia y va costurando otra narrativa más sólida, sin olvidarse de las bases en las que se sostiene el argumento principal de su serie.

De este último cuarteto de capítulos, en Modelo podemos notar la influencia de la filosofía y el paradigma de lo real contra lo irreal. A través de la pintura, Del Toro nos guía por el camino de la duda existencial en la que sus personajes llegan a cuestionar todo lo que se mueve a su alrededor, incluso hasta sus seres más cercanos, entrando en terrenos en los que la locura y el desacato de las distintas normas establecidas por la sociedad están a flor de piel y llegan a ser tan volátiles que pueden quemar todo a su alrededor.

Los siguientes dos capítulos, Sueños en la casa de brujas y La inspección, llevan una marcada influencia de cineastas como Stanley Kubrick o Quentin Tarantino, lo que me parece genial, ya que eso demuestra el respeto que Del Toro tiene por cineastas que han dejado su huella en la fantasía y el horror en la pantalla grande mundial. En estos capítulos se hace presente la imagen de las brujas y la sonoridad de las voces que habitan en lugares desconocidos. Del Toro crea escenas en las que el pasado se puede entrelazar con un presente casi irreal, pero catastrófico para sus personajes mismos, que entre viejas prácticas de hechicería y rituales se ven envueltos en un mar de alucinaciones y dolores insoportables que son curados únicamente cuando la muerte aparece con el filo de su guadaña y les lleva por las profundidades del descanso eterno.

El capítulo El murmullo es un gusto culposo, y aquí dejo la imparcialidad a un lado, porque creo que es el mejor y es mi favorito. Aquí el cineasta de origen mexicano nos lleva por un sendero de paz y tranquilidad relativa, que parece no verse alterada por fantasmas o falsos especuladores de lo desconocido. En este capítulo es notable la influencia del maestro Alfred Hitchcock, y es que Guillermo del Toro cierra su gabinete de las curiosidades con una oda preciosa de pájaros, entonando hermosas letanías a sus personajes y dejándolos al borde del éxtasis y la curiosidad por la belleza de su canto. No obstante, el autor reflexiona —en tercera persona al final de su serie— sobre cómo aquel canto inmaculado de aves se convierte en una pesadilla sonora de la que sus personajes y sus televidentes no pueden escapar.

Cerrando las puertas del gabinete: los tentáculos de su aporte y diferencias

Siento que con esta serie el trabajo de Guillermo del Toro ha llegado a otro nivel y ha impuesto otras reglas —difíciles de superar— y una profundidad que tanta falta le hacía al cine de misterio y suspenso en estos últimos años. El autor decide llevarnos en un viaje del que muy probablemente no podamos salir ilesos —la serie tiene clasificación [R]—, ya que apuesta por un cine de terror un tanto más embellecido, dejando por fuera los vicios y los vacíos que venían caracterizando a muchos trabajos en esta rama de la pantalla grande, y decide agregar matices de la filosofía, la poesía, la narrativa de terror clásica, y por supuesto, la influencia de la cultura latinoamericana, que es imposible de olvidar a donde vayamos.

No me atrevería a decir que es una obra insuperable, pero dirigiendo la orquesta del misterio y el horror, Guillermo del Toro con su Gabinete de curiosidades ha dejado la escena y las tonadas demasiado arriba, tanto así que quizá sea difícil superar por algún tiempo este trabajo, como también será difícil olvidar esa curiosa sensación de emociones encontradas que transmite una serie de este calibre.

Hace un año, 40 hombres murieron en un incendio en Ciudad Juárez. Un análisis de ProPublica y The Texas Tribune revela que el incidente fue el resultado previsto y previsible de cambios claves en las políticas fronterizas de EE.UU.

por Perla Trevizo



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Este reportaje se publica conjuntamente con The Texas Tribune, una redacción local sin ánimo de lucro y no partidista que informa e interactúa con los texanos. Suscríbete para recibir The Brief Weekly para estar al tanto de su cobertura esencial de los temas de actualidad en Texas.

 

Stefan Arango, esposo y padre de familia venezolano de 31 años, se sintió inmediatamente asqueado por los olores a sudor, orina y heces cuando los guardias mexicanos le ordenaron entrar en la celda de concreto en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. El piso estaba cubierto de basura, varios hombres estaban tendidos sobre colchonetas cubiertas, de forma incongruente, con vinilo de los colores del arcoíris. Las ventanas eran tan pequeñas que apenas dejaban entrar luz o aire. Y, quizás piadosamente, eran tan altas que los hombres no podían ver que estaban a muy poca distancia de El Paso, Texas, el destino por el que habían arriesgado todo.

 

Era el 27 de marzo de 2023 y Arango había sido detenido por autoridades mexicanas que habían acordado ayudar a Estados Unidos a disminuir el número récord de migrantes que cruzaban la frontera. Un guardia permitió a Arango hacer una llamada de un minuto a su hermana menor, que había venido a Juárez con él y a la que había dejado esperando en un hotel barato cerca de ahí. Ella sollozó. Temía que su hermano pudiera ser deportado a Venezuela.

 

“No llores, todo estará bien”, Arango le aseguró. “Tú quédate aquí, no te vas a mover. Yo vuelvo otra vez”.

 

Arango no podría decir con exactitud cuántos hombres estaban dentro de la estancia provisional, quizás más de cien, pero los guardias traían nuevos detenidos mientras sacaban a otros. Los hombres que pululaban alrededor refunfuñaban. Decían que hacía horas que no les daban agua. No les habían dado suficiente comida. Nadie les daba respuestas. ¿Por qué estaban detenidos? ¿Qué iba a hacer México con ellos?

 

Sobre las 9:20 de aquella noche, algunos de los hombres empezaron a golpear las barras de metal que se extendían sobre la pared frontal de la celda, exigían ser liberados. Uno de ellos alzó el brazo y jaló una cámara de vigilancia. Otro se subió encima de la puerta y tumbó una segunda cámara. Otros empezaron a apilar las colchonetas contra las rejas hasta bloquear la vista del guardia por completo.

 

Al menos uno de ellos prendió un encendedor. En minutos, la celda ardió en llamas y se cubrió de humo. Arango rogó a un guardia: “Hermano, no nos dejen morir, sáquenme de aquí”. Pero el guardia le dio la espalda: “Suerte, güey”, le dijo mientras huía.

Este video tomado por las cámaras de vigilancia dentro del centro de detención, a la hora del incendio, muestra las llamas y el humo extendiéndose en la celda mientras los guardias tratan de abrir una puerta lateral y dejan a los detenidos atrapados adentro. Credit:Obtenido por ProPublica y The Texas Tribune

Arango corrió hacia un baño, ahora lleno de docenas de hombres, todos pedían auxilio a gritos. Abrió la regadera para mojar su sudadera, pensó que le protegería del calor. Entonces, se apagaron las luces. Todo le picaba: los ojos, la nariz, la piel. Se sentó y se entregó a Dios rezando en un susurro. Los gritos de los detenidos se fueron perdiendo y, en su lugar, escuchó el ruido de cuerpos cayendo al suelo.

 

Cuando abrió los ojos, estaba envuelto en una manta térmica, tendido en el estacionamiento entre las filas de cadáveres. Arango se arrancó la cobija de la cara, jadeando para poder respirar, y levantó la mano a la espera de que alguien lo viera. Escuchó la voz de una mujer gritar: “¡Hay un vivo entre los muertos!”.

 

Cuarenta hombres murieron y más de dos docenas resultaron heridos esa noche en uno de los incidentes con migrantes más mortíferos en la historia de México. Los investigadores mexicanos culparon a los migrantes que desataron el incendio y a los guardias que no los protegieron. Estados Unidos usó la tragedia para instar a los inmigrantes a emigrar por caminos legales para entrar en el país, sin reconocer que algunas de las personas atrapadas intentaban hacer justo eso cuando fueron detenidas. Sin embargo, un análisis de ProPublica y The Texas Tribune muestra cómo el incendio fue el resultado previsto y previsible de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos durante la última década. Políticas que bajo las administraciones de Trump y de Biden han puesto el peso de la responsabilidad sobre el gobierno mexicano para detener y disuadir a las crecientes cantidades de inmigrantes que llegan de todo el mundo. Un gobierno mexicano que ha tenido dificultades para proteger a su propia gente.

 

Los cadáveres en el estacionamiento de Ciudad Juárez no solo quedaron como evidencia de las consecuencias trágicas de las políticas de Estados Unidos, sino también como la representación gráfica de la violencia y la crisis económica que aflige a América Latina. Las víctimas habían llegado a esta ciudad fronteriza desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y, como Arango, desde Venezuela. Durante la última década, un mayor número de personas de estos países han atravesado México y cruzado la frontera estadounidense para pedir asilo, un proceso que tarda años en resolverse, pero les permite vivir y trabajar en Estados Unidos mientras tanto.

 

Cuando Donald Trump se postuló por primera vez a la presidencia, se valió de la magnitud de las llegadas de inmigrantes para agitar la política estadounidense y prometió construir un muro entre Estados Unidos y México. Como presidente, efectivamente convirtió a México en un muro: presionó al presidente de ese país para que adoptara medidas inusitadas y exigiera que casi todos los solicitantes de asilo se quedaran en México, mientras sus casos se dirimían en las cortes de inmigración de Estados Unidos. Trump recurrió a la pandemia del COVID-19 para ordenar a las autoridades fronterizas devolver rápidamente a los inmigrantes a México, o a sus países de origen, bajo una sección poco conocida del Código de Salud Pública —Título 42—, que permite al gobierno estadounidense limitar el número de personas que entran en el país durante una emergencia.

 

Los demócratas denunciaron las medidas como inhumanas y, al principio de su presidencia, Joe Biden relajó algunas de estas políticas, pero mantuvo versiones de otras cuando aumentó la llegada de migrantes a Estados Unidos y empezó a causar repercusiones políticas, tanto para él como para su partido.

 

El resultado fue el caos en ambos lados de la frontera, aunque tal y como predecían muchos expertos, lo peor tuvo lugar en México. Escuálidos campamentos de tiendas florecieron en ciudades fronterizas mexicanas que no tenían suficientes refugios y otros recursos. La frustración entre migrantes fomentó protestas que bloquearon calles y puentes internacionales. Los funcionarios mexicanos respondieron con mano dura, acorralaron a los migrantes y los llevaron a centros de detención que ya estaban hacinados.

 

Un funcionario de la administración Biden declinó comentar sobre el papel que tuvieron las políticas estadounidenses en el incendio, solo dijo que ocurrió en un lugar que “no estaba bajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos”. Un vocero de la Casa Blanca expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, pero tampoco respondió a las preguntas sobre las políticas que contribuyeron al incidente y que, de hecho, siguen vigentes. En cambio, señaló las maneras en que Biden ha ampliado las vías legales para la inmigración, describiéndolo como el mayor esfuerzo de esta índole en años.

 

El representante federal Raúl Grijalva, un demócrata de Arizona, es uno de los muchos legisladores que habían advertido a Washington, y en concreto a Biden, que una tragedia así era inevitable. “El sistema entero en México es parcialmente una creación en respuesta a las iniciativas de Estados Unidos”, dijo en una entrevista. “Por esto tendría que importarnos, porque tenemos cierta responsabilidad”.

 

Cómo llegamos hasta aquí

Habitantes locales pasan caminando mientras inmigrantes, muchos de ellos venezolanos, duermen en la entrada de un puente internacional que separa a Ciudad Juárez, México, de la ciudad de El Paso, Texas. Algunos de los inmigrantes esperan en la ciudad fronteriza mientras intentan conseguir una cita para entrar a Estados Unidos usando la aplicación gubernamental CBP One. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Los peligros de delegar la responsabilidad de la vigilancia migratoria al gobierno de México, lo dejaron en claro expertos y líderes políticos en ambos lados de la frontera, mucho tiempo antes de que el centro de detención de Juárez ardiera.

 

“México sencillamente no es seguro para los solicitantes de asilo centroamericanos”, escribió el sindicato que representa a los oficiales de asilo del gobierno de Estados Unidos, como parte de una denuncia civil contra el programa conocido como “Quédate en México”, implementado por Trump en 2019. “A pesar de haber profesado su compromiso de proteger los derechos de la gente en busca de asilo, el gobierno mexicano ha demostrado ser incapaz de proporcionar esta protección”.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció aquel año el encierro de migrantes en centros de detención sucios y hacinados, a veces sin comida ni agua suficiente. Esas condiciones, señaló la comisión, estaban induciendo a los inmigrantes a protestar, incluso, provocando incendios. Antes del fuego letal de Juárez, al menos 13 incidentes del mismo tipo ocurrieron en centros de detención por todo el país, incluido otro en Juárez. Aquel incidente tuvo lugar en el verano de 2019 y fue provocado de una forma parecida. Migrantes molestos incendiaron sus colchonetas y alrededor de 60 de ellos lograron huir ilesos.

 

La administración Trump rechazó las advertencias diciendo que el sistema estaba atascado con solicitudes carentes de mérito y que, al denegar el asilo a quienes no calificaban para protección, facilitaba atender las necesidades de los que, a su juicio, sí la merecía. El equipo de campaña de Trump no respondió a las preguntas sobre el impacto de las políticas del expresidente, más allá de expresar que había hecho un mejor trabajo que Biden protegiendo a los migrantes, porque eliminó incentivos para que hicieran el viaje a la frontera. En una declaración escrita, la vocera Karoline Leavitt dijo que durante un segundo mandato de Trump el mensaje sería: “NO VENGA. No se le permitirá quedarse y será deportado inmediatamente”.

 

El asilo es un tema más espinoso para Biden debido a las divisiones en su propio partido: algunos abogan por un sistema más generoso y otros temen que el atasco actual haga casi imposible arreglarlo. Como resultado, su presidencia ha estado marcada por medidas que tratan de aplacar a ambos bandos.

 

En su primer día de mandato, Biden suspendió la política “Quédate en México” de Trump ―llamada oficialmente “Los Protocolos de Protección de Migrantes”―. Según dijo, esta había “cerrado la puerta en la cara de las familias que huyen de la persecución y la violencia” y había creado sufrimiento humanitario en México. También empezó a desmantelar las restricciones del Título 42 de COVID-19, así excluyó a menores no acompañados. De repente, una frontera que había estado a punto de cerrarse a los solicitantes de asilo tenía una nueva apertura, durante una época en que una cantidad histórica de inmigrantes estaba en movimiento globalmente. Entre ellos, había casi ocho millones de venezolanos que huían de un gobierno autoritario y una economía colapsada, uno de los mayores desplazamientos humanos en el mundo.

La familia Pabón forma parte de los casi ocho millones de venezolanos que han huido de su país durante la última década, lo que constituye uno de los mayores desplazamientos de población en el mundo. Este corto documental sigue a la familia desde Ciudad Juárez, México, hasta sus primeros meses en Estados Unidos, donde han pedido asilo y luchan por construir nuevas vidas. Credit:Gerardo del Valle/ProPublica

Semanas más tarde, el número de personas intentando cruzar la frontera alcanzó niveles que no se veían en décadas. Biden respondió al incremento pidiendo ayuda al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Después de denunciar las condiciones en las que las familias migrantes habían sido forzadas a vivir en México, la administración Biden empezó a presionar a ese gobierno para que las aceptara de vuelta. “Estamos intentando arreglar ahora con México su voluntad de recibir de vuelta a más de estas familias», dijo Biden durante una conferencia de prensa. Y luego añadió: “Creo que vamos a ver este cambio. Todas (las familias) deberían regresar”.

 

El 19 de marzo de 2021, su administración anunció que le mandaría a México 2.5 millones de vacunas de COVID-19. El mismo día, López Obrador declaró que cerraría la frontera sur de México a tráfico no esencial, invocando la pandemia.

 

Sin embargo, los inmigrantes siguieron llegando. Al final del primer año del mandato de Biden, la Patrulla Fronteriza reportó que los encuentros con inmigrantes habían subido dramáticamente a 1.7 millones en comparación con los 859,000 en 2019. Los números aumentaron más, a 2.2 millones, en 2022, el año en que Biden anunció su plan para ponerle fin al Título 42. Inmediatamente, los gobernadores republicanos de 24 estados interpusieron una denuncia civil en contra de su administración para frenar la iniciativa. Uno de esos gobernadores, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses llenos de personas que habían cruzado la frontera en Texas a ciudades controladas por demócratas, entre ellas New York, Chicago y Denver.

 

Frente a una crisis política encima de una humanitaria, Biden respondió con una serie de medidas. Al mismo tiempo que luchaba por finalizar el Título 42 en los tribunales, su administración extendió el poder de los oficiales de Estados Unidos para permitirles expulsar inmediatamente a México a los migrantes venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Exigió que los solicitantes de asilo usaran una aplicación, la CBP One, para hacer citas para entrar a Estados Unidos. Y autorizó a los oficiales fronterizos a rechazar a aquellos que no lo hubieran hecho así. También prohibió a algunas personas buscar refugio en Estados Unidos si no solicitaban primero el asilo en un país por el que estuvieran de camino.

El presidente Joe Biden habla con agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, el 8 de enero de 2023. La visita vino después de un anuncio de su administración para extender el uso del Título 42 e incluir a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Credit:Kevin Lamarque/Reuters

Como gesto de apoyo a los defensores de inmigrantes, combinó aquellas medidas con un programa que permitía a unas 30.000 personas de países recién afectados por el Título 42, solicitar visas humanitarias temporales desde sus países de origen, con la condición de que pasaran una verificación de antecedentes y tuvieran un patrocinador financiero en Estados Unidos. También abrió centros de procesamiento en algunos países latinoamericanos donde los migrantes podían solicitar venir legalmente. Pero nada de esto pareció tener un efecto duradero ni para mantener contento a su partido, ni para disuadir a los migrantes de llegar a la frontera, ni para proteger su seguridad.

 

En enero de 2023, dos meses antes del incendio en Ciudad Juárez, casi 80 demócratas en el Congreso, incluido Grijalva, escribieron una carta a Biden para decirle que seguían preocupados.

 

“Como sabe muy bien la administración, las condiciones actuales en México —el principal país de tránsito— no permiten garantizar la seguridad para las familias que buscan refugio en Estados Unidos”, decía la carta. “Instamos a la administración Biden a coordinarse rápida y eficazmente con miembros del Congreso para encontrar formas de enfrentar de manera adecuada los retos de la migración en nuestra frontera sur, que no incluyan violar la ley de asilo y nuestras obligaciones internacionales”.

 

Días antes del incendio, el Servicio de Investigación del Congreso secundó dicha advertencia al afirmar que el aumento de inmigrantes en México había “sobrepasado los recursos del gobierno mexicano y puesto en peligro a los migrantes”.

 

Maureen Meyer, una vicepresidenta de la Oficina de Washington para Asuntos sobre Latinoamericanos, dijo: “Hay un costo humano enorme cuando se prioriza la actuación policial por encima del bienestar y la seguridad humana. El incendio es probablemente uno de los ejemplos más atroces de lo que podría pasar”.

Trozos de papel con los nombres de los 40 hombres fallecidos en el incendio están atados con flores de cempasúchil a la cerca que rodea el centro de detención de inmigración de Ciudad Juárez, donde perecieron. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Una ciudad al límite

Arango dijo que había salido de Venezuela hace diez años porque partidarios del presidente autoritario, Nicolás Maduro, lo habían amenazado por hacer campaña política para la oposición. También le resultó imposible ganarse la vida para él y sus dos hijos con los apenas $40 dólares mensuales que recibía como jugador y entrenador de fútbol en Maracaibo, la segunda ciudad más grande de su país. Primero emigró a Colombia, pero terminó teniendo que irse nuevamente cuando se le dificultó encontrar un trabajo donde le pagaran lo suficiente. De ahí se movió a Bolivia, dónde conoció a la mujer que se convertiría en su esposa.

 

A principios de 2023, Arango seguía jugando fútbol y pensaba que su esposa podría estar embarazada. Para ese entonces, había escuchado historias alentadoras de sus amigos venezolanos que habían emigrado a Estados Unidos y se estaban asentando en nuevos trabajos. Debido a que Estados Unidos había roto relaciones con el gobierno de Maduro, los venezolanos no tenían que superar los mismos obstáculos de inmigración que los ciudadanos de otras nacionalidades. Estaban en gran medida protegidos de la deportación y no estaban sujetos al Título 42.

 

La hermana de Arango, Stefany, tenía un novio que había logrado cruzar la frontera y había conseguido en Austin un trabajo en la construcción. Arango creía que él podría hacer lo mismo.

Stefan Arango, sobreviviente del incendio de Ciudad Juárez, es uno de los casi ocho millones de venezolanos que han huido en la última década de un gobierno autoritario y de una economía colapsada. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Después de unos 36 extenuantes días, a través de cientos de kilómetros de terreno inhóspito, Arango y Stefany, de 25 años, llegaron a Ciudad Juárez a mediados de marzo de 2023 montados sobre un tren de carga. Se encontraron en el centro de una ciudad al límite. Con 1.5 millones de habitantes, Juárez había sido durante mucho tiempo un lugar de paso para los inmigrantes en camino a los Estados Unidos más que un destino final. Pero el portón abierto para los venezolanos de pronto estaba cerrado; ahora debían ceñirse a las mismas restricciones de asilo que los centroamericanos. No podían cruzar la frontera sin una cita. Y solo había unas 80 disponibles cada día para entrar por El Paso.

 

Los refugios y hoteles de Juárez estaban llenos por encima de sus capacidades. Había campamentos con miles de migrantes debajo de los puentes y en las orillas del río Bravo, congregados en los cruces principales y en el centro histórico, pidiendo comida, dinero y trabajo. Muchos se quejaban de los robos de las organizaciones criminales y del hostigamiento de la policía y de las autoridades mexicanas de inmigración. Cuanto más tiempo permanecían varados, más aumentaba la frustración de ellos mismos y de la ciudad que batallaba para acomodarlos.

 

El día que Arango y su hermana llegaron, cientos de migrantes bloquearon uno de los puentes internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso rogando a los agentes estadounidenses que los dejaran entrar. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos desplegó agentes con equipo antidisturbios y levantó una cortina de alambre de púas para mantenerlos fuera. Mientras, del otro lado, México usó a la Guardia Nacional para dispersarlos. Al día siguiente, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, resumió el sentimiento en la ciudad: “La verdad es que nuestro nivel de paciencia se está agotando”, señaló durante una conferencia de prensa. “Ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre”.

Migrantes esperan en Ciudad Juárez al lado de una valla de alambre de púas que separa la ciudad de El Paso, Texas. Frustrados por los bajos números de personas que consiguen citas a través de la aplicación CBP One, algunos de los que están varados en ciudades fronterizas deciden no esperar y se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

A raíz del creciente número de nuevos migrantes en la ciudad y las frustraciones que esto causaba, México activó al nivel máximo la alerta y confinó a más migrantes en el centro de detención. Durante los primeros tres meses de 2023, las autoridades de migración llevaron a cabo al menos 110 operativos en la ciudad, casi tantos como durante todo el año anterior. El día del incendio, Arango había dejado a su hermana en el hotel para buscar trabajo y comprar comida. Estaba caminando con un grupo de inmigrantes cerca del muro fronterizo cuando agentes mexicanos los detuvieron y los llevaron al único centro de detención para inmigrantes de la ciudad.

 

Construido en 1995, el edificio se encuentra a orillas del río Bravo, que forma la frontera entre Estados Unidos y México. El centro de detención estaba dividido en dos celdas con unos 30 metros de distancia entre ellas. Una estaba totalmente vacía con capacidad para no más de 80 hombres, mientras que la otra tenía literas y podía albergar hasta 25 mujeres. Dos personas que estuvieron detenidas dijeron que la celda de los hombres tenía cuatro retretes y cuatro regaderas.

 

Alis Santos López, un hondureño de 42 años, llevaba dos días detenido en el centro cuando llegó Arango. Según la ley mexicana, que dicta la puesta en libertad después de 36 horas, Santos no debería haber estado allí. A diferencia de Arango, no esperaba comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Intentaba volver a la vida que ya había establecido. Trabajó diez años como techador en New Jersey antes de ser deportado a su natal Honduras a finales de 2022.

 

Las penurias económicas y la violencia que le habían empujado a abandonar su país parecían haber empeorado. El municipio donde vivía su familia, Catacamas, está entre los más violentos de Honduras. Cuando él y su esposa descubrieron a unos hombres merodeando alrededor de su casa una noche, sospechó que lo habían puesto en la mira porque tenían la idea de que había regresado con dinero ganado en Estados Unidos.

 

Semanas después de su regreso a Honduras, Santos tuvo que partir de nuevo rumbo a New Jersey, pero esta vez con su esposa, Delmis Jiménez, sus tres hijos, su nuera y su nieto. La familia dijo que les habían robado y extorsionado durante todo el viaje y que se habían quedado sin dinero en el sur de México. Santos decidió continuar solo y les prometió que mandaría por ellos una vez que llegara a Estados Unidos. Pero las autoridades de Juárez lo interceptaron en la estación local de autobuses en cuanto llegó.

Alex Santos Jiménez, un hondureño de 20 años, muestra una foto de su padre, Alis Santos López, detenido por agentes de inmigración mexicanos en la estación de autobuses de Ciudad Juárez y llevado al centro de detención de migrantes dos días antes del incendio. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Rodolfo Collazo, que entonces tenía 52 años, era uno de los dos agentes de inmigración federales que, junto con tres guardias de seguridad privada, trabajaban en el centro de detención la noche del incendio. Ingeniero en sistemas computacionales de profesión, Collazo todavía era relativamente nuevo en el trabajo y lo había aceptado porque no podía encontrar algo mejor en su campo. Le pagaban menos de 10.000 dólares al año, pero lograba llegar a fin de mes con un segundo trabajo como chofer en dos empresas de taxis por aplicaciones móviles.

 

La carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República sobre el incendio, los testimonios judiciales y las entrevistas hechas por ProPublica, incluidas algunas con oficiales que trabajaron en el centro de detención, indican que la estancia provisional no era apta para custodiar a inmigrantes durante periodos largos. Además de que las instalaciones eran insuficientes para que los inmigrantes comieran y durmieran, a la celda les faltaba equipos básicos de seguridad, como extintores de incendios y detectores de humo que funcionaran, y no tenía salidas de emergencia. Las peleas y las huelgas de hambre entre los detenidos se habían vuelto comunes.

 

Collazo, un hombre de aproximadamente 1,80 metros de altura y cabello entrecano, a veces tenía sentimientos encontrados: se dividía entre la compasión por los apuros que sufrían los inmigrantes y las exigencias de su trabajo. A veces los inmigrantes se quejaban de que se les habían acabado las provisiones básicas como el jabón y el champú, y él salía a comprarlos cuando le sobraba un poco de dinero. La noche del incendio, notó que los detenidos parecían más agitados de lo normal, e intentó sacarles plática de cualquier cosa para calmarlos. Pero tuvo que salir del centro de detención porque le encargaron trasladar a dos niños salvadoreños—hermanos de 10 y 14 años— a un albergue para menores.

 

Cuando regresó, media hora más tarde, una nube de humo espeso y negro ya emanaba del edificio. Los guardias salían en desbandada y le dijeron que no encontraban las llaves de la celda de los hombres. Collazo corrió al interior del edificio, pero sintió que le ardían los ojos y los pulmones se le llenaban de humo. “No había sentido eso”, dijo. “Se siente horrible”. Casi sin poder ver o respirar, se dio la vuelta. (En el video de una cámara de seguridad tomado en el momento del incendio, dentro del centro de detención, y que se hizo público en una investigación por La Verdad, El Paso Matters y Lighthouse Reports, se escucha a una agente decir que le había dicho a los detenidos que ella no abriría la celda).

 

Los bomberos llegaron a la escena del fuego y lograron abrirse paso entre las llamas, forzar la entrada de la celda e intentar rescatar a los que estaban dentro. Los paramédicos se apresuraron para atender a los que estaban inconscientes. Los muertos, entre ellos Santos, fueron colocados en cuatro filas ordenadas sobre el asfalto frío fuera del edificio.

 

Una militar mexicana vio que uno de los cuerpos se movía. Era Arango.

 

Futuro incierto

 

 

Para conmemorar el primer aniversario del incendio, algunos habitantes de El Paso hicieron una marcha en el centro de la ciudad. Al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, los participantes colgaron mantas térmicas sobre la valla que rodea el centro de detención para honrar a cada uno de los inmigrantes que murieron allí, y celebraron una misa especial en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. “Es una enorme tragedia”, dijo el obispo de El Paso, Mark Seitz, al mencionar la pérdida de “40 vidas jóvenes y en potencia”. Pero la tragedia más grande, dijo, sería “olvidar a las personas y a las familias que siguen sufriendo”.

Los nombres de los migrantes fallecidos en el incendio de 2023, incluido el de Alis Santos López, fueron escritos sobre mantas térmicas en la valla que rodea el centro de detención donde ocurrió el incendio, para conmemorar el primer aniversario del incidente. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Para entonces, el gobierno mexicano había clausurado la estancia provisional de Juárez y suspendido temporalmente las operaciones de 33 otros centros de detención en todo el país. Al director del Instituto Nacional de Migración de México, encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración del país, se le acusó penalmente por incumplimiento de su deber profesional, aunque permanece libre y en su puesto. El instituto no respondió a las peticiones de comentarios. Funcionarios de esa agencia anteriormente han defendido el trato que dan a los inmigrantes bajo su custodia.

 

La política de “Quédate en México” y el Título 42 fueron revocados, pero México sigue siendo un factor clave en los esfuerzos de Estados Unidos para frenar la migración. Las encuestas muestran una y otra vez que los estadounidenses ven la seguridad de la frontera como una prioridad mientras la nación se prepara para las elecciones presidenciales de este año. Biden sigue exigiendo el uso de la aplicación móvil CBP One para aquellas personas que quieren entrar a Estados Unidos y solicitar asilo. También lucha en los juzgados para poder prohibir las solicitudes de asilo si antes no se ha pedido refugio en los países por los que han transitado. Este reglamento es importante porque la mayoría cruza por otro país antes de llegar a Estados Unidos, especialmente por México.

 

Stephanie Leutert, una experta en inmigración y exfuncionaria de la administración de Biden, dijo que no le sorprende que el incendio no hubiera impulsado al gobierno a un cambio de postura. “Si las muertes de migrantes llevaran a cambios en la política, ya habríamos cambiado las políticas hace mucho tiempo”, dijo.

 

El obispo Seitz, un defensor de los inmigrantes, se lamentó de lo mismo. “Me pregunto cuántas muertes se necesitan”, dijo en una entrevista. “¿Habrá un momento en que nuestro país se despierte? ¿Qué hará falta para que reconozcamos que necesitamos tomar otro camino?”.

 

Mientras tanto, las repercusiones de esas políticas siguen marcando las vidas de aquellos que fueron afectados por el incendio.

 

En una prisión federal situada a unos 16 kilómetros de donde trabajaba, ahora es Collazo quien se encuentra detrás de las rejas, junto con dos inmigrantes venezolanos y varios de sus antiguos compañeros de trabajo. Está esperando un juicio por homicidio y lesiones a 67 hombres por su papel en el incendio. Dice que no es culpable. Si es condenado, podría pasar el resto de su vida en prisión. Su esposa María Trujillo y sus hijos vendieron sus autos y han pedido préstamos para pagar los gastos legales, que ahora excede los 50,000 dólares. Trujillo, de 53 años, comenzó a limpiar casas y vender tamales. Mientras tanto su hija, Tania Collazo de 35 años, trabaja turnos extra en un hospital local como asistente médico. El año pasado, Tania viajó a la Ciudad de México con la esperanza de que el presidente López Obrador los pudiera ayudar.

 

Sin mucha fe en el sistema, a veces ellas mismas hacen sus propias investigaciones, hablan con otros exfuncionarios y migrantes que fueron detenidos y que podrían tener información que ayude al caso de Rodolfo Collazo.

 

“Todos los días me duermo y me levanto con la agonía de saber si el sistema vuelve a fallar”, dijo Tania Collazo. “Jamás va a volver a salir”.

Primera imagen: María Trujillo, a la izquierda, esposa del agente mexicano de inmigración Rodolfo Collazo, junto a su hija Tania Collazo, ambas dicen que intentan seguir siendo positivas, pero cuanto más tiempo permanece tras las rejas, más difícil es mantener la esperanza. Segunda imagen: Una foto de Rodolfo Collazo encima de una mesa de su casa, en Ciudad Juárez. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Arango pasó aproximadamente tres semanas en un coma inducido en un hospital de la Ciudad de México después de un paro respiratorio. Había sufrido envenenamiento por monóxido de carbono y severos daños en los pulmones, los riñones y las vías respiratorias. Durante meses de recuperación, sus emociones eran tan erráticas como un viaje en montaña rusa: en un momento la euforia de estar vivo, en otro una miseria tan profunda que quería golpear las paredes al escuchar al médico hablar de los complicados desafíos que impedían su recuperación. Mientras, su mujer sufría sola en Bolivia. Un momento particularmente devastador para los dos fue cuando ella tuvo un aborto espontáneo, un varón, cuando Arango estaba hospitalizado.

 

En septiembre del año pasado, la administración Biden permitió a Arango y a su esposa, además de otros sobrevivientes del incendio, entrar en Estados Unidos por razones humanitarias. La pareja viajó en autobús a Austin. Su hermana Stefany ya había llegado allí. Cuando Arango, alto y delgado, la vio, sonrió y la envolvió en un fuerte y largo abrazo.

 

Aunque dijo que agradece estar vivo, todavía hay momentos en los que cae en una profunda depresión. “Todavía estoy tratando de reencontrarme conmigo mismo», dijo Arango. “A Dios le pido tiempo, tiempo de ser el Stefan de antes. Y mejor”.

Arango vuelve la mirada hacia México una última vez antes de cruzar a Estados Unidos. Arango, junto a su esposa y otros sobrevivientes del incendio, recibió permiso para entrar a Estados Unidos por razones humanitarias. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Primera imagen: Arango pone las manos sobre una Biblia que viajó con él a lo largo de siete países y el Tapón del Darién, una peligrosa extensión de selva entre Colombia y Panamá. Mientras las llamas y el humo llenaban la celda del centro de detención, Arango dijo que se puso en las manos de Dios y rezó. Segunda imagen: Arango y su esposa, Patricia Moyano, de Bolivia, mandan mensajes de audio a sus amigos mientras esperan en la terminal de autobuses de Greyhound en El Paso, antes de viajar a Austin. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Delmis Jiménez no supo que su marido había muerto en el incendio hasta tres días después, justo el día del cumpleaños de ella. El cadáver de Santos fue repatriado a Honduras. Su familia volvió del sur de México para recibirlo y enterrarlo cerca de su casa en Catacamas. Jiménez escogió un ataúd de color plateado y vistió una camiseta con un emblema estampado en el frente: “Siempre vivirás en mi corazón”.

 

“¿Por qué tanto sufrimiento?”, pensaba durante la ceremonia. “¿Para qué?”.

 

Su muerte, sin embargo, no disuadió ni a ella ni a su familia de marcharse otra vez de Honduras. Sabía que existía la posibilidad de correr el mismo destino al intentar llegar a Estados Unidos, pero dijo que se sentía aún en más peligro si se quedaba en Honduras. Así que la familia emprendió el camino de nuevo, viajando en autobuses y caminando al lado de las vías del tren, intentando conseguir una cita con la aplicación CBP One, sin entender que tenían que estar en el norte o en el centro de México para poder usarla. Con los pies llenos de ampollas y el cuerpo cubierto de picaduras de insectos, durmieron en edificios abandonados o en los porches de las personas que se apiadaron de su terrible situación.

 

Una organización sin fines de lucro mexicana les envió dinero para los boletos de autobús a la Ciudad de México, donde siguieron probando suerte con CBP One. Finalmente, después de un mes, consiguieron una cita para el pasado mes de noviembre, justo antes del día de Acción de Gracias. Y se fueron rumbo a Ciudad Juárez.

 

Jiménez, con su largo pelo negro atado en una colita, se detuvo en la línea divisoria entre Juárez y El Paso al lado de sus hijos y su nieto. Su cuerpo pequeño se inclinaba hacia atrás con el peso de la mochila llena de ropa y algunas de sus posesiones más queridas: sus anillos de boda, un reloj de plata que Santos le había dado por el Día de la Madre, y una foto enmarcada de él. Mientras caminaba hacia suelo estadounidense, no podía creer lo cerca que su esposo había llegado.

 

“Realmente solo estaba a unos pasos de realizar sus sueños”.

Delmis Jiménez parada en la cima del puente internacional que divide Ciudad Juárez de El Paso. Su familia espera a que los agentes de aduanas les permitan entrar a Estados Unidos. Su marido murió intentando llegar al país ocho meses antes. Credit:Paul Ratje para ProPublica y The Texas Tribune

Por Carlos Gonzales – Bellingcat

Illustration courtesy of Alejandra Saavedra López ©

 

Un presunto coyote sosteniendo un walkie talkie se agazapa junto a unos manglares. En otro vídeo, habla a la cámara sobre el hecho de que nuevas barreras flotantes desplegadas en el Río Bravo no le impedirán cruzar el río.

 

El único problema: geolocalizamos esas imágenes en un puerto deportivo al sur de Miami, Florida, a casi 2.000 km del Río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México.

 

Bellingcat y nuestro socio de investigación El Clip analizamos su cuenta de TikTok de 150.000 seguidores y alude a actividades de tráfico de personas a través de cientos de videos y publicaciones. Decenas de personas han solicitado información sobre el tráfico de personas o de cómo trabajar como coyote, pero descubrimos que muchas de las afirmaciones de la cuenta no cuadran. Los expertos nos dijeron que el relato encontrado en esta página de TikTok representa una versión caricaturesca del contrabando en la vida real.

 

Bellingcat se puso en contacto con el titular de la cuenta, un hombre que se hace llamar Maldonado. En un giro inesperado, afirmó haber ayudado a personas a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México de manera gratuita sin ser detectados, y sin recibir permiso de los grupos del crimen organizado.

 

Pero no pudimos confirmar estas afirmaciones. No está claro quién está realmente detrás de la cuenta, si es un mercado para el transporte clandestino de personas, o si es simplemente una estafa.

 

TikTok eliminó la cuenta de Maldonado después de que los contactamos.

Un portavoz de TikTok nos dijo:

 

“Tenemos tolerancia cero con el contenido que facilita el tráfico de personas. Seguimos trabajando estrechamente con las autoridades y socios de la industria para encontrar y eliminar contenido de esta naturaleza”.

 

La economía de la trata de migrantes en Centroamérica

 

La cuenta de Maldonado se destacó entre docenas de cuentas de TikTok que Bellingcat y El Clip revisaron y que promovían servicios de tráfico de personas. Estas cuentas describen un viaje sin problemas para las personas que se trasladan a través de Centroamérica hacia Estados Unidos. Puedes leer su investigación aquí.

 

Examinamos aproximadamente 100 anuncios en TikTok que ofrecen servicios de tráfico ilegal de personas.

 

El tráfico de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos es una operación multimillonaria. Ha sido reportado que más de dos millones de migrantes fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en 2022 y 2023.

 

Según el punto de origen y el paquete seleccionado, a los migrantes se les cobra entre $2,000 y $10,000 USD para ser contrabandeados a los EE.UU.

 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mientras que un servicio VIP incluye viajes aéreos y alojamiento en hoteles y cuesta hasta $60.000, los servicios más básicos incluyen cruzar a Estados Unidos en bote inflable, caminando o confinados en camiones.

 

La estructura básica de las redes de tráfico de migrantes incluye al líder de la red de tráfico, seguido por el Coyote o Pollero y los Enganchadores.

 

Los coyotes o polleros guían a los migrantes durante el viaje. Están a cargo de todas las tareas relacionadas con el cruce ilegal de la frontera.


Enganchadores o “reclutadores” son responsables de reclutar migrantes para hacer el viaje. A menudo, los migrantes son reclutados en persona en centros de transporte, pero también cada vez más en línea.

 

Migrantes según se informa tienen que pagar a una cadena de partes interesadas que abarca desde pequeños reclutadores locales hasta contrabandistas. Los cárteles de droga solían cobrar a los contrabandistas un peaje por cada migrante que cruzaba sus territorios, pero su participación activa en el negocio está aumentando debido al mayor número de migrantes que intentan cruzar.

 

Los estados fronterizos de Estados Unidos, como Texas, han sido responsables crecientemente de la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que grupos de derechos humanos han identificado abusos de derechos humanos por la policía fronteriza y de aduanas de Estados Unidos. Bellingcat ha escrito anteriormente sobre milicias nativistas estadounidenses que han desplegado tácticas agresivas anti inmigrantes, y que incluso han cruzado la frontera con México durante sus “patrullas.” 

 

El coyote digital

 

Creada en febrero de 2023, la cuenta de Maldonado presentaba cientos de clips cortos que muestran una mezcla de operaciones de tráfico de personas, pequeñas aeronaves y semirremolques.

 

Revisamos mil publicaciones en la cuenta que revelaron un patrón.

 

En algunos vídeos, Maldonado aparece frente a la cámara. Se le ve vistiendo ropa vagamente camuflada, a menudo con un walkie talkie. A veces, el audio que acompaña a estos clips incluye discusiones sobre actividades de contrabando. Mezclados con estos mensajes hay mensajes personales sobre equitación u otras actividades como paseos en motocicletas. Docenas de videos muestran a personas camufladas caminando por desierto, campo, o junto a la orilla de un río. Crucialmente, ninguno de estos videos muestra a Maldonado frente a la cámara. No incluimos ningún enlace a la cuenta de Maldonado para evitar su amplificación.

Identificamos aproximadamente 50 videos donde Maldonado se filmó sentado cerca de un cuerpo de agua con un walkie talkie. En algunos de ellos, da a entender que el cuerpo de agua es el Río Bravo, agregando música de fondo o pines de ubicación.

Izquierda: un ejemplo de uno de los videos publicados por Maldonado que muestra un río y un walkie talkie. El video incluye una canción llamada “Río Bravo”, las letras de la cual dicen: “Mi sueño es que la gente diga que Maldonado es una buena persona”. Derecha: Otro video junto al río con una ubicación marcada como “Rio Bravo”. Fuente TikTok y anotaciones por Bellingcat.

A primera vista, notamos los manglares pantanosos de las orillas de los ríos que aparecen en sus videos. Estos no coinciden con la vegetación que se ve en el clima semiárido de la región fronteriza entre Estados Unidos y México. En particular, los manglares son característicos de regiones húmedas costeras, que se encuentran en ambientes tropicales y subtropicales.

 

En julio de 2023, el estado de Texas comenzó a instalar una barrera flotante a lo largo de las orillas del Río Bravo con el fin de disuadir a los migrantes de cruzar al país.

 

En septiembre del mismo año, Maldonado publicó un vídeo que mostraba una “barrera flotante” en un río, y donde afirmaba que no le impediría cruzarlo. El vídeo había sido visto 250,000 veces.

 

Sin embargo, en lugar de mostrar una “barrera fronteriza” instalada en el Río Bravo, la geolocalizamos a el puerto deportivo de Black Point en Florida, el cual es descrito en Google Maps como un “lugar de reunión frente al mar que cuenta con un restaurante junto al muelle, un pabellón para picnic, un embarcadero de pesca y una ruta para correr”.

 

Este sitio está a unos 2,000 km de Río Bravo y de la frontera entre Estados Unidos y México.

Izquierda: Captura de pantalla del video publicado por Maldonado en septiembre de 2023. Derecha: Captura de pantalla de un video no relacionado filmado en el mismo puerto deportivo en Florida Fuente:TikTok y YouTube
Captura de pantalla reflejada de un video selfie publicado por Maldonado en agosto de 2023, apenas un mes antes de publicar el video de la “barrera flotante” desde el mismo lugar. Superponiendo la captura de pantalla con Google Street View, podemos hacer coincidir las características de los manglares y la distribución y cantidad de elementos flotantes. Fuente: TikTok y Google Earth. Anotaciones por Bellingcat

Otro vídeo muestra un primer plano de lo que parece ser un vehículo de la patrulla fronteriza estadounidense filmado de noche. El vehículo está vacío. Se pueden escuchar dos voces aparentemente hablando en una transmisión de radio. Descubrimos que el audio de la comunicación por radio coincide con este video de Youtube publicado hace nueve años.

Captura de pantalla de un vídeo publicado por Maldonado con lo que parece ser un vehículo de la patrulla fronteriza estadounidense. Lo más probable es que el audio del vídeo haya sido editado. La comunicación radial corresponde a un audio publicado en YouTube hace al menos 9 años atrás. Fuente:TIkTok

Servicio superior y alusiones a la narco cultura

 

En un video fijado, Maldonado pide personalmente a las personas que se comuniquen con él mediante videollamada si desean obtener más información. Cientos de personas han comentado sus vídeos pidiendo más información sobre como entrar a los Estados Unidos ilegalmente. 

 

Maldonado afirma repetidamente que sus cruces son más caros pero más exitosos que los de otros.

 

Por ejemplo, en videos que muestran a migrantes detenidos por la policía fronteriza, un texto superpuesto implica que, aunque cobra más, aquellos que cobran menos no son tan seguros ni tan eficientes como él.

 

Una publicación dice:

 

“Oye Maldonado, eso es demasiado caro. Conozco a alguien que también cruza en trailers y cobra menos”, luego continúa con un texto que dice: “Mi reacción: jajajajaja”.

Un ejemplo de varios videos publicados por Maldonado destacando que sus supuestos servicios de contrabando no son los más baratos, pero sí los mejores.Fuente: TikTok

Una nota sobre la narco cultura

 

La guerra contra las drogas en México—según se informa—penetró en el tejido social de la nación incluyendo el idioma, la música e incluso la religión. Este fenómeno social llamado narco cultura se extiende por otras regiones de América Latina afectadas por la violencia del narcotráfico.

 

El lujo y la vida fuera de lo común de los narcotraficantes ha dado paso a una fascinación entre el público. Esta fascinación supuestamente ayuda a los cárteles a atraer y reclutar a generaciones más jóvenes.

 

De acuerdo a  un estudio realizado por la Universidad de Nayarit, narco cultura influye en los jóvenes que buscan salir de la pobreza y lograr reconocimiento social.

 

El New York Times también ha reportado sobre un género de videos en TikTok que representan grupos de narcotraficantes y sus actividades.

 

En 2022, Mileno reportó una serie de videos virales en TikTok de presuntos miembros de grupos narcotraficantes que muestran su estilo de vida, trabajo diario, armas y supuestas conexiones con cárteles de la droga.

Los narcocorridos son una parte importante de la narco cultura y sus letras intentan glorificar carteles de drogas.

 

Aunque nunca se le ha visto portando un arma en sus videos, en al menos tres de ellos Maldonado repite el siguiente mensaje: “Dile al profesor que no pude unirme a la clase porque ahora estoy trabajando para La Chapiza.» Luego varias personas comentan en los vídeos pidiendo oportunidades laborales.

 

La misma frase repetida por Maldonado se volvió viral dos años antes en un video publicado por presuntos miembros de “La Chapiza”, un término asociado con hombres armados que sirven a los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”.

 

En otra publicación, las imágenes muestran a alguien conduciendo por una autopista y la leyenda dice:

 

 “En fin, ¿le pides permiso a La Maña?«


Luego, el automóvil pasa junto a un grupo de camionetas estacionadas. “La Maña” es un término coloquial en México para el crimen organizado que también está asociado con organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Un video publicado por Maldonado muestra a alguien conduciendo junto a un grupo de camionetas. El pie de foto del video decía “En fin, ¿le pides permiso a La Maña?” La Maña es una expresión coloquial en mexicano-español para referirse al crimen organizado. Fuente:TikTok

“Todos los días trafico gente…” 

Un elemento que hizo destacar la cuenta de TikTok de Maldonado de la de otros coyotes digitales es el cuidadoso refuerzo de su narrativa a través de música corrido personalizada.

 

Los corridos mexicanos se originaron a principios del siglo XX y son muy populares en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Ya que se centran en temas importantes para la gente, están profundamente influenciados por desarrollos a lo largo de la frontera.

 

Algunos subgéneros controversiales (como los narcocorridos) están asociados con la narco cultura. Sus letras a menudo se comparan con el gángster rap hecho popular en los Estados Unidos.

 

En 2023, un cantante lanzó un corrido aparentemente dedicado a Maldonado. La canción resume la supuesta biografía de Maldonado y sus orígenes en Honduras así como algunos detalles de sus presuntos servicios de contrabando.

 

Una línea de la canción comienza: «Todos los días trafico gente…»

La canción se encuentra en YouTube, Spotify y Apple Music.

Captura de pantalla de una canción lanzada en mayo de 2023 dedicada a Maldonado y presentada por Apple Music y otras plataformas. Una sección de la letra dice "Todos los días trafico gente..." Fuente: Apple Music

Otra canción dedicada a Maldonado hace referencia a su aparente servicio de tráfico de personas entre Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos.

 

Una sección de la canción está dedicada a su supuesta operación de camiones semirremolque y su “inmunidad” o patrocinio cuando cruzan la frontera.

 

La letra incluye:

 

“Nueva ruta, los camiones van cargados

Pasan por la línea [frontera], muy bien apadrinados.….

…..salen de Reynosa con destino al otro lado…”


Las imágenes que acompañan a la canción muestran una ilustración generada por IA de un camión semirremolque cruzando un puesto de control con lo que parece ser la bandera de México y Estados Unidos a ambos lados del cruce.

 

Maldonado ha publicado videos testimoniales de presuntos migrantes viajando dentro de la cabina o cama de camiones semirremolque, pero no en los propios contenedores. 

 

Se han utilizado semirremolques o camiones para contrabandear a muchos migrantes a través de México y la frontera entre Estados Unidos y México, en varios casos con consecuencias fatales. En marzo de 2022, una mujer de Nicaragua embarazada falleció luego de ser abandonada junto a otros 160 migrantes dentro del espacio de carga de un semirremolque en Monclova, Coahuila, México. Unos meses más tarde, en junio, 53 personas murieron después de quedar atrapadas en un camión encontrado cerca de la Base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio, Texas. Nuestros socios El Clip han reportado con más detalle sobre los remolques de inmigrantes.



¿Un verdadero coyote, un influencer, o un estafador?

 

El verdadero propósito detrás de la cuenta de Maldonado aún no está claro.

 

Bellingcat se puso en contacto con TikTok para preguntar sobre nuestros hallazgos. Después de comunicarnos con ellos, la cuenta de Maldonado fue eliminada por violar las pautas de TikTok. TikTok revisó otros anuncios que identificamos y dijo que eliminaron aquellos que violaban sus pautas. TikTok nos dijo que prohíbe el contenido que facilite el tráfico y la trata de personas, y nos indicó sus Normas de la Comunidad. TikTok nos dijo que en 2023 lanzaron una serie de intervenciones de búsqueda para alertar a su comunidad sobre los riesgos del tráfico y la trata de personas. Hasta ahora, esto se ha implementado en todos los países de Europa. TikTok nos dijo que la moderación de contenido a escala requiere una mejora constante de las políticas y estrategias de aplicación.

 

Le mostramos la cuenta de Maldonado a Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason y experta en crimen organizado, inmigración, seguridad fronteriza, movimientos sociales y trata de personas.

 

Nos dijo que las publicaciones en TikTok sobre operaciones de trata de personas incrementaron mucho después de que el Título 42 fue introducido por el expresidente estadounidense Trump en 2020, permitiendo a los funcionarios fronterizos estadounidenses rechazar a los migrantes con el argumento de prevenir la propagación de Covid-19. Independientemente de su verdadero propósito, muchas de las publicaciones en TikTok crean una sensación de urgencia sobre el cruce de migrantes, promoviendo una actitud de que tomar la decisión de cruzar la frontera  es “ahora o nunca”, dijo Correa-Cabrera.

 

«Como ocurre con cualquier otra actividad económica, el uso de las redes sociales es fundamental».

 

Correa-Cabrera dijo que era “absolutamente” cierto que la cuenta de Maldonado fue diseñada para dar la impresión de que está involucrado en el tráfico de personas y que parece haber una estrategia bien pensada detrás de la cuenta.

 

“Esto parece ser un mensaje coherente y deliberado que se repite una y otra vez. Que está involucrado en el tráfico de personas, que eso es lo que hacen los traficantes de personas”.

 

«Hay muchos recursos detrás de esa cuenta».

 

Sin embargo, el propósito de la cuenta era menos claro, dijo Correa-Cabrera. Una hipótesis es que actúa como un mercado que conecta a diferentes actores involucrados en el contrabando, utilizando rasgos de la cultura de los influencers para reclutar y publicitar.

 

Alternativamente, podría estar ofreciendo servicios de contrabando, o tal vez tenga una motivación política o sea simplemente una estafa.

Los contrabandistas se conectan en interacciones uno a uno que no se ven en público, dijo Correa-Cabrera. Añadió que las referencias de Maldonado a narco cultura no cuadran y no reflejan las realidades de la migración que ella ha observado en el terreno.

 

La mezcla de referencias genéricas a diferentes pandillas en el relato proporciona una “versión caricaturesca” de la narco cultura, dijo Correa-Cabrera.

 

Nos comunicamos con Maldonado por teléfono antes de la publicación para preguntarle sobre su cuenta de TikTok y las letras de su música.

 

Nos dijo que ayuda a las personas a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin ser detectadas.

 

Afirmó que no cobra por sus servicios, que no tiene acuerdos con el crimen organizado y que su única motivación es ayudar a la gente. Afirmó que una mala experiencia de contrabando hace doce años lo motivó a ayudar a otros a cruzar. No pudimos verificar ninguna de sus afirmaciones.

 

“…. me tiraron al desierto a caminar, me dejaron ahí como a un perro, caminando trece días sin comer ni beber nada… y dije ¡¡¡no!!! … Voy a aprender las rutas y voy a cruzar a todos [sic] hacia Estados Unidos porque esta tierra también es de los humanos, Dios no va a dejar que otros sufran lo que yo sufrí. Y así empezó”.

 

Nos dijo que la cuenta de TikTok no estaba monetizada y que el objetivo no era reclutar personas sino ponerlas alerta y protegerlas de los estafadores. Agregó que no responde preguntas vía TikTok. En cambio, trabaja mediante recomendaciones y el boca a boca.

 

«[La cuenta] no es para negocios ni nada parecido.»


“Si vas y ves los comentarios la gente me pide información, pero no respondo nada de eso”.

 

Le dijimos que lo habíamos geolocalizado en los manglares de Florida cuando hizo referencia a la barrera fronteriza en el Río Bravo en uno de sus videos de TikTok, y el nos dijo que anteriormente vivía en Florida.

 

Le preguntamos a Maldonado si utilizaba semirremolques para sus servicios de contrabando a lo que respondió: “No, no trabajo con eso”.

 

Miembros de pandillas piden a los migrantes una contraseña que demuestre que han pagado a redes de coyotes para viajar a través de México y la frontera entre Estados Unidos y México. Le preguntamos a Maldonado sobre el significado de la palabra “Omega”, que es uno de sus apodos y al que se hace referencia repetidamente en sus canciones, así como en los testimonios de migrantes publicados en su cuenta. Nos dijo que no podía hablar de eso.

 

Cuando se le preguntó cómo se sale con la suya traficando personas sin permiso o siendo detenido por los cárteles de la droga, dijo:


“No pueden detenerme. Me llaman el Fantasma de Tamaulipas”.


Ángela Cantador y Pablo Medina del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) y Akk36 del Global Authentication Project contribuyeron con la investigación a este artículo.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Texto: Roberto Hernández
Portada: Persy Cabrera

 

En nuestra sociedad actual, como en las pasadas, el poder económico se impone sobre todas las cosas, por encima de todas las leyes y valores. Esto no es algo desconocido para nadie. A mayor concentración de dinero, más poder se adquiere. Entre más se tiene, más se vale a ojos de los demás. 

Y esto merece ser analizado detenidamente, revisarlo desde la perspectiva más reciente, pero remontándose al pasado. 

Este país históricamente ha sido dominado por una oligarquía que ha tenido grandes masas de capital y un gran número de propiedades, y en contraparte, la mayoría de la población ha vivido en condiciones infrahumanas y en constante violación de sus derechos. Este pequeño grupo que ha dominado tanto la economía como la política, generación tras generación, se ha rehusado a repartir parte de sus bienes entre los sectores más desposeídos o a crear las condiciones para el buen vivir colectivo o, por lo menos, para que el país no esté tan jodido, como se dice popularmente.  

No ha habido medidas de peso para acortar la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres en búsqueda de una sociedad donde el desarrollo humano sea primordial, y no la reproducción del capital. Según cifras de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 64.1 % de la población vive en pobreza —en 2021 la cifra superaba el 70%—; entonces, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres del continente, y es el reflejo del fracaso de una nación llevada al borde tras décadas de saqueo, autoritarismo e irrespeto a la dignidad humana.

Mejorar las condiciones socioeconómicas de los hondureños es un reto muy grande que va más allá del asistencialismo y del chantaje político-partidario, que en el fondo no resuelven nada más que las ansias de riqueza de los políticos corruptos.

El Estado hondureño históricamente ha vulnerado derechos humanos al negar buena parte de los 30 derechos que contempla la Declaración Universal que emitió Naciones Unidas en el año 1948, y esto se agravó especialmente durante los últimos tres mandatos nacionalistas, que convirtieron al país en un matadero enloquecido. San Pedro Sula fue considerada la ciudad más violenta del mundo de 2011 a 2014, y el Estado fue convertido en un organismo para el tráfico de drogas a gran escala. 

En casos como este no se pueden dar recetas o pautas a seguir. Para que Honduras salga del atolladero en el que está, es necesario, en primer lugar, que desaparezca la vieja política partidaria caracterizada por la concentración de poder y el robo de las arcas públicas que en todo tiempo se ha mantenido. Pero aquí está el detalle: los políticos, lejos de ser facilitadores de soluciones, son un problema en sí mismos. Y desde luego no van a estar dispuestos a modificar un sistema político corrupto del cual se nutren. Mucho menos en estos tiempos de tripartidismo, donde «el más vivo» se quiere imponer y controlar los poderes del Estado a conveniencia de sus partidos o de los caudillos que los controlan, su círculo cercano y los poderes fácticos detrás de los mismos. 

Entonces, descartados los políticos como agentes de cambio, tiene que verse la otra variable de esta ecuación, que es la ciudadanía en general, actor imprescindible para la construcción de un Estado de derecho a través de su participación política responsable, que hoy por hoy es muy baja. 

La ciudadanía tiene el deber de elegir candidatos a cargos públicos que estén a favor de la democratización de las instituciones, el combate a la criminalidad y la corrupción en todas sus formas, y de la solución gradual de los otros problemas estructurales de peso, como la violencia, la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Pero en esta época de profundo individualismo y de apego al dinero como bien supremo y fin último de todas las actividades, las causas comunes han sido relegadas a un nivel inferior, casi subterráneo. Criticamos a los políticos por todos sus abusos y atropellos, pero no asumimos nuestra propia culpa al tolerar y perpetuar un sistema económico injusto que anula las posibilidades de bienestar conjunto. Nos hemos sometido a los designios de los poderosos y, de manera genuflexa, hemos ido oponiendo menos resistencia a aquellos que han despedazado al país año tras año. 

¿Qué podemos hacer para revertir esto? ¿Cómo podemos rechazar con actos el continuismo de este calvario? 

Es una fantasía creer que Honduras va a ser pionera en crear un nuevo sistema nunca antes visto, cuando ni siquiera hay alternativas viables en los países desarrollados. Pero se puede mejorar, se puede humanizar. El asunto es cómo hacerlo, porque si analizamos la dinámica social imperante nos damos cuenta de que todo se reduce a seguir la tendencia de la sociedad de consumo. Queremos tener la mayor cantidad de pisto para comprar la mayor cantidad de cosas. No somos conscientes de que con este proceder nos convertimos en las piezas de un gran tablero de ajedrez que pelean, sin reflexionar, por un sistema que nos inunda de mercancías, que cosifica a los trabajadores, que concentra la riqueza en un polo de la sociedad y la pobreza en el otro, y que mantiene la tiranía del dinero, convertido casi en un dios que concede los mayores privilegios a sus más afanados acólitos. 

Se trabaja para consumir y se consume, según la lógica, para ser feliz, porque la vida solo es una y hay que vivirla de la mejor manera posible. Esta concepción consumista de la existencia, que pone en el centro de todo la obtención de dinero, nos convierte en seres aislados en medio de la muchedumbre también aislada, e impide la unión en pos de metas comunes como la búsqueda de una verdadera democracia, la prevalencia de la justicia, el respeto a las leyes y los derechos humanos.  

Si seguimos así, fragmentados, cada uno por su lado, llevando agua solo a su propio molino, este país sin duda no va a tener solución, va a hundirse definitivamente, como indicaría cualquier pronóstico realista. ¿Vale la pena seguir creyendo en una patria mejor cuando a un buen porcentaje de la población poco o nada le importa el bienestar de los demás? ¿Hasta qué punto es factible un cambio de actitud, una conversión hacia la otredad, al respeto de los derechos de los demás como los propios? 

«La dictadura de hoy es económica», dijo el escritor portugués José Saramago. Cuánta razón tenía. Y en este país, neocolonia de Estados Unidos, el gran capital, el crimen organizado y cualquier individuo con suficiente plata para hacer lo que quiera, van a seguir siendo los beneficiarios del estado actual de las cosas. Hay que oponernos. Es bien sabido que el ser humano es fuente de inspiración y decepción, de alegría y sufrimiento, de prodigios y horrores, y este caso concreto no es una excepción. Unos nos llenan de admiración a los más humanistas por su entrega y abnegación con las luchas populares y en la creencia en un país mejor; pero otros nos infunden lo contrario. No quiero tener un tono excesivamente moralista, porque no es mi intención, no me queda bien, pero quiero resaltar que nosotros somos la última esperanza. Seamos el cambio que queremos ver. 

Texto: Alejandra Alvarado
Fotografía: Fernando Destephen


De niña recuerdo a Tegucigalpa un poco más verde y fresca; hoy, veinte años después, está maquillada con tonos grises y líneas amarillas con las que señalizan calles y puentes.

La observo desde el piso número 24 de una torre ubicada en una zona exclusiva de la ciudad, desde acá todo parece más moderno, limpio y «civilizado».

Enfrente veo colonias residenciales con casas de dos pisos y ventanas grandes; ahí sí hay árboles, pocos, pero los hay. No es difícil contar cuántas zonas verdes tengo a la vista, los intentos fallidos de reverdecer la ciudad y otros quizá no tan fallidos.

No puedo ver más allá, no logro ver las montañas que nos rodean y que gracias a ellas le han dado a este lugar el sobrenombre de «el hoyo». Pero no es que la vista no me alcance o que simplemente yo no quiera ver; desde hace días, meses, una densa capa de humo nos cubre, producto de la contaminación y los cientos de incendios que se registran año tras año en esta temporada.

Como la memoria no me falla tanto, o tal vez sí, no recordaba ver a Tegus durante tanto tiempo cubierta por humo.

A veces, por las mañanas, me levanto e intento fingir que es neblina, ese clima agradable del que gozamos los capitalinos, y de repente me golpea la realidad, me golpea el calor y ya no puedo seguir fingiendo. Nadie puede fingir.

Tegucigalpa es una ciudad pequeña pero la más poblada de Centroamérica, con más de un millón de habitantes que se acomodan en cualquier pedazo de tierra sobrante. Hay muchos cerritos llenos de casas improvisadas y otras no tanto; en esas no hay ventanas grandes.

Este aire contaminado no sabe de clases sociales ni políticas; entra a los pulmones de las señoras de Las Lomas y también a los pulmones de las señoras trabajadoras de los mercados. La tos puede sonar igual, pero el presupuesto para tratarla posiblemente no.

Esta no es una cortina de humo que debamos ignorar, esta no es para distraernos de las crisis sociopolíticas a las que ya estamos acostumbrados, este humo es la clara  evidencia de la injusticia.

El acceso a la vivienda es un derecho humano, invaluable, dicen. El derecho a una ciudad habitable también lo es, pero ¿para quiénes están pensados aquellos pedazos de tierra donde sí se puede respirar aire más fresco? ¿Quiénes son los que pueden comprarse una casa en zonas boscosas y seguras?

Siempre se ha dicho que la quema y tala de bosques se debe a la ambición de grupos de la élite, que buscan habitar en espacios de ensueños, que los incendios que se registran son provocados para poder hacer uso de esas zonas tan codiciadas.

Al dañar los bosques y contribuir a la contaminación, dañamos ecosistemas enteros; la vida silvestre ha sido víctima de la mano humana, o inhumana, mejor dicho; las fuentes de agua potable son cada vez menos y los racionamientos cada vez más cotidianos.

El jueves 2 de mayo, esta ciudad tan chiquita era la tercera ciudad más contaminada del mundo, a la par de ciudades como Delhi, en India, y Shanghai, en China, ciudades enormes con miles y miles de habitantes.

Es una alerta, es algo que no podemos pasar por alto.

Entro a redes sociales y todos hablan de lo mismo. Los medios de comunicación hacen notas breves para persuadir a las personas, también videos con música tensa de fondo; hasta parece apocalíptico. Mis amistades comparten una y otra vez las mismas imágenes donde no se ve nada, y en la descripción colocan un corazón roto y una carita triste.

¿Entonces nos entristece y duele «ver» nuestro hogar así, tan vulnerable y gris, tan lejos de volver a tener el cielo azul?

Que esperemos las lluvias, dicen, que solo ellas pueden aclarar los cielos, pero estas tardarán varios días y no son la respuesta a este problema.

Lo que trato de decir es que en un mes el cielo volverá a ser azul, las montañas se verán más verdes y las mañanas tal vez nos regalen un poco de neblina, pero en un año, de nuevo, no podremos ver las estrellas y seguiremos compartiendo las imágenes apocalípticas con emoticones tristes.

Mejor imaginemos un futuro gris, un futuro en el que nadie quiera vivir, un futuro donde no haya remedio. Si logramos visualizar esa vida tan triste, no nos queda más remedio que evitarla a toda costa.

Cambiar no es tarea fácil, radicalizarnos menos, pero por algo debemos empezar: cuidar nuestros bosques porque nuestras vidas dependen de ello, regresar espacios verdes a la ciudad y que se vuelva habitable para cada uno de nosotros.

Debemos cuestionar a las empresas nacionales y transnacionales que tanto daño hacen con sus químicos y formas agresivas de generar productos para la vida cotidiana, cuestionar al Estado y a las alcaldías que han centrado su poder en un modelo de desarrollo capitalista y arrasan con lo poco que nos queda. 

Tenemos que reeducarnos y comprometernos a heredar a las nuevas generaciones un espacio más humano y digno para vivir, formas más sostenibles y amigables de existir, una ciudad donde vivan y no sobrevivan.

En los últimos días el sol se toma su tiempo para irse a dormir. Se pinta de un color rojo intenso, fuego; nos regala atardeceres perfectos para una postal, pero también nos recuerda que ese paisaje tan pintoresco es una advertencia, una señal de que las cosas no van bien, una cortina de humo que no nos deja ver si hay algo más allá.

Por: Jennifer Ávila

Fotografías: Catherine Calderón

 

«¡Inocente!». 

 

Ovania escucha esa palabra salir de la boca del juez y grita, llora, se pega a ella misma y le pega a él, a Gilbert Reyes, el hombre que asesinó a su sobrina y sus amigas. Se pega y le pega fuerte; entonces despierta, agitada con el eco de los golpes que le duelen en la piel. 

 

Han pasado cuatro meses desde que Nikendra fue encontrada sin vida junto con sus dos mejores amigas, María y Dione, en el barrio French Harbour en Roatán, y han pasado apenas unas semanas desde que el sospechoso de ejecutar el triple femicidio fue capturado en República Dominicana después de huir de la isla hondureña donde vivía desde hacía cuatro años. Desde el día en que ocurrió esa captura, Ovania tiene una pesadilla recurrente: en el juicio, Gilbert es declarado inocente. 

 

Hay silencio esta tarde en el restaurante donde trabaja Ovania en West Bay, la zona más turística de la isla.  Aún no hay clientes, así que ocupamos una mesa en el centro del lugar. Allí, Ovania me cuenta sus pesadillas, una, la que llega todas las noches al dormir, y la otra, en la que despierta todas las mañanas desde el lunes 8 de enero, cuando se dio cuenta de que Nikendra no volvió a casa.

 

Nikendra, María y Dione salieron aquel domingo con Gilbert Reyes, un hombre de nacionalidad estadounidense que había sido pareja de Dione y con quien tenía un hijo de cuatro años. Fue en Roatán, una isla de 83 kilómetros cuadrados y alrededor de 70 mil habitantes en la que no es difícil que la gente se conozca, sobre todo que los lugareños se encuentren en los mismos bares y discotecas, se crucen en sus pocas calles asfaltadas y trabajen en las mismas y escasas opciones laborales que hay; así que mucha gente conocida vio a las tres con Gilbert Reyes esa noche, primero cuando fueron a Punta Gorda, y luego en el bar Blue Marlin, en Coxen Hole. 

Pero amaneció y las chicas no llegaron a sus casas. Dione y Nikendra tienen hijos pequeños; sus madres les ayudaban a cuidarlos mientras ellas no estaban, así que cuando amaneció y no las vieron, se dieron cuenta de que algo malo había sucedido, pues ellas nunca se quedaban a dormir fuera de la casa, y menos sin avisar. La madre de María incluso la llamó en repetidas ocasiones a la una de la madrugada, porque su bebé recién nacido no paraba de llorar. Pero ella no respondió. 

Ovania Mccoy, tía de Nikendra, relata cómo fue el día en que su sobrina desapareció luego de salir con su amiga de la infancia Dione. Hace pausas entre las escenas que describe para recordar las ocurrencias de Nikendra y volver al presente, en un mundo en el que su sobrina ya no está físicamente. West Bay, Roatán, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

Ovania cuenta lo que las madres de las otras chicas le contaron, y repasa el último día que estuvo con Nikendra y el siguiente, cuando transcurrieron las horas más largas de su vida mientras la buscaba. El relato de Ovania es un ir y venir entre el recuerdo de cómo Nikendra llegó a su vida y el horror de cómo fue arrancada de ella.

 

Nikendra fue criada en dos casas, vecinas una de la otra, en donde viven la madre de Ovania, sus hermanas mellizas Johanna y Jovanna, y una prima con su esposo. Llegó allí con apenas unas semanas de nacida. Era hija de uno de los hermanos de Ovania y una mujer miskita que había emigrado a Roatán y ambos, según Ovania, no cuidaban bien de la bebé. 

 

Un día, una vecina llamó a Ovania para decirle que la bebé Nikendra, siendo apenas una recién nacida, no paraba de llorar, llevaba varias horas encerrada y sola en casa. Ovania y sus hermanas forzaron su entrada a la casa y se llevaron a la bebé. La madre les pidió que se quedaran con ella porque ya no podía cuidarla y el padre estaba ausente.

 

Esa imagen de Ovania rescatando a la bebé Nikendra irrumpe en el relato, lo atraviesa, le recuerda el dolor que siente ahora por no haber podido salvarla una vez más, sobre todo cuando intentó encontrarla con vida a ella y a sus amigas el lunes 8 de enero de 2024. 

 

Ovania cuenta que cuando las madres de Dione y María se dieron cuenta de que tampoco ellas habían llegado a casa después de salir juntas, se comunicaron entre sí para salir a buscarlas. Primero fueron al Centro Integrado Expedito de Justicia (CEIN), un edificio vacío, como un cascarón, ubicado en French Harbour, una comunidad al centro de la isla, con poca infraestructura turística y un puerto en donde se estacionan los barcos pesqueros. 

 

Ahí está el CEIN, pero decir que funciona como un centro integrado para atención de denuncias, con policía de investigación, fiscales, médicos forenses, todo en un solo lugar, es mucho decir. Las familiares fueron juntas y pusieron una denuncia por desaparición, pero les dijeron que tenían que pasar 24 horas para declarar a alguien desaparecido. 

 

«”A saber dónde están pasando la borrachera”, dicen los policías cuando uno va preocupado por sus hijas. “Yo preferiría que las busquemos y si las encontramos borrachas nos reímos de la situación después, pero hay que buscarlas”», cuenta Ovania que respondió.

 

En el CEIN un fiscal les tomó las declaraciones, pero no hubo reacción rápida para buscar a las chicas. Para las 9 de la mañana, los únicos que les habían ayudado eran familiares, vecinos y los reporteros del canal de televisión local Roatán Hable Claro, quienes pusieron en redes sociales las fotos de María, Dione y Nikendra, reportando que estaban desaparecidas. 

***

Tengo que juntar el paraíso y el infierno en un solo párrafo para describir dónde estoy. Roatán es la isla más grande de Islas de la Bahía, el departamento insular de Honduras conocido por su belleza natural, que alberga una red de corales fundamental para la vida marina en Mesoamérica y cuya riqueza natural, abandonada por el Estado, ha sido aprovechada por la industria turística y por extranjeros que tienen sus casas de verano allí, muchos de ellos dueños de la industria del turismo y de la generación de energía y agua potable; otros, nacionales y extranjeros, señores que controlan el narco, las redes de trata de personas, prostitución y el tráfico internacional de especies naturales que son extraídas del resto del país. 

 

En Roatán se encarna el extractivismo más brutal que he visto en Honduras, todo se explota: el mar, el gas natural, el sol, el territorio, las comunidades garífunas, los miskitos pescadores, las mujeres, las niñas. Y todo eso ocurre en silencio, porque nadie quiere arruinar la imagen de postal de ese pequeño paraíso en medio de la barbarie hondureña. 

 

Muchas cosas pasan en Roatán, pero en comparación con la Honduras de tierra firme, sigue siendo un lugar pacífico. El subjefe de la Policía Nacional en Roatán, el subcomisario Leiva,  me contó que la mayor incidencia de delitos y faltas en la isla es la conducción irresponsable de personas en motocicletas, y orgulloso mostró decenas de motocicletas decomisadas como evidencia de su efectividad enfrentando los problemas de la isla. 

El subcomisario Leiva tiene dos semanas de haber sido transferido de Tegucigalpa a Roatán, y en sus primeras acciones se enorgullece de haber decomisado más de 200 motocicletas. Afirma que la Policía Nacional tiene un sistema que agiliza sus operaciones, y que en el caso de una persona desaparecida ya no deben esperar 24 horas. Roatán, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

En 2023, Islas de la Bahía fue el segundo departamento con menos homicidios del país; Roatán registró 24 de los 29 homicidios en ese departamento integrado por tres islas mayores. Hasta mayo de 2024, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), se han registrado 12 homicidios, de los cuales cuatro fueron víctimas mujeres.

 

Respecto al tema de violencia doméstica, el subcomisario Leiva dijo que apenas se reciben unas tres denuncias semanales, y que ahora hay más mujeres policías para enfrentar este problema, porque desde lo que pasó con los últimos casos se aumentó el número de policías en la isla; ahora son 235 (70 policías más), y la jefatura de policía la ostenta una mujer, la subcomisionada Nazareth Posadas.  

 

A pesar de esos datos, la percepción de la gente local ya no es la misma de hace años. Ahora hay más hombres armados en la isla, hay mucha incidencia de violencia doméstica y poca confianza en la policía para denunciar.  Existe la percepción de que hay sobreprotección hacia las personas extranjeras, y esto genera un sentimiento de abandono más grande en los isleños. «Aquí, los de Roatán no valemos nada, si no tienes apellido ni dinero, no tienes nada», me dice Ovania. 

 

En los últimos meses, una de las noticias que más ha llenado páginas de periódicos y ha levantado toda clase de teorías conspirativas fue la desaparición de Angie Peña, una joven turista que desapareció en Roatán mientras daba un paseo en una moto acuática. Por este caso se ha investigado en la isla algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero que era un secreto bien guardado: las redes de trata y explotación sexual y la complicidad de las autoridades para permitirlo. 

 

«Yo espero que la encuentren, que la encuentren viva a Angie, porque eso era lo que yo esperaba cuando busqué a Nikendra», dice Ovania, y se ahoga en llanto.

 

El 8 de enero, mientras ponían la denuncia en el CEIN, alguien contactó a la madre de Dione para decirle que Gilbert Reyes estaba en el aeropuerto y había comprado un boleto para viajar a Miami ese mismo día. Ovania, sus hermanas y Thelma, la madre de Dione, pidieron a los fiscales que hicieran algo para interrogar al sospechoso, pero ellos dijeron que debían esperar 24 horas. 

Centro Integrado Expedito de Justicia (CEIN), ubicado en French Harbour, donde las familias de Dione, Nikendra y María, fueron a reportar su desaparición a pocas horas de haberse percatado que ninguna había llegado a su casa y de saber que Gilbert, la persona con la que habían salido, estaba en el aeropuerto. French Harbour, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

Entonces ellas mismas fueron al aeropuerto y rogaron que las dejaran pasar, que solo querían saber qué había pasado la noche anterior, y el único que podía responderles era Gilbert Reyes. Pasaron las horas más largas allí, desesperadas, el único que podía saber dónde estaban sus hijas estaba allí, esperando un vuelo retrasado que lo llevaría a Miami. A eso de las dos de la tarde Gilbert se fue. Nadie lo detuvo, nadie le preguntó por las chicas, salió de Honduras por la puerta grande de la impunidad. 

 

Esa misma tarde, los vecinos y las familias empezaron a buscar, y la policía finalmente reaccionó. En la noche encontraron un vehículo negro con tres cuerpos sin vida. Eran ellas. Hasta el día siguiente pudieron corroborarlo, porque hasta en eso fue lento el Estado, en abrir el vehículo y llevarse los cadáveres para determinar la causa de muerte. Para ese momento Gilbert ya estaba en Estados Unidos. Pasaron los días, y para cuando Gilbert Reyes ya había huido de Estados Unidos hacia República Dominicana, en Honduras apenas se estaba determinando que la causa de muerte de Dione, María y Nikendra fue una bala en la cabeza. 

 

***

 

«Dione está parada en puntillas sobre una silla, grita y pide ayuda, está como en un hoyo oscuro. No puedo ayudarla, pero le digo que escape. Estoy viéndola y ella se cae. Allí ya no la veo y me pega un dolor fuerte. Me despierto porque me duele mucho el vientre. Está muerta. Mi hija está muerta.»

 

Thelma Dixon dice que todos los días son el mismo día para ella, como si estuviera encerrada en un cuarto oscuro, justo como en el que miró encerrada a Dione en sus sueños esa noche en la que ella ya no volvió. 

 

Reprocha que nadie le dijo nada sobre cómo encontraron a las chicas, si estaban desnudas, si estaban descompuestas. No la dejaron verlas. 

 

 «“Mi papá mató a mi mamá”, eso me dice el niño, me lo dice casi todos los días cuando va a saludar a su mamá en la tumba. Me destroza verlo», dice Thelma, mientras Gilbert, de cuatro años, juega con las nueces que caen de las palmeras y rodean la tumba de Dione, su mamá. 

 

El cementerio está a unos diez metros de la casa, es como su patio trasero; por eso, cuando Gilbert, el hijo menor de Dione, quiere buscar a su mamá, solo sale corriendo y rápidamente llega a su tumba. A veces lo acompaña su hermano mayor, de nueve años, pero él prefiere no hablar con su madre ni sobre ella, apenas voltea a ver la tumba. 

Tumba de Dione, ubicada en un cementerio a pocos metros de su casa. En el mismo cementerio está su amiga de infancia, Nikendra. Sus familiares y amigos llegan a dejarles flores, agua, cartas, y a conversar con ellas. Oakridge Oak, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

Dione llevaba un mes en la isla después de haber regresado de Alaska, donde estuvo durante siete meses con visa, trabajando en una pizzería. Había regresado feliz y dispuesta a comenzar una nueva vida, me cuentan sus padres. En sus celulares tienen las fotos que Dione les mandó de Alaska, con su ropa de invierno muy a la moda y su peinado afro, sonriendo. «A ella le encantaba vestirse bien. Siempre quiso ir a un lugar con nieve», dice Thelma, mientras me enseña videos, estados de Whatsapp y fotos de Dione. 

 

El padre de Dione guarda los últimos mensajes que intercambió con ella, en los que discutían sobre su decisión de dejar definitivamente a Gilbert Reyes. En esos mensajes se lee a una Dione empoderada, dispuesta a salir adelante con sus hijos, pidiendo comprensión y apoyo a sus padres, soñando con un futuro sin la violencia en la que estaba encerrada con su entonces pareja, el hombre que finalmente acabó con su vida. 

En ese mes que estuvo en Roatán, Dione estuvo apoyando a Nikendra, su mejor amiga y vecina desde que estaban en el kinder. Trabajaban en el papeleo para que Nikendra optara por la misma visa de trabajo. Estaban haciendo planes de irse juntas y enviar dinero a sus familias, sobre todo a sus pequeños hijos.

 

El día que Dione y sus amigas salieron con Gilbert Reyes también iba el hermano de Dione, quien en algún momento de la noche se separó del grupo y se fue con unos primos. Thelma dice que ahora su hijo siente que le reprochan. 

 

Todos en esa familia están quebrados y cada uno de sus pedazos está cargado de culpa. Por no haberlas acompañado hasta el final, por haber apoyado a Gilbert cuando no tenía trabajo, y cuando les pedía su intercesión porque Dione lo amenazaba con irse y nunca volver; por haberlo hecho enojar cuando le exigieron no llevar armas a la casa, o cuando le dijeron que ellos se encargarían del bebé. «Gilbert nos mató a todos, la mató a ella y nos mató a nosotros», dice el padre de Dione, señalando a su esposa y a él mismo.

 

Thelma me muestra su casa, que está al lado de la casa que había construido Gilbert Reyes para Dione y sus hijos. Ahora está vacía y aún no saben qué harán con ella. La casa de Thelma estaba en remodelación, pero desde que Dione fue asesinada el proyecto está paralizado. La parte nueva de la casa, el segundo piso, estaba diseñado para que fuera el hogar de Dione y sus niños. Dos cuartos, un baño, una sala y una terraza con vista al mar. «Allá está mamá con Jesús», dice Gilbert, de cuatro añitos, en esa terraza, señalando el cielo que se difumina con el mar en un cuadro turquesa brillante, apacible. 

Thelma Dixon, madre de Dione Solorzano, sostiene la fotografía de su hija en la casa donde estaban construyendo un segundo piso para ella y sus nietos. Oakridge Oak, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

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Honduras es un país femicida. En el gobierno de la primera mujer presidenta, el país enfrenta una crisis de violencia hacia las mujeres. En los años que lleva el actual gobierno han sido asesinadas 769 mujeres, según datos recabados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización que también hace el recuento de denuncias recibidas en el 911 por violencia doméstica, el cual muestra que en lo que va de este gobierno suman ya 77,585 denuncias. 

 

Con un pragmatismo que bordea la resignación, el ministro de Seguridad, el general de Policía Gustavo Sánchez, dice que es un problema cultural. Pero el Estado debería poder hacer más; por ejemplo, puede evitar que una sobreviviente de violencia doméstica se convierta en víctima de femicidio, o hacer que una mujer desaparecida sea buscada a tiempo para no siempre tener que encontrarla muerta. 

 

Dice Ovania que ella espera que haya cambios en las leyes, por ejemplo, que existan alertas como en otros países, en los que no se espera 24 horas para que una mujer sea buscada si fue reportada como desaparecida. O que haya refugios para sobrevivientes de violencia doméstica, para que no tengan que regresar con sus maridos violentos. 

 

El Estado también puede cuidar de las víctimas colaterales de un femicidio, por ejemplo, brindando apoyo en salud mental a los niños que quedan huérfanos, como los hijos de Dione, Nikendra y María, cinco niños que han perdido a sus madres. Ovania lo desea para Honduras, pero antes, antes de abogar por todo esto, ella quiere justicia. 

 

«Que la gente tenga más knowledge [conocimiento] sobre el abuso, hay mujeres que están viviendo eso y no lo saben. Dione quizá pensó que era una salida de reconciliación, que iba con sus amigas, y ese hombre quizá ya lo tenía planeado, él salió preparado, salió con su pasaporte, él lo tenía planeado, sabía a lo que iba», dice Ovania. Y cuando habla sobre violencia doméstica, Ovania también está hablando de su propia historia. 

 

Es sorprendente cómo el dolor conecta a tantas mujeres diversas viviendo en lugares distantes. Cuando una mujer te dice «yo también lo viví», no es solo empatía, es porque la violencia se ha vuelto tan común. A veces ni siquiera lo dicen en voz alta. ¿Cuántas mujeres asienten cuando escuchan a otra contar cómo sobrevivió con el trauma de una violación? O cuando una mujer cuenta que fue tratada como culpable cuando fue a demandar por manutención a su expareja y el sistema de justicia la revictimizó. O cuando una mujer cuenta que al poner una denuncia por violencia doméstica le preguntaron dónde estaban los golpes, las heridas, y le dijeron que sin sangre no se puede detener a un agresor. 

 

«Yo les digo a las mujeres de Honduras que sean valientes. Vivir en abuso no es necesario, tienen toda una vida por delante; bellas, jóvenes, inteligentes, tal vez piensan que están enamoradas, pero si te sientas a aguantar, eso no es amor. Yo viví violencia doméstica en mi primer hogar y puse denuncia. Me dijeron que tenía que estar herida, golpeada con un arma; yo les dije: el día que me maten ya no vendré porque estaré muerta. Mi hermano me sacó de allí», cuenta Ovania, y dice: «también le pasó a Nikendra y nosotras la sacamos de allí y la apoyamos».  

En la tumba de Nikendra hay flores, una fotografía de ella, un bote con agua y un plato y la cuchara con que comió esa mañana el tío de Nikendra y su padre de crianza. Oakridge Oak, abril de 2024. Foto: Catherine Calderón/CC.

El día que la gente en la isla supo del triple femicidio «era como que todos estábamos en el mismo equipo», dice Ovania, pues ayudaron a buscar, exigieron, alzaron la voz. También en su comunidad se celebró como un pequeño triunfo de justicia la captura de Gilbert Reyes en República Dominicana. Pero claro que hubo gente y medios de comunicación que repitieron lo de siempre: «fue un crimen pasional, algo aislado, no es que en la isla pasen estas cosas». Ella lo había denunciado a él, él a ella la denunció una vez por «robarle dinero», pueden verse como «asuntos personales». Pero ¿hasta cuándo seguiremos minimizando y justificando la violencia si estos «asuntos personales» terminan incluso en un triple femicidio?  


Porque la imagen de la Roatán paradisíaca donde no pasa nada es la que sostiene la industria del turismo. La misma Nikendra trabajaba en esa industria dando tours a extranjeros en los canopy. También Ovania trabaja para esa industria en un restaurante ubicado en la zona más turística de la isla, cuyo propietario es un extranjero. 


Sí, el turismo genera trabajo, pero el miedo a perderlo ha generado una burbuja de impunidad que ya les estalló a todos. Eso es lo que Ovania quiere que cambie con este caso, y por eso ella y los familiares de las otras víctimas piden y esperan que Gilbert Reyes sea juzgado en Roatán, que su juicio sea oral y público, y que al ser encontrado culpable se dé un mensaje: ninguna mujer debe ser asesinada, ni en Roatán ni en el resto del país. 


Marlon Duarte, el abogado contratado por las familias como acusador privado, dice que desde la acusación privada se tienen todas las pruebas que establecen la participación directa de Gilbert Reyes en el triple femicidio. 


«El comportamiento del imputado durante el proceso no ha sido el adecuado y lo que más ha hecho es buscar huir y no estar presente en la tramitación del proceso, por lo tanto, no se le puede imponer otra medida que no sea la detención judicial. Esperaremos que una vez que el auto de formal [procesamiento] esté firme se eleve la causa a juicio oral y público en donde esperamos que se señale la audiencia en Roatán porque lo que quiere la población de Roatán es que el proceso sea público», dice el abogado. 


Y sigue explicando: «Después de una acción penal recae responsabilidad civil, la cual buscaremos, en la cual podemos perseguir bienes a esta persona para determinar algún daño reparable en beneficio de los familiares y los hijos de las fallecidas, para sus estudios, manutención, medicinas, lógicamente en lo que se pueda buscar la reparación del hecho en materia civil ya que es imposible una reparación por lo atroz que sucedió, pero los hondureños merecemos una justicia pronta y efectiva y que eso no le quede duda a quienes presencien el juicio». 


Por ahora se está a la espera de la audiencia de extradición para que Gilbert Reyes sea extraditado de República Dominicana. 


Ovania y Thelma creen que hay más por saber sobre cómo Gilbert Reyes pudo asesinar a tres mujeres jóvenes, esconderlas y luego partir hacia Estados Unidos sin ser atrapado oportunamente. ¿Cómo fue a EE. UU. y luego a República Dominicana sin que Interpol lo detuviera? ¿Cómo pudo salir tan tranquilamente de Roatán después de asesinar y esconder los cuerpos? Ovania piensa que hay cómplices, no se conforma con una idea simple de cómo sucedió el asesinato. 


Según el abogado Marlon Duarte, hay testigos que resolverán muchas dudas sobre la participación de Gilbert Reyes en esto, aunque aún no se habla de cómplices en el caso. 


«Los testigos que vamos a proponer van a presentarse, ni siquiera necesitamos protección a testigos, sabemos que la isla es muy segura, son actos esporádicos que no deben venir a empañar el buen trabajo que están haciendo las autoridades para mantener el turismo, la seguridad, y si bien es cierto que han habido unas situaciones por explotación sexual, han sido esporádicas, lo que se busca aquí es sentar un precedente de justicia, que si una persona ha cometido un delito como este, se hará lo humanamente posible para detenerlo», dice el abogado. 


Desde que encontraron los cuerpos en el carro, Ovania busca en Google casos similares; pregunta en el buscador cómo se debería ver un cuerpo descompuesto después de haber fallecido la persona en X cantidad de horas y bajo X grados de temperatura, pregunta si hay diferencias cuando el color de la piel de la víctima es oscuro. Se pregunta si hubo alguna droga de por medio, si Gilbert utilizó químicos para que sus cuerpos quedaran más deshechos. 


Nada le termina de dar respuestas, y su cabeza se llena de todas esas preguntas, algunas que solo son ruido para ocultar, por un momento, el hecho de que Nikendra ya no está en casa, haciendo sus berrinches y preocupándose por tener deudas de 200 lempiras con sus vecinas. Ovania se ríe cuando cuenta cómo era la personalidad de Nikendra: alocada, soñadora, se estresaba con poco, pero también se alegraba con poco. 


Ovania tiene un instinto de protección que la supera. En su vida ha visto a muchas niñas y niños vulnerables deambulando por las playas, siendo abusados por turistas que llegan y se van en sus cruceros; ha intentado arrebatarlos de esas manos, ha intentado formar grupos de apoyo para exigir mayor responsabilidad a los padres y madres de su isla, ese lugar que tanto le duele pero que tanto ama. 


«Yo quiero justicia para todas las mujeres asesinadas, no importa cómo era ni qué hacía, todas tenemos derecho a vivir», dice Ovania. 


Son tan extremos los contrastes en esta isla que algunos de ellos parecen fantasías. ¿Me creerían ustedes, lectoras y lectores, si les digo que esta isla es también un refugio para extranjeros millonarios que buscan prolongar la vida, hacerse eternos? Estuve unos días dentro de una Zona Especial de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en donde comienza a surgir una ciudad para buscar la vida eterna «la muerte es apenas una opción» dice su slogan. Por eso vino a mi mente una última pregunta para Ovania.


—¿Ovania, y usted qué piensa de la ciudad que están construyendo aquí en la isla, en donde dicen que la muerte es opcional, o sea que las personas pueden parar el proceso de envejecer y morir?


Ovania mira hacia arriba, como si estuviéramos hablando de una ciudad en lo alto, como en el Olimpo, y se ríe: «¿Yeah? ¿Vivir para siempre en el mundo que estamos viviendo ahora?».


Sí, porque en Roatán es así, los contrastes son radicales, crudos, fantasiosos.

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

Sentada en su andador y con voz suave y pausada, Perla Mossi, de 83 años explica sus miedos por la instalación de unos postes de metal que ocupan, al menos en la avenida Altiplano de la Colonia Humuya de Tegucigalpa, la mitad de la acera. 

 

El poco espacio que queda para caminar se está reduciendo cada vez más para los habitantes de ese vecindario, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad y jubilados que hace muchos años compraron esos terrenos, cuando no era una zona residencial.

 

En ese entonces, cuentan algunos habitantes, Tegucigalpa era supuestamente tan segura gracias a la mano dura del dictador Carías que  «se dormía con las puertas abiertas». Los tiempos han cambiado, y aunque la zona es mucho más insegura, los vecinos no se preocupan por eso, sino por la radiación que puede generar la electricidad de la nueva subestación que invade esa zona residencial.

Diámetro de uno de los postes de metal que se están colocando sobre la acera en la avenida Altiplano, sin dejar mucho espacio al peatón. Tegucigalpa, abril de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Los vecinos de la colonia Humuya tienen miedo a la radiación y sus posibles consecuencias en su salud, principalmente porque no hubo una socialización adecuada por parte de la empresa que instala las torres, más que una improvisada y muy técnica reunión con ingenieros de Elecnor el 13 de diciembre de 2023. Esa reunión fue un miércoles por la mañana, y no todos los vecinos pudieron llegar.

 

Elecnor es una empresa española que ganó la licitación de dos proyectos de la  Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE) en el Distrito Central, por 56.5 millones de euros. Uno de los proyectos consiste en la ampliación de la subestación eléctrica Miraflores, que incluye la expansión de tres subestaciones en la zona norte y la construcción de una línea de transmisión de 27 kilómetros para conectar las subestaciones de San Pedro Sula Sur y El Progreso. El segundo proyecto es la ampliación de seis subestaciones más, incluida la de Comayagua. Ambos proyectos son financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El 23 de abril los vecinos protestaron con el cierre de la avenida Altiplano en contra del proyecto de ampliación de una subestación eléctrica de la ENEE, que los afecta directamente. Tegucigalpa, abril de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Perla cuenta que se han ido enterando del proyecto por varias casualidades; por ejemplo, cuando el personal de Elecnor le pidió a la dueña de una clínica que quitara un rótulo porque estorbaba el paso de los cables en la avenida.

 

La vecina se negó, pero quedó una sensación de incertidumbre entre los vecinos, quienes comenzaron a investigar por su cuenta. Mientras, la empresa seguía los trabajos de instalación de las torres, quitando espacio en la acera y planeando la tala de árboles, todo con el permiso otorgado por la Alcaldía del Distrito Central.

 

La molestia de los vecinos radica en la secretividad del proyecto, ya que no fueron consultados, a pesar de que los ingenieros de Elecnor les presentaron un listado de supuestos vecinos que estaban de acuerdo con el avance de las obras. La sorpresa de Perla y los otros vecinos fue que ni su nombres, ni el de los 21 afectados de la calle, estaban en esos listados, sino que aparecen firmas y nombres de empresas, en lugar de personas, algunos completados con la misma letra, según cuentan.

 

Los ingenieros del proyecto presentaron esos listados a los vecinos afectados como requisito de socialización. 

Susan Castellanos es abogada y la representante legal de los vecinos afectados por la imposición de las torres. Cuenta que una de las primeras acciones legales fue presentar un recurso de oposición al proyecto, acompañado por exámenes médicos, testimonios y fotos de los afectados como medios de prueba ante la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Alcaldía del Distrito Central, la ENEE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «para que esta gente [los responsables del proyecto] se dieran cuenta [de] lo lesivo que estaba siendo poner este proyecto en la colonia», explica Castellanos.

 

La primera institución en contestar fue la Fiscalía. Castellanos cuenta que la respuesta fue que la instalación de los postes no era considerado un delito y la institución «no era el ente competente para resolver». 

El tamaño de los postes obstaculiza el paso del peatón y son instalados sin el permiso de los dueños y habitantes de las propiedades en la colonia Humuya. Tegucigalpa, abril 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La ENEE también respondió con una rapidez inusitada, recibiendo su escrito y solicitando más pruebas. Además, abrieron un juicio de pruebas, según relata Castellanos. Ella considera que hay muchos intereses en juego, ya que le emitieron una resolución administrativa para presentar un recurso de oposición. Esto implica agotar las vías administrativas para llegar al juzgado.

 

El 25 de abril, dos días después de una protesta de los vecinos en la que cerraron totalmente el paso de los vehículos por la avenida Altiplano, hubo una segunda respuesta por parte de la ENEE. En un comunicado explican el alcance y la importancia del proyecto, y en relación con los posibles riesgos a la salud, el comunicado explica que no existe «evidencia de una afectación directa o indirecta».

 

También explican que el proyecto «ha cumplido cada uno de los requisitos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige, como ser su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y el Marco de Gestión Ambiental y Social de la Operación (MGAS). Además, contamos con la autorización respectiva de la Alcaldía del Municipal del Distrito Central.»

Un dato curioso es que la ENEE defiende el proyecto asegurando que se recupera el espacio para el peatón en las aceras donde se han colocado los postes; sin embargo, al menos en la Humuya no han ampliado el tamaño de las aceras.

 

La última respuesta que recibieron fue del departamento legal del BID, diciendo que ellos sólo supervisan el proyecto. Su argumento fue que «ellos no tienen injerencia, solo desembolsan los fondos y es la ENEE la encargada de subcontratar a los ingenieros». La abogada Castellanos siente que les dieron la espalda a los afectados, y eso significa ignorar los posibles daños a su salud. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, «los campos eléctricos y los magnéticos son áreas invisibles de energía (también llamada radiación) que se producen por la electricidad, que es el movimiento de electrones, o corriente, por un alambre». 

 

El posible daño a la salud aún es una polémica mundial, y no existe un consenso; hay quienes consideran que la radiación que emite la transmisión de voltaje sí afecta la salud, y quienes creen que no.

Poste de metal instalado en una acera de la avenida Altiplano, que impide la libre circulación y afecta una de las propiedades en la zona. Tegucigalpa, abril 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

De acuerdo con información del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, en 2002 la Agencia Internacional para Investigación de Cáncer (IARC), un componente de la Organización Mundial de la Salud, nombró a un grupo de de expertos para revisar toda la evidencia disponible sobre campos eléctricos y magnéticos estáticos y de frecuencia extremadamente baja. 

 

El grupo de trabajo clasificó los Campos Eléctricos de Frecuencia Extremadamente Baja como «posiblemente carcinógenos para humanos», con base en limitada evidencia de estudios humanos en relación con la leucemia infantil. Los campos eléctricos estáticos y magnéticos y campos eléctricos de frecuencia extremadamente baja fueron determinados como «sin poder clasificarse en cuanto a su carcinogenicidad para humanos».

 

Sin embargo, de acuerdo con la publicación Problemas de la alta tensión, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia, los generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posibles agentes cancerígenos.

 

A pesar de que no existe un consenso médico que respalde una versión definitiva, la preocupación de los vecinos aumenta.

 

Héctor Tablas, de 73 años de edad, quien vive desde hace cuatro décadas en la avenida Altiplano de la colonia Humuya, es afectado desde hace varios años por un poste de la ENEE que sostiene cables de alta tensión. El poste se sostiene en la pared trasera de su casa tras el impacto de un rayo que lo deterioró hasta ese punto.

 

Ahora a Héctor le preocupa el nuevo proyecto, y explica que uno de sus miedos son los accidentes de tráfico, y que esas torres caigan a la calle y sobre las casas. 

 

Frente a la casa de Héctor se encuentran varias maceteras de cemento que, más que de adorno, han servido en varias ocasiones para detener el impacto de vehículos que estaban a punto de chocar contra el muro de su vivienda. Su temor se origina en la experiencia de haber presenciado varios accidentes en la esquina de su casa, donde un árbol de corteza amarilla, que ahora podría ser cortado arbitrariamente, obstaculiza los planes de la empresa Elecnor.

 

Héctor se pregunta cómo el BID «presentó su plan de mitigación ambiental y social y cómo los otros organismos han permitido que un proyecto de desarrollo se haga afectando en una forma tan grande a las comunidades», preguntas que por el momento no tienen respuesta ante el desarrollo del proyecto que amenaza con desplazar a los pobladores de la zona, en favor de las promesas de progreso que hizo el Gobierno en materia de energía eléctrica.

 

Recomendamos leer : https://contracorriente.red/2024/04/23/organizaciones-denuncian-irregularidades-en-contrato-de-energia-termica-mientras-el-gobierno-se-justifica-con-la-crisis-energetica/

 

Yamileth González, directora de Medio Ambiente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, defiende el proyecto asegurando que sí se buscó y consultó a los vecinos.

 

«Nosotros dejamos boletines, incluso tenemos las tomas de apoyo, cuando se tocaron las puertas, estamos en socialización, se les dejaron trifolios de la información de la línea», responde González. Reconoce que el proyecto originalmente iba por el bulevar Kuwait, una calle abajo de la avenida Altiplano, y dice que la Alcaldía desvió los planes porque representaba un peligro por un paso a desnivel ubicado en  la zona.

 

González asegura que cada seis meses realizan monitoreos de ruido en las subestaciones debido a los campos electromagnéticos. Además, afirma que la información se proporciona a los vecinos, y luego se lleva a cabo una socialización con ellos. Además, destaca que mantienen una comunicación constante con las comunidades donde se están desarrollando los proyectos en este momento. Sin embargo, los vecinos de la avenida Altiplano niegan haber recibido dicha información.

 

Por otro lado, el proyecto de ampliación de la subestación eléctrica Miraflores es una prioridad nacional, explicó González, porque con estas ampliaciones se conectarán once hospitales del Distrito Central, entre públicos y privados. 

 

Finalmente, los trabajos en la avenida Altiplano están detenidos por la resistencia de los vecinos. El lunes 23 de abril protestaron para llamar la atención de la prensa, denunciando la falta de socialización y las arbitrariedades de las autoridades.

 

Vía correo electrónico se le consultó a Elecnor su opinión sobre el proyecto, pero al cierre de esta nota no había respuesta.

 

De parte de la Alcaldía no hubo respuesta a la solicitud de entrevista por parte de Contracorriente. El proyecto seguramente continuará abusando de ese poder que otorga la indiferencia contra una resistencia vecinal de un grupo de ciudadanos mayores que apelan al sentido común de las autoridades para revisar el caso. 

Los Zelaya, con Manuel «Mel» a la cabeza, han elegido a Rixi Moncada como figura para intentar su continuidad en el poder de cara al proceso electoral de 2025. A su vez, la exministra de Finanzas ha demostrado replicar las prácticas de la familia presidencial, llevando consigo a su propio clan familiar que ya ocupa algunos puestos estratégicos en el aparato estatal, algunos con millones de dólares a su disposición y acusaciones por irregularidades en su gestión pública.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografías: Fernando Silva y Fernando Destephen

 

La música de campaña suena en el centro de Salamá, un pequeño municipio de menos de 10 mil habitantes en el noroccidente del departamento de Olancho, cuna de la familia que gobierna al país. «Honduras resiste la batalla, para que vuelva aquel que no te falla (…) para que vuelva José Manuel Zelaya», suena en los parlantes; pero quien aparece en la tarima no es el esperado  expresidente Mel, sino su hermano, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y delegado de la familia en el Poder Legislativo.

 

El diputado llega al mitin del Partido Libre acompañado por miembros de la guardia presidencial. En la concentración también hay policías, militares y corresponsales del canal de televisión pública del Estado de Honduras, que cubren el evento como si se tratara de un asunto de interés nacional, cuando en realidad lo que está por ocurrir es la unción, en el terruño familiar de los Zelaya, de la precandidata presidencial Rixi Moncada. 

Concentración política de Rixi Moncada en Salamá, Olancho, acompañada por Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional. Abril 2014. Foto CC/ Fernando Silva.

«Para que todo continúe, para que todo se profundice, para que los proyectos continúen, para que estemos firmes en el proyecto de refundación, ¡solo Rixi Moncada nos garantiza continuar adelante!», aseguró el diputado al presentar a la exsecretaria de Finanzas, quien renunció a su cargo el 31 de diciembre pasado y que, desde entonces, arrancó una gira nacional apoyada por la familia presidencial dueña del partido, y al menos por cuatro sectores de Libre. Cuatro meses después de su anuncio, el 13 de abril, la gira la trajo a esta cancha en el departamento del que son oriundos los Zelaya.

 

«Honro desde Salamá al coordinador general del Partido Libre, al presidente Manuel Zelaya, líder histórico, líder emblemático, líder político y popular que trascendió las fronteras y trascendió las generaciones con su obra, con su ejemplo, con sus convicciones. ¡Que viva Mel!», exclamó Moncada, y luego continuó con sus halagos hacia el expresidente, parafraseando el poema «La oración del hondureño», del escritor olanchano Froylán Turcios: «Estoy segura [de] que el líder histórico de nuestro partido hubiese preferido morir mil veces antes de ver profanado nuestro territorio, roto nuestro escudo y vencido nuestro brillante pabellón».

 

Que Rixi Moncada figure ahora como elegida del oficialismo se explica por la histórica relación que mantiene con Manuel Zelaya, de quien es cercana desde que fue ministra de Gobierno hace 18 años. Su desfile entre las bases de Libre como la eventual candidata a las elecciones de 2025 supone un cambio de estafeta, la estrategia del oficialismo para intentar la continuidad en el poder.  

 

Desde que Moncada anunció sus intenciones, en Honduras comenzó a disiparse el rumor sobre la posibilidad de una candidatura liderada por uno de los hijos de la pareja presidencial: Héctor Zelaya, actual secretario privado de la presidenta, en un gobierno en el que su familia ha concentrado el poder.

 

Apenas dos días después del lanzamiento de Moncada a la contienda, la diputada Xiomara Zelaya, hija de la pareja presidencial, publicó en una red social una foto en la que sus padres aparecían acompañados por Moncada y algunos de los más cercanos colaboradores del expresidente. Entre estos figuraba Carlos Zelaya, coordinador del Movimiento 28 de Junio, uno de los más fuertes del partido, quien más tarde la presentaría en Olancho, y Mauricio Ramos, quien renunció a su puesto como titular de la Secretaría de Transporte e Infraestructura (SIT) y es gerente y dueño del canal de televisión privado UNE TV.

Activistas de Libertad y Refundación apoyando la concentración política de Rixi Moncada, en Salamá. Olancho abril 2024. Foto CC/ Fernando Silva.

Cuatro meses después, toda la fuerza política de la cúpula más poderosa (y cuestionada) de Libre se concentra en Rixi Moncada, sin que los señalamientos contra algunos de sus miembros afecten, de momento, su imagen como delfín del oficialismo. Carlos Zelaya, por ejemplo,  apenas en febrero fue mencionado por presuntamente haber recibido coimas del narcotráfico para su campaña política, según declaraciones vertidas en el juicio en Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. El congresista negó rotundamente el señalamiento en declaraciones públicas, y Moncada no ha tocado el tema. 

 

La cercanía entre los Zelaya y los Moncada no es nueva. Se tratan, al menos, desde 2006, cuando la abogada inició su carrera política como titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno de Manuel Zelaya. En 2008, un año antes del golpe de Estado contra Mel, ocupó el cargo de gerenta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En ese tiempo, Moncada comenzó a formar parte del círculo más cercano de funcionarios de Zelaya.

 

Su estancia en la ENEE no pasó desapercibida, y tras el Golpe de Estado fue acusada por la fiscalía por la sobrevaloración en el alquiler de un edificio para la estatal eléctrica; sin embargo, en 2013 la causa fue desestimada y se le otorgó un sobreseimiento definitivo. Luego, la misma Moncada admitió la firma de contratos para la construcción de las represas Llanitos y Jicatuyo con la firma brasileña Odebrecht, señalada por ser parte de un esquema de sobornos a funcionarios gubernamentales en varios países para obtener contratos de construcción y obras públicas. En febrero de 2017, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación sobre esos contratos; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer actualizaciones del caso y sigue en los cajones de la fiscalía. 

 

Cuando el clan Zelaya retornó al poder en 2022, no fue extraño que Moncada se convirtiera en una de las funcionarias de mayor importancia en el engranaje estatal liderado por Xiomara Castro, tal cual como ocurrió con un grupo de exfuncionarios que sirvieron bajo las órdenes del gobierno de Mel, en su caso, ocupando la titularidad de la Secretaría de Finanzas.

 

Instalada en uno de los cargos más importantes del Gabinete, la familia de Rixi Moncada encontró terreno fértil en un Ejecutivo en el que los funcionarios más cercanos a los Zelaya emulan una práctica cuestionada de la familia presidencial, denunciada por facilitar una estructura de concentración, redes de poder y nepotismo. Ahora, Rixi Moncada se ha constituido en la cabeza de un nuevo clan familiar que extiende sus tentáculos hasta algunas de las instituciones de mayor influencia y alcance mediático en el gobierno de Xiomara Castro.

 

De los Zelaya a los Moncada

 

En Honduras, en los últimos 10 años, el manejo del gobierno ha sido un tema de familias. En 2023, el informe Concentración de poder 2022-2026 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reseñó cómo las últimas dos administraciones en el Ejecutivo han construido redes de concentración de poder y nepotismo que favorecen a sus familiares y a los familiares de sus principales aliados. El informe, que causó un terremoto político en Honduras, perfiló una red de más de medio centenar de familiares y redes de poder durante las dos administraciones de Juan Orlando Hernández, recientemente condenado por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

 

Pero el documento también apuntó contra el gobierno actual, en el que el expresidente, dos hijos y un sobrino de la presidenta Xiomara Castro ocupan importantes cargos en el gabinete. El hijo de Carlos Zelaya, por ejemplo, es el ministro de Defensa pese a que en su currículo nunca tuvo formación en seguridad militar o de seguridad pública. Con un nombre homónimo al de su tío el expresidente, José Manuel, vestido de civil, pasa lista a la cúpula militar junto a su tía, la presidenta. En total, según el informe del CNA, son 15 miembros del clan Zelaya los que ocupan diversos puestos en el Gobierno.

Rixi Moncada durante su discurso en Salamá, Olancho. Abril 2024. Foto CC/ Fernando Silva.

En Honduras, la Constitución de la República señala en el artículo 263 que no podrán ser presidentes, gerentes generales y directores generales de instituciones descentralizadas el cónyuge o la cónyuge, los parientes del Presidente de la República y de los Designados Presidenciales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Sin embargo, este artículo no abarca cargos ministeriales ni previene las prácticas protagonizadas por el clan Zelaya, los Moncada y sus redes de poder en el gobierno. 

 

«El nepotismo que ha surgido con la instauración del nuevo Gobierno ha dado el espacio para visualizar la inminente concentración de poder que está operando en el gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro, pues los puestos estratégicos y de los que se requiere un contrapeso están dirigidos por miembros de la misma estructura política y por miembros de su misma familia, ocasionando el acaparamiento institucional por una minoría», apunta el informe.

 

En febrero de 2022, apenas en el inicio del Gobierno, un grupo de congresistas emitió un dictamen para una ley contra el nepotismo; sin embargo, esta nunca se discutió.

 

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explica que la administración pública ha sido afectada por prácticas nepotistas en los últimos gobiernos, colocando a personas sin experiencia en puestos estratégicos y provocando el debilitamiento de las instituciones públicas. «En los dos gobiernos anteriores del Partido Nacional y en el actual gobierno se han colocado familiares en puestos de poder y esto, lejos de fortalecer la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho, los debilita», dice.

 

Aguilar apunta que estas prácticas también generan una pérdida de confianza en las instituciones y en los gobernantes; dice que «es decepcionante ver cómo se critican las prácticas de gobiernos anteriores, solo para repetir o incluso intensificar los mismos errores».

 

En el actual gobierno, de hecho, las redes de poder se extienden a otras familias. Entre estas, la familia Flores Dubón, de Enrique Flores Lanza, exfuncionario del gobierno de Zelaya que ahora funge como asesor. También existe una red de nepotismo encabezada por diputados del Congreso Nacional.

Esquema de las redes de poder del gobierno Zelaya-Castro elaborado por el Centro Nacional Anticorrupción de Honduras.

Pero entre esa minoría hay un clan que ahora sobresale por sobre los demás, precisamente porque está siendo preparado para relevar a los Zelaya en el poder. Según el informe del CNA, la familia Moncada tiene a cinco de sus integrantes ocupando cargos públicos en instituciones del Gobierno. Entre ellos se encuentran Nora Moncada (hermana de la precandidata), cónsul general de Honduras en Dallas, Texas; Claudia Moncada (también hermana), inspectora general del Instituto de la Propiedad; Oscar Moncada (hermano), subgerente de Regionales en la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor); Mario Moncada (hermano), comisionado nacional de Condepor; y Laura Moncada (sobrina), encargada de verificación de deuda pública en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

 

Cuando el informe fue publicado a mediados de 2023, la abogada Gabriela Castellanos, directora del CNA, denunció que tuvo que salir del país junto a su familia por las múltiples amenazas a su seguridad que recibió tras la publicación. Castellanos fue señalada desde los más altos cargos del Estado como una conspiradora y la misma presidenta Xiomara Castro dijo que el informe había sido para «denigrar a funcionarios del Estados y sus familias».

 

Meses más tarde, en enero de 2024, Contracorriente reveló que el CNA y su directora fueron objetivos de una campaña de ataques coordinada y no auténtica en las redes sociales. Las cuentas involucradas en esta campaña están vinculadas a las «tropas digitales» que el gobierno promueve o por cuentas pro gobierno; además, los mensajes principales de esta campaña fueron reciclados de los que se difundían durante  la época de Juan Orlando Hernández, cuando cuentas simpatizantes de ese gobierno también atacaban al CNA.

 

Un año después de la revelación del informe, las redes de poder en el gobierno se han ampliado. Casi paralelamente al lanzamiento de la carrera presidencial de la precandidata a finales de 2023, Dassaev Aguilar Moncada, su sobrino, fue designado como empleado en el Sistema Nacional de Emergencias 911. Dassaev ya había ocupado diversos cargos en la administración actual antes de su nuevo nombramiento: fue director de prensa en Casa Presidencial y asesor ejecutivo en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Un mes después de que Rixi Moncada fuera respaldada por líderes de la familia presidencial, el 26 de enero de 2024, su hija de 27 años, Marcela Arias, fue designada representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Un activista del movimiento liderado por Rixi Moncada levanta una bandera en apoyo a su candidata. Tegucigalpa, enero 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Incluso la misma precandidata Moncada continúa ligada como representante del Gobierno. Semanas después de que renunciara a su cargo en el gabinete, la Cancillería anunció que ella integraría la comisión oficial que se encarga de negociar con la ONU –donde su hija, como dijimos, ejerce como representante de Honduras– el convenio para la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), una de las promesas más importantes del gobierno de Xiomara Castro. Una que de no cumplirse implicaría un alto costo político, y que, de llegar a concretarse, tendría como protagonista a la carta presidencial de los Zelaya en medio del arranque de la campaña electoral. 

 

El 18 de enero, unos días después de la solicitud de nombramiento de la comisión que ahora integra Moncada, Alice Shackelford, representante residente de la ONU en Honduras, cuestionó la integración de la precandidata presidencial en la comisión de negociación y apuntó «que uno de los principios claros del establecimiento del mecanismo es la independencia y autonomía y habrá valoraciones en relación a las personas nombradas».

 

Los Moncada favorecen a los Moncada

 

Cuando en las elecciones de 2021 Claudia Moncada  aspiraba a ser diputada de Libre por el departamento de Francisco Morazán y Mario Moncada buscaba la alcaldía del municipio de Talanga, también por Libre, una resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) los sacó de la contienda. Su parentesco con Rixi Moncada (ambos son sus hermanos), quien en ese entonces ocupaba el cargo de concejal a propuesta de Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de garantizar procesos electorales confiables en Honduras, era un impedimento para que pudieran participar. Los Moncada ya no compitieron para cargos de elección popular, pero el Gobierno rápido les dio una recompensa. 

 

En abril de 2022, Mario Moncada fue nombrado gerente de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid), con un presupuesto de 111.4 millones de lempiras (USD 4.5 millones), cuando antes de su llegada,  en 2021, la institución contaba con un presupuesto de apenas 54.5 millones de lempiras (USD 2.2 millones). Dos años después, y con el nuevo nombre de Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Condepor), el incremento al presupuesto en esta institución descentralizada de Casa Presidencial ha sido exponencial, llegando en 2024 hasta los 1,044.3 millones de lempiras (USD 42.1 millones).

 

Llegado al cargo, una de las primeras maniobras de Mario Moncada fue contratar a su hermano, Óscar, como subgerente de Regionales. Ambos son árbitros retirados de la Liga Nacional de Fútbol en Honduras.

 

A pesar de no ser una Secretaría de Estado, la Condepor ahora cuenta con mayor presupuesto que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ese presupuesto ha servido al Gobierno para que, al menos hasta enero de 2024, se hayan inaugurado unas 50 canchas a nivel nacional, como parte de un proyecto populista que promueve la imagen de Mario Moncada y de la presidenta Xiomara Castro, y que incluye la renovación en curso del Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa.

 

La primera fase de esa renovación implicó el cambio total de la grama de la cancha, que costó 32.5 millones de lempiras, una obra fiscalizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Transparencia. En mayo de 2023, el Ministerio Público también abrió una investigación, pero en la actual gestión del fiscal Johel Zelaya –nombrado por Libre y sus aliados en el Congreso a través de un procedimiento irregular– no ha existido ningún pronunciamiento o actualización sobre el caso. 

 

La inauguración de las instalaciones deportivas a nivel nacional por parte de Condepor no solo ha servido para mejorar la imagen de la presidenta Xiomara Castro, sino también para potenciar a los Moncada. Ese es el caso del esposo de Rixi Moncada, Enrique Arias, coordinador del Movimiento 28 de Junio de Libre en el departamento de Choluteca. Sin ser funcionario, el esposo de la precandidata ha participado en eventos públicos acompañando a su cuñado Mario Moncada en la evaluación de instalaciones deportivas, e incluso en la supervisión del avance de las obras ejecutadas por Condepor.

 

Arias, incluso, es objeto de agradecimiento en los actos de entrega de las obras. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro, su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya, y Mario Moncada, inauguraron una cancha de grama sintética en el municipio de Choluteca. En el acto, una simpatizante de Libre dijo que estaban «agradecidos con la presidenta, con don Enrique Arias, con nuestro compañero Mario Moncada y con la gobernadora. En 12 años nadie había pensado nada, y Xiomara sí cumple». 

 

«Xiomara sí cumple» es una frase usada constantemente tanto por Rixi Moncada como por el resto de funcionarios en la nueva campaña política que busca mantener a Libre en el poder.

 

Las acusaciones de irregularidades en la ejecución del presupuesto de Condepor no han sido las únicas que ha enfrentado el clan Moncada. En octubre de 2023, en redes sociales y medios de comunicación surgieron denuncias contra otra de las hermanas funcionarias de la precandidata. A Nora Moncada, cónsul general de Honduras en Dallas, Texas, la señalaron por la venta irregular de citas consulares. 

 

Previamente, en enero de 2023, la diplomática denunció que su usuario había sido «usurpado», y que ello causó el tráfico ilegal de citas en ese consulado. Pese a las solicitudes de respuesta a nuestras consultas, hasta el momento de la publicación de esta nota, la Secretaría de Relaciones Exteriores no había dado información sobre este caso. 

 

De todos sus familiares en cargos públicos, solo una hermana, Claudia Moncada, inspectora general en el Instituto de la Propiedad, es la única que no acompaña públicamente la precandidatura de Rixi, e incluso ha apoyado en redes sociales las intenciones del diputado  Jorge Cálix de obtener la nominación. 

 

En el mitin de Salamá, la precandidata Moncada lanzó mensajes que entre líneas apuntan hacia Cálix (protagonista de una ruptura en Libre al inicio de la gestión de Xiomara Castro) y sus seguidores. «Queremos unidad y organización, pero la unidad, la organización, la continuidad del cambio, no se puede dar con traidores», dijo.

 

Rixi Moncada busca garantizar la continuidad del proyecto de concentración del poder de la familia Zelaya. Junto con su propia familia, buscará llegar a Casa Presidencial para gobernar y guardarle el lugar a otro Zelaya, Moncada, u otro clan que les suceda.


*Este es el tercer capítulo de Centroamérica Nepotista, una investigación de la Redacción Regional sobre las prácticas nepotistas de los gobernantes centroamericanos, apoyada por IWPR y el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR).

La noche del 26 de abril, la Policía Nacional reprimió con balas y gas lacrimógeno la manifestación en el desvío de Las Hormigas, en El Triunfo, Choluteca, donde había más de 1,500 manifestantes. La causa del conflicto es común y estructural en el sur de Honduras: seguir concesionando a la empresa privada la gestión, explotación y ordenamiento de los bienes y servicios públicos. 

 

A raíz de la cesión al Grupo W, en plena pandemia, de la construcción de una terminal para ordenar el transporte, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, y Jairo López, del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT), imponen el paso por la nueva terminal a todos los transportes regionales, a pesar de que esto significa encarecer el costo del pasaje que pagarán miles de personas en esa región del país. 

 

Texto: Areli Palomo, Línea 84

Edición: Fernando Silva, Contracorriente

Investigación: Areli Palomo y Claudia Fortín Savia, Radio 89.1

 

Sábado 27 de abril de 2024.

Antes del intenso calor del medio día.

 

Hay un casquillo de bala tirado en el pavimento de la gasolinera que está en el desvío de Las Hormigas. Aquí es territorio del municipio de El Triunfo, frontera con Nicaragua, y sus comunidades tienen una larga tradición de protesta social.

Bala de la Policía Nacional comparada con casquillo de bala usado recogido en el desvío de Las Hormigas. Choluteca, abril 2024. Foto: Areli Palomo.

Bajo este calor sureño que deshidrata rápido, y a través del potente brillo del sol, se ven bolsas de plástico de agua vacías, papeles, piedras regadas por todo el pavimento junto con muchos, muchos policías. Aquí, durante la completa oscuridad de la noche del viernes 26 de abril, la Policía Nacional desalojó a balazos, con tanquetas y gas lacrimógeno, a más de 1,500 personas, la mayoría jóvenes, según información del Frente Triunfeño en Defensa por la Vida (FTDV).

 

Hubo ocho heridos de bala; siete jóvenes y una mujer adulta. Según varios testimonios, la policía entró a las casas de los pobladores alrededor de la carretera a buscar a los manifestantes, y destruyó motocicletas de trabajadores de las camaroneras de la zona, que normalmente dejan sus vehículos en el desvío de Las Hormigas, a donde llega por ellos el transporte de la empresa en la que trabajan, me comenta Merciades Zepeda, tesorero del FTDV y secretario de movilización del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Massvida).

Una relativa tranquilidad la mañana después del desalojo de la Policía Nacional. Choluteca, abril 2024. Foto: Areli Palomo.

Desde el 24 de abril, el FDTV y otros grupos de pobladores de comunidades del Triunfo y Namasigüe, de manera pacífica, mantenían bloqueados tres puntos de la carretera CA-3 que va de la ciudad de Choluteca a Guasaule, la frontera con Nicaragua.

 

Las demandas por las que se decidió hacer el bloqueo de la carretera son tres. En primer lugar, la construcción del puente de La Pacona, que conecta a varias comunidades en El Triunfo. Esta demanda fue negociada el 13 de febrero de 2024 por el exalcalde del municipio de El Triunfo, Christian Castillo –ahora acusado por tráfico de drogas agravado y ahora prófugo de la justicia– y diferentes diputados que apoyaron esta moción y se comprometieron a realizar el proyecto con líderes y lideresas de las siguientes comunidades: La Pacona, Ojo de Agua (ambas del municipio de El Triunfo) y San Bernardo (Namasigüe).

Mapa del lugar de las tomas en la carretera donde había más de 1,500 manifestantes. Gráfico: Areli Palomo.

Este fue un compromiso que los representantes de las comunidades se tomaron muy en serio, aunque no hubo un acuerdo escrito, y ahora protestan para que se cumpla.

Captura de pantalla de Facebook de las reuniones de políticos con autoridades de las zonas que ahora demandan esos proyectos.

El segundo punto es la pavimentación del tramo de carretera que va de Ojo de Agua, en el municipio de El Triunfo, hasta San Bernardo, Namasigüe. Esto se acordó al mismo tiempo que la construcción del puente La Pacona.


La última demanda, y quizá la más importante, es impedir el desvío del transporte intraurbano proveniente de comunidades de la zona y de los municipios vecinos, todos con destino a la ciudad de Choluteca, hacia el área de Balcanes, donde se construyó una enorme y lujosa terminal privada: la Gran Terminal del Pacífico, conocida como Granterpa o la Terpa.

 

El 24 de octubre de 2020, en plena pandemia, Quintín Soriano, actual alcalde de Choluteca, negoció la concesión de la construcción y administración de la Granterpa con la empresa privada Flefil & Asociados, S. de R. L de C. V.

 

Para otorgar esta concesión, Soriano se apoyó en el decreto n.° 91-2017, publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de julio de 2018, en el que el Congreso Nacional le da poder a los municipios para que «dentro de sus planes de desarrollo social» puedan hacer contratos para construir, entre otras instalaciones, «terminales de transporte terrestre y obras de interés público». Esta facultad se otorga a las municipalidades, dice Nidia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, con el objetivo de ordenar la calidad del transporte. 

 

Castillo comenta que la construcción de la gran terminal podía hacerse por dos vías; mediante recursos públicos o por inversión privada. El alcalde optó por la segunda, y concesionó la Granterpa a la Sociedad Flefil & Asociados, S. de R. L. de C. V., por un período de 20 años. En algún momento, la concesión pasó a manos de Grupo W, fundado por la familia Williams, una de las más poderosas en el sur de Honduras, y que concentra por lo menos nueve empresas dedicadas a la construcción comercial, industrial y residencial, entre otras actividades a gran escala.

 

Y a pesar de que en el decreto 91-2017 se especifica, en el artículo 4, que «la municipalidad en conjunto con el inversionista privado socializarán el proyecto», no lo hicieron. Se desconocen las razones por las que el alcalde decidió concesionar a la empresa privada un proyecto tan importante para el interés público sin difundirlo.

 

Otra falta grave a la ley, dice Nidia, es que, según lo estipula la Ley de Municipalidades, el proyecto debió ser socializado. En el artículo 25, numeral 9, se establece la figura del cabildo abierto para comunicar este tipo de obras, y en la misma ley también se subraya la importancia de utilizar el cabildo para socializar todo lo que tiene que ver con desarrollo económico. 

El lujo de la terminal es una ofensa para una población que, según datos del Banco Mundial, recibe salarios de 6.85 dólares diarios. El alcalde y la empresa privada les están obligando a trasladarse a las afueras de Choluteca, teniendo que pagar más caro el pasaje porque los transportistas no pueden entrar directamente a la ciudad. Ahora el paso por la Granterpa es obligatorio.

 

Aún así, el 26 de junio de 2023, mediante el acta n.° 10-23, el alcalde municipal Soriano emitió una ordenanza, prevista en la concesión que ahora tiene el Grupo W, en la que se prohíbe al transporte interurbano y rural el acceso al centro de la ciudad. Esto exaltó más la indignación de la población, que ya se había estado manifestando en contra de las imposiciones del alcalde y de las actuaciones de Jairo López, representante regional del IHTT que, según informes de medios de comunicación, había sido destituido; sin embargo, el 29 de abril él mismo salió a decir que seguía en el cargo. 

 

Tanto el alcalde como López seguían buscando formas de llevar a los transportistas a la Granterpa. Este es el caso de Rafael Medina, el dueño de transportes Mi Yelvita, a quien dichas autoridades, junto con la Policía Nacional, han estado obligando a trasladarse a la Terpa durante el 2023.

Policía Nacional en formación y utilizando el equipo antimotines. Choluteca, abril 2024. Foto: Areli Palomo.

Las manifestaciones y demandas ante la Suprema Corte de Justicia presentadas a lo largo del 2023 por parte de los transportistas han sido documentadas ampliamente por la prensa local. En un intento de frenar el descontento social, el l7 de abril del 2024 se firmó un convenio entre algunos transportistas de la zona, el alcalde, el delegado del IHTT, la delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), representantes de la Granterpa, los mercados de la ciudad, el Consejo de Transportes del Sur (Cotsur) y la Unidad Departamental de Prevención (Udep-06) en las instalaciones regionales del Conadeh. 

 

Se acordó con ellos que los transportes de las zonas rurales pueden entrar a la ciudad de Choluteca, pero siempre tienen que llegar y regresar a la Granterpa y pagar un «canon», es decir, el pago periódico de una cantidad determinada a cambio de usar las instalaciones de un lugar. Un tipo de impuesto que, al final, terminará pagando el usuario con el aumento del costo del pasaje.

 

Presente durante este acuerdo estaba el empresario David Ignacio Williams, parte del Grupo W, fungiendo como veedor del convenio. El Grupo W no dejó de anunciar mediante sus redes sociales y declaraciones de sus representantes el éxito de la construcción de la Granterpa, el fabuloso acceso a productos comerciales, la estupenda seguridad y excelentes servicios que su terminal ofrecerá. 

 

Al final, la falta de interés por parte del gobierno municipal y los acuerdos parciales, como el del 17 de abril, para encubrir, minimizar y no abordar la serie de problemas derivados del incumplimiento de las leyes, al no haber socializado el proyecto, fueron el detonante de estas protestas sociales.

 

El 25 de abril, el FTDV, con el acompañamiento de Massvida, convocó a sus bases para hacer la toma de la carretera en el desvío de Las Hormigas. Esta fue la toma más importante y con el mayor número de personas, alrededor de 3,000 durante el día, comenta Merciades Zepeda, tesorero del FTDV, quien estuvo presente en la manifestación. Los líderes del movimiento se encontraban ahí. 

 

Otro punto muy importante es que la gente de otras zonas afectadas por el mismo problema salió a las calles y replicó la toma de la carretera. Los puntos de protesta —formados de manera espontánea— más importantes fueron los de El Empalme, El Triunfo y San Bernardo en Namasigüe; el último estaba justo adelante de Las Hormigas. «La mayoría de los grupos en las tomas eran jóvenes», me comenta Merciades.

 

El 26 de abril por la mañana llegó a San Bernardo un vehículo en el que se conducía Elba Reyes, abogada y delegada regional del Conadeh en Choluteca. La acompañaban en una patrulla el jefe regional de la Policía Nacional en Choluteca y Valle, Jorge Alberto Rodríguez Montoya, y el jefe departamental de la Policía Nacional de Choluteca, Walter Rafael Varela.

Operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la zona de la protesta. Choluteca, abril 2024. Foto: Areli Palomo.

Antes de la represión

 

Me cuenta una voz joven, pero firme, de una persona que estuvo presente en la toma de San Bernardo, que el jueves 25 de abril por la tarde empezó a congregarse la gente en ese punto. «Se pusieron los cobradores de los buses. Los primeros fueron ellos», me dice. Poco a poco llegaron más, hasta formar un contingente de alrededor de doscientas personas. Los transportistas se fueron antes de caer la noche y el resto de la gente se quedó.

 

Según fuentes presentes en el lugar, que prefieren omitir sus nombres por seguridad, alrededor de las 11:00 de la mañana del día viernes 26 de abril, una abogada de la regional del Conadeh en Choluteca se presentó, junto con dos patrullas de policías, a la toma de San Bernardo, y empezó a comunicar a los manifestantes que «llevaba información de parte del Comisionado [de transporte]».

 

La abogada decía que quería pasar hasta el desvío de Las Hormigas porque llevaba la siguiente información: «que se reuniera una comisión de cinco [miembros de la protesta] para ir a Tegucigalpa a reunirse con el Comisionado»; un bus particular  los llevaría a la ciudad. 

 

La idea y demanda principal de los manifestantes era que las autoridades se trasladaran a El Triunfo para dialogar con personas de la protesta, y no al revés; por eso la gente desconfió y no le permitió el paso. En un clima muy tenso, ya que llevaban más de un día de protesta bajo el calor inclemente «parecía sospechoso que quisieran llevarse a los compañeros en un bus», me dicen.

 

Finalmente, la abogada del Conadeh abandonó el lugar, tras un conflicto con los manifestantes por la intención de la funcionaria de grabar a una de las personas que protestaba y señalaba a Jairo López como culpable de toda la situación.

 

La abogada del Conadeh regresó a eso de las 2 de la tarde, esta vez acompañada por un oficial de la policía que gritaba: «¡Yo soy la autoridad!», y exigía que le dejaran pasar. El enojo de los manifestantes en San Bernardo por los gritos y la prepotencia del oficial solo hizo que les siguieran cerrando el paso. 

 

La gente de Las Hormigas se dirigía hacia la toma de San Bernardo, y el personal del Conadeh tendría que esperar, pero no lo hicieron. Luego de una hora se fueron, y más tarde se produjo la represión.

 

Los mediadores

 

La delegada del Conadeh afirma que ella se retiró del desvío de San Bernardo porque el ambiente era muy tenso; recibía gritos e insultos, y que regresó a petición de los líderes «Danilo» y «Tomasa», con quienes habló por teléfono —desconocía quienes eran y no había escuchado hablar de ellos— cuando un motociclista los alcanzó, en el momento en que ella y los comisionados se regresaban a Choluteca sin haber podido llegar a Las Hormigas. 

 

Comenta que Danilo y Tomasa le dijeron que le conseguirían el paso por San Bernardo. Esperó y volvió a hablar con ellos. Esta vez le dijeron que se dirigían hacia San Bernardo, pero el ambiente era cada vez más tenso. Aproximadamente dos horas después de esperar e intentar marcar a los números que el motociclista le había dado sin obtener respuesta, se fue junto con los comisionados, después de suplicar e implorar que los dejaran pasar, afirma Reyes.

 

Ella afirma que no conocía ni a los líderes ni a las organizaciones que convocaron a la toma, pese a que la protesta fue anunciada por el Frente Triunfeño y Massvida con anticipación, y el comunicado se difundió en medios locales. Además, Tomasa Peralta, con quien ella habló por teléfono el día 26 de abril, es la coordinadora del Movimiento Massvida y miembro del Frente Triunfeño.

 

En entrevista, Peralta afirma que en una reunión sostenida el día 25 de abril por la mañana, líderes del Frente Triunfeño, Massvida y directivos de mototaxis de la zona se reunieron con el subinspector de policía de El Triunfo, Samir Moncada, y le dieron a conocer no solo las demandas por las que se hacía la protesta, sino también el nombre de las personas que se habían designado para el diálogo. La función del subinspector era entregar a los comisionados de policía en Choluteca dicha información.

 

A pesar de esto, Reyes dice que solo se enteró hasta el día sábado 27, después de la conferencia de prensa del FTDV y Massvida, de su participación en la manifestación. Y que a ella le llegaban las comunicaciones a través de las redes sociales, nunca a través de las páginas de las organizaciones y que «nunca vieron la incidencia o conexión que podía haber entre esas organizaciones y las tomas». Ella sostiene que los líderes de las organizaciones nunca se comunicaron con ella y que tampoco «nadie se los mencionó», a pesar de que la información sobre los líderes y organizaciones fue amplia y muy difundida.

 

Para ella, la toma de carretera se les fue de las manos a las organizaciones, porque no hubo suficiente coordinación para que ellos pudieran mediar y llegar a un diálogo con las autoridades.

 

Comenta que informó a  las autoridades en Tegucigalpa que no había logrado llegar al desvío donde estaban los líderes, pero que el mensaje lo habían dado para que tuviera «un efecto multiplicador», que dio las recomendaciones de la presencia de grupos vulnerables en las tomas, y que desconoce quién giró la orden de desalojo, pero que tendría que haber venido de las autoridades máximas de seguridad del Gobierno central.

 

 

La gran represión

 

Alrededor de las cuatro de la tarde, gente que se encontraba en El Chorizo, una comunidad de San Bernardo, envió la alerta de que la policía con tanquetas se dirigía hacia allá. Los de El Chorizo se replegaron en San Bernardo, donde la gente ya había tomado piedras y palos para defenderse.

 

El enfrentamiento en San Bernardo se desató alrededor de las cuatro de la tarde. La policía llegó con armas, cascos, escudos, gas lacrimógeno y una tanqueta que roció agua a los manifestantes para dispersarlos. Entre los afectados por la represión y heridos por las balas de la seguridad estatal hubo muchos jóvenes que cuentan que el agua tenía algo que les causó irritación. A muchos de los jóvenes manifestantes les han llamado vándalos, pero ellos dicen que se solidarizaron con la protesta. 

 

Los protestantes resistieron la violencia durante horas, hasta que alrededor de las ocho de la noche, los oficiales de la policía empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Las bombas cayeron sobre las calles y las casas de los pobladores, y la gente huyó por los potreros; hubo heridos de bala. Todo duró como hasta las once de la noche. Dejaron un contingente de policías en San Bernardo. Tres buses de la policía avanzaron hasta el desvío de Las Hormigas; según el FTDV, en ese lugar había alrededor de 1,500 personas, de las 3,000 que estuvieron por la mañana. Ahí también la represión fue brutal.

Camión de la Policía Nacional en la zona del desalojo. Choluteca, abril 2024. Foto: Areli Palomo.

«¡Vimos las luces de motos que venían rápido hacia nosotros! Eran los cipotes de Yoloran y San Bernardo que se habían replegado hasta acá», me dice Mericiades Zepeda. Sigue contando que después «la policía llegó aventando gas lacrimógeno y bala viva; los cipotes al verse acorralados agarraron piedras y terrones para tirarle a la policía lo que hallaban a su paso». Los policías empezaron a golpear gente, disparaban y todos corrían y trataban de resistir. El gas lacrimógeno llegó hasta las casas y los policías irrumpieron en varias. 

 

El desalojo de la policía armada que enfrentó a su propia gente, que se defendía con piedras y palos, terminó en la madrugada. El saldo, hasta ahora, son ocho heridos de bala; siete jóvenes y una mujer adulta. A esto hay que sumar los incontables daños a la propiedad de las familias de las comunidades alrededor de la carretera y a la de los trabajadores que tenían sus motos estacionadas.

 

La represión no es liberación

 

A pesar de los diferentes testimonios y la evidencia de la represión, Rodríguez Montoya, jefe regional de la Policía Nacional, quien acompañó a la abogada Elba Reyes, declaró que en San Bernardo «no obtuvieron respuesta» y que los «recibieron a pedradas», y tuvieron que replegarse a las tanquetas. 

 

Desde Tegucigalpa informaron que «tenían que realizar operaciones policiales para poder “liberar” la vía que estaba tomada». Y dentro de este concepto de «liberación», él asegura que no se utilizó ni gas lacrimógeno, ni armas; solo cascos, escudos, y que en este tipo de situaciones «han prohibido las armas de fuego porque constituye una situación de peligro tanto para el ciudadano como para la policía». 

 

Evidentemente, el jefe regional de la Policía Nacional, junto con los responsables de la orden de «liberación», se han equivocado de concepto. Lo que hicieron y lo que vivieron más de 1,500 personas en las tomas de Namasigüe y El Triunfo fue un acto de represión de la protesta ciudadana, represión.

 

Finalmente, el martes 30 de abril, llegó a El Triunfo el subsecretario de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, junto con un equipo de dos personas para dialogar con el comité del FTDV y la coordinación de Massvida, reunir información sobre la represión y llevar las demandas de los manifestantes a Tegucigalpa. 

Restos de bombas lacrimógenas presentadas el martes 30 de abril al subsecretario de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, por manifestantes presentes en la represión de Las Hormigas. Choluteca, abril 2024 Foto: Areli Palomo.

Volví a pasar por Las Hormigas, en el lugar donde encontré el casquillo de bala cerca de esa gasolinera que, de haber dado el proyectil en una de las bombas, hubiera volado en pedazos a todos. Incluyendo la esperanza de todos los jóvenes que salieron a las calles en nombre de la justicia social.

 

Nota del autor: Esta nota está dedicada a todas las mujeres y hombres jóvenes que resistieron la represión policial y siguen luchando por la justicia social. Nunca se cansen.




Corrección: en la primera versión de esta nota se colocó erróneamente en la entradilla: Jairo Barahona del Instituto Hondureño de Turismo (IHTT), esto se corrigió a: Jairo López del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

Desde inicios de mayo, el Distrito Central (DC) ha estado cubierto por una densa capa de humo, producto de incendios forestales en casi todo el país. Por ello, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) declaró al aeropuerto Toncontín «inoperativo hasta nuevo aviso».

 

Entre el 2 y el 4 de mayo, la calidad del aire en el Distrito Central fue perjudicial. De acuerdo con la página web IQAir, la concentración de PM2,5 fue 17 veces superior al valor guía anual de calidad del aire (ICA) establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 2 de mayo, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en el Distrito Central fue de 167, lo que indica un nivel alto de contaminación atmosférica.

 

El Distrito Central es una municipalidad dividida en dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagüela, y está rodeado de cerros y montañas: Cantagallo, El Picacho, el Hatillo, el Juana Laínez, Cerro de Hula, y una parte del Parque Nacional La Tigra. Algunos barrios y colonias están controlados por el crimen organizado, o son zonas vulnerables a los abusos de las autoridades policiales. Su estructura es irregular, una mezcla de pueblo minero con desarrollo acelerado, calles estrechas, y exceso de vehículos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la capital del país viven 1,342,329 habitantes, siendo el municipio más poblado de la región centroamericana.

 

Comayagüela cubierta de humo, vista desde el mirador de la zona del estadio José de la Paz Herrera. Tegucigalpa, mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El Distrito Central es víctima recurrente de incendios forestales y del humo que proviene de incendios en los alrededores. Esa capa de humo no permite ver de una ciudad a otra, desde cualquier mirador o terreno alto se observa un color amarillo triste, se siente un calor sofocante, y se respira aire perjudicial.

 

El Instituto Nacional de Conservación (ICF) publicó en X una aclaración afirmando que el humo en el DC no se debía a incendios forestales:

Sin embargo, Ingrid Reyes, de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) afirma que los incendios forestales sí afectan, pero también existen otros factores como el humo de los vehículos, el polen y el monóxido de carbono. Sobre la publicación del ICF, Reyes explicó que «el ICF no tiene certeza científica para decirlo (…) nosotros les hicimos saber a ellos que mucho tiene que ver la humedad pero que no es un solo factor sino varios». Agregó que la UMGIR basa sus alertas en los resultados del sistema de monitoreo en tiempo real de la calidad del aire.

 

De acuerdo con los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las lluvias podrían ayudar a disipar la capa de humo, pero llegarán hasta la segunda quincena de mayo; eso significa diez días más de aire insalubre. Por otro lado, con las lluvias se mitigará la contaminación, pero la capital puede enfrentar otra crisis debido a su alta vulnerabilidad: las inundaciones.

Texto: Daniella Demiel

Portada: Canva

 

Amaneció con dolor en las encías. ¿Qué fecha es hoy?, se preguntó, mientras revisaba el calendario en su celular. Ah claro, estoy por menstruar, pensó. Odiaba el olor a hierro en la sangre. Más bien odiaba la sangre. La hacía sentir sucia. Odiaba herirse. Odiaba los raspones. Odiaba arrancarse los pellejos de las uñas. Y, aun así, Paula se las mordía a menudo, tenía ansiedad. Aunque no lo había confirmado clínicamente, bueno, eso no parecía importarle. No hacía falta que un médico se lo validara. Lo podía sentir abajo, en el estómago. Pero a ella le gustaba esa sensación. Ese rush que la encendía. Se había vuelto adicta. 

 

Sí, era adicta a la sensación de ansiedad. La adrenalina la mantenía en pie todos los días. Esa costumbre de estar siempre en alerta, siempre a la espera de algo. Quizás por eso se le dificultaba dejar a su novio, aunque fuera un imbécil.

 

Su novio, el imbécil, llevaba con ella una relación como la de una garrapata con su perro huésped. Una parasitosis. Él se había adueñado de su apartamento, de su sueldo y hasta de su vida. Cuando recién Paula había logrado independizarse, él le propuso que sería buena idea irse a vivir juntos. «Pero, si estos meses has vivido con tus amigos y cuando te pedí mudarme a tu piso me dijiste que lo de nosotros era algo casual. No me parece justo» le había dicho Paula. «Bueno, pensé que querías formalizar, tomar nuestra relación en serio», le respondió su novio. Lo último no era tan cierto. Era una excusa piadosa para no contarle la verdad: lo habían sacado del piso que alquilaba por no seguir las reglas de aseo. 

 

Paula accedió. Y él se mudó enseguida. «Solo traeré unas cuantas cosas, amor» le había dicho, «mientras consigo un mejor lugar cerca de mi trabajo». Nunca pasó. El novio de Paula comenzó poco a poco a inundar el apartamento con sus pertenencias. Empezó por la refrigeradora. La llenó de cervezas (la señora que le rentaba a Paula no lo permitía),  y cosas que terminaban por expirar. Al inicio ella lo ignoraba, hasta que un día, luego del trabajo, se acordó de que tenía unos filetes importados en la nevera, y pensó en preparar una cena diferente. Una cena especial que los hiciera reconectar. Que los hiciera sentir enamorados de nuevo. Pero los filetes no estaban. Su novio se los había comido la noche anterior en una reunión con sus amigos, reunión a la que ella no había sido invitada.

 

Lo que encontró fueron menudos de gallina congelados. El corazón, las patas y la cabeza. «Este imbécil me va a volver loca», dijo en voz alta. Revisó las etiquetas. Se estaban descomponiendo. La cabeza del animal se había vuelto traslúcida. Paula se sobresaltó. Parecía que aún había vida en esos ojos, que la observaban detrás del color grisáceo que los envolvía. Sintió piedad, como si los restos del animal pidieran auxilio. Era mejor ser enterrado que invadido por un nudo de bacterias. Examinó toda la nevera. La mayoría de las carnes se estaban pudriendo. Culpó a Juan primero, por no limpiar nunca el refrigerador. Luego aceptó parte de responsabilidad. De todas formas, esa era su casa, o al menos eso creía. Se detuvo un momento a reflexionar. Quizás eso era lo que le había provocado tantos malestares los últimos días. Quizás había estado consumiendo animales muertos como si de un carroñero se tratara. Su corazón latía, estaba teniendo un ataque. Cómo era posible que no pudiera distinguir entre lo vivo y lo muerto. Entre la carne sana, roja y firme, y la carne viscosa e insalubre. No hay dónde perderse. Cuando los dientes muerden músculos sanos, se saborea aún la sangre del animal sacrificado. Y su olor se mezcla con las especias con las que se marina. Hasta esa misma sangre se vuelve apetitosa. En cambio, cuando se muerde carne podrida, no hay más remedio que enfermarse gravemente, y convertirse en eso: otro ser deteriorándose. Así se sentía, como una gallina pudriéndose. Sí, eso era. Una gallina. Por no dejarlo, por no echarlo a patadas de su casa, o por no aceptar el hecho de que la relación no daba para más. Sí, Juan tenía razón, era una gallina. Se lo decía todo el tiempo.

 

Su presión arterial aumentó. Tanto, que sintió su pulso en la boca, y hasta saboreó el órgano que tenía en las manos: el corazón de lo que una vez fue una gallina. No tenía idea de cómo deshacerse de eso sin vomitar. Pensó en enterrarlo en el jardín. No, el olor se impregnaría hasta en el último rincón. Revisó en el basurero. Lo encontró atascado de sobras y desechos. Trató de levantar la tapa, y cayó en su pie una gota de un líquido apestoso. Gritó de rabia.

 

Tenía ganas de darle a su novio, como se dice, una puteada. «No puedo creer que se te olvidó OTRA VEZ lo único que te pedí que hicieras», le escribió por mensaje. Juan, su novio (el imbécil), la dejó en visto. Paula lo llamó enseguida. No contestó.

 

«Ey, ahora no puedo, estoy ensayando con mi banda», le respondió al fin. Lo de la banda era otra tortura. Cuando lo despidieron del trabajo, Juan trató a toda costa de ocultárselo a Paula. Inventaba demasiadas excusas. Al principio ella fingía creerle, pero lo supo el mismo día, no era tonta. Luego lo consoló. Cada vez que sacaban el tema en alguna conversación era para terminar discutiendo.

 

«No pasa nada amor, podemos hacer comida y vender los fines de semana afuera del edificio», le decía Paula llorando. «Pero ya no me ocultés nada, te lo pido». 

 

Y él le respondía sin perturbarse: «No estudié de gratis, Paula. No estudié tanto para terminar vendiendo hot dogs afuera de tu departamento». Ella se había acostumbrado a su frialdad, la toleraba. O él a ella. En la cotidianidad de su vida, los desprestigios de Juan no eran nada nuevo. Paula ni siquiera intentaba pelear. Sería como nadar a contracorriente.

 

«Mirá, con mis amigos vamos a hacer una banda». Juan lavaba los platos mientras ella trabajaba en su portátil. «¿Me podés prestar unas cien bolas? Te las devuelvo el otro mes». Él no la miraba.

 

«¿Para qué es la plata?» Paula seguía con sus ojos puestos en el ordenador. 

 

«Ya te dije, para la banda. Quiero invertir para que aquellos vean que es en serio».

 

Era lo usual en él, querer impresionar a sus amigos. La fantasía de ser una groupie la emocionó un poco. «Cincuenta te puedo dar, en efectivo». Esto no era cierto. Paula tenía ahorros suficientes para prestarle lo que su novio le pedía. Pero sabía que Juan no era sensato con el dinero, ni con ella, ni con nada.

 

Juan se acercó a ella, bailándole. La tomó del rostro y le dio un beso en la frente. Paula, ingenua, lo dejó hacer, creyendo que podía volver esa chispa. Él la olfateó tiernamente, jugando. Le dejó una mordida en el cuello, seguida de un chupón, y nuevamente la besó. Pero era inevitable, Paula se mantuvo quieta como una presa. Enseguida lo supo: ya no sentía el mismo deseo al que se había aferrado.

 

LOS VERDHUGOS. Así se llamaba la banda. De hecho, se le ocurrió a Paula, porque los tres integrantes llevaban «Hugo» en su nombre. Aunque Juan realmente lo llevaba en su apellido. 

 

«Qué nombre más estúpido», le dijo él, con sarcasmo.

 

«Sí, es un poco tonto, pero eso está de moda, ¿no?»

 

«Se nota que no sabés nada de música, cielo».



La condescendencia de Juan la aburría. No siempre fue así, al menos no en sus recuerdos. Aunque quizás, en el fondo él siempre había sido un snob. A Juan le gustaba fanfarronear frente a los amigos de Paula, diciendo que pertenecía a una banda súper underground de rock nacional no hegemónico en español alternativo indie pop electro progresivo, y unos cuantos adjetivos más. Los amigos de Paula también lo detestaban un poco.

 

Un día, en la oficina, Paula encendió una radio compacta que él le había regalado. Juan le había dicho que le tenía una sorpresa. Habían invitado a la banda a dar una entrevista en una emisora, en la sección «Artistas nacionales».

 

—Bienvenidos a su sección: Conoce a tu siguiente artista nacional favorito… El día de hoy nos acompañan los integrantes de LOS VERDHUGOS. ¿Cómo están, chicos? Cuéntennos más sobre ustedes…

 

Reconocía la voz de Juan. Distinguía la urgencia en él de pavonearse con ese tono grave fingido. Al inicio le parecía sexy, hasta que descubrió que su voz no era tan áspera. Aun así, se sintió orgullosa al escucharle. Era toda una sorpresa que él hubiera escogido su idea. Parecía tan romántico ser su musa. El locutor continuó: 

 

—Y bueno, muchachos, les quiero preguntar: ¿A quién de ustedes se les ocurrió esta genialidad de nombre?

 

Los cuatro se rieron. 

 

—De hecho, fue a Juan, el guitarrista— dijo el Hugo número 1, mientras Juan se hacía el muy ingenioso.

 

Paula se sintió ridícula. Apagó la radio de inmediato. Cerró las cortinas de la oficina, su cabeza estallaba de enojo, el sol le hacía mal. «Menos mal que muy estúpido» le texteó. Él no le respondió. Al llegar a su departamento, se encontró con Juan, tomando cerveza como quien dice «esta es mi casa», con un ruido contaminante y el par de Hugos riéndose, probando el sonido.

 

«¿Qué es todo este rollo?» le preguntó Paula, molesta. No, furiosa.

 

«Si no me hubieras ignorado todo el día lo sabrías», le dijo Juan. Sus amigos seguían tocando en la terraza.

 

«Vos sos el que me ignoraste, y además…» Paula se servía un vaso con agua para relajar sus nervios. «Sos un ladrón. No me diste créditos»

 

«Ay Paula, no seás infantil». Se acercó a ella tratando de acariciarla. «Era una historia muy difícil de contar…» 

 

«Deciles que paren» le dijo, señalando a sus amigos. «Es tarde, Juan, no pueden estar tocando así de fuerte». Y sí, pararon. Pero solo por esa noche. Juan se había tomado la atribución de elegir el departamento de Paula como garaje de ensayos. Al inicio lo hacía a escondidas, cuando ella estaba en su jornada laboral. Luego un vecino se quejó con Paula, y ella lo confrontó. Llegaron al acuerdo que solo ensayarían una semana más, mientras se preparaban para tocar en el minifestival de bandas nacionales, el cual se llevaría a cabo en un bar retro en el centro de la capital.

 

Esa semana fue una pesadilla. Los amigos empezaron cenando ahí, sirviéndose en su vajilla y tomando de su comida. Tratando de escapar de ellos, Paula salía con sus amigas, regresaba tarde. En una de esas noches, los encontró deshechos en alcohol, y lo peor de todo, en su cama. Ella parecía ya no habitar los doce metros cuadrados de su departamento. Era solo un huésped. Juan había invadido todo de ella. Y sus amigos eran sus verdugos. 

 

El dolor en las encías no cesaba. Era un peso que caía desde su cabeza hasta su mandíbula. Algo se descomponía dentro de Paula.  Creyó, por un momento, que era uno de esos síntomas que se tienen cuando se anda ovulando. También creyó que podrían ser sus cordales. O alguna infección que no se había revisado. Incluso se llegó a imaginar que las mismas bacterias que habían descompuesto los restos de la gallina venían tras ella. De algo sí estaba segura: el dolor agudizaba su ansiedad. Un dolor que solo se siente cuando uno ya anda medio muerto. Llegado el día del show, un poco hasta la coronilla, decidió ir, aunque Juan no la había invitado oficialmente.

 

«No sé por qué te enojás», le decía con su tono paternal. «Pensé que era evidente que irías porque sos mi pareja. Pero si vas a ir»…  Juan se había resignado. «Ponete algo lindo. Unos jeans o una chamarra de cuero… Algo que te haga ver sexy».

 

Paula se rio. Detestaba los jeans de cuero. Le apretaban los muslos y la hacían sudar en la entrepierna. Igual se los puso. Esperó a que Juan le hiciera un cumplido.

 

«Paula, cielo, deberías de empezar a entrenar conmigo» le dijo, mientras ella se pintaba los labios de rojo. «Quizás deberías de teñirte de negro o broncearte un poco, te sentaría bien con lo paliducha que te has puesto estos días», y le dio una nalgada.

 

Lo que llevaba era un disfraz. Se suponía que ser la novia del guitarrista de una banda debía ser divertido. En vez de salir con actitud de chica yeyé, Paula salió con una nueva inseguridad. No se fueron juntos. Juan se dio a la evasiva, diciéndole que la banda tenía que hacer una entrada «magistral». Él como guitarrista, Hugo 1 como vocalista y Hugo 2 en la batería.

 

Antes de salir se tomó dos pastillas para la migraña. Llevaba el estómago vacío, se había excedido. Después de darle vueltas al asunto, entre ir o no ir, Paula pidió un taxi dos horas más tarde, con la dirección del bar anotada en un papel. Se bajó unas cuadras antes, quería caminar. Estaba hambrienta. La noche era demasiado bella. 

 

Caminaba torcida, arrastrándose. Los zapatos le habían hecho ampollas en los tobillos. Podía sentir la sangre secándose en su piel. Llegando al bar, ahí estaban. LOS VERDHUGOS iban por su tercer set. El penúltimo. Paula sentía el rugir de sus tripas, lo alivió con un poco de alcohol. Miraba a Juan. Él no la localizaba desde el escenario. Paula se perdía en lo oscuro. Sin embargo, ella sí que lo miraba bajo el reflector. Qué lindo que está, pensaba. Otra vez llegó a ella el sentimiento de orgullo. Al final siempre funcionaba, de alguna forma u otra. Se preguntaba si era por costumbre que ella estaba con él. Por costumbre aprendió a fumar, por ejemplo. Ella solía ser una moralista. Incluso daba sermones sobre los vicios a desconocidos. Hasta que lo conoció a él. Juan sí que era un fumador. Así que poco a poco su cuerpo se adaptó al olor, y hasta se dio cuenta de que le gustaba. Quizá era eso, su cuerpo se había adaptado.

 

Terminada la canción, tuvo el impulso de subir donde él estaba y darle un beso. Empezó a caminar entre la gente. Los empujaba con una fuerza bestial. Todo mejoraría, sí, estaba segura. Él saldría de la crisis de sus treinta y se comportaría mejor. Conseguiría un buen empleo. La presentaría con sus padres, la llevaría a citas propias. Le regalaría flores. Y quizás hasta le pediría que se casaran.

 

No le faltaba mucho para acercarse a él, cuando observó a una morena de pelo corto subirse a la tarima; llevaba un tatuaje hasta la espalda. Juan la abrazó y la besó enfrente del público, apretándole el hermoso y gran trasero (que Paula jamás tendría) envuelto en un jeans de cuero.

 

«Imbécil», le gritó. Era la primera vez que Paula lo maldecía en su cara. No pudo decir más porque el alcohol ya le estaba haciendo efecto en la sangre. Salió corriendo. Juan esperó un poco para salir detrás de ella, pero quedó atascado entre la gente. Se rindió y no la siguió más.

 

Paula se sacó los tacones. Le jodían demasiado los pies. Corrió lo que pudo hasta llegar a las afueras de una iglesia. Se sentó en una acera, mirándola de frente. El eco del bar la alcanzaba hasta ese lugar. El show de las bandas había terminado. Sonaba a lo lejos el mix bailable.

 

Escuchó un campanazo. La señal de que era ya medianoche. No muy lejos, entre las gárgolas que cubrían la fachada, se posó una aurora. Al menos eso creía haber visto, estaba pasada de vodka como para distinguirla. Sí, era una aurora. Al observar la imponente ave, tuvo en su corazón un presentimiento: Alguien estaba a punto de morir. Reconoció a lo lejos, el ritmo de una canción. En el bar habían puesto un dembow

 

Ella quiere, mm-ah-mm, voy a darle, mm-ah-mm, pa’ que sienta, mm-ah-mm. Y de nuevo el mm-ah-mm. Paula no se contuvo. Soltó una carcajada torpe y embriagada. Casi malévola. Sabía que Juan la estaría pasando mal, era demasiado pretencioso como para bailar un reguetón frente a desconocidos. Lo imaginó a él tratando de seducir a su nueva presa. «Si estuviera muerto, se retorcería en su tumba», pensó. La música continuaba:

 

Ahora voy por tu pantalón pa poner mi sello, te miro, te voy a chupar como vampiro, siento tu suspiro que me llega como tiro, y me mata, me alborota, me remata…

 

Paula susurraba la canción, o eso intentaba. Se dejó llevar y trató de seguirle el paso al ritmo. Se sentía feliz. Irónicamente desintoxicada. El hambre que tenía era voraz. Sacó un cigarro y se lo puso entre los dientes. Buscó el encendedor en su bolsillo. Su paladar se llenó de un sabor oxidado.

 

El cigarro tenía sangre. Estoy tan inhibida que me mordí la lengua, pensó. Pero no se la había mordido. Por instinto, metió su dedo índice en la boca para revisarse. Comenzó por debajo de la lengua y luego arriba, en su maxilar. Buscó entre sus encías superiores… Ahí estaban. Los sintió como dagas enterradas en su piel. Le habían nacido, de extremo a extremo, un par de enormes colmillos.

Al menos unos 271 mil lempiras (11,061.83 dólares) en viáticos no liquidables gastó una comitiva de tres personas del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), que viajó en diciembre a Venezuela por seis días para suscribir el memorándum de entendimiento en materia de Hábitat y Vivienda entre los gobiernos de Honduras y Venezuela. A esto se suman los gastos que realizó Injupemp para financiar la visita de una misión venezolana este año. La institución sostiene que esta colaboración con el gobierno de Venezuela le ahorraría a Honduras 21 millones de lempiras en pago de asesorías para los proyectos de vivienda; sin embargo, ha manejado con opacidad los gastos que se derivan de este proceso. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen


El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) pagó al menos 271 mil lempiras (11,061 dólares) para cubrir los viáticos de una comitiva de tres personas que viajó a Venezuela entre el 11 y 16 de diciembre en 2023, de acuerdo con tres oficios a los que Contracorriente tuvo acceso. 

Según los oficios n.° 1150-2023 y 1151-2023, el Injupemp pagó 2,937.52 dólares (unos 72,233 lempiras) a Percy Abadie Hernández, y 3,939.46 dólares (96,871 lempiras) a Victor Manuel Gomez, jefe de operaciones de Injupemp; ambos viajaron como acompañantes del director interino de la institución, Amable de Jesús Hernández, quien de acuerdo al oficio 1147-2023 recibió 4,184.85 dólares (102,905 lempiras) en viáticos. 

También formó parte de la comitiva el subdirector de la institución, Mario Suazo, pero este medio no pudo acceder a información sobre los viáticos que le asignaron. 

Ninguno de estos pagos se ve reflejado en el portal de transparencia de la institución de forma desglosada, pues solo aparecen los montos totales. Sin embargo, en diciembre, cuando la comisión viajó a Venezuela, el total de viáticos que reportó la institución fue de 1 millón 544 mil lempiras (61,760 dólares) cuando el mes anterior el monto apenas había sido de 254,616 lempiras (10,184 dólares), es decir más, de 1 millón 289 mil lempiras (51,560 dólares) de diferencia.


En enero la asignación de viáticos se mantuvo similar a noviembre, con un gasto reportado de 230 mil lempiras (9,200 dólares), y en febrero ese monto subió a 574 mil lempiras (22,290 dólares), cuando una comisión de Venezuela llegó a Honduras.


Contracorriente publicó semanas atrás una investigación en la que se encontró que Injupemp pagó hotel, alimentación y eventos por 15 días a una comisión venezolana de 14 personas que llegó a Honduras a finales de febrero, y que las facturas correspondientes a esos gastos no se encuentran en los portales de transparencia de la institución. De acuerdo a la información recabada, Honduras podría haber pagado hasta 420 mil lempiras solo en hoteles.

Sin embargo, Injupemp cubrió también la alimentación, así como el pago de un cantautor contratado para un evento en un restaurante local para recibir a la comitiva. También cubrieron el pago de un salón de hotel, cóctel de bienvenida, cena ejecutiva, mesas, sillas, sonido y micrófonos.

Cuando lo entrevistamos para nuestra primera publicación sobre este tema, el director interino de Injupemp dijo, vía WhatsApp, que a cambio de la asesoría técnica el Estado de Honduras no le está haciendo ningún pago a la GMVV. Sin embargo, no quiso responder sobre los gastos que está haciendo el Injupemp. Contracorriente contactó nuevamente a Amable de Jesús Hernández, pero al cierre de esta publicación no respondió a las solicitudes de entrevista para explicar sobre estos viáticos.

En reacción a la investigación publicada por Contracorriente, el Injupemp emitió un comunicado el pasado 8 de abril en el que aseguran que Honduras se está ahorrando 21 millones de lempiras por obtener asesoría gratuita del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela. No obstante, el comunicado no explica sobre los gastos cubiertos por la institución para la visita de la comisión que vino a Honduras en febrero, como tampoco informaron de los gastos en viáticos para la comitiva de Honduras que viajó a Venezuela en diciembre del año anterior. 

Según los comunicados oficiales, este instituto solicitó la orientación de Venezuela debido a su experiencia en la construcción de viviendas asequibles. Sin embargo, no se hizo mención de las controversias que rodean al programa, como los señalamientos de corrupción, falta de transparencia y proyectos de urbanización incompletos.

Cuatro investigaciones están en proceso en relación con el programa, implicando a altos funcionarios y grandes sumas de dinero. Al menos dos funcionarios venezolanos, tres empresarios y 22 empresas han sido señalados por prácticas corruptas. En 2021, en Italia, la policía confiscó 42 millones de euros de la empresa Lattonedil, acusada de participar en actividades corruptas vinculadas con este programa.

Mientras los migrantes dejan en las redes testimonios tremendos de sus viajes en tráiler en busca del sueño americano, un rastreo de plataformas virtuales y grupos de mensajería instantánea revelan operaciones coordinadas y sinuosas, y también al menudeo, de centenares de coyotes que buscan “clientes” y empleados para su boyante negocio de traficar con las esperanzas de vivir mejor de los centroamericanos.

 

Por Pablo Medina y Carlos Gonzales

 

Salimos a la caza de huellas digitales que iluminaran mejor cómo opera el creciente negocio de transporte clandestino de personas migrantes en tráileres o contenedores a través de México rumbo a Estados Unidos. Una base de datos construida en colaboración por una alianza transnacional de medios de prensa* revela que, en los últimos seis años, al menos 19.000 personas, entre ellos 3.200 niños, viajaron en 170 tractocamiones que, ya que fueron abandonados, detenidos o sufrieron accidentes, salieron a la luz pública. 

 

De esta investigación emerge un panorama devastador en estos viajes: personas asfixiadas de calor, hacinadas en esas cajas cerradas, intentando callar el llanto de sus niños para acatar las órdenes de silencio absolutas de los coyotes armados. Ciento once hombres, mujeres y niños han muerto en estos viajes peligrosos, muchos de ellos agricultores humildes, pensando en darles educación a sus hijos, o jóvenes ilusionados con buscarse un mejor futuro. (Ver investigación principal TK TK TK)

 

Tenía que haber algún reflejo de ese horror en el mundo virtual. Más que ofertas de servicio específico de viaje en contenedor por parte de los traficantes de seres humanos, hallamos 

publicaciones en la red social TikTok de personas que decían que habían sido transportadas de contrabando en remolques a través de México y Estados Unidos, y esos relatos difieren significativamente en cuanto a los modos de transporte anunciados por los traficantes.

 

Un migrante ha publicado más de 30 minutos de video explicando su experiencia de cuando fue traficado ilegalmente desde Nicaragua a Estados Unidos. Esta persona dijo en sus videos que los contrabandistas nunca les dijeron que iban a viajar dentro de un remolque sino ya una vez emprendido el viaje. Los migrantes y el remolque fueron abandonados a mitad el norte de México. 

 

También, encontramos publicaciones en TikTok que preguntaban quién fue traído a los Estados Unidos en semitráiler. Aproximadamente 1.600 personas contaron sus experiencias. Muchos afirmaron haber viajado entre ocho y 30 horas en condiciones deplorables junto con cientos de personas sin poder sentarse, comer, beber o ir al baño. Algunas personas describieron sus viajes con bebés de hasta seis meses.

 

No pudimos verificar de forma independiente estos comentarios y videos. Además, en este artículo no vinculamos a ninguna cuenta o nombre, para así proteger la identidad de quienes publicaron. Intentamos contactar a algunas de estas víctimas que postearon en redes, pero no conseguimos que respondieran.

 

Sí encontramos en el mundo virtual una enérgica actividad de los actores que ofrecen llevar a las personas a la frontera con Estados Unidos o Canadá, o cruzarla, en otros diversos tipos de transporte, como automóviles, buses (llamados camiones en México) o vuelos en avión. El mundo virtual de estos servicios de coyoterismo y enganche de migrantes muta constantemente, los perfiles de las cuentas son efímeros, pero sus mensajes son persistentes, y muchas veces se conectan entre sí, ofreciendo un mismo número de contacto en diversas plataformas, usan videos populares para atraer la atención de los interesados. Tampoco dan detalles sobre sus rutas o condiciones de viaje. Pintan un transporte fácil, casi como si fueran agencias de viaje, e incluso muchos postean precios exorbitantes. 

 

Un común denominador, es que sin importar el medio de promocionar estos servicios, los arreglos suceden en forma privada, a través de WhatsApp, una de las apps más populares de América Latina. Ya un informe de 2023 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) había encontrado que las redes sociales y la mensajería instantánea se usan “para publicar y diseminar servicios de tráfico de migrantes y, por lo tanto, son una herramienta para facilitar el contacto entre los migrantes y los traficantes instantáneamente desde cualquier ubicación geográfica”. Según fuentes contactadas por el mismo informe, “los traficantes suelen promocionar y comercializar sus servicios en varias redes sociales, principalmente a través de TikTok, Facebook y WhatsApp”.

 

La investigación digital de CLIP confirma con casos específicos estos hallazgos e indaga sobre otras redes que usan y arroja luz sobre el entramado de propaganda de estos servicios.

 

Un aviso en Facebook: 

 

Una página de Facebook pagó por un aviso en esta plataforma que circuló en Guatemala con el mensaje “Amigo, estás pensando en irte a Estados Unidos? O andas buscando quien te apoye a cruzar? Comunícate por este medio. Completamente serio, confiable y seguro. Manda un mensaje con número de contacto. Urgen interesados”. La actividad en esta página sólo duró un día: el 31 de agosto de 2023.

Publicaciones de una página de Facebook que ofrece servicios para "cruzar" a Estados Unidos

Este mensaje va en contra de las políticas de Meta que prohiben la publicación de “contenido en el que se ofrezca proporcionar o facilitar el tráfico ilegal de personas”. Sin embargo, y aunque el aviso ya fue retirado de la biblioteca de anuncios de Meta, el post aún se puede ver. La página es vaga en los detalles sobre los servicios que ofrece y evita referenciar el cruce ilegal de fronteras, pero sí muestra fotos, en las que se ven personas escalando el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Otro post de la misma página dice: “contamos con mas de 20 Guias y experiencia en mas de 10 años para poderte brindar la mejor forma de ingresar al estado americano y poder trabajar para sacar tu familia adelante”. 

 

Los administradores de la página no dan información sobre sus servicios, en cambio, dirigen a quienes indagan a un número de contacto de WhatsApp. Según la información de transparencia de la página, sus administradores están en México, pero el número de contacto es un celular colombiano. 

 

Esto puede deberse a que los servicios ofrecidos sean una estafa o a la internacionalización del negocio del tráfico de migrantes que permiten las nuevas tecnologías. Según el citado informe de la OIM, gracias la inmediatez de estas tecnologías, “el migrante incluso puede ser guiado remotamente, por el traficante, gracias a poder compartir su ubicación en tiempo real”. 

 

Perfiles personales en Facebook

 

Hay perfiles personales que comentan en páginas o postean en grupos ofertas del ‘servicio’ de cruzar la frontera de Estados Unidos. Estos mensajes, que suelen incluir un número de WhatsApp para contactar se suelen borrar rápidamente. Esta temporalidad es una característica común de muchos de los contenidos que encontramos que ofrecen el servicio de cruzar la frontera. En por lo menos un caso, el número de WhatsApp enlazado por uno de los perfiles personales ofreciendo estos servicios ya no funciona. Pero en otros, aunque los mensajes en Facebook hayan sido borrados, los números permiten enlazar con otras cuentas e, incluso, con otras redes sociales.

 

Así por ejemplo, dos perfiles de Facebook han publicado decenas de mensajes en grupos de Facebook de México y Guatemala con mensajes como “Hola Yo llevo gente para Estados Unidos a sus órdenes” y “Carro a Phoenix seguro información [número WhatsApp]” que siempre incluyen el mismo número de teléfono mexicano.

 

Encontramos decenas de mensajes similares, publicados por estos dos perfiles de Facebook, que ya fueron borrados. Sin embargo, pudimos ubicarlos con Crowdtangle, una herramienta para buscar posts públicos en Facebook e Instagram. Todos estos posts compartían un mismo número telefónico. El mismo número telefónico también es mencionado en Clasf, una página de clasificados de México, en la que aparece en una oferta en Atoyac, Jalisco, en la que dice: “muebles al gusto y los llebamos asta la puerta de su hogar con los mejores precios de todo jalisco ya k somos fabricantes [número de WhatsApp] a sus ordenes”.

Videos en Kwai

 

Ambos perfiles de Facebook mencionados han posteado videos con el logo de Kwai, una app similar a TikTok, también china, en la que se comparten videos cortos. Estos videos muestran bandas de música mexicana y tienen superpuesto textos como: “Salidas diarias para la unión americana y Canadá información con el compa capu a sus órdenes”. 

 

Estos videos también incluyen un mismo número telefónico mexicano y el nombre de alguna cuenta de Kwai. Buscamos los nombres de cuentas de Kwai que aparecen en estos videos y encontramos más información sobre esta operación. Algunos videos simplemente fueron tomados de cuentas populares de corridos de Kwai, a los cuales después les superpusieron el texto con el número de WhatsApp. 

 

Llama la atención que otras dos cuentas tienen los mismos nombres de perfil que las cuentas de Facebook. Una de estas cuentas no tiene publicaciones, pero en su foto de perfil se ve uno de los dos rostros que aparecen en el perfil de WhatsApp asociado al número mexicano.

Imagen que aparece en el perfil de WhatsApp asociado al número de teléfono mexicano.
Uno de los perfiles de Kwai muestra un rostro de un hombre, que parece ser el mismo que el del perfil de WhatsApp.

La otra cuenta de Kwai tiene varios videos con textos superpuestos en los que se ve un mismo número de teléfono. Uno de esos textos dice “Salidas diarias a Phoenix por la línea $8,500 dólares información [número]”. Otro dice “La pasada es por Ciudad Juárez se camina 10 minutos y puro carro a dónde vallas seguro 9500 dólares [número] y [segundo número]”. 

Una publicación en Kwai ofrece una “pasada” por 9.500 dólares.

Los videos en esta cuenta son de dos tipos: música mexicana o testimonios de personas que dicen haber cruzado la frontera a salvo. Esta cuenta tiene menos de 300 seguidores y cada uno de sus videos tiene un promedio de 300 reproducciones, usualmente sin ningún comentario. Así que lo más probable es que la comunicación con estos traficantes suceda principalmente por WhatsApp. 

 

Existe una cuenta de TikTok con un nombre de perfil similar a una de las cuentas de Kwai, que tiene menos de 10 seguidores y sólo ha publicado un video (uno de los mismos testimonios que aparecen en la cuenta de Kwai) en el que no aparece el número telefónico mexicano.

 

En los videos publicados por los dos perfiles de Facebook mencionados más arriba (los que comparten el mismo número de teléfono mexicano) también se mencionan dos cuentas de Kwai que promocionan servicios de migración y que tienen miles de seguidores. Una de estas cuentas, que tiene más de 3.400 seguidores publica videos de personas cruzando la frontera. Su administrador, en los comentarios a los videos, pide que lo contacten por mensaje directo para más información sobre cómo cruzar.

 

Una segunda cuenta tiene como nombre de perfil el nombre propio de una persona [Pedro Bustamante] y más de 15.000 seguidores y también publica videos de personas cruzando la frontera estadounidense. En los textos superpuestos a los videos pide que lo contacten por mensaje directo.

 

La tercera cuenta, que tiene más de 34.000 seguidores, asegura ayudar con migración legal a Estados Unidos y Canadá. Sus videos sobre todo muestran a personas en esos países. Pero en ocasiones muestran a personas cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Pero esta página no aclara cómo contactarla para averiguar por sus servicios.

Anuncios efímeros y no tanto en TikTok

 

Tras un escaneo que realizaron CLIP y Bellingcat en la plataforma TikTok encontramos alrededor de cien anuncios de operaciones de tráfico de migrantes similares a los de otras plataformas.Muchas cuentas con pocos seguidores (usualmente menos de 300) y pocas publicaciones (generalmente no más de cinco) que promocionan servicios para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En la mayoría de los casos, estas cuentas piden enviar mensaje directo para acceder a más información. En un caso, una cuenta incluye un número de WhatsAp que ya no funciona. En otro, una cuenta dice en los comentarios que su número de contacto está en su biografía, pero ya no se encuentra ahí.

Una cuenta ofrece su servicio a través de un número de teléfono que superimpone sobre sus video

En general estas cuentas dejaron de publicar contenido a finales de 2022, pero otros perfiles siguen dejando comentarios para promocionar sus propios servicios de tráfico de migrantes en sus comentarios. En algunos casos, cuentas que ofrecen servicios de coyotes se toman los comentarios de videos de Influencers que hablan sobre migración. Por ejemplo, en un video publicado en 2021 por el influencer Esteban Leyte, quien tiene seis millones de seguidores, tiene más de 8.000 comentarios, entre los cuales algunos coyotes aprovechan la audiencia para ofrecer sus servicios por un precio. Los perfiles de estos comentaristas son en su mayoría privados y los pocos públicos, sólo dicen que darán más información por privado. 

 

Bellingcat encontró una cuenta con 150.000 seguidores de un supuesto coyote que aseguró a esta alianza que él ayuda a la gente a cruzar la frontera. En decenas de videos el presunto coyote muestra supuestos migrantes que fueron traficados por la frontera viajando en la cabina delantera de semitráilers. El coyote también tiene canciones de corrido dedicadas a él. Las líricas detallan una supuesta operación de contrabando usando tráilers, aunque la misma persona luego nos aseguró no utilizar este modo de transporte. No está claro quién está realmente detrás de la cuenta. Su dueño dice que no busca negocio, sino sólo ayudar a la gente, pero no pudimos corroborar independientemente esta afirmación. (Lea la historia Ser coyote es cool). Linkear nota. 

 

Hay en TikTok anuncios que difieren un poco de lo tradicional. Por ejemplo, encontramos cuentas con más de 2.000 seguidores ofreciendo servicios que incluyen el cruce de menores que deseen viajar solos e incluso videos mostrando a una menor supuestamente sin sus padres, filmada dejando testimonio.

Una publicación de TikTok ofrece un viaje “en autobús y en avión”.

También encontramos varios casos de publicaciones buscando “enganchadores” (personas que se encargan de reclutar migrantes para que hagan el viaje) en Guatemala. Las ofertas de trabajo incluyen una solicitud para que los seguidores les escriban.

Publicaciones de TikTok buscan “enganchadores”, es decir, las personas que hacen los contactos con las personas que queremos migrar.

Por lo general, y no solo en TikTok, encontramos que supuestos traficantes no elaboran sobre detalles de logística en sus anuncios.

 

Bellingcat se puso en contacto con TikTok para preguntar sobre nuestros hallazgos. TikTok revisó otros anuncios que identificamos y dijo que eliminaron aquellos que violaban sus pautas. TikTok nos dijo que prohíbe el contenido que facilite el tráfico y la trata de personas, y nos indicó sus Normas de la Comunidad. TikTok nos dijo que en 2023 lanzaron una serie de intervenciones de búsqueda para alertar a su comunidad sobre los riesgos del tráfico y la trata de personas. Hasta ahora, esto se ha implementado en todos los países de Europa. TikTok nos dijo que la moderación de contenido a escala requiere una mejora constante de las políticas y estrategias de aplicación.

 

Grupos de Telegram y Whatsapp


Por otra parte, nuestra investigación digital encontró, en grupos de Facebook, enlaces a grupos de WhatsApp y de Telegram que prometían dar información sobre cruces legales e ilegales de la frontera de Estados Unidos. Revisamos seis grupos de WhatsApp y ocho de Telegram. En el caso de los grupos de WhatsApp, la mayoría parecen haber sido abandonados por sus administradores y ahora la mayoría de las publicaciones son enlaces a contenido sexual, a otros negocios sin relación (como venta de cuentas de redes sociales, o abogados para accidentes automovilísticos), o a posibles estafas bancarias o de criptomonedas. Sólo ocasionalmente algún miembro del grupo inquiere por información migratoria, pero estas preguntas quedan sin respuesta. Estos grupos fueron creados entre finales de 2022 y comienzos de 2023 y es posible que originalmente hayan sido usados para compartir información migratoria (WhatsApp no muestra el contenido de un grupo publicado antes de entrar a este, es decir que sólo pudimos ver contenido desde octubre de 2023). Sólo en uno de los grupos que encontramos se sigue enviando contenido migratorio. Uno de sus miembros ofrece el servicio de obtener papeles de residencia o ciudadanía mexicana falsos, por lo que cobra entre 11.500 y 25.000 pesos de ese país.

Un usuario en WhatsApp ofrece vender documentos de nacionalidad mexicanos.

En el caso de Telegram, tres de los grupos que encontramos, creados el 27 de julio, el 7 y el 11 de octubre de 2022, respectivamente, siguen ofreciendo información de contactos de coyotes y de precios para cruzar la frontera estadounidense. La mayoría de mensajes son de usuarios que ofrecen sus propios servicios y mencionan sus números de teléfono para ser contactados. La cuenta administradora de uno de estos grupos, además, ofreció el servicio de documentos de identidad falsos venezolanos y mexicanos hasta diciembre de 2022.

En algunos canales de Telegram se ofrecen servicios para cruzar la frontera de Estados Unidos.

Otro grupo, este creado el 13 de enero de 2022, era usado para coordinar rutas y precios de viajes terrestres y marítimos desde Suramérica hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Esto sucedió hasta el 7 de junio de ese año, cuando el grupo fue tomado por una estafa bancaria cuyos posts se repiten desde entonces.

Canales de Telegram y muchos seguidores


Encontramos tres canales de Telegram creados en noviembre de 2021, abril de 2022 y junio de 2023, que comparten las mismas características: tienen muy pocas publicaciones y promocionan el mismo canal de YouTube, C* Fronteras, que tenía más de 83.000 seguidores, pero que fue cerrado por la plataforma a principios de abril de este año. En los videos del canal de YouTube (cerrado por la plataforma según el propio administrador de la cuenta) la misma persona que parece estar detrás de los canales de Telegram mostraba varios cruces fronterizos y recordaba anécdotas de ser migrante indocumentado.

En el canal de YouTube repetía constantemente que él no es coyote, pero en respuesta a algunos comentarios decía que podía ayudar a personas que quisieran migrar cruzando la frontera, a través de “sus contactos”. También repetidamente compartía su número de teléfono (el mismo que aparece en los mensajes de Telegram) para mayor información. En la foto de perfil de WhatsApp de este número de teléfono se puede ver este texto: “La travesía comienza en Sonoyta, Sonora, frontera. Allí tienes que llegar. Mis contactos solo cruzan a las personas desde Sonoyta, Sonora, frontera con Arizona. Mis contactos no mueven gente dentro del territorio mexicano. Las personas interesadas tienen que llegar hasta Sonoyta, Sonora, por sus propios medios”.

 

La diferencia entre el tamaño y los alcances de todas estas maneras de promocionar los servicios de migración irregular a través de redes sociales se puede explicar por el hecho de que este negocio está compuesto por una cadena en la que participan desde particulares hasta grandes carteles. El citado informe de la OIM dice que “varios estudios indican que hay redes transnacionales organizadas, redes locales y personas que realizan la actividad de tráfico de migrantes independientemente como un nicho de oportunidades para generar ingresos … Esta actividad involucra, en todo el mundo, a criminales profesionales, algunos de los cuales están especializados en el tráfico de migrantes. Aunque se observan diferencias entre regiones y rutas, hay evidencia de que hay grupos de pequeña escala, así como grupos más grandes y mejor organizados y redes dedicadas al tráfico de migrantes en todo el mundo”.

 

C* Fronteras. No incluimos el nombre completo para no seguir promoviendo publicidad para esta cuenta.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Una nueva colaboración de ICIJ y socios de medios en América Latina, Europa y Estados Unidos documenta casi 19.000 viajes de migrantes a la frontera México-Estados Unidos en condiciones peligrosas.

 

Por Brenda Medina

 

Seis días antes de que Rafelín Martínez Castillo saliera proyectado desde el camión de carga que lo transportaba junto a otros 168 migrantes a través de México, estaba lijando madera en el modesto taller de su primo en la República Dominicana. El artesano de 31 años, su hermano y su primo trabajaban sin tregua para cumplir con un gran pedido de pilones, las populares piezas de mortero y maja que se venden en tiendas de souvenirs y a la orilla de las carreteras de la nación caribeña.

 

“Hasta el dia que se fue, cuando lo abracé tenía las manos llenas de callos y cortadas de las horas que pasó lijando”, recordó su madre, Kenia Castillo, durante una entrevista en abril de 2023 en su casa de Boquerón, una pequeña región montañosa en la provincia sureña de Azua. “Yo le pedí que no se fuera, que comíamos aunque sea arroz con huevo pero me dijo ‘mami aquí con los pilones uno nunca va a conseguir nada’”.

 

La familia utilizó dinero de la venta de los pilones para pagar parte de los 26.000 dólares a los contrabandistas que coordinaron el viaje que llevaría a Martínez Castillo a Estados Unidos. Primero llegaría en avión a Panamá, luego iría a Guatemala, y desde allí cruzaría la frontera hacia Chiapas, el estado más al sur de México.

 

En los últimos años, decenas de miles de dominicanos han seguido rutas similares para llegar a EE.UU. en un éxodo que se ha vuelto omnipresente, convirtiéndose en un referente de la cultura popular. La frase “la vuelta es México” ahora aparece en canciones de rap y merengue y programas de comedia en la televisión nacional. En general, los dominicanos han estado volando a países de América Central y del Sur que tienen pocos o ningún requisito de visa. Entre 2022 y 2023, más de 3.000 personas por mes abandonaron la isla en este tipo de vuelos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El viaje se vuelve mucho más difícil a partir de ahí, ya que luego atraviesan varios países para llegar a México; De México pasan a pie a EE.UU.

 

Así se suponía que culminaría el viaje de Martínez Castillo. Sin embargo, 25 días después de dejar su hogar, regresó en un ataúd.

 

El 9 de diciembre de 2021, el camión de 18 ruedas en el que Martínez Castillo y sus compañeros migrantes iban empaquetados como mercancía se volcó cuando su chofer conducía a exceso de velocidad en una carretera de Chiapas. 56 personas murieron y 113 resultaron heridas. Las imágenes de los cuerpos esparcidos por la carretera rodeados de espectadores horrorizados le dieron la vuelta al mundo.

 

Siguiendo el rastro de este y otros accidentes similares que involucran a migrantes y camiones, un equipo transfronterizo de periodistas descubrió que el uso ilegal de estos vehículos de carga para transportar inmigrantes a través de México ha aumentado en los últimos años a medida que los cárteles se han apoderado del negocio del contrabando, que históricamente había sido controlado por coyotes o polleros independientes. Esto se ha desarrollado a medida que el gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, ha endurecido sus políticas para limitar el número récord de personas que cruzan su territorio en los últimos años, empujando a los migrantes a encontrar formas peligrosas y a menudo mortales de viajar. Al hacer uso de la industria de carga, que se supone está estrictamente regulada por agencias gubernamentales, los grupos del crimen organizado parecen operar con impunidad. Hoy en día, se estima que el negocio del contrabando les genera miles de millones de dólares al año a los cárteles.

 

También cuenta con “un enorme aparato de logística y por supuesto todas las complicidades necesarias”, dijo Tonatiuh Guillén López, quien fue nombrado jefe de inmigración de México en diciembre de 2018 y renunció seis meses después por desacuerdo con las cambiantes políticas migratorias del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

De lo contrario, sin ser detectados “¿cómo transitan no un trailer que fue detenido o que tuvo un accidente, sino decenas de trailers o camiones por el país?” cuestiona Guillén López.

 

Ni el Instituto Nacional de Migración de México, su fiscal general, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Cámara Nacional de Transporte de Carga, que representa a la industria camionera, quisieron comentar o dar entrevistas para esta investigación.

 

Esta alianza entrevistó a sobrevivientes, expertos, defensores de los derechos de los migrantes y actuales y ex funcionarios mexicanos, y revisó miles de páginas de documentos para esta historia. Los reporteros también crearon una base de datos con más de 170 camiones que transportaron migrantes y fueron inspeccionados, detenidos, tuvieron accidentes o fueron abandonados en la carretera entre 2018 y 2023. Debido a que la calidad de la información varía dependiendo de la fuente y a que las autoridades mexicanas sólo empezaron a documentar los accidentes desde 2022, tras la tragedia de Chiapas, los datos revelan sólo una pequeña porción de este contrabando de personas. Pero lo que sí muestra es que casi 19.000 personas, incluidos más de 3.200 menores, viajaban en los camiones que identificaron  los periodistas.

 

Los datos también muestran que al menos 111 migrantes que viajaron en tractocamiones por México en esos seis años murieron por exposición al calor o falta de oxígeno, o como resultado de accidentes de tránsito. El 7 de marzo de 2019, un tráiler que transportaba a unos 80 migrantes se salió de la carretera y se volcó en Chiapas, provocando la muerte de 23 personas, entre ellas un niño de 2 y 7 años. Tres años después, 64 personas fueron rescatadas de un camión abandonado al costado de una carretera en el norteño estado de Coahuila. Viajaban sin agua ni ventilación bajo temperaturas de 104 grados Fahrenheit dentro del remolque, según las autoridades. Catorce personas fueron hospitalizadas y una mujer nicaragüense murió y tuvo un aborto espontáneo.

 

El 28 de septiembre de 2023, dos migrantes murieron y 27 resultaron heridos luego de que el conductor de un camión que transportaba a 52 personas perdiera el control y el camión se volcara en una carretera de Mezcalapa, Chiapas. Tres días después, nueve mujeres y una niña cubanas murieron y otros 17 cubanos resultaron heridos después de que el camión que las transportaba se estrellara en una carretera a unas 100 millas de la frontera con Guatemala.

 

Dado el volumen de personas que cruzan México camino al norte (los datos de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. muestran más de 4,8 millones de extranjeros interceptados en su frontera solo en los últimos dos años), el número de migrantes en camiones es sin duda mayor del que muestran los datos recopilados por esta alianza, de acuerdo con expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes.

Tonatiuh Guillén López fue nombrado jefe de migración de México en diciembre de 2018, pero renunció seis meses después por las cambiantes políticas migratorias. Imagen: Noticias Telemundo

Guillén, el exjefe de inmigración, explicó que si bien muchos migrantes son engañados por los contrabandistas sobre el modo de transporte, otros sí entienden los peligros de estar encerrados durante horas en un contenedor de acero rodante.

 

“Es tan grave la situación de las personas desplazadas que toman todos los riesgos”, dijo Guillén, quien usa una frase para describir la desesperación y la falta de opciones que enfrentan los migrantes en México y en todo el mundo: “Yo le llamo a eso el tamaño de la desesperanza”.

 

¿Una política de inmigración más “humana”?

 

Migrantes centroamericanos han cruzado masivamente por México para llegar a Estados Unidos desde al menos la década de 1980, huyendo de guerras civiles o atraídos por la demanda de mano de obra barata de las empresas estadounidenses. Esa migración continuó a fines de la década de 1990, cuando miles de personas abandonaron sus países trás la devastación del huracán Mitch en 1998. Las crisis económicas, la violencia y la agitación política impulsaron más migración en años posteriores. Alrededor de 2010 surgió una nueva tendencia: miles de inmigrantes asiáticos y africanos llegaron al sur de México después de atravesar América en ruta a Estados Unidos.

 

Para contener el flujo, Estados Unidos y México han reforzado la presencia de agentes del orden en sus fronteras. Con financiamiento de Estados Unidos, México aumentó las deportaciones, enviando a cientos de miles de personas de regreso a sus países. Ha habido años en los que México ha incluso deportando más migrantes que su vecino del norte.

 

México se convirtió en lo que expertos llaman “una frontera vertical”, explicó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, una organización sin fines de lucro. Esto significa que las inspecciones de inmigración no se realizan sólo en los puntos de entrada en las fronteras, aeropuertos y puertos marítimos, dijo Kuhner. En cambio, las detenciones y registros pueden ocurrir en cualquier lugar. Desde hace al menos una década, soldados y agentes de inmigración comenzaron a detener a personas en parques y otras áreas públicas, subiendo a autobuses y deteniendo vehículos para atrapar a inmigrantes indocumentados. (En 2022, el Tribunal Suprema de México declaró inconstitucional la práctica después de que tres hermanos indígenas que denunciaron habe sufrido perfil racial demandaran, pero ese fallo no ha detenido las revisiones migratorias).

 

“Esa forma de hacer control migratorio, desde nuestra perspectiva, realmente es uno de los factores que empuja a la gente a viajar de forma clandestina y permite que los grupos del crimen organizado de tráfico de personas se desarrollen”, dijo Kuhner, porque ofrecen una manera de esquivar las revisiones aleatorias.

Los migrantes que no pueden pagar a los contrabandistas o contratar intermediarios para sobornar a las autoridades y obtener documentos expeditos para moverse legalmente por México tradicionalmente han intentado el viaje caminando o pidiendo aventón. Muchos más corren el riesgo de sufrir lesiones o morir al subirse en el techo del tren de carga apodado “La Bestia” y el “Tren de la Muerte”, parte de una red ferroviaria que recorre todo México. En busca de seguridad, miles de personas al año viajan juntas a pie por cientos de kilómetros en las llamadas caravanas de migrantes. Otros, como Martínez Castillo, el artesano dominicano, y los cerca de 19.000 identificados en el análisis de datos de esta alianza, acaban hacinados en tractocamiones.

 

Por un breve período al comienzo de su presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador parecía estar forjando una política de inmigración más “humana” de la que había heredado, como prometió durante su campaña. Su gobierno otorgó miles de visas humanitarias para permitir a los migrantes un paso seguro por México y permisos de trabajo para aquellos que decidieran permanecer en el país. Durante ese período, una caravana de migrantes cruzó el país sin mayores obstáculos. Pero López Obrador pronto cambió de rumbo bajo presión del gobierno de Trump, que amenazó con aumentar los aranceles a las importaciones mexicanas.

 

En el verano de 2019, López Obrador desplegó casi 21.000 agentes de la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad que él mismo creó, en las fronteras de México con Guatemala y Estados Unidos para contener a los migrantes. Posteriormente, México también dejó en gran medida de emitir documentos de salvoconducto a los migrantes. En particular, el gobierno prohibió a las empresas de transporte vender boletos de autobús a cualquier persona que no pudiera mostrar un documento de inmigración válido que le permitiera estar en el país. Expertos y activistas señalan esa política, que impidió a muchas personas viajar de manera más segura, como una de las principales razones que empujaron a migrantes a buscar alternativas peligrosas para atravesar México. En octubre, un tribunal federal mexicano declaró ilegal y discriminatoria la práctica de solicitar documentos de inmigración.

 

‘Niños, bebés y familias enteras’

 

En México –cuya economía está orientada a las exportaciones y que ha superado a China como principal proveedor de Estados Unidos– los camiones de carga desempeñan un papel clave para mantener los negocios en marcha. El número de camiones de carga que circulan anualmente por las carreteras mexicanas superó los 600.000 en 2021.

 

Una reportera de En un 2×3 Tamaulipas que contribuyó a esta historia pasó más de seis semanas contactando empresas e individuos que trabajan en la industria de carga con la esperanza de entrevistar conductores que hubieran transportado migrantes en camiones. Sólo un conductor accedió a hablar, con la condición de que se protegiera su identidad por temor a represalias. El hombre, que ha conducido camiones con inmigrantes, dijo que los choferes no necesariamente buscan este tipo de trabajo, sino que son reclutados en las estaciones de carga por quienes trabajan para los cárteles. Rechazar la oferta puede significar la muerte, afirmó.

 

“Ellos llegan y te dicen: ‘Necesito que hagas este viaje”, contó. “Ya está todo arreglado, vete”.

 

Dijo que los migrantes que logran llegar desde el sur a la Ciudad de México, en el centro del país, son abordados en las terminales de autobuses por coyotes que les ofrecen transporte seguro al norte del país. Los migrantes que encuentran la manera de llegar a Michoacán, a unas horas al oeste de la capital, pagan para abordar los tractocamiones. Desde allí, son conducidos cientos de kilómetros hasta pueblos cercanos a la frontera con Texas, como Reynosa o Matamoros.

 

El conductor, que carga frutas y verduras desde Michoacán a otras partes del país desde 2013, dijo que ha transportado hasta 100 personas a la vez en tráileres, en viajes que duran 15 horas, llevando “niños, bebés y familias enteras”. Los conductores tienen prohibido detenerse en el camino para revisar en qué condiciones se encuentran los migrantes, dijo.

 

Contó que en 2022 se le acercó un hombre que le dijo que iba a llevar a un grupo de migrantes centroamericanos al norte de México. Le iban a pagar por ello, pero también comprendió que no podía rechazar el viaje. “Amenazan a la familia”, dijo el conductor. “No se que alcance tan grande tiene que para cuando van y te ofrecen ese trabajo ellos te dicen: ‘Mira, si tú te niegas o si tú me traicionas, sabemos que tu familia vive en tal parte.’”

 

Según el chofer, los contrabandistas le dan un teléfono para recibir instrucciones durante el viaje. Cuando lo detienen en los puestos de control el ejército o la guardia nacional, por lo general, se le ordena que explique a los soldados que lleva personas. Luego debe entregar el teléfono. “Te dicen que le pases al oficial y así ellos hacen ahí su transa”, dijo el trailero. “Y ya, nada más el oficial viene y te dice que puedes avanzar.” 

 

La Secretaría de Defensa de México también declinó comentar sobre el testimonio del conductor, alegando que no tiene competencia en materia migratoria. A los conductores se les pueden ofrecer entre $4,800 y $6,000 (80,000 a 100,000 pesos mexicanos) por cada viaje o “paquete entregado”, dijo el chofer, pero al final generalmente reciben menos de la mitad del pago. «No es negociable», afirmó.

 

Por muy desgarrador que sea ser reclutado para conducir inmigrantes en un camión, la experiencia no se compara con lo que es ser un pasajero. En enero de 2019, Yanira Chávez viajó durante cuatro días dentro de un camión trailer con sus hijos pequeños y unas 170 personas más.

Yanira Chávez en su casa de Long Island, Nueva York. Imagen: Ronny Rojas/Noticias Telemundo

A cuatro días del nuevo año, Chávez, que ahora tiene 36 años, y sus hijos dejaron su pequeño pueblo en el norte de Honduras. Ya le habían pagado los primeros 5.000 dólares a un coyote local que por 10.000 dólares les prometió llevarlos a Estados Unidos, donde los esperaba el marido de Chávez. El coyote les dijo que una vez en México iban a viajar en avión a la región norte y les indicó que compraran “maletas con rueditas” para que parecieran turistas el lugar de migrantes.

 

Chávez y sus hijos viajaron en autobús desde Honduras hasta el norte de Guatemala, y desde allí cruzaron un río en lancha hacia México. “Ya estoy un poco más cerca de ti”, le escribió Chávez al padre de sus hijos en un mensaje de texto.

 

En México, Chávez pronto se dio cuenta de que no tomarían ningún avión. Los coyotes le quitaron los teléfonos a los migrantes, tiraron sus maletas y los obligaron a subir a un enorme tráiler, contó. Chávez y otras personas inicialmente se negaron a entrar. “Pero en ese momento, ya no depende de si quieres o no”, dijo Chávez. “Tienes que hacerlo porque si no lo haces, la amenaza es que te van a entregar al cartel”.

 

Dentro del camión el calor era sofocante, recordó Chávez. Los hombres estaban sentados uno detrás del otro en el centro. Las mujeres estaban en cuclillas contra las paredes, sosteniendo a los niños entre sus piernas. Poco después de que el camión comenzara a moverse, un niño, de unos 2 años, comenzó a llorar. “O lo callas tú o lo callo yo”, le dijo uno de los coyotes armados que viajaba dentro del vehículo a la madre del niño, según Chávez.

 

Había cubos de plástico en cada extremo del remolque para orinar. El hedor inundaba el espacio, dijo. “La gente se estaba desmayando”.

 

Los migrantes fueron sacados del remolque tres veces durante los 900 kilómetros que separan Villahermosa de Reynosa, dijo, en el estado de Tamaulipas, cerca de Texas. En una de esas ocasiones caminaron por el bosque durante varias horas hasta el anochecer para evadir un control policial, recordó Chávez.

 

La terrible experiencia no terminó una vez que el camión los dejó. En Reynosa, Chávez y sus hijos fueron retenidos como rehenes, primero en un motel y luego en una casa durante más de una semana, hasta que su esposo logró transferir un total de 14.000 dólares en pequeñas transacciones para liberarlos, según el testimonio de la mujer. Los secuestros son comunes para los migrantes en México cuando los traficantes saben que tienen familiares en Estados Unidos esperándolos.

 

Casi un mes después de dejar Honduras, Chávez y sus hijos cruzaron el Río Grande y se entregaron a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en McAllen, Texas, donde pidieron asilo. Chávez dijo que el caso de asilo fue cerrado recientemente, lo cual ha dejado a la familia en la incertidumbre, pero por ahora viven una vida tranquila en Long Island, Nueva York, donde ella trabaja para una empresa de molduras de madera. Los recuerdos amargos y la culpa por lo que tuvieron que pasar los niños a veces la abruman. Es particularmente difícil, contó, cuando un camión de carga se acerca a su lugar de trabajo para entregar materiales.

 

“Un círculo de impunidad perfecto”

 

La justicia casi siempre elude a las víctimas del negocio del contrabando de migrantes y sus familiares. De 2016 a 2023 ha habido solo 35 condenas por tráfico de personas en tribunales de distrito mexicanos, según información obtenida a través de una solicitud de registros públicos al Departamento de Justicia de México. Esta alianza comparó la información entregada por esa entidad con la base de datos creada para esta historia. El análisis mostró que algunos de los estados mexicanos donde se detectan con mayor frecuencia camiones que trafican migrantes –y donde se registran la mayor cantidad de muertes anualmente– también tienen la menor cantidad de investigaciones abiertas sobre trata de personas. En el estado de Veracruz, la Procuraduría General de la Nación solo abrió tres casos desde 2016 hasta octubre de 2023, mientras que los registros entregados no muestran casos abiertos de este tipo ni en Chiapas ni en Nuevo León.

 

Expertos y defensores de los derechos humanos dicen que en un país como México, que a menudo ocupa un lugar bajo en los informes sobre impunidad, es muy probable que los delitos contra migrantes no reciban castigos. “Es un círculo de impunidad perfecto”, afirmó Mónica Oehler, investigadora en México de Amnistía Internacional.

 

Oehler dijo que los inmigrantes rara vez denuncian delitos por miedo a ser deportados. También corren el riesgo de sufrir represalias por parte de los contrabandistas. “Ni siquiera les pasa por la cabeza cuando les preguntas: ‘¿Y tu has denunciado esto?’”, explicó.

 

Para Kenia Castillo, la madre dominicana que perdió a su hijo en el accidente de Chiapas de diciembre de 2021, presentar una denuncia penal en ese momento no era lo más importante en su mente. “Nuestra preocupación más grande era traer el cuerpo para acá”, dijo.

 

Rafelín Martínez Castillo dejó una hija de 4 años a quien Castillo ahora está criando e intentando adoptar legalmente. También hay una montaña de deuda por préstamos tomados para pagar los esfuerzos de su hijo para llegar a los EE. UU. Mientras lidia con esas realidades apremiantes, Castillo comenta: “A veces pienso en toda la gente que se ha ido antes y después de él, y llegan”. Se encoge de hombros, resignada al destino de su hijo.

 

El accidente de Chiapas podría haber marcado un antes y un después en la reducción del tráfico de migrantes, pero en cambio se ha convertido en otro ejemplo trágico de fallas sistémicas. Durante una conferencia de prensa el día después del accidente, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, junto con funcionarios de República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, anunciaron la creación de un Grupo de Acción Inmediata para investigar qué pasó con Martínez Castillo y sus compañeros de viaje. Los funcionarios culparon a “redes internacionales de tráfico de personas” por la tragedia y prometieron ponerles un pare. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que presentaría las “acciones, avances y resultados” del trabajo del grupo en un informe público.

 

Sin embargo, esta alianza comprobó mediante registros públicos que el grupo se reunió solo una vez en enero de 2022 después de su sesión inaugural el mes anterior, y el informe prometido por el ministerio nunca se ha publicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México no respondió a solicitudes de comentarios sobre el trabajo del Grupo de Acción Inmediata. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos no respondió preguntas específicas sobre el grupo, pero un portavoz escribió en un correo electrónico que su oficina de investigaciones trabaja con la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de México para combatir el tráfico de personas y procesar a individuos involucrados en actividades criminales y que “a menudo logran la interrupción de asociaciones delictivas”.

 

Aunque se realizaron arrestos por el accidente de Chiapas en la República Dominicana y México, esta alianza no ha encontrado evidencia alguna de que, casi dos años y medio después, se haya condenado a alguien.

Este artículo es parte de “Camiones de carga: una trampa para los migrantes”, una colaboración periodística liderada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Bellingcat. Pie de Página, Chiapas Paralelo y En un 2×3 Tamaulipas informaron en México, Plaza Pública en Guatemala y Contracorriente en Honduras.

 

Colaboradores: Jesús Escudero y Delphine Reuter de ICIJ, Martha Olivia López de En un 2×3 Tamaulipas y Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo en México, Ronny Rojas, Albinson Linares y Damià S. Bonmatí de Telemundo, María Teresa Ronderos y Ángela Cantador de CLIP , y Alicia Ortega Hasbún de Noticias SIN en República Dominicana.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Periodistas de datos revisaron registros públicos, noticias e informes compartidos por una organización para crear una base de datos que abarca seis años y que muestra la magnitud de este mortal tráfico ilegal de personas.

 

Por Jesús Escudero, Brenda Medina, Delphine Reuter (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ), Ronny Rojas (Noticias Telemundo), Pablo Medina y Marión Brancesco (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP) 

 

Miles de migrantes se suben cada año en camiones en México con la esperanza de llegar a la frontera de Estados Unidos y forjar una nueva vida. Algunos de estos viajes acaban en tragedia. Un equipo transnacional de periodistas de investigación de América Latina, Europa y Estados Unidos ha colaborado durante siete meses en una base de datos que muestra la magnitud de un peligroso y mortal tráfico ilegal de personas.

 

Los periodistas de datos revisaron registros públicos, noticias diarias e informes compartidos por una organización para crear una base de datos que documenta cerca de 19.000 viajes de migrantes a través de México. Este intento de los reporteros por mapear las rutas utilizadas por los camiones no tiene precedentes. Algunos viajes de los migrantes empiezan en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera sur del país con Guatemala, y otros llegan tan lejos como hasta el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas. El ICIJ ayudó en la verificación de los datos.


EXPLORA Y DESCARGA LA DATA


Los incidentes recogidos en la base de datos abarcan desde 2018 hasta 2023 y revelan apenas los incidentes que se hicieron visibles, porque la  mayor parte de este transporte clandestino sucede literalmente en cajas  cerradas. El equipo identificó 172 vehículos de carga, muchos de los cuales corresponden a trailers –sin sistema de ventilación– transportando entre unos pocos y cientos de migrantes, viajando durante días y días en condiciones inseguras y de hacinamiento, alcanzando a veces temperaturas sofocantes. Los migrantes que fueron encontrados por las autoridades en inspecciones rutinarias o porque el camión fue abandonado por los traficantes junto a una carretera mostraban síntomas de agonía en condiciones inhumanas. El ICIJ y el resto de medios documentaron al menos 111 muertes, con cientos de migrantes más heridos.

 

Este artículo forma parte de ‘Tráileres: trampa para migrantes’, una colaboración periodística liderada por Noticias Telemundo y el Centro Lationamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Bellingcat. Pie de Página y sus socios Chiapas Paralelo y En un 2×3 Tamaulipas reportearon en México, Plaza Pública en Guatemala y Contracorriente en Honduras.



Limitaciones de los datos

 

Los periodistas de datos tuvieron que lidiar con una escasez de hechos conocidos. 

A pesar de que el tráfico ilegal de personas es un fenómeno bien conocido en México, las autoridades gubernamentales solo empezaron a registrar estos casos de manera más sistemática desde 2022. Durante la investigación los reporteros a menudo encontraron información limitada o contradictoria; en estas situaciones hemos elegido un enfoque conservador e incluido el número común reportado más bajo de migrantes, heridos y muertos.

 

 

En los incidentes que hemos revisado, los menores viajaban tanto solos como parte de familias enteras, pero a partir de los informes de prensa no siempre era evidente cuántos menores viajaban en cada camión. Algunos reportes mencionaban a las mujeres como una categoría diferente, mientras otros agrupaban los perfiles en una única categoría. Por ello, el ICIJ sólo incluyó un conteo separado para los menores no acompañados. Cuando los informes solo mencionan el número de menores no acompañados, hemos incluido esta cifra también como el total de menores, lo que sin duda es un recuento infrarrepresentado. Los datos muestran que mientras la mayoría de los migrantes procede de América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), otros también procedían del Caribe, Asia y África subsahariana. Sin embargo, las nacionalidades no siempre estaban claramente documentadas, por lo que algunos países pueden estar infrarrepresentados.

Durante el reporteo el equipo identificó diferentes tipos de vehículos. Ya que los migrantes también viajan en autobús, en furgonetas y otros vehículos de carga, para los verificadores fue importante categorizar estos casos en tres categorías: pequeños camiones de caja; un tipo de camión con listones de madera llamado ‘tortón’; y tractocamiones y trailers. El equipo tuvo que cotejar incidentes en los que se mencionaba la palabra ‘camión’, ya que en México ‘camión’ puede referirse tanto a un camión como a un autobús.

 

Los reporteros intentaron localizar las coordenadas geográficas de los incidentes con la mayor precisión posible. Algunas veces las noticias o el informe de las autoridades sobre un camión con migrantes describían un peaje o punto policial donde el camión fue inspeccionado o mencionaba la zona en cuestión o el punto kilométrico de una carretera. En otras ocasiones solo se mencionaba el tramo de una autopista. Con todo ello, los periodistas de datos pudieron confirmar las coordenadas exactas de 99 de los 156 incidentes. Estos puntos fueron mapeados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que también detalla el tipo de incidentes que llevaron al descubrimiento de los migrantes objeto de tráfico ilegal, tales como inspecciones, accidentes o abandono. (Las celdas en blanco se usaron para indicar que se desconocía el tipo de incidente).

 

Para garantizar la transparencia de la metodología empleada, el ICIJ publica la base de datos por interés público, que refleja la colaboración entre el equipo de periodistas. Los datos pueden consultarse en este enlace.

 

A medida que más y más migrantes de América Central y otros lugares se dirigen a Estados Unidos a través de México,se vuelve aún más importante fijarse en sus viajes mediante entrevistas y análisis de datos.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),

En el 2020, Reynaldo salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Viajó junto a dos familiares, y en México se les acercó una persona para ofrecerles una forma más rápida de avanzar: «empacarse» en un contenedor junto a decenas de personas más. Una investigación encabezada por Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en la que participa Contracorriente, revela que este tipo de transporte para migrantes indocumentados es común, y muchas veces cuenta con la complicidad de las autoridades. 

Texto: Allan Bu /Contracorriente

Fotografía: Jorge Cabrera y Amílcar Izaguirre

 

A Reynaldo*, un campesino de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, le dieron una indicación clara y precisa: no hacer ruido ni siquiera con la respiración, mientras viajara en esa caja. 

 

Días antes, él había decidido tomar la ruta migratoria junto a dos de sus primos, luego de quedarse sin trabajo por efectos de la pandemia de Covid-19. Los tres iban avanzando por cuenta propia, pero en México conocieron una persona, a la que Reynaldo llama «amigo», quien amable y convenientemente, les contó de un transporte en el que podían avanzar más rápido y de forma segura. 

 

Así, Reynaldo y sus familiares acabaron amontonados con decenas de personas más en ese contenedor, donde debió guardar absoluto silencio. Allí adentro el frío era intenso y los coordinadores no les permitían comer, y ni siquiera atender ninguna necesidad fisiológica. Cada persona se sentaba entre las piernas de quien estaba detrás de ella, formando cuatro hileras de cadenas humanas a lo largo de la caja. Permanecieron así durante 11 horas.

 

Esta técnica de transportar personas ensartadas una con otra es antigua; viene desde los tiempos en que trajeron a los esclavos de África en barcos a América.

 

Fuente: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9612/ev.9612.pdf

Historias como la de Reynaldo se han vuelto comunes en los últimos años. A miles de migrantes, incluidos hondureños, los suben a contenedores para cruzar el territorio mexicano. Hay circunstancias que cambian, como las horas del viaje, el precio, la forma de abordarlos, pero siempre hay dos constantes: la organización de estos viajes está a cargo de las redes de tráfico de personas, y suele haber complicidad de funcionarios estatales, especialmente en México.

 

Durante los últimos cinco años se han reportado 159 casos de contenedores abandonados o detenidos que transportaban 18,921 migrantes. Estas cifras provienen de una base de datos construida por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Telemundo, que recogió los comunicados del Instituto Nacional de Migración de México, registros de prensa y otras noticias, donde figuraban personas migrantes que viajaban en tractocamiones accidentados, detenidos o abandonados. Según estos datos, Honduras es el tercer país con más migrantes registrados en estos casos, más de 2,339,  solo superados por los 7,781 viajeros provenientes de Guatemala. (Ver historia principal de esta alianza). 

 

En los últimos cinco años, las cifras totales de detenciones reportadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no indican una gran diferencia entre detenciones de guatemaltecos —888,511— y hondureños –858,114—; ambos países ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de detenciones. Con 2,735,858 personas detenidas, México es el país con el mayor número de aprehensiones en el período mencionado. 

 

Hay miles de personas queriendo llegar a Estados Unidos, y apenas una parte logran cruzar la frontera sin ser detectadas por las autoridades estadounidenses. Esta gran cantidad de personas en movilidad y las dificultades para traspasar la frontera estadounidense en forma legal han propiciado que el tráfico de personas sea un negocio que mueve miles de millones de dólares. Sus tentáculos están por todos lados.

 

Reynaldo fue abordado por quienes le ofrecieron este transporte cerca de la Ciudad de México, pero hay muchos otros migrantes que contratan los servicios de las redes de tráfico de personas desde que salen de sus barrios o pueblos de Honduras. Los coyotes les ofrecen un viaje lleno de comodidades que habitualmente no cumplen. Cambian las dinámicas de traslados: usan carros particulares, autobuses, caminan, y en los últimos años, el hallazgo de varios contenedores llenos de migrantes sugiere que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas están utilizando a gran escala este tipo de transporte.

Hondureños caminan en caravana desde la Gran Terminal de Buses en San Pedro Sula. Su destino es Estados Unidos. San Pedro Sula, enero de 2024. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

Arriesgar la vida en un tráiler para cruzar México resulta muy caro para el bolsillo de los 

migrantes. Desde Honduras hasta Estados Unidos, una persona puede pagar a los coyotes hasta 14,000 dólares. Reinaldo solo contrató una parte del servicio, alrededor de siete horas en un contenedor que le costó 600 dólares. Abordó en el D. F. y lo dejaron en Monterrey, México, a unas siete horas en auto de la frontera con Estados Unidos. 

 

En la Gran Terminal de San Pedro Sula, Donnys, un agricultor que abandonó el país en diciembre de 2023, dijo que él había escuchado de tráilers que transportaban personas, pero eso era algo que él no podía pagar. «Sí, he escuchado, pero esas personas llevan dinero. Uno que no puede, se arriesga a otras cosas, como caminar o pedir jalones. En ese camino, todo es un rifón. Vaya caminando, en carro o como sea, uno se encomienda a Dios, él es el de todo», dijo, mientras cargaba una mochila, la única posesión que lo acompañaba al momento de comenzar su aventura. 

 

El encierro

 

A Reynaldo lo entrevistaron reporteros de Contracorriente, miembro de esta alianza periodística, en un fresco atardecer en Ocotepeque, justo frente a una carretera que lleva a la frontera con Guatemala por la que pasan diariamente miles de migrantes hondureños, pero también nicaragüenses, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, rusos, asiáticos y africanos.

 

Recordando su viaje en el tráiler, dijo: «No se puede ni respirar duro [con fuerza], usted va sentado en el piso y el compañero va aquí (señala el espacio entre sus piernas); uno solo lleva la mochila chineada», relató. «Así va una sola cadena. Si usted va con tos o gripe, no pueden subirlo porque mucha bulla va ir haciendo. Ahí tiene que ir lo más calladito posible, nada de comer cosas adentro porque hace ruido al comer una galleta o algo así».

Reynaldo ahora se dedica a la agricultura, pero no ha renunciado a la idea de tomar la ruta migratoria para llegar a Estados Unidos. Ocotepeque, enero de 2024. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

A él y a sus primos los subieron a las siete de la noche en un lugar cercano a la ciudad de México, y los bajaron a las seis de la mañana del siguiente día, 11 horas después. Cuando le preguntamos cuántas personas iban, respondió que no tuvo la oportunidad de hacer un cálculo. «Íbamos varios porque organizaron cuatro líneas de punta a punta. Ahí a uno no le queda chance de contar cuántos van. Solo le dicen “súbase”, y eso es todo. Y vamos en la oscuridad», contó. 

 

Pese a que hay registros de personas que han muerto o han estado a punto de morir por asfixia en el interior de estos contenedores, a Reynaldo le indicaron que llevara un abrigo, y de ser posible un gorro, porque el frío se vuelve insoportable. «Quien no llevaba, temblaba de frío en la noche», dijo Reynaldo. «Hay unos que decían “tantos días sin bañarme, aguantando hambre y aquí con este enorme frío”. Y es que ahí va gente de zonas calientes». 

 

Reynaldo recuerda que en el contenedor donde viajó iban cuatro personas armadas de la organización de tráfico de personas que los llevaba. Se ubicaron estratégicamente para mantener el orden, dice el viajero. Los coyotes dijeron con voz fuerte y clara que le «iban a tapar la boca a cualquiera», y por eso nadie se atrevía a desobedecerlos. Esta prohibición abarcaba a los menores, quienes enfurecían a los coyotes cuando lloraban. Reynaldo los escuchó gritar: «tápenle la boca a ese hijuelagran…» y dijeron la palabrota. «Ahí hubo mujeres que lloraban al oír cómo trataban a sus hijos», relata.

Las caravanas para migrar hacia los Estados Unidos, desde Honduras son una muestra de la necesidad de salir del país. San Pedro Sula, enero de 2024. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

Rosa Yanira, otra migrante hondureña que fue subida a un tráiler, junto a sus dos hijos, le contó a Telemundo una historia similar a la de Reynaldo. Llevaron abrigos porque los coyotes advirtieron que el interior de la caja estaría muy frío, pero al final hacía un calor insoportable. Y nadie podía hacer ningún ruido. Recuerda que hubo un momento que se escuchó el llanto de un niño y la madre no pudo calmarlo. Entonces, uno de los «guías» dijo: «o lo callas tú o lo callo yo». 

Después del tortuoso viaje, Rosa Yanira fue secuestrada, una suerte que corren cientos de migrantes en la ruta a Estados Unidos. Hay muchos testimonios de vejámenes contra las personas en tránsito, desde muertes en contenedores hasta fríos asesinatos a manos de secuestradores. También hay desaparecidos en el desierto mexicano y mutilados por los trenes. Sin embargo, los hondureños no dejan de salir de su país. En el año 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo a 234,799 personas de nacionalidad hondureña en territorio estadounidense.

 

Y los que alguna vez se fueron y no llegaron, conservan siempre la esperanza de intentarlo nuevamente. Reynaldo, quien estuvo más de 10 horas en un tráiler y lo dejaron cerca de Saltillo, en el norteño estado de Nuevo León en México, fue deportado y quedó sin dinero. La idea de migrar, sin embargo, todavía ronda en su cabeza, dice. Por ahora cultiva maíz y frijoles, y además hace cualquier trabajo para sobrevivir, pero en sus cavilaciones aparece la idea de intentarlo nuevamente: «Eso no se me ha borrado, tengo las ganas de ir a probar nuevamente. Ya cuando uno ha probado lo halla bonito, aunque se aguante hambre y sueño». 

 

Complicidad de autoridades

 

«Una vez usted en México consiga un coyote o un pollero –como le dicen ellos– pues esta gente lo zampan al tráiler», contó Reynaldo, quien no mencionó que hubieran sido detenidos por alguna autoridad en sus once horas de viaje atravesando medio territorio mexicano. 

 

Esta alianza periodística entrevistó en México a un conductor de tráiler que desde 2013 ha transportado migrantes ocasionalmente en su «jaula» (contenedor). Dice que quizás ha llevado a unos cien. 

 

El conductor dijo que no pertenece a ninguna organización criminal, pero que ellos lo buscan cada tanto —sin oportunidad de negarse— para pedirle que lleve su tráiler «cargado sin carga», como le dicen cuando llevan personas en lugar de pepinos, piñas o sandías. Desde ese primer viaje, el trailero pudo ver la complicidad de las autoridades en este lucrativo e inescrupuloso negocio: «Los nervios te traicionan, el Ejército te para y luego les dices lo que pasa. Hablas por teléfono, entre ellos se comunican, hacen su transa y ya, solo te dicen «puede pasar», contó. 

 

Agregó que si las «jaulas» son detenidas por personal de migración, los traficantes deben pagar por cada migrante 1,000 pesos mexicanos (unos USD 60). El conductor aseguró que si a las redes de tráfico se les pierde un migrante, pierden hasta 4.500 dólares; eso da una idea de la cantidad de dinero que mueven los grupos criminales en este negocio. (Ver entrevista completa aquí).

 

En una charla que se impartió a los socios del sitio especializado en inteligencia The Cipher Brief, thecipherbrief.com, el exoficial de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) David Fitzgerald aseguró que hay una creciente influencia y coordinación de los carteles del narco en el tráfico de migrantes desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos. 

 

«Los carteles mexicanos pasaron de operar (el tráfico de migrantes) cerca a la frontera con Estados Unidos, a controlar todo el sistema de migración desde Guatemala», dijo Fitzgerald en esa conversación. «Para algunos carteles, especialmente los carteles mexicanos o el Cartel del Golfo en Colombia, el tráfico humano es tan rentable –o en algunos casos más rentable aún– que el tráfico de narcóticos. Se ha convertido en una operación de bajo riesgo y altas ganancias». 

 

Lo dicho por el conductor de camiones entrevistado coincide con esta visión, y aseguró incluso que ha visto que protegen más el negocio del tráfico de migrantes que el de la droga. 

 

El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, entrevistado por esta alianza periodística, no está de acuerdo. Para él, el tráfico de personas no tiene «ninguna vinculación con los cárteles que se dedican al tráfico de drogas». Esto es un negocio aparte, dijo, y sostuvo que las organizaciones de tráfico de personas sí están ligadas a las bandas de secuestradores, pues en ocasiones abandonan y entregan a los migrantes. 

 

Esta alianza periodística preguntó al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional que cuidan las carreteras para conocer su visión al respecto y contestaran a los señalamientos de complicidad en sus funcionarios, pero hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. 

 

El éxodo no se detiene

 

En el 2021, fue portada en varios medios latinoamericanos la foto de un niño de dos años, que fue encontrado solitario con el torso desnudo, rodeado de desechos y ropa vieja. A menos de dos metros del niño estaba el cuerpo de un hombre de unos 25 años. El niño se llama Wilder y había viajado con su padre rumbo a Estados Unidos. Fue encontrado afuera de un contenedor abandonado en una carretera del área de Las Choapas, en el Estado de Veracruz. 

 

Según el Instituto Nacional de Migración de México (INM), los migrantes que iban en el contenedor relataron que algunas personas comenzaron a desmayarse por la falta de aire, mientras otros exigían con gritos y golpes en las paredes del vehículo que el chófer detuviera la marcha. Minutos después, se detuvo y uno de los guías abrió las puertas; los que aún tenían fuerzas saltaron al pavimento y huyeron. En el lugar fueron encontradas ocho personas, siete adultos y el pequeño Wilder. 

En 2021, según registra la base de datos de esta alianza, hubo al menos 15 casos de contenedores abandonados o detenidos por las autoridades en los que se encontraron 2,910 migrantes, de los cuales 577 eran menores de edad. Hubo 56 muertos en un solo accidente en Chiapas. (Ver historia de Chiapas)  En los últimos dos años, los casos de personas encontradas viajando en contenedores aumentaron, 4,332 en 2022 y 5,019 en 2023.

Isidro Ladino, a quien todos en su familia le dicen Chilo, salió de Honduras buscando oportunidades. En San José Miramar, un pequeño pueblo en el occidente del país donde viven unas 270 familias, un jornalero ganaba en ese entonces 100 lempiras al día (4 dólares), cantidad que no es suficiente para vivir y mantener una familia; esa fue la principal razón por la que decidió abandonar el país.

Reynaldo vive en Ocotepeque, uno de los principales pasos de migrantes extranjeros que cruzan Honduras. Enero de 2024. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

Como vimos antes en la historia de Reynaldo, de Ocotepeque, se quedó sin empleo durante la pandemia y quiso llegar a Estados Unidos para mejorar su situación económica. 

Gissela, una mujer trabajadora, dueña de dos camiones en Villanueva, ciudad en el norte de Honduras, pagó 25 mil dólares para que un coyote la llevara junto a su hijo a Estados Unidos. No viajaron en tráiler, pero dejaron una vida de comodidades para irse a un país extraño. 

Según la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras, entre 500 y 700 hondureños salen diariamente del país. En el 2018, en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández –ahora juzgado en Nueva York por narcotráfico– se organizaron grandes caravanas en las que caminaron juntas hasta 15 mil personas. Durante el Gobierno de Xiomara Castro no se han formado caravanas, pero la migración de personas hacia el norte del continente continúa.

¿Qué hace un país para que tantas personas piensen que las oportunidades de un futuro decente están a miles de kilómetros de sus fronteras?

Hondureños esperan en la Gran Terminal en la ciudad de San Pedro Sula, para iniciar una caminata que se convertirá en una caravana de migrantes. Enero de 2024. Foto CC/Amílcar Izaguirre.

«Es bonito trabajar la tierra, pero apenas da para sobrevivir», respondió Donnys, un campesino de Danlí, El Paraíso, cuando le preguntamos en la terminal de San Pedro Sula por qué se iba del país. Al igual que Donnys, muchos migran por la falta de empleos, otros por la inseguridad y algunos por las secuelas de fenómenos naturales como el huracán Mitch(1998) y las tormentas Eta y Iota (2020). 

El país no ha podido suplir las necesidades básicas de su población. Desde sus inicios, Honduras ha tenido una débil democracia, con sucesivos golpes de Estado, y no logró una estabilidad electoral hasta 1980. 

 

En esa era «democrática», se realizaron elecciones cada cuatro años, pero los problemas del país siguieron creciendo, como, por ejemplo, la corrupción, que se ha ido incrementando. De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, en el gobierno anterior se perdían al año hasta 60 mil millones de lempiras (unos 2,400 millones de dólares) debido a la corrupción. La economía no ha crecido al ritmo de la población, y la pobreza aún afecta al 63% de los hondureños; la desigualdad está entre las peores de Latinoamérica, y la violencia se ha ido apoderando de las calles. El año 2023 se cerró con una tasa de 30 homicidios por cada cien mil habitantes.

El Sector 8 de la colonia Villanueva es conocido como El Hoyo. Tegucigalpa, mayo de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Así las cosas, los hondureños dejan su país, buscando oportunidades para mejorar sus vidas. Se van caminando, en autobuses o en contenedores. Quizás un fragmento de la conversación de Reynaldo encierra mucho de la desgracia de Honduras: «Uno se siente feliz cuando va, aguantando hambre y sueño, sin agua, aguantando de todo, habladas de la gente, malas miradas… pero uno va feliz. El sueño de uno es llegar a Estados Unidos». 

*Este no es el nombre real. Lo cambiamos por seguridad.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Cada vez más migrantes son transportados en contenedores, un negocio clandestino que dejó al menos un centenar de muertos de 2018 a 2023 y es impulsado, en parte, por las restrictivas políticas migratorias del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la presión de las autoridades estadounidenses. Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto a siete socios, documentaron el paso de casi 19,000 personas dentro de tráileres por las carreteras mexicanas, entre ellos más de 3,200 niños.

 

Por Ronny Rojas y Albinson Linares (Noticias Telemundo) y Àngela Cantador (CLIP)

 

El calor dentro del tráiler era sofocante. Las mujeres iban de cuclillas contra las paredes con los niños en sus piernas; los hombres, sentados en hileras, uno detrás del otro, en el centro. En el contenedor viajaban unas 170 personas, a oscuras y en obligado silencio, según el relato de Yanira Chávez Santos.

 

Dos semanas antes, el 4 de enero de 2019, Chávez había cerrado la puerta de madera rojiza de su casa en Armenia, un pueblito en el norte de Honduras. Había pagado 5,000 dólares —una  cantidad que ella nunca hubiese podido ahorrar con su salario en una empacadora de banano— a un coyote local que le prometió llevarla a Estados Unidos junto a sus hijos, Samir, de 9 años y Emely, de 5. Su esposo, Erling Rosales, pagó por el viaje y los esperaba en Nueva Orleans, donde vivía desde hacía dos años.

 

Cargaba dos enormes maletas negras “con rueditas” que compró por 1,200 lempiras (unos 48 dólares) en un pueblo cercano porque el coyote le aseguró que iban a cruzar México en avión y “no podían parecer inmigrantes” en los aeropuertos. Al llegar a Estados Unidos la familia debía pagar a los contrabandistas otros 5,000 dólares.

 

Desde San Pedro Sula viajaron en autobús hasta la frontera de Guatemala con México, que cruzaron en lancha por un río. “Estoy un poquito más cerca de vos”, le escribió entonces en un mensaje a su esposo. “No sabíamos, ni nos pasaba por la mente, todo lo que nos faltaba por vivir”, recordó Chávez en octubre pasado en una entrevista con Noticias Telemundo.

 

En México, dice, los llevaron a Villahermosa, en el estado de Tabasco, donde esperaban al fin tomar un avión. Pero allí les quitaron los teléfonos, les obligaron a dejar botadas las maletas y les subieron a un tráiler.

 

Así cruzaron 900 millas (casi 1,500 kilómetros) de Villahermosa a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. En cuatro días de viaje sólo bajaron del tráiler tres veces. Una de ellas, ya cerca de la frontera, caminaron por un monte varias horas hasta caer la noche para evadir un retén policial. “Era horrible el frío que hacía”, cuenta Chávez, “estábamos tan débiles, yo no podía caminar tan rápido con mi hija. No habíamos tomado agua en dos días”.

 

La mujer, de 36 años, asegura que al llegar a Reynosa los coyotes que la recibieron la secuestraron junto a sus hijos y su cuñada, que viajaba con dos niños, y los retuvieron en un hotel durante dos semanas casi sin comida mientras extorsionaban a su esposo en Nueva Orleans. Rosales pagó 14,000 dólares para que les liberaran, relata. Finalmente el 3 de febrero, tras casi un mes de viaje, Chávez y sus niños cruzaron el río Grande y se entregaron a la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.

 

“Pienso en las personas que mueren en esos contenedores. Es horrible suplicar, porque ellos pueden quizás abrir la puerta, pero no les importa. Quieren el dinero y entregar el paquete, porque a uno no lo miran como una persona. Nos miran como si fuéramos un grupo de vacas o animales”, concluía su relato en Long Island, Nueva York, donde la familia vive con incertidumbre, luego de que su solicitud de asilo no prosperara. 

 

Chávez y sus hijos sobrevivieron al terrible viaje, pero muchos otros no lo han logrado: al menos 111 migrantes que viajaban dentro de tráileres en México han muerto en los últimos seis años, asfixiados por el calor y la falta de oxígeno, o en accidentes de tránsito, entre ellos el volconazo de un tráiler en diciembre de 2021 en el estado de Chiapas, en el que perecieron 56 personas.

 

Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  junto a Pie de Página y sus aliados Chiapas Paralelo, En un 2×3 Tamaulipas y reporteros en Veracruz, Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, ICIJ en República Dominicana y Bellingcat investigaron durante siete meses el floreciente negocio de los tráileres con migrantes que cruzan las carreteras mexicanas, entrevistando a sobrevivientes, investigadores y exfuncionarios; y revisando miles de páginas de documentos. A partir de comunicados de instituciones federales y reportes de prensa, elaboramos además una base de datos con más de 170 camiones que se accidentaron, fueron detenidos o abandonados entre 2018 y 2023, que ofrecen pistas sobre cómo operan los contrabandistas. Casi 19,000 migrantes viajaban en esos contenedores, incluyendo a más de 3,200 menores.

 

Debido a la calidad variable de la información, y a que las autoridades mexicanas recién comenzaron a rastrear los casos desde 2022, luego del accidente de Chiapas, los datos revelan solo una pequeña porción de este tipo de tráfico de personas.

Yanira Chávez vive con su familia en Long Island, Nueva York. No olvida los cuatro días que pasó en un tráiler en enero de 2019. Foto: Ronny Rojas/ Noticias Telemundo

La justicia para las víctimas de este cruel negocio o sus familiares tarda en llegar, si es que llega: en los juzgados de distrito mexicanos sólo hay registro de 35 condenas por tráfico de personas entre 2016 y 2023. Veracruz, Chiapas y Nuevo León, por ejemplo, son los estados donde más tráileres son detectados cada año y donde más muertes se registran, según muestra nuestro análisis. En Veracruz, en ese mismo periodo, la Fiscalía General de la República solo abrió tres investigaciones por tráfico de personas a bordo de este tipo de vehículos, mientras que en Chiapas y Nuevo León no hay registro de ninguna investigación a nivel federal, según datos entregados por esa entidad. 

 

En México, el tráfico de indocumentados es un delito federal, aunque puede ser investigado de forma conjunta por fiscales federales y estatales, explicaron abogados y expertos mexicanos consultados por Noticias Telemundo. Tiene un alcance “muy amplio” dependiendo de si involucra a grupos del crimen organizado o personas extranjeras, explicó Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Gobierno de López Obrador. Sin embargo, Guillén calificó el bajo número de investigaciones que registra la Fiscalía General de la República, como “abiertamente insuficientes” y dijo que podría poner en evidencia una “ineficacia impresionante”.

 

Mientras que el flujo de migrantes a través de México no deja de crecer (un 77% sólo entre 2022 y 2023, según datos oficiales), las restrictivas políticas del Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador para frenar la llegada de migrantes, presionado por las autoridades estadounidenses, han reducido las opciones para migrar de forma legal. Ante la falta de opciones, personas y familias terminan viajando en peligrosos medios de transporte clandestinos, como los tráileres, para cruzar el país hacia la frontera norte, según los documentos analizados y múltiples testimonios recabados.

Funcionarios y expertos advierten además que los cárteles de la droga se han ido apoderando del negocio, que tradicionalmente controlaban grupos de coyotes locales, apuntalados por la falta de recursos, personal y tecnología para revisar miles de tráileres; y por la presunta aquiescencia de algunos cuerpos policiales, que dan vía libre al paso de contenedores con migrantes por las carreteras mexicanas. En Estados Unidos, las autoridades estiman que el tráfico de migrantes les genera miles de millones de dólares a los cárteles, que parecen operar con impunidad en México.

 

Un viaje mortal… y cada vez más común

 

“En estos tráileres uno sabe que va vivir o va a morir”, relata Reyna Jacinto, una inmigrante guatemalteca de 43 años que en 2005 cruzó México en camiones de carga en tres ocasiones, desesperada por reunirse con sus tres hijos en Maryland y quien fue deportada por las autoridades estadounidenses cuatro veces ese año.

 

Casi dos décadas después, aún tiene grabadas las imágenes de su primer viaje desde Tuxtla Gutierrez, la ciudad más grande del estado mexicano de Chiapas y a unas 100 millas (160 kilómetros) de la frontera guatemalteca. Asegura que nunca le dijeron que la llevarían en un contenedor hasta que ya lo tenía enfrente. Metieron a unas 130 personas. Viajaron durante dos días y el calor estuvo a punto de matarlos. 

 

“Uno no lleva agua porque no puede orinar, no puede hacer sus necesidades ahí”, contó Jacinto en octubre durante una entrevista en su casa en Joliet (Illinois), donde vive con un permiso de trabajo gracias a un parole humanitario que obtuvo en 2019. 

“Estaba cerrado completamente, es como estar en una olla a presión, el calor asfixia, yo me quité mi camisa. Se escuchaban gritos, golpes pegándole al carro para que se detuviera, no hay quien abra la puerta para salir”, cuenta Jacinto, originaria de Ipala, un pueblo en el sureste de Guatemala. “Pensé que me iba a quedar ahí y que no podría ver a mis hijos”, lamenta.

 

La cifra de migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos ha variado notablemente a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos tres, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, se han registrado cifras récord: en el año fiscal 2023 fueron casi 2.48 millones.

 

El récord de llegadas viene acompañado además de un aparente aumento en los tráileres con migrantes interceptados. “Siempre los han usado [los traficantes], pero no tanto como ahora”, contaba Timothy J. Tubbs, ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional a Noticias Telemundo, en junio de 2023. En México los reportes de personas localizadas en tráileres en los últimos tres años también han ido aumentando según el análisis hecho de Noticias Telemundo y CLIP.

 

En el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, los datos entregados por el Instituto Nacional de Migración muestran 3,300 personas localizadas en contenedores de camiones en los últimos cinco años, el 83% de ellas en 2021 y 2022. El registro de rescates, como los llama el Gobierno mexicano, cayó considerablemente en 2023, pero el INM no explicó el motivo de ese cambio.

En cualquier caso, el aumento reciente de migrantes que huyen de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pudo contribuir a que se disparara el contrabando humano en tráileres o camiones de carga en México en estos últimos años, según Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración en el Gobierno de López Obrador durante seis meses entre 2018 y 2019 (dimitió, según dijo, por un desacuerdo con el presidente por un acuerdo migratorio con Estados Unidos).

 

“El tráfico de personas no es un asunto nuevo”, relató, “lo que sí es nuevo es su escala y en los últimos dos, tres años es una escala abrumadora, como nunca”. 

 

Las rutas de los ‘tráileres de la muerte’

 

No existe una sola ruta para cruzar México de forma clandestina, pero los reportes de accidentes y tráileres interceptados dibujan la red de carreteras por las que viajan los tractocamiones con migrantes. Partiendo desde pueblos fronterizos con Guatemala, avanzan principalmente por los estados de la costa atlántica: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Las carreteras federales 180 (que sale de Yucatán y sube al norte silueteando el golfo de México), 145 y 150 (que discurren por Veracruz), y 190 (que enfila hacia los estados de Oaxaca y Puebla) son las vías donde más tráileres se interceptaron en el periodo analizado cada año. También es usual que suban por la carretera de pago 145D, que sale de Tuxtla Gutiérrez y cruza el estado de Veracruz, en la que en más de una ocasión agentes federales han encontrado contenedores llenos de personas deshidratadas.

Un trailero mexicano, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, asegura trasladar a migrantes de Michoacán a Tamaulipas desde 2022. Le explicó a una reportera de esta alianza que en ocasiones los migrantes llegan a la Ciudad de México “como pueden” y en las centrales de autobuses de la capital los contactan los coyotes. “Les dicen, ‘nosotros tenemos un transporte seguro hasta la frontera”, cuenta, y los llevan hasta Michoacán. De allí los tráileres transitan la carretera federal 57 a través de Guanajuato y San Luís Potosí hasta Reynosa.

 

 

 

El conductor explica que un viaje de Michoacán a Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, dura unas 15 horas, y que llevan personas de todas las edades: “Niños, bebés en brazos, mujeres, familias completas”. Estima que en cada contenedor viajan entre 50 y 100 personas, y dice que a los conductores se les prohíbe detenerse en el camino para comprobar las condiciones en las que viajan los migrantes: “No hay una consideración como para decir, ‘tienes que llevarlos cómodos o bien alimentados’. Lo que importa nada más es que lleguen a su destino”. 

 

Cuenta que por cada viaje (o “paquete” entregado, como le dicen) a los choferes se les ofrece entre 80,000 y 100,000 pesos mexicanos (entre 4,800 y 6,000 dólares), pero no es raro que terminen recibiendo menos de la mitad. “Tienes que agarrarlos. No es negociable”, dice. Los choferes no necesariamente trabajan para los grupos criminales, explica, sino que son reclutados al azar en las centrales de carga. Negarse puede implicar la muerte. Es “mala suerte que te toque ir a cargar al lugar donde ellos tienen el viaje”, dice, “llegan y te dicen, necesito que me hagas este viaje. Ya está todo arreglado (…) es una manera amable de obligarte a hacerlo”.

 

 

Los cárteles controlan el tráfico de personas

 

El excomisionado Guillén asegura que el contrabando de personas a bordo de tráileres en México ya está bajo el control de los cárteles del narcotráfico, una versión que respaldan expertos y autoridades estadounidenses. “Son los dueños del tráfico de drogas, y por supuesto que son los dueños del tráfico de personas”, asegura Guillén. “Están súper metidos ahí y son los dueños de las comunidades”, agrega.

 

En enero, durante un encuentro sobre el combate a redes de contrabando humano organizado por la revista The Cipher Brief, un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Fitzgerald, afirmó que los carteles han extendido sus alas sobre este negocio porque “pueden obtener ganancias con un riesgo muy bajo”. 

 

Tradicionalmente los coyotes pagaban a los carteles una tarifa para mover a migrantes por sus territorios y operar en los pueblos fronterizos bajo su control. Pero esa dinámica cambió a partir del 2019, dijo durante una audiencia en el Congreso el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Patrick J. Lechleitner. “Algunos han adoptado un enfoque más activo en el tráfico de personas, aumentando y diversificando las fuentes de ingresos con una actividad que consideran de bajo riesgo. Los cárteles se han adaptado”, explicó. 

 

Las penas por tráfico de personas en México oscilan entre ocho y 16 años de prisión, y son más severas que en Estados Unidos (donde una persona que transporte a indocumentados se expone a un máximo de cinco años de cárcel). Pero la mayoría de casos no se investigan por falta de denuncias, y cuando se hace, las pesquisas avanzan muy despacio o terminan en nada, explica Mónica Oehler, investigadora experta en migración de la oficina de Amnistía Internacional en Ciudad de México.

 

Fitzgerald señaló al cártel del Golfo, en Tamaulipas y territorios fronterizos; a los Zetas, en Nuevo León y Veracruz; y al cártel de Sinaloa como “un gran problema” en el tráfico de personas en México: “Hace dos años estos tipos solo controlaban la frontera. Se dieron cuenta, ‘¡Dios mío!, se puede ganar dinero aquí’. ¿Y qué riesgos hay?: un par de coyotes arrestados que pasan un par de meses en la cárcel”, dijo durante el panel en el que participaron otros exfuncionarios estadounidenses. 

 

“En los últimos años, los cárteles mexicanos básicamente han pasado de operar en la frontera o cerca de ella a controlar todo el sistema migratorio desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos”, explicó Fitzgerald, quien trabajó 37 años en la CIA y ha sido asesor de inteligencia del Mando Central del Departamento de Defensa. 

 

La fragmentación de los carteles de la droga, a partir de la década del 2000, también llevó al surgimiento de grupos criminales regionales que carecen de capacidad para el tráfico internacional de drogas a gran escala, pero que han buscado otros negocios ilegales como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, detalla un estudio de la Universidad de San Diego. En Chiapas, por ejemplo, el control original del tráfico de personas lo tenía el cártel de Chamula, liderado por indígenas locales. Según explicó un ex funcionario de migración conocedor de la región, que pidió no ser identificado por temor a represalias, este grupo hizo un acuerdo con el cártel de Sinaloa para operar juntos el negocio. (Ver Crimen, impunidad y muerte detrás de la migración en Chiapas”)

 

El trailero que dice mover a migrantes de Michoacán a Tamaulipas, explicó que en el último año han aumentado los traslados, y estima que sólo en Tamaulipas se pueden mover unas 3,000 personas al mes. “En toda la frontera de México se hace lo mismo”, afirma, “claro, diferentes carteles, pero hacen lo mismo”.

 

Él dice haber llevado a migrantes en camiones que usualmente transportan pepinos o sandías. Y asegura haber transportado drogas en otras ocasiones: de cada diez viajes, estima, “puedes echar dos de migrantes y uno de de droga”.

 

Además, afirma que tanto choferes como las personas que transportan están a merced de las rivalidades entre carteles. En Tamaulipas, dice, las casas de seguridad son celosamente resguardadas por el cártel del Golfo para que los grupos rivales “no les roben a los migrantes”. Y la seguridad de los conductores también prende de un hilo: “Si un grupo [criminal] contrario se da cuenta, o te identifican, o te logran atrapar, ahí ya probablemente puedes perder la vida”. 

 

El aumento de los casos y la mortalidad

 

Los cinco tráileres con más migrantes descubiertos entre 2016 y 2023 fueron detectados en los últimos dos años. En uno de esos casos, en julio de 2022, unas 400 personas estuvieron a punto de morir asfixiadasdespués de que el conductor abandonara el tráiler poco antes de un peaje de inspección en Acayucan, Veracruz. Desesperados, los migrantes rompieron el techo del contenedor y saltaron fuera; algunos se rompieron las rodillas y los tobillos en su huida.

También los accidentes y los muertos y heridos en las carreteras han aumentado: de las 111 muertes registradas a bordo de tráileres en los últimos seis años, el 72% ocurrió entre 2021 y 2023. Una de las víctimas, la nicaragüense Clorinda Alarcón, de 20 años, murió en Coahuila el 6 de marzo de 2022 cuando el tráiler en que viajaba con otras 160 personas fue abandonado al lado de la vía en Monclova, Coahuila. Los dejaron sin agua ni ventilación, ahogándose con una temperatura que rozaba los 105 grados Fahrenheit (40 centígrados). Alarcón iba con su esposo y estaba embarazada.

 

Por este caso, la Fiscalía General de Coahuila inició una investigación por los delitos de tentativa de homicidio y de tráfico de migrantes con agravante, según consta en un expediente de la CNDH, al que ha tenido acceso esta alianza. Al preguntar a la fiscalía por los avances de las pesquisas, no se obtuvo respuesta.

 

El año pasado fue el más letal para los migrantes en las vías mexicanas. Murieron 151 personas en todo tipo de accidentes en carreteras y vías férreas, según la Organización Internacional para las Migraciones. En los últimos tres años se han registrado más de la mitad de todas las muertes en una década. Guatemala y Honduras son las nacionalidades que más se repiten en las listas de fallecidos. 

 

La mayor tragedia ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en Tuxtla Gutiérrez cuando 56 personas, en su mayoría dominicanas y guatemaltecas, murieron al volcar el tráiler en el que viajaban junto a otro centenar de migrantes. El Gobierno mexicano creó entonces una comisión de trabajo integrada por seis países, incluido Estados Unidos, para investigar y desarticular la red criminal responsable. Prometió resultados “a la brevedad”, pero el grupo sólo se reunió una vez, en enero de 2022, según consta en un acta que entregó la Cancillería de México. Nunca más se vieron la cara. No se presentó el informe con los resultados que prometió el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Y en cuanto a las investigaciones judiciales, aunque hubo arrestos en México, República Dominicana y Guatemala, no hay constancia de que esos casos hayan culminado en condenas para alguna persona. En Chiapas el caso sigue abierto y solo uno de los cuatro sospechosos detenidos sigue en prisión preventiva, dijo un abogado actuando en la causa que pidió proteger su identidad. 

 

La Cancillería mexicana no contestó a una lista de preguntas sobre los resultados que prometió en 2021 cuando anunció la creación del grupo de trabajo.

 

Ese accidente pudo ser también un parteaguas para las autoridades mexicanas, que hasta ese momento no llevaban un recuento centralizado de las cifras de contrabando de personas en tráileres. En una respuesta enviada a Noticias Telemundo y CLIP, el Instituto Nacional de Migración reconoció que solo dispone de datos sobre casos y rescates de migrantes en vehículos de carga a partir de enero de 2022, cuando las oficinas estatales del INM comenzaron a informar diariamente de los incidentes. 

 

El caso judicial por esas 56 muertes también ilustra la impunidad con la que operan los grupos criminales por la lentitud investigativa de la justicia mexicana, que solo resuelve 10 de cada 100 delitos por los que se abrió una investigación, según un reciente informe del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, que considera a las autoridades, “por regla general, muy poco eficientes”

 

Además, los migrantes que suben a los tráileres engañados por los contrabandistas, o quienes fueron víctimas de maltratos, accidentes o secuestros, tienen pocos incentivos y muchas dificultades para permanecer en México de forma legal para así denunciar y participar de los procesos judiciales, afirma el abogado Axel González, abogado de la Clínica para Refugiados de la Iberoamericana de México. 

 

Es la situación con la que tuvieron que lidiar algunas de las víctimas del accidente de Chiapas, que explicaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazaron recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les ofreció el INM porque funcionarios de esa misma institución les advirtieron que, de aceptarla, deberían volver a su país por sus propios medios, según consta en el expediente del caso.

 

Ya sea por miedo a represalias de los coyotes, o temor a ser deportados si acuden a las autoridades mexicanas, “ni siquiera está en sus cabezas cuando uno les pregunta ‘¿Y tú denunciaste todo esto?’”, explica Mónica Oehler, de Amnistía Internacional.  “Es un círculo de impunidad perfecto”, asegura.

El 11 febrero de 2021, las autoridades de Veracruz interceptaron un camión de carga con 158 migrantes de Guatemala y El Salvador en el municipio de Las Choapas. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Tampoco ayudaba que cuando un migrante se convertía en testigo de una investigación judicial las autoridades lo retenían en las estaciones migratorias, en algunos casos durante meses, a la espera de ser llamado a declarar por un juez, explica Oehler. “Hay que buscar mecanismos de acceso a la justicia en donde las personas puedan dar sus testimonios y seguir, pero en condiciones dignas”.

 

En marzo de 2023, la Corte Suprema de México determinó que es inconstitucional retener a las personas en las estaciones migratorias por más de 36 horas. 

 

Corrupción y connivencia de las autoridades

 

¿Cómo es posible que tráileres cargados de migrantes recorran miles de millas por carreteras federales, sorteando puntos de inspección, sin ser detectados?  

 

“Que llegue a pasar un tráiler con 100 migrantes en un territorio donde está el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina… es imposible que nadie sepa que ese tráiler lleva migrantes”, afirma la abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado, que asesora a migrantes y víctimas de violaciones de derechos humanos en México.

 

“No es un agente corrupto que ha sido captado. Estamos hablando de instituciones completas que forman parte de esta red criminal”, agrega. 

 

María Alejandra Mángano, de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, apunta (sin referirse a ningún país en particular) que “no hay crimen organizado que pueda desarrollarse y ser rentable si de alguna forma no se logró permear a las autoridades”.

 

El aumento de migrantes que viajan a Estados Unidos por América Latina y su origen cada vez más diverso —en 2019 la red detectó personas de 28 nacionalidades; el año pasado sumaban 49— sugieren que el contrabando de personas “está mutando hacia un negocio más organizado” y evidencian la necesidad de investigar posibles casos de corrupción que facilitan ese crecimiento, explica Mángano. 

 

“En la mayoría de casos, si no en todos, se requiere de la posible corrupción de funcionarios públicos, de la posible connivencia, de negligencia o ineficacia”. Sin hablar de ningún país en particular, “lo cierto es que en la medida en que el crimen organizado crece, es porque están creciendo de alguna manera los niveles de corrupción pública”, dijo la fiscal.

 

Testimonios de migrantes, operadores y expertos apuntan a la existencia de una red de complicidades en México que ha permitido el florecimiento de este negocio. 

 

El trailero que ha transportado migrantes de Michoacán a Tamaulipas afirma que los contrabandistas presuntamente pagan 500 pesos mexicanos por migrante (unos 30 dólares) a soldados para que los dejen seguir su camino por una carretera hacia la ciudad de Matamoros.“[Pagan] las veces que te detengan, pueden ser tres, cuatro o cinco veces que te detengan”, asegura. 

 

Noticias Telemundo y CLIP no han podido confirmar de forma independiente ésta ni ninguna de sus afirmaciones.La Secretaría Nacional de Defensa evitó referirse a la versión del trailero, aduciendo que no tiene competencia en materia de inmigración.

La Guardia Nacional no respondió al cuestionario enviado por esta alianza. 

 

El conductor dice que transitan de madrugada para evitar los controles del Instituto Nacional de Migración. “Regularmente (los contrabandistas) te dicen que pases la Buenos Aires, en la Y griega, entre 2 y 3 de la mañana, porque a esa hora es cuando la migración no está”, dijo, refiriéndose a donde se encuentran las carreteras que suben a Matamoros y Reynosa. 

 

Si los agentes de Migración llegan a detenerlos, cuenta, los contrabandistas les pagan 1,000 pesos mexicanos (unos 60 dólares) por cada persona en el tráiler. El pago, dice, lo hace una persona lejos de allí. “Mientras no se autorice el pago, mientras ellos no confirmen que tienen ya ese pago, no te dejan pasar”, concluye. 

 

Noticias Telemundo y CLIP no han podido confirmar de forma independiente esa denuncia. El Instituto Nacional de Migración no respondió a las preguntas enviadas. 

 

Sin embargo, testimonios de migrantes avalan las experiencias del trailero. David Exzequiel Portobanco, nicaragüense de 38 años que viajó en tráiler en noviembre de 2021, contó a Noticias Telemundo que en el trayecto entre Ciudad de México y Monterrey, agentes con “uniformes negros” detuvieron el camión durante una hora y media mientras presuntamente negociaban con los coyotes.

 

“Era como a las 10 de la noche. Nos paró la policía (…) abrieron el camión y alumbraron ahí adentro. Y después dilataron ahí, negociando, me imagino yo. Después volvieron a cerrar. Atrás, en el camión donde íbamos nosotros, iban dos personas, imagino que eran encargados de los coyotes (…) Se quedaron hablando y volvieron al camión”, narró Portobanco desde su casa en Moyogalpa, adonde regresó en diciembre pasado después de vivir dos años en Estados Unidos.

 

Reyna Jacinto, la migrante guatemalteca que viajó tres veces en un tráiler en 2005, asegura que en uno de esos trayectos, durante una parada, escuchó como los coyotes negociaban el pago con lo que ella dijo ser un grupo de militares: “Ellos [los coyotes] les llaman guachos. Estaban hablando de cantidades de dinero. Pero sí, esos eran soldados”.

 

José Luis Reyes Farías, el director de un albergue para migrantes en Acayucán, Veracruz, donde en los últimos seis años han sido detectados al menos 8 tráilers que llevaban a más de 1400 personas, según nuestro análisis de datos, dijo que ha recibido a migrantes que le cuentan haber pasado hasta por tres filtros de autoridades en las carreteras que les pidieron dinero para dejarlos seguir.

 

“Habrá grupos que se dediquen al tráfico de personas que tienen un trato especial, un acuerdo con la autoridad migratoria. No me cabe la menor duda. Yo no puedo explicarme esta acción tan impune, de gente que viaja de forma masiva, de distintos modos sin la complicidad de las autoridades migratorias”, dijo Farías.

Agentes federales encontraron a 64 migrantes de Guatemala abandonados dentro un camión, sin agua ni ventilación, en Anáhuac, Nuevo León, el 10 de agosto de 2023. Foto: Instituto Nacional de Migración de México

Los problemas de corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración son conocidos. En agosto de 2020, el INM despidió a más de 1,000 funcionarios por presuntos actos corruptos, entre ellos una docena de jefes de la delegación de la Ciudad de México. Meses antes, el presidente López Obrador había anunciado la separación de 500 agentes por las mismas causas, diciendo que el Instituto era una de las entidades públicas que “se echaron a perder por completo”. 

 

“Hay una larga historia de denuncias de corrupción en nuestras instituciones”, admite el ex comisionado Tonatiuh Guillén,  “En el Instituto Nacional de Migración me ocurría con frecuencia, denuncias de policías locales, estatales y municipales, que también formaban parte de una actividad de extorsión, muchas veces de migrantes”.

 

Otro problema que tiene México es la falta de controles sobre la flota de camiones de carga en las carreteras, que en 2021 superaba las 600,000 unidades. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte que “las fuerzas policiales mexicanas no cuentan con recursos suficientes” para supervisar que los vehículos pesados cumplan con las normas de seguridad vigentes y evidenció que el país tiene un faltante de inspectores especializados.

 

El informe, que no aborda el contrabando de personas, advierte que la supervisión del transporte terrestre es una actividad peligrosa para los agentes de policía en México, debido a los altos niveles de robo de carga y transporte de drogas, y propone crear una unidad especial que supervise únicamente el cumplimiento de las normas de seguridad, entre ellas el peso y el estado mecánico de los vehículos. 

 

La dureza del viaje para los niños

 

En esos tráileres, bajo condiciones inhumanas, también viajan niños, en ocasiones enfermos o solos. El 7 de mayo de 2019 la Policía Federal localizó a 289 personas, en su mayoría de Honduras y Guatemala, en dos camiones en un retén conocido como la Coma. Entre los migrantes iban menores enfermos de varicela, viruela y sarampión. En junio de 2021, los coyotes abandonaron en una carretera de Veracruz a Wilder Ladino, un niño de dos años que viajaba solo en un tráiler con otras 100 personas; un joven de 25 años había muerto en el contenedor. Ese día nadie pudo decirle a los rescatistas de quién era el niño, pero un reportero de esta alianza logró hablar con su familia en Honduras para aclarar su historia. 

 

El 25 de junio de 2021, su padre, Isidro Ladino García, al que llamaban Chilo, se despidió de su familia en San José de Miramar, Honduras, y salió hacia el norte con el pequeño Wilder. Tres días más tarde, la madre del pequeño, Lorena García, recibió una llamada de un consulado hondureño en México informándola de que su hijo había sido localizado solo junto a un tráiler abandonado. 

 

Según explicó la familia a Contracorriente en julio de 2021, Chilo fue separado por las autoridades del grupo con el que viajaba en Tuxtla Gutiérrez, pero nadie ni nada impidió que su hijo siguiera en un tráiler que recorrió miles de millas hacia el norte del país, antes de ser abandonado al borde de la carretera ya cerca de la frontera con Estados Unidos.

 

Las autoridades migratorias regresaron al menor con sus familiares días después. Este equipo no ha logrado confirmar las razones llevaron a la separación de Chilo y su hijo durante el viaje.

 

Tampoco es raro que las autoridades encuentren niños de brazos en estos hornos rodantes, como pasó en octubre de 2022, cuando un tráiler con 110 personas fue interceptado en Tuxtla Gutiérrez. Dentro iba un bebé ecuatoriano de 5 meses y otros seis pequeños de entre 2 y 11 años, según el reporte del INM.

Una agente del INM baja a un bebé de un contenedor en el que encontraron a 231 migrantes el 14 de agosto de 2023, en el estado de Puebla. Foto: Instituto Nacional de Migración de México.

Yanira Chávez lamenta en su casa de Long Island los cuatro “horribles” días que sus hijos pasaron dentro de un tráiler casi sin agua y al borde de la asfixia. “Yo no se lo deseo a nadie”, agrega. No olvida el olor a excremento, el calor, el ahogamiento, las personas desmayadas, el llanto y las oraciones, ni el polvo asfixiante que entraba por un orificio del tráiler, ni los cuatro días con las rodillas dobladas, entumecidas, sin bañarse. “No me canso de decirle a mis hijos ‘perdónenme por todo lo que inconscientemente les hice pasar’. Yo sé que los arriesgué, pero sentía que no podía dejarlos en mi país porque iba a ser peor”, dice entre lágrimas.

 

Yanira asegura que sus hijos han sido fuertes y dejaron atrás los recuerdos traumáticos del viaje: salir de su país, la sed y los maltratos de los coyotes, pero reconoce que su hija aún tiene pesadillas. “Es muy difícil de olvidar”.

 

Múltiples estudios han demostrado que las difíciles condiciones de la migración irregular —el miedo, el hambre, la falta de instalaciones sanitarias y atención médica— impactan en la salud mental de los niños, que pueden padecer ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés). 

 

¿Por qué acaban los migrantes en tráileres?

 

El hondureño Reynaldo Campos, de 40 años, emprendió el viaje a Estados Unidos junto a tres primos en abril de 2020 desde Ocotepeque, un municipio fronterizo con Guatemala y El Salvador. Cuenta que no tenían suficiente dinero para pagarle a un coyote, por lo que viajaron por su cuenta y lograron llegar en autobús a la ciudad de Querétaro. Allí, con otros migrantes, pagaron para subir a un tráiler en el que pasaron una noche entera, a punto de congelarse porque este iba refrigerado. 

 

“Es duro, cuando los niños empiezan a llorar”, explica, “les tapan [la boca] para que no griten”.

 

Recorrieron más de 430 millas (700 kilómetros) hasta Monterrey, donde los bajaron. Sin dinero, siguieron su camino a pie; unas tres horas después fueron interceptados por agentes de migración. Campos pasó detenido tres semanas hasta que lo deportaron en autobús a Guatemala. Sin dinero, regresó a Honduras a pie y pidiendo aventones. “Fue muy duro para nosotros, cruzar todo Guatemala a pie es triste”,  dijo Campos, quien actualmente trabaja en construcción en Ocotepeque.

Niños apretujados en un camión de carga. Formaban parte de un grupo de 130 migrantes guatemaltecos que fueron abandonados al lado de la carretera en el municipio de Yanga, Veracruz, el 19 de octubre de 2023. Foto: Instituto Nacional de Migración de México.

Datos de 2018, los más recientes que ha publicado el Colegio de la Frontera Norte, muestran que los migrantes de Honduras, como Reynaldo, son los que más acuden a los viajes en tráiler para cruzar México. Pero no solo centroamericanos viajan en los camiones de carga, en las listas de sobrevivientes que publica con frecuencia el INM aparecen dominicanos, ecuatorianos, venezolanos, familias bangladesíes, nepalíes, uno que otro uzbeko, indios, africanos, cubanos y haitianos, por citar solo algunas nacionalidades. 

 

¿Qué empuja a los migrantes a asumir estos riesgos? “En México no está regulado actualmente un mecanismo que permita el libre tránsito” de migrantes, explica Axel González.

 

No hay vías legales para cruzar el país de forma segura. Lopez Obrador llegó a la presidencia en diciembre de 2018, heredando de su antecesor una política migratoria agresiva que ya empujaba a los migrantes a pasar por México de forma clandestina, incluso en camiones de carga. Cuando asumió el poder, AMLO ofreció un “país hospitalario” y prometió que los extranjeros podrían “transitar con seguridad” o incluso quedarse en México. Anunció políticas migratorias amigables y un programa de visas de trabajo para los centroamericanos. Sin embargo, apenas seis meses después acordó reforzar la frontera con Guatemala y aumentar las deportaciones presionado por el expresidente republicano Donald Trump,  que amenazó con gravar las importaciones de productos mexicanos.

 

Destinó además a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a tareas de “rescate” y “registro” de migrantes. Desde entonces esa cifra se ha quintuplicado; además, López Obrador ha intentado traspasar la Guardia Nacional (un cuerpo que él mismo creó) a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que militarizaría esos controles migratorios. 

 

Entre junio de 2019 y febrero de 2020, el Gobierno detuvo a más de 130,000 migrantes, un aumento de casi 30% en comparación con el mismo período el año anterior, cuando se terminaba la administración de Enrique Peña Nieto. 

 

El Gobierno de López Obrador ordenó además a las empresas de autobuses que exigieran documentos a los pasajeros —incluyendo a los mexicanos— antes de venderles un boleto. El presidente dijo en conferencia de prensa que había sido amenazado por el Gobierno de Trump con “aplicar aranceles”. “Se tienen pruebas de que, en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país, sin ningún registro, vamos a poner orden en eso”, prometió. 

 

En la misma conferencia, sin embargo reconoció el peligro que enfrentan los migrantes al viajar dentro de un tráiler. Tres días antes habían sido localizados en Veracruz cuatro furgones que llevaban a unas 800 personas. “Estamos hablando de familias, de niños en una situación de hacinamiento, de riesgo por asfixia. Todo eso nos corresponde evitarlo y es lo que se está haciendo combatiendo la ilegalidad”, dijo.

 

Meses después, el Gobierno mexicano amenazó a las empresas de autobuses con sanciones si no comprobaban los documentos de sus pasajeros, según un oficio firmado por el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, al que tuvo acceso esta alianza de medios. El pasado octubre la medida fue declarada inconstitucional por un juzgado de la Ciudad de México al considerar que discrimina a los migrantes, viola su libertad de tránsito, y pone en riesgo “la vida, la dignidad […]. al fomentar el mercado negro de tráfico de indocumentados”. 

 

“Convirtieron a estas empresas en agentes migratorios”, explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, quién presentó el recurso judicial contra la medida. Kuhner, de origen estadounidense y residente en México desde hace 26 años, visitó junto a un notario cinco ventanillas de la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México, donde trató de comprar un pasaje sin documentos migratorios. En todas se negaron a venderle el pasaje, explicó. 

 

Ahora su prioridad es monitorear que las empresas de autobuses acaten la orden del Juzgado y dejen de pedir documentos a los migrantes.  El Instituto Nacional de Migración declinó responder a esta alianza si ha cancelado la medida. 

 

Tanto Kuhner como Mónica Oehler, de Amnistía Internacional, critican también los  controles migratorios que buscan impedir que los indocumentados crucen el país y convertir así el interior de México en una “frontera vertical”. “Van a las carreteras y paran de forma arbitraria, dice Kuhner, “paran los coches y los camiones [autobuses] y los revisan; ocurre desde Chiapas hasta la frontera norte”. 

 

“Cuando alguien les ofrece cruzar México en dos días en condiciones horribles pues parece bastante atractivo en comparación con todo lo que tendrían que pasar si hacen el viaje por su cuenta”, explica Oehler.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló en 2022, en su informe sobre el accidente del tráiler en Chiapas, que ante el temor a ser deportados por México los migrantes se ven obligados a “contratar el servicio de traslado ofrecido por traficantes que poco o nada les interesa su vida o bienestar”.

El 14 de agosto de 2023, las autoridades encontraron a 231 personas que viajaban en un contenedor metálico adaptado en la caja de un tráiler. Foto: Instituto Nacional de Migración.

La crisis en la frontera con México es ahora de nuevo el eje central de la campaña de las elecciones a la Casa Blanca del 5 de noviembre, y también importa en la elección presidencial del 2 de junio en México, que decidirá a la persona que sucederá a López Obrador.

 

En Estados Unidos, Biden ya anticipó su intención de endurecer aún más las reglas para solicitar asilo y deportar rápidamente a quienes no califican. En México, la candidata oficialista Claudia Sheimbaum respalda las medidas de López Obrador en materia de migración, mientras que la opositora Xochitl Gálvez lo acusa de haber entregado a México como tercer país seguro sin obtener nada a cambio de Estados Unidos , dejando desprotegidos a los migrantes. 

 

Por ahora, pareciera que la única opción para los migrantes indocumentados de moverse con seguridad por territorio mexicano es solicitar el estatus de refugiado, pero ese trámite se puede demorar de tres a seis meses, por el colapso de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. “Desde que empezó la Administración de López Obrador no ha habido ningún interés en fortalecer las iniciativas de protección del Estado. Y cuando lo hay, el presupuesto de la Comisión de Ayuda al Refugiado es minúsculo”, denuncia el excomisionado Tonatiuh Guillén. 

 

 

La tarifa de los contrabandistas de personas

 

“A nosotros nos pidieron 125,000 quetzales (unos 16.233 dólares) por cabeza porque era un viaje especial”, contó Sandra Coc Mohulds De Yat desde su casa en Río Dulce, en el departamento de Izabal, Guatemala. 

 

A finales de 2021, su hermano, Andrés, su esposo, Florentin y su cuñado, Santiago Bolom Coy contactaron con un coyote local para que los llevara a Estados Unidos. El traficante les prometió un trayecto seguro. “Se refería a que no iban a sufrir, que no iban a caminar por el desierto y que en carro iban a pasar. Pero lastimosamente los colocaron en un furgón”, explica. 

 

El 9 de diciembre, los tres hombres abordaron un tráiler en San Cristóbal de las Casas (Chiapas). Ya habían entregado parte del dinero y sintieron que no tenían otra opción:“Al final mi cuñado dijo ‘vámonos porque no hay de otra, vamos a lograr llegar a nuestro destino”, explica Coc Mohulds. Su tráiler fue el que volcó por exceso de velocidad y en el que fallecieron 56 personas —entre ellas Santiago, su cuñado— cerca de Tuxtla Gutiérrez, a unas 30 millas (52 kilómetros) de donde habían partido, en un sitio al que hoy se le conoce como la curva del migrante. 

 

La tarifa que los coyotes cobran a los migrantes por viajar en tráiler depende de factores tan variopintos como el sitio donde lo abordan, su nacionalidad y sus redes de apoyo en Estados Unidos. “Es un negocio muy estudiado”, explica Brenda Ochoa, directora del Centro Fray Matías en Tapachula, Chiapas. Personas de Guatemala, Honduras y República Dominicana entrevistadas por esta alianza aseguran haber pagado entre 10,000 y 19,000 dólares por cabeza para que los coyotes les ayudaran a cruzar México, incluyendo el viaje en tráiler.

Reynaldo Campos dijo que pagó 10,000 pesos mexicanos (511 dólares actuales) por el viaje de 11 horas de Querétaro a Monterrey. En 2005, Reyna Jacinto pagó 40,000 quetzales por el viaje desde Guatemala, casi 8,000 dólares al cambio actual. Enzo Eras, quien viajó ese mismo año desde Ecuador cruzando buena parte de México en un tráiler, pagó 14,000 dólares por el viaje desde su país, sin saber que terminaría en un contenedor, según contó a Noticias Telemundo.

 

El servicio de los coyotes se ha vuelto más caro, especialmente en la última década. El cambio se notaba desde los primeros años de la administración de Peña Nieto, cuando los migrantes comenzaron a contratar contrabandistas para cruzar México con mayor frecuencia, obligados por las acciones migratorias del gobierno, según explica un estudio del Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin. 

 

“Esto ya no es un grupo de coyotes informales que simplemente contrabandean a cinco, diez o quince personas”, dijo en enero John Cohen, ex subsecretario interino de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional, que también participó en el panel sobre tráfico de personas. “Es un negocio multimillonario”, agregó. Se estima que las ganancias anuales de los grupos criminales de contrabando de migrantes en la frontera con Estados Unidos, entre ellos los carteles de la droga, podrían ascender a 13,000 millones de dólares, según un reporte del diario The New York Times, que cita datos federales.

 

Las redes sociales sirven en algunos casos para conectar coyotes y migrantes, pero para muchos centroamericanos el voz a voz sigue siendo una de las vías fundamentales para contactar a los contrabandistas en sus pueblos, según averiguaron reporteros de esta alianza sobre terreno. El coyote local, al que se llega a través de conocidos en el barrio, familiares que ya partieron o que lo intentaron, y amigos, parece ser el primer eslabón de la odisea hacia el sueño americano.

130 guatemaltecos fueron encontrados en un camión de carga cuando viajaban por una carretera de Veracuz, el 19 de octubre de 2023. Foto: Instituto Nacional de Migración.

Al otro lado de la frontera

 

El Gobierno estadounidense sabe que los carteles de la droga se han ido apoderando del contrabando de migrantes a ambos lados de la frontera, incluyendo su transporte en tráileres por las carreteras de Estados Unidos y México, según reconoció a Noticias Telemundo el jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens. 

 

“Los mismos grupos que se encargan del tráfico de drogas también están operando la cuestión de pasar gente. Ellos están ganando dinero en ambos lados con eso”, dijo Owens durante una videollamada en febrero. 

 

Parte del atractivo del contrabando de migrantes para los carteles de la droga es la posibilidad de ganar dinero en una actividad ilegal a la que las autoridades no dedican la misma atención que al narcotráfico, dijo el año pasado a Noticias Telemundo Arístides Jiménez, ex agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). “Tienes menos personas investigando un crimen que deja mucho dinero (…) con el movimiento de drogas viene muchos escrutinio: la SEDENA en México, organizaciones federales: la DEA, el FBI, el HSI, todo el mundo buscando drogas”, aseguró.

 

En años recientes, mientras el Gobierno estadounidense incrementa su presión sobre México para que frene el tránsito de migrantes por su territorio, también ha desplegado recursos para investigar a los contrabandistas en sus propios países. 

 

En 2021, tras duplicarse la llegada de migrantes a la frontera en los primeros meses de la Administración Biden, Estados Unidos anunció dos programas para combatir a las organizaciones de tráfico de migrantes fuera de sus fronteras, apuntando sobre todo a grupos criminales que operan en México y en los países del Triángulo Norte. 

 

Mediante una de esas iniciativas, el Departamento de Justicia logró la extradición de varios contrabandistas de México, Guatemala y Honduras, entre ellos cuatro guatemaltecos que fueron condenados el pasado mes de noviembre a penas de cárcel de entre 10 y 40 años, acusados de llevar migrantes guatemaltecos a través de México para cruzarlos a Estados Unidos, entre ellos una joven que falleció en Odessa, Texas, en abril de 2021, y cuyo cuerpo abandonaron en la orilla de una carretera rural. Le habían cobrado 10,000 dólares a sus familiares por el viaje; tras su muerte, intentaron sobornarlos para comprar su silencio, según la acusación federal.

 

La Patrulla Fronteriza también investiga a estas redes criminales en coordinación con las autoridades mexicanas, explicó Jason Owens, sin ofrecer más detalles.“Tenemos investigaciones específicas contra esa táctica de los tráileres. Hay gente que muere cada año en ambos lados de la frontera”,dijo. 

 

Mónica Oehler, de Amnistía Internacional, opina sin embargo que el problema “no va acabar nunca si no se plantea la migración de una manera diferente”, y apuesta por ver a los migrantes “no como una amenaza” sino como personas “en una situación de crisis que necesitan protección”.  

 

El ex comisionado Tonatiuh Guillén va más allá de las fronteras y atribuye parte de la responsabilidad a los cálculos políticos en Estados Unidos. El enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump tiene a la migración como punto central y las diferencias ideológicas de republicanos y demócratas han impedido durante décadas que se reforme el sistema migratorio en un país urgido de trabajadores y donde la población migrante ha sido clave para cubrir esa escasez: el año pasado proporcionó el 60% del crecimiento de la fuerza laboral. “Buena parte de la solución regional comienza y termina con la disputa política en Estados Unidos. Lo que vemos como crisis de migración, en realidad es primero una crisis política”, dijo Guillén. 

 

Entre tanto, con la campaña electoral ardiendo a ambos lados de la frontera, y miles de carpetas de investigación varadas en los juzgados mexicanos, el tránsito de camiones cargados con migrantes de camino al norte no cesa. Miles de personas siguen pagando una pequeña fortuna por arriesgar sus vidas para luchar por un futuro diferente en Estados Unidos, como lo hicieron Yanira Chávez y sus hijos, engañados, perseguidos, extorsionados, amenazados y aferrándose a sus vidas dentro de un contenedor casi sin oxígeno, en un río o bajo el sol abrasador del desierto. 

 

“Cuando finalmente cruzamos ese río en una balsa, mi hijo, un niño de 9 años, me dice: ‘Tranquila mami, ya vamos a salir de este infierno”,  dijo Chávez entre lágrimas, “Ya se va a acabar y en el nombre de Dios vamos a estar bien”.

 

Colaboración en esta historia: Martha Olivia López (EnUn2x3 Tamaulipas), Ángeles Mariscal (Chiapas Paralelo), Miguel León (Pie de Página), Jody García (Plaza Pública), Allan Bu (Contracorriente), Carlos Gonzales (Bellingcat), Pablo Medina y María Teresa Ronderos (CLIP)

Producción: Luisa Fernanda López Arias y Marión Brianceso

Audiencias: Mayra Baez y José Luis Peñarredonda

Identidad gráfica e ilustraciones: Alejandra Saavedra López

Animaciones: Christian Trujillo gallegos

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Hace dos años, 42 ciudadanos guatemaltecos que viajaban desde su país hacia el norte en busca de una mejor vida, murieron en un accidente de tráiler en Chiapas, Mexico. Las autoridades de Guatemala y México se comprometieron a investigar los hechos, pero hasta ahora no se reporta ningún avance en el caso, mientras que las condiciones de pobreza para los sobrevivientes y sus familias siguen sin cambiar.

 

Por Jody García

 

«Venía loco ese pisado, manejando con locura. Nunca pensó en nosotros», recuerda Baldomero Sis, de 36 años, un agricultor guatemalteco que sobrevivió al accidente de un tráiler con un contenedor lleno de migrantes que volcó en una carretera en Chiapas, México el 9 diciembre de 2021. 

 

El piloto perdió el control y su camión volcó en plena carretera. Con el impacto,  el techo de la cola del tráiler se despegó como si fuera una lata de sardinas. Eso provocó que algunos migrantes salieran proyectados al asfalto y que quienes sobrevivieron al golpe pudieran salir más rápido. Entre todos los cuerpos apilados estaba Baldomero, originario de San José Poaquil, Chimaltenango, Guatemala, una comunidad de caminos de tierra y polvo donde dejó a su esposa y sus cuatro hijos en una casa de palos y lámina.

 

Con un brazo colgando, Baldomero logró salir del esqueleto metálico y descubrió el panorama de la tragedia: decenas de cuerpos estaban desperdigados en la carretera y el aire estaba lleno de llantos de sobrevivientes. Eran las personas que poco antes intentaban llegar a Estados Unidos, como él. Ese día sintió una tristeza que todavía le duele al recordar. Baldomero buscó su mochila, la agarró con fuerza y se desmayó. Este fue el relato que le dio a los reporteros de esta alianza que conversaron con él vía telefónica.

 

Isabela Esquit muestra la fotografía de su esposo, Baldomero Sis, quien al recuperarse del accidente volvió a viajar como migrante. /Eduardo Say

Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación (CLIP) y los medios aliados, crearon una base de datos –chequeada por ICIJ – de más de 150 casos de tráilers y camiones que fueron inspeccionados, detenidos, abandonados o que estuvieron involucrados en accidentes en territorio mexicano entre 2018 y 2023. Los datos revelan que en ese período de tiempo alrededor de 18,900 personas migrantes, incluidos 3,216 menores de edad, fueron transportados en este tipo de vehículos. Al menos 110 migrantes murieron debido a la alta exposición al calor o falta de oxígeno dentro de los tráilers, o como resultado de accidentes de tránsito. 

 

Esta base de datos hace parte de una investigación transfronteriza en la que participó además de los medios mencionados, Plaza Pública, Contracorriente de Honduras, Pie de Página y sus aliados, Chiapas Paralelo, En un2x3 y periodistas de Veracruz en México. 

 

De estos casos, el más letal fue el accidente en Chiapas de 2021, donde el tráiler que transportaba alrededor de 200 personas apeñuscadas, volcó en una curva y mató a 56 personas, entre ellas 42 migrantes guatemaltecos. (Ver historia completa del accidente en Crimen, impunidad y muerte detrás de la migración en Chiapas).

Como Baldomero, otros 142 guatemaltecos sobrevivieron el accidente de diciembre, con heridas graves, según un conteo hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de los sobrevivientes tenía solo tres años de edad, mientras que el resto rondaba entre los 15 y 50 años. Todos eran originarios de Quiché, Chimaltenango, Quetzaltenango, Izabal, Baja Verapaz, San Marcos y Escuintla.

 

 

Sin posibilidad de quedarse

 

Aunque casi pierde el brazo, Baldomero se siente afortunado de contar su historia: su vida avanzó, logró recuperarse físicamente y en un cuarto intento logró llegar a Estados Unidos. Lo que no cambió fueron las condiciones de pobreza en las que viven él y su familia. Tampoco  se cumplieron las promesas del entonces gobierno de Guatemala. Entonces dijeron que junto con las autoridades mexicanas investigarían quiénes estuvieron detrás del crimen.  Sí se creó un Grupo de Acción Inter-institucional (GAI) de México, Guatemala y otros países para investigar a los responsables, pero, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) guatemalteco, no hay registros de que los integrantes se reunieran más que una vez.

 

También solicitamos al Minex de Guatemala información sobre los resultados de ese grupo de acción y la Dirección de Comunicación Social respondió que no saben qué pasó ya que con el cambio de gobierno los funcionarios que fueron parte ya no están en la institución y no hay documentos disponibles.

 

Pedro Brolo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala había dicho a los sobrevivientes en una conferencia de prensa tras el accidente “no están solos, estamos con ustedes y estaremos brindando todo el apoyo que corresponda”. Esto contrasta con familiares y sobrevivientes entrevistados que aseguran que el gobierno nunca los contactó.

 

La investigación coordinada por CLIP, que entrevistó a decenas de sobrevivientes y expertos, también identificó al grupo «Los Chiapanecos», como las personas que llegaron a comunidades guatemaltecas a ofrecer sus servicios de transporte a Estados Unidos a través de tractocamiones. Este grupo está vinculado al Cartel de Chamula, integrado principalmente por indígenas tzotziles originarios de San Juan Chamula en los Altos de Chiapas, México, que ejerce control en la frontera con Guatemala y que según testimonio de un exfuncionario federal, se sospecha que cuenta con el respaldo del Cártel de Sinaloa. 

 

En diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) dijo que indagaba una red de traficantes de personas que usan camiones de carga para traficar migrantes centroamericanos a través de una ruta que inicia en Chiapas, pasa por Veracruz y Puebla y llega a Tamaulipas,  antes de ingresar a Estados Unidos. 

 

En Guatemala, tras el accidente, el MP anunció que abrió una investigación para dar con los coyotes que transportaron a los migrantes. El caso fue abierto por Stuardo Campo, entonces jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Él viajó a Chiapas para recabar evidencia y entrevistar a sobrevivientes y familiares de víctimas mortales. Sin embargo, hasta la fecha, abril de 2024, no se reportan avances . 

 

Campo fue capturado en dos ocasiones, la última en diciembre de 2023, por una denuncia de la organización de extrema derecha Fundación contra el Terrorismo, que lo señala de supuestas anomalías en los casos que investigó. Campo ha dicho a los medios de comunicación que considera que es una venganza por tocar intereses de actores corruptos. Esta fiscalía que lleva el caso ahora la dirige Cindy Gloria Euler, con quien Plaza Pública solicitó una entrevista para saber el destino de la investigación, pero her office respondió que el expediente está bajo reserva y que no se pueden informar detalles del mismo.

 

Aunque el Ministerio Público de Guatemala que dirige la Fiscal General Consuelo Porras (sancionada por Estados Unidos al considerarla  actora corrupta y antidemocrática), asegura que la investigación sigue su curso, ni Baldomero, que sobrevivió, ni su familia, ni los seres queridos de Marcos Gabriel Quiná, víctima mortal de 19 años, fueron contactados por la fiscalía.

El terreno en donde vive actualmente Isabela y sus hijos, en San José Poaquil. / foto: Eduardo Say

Una última llamada 

 

Paulino Quiná, de 46 años,vive en la aldea Xenimaquin, en Comalapa, municipio del departamento de Chimaltenango. Tuvo doce hijos y el cuarto de ellos era Marcos.

 

Paulino se enteró por Facebook del accidente del tráiler y aunque sospechó que su hijo estaba entre las víctimas, guardó la esperanza de encontrarlo con vida. Entre la falta de información oficial y sin respuestas del coyote, encontró fotografías de las posibles víctimas. Uno de esos retratos era similar a Marcos. Eso lo llevó a viajar hasta Chiapas.

 

«La última vez que me comuniqué con él fue un día antes del accidente, me dijo que estaba en San Cristóbal de las Casas y al día siguiente saldrían del pueblo. Le dije ‘ponte las pilas, no tengas pena, que ellos (los coyotes) saben cómo está el viaje, ellos son los que manejan’. Eso fue lo último que  hablé con él», relató en entrevista que le dio en su casa a los reporteros de Plaza Pública.

 

Al llegar a México, Paulino buscó a su hijo en los hospitales y en la Cruz Roja. Ahí le entregaron un listado de migrantes fallecidos, pero su hijo no aparecía en ningún lado. Su calvario en instituciones públicas terminó hasta que se hizo una prueba de ADN y minutos después le confirmaron que coincidía con una de las víctimas mortales. Con ese dato, regresó a Guatemala sin Marcos, a la espera de los trámites para su repatriación.

 

«Aquí realmente no se consigue nada, hemos visto que los que se van al otro lado siempre han logrado algo, por eso él (Marcos) decidió irse, pero lamentablemente no realizó su sueño. Él quería construir una casa y comprar terrenitos para sembrar», cuenta Paulino entre lágrimas, mientras se recuesta en la pared de la casa que construyó gracias a su trabajo como agricultor. 

La familia Quiná muestra la fotografía de Marcos Gabriel, quien tenía 19 años cuando falleció en el accidente de Chiapas. / Foto: Eduardo Say

Entre el miedo y las necesidades económicas 

 

La familia Quiná se sustenta con el trabajo del campo, con siembra de milpa y frijol, pero depende de la época de lluvia. Por eso el camino que inició Marcos era una esperanza de mejoras económicas para todo su núcleo.

 

«Hemos sabido que en los furgones van muy pegados y se quedan sin oxígeno, que van bien apretados y sin moverse y ese es el problema», dice Paulino.

 

Baldomero lo confirma. Durante todo el camino, hasta antes del accidente, iba parado en el tractocamión,  sin espacio para moverse ni para agarrarse y sostenido de pie por la presión física del resto de migrantes apretados. Ese fue su tercer intento para llegar a Estados Unidos, pero no fue el último.

 

«Hoy sí, ojalá que pueda resistir… solo eso pensé nomás», cuenta Baldomero, que al despertar del impacto del accidente, se encontró en un hospital en México donde le dijeron que para salvarle el brazo debían colocarle varillas de platino. Tras la cirugía pagó un taxi para la frontera con Guatemala, donde lo esperaba su familia. Baldomero se recuperó en casa, junto a su esposa Isabela Esquit y sus cuatro hijos de 13, 12, 7 y 2 años, que dependen totalmente de él.

 

«Prácticamente, cuando él vino acá (Guatemala) del gobierno no recibió nada de ayuda, hubo personas particulares y de la comunidad que ayudaron», relata Isabela.

Una mazorca de maíz en el suelo de la casa de la familia Quiná, en Comalapa. / Foto: Eduardo Say

Acorralado por las necesidades económicas, Baldomero intentó volver a trabajar en la tierra, pero aunque lo logró con dificultad, el dinero seguía siendo insuficiente y tenía sobre sus hombros una deuda con el coyote por más de 80,000 quetzales. Ante la necesidad y con miedo,  decidió intentar una vez más llegar a Estados Unidos. 

 

«Tuve miedo, pero esta vez la suerte estuvo conmigo», recuerda.

 

En ese cuarto intento llegó a Nueva York. Descansó tres días y pronto encontró trabajo lavando platos en un restaurante en Queens. Ya cumplió dos años en ese país y ahora cocina recetas rápidas en un restaurante chino de esa gran ciudad.

 

Los cuatro intentos de Baldomero para llegar a Estados Unidos hicieron que su deuda creciera. Por eso, la mayor parte de sus ingresos los destina a pagarla. Esto no permite que, por el momento, las condiciones de pobreza en las que vive su familia hayan cambiado. Sin embargo, se siente orgulloso de mandarles dinero para comida y zapatos, pero especialmente para su educación.

La familia de Baldomero Sis, en su casa de adobe en San José Poaquil. / Foto: Eduardo Say

«Yo le he dicho a mis patojos que estudien para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que no tuvimos la oportunidad. Mientras yo esté aquí, aunque sea poco, los voy a apoyar», contó en una llamada desde Nueva York. 

 

Ni Baldomero ni la familia de Marcos guardan esperanza de que el Ministerio Público termine la investigación y que haya justicia por la tragedia que mató a 42 migrantes guatemaltecos. Paulino tiene una petición:

 

«Si fuera posible yo les diría a los coyotes que llevan gente para allá que busquen otra forma, algo más seguro, para que así la gente que desea irse logre lo que desea», dice.

 

Baldomero anticipa que pasará un largo tiempo en Nueva York, mientras paga la deuda y acumula el dinero para construir su vivienda y comprar un terreno.

 

“Lo que ya pasó ya pasó, uno nunca sabe que pasará en el camino”, dice Baldomero. “A los amigos que no han tomado esa decisión les pido que le echen ganas y le pidan a Dios, porque no queremos que vayan a pasar lo que yo pasé”, señala.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

Desde el año pasado, Alberto*, un chofer experimentado,  ha venido acarreando migrantes en la caja del tráiler que conduce.  En esta entrevista describe con detalles muy pocas veces revelados cómo funciona en la carretera el negocio del transporte clandestino de migrantes desde Michoacán hasta Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos. Su tráiler no se dedica a ello todo el tiempo, sino que suele llevar verduras y frutas y sólo cuando le piden los cárteles, transporta a los viajeros. 

 

Por Martha Olivia López

Ilustración: Alejandra Saavedra Lopez

 

Entrevistamos a Alberto en noviembre de 2023. No revelamos ni su nombre real ni el lugar del encuentro para preservar su seguridad. Apenas hacía poco que lo habían contactado para que llevara un primer viaje,  empezando en Michoacán, un estado del centro-occidente de México, para transportar a migrantes clandestinamente en la caja del tráiler en donde solía cargar frutas o verduras. Antes, y por 25 años se dedicaba a manejar una camioneta en un ejido del norte de Tamaulipas para llevar y traer productos agrícolas. 

 

Se ve más viejo de lo que es. Sabe que está en las manos de la delincuencia que lo forzó a hacer estos viajes o que las autoridades lo pueden meter preso si lo detienen para justificar que hacen su trabajo. El miedo es constante. “Aunque te liberas cuando muchos compañeros te dicen que ya les pasó y que no pasa nada”, dice. De cada diez viajes que hace con el tractocamión, dice que apenas realiza dos o tres con “carga sin carga”, que es como los traileros cuando llevan personas.   

 

Acordado el tema y con premura de tiempo, apenas 38 minutos de entrevista aunque lo pactado eran 20 minutos, no hubo muchos protocolos y fuimos rápidamente al grano:

 

Escuché una noticia que desde hace tiempo había gente que lleva migrantes en los tráileres hacia la frontera. ¿Sabe usted esto?

Alberto: De hecho me ha tocado en ocasiones. Se puede decir, la mala suerte de que nos obligan a traerlos.

 

¿Cuánto tiene usted de trailero?

 Alberto: Empezamos desde el 2013.

 

¿Y habitualmente qué transportaba?

Alberto: En mi caso es lo que transportas en los refrigerados.

 

¿Esos trailers que características tienen?

Alberto: Son trailers de caja blanca. Caja cerrada.

 

¿Sobrevive siempre la gente que viene ahí encerrada?

Alberto: Sí porque les pones el ventilador y abres la ventanilla de atrás para que el aire camine.

 

¿Y cómo y  desde dónde se da ese tránsito?

 Alberto: Ellos (los migrantes) llegan a Tapachula, Chiapas y de ahí se transportan como pueden a la Ciudad de México.  Los que deciden venir por su cuenta no pagar transporte se vienen regularmente en autobuses de turismo. De ellos la mayoría son detenidos porque nadie los protege ni los cuida, a veces hasta son secuestrados.

 

Lo hacen en grupos…

Alberto: Si. Por eso regularmente se ve en la carretera que la Guardia Nacional los tiene detenidos porque no vienen con permiso.

 

¿En dónde se concentran para los que sí contratan el servicio y vienen en un tráiler? ¿En la Ciudad de México?

 Alberto: En la central de autobuses de la Ciudad de México están los contactos de los coyotes.

Se acercan con ellos y les dicen “saben qué, nosotros tenemos un transporte seguro desde Michoacán hasta la frontera de Matamoros o Reynosa, pero tienen que pagar de 13 mil a 13 mil 500 pesos por persona. (Esos son casi 800 dólares estadounidenses)

 

¿Y después de ahí, de la central los convencen, juntan el dinero y a dónde se van?

Alberto: Se vienen por su cuenta a Michoacán. Ya en Michoacán, quienes los trafican se acercan con nosotros y preguntan si eres trailero y te dicen: “¿Sabes qué?, necesito que me lleves una carga a Matamoros, te vamos a pagar”. De primero te pueden ofrecer de 80 mil a 100 mil pesos, mil por cada migrante, trayendo de 50 a 100 personas en el viaje. (Mil pesos son unos 60 dólares). El negocio parece legal por su apariencia, sin ningún cuidado excesivo, no más con rapidez, pero por precaución para que otros cárteles no les ganen ‘la carga’.

 

Este tráiler para quienes circulamos en una carretera ¿cómo se ve? ¿para qué está acondicionado?

Alberto: Son traileres que acarrean pepino o sandía y cuando traemos personas no se esconden porque ellos pagan a la Guardia Nacional, 500 pesos por migrante.

 

¿Cuántas veces?

 Alberto: Las veces que te detengan. Pueden ser tres, cuatro o cinco veces que te detengan. A veces no te detienen. Entonces puedes circular libre. Y donde no te escapas, donde sí tienes que pagar, es en un retén de soldados que hay. Ahí tienes que pagar también 500 pesos por migrante.

 

Sigamos con la ruta. ¿Llegan a Michoacán y los suben en los traileres?

Alberto: Sí.

 

¿Y de ahí qué ruta toma?

 Alberto: De ahí agarras de Michoacán hacia Silao por carretera libre hasta San Luis. Luego el libramiento de San Luis y llegas a El Huizache o al entronque con Matehuala, te vienes hacia el entronque Ciudad del Maíz y Tula. Ya de ahí pues ya agarras para acá (…) ya es carretera libre para dentro del estado. Regularmente te dicen que pases a la Buenos Aires entre dos o tres de la mañana, mejor conocida como la Y griega, porque a esa hora es cuando migración no está.

 

¿Ese lugar de la Y griega es la de San Fernando,  la que va entre Reynosa y Matamoros?

 

Alberto: Si.

 

Ilustración: Alejandra Saavedra López

¿Cuántas horas hacen desde Michoacán hasta Matamoros, en promedio? 

Alberto: Depende del tránsito, pero puede ser de diez a 15 horas.

 

¿Cómo hacen para comer? ¿Cuáles son las paradas que hacen?

 Alberto: No tienes permitido pararte. No hay una consideración para llevarlos cómodos o bien alimentados. Ahí lo que importa es que lleguen a su destino.

 

¿Generalmente son hombres, mujeres o de qué edades son?
 Alberto: Vienen desde niños, bebés de brazos, mujeres, familias completas. 

 

¿Y por qué pasan la Y a la madrugada?

Alberto: Ándele, ahí, si no quieres pagar pesos vas en la madrugada porque si Migración te detiene o te descubre, tienes que darle mil pesos por cada migrante.

 

¿Y cómo se hace el pago? 

 Alberto: En Michoacán nos dan un teléfono celular. De ahí tú tienes que hablar por teléfono con quienes te contratan para traerlos. No sé si es una persona la que viene o si se les hace alguna transferencia o algo, pero mientras no se autorice el pago o mientras ellos no confirmen que tienen ese pago no te dejan pasar, aunque no te detienen. Cuando te dejan pasar es porque ya recibieron el pago.

 

Puede ser transferencia, seguramente..

Alberto: Puede ser transferencia. Yo me imagino que es más transferencia por ser más rápido. De hecho, a veces, cuando está muy pesada la carretera, insegura para la carga (de migrantes) te dicen: “¿Sabes qué?, tienes que detenerte en la capital del estado”. También tienen casas de seguridad.

En una segunda entrevista, Alberto explicó que las casas donde alojan por horas a los migrantes se encuentran en la orilla de las ciudades para no despertar sospechas y poder salir con mayor libertad cuando ya les dan autorización de continuar el camino hacia Matamoros.

 

¿Y en esas casas de seguridad para qué son? 

Alberto: Van por la gente en diferentes camionetas y los traen a las casas y ahí ya hay quien les dé de comer y los esté cuidando de que nadie se los robe. Después viene otro compañero o ellos mismos en sus camionetas pueden llevárselos de a poquito. Pero regularmente el viaje va directo y llegas. Y ahí van por ellos, ya sea en Matamoros o en Reynosa. Cuando tú entregas “el paquete” ahí mismo te pagan.

 

¿Cuánto?

 Alberto: A veces los primeros viajes te cumplen porque para ellos es importante que tú lo tomes en cuenta, que tú digas, “pues me conviene que me avienten otro viaje porque me voy a aventar otros 80 o cien mil pesos”. Es para engancharte, para que tú te emociones.  Un viaje que te van a pagar cinco u ocho mil pesos, normalmente de la línea, pues ellos te están ofreciendo 70, 80, hasta 100 mil pesos, que es muchísimo dinero. (100 mil pesos mexicanos son aproximadamente 6100 dólares a la tasa de cambio actual). Pero muchos compañeros sí lo hacen más regular, y cuentan que cuando te avientas el segundo o el tercer viaje ya no te dan lo que te prometen, te dan lo que lo que ellos quieren. A veces apenas 25 mil pesos y tú tienes que tomarlos.

 

 Me podría contar un poquito más qué es eso de cuidarlos…

 Alberto: Las casas de seguridad regularmente las cambian de lugar para que no los ubiquen, pero siempre hay personas a distancia, puede ser a una cuadra o dos cuadras que están cuidando las casas de que no lleguen vehículos desconocidos o personas que se les queden viendo las casas o que les llame la atención. Tienen que estar pendientes para que no les roben los migrantes.

 

¿Y eso que no les roben los migrantes, es que no llegue otro cártel y se los lleve?

 Alberto: Así es.

 

¿En dónde tienen casas de seguridad, digo, si venimos desde Michoacán, Silao, San Luis, en dónde tienen las casas?

 Alberto: Aparte de Michoacán, tienen otro lugar seguro en San Luis de la Paz, cruzando San Luis Potosí. Ahí la mayoría de las personas que se ven son migrantes, pero como es un ejido nadie lo toma en cuenta. Ahí también, cuando vas a cargar pepino, aprovechan y dicen: “¿Sabes qué?, te vamos a subir tantas personas, a ti no te va a pasar nada, tú nomás vas a llegar, todo está arreglado”.  Y pues no hay opción, no puedes decir ‘no me los llevo’ porque te quitan el camión.

 

¿Quiénes son los que manejan todo este negocio?

 Alberto: Pues los cárteles de la droga. Aquí el peligro que corres al transportar migrantes es si un grupo contrario se da cuenta o te identifican o te atrapan, porque ahí puedes perder la vida.

 

 ¿Que cártel es el que va controlando cada punto, Ciudad de México, Michoacán, San Luis, Tamaulipas, o se coordinan entre ellos? ¿Cuál es el cártel que está cuando llegan a Reynosa y a Matamoros?

Alberto: El Cártel del Golfo es el que se dedica a transportar migrantes.

 

¿Desde cuándo empezó a darse esto del tráfico en los traileres?

 Alberto: Habíamos escuchado pláticas más no nos había tocado, pero hace un año más o menos fue cuando empezó, ya nos ha tocado tres o cuatro veces en el año.

 

Ellos llegan y les dicen ‘les toca hacer esto’…

Alberto: Necesito que me lleves tantas personas, tú no te preocupes, nadie te va a hacer nada, la ley está comprada, no los ocultan. Si tu trailer trae lonas los puedes traer al descubierto o con las ventanillas abiertas para que les corra el aire porque no hay peligro de que la ley los vea. La ley ya sabe al momento de que te detienen y los ven, ellos saben a quién perteneces y lo que tienen que hacer. Ellos tienen que cobrar y para ellos mejor si te los encuentran porque van a cobrar, de hecho, es más cuota.

 

Usted es trailero y con la amenaza no hay para donde hacerse…

Alberto: Si, no hay para donde hacerse o los llevas o los llevas.

 

¿Ha pasado con algunos compañeros de ustedes que tomen represalias?

Alberto: Les amenazan la familia. Yo no sé qué alcance tan grande tienen que cuando te ofrecen ese trabajo. Ellos te dicen “mira, si tú te niegas o si tú me traicionas sabemos que tu familia vive en tal parte” y te quedas espantado porque dices, ‘se supone que aquí donde estoy, nadie me conoce’, pero para cuando ellos hacen eso, ya te tienen ubicado completamente.

 

¿El movimiento es constante o ha habido meses donde no hay mucho auge?

 Alberto: Sí, regularmente está cargadito el trabajo, se puede decir que pasan al mes dos o tres mil personas por manos de ellos…En toda la frontera de México diferentes cárteles hacen lo mismo. De hecho, los 13 mil 500 pesos de inicio solo son para llegar a la frontera y ya ahí están “los coyotes”, quienes los cruzan y que les cobran de 4,500 a 5000 dólares por persona.

 

¿Para cruzarlos?

 Alberto: Tienen casas de seguridad en la frontera –en  Matamoros, en Río Bravo, en Reynosa –  que regularmente las están cambiando de lugar para que no los ubiquen. Ahí va cada “coyote” y se lleva de a diez de a 15 migrantes.  Le tienen que tomar fotografía a cada persona y esa foto se reparte entre los demás compañeros, entre los demás coyotes, porque se supone que al pagar los 4.500 estás asegurándote de que te cruce a los Estados Unidos y si, por algún motivo, uno de ellos se pierde o uno de ellos se ahoga, el “coyote” o el encargado pagar con su vida.

  

¿Y esto es algo común?

 Alberto: Sí, es una ley que tienen de que, si tú llevas diez personas, tienes que llegar con diez personas.

 

¿Una persona que se pierda se considera dinero perdido?

 Alberto: Sí. Si alguno de ellos se pierde entre todos los demás lo empiezan a buscar, porque todos tienen la fotografía hasta que dan con él y lo recuperan.

 

Volviendo a la “carga sin carga”, ¿cómo hacen ustedes para llevar el registro de las personas que llevan?  ¿los cuentan, saben sus nombres, saben sus celulares?

 Alberto: Es un número, nada más. Cuentan niños, personas, mujeres, ancianos y hombres por igual, es un número. Ellos te dicen, “lleva 50 personas, entre ellos van niños, bebés, mujeres, adolescentes y te voy a dar mil por persona”. Aún cuando en apariencia no se cuidan de las autoridades, la realidad es que el tráfico es penoso y sin ninguna consideración, a veces en las peores condiciones por el clima o por la salud de algunos migrantes que no se toma en cuenta.

 

¿Cómo van los viajeros en los tráileres?

 Alberto: Así tal cual está la caja, ahí se suben y ahí se sientan. Y ahí vienen.

 

¿Y para hacer sus necesidades?

 Alberto: No hay tiempo de hacer sus necesidades, así como vengan.

 

¿Y ellos lo saben que viajarán en esas condiciones?

 Alberto: Quiero pensar que les advierten antes de empezar el viaje. El chofer sólo se encarga de llegar y de no pararse hasta llegar. Con el teléfono celular que ellos te dan en el camino te hablan y te preguntan dónde vienes, te dicen que tienes que pararte en tal parte o darle derecho, no te pares y así. Si la ley te detiene tienes que marcar de ese teléfono y decirles que te pararon en tal lugar y si es la Guardia Nacional o los soldados u otra autoridad.

 

¿Qué hacen cuando hay alguna situación crítica con la gente?

Alberto: Pues ha ocurrido que cuando la situación se sale de control, los abandonan. Que te falle el camión, que te detengan otras personas y uno asegura su vida, ¿y sabes qué?, pues ahí quédate con el camión y con lo que trae, yo me voy y si tienes suerte te dejan ir y si no, pues te vas con ellos.

 

¿Ha habido casos de que les hayan hecho algo a los choferes como ustedes?

Alberto: Hasta ahorita no porque tienes el viaje seguro. Ahí el único detalle cuando abandonas a los migrantes, pues muchas veces estos van ciegos porque no saben hacia dónde van. Ahí es cuando los cárteles contrarios los aprovechan para llevárselos y obligarlos a trabajar.

 

Una persona centroamericana nos decía hace poco que en Reynosa bajaban de los trailers en un terreno muy grande como si nada. ¿Si se da esta situación?
Alberto: Son los llamados patios, son estacionamientos de allá, puede que sea de la línea (de transportes) o puede que sea de ellos mismos. Son áreas aseguradas donde saben que nadie más los puede ver, hablando de la ley. 

 

¿Cuántos viajes como chofer le ofrecen al mes?

Alberto: Es eventual o que te toque la mala suerte de que tengas que ir a cargar al lugar donde ellos tienen el viaje.  Lo hacen al azar, no es que tú como trailero estés trabajando para ellos sino que ellos llegan y te dicen “necesito que me hagas este viaje, ya está todo arreglado, vete”. No te dicen vas por migrantes’, tú andas en el trabajo.

 

¿Nunca sabes?

Alberto: No, nunca sabes si te toca la mala suerte del viaje y pues ni modo, lo tienes que hacer.

 

¿Cómo fue la primera vez que hizo uno de estos viajes con migrantes?

Alberto: Estábamos en un pueblo de Michoacán cargando fruta y estábamos en el patio. Llegó una persona en una camioneta y nos preguntó para dónde íbamos y le contesté que para otro pueblo en Tamaulipas. Me pregunta: “¿Dónde está?”. Le contesté que era cerca a Río Bravo. Y me dijo que necesitaba que le hiciera un viaje, que todo estaba arreglado y que no pasaba nada…A sí te empiezan a echar un rollo y pues uno empieza a temblar por dentro, pensando lo peor, la primera vez que nos pasó, la verdad, veníamos muy asustados y con el temor de que no saliéramos de esa.

 

¿Cuánto ofrecieron esa vez?

Alberto: Mil por persona.

 

¿Y cuántos traían?

Alberto: Traíamos 62** personas.  Traíamos un vacío muy feo en la boca del estómago, un miedo porque no sabes cómo funcionan esas cosas; nunca me había tocado hacer algo así.  Crees que no vas a salir de eso.

 

¿Y qué fue lo peor? 

Alberto: El retén de los soldados fue el lugar donde creímos que nos iban a detener. Los nervios te traicionan. El Ejército te para y te dice: “¿para dónde vas?, ¿de dónde vienes?, ok, detente, te vamos a revisar”. Ya tú le dices, ‘¿sabes qué pasa?, esto y esto’. Te la regresan y te dicen que hables por teléfono y marcas al número y les dices que te detuvieron en tal parte. Te dicen que le pases al oficial y así ya ellos hacen ahí su transa y ya nada más el oficial viene y te dice que puedes avanzar. Pero fueron momentos que pensamos que íbamos a ir a parar a la cárcel o no sé. Piensas en todo, en la impotencia de que no puedes hacer nada, de que si ahí se acabó ya tu libertad.

 

¿El teléfono se lo dan los organizadores y desde ahí llama cuando hay retenes?

Alberto: Si.

 

¿Cuando terminó el viaje, la entrega, qué sintió?

Alberto: Sentí el miedo del siguiente viaje, de pensar si a dónde vas a ir te van a estar esperando otra vez.  Empiezas a platicarlo con los demás compañeros y ya sale quien te dice “oye no, no te pasa nada, a mí me pasó ya esto y al otro y al otro” y ahí es done ya te liberas, donde dices ‘ok, bueno no va a ser todos los viajes’.

 

¿Están enterados por lo general los dueños de las líneas de transporte? 

Alberto: Los “coyotes” se comunican con el de movimientos, una persona que se encarga de conseguir los viajes. Esa persona está al pendiente de si tú le marcas, por ejemplo, como chofer de ellos, y le dices ‘necesito que me mande gastos porque ya no traigo para la comida’.  Él está encargado de los choferes, de decirles hoy te toca ir a cargar a Silao, hoy te toca ir a cargar a Apatzingán, a diferentes partes.  Entonces la llamada es para esa persona, “¿sabes qué?, tu tráiler va de regreso, no lleva la carga porque pasó esto, y esto”.

 

Entonces el trato no es con el dueño de la línea sino con el que programa los viajes…

 Alberto: La línea no trabaja para ellos sino que ellos (los coyotes) aprovechan el viaje del tráiler para que todo circule normalmente, porque si ellos se roban el trailer pues la línea lo reporta. Entonces ahí ellos corren más peligro de que los agarren por el robo.
 

¿Puede ser empleados de esa línea de transporte dueña de los tráileres los que coordinan? 

Alberto: Así es. El dueño solo recibe su dinero. Como en todas las empresas, hay encargados de diferentes áreas y ellos se encargan de los viajes, del combustible, de los gastos del chofer.  No sé si al hablar con esos encargados, se les ofrezca alguna cantidad para que no digan nada. Ahí sí desconozco.

 

¿Por qué cree que el paso de migrantes no se acaba en México?

Alberto: Porque es un negocio muy jugoso para los cárteles, se podría decir que ya le ponen más atención a los migrantes que a la droga.

 

¿Y el gobierno?

Alberto: El gobierno lo sabe, la mayoría paga la llamada cuota para poder pasar.

 

¿Sucede que un cártel detenga a alguien que está llevando migrantes bajo el control de otro cártel?

Alberto: Esto prácticamente no sucede pero ha habido algún caso o dos. Por eso están las llamadas plazas, porque ellos tienen controlados esos tramos y pueden circular libremente

 

¿Cómo se avisan entre ustedes los traileros de que llevan una carga?

Alberto: Hablas con el compañero y le dices: “Me tocó la de malas y vamos cargados sin carga”. Te dicen que vayas con cuidado y que ya sabes lo que tienes que hacer, que no te arriesgues, que trates de hacer todo lo posible para no tener ningún problema.

 

Obviamente la familia no lo sabe…

Alberto: No, no lo sabe.

 

¿Hay opciones de salirse de esa actividad?

Alberto: La ventaja, por así decirlo, es que no estamos dentro; no siempre te toca porque no eres un chofer de ellos. Es eventual, es casual que te toque un viaje así. Igual pasa lo mismo con la droga, con el cristal, te hacen operar de la misma forma.

 

¿Al azar?

Alberto: Sí, ellos llegan ahí contigo y te dicen: “Hey, te vamos a cambiar las pilas del trailer llegando a Matamoros, ahí va a estar una persona esperándote, tú le vas a entregar las pilas y él te va a entregar otras pilas para tu camión”. Casi normalmente te las cambian todas. Las cuatro pilas son grandes. Te dicen: “Si llegas con la carga te vamos a dar 50, 80, a veces 100 mil”, a veces más, dependiendo el valor de la carga.

 

¿De cada diez viajes que se hacen en este sentido, ¿cuántos calcula usted que son de migrantes y cuántos son de droga?

Alberto: Vamos a suponer que te toque la de malas, en esos diez viajes puedes echar dos de migrantes y uno de droga. Y los dos de migrantes tendrán 50 o cien personas cada uno. 

 

¿Por qué Migración no los detiene? 

Alberto: Lamentablemente de nada nos sirve Migración; de nada nos sirven los soldados, si no pueden detener este tráfico porque para ellos es tráfico y es ganancia. Con eso ellos alimentan todo lo que tienen, sus armas, todo del tráfico de personas.

 

Nota: Esta alianza periodística envió un cuestionario al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Sedena para que respondieran a estas acusaciones que hace Alberto y otros testigos entrevistados. También les pedimos información sobre el número de funcionarios investigados y/o despedidos de sus instituciones por prácticas corruptas. Hasta el cierre de esta edición no habíamos obtenido respuesta del INM ni de la Guardia Nacional. Sedena respondió que “esta Secretaría de Estado carece de facultades para intervenir en el asunto que plantea”, y nos pidió dirigirnos a la Fiscalía General de la Nación o al INM.

 

*Alberto no es el nombre real del trailero. Lo cambiamos para proteger su identidad por razones de seguridad.

 

**El número de migrantes que llevó Alberto en su primer viaje está cambiado para proteger su identidad.

Tráileres: una trampa para migrantes

Una investigación coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), EnUn2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México). Revisión y asesoría legal: El Veinte

El 9 de diciembre de 2021, en una carretera en el estado mexicano de Chiapas, se volcó un tráiler en el que viajaban unas 200 personas buscando el sueño americano; 56 de ellas murieron. Al seguir esta tragedia, una alianza periodística transfronteriza descubrió la historia de cómo criminales organizados les cobran a los migrantes pasajes exorbitantes por embutirlos, como mercancías, en estas cajas de acero y crean  a su paso una larga estela de corrupción. El corredor central chiapaneco, con dos pasos fronterizos principales, es el preferido para este tráfico brutal de personas en tractocamiones. Miles de migrantes de más de veinte nacionalidades han viajado como fantasmas hacia el norte. Solo se vuelven visibles cuando se accidentan o se mueren.

 

Por Ángeles Mariscal (Chiapas Paralelo) , María Teresa Ronderos y Àngela Cantador (CLIP),  Jody García (Plaza Pública), Brenda Medina (ICIJ) y Ronny Rojas (Telemundo). Ilustración: Alejandra Saavedra López

 

Sobrevivientes guatemaltecos del accidente ocurrido en Chiapas, México, el 9 de diciembre de 2021 identificaron a  “los chiapanecos”, como las personas que llegaron a sus comunidades a ofrecerles sus servicios de transporte a Estados Unidos. También ellos coordinaron su viaje en tractocamión, el cual se hizo noticia nacional por su saldo fatal de 56 personas muertas y 113 heridas. Otras de las víctimas declararon que los oyeron hablar en dialecto indígena. 

 

Los testigos, quizás sin saberlo, estaban señalando al Cártel de Chamula, integrado principalmente por indígenas tzotziles originarios del pueblo de San Juan de Chamula en los Altos de Chiapas. Este cártel es quien ejerce el control migratorio real del corredor central de ese estado fronterizo con Guatemala. Así lo confirmó Jorge L, ex funcionario federal experto en migración, que habló con esta alianza y prefiere no dar su nombre real por razones de seguridad. El gobierno apenas había reconocido a ese cártel como grupo criminal en noviembre de 2021, poco antes del accidente del 9 de diciembre.

 

Desde los años noventa, muchos tzotziles de Chamula se hicieron conocedores de las rutas a través de su propia experiencia, pues ellos mismos se contaban entre las comunidades más numerosas de migrantes a Estados Unidos. Eso quedó en evidencia porque en ese entonces ellos encabezaban las listas de deportados de ese país.   

 

“Si tú lograste llegar a Estados Unidos como indígena tzotzil Chamula, pues claro que regresabas a tu comunidad y querías llevarte a más familia, entonces comenzó una dinámica un tanto como, pues como moral, ética, por así decirlo, de compartir la riqueza”, dijo un experto esta región que por seguridad prefiere que no se revele su nombre.  Después, explica, la propia gente le fue pagando a esta persona, “y esto comenzó a generar esta historia de los polleros (traficantes) de Chamula, pero que el inicio tiene que ver más bien con un intercambio y de fortalecer a la propia comunidad”.

 

Luego de que el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón declarara la guerra contra el crimen organizado en 2006, decenas de narcotraficantes condujeron a sus familias a zonas más tranquilas del país a dónde protegerlos, como fue el caso de Chiapas.

 

El Cártel de Sinaloa que llegó del norte  “se topó con el fuerte sentido comunitario y de control del territorio de Chamula (…) aquí el cartel somos nosotros, dijeron los Chamulas y pactaron las condiciones de paso”, dijo Jorge L. Según él, con este nuevo respaldo del cártel nacional, los Chamula ganaron en infraestructura y fuerza.  

 

También sucedió que la clientela creció enormemente. Los centroamericanos salieron en masa de sus países luego de la devastación económica provocada por el huracán Mitch en 1998. Después vinieron otras oleadas empujadas por la pobreza, el cambio climático y la violencia en Centroamérica. Para contenerlos,  las políticas de Estados Unidos y de México se endurecieron. Los republicanos –bajo la presidencia de Donald Trump – convirtieron la migración y la xenofobia en el centro de su política. 

 

Cruzar esta frontera, más bien simbólica, que empezó a existir en 1824, cuando Chiapas dejó de ser parte  de la Capitanía General de Guatemala, se volvió difícil,  recorrer el territorio hacia Estados Unidos también. Y a mayor dificultad, mayor lucro.  Los traficantes vieron los cruces de gente, antes parte de la vida cotidiana, con ojos de negocio.

 

Con esa transformación, lo que había sido gestos de solidaridad de la comunidad tzotzil que le ayudaba a otras familias de su etnia a pasar como hormigas una frontera flexible y porosa en auto o pequeñas camionetas, se convirtió en un comercio semi-industrializado en tractocamiones, principalmente por el corredor central.

Los pasos de migrantes por la frontera entre Guatemala y México son diversos y van desde el sur, por Ciudad Hidalgo a Tapachula, hasta el norte, por la frontera selvática en El Ceibo. Hasta ahora se han detectado tractocamiones llevando a migrantes sobre todo en los pasos del corredor central, por Ciudad Cuauhtémoc o Carmen Xhán. Ilustración: Alejandra Saavedra López

Según los registros que envió el Instituto Nacional de Migración (INM) en respuesta a peticiones de información que hizo este equipo periodístico, en cada tráiler llevan centenares de personas.  Un sólo, por ejemplo, registrado a fines de 2021, llevaba 468 migrantes. Con tantos seres humanos apeñuscados, algunos de pie sin de dónde agarrarse, la muerte acecha en cualquier sobresalto o falla mecánica. Es una trampa. 

 

Un suceso reciente revela que esa fuerza Chamula hoy rige el tráfico de migrantes en ese corredor fronterizo. El 2 de marzo pasado, personas que fueron identificadas como originarias de Betania, bloquearon la carretera a Tuxtla Gutiérrez, en protesta porque pobladores vecinos habían retenido a tres hombres de su comunidad, según reportó la prensa. Los vecinos informaron que sí tenían a los de Betania porque iban armados y estaban usando su territorio como paso para traficar a personas migrantes. 

 

Sin embargo, documentos filtrados por Guacamaya de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) revelan que en los últimos años hay otros grupos disputándose el tráfico de migrantes en esa frontera. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluso integrantes de maras salvadoreñas tienen presencia en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y en San Cristóbal, la ciudad más turística del estado. En 2023, en ese estado, las disputas armadas entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa casi se cuadruplicaron en comparación con 2022, según reportó el proyecto ACLED que sigue los datos de los conflictos armados en el mundo.

 

Estos son algunos de los hallazgos de una investigación transfronteriza para la que se aliaron Noticias Telemundo, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Pie de Página y sus aliados Chiapas Paralelo en Chiapas, En un 2×3 de Tamaulipas y periodistas en Veracruz,  Contracorriente en Honduras, Plaza Pública en Guatemala, ICIJ para República Dominicana y Bellingcat.

 

Esta alianza –luego de cerca de 25 entrevistas con expertos y autoridades, múltiples peticiones de información por ley de transparencia, búsquedas en fuentes abiertas y reporteo con protagonistas y viajeros en México, Estados Unidos, Guatemala y República Dominicana –estableció que el auge del tráfico de personas en tractocamiones también se debe a que las redes criminales se articulan hoy de manera sofisticada y transnacional, aprovechando que el intenso comercio de mercancías de México hacia Centroamérica se mueve en estos vehículos. Así lo relata     el reportaje central de esta investigación. 

 

Este capítulo de la investigación periodística se centra en la región fronteriza entre Guatemala y el estado de Chiapas. Sólo para tener una idea del volumen de mercancías que se mueve allí, según el SAT mexicano en 2016, 128 mil vehículos de carga cruzaron la frontera solo por la aduana de Ciudad Hidalgo, al sur de Chiapas. Al entrar a México de regreso, sólo a unos pocos de éstos camiones ya sin carga, les suben contenedores para que lleven migrantes decididos a hacerse una vida nueva en Estados Unidos.

 

En el registro de los únicos 21 tráileres que detectó el INM en casi 5 años (entre 2019 hasta septiembre de 2023) en Chiapas porque los revisaron, se vararon o se accidentaron, encontraron 3356 hombres, mujeres y niños provenientes sobre todo de Centroamérica, pero también de Ecuador, Haití, Cuba, República Dominicana, India y Bangladesh, entre otras nacionalidades.

De esos viajeros migrantes, el INM informó por escrito a este equipo periodístico, que 80 murieron en Chiapas. La cifra puede tener subregistro porque una base de datos construida por este equipo periodístico, con reportes públicos del mismo INM y notas de prensa, arroja un número menor de migrantes encontrados, pero uno mayor de muertos. Esta última registra que, desde octubre de 2018 y hasta noviembre de 2023, al menos 100 personas han muerto solamente en Chiapas, cuando intentaban cruzar México en tráileres.  

 

El accidente

 

Dulce Soto, madre de seis hijos y abuela de Yuniel Báez, contó sentada en terraza de su casa de Cañafistol, un pueblo de 8 mil habitantes en la provincia de Peravia, en República Dominicana,  que esos días de diciembre, ella y su nuera pasaron pegadas al televisor y en los teléfonos revisando videos y grupos de Whatsapp, atentas a las noticias del accidente en Chiapas. Al segundo día sin noticias de Yuniel, ella y la novia de su nieto vieron en un video su cuerpo tirado en el pavimento, con un pantalón de rayas naranja “!Ese es Yuniel, es él!”, dijo Dulce, y la novia asintió. El muchacho tenía 23 años. Se abrazaron llorando. 

 

La tragedia ocurrió a las 3:23 pm del 9 de diciembre de 2021, a unos 224 kilómetros frontera adentro de México desde Guatemala. El tractocamión había pasado tres minutos antes por el peaje de Chiapas de Corzo, en la vía que comunica con la capital del estado mexicano de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. El conductor del tractocamión –quien iba con las “mejillas ruborizadas y los ojos dilatados”, como lo describió uno de los sobrevivientes— tomó una curva a más de cien kilómetros por hora y se volcó. Salieron volando decenas de personas que venían escondidas en su caja. Murieron allí  11 dominicanos, casi todos provenientes  de la misma región de la isla que Yuniel; y 42 guatemaltecos, según confirmaron las autoridades de esos países a esta alianza periodística.

 

“Yo lo crié como a un hijo, lo único que me quedó de mi hijo”, dijo Dulce a la periodista de esta alianza que la visitó en su casa en abril de 2023. El papá de Yuniel, había muerto de 21 años camino a Puerto Rico en una yola. Desapareció en el mar. “Aquí vino y me entregó a su hijo con una camita y hasta su sábana y me dijo ‘cuídamelo hasta que yo vuelva’”.

 

Su cadáver llegó el 24 de diciembre al pueblo. También devolvieron el cadáver de un vecino el 25 de diciembre. “Imagínate, eso era una tristeza, un velorio aquí y un velorio allá”, recordó Dulce. Se consuela con que «al menos a éste (Yuniel)  lo tengo aquí y lo puedo ir a ver, pero a mi hijo se lo tragó el mar, nunca supe de él». Otros dos de sus hijos ya se fueron a Estados Unidos por Puerto Rico o por México.

Foto: Brenda Medina Ramírez

El primo de Yuniel salió herido en el accidente y fue devuelto a República Dominicana. Se quedó allá hasta que sanaron sus huesos rotos. Pocos meses después tomó de nuevo el camino hacia Estados Unidos a través de México y esa vez, consiguió llegar. Dicen que está en Nueva York. 

 

En la aldea Xenimaquin, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango, en Guatemala vive Paulino Quirá, quien perdió a su hijo Marcos Gabriel de 19 años en el accidente. Se comunicó con él, el cuarto de sus once hijos, el día antes. Marcos le dijo que estaba en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y que al día siguiente saldrían del pueblo. Estaba apurado. No sabía cuándo lo iban a sacar y ya quería irse. “Le dije ponte las pilas, no tengas pena, que ellos (los coyotes) saben cómo está el viaje, ellos son los que manejan”, le contó Paulino a una periodista de esta alianza que lo visitó en su casa en Xenimaquin.

“Siempre todos tenemos algo que desear –dijo Paulino – aquí realmente no se consigue nada. “Hemos visto que los que se van al otro lado siempre han logrado algo, por eso él decidió irse, pero lamentablemente no realizó su sueño. Él quería construir una casa y comprar terrenitos para sembrar. Yo soy agricultor y él deseaba eso también”.

 

Paulino contó que el viernes, al otro día del suceso, fue cuando lo llamó su nuera y le dijo que había habido un accidente y que si no estaría Marcos allí. Él le respondió:  “Esperamos en Dios que no”. Después siguió su relato: “En la tarde le puse internet al teléfono y allí vi que salieron muchas fotos y reconocí que él estaba allí, por sucorte de pelo y un poco del lado de su cara”. 

Foto: Jody García

La madre de Marcos Gabriel sigue extrañando  a su hijo

 

Aún hoy, dos años después del accidente, se desconoce una cifra cierta de cuántos pasajeros iban con Marcos, Yuniel y su primo. Un sobreviviente dijo en entrevista con la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH) que investigó el caso, según consta en el expediente de esta dependencia, a cuya copia pública tuvo acceso esta alianza, que iban unas 300 personas. Otro más explicó que escuchó al organizador decir que eran 210 los viajeros en ese tráiler. 

 

Cuando los cuerpos de socorro llegaron a la escena del accidente, vieron irse a muchos de los pasajeros sobrevivientes. Los registros oficiales de INM, obtenidos por ley de transparencia por esta investigación, registraron apenas a  111 viajeros, aunque la CDNH constatara un número mucho mayor, pues solamente contando los afectados eran 169.

 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó a esta alianza, venían allí  143 ciudadanos de Guatemala. La CNDH dijo en su informe que eran 148 los guatemaltecos,  heridos y muertos y que 16 de República Dominicana, tres de Ecuador, uno de El Salvador y un joven de Colombia, a quién la fiscalía luego señaló como posible integrante de la banda traficante. 

 

“Teníamos esperanza de darles algo mejor a nuestras familias, por eso salimos (…) ahora con el accidente ¿con qué vamos a regresar a la comunidad?”, había dicho horas después del volcamiento a Chiapas Paralelo, un medio aliado de esta investigación, Florentín Yatpop de 32 años, campesino  jornalero originario de Izabl, Guatemala,  quien perdió a su amigo Santiago Bolom, de 46, en el accidente. 

 

Yatpop estaba rezando en un centro de salud donde se recuperaba de las heridas, cuando  los periodistas se acercaron a entrevistarlo. “Nos dijeron (los traficantes) que íbamos a ir en unos buses, no en tráiler. Cuando daba las curvas no teníamos de dónde agarrarnos. Cuando chocó se golpearon más fuerte los que iban parados, la cabeza golpeó, creo que por eso murió tanta gente”.

 

A Dulce, su nieto Yuniel la llamó cada uno de los seis días que estuvo viajando antes de caer en el tractocamión. Le dijo que había volado desde República Dominicana a otro país antes de entrar por tierra a México. La abuela no supo qué país era.

 

Paulino viajó a México a buscar el cuerpo de su hijo. Indagó en los hospitales y en la Cruz Roja le dieron un listado de fallecidos, pero su hijo no figuraba. Al final, y después de pasearlo por muchas oficinas, le hicieron  una prueba de ADN y le confirmaron que su hijo estaba entre los muertos. 

 

“Los únicos que nos echaron la mano en México fueron unos periodistas y otras personas que también estaban buscando a sus familiares, tuvimos que caminar mucho y luego me dijeron que regresara a mi casa”. El alcalde de Xenimaquin le prometió que le enviaría el cuerpo de Marcos. Como a los diez días llegó.

 

Florentín Yatpop, y otra sobreviviente (esta menor de edad) contaron que los llevaron desde sus lugares de origen en transporte público, hasta el paso fronterizo entre Chiapas y Guatemala, conocido como La Mesilla – Ciudad Cuauhtémoc; otros, que los cruzaron por la comunidad Carmen Xhán, un poco más al norte. En todos los casos, llegaron a un pueblo donde, como dijo uno de ellos, “había un gran terraplén, había varios tráileres (…) algunos hablaban un dialecto indígena”, y que ahí a un primer grupo lo subieron a un tráiler, pero que era tal la cantidad de migrantes, que a ellos los subieron al segundo, el cual se accidentó.

En Nicaragua está prohibido que funcionarios nombren a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las instituciones que dirigen, pero esto no impide que la familia Ortega-Murillo colme las instituciones del Estado ni que se premie a familias allegadas y leales a la pareja presidencial en la Corte Suprema, la Policía, el Ejército y el servicio diplomático. 

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

 

Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, ahora apunta al espacio. Este 19 de marzo de 2024 despidió en Managua a una delegación del Centro de Cooperación Internacional del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo, adscrita a la Administración Nacional Espacial de la República Popular de China, después de firmar acuerdos de cooperación que, entre otras cosas, mete a “Nicaragua en la competencia” por llegar a la luna. Sí, es decir al espacio exterior, a pesar que este pequeño país centroamericano no cuenta ni con un ápice de capacidad técnica, científica ni mucho menos económica para la cosmonáutica. Donde ni siquiera existe un centro de investigación en materia interestelar o un gobierno que tampoco pudo orbitar un satélite que prometió. 

 

Pero Laureano Ortega Murillo celebró los acuerdos espaciales con la agencia china en un contexto en el que el gigante asiático, entre 2022 y 2024, ha formalizado “alianzas estratégicas” desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió relaciones con Taiwán en 2021 y abrazó al gobierno de Xi Jinping. El hijo de la pareja presidencial –siempre vestido en trajes impolutos y con su rolex en una de sus muñecas– es quien se ha encargado de gestionar la nueva relación diplomática entre Managua y Pekín. Una relación que, más allá del simbolismo político y pugnar con Estados Unidos, no ha dejado mayores réditos económicos a Nicaragua. 

 

Lo más notable es un tratado de libre comercio firmado con China en diciembre de 2023 y que, según cifras oficiales, no compite ni por cerca con el intercambio comercial de Managua con su principal socio comercial: Washington. Por ejemplo, en la primera mitad de 2023, las exportaciones a China fueron de 6,7 millones dólares. Mientras que en el mismo periodo de tiempo las exportaciones de Managua a Estados Unidos alcanzaron casi los 1.000 millones de dólares.

 

Laureano Ortega Murillo no sólo es la figura sandinista más notable entre el asocio China-Nicaragua, sino que desde el año 2012 –cuando sus padres lo nombraron “asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional”– ha sido “el hombre” que trae y anuncia “grandes” proyectos para Nicaragua. La mayoría de ellos panaceas fallidas, como el “Gran Canal Interoceánico” que se le concesionó a un empresario chino desconocido y luego caído en la quiebra llamado Wang Jing. El hijo de la pareja presidencial también prometió un satélite (Nicasat-1) que nunca orbitó… y una ruta aérea directa entre Roma-La Habana-Managua que nunca terminó de despegar. Lo único que consiguió el asesor presidencial en materia de inversiones fue la inauguración en 2017 de un laboratorio ruso para producir vacunas en Managua.

Laureano Ortega Murillo (derecha foto) firmando acuerdos en nombre de Nicaragua con la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA). Foto tomada de Presidencia | El 19 Digital.

En diciembre de 2023, sus padres le otorgaron a Laureano Ortega Murillo nuevos poderes de facto: viajó a Moscú y firmó acuerdos de Estado “en nombre y representación del gobierno de Nicaragua”, sin que él tenga un cargo ministerial. Una atribución sin sustento legal, pero en un régimen de corte totalitario y familiar como el de los Ortega-Murillo la legalidad es lo que menos importa: desde que los Ortega-Murillo regresaron al poder en 2006 destruyeron la institucionalidad en Nicaragua, arrasaron toda oposición y neutralizaron con brutal violencia las protestas del año 2018, inaugurando una fase de partido único que ha exiliado a más de un millón de nicaragüenses. 

 

En los últimos dos años, Laureano Ortega Murillo ha dividido su pasión como tenor de ópera con una repentina y cargada agenda de actividades públicas y políticas. Fuentes sandinistas coinciden que sus padres lo han elegido a él como “el delfín” para perpetuar el régimen. La sucesión en este tenor de 41 años de edad.  

 

Incluso, en diciembre de 2023, durante un encuentro con una delegación del partido comunista de China, Laureano Ortega Murillo se presentó como “representante especial del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”… Es decir un cargo que únicamente ha ocupado su padre en la historia del partido. Sin embargo, más allá de las suspicacias de una eventual transición en el tenor y asesor presidencial en materia de inversiones, su figura refleja a cabalidad el estilo nepotista del régimen de sus progenitores. También sus hermanos y hermanas ocupan cargos creados para ellos por el Ejecutivo. Una práctica que también se repite en otras instituciones estatales nicaragüenses, en las cuales al menos siete familias de entera confianza de los mandatarios llenan puestos con familiares y allegados. 

 

 

Camila, Payo, Luciana y las nueras

La familia Ortega-Murillo completa en la celebración de la tradicional Gritería en diciembre de 2023. Foto de tomada de Presidencia | El 19 Digital

La pareja presidencial Ortega-Murillo tiene nueve hijos. Ocho de ellos tienen rango de asesores presidenciales, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad que son beneficiadas con contratos estatales. Una de las más visibles es Camila, quien a primera vista es la asistente en los eventos oficiales de su madre, la “copresidenta” Rosario Murillo. Pero la joven, quien dirige Nicaragua Diseña (una especie de semana de la moda), fue llevada en 2015 a la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en calidad de “asesora presidencial”, junto a su hermana Luciana, la menor de los hermanos. 

 

Camilia recibe fondos del Ministerio de Turismo para realizar Nicaragua Diseña, su hobby predilecto: Por ejemplo, sólo en 2016, Nicaragua Diseña recibió de esa institución 1 millón de córdobas para la contrataciones de salones de eventos y alimentación, y también financió el hospedaje de participantes internacionales, un dato que Intur no precisa. Dirige con sus hermanos Maurice y Luciana Ortega Murillo Canal 13, un medio que recibe jugosas pautas publicitarias del Estado: La compañía Celeste Sociedad Anónima (Celeste S.A.), mejor conocida como Canal 13, ha sido beneficiada con contratos estatales cuyos montos totalizan desde el año 2015 a 2021 18,881,750.90 córdobas (539,478.597 dólares).

 

El cinco de septiembre de 2019, después de las masivas protestas sociales que el gobierno desarticuló con brutal violencia de policías y paramilitares, Camila se estrenó como “coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa”, un ente “conformado por orientaciones de la Presidencia de la República”.

 

La “Comisión Nacional de Economía Creativa”, de acuerdo a sus objetivos, promueve “la creatividad, la innovación y el emprendimiento como motores del desarrollo social, económico y cultural”. Sin embargo, hasta ahora, lo que ha logrado la comisión es crear un evento anual llamado Nicaragua Emprende. Como directora del evento nombraron a la ex miss Nicaragua Xiomara Blandino, esposa y madre de uno de los hijos de Juan Carlos Ortega Murillo, el quinto hermano del clan.

Juan Carlos Ortega Murillo junto a su hermana Camila en un evento diplomático antes de las protestas de 2018. Foto de archivo de Carlos Herrera | Divergentes.

Juan Carlos es un rockero empedernido y director de Telenica Canal 8. Fuentes sandinistas refieren que es el preferido de la “copresidenta” Murillo, a tal punto que ella declaró en 2010 en un reportaje de la revista Magazine que él era la “reencarnación” de Agusto César Sandino, la figura hagiográfica del FSLN. No obstante, la combustión política de Juan Carlos se diluyó y su hermano Laureano es el que ha tomado más perfil de cara a una eventual sucesión. 

 

Antes de estar casado con Blandino, Juan Carlos fue esposo de Idania Castillo, una de las nueras más apreciadas por Murillo. Castillo es la actual directora de la Cinemática Nacional y encargada de coordinar la relación del gobierno con los medios de prensa internacionales. 

 

Las fuentes sandinistas insisten que los hermanos Ortega-Murillo son controlados absolutamente por su madre, a tal punto que todos viven en El Carmen, el enorme complejo residencial ubicado en Managua donde, de facto, funciona el despacho presidencial, la secretaría nacional del FSLN y la vivienda de los mandatarios. El Carmen tiene como núcleo la casa que la revolución sandinista le confiscó en los años ochenta al banquero y ex vicepresidente Jaime Morales Carazo. El matrimonio se afincó en ella y con el tiempo la ampliaron hasta que se tragó varias cuadras a la redonda, entre ellas siete casas ajenas, calles y un pequeño estadio en el que Ortega solía ejercitarse cada mañana antes de regresar al poder en 2006. En la actualidad el complejo ocupa dos manzanas, es decir 1.4 hectáreas que son protegidas por un dispositivo de policías y militares que gastan 263 millones de córdobas anuales. 

 

En la actualidad, el complejo es una fortaleza custodiada continuamente por agentes especiales de la policía y el ejército. Dentro de sus paredes habitan siete de los hermanos Ortega Murillo con sus respectivas familias en distintos departamentos, administrados por una especie de institutriz llamada Sandra Guevara, y quien responde únicamente a la “copresidenta”.

 

Los otros hijos de la pareja presidencial que residen en El Carmen son Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Maurice y Luciana. Aunque no son caras tan conocidas como Juan Carlos, Laureano y Camila, ellos tienen bajo su responsabilidad la dirección de los canales de televisión oficialistas 13, 2 y 4. Lo único disponible luego de que el régimen suprimiera los canales privados. Daniel Edmundo fue nombrado en enero de 2022 como Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un despacho que controla a cabalidad su madre.

Maurice Ortega Murillo junto a sus hermanas Luciana (izquierda) y Camila (centro). Foto tomada de redes sociales.

La esposa de Daniel Edmundo es Mara Stotti y quien se desempeña como directora de Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), a pesar que no se le conocen credenciales académicas y profesionales en esas lides y su hoja de vida no es disponible al público. Otra de las nueras de la pareja presidencial es Katherine Argeñal, esposa de Carlos Enrique. Según una investigación de Connectas, Argeñal  es la gerente general de DNP-Petronic, la empresa estatal encargada de la distribución de petróleo en Nicaragua, que cuenta con oficinas propias pero cuyas decisiones son controladas enteramente por la pareja presidencial. 

 

Otra de las nueras de la pareja presidencial que el Estado emplea en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es Karen Santamaría, esposa de Laureano Ortega Murillo. Mientras que una de las uniones más importantes la representa Blanca Díaz Flores: ella es hija del comisionado general y jefe de la Policía Nacional, Fransisco Díaz Madrid, un leal a la pareja presidencial. Blanca Díaz figura como asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 

 

Rafael Ortega Murillo, mejor conocido como “Payo”, es el que más independencia tiene de los hermanos de la pareja presidencial. No solo porque es el único que vive fuera de El Carmen y por lo tanto más alejado del control de su madre, sino por el giro de sus actividades. Sancionado por Estados Unidos como su madre y su hermano Laureano, el Departamento del Tesoro de ese país señaló a “Payo” en diciembre de 2019 como “administrador de dinero clave detrás de los esquemas ilícitos de la familia Ortega”. “Rafael y las compañías que posee se usan para lavar dinero para apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

 

Payo es hermano de padre y madre de Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 denunció por violación sexual a su padrastro Daniel Ortega. Zoilamérica es la única del clan alejada, ya que vive exiliada en San José, Costa Rica. ‘Payo’ sirve lealmente a su padrastro desde los años 90: en aquella época, aseguran fuentes allegadas a la familia, se encargaba de repartir dinero entre los que montaban las protestas contra el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Tras la llegada al poder de Ortega en 2006, él se convirtió en el negociante de la familia: ha estado a cargo de la compra de hoteles como el famoso Seminole en Managua, y que después de 2018 quebró. También de fincas, ganado y ha fungido como asesor presidencial en varios países. Pese a la sanción estadounidense, todavía está al frente de la distribución de petróleo en Nicaragua. Es la mano derecha del presidente Ortega en los negocios. Mientras que su exesposa, Yadira Leets Marín se encargaba de manejar Inversiones Zanzíbar y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP-Petronic).

'Payo' Ortega (derecha) recibe en Nicaragua al hermano mayor de HugO Chávez, Adán Chávez (derecha), en diciembre de 2016. Foto tomada de Presidencia | El 19 Digital.

Una investigación del medio Confidencial reveló en febrero de 2022 que los salarios “oficiales” de la familia Ortega-Murillo rondaban, en conjunto, los 67 mil 500 dólares mensuales. Basado en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y el análisis de escrituras del Registro Mercantil de Managua, la investigación encontró que seis de los nueve hijos de la pareja presidencial registra los salarios reportados al Seguro Social e incluye como fuente de los mismos a entidades públicas en al menos ocho casos, sin incluir al presidente y la vicepresidenta. “El resto de los sueldos registrados se derivan de empresas privadas pertenecientes a la red de negocios de la familia Ortega Murillo”, recoge el medio de comunicación confiscado por el régimen. 

 

En Nicaragua,  la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, número 438, inhabilita para ejercer esas funciones a los familiares de la pareja presidencial. La normativa establece que en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias no se puede nombrar personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento y con la persona de donde emane esta autoridad. Un estatuto que es violado por la Presidencia y otras instituciones públicas. 

 

 

Los sobrinos de la “la compañera”

Rosario Murillo y Daniel Ortega han construido un Estado plagado de familiares y leales, que les permite mantener el control total de Nicaragua. Foto de Carlos Herrera | Divergentes.

Sabra Murillo Centeno y Álvaro Murillo Centeno son sobrinos de la “copresidenta” Rosario Murillo. Ellos tuvieron un ascenso meteórico en el servicio de exteriores dado, coinciden fuentes diplomáticas, a su parentesco con la primera dama, vicepresidenta y segunda al mando del régimen. 

 

Sabra Murillo Centeno se graduó como arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el año 2005. Según su perfil de LinkedIn, desde 2012 trabajó como analista de proyectos para Alba Petrocaribe-Caruna, una de las subsidiarias de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), entidad sancionada por Estados Unidos por presunto lavado de activos. Ella fue nombrada en enero de 2020 como ministra consejera en la embajada nicaragüense en Austria. 

 

En febrero de 2021, Sabra Murillo Centeno también fue nombrada como embajadora plenipotenciaria de Nicaragua en Austria y Serbia. Además es representante permanente ante la ONU en Viena (ONUV), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC) y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), mediante los acuerdos presidenciales No. 28-2021 y No. 29-2021.

 

Y para finalizar, Álvaro Murillo asumió el 4 de marzo de 2021 como embajador ante Suiza. A finales de febrero de ese mismo año asumió el cargo de representante permanente con rango de embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), igualmente ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el año 2020, Álvaro tuvo el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Ginebra. 

 

 

La “barrida” de los familiares de la magistrada Ramos

La magistrada Alba Luz Ramos (camisa negra) saluda a Rosario Murillo, con quien siempre mantuvo una relación tensa. Foto tomada de Presidencia | El 19 Digital.

Hasta noviembre de 2023, la magistrada Alba Luz Ramos ostentaba casi todo el poder en el Poder Judicial de Nicaragua. Sin embargo, fue defenestrada después que la “copresidenta” Murillo ordenó una purga sin precedentes en ese Poder del Estado que, supuestamente, desmanteló una red de corrupción. Más de mil funcionarios judiciales fueron despedidos no solo en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino en todas las oficinas judiciales a nivel nacional.  

 

Entre los despedidos figuran once familiares directos de la magistrada Ramos, quienes ocuparon diferentes cargos. Por ejemplo, María Alejandra Ramos era la asistente ejecutiva de su mamá. Cinco de los sobrinos de la magistrada Ramos eran jueces. Otros yernos y familiares fungían como odontólogos forenses y cargos administrativos en la CSJ. 

 

En la barrida ordenada por Murillo ni siquiera se escapó el primogénito del presidente Ortega: Camilo Daniel Ortega Herrera, hijo del caudillo sandinista con la exguerrillera Leticia Herrera. Él no vive en el círculo de El Carmen, pero era director de la División de Informática Registral del Poder Judicial. 

 

Otra investigación de Connectas revela que otra familia de confianza de los Ortega-Murillo es la de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos. Porras es un hombre de total confianza y lealtad probada con la pareja presidencial. Su poder se gestó en los sindicatos, primero en la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) y luego como Coordinador Nacional del Frente Nacional de Trabajadores (FNT). 

 

“Su hija, Sonia Guillermina Porras Green, fue nombrada (según consta en La Gaceta) como Secretaria Adjunta de Economía Creativa y Naranja, que dirige Camila Ortega. Y Gusmara Porras, otra de sus hijas, es jefa del servicio de Ginecología del Hospital Público Fernando Vélez Paiz”, recoge Connectas. “Por su parte, el hermano del diputado, Guillermo Porras, es asesor y coordinador del Protocolo de Atención del COVID-19 del mismo hospital donde trabaja Gusmara, su sobrina”. 

 

Mientras que el jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, tiene a otras dos de sus hijas en altos puestos del gobierno sandinista. Nahima Díaz Flores es directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). En enero de 2022, Nahima fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza al ser señalada como la ejecutora de decapitar a más de una treintena de canales de televisión y radios críticas a la administración Ortega-Murillo.

 

La otra hija del jefe policial es Tania Isabel Díaz Flores, viceministra del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Pero no sólo eso, la hermana del comisionado Díaz, Haydeé Díaz Madriz es viceministra del Ministerio de Educación (MINED).

El comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz (derecha) junto a sus consuegros Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto tomada de Presidencia | El 19 Digital.

El general del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, también repite la tónica de ubicar a familiares en puestos públicos. Alma Avilés Castillo es jefa del departamento de servicio materno infantil. También los dos hijos del militar viven del Estado: Lenín Avilés Sánchez es proveedor de varios insumos de las instituciones públicas y Julio Avilés Sánchez trabaja en TELCOR como especialista de planificación del programa de banda ancha para Nicaragua. No obstante, el medio Divergentes reveló que Julio Avilés Sánchez dirigía una granja de troles –que eliminó Meta– para difundir propaganda y desinformación a favor del gobierno.

 

El nepotismo también alcanza a otras instituciones públicas, donde los funcionarios que cuentan con la “bendición” de la pareja presidencial contratan a familiares y allegados. 

 

 

Diplomacia nepotista

En el plano de las relaciones internacionales, la cancillería de los Ortega-Murillo ha encontrado una manera de premiar a sus más cercanos y leales: asignarles cargos en el extranjero, consolidando una diplomacia del nepotismo que viola la Ley No. 358 de Servicio en el Exterior de Nicaragua.  Hermanos de ministros, hijos de diputados, y familiares en primer grado de exguerrilleros sandinistas leales a la pareja presidencial son la vanguardia diplomática del régimen. 

 

El caso más representativo es el de Francisco Campbell, hermano del sancionado Lumberto Campbell, actual vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y también secretario presidencial para la Costa Caribe de Nicaragua. Francisco fue embajador de Nicaragua en Washington desde el año 2010 hasta febrero de 2024, cuando la presidencia lo removió del cargo por jubilación. 

 

Campbell se desempeñó como embajador de Nicaragua en Zimbabue de 1986 a 1990, cuando el país surafricano ocupó la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Al mismo tiempo fue embajador en Tanzania, Angola y Zambia, así como representante en el Congreso Nacional Africano y en la Organización del Pueblo del Sudoeste de África. Mientras Campbell fue embajador en Estados Unidos, su esposa Miriam Hooker funge como cónsul general y su hija Mabel Leilani Campbell Hooker, en el cargo de agregada de prensa y cultura de la embajada en Washington desde el año 2019, según el acuerdo No. 25-2019. Campbell Hooker tiene una licenciatura en Turismo y Hotelería por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Los Campbell Hooker viven en familia en Washington D.C. 

 

Otro de los hijos del exdiplomático, Michael René Campbell Hooker, es el embajador de Nicaragua en China desde mayo de 2023, pero antes estuvo como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Campbell Hooker es también ministro asesor de Ortega para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe. En mayo de 2021 presentó sus cartas credenciales que lo acreditan como Representante Plenipotenciario de Nicaragua ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

 

Uno de los casos que es no tan conocido es el de Rodrigo Coronel Kinloch, hermano de María Amelia Coronel Kinloch, quien desde 2017 funge como titular del Ministerio de Gobernación (Migob). Entre 2007 y 2016 trabajó como ministra consejera con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Panamá. La ministra Coronel Kinloch ha sido señalada desde abril de 2018 por familiares de presos políticos, quienes denuncian que ella ordena mantenerlos aislados y que se les restrinjan las visitas a sus parientes. La funcionaria es quien presentó la acusación por supuestos indicios de lavado de dinero y activos contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), caso por el cual decenas de periodistas y directores de medios de comunicación fueron criminalizados.

Las hijas del diputado Walmaro Gutiérrez en un evento diplomático, acompañando a uno de los operadores más leales en el servicio exterior de los Ortega-Murillo, Valdrack Jaentschke.

Por otro lado, las hijas gemelas del diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, también han sido premiadas con cargos en el servicio exterior recientemente. Ambas tienen 27 años. María Fernanda Gutiérrez Gaitán posee el cargo de consejera con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en la Confederación Suiza, con sede en Ginebra, según el acuerdo ministerial No. 06-2020. Es consejera de la misión permanente de la propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. En tanto, María Michelle Gutiérrez Gaitán tiene el cargo de Consejera de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, según el acuerdo ministerial No. 07-2020. 

 

Irana Venerio Fernández es una de los siete hijos del guerrillero sandinista Raúl Venerio Granera, quien fue fundador en 1979 de la entonces Fuerza Aérea Sandinista y quien fue señalado en vida por los opositores de ser “jefe de grupos paramilitares”, en el marco de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos. En agosto de 2019, lrana Venerio, había sido nombrada ministra consejera con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

 

Y hasta las viudas de los exguerrilleros alcanzan dentro la planilla de exteriores: Marcela Pérez Silva, esposa del comandante Tomás Borge Martínez, fue nombrada embajadora de Nicaragua en Perú después de la muerte de su marido, quien ostentaba este cargo. Pérez Silva tiene nueve años de ser la representante de Nicaragua en Perú. 

 

Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial:

 

“El nepotismo en Nicaragua ha sido una práctica común”

Félix Maradiaga en 2021, antes de ser arrestado por el régimen, en su casa de habitación en una entrevista con Divergentes. Foto de Carlos Herrera | Divergentes.

“El nepotismo en Nicaragua ha sido desafortunadamente una práctica común en todos los regímenes, no solo en las dictaduras, sino también en períodos de democracia”, asegura Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial y preso político desterrado por el régimen Ortega Murillo. Durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007) ocupó el puesto de Secretario General del Ministerio de Defensa, y desde entonces ha sido un personaje clave de la vida política de Nicaragua. 

 

Dirigió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), un centro de pensamiento cerrado y confiscado por el régimen sandinista. Desde el destierro, Maradiaga analiza para Redacción Regional la afectación del nepotismo en Nicaragua. “Buscando excusas que justifiquen el porqué de la contratación de familiares en el Estado, se suele argumentar que, dentro de las familias de quienes ejercen el poder, hay personas eficientes, honradas y bien educadas, lo que ha llevado a la colocación de familiares cercanos en posiciones clave del gobierno”, dice. 

 

Sin embargo, dice, la modalidad de nepotismo familiar utilizada por la familia Ortega-Murillo supera “con creces cualquier otro tipo de nepotismo visto en la historia reciente de Nicaragua”. “El nepotismo en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega no solo es un favoritismo familiar, sino un sistema perverso, corrupto y criminal que mina la democracia, la transparencia y los derechos humanos”, plantea.

 

Maradiaga asegura que en el corazón de esta red nepotista se encuentra la vicepresidenta Rosario Murillo, quien fue nombrada por su esposo como “copresidenta”. La también primera dama actúa como la principal portavoz del régimen. Su influencia va más allá de lo ceremonial, teniendo un control significativo sobre las decisiones y políticas de gobierno.

 

“El caso de Murillo como vicepresidenta y co-dictadora de facto con Ortega refleja la concentración de poder en la familia. Esta concentración se asemeja a los regímenes nepotistas más notorios, como los de Haití, Siria y Corea del Norte, donde familiares han ocupado posiciones de poder y control. De manera similar, el rol de Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, como intermediario clave para las inversiones en Nicaragua, sigue esta línea nepotista, favoreciendo la acumulación de riqueza y poder en la familia”, asegura Maradiaga.

 

El excarcelado político alerta que estas “prácticas nepotistas” tienen consecuencias profundas y negativas. “No solo restringen el disenso político y desalientan la competencia, sino que también erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Al priorizar el beneficio personal sobre el bienestar de la población, el régimen Ortega-Murillo ha establecido un gobierno dinástico que perpetúa un sistema de corrupción y desigualdad”, afirma. 

 

Pero Maradiaga aún va más allá: argumenta que uno de los aspectos fundamentales del nepotismo es que, así como la familia Ortega-Murillo ha estado involucrada en el inmenso enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el usufructo de los beneficios del poder y la utilización del Estado como botín, “también han sido cómplices de decisiones criminales y de asesinatos extrajudiciales”.

“En otras palabras, debido al nepotismo con el que opera la dictadura de Ortega, es innegable que la esposa de Ortega y sus hijos son cómplices y colaboradores necesarios en todos los crímenes de lesa humanidad, y por tanto deben ser tratados como tales en la búsqueda de justicia y en aquellos juicios penales que eventualmente se lleven a cabo”, zanja Maradiaga.

 

*Este es el segundo capítulo de Centroamérica Nepotista, una investigación de la Redacción Regional sobre las prácticas nepotistas de los gobernantes centroamericanos, apoyada por IWPR y el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR).

Pobladores del sector Chamelecón, en San Pedro Sula, ocupan desde hace unos dos meses el predio donde funcionó la Procesadora Municipal de Carnes (Promuca), que desde hace 18 años ha estado en abandono. Unas 450 familias pretenden que la alcaldía de San Pedro Sula les ceda el terreno, y propusieron nombrar a la colonia «Roberto Contreras», en honor al alcalde actual; sin embargo, el edil declaró que ordenará que desalojen a estas personas.

 

Texto y fotos: Allan Bu

 

Una lágrima resbala por la mejilla de Rosy Aguilar mientras recuerda que desde hace 30 años ha vivido de alquiler en alquiler. Su vida ha sido muy dura; se ha ganado la vida lavando ropa y cualquier otro trabajo honesto que le permita llevar comida a su casa. Es madre soltera de tres hijas, todas mayores de edad, pero una de ellas tiene una discapacidad que la mantiene desde hace 27 años en una silla plástica. La situación es tan precaria que no poseen ni siquiera una silla de ruedas.  Rosy es oriunda del sector Chamelecón de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

 

A los 54 años, las fuerzas de Rosy se han ido agotando. Ahora tiene problemas en sus ojos y ya no puede trabajar como antes, pero las cuentas no dejan de llegar. Por un pequeño cuarto de alquiler tiene que pagar 2,000 lempiras y su hija debe tomar medicamentos a diario. «Si pagábamos casa, no teníamos para la medicina y la comida, era una encrucijada», dijo. 

 

La situación económica doblegó a Rosy. Desde hace dos meses su familia es una de las 450 que ha ocupado un terreno municipal que colinda con la colonia Sabillón Cruz en San Pedro Sula. En ese predio de 11 manzanas funcionó la Procesadora Municipal de Carnes (Promuca), pero ha estado desocupado desde hace 18 años. 

 

Tras los desastres provocados por los huracanes Eta y Iota en 2021, la municipalidad de San Pedro Sula mandó a depositar en ese predio todo el sedimento que se acumuló en las calles de Chamelecón. Volcanes de lodo y basura fueron a parar ahí. Ahora, poco a poco, entre esos escombros se levantan pequeñas casas de madera y nylon, como la covacha donde Rosy ha acomodado una pequeña cama y un par de sillas.

 

Las circunstancias de Rosy son similares a la mayoría de la población en Honduras, donde según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 64 % de la población vive en situación de pobreza. Sumado a eso, las condiciones económicas no mejoran; solo en el 2023 en el Valle de Sula se perdieron más de 30,000 puestos de trabajo, de acuerdo con información del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

 

Rosy y sus hijas frente a la modesta vivienda que han construido en un predio que el alcalde Roberto Contreras les ha pedido desalojar. San Pedro Sula, 24 de abril de 2024. Foto CC/Allan Bu.

«Somos madres solteras y no tenemos dónde ir, aquí hay niños que necesitan ayuda, somos personas con necesidad de vivienda. No somos invasores de oficio, nunca ante los ojos de Dios había hecho esto. Mi padre nunca me acostumbró a andar tomando lo ajeno y es la primera vez en mi vida que decido estar en esto por la necesidad de que no tenemos una casa», dice Rosy, derramando lágrimas y tomando la mano de su hija. 

 

La familia asegura que ya no tiene otras opciones: «Por eso decidimos venirnos para aquí y que sea la voluntad de Dios. Tengo que pedirle a la presidenta Xiomara Castro que ella nos apoye, que es mujer y por eso la elegimos a ella. Siendo ella mujer, puede entender las necesidades de nosotras», ruega Rosy. 

 

Las 450 familias que tienen ocupado ese terreno municipal ya fueron advertidas por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien ha pedido a la Policía Nacional que ejecute un desalojo de ese terreno. En declaraciones a Televicentro, el edil mencionó que las personas que ahora ocupan la propiedad municipal llegaron a ese lugar después de haberse ejecutado un desalojo ocurrido en otra colonia de Chamelecón. 

 

Sin embargo, Georgina, una de las habitantes, desmiente al alcalde Contreras. «Todos los que estamos viviendo aquí somos de Chamelecón, aquí no hay ningún infiltrado de otra colonia. Ya tenemos dos meses de estar aquí», dice, y explica que ella había perdido su vivienda en el 2020 y no ha podido recuperarla. 

 

Contreras aseguró en los medios que ese lugar no es habitable: «Este terreno está altamente contaminado por heces fecales y desperdicios, lo cual hace invivible ese lugar. Tenemos constancias del Medio Ambiente y del Ministerio Público, que esa zona no se puede habitar», dijo. 

 

Agregó que dió instrucciones a la gerencia municipal para «desalojar esas personas por su salud, en primer lugar, y en segundo porque es un terreno donde se planea construir un hospital, luego de retirar toda la capa que está contaminada». 

 

Las personas que están ocupando el terreno han limpiado los desechos con palas y azadones. Algunos incluso ya han preparado las parcelas para construir sus hogares. Es un trabajo arduo, especialmente por la gran cantidad de lodo que fue depositado ahí.

 

En uno de los solares está Chepito, oriundo de Nueva Arcadia, Copán, pero que radica en Chamelecón desde hace más de 20 años. Desde el 2013, este humilde hombre se dedica a vender jabones y detergentes en las calles de su barrio. Siempre ha vivido solo y alquilando, y ahora se ha unido a las familias en el terreno municipal.

José Villanueva, más conocido como «Chepito», se dedica a vender jabones y busca un lugar para vivir. San Pedro Sula, 24 de abril de 2024. Foto CC/Allan Bu.

Chepito, que tiene dificultades de lenguaje, es muy querido por sus vecinos. Nunca ha dejado de trabajar. A pesar de que le cuesta un poco expresar sus ideas, le envió un mensaje claro al edil sampedrano: «Yo le pido al alcalde Roberto Contreras que se toque su corazón para el pueblo, él se comprometió a ayudar al pueblo». 

 

«El alcalde de los chuñas»

 

El 12 de febrero de 2022, cuando Roberto Contreras asumió como alcalde de San Pedro Sula, en el Parque Central se repartieron tamales y refrescos. Ese día, Contreras manifestó frente a una bulliciosa multitud, después de quitarse los zapatos, que era el «alcalde de los chuñas», palabra que describe en Honduras a alguien muy pobre, que no tiene zapatos. 

 

Con esa frase, Contreras quería entregar un mensaje: que gobernaría para las personas pobres de San Pedro Sula, que le dieron la victoria con el 61 % de los votos. En sectores como en Chamelecón y la Rivera Hernández, el actual alcalde ganó las elecciones holgadamente. 

«Aquí todos votamos por Contreras», declara una  de las personas que han ocupado el antiguo rastro municipal. Incluso, las familias que quieren formar la nueva comunidad habían decidido nombrar a la nueva colonia «Roberto Contreras».

 

Pero en entrevista a Televicentro,  el alcalde Contreras reaccionó molesto diciendo que los pobladores «son unos abusivos porque le han ido a poner el nombre de mi persona a esa colonia ¿cómo voy a permitir yo que le pongan mi nombre? Ni siquiera una escuela que construí con mis propios fondos permití que le pusieran mi nombre ¿cómo pueden ser abusivos y ponerle a esa invasión Roberto Contreras? Yo desautorizo eso totalmente porque si no el Ministerio Público vendrá detrás de mí», dijo en un tono muy molesto.

Una mujer retira escombros y maleza de la parcela que le han asignado en la colonia. San Pedro Sula, 24 de abril de 2024. Foto CC/Allan Bu.

Wilman, una de las personas que ocupa el predio municipal, explica que utilizaron ese nombre porque consideran a Contreras un líder, pero si a él le molesta es porque se está apartando del pueblo que lo llevó al poder: «Al alcalde en esa entrevista en la televisión lo vi muy prepotente y elevado. Cuando vino aquí a la comunidad vino con humildad, andaba protestando con nosotros en el bulevar. Estuvo metido con el pueblo, y ahora que el pueblo lo busca le está dando la espalda», dice. 

 

El vecino agrega que la mayoría de las personas que intentan hacerse de un terreno están alquilando y fueron afectados por los huracanes Eta y Iota: «Es por eso que estamos en este lugar, somos personas que no se han podido levantar. La situación del país es muy crítica». 

 

El déficit de vivienda es uno de los problemas más visibles que hay en el país. Según un estudio realizado en el 2020 por Hábitat para la Humanidad, Honduras necesita 522,076 viviendas nuevas, mientras que 844,000 viviendas presentan necesidades urgentes de mejoramiento. Ese estudio, realizado antes de las tormentas Eta y Iota, reveló que el 11 % de las viviendas en el país no tienen acceso agua potable y que el 23 % tienen piso de tierra.

 

A Rosy y sus hijas, vivir en este predio desde hace un mes les ha quitado la carga de tener que decidir si pagar el alquiler de un modesto cuarto o comer. En este lugar no hay servicios básicos de agua, luz o alcantarillado, pero ya no tienen que pagar. «No somos invasores de tierra, simplemente tenemos la necesidad de estar en un lugar. Créame que es difícil no tener dónde vivir y yo nunca he andado en esto, Dios lo sabe», se lamenta.

La Sala de lo Contencioso Administrativo anuló en julio de 2022, un año después de que el oficialismo cooptara el poder judicial, una condena por nepotismo contra Nayib Bukele impuesta en 2016, cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador. El fallo, al que ha tenido acceso Redacción Regional, lo exonera del pago de una multa por designar a su hermano Yamil como presidente del Instituto Municipal de los Deportes. En junio de 2019, una semana después de arrancar su mandato presidencial, Bukele nombró a ese mismo hermano como presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes. Expertos advierten que la Sala sienta un peligroso precedente para que funcionarios públicos evadan la ley que combate al nepotismo en El Salvador en un contexto en el que los Bukele y sus allegados potencian sus redes de poder en el Estado.

Por Daniel Valencia Caravantes
Con reportes de Jaime Quintanilla y Bryan Avelar

En agosto de 2016, un año después de que el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, designara a su hermano Yamil en el cargo público de presidente del Instituto Municipal de los Deportes (IMDER), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) lo condenó a pagar una multa de 2,517 dólares por actos de nepotismo. El 27 de julio de 2022, un año después de que la Asamblea Legislativa eligiera magistrados para la Corte Suprema de Justicia afines al oficialismo, un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al que ha tenido acceso Redacción Regional y hasta ahora inédito, absolvió al actual presidente de El Salvador.  

El fallo de la Sala concluye con tres votos a favor y uno disidente que Bukele no violó la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que en su artículo 6 literal h dice que todos los funcionarios están inhabilitados para “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio”.

Nayib Bukele y su hermano Yamil, a la derecha, en un evento de la Alcaldía de San Salvador, el IMDER y LaLiga de España.

Los tres magistrados exculpan a Bukele, según la sentencia, porque lo que hizo el entonces alcalde fue “delegar”, algo que a su juicio no está prohibido por la ley, y no “nombrar” en el cargo a su hermano Yamil, quien, desde el 11 de junio de 2019, la segunda semana de mandato presidencial de su hermano, ocupa la presidencia ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes.  

Este último fallo pone fin a un proceso que duró seis años y contradice los argumentos de tres entidades contraloras del Estado que habían señalado los actos de nepotismo de Bukele: el TEG, la Fiscalía General de la República y una unidad de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La institución que vigila el comportamiento ético de los funcionarios y persigue los actos de nepotismo, condenó en agosto de 2016 a Nayib Bukele luego de comprobar que él y Yamil eran hijos del mismo padre y que el entonces alcalde de San Salvador intervino en la designación de su hermano. Bukele apeló la decisión, pero el TEG rechazó sus argumentos y ratificó la condena en septiembre.

“Se ha comprobado con absoluto grado de certeza que el señor Nayib Armando Bukele Ortez, Alcalde Municipal de San Salvador, al haber delegado a su hermano para que lo representara como Director Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER), transgredió la prohibición ética de «Nombrar, contratar, (. .. ) en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley», se lee en esa condena del TEG, dirigido por Marcel Orestes Posada, un exmagistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la misma Sala que ahora exonera a Bukele.

Extracto del fallo sancionatorio contra Bukele emitido en 2016

En el momento de la condena, la Presidencia de la República estaba en manos de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, el partido de la ex guerrilla salvadoreña, que llevó a Bukele a la Alcaldía de San Salvador para la gestión 2015-2018, luego de una primera gestión municipal en el municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015). Ese mismo año, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas determinó que la designación del hermano del alcalde había contrariado la Ley de Ética Gubernamental y el Código Municipal. El caso pasó a juicio de cuentas ante la Cámara de Primera Instancia, pero desde entonces se desconoce su estado. La CCR ahora es dirigida por Roxana Soriano de Viaud, una excandidata a diputada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

En el primer semestre de 2017, Bukele solicitó que se revirtiera la sentencia a través de una demanda contra el TEG por supuestas ilegalidades en el fallo condenatorio y en su ratificación. El 11 de julio de 2018, 11 meses antes que Bukele asumiera la presidencia de la República, la Fiscalía General le dio la razón al TEG.

Extracto de la postura de la FGR en el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Pero cuatro años más tarde, los magistrados Enrique Portillo Peña, José Ernesto Clímaco y José Luis Rivera le dieron la razón a Bukele.

El fallo del expediente 621-2016, de 17 páginas, se emitió en julio de 2022 y desde entonces ha estado en el anonimato. Ni la Corte Suprema ni Bukele ni el TEG se habían pronunciado al respecto. Redacción Regional intentó obtener una reacción del magistrado presidente, Néstor Castaneda, pero tras reiteradas solicitudes a su equipo de prensa no hubo respuesta. 

Castaneda es un exmagistrado de la CSJ que en 2005 no se opuso al bloqueo de la Corte Plena  a la Sección de Probidad, cuando esta intentaba investigar el patrimonio de los funcionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) ni acompañó a su compañeros de la Sala de lo Constitucional en un fallo que en 2010 derrumbó el mecanismo de la ‘partida secreta’ de Casa Presidencial. En su primer periodo (2017-2022) fue respaldado por el FMLN y por Gana, el partido que terminó llevando a Bukele al poder. Su reelección para el periodo 2022-2027 fue aprobada por la Asamblea oficialista dos meses y medio antes del fallo de la Sala, cuyo único rastro aparece en los “Reportes de documentos publicados” de febrero de 2023, un PDF de consulta pública en el que se ofrece un listado de todas las “jurisprudencias” emitidas en el palacio legislativo.  El contenido del fallo, sin embargo, no tiene acceso público, hasta ahora.

A la derecha, de corbata naranja, el actual presidente del TEG junto a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, amigo y otrora socio de Nayib Bukele.

En el escrito, los magistrados concluyeron que “el acto de delegación ejecutado no está contemplado en el precepto legal aplicado, siendo inaceptable la interpretación extensiva que hizo el TEG, puesto que –como señala el actor– el principio de seguridad jurídica garantiza la certeza que debe tener el destinatario de un mandato prohibitivo, para el caso «Nombrar, contratar, promover o ascender» a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, y no, como se perfiló, el delegar una determinada función”.

Extracto de la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo que favorece a Bukele

En julio de 2022, dos de los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso (Portillo Peña y Clímaco) que fallaron a favor de Bukelle habían sido elegidos 13 meses atrás por la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Nuevas Ideas. Durante ese tiempo esa misma Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y al fiscal general Raúl Melara (cuya institución había respaldado el fallo por nepotismo ante la Corte) y diseñó un órgano judicial a la medida del oficialismo.  

Consultado por la Redacción Regional, el magistrado Clímaco (ahora presidente de la Sala) declinó dar explicaciones sobre el fallo. “Para eso no estamos nosotros, para estarles dando entrevistas. Nosotros, los magistrados, por eso fundamentamos nuestras resoluciones precisamente para que ustedes y el resto de la población entiendan cuál ha sido el argumento y el fundamento que se ha dado en cada una de ellas. Así que, definitivamente, en eso no le puedo dar ningún tipo de opinión”. 

El magistrado Sergio Luis Rivera respondió de manera similar. “No quisiera hacer comentarios”, dijo.

Redacción Regional también intentó obtener reacciones del exmagistrado Portillo Peña (renunció al cargo a finales de 2022 aduciendo razones de salud), pero al cierre de este reportaje no atendió las llamadas ni los mensajes dejados en su celular.

La magistrada Paula Velásquez, que cuestionó la resolución y emitió un voto disidente, dijo a Redacción Regional que no tiene mayores declaraciones que dar y que todo lo que podría decir “está consignado en el voto”.

Los magistrados Clímaco (segundo de izquierda a derecha) y Portillo Peña (primer plano, a la derecha) asumieron funciones en junio de 2021, un mes después del golpe al órgano judicial

Un fallo “erróneo e incompleto”

Para los tres magistrados que fallaron a favor de Bukele, ‘nombrar’ y ‘delegar’, además de dos verbos distintos, son dos acciones distintas, una prohibida de manera expresa en la ley y, la otra, no. Para el TEG, sin embargo, no eran verbos excluyentes y por eso condenó a Bukele. Lo mismo interpretó la magistrada Paula Velásquez en un voto disidente en el fallo, al que calificó de “erróneo e incompleto”.

En sus alegatos, la magistrada Velásquez, que este año culmina su periodo de nueve años en la CSJ, le recuerda a la Sala que en el numeral 2 del acuerdo en el que el concejo de San Salvador “delegó” las funciones a Yamil Bukele, acordó “Nombrar a partir del 1 de mayo del presente año la Junta Directiva del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, la cual estará integrada de la siguiente manera: NOMBRE (…) NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ (…) CARGO (…) PRESIDENTE… (el resaltado es propio)”.

La “delegación” del cargo de presidente de la junta directiva del IMDER hacia el hermano del entonces alcalde, que según la Sala de lo Contencioso no viola la ley, fue el punto 3 de ese mismo acuerdo:

“El señor Alcalde Municipal NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ delega la representación legal de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Deportes y Recreación al señor YAMIL ALEJANDRO BUKELE PÉREZ, de conformidad con el Art. 16 de los Estatutos vigentes del IMDER; quien no percibirá salario, dieta ni emolumento alguno, siendo sus servicios ad honorem”, reza el acuerdo municipal del 1 de mayo de 2015.

Paula Patricia Velásquez junto a sus compañeros de Sala que beneficiaron a Bukele.

Según la magistrada Vélasquez, “la facultad delegada por el entonces señor alcalde hacia el Sr. Yamil Bukele, aunque nominalmente se le denominó como ‘representación legal’, en realidad se delegaron todas las facultades que ostenta el presidente del IMDER (…)”.

La magistrada concluye que “(…) lo que se delegó realmente al señor Yamil Bukele fue el nombramiento que se hizo a favor del señor Nayib Bukele, como presidente del IMDER, con todas las atribuciones que dicho cargo implica y que, en efecto, fueron desarrolladas por el señor Yamil Bukele”, expuso, haciendo recuento de documentos adjuntos en el expediente en los que constan las funciones, atribuciones y decisiones que tomó el hermano del alcalde actuando no solo como representante legal sino como presidente en funciones del IMDER: “contratos de arrendamiento y mantenimiento de equipo y arrendamiento de vivienda” y “actas de sesiones de la junta directiva del IMDER donde el señor Yamil Alejandro Bukele Pérez firma como presidente de dicho instituto y se estableció que las presidía”, relata texto del voto disidente.

Expertos en transparencia y lucha contra la corrupción consideran que el fallo de la Sala es un retroceso en la lucha contra el nepotismo en El Salvador y abre las puertas para que cualquier funcionario tenga vía libre para practicarlo.

“¿Y al delegarlo no lo están nombrando? Lo que han pretendido es hacernos querer ver que nombrar y delegar no es lo mismo. La Sala de lo Contencioso es una sala de control de la actividad pública, de los actos administrativos. Es gravísimo que una institucionalidad de control cree un mecanismo para evadir la ley”, plantea Ruth López, jefa de la oficina anticorrupción y justicia de la organización Cristosal.

Los hermanos Bukele en Casa Presidencial. De izquierda a derecha: Karim, Yusef, Nayib e Ibrahim.Redacción Regional contactó con el secretario de Prensa de la Presidencia e intentó obtener una reacción del presidente Bukele sobre el fallo a su favor, pero no hubo respuesta.

Las redes de poder del clan Bukele

El primer caso de nepotismo contra Nayib Bukele arrancó de oficio en el TEG a mediados de 2015, luego que salieran a la luz las designaciones de algunos de sus parientes con cargos en la comuna. En las denuncias, se le cuestionaba al menos dos casos más. Uno tenía que ver con la designación de uno de sus primos, Hassan Bukele Martínez, como secretario municipal, un ‘caficultor’ -según documentos reseñados en el Diario Oficial- que para entonces tenía 37 años; el otro, el supuesto nombramiento de Arena Ortega, su cuñada, como jefa de la Unidad de Cooperación externa de la comuna, quien hasta septiembre de 2014 se desempeñaba como consejera de la misión permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos. Ese mes, según un acuerdo de la Presidencia de Sánchez Cerén, fue designada a la unidad de comunicaciones de la Cancillería salvadoreña hasta diciembre del mismo año.

Al expediente se sumó, además, una denuncia contra el alcalde puesta por dos concejalas del partido Arena. Desde que el caso se conoció, Bukele se defendió alegando que la designación de su hermano Yamil era ad honorem (que no cobra salario). Cuando comenzó a ser investigado por el TEG, también alegó que él solo “delegó” su representación a su hermano.

El expediente del joven político, que para 2015 todavía no había declarado públicamente sus intenciones para correr por una eventual candidatura presidencial, se manchaba por una supuesta falta a la ética.

 

En aquellos años todavía no había trascendido como fenómeno una práctica que ha acompañado a Bukele durante toda su gestión pública: la asignación en puestos públicos o con cargo de asesores a sus familiares, amigos, socios o exempleados de las empresas familiares. Por ejemplo, cuando asumió su primer cargo público en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán (La Libertad), Bukele fue acompañado por su hermano Karim, sus primos Xavier y Francisco Zablah Bukele y Ernesto Castro, amigo, secretario privado y exsocio en empresas de alimentos y espectáculos.  Durante su primera campaña y en la gestión de su primera comuna ellos se convirtieron en sus principales asesores y este modelo se replicaría más tarde en San Salvador, aunque esta vez sí hizo evidente la inclusión con cargos públicos de otros familiares. Cuando dio el salto a la presidencia, en 2019, esta práctica le acompañaría.

Bukele antes de asumir su primer cargo público. En la mesa, junto a dos líderes históricos y padrinos políticos del FMLN, le acompañan algunos de sus familiares.

Ahora, los hermanos de padre y madre de Nayib Bukele gobiernan junto a él, aseguran fuentes cercanas al primer núcleo de poder del clan familiar y grandes empresarios que han tenido que tratar  con ellos para  hacer llegar mensajes al presidente. En el primer núcleo de confianza están Karim, Ibrajim y Yussef Bukele. Karim, es a juicio de cuatro fuentes cercanas a los círculos íntimos del clan, su principal asesor y estratega. A finales de 2019 fue parte de la delegación que viajó a Beijing junto al mandatario para sellar las relaciones diplomáticas con China; durante la pandemia fue el principal negociador de Casa Presidencial para garantizar los planes de la Casa Presidencial durante las cuarentenas y más reciente, en noviembre de 2023, en la recta final de la campaña presidencial de 2024, se robó el protagonismo al aparecer en una cadena nacional acompañando a su hermano durante la inauguración de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), financiada por China.

El representante diplomático chino apenas participó en el acto, mientras Karim estuvo ante cámaras, comentando y conversando con su hermano lo que habían logrado durante toda la transmisión. Fuentes cercanas a este primer círculo de poder aseguran que la participación de Karim obedecía a un reconocimiento público por la concreción del proyecto de la Binaes y a su liderazgo en los planes de remodelación del centro histórico, una tarea en la que tiene más peso que el alcalde de San Salvador, el ministerio de Obras Públicas o que el ministerio de Cultura.

Los hermanos Nayib y Karim Bukele en una postal de la misión oficial a China, en diciembre de 2019.

Yussef e Ibrajim Bukele también han sido delegados de Bukele en momentos clave de gobierno. Ambos fueron protagonistas en 2021 en discusiones con inversionistas extranjeros antes de la puesta en marcha de la Ley Bitcóin, según reveló El Faro. En el arranque de la administración, Yussef formaba parte del equipo que reunía perfiles y entrevistaba a potenciales candidatos de gobierno. Ibrajim, por otro lado, se ha convertido en un enviado oficial en misiones diplomáticas como “invitado especial” de la Cancillería salvadoreña. Fue recibido por el clan Zelaya en Honduras, en 2022, en un viaje en el que el Estado invirtió en él $1,694.86 en concepto de “valor del pasaje”. Antes, en agosto de 2019, también viajó de manera oficial a Turquía como parte de la delegación del Gobierno salvadoreño, con un costo para el Estado de $8,977.52 por pasajes, viáticos y otros gastos. En negociaciones sensibles en las que participan otros funcionarios del gabinete, “basta con que uno de estos hermanos haga acto de presencia, aunque no diga nada, para confirmar el compromiso del presidente con los proyectos”, asegura una de las fuentes.

Ibrajim Bukele en Honduras junto al secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya

Xavier Zablah Bukele, uno de sus primos que lo acompañaron en su primera gestión como alcalde, apareciendo incluso en la inauguración de obras públicas, dirige el partido Nuevas Ideas, un instituto político en el que también se han vaciado sus familiares, amigos, socios y exempleados. Entre el partido y el gobierno, de hecho, comparten nombres que fungen como dirigentes políticos y, al mismo tiempo, como funcionarios públicos.

En enero de 2024, Redacción Regional incluso reveló que varios de estos funcionarios (que a la vez forman sus propias redes de poder con cargos repartidos en el Gobierno) fueron beneficiados con una línea de crédito de un banco estatal que otorgó más de $4.9 millones para que adquirieran terrenos de lujo, propiedades o recibieran fondos vía hipotecas de propiedades que ya tenían en su poder.

En la lista hay además 27 funcionarios, entre estos el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; su esposa, la ministra de Vivienda Michelle Sol y otros 11 diputados reelectos en las legislativas de marzo pasado. También aparecen tres primos del presidente: Xavier Zablah Bukele, su hermano Francisco y un primo más: Ricardo Andrés Hasbún Bukele, dirigente partidario.

Un joven alcalde Nayib Bukele inaugurando obras en Nuevo Cuscatlán junto a su primo, Xavier. Enero de 2013

“El reino del revés”

Yamil Bukele, tres años mayor que Nayib, no forma parte del círculo íntimo del presidente, pero antes de llegar a funcionario era incluido con cargos administrativos en las empresas familiares. En Obermet, una agencia de publicidad que llegó a ser dirigida por el propio Nayib, fungió como director suplente desde 2006 hasta 2012. En Manufacturas Humberto Bukele e Hijos, otra de las empresas fuertes del grupo familiar, fue secretario de junta directiva, apoderado legal y administrador entre 2010 y 2016. Esas dos entidades fueron contratistas durante los dos gobiernos del FMLN y llegaron a ganar $20.9 millones de dólares con entidades del Estado, según registros del sitio de compras públicas (Comprasal) del Ministerio de Hacienda.

A título personal, Yamil Bukele ha participado en otras sociedades: Apparel Corporation, Distribuidora Salvadoreña de Productos Alimenticios y de Consumo (Disalpac), Inversiones Fifteen, Liga Élite de Baloncesto y Corporación Unitex El Salvador. Esta última fue fundada por su primo, Xavier Zablah, líder del partido oficialista y por Humberto Bukele Kattán, padre del ex secretario municipal, Hassan Bukele. 

Como funcionario, Yamil es el pariente que más fondos públicos ha manejado en las administraciones públicas de su hermano.

Entre 2015 y 2018, el IMDER en el que fue “delegado” para representar al alcalde de San Salvador recibió de la Alcaldía $3.2 millones en 71 cheques de tres bancos distintos en el periodo, según documentos de contabilidad de la comuna capitalina a los que tuvo acceso Redacción Regional. Esto es un promedio de $94 mil mensuales, el triple de lo que venía recibiendo mes a mes esa oficina en la administración anterior ($33,636.36), según la información disponible.  

En una revisión de decenas de notas deportivas afines a la gestión del IMDER, destaca la utilización de las apuestas para potenciar la figura del alcalde. En noviembre de 2015, el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, firmó en San Salvador un convenio con el IMDER y la Alcaldía para potenciar el fútbol en la ciudad capital y beneficiar a niños y jóvenes. En la foto, el alcalde se robó los reflectores. En 2016, el IMDER inauguró un torneo deportivo bautizado con el nombre que más tarde tendría el partido que Bukele, sus familiares y amigos le quitarían a salvadoreños de la diáspora: “Nuevas Ideas”.

Exjugador profesional de baloncesto, Yamil siempre estuvo ligado a los deportes. En 2013, mientras su hermano menor cumplía su primer año como alcalde de Nuevo Cuscatlán, Yamil ganó por primera vez la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (Fesabal) e incluso lo mantuvo mientras dirigía el IMDER. En febrero de 2017, cuando el caso por nepotismo ya estaba abierto contra Bukele, una publicación de El Diario de Hoy (EDH) reveló que la Fesabal fue la federación que más fondos de apoyo recibió por parte del IMDER (un total de $49, 910) entre 2015 y 2016. Es decir que la institución dirigida por el hermano del alcalde, el IMDER, benefició a la Fesabal, la institución presidida por el hermano del alcalde.

Según reportes de prensa de la época, 2015 marcó un “boom” en la Liga Mayor de Baloncesto. Ese año, la selección mayor de baloncesto finalizó sexta en el Campeonato Centroamericano de Baloncesto COCABA 2015.

Cuando EDH reveló los apoyos del IMDER a la Fesabal, Yamil Bukele alegó que no había conflicto de interés en el caso porque la decisión de apoyar a las federaciones las tomaba la junta directiva y porque él se abstuvo de votar en esos procesos. “Yo no soy el que toma las decisiones, las decisiones las toma la junta directiva. Aquí yo no puedo tomar una decisión, yo simplemente soy una persona que preside ad honorem el Instituto Municipal de Deportes, pero la conforma un Junta Directiva, que toma la decisión si se aprueban o no se aprueban las cosas, no el presidente”, dijo a EDH. “Tengo mi voto, pero hay cosas en que yo me abstengo también. Por ejemplo, en las solicitudes y las peticiones de la Federación de Básquetbol me abstengo a votar. Los demás miembros para eso están, pero yo no puedo votar”, agregó.

Su hermano, el alcalde, fue descrito actuando de manera similar en agosto de 2016, cuando el TEG comprobó que Nayib Bukele y Hassan Bukele Martínez eran primos, pero desestimó el caso porque no había pruebas de que el alcalde hubiese intercedido para que su pariente ostentara el cargo de secretario municipal. Según la entidad, fue la síndica de la comuna, Ana Xochitl Marchelli Canales, una pieza del FMLN en el concejo, quien propuso al primo de Bukele para el cargo. El TEG da como un hecho que Bukele se abstuvo de participar en esa votación. Dos años más tarde, un altercado entre Bukele y esa misma funcionaria, en una reunión de consejo, provocó la expulsión del alcalde de las filas de ese partido.

Al saltar al gobierno, su primo Hassan Bukele dejó de figurar con cargo público, pero fue beneficiado junto a otro hermano de Nayib, Emerson Bukele, como beneficiario de la seguridad del Estado, según revelan documentos filtrados por el colectivo Hacktivista Guacamaya Leaks publicados por Revista Factum.

En el caso de su cuñada, el Tribunal desestimó la denuncia porque no encontró pruebas de la existencia de la plaza a favor de Arena Ortega. Sin embargo, en una imagen publicada por el mismo Nayib semanas antes de dejar el cargo de alcalde, en 2018, ella aparece como parte del “equipo de transición” que entregó la administración municipal a Ernesto Muyshondt, el alcalde electo ese año. En la actual gestión, Arena Ortega se presenta como asesora en asuntos internacionales y bienestar social de la Presidencia “ad honorem”.

En 2016, sobre la designación de su hermano mayor, Yamil, el TEG concluyó que sí existía una violación a la ley de ética.

El 8 de septiembre, un molesto Nayib Bukele dijo en Twitter que acataría el fallo, aunque se quejó por la decisión: “Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies; que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres…”, ironizó, citando El reino del revés de la artista María Elena Walsh, junto a un enlace en youtube que recoge una versión de la canción. Sin embargo, se desdijo pronto y apeló, aunque 12 días después el Tribunal ratificó su condena y Bukele recibió la primera mancha oficial en su carrera política por haber violado la Ley de ética para funcionarios públicos.

En 2017, Bukele elevó su apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que admitió su demanda, suspendió de manera temporal la sanción y también congeló el caso durante seis años, tiempo en el que El Salvador cambió: Nayib se convirtió en presidente en 2019, su partido ganó la mayoría del congreso en 2021 y desde entonces acumuló más poder al lograr el control de los tres poderes del Estado con ayuda de Nuevas Ideas, que en mayo de ese año golpeó a la Corte Suprema de Justicia. En julio de 2022, año y medio después, la Sala de lo Contencioso le dio la razón al ahora presidente, que desde 2019 continúa desafiando a la ley.

El 10 de junio de 2019, cuando aún estaba pendiente la resolución definitiva de la Sala de lo Contencioso, un Nayib recién estrenado en la Presidencia volvió a darle un cargo público a su hermano Yamil. Esta vez lo nombró, a partir del 11 de junio y hasta el 31 de mayo de 2024, como director presidente y director ejecutivo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Imagen del acuerdo ejecutivo número 48 de la Presidencia publicado en el Diario Oficial.

A juzgar por los expertos, en este nuevo caso, la afrenta contra la ley de ética gubernamental fue todavía más grave. Casa Presidencial, a juzgar por los documentos, también se dio cuenta e intentó enmendar un segundo error en este nombramiento. El 19 de junio, en el acuerdo 105, modificó el acuerdo 48 “en el sentido de incorporar que dicho nombramiento es con carácter ad honorem”.

“El problema actual es que se quiere justificar que, porque los cargos son ad honorem, entonces no violan la ley, cuando lo cierto es que esos funcionarios tienen el poder de disponer de los bienes y los recursos públicos. Es indudable que la lucha contra el nepotismo va más allá de que le paguen o no le paguen a un funcionario, sino que estriba en la cooptación de plazas y en la creación de funcionarios por parentelas en instituciones de control que sean incondicionales”, dice Ruth López.

Al frente del INDES, desde junio de 2019 hasta abril de 2024, Yamil Bukele ha manejado cientos de millones de dólares a través de un presupuesto que ha superado a carteras como Desarrollo Local, Medio Ambiente, Turismo o a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En el presupuesto aprobado para 2019, el hermano del presidente administró en la segunda mitad del año el remanente de un presupuesto de $12.4 millones. Para 2020, el primer año con un presupuesto total para el nuevo gobierno, la cartera recibió un incremento y llegó hasta los $19.7 millones, de los cuales más de $2.2 millones fueron para mejorar escenarios deportivos. En 2021, un año después del epicentro de la pandemia, la cartera tuvo un recorte y se mantuvo en poco más de $17 millones.

Yamil Bukele en los prolegómenos de los Juegos San Salvador 2023 organizados por el INDES, la institución que ahora dirige

El salto vino a partir de 2022, cuando duplicó la entrada de fondos del gobierno con una partida de más de $27 millones (que se mantiene hasta el presupuesto de 2024), más la administración de $122 millones dólares para la mejora de escenarios deportivos. 115 de estos fueron otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un programa para mejorar infraestructura deportiva de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En este último capítulo de los hermanos Bukele, Yamil se convirtió en protagonista por la inauguración de estadios, piscinas y gimnasios en donde las obras de construcción aún no habían sido finalizadas para cuando arrancaron los juegos. El INDES, según investigaciones periodísticas, contrató de manera irregular y en tiempo récord a empresas que incumplían las normativas y que no lograron cumplir con los plazos establecidos para finalizar las obras antes de la inauguración de la justa deportiva, programada para mediados de junio de 2023, según reveló Factum.

La familia presidencial e invitados durante la inauguración de los Juegos San Salvador 2023

El día de la inauguración, sin embargo, Nayib Bukele compartió palco con su hermano Yamil en el remozado, pero inconcluso, Estadio Jorge Mágico González de la capital. A un costado del recinto, en donde antes existía una piscina olímpica, trabajadores cuidaban un toldo para esconder una montaña de ripio y desechos de una obra aún en construcción. En el evento, Bukele aprovechó los micrófonos y los reflectores internacionales para hacer una arenga proselitista. Él ya estaba en campaña para su reelección inconstitucional, consumada el 3 de febrero pasado.

“Dicen que hemos gastado cientos de millones en escenarios deportivos y sí, es cierto. Muchos fueron construidos desde cero y muchos otros reconstruidos, como este, para esta fiesta deportiva. (…). Lo logramos porque no nos detuvimos a escuchar a quienes decían que era imposible. Nunca los hemos escuchado y nunca lo haremos. (…) Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. (…). Vayan a la calle y pregúntenle a la gente qué opina de este gobierno”, dijo Bukele.

Su hermano, Yamil, desde el palco, aplaudía.  

*Este es un primer capítulo de una investigación regional sobre las prácticas nepotistas de los gobernantes centroamericanos, apoyada por IWPR y el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR).

La publicación original de este artículo apareció por primera vez en Redacción Regional.

Un anteproyecto de ley plantea regular la refinación, importación y comercialización de los hidrocarburos, biocombustibles y sus derivados en Honduras, dando pie a la posibilidad de que el Gobierno pueda importar petróleo y sus derivados en un futuro por medio de esta normativa. Sin embargo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha propuesto una serie de reformas antes de que la ley sea discutida en el Congreso Nacional. 

 

Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografías: Jorge Cabrera



Una ley que ofrece beneficiar a los hondureños a través de precios más competitivos en el combustible y sus derivados está en proceso de construcción en el Poder Legislativo. La normativa, que además da facultades de «contratación directa y exclusiva de la compraventa del petróleo crudo» al Estado, ha generado el respaldo y también críticas de  distintos sectores de la sociedad hondureña.

 

Según el Banco Central de Honduras (BCH), en enero de este año los aumentos en los precios del petróleo crudo y sus derivados en Honduras se debieron a las interrupciones en el suministro de petróleo por eventos relacionados con tensiones geopolíticas en varias regiones del mundo; además, por la disminución de la existencia de petróleo en Estados Unidos, el país del que más se importa combustible a Honduras, con un 94.6 %, según el BCH. 

 

El informe detalla que en enero de 2024 ingresaron a Honduras más de 2,000 barriles de combustible, lo que representa un aumento de 3.6 % con relación al año pasado, impulsado por el incremento del parque vehicular y el mayor consumo de combustible en el comercio, la generación de energía eléctrica y la industria.

 

En lo que va del gobierno de Xiomara Castro se han anunciado tres subsidios a los combustibles: el primero, en marzo de 2022, mediante un decreto en el que ordenó una rebaja de 10 lempiras a cada galón de combustible; el segundo en agosto de 2023, donde la mandataria ordenó un subsidio del 50%; y el último en este año 2024, cuando la Secretaría de Energía (SEN) confirmó que la aplicación del subsidio al 50 % en aumentos que se registren en el diesel y gasolina regular continuará hasta el 31 de diciembre de este año.

 

El BCH explica que estas rebajas continuas en el precio de la gasolina y en el precio internacional del petróleo, así como la implementación de estos subsidios por parte del Gobierno, es lo que ha atenuado el crecimiento inflacionario que repercute en el precio de los combustibles de uso vehicular y doméstico.

 

Ahora, con la promoción de la Ley marco de refinación, importación y comercialización de los hidrocarburos, biocombustibles y otros productos alternativos o sustitutivos, también conocida como Ley de Hidrocarburos, se plantean cambios en la comercialización de los combustibles en Honduras, y también se faculta a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (SEN) para su regulación y vigilancia.

 

El artículo 4 de este decreto establece que será el Poder Ejecutivo quien faculte a la DGBH para regular la contratación en forma directa y exclusiva de la compraventa de petróleo crudo, refinado y todos sus derivados en el mercado internacional. Además, esta dirección podrá realizar inspecciones a toda la cadena de hidrocarburos, requerir informes a entidades públicas y privadas y suspender exportaciones y reexportaciones de petróleo «cuando se prevean situaciones de desabastecimiento».

 

Además, la ley contempla que la Secretaría de Energía (SEN) «podrá intervenir en actividades de refinación, exportación, importación, reexportación, refinería u otra operación relacionada al petróleo y sus derivados ejerciendo acciones legales». De tal forma, el Estado, a través de la SEN, podría tener el control en la cadena de comercialización de hidrocarburos y sus derivados, considerando que actualmente no existe una ley en Honduras que defina esta regulación; solo se cuenta con un reglamento técnico a nivel de Centroamérica.

 

Por otra parte, esta ley propone la creación de un órgano consultivo que apoye a la DGHB, presidido por el ministro de la SEN, e integrado por el presidente del Banco Central de Honduras, la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para «asesorar a la DGHB en temas relacionados a hidrocarburos».

 

El director de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la SEN, el ingeniero Carlos Posas, manifestó que la implementación de esta ley es un asunto de seguridad nacional y de interés en casos de abastecimiento y regularización en el comercio de hidrocarburos en Honduras.

 

Según el ingeniero Posas, esta iniciativa estuvo guardada durante 10 años en el Congreso Nacional, en espera de aprobación; es decir, ya se habían realizado las discusiones y estudios previos, pero es hasta ahora que se tiene la voluntad política para implementarlo, de acuerdo con el funcionario. En este momento, al socializar la ley con los distintos sectores, «ha habido mucha unanimidad» en la necesidad de que exista una normativa como esta, afirmó; sin embargo, no descartó que la iniciativa vaya a generar cambios en la cadena de comercialización de los hidrocarburos en Honduras.

Entrevista con el director de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles, Carlos Posas. Tegucigalpa, 18 de abril de 2024. Foto: CC/ Jorge Cabrera.

Al respecto, el ingeniero Posas indicó que con este decreto no buscan sacar a quienes tienen más control en la cadena de comercialización del combustible, es decir, que importan, distribuyen y almacenan —lo que también se conoce como la verticalidad en la cadena de la comercialización—, sino implementar reglas más claras y así darles oportunidad a otros actores en la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados.

«Verticalidad es que solo un actor controle todas las actividades dentro de la cadena de comercialización, por la naturaleza de cómo se han manejado las cosas; en ese sentido, es hasta cierto punto normal que haya actores que estén involucrados en toda la cadena. Lo que nosotros tenemos que hacer es regular, en todo caso, que desde esa posición que tienen no saquen ventajas sobre otros actores que no tienen todas las capacidades y todas las fuerzas que sí tienen los actores que están en el tope de la cadena».

 

«Eso es lo que desde la normativa queremos regular, y que todo resulte en un beneficio para el consumidor final», dijo a Contracorriente el director de la DGHB. Agregó que actualmente el 14 % de las importaciones nacionales tienen que ver con combustibles.

 

En un informe de enero de 2024, el BCH menciona que entre los tipos de importadores de combustibles en Honduras sobresalen las empresas distribuidoras autorizadas para abastecer la red nacional de gasolineras, con un 83.1 % del total importado, y que se registró un crecimiento del 16.4 % en comparación con el año pasado. De ahí le siguen empresas importadoras del gas licuado de petróleo o LPG, que ingresaron un 10.2 %, y por último las empresas dedicadas a la generación de energía térmica, con un 6.7 %.

 

UNO Corp: la principal figura en el mercado de los combustibles en Honduras

 

Una de las figuras principales en el mercado de los combustibles en Honduras es Unopetrol, perteneciente al conglomerado UNO Corp. 

Unopetrol nació siendo Hondupetrol, unidad de negocio dedicada al petróleo y sus derivados propiedad de Grupo Terra. En su avance en Honduras adquirieron la red de estaciones de Copena en 2008, la Shell en 2009, y además se han posicionado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia con gasolineras, terminales de almacenamiento, tiendas de conveniencia y el combustible de aviones o jet fuel.

 

Según la investigación «Élites, redes de poder y régimen político en Honduras», del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), uno de los grupos más representativos del sector industrial y agroindustrial y con influencia en la comercialización de los combustibles ha sido el Grupo Terra, presidido por Fredy Nasser.

 

Nasser, quien además es miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), es esposo de Elisa Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé, y junto a su hermano Miguel Mauricio, quien preside la Corporación Dinant, están buscando mantener su legado por medio de la exportación de productos derivados del aceite vegetal y el cultivo de miles de hectáreas de palma africana en el norte de Honduras. Estas tierras han sido el centro de un largo y violento conflicto armado en el que muchas familias campesinas han resultado desplazadas, e incluso, algunos de sus miembros asesinados. 

 

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Dentro de este vínculo empresarial también está Ana Facussé, casada con Lenir Pérez, empresario con el que conforman Inversiones Los Pinares, que está siendo investigado junto a exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) por delitos ambientales en la concesión minera otorgada de forma irregular por la alcaldía de Tocoa en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Además, al grupo empresarial de Pérez se le ha acusado por la construcción de una planta de energía altamente contaminante en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y la sobrevaloración en la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola.

 

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Además, Grupo Terra es dueño de cuatro empresas generadoras y comercializadoras de energía a nivel regional, una de ellas la central térmica Energía Renovable (Enersa) al norte de Honduras. Esta planta energética produjo 613,378 megavatios por hora (MWH) en 2022, es decir, más del 58 % de energía a nivel nacional, y fue la que más participación registró ese año, según el Informe Estadístico Anual del Subsector Eléctrico Nacional de la SEN.

 

Lo anterior también se señala en la investigación del ERIC-SJ, detallando que «el Grupo Terra produce, administra y distribuye productos indispensables para la industria y el funcionamiento general de la economía por medio de la generación de energía eléctrica, la distribución de combustibles, y la elaboración y distribución de productos accesorios a estos rubros, en un espacio transnacional que abarca la región centroamericana, Belice y Colombia».

 

«En su proceso de expansión —explica la investigación del ERIC-SJ—, el Grupo Terra aprovechó su experiencia en la generación de energía termoeléctrica para dedicarse, desde 2002, también a la distribución de combustibles derivados del petróleo a través de una red de puestos de venta y una empresa dedicada a esta labor: Gasolineras y Estaciones de Servicio UNO».

 

Posturas contrarias

 

En el contexto de socialización de la Ley de Hidrocarburos, la Coalición Patriótica de Solidaridad emitió un comunicado solicitando a la comisión de dictamen distintos puntos, entre ellos, «un accionar serio y contundente contra los monopolios y oligopolios en los mercados de importación de carburantes» y la «despolitización del ente regulador nacional mediante la creación de un ente tripartito estrictamente técnico, conformado por el gobierno, un miembro rotatorio en la cadena de comercialización y un miembro rotatorio de sociedad civil».

 

La respuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha sido distinta. Según un diario digital, entre las propuestas del Cohep estuvieron «eliminar la desproporcionalidad, discrecionalidad y evitar quiebra de empresas», que las multas vayan a la Caja Única del Estado y no a la operación de la DGHB, y «permitir la integración vertical con mecanismos de control de practica anticompetitivas, así como eliminar las distancias mínimas entre estaciones de servicios». Es decir, la empresa privada está pidiendo que, en vez de romper con la verticalidad de empresas o conglomerados que tienen la importación, distribución, almacenamiento y comercialización de los combustibles, se utilicen otras figuras o mecanismos para una mejor competencia.

 

La empresaria y expresidenta del Cohep, Juliette Handal, está en contra de algunas de estas propuestas y observaciones, ya que, según ella, es necesario que exista una regulación que garantice una competencia justa en la cadena de comercialización de hidrocarburos en Honduras. Además, señala que propuestas como la de acortar distancias en la instalación de gasolineras también representan un peligro por la contaminación del ambiente.

 

Handal también dijo a Contracorriente que quienes se oponen a que sea el Estado el que, por medio de esta normativa, otorgue permisos de operación y por lo tanto de la venta de combustible, han sido los sectores que han mantenido el control en la cadena de comercialización en el país.

 

«¿Quiénes han controlado? Aunque digan que el control de la comercialización de los combustibles lo tiene el Estado por ley, no la ha tenido, ha sido una regulación entre comillas, porque ellos (los importadores) ponen el precio de importación, el precio de almacenamiento de sus mismos almacenes», aseguró la empresaria a este medio.

 

Contracorriente contactó al Cohep para conocer más sobre su posicionamiento y los puntos expresados en la reunión de socialización con la comisión de dictamen con relación a este decreto; sin embargo, Olvin Mondragón, asesor legal del Cohep, y Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal, expresaron que en este momento no estaban dando entrevistas sobre este tema.

 

Al respecto, el director de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles de la SEN, quien también ha estado presente en las jornadas de socialización del proyecto en el Congreso Nacional, señaló que el Cohep no fue específico en sus observaciones cuando socializaron el proyecto con ellos. Dijo también que cuando el proyecto fue socializado con actores dentro de la cadena de comercialización que pertenecen al Cohep, estos no manifestaron una postura negativa respecto al proyecto, contrario a lo expresado por los directivos de ese organismo empresarial.

 

«Ellos (Cohep) fueron los que plantearon este tema de todas las figuras y todos los trámites que ellos consideran que son excesivos, pero dentro del Cohep también algunos actores de la cadena de comercialización, los importadores, las mismas estaciones de servicio, no se han manifestado al respecto de una forma negativa. Lo que sí ya nos han pedido es que tengamos más rapidez en las gestiones, que podamos ser más eficientes administrativamente», aseguró el ingeniero Posas.

 

Contracorriente solicitó una entrevista con Saraí Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), la cual representa al sector de gasolineros en el país, para conocer los planteamientos o sugerencias que hicieron en su reunión con la comisión especial para dictaminar esta ley; sin embargo, Silva decidió no brindar declaraciones sobre el tema a este medio.

 

«Competencia desleal»

 

Para la empresaria Juliette Handal es importante que existan reglas claras en la comercialización de los carburantes en Honduras, y así asignar precios justos a los productos derivados del petróleo al consumidor final. Además, opinó que es necesario romper con el sistema verticalizado que existe en la comercialización de hidrocarburos, donde el mismo que importa, es el mismo que almacena, distribuye y edifica gasolineras.

 

«En este sistema hay una competencia desleal porque los gasolineros independientes se ven afectados porque no hay reglas claras, y ellos están amarrados a contratos con las mismas compañías que también compiten con ellos. Entonces, ¿quién tiene mejores ventajas de costos? Si yo importo, distribuyo, almaceno y en toda esa línea vertical yo voy generando ganancias», cuestionó Handal.

 

Señaló que, si bien el decreto establece que el Estado será quien regule a quienes están dentro de la cadena de comercialización, es necesario que esto se implemente, pues hasta el momento el Estado ha hecho una «regulación», entre comillas, en la que ha existido mucha desorganización. Por ejemplo, actualmente se pueden instalar gasolineras una frente a la otra, otro ejemplo de competencia desleal, según Handal.


«Siempre los que más se han beneficiado tienden, y es lógico, a poner resistencia para que no le cambie su statu quo. Hemos estado sin esa ley desde hace muchísimos años. Dicen que no es oligopolio, monopolio ni concentración porque no hay concentración del mercado, pero sí lo hacen a través de los contratos leoninos de adhesión, fijando metas y condiciones», indicó.

Estación de servicio de Gasolinera Texaco. Tegucigalpa, 18 de abril de 2024. Foto: CC/Jorge Cabrera.

Posible importación de petróleo y regulación del gas natural

 

Carlos Posas, director de la DGHB, no descarta que por medio de esta normativa el Estado de Honduras pueda importar petróleo y sus derivados en un futuro. Al respecto, el ingeniero asegura que no se tiene la intención de romper con el libre mercado, más bien se busca abrir la posibilidad a quienes puedan invertir y tengan las capacidades de montar una terminal en Honduras e importar combustibles.

 

«Ni las condiciones actuales ni las que van a quedar después de la creación de esta ley van a impedir a cualquiera que quiera hacer una inversión, ya sea una empresa transnacional o una local, que tengan las capacidades de montar una terminal e importar combustibles, o que el Estado mismo lo pueda hacer. La ENEE [Empresa Nacional de Energía Eléctrica], por ejemplo, podría en algún momento estar interesada en importar de forma directa; eso no es algo que deba de verse con malos ojos», señaló.

 

Sobre la regulación del gas natural, planteada en el proyecto, el ingeniero señaló que hasta el momento en el país no existen iniciativas de plantas que funcionen con gas natural —combustible extraído por medio de perforaciones a la tierra y que es utilizado para la generación de energía, el transporte y para la fabricación de plásticos—, pero que por medio del decreto buscan adelantarse a su posible implementación en el país, aunque hasta este momento se están definiendo reglas a nivel regional.

 

«[La regulación o producción del gas natural] no existe ni siquiera en Centroamérica, se están discutiendo hasta ahorita los reglamentos técnicos centroamericanos, porque toda la región centroamericana debe ponerse de acuerdo en buena medida en muchos aspectos que tiene que ver con combustibles», indicó el director de la DGHB. Agregó que actualmente existen muchas inversiones relacionadas con el gas natural en toda la región, «y por eso se está caminando de prisa, porque el gas natural más temprano que tarde va a ser una realidad en nuestra región».

 

El tema del gas natural ha tomado relevancia en el país por las denuncias que se han hecho en contra de la Central Térmica Brassavola, que ya está generando energía a base de diesel y en un futuro promete generar energía a base de gas natural, como parte de un contrato que «revivió» tras su aprobación irregular en 2008 y el inicio de un proceso de cancelación en 2014. Ahora, tras su renegociación, promete generar 240 MWH de energía por 18 años.


La renegociación de este contrato no fue aprobada por el Congreso Nacional, y tampoco se tuvo en consideración la emisión de la licencia ambiental correspondiente. En una conferencia de prensa el pasado 23 de abril, el ministro de la SEN y gerente de la ENEE, Erick Tejada, no respondió a Contracorriente si se tomaron en consideración las implicaciones que podría tener la extracción de gas natural en las comunidades.

Finalmente, el diputado Rafael Sarmiento, quien preside la comisión especial de Hidrocarburos del Congreso Nacional, dijo en una conferencia de prensa el 17 de abril que el proceso de socialización de este proyecto había terminado después de 10 semanas, y que realizarán cambios en el dictamen considerando las observaciones y sugerencias presentadas por los distintos sectores.

 

En esta conferencia no se aceptaron preguntas de la prensa, y el diputado Sarmiento no respondió a las solicitudes de entrevista de este medio.

ACLARACIÓN:

  • En el texto publicado el pasado 25 de abril se colocó por error que el señor Fredy Nasser es miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), cuando en realidad es exdirectivo.
  • En el texto publicado el pasado 25 de abril se colocó por error que la central térmica Energía Renovable (Enersa) produjo 613,378 megavatios por hora (MWH) en 2022, correspondientes al 58% de energía producida a nivel nacional ese año; sin embargo, según el informe de la ENEE, esto corresponde a la energía comprada en el mercado de oportunidad nacional. La generación total en Honduras en 2022 fue de 11,085,241.62, de los cuales 1,529,165.02 MWh corresponden a Enersa, según este mismo informe citado en el texto.

Texto: Jennifer Ávila

Portada: Persy Cabrera

 

Hace unos días vi American Fiction, la película que ganó un Oscar por mejor guión adaptado y que pasó desapercibida, opacada por fenómenos como «Barbenheimer» y películas muy complejas, como Zona de interés o Anatomía de una caída. Todas me gustaron, pero con American Fiction llevo ya varios días pensando en los ejemplos que aparecen en la película, sus situaciones, dramas y conflictos.

 

En mis pensamientos obstinados había preguntas ocultas que merodeaban, que  finalmente se develaron y me han llevado a escribir estas reflexiones: ¿cuál es la Ficción hondureña, y por qué me molesta tanto que la industria de los medios, el arte más comercializado, el folklore y la política circense, reduzcan nuestra identidad a lo más bajo de nuestras costumbres populares, muchas de ellas despreciables? 

 

Monk, un escritor y maestro universitario negro, de gran nivel literario, está pasando por una mala racha, no logra que lo publiquen y sus libros son encasillados en la sección de «estudios afroamericanos», aunque sean novelas que no tienen nada que ver con esos estudios. La razón: porque es negro, y la industria editorial reduce su calidad literaria a su color de piel y su pertenencia a un grupo demográfico. La industria espera de él que escriba «sobre negros», como si toda la diversidad de una población cupiera en un tema, el cual, además, está delimitado por una batería de estigmas y prejuicios sobre lo que ese grupo de población «debe» contar. 

 

Así, Monk, cansado de su situación y en bancarrota, decide escribir un libro lleno de clichés sobre «lo que es ser negro en Estados Unidos», reproduciendo en tono de burla todos los lugares comunes que calman las conciencias de los lectores supuestamente sensibles, y lo manda a las grandes editoriales para, según él, dar un mensaje de rechazo a la trivialización y la condescendencia en las que ahora se esconde muy bien el racismo. Presenta el libro con un pseudónimo y personaliza, sin revelarse, al negro prototípico que autoriza — según la industria — ese tipo de narrativa. Lo que él pensaba que debió haber sido sarcasmo, es tomado como autenticidad y el libro se convierte en un best seller llamado Fuck! («¡Puta!») y en una película hollywoodense. 

 

Para calmar la ansiedad que le produce a Monk la creciente insensatez y el absurdo, su editor le explica que él puede escribir tres tipos de libros, así como la marca Johnny Walker hace varios tipos de whisky: el popular red label, el intermedio black label y el azul, de mejor calidad para quien puede pagarlo, el blue label. Fuck! sería un red label, que todos consumen creyendo que por ser Johnny Walker es bueno, pero que por sus réditos le permitiría escribir lo que él quiere, probablemente unos cuantos blue label, de menor consumo, pero calidad superior. 

 

Con esa premisa parecería que todo está bien, pues el arte, la literatura e incluso el periodismo segmentan sus productos según su audiencia; pero ¿cómo termina lo más superfluo o lo más estereotipado siendo no solo lo más popular, sino lo más impactante en los valores de las sociedades? Dicen los conocedores que la calidad de un licor es proporcional a la intensidad de resaca que su consumo produce. ¿Cómo es la «resaca social» que nos produce consumir nuestro «Fuck!» hondureño de forma masiva?

 

¿Cuál sería nuestra «Fuck!» (que también puede traducirse como «¡Jodida!») y cuál su resaca? La respuesta se me vino fácil en el momento en que terminé de ver la película. Podría ser algún canal de televisión de mayor rating, esto que no es solo un medio de comunicación, sino ahora también un proyecto político. 

 

HCH le da al pueblo hondureño una sensación de espejos, escribió Óscar Estrada en su artículo «El juego de espejos de HCH». «Por un lado nos muestra una ciudad mórbida que parece creada para la crónica roja. Una ciudad anónima, conformada por miles de almas que nadie nunca sabrá que existieron, excepto cuando forman un espectáculo trágico o cómico, en donde la violencia y la ignorancia es parte de nuestro folclore. Y por el otro lado es la ciudad que se ve a sí misma. Anónimos viendo anónimos», escribió, y cuestionó sobre cómo esta exposición de una realidad caricaturizada o exagerada, estereotipada, ayuda a ocultar lo que realmente está pasando, sus causas, sus consecuencias, la complejidad humana.  

 

En HCH se destaca «el vive» hondureño, televisando el acoso sexual de un televidente fanático hacia una presentadora voluptuosa que baila punta, el baile garífuna que sexualizaron para hacerlo comercial. Mientras un hombre sube al escenario para tocar a una presentadora, miles o incluso millones lo ven en vivo por la televisión o las redes sociales, en donde comentan «se pasó de vivo». Y es que HCH entiende a la gente que quiere hablar como quiera, nalguear a una mujer sin su consentimiento, pasarse de vivo, porque eso es ser hondureño. Los demás medios lo intentan igualar y buscan desesperadamente replicar el fenómeno. 

 

«Fuck!» (otra traducción posible sería «¡Mierda!») — el libro que escribe el protagonista de American Fiction— narra la historia de un criminal en una comunidad negra, llena de pandillas, violencia y alcoholismo. Escrito en un lenguaje callejero, el autor crea una ficción en la que él mismo es un hombre fugitivo que escribió sobre su contexto. La intención no es contar algo sobre cómo viven las comunidades negras en Estados Unidos, sino hacer una crítica a la industria literaria y del entretenimiento que reduce —y por lo tanto condena— a toda una población a eso: peleas pandilleriles en un callejón oscuro. 

 

Podría decirse que HCH y otros medios y programas que lo imitan, muestran una diversidad de estas escenas a diario, de cosas reales, que no son parte de un cuento, es lo que vive la gente y es así; sin embargo, le ponen foco a lo más llamativo: los charcos de sangre, la apariencia de las reporteras, al director comiendo y mostrando todo el bolo alimenticio en cámara, al presentador de noticias reclamando a un banco por el pago excesivo de intereses, a los insultos en redes sociales, al acoso sexual, todo esto ambientado con música religiosa y sellado con un versículo bíblico o una cátedra de «valores». 

 

Esto es todo lo que somos en la pantalla, y la mayoría de la población hondureña que hace de esto un éxito en rating, lo cree, lo perpetúa y, ¡cuidado!, lo puede convertir en gobierno (en el caso específico de los presentadores que postulan a diputaciones o la presidencia). Este es un negocio rentable, no hay gobierno ni partido político que se pueda resistir a pagar por esa popularidad, ni empresas ni otros grupos de poder.  

 

Pero en medio de este ruido, en Honduras hay más que violencia, somos más que uno de los países más violentos del mundo, somos más que la etiqueta de narcoestado, más que los gritos con frases soeces que los hombres lanzan cuando una mujer camina por las aceras llenas de mierda de perro. Somos más que «los vivos» que nos gobiernan, que los que nos extorsionan, que los que se enriquecen y usurpan, estafan, expulsan. Somos más que gente comiendo con la boca abierta en cámara, y más que la ilusión por una belleza del canon «latino». 


Somos grupos de gente, clases sociales distintas, orientaciones sexuales diversas, gente que se organiza, unos para el crimen, otros para pelear algún derecho violado. Somos algunos privilegiados con estudios, con uno, dos o tres idiomas, otros no tan privilegiados pero que satisfacen de cualquier manera un mercado voraz. Somos personas que quisieran caminar tranquilas por las calles de día o de noche, y somos los que controlan esas calles. Gente que piensa y busca soluciones, también gente que cuenta lo que le pasa sin dañar a otros, o gente que vive para dañar. ¿Cómo puede salir nuestra sociedad del círculo de conmiseración y su espectáculo? Quizá recordando que, sobre todo, somos gente que tiene una voz, muchas veces opacada por la Ficción hondureña.

El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras realizó una denuncia en contra del contrato del Estado con la Central Térmica Brassavola, que ya está generando energía a base de diesel. Según esta organización, el contrato representa una presión financiera insostenible para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), superior a los 10,185 millones de lempiras, el 35 % del presupuesto para compras de energía de la estatal. La central Brassavola emergió en los últimos años, mientras se renegociaba un contrato aprobado con irregularidades en el gobierno de Manuel Zelaya en 2008, cuando la ministra de la ENEE era la actual precandidata presidencial Rixi Moncada. Con el gobierno de Xiomara Castro y su familia, el contrato, que estuvo en proceso de cancelación en 2014, fue renegociado sin la aprobación del Congreso y opacidad con respecto a su licencia ambiental. 

 

Texto: Jennifer Ávila

Con reportes de María Celeste Maradiaga y Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen.

 

Honduras es un país en crisis energética contínua. En cada gobierno se decreta emergencia por esta causa, se facilitan los contratos de energía a generadores que se aprovechan de las debilidades institucionales, y el problema no se soluciona. Un ciclo de opacidad.

Así fue en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, en el que se decretó emergencia en el sector energía y se realizaron contratos directos de generación, como el otorgado en 2008 a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S. A. (Cechsa) por 150 MW a base de carbón. Según una denuncia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, «a pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial». 

Según la denuncia, el contrato con Cechsa —que según el TSC tenía un exceso de 1,560 millones de dólares—, en 2014, durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, entró en proceso de cancelación mientras se declaraba una nueva emergencia energética, esta vez beneficiando a cientos de generadores de energía renovable. Muchos de esos generadores terminaron estafando al Estado. 

Ahora, las autoridades de la estatal eléctrica renegociaron el antiguo contrato con Cechsa para la instalación de la planta de generación de energía Brassavola. El nuevo contrato, al que tuvo acceso Contracorriente, tiene una duración de 18 años y se ha modificado su fuente de generación y su tamaño. Originalmente, esta planta iba a generar energía a base de carbón mineral, pero ahora genera energía a base de diesel mientras hace una transición a una generación menos nociva para el ambiente, a base de gas natural. Sin embargo, hasta el momento Honduras no tiene regulación para este tipo de generación de energía. 

Ante las irregularidades, la ASJ instó al TSC «a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a Cechsa y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y a la ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos. De igual forma, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE». 

 

Los socios 

 

Las personas que han figurado en la empresa han sido cercanas al expresidente Manuel Zelaya y actualmente al gobierno de Xiomara Castro; por ejemplo, el abogado Rafael Virgilio Padilla, actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que emitió los términos de referencia en diciembre de 2022 para la generación de 450 megawatts, fue miembro del consejo de Cechsa. Padilla se convirtió en militante del Partido Libre en 2022. 

 

Este conflicto de interés fue descubierto por este medio en junio de 2023. En ese momento, la planta de energía estaba en construcción, con una inversión de 156 millones de dólares, y el ministro de la ENEE, Erick Tejada, quien ahora defiende el proyecto, decía públicamente que no conocía nada sobre la instalación de esta generadora de energía. En diciembre de 2023 el contrato con el Estado, que ahora tiene una vigencia de 18 años, quedó renegociado y la planta comenzó a operar, generando 30 megas de energía en abril de 2024, como estaba previsto. 

 

Pero en los años anteriores hubo movimientos empresariales que llamaron la atención. En un reportaje previo explicamos que Cechsa es una sociedad creada el 17 de mayo de 2007 por el guatemalteco Leonel López Rodas y la hondureña María Luisa Martínez. López Rodas fue ministro de Energía en el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), justamente cuando se privatizó el rubro de la energía en ese país. 

 

También figuraron otros personajes, como  Roberto Brevé Reyes, quien ahora es magistrado del Registro Nacional de las Personas (RNP) en representación del Partido Liberal. Brevé confirió al empresario Víctor Elías Bendeck Ramírez el poder general de administración de sociedad, que lo facultaba para realizar cualquier trámite o gestión en Honduras. Bendeck Ramírez fue mencionado en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos. 

 

Después de varios cambios, finalmente la posesión de la empresa terminó en un holding offshore en Panamá. Leonel López Rodas, el guatemalteco que comenzó la sociedad en 2007, aparece desligado de esta en el 2020, cuando vendió sus acciones a Energía y Mercadeo S. A., que quedó en posesión del 99.9 % de la sociedad. En marzo del mismo año, Energía y Mercadeo S. A. traspasó sus acciones a Génesis Energía S. A. que desde entonces quedó como socia mayoritaria con el 99.9 % de acciones, mientras que el ciudadano argentino Martín Guillermo Azcárate quedó en posesión de una acción.

El 7 de febrero de 2023, según un oficio registrado con número 3415827, el consejo de Cechsa autorizó la venta de las acciones de Génesis Energía S.A. a la sociedad Carapa Trade Corp, que se encuentra registrada en Panamá desde noviembre de 2001, según el sitio Opencorporates. José Reyes, consultor de Cechsa en Honduras, confirmó que Carapa Trade Corp. es una empresa holding del grupo, pero no dio más detalles a este medio, cuando se le entrevistó en junio de 2023 acerca de su registro en Panamá.

 

«Son datos falsos», responde ministro de la ENEE

 

El ministro de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, organizó una conferencia de prensa para reaccionar ante el informe de ASJ, en la que dijo que esta organización fue cómplice de las irregularidades cometidas en el gobierno de Juan Orlando Hernández, y que él y su equipo habían encontrado «más de 18 mentiras en dicho informe, el 95 % de los datos están manipulados o de plano son falsos, y eso desvirtúa su mínimo rigor investigativo».

 

Agregó que una de las «mentiras» es que se haya extinguido la licitación por 450 megas de generación, ya que el gobierno está licitando a nivel internacional la compra de 1,500 megas de potencia para suplir la necesidad de Honduras.

 

«Interpretamos este informe como un ataque directo a la ENEE y al gobierno de la presidenta; no es la primera vez. Le pedimos que haga balance, que hay cosas buenas que se están haciendo, se está mejorando poco a poco la atención», dijo.

 

Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía, durante una conferencia de prensa en el Centro Cívico Gubernamental. Tegucigalpa, abril de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Este medio preguntó al ministro por qué el contrato no fue aprobado por el Congreso Nacional, dado que fue cancelado en 2014.  El ministro se limitó a responder que el proceso ha sido correcto y «ha seguido una ruta procesal porque el contrato y sus modificaciones fueron publicados en La Gaceta». Le preguntamos además sobre la regulación para la generación por gas natural, y si la empresa cuenta con la licencia ambiental correspondiente, a lo que contestó que dicho requisito pasó a segundo plano en la renegociación de este contrato.

 

«Todas las renegociaciones que se han hecho han ido en función del interés público, en ahorro de las arcas del Estado», dijo a Contracorriente el ministro, quien finalmente no respondió a la consulta sobre las implicaciones que podría tener la extracción de gas natural en las comunidades. 

 

«Cuando uno está en una mesa de negociación, uno cede algo y exige algo, y varios contratos en el contexto de la negociación han cambiado de tecnología. En la aprobación de junta directiva [de la ENEE] ya hay antecedentes de contratos que han entrado en operación sin tener necesariamente la aprobación del Congreso; en este caso las adendas van [posteriormente] al Congreso y se van a aprobar», aseguró el ministro.

 

El titular de la SEN negó a este medio que se estén realizando prácticas similares a las del gobierno anterior con el inicio de operaciones de la planta termoeléctrica Brassavola, a pesar de que finalmente el contrato de renegociación no fue aprobado previamente por el Congreso Nacional, siendo este uno de los requisitos que como autoridades habían definido.

La Bestia, el tren que cruza México de sur a norte, ha mutilado a cientos de migrantes en la última década, pero subirse a sus lomos es una necesidad para los que huyen de cinco continentes y buscan llegar a Estados Unidos. Si antes las víctimas del tren eran sobre todo centroamericanos, ahora también son venezolanos, haitianos, cubanos y el resto de los protagonistas de un flujo migratorio récord. Para muchos, perder un miembro es el fin del camino. Otros no dejan de caminar hacia el norte.

Por Bryan Avelar

Foto y vídeo: Paula Villela

 

Irapuato, México/Choluteca, Honduras.

 

I – Al encuentro de La Bestia

Un pitido ronco suena en la oscuridad y la tierra tiembla cuando La Bestia se acerca. La locomotora bufa y tira de los vagones que chocan entre sí haciéndola rugir como un viejo animal metálico que intenta detenerse. A unos metros de los rieles, decenas de migrantes se ocultan debajo de un puente. Llevan varias horas protegiéndose de los ocho grados de la noche de Irapuato, en el centro de México: las manos y la cara duelen por el frío. Se protegen también de los asaltantes, violadores, secuestradores y de los agentes de migración que merodean los rieles. Solo al escuchar la llegada del tren, salen de su escondrijo y se acomodan al hombro sus mochilas gastadas.

 

Los migrantes se juntan en pequeños grupos alrededor de las vías y comienzan a darse consejos sobre cómo subir al tren. Los acentos delatan sus lugares de origen: algunos son centroamericanos, de Honduras, Nicaragua o El Salvador; otros son más del sur, de Venezuela o Colombia; también hay algunos cubanos que comentan con respeto y temor la llegada del tren. Son parte del flujo migratorio récord que busca llegar a Estados Unidos cruzando México: solo en 2023, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 782,176 “encuentros” o migrantes irregulares en el país. Cuando lleguen a la frontera norte y toquen el borde del territorio estadounidense, se convertirán en noticia. Pero aquí, en esta noche y al lado de estas vías, todavía siguen siendo anónimos.

 

Trenes estacionados en Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato.

El tren se detendrá pronto, pero un venezolano, un hombre de treinta y tantos, cara huesuda y piel tostada, quiere poner a prueba su agilidad para seguir su ruta hacia el norte. El camino, muchas veces, tiene una lógica propia. Montar a ese animal, lo sabe, requiere de una técnica afinada. Primero acerca su mano y deja que los hierros le golpeen los dedos para medir la velocidad. Tantea. En su cara se refleja el miedo. Sabe que, si se resbala, o si no se agarra bien, la locomotora le puede arrancar un brazo, una pierna o la vida.

 

“¡Culero!”, le gritan unos hondureños que se apiñan contra el frío a varios metros detrás de él. “¡Ah! ¡Vengan ustedes, pues!”, los carea el venezolano y los otros se quedan callados.

Ellos también lo saben.

 

El venezolano se acerca más a los rieles, se ajusta su gorra echada para atrás y se remanga el suéter. Corre a la par del tren, que marcha lento, y se agarra con ambas manos de la barandilla de uno de los vagones. Deja colgadas sus piernas por unos segundos, balanceándose, hasta empujar su cadera para pararse sobre el último peldaño. El tren avanza. La silueta del venezolano prendido del metal se aleja y se hunde cada vez más en la oscuridad.

 

A un lado de esta escena, parte del grupo de hondureños aplaude y grita con jolgorio al venezolano a quien retaban hace unos momentos. Otros solamente observan en silencio con los ojos bien abiertos y cara de espanto.

El mayor miedo de los migrantes aquí y ahora, esta noche de noviembre de 2023, no es que a lomos de La Bestia, por las noches, el frío los congele o que durante el día el calor sobre las latas los queme; tampoco es que los atrape uno de los “garroteros”, el personal de seguridad de la empresa Ferromex que administra el tren, o que los asalte alguno de los grupos criminales que controlan el camino; tampoco es que, al fin del trayecto, lleguen a una frontera donde podrían pasar meses varados en refugios al aire libre a merced de criminales en alguna de las ciudades más violentas del mundo. Ese miedo vendrá después. El mayor miedo en este momento es que La Bestia se los coma. 

 

—¿Qué pasa si te soltás del tren? —le pregunto a uno de los hondureños.

 

—La cagaste —me responde, mientras se esconde en su suéter. —Si te soltás, La Bestia te succiona y te arranca las patas, los brazos, te despedaza.

 

Aunque esta es la sexta vez que se va a montar en el tren a lo largo de un mes, me dice el hondureño, esta noche tiene miedo.

 

—Es que el miedo nunca se quita. Pero no hay de otra, compa. El muro no se va a acercar a nosotros. Hay que avanzar.

 

Subirse al tren, lo saben todos los migrantes que lo montarán esta noche, es una necesidad. Es la única forma de avanzar rápido y sin pagar hacia el norte. Otra opción es caminar los casi mil ochocientos kilómetros que separan la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, con Matamoros o Reynosa, las ciudades fronterizas con Estados Unidos más cercanas. La tercera opción es ir montando de autobús en autobús, bajándose antes de cada retén migratorio y rodeándolo metiéndose a los montes. La lógica del camino los hace huir de otras personas y arriesgar su vida a lomos de una bestia.

II – La mordida

“Yo había visto trenes pero no así, no como ese. Era impresionante”, recuerda Jerónimo Pérez, un venezolano de 23 años, bailarín de salsa amateur y aprendiz de tiktoker, sobre su primer encuentro con La Bestia.

 

En junio de 2023, Jerónimo estaba a las afueras de Ciudad de México, en una zona conocida como El Basurero porque está al lado de un vertedero de basura. Cientos de migrantes esperaban la salida del tren. Muchos de ellos compatriotas suyos, parte del masivo éxodo de más de cuatro millones que han huído de su país entre 2015 y 2022 y que los ha llevado a ser la quinta nacionalidad que más solicitudes de refugio pide en México y Estados Unidos. Algunos de ellos le enseñaron a Jerónimo cómo debía subirse al tren.

 

Sobre la primera vez que lo hizo dice que el tren se paró a medio camino y los “garroteros” los engañaron para que se bajaran en un semáforo: “Nos tuvimos que esperar a que pasara el otro y nos volvimos a subir”. Sobre la segunda vez, a la que volvió a subir con el tren parado, recuerda el frío: “Sentía que me iba a congelar”.

 

Al llegar a Irapuato, dice, se bajó del tren y se escondió debajo de un puente cerca de las vías. A la mañana siguiente, un grupo de personas voluntarias de la oenegé Amigos del Tren salió a su encuentro, le ofrecieron un baño, una ducha y un poco de arroz con lentejas. 

Albergue para migrantes en Celaya, Guanajuato.

Antes de subirse a La Bestia por tercera vez, Jerónimo descansó y al día siguiente salió a conseguir un poco de dinero para poder seguir avanzando en el camino. Preparó sus cosas y se subió al primer autobús que vio pasar para contar chistes. “A mí me gusta mucho hacer reír a la gente. Siento que es algo que disfruto mucho y encima me pagan”, dice.

 

Una persona le dio una bolsa de comida en lugar de dinero. Jerónimo la tomó, feliz, y bajó de la unidad. “Entonces vi que mis amigos me estaban esperando al otro lado de la vía, pero exactamente en ese momento venía llegando el tren. Y quedó atravesado entre ellos y yo”.

 

Al ver el tren completamente detenido, Jerónimo tomó la bolsa de comida entre sus dientes y empezó a escalar el tren para llegar al otro lado. Cuando llegó a la cima La Bestia se sacudió. La locomotora arrancó de golpe y los vagones se movieron bajo Jerónimo. Cayó al suelo y las ruedas del tren comenzaron a moverse.

 

“Fue extraño porque primero sentí un dolor increíblemente fuerte. Pero a los segundos ya no sentí nada. Fue como estar en un sueño”, recuerda.

 

Uno de sus amigos del camino lo jaló por la espalda. Después, los recuerdos de Jerónimo se volvieron confusos. Hospital. Sangre. Oscuridad.

 

“Y desperté con una sola pierna”.

 

Aquel no fue su último encuentro con La Bestia. Pero para muchos otros su mordedura es el fin del camino.

Jerónimo muestra la radiografía de la tibia que le rompió el tren.

III. Aprendiendo a caminar

En Choluteca, un poblado en la frontera entre Honduras y Nicaragua, a unos 2,000 kilómetros de distancia de Irapuato, hay un lugar en un callejón que devuelve la esperanza a los que fueron mordidos por La Bestia y escupidos de México. En una pequeña casa de construcción sencilla sin letrero está la Fundación Nueva Vida, una organización que regala prótesis a amputados, entre ellos migrantes, con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que durante la última década implementó un programa en México y Honduras en el que atendió a casi 1,300 migrantes amputados por la Bestia.

 

Walter Aguilar, un hondureño en la cuarentena, fabrica prótesis para los que regresan con el sueño americano vuelto pesadilla. Él, aunque nunca fue migrante, también perdió una pierna a los 17 años cuando trabajaba para unos estadounidenses como guía para cazar patos. Aquel día en la montaña el pick up en el que venía el equipo volcó y le cortó su extremidad.

 

“Ahí mismo en Nicaragua me amputaron, pero los médicos fueron muy buenos conmigo y no dejaron caer mi ánimo. Me dijeron que pronto vendría otro muchacho también amputado y me iba a enseñar a manejar mi prótesis. Él fue quien me enseñó que la vida no había acabado, que yo podía seguir y llevar una vida normal”, recuerda Walter.

 

Después de una larga recuperación física y emocional, ahora es protesista.

Walter repara una prótesis en la Fundación Nueva Vida, en Choluteca, Honduras.

Walter, un hombre de aspecto bonachón, tiene su cabello perfectamente recortado. Se desplaza por su taller con agilidad, casi sin dejar notar que usa una prótesis. Al fondo tiene una enorme tabla de la que cuelgan sus herramientas con las que crea y repara las prótesis de sus pacientes.

 

Una tarde a mediados de octubre, un grupo de cinco hondureños esperaba en la pequeña sala de la fundación para que Walter reparara sus prótesis de pierna. Los hombres, de entre 20 y 50 años, conversaban entre sí sobre sus andanzas en el camino y cómo perdieron sus piernas. “Es que yo no me agarré bien, solo me agarré con tres dedos y como estaba más gordo no aguanté. De repente me desperté ya sin la pierna”, dice uno de ellos.

 

La mayoría, con buen ánimo, incluso hacían bromas de lo inclemente que había sido el camino, recordaban anécdotas y hablaban de nunca más volver. Otros lo hacían sobre el siguiente intento.

 

Uno de ellos dijo que lo había intentado más de ocho veces y que solo estaba esperando a que Walter le arreglara su prótesis para volver a intentarlo. “Yo ya he estado allá. En 2008 y 2012 logré pasar. Estuve en el estado de Texas trabajando. Pero de ahí me pasó la desgracia esta. Ahora que ya manejo bien la prótesis no voy a tardar en regresar”.

IV. Los secretos de La Bestia

Hay un secreto que guarda La Bestia que pocos conocen. La Bestia, ese gigante animal metálico imparable, tiene una debilidad. En la parte trasera del último vagón hay una manija que sirve para frenar las llantas. Aunque hacerlo tiene un costo. Si se jala, el tren se para. Si se para, los vigilantes de Ferromex actúan.

 

“Cuando veníamos para aquí agarramos el tren en Coatzacoalcos para bajarnos en Tierra Blanca. A medio camino sentimos que el tren empezó a detenerse y de repente venían unos chavos corriendo y gritando que nos bajáramos. Nosotros pensamos que ahí era la estación y que quizá venía Migración a detenernos. Nos bajamos y vimos que venían los garroteros. Nos agarraron, nos golpearon y nos pusieron con el cuello sobre las vías del tren. Nos dijeron que iban a arrancar el tren y que nos iban a cortar la cabeza. Estuvimos ahí tirados en la tierra caliente como media hora hasta que nos dejaron ir”, cuenta Javier, un hondureño que aguardaba a principios de octubre debajo del puente de Irapuato.  

Aunque las vías sobre las que viaja el tren están bajo el resguardo de los vigilantes armados de Ferromex, quienes realmente controlan son las estructuras de crimen organizado que operan a lo largo de la ruta. A veces es un cartel. A veces otro. A veces las pandillas. O a veces grupos locales que se suben a asaltar a los migrantes. Cuando La Bestia viaja a alta velocidad pasan vagón por vagón cobrando una cuota. Quien no paga corre el riesgo de ser tirado del tren. A muchos los muerde La Bestia. A otros los mata.

 

No hay un registro de cuántos migrantes ha matado La Bestia. Ni tampoco se sabe a cuántos con exactitud les ha arrancado pedazos de su cuerpo. Muchas veces, los migrantes que no portan documentos son enterrados junto a los indigentes mexicanos, volviendo así esta cifra indescifrable. 

 

Las vías del tren llegaban hasta 2005 a Tapachula, en la frontera sur de México con Guatemala. Muchos murieron ahí. En el cementerio Jardín de la ciudad hay pruebas de ello. Los viejos enterradores me lo contaron un día. “Aquí venían despedazados. Los arrastrábamos y a veces se caían los pedazos. Los perros se comían las patas o las manos que se nos caían de las carretas porque nos los traían sin caja y ya empezaban a descomponerse”, recuerda Santos, un sepulturero al cuyas manos llegan cuerpos de migrantes desde hace más de 25 años.

 

Durante muchos años, la Bestia comió carne centroamericana. Sin embargo, al menos desde 2018, el flujo migratorio que busca llegar a Estados Unidos pasando por México ha cambiado. Por el lomo del tren ya no solo viajan hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos. También lo hacen venezolanos, ecuatorianos, haitianos e incluso migrantes de otros continentes. Un reporte reciente del Instituto Nacional de Migración revela que solo para 2023 la institución emitió cerca de 100,000 permisos temporales a personas provenientes de 103 países de  los cinco continentes del mundo. Ahora, en el camino no es raro encontrar migrantes que viajan desde los confines de África o Asia en una larga travesía que ha modificado el panorama en el camino.

 

V – Siempre hacia el Norte

Un mes después de que La Bestia le pasara una de sus ruedas metálicas por encima y le amputara la pierna izquierda hasta la mitad de la tibia, Jerónimo envolvió bien su muñón con una venda elástica negra, le hizo un nudo a la pierna del pantalón que le sobraba y empacó sus cosas. Tomó su muleta y renqueó hacia las vías del tren para volver a subirse a lomos del tren.  

 

Con la mochila al hombro, a un lado de las vías, Jerónimo se despidió de cuatro amigos queridos que le habían ayudado dándole techo, comida, medicina y compañía en Irapuato durante su mes de convalecencia. Antes que llegara el tren, le ordenó a su prima y compañera de camino que se alistara. Agudizó su oído y esperó a que los pitidos roncos le dieran la señal de salida.

 

En ese instante, cuenta Jerónimo, sonó su teléfono celular. Era su padre, quien llamaba desde Venezuela, a más de 5,000 kilómetros de distancia, para ordenarle que detuviera aquella locura. A cambio le prometió que, si esperaba, buscarían juntos una forma más segura de viajar.

 

Pero Jerónimo no es gente de esperar y solo entre todos lo pudieron convencer de que soltara la mochila, que se fuera a casa a curar su muñón adolorido mientras encontraban otro camino.

 

Un pastor evangélico y las personas que lo estaban viendo a unos metros de distancia se alegraron al verlo retroceder y lo llevaron de nuevo a una casa temporal en el centro de la ciudad.

 

Ahí lo conocí, a principios de octubre de 2023, encerrado en un pequeño cuarto de piso sin loza en un suburbio de Irapuato, mientras asomaba la cabeza por la ventana que da a la calle para mirar quién tocaba a su puerta.

 

Sorprendido por nuestro interés en conocer su historia, nos recibió sonriente con su muñón envuelto en un paño.

 

—¿En qué estabas pensando cuando te ibas a subir al tren de nuevo?

 

—En nada. Solo en que quería irme ya.

Jerónimo prepara su mochila en Irapuato, Guanajuato, para partir a Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

A pesar de la mordedura que le cambió la vida para siempre, Jerónimo seguía mirando hacia el norte. Siempre hacia el norte. Cuando le pregunté qué haría si le tocara regresar me dijo que eso para él no es opción. Ni siquiera tiene una respuesta elaborada. No cabía en su mente.

 

En medio de decenas de miles de migrantes que huyen de la violencia, el hambre o las dictaduras, Jerónimo, que ha sufrido el hambre y la pobreza, busca. “Mi sueño es conocer el mundo y ser un creador de contenido”, dice mientras muestra sus videos bailando salsa en una pequeña habitación de paredes blancas. En el video, Jerónimo mueve con agilidad sus dos piernas. Mientras ve el video, su cara se ensombrece.

 

Pero ahora, con una sola pierna y con todo escenario en su contra, Jerónimo encontró otra forma de avanzar. El pastor evangélico Armando Gutiérrez, quien lo ayudó en su recuperación, le consiguió espacio en un albergue en Ciudad Juárez, en la frontera norte.

 

Cerca del mediodía del 3 de noviembre de 2023, el pastor llegó por Jerónimo en su modesto automóvil. Jerónimo empacó unas bermudas, tres camisetas, un pantalón extra, ropa interior, una bocina para escuchar sus canciones de salsa favoritas y el cargador de su teléfono. Equipaje ligero para un largo viaje.

 

Antes de subirse al carro, Jerónimo volteó por última vez para despedirse. Hizo un gesto de victoria levantando un poco su muleta. El carro arrancó dejando un zumbido en el aire mientras Jerónimo se convertía en un pequeño punto en el camino que lleva hacia el norte. Siempre hacia el norte. Nunca hacia atrás. Su gesto, en lugar de una despedida, parecía un saludo al camino, La Bestia lo mordió, pero él siguió caminando.

 

VI. Epílogo

A principios de enero de 2024, Jerónimo me escribió un mensaje de texto: “Feliz año nuevo. Ya estoy en Tennessee”.

 

Hace unos días me volvió a escribir. “Estoy por aquí trabajando. A veces hago taxi o vendo golosinas en la calle. Me defiendo para mientras encuentro un trabajo bueno y cumplo mis sueños”.

Texto: Patricia Toledo
Portada: Persy Cabrera

El abuso, según algunos autores, se define en general como un comportamiento que inflige daño o sufrimiento a otra persona. Finkelhor lo definió como «cualquier comportamiento que intente controlar o dominar a otra persona, o que la haga sentir avergonzada, culpable o humillada». Escobar Gil lo describió como «cualquier acto que priva a una persona de sus derechos básicos o que la coloca en una situación de riesgo». Schechter y Roberge lo explicaron como «una serie de comportamientos que infligen daño físico o psicológico a otra persona, o que la ponen en riesgo de sufrirlo». La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó entre sus temas permanentes, el abuso como «el uso intencional de la fuerza o el poder físico, real o amenazante, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, desarrollo o privación».

El abuso sucede y se sostiene en el tiempo y diferentes lugares, con una cadena de eventos intrapersonales, interpersonales e institucionales, y por ello es con una cadena de eventos como se acaba con el abuso.

Hay varios tipos de abuso, de los cuales el físico, el emocional y el sexual son los más conocidos y referidos.

En América Latina hay varias investigadoras estudiosas del abuso; por mencionar algunas, están las doctoras Marcela Lagarde, Rita Segato, Elizabeth Lira, Ana Carcedo, Sonia Fleury y Claudia García Moreno, entre muchas más. También encontramos abundante ficción escrita por mujeres que abordan el tema, escritoras que hacen un abordaje periodístico y tenemos, del mundo entero, testimonios de sobrevivientes.

Por ejemplo, Belén López Peiró, en su libro Por qué volvías cada verano (2018, Las Afueras), relató los abusos que sufrió por parte de su tío durante su adolescencia. Maya Angelou, en su autobiografía Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado (1969, Random House), habló sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niña por parte de un familiar. Martha Suria —un seudónimo que usó por seguridad— narró en su libro Ella soy yo (2019, Círculo de Tiza) su experiencia de abuso intrafamiliar.

Hay algunas características que se presentan en casos de abusos. Pero aquí solo hablaré de una de ellas. Esta característica es la desigualdad en las relaciones de poder, asimilada esta desigualdad de manera consciente o inconsciente entre la persona abusada y la persona abusadora. Ya que las relaciones de poder son todas estas interacciones que se regulan por normas sociales, ese poder puede ser explícito o tácito.

Vivimos relaciones de poder en la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, el Estado, las amistades y, en fin, en todo espacio donde haya relaciones interpersonales. Sucede incluso cuando interactuamos con animales, y es que el poder en los relacionamientos de todo tipo tiene fines disciplinarios o coercitivos.

Como decía Foucault, las relaciones de poder están definidas por «un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción».

Así, una persona que fue educada en la fe cristiana responderá, por ejemplo, al miedo al castigo eterno ante una situación, y por ende, sus acciones serán coherentes con ese miedo. Aunque el castigo en este caso vendría de un poder superior, también habría toda una comunidad religiosa dispuesta a disciplinar a una persona de su congregación para prevenir que cometa faltas o exigir arrepentimiento en caso de haberlas cometido. Aquí la relación de poder no está dominada por Dios solamente, sino por una Iglesia que recuerda constantemente, mediante normas y preceptos, que el miedo al castigo es necesario para vivir una vida que no lleve al castigo, sino a la salvación de ese castigo. 

De la misma manera, como nos enseña Rita Segato, un violador y un agresor, al violentar a una mujer, están respondiendo a su mandato de masculinidad. Este mandato es disciplinador y exige, entre otros preceptos, «poner a las mujeres en su lugar» disciplinarlas si no están obedeciendo al referido mandato. Tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociales; sin embargo, la masculinidad hegemónica no ha cambiado casi nada en miles de años. 

Las maneras de ser y estar como mujer sí han cambiado a lo largo de los siglos, como resultado de las luchas ante las opresiones del mandato de masculinidad, ejercido y defendido mayoritariamente por hombres, pero también por mujeres que prefieren no resistir, y así reducir el riesgo de los castigos interpersonales, sociales e institucionales que llegan a quienes exigen justicia ante la desigualdad de poder.

La masculinidad férrea, ilimitada y privilegiada, exige de las mujeres, la niñez y las disidencias sexuales una obediencia basada en la idea de la superioridad masculina, idea sustentada en las religiones de libro, como el cristianismo, judaísmo y musulmana. La historia de la dominación, escrita en su mayoría por hombres y este conjunto de constructos sociales que hacen de la masculinidad una posición de privilegio, de estatus y de pertenencia, difícil de ceder y más difícil de escudriñar, se ha naturalizado. Es decir, se considera a la masculinidad hegemónica el modelo de humanidad inherente a los hombres, en especial los hombres blancos o ideológicamente blanqueados. De este modo, impuesto, aprendido e interiorizado así, en mayor o menor medida los hombres se sienten comprometidos a cumplir con este mandato: «porque así es y así ha sido», para evitar castigos y gozar de privilegios, sean reales o imaginarios.

El adultocentrismo es otra relación de poder que predomina en los imaginarios sociales incluso si pensamos racionalmente que no. La adultez se ve como una suerte de premio al que se accede tras sobrevivir la niñez. Nunca mejor dicho, la niñez se sobrevive.

La mayoría de los abusos de todo tipo que puede experimentar un ser humano se suceden en la niñez. Según un informe de 2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un 63 % de las personas menores de 14 años han sufrido abusos físicos y psicológicos como parte de su formación. Y sobre los abusos sexuales durante la niñez, la organización Save the Children estimó en 2023 que en ocho de cada 10 casos, el agresor es una persona del entorno familiar.

Entonces se puede concluir que la agresión sexual en niñas, niños y niñes es en su mayoría perpetrada por una persona que tiene una relación de poder establecida por el parentesco, la convivencia, la crianza, la edad, la economía y la credibilidad social sobre la persona a la que agrede.

En este orden, es de hacer notar que a las mujeres de todas las edades se las «infantiliza» en función de ejercer control, dominio y abusos de todo tipo sobre ellas, con el mismo poder que se ejercería sobre personas menores de 18 años.

La impunidad es vista por varios autores como un síntoma de ausencia del Estado. Aunque vista como relación de poder, requiere de dos partes: la dominadora y la dominada. La impunidad requiere de una institucionalidad que exceptúa de condena a quien o quienes han cometido un delito. Estas excepciones están a la orden del día donde hay sistemas políticos sucios y sistemas legislativos y judiciales débiles. Pero aún más donde se cree social y moralmente que los poderes económico, político y religioso son una amalgama infranqueable, omnipresente y omnipotente. Esa creencia no es fortuita ni espontánea, es resultado de la memoria social y colectiva, de experiencias personales con estos poderes y su comportamiento dominador, excluyente y aleccionador.

Agreguemos a todo esto las personas que por práctica, privilegios, vínculos y accesos pueden y tienen a su disposición a la institucionalidad. Esa amalgama de personas, figuras, entendimientos y colusiones son la parte dominadora de la relación.

Por lógica, podemos deducir que la parte dominada son las personas, figuras y entendimientos que por vulneración sistemática se convierten en víctimas, personas de quienes se saca provecho de todo tipo, sobre todo para aleccionar y dejar claro quién o quiénes mandan, en un contexto de país, en una familia, en un grupo de allegados y demás.

El racismo, visto como una relación de poder, ha marcado de manera profunda la vida y la muerte de cientos de miles de personas y la historia de la humanidad. La raza surge como un invento de dominación que justifica todavía todas las acciones invasivas, colonizadoras, extractivistas, territoriales, comerciales y bélicas de los países del norte hacia los países del sur global. No es cualquier invento, ni se pueden ver sus alcances en todos los documentos de investigación y testimonios con que contamos alrededor del mundo. 

El racismo, padre del clasismo y la aporofobia, causa estragos en el planeta con consecuencias como el cambio climático, los genocidios históricos y los presentes, como el del pueblo palestino y el pueblo congolés; así como toda la regulación y condicionamiento migratorio en el mundo, por mencionar algunos efectos globales.

Se suman los efectos individuales y comunitarios, con dignidades deslegitimadas por la adhesión a un comportamiento y pensamiento blanco, o blanqueado por la fuerza de la costumbre y hasta la memoria celular, como ya nos dejan inferir las neurociencias.

La relación desigual de poder o abuso de poder dicta quién vive y quién muere, es la que establece que una persona sea incluida y reconocida dentro de una sociedad; inclusión y reconocimiento que también es de vida o muerte.

Tal vez, y solo tal vez, podamos entrever por qué a una víctima le cuesta tanto trabajo reconocerse como tal y señalar con firmeza a su agresor, y cómo al vulnerarse es en muchas ocasiones revictimizada, ridiculizada, reducida, por atreverse a levantar la voz contra el status quo, con consecuencias que pueden ser letales.

Las relaciones de poder se discuten poco, y menos se analizan, se debaten, se visibilizan. Es la estrategia que han usado quienes tienen poder y lo usan con alevosía para pasar desapercibidos y evadir sus responsabilidades.

Por eso las víctimas, las niñas violadas, las mujeres golpeadas, los hombres racializados humillados, las personas diversas patologizadas son las responsables, las culpables, siempre, ante procuradores de justicia y ante la justicia social de recibir violencias de todo tipo.

No quiero cerrar sin esperanza, porque sí, la esperanza puede ser un demonio escondido en una caja cuando no hay conciencia ni interés por salir de las zonas de confort, cuando no queremos ver más allá de lo preestablecido o no tenemos acceso suficiente a la información, al debate o al conocimiento.

Por eso hago una invitación para convertir la esperanza en un camino por el que transitemos, llamo a quienes tienen los privilegios de la libertad y el conocimiento para que compartan su pensamiento, sus esclarecimientos, su poder.  Menciono privilegios y ya no derechos humanos, pues que estos estén escritos y dictados en y sobre un mundo que constantemente nos pone en contra para beneficio de muy pocos, no significa que los derechos humanos y el bienestar común son un hecho alcanzable y no mera ilusión todavía.

Por el poder de pensar, actuemos en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, contra el abuso de poder.

En 2023 más de medio millón de migrantes, la mayoría venezolanos, entraron de manera irregular a Honduras. Muchos de estos migrantes han encontrado aquí el único lugar en donde pueden esperar para ahorrar dinero y tomar aliento para seguir el camino, porque Honduras es solo parte de la ruta hacia Estados Unidos. Entre albergues improvisados y clandestinos, familias y amigos pasan sus días recordando lo recorrido y planificando un futuro todavía incierto.

Texto: Daniel Fonseca

Fotografías: Fernando Destephen

Edición: Jennifer Avila

 

En su mochila, Jeremías lleva un elefante azul, un F1 anaranjado y una pala de juguete que le dieron en uno de los centros de atención al migrante por los que ha cruzado. Va con una camisa de Spider-man y una gorra de Mickey Mouse. Juega a escarbar la acera en el semáforo entre la tercera avenida y la novena calle en Comayagüela, donde su madre pide dinero para seguir el viaje hacia Estados Unidos. Cuando el tráfico se detiene, Yosimary extiende una paleta de fresa a los conductores como un gesto de agradecimiento, anticipando una limosna. En su camiseta, que cubre su vientre de embarazada, dice «Venezuela». 

 

Alguien, desde la ventana de un carro, les regala una bolsa de Burger King con comida y dos refrescos. La luz pasa a verde y todos aceleran. Otra persona le tira once lempiras que caen al suelo y ella los recoge, sin inmutarse. Le gusta mucho Honduras, dice. 

—Los hondureños son muy solidarios. 

En 2023, más de medio millón de migrantes entraron de manera irregular a Honduras. Este número, según el recuento del Instituto Nacional de Migración, casi triplicó la cifra de 2022, que ya venía escalando desde el fin de la pandemia. La mayoría de personas en tránsito que han recorrido el país desde entonces son venezolanos, pero otros países empezaron a abrirse paso en los registros migratorios en los últimos cinco años. Cuba, Haití, Ecuador, Colombia, China, Guinea, Senegal y la India se encuentran entre los primeros lugares de una lista cada vez más larga. 

 

Entre estos grupos, niños y niñas experimentan situaciones de vulnerabilidad particulares, sumadas a las de su estatus de migrantes. Solo entre enero y abril de 2024, unos 35,617 niños y niñas de diversas nacionalidades cruzaron el país en su ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde la mayoría de familias aspira a solicitar asilo y escapar de la pobreza y violencia de sus países de origen, pero también de la violencia y la pobreza del camino. 16,863 de estos niños y niñas tenían entre cero y diez años.

 

Las políticas migratorias más restrictivas de países como Panamá —que buscan movilizar fuera del país lo más rápido que se pueda a los migrantes— han convertido a Honduras en una pausa en el camino de muchos núcleos familiares que buscan ahorrar dinero o recibir asistencia médica tras cruzar la selva del Darién. 

 

Jeremías, por ejemplo, cuando no está acompañando a su madre en su jornada de pedir dinero en las calles de la capital, sueña con lo que quiere hacer cuando llegue a Estados Unidos: tener un auto de policía, mandar a traer a su hermana mayor y a su abuela desde Venezuela, aprender las cosas que aún no sabe. 

—Cuando sea grande voy a ser inteligente —dice.

 

***

Dos niños dejan sus juguetes para ver programas infantiles en un teléfono celular en el cuarto de una casa que funciona como refugio. Distrito Central, febrero de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Cuando terminan su jornada, Yosimary y los demás migrantes que rentan una habitación en la casa de La Profe —una excatedrática universitaria que los hospeda— se reúnen para contar historias de fantasmas. Alrededor de la estufa de gas diminuta en la que cocinan comida para 23 personas, hablan de lo que dejaron en Venezuela, de lo que planean hacer cuando se acerquen a la frontera norte de México, de lo que un día harán cuando estén en la tierra prometida. Sobre todo, hablan del Darién, una herida verde entre Colombia y Panamá que se ha convertido en un territorio controlado por el crimen organizado y donde las vulneraciones a los derechos humanos contra la población migrante suceden cada día. 

 

—A eso de las 3 de la mañana un haitiano pegó un grito, pero un grito escalofriante, y en ese momento hubo un trueno, y yo lo que pensé fue que el cerro donde estábamos acampando se nos venía abajo, y fue un momento de desesperación. Pero fue que el muchacho haitiano vio o soñó que se lo estaba comiendo una culebra gigante, y cuando él salió de la carpa sí tenía el rosetón, así como de la envoltura de la culebra en el cuerpo —cuenta Yosimary. 

 

Jeremías mira en su celular un video de Masha y el oso y los niños corren y juegan, pero escuchan.

 

Los demás tienen historias similares. Hablan del migrante que se lanzó de un peñasco porque no resistió más la jungla, de las apariciones que se perdían entre los árboles y les decían que no siguieran avanzando, de las carpas llenas de cadáveres, de un río carmesí y con olor a sangre y de cómo intentaron, muchas veces sin éxito, que sus hijos tuvieran los ojos cerrados durante el camino. «Yo evité dentro de lo posible que Jeremías viera esas cosas, pero si no veía, escuchaba a los adultos hablar, y entonces uno trata de que esa imagen se les borre. Porque si para uno como adulto no es recomendable, imagínense para los niños. En la parte psicológica afecta bastante, pero creo que, entre todo, lo más desesperante era ver que transcurrían los días y no salía de allí», dice.

 

Yosimary salió de Venezuela en septiembre de 2023. Era oficial de la marina y desertó luego de que no le dieran de baja para poder irse del país, por lo que si regresa, es probable que vaya a la cárcel. Cuenta que, además de su trabajo como militar, se dedicaba a hacer manicura para tener ingresos. «Pero ni aún así nos daba para uno sustentarse, nos tocaba vivir el día a día, pues. Nada más». Tener dos trabajos limitaba el tiempo que podía pasar con sus hijos, por lo que tomó la decisión de irse. En Estados Unidos no tiene familia, viaja con la pura esperanza de entrar, conseguir un trabajo y ganar lo suficiente para poder reunir a su familia. 

 

En Venezuela se quedó su hija de 12 años, y el papá del bebé que está esperando murió hace unos meses de malaria, una enfermedad tropical prevenible y curable.

 

***

 

La casa de La Profe queda en uno de los barrios de la capital hondureña. Ella no quiere que se sepa ni su nombre ni su dirección, porque «hay gente que no está de acuerdo con esto que hago». Es decir, brindar un lugar donde quedarse a decenas de migrantes de varias nacionalidades que pueden permitirse pagar la renta de 250 lempiras al día. En su casa, una cuartería con ocho habitaciones, se han hospedado decenas de migrantes que intentan ahorrar algo de dinero para continuar su viaje. Ahora hay 23 personas, de las cuales 13 son niños y niñas menores de 13 años.  

 

—Nunca había pensado que iba a trabajar siendo solidaria con personas que caminan buscando un sueño diferente —dice La Profe—, pero creo que la migración es un derecho; entonces colaboramos no por plata sino por conciencia, porque creemos que tenemos derecho a tener un sueño.

 

Varios espacios han servido como refugios en la capital. Algunos han sido habilitados por los mismos ciudadanos, donde cobran poco o nada. Otros son lugares públicos que los migrantes han usado para pasar sus noches y resguardarse de la intemperie. Durante gran parte del 2023, los migrantes que cruzaban por Tegucigalpa se refugiaban en las instalaciones vacías del Trans-450. Uno de los mayores recordatorios de la corrupción en la alcaldía de Tegucigalpa se había convertido en un refugio para cientos de personas que atravesaban el país sin ningún otro lugar donde quedarse. Sin embargo, a finales de año la municipalidad decidió cerrar estos espacios con candado y los migrantes que habían montado ahí su campamento fueron trasladados hacia la frontera para continuar su viaje. 

 

Las familias que aún no tenían suficiente dinero y quienes estaban recibiendo algún tratamiento médico se quedaron sin un lugar donde dormir. 

 

Además de los cuartos de renta, como el de La Profe, han surgido albergues clandestinos en edificios abandonados donde estos migrantes permanecen por algunos días, mientras esperan ahorrar para su pasaje hacia Guatemala. En uno de ellos, su fundadora —una joven que pidió no ser nombrada— decidió habilitar un edificio en desuso que era propiedad de su familia para que los migrantes que circulan por la zona pudieran dormir bajo techo. 

 

—Es que usted viera, cuando ve a las señoras, a los niños en la calle, bajo la lluvia… me dio un no sé qué. Entonces le dije a mi papá que les dejáramos usar el edificio que teníamos disponible —cuenta. 

 

Por su albergue han cruzado unas 500 personas en los últimos meses. La mayoría son núcleos familiares.

 

Quienes se están refugiando aquí aseguran que Migración ha intentado en múltiples ocasiones encontrar el lugar para desalojarlos, pero hasta ahora no han tenido éxito. De momento hay unos diez niños junto a sus familias que, en tres días, deberán buscar otro lugar dónde quedarse para darles espacio a los nuevos migrantes que llegarán.

Una familia de venezolanos se prepara para comenzar la jornada de venta de dulces para recolectar dinero y poder continuar el viaje hacia los Estados Unidos. Distrito Central, febrero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

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Si bien en las zonas fronterizas como Trojes o Danlí el Estado de Honduras brinda atención humanitaria, en el resto del país, los migrantes aseguran que esta presencia y atención es prácticamente nula. La mayoría de refugios y albergues que hay funcionan con fondos privados o de la cooperación internacional. Según la aplicación RedSafe, de la Cruz Roja, en Honduras hay 15 centros de atención humanitaria formales, pero los refugios en iglesias y casas de habitación particulares son muchos más. 

 

Quienes tienen acceso a esta clase de centros de atención, con personal especializado y mayores recursos, reciben tarjetas de compras de supermercados, kits de salud menstrual, paquetes de comida, kits de aseo, juguetes, ropa. Solo en la Cruz Roja semanalmente se atienden unas doscientas personas migrantes desde hace meses. Según reporta el personal de atención primaria, de momento hay una baja en el número de migrantes que llegan solicitando atención, son mucho menos que en octubre del año pasado, donde podían ver hasta el triple de migrantes al día. «Se les brinda apoyo psicosocial. También en ciertos casos se da un seguimiento en casos de antecedentes de abuso, ya sea sexual, violencia, etcétera», explica el doctor Andrés Medrano, de la Cruz Roja. 

 

Pero reconocen que la atención psicológica, especialmente en el caso de los niños, es limitada. Glenda Hernández, gerente de desarrollo social de la Cruz Roja Hondureña, dice que «hay que recordar que la población migrante en tránsito recibe una asistencia muy rápida, es bien corto el tiempo que se tiene de asistencia».

 

Mientras los adultos pueden recibir atención psicológica en casos de abuso o trauma, con los niños se suelen realizar únicamente actividades lúdicas y psicopedagógicas como dibujar. «Brindar asistencia psicológica en la ruta migratoria es complejo porque la gente tiene interés en seguir su camino, y muchas veces no acuden a algunos servicios que brindan las organizaciones por el tiempo», dice Glenda. 

 

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Un grupo familiar descansa en una casa refugio antes de comenzar la jornada de venta de dulces. Las comodidades se reducen a un colchón y un techo que los protege. Distrito Central, febrero de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Es domingo por la tarde; hoy no salen a las calles a pedir.  

 

En el patio de la casa de La Profe hay una mesa ennegrecida por el hollín, cinco sillas, una estufa de gas, una pila de agua, y sobre la pila un rótulo que dice qué días le toca a cada persona limpiar. Al fondo están las habitaciones, donde cada migrante tiene las pocas posesiones que ha guardado hasta este punto del camino. Los niños están jugando, corriendo, dibujando. Hablan de lo que han vivido hasta ahora, de lo que harán cuando lleguen, de lo que dejaron atrás.

 

Lo que Sebastián (4) recuerda de Venezuela es la bandera: amarillo, azul, rojo, estrellas. Bianca y Camila (3) son gemelas y no se acuerdan de nada. Patricia (6), tampoco. Muchos niños migrantes salieron de su país de origen antes de que pudieran hacer recuerdos de una patria, y vivieron en otros países de la región, como Colombia, Chile o Perú, hasta que sus familias decidieron empezar la ruta hacia Estados Unidos. Dahilyn (13) sí se acuerda de casi todo, pero lo que extraña son las playas y la comida. La de Honduras es muy picante, dice. 

 

Dahilyn (13): Mi mamá solo me dijo que íbamos a viajar, y ya. 

 

Yosimar (9): ¿Y qué sentiste tú cuando estabas pasando la selva?

 

Dahilyn (13): Nada. 

 

Yosimar (9): ¡Cuando pasastes el río, pues! Que estaba muy fuerte, ¿qué sentiste?

 

Dahilyn (13): Nada. Para mí todo bien. Cuando nosotros pasamos estaba bajito el río y la tierra seca. 

 

Yosimar (9): Yo pasé por una montaña que casi se iba cayendo y yo lloraba, y un chamo que era amigo de mi papá me agarró, y yo pensé que me iba a caer. 

 

Dahilyn (13): No, yo la verdad pasé así, yo sola.

 

Yosimar (9): Pero porque tú ya estás grande, ya tú eres una adulta. 

 

Dahilyn (13): No soy una adulta.

 

Desde que se conocieron —algunos en el Darién, otros en algún campamento en Panamá o en la frontera sur de Honduras—, las familias que se hospedan en la casa de La Profe actúan como si todos fueran primos. Los niños más grandes cuidan, regañan y se pelean con los más pequeños, que incluso en un país extraño buscan maneras de meterse en problemas. Sus cuidadores —madres, padres, tíos, hermanos mayores— planean entre todos cuándo seguir la ruta, cuál es el camino menos peligroso, cómo evitar separarse hasta llegar a la frontera. 

 

Yosimar (9): Honduras para mí es bonito, es más mejor, porque siento que aquí hay escuela para que me pongan a estudiar. 

 

Dahilyn (13): En todos lados hay escuela.

 

Yosimar (9): Yo cuando llegue a los Estados Unidos quiero que me pongan a estudiar, que me pongan a hacer leer, a escribir, que me pongan a hacer matemática. Eso es lo que yo quiero. Y cuando sea grande, si Dios quiere, voy a ser doctora, y mi papi me va a enseñar a ser doctora…

 

Dahilyn (13): Eso te lo enseñan los maestros. Eso tú estudias de bachiller, y después te dan el título, y después…

 

No tienen razones muy diferentes para querer llegar a Estados Unidos. Darwin quiere llegar porque ahí podrá ir a la escuela y conocer la nieve. Jeremías piensa que allá habrá muchos niños con quienes jugar. 

 ***

Yosimary no viaja con el resto del grupo, porque debido a su embarazo se mueve a un ritmo diferente. Tiene más prisas por llegar, pero en Honduras ha recibido tratamiento obstétrico porque al salir de la selva estaba botando líquido amniótico. Ahora, a pesar de que pasa todo el día parada, su bebé está sano, dice. 

 

Cuando llegue a Estados Unidos, espera poder tener un trabajo que le permita pasar más tiempo con sus hijos. Pero de momento sus preocupaciones son similares a las que tenía en Venezuela: conseguir la comida del día, lograr pagar el cuarto donde se está quedando, cuidar de Jeremías y encontrar el nombre adecuado  —uno bíblico— para su bebé, que nacerá en una tierra prometida que ella jamás ha conocido.

 

—No me imaginé pasar un embarazo así en estas condiciones. No me imaginé nunca estar migrando, pasar todo el día en la calle. Cuando dé a luz yo espero poder estar en Estados Unidos ya, pero que sea la voluntad de Dios. 

 

En unas semanas se irá del país, y alguien más (otra madre, otro padre, otra familia), ocupará su lugar en el refugio, en las calles, en el semáforo entre la tercera avenida y la novena calle de Comayagüela.

 

 

Este trabajo fue realizado en el marco de la formación para periodistas «Cambiar la mirada. Nuevas narrativas sobre migración», convocada por la Oficina Regional para América Central y el Caribe de ONU Derechos Humanos, en colaboración con el Departamento Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Centre d’Estudis i Recerca en Migracions, y fue producido por Contracorriente.

Texto: Melissa Raudales

Portada: Persy Cabrera


—¡Aló!


—Fijate que me llamó Martita llorando, para decirme que atropellaron a Iván y se murió  —dijo la voz, temblorosa y cargada de incógnitas y confusión.


—¿Qué sucedió? —le pregunté, al mismo tiempo que entraba en mi vehículo. 


El calor de Tegucigalpa estos últimos días ha sido criminal, como a unos 33 grados de inconsciencia ambiental que ni las ventanas abiertas resuelven. 


—Pero explíqueme, ¿qué ha pasado? —pregunté.


—Lo atropellaron cuando se cruzaba de calle al frente de su taller mecánico, creo que venía de comer de donde Martita —me respondió. 


Un vehículo Hilux 2.0 de esos que se creen dueños del viento y la ley, con vidrios más oscuros que el alma de un narcopresidente, le arrebató el derecho a la libre circulación y consecutivamente el derecho a la vida, imaginé.


—¡Ay no mami! ¡Qué horrible! Siento un dolor en mi pecho, pobre hombre, no se merecía eso —le dije. 


No pude dejar de sentir un sudor frío en mi cuerpo y una sensación de pesadez, como si me cubrieran con una bolsa oscura grande desde la cabeza a los pies, asfixiando mi respiración y estrujando mis pulmones, sintiendo los latidos de mi corazón y creando un hueco en mi estómago; podría ser un golpe de calor infernal. 


—La llamo después, mami, me avisa cualquier cosa, voy a ir hacer un mandado al Registro Nacional de las Personas —a lo que ella me responde: 


—¿Qué vas a hacer vos?


Le dije que iba a solicitar una constancia de nacimiento, paradójicamente.


Al encender el vehículo, la sensación física continuaba, flashbacks de imágenes de los momentos que compartí con él. Aunque no fueron tantos, una sensación de una figura paternalista y de protección se avecinó en mi sentir, pero ahora ya no está. Encendí la radio, fijé el GPS y empecé a conducir. Me sentía nerviosa, pero debía hacer este mandado sí o sí. Parece que conduje en automático hasta mi destino, y después de 40 minutos de trámite administrativo y dos grados más de calor, regresé a mi oficina. La sensación persistía. ¿Por qué estoy sintiendo esto?, me pregunté.


Las horas se hicieron eternas. En mi mente se reprodujeron múltiples escenarios de cómo fue que atropellaron a Iván, ¿será que él fue imprudente y se metió de un solo? Eso es lo que dice la gente cuando atropellan a alguien. Pero en la Villa Olímpica no hay señalización del paso de cebra. Es cierto, me dije, los conductores no respetan el límite de velocidad y menos a los peatones. Bueno, al final eso sucede en toda Honduras, no por nada hay tantas muertes por accidentes de tránsito. Menos de nueve días antes de la muerte de Iván murieron 17 personas al chocar dos autobuses en Santa Rosa de Copán, la imprudencia o conducta temeraria no solo es en la capital.


También recordé el caso de una joven que fue atropellada en el Bulevar Morazán; el conductor se dio a la fuga, negándole a la víctima el derecho a recibir auxilio. Se llamaba Carolina Rosmery García, de 27 años; era apasionada del fútbol, dijeron los medios de comunicación, y una noche un vehículo la arrolló. Fue en una noche de tormenta imparable, de esas que hace que la ciudad nade en su miseria y deje damnificados y destrozos. Otro conductor no se dio cuenta que arrastraba el cuerpo de Carolina debajo de su vehículo, hasta que al día siguiente la encontraron en un estacionamiento de la colonia El Álamo. ¿Cómo es posible?, pensé, y recordé que según los datos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), en 2023 unas 1,800 personas perdieron la vida en unos 14,000 accidentes viales. ¿Por qué no es considerada una emergencia? Aunque para el 911 Honduras, en los primeros cuatro meses del 2024, ya son 1,592 accidentes reportados en sus líneas. ¿La razón? La imprudencia al no respetar a los peatones y el no uso de pasos de cebra y puentes peatonales, dicen. ¿Quién tiene realmente la culpa?, ¿y por qué son los peatones o los terceros los que pagan con su vida?


¿Pero cómo es que pierdes la vida? No la pierdes, te la arrebatan, te niegan la posibilidad de seguir construyendo un propósito. La imprudencia de un conductor le arrebató a Iván el derecho de ver crecer y seguir abrazando a su hija de seis años.


Mejor me voy antes de que empiece la hora pico y el tráfico me estrese más, me dije. Al salir de Torre Metrópolis, donde queda mi oficina, es un poco complicado, ya que tienes que esperar a que un ciudadano esté de humor y quiera cederte la cortesía para poder ingresar a la vía principal. Después de cinco carros me la cedieron. Debo ir pendiente para no perder la salida que me llevará al  bulevar Centroamérica para ir a casa de Ariel. Debo ir introduciéndome al carril derecho, pero ya hay tráfico y no me ceden fácilmente el ingreso. 


Continué en marcha y siempre solicitando la pasada. Estaba a pocos metros de perderme la salida. Bajé el vidrio para pedir la pasada, con las direccionales puestas y sonando el claxon a los conductores, pero parecía ser invisible, al igual que los otros vehículos al frente mío que deseaban hacer lo mismo. No lo soporté y exploté. Un nudo en la garganta y en el estómago empezó a subir como cuando se revienta un Rotoplas de agua, y empecé a llorar, a llorar por Iván, a llorar por algo a lo que todavía no me acostumbro, y que todo el mundo me dice: «es que es normal».


Iván Barahona era una gran persona, un hombre tan amable como gritón y exigente, de buena altura, como un roble frondoso, servicial y al mismo tiempo de poca paciencia. En sus 40 años de brindarnos su oficio como mecánico, nunca nos dejó sin auxilio ni carcajadas. Siempre fue un gran amigo de la familia; estoy segura de que fue amigo de muchas personas, lleno de energía, trabajador y víctima de una cultura violenta al volante. 


Después de ir conduciendo lo más lento que mis lágrimas lo permitían, solo pensaba en que atropellaría a alguien o que al bajarme me atropellarían a mí. Ese sentir me desbordaba. Como pude logré llegar donde mi amigo. Traté de darle lugar al sentir, no reprimirlo, necesitaba hacer catarsis; salir a caminar me vendrá muy bien, pensé. Pero el sentimiento de que me podían atropellar me perseguía. El caos de una ciudad no planificada, enemiga de los peatones y sus derechos a la libre circulación y recreación no te dejan hacer catarsis fácilmente. 


A la noche, cuando estábamos subiendo hacia El Hatillo para reunirnos con el grupo de 504 Trail Runners, mi amigo conducía y yo estaba de pocas palabras. Solo deseaba caminar en el bosque y que me arropara la oscuridad con el canto de los grillos y la luz de la luna llena. Es en esos momentos cuando puedo evadir por unas horas la realidad de Tegucigalpa, mientras oxigeno mis emociones, pues la normalización de la cultura de la violencia me coloca como extraña por sentir tanto esto.


En el pico más alto del sendero se podían ver las luces de la ciudad, como las del pueblo de Neguá. Desde allí pude contemplar la vida humana, era como un mar de fueguitos, esa noche cada quien brillaba con luz propia, mientras que la luz de Iván se extinguía  al ritmo de mi agotada respiración, inhalaba y exhalaba profundamente. En la cálida oscuridad llena de estrellas y fueguitos, ahí oré por él en voz alta y  comprendí que, así como la vida, tenía que continuar, pero la sensación y emoción pesada, ya no estaba, solo su paz.

Texto: Roberto Hernández
Portada: Persy Cabrera 

El reciente juicio contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, seguido de cerca por todos los medios de comunicación nacionales, pero escasamente abordado en el exterior, pone de relieve el poder que los actores relacionados con el narcotráfico pueden llegar a tener: ocupar la presidencia de una república y cooptar todos los poderes del Estado a fin de garantizar impunidad y, a la vez, utilizarlos a favor de sus actividades ilícitas.

El involucramiento de políticos en el trasiego de drogas no es algo reciente ni propio de este país, considerado un narcoestado desde hace varios años. México y Colombia saben, quizá más que otras naciones, cómo el narcotráfico puede penetrar en la sociedad, sus devastadoras consecuencias, sus horrores y la cultura que se crea en torno. Sin embargo, actualmente ninguna nación latinoamericana está libre de este problema social.  Y la nuestra es una de las más afectadas dada su posición geográfica y la presencia de personajes inescrupulosos que, ya sea dentro o fuera del Estado, atraídos por las grandes cantidades de dinero que este negocio genera, se lanzan de lleno al mismo.

 Costa Rica, oasis de paz en Centroamérica, y Ecuador, país relativamente pacífico hasta hace un par de años, son otros ejemplos de cómo la paz se deteriora conforme avanza el poderío del crimen organizado.

Panamá —para citar otro caso— bajo el yugo de Manuel Antonio Noriega, otrora aliado político de Washington, vive con la mancha de haber tenido, hace más de 40 años, un caso semejante al que tuvimos nosotros con Juan Orlando. Ambos gozaron en su momento del visto bueno de Estados Unidos y ambos, de manera dictatorial, allanaron el camino para que sus países fueran pista de aterrizaje y de envío de toneladas de droga a la nación del norte, mayor consumidora de drogas en el mundo y mayor proveedora de armas a los cárteles que, con violencia extrema, se disputan el control de rutas estratégicas. Un problema por el que Estados Unidos no se ha hecho suficientemente responsable, no ha hecho autocrítica y no ha emitido un mea culpa.

Más allá de un solo individuo, de un hombre fuerte, el narcotráfico es de estructuras, de miles de sujetos que periódicamente se van renovando conforme vayan muriendo o siendo encarcelados. El poder de estas organizaciones criminales, que gozan de fuertes contactos internacionales, en muchos casos sobrepasa al de varios Estados. En países como México, las distintas mafias tienen a su disposición prácticamente ejércitos equipados con armas y equipo táctico sofisticado. ¿Puede crecer este poderío? ¿Hasta dónde puede llegar su influencia? ¿Qué tan grande puede ser en el futuro? Y, más importante, ¿cómo se lo puede eliminar realmente antes de que alcance niveles incontenibles?

Combatir a estos grupos criminales, que ostentan grandes cantidades de dinero para hacer y deshacer cuanto deseen, que patrocinan candidatos a cargos públicos, que acallan las voces de periodistas y activistas que denuncian sus negocios chuecos y abusos, parece tarea imposible dada la proclividad a la corrupción de políticos y agentes del orden en toda la región latinoamericana. Esto sumado a la intimidación por medio de la violencia, hace que algunos funcionarios decidan no confrontarlos para evitar un baño de sangre de civiles inocentes y, por supuesto, sus propias muertes.

Nuestra Honduras, pequeña nación centroamericana hundida en la violencia, sin peso regional y sin protagonismo en la toma de decisiones trascendentales, corre el riesgo de entrar en una espiral de narcopolítica cuyo resultado sea la aparición constante de narcos que se aferren al poder utilizando los tres partidos más grandes actualmente —y cualquier otro que cobre relevancia— como meros instrumentos para sus fines. Si no hay reformas políticas de peso, si no se crea una institucionalidad independiente y eficaz, comprometida a perseguir el delito, Honduras va a experimentar una y otra vez los mismos problemas que la acosan desde mucho tiempo atrás y que se han exacerbado los últimos 14 años.

En cuanto al actual Gobierno de Xiomara Castro, su combate al narcotráfico queda en entredicho luego de que su esposo Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República de 2006 a 2009, y su cuñado Carlos Zelaya, hermano de Mel y actual secretario del Congreso Nacional, fueran mencionados en el juicio en Nueva York contra Juan Orlando, y aun en ocasiones anteriores, de recibir dinero de narcotraficantes para brindarles protección e, incluso, de ser partícipes en el trasiego de estupefacientes, tal como denunció el periodista David Romero hace años. ¿Puede un político de alto nivel estar libre de polvo y paja en este país donde la corrupción es endémica? ¿Se repite aquí, en la situación de los Zelaya, el caso de Juan Orlando y Tony?

El hecho es que este problema, que tan duro nos golpea hoy, no parece que vaya a acabar a corto ni mediano plazo si no se ataca la raíz, las causas principales: el alto consumo de las distintas drogas en Estados Unidos y en los países latinoamericanos, la facilidad para conseguir armas por parte de los grupos criminales y la corrupción de los políticos, policías, militares, miembros de la sociedad civil, entre otros. Pero con decir esto no pretendo ser el autor de una receta novedosa que obre milagros y cause el fin de estructuras que manejan miles de millones de dólares. Esto ya se conoce desde hace mucho tiempo atrás, pero el asunto es qué se puede hacer desde la localidad para prevenir el consumo, principalmente en jóvenes, el sector más propenso a tratar con drogas, qué se puede hacer desde la familia para que nuestros miembros no contribuyan con este ciclo de compra y venta. ¿Somos conscientes de que detrás del consumo existen problemas de fondo que no son debidamente tratados y que las drogas son un escape fugaz a ellos?

Finalmente, ¿puede llegar un tiempo sombrío en el que, como en Honduras, en varios países latinoamericanos surjan políticos que desde la Presidencia de la República destruyan la institucionalidad convirtiéndola en un aparato para el tráfico de drogas? Algunos dirán que ya hubo antecedentes, pero eso no quita la posibilidad de que sigan apareciendo. Hoy somos nosotros; mañana otro país puede sufrir algo semejante. Lo cierto es que si siguen apareciendo políticos de alto nivel que tengan nexos con el crimen organizado, nuestras sociedades pueden volverse más grises que lo que imaginaba Orwell en su libro 1984, donde la vigilancia y el control eran totales, productos del inmenso poder del Estado. Pero en esta distopía que pocos están previendo, el Estado podría estar dominado por sujetos provocadores de violencia y círculos de adicción muy grandes. Solo el tiempo dirá si sucede.

Texto: Daniella Demiel

Portada: Canva

 

Si lo piensan bien, ofrecer un rosario a un muerto tiene mucho de ritual. Sobre todo, cuando el cuerpo que reposa entre tantas voces ancianas es de una mujer.

Bueno, creo que vamos a ir empezando… Buenas tardes, hermanas, el día de ahora empezamos entregando este rosario a nuestra queridísima hermana Carmen, que partió desde hace mucho de este mundo terrenal, para acompañar a Dios, a los ángeles y a los santos… pero sobre todo a las vírgenes… Hoy tendría 20 años mi niñita…

Ellas se refieren a mí. Esa niña soy yo.

 Ave María purísima. Sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío…

¿Quién dijo en «vos»? 

Perdón, hermana. En ti confío. 

Lo volveremos a repetir para que se escuche más bonito.

Se escuchan risas. La de mi tía se escucha hasta el más acá. Empiezan las letanías. 

Ave María purísima. Sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío.

Solo las puedo ver de reojo. No tengo idea de por qué me han dejado tan cerca del altar. Las velas me queman, me imagino que las puso mi tía Tita, porque ella es la que decora en todos los rezos que celebra mi familia. Allá te veo, tía Tita, siempre con ese chal azul.

Cómo suenan los tambores aquí en el limbo.  Donde sea hay muerte, pero es imperceptible. La verdad es que estoy en todos lados. Porque soy omnipresente, sé que hay una olla con café hirviendo.

PadrenuestroquestásenelcielosantificadoseatuNombrevenganosotrostureinohágasetuvoluntadenlatierracom oenelcieloDanoshoynuestropandecadadíaperdonanuestrasofensascomotambiénnosotrosperdonamo’alosque nosofendennonosdejescaerenlatentaciónlíbranosdelmal

Respiran

Amén.

En la esquina, tía Fabiola enciende un cigarro. Lo justo sería que ella estuviera en mi lugar, porque es un vicio que jamás dejará. ¿Cómo sé eso? Pues, ya conozco a la muerte.  

Aquí van, preparen sus oídos para la orquesta de abejas.

DiostesalveMaríallenaeresdegraciaelseñorestácontigo. BenditaeresentretodaslasmujeresybenditoeselfrutodetuvientreJesús…y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

 Esa fue mama Jacinta, siempre se queda atrás. Tiene viejita la lengua.

Tía Josita se duerme en el regazo de tía Gertrudis. Ambas sonríen al ver que mama Jacinta siempre termina tarde la letanía. Tía Tita se encarga de ir a revisar el café. Las hermanas de la iglesia invitadas por mama Jacinta siguen al mando. Y dice…

 Santamaríamadrededios. 

RuegaporellaypornosotrasPECADORASahorayenlahoradenuestramuerte. AMÉN.

Tía Gertrudis voltea a ver de forma indecorosa a tía Fabiola. Le quiere reclamar telepáticamente por haber sido tan noviera en su juventud y por no dejar nunca su vicio. Tía Fabiola entiende su mirada, y se aclara la garganta para molestarla aún más. Saca el humo de su cigarro de forma pedante. Ella es la menor de todas. Mientras que tía Tita se quedará viendo la ventana perdida en la inmensidad del cerro, ese cerro que solía recorrer de pequeña, buscando piedritas, cofres con monedas o cualquier tontería. Aquel cerro en donde recibió su primer beso, y donde fue tocada por primera vez. 

Ese recuerdo le remorderá la conciencia, puesto que enfrente de ella está mi altar, se quejará en su cabeza, se dirá a ella misma que ahorita está en cosas de Dios y regresará lentamente a las letanías, primero en cuerpo y luego en alma.

En cambio, mi mama Jacinta se tropezará con cada frase, ya no sabe pronunciar bien las vocales, no entiendo por qué la hacen venir si yo les dije que no quería que anduviera de rezo en rezo. Ya ella no está para tanta letanía…

Las babas de mi tía Josita caerán en las piernas de mi Tía Gertrudis.

Suena un bullicio que emerge desde el cariño. Esta dinámica se repetirá cinco veces hasta que… ¡Gloria! se acerca el final… Esta parte se suele recitar más lento.

 Y dice:

Gloriaaaaal Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Y sigue con más velocidad:

 Maríaesmadredegraciamadredemisericordia.EnlavidayenlammuerteampáranosGRANSEÑORA.

NOTEOLVIDESDENOSOTROSENAQUELLAÚLTIMAHORA…virgensantísimamadredediosyabogadanuestra…OHJESUSMÍOPERDÓNANOSNUESTROSPECADOS…libranosdelfuegoydelinfierno…LLEVALCIELOTODASLASALMAS…especialmentealasmásnecesitadas: CARMEN NUESTRA SOBRINA, detudivinamisericordia… AMÉN

no permitas que vivamos y muramos en pecado mortal

Arriba, en mi altar, se vislumbra una imagen de la virgen del Carmen. Yo quisiera haber sido ella. Esa virgen. Pero no lo soy. No morí virgen. De hecho, me maté el día en que me di cuenta que mi tío, el viejo Keko, había abusado de mí tanto tiempo. Aún no lo comprendía y dejé pasar tantos años… Es tarde ya, demasiado tarde…

 

Yo cuento lo que yo quiera, de todas formas, ya estoy muerta. Pero siempre vengo a visitarlas, al fin y al cabo, son mis tías, y tampoco las culpo, ninguna de estas mujeres sabía de mi suplicio. El día que morí también murió aquel hombre, pero envenenado con un guaro. Yo sé que la de ese truco fue mi tía Fabiola. Las demás también lo saben y solo lo ignoran. 

 

SANTA MARÍA RUEGA POR ELLA SANTA MADRE DE DIOS RUEGA POR ELLA SANTA VIRGEN DE LAS VÍRGENES RUEGA POR ELLA MADRE DE CRISTO RUEGA POR ELLA MADRE DE LA IGLESIA RUEGA POR ELLA MADRE DE LA DIVINA GRACIA RUEGA POR ELLA MADRE PURÍSIMA RUEGA POR ELLA MADRE CASTÍSIMA RUEGA POR ELLA MADRE INVIOLADA… MADRE INVIOLADA RUEGA POR ELLA MADRE VIRGEN RUEGA POR ELLA MADRE INMACULADA RUEGA POR ELLA MADRE AMABLE RUEGA POR ELLA MADRE ADMIRABLE RUEGA POR ELLA MADRE DEL BUEN CONSEJO RUEGA POR ELLA MADRE DEL CREADOR RUEGA POR ELLA MADRE DEL SALVADOR RUEGA POR ELLA VIRGEN PODEROSA RUEGA POR ELLA VIRGEN PRUDENTÍSIMA RUEGA POR ELLA VIRGEN DIGNA DE VENERACIÓN RUEGA POR ELLA VIRGEN PODEROSA RUEGA POR ELLA (…)

 RUEGA POR ELLA Y POR ELLA Y POR ELLA Y POR ELLA

 AVE MARÍA PURÍSIMA

 SIN PECADO CONCEBIDA

Después de darse la paz del Señor presiento un silencio… Ya no lloran por mí. Pero terminado el asunto, recogen las sillas de plástico, se despiden de las hermanas de la iglesia y hacen un círculo, algunas sentadas en el suelo, otras de pie. 

Me observan primero, con respeto. Empiezan a contar anécdotas mías, las pocas que viví a su lado. Después se olvidan de que estoy ahí. Sirven café, a veces pan. Se cuentan sobre sus vidas. Preguntan si mama Jacinta tiene todos sus chequeos médicos en orden. Se burlan de mi tía Josita porque siempre se duerme en todos los rezos. Recogen su basura, estrechan sus manos, se dan un besito a veces, en las mejías. Yo que las veo desde el más acá, sé que se quieren.

Mi tía Fabiola termina su paquete de cigarros y se despiden.

No se volverán a ver hasta el otro año, que celebren nuevamente mi rosario. Yo cuento lo que yo quiera, de todos modos ya estoy muerta.

En la frontera entre México y Estados Unidos hay un campamento al que llegan migrantes que pretenden pedir asilo en el país norteamericano. Ahí los recién llegados encuentran lo básico para comer, descansar, y luego esperar a los oficiales de migración para entregarse. Seguramente temen encontrar un ambiente hostil, y seguramente así será en algún momento, pero en el campamento muchas voces les dirán: bienvenidos.

 

Texto y fotos: Allan Bu

 

«Taquitos, taquitos, ¿alguien quiere taquitos?», repite una voz apacible en un lugar solitario del estado de Arizona, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí hay un campamento para migrantes ubicado a solo unos metros del muro que comenzó a construirse en el gobierno de Bill Clinton, pero alcanzó dimensiones mayores en la administración de Donald Trump. La hermana Judy, una de las decenas de personas que hacen labor humanitaria en la frontera, es quien ofrece los taquitos —una tortilla de maíz con carne— a quienes cruzan la frontera huyendo de la pobreza y violencia en sus países de origen.  

 

La hermana Judy es una religiosa de la escuela de las Hermanas de Notre Dame que dirige la oenegé No More Deaths, una organización humanitaria fundada como coalición de grupos comunitarios y grupos de fe cuyo objetivo es evitar la muerte de migrantes en el desierto de Sonora en Arizona. Desde diciembre  de 2023, fundaron este campamento que sirve como refugio a personas que recorren cientos o algunos miles de kilómetros para llegar a los Estados Unidos, y en muchos casos pedir asilo. A esta labor humanitaria se han unido otras organizaciones, como los Samaritanos y Human Borders, que también brindan asistencia y auxilio a los migrantes. 

 

Encontrar tortillas de maíz y café caliente en territorio estadounidense no es una expectativa para aquellos que abandonan su tierra y en muchas ocasiones también dejan a su familia. Menos cuando algunos estados endurecen medidas en contra de las personas indocumentadas, y Donald Trump —candidato presidencial republicano— ha dicho que Estados Unidos se enfrenta a una invasión extranjera: «son terroristas», dijo el expresidente. Sus seguidores replican su discurso xenofóbico. 

 

Algunos estados han adoptado severas medidas contra la migración irregular. En Texas, el gobernador Gregg Abbott promulgó una ley que tipifica como delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar a las personas, pero esa ley está en pausa después de una serie de impugnaciones. En La Florida, en julio del 2023 entró en vigencia la Ley de Inmigración SB-1718, con la que el republicano Ron DeSantis pretende frenar la inmigración irregular a ese estado. En uno de los puntos de esta ley, se tipifica como delito transportar indocumentados a Florida; la pena puede llegar a hasta 15 años de cárcel.

 

En el campamento de Arizona estas leyes se olvidan. Selvin, un hondureño recién llegado al refugio, está cocinando tortillas con quesillo. Es el único compatriota encontrado en el recorrido. Se alegra de ver a alguien de Honduras. «No he encontrado a nadie de mi país en el camino. He venido con unos extranjeros, con algunos usé el traductor de Google para comunicarme», dice, mientras coloca quesillo en la tortilla y se la ofrece a un guatemalteco de rostro juvenil y cansado. «Esto es rico, solo falta el chilmol [tomate,cebolla y chile]», se lamentó Selvin. 

En el campamento los migrantes encuentran lo básico para alimentarse y descansar. Arizona, 16 de marzo del 2024. Foto Allan Bu/CC.

Selvin y los otros migrantes aprovechan para llamar a sus familias que se encuentran en Estados Unidos para avisar que llegaron bien. La mayoría serán retenidos por lo menos tres días en centros de detención administrados por las autoridades migratorias, y algunos serán deportados. El campamento está en un lugar donde no hay señal para los teléfonos, pero en algunas ocasiones, como en esta ocasión, los voluntarios se coordinan para que en el sitio haya señal wifi.  

 

La conversación con Selvin es interrumpida por la hermana Judy. «¿Es hondureño?», pregunta, mirando a nuestro contertulio. Selvin responde que sí, y luego le habla de las bondades de la tortilla con quesillo. La hermana Judy comenta que ella sirvió como voluntaria para una oenegé en El Progreso, Yoro. Esa época vuelve a su memoria con cariño. Luego recuerda que necesita encender una estufa de gas para calentar la carne de los taquitos que minutos más tarde ofrecerá a todos los presentes. 

 

Las tortillas ya se están calentando y la carne preparada en una sartén, cuando llega una bulliciosa cuatrimoto al campamento, causando alboroto porque no había llegado nunca. En el vehículo van dos mujeres, entre ellas, una migrante guatemalteca, quien minutos después comienza a llorar. Es auxiliada por un voluntario.

 

Cuando está más calmada, la mujer nos comenta su travesía. Salió huyendo de Guatemala porque la violencia tocó su puerta. Tenía un pequeño negocio y un grupo de delincuentes comenzó a extorsionarla, hasta que no pudo pagar y tuvo que huir. En las lágrimas que derrama en el campamento hay muchas emociones.  Durante cinco días había caminado a la deriva en el desierto de Sonora, sin comer y sin tomar agua. 

 

Las esperanzas la habían abandonado cuando encontró un rancho ubicado muy cerca de la frontera. Ahí recibió agua y alimentos. La dueña del rancho la llevó en una cuatrimoto al campamento humanitario, donde va a esperar para entregarse a migración. Entre lágrimas, nos dice que estuvo muy cerca de morir, como miles que han muerto en ese desierto. 

 

En el desierto de Sonora —un lugar inhóspito, sin agua, solitario y con una fauna que incluye coyotes— los grupos humanitarios dejan depósitos de agua en lugares estratégicos para los migrantes que caminan por el desierto escondiéndose de la patrulla fronteriza, personas que no están interesadas en iniciar un proceso de asilo. 

Tanque con agua dejado por los voluntarios en un punto estratégico del desierto de Sonora. Arizona, 16 de marzo de 2024. Foto Allan Bu/CC.

«Una invasión»

 

La hermana Judy es la cabeza del proyecto No More Deaths, pero confiesa que prefiere no hablar con medios de comunicación; «estoy quemada», se excusa. Quiere que hablemos con otros voluntarios a quienes ella invita a la conversación. Ahí conocimos a Nicholas Matthews, un joven de 23 años, que habla un fluido español y desde hace un mes es voluntario en los Samaritanos. A veces ayuda en lugares donde se permite que algunos migrantes lleguen al campamento, y por supuesto es intérprete para los de origen hispano.  

 

Contó que el campamento inició en un punto donde había unas 200 personas de África, Asia y América Latina. Los migrantes estaban bajo el frío y en la nada, esperando por entregarse a los oficiales de migración. «Hubo familias que pasaron tres noches en este lugar», dice Nicholas. Fue cuando comenzaron a instalar las carpas y a llevar las sábanas. Ahora en el lugar también hay café caliente, agua, pan, tortillas con quesillo y, por supuesto, taquitos. 

 

Nicholas puede comunicarse con buena parte de los latinoamericanos que llegan al campamento, pero ahí también llegan personas oriundas de África, Rusia y países de Medio Oriente. Las conversaciones con estas personas lo han acercado a sus historias. Le gustaría que todos escucharan  a los migrantes, porque a pesar de la labor humanitaria que se hace en este campamento y otros puntos de la frontera de Estados Unidos, no se puede desconocer que quienes cruzan irregularmente la frontera también tienen enemigos gratuitos. 

 

Cuentan los voluntarios que en la frontera se pueden encontrar vehículos con varias personas a bordo, que a menudo tienen cámaras de video y profesan un nacionalismo extremo. Nicholas menciona que en una ocasión se encontró con uno de estos grupos y le dijeron que él ayudaba a terroristas y narcotraficantes que estaban llegando al país. Piensa que así atemorizan a las personas que viven lejos de la frontera. 

 

«Muchos extremistas dicen que es una invasión. Es un lenguaje muy fuerte, están fomentando el odio a los migrantes. Yo soy de Arizona y mis antepasados también son de aquí; mi familia tiene una casa en México. Esta es una zona fronteriza, siempre fue así. Hace 200 años [Arizona] fue México, ahora es Estados Unidos, siempre han pasado personas por aquí. Lo único nuevo de esto es que se están presentando para pedir asilo», refiere Nicholas.  

 

Nicholas sabe que esta narrativa sobre «una invasión y terrorismo» tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 5 de noviembre del 2024, en las que se enfrentarán el actual presidente, el demócrata Joe Biden, y el republicano Donald Trump, quien es la punta de lanza del discurso de odio en contra de los migrantes: «Creo que algunos medios generaron una crisis que no existe. La crisis existe para estos migrantes, pero no para el país. Yo vivo en Tucson, esta noche voy a regresar a mi casa y saldré a cenar con mi novia, o sea, la vida es normal», describió el joven voluntario. 

 

Minutos después, Nicholas sale del campamento en un vehículo de doble tracción, con dos vehículos más. A unos kilómetros de ahí hay familias migrantes que necesitan ayuda. 

 

Siempre hay cosas que hacer en un campamento. Cristy Stewart es una maestra jubilada que ha sido voluntaria en países como Somalia y República Dominicana, y ahora lleva sirviendo siete años con los Samaritanos. Hay grupos de migrantes y voluntarios conversando diseminados en el campamento, mientras Cristy va por las tiendas de campaña doblando y acomodando las sábanas que utilizan los migrantes para protegerse del frío. Por esa época, en la noche, la temperatura oscila entre 8 y 12 grados en ese sector de Arizona.

 

Cristy cuenta que le provocó un gozo enorme que su labor aliviara el cansancio de una familia ecuatoriana que llegó a una de las tiendas de campaña que ella recién había ordenado. «Quiero que este país reconozca que ellos son humanos. Mira, él es un hijo de Dios, comiendo su naranja tan contento. Han pasado por tanto sacrificio y han dejado todo», menciona, mientras señala a un guatemalteco que exprime con entusiasmo el cítrico. 

Una familia de migrantes llegando al campamento en la frontera entre Estados Unidos y México, después de un largo camino. Arizona, 16 de marzo del 2024. Foto Allan Bu/CC.

A Cristy le entristece la forma en la que algunos de sus compatriotas y medios de comunicación se refieren a las personas que buscan mejorar su calidad de vida en Estados Unidos: «He leído un periódico y veo las locuras que la gente está diciendo: que los migrantes son ladrones, que están llevando drogas, que van a matarnos; eso me rompe el corazón». 

 

Labor humanitaria

 

En el desierto de Sonora se encuentran a menudo recipientes con agua para los migrantes que, en lugar de entregarse a migración, se esconden de la autoridad. Hay también depósitos con alimentos de larga duración, como galletas, que pueden calmar el hambre de un espíritu atribulado. Estos víveres son suministrados por las organizaciones Human Borders, Samaritanos y No More Deaths. 

 

Hay datos que señalan al desierto de Sonora como un terrible asesino, aunque la cantidad de muertos es incuantificable. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la frontera entre México y Estados Unidos es el paso migratorio terrestre más peligroso del mundo. 

 

En esta frontera ocurrieron casi la mitad de las 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas en el continente americano en 2022, aunque la OIM advierte que la cifra está subestimada por falta de datos oficiales de los gobiernos de México y Estados Unidos.

 

El desierto de Sonora es uno de los más grandes y calurosos del mundo, con una superficie de más de 311,000 km2. Está ubicado entre Estados Unidos —Arizona y California— y México —Baja California y Arizona—. Muchos han encontrado la muerte intentando evadir a las patrullas fronterizas.  

Los Samaritanos son unos 300 voluntarios en la zona de Tucson, Arizona. Todas las semanas realizan expediciones para apoyar a los migrantes, dejándoles agua y comida. Arizona, 16 de marzo del 2024. Foto Allan Bu/CC.

Águilas del Desierto, una organización que se dedica al rescate de migrantes desaparecidos en ese vasto territorio, recibe alrededor de 450 peticiones de búsqueda cada mes. Los voluntarios intentan, a veces internándose kilómetros en el desierto, disminuir las muertes de migrantes. Montaron el campamento porque había muchas personas esperando entregarse a la migración; los oficiales tardaban hasta tres días en llegar, y en diciembre hacía mucho frío. 

 

En el campamento se quedan aquellos que quieren iniciar un proceso de solicitar asilo. No tienen intención de correr entre los matorrales del desierto, ni esperar escondidos a que alguien los recoja en automóvil. 

 

Una vez en manos de las autoridades migratorias estadounidenses, serán llevados a un centro de detención, donde tendrán que llenar muchos documentos y les harán algunas preguntas puntuales acerca de la razón por la que están en el país. La posibilidad de que los migrantes, una vez entregándose en la frontera, puedan continuar con el proceso de asilo, depende mucho de las razones que expongan para estar en los Estados Unidos. 

 

Sebastián Quinac, un guatemalteco que llegó de forma irregular a Estados Unidos hace casi 40 años, y ahora lleva décadas ayudando a migrantes que llegan en esa misma condición, explica que en ese primer encuentro con las autoridades migratorias les hacen muy pocas preguntas a los migrantes. En conversaciones con ellos, le han comentado que la pregunta más importante es si tienen miedo de regresar a su país.

 

A los solicitantes de asilo también se les pide que, una vez lleguen a su destino, realicen una llamada a migración para reportarse. Aproximadamente dos meses después tendrán la entrevista «de miedo creíble», dice Quinac, y agrega que a esa instancia mucha gente no quiere llegar: «ahí es donde mucha gente no quiere pedir asilo». A Sebastián le dicen que  no quieren continuar porque saben de otros migrantes que han sido deportados después de eso. 

 

En la entrevista para medir «el miedo creíble», el migrante debe comprobar que tiene una situación de riesgo tal que no puede regresar a su país, demostrar que ha sido perseguido o que tiene un temor fundamentado de que si es devuelto a su país de origen será perseguido, o su vida estará en riesgo. No obstante, este es solo un paso para que el migrante comience con la solicitud de asilo. 

 

El gobierno de Estados Unidos establece que una persona puede solicitar asilo si es víctima de persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, o por sus opiniones políticas.  

 

Por otro lado, están las razones por las que una persona no es elegible para solicitar asilo: si el solicitante ordenó, incitó, asistió, o de alguna otra manera participó en la persecución de alguna persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular, u opinión política, no puede pedir asilo. Tampoco si fue condenado por un delito serio particular o cometió delitos no políticos fuera de Estados Unidos. Además, no será elegible si la persona presenta algún peligro para la seguridad de Estados Unidos y, por último, no se podrá solicitar asilo si antes estuvo asentado en un país que no era el suyo.

 

De acuerdo con la ley estadounidense, los migrantes que solicitan asilo deben tener una respuesta en el transcurso de seis meses, pero actualmente las agencias de asilo están desbordadas y tienen más de dos millones de solicitudes atrasadas

Con este mensaje colocado en una pared se recibe en Casa Alitas a los migrantes que ya salieron del centro de detención de migración. Arizona, 15 de marzo del 2024. Foto Allan Bu/CC.

Sebastián tiene un pequeño consultorio en un centro de albergue organizado por Casa Alitas, que es un programa de la Iglesia Católica que brinda ayuda a los migrantes en Tucson, Arizona. La fundación tiene dos refugios donde reciben a los migrantes que ya fueron entrevistados por migración y tienen permiso para circular por el país. 

 

En el refugio, los migrantes reciben orientación para el proceso de asilo e información de cómo llegar a donde su familia o amigos que les esperan. Casa Alitas incluso tiene una pequeña oficina de atención en el aeropuerto internacional de Tucson, Arizona, desde donde muchos migrantes toman vuelos hacia distintos destinos en Estados Unidos, donde los espera un futuro incierto.

 

Para la red humanitaria de Tucson, el trabajo en Casa Alitas es como cerrar el círculo de la labor humanitaria que comienza ofreciendo a los migrantes taquitos y café caliente, a unos pocos metros del muro de la frontera. Ellos alimentan las esperanzas de personas como Selvin, el único hondureño en el campamento, quien mientras come una tortilla con quesillo repite: «Tengo la fe que lo voy a lograr». 

El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) publicó un comunicado en el que aseguran haber ahorrado 21 millones de lempiras por obtener asesoría gratuita del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela, pero sigue sin responder sobre los gastos que cubrió de la visita de esta comisión que vino a Honduras en febrero.

 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

 

 

El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) publicó un comunicado en el que aseguran que Honduras ahorró más de 21 millones de lempiras en estudios para habilitación y construcción de proyectos habitacionales, al firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno de Venezuela para obtener asesoría del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela. Esta fue su reacción tras una investigación de Contracorriente en la que se encontró que este instituto pagó hotel, alimentación y eventos por 15 días a una comisión venezolana de 14 personas que llegó a Honduras a finales de febrero, y que las facturas correspondientes a esos gastos no se encuentran en los portales de transparencia de la institución.

La investigación detalla cómo en el portal Honducompras se encuentran los documentos de los gastos que Injupemp realizó para esta visita, como el pago de habitaciones de hotel en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cenas, desayunos y eventos privados por 15 días. De acuerdo a la información recabada, Honduras podría haber pagado hasta 420 mil lempiras solo en hoteles. 

Sin embargo, el instituto cubrió también alimentación, y contrataron a un cantautor para un evento en un restaurante local para recibir a la comitiva. En esas fechas, el Injupemp contrató servicios de un salón de hotel, cóctel de bienvenida, cena ejecutiva, mesas, sillas, sonido y micrófonos. 

Sumado a esto, en diciembre el director interino Amable de Jesús Hernández y el subdirector del Injupemp, Mario Suazo, viajaron a Caracas, Venezuela, como parte de una comitiva mixta que incluía a autoridades de la Cancillería para firmar acuerdos en materia de vivienda, energía, combustible, comercio agrícola, turismo, conectividad aérea, arte, educación, entre otros. En los datos de ese mes, tanto de Injupemp como de Cancillería, tampoco hay información pública sobre quiénes pagaron por los gastos de ese viaje.

Aunque ninguno de estos contratos o pagos se ve reflejado en el portal de transparencia de la institución de forma desglosada, en diciembre, cuando la comisión viajó a Venezuela, los viáticos que reportó la institución subieron a 1 millón 544 mil. Posteriormente en enero registraron un gasto de 230 mil lempiras y en febrero, cuando la comisión de Venezuela llegó a Honduras, ese monto subió a 574 mil lempiras. 

En el comunicado de Injupemp, también señalan que este instituto buscó la asesoría de Venezuela por la experiencia que tiene el país haciendo viviendas a bajo costo. Sin embargo, no mencionaron que el programa ha sido cuestionado por corrupción, opacidad y urbanizaciones a medio construir. 

En relación con el programa se han abierto cuatro investigaciones que involucran a altos funcionarios e importantes sumas de dinero; al menos dos funcionarios de Venezuela, tres empresarios y 22 empresas han sido señaladas por actos de corrupción. En 2021, en Italia, la policía incautó 42 millones de euros de la empresa Lattonedil, a la que acusan de involucrarse en corrupción relacionada con este programa.

El Injupemp señaló que el programa cuenta con la certificación de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), pero la única información disponible sobre esa certificación es una reunión en 2018 con el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para África, Yuri Pimentel, quien invitó a que Naciones Unidas fuera a Venezuela a avalar al programa.

Amable de Jesús Hernández, director interino de Injupemp, no quiso responder a Contracorriente sobre por qué los datos de gastos de la llegada de esa comisión y las facturas no se encuentran en los portales.

En 2023, una comitiva de altos mandos de la Policía Nacional de Honduras viajó a Israel para concretar la adquisición de equipo tecnológico de seguridad, incluyendo 15 vehículos blindados Black Mamba Sandcat para su uso en operaciones de alto impacto. Según documentos oficiales, esto le costará al Estado de Honduras casi 200 millones de lempiras. Este modelo de vehículo ha sido señalado por organizaciones en México por participar en operaciones en las que se han cometido abusos a los derechos humanos, y en Estados Unidos por su participación en la guerra en Gaza y los ataques cometidos contra civiles. En Honduras, en pleno estado de excepción, la policía ha usado los Black Mambas en comunidades marginadas; sus habitantes denuncian que estas operaciones no han mejorado su situación de riesgo ni disminuido el control de las organizaciones criminales. 

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen

 

El pasado 30 de enero, en una presentación ante numerosos medios de comunicación, el ministro de seguridad Gustavo Sánchez anunció la compra de una flota de vehículos, motocicletas y diez Black Mamba Sandcat para la «lucha contra el crimen». Los Black Mamba Sandcat son vehículos tácticos blindados «para potenciar [la] operatividad y combatir el crimen organizado», dijo, y anunció que se comprarán cinco más en 2024. 

 

Sánchez no especificó el precio de los vehículos, y cuando los periodistas le preguntaron aseguró que no lo recordaba. Tiempo después, algunos medios de comunicación reportaron que el costo de cada vehículo había sido puesto en reserva por parte de la Secretaría de Seguridad.

 

Sin embargo, un documento oficial de la Secretaría de Seguridad presentado a finales de enero de 2024 ante la Secretaría de Finanzas confirma que en 2023 se compraron las 15 unidades anunciadas por Sánchez, por un costo total de 195,787,500 lempiras, es decir, cada Black Mamba Sandcat le costó a Honduras un total de 13,052,500 lempiras (526,573 dólares). 

 

Sánchez tampoco especificó dónde fueron comprados; sin embargo, el embajador de Israel en Honduras anunció que había sido parte de una colaboración con su gobierno. Una colaboración que se da en el contexto de las tensiones diplomáticas entre ambas representaciones, tras la posición oficial de Honduras en favor de Palestina con respecto a la guerra en Gaza.

 

Desde su presentación, seis de estos vehículos han sido desplegados en diferentes puntos del país en operaciones policiales; una de las primeras acciones fue en la colonia Los Laureles, un barrio de Comayagüela, en la capital hondureña. Es importante recordar que Honduras  se encuentra en estado de excepción desde finales de 2022, y las fuerzas policiales enfrentan múltiples denuncias por abusos en el marco de esta medida.

 

A pesar de la promesa de combatir el crimen organizado con estos vehículos, los habitantes de una de las colonias donde llegaron los Black Mambas manifestaron tener miedo. Una de las escenas con las cuales la policía alardeó de su lucha contra el crimen fue la de un Black Mamba remolcando los portones de acceso a los callejones del barrio, supuestamente colocados por las pandillas; sin embargo,  los habitantes señalaron que estos portones fueron puestos por ellos mismos, como medida de seguridad ante la presencia de pandillas, y que quitarlos suponía ponerlos en mayor vulnerabilidad.

Vehículos Black Mamba Sandcat de la Policía Nacional, en una presentación en las instalaciones del cuartel de Fuerzas Especiales. Tegucigalpa, febrero de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Las dicotomías de la relación entre Honduras e Israel

 

El pasado 3 de febrero, a través de redes sociales, el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, presumió en redes sociales la adquisición de los vehículos blindados por parte de la Secretaría de Seguridad de Honduras, como parte de «otra exitosa colaboración». La publicación pretendía mostrar que las relaciones entre el gobierno hondureño y el gobierno israelí siguen siendo sólidas.

 

Sin embargo, aunque Israel ha sido uno de los principales proveedores de equipo militar y de seguridad para las fuerzas armadas hondureñas, este intercambio para la adquisición de los Black Mambas Sandcat no fue directamente con el país hebreo. El embajador Eldad Golan accedió a otorgar una entrevista con Contracorriente para explicarlo.

 

El piso donde se encuentra la Embajada de Israel en Honduras no aparece en el directorio del Centro Cívico Gubernamental. Solo es accesible haciendo cita previa, con escolta de un oficial de la policía y tras un exhaustivo registro en el que revisan hasta los zapatos de quien ingresa. El personal asegura que es parte de un protocolo implementado tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que alrededor de 1,200 ciudadanos israelíes resultaron asesinados.

 

Allí, en la única embajada extranjera funcionando en el edificio donde opera la mayor parte de instituciones del Estado, el Centro Cívico Gubernamental, Golan explicó que, aunque hubo voces que aseguraban que el cambio de gobierno en 2022 iba a perjudicar las relaciones entre ambos países, finalmente «eso no sucedió, y en el primer año hemos venido intensificando aún más las relaciones con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ofreciendo una gama bien amplia de proyectos».

Eldad Golan Rosenberg, embajador de Israel en Honduras. Tegucigalpa, marzo de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

El embajador explicó que en el transcurso de la actual administración de la presidenta han estado enviando a varios policías hondureños de alto rango para recibir capacitación técnica y teórica en Israel. En ese contexto, a finales de 2022, una delegación de alto nivel asistió a una feria de tecnologías de seguridad donde escogieron equipo de seguridad, con el objetivo de «luchar contra narcotraficantes, la delincuencia, las maras y con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado», y entre esos equipos se encontraban los Black Mambas.

 

«Se pudo concretar más cooperación y proyectos de adquisición de tecnología de seguridad, varios contratos de compra, y uno de ellos fue el contrato de compra de las Mambas», explicó Golan.

 

Contracorriente contactó a Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, y a Juan Aguilar, director de la Policía Nacional, para profundizar en los términos de dicho contrato; sin embargo, no hubo respuesta. En ese contexto, la información oficial se contradice. Por un lado, el titular de la Secretaría de Seguridad asegura que compraron 10 vehículos blindados y se está gestionando la compra de otros cinco, mientras que el informe de seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaría del 2023 indica que ya se compraron los 15 Black Mambas Sandcat.

 

Israel ha sido uno de los socios más importantes de Honduras para la compra de equipamiento de seguridad. Datos de School of the Americas Watch indican que solo entre 2013 y 2019, durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández, Honduras le compró a Israel alrededor de 342.8 millones de dólares (unos 8,344 millones de lempiras) en concepto de equipo bélico y de espionaje. 

 

En ese contexto, fue fundamental la relación que el expresidente hondureño –encontrado culpable por narcotráfico en Estados Unidos– desarrolló con la representación de ese país, incluyendo el traslado en 2021 de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en uno de los cuatro países que han tomado esa decisión.

 

Golan aseguró que vendrá al país más equipo de seguridad israelí para «ganar la batalla contra el narcotráfico», y que seguirán equipando a la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Nacional. Asimismo, apuntó que la venta de estos vehículos no es exclusivamente israelí, sino que estuvieron involucradas empresas de otros países, específicamente México; sin embargo, es Israel quien regula el alcance de estos contratos y recibe el beneficio de los impuestos recaudados por la venta. 

 

En tal sentido, la licencia para la producción de los vehículos blindados Sandcat es de la empresa israelí Plasan, quien en 2008 vendió sus derechos sobre el diseño a la empresa Oshkosh, basada en los Estados Unidos, que en 2011 se encargó de una de las ventas más grandes de vehículos blindados de este tipo en el continente, entregando 250 Sandcat al ejército mexicano en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente de ese país, Felipe Calderón.

 

Tras el éxito de los vehículos blindados, las empresas mexicanas Transportadora de Protección y Seguridad (TPS Armoring) y Epel Tácticos obtuvieron la licencia para manufacturar en su territorio versiones del equipo de seguridad, entre ellos el modelo Black Mamba Sandcat, y fue justamente la empresa TPS Armoring la que vendió el equipo a Honduras.

 

Todo este proceso de intermediación en la compra y cooperación entre Israel y Honduras parece contradictorio, considerando las posiciones del Gobierno hondureño con respecto a la guerra en Gaza, a la que abiertamente el asesor y expresidente Manuel Zelaya ha llamado genocidio en repetidas ocasiones.

 

De hecho, Plasan, como empresa matriz para la producción de todos los Sandcat en el mundo, es un actor relevante en la guerra de Gaza, como socio importante del Ministerio de Defensa de Israel. La compañía ha llevado a cabo una serie de proyectos de emergencia para el Ministerio de Defensa de Israel, acelerando la producción de sus vehículos Sandcat, proporcionándolos de forma gratuita al ejército israelí y reabriendo su línea de producción de armaduras corporales. El ejército israelí ha usado todo ese equipo en los ataques a Gaza en 2023.

 

El embajador Eldad Golan arremetió contra quienes utilizan la palabra genocidio en el contexto de esta guerra, diciendo: «Nosotros rechazamos contundente el uso de vocabulario inadecuadas aplicadas en el conflicto actual, tales como genocidio. El que usa esa palabra, hay dos posibilidades: es una persona antisemita disfrazada de criticar a Israel de forma supuestamente fundamentada o intelectual, siendo el antisemitismo es una enfermedad crónica, lamentablemente. O es un ignorante que no maneja el significado verdadero de esa palabra».

 

Un informe de Transparencia Internacional de febrero de 2024 señaló evidencias «de ataques ilegítimos de Israel en Gaza que causan un sin número de víctimas civiles en un contexto de riesgo real de genocidio», y apuntó que los ataques directos contra la población civil deben ser investigados como crímenes de guerra, habiendo causado la muerte de al menos 95 civiles, entre ellos 42 niños y niñas.

 

Sandcats, entre los abusos en Ayotzinapa, El Salvador y Honduras

 

Apenas unas semanas después de la presentación de los vehículos, el 21 de febrero, se transmitió por noticieros de Honduras una operación en la que estos «armadillos policiacos» fueron utilizados para quitar varios portones en la colonia Los Laureles. La información oficial de las autoridades aseguraba que los portones habían sido instalados por miembros de «estructuras criminales» para limitar el acceso en la zona.

 

En diciembre de 2022, cuando el gobierno de Xiomara Castro decretó el estado de excepción focalizado en los barrios y colonias de alta incidencia criminal en Tegucigalpa y San Pedro Sula, una de ellas fue la colonia Los Laureles, controlada por la pandilla Barrio 18. 

 

Ese estado de excepción se ha prolongado varias veces desde su inicio, siendo la última vez el pasado 8 de abril. Y es que la inseguridad en la zona es una realidad; sin embargo, ni el estado de excepción ni la visita fugaz de los Black Mambas ha solucionado el miedo en el que viven los habitantes de la colonia Los Laureles. Muy pocas personas hablan de lo que sucede en su comunidad. Una de ellas dijo: «La colonia es bien complicada. Sí nos sentimos inseguros, pero la verdad de las cosas es que yo no me atrevo a hablar más. Sería mejor otra persona, porque sí, fueron los portones de todas las cuadras que nos quitaron. Esos portones los pusimos nosotros. No quiero tener problemas con nadie y me da miedo».

 

Y es que en los barrios y colonias bajo estado de excepción, además de tener temor a las pandillas, las personas han sido víctimas de abusos policiales por parte de los entes de seguridad del Estado. Según datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde el lanzamiento del estado de excepción se ha señalado a las fuerzas de seguridad del Estado por 10 desapariciones forzadas, 21 asesinatos, 18 homicidios, 2 femicidios y 14 casos de desplazamiento forzado.

 

Tras la publicación de los videos en los que se ve a los Black Mambas removiendo los portones, las redes sociales se llenaron de críticas acerca de la mala utilización del millonario equipo de seguridad. Ante los cuestionamientos, la Policía Nacional anunció que estaba investigando «una campaña malintencionada liderada por las maras y pandillas, en particular la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que busca criticar el uso y adquisición de vehículos tácticos blindados Black Mamba por parte de la institución policial».

Vehículo táctico Black Mamba Sandcat de la Policía Nacional, Tegucigalpa, febrero de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Esta no es la primera vez que los vehículos blindados de origen israelí son cuestionados por estar involucrados en posibles abusos. En El Salvador, en junio de 2022 –tan solo unos meses tras el inicio del régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele–, el gobierno anunció la adquisición de al menos cinco Black Mamba Sandcat, gracias al plan de control territorial que fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 

En el contexto del régimen de excepción en El Salvador, organizaciones como Amnistía Internacional han reportado que «hasta febrero de 2024, movimientos de víctimas, organizaciones de derechos humanos locales y reportes de medios registraron 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad en el país, una situación de hacinamiento carcelario del 148 % aproximadamente, y al menos 235 muertos bajo custodia estatal».

 

En el caso de México, el primer país de la región que adquirió este tipo de vehículos, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reportó el involucramiento de un vehículo blindado Sandcat en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

En Honduras, hasta ahora, los vehículos blindados han sido utilizados en operativos de decomisos de armas y drogas, captura de personas sospechosas de crímenes, y traslado de extraditables; sin embargo, el comisionado Mario Molina Moncada, director de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), no descartó que pueda ser utilizado en el desalojo de manifestaciones y protestas en el país.


Los vehículos blindados serán distribuidos en diferentes departamentos, con especial énfasis en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y algunos ya han sido entregados a las respectivas unidades departamentales, como es el caso de Unidad Departamental de Prevención n.° 15 en Olancho. En el evento de dicha entrega se presentó como invitado especial el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien en marzo de este año fue señalado por Devis Rivera, líder del cártel de Los Cachiros, por recibir sobornos del narcotráfico.

 

En abril de 2023, el Mecanismo Nacional de Protección indicó en un reporte que el 83 % de su presupuesto, financiado por el Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad, se destina a solo seis casos con medidas cautelares. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), en 2023 se registraron 303 ataques a defensores de derechos humanos y 145 a periodistas; sin embargo, los principales beneficiarios del Mecanismo de Protección son en su mayoría funcionarios públicos del gobierno actual, a pesar de que el mecanismo para proteger a altos funcionarios cuenta con un presupuesto diez veces mayor al del mecanismo de protección de defensores y periodistas.

 

Texto: María Celeste Maradiaga y Fernando Silva
Con reportes de Célia Pousset y Jennifer Ávila
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen, Archivo CC

 

A finales de abril de 2023, en medio de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras, el Mecanismo Nacional de Protección (MNP) emitió un reporte con el dato más desconcertante y denunciado desde sociedad civil: de 185 casos de protección activos, seis casos con medidas cautelares otorgadas por parte de la CIDH absorben el 83 % del presupuesto de medidas de protección anual.

Lo más grave es que el mismo MNP ha reportado que dentro de estos seis casos «en 3 de ellos hay mala utilización de las medidas de protección», y uno es «el más grave de mala utilización de las medidas y se ha remitido mediante oficio a la PGR para su comunicación a la CIDH». 

De estos casos, cuatro son medidas otorgadas a beneficiarios que viven en zonas urbanas, y dos a personas que residen en pequeñas ciudades. Se evidencia la falta de atención a los comunicadores locales y defensores, pues según el mismo informe «los asesinatos a defensores de DDHH ocurren en su mayoría en áreas rurales».

En cuanto a los restantes 179 casos que no pertenecen a este grupo, el Mecanismo Nacional de Protección apuntó que estos solo representan un 15 % del presupuesto de medidas de protección. Según el reporte, actualmente existen 185 casos activos desde la creación del MNP en 2015, dentro de los cuales están 31 periodistas y comunicadores sociales, 16 operadores de justicia y 138 personas defensoras de Derechos Humanos.

El reporte también detalla que la administración de Xiomara Castro recibió el MNP con una cantidad de 500 lempiras como presupuesto para la ejecución de medidas en 2022. Para 2023, el reporte señala que se les asignó 35 millones de lempiras: 12 millones destinados para el pago de personal de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) que provienen del Tesoro Nacional, y 23 millones para la ejecución de medidas del MNP, de los cuales 20 millones provienen de la Tasa de Seguridad y el resto del Tesoro Nacional.

Una fuente, que mantendremos anónima por seguridad, aseguró a Contracorriente que entre los beneficiarios de medidas de protección que han acaparado un gran porcentaje del presupuesto del mecanismo están altos funcionarios como Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad; Ligia Ramos, diputada independiente en el Congreso Nacional; y Glenda Ayala, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP-Conaprev), quien, afirmó la fuente, fungió como asesora en una institución gubernamental.

La fuente consultada por Contracorriente aseguró que a estos funcionarios se les denomina como los «VIP» del mecanismo. 

Julissa Villanueva, actual viceministra en asuntos policiales de la Secretaría de Seguridad, confirmó a Contracorriente que sí cuenta con medidas de protección de este mecanismo, y explicó que vienen de las medidas cautelares que le otorgó la CIDH en 2018 y que gestiona la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) a través del mecanismo de protección, como también por parte de la Secretaría de Seguridad, por su condición de funcionaria en riesgo.

La funcionaria explicó que las medidas otorgadas por la CIDH vienen después de la persecución que sufrió por haber denunciado el supuesto asesinato de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández, en 2018. Ahora, a estas medidas se han sumado las que le otorgaron por ser viceministra y estar en una situación de riesgo al «denunciar la criminalidad desde adentro», dijo.

«Quien quiera decir que todo está resuelto y que no hay riesgos es realmente alguien que está falseando, y lo digo de una manera muy objetiva, hay situaciones de riesgo para profesionales, inclusive hasta para funcionarios que nos atrevemos a decir las cosas como son y no nos apegamos a los cantos de sirena, ni tampoco a los intereses creados propios, sino a la objetividad del trabajo», manifestó la viceministra.

De acuerdo con la funcionaria, el proceso de otorgamiento de las medidas de la CIDH consta de reuniones periódicas en donde se realiza el análisis de riesgo del defensor o defensora, dentro del cual se evalúan distintas variables, como el contexto que rodea a la persona, la violencia a su alrededor, la vulnerabilidad en su entorno residencial y laboral, el tipo de trabajo, la exposición, la «intencionalidad de hacer daño», entre otras. Después de esto se define el nivel de riesgo y se programan reuniones periódicas en las que las medidas pueden aumentar o disminuir conforme el riesgo.

La viceministra asegura que es consciente de las denuncias que se hacen desde la sociedad civil sobre el goce de medidas del mecanismo de protección por parte de funcionarios, pero indicó que, en su situación particular, considera necesarias las medidas por parte de ambas Secretarías, por su «situación de vulnerabilidad» como funcionaria.

«Si yo no hubiera tenido medidas por el caso anterior y no hubiera tenido esos incidentes, yo no estaría en el mecanismo. Ahora, si yo dejo el cargo de viceministra, ¿usted cree que me van a dejar X cantidad de policías? Si hay alguien que quiera matarme ahorita, va a esperar que yo deje el cargo para que me ponga en vulnerabilidad, y me baje», apuntó la viceministra.

«Hay situaciones difíciles —subrayó Julissa Villanueva—, porque hay mucha gente que sí necesita [medidas], y créame que si yo las pudiera soltar [las medidas de protección] y pudiera volver a mi vida normal, yo volviera. Es horroroso tener encima a la gente, mañana, tarde y noche, uno no sabe ni a quién informar».

Contracorriente consultó a las otras personas que supuestamente pertenecen al grupo de funcionarios que acaparan la mayor parte del presupuesto del mecanismo; sin embargo, al cierre de esta nota, no habían contestado nuestras solicitudes de entrevista.

En el caso de Glenda Ayala, la abogada no brindó declaraciones a este medio, pero según las partidas detalladas en la última aparte del informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP, Ayala recibió en julio de 2023 L 180,933.00 por concepto de ayudas sociales a personas del Mecanismo Nacional de Protección, con fondos provenientes del Tesoro Nacional.

Según información a la que tuvo acceso este medio, Ayala abandonó recientemente las medidas de las que era beneficiaria. 

Además del MNP manejado por la SEDH, en 2021 el Congreso Nacional creó la Unidad Especial de Protección en el marco de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario aprobada en 2013, en la que se abarca la protección de funcionarios de todos los poderes del Estado que puedan estar en riesgo o hayan estado involucrados en el abordaje de la seguridad estatal o el aparato de justicia.

Según la ley, esta unidad se encuentra adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), y en 2023 recibió un presupuesto proveniente del Tesoro Nacional de 165 millones de lempiras, casi cinco veces más de lo que en ese año recibió el Mecanismo Nacional de Protección, que atiende a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2024, según información publicada por la Secretaría de Finanzas y los lineamientos del presupuesto general de la República, el presupuesto se aumentó hasta los 365 millones de lempiras, diez veces más que el mecanismo del SNP.

Según información a la que tuvo acceso Contracorriente, en el caso de la viceministra Villanueva se le ofreció hacer el traslado hacia ese mecanismo con mayor presupuesto; sin embargo, ella no accedió. Villanueva no dio una respuesta concreta al consultarle sobre esa supuesta negativa.

Por otro lado, hablamos con Olivia Zúniga, embajadora de Honduras en Cuba e hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres, quien tuvo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde noviembre de 2021 para saber cómo fueron administradas estas medidas una vez que ella se convirtió en funcionaria pública y aseguró que no sabe en qué quedaron porque el mecanismo no quiso reunirse con ella. 

«Francamente, desde que yo fui nombrada como embajadora de Honduras en Cuba, no tengo ni idea en qué estado está está mi situación como beneficiaria de medidas cautelares, porque el mecanismo de defensores nunca quiso tener un acercamiento o reunión con nosotros, lo que sentimos fue una cosa muy fea», expresó y agregó que «hasta hoy podemos decir que hubieron muchas irregularidades [dentro del mecanismo], como confrontaciones, porque es penoso que a mi mamá la tengan en un banner gigante en el mecanismo de protección de defensores, mientras que a su familia y a su organización [el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)] se le ha tratado de una manera espantosa, de la manera en la que nosotros también podemos asegurar que hemos sido víctimas de exposición de nuestra seguridad», dijo la embajadora a Contracorriente.

En octubre de 2021, Olivia fue víctima de agresión física de quien en ese momento era su pareja sentimental, mientras debía haberse encontrado bajo la custodia de cuatro agentes policiales, como una de las medidas cautelares que le habían otorgado. Según declaraciones brindadas a Contracorriente en 2021, en ese momento, la policía no estuvo ahí para resguardarla, ni en días previos en los que ella afirma fue vigilada por su agresor.

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Más de 8 millones de lempiras en alquiler de vehículos blindados a una empresa mencionada en el caso de Tony Hernández  

Los L 23 millones asignados al MNP, de los que solo se ejecutaron un 40.6 %, no provienen solamente del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos. Según el informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP,  L 3,396 millones provienen de Fondos del Tesoro Nacional correspondientes a la Unidad Ejecutora 1, y L 20 millones provienen de la Tasa de Seguridad, un fideicomiso derogado en mayo de 2022, y que, según el informe, corresponden a la Unidad Ejecutora 2.

Entre estas dos unidades se ejecutaron L 8,032,240.74 en concepto de arrendamiento de vehículos blindados como medida de protección a personas beneficiarias en 2023. Las ejecuciones presupuestarias por clase de gasto de la SEDH indican que, en septiembre del año pasado, se ejecutaron L 6,913,212.52 en beneficio de la empresa Latin American Armored Rentals S. A. y, en noviembre de ese mismo año, L 680,580.21 a la misma empresa.

El portal de Contrataciones Abiertas de Honduras confirma el pago por contratación de vehículos blindados por parte de la SEDH a esta empresa, en un proceso de 2022. Según este contrato, la Secretaría pagó L 6,373,072.87 por el alquiler de seis vehículos blindados y uno convencional «a favor de beneficiarios acogidos al mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos». En el gobierno anterior, esta empresa también prestó servicios de alquiler de vehículos a otras instituciones gubernamentales, como al Registro Nacional de las Personas (RNP) en 2021, según el portal.

La empresa Latin American Armored Rentals S. A. también fue mencionada en una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el juicio en contra de Antonio «Tony» Hernández, quien fue condenado por tráfico de drogas a gran escala en 2019.

En esta solicitud se detalla que en uno de los teléfonos incautados después del arresto de Tony Hernández se encontraron documentos relacionados con cheques emitidos por la empresa Latin American Armored Rentals S. A. a la compañía J y V Hernández S. de R.L., por lo que la solicitud integró a esta empresa en el listado de «individuos objeto de la investigación», pidiendo a esta y a otras cuatro entidades sus documentos de registro corporativo certificado.

Por otro lado, los montos ejecutados en concepto de vehículos blindados sobrepasan en más de seis millones de lempiras a otras dos medidas de protección relacionadas con estipendios de alimentación, como productos alimenticios y bebidas, con L 248,000.00 ejecutados con fondos del Tesoro Nacional, y ayuda social a personas con estipendios por combustible, pago de renta por vivienda, movilización segura y otras necesidades, con L 1,741,690.35 ejecutados con fondos del Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad.

En su informe sobre la Libertad de Expresión en 2022, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) detalló que 97 periodistas y comunicadores han sido asesinados entre 2001 y 2022. Tegucigalpa, 30 de agosto de 2022. Foto: CC/ Fernando Destephen.

Guido Eguigure, exviceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó a Contracorriente que la opacidad o falta de claridad en la ejecución de estos fondos destinados a distintas medidas de protección tiene que ver con la confidencialidad que rodea a los beneficiarios de medidas, información que solo conoce el comité técnico dentro del MNP. Sin embargo, el exfuncionario señala que además existen otras problemáticas.

Una de ellas es el registro de  proveedores dentro del portal de Honducompras, por medio del cual el Estado de Honduras hace adquisiciones. La situación con estos proveedores, explica Eguigure, es que son los mismos proveedores del gobierno anterior los que continúan proporcionando los servicios a las Secretarías, incluido el caso de la SEDH, y que esto se debe a que son empresas lo suficientemente grandes como para poder ofertar y esperar el pago del Estado, que usualmente no se tramita con agilidad y puede durar entre dos a tres meses.

El exviceministro señaló que pueden aparecer empresas ofertando servicios que no tienen relación con su actividad comercial, pues son los proveedores que están registrados en la plataforma. «A menos de que se modifique la ley de procedimientos administrativos del Estado, eso no se puede cambiar, y hay que respetarlo, ni modo», explicó. Esto genera gastos onerosos al Estado, pues implica aprobar cotizaciones considerablemente elevadas.

 

En cuanto a los montos ejecutados por concepto de ayudas sociales a personas, Eguigure señala que también incluyen empresas, porque a través de estas se ejecutan distintas medidas, que pueden ser la construcción de muros perimetrales en la residencia de beneficiarios, la implementación de portones o cámaras de vigilancia, por ejemplo.

 

«La única manera de proceder bajo el esquema legal, administrativo y financiero del Estado es bajo ese renglón, porque no hay otra manera en la que se puedan comprar bienes como cámaras [de vigilancia] o serpentinas cuando no son para instituciones del Estado; en cambio, la única manera de proceder hacia terceras personas que no son instituciones es a través de las figuras de ayuda social», señaló Eguigure.

Según las partidas detalladas en la última parte del informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP, existen seis empresas beneficiadas: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V., Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V.  Inversiones  Religame S. de R. L., Inversiones Film S. de R. L. y Turing Consultores, S. de R. L. de C. V.

De estas, Computadoras y Servicios S. de R. L. de C. V. y Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V. recibieron pagos por medio de fondos del Tesoro Nacional, con L 22,487.49 y L 15,294.00 respectivamente. En el caso de las otras tres, solo se registró el pago efectivo por parte de la Tasa de Seguridad a Inversiones Religame S. de R. L. con L 113,541.80.

La empresa Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V. no tiene registro de contrataciones por parte de la Secretaría de Derechos Humanos en el Portal de Contrataciones Abiertas del Estado. Las otras dos sí tienen registro, pero en años anteriores;  por ejemplo, Inversiones Religame S. de R. L. con la venta de impresoras multifuncionales a la SEDH por L 227,636.75 en 2018, y Computadoras y Servicios S. de R. L. de C. V.  con la venta de tintas para impresoras también a la SEDH, con L 14,601.69 en 2022.

Guido Eguigure también agregó que, si bien se conoce que el fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue derogado casi a mediados de 2022 por la corrupción que generó, la discrecionalidad de su uso y la cero transparencia y rendición de cuentas, este fondo continúa existiendo y siendo utilizado por el Estado de Honduras.

«El costo del manejo del fideicomiso por los bancos era excesivamente elevado; si no me equivoco, eran 50 millones de dólares al año, lo que era una carga súper onerosa para el Estado. En el caso de las medidas de protección, nos afectó mucho [la derogación del procedimiento del fideicomiso], porque tenemos muchas dudas de cosas que se hicieron atrás, ya que antes toda la operación era muy flexible y muy eficiente, porque en el fideicomiso ni siquiera había obligación de rendir cuentas», indicó el exfuncionario. 

 

Agregó que «por ejemplo, se sabe que, de esos fondos, había gente dentro del manejo de la administración anterior que alquilaban casas de 30 mil lempiras para vivir en ellas; se eliminó todo eso, pero se creó una enorme dificultad para la aplicación de medidas».

 

Esas dificultades también se manifestaron en la violencia persistente en contra de defensores de derechos humanos, comunicadores, periodistas y operadores de justicia en 2023. En el informe de situación de derechos humanos correspondiente a ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) registró que 303 personas defensoras de derechos humanos y 145 periodistas fueron víctimas de ataques, y también alertó sobre «la falta de respuesta efectiva del Sistema Nacional de Protección, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección».

 

Falta de claridad en el otorgamiento de medidas cautelares

No hay claridad ni acceso a la información sobre la forma en que la Secretaría de Derechos Humanos da seguimiento a estas medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y si cada año se realiza el análisis para determinar si el riesgo continúa o no.

Lo que se conoce, a través de las planillas de pagos a empleados de la SEDH subidas al Portal de Transparencia, es que dentro de esta Secretaría existe la «Dirección de Investigación y Cumplimientos de Compromisos Internacionales», la cual consta de seis plazas con permanencia: el director general, con un salario de más de 47 mil lempiras mensuales; tres puestos de secretaría, con sueldos de 26, 21 y 18 mil lempiras respectivamente; dos asesores en derechos humanos en la «Unidad de Informes», con salarios de 29 mil lempiras cada uno, y un asesor de derechos humanos en la «Unidad de Seguimiento de Casos Internacionales», con un salario de 29 mil lempiras mensuales, según la planilla de febrero de este año.

En resumen, solo en el pago de salarios de las siete plazas dentro de la SEDH relacionadas con el cumplimiento de compromisos internacionales y el seguimiento de estos casos, se eroga una cantidad aproximada de 223 mil lempiras mensuales, es decir, más de dos millones de lempiras al año.

Contracorriente consultó al director del Sistema Nacional de Protección, Rodolfo Zamora, y a la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, sobre esta unidad y su funcionamiento en la asignación de medidas a personas en riesgo; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

No obstante, la ministra Álvarez sí respondió sobre los funcionarios de la administración actual en los que se ejecuta la mayor parte del presupuesto del Mecanismo, por medio de carros blindados, escoltas, y medidas de seguridad a sus familiares, y dijo que es falso. «Desconozco estas acusaciones y realmente, a nivel interno, es otra la perspectiva que se tiene del Mecanismo», dijo la funcionaria a Contracorriente, cuando fue consultada sobre las denuncias. Además, apuntó que «existen grupos y personas que con muy mala intención hacen falsas acusaciones, faltando a la verdad».

Álvarez, quien fue nombrada ministra de Derechos Humanos por ley, luego de que Natalie Roque anunciara por redes sociales su salida momentánea de la Secretaría debido a una emergencia de salud, insistió en que en su administración se trabajará desde la transparencia, que no se tolerará ningún acto de corrupción, y que tampoco se darán privilegios que puedan beneficiar a «ciertos casos por las relaciones personales».

«Realmente creo que vamos dando pasos firmes para poder fortalecer este sistema de protección y poder, sobre todo, responderles a los beneficiarios del Mecanismo», aseguró la ministra, quien añadió que pronto llevarán a cabo la primera reunión en lo que va del 2024.

Pero el Sistema Nacional de Protección no solo muestra deficiencias en la asignación de medidas a defensores o comunicadores, sino también dentro del Consejo Nacional de Protección del Sistema Nacional de Protección (SNP), en el cual existe una pugna interna.

 

Conflictos dentro del Consejo y supuesta preferencia por militantes de Libre

Este Consejo, conformado por siete instituciones del Estado y siete organizaciones civiles, tiene entre sus atribuciones proponer la creación de nuevas medidas de prevención y protección para garantizar la vida de los defensores, y hacer propuestas y recomendaciones para mejorar la implementación del SNP.

Uno de los asesores externos del Consejo dijo a Contracorriente que, si bien este mecanismo no ha operado de forma efectiva desde 2015, la llegada del Partido Libre al Gobierno desbarató su funcionamiento, al despedir empleados que ya habían sido capacitados en análisis de riesgos y dejar solo a una persona de las cinco que se encargan de este análisis.

Además, esta fuente denunció que no hay interés en que los nuevos empleados se capaciten correctamente, y que desde las secretarías de Estado e instituciones que forman parte del Consejo, se da prioridad en la asignación de medidas a defensores y periodistas afines a Libre.

Empleados de la Secretaría de Derechos Humanos denunciando malos tratos por parte de las autoridades de la secretaría. Tegucigalpa, 8 de febrero de 2024. Foto: CC/ Fernando Destephen.

Para Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos y directora de Cozumel Trans, es urgente que existan cambios significativos dentro de este sistema, como la incorporación de los grupos en situación de riesgo dentro de los procesos que implementa el sistema, y también un enfoque transversal.

«Por ser parte de la comunidad LGTBIQ+ y por mi identidad de género, he sido cuestionada dentro del mismo mecanismo, porque siguen diciendo que no puedo ser defensora de derechos humanos siendo una persona de la comunidad», reveló Ferrera.

La defensora señala que, si bien todos tienen derechos y con esto pueden gozar de las medidas que otorga el mecanismo, no es justo que se otorgue una partida mayoritaria del presupuesto del mecanismo a quienes son parte del Gobierno y afines al Partido Libre.

«No podemos ser juez y parte de la situación», apuntó Rihanna. «En este momento nosotros identificamos a personal de altos cargos en la Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social], que siguen manteniendo medidas dentro del mecanismo, ganando un salario elevado». 

«Esto me alerta porque seguimos viendo un Mecanismo que le otorgó medidas de protección a funcionarios del gobierno anterior, pero con restricciones; ahora estamos viendo un Mecanismo que le está dando seguimiento a las medidas de defensores de derechos humanos que se convirtieron en funcionarios públicos, y que por ser parte de este Gobierno les aumentaron, y les están otorgando hasta carros y otras medidas, mientras que cuando uno como defensor de derechos humanos llega y solicita, no se les otorgan», resaltó.

Una fuente consultada por Contracorriente apuntó que entre los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que son parte del mecanismo se encuentra Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos y excoordinadora de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (Apuvimeh).

Zambrano aseguró a Contracorriente que, si bien ahora ella y otros defensores son funcionarios del Gobierno, no es cierto que haya preferencia a la hora del otorgamiento de medidas del mecanismo por su militancia en el Partido Libre.  Explicó que ella no ha sido beneficiaria de medidas por parte del Sistema Nacional de Protección, sino que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se gestionaron las medidas cautelares que le asignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2014.

En el caso de su hermano, José Zambrano, defensor de los derechos de las personas con VIH-sida y miembro de la comunidad LGTBIQ+ que ahora labora en la Secretaría de Planificación, Sandra explicó que él dejó de recibir medidas del mecanismo de protección en octubre de 2022, y que solo las tuvo durante seis meses.

«José continúa bajo el mismo riesgo, tiene que pagar su propio transporte. Estuvo un tiempo en el que el mecanismo le daba un nivel de protección, pero ahora está en las mismas circunstancias, en riesgo, porque aparte de ser un defensor es un reconocido miembro de la comunidad [LGTBIQ+]», apuntó Zambrano, y agregó que para los defensores es un derecho pertenecer al mecanismo y gozar de sus medidas, independientemente de si alguien es funcionario o no.

«Considero que este es un derecho, de nosotros tener una oportunidad laboral. En mi condición de persona mayor he dejado la asociación [Apuvimeh] y hay otras personas que la administran; yo no puedo ser juez y parte, yo estoy dedicada a defender los derechos humanos de las personas adultas mayores, y José a su trabajo en la Secretaría de Planificación», dijo Sandra Zambrano a este medio.

 

Más crisis e inoperancia dentro del mecanismo

Eduardo Alemán, subdirector del despacho ministerial de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), una de las secretarías que integran el Consejo del Sistema Nacional de Protección, dijo a Contracorriente que no habían podido sostener la primera reunión del 2024 debido a la crisis en la Secretaría de Derechos Humanos en febrero, pero afirmó que en este año planean hacer reuniones en sitios de alta conflictividad como el Bajo Aguán, en el norte de Honduras.

Foto de uno de los mártires del Aguán portada por un participante en la movilización realizada en Tocoa, Colón, en conmemoración de los 26 años del asesinato del ambientalista, Carlos Escaleras. Foto: Archivo CC.

Alemán agregó que desde la Sedena son pocas las medidas que tienen asignadas, ya que es la Policía Nacional la que asiste en cuanto a la custodia de defensores, operadores de justicia, periodistas o comunicadores, pero que hay tres periodistas que desconfían ser custodiados por agentes policiales.

Las organizaciones de derechos humanos, campesinas y de pueblos originarios han denunciado los abusos y tratos degradantes por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, como por ejemplo su participación en los desalojos en el Bajo Aguán y la captura arbitraria y agresión por parte de agentes policiales al defensor del ambiente Leonel George. 

A esto también se añade la inefectividad del mecanismo de protección en casos como el de la defensora garífuna Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), quien fue víctima de un atentado el 19 de septiembre de 2023. La Ofraneh denunció en un comunicado la inoperancia del mecanismo, después de que tres partes del Consejo no se presentaran a una reunión del Comité Técnico del Mecanismo de Protección Nacional (CTMP) en Vallecito, departamento de Colón, convocado luego del atentado contra la lideresa garífuna.

Funcionarios de la SEDH también reconocieron que no han llegado efectivamente a los territorios donde los defensores son amenazados. Además, como uno de los desafíos o amenazas de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, la SEDH señaló en su informe anual de 2023 «hacer que las medidas de protección sean más equitativas, llegar efectivamente a los territorios», y también «definir un procedimiento expedito para el manejo de casos con mal uso de medidas».

Captura de pantalla del informe de gestión de la Secretaría de Derechos Humanos.

Para German Chirinos, defensor del ambiente y concejal de la sociedad civil en el Consejo del SNP, es urgente asignar más presupuesto al Mecanismo de Protección para que se realicen los debidos análisis de riesgo a los defensores cada seis meses y, de esta forma, tener más control en la asignación de medidas a personas.

 

«El mecanismo está en una crisis terrible, porque no ha tenido el personal necesario para hacer los análisis en tiempo y forma, y darle el cumplimiento a las medidas, que son de carácter urgente para proteger la vida de las personas, los defensores, comunicadores y operadores», dijo a este medio Chirinos.

 

Chirinos dijo que no tiene información sobre las denuncias de medidas asignadas a funcionarios del gobierno, pero opina que, independientemente de esto, las medidas deben de ser garantizadas a cualquier defensor o defensora que esté en riesgo, sea funcionario o no, siempre y cuando se garantice que en efecto las necesita.

 

«Si el presupuesto se va en pocas personas, es necesario más presupuesto y debe de buscarse, o  asignarse más presupuesto al mecanismo, pero que eso sea dependiendo de un análisis de riesgo que verdaderamente dé como resultado que el riesgo del defensor o defensora es inminente, y que es necesario cumplir con esas medidas. Si su vida corre peligro, yo no tengo porqué venir a cuestionar una medida», subrayó Chirinos.

 

En la presentación del informe anual de Libertad de Expresión del 2022 por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), su directora ejecutiva, Amada Ponce, dijo a Contracorriente que uno de los retos del Gobierno actual es destinar los recursos técnicos y administrativos del Sistema Nacional de Protección de forma equitativa, para que así se garantice salvaguardar la vida de los defensores y periodistas.

 

«¿Esto que quiere decir? No quiere decir que no necesiten una protección —aclaró la directora de C-Libre, refiriéndose a los casos que reciben el mayor porcentaje del presupuesto del SNP—, lo que quiere decir es que el restante está destinado para decenas de defensores, periodistas y de operadores de justicia que necesitan también ser protegidos y están actualmente en condición vulnerable». 

 

En la presentación de este informe, en octubre de 2023, Ponce añadió que la falta de voluntad política y presupuesto para hacer funcionar correctamente el mecanismo se antepone a la necesidad de proteger a los periodistas, comunicadores, defensores u operadores de justicia amenazados o en riesgo.

 

Esto es visible en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2023, la cual registró que Honduras está entre los países menos garantes de la libertad de expresión, con el lugar 169 de 180 —es decir, dentro de los 15 países con más baja puntuación a nivel mundial—, y el segundo en todo el continente, solo por detrás de Cuba.

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

En 2016 fue creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instancia que funcionó hasta el año 2022 y que dejó 6,168 policías depurados a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Dicha comisión la integraron: el pastor evangélico Alberto Solórzano, quien en 2022 pidió asilo político en los Estados Unidos; la abogada Vilma Morales, señalada en medios de comunicación por actos de corrupción en su mandato como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); y Omar Rivera, exsecretario ejecutivo del ahora desaparecido Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

 

Años después del término de la comisión depuradora, un grupo de policías depurados inició plantones, movilizaciones y protestas; por ejemplo, el martes 2 de mayo de 2023 hicieron un intento por tomarse las casetas de peaje de la zona de Zambrano, en la carretera CA-5, pero fueron reprimidos por la Policía Nacional con gases lacrimógenos, golpes y balas de goma.

 

En la calurosa mañana del miércoles 3 de abril, los policías depurados comenzaron a llenar la plaza César Castellanos en Tegucigalpa, sin querer hacerse notar, disimulando su llegada, cargando un bote de agua, una sombrilla, desconfiando de las personas que no formaban parte del grupo. En esa ocasión, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona acompañó un momento la reunión, se solidarizó con ellos y les prometió su apoyo desde el Congreso Nacional, aunque dijo desconocer la posición de la presidenta Xiomara Castro y del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, con respecto al tema de la depuración policial y sus consecuencias. 

 

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Lo que la mayoría de estos exagentes comparten es su imprevista separación de la policía. Por ejemplo, a Lorenzo Domínguez otro compañero le avisó que había visto su nombre en un listado de policías depurados transmitido por un canal local de televisión. En ese momento, Domínguez estaba en un operativo en el callejón de la muerte en la colonia Alemán de Tegucigalpa. Así, sin ninguna explicación y sin audiencia de descargo, quedó fuera de su trabajo; de nada le sirvieron los 17 diplomas y los tres reconocimientos recibidos por la parte de la Policía Nacional.

Al llegar a Casa Presidencial, el grupo de policías depurados se encontró con una valla de contención de metal y varios militares de la Guardia de Honor Presidencial. Tegucigalpa, abril de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El parque César Castellanos de Tegucigalpa queda a unos metros de la Casa Presidencial. El plan del grupo de expolicías era caminar hasta allá y entregar una solicitud con la que buscan iniciar un proceso de conciliación con el gobierno, que incluye resarcir el daño moral, el honor y la dignidad de cada policía, y recuperar lo que les corresponde en derechos laborales y humanos. José Rodríguez, representante del grupo, explicó que «se presenta la solicitud para poder entrar en una negociación en la línea administrativa, evitando el proceso judicial», que sería oneroso para el Estado por la cantidad de demandas que se podrían presentar.

 

Al llegar a Casa Presidencial el grupo no fue recibido, y no pudieron entregar los documentos que llevaban: la solicitud, un pliego de peticiones, y una ficha con la que se pretende elaborar un censo ordenado de todos los policías depurados. Según Rodríguez, son más de 3,000 los policías depurados a nivel nacional, y no existe un censo donde estén registrados.

 

Las movilizaciones de los policías depurados hacia Casa Presidencial se han vuelto más frecuentes, pero sin resultados, más que integrar una comisión para entrar a Casa Presidencial, esperar a ser recibidos, liberar la calle y poner otra fecha en el calendario para volver a protestar.

Texto: Daniella Demiel

Portada: Pixabay

 

La textura de las pasas en la lengua. El olor a hierro enmohecido. La frondosa ceiba que sobrevive a las deforestaciones. Los hoyos que dejan las termitas en los muebles de madera. Todo se deteriora, todo se deteriora, todo se deteriora. La memoria también.

 

Ahora que lo pienso, jamás me hubiera topado con aquella mujer de no haber sido porque salí embarazada y mi hermanastro convenció a mi mamá de que era una cualquiera, haciendo que finalmente me echara de la casa. No tuve más remedio que buscar un piso barato aquí en la capital. Pero no la capital lujosa que se presume en las noticias, no. Yo me vine a vivir aquí en el «bajo mundo», como le dicen. 

 

Aquí, en el bajo mundo, encontré de todo. Absolutamente todo. Lo que no encontré fue un piso por menos de cien dólares. Me tocó acomodarme en un cuarto de limpieza que en realidad era un sótano. Tenía dos puertas. Una daba a la calle y la otra al interior del condominio. No había una tan sola salida de aire. No entraba el sol. Pero el agua sí que irrumpía por el techo, venía del cuarto que estaba arriba. El cuarto de Lady Fú.

 

Nunca le había puesto atención a mi vecina Magdalena Melchor. Mejor conocida en el condominio como Lady Fú. Dicen que las mascotas se parecen a sus dueños, es cierto. Lady Fú tenía un gato peludo, igual a su barriga. Usaba anillos en cada uno de sus dedos, llevaba las uñas con esmalte negro, un negro aceroso que cubría más o menos los hongos de sus manos y pies. Lady Fú usaba perfumes de catálogo, ropa que le marcaba su cuerpo voluptuoso, y una placa de dientes que ella había personalizado con piedras preciosas y oro. Nunca supe cómo conseguía tanto zarandajo. Las malas lenguas cuentan que robaba en los cementerios, que vendía maleficios y que ella nunca se enfermaba. Pues esas eran las lenguas de los demás, no la mía.

 

Cuando llegué acá apenas me acababa de enterar de mi embarazo. Siempre fui delgadita y no se me notaba para nada. Yo me creía muy astuta, estaba jovencita. Me creía inalcanzable. Si yo era bonita, pues. Fui reina de las fiestas patronales y la virgen María en  los vía crucis de todas las semanas santas. Digo, hasta que salí embarazada. Cuando mi mamá regó la noticia ya no podía representar a ninguna virgen, por más que quisiera. Es tan bella la juventud y la disfruté como comer fruta en primavera. Hasta que dejé que el papá de aquella me preñara y perdí mi astucia, mi belleza, y yo creo que hasta mi salud.

 

El día que conocí a Ruby venía de revisar si me había caído alguna remesa del papá de mi criatura. Nada. Ni un centavo. Para ese entonces, aún no sabía el detalle de las puertas, así que entré por el portón principal. El lugar se abarrotaba de ropa colgada por todos lados, plantitas y santos. Muchos santos decorados. Entre ellos, un Jesús con pestañas postizas y moños de colores, casi como una dragqueen. Luego me enteré de que no había, dentro del condominio, ni un solo hombre alquilando. La gran mayoría de inquilinos eran transexuales, trabajadoras sexuales, mujeres abandonadas (como yo) y, por supuesto, Lady Fú. De hecho, me enteré por Ruby, la más joven de las chicas trans, que era regla del condominio. No dejaban que ningún hombre alquilara ahí. Lo sacaban del susto. Era una regla que la mismísima Lady Fú había impuesto.

 

Pobrecita la Ruby, recuerdo que su ingenuidad resaltaba entre las otras. Esa tarde me mostró el lugar con una cálida bienvenida. Éramos ambas solo unas niñas. Sin embargo, solo yo era la nueva.Y como aquel lugar era bien pequeño, todas se conocían. Existía una especie de hermandad católica entre aquellos cuartitos apiñados.

 

Nos reímos mucho. Yo le conté de mi vida. Ella me contó de la suya. Caminamos juntas hasta mi cuarto-sótano porque empezaba a anochecer. La oscuridad no me impidió ver de reojo una sombra siniestra. Ruby también la vio. Percibí su sorpresa tanto como la mía. Se acercó más a mí y me dijo entre dientes: «Esa que está allá es Magdalena Melchor, nosotras le decimos Lady Fú». 

 

Aquella mujer, lo acepto, conmovió algo en mí. Al verla sabías que algo la envolvía a ella, algo oscuro, siniestro, acogedor y materno a la vez. «Ella es de respeto, querida. De hecho, me sorprende que salga ahorita que todavía hay luz. Ni me preguntes cómo sé, pero solo sale a regar las plantas de noche. Dizque le hace daño el sol. Yo creo que pensó que ninguna puta estaba aquí adentro y por eso ha salido» me dijo Ruby, tomándome de la mano, clavándome sus uñas acrílicas. «Vení, hay que saludarla», y caminamos hacia ella.

 

Magdalena Melchor llevaba un gran sombrero que solo dejaba ver sus labios delineados de color morado berenjena. No vi su rostro completo, pero sabía que era una mujer fea. Fea y desagradable. Estaba sentada, con un vestido de satín que la hacía ver grande, y que la cubría casi por completo. Con la mano izquierda, sostenía un bastón. Ruby se agachó, le besó esa misma mano y me presentó con ella.

 

Lady Fú no pronunció palabra. La observaba desde arriba. Apenas sonreía, notándose levemente la gesticulación detrás del cuero grueso que la envolvía. En mi vientre, donde estaba mi criatura, sentí un tacto incómodo. Era su mano pesada contra mi piel. Sus uñas se clavaron en mi vestido, apretadito como a mí me gustaba usarlos. Logré ver su sonrisa, y la placa decorada que adornaba su dentadura. «Una niña es lo que cargas ahí», me dijo.



No alcancé siquiera a decirle mi nombre, pero era el nombre de ella lo único que tenía en la cabeza. Regresé en silencio y sin compañía. Con un vacío en el estómago y un peso en el vientre. No es que ninguna mujer hubiera tratado de adivinar el sexo de mi bebé antes. Era más bien su presencia la que me agitaba. Traté de conciliar el sueño. En ese sótano maldito era terrible pasar las madrugadas. Lady Fú había logrado su cometido, se había metido en mi cabeza. El misterio que la envolvía despertó una obsesión en mí. Era una vieja vulgar. Me incomodaba mucho y todavía no sabía por qué. 

 

Me acostumbré rápidamente a vivir allí. Me acomodé ligero. Mientras tanto mi vientre crecía, así como mi cercanía con las muchachas. Cuando la barriga ya me dificultaba ponerme en pie y  tenía que poner las manos en la espalda baja para agacharme, no tenía otra opción que encerrarme en mi aburrido piso. Además, las chicas regresaban al mediodía, y no tenía a ninguna vecina a la cual visitar. Una noche me quedé acostada en mi colchón usado. Encendí una radio que Ruby me había regalado; no tenía antena, entonces improvisé con un gancho de ropa. Le di volumen a mi estación favorita cuando sonó «Bésame mucho».

 

Ahí estaba yo, boca arriba, con mi lamparita de mesa, esperando el sueño bendito, sobándome mi ombligo hinchado, susurrando bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. 

 

En el fondo de la canción logré distinguir gemidos. Bajé el volumen a la emisora. Me detuve un momento, esperando que se repitiera el sonido.«Son gatos» pensé, «son gatos en celo». Pero en realidad eran gemidos, venían de arriba. Me lo repetí tratando de convencerme, pero no, tampoco soy tonta. Eran claros gemidos de hombre los que escuché.

 

«Ve esta vieja puta tramposa», dije en voz alta.

 

Me excitó un poco oír al hombre gozar. Quizás porque el sonido se mezclaba con el bolero y las hormonas me hacían cosquillas. Hasta que los gemidos se convirtieron en alaridos de auxilio. Al principio pensé que era un juego erótico. Y hasta me reí un poco de Lady Fú.

 

«Soltame, vieja asquerosa» gritaba la voz del hombre. Se oía confundido, como borracho. «Vieja fea asquerosa, qué me vas a hacer». Ella se reía vilmente, se burlaba del miedo en la voz del hombre, y quizás también del mío.

 

Los gritos cesaron con el sonido de un cuchillo cortando la piel. Salí descalza inmediatamente. Yo quería ver qué era lo que estaban compartiendo en la intimidad el hombre misterioso y Lady Fú. Subí las escaleras que conectaban con su cuarto, mientras sentía que se me venía mi criatura por la garganta. Recogí un poco la persiana. Estaba semiabierta, como esperando que alguien la abriera totalmente. Y por fin, lo que tanto me había imaginado. La imagen de aquella mujer desnuda.

 

Mi ego quería conocerla. Quería verla así, sin vestidos ni sombreros que la taparan, para confirmar lo que era. Una mujer que no podía ser deseada.Una mujer calva con llagas en las piernas. Los senos le colgaban. Deteriorados, flácidos, usados. Llevaba un camisón de seda, pero se veía como un trapo barato. Ella se pintaba la boca seduciendo al hombre. 

 

La imagen era clara. La observé de cuclillas en el piso, escondida. Los dedos de mis manos se agarraban con firmeza al borde de la ventana. Lady Fú dejó sus dientes sobre la mesa de noche, y se acercó a él. Pretendía besarlo, pensé. La anciana apenas podía mover su propio peso, pero eso no la detenía de ser sensual. Ni yo, ni aquel hombre nos atrevíamos a verla directamente. Lady Fú soltaba un gemido burlón cada vez que le pasaba la cuchilla por la piel. Lo estaba matando lentamente. Su risa me congelaba. Qué digo su risa, si no tenía dientes… No había nada más en su boca que una larva blanca deseando un beso pasional.

 

Su boca, para mí, era la madriguera de lo más inhumano. Imaginé el olor que podía tener. Y la lengua de Lady Fú convirtiéndose en pequeños gusanos. Y los gusanos saliéndose de sus poros, recorriendo el relieve flácido de su piel. Y luego entrando en ella por sus fosas nasales, devorándola. Y Lady Fú convirtiéndose en el reflejo de todo lo que mi cuerpo asqueaba.Y la terrible desdicha de aquel hombre de soportarlo. Sentí un flujo ácido repasar mi esófago.Traté de limpiarme el mentón. Observé el piso, habían larvas pequeñas moviéndose. Había vomitado. 

 

Sé que Lady Fú me escuchó. Lo sé porque alcancé a ver su silueta en la ventana del balcón. Una silueta enorme que se acercaba para abrir las persianas y reírse de mí. No pude resistir el miedo a ser descubierta por aquel monstruo y caí desmayada.

 

Amanecí en el cuarto de Ruby. Me encontró tirada, cerca de los basureros comunes. Ella misma me lo dijo esa misma mañana. La escuché freír unos huevos. No respondí mucho, porque ella no me preguntó nada. «Será que ya sabe», pensé.  Las imágenes de la noche anterior no se borraban de mi cabeza. Me sirvió un huevo. Estaba algo crudo. La textura me hacía pensar en la piel de Lady Fú. Cada vez que lo saboreaba sentía que masticaba un poco de su cuerpo.

 

Ruby se asomó a la ventana en silencio, caminando sonámbula. «Lady Fú», dijo en voz alta. Me acerqué rápidamente. Ahí estaba, un ser gelatinoso en el balcón. Era la primera vez que la veía claramente a la luz del sol. Era como ver una momia descomponerse en pleno día.

 

Llevaba una peluca, aunque parecía cabello natural. En ese momento no supe con claridad si ese era el verdadero rostro de Magdalena Melchor. La celulitis le envolvía todo su cuerpo como un horrendo vestido. Ella sabía que la estábamos viendo. Bajamos sigilosamente. Ruby me llevaba agarrada de la mano. Nos escondimos detrás de los basureros comunes, donde había vomitado. Todo lo demás era silencio.

 

Lady Fú se quedó en el balcón como a la espera de algo. Y luego, de forma teatral, sacó un bulto. Un bulto forrado de bolsas plásticas. Yo sabía lo que era. El hombre de la noche anterior. Lo había matado.

 

«¿Qué es lo que está haciendo esa vieja loca?», me dijo Ruby, susurrando.

 

Lady Fú se rio. La piel de su rostro era fiel a la gravedad del piso y su carcajada hizo que me meara encima. Ruby ni siquiera se percató, la miraba a ella, yo me escondía debajo de su hombro. Lo recuerdo perfectamente. Y cada vez que lo recuerdo se me contrae el estómago. Volteé a ver a Ruby. La noté asustadísima.

 

Con mucho esfuerzo, Lady Fú tiró del bulto del hombre, empujándolo con los pies. Lo dejó caer del balcón. Luego, se sacó algo de la boca con mucha fuerza, y escupió. Era su dentadura postiza. Me sonrió fijamente. De par en par, con ese hueco inmenso que figuraba en su boca.

 

No vi caer el bulto, pero escuché el sonido cuando alcanzó el suelo. Ni siquiera estaba segura de que dentro de esas bolsas estaba el cuerpo del hombre. Lo único que sabía era que mi mirada estaba en su mirada. Yo cagándome de miedo y ella, con esa vil y regañona sonrisa, como cuando una madre le gana a su hija.

 

Nadie tuvo valor de salir, ni gritar. Aún no estoy segura si había alguien más en el condominio. Ruby se cubrió el rostro y salió corriendo. Me tomó unos minutos caer en cuenta de lo que pasaba. Me jaló con ella, y subimos en carrera. Ya en su piso, ella rompió en llanto. Yo seguía viendo la ventana.

 

Ruby no se atrevió a salir esa noche, ni la noche siguiente. Dormí en su habitación casi una semana. Tampoco nadie nos llegó a buscar. Nadie preguntó por nosotras o por Lady Fú. Teníamos miedo, sobre todo de la policía, de estar involucradas en algo sobre la muerte del hombre. Ambas habíamos estado en primer plano observando. Fuimos sus espectadoras. Y al parecer, las únicas. Cuando al fin nos encontramos con agallas de buscar respuestas, de matar la curiosidad y buscar explicaciones, fuimos a visitar a una vecina amiga cercana de Ruby.

 

«Ruby querida, tenía días de no verlas, creí que se habían ido del condominio». La vecina nos dejó pasar amablemente a su sala de estar.  

 

«No querida, nada de eso, la verdad es que desde lo de Lady Fú…», respondió Ruby, mirándome inmediatamente.

 

«Total, pobre señora, ya está descansando», interrumpió tiernamente su amiga, mientras ambas nos miramos con extrañeza. «La encontraron muerta en su cama, adivina cómo… pintándose los labios querida, ya estaba muy vieja, pero siempre fue coqueta…».

 

Ruby le siguió la corriente. Yo no fui capaz de decir ni una palabra.

 

La amiga de Ruby siguió: «Era bonita, dicen. Ya sabes, querida, la reina de las fiestas patronales, la virgen María en los vía crucis de todas las semanas santas. Y terminó abandonada como nosotras. Bueno, como usted no, querida —me dijo—, aunque será madre soltera, que viene siendo lo mismo…»

 

Salí inmediatamente al escucharla. Sentí que el condominio entero se burlaba de mí. Estaba molesta, pero sus palabras tenían un poco de razón. Yo era una mujer abandonada, y las otras también. Sobre todo, después de la partida de la enigmática Lady Fú, que las maternaba tanto. 

 

Aún no sé exactamente si Lady Fú mató al hombre. Ni Ruby tampoco. De todas formas, solo yo había presenciado su encuentro. No había más testigos. Después de todo, a Ruby parecía no importarle. No me habló nunca más de eso, y creo que hasta se autoconvenció de que no vio nada ese día. Nadie habló de ningún hombre, de ningún bulto. Me enojé con Ruby al inicio, cuando trataba de sacarle el tema en las conversaciones. Le dejé de dirigir la palabra, me alejé de todas. Yo no soportaba vivir ahí, así que antes de que naciera mi hija me mudé como pude.

 

Creo que me obsesioné con Lady Fú. Y ella conmigo. Ella quería mostrarme algo, darme una lección o burlarse de mí. Quizás quería burlarse de que era bonita, que tenía sueños, que pretendía comerme el mundo. Quería advertirme que incluso en la vejez, las mujeres sentimos deseo, y que ese deseo, en lugar de convertirse en un humano, como el que yo cargaba, más bien era algo terrorífico. Quería burlarse de que era joven, y que ella alguna vez lo fue… Ahora, ahora lo entiendo. Yo tenía miedo de envejecer y ser horrible, y apestar y tener hongos en las uñas. Tenía miedo de que se me cayeran las tetas y no poder remediarlo. Tenía miedo de querer a un hombre y ser rechazada como cuando uno escupe una pasa agria o un pelo en la sopa. Tenía miedo de convertirme en ella, un bulto viejo al que nadie recuerda. Un bulto tan feo y solo, del cual las personas no pueden hacer más que inventar historias de miedo. Lo peor de todo, es que ya estoy envejeciendo.

Francisco Ramírez fue asesinado en diciembre de 2023 en Danlí, una ciudad al oriente de Honduras en donde era comunicador social. Por su trabajo, Ramírez tenía medidas de protección por parte del Consejo del Sistema Nacional de Protección. Mientras defensores de derechos humanos y comunicadores exigen un cambio en las políticas de este sistema, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras registra 145 ataques y 2 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en 2023.

Texto: María Celeste Maradiaga
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

«En este país, ser defensor o saber algo delicado y quererlo denunciar es un delito y una condena de muerte», dice Xiomara Gaitán, mientras conversamos en un café en Danlí, ciudad al oriente de Honduras.

Xiomara es una reconocida defensora de los bienes comunes en Danlí. Es presidenta de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih), ha apoyado a migrantes que transitan por la zona en casas de atención al migrante, y también es una persona clave en la toma de decisiones en este municipio, pues formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana en Danlí, y aunque ya no pertenece a él, continúa conociendo los temas y medidas que allí se discuten. Xiomara asegura que conoce a cada uno de los habitantes en Danlí, incluidos los ciudadanos de a pie y actores destacados en su región natal.

Palacio Municipal, centro de Danlí. 22 de febrero de 2024. Foto: CC/Jorge Cabrera.

Uno de esos actores y amigo cercano de Xiomara fue Francisco Ramírez, un comunicador social asesinado en diciembre del año pasado. Chico, el diminutivo con que ella lo recuerda, era comunicador del Canal 24 en Danlí y al mismo tiempo motorista del Ministerio Público. Su asesinato tomó por sorpresa a todo un municipio, pero también fue el desenlace tras haber sido víctima de un atentado siete meses atrás.

El 3 de mayo de 2023, Francisco Ramírez recibió tres impactos de bala, y fue trasladado al Hospital Gabriela Alvarado en Danlí. Después de esto, fue asistido por el Mecanismo de Protección para defensores y comunicadores, el cual le asignó un agente policial como custodio y un vehículo blindado, y le recomendó permanecer en Tegucigalpa hasta que la situación mejorara en Danlí.

Pero Chico regresó en noviembre a su domicilio, después de pasar meses sin ejercer como comunicador y, por tanto, sin recibir un pago para sostener a su familia. La situación económica lo obligó a regresar a su hogar, una casa sin cámaras de vigilancia y sin seguridad perimetral, otras medidas del mecanismo que no se cumplieron para proporcionarle un espacio seguro. Un mes después, y en plena época navideña, Francisco y el agente policial que lo custodiaba fueron víctimas de otro atentado cuando se dirigían a la casa del comunicador. En esta ocasión, el comunicador recibió cinco impactos de bala y falleció.

German Chirinos, defensor ambiental del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Mass Vida) y representante de la sociedad civil dentro del Consejo del Sistema Nacional de Protección, explicó que dentro de este organismo no conocen a profundidad los casos, y que desconoce las denuncias o el trabajo que realizaba Francisco para determinar si provocaron su asesinato.

«Según el principio de la confidencialidad, el Consejo no conoce a profundidad los problemas de los defensores por lo delicado que es la temática», dijo a Contracorriente Chirinos, quien añadió que quienes sí los conocen a profundidad son los integrantes de la dirección del Sistema Nacional de Protección (SNP).

Uno de los sospechosos por el crimen en contra de Francisco fue detenido este año, el 25 de enero, y posteriormente fue enviado a prisión preventiva. El Ministerio Público lo vinculó a la banda criminal Los Pantera, estructura criminal ligada a «cometer distintos ilícitos» en esta zona de Honduras. En mayo de 2023, dos supuestos integrantes de esta misma banda criminal fueron acusados por el asesinato en abril de 2022 de Juan Carlos Vega, uno de los regidores de la municipalidad de Danlí. 

En un salón de reunión dentro de la posta policial de Danlí, el subcomisario Aníbal Serrano Nieto dijo que ellos conocían las medidas que se debía brindadar a Francisco, y también lamenta que en el asesinato del comunicador resultara herido el agente policial que lo custodiaba. Para el oficial, Francisco debió de ser más cauteloso y evitar su muerte.

«El día que ocurrió el hecho, lamentablemente él andaba departiendo, poniendo en riesgo más bien al mismo funcionario policial porque andaba en un lugar público de venta de bebidas alcohólicas, y fue cuando ya estaba regresando a su casa de habitación cuando él recibió el atentado», señaló el oficial Serrano.

Posta policial de Danlí. 21 de febrero de 2024. Foto: CC/Jorge Cabrera.

Los reportes de Francisco eran variados. Contaba sobre los problemas de los productores en el mercado de la leche en Danlí, la situación sanitaria en la zona y los trabajos de bacheo en su ciudad, pero también informaba sobre temas más sensibles desde adentro de las comunidades, como asesinatos, masacres e incautaciones de drogas. Personas cercanas a él dicen que este tipo de reportes podría haber sido lo que puso su vida en riesgo.

Además de ser comunicador, Francisco laboraba como conductor del Ministerio Público, ante la falta de un salario fijo cada mes que pudiera cubrir los gastos de él y su familia. Su situación económica también se agravó luego del atentado de mayo de 2023, cuando fue enviado a Tegucigalpa por su situación de riesgo, tiempo en el cual no pudo desempeñar ninguno de sus dos empleos.

Según la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia  —decretada en mayo de 2015, que ordena la creación del Comité Técnico del Mecanismo de Protección—, el Estado, a través del mecanismo de protección, debe asignar medidas a partir del análisis de riesgo a la persona beneficiaria, e implementar un sistema de monitoreo y atención en general.

El Mecanismo de Protección bajo el cual estaba Francisco Ramírez tampoco ha mostrado avances. Desde las denuncias de acoso laboral y hostigamiento por parte de empleados en la Secretaría de Derechos Humanos, y una toma de instalaciones que duró 20 días a inicios de febrero de este año, el comité de este mecanismo solo se ha reunido una vez en lo que va del 2024, el pasado 21 de marzo.

Además, organizaciones como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han denunciado que siete funcionarios de la actual administración son quienes reciben el 85 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional de Protección, lo cual afecta a casos de defensores o comunicadores como Francisco, a quien no se le otorgaron todas las medidas y tampoco se le brindó apoyo para solicitar asilo en el exterior, a pesar de su situación de vulnerabilidad.

En el Presupuesto General de la República de 2023 se asignaron a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) L 143,854 millones del Tesoro Nacional, de estos L 3,396,020 fueron asignados al mecanismo; sin embargo también se le asignaron L 20 millones más que provienen de la Tasa de Seguridad. Según un informe de la misma SEDH, del mecanismo de protección solo se ejecutó el 40.96%. 

Recordemos que la Tasa de Seguridad es un fideicomiso derogado en mayo de 2022, pero que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) denunció que sigue siendo utilizado por el Gobierno, como se evidencia en el mecanismo de protección. 

El informe de la SEDH también detalla que durante 2023 se registraron en el Sistema Nacional del Mecanismo de Protección 202 casos activos de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, de los cuales, 16 corresponden a comunicadores sociales y 15 a periodistas. De esta cifra, la mayor parte de casos activos corresponden a defensores de derechos humanos con 153 y el resto a operadores de justicia con 18.

«Nosotros estamos viendo con profunda tristeza que teníamos esperanzas en este gobierno que está en este momento; yo en lo personal tenía esperanzas de que habrían mejores garantías para nosotros los defensores de derechos humanos, pero la gran decepción es que ahora estamos siendo más judicializados, más perseguidos, y más muertos», señala Xiomara Gaitán.

La defensora hace alusión a la impunidad en que han quedado otros casos de comunicadores y periodistas en Danlí. Uno de ellos es el del periodista Juan Carlos Argeñal, quien denunciaba actos de corrupción en el sistema de salud en Danlí, y fue asesinado en diciembre de 2013 en el canal de televisión del que era propietario.

En el informe de libertad de expresión de 2022 presentado por C-Libre también señalan la situación del comunicador Jaime Nery Díaz, dueño del Canal Aviva TV Danlí, quien, según el informe, ha sido atacado por medio de acciones administrativas y legales en su contra desde enero de 2022, luego de que un reportero de su canal denunciara anomalías en la municipalidad de Danlí. Después de esto, la corporación municipal ordenó el cierre del canal.

Operadores del Canal 24, medio de comunicación en el que laboraba Francisco Ramírez. Danlí, 21 de febrero de 2024. Foto: CC/Jorge Cabrera.

La realidad de los comunicadores locales en Danlí

Una periodista local en Danlí, cuya identidad protegeremos, dijo que las cosas han cambiado mucho en este municipio, sobre todo para quienes se encargan de contar la corrupción y operaciones de los políticos en la zona.

Ella cuenta que, con el paso de migrantes y la extorsión a quienes transitan por este municipio a través de tarifas de bus que han triplicado su valor inicial, la zona comercial de Danlí ha aumentado exponencialmente, y con ello, también el lavado de dinero y el narcotráfico en estos negocios.

La periodista cuenta que, ante esa adversidad, es difícil sostenerse en el ejercicio de su profesión por el poco o nulo respaldo que reciben los periodistas, y la falta de preparación que tienen para enfrentar situaciones de riesgo. Esto último ha desencadenado que prácticas como los sobornos estén a la orden del día, y quizás sea por esto que revelaciones o hallazgos importantes no puedan ser difundidos.

Johny Rodríguez, director de Canal 24, describió a Francisco Ramírez como un comunicador activo, «4 x 4», alguien que aguantaba lluvia y frío con tal de transmitir lo que estaba ocurriendo en ese momento.

«Con Francisco teníamos años de llevarnos, de conocernos —explica Noé, mientras al fondo un predicador da un sermón en el programa de prédica vespertina del Canal 24—. Francisco me mandaba unas seis o siete notas, dependiendo de cómo estaba el ambiente noticioso de la zona oriental. Nos mirábamos poco, a él le gustaba salir a las aldeas y caseríos, porque consideraba que ahí estaba la noticia».

Un pastor graba su programa de prédica en las instalaciones de Canal 24. Danlí, 21 de febrero de 2024. Foto: Jorge CC/ Jorge Cabrera.

El fuerte de su canal, asegura Rodríguez, es la difusión que tienen a través de redes sociales y la venta de publicidad que hace cada periodista, ya que, según él, en Danlí no generan mucho dinero las noticias, y los medios de comunicación no son bien vistos. En este sentido, al no poder realizar un pago mensual a los comunicadores, camarógrafos u operadores del canal, cada uno obtiene ganancias por la publicidad que ofrece en los canales de comunicación o redes sociales.

Rodríguez cuenta que una de las experiencias que más lo han marcado fue cuando, mientras la Policía Militar realizaba una requisa en el centro penitenciario de Danlí el 15 de julio del año pasado, lo golpearon, lo despojaron de su celular y también lo amenazaron por grabar a unos militares que estaban disparando en el recinto mientras se realizaba la requisa. Lo anterior desencadenó una protesta por parte de familiares de los privados de libertad.

En lo que va del 2024, Johny no ha obtenido respuesta por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos sobre la denuncia que él interpuso después del ataque de los militares en la cobertura del centro penitenciario de Danlí. Él asegura que su situación y el caso de Francisco evidencian la desprotección a la que se enfrentan los comunicadores sociales que hacen periodismo de a pie y que están en contacto más directo con las comunidades.

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Johny cuenta que habló con Francisco un mes antes de su asesinato. Le dijo que iba a regresar a Danlí a visitarlo, pero que no le iba a llevar nada desde Tegucigalpa porque estaba «jodido» económicamente. Johny le respondió que eso no era importante. El día en que lo asesinaron, un mes después, Johny no podía creer que eso estuviera pasando.

Él dice que después de esto se siente con más temor por las denuncias y temas que tocan en el medio. Cuenta que jefes policiales, políticos y estructuras criminales lo han amenazado con cerrar el canal, pero es después del asesinato de Francisco cuando la intimidación ha incrementado.

«Ya viendo que a un compañero del medio le quitan la vida de esa manera, uno queda con cierto temor, porque no se sabe qué cosas pueden molestarle a la gente que uno diga y que publica, y hay gente que no toma bien la crítica. Pero aquí estamos, con más cuidado de decir las cosas».

La lucha de las radios comunitarias

El 13 de febrero de este año, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) realizó una conferencia de prensa en los bajos del Congreso Nacional para exigir su participación en las discusiones de una comisión especial creada en el legislativo para analizar la situación de la libertad de expresión y radios comunitarias en Honduras.

La creación de esta comisión —a raíz de la visita de la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Irene Khan— alertó a sectores de sociedad civil, comunicadores y representantes de las radios comunitarias, pues se desconoce el alcance que tendrá en cuanto a la regulación de los medios de comunicación, periodistas, y el espectro radioeléctrico bajo el que trabajan las radios comunitarias.

Periodistas y comunicadores entrevistan a la presidenta de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH), Suyapa López. Comayaguela, 13 de febrero de 2024. Foto: CC/ Fernando Destephen.

«Creemos que las radios comunitarias son el sector más vulnerabilizado en materia de libertad de expresión. Cuando hablamos de crear una comisión, creemos que esta debe de escuchar el posicionamiento de más de 70 radios comunitarias existentes, nada puede ser aprobado por el Congreso sin esta amplia conversación», manifestó en la conferencia de prensa Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre. Posteriormente, quienes participaron en esta conferencia fueron recibidos por la comisión especial del Congreso Nacional.

Jorge Andino, director de la Play FM, una radio comunitaria del norte de Honduras, declaró que es alarmante que no se garantice la seguridad ni protección a los comunicadores sociales, cuando estos son los que están más expuestos a recibir amenazas o intimidación al realizar denuncias y hacer periodismo en sus localidades.

«En las radios comunitarias están las voces que se ven asediadas por la economía extractiva, por la parte que despoja, expropia y expulsa a las comunidades —explicó Jorge Andino—. Pero también el hecho de poder escuchar las lenguas maternas de las comunidades que todavía no se han extinguido y que también son importante que [se] rescaten y aporten a ese devenir cultural. Eso nos coloca en un papel de exposición, porque cuando contamos cosas que están relacionadas directamente a la comunidad y lo hacemos de esa forma directa, nos enfrentamos a la represión directa de quienes controlan».

Según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), entre 2021 y 2021, la Unidad de Desplazamiento Forzado de este organismo atendió a 66 periodistas amenazados por el ejercicio de su trabajo.

Según  el Conadeh, de 97 muertes violentas de periodistas, locutores, fotógrafos, editores, operadores y propietarios de medios de comunicación ocurridas entre 2001 a 2023, el 90 % de los casos se mantienen en impunidad. 

Texto y portada: Persy Cabrera

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solamente se convirtió en un dictador tras reelegirse a pesar de que la constitución lo prohibía, no solamente logró controlar la política salvadoreña a través de su partido Nuevas Ideas, y no solamente restringe derechos a través de un estado de excepción; Bukele también tiene un gran control sobre la cultura popular. Por ejemplo, el Miss Universo celebrado en El Salvador en 2023 se convirtió en una plataforma de campaña política a su favor, porque además de dar un discurso se vio a varias de las concursantes con vestimenta alusiva a Bukele. En otro escenario muy distinto, las batallas de rap de Freestyle Master Series (FMS), Bukele logró que la final internacional de este evento se dé en El Salvador. El propio Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social, vio cuando Darío Silva Araujo, uno de los hosts del evento, celebró que El Salvador sea la próxima sede, pidió un fuerte aplauso y habló sobre una  «transformación social» en ese país. 

 

Pero quizá su escenario más prominente es el de las redes sociales, porque además de tener un ejército de propaganda allí, se han unido a su discurso influencers con gran alcance. 

 

El trabajo sobre la imagen de Bukele ha sido enorme. Lo cuenta bien Sergio Ramírez en su artículo de opinión «Súperhéroes con puño de hierro»: Poco importa que los superhéroes populistas del siglo veintiuno se proclamen de izquierda o de derecha, lo importante para sus propagandistas es establecer su invulnerabilidad. Si bien aún no hay dibujos animados de “SúperBukele”, el presidente de El Salvador, sus expertos en imagen, que, por cierto, son también venezolanos se encargan de presentarlo como un súper presidente super cool, que hace su entrada en los escenarios entre chorros de luz.

 

Para el historiador salvadoreño Héctor Lindo, la incursión en espectáculos como Miss Universo, y lo que él define como «el afán por el dominio de la conversación» en redes sociales por parte del oficialismo, no es algo nuevo, es la traducción contemporánea de pasadas costumbres autoritarias. De acuerdo a Lindo, es por eso que existen «cientos de cuentas que transmiten el mismo mensaje en el mismo milisegundo, es un esfuerzo coordinado al que dedican muchos recursos, cientos de canales de Youtube, cientos de páginas de Facebook que transmiten el mismo mensaje, hay más de 500 grupos de Whatsapp que alcanzan todas las esquinas del país», tal como lo reportó la periodista Sarah Kinosian para la agencia Reuters.

 

Pero no es solo el dominio de la conversación a nivel nacional; Héctor Lindo opina que sumado a esto hay una estrategia clara de proyección internacional. La validación de Bukele viene de «que gente en Ecuador diga “aquí necesitamos un Bukele”», porque «hace sentir a la población salvadoreña que hay un liderazgo internacional de parte del país», dice Lindo, quien ha escrito libros desde diferentes perspectivas históricas sobre El Salvador, ha dado conferencias y también participa en el podcast «Centroamérica: el presente y sus pasados», que dirige junto al historiador Víctor Hugo Acuña.

 

El vídeo del youtuber mexicano Luisito Comunica publicado el 7 de febrero tras su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) fue objeto de debate después del señalamiento que un usuario de X hizo, diciendo que es «propaganda a favor de Bukele», y que además el influencer deshumanizó a las personas que están en este complejo carcelario; el video cuenta con más de 26 millones de visitas. 

 

En su video, Luisito Comunica dijo: «nada de “ver a mi mamá, a mis hijos”, perdiste esos derechos por las decisiones que tomaste», «viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, decir “wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel”, pero cuando te enteras de las atrocidades tan inhumanas que han cometido, todo hace sentido». Concluyó a su salida del Cecot diciendo que «poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento».

Las reacciones a este debate forman parte de lo que Héctor Lindo llama «proyección internacional». «Ojalá hagan algo así en Argentina», comentaba alguien,. Otro youtuber español —que cuenta con más de 6 millones de subscriptores en Youtube—, llamado Ampeter, tuiteó diciendo: «imagínate que un familiar tuyo sufra un homicidio y venga un tío por Twitter a defender y pedir derechos para su asesino. Vergüenza de lo que son capaces algunos por un poco de atención».

 

Héctor Lindo considera que aunque LethalCrysis tuvo un acercamiento de reflexión tras su visita al Cecot, la idea principal sigue siendo la misma: «la prisión como espectáculo y deshumanizar al enemigo». Las pandillas es este enemigo en común que la narrativa oficialista presenta al mundo, pero en la visión de Lindo también les funciona como una «forma de quitarle legitimidad a toda oposición, es decir, [a] la oposición se le etiqueta como amigos de las pandillas».

 

«Nuevas Ideas»

 

El trabajo de Héctor Lindo también está en Youtube. Su perspectiva como historiador a través de conferencias o videos explicativos del pasado y la evolución hasta el presente salvadoreño dejan una conclusión que él expresa diciendo: «El gobierno nos da a entender que están inventando todo, que son “Nuevas Ideas” y que el mundo comienza con ellos, que esta es una nueva era completamente diferente a la historia de El Salvador, pero me llama la atención que cuando uno estudia la historia de El Salvador en el siglo XX se da cuenta que las estrategias son exactamente las mismas».

 

Por ejemplo, al igual que Bukele, el militar Maximiliano Hernández Martínez, que fue impuesto como presidente tras un golpe de Estado y prolongó su mandato trece años más, con elecciones en las que era el único candidato, también tenía un periódico que transmitió su mensaje, y buscó el dominio de la conversación utilizando la radio y suprimiendo las voces disidentes. Hernández Martínez ejercía una censura más abierta, intimidando a los periodistas. 

 

Héctor Lindo considera que la «intimidación a periodistas es una de las actuales tareas del Gobierno» y que «ya no se usa la misma técnica, ya sea de colocarlos en la cárcel o en una censura abierta, pero la censura se hace de otra forma, la censura se hace inundando las redes con el mensaje oficial de tal forma que no se escucha lo que dicen las voces disidentes».

 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) detalló en un informe  que de octubre del 2023 al 10 de enero del 2024, hubo «un promedio de 40 insultos diarios en la red social X, y cerca de 50,000 visualizaciones diarias de ataques [a periodistas]». Los ataques realizados a mujeres periodistas tienen un notorio componente de violencia sexual, misoginia y lesbofobia. En este informe se detalló que «las y los periodistas entran en el mismo conjunto que en el de los políticos de oposición, esto con el fin de restar credibilidad al ejercicio periodístico».

 

Maximiliano Hernández Martínez también agrupó a todos sus enemigos comunes en uno solo: «[Hernández Martínez] todo lo justificaba como lucha contra el comunismo y los regímenes militares también durante todo el siglo XX cualquier opositor, por moderado que fuera, era tildado de comunista» relata Lindo. 

 

La juventud y las decisiones autoritarias

 

Videos como el de Luisito Comunica o LethalCrysis llegan a una juventud de la que Héctor Lindo dice que abanderan «algo muy preocupante», porque «encuestas de opinión en América Latina muestran [que] los grupos más jóvenes están entre los más abiertos a aceptar soluciones autoritarias y son los que menos entienden las soluciones de la democracia». 

 

Por ejemplo, en el Barómetro de Open Society publicado en septiembre de 2023 se detalla que la edad es un factor importante en la formación de opiniones sobre la democracia. De la población de 18 a 35 años consultada, un 57 % prefiere «otras formas de Gobierno» antes que las democracias, y ese mismo grupo de edad apoya más la idea de un gobierno militar con un 42 %; en este último apartado el grupo de edades de 36 a 55 años arrojó un 33 %, y el de más de 56 años un 20 %.

 

Lindo estima que la juventud sí ha crecido en un periodo de democracia, pero que este no fue uno de bienestar, sino un periodo en el que les afectaron «muchos problemas sociales y la plaga de las pandillas fue muy real».

 

Héctor Lindo estudia y expone qué dice el pasado sobre el presente salvadoreño, pero no se olvida del futuro. El Tribunal Supremo Electoral (TSE)  de El Salvador oficializó el pasado 9 de febrero la reelección tan arrasadora como inconstitucional de Nayib Bukele, y Héctor Lindo cuestiona que no hay «un proyecto de futuro porque no hay ningún documento que muestre cuáles van a ser las políticas económicas, por ejemplo, no hay nada que nos diga por qué podemos esperar una mejora en la educación o una mejora en la salud pública o mayor inversión internacional, todo eso no es parte de la discusión». Al menos, de la discusión que lidera el presidente. 

En Santa Rosa de Copán, una ciudad al occidente de Honduras que se enfrenta a la escasez de agua, un grupo de comunicadores denuncia persecución y amenazas por cubrir temas de medioambiente. Mientras tanto, las autoridades siguen permitiendo la tala del bosque en las zonas aledañas, actividad que afecta al manto de aguas subterráneas que abastece la ciudad.

Texto: Allan Bu

Fotografías: Amílcar Izaguirre

Portada: Persy Cabrera

 

A la periodista Yalile Dubón le comunicaron súbitamente que el espacio que rentaba en un canal de televisión en Santa Rosa de Copán ya no estaba disponible. En ese medio ella dirigía un noticiero donde era reportera, productora y presentadora. Había logrado pactar algunos anuncios con el comercio local y su programa era reproducido por otro canal de La Entrada, Copán. «Había iniciado bien, estaba transmitiendo para dos medios», explicó. Pero todo cambió para Yalile cuando comenzó a denunciar en su noticiero la tala de árboles de pino que rodean a Santa Rosa de Copán. 

 

De acuerdo con fuentes consultadas por Contracorriente, estos bosques o zonas forestales son la única forma que tiene la ciudad de captar agua y regenerar el manto freático, una capa de agua subterránea que es el principal abastecimiento para el municipio y que con el pasar de los años ha ido disminuyendo. 

 

En Santa Rosa, la escasez de agua potable no es nueva. Hace 20 años, en algunos barrios, el agua llegaba dos veces por semana, pero la situación ha empeorado al punto de que ahora, en la mayoría de barrios de la ciudad, el líquido llega por dos horas cada 15 o 20 días.

 

Para Yalile es claro que sus denuncias en contra de empresarios de bienes raíces que depredan los recursos de su región la han hecho blanco de persecución, y esto ha impactado directamente en sus posibilidades para seguir transmitiendo en la televisión. Pero ella no ha sido la única. Jorge Posadas, otro comunicador copaneco, también se ha dedicado a documentar agresiones ambientales en las zonas que él denomina «de interés forestal» porque nutren las pocas fuentes de agua que tiene Santa Rosa; debido a su trabajo, también ha sido objeto de persecución y amenazas.

 

Grandes árboles fueron derribados en una de las zonas altas de Santa Rosa. Es una imagen que se ve a menudo en esta ciudad. 9 de marzo de 2024. Foto CC Amílcar Izaguirre.

Jorge fue querellado ante los juzgados por exponer la foto de un empleado municipal en redes sociales. El comunicador publicó la imagen porque el joven lo estaba grabando mientras él hacía su trabajo periodístico en una zona donde habían talado árboles. Jorge tuvo que presentarse ante las autoridades, pero fue asesorado y apoyado por la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos (Asepodehu). Aunque salió bien librado de ese proceso, cree que fue impulsado por las mismas personas que lo han amenazado por su cobertura del tema ambiental. 

 

Tanto él como otros colegas sufrieron amenazas después de realizar publicaciones en temas de medioambiente. A veces notaron que personas o carros desconocidos les daban seguimiento. «A un compañero lo anduvieron siguiendo un mes», dijo, y agregó que una periodista que recibió amenazas «tuvo un colapso de nervios y fue a parar al hospital».

 

Él fue uno de los primeros que denunció la tala de bosques para el desarrollo de proyectos habitacionales, cerca de la aldea El Carrizal. De acuerdo con el defensor del ambiente Ramiro Lara, este bosque colinda con La Hondura, una fuente de la que se obtiene agua para el 30 % de la población de Santa Rosa. En esa área ya se han cortado árboles en 6.7 hectáreas. De ese bosque también se nutre un nacimiento llamado El Chorrerón, en donde las personas recogen agua que usan incluso para tomar. 

Tanques de almacenamiento de la aldea El Carrizal. La comunidad protestó porque se estaban cortando árboles cerca de su fuente de abastecimiento de agua. Santa Rosa de Copán, 9 de marzo del 2024. Foto: Amílcar Izaguirre.

Jorge reconoció que tanto él como sus colegas tienen miedo de denunciar, por la falta de confianza en instituciones como el Ministerio Público; sin embargo, explicó que en su caso sí ha denunciado la campaña de amenazas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y también tiene un expediente en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Mediante el mecanismo se realizan patrullajes en las zonas donde viven los periodistas en riesgo, y también les han dado un carné que pueden mostrar a la Policía Nacional en caso que se encuentren en peligro, explicó Posadas. 

 

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Contracorriente visitó las oficinas del Ministerio Público en Santa Rosa de Copán para conocer las denuncias que están recibiendo por delitos ambientales, pero un funcionario contestó con una desbordante sinceridad que esa información no podía ser brindada sin autorización, y que el jefe en ese momento no se encontraba.

 

Yalile Dubón también experimenta el sentimiento de desprotección que tiene Jorge. Las amenazas la llevaron a tener una crisis nerviosa que la obligó a buscar ayuda médica. Aunque ha presentado denuncias ante el Mecanismo Nacional de Protección y ha estado en comunicación con representantes de este organismo, ella tiene claro que sigue siendo extremadamente vulnerable; «No he tenido ninguna protección», dijo. 

 

Personas relacionadas con los medios le han aconsejado que deje de publicar sobre esos temas, le han dicho que es peligroso. Cuenta que ante esa desprotección que sienten tanto ella como sus colegas, lo que hacen es estar en constante comunicación por redes sociales hasta altas horas de la noche. Es una forma de no sentirse sola, dice Yalile, pues habla con otros cinco periodistas amenazados por su cobertura de temas ambientales. «Yo confío en Dios, porque soy una mujer de fe, pero no puedo tapar con un dedo estas consecuencias que están sufriendo», declaró Yalile. 

 

Los ataques arreciaron cuando Jorge, Yalile y otros comunicadores expusieron al público que en una sesión de la corporación municipal se autorizó el cambio del uso del suelo de un bosque de pinos denominado Cerro Partido, que está en la carretera que conecta con Gracias, Lempira. «Están muy molestos, no nos pueden ni ver. No sé qué intereses había», manifestó Yalile en una conversación telefónica.

 

«Hemos estado defendiendo el ambiente. Hay amenazas, que dicen “o quitás eso o ya sabés lo que te va a pasar”. Lo hacen desde perfiles falsos, yo creo que viene desde la municipalidad. Ando muy preocupada», declaró Yalile a inicios de 2024 a un medio local en Santa Rosa de Copán. El 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, dejaron en la entrada de su casa un mensaje escrito en un papel amarillo. «Sabemos dónde vivís», dice el letrero, que fue encontrado por la madre de la periodista.

Este mensaje apareció en la casa de Yalile. Foto: Cortesía Yalile Dubón.

La periodista recibió mensajes desde perfiles desconocidos o falsos después de haber publicado un video donde revelaba que uno de los hijos del alcalde Aníbal Erazo Alvarado había sido detenido por portación ilegal de armas. En esa ocasión, el hijo del jefe edilicio fue liberado horas después por la Policía Nacional, que comunicó que el arma pertenecía a un amigo del detenido. 

 

Erazo Alvarado es un hombre campechano. Es hijo de una dama que se hizo famosa por cocinar cerdo en hornos artesanales.  El alcalde ha ganado las elecciones en cuatro ocasiones, la primera en 2009, cuando Porfirio Lobo Sosa fue ungido como presidente. En el último proceso electoral interno del Partido Liberal, Alvarado apoyó el movimiento de Yani Rosenthal y, aunque su candidato presidencial fue derrotado, él ganó la candidatura. 

 

El regidor Eduardo Elvir sostiene que Alvarado ha acabado con procesos de participación en la comunidad para tener el control de lo que se hace. «Cree que Santa Rosa de Copán es su hacienda o su finca», sostuvo. 

 

Yalile ha denunciado por diferentes medios de comunicación la persecución de que es objeto, y piensa que viene desde la Municipalidad de Santa Rosa. Esa persecución la privó de su derecho a trabajar, considera, porque no solo le quitaron su espacio en el canal local, sino que también la despojaron de un espacio en el mercado municipal donde ofrecía productos y servicios de belleza.

 

Una ciudad que se enfrenta a la escasez 

 

Santa Rosa de Copán se ubica en una meseta, por lo que no tiene fuentes superficiales de las que se pueda abastecer la población. La municipalidad ha intentado, a través de la Empresa Municipal de Aguas, utilizar el caudal del Río Higuito, que pasa kilómetros abajo de la ciudad, pero los esfuerzos no han sido del todo exitoso, pues aunque el río tiene mucha agua, hacerla potable es muy oneroso. 

 

Maynor Pineda, técnico del Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF), declaró que «las fuentes superficiales son escasas por estar en lo más alto. Hay un proyecto del río, pero es caro porque en el invierno el agua es turbia [sucia]». Agregó que, aun cuando es muy difícil de estudiar el caso, los niveles de agua subterránea están disminuyendo, según estimaciones: «En Santa Rosa cada año se pierden 43 centímetros del nivel freático. La única forma que el acuífero se recarga es a través de la lluvia y después la infiltración, no hay otra forma de cargarlo, y si estamos quitando los espacios de bosque porque la población está creciendo, no hay forma de que se recargue», explicó. 

«Los cerros son cortados como pasteles», dijo en una entrevista la directora del ICF, Sara Dubón. Aquí se ve una construcción en medio de una zona boscosa. Santa Rosa de Copán, 9 de marzo de 2024. Foto: Amílcar Izaguirre.

Pineda aseveró que en 2015 la municipalidad tenía unos 16 pozos perforados para abastecer de agua a la ciudad, pero en esa misma época había igual cantidad de pozos industriales destinados a hospitales privados, centros comerciales, hoteles, gasolineras y a la venta de agua. «Aquí es un negocio redondo tener una venta de pipas, que se les vende a personas que tienen bastante consumo de agua», dijo.

En Santa Rosa, vender pipas de agua se ha convertido en un negocio muy rentable. Santa Rosa de Copán, 9 de marzo de 2024. Foto: Amílcar Izaguirre.

La perforación de pozos es una opción para mitigar la falta de agua en Santa Rosa, pero Pineda sostuvo que ahora hay indicios de que la reserva subterránea está disminuyendo de forma acelerada por la sobreexplotación, y que la municipalidad, dirigida por el alcalde liberal Aníbal Erazo Alvarado, debe tomar medidas: «En otras palabras, la municipalidad ya no debería autorizar la excavación de pozos para fines privados». 

 

Eduardo Elvir, regidor en la municipalidad de Santa Rosa por el Partido Libertad y Refundación, recordó que en el 2009 se mandó a hacer un estudio para determinar un mapa de zonificación (espacio para crecer) y ordenar el cambio de uso de suelo. Aseguró que este plan fue aprobado en el primer período del alcalde Anibal Alvarado –que está cumpliendo un cuarto período– y que nunca se ha hecho ningún intento para darle seguimiento. «Siempre en este tema de las urbanizaciones el mayor afectado es el bosque, pues hacen cambio del uso del suelo. Digamos que si [en Santa Rosa]  teníamos 800 manzanas de interés forestal, ahora hay 400», dijo. 

 

Explicó que el gran problema con las zonas de interés forestal que rodean Santa Rosa es que son privadas, y entonces ahí hay un conflicto de tierras. Acusó al alcalde Alvarado de no ser capaz de balancear esa tenencia privada con el beneficio para la ciudad, y de que «mucho ha sido por negocio». Añadió que en la municipalidad se atrasan las intenciones de urbanización para hacer que el interesado busque al alcalde. «Ahí vienen las negociaciones», dijo.

 

Elvir señaló que los actos de mayor ilegalidad en contra de la democracia se cometen en las sesiones de corporación y él piensa que pasa en todas las alcaldías. «Por eso es que los mayores depredadores del medioambiente son las municipalidades, no hay ningún control y existen ese montón de crímenes ambientales en los municipios. Y no debo quedarme callado, surgen desde las alcaldías», afirmó. 

 

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social y Ambiente de la Municipalidad de Santa Rosa, Carlos Henríquez, negó que el problema del agua en la ciudad sea por el crecimiento desordenado; dice que es algo «de toda una vida». Coincidió con Pineda en que el agua es subterránea y que en el casco urbano el sistema de agua es prácticamente alimentado por pozos de hasta 500 pies de profundidad. «Se está trabajando en tener más agua para la ciudad», sostuvo. 

 

Sara Dubón, quien es la directora regional del ICF con sede en Santa Rosa, reiteró que la reserva de agua está disminuyendo en la ciudad y se necesita mucho bosque para alimentar el acuífero. «Aquí ya no vamos a poder vivir», dijo. 

 

Dubón agregó que desde la Municipalidad se ha estado autorizando la lotificación de grandes terrenos de vocación forestal. «Son privados y somos respetuosos de la propiedad, pero se tiene que ser sigiloso y ver que los proyectos sean amigables con el medio ambiente», manifestó la funcionaria. 

 

El 2 de enero de 2024 hubo una marcha en Santa Rosa de Copán para protestar por el daño ambiental que implicaría cambiar el uso del suelo en un bosque muy cercano a la ciudad. La manifestación, que fue encabezada por algunos líderes locales, se dirigió a la municipalidad; llevaron plantas y las colocaron frente al edificio, y ahí gritaron varias veces «¡Queremos una Santa Rosa verde!». 

 

Días después, hubo otra manifestación en la que se respaldó la gestión del alcalde Erazo Alvarado, quien en varias ocasiones ha dicho que es objeto de persecución política por parte de sus adversarios. Él está cumpliendo su cuarto período al frente de la alcaldía de Santa Rosa.

 

El gerente de Desarrollo, Carlos Henríquez, señaló que es difícil encontrar un equilibrio socioambiental con la ciudadanía. «El objetivo es que todas las instituciones nos involucremos, no solo la alcaldía, también está el ICF, el Instituto Nacional Agrario, el batallón (ejército) y la Policía Nacional. Todos somos responsables de lo que pasa en el municipio, ¿por qué solo culpar al alcalde y la corporación?», cuestionó el funcionario. 

 

En diciembre del 2023, en la ciudad se lanzó una iniciativa denominada «Municipio Verde», en la que diferentes instancias de sociedad civil y del Gobierno han abordado el tema ambiental, desde diferentes enfoques. 

 

Dubón propone que se trabaje de forma articulada, como se ha planteado en este proyecto. Espera que a través de «Municipio Verde» surja un movimiento social en la ciudad occidental para la protección del medioambiente, porque dice que no es justo «que nos quedemos a expensas de que una sola persona disponga de los recursos del futuro de una comunidad. Aquí hemos sido muy apáticos, no nos gusta que se nos diga que somos revoltosos, pero tenemos que reaccionar porque Santa Rosa se nos está yendo de la mano». 

 

Eduardo Elvir sostuvo que en los últimos meses en la corporación se ha intentado aprobar el permiso para tres urbanizaciones, y que en una de ellas se necesita hacer un cambio de uso de suelo, que está catalogado como de vocación forestal. Aseguró que una de las propiedades en cuestión pertenece al alcalde Aníbal Alvarado. Esta propiedad, al hacer el cambio de uso de suelo, pasaría a tener un valor de unos 40 millones de lempiras, aseguró Elvir. 

 

Contracorriente contactó al alcalde Erazo Alvarado para conocer su versión de esto, pero al cierre de esta publicación no había respondido a las solicitudes de entrevista. 

 

De acuerdo con el portal de transparencia de la Municipalidad, entre 2022 y 2023 se extendieron 702 permisos de construcción para viviendas y edificios comerciales. Hay que aclarar que la mayoría de estos permisos fueron extendidos para construir en barrios antiguos de Santa Rosa, pero también los hay en zonas aledañas a los bosques. Durante estos dos años, en el portal municipal no aparece que se haya tramitado ningún permiso para lotificar. 

 

En Santa Rosa de Copán  parece que defender los recursos naturales se ha convertido en un riesgo latente, no solo para los y las periodistas. La noche del 17 de septiembre de 2023, la casa del ambientalista y defensor de derechos humanos Ramiro Lara fue tiroteada por desconocidos. Lara dijo a Contracorriente que el atentado pudo deberse a que él y otras personas defendían unas hectáreas de bosque cercanas a una fuente de agua denominada La Hondura, la misma zona donde el periodista Jorge Posadas había denunciado la tala ilegal. 

 

Ramiro Lara tuvo que dejar la ciudad después del atentado. Poco antes de dejar la ciudad, Lara le dijo en una entrevista a Jorge Posadas que había recibido una llamada de un funcionario municipal, pidiéndole que dejara de hablar del tema ambiental porque no lo conocía. Jorge confesó que se sentía amenazado desde que comenzó a hablar del tema, pero sintió más miedo después de que la casa de Lara recibió 26 disparos. «Es un tema bien complicado. Uno se cansa y piensa que está solo en esto», dijo. 

 

Y aunque las y los periodistas esperan poder seguir haciendo su trabajo con mayor protección, no retroceden. Yalile dice que, aunque las consecuencias han sido duras, cree que ha «defendido lo correcto, he defendido los pulmones de las próximas generaciones».

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

A medida que el camión cisterna de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) avanza por la estrecha calle Paseo San José de la Montaña, del sector Campo Norte, los vecinos salen de sus casas con baldes y pailas, y también ayudan a los dos empleados de la Umaps a cargar las mangueras y a conectarlas. Esta pausa en las actividades diarias de este vecindario es necesaria, porque no se sabe con exactitud cuándo llegará el agua por tubería o cuándo se las llevará una cisterna.

 

En el sector Campo Norte, del barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, el agua no llega con suficiente presión.  A Melvin Cabrera, uno de los vecinos, una ingeniera del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) le dijo que cuando se pavimentó la calle, hace unos años, algunos vecinos cambiaron las tuberías de sus casas, y eso ahora afecta la presión. Unas 60 familias son las afectadas en esta zona; el agua no les llega, o llega en la madrugada, y es tan poca que solo pueden guardar para uno o dos baldes. 

 

Pero este no es un caso aislado. Tegucigalpa tiene un problema de distribución del agua desde hace mucho tiempo. Algunos habitantes del Distrito Central, que abarca Tegucigalpa y Comayagüela, reciben agua potable de las represas Los Laureles o La Concepción, y del afluente del cerro El Picacho. Alrededor de 200 colonias no tienen acceso al agua potable y se ven en la obligación de comprarla.

 

La falta de agua en el barrio Buenos Aires no es igual en todas las casas; por ejemplo,  a la casa de José Arturo Zúniga no llega el agua desde hace 14 días, pero a la de Melvin Cabrera no llega desde hace un mes, al igual que a la de  Rocío Ortez. Rocío es la encargada de organizar la entrega del agua, para que alcance para todos.

 

El cálculo para llenar barriles y pilas es exacto, de lo contrario la presión del agua desborda y se desperdicia. Tegucigalpa, abril de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Rocío explicó que este problema ya se lo plantearon como vecinos a Arturo Tróchez, gerente de la Umaps, en una carta enviada en mayo de 2023, hace ya casi un año, y a la que no obtuvieron  respuesta. En el gobierno anterior, el suministro de agua era por medio de cisternas dos veces por semana; ahora deben llamar a la Umaps y pedir la cisterna. 

 

Manuel Amador, presidente de Juntas de Agua de Tegucigalpa, advirtió que en la segunda quincena de marzo habrá nuevos racionamientos. «El suministro de agua tendrá un nuevo racionamiento de dos veces por semana, y para las colonias que reciben agua del sector del Picacho será una vez cada ocho días», señaló. Sin embargo,  desde la Umaps desmintieron estas declaraciones, asegurando que los horarios de distribución de agua continúan como hasta ahora, cada tres y cinco días.

Campo Norte es un sector del barrio Buenos Aires que queda al pie del cerro El Picacho, pero que no recibe agua de manera regular como el resto del barrio, aunque sí figura  en los horarios de agua para marzo 2024 en la zona El Picacho.

 

Cuando el agua no llega ni por tubería ni por cisterna, adquirirla se convierte en un privilegio que cuesta hasta los 150 lempiras por barril.  Rocío debe comprar cinco barriles, lo que se traduce en 750 lempiras semanales si el servicio de agua potable no llega.

 

La temporada de incendios en Honduras ya inició. El lunes 18 de marzo un incendio consumió alrededor de 1,000 hectáreas de bosque en las zonas cercanas al Parque Nacional La Tigra: Corralitos, Cofradía, Las Moritas, Casa Quemada y alrededores. El incendio se controló con rondas de personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), bomberos, militares, vecinos y voluntarios, y también con agua de las represas La Concepción, que mantiene un nivel de 55 %, y Los Laureles, que se mantiene en  57 %.

 

Una alternativa para el abastecimiento del agua en el Distrito Central es la represa San José, que según datos de la alcaldía ya va avanzada en un 35 %, y han prometido entregar la obra en el 2025. Esta represa podría albergar 8.2 millones de metros cúbicos de agua y tendrá su propia planta de tratamiento, que producirá 800 litros por segundo, según ha prometido la alcaldía.

 

El proyecto beneficiará a unos 300 mil habitantes del Distrito Central, pero no incluye a Rocío, ni a Melvin, ni a José, quienes seguirán denunciando el problema en su sector y cargando barriles de agua, a pesar de vivir al pie del cerro El Picacho, otro afluente de agua.

Texto: Darlin Reyes

Portada: Persy Cabrera

 

Las palabras hacen cosas. Nacen en el pensamiento y se materializan en el habla, la escritura y hasta en los gestos. Poseen fuerzas ilocutivas y perlocutivas, es decir, tienen intenciones y provocan efectos. Son instrumentos para comprender el mundo. Pero no son neutrales. Portan las ideologías, valores y creencias de quien las materializa. Por ello, es sumamente necesario cuestionar la forma en que las usamos y las doctrinas que mediante ellas se comunican.

 

El objetivo de este artículo es protestar contra los medios de comunicación por su escasa y hasta nula participación en la búsqueda de equidad entre los géneros; muchos incluso legitiman discursos patriarcales. Se pueden mencionar diversas formas en las que los medios de comunicación debilitan la lucha feminista, perpetuando estereotipos de género o invisibilizando a la mujer en la sociedad; sin embargo, por ahora hablaré únicamente sobre la exposición mediática que hacen de los feminicidios. Basta este tema para demostrar el papel que desempeñan y la forma en la que dañan no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general.

 

El término feminicidio refiere al asesinato de las mujeres por su condición de género y es el resultado final de un proceso de violencia. Los medios de comunicación desempeñan una función sumamente esencial cuando se habla de este tema, pues, al ser herramientas de acceso a la información y un reflejo de la realidad, tienen la responsabilidad de educar y forjar pensamientos críticos porque influyen en nuestra manera de pensar y en cómo concebimos los problemas sociales.

 

Sin embargo, en lugar de reconocer este fenómeno social como un problema político y de seguridad, se valen de él para aumentar sus ratings. La práctica periodística actual normalmente trata la violencia contra la mujer como un espectáculo. Los titulares de las noticias se plantean con un código estilístico cargado de morbo y narraciones sensacionalistas. Enfatizan la violencia, el drama y la sangre utilizando adjetivos escabrosos y refranes o frases a los que recurren para atraer audiencia. Los espacios —llámese «nota roja», «policiales» o «sucesos»— en los que se informan estos acontecimientos poseen un carácter sangriento que apela a las sensaciones de la audiencia.

 

La frivolidad con la que los medios exponen los feminicidios deriva en la naturalización de violencia, insensibiliza al lector y lo vuelve indiferente al dolor humano. Como decía Roland Barthes, «La verdadera violencia es la de lo que se da por sentado (…), lo natural es el último de los ultrajes».

 

Otra forma con la que los medios desvían la atención de la violencia de género es la elección de la información que presentan, ya sea sobre la víctima, el perpetrador o el contexto social. Siempre hacen énfasis en la edad de la víctima, su ocupación, si tenía hijos o no, en las adicciones o comportamientos sexuales mal vistos por la sociedad. Utilizan cualquier dato para reproducir estereotipos de género y revictimizar a la mujer.

 

Proporcionan una sanción moral, unos juicios y prejuicios que apuntan a la existencia de víctimas propiciatorias, esto es, señalar que el feminicidio es culpa de las mismas mujeres por haber salido de fiesta, por su vestimenta, por infieles, por dedicarse a la prostitución. Estas condenas morales dan pie a que se hable de vidas sin valor, a que algunos cuerpos importan más que otros. Los medios también prestan atención al contexto social, tratan la noticia de acuerdo al estrato de los implicados. Por otro lado, cuando hablan del perpetrador por lo general aluden a características como la nacionalidad o el origen étnico, situación que contribuye al racismo y la xenofobia.

 

Sumado a eso, y en consonancia con la figura que presentan del victimario, los medios de comunicación, como norma, justifican de forma indirecta las acciones del agresor. No solo enfocan la atención en la agredida, sino que cuando hablan del perpetrador lo hacen con una suerte de condescendencia generalizada. Por regla general, hay un atenuante de lo ocurrido: mencionan crímenes por amor y casos con tintes pasionales; señalan que el agresor tenía patologías psiquiátricas y atribuyen sus acciones al alcohol o las drogas, y rara vez publican notas de seguimiento del proceso de imputación. Dicho de otro modo, retratan los feminicidios como producto de arranques y pasiones, menoscabando así la voz de la mujer.

 

En suma, los medios, junto con la sociedad, deben velar para que su impacto sea positivo, deben dejar de publicar textos plagados de violencia simbólica. Su tarea es contextualizar la violencia de género, visualizarla e identificar las modalidades con las que se presenta, es decir, hacer un análisis crítico con la ayuda de personas expertas y leyes, no citando al vecino de la víctima o a los funcionarios públicos como fuentes verídicas de información. Deben desentrañar el verdadero origen de la violencia de género.

 

Hay que recordar: las palabras hacen cosas.

Texto: Teddy Baca

Portada: Persy Cabrera

 

Últimamente he tenido dificultades para escribir, por falta de tiempo y porque estoy enfocado en algunas emociones encontradas.

 

A mí, personal y profesionalmente, me ha tocado conocer a muchas personas que viven en el clóset, es decir, que no se reconocen como LGTBIQ+, pese a tener identidades de género u orientaciones sexuales distintas a la hegemónica; o que sí se reconocen, pero que la mantienen oculta para la mayoría de personas cercanas.

 

Salir del clóset es un hito del desarrollo psicosocial de una persona LGTBIQ+ en tanto entendamos que es una construcción social, ya que si no tuviésemos una sociedad cisheterosexista en donde se espera o presiona a las personas a ser cisgéneros o heterosexuales, no habría una necesidad de comunicar a otros que no lo somos.

 

Pero como no hay ningún país en el que la diversidad sexual sea aceptada por completo, salir del clóset se vuelve una tarea en la que una persona LGTBIQ+ expresa ser quien es a otras personas, ya sea familia, amigos o compañeros. Salir del clóset suele ser crucial en la consolidación de la autoestima de una persona, así como un factor protector de su salud mental, de acuerdo a la investigación planteada en el libro Desarrollo humano (McGraw Hill, 2010).

 

Pero este proceso debe ser individual, acorde a las características del entorno de la persona. Algunos autores como el psicólogo Rubén Ardila señalan evidencia de que factores como la seguridad personal, la autoconfianza, la independencia económica y la aceptación familiar son claves a la hora de que una persona considere o no salir del clóset, pero también señalan que las motivaciones de una persona son incluso más importantes.

 

Jamás dudaría de la trascendencia de lo que implica salir del clóset, porque para mí fue bastante difícil. Aunque desde los 8 años tenía claridad de que me gustaban los hombres, soporté los siguientes 8 años en silencio total, ante amenazas de «irme al infierno» porque lo dicen los textos religiosos. Esto me provocó pesadillas recurrentes y ansiedad. Si no fuese por mi red de amigos del bachillerato, el fuerte enamoramiento que atravesé por un chico que iba un año adelante en el colegio, y el hartazgo de tener que siempre escuchar a los adultos hablar de que yo algún día tendría que tener esposa o novia, posiblemente habría salido muchos años después, o quizás todavía estuviese en el clóset.

 

Otro aspecto es el miedo ante las represalias familiares. Hoy gozo de la aceptación de la mayoría de mis familiares, pero en su momento me enfrenté a amenazas de que me sacaran del colegio y a recriminaciones por mi expresión de género o mi desinterés por las chicas.

 

La represión emocional y sexual acarrea muchos problemas como depresión, ansiedad, insomnio, o incluso hasta ideación suicida. A veces, la toma de decisión que implica salir del clóset va más allá de un coste – beneficio, representando una carga afectiva difícil de manejar.

 

La validación emocional y el sentido de pertenencia son tan difíciles de obtener cuando se es contrario a los «valores» —o mejor dicho, prejuicios— que tiene una comunidad o una familia. Entonces, es lógico que muchas personas se sientan con la obligación de mantener esto oculto, o incluso actuar ser heterosexuales y/o cisgéneros.

 

Tener aliados es muy importante en estos contextos, ya que los espacios seguros, físicos o simbólicos, proporcionan a las personas LGTBIQ+ la oportunidad de explorar con menos prejuicios sus identidades y sexualidades; de esta forma, aquellos mecanismos de evitación y homolesbitransfobia interiorizada empiezan a desgastarse o caer.

 

Pero incluso si la persona se siente segura para comunicar su sexualidad ante algunos amigos o familiares, no es «su deber» dar aclaraciones a nadie, ni mucho menos exponerse en ambientes en los que no se siente cómodo.

 

Cada experiencia es única. Sí, salir del clóset ayuda mucho, pero debe hacerse con el acompañamiento de las redes de apoyo que se tengan.

 

Aunque salí del clóset a los 16 años, no me considero ni más ni menos, ni superior a los que no salen o que salen años después. Tuve que sacrificar mi paz inmediata más de alguna vez, y aún sigo lidiando con algunos obstáculos. No me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, porque alivió sobremanera mi egodistonía y síntomas psicosomáticos, pero no me parece justo obligar a nadie a enfrentar algo así sin que sea por voluntad propia. Cada persona merece comprensión emocional y dar el paso cuando se sienta listo; los riesgos siempre van a estar allí, pero mientras se tengan personas especiales alrededor, es muy probable que todo mejore considerablemente en su salud mental.

 

Espero que los familiares entiendan que la responsabilidad que tienen sobre la salud mental de sus hijos, sobrinos, nietos, primos, es tan alta que negarse a amarles tal como son y no como esperan que sean, va a tener repercusiones. Atiendan con ternura y nunca olviden que todos merecemos vivir felices.

 

Agradezco mucho a mis amigos con los que pasé mis años en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio por darme ese espacio seguro para expresarme, al primer chico del que me enamoré por movilizar dentro de mí las ganas de expresar lo que era, a mí mamá y hermanas por abrirse. A todas las personas que ya salieron del clóset o que no han salido aún, les mando toda mi esperanza, amor y conocimiento.

En la Moskitia hondureña, un proyecto de compensación de carbono ha disparado las alarmas de una fracción de la máxima organización de los indígenas miskitas, que denuncia no haber sido consultada. Este proyecto, propuesto por la oenegé española Ayuda en Acción y diseñado por la empresa suiza South Pole, también despertó preocupaciones en la certificadora estadounidense Verra, que le ha negado hasta ahora la aprobación por dudas sobre la consulta a las comunidades locales y la validez de otros datos contenidos en sus documentos. Este caso evidencia cómo, mientras el gobierno de Xiomara Castro promete rescatar muchas zonas de alto valor ambiental mediante la entrada del país a los mercados globales de carbono, estos avanzan sin la aprobación de los pueblos indígenas, que se supone deberían de ser los beneficiarios.

 

Texto: María Celeste Maradiaga

Portada: Daniel Fonseca

Fotografías: Jorge Cabrera

 

La ganadería extensiva, la tala ilegal y el narcotráfico han amenazado desde hace una década los bosques y manglares de La Moskitia, uno de los lugares más biodiversos de Honduras y de toda Centroamérica. En parte por eso, en años recientes ha crecido el interés de políticos, empresas y organizaciones ambientales por crear esquemas que logren monetizar los recursos naturales de esta zona postergada y empobrecida en el oriente del país con el ánimo de asegurar su conservación.

Sobre todo, han querido poner en marcha proyectos del mercado de carbono, mediante los cuales las comunidades locales que conservan ecosistemas claves para mitigar el cambio climático pueden vender bonos o créditos de carbono a empresas globales que quieren reducir su huella ambiental. Sobre el papel, parecería un gana-gana para esa región de Honduras, cuya población originaria es tan diversa como su naturaleza, pero vive en la mayor pobreza. 

La primera vez que Mirna Wood, una líder indígena, vicepresidenta de una fracción de Masta, la más importante organización miskita, escuchó hablar de este mecanismo de finanzas climáticas, fue hace 15 años, en un evento de la organización cultural Ecos de La Moskitia, mientras preparaban una carroza alegórica a su cultura en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras. Estando ahí, una amiga le habló sobre el carbono y cómo funcionaba este mecanismo. 

Desde entonces ha estado atenta al desarrollo de estos proyectos. Más de una década después, en 2021, a Wood la buscaron los desarrolladores de un proyecto de carbono en la Moskitia llamado Greentree. Posteriormente, los líderes de los concejos territoriales de Bakinasta y Tawahka la delegaron como su representante en el proceso de consulta a las comunidades. 

Esta iniciativa nunca se materializó, pero Mirna descubrió que ya existía otra más avanzada, más antigua y más grande en la región: un proyecto a cargo de la oenegé española Ayuda en Acción y la empresa suiza South Pole, que consistía en la captura de carbono por medio de los manglares —un esquema que en ese mundo se suele llamar «carbono azul»—. Mirna supo que el proyecto se estaba consolidando, pero se sospechaba que las comunidades no estaban siendo consultadas debidamente.

El proyecto se llama Muskitia Pâsa Klîn Nâka, «Muskitia, yacimiento de aire puro» en lengua miskita. Busca, en un período de 30 años, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la conservación de bosques de manglares, tropicales y selváticos en 275 mil hectáreas, repartidas en nueve concejos territoriales de la Moskitia hondureña. 

Esos nueve concejos territoriales forman parte de los 15 en los que está dividida la Moskitia hondureña, luego de un proceso de titulación de tierras que data desde 2012. Según los títulos ancestrales, la población y los líderes territoriales de cada concejo tienen el poder y uso pleno sobre el territorio. Allí conviven cuatro pueblos originarios: miskitos, pech, garífunas y tawahkas, aunque el proyecto solo abarca tierras de los dos primeros.

El proyecto Greentree al que Mirna Wood fue inicialmente convocada no se concretó, pues entró en conflicto con el otro proyecto de carbono desarrollado por Ayuda en Acción y South Pole. Wood aseguró a este equipo periodístico que las comunidades dentro del proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka desconocen de qué trata esta iniciativa, y que no se realizó la consulta previa, libre e informada, una obligación para cualquier proyecto en territorios indígenas en Honduras, bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el país. 

Wood dijo a los reporteros de Contracorriente que ella llamó por teléfono a Diego Iván Escobar, un empleado colombiano de South Pole que estaba en La Moskitia, para advertirle que necesitaban el permiso de las comunidades indígenas. Tras dos llamadas, cuenta Mirna, Escobar dejó de contestarle el teléfono.

La líder miskita dice que también contactó a South Pole y a Ayuda en Acción, pero que le respondieron que era un asunto entre ellos y los líderes de los consejos territoriales, no de la organización indígena Masta. Wood interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posibles faltas en el proceso de consulta a los pueblos originarios de la zona. El Ministerio Público confirmó a este equipo periodístico, a través de su portavoz Yulissa Gómez, que la denuncia fue admitida y que están iniciando un proceso de auditoría a la organización Ayuda en Acción, pero que por motivos de confidencialidad no pueden brindar más detalles.

Verra, la mayor organización de certificación de proyectos de carbono con comunidades locales (también conocidos como Redd+), señaló esta y otras irregularidades en el proyecto al denegar su registro. Como consecuencia, lo declaró en pausa hasta que los promotores expliquen las posibles fallas en su diseño y desarrollo.

Estos son algunos de los hallazgos de Contracorriente, medio hondureño de la alianza periodística Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

 

Un proyecto que promete el avance de La Moskitia

El proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka se presenta como una salida a la deforestación rampante en la región y a las dificultades que enfrentan los indígenas miskitos y pech que viven en los nueve concejos seleccionados. Allí el desempleo es alto, el sistema de salud precario, el de educación insuficiente. Además, la tala es generalizada y hay tráfico ilegal de fauna silvestre. 

«A largo plazo, se espera que el proyecto logre avances significativos en la conservación y gestión sostenible de los bosques naturales de manglares, latifoliados y de coníferas mediante el fortalecimiento de la gobernanza local, el mantenimiento de las prácticas comunitarias tradicionales sostenibles, la protección de la cultura indígena y el empoderamiento económico de los grupos vulnerables», promete el texto del proyecto presentado ante Verra. La iniciativa busca evitar la liberación de 399,286 toneladas de gases de efecto invernadero en sus primeros 10 años de ejecución.

Como proponente en el documento del proyecto aparece la organización española Ayuda en Acción, con presencia de más de 20 años en Honduras y 11 en La Moskitia. Esta oenegé y su director en Honduras, Roberto Buzzi, no solo han destacado en la firma de convenios para la protección de la niñez indígena y el fortalecimiento de la pesca y la ganadería bajo distintos gobiernos nacionales, sino también por su participación en foros promoviendo sus programas de empleo para los pueblos originarios en las cadenas productivas del cacao y la pesca.

Este proyecto, según su diseño, está planteado en dos fases: la primera operaría en siete concejos territoriales miskitos: Lainasta, Katainasta, Watiasta, Ahuya Yari, Truktsinasta, Bamiasta y Batiasta, que suman 214,934 hectáreas elegibles para realizar la captura de carbono. En la segunda fase se sumarían el concejo territorial miskito de Rayaka y el pech de Las Marías, con 56,594 hectáreas adicionales. Después de esto, el proyecto contempla expandirse a todo el departamento de Gracias a Dios, es decir, La Moskitia hondureña completa.

Contracorriente encontró dos documentos en los que Ayuda en Acción sugirió que había realizado la consulta del proyecto de carbono. Sin embargo, el documento de diseño (Project Design Document) no detalla la cantidad de personas con las que se consultó y solo incluye un cronograma de reuniones con líderes territoriales, autoridades estatales y organizaciones indígenas en la zona, entre diciembre de 2018 y marzo de 2022. 

Según la versión extendida del diseño del proyecto, en junio de 2021 las comunidades firmaron un acuerdo de cooperación «para así formalizar su participación en el proyecto». En otros momentos, la oenegé española anunció que había hecho reuniones con la comunidad para conversar sobre la iniciativa. Por ejemplo, en un reporte en televisión la coordinadora de Cambio Climático de Ayuda en Acción, María José Bonilla, habló de «todo un proceso de construcción que lleva un trabajo bastante arduo en el tema de poderlo comunicar y socializar con las comunidades [y] con el resto de población de La Moskitia». Es ella quien justamente aparece en los documentos del proyecto como responsable.

Contracorriente contactó a María José Bonilla para preguntarle por el proceso de consulta realizado para el proyecto de carbono en La Moskitia y por los programas de socialización ejecutados por su organización. Pese a que se le hicieron llamadas telefónicas y  se le enviaron mensajes por WhatsApp desde febrero de este año, al cierre de este reportaje Bonilla no había respondido a las preguntas de esta alianza periodística. 

Ante la falta de respuesta de Bonilla, Contracorriente contactó a la oficial de comunicaciones de Ayuda en Acción, Lizzeth Ordóñez. Sin responder sobre la solicitud de entrevista, Ordóñez contestó por correo electrónico que el proyecto «fue construido colectivamente con las comunidades» y que «se llevó a cabo un proceso de amplia socialización y diálogo». Además, subrayó que los programas desarrollados por Ayuda en Acción no tenían relación con el proyecto de carbono, aunque así se señale en el documento de diseño del proyecto y también lo cuestione Verra en su carta. Sobre el estado de la iniciativa, dijo que «el proyecto está suspendido».

Víctor Padilla, gerente de monitoreo y evaluación de proyectos de Ayuda en Acción, sí habló con Contracorriente. Aseguró que los procesos de consulta previa se han venido realizando desde 2017 con líderes territoriales y que es por la división en la máxima organización miskita que no ha arrancado el proyecto, no por falencias en el proceso de consulta. 

«Nosotros estuvimos en todos estos procesos de consulta con los líderes que venían participando desde el 2017, y los que tenían el mayor reconocimiento de las comunidades son estos líderes. Ahora, la fracción de la otra junta directiva de Masta es otro grupo de líderes que efectivamente no participaban en los procesos de consulta del proyecto, puesto que a algunos de ellos ni los conocíamos, y son los que ahora mismo están generando alguna información [maliciosa] en redes sociales y son los que han interpuesto la denuncia», dijo a este equipo periodístico en las oficinas de Ayuda en Acción en Puerto Lempira, en diciembre de 2023.

Según Padilla, el proyecto fue consultado con los líderes de los concejos territoriales que lo integran, y sobre ellos reacaía la responsabilidad de informar a las comunidades de La Moskitia, no sobre la oenegé española.

«El proyecto ha sido ampliamente analizado y participativo con los líderes de los consejos territoriales. El concejo territorial es el representante de las comunidades, que son dueñas del territorio; entonces, el actor que usted necesita que tenga la claridad del proyecto es el [líder] del consejo territorial, pero lógicamente él debe estar informando a sus representantes. Ahora, si su sombrilla o su plataforma más arriba está dividida, ahí hay eminentemente un gran problema», argumentó Padilla.

La empresa suiza South Pole, uno de los gigantes del mercado mundial de carbono, aparece como consultora en la formulación del documento de diseño del proyecto, que después recibió el visto bueno de la firma auditora colombiana Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). Luego fue presentado a la organización estadounidense Verra, que lidera uno de los estándares de certificación de proyectos de compensación de carbono más usados en el mundo, para su aprobación, y poder comenzar así a vender bonos en el mercado.

Solo que en ese punto el proceso se frenó. 

Las dudas de Verra

En julio de 2023, Verra emitió una carta denegando el registro del proyecto de La Moskitia, argumentando, entre otras cosas, que «la descripción del proyecto y el informe de seguimiento contienen información incorrecta e incompleta». En consecuencia, señaló la certificadora, «el estado del proyecto en el registro se ha actualizado a “En espera”». Con esa negativa a certificarlo bajo su programa de créditos de carbono Verificación de Carbono Estándar (VCS), y otro adicional llamado Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), el proyecto no puede todavía vender sus créditos en el mercado. 

En su carta, que no había estado disponible en la plataforma de Verra hasta que esta alianza periodística preguntó por ella, la organización estadounidense desglosa sus dudas y preocupaciones. Coincidiendo con lo que alertaba Mirna Wood, la certificadora advirtió que «el proponente del proyecto no proporciona información adecuada para concluir que el proyecto se ha desarrollado y ejecutado mediante un proceso consultivo», y que «no ha demostrado que se hubiera obtenido el consentimiento de las comunidades previo a actividades del proyecto que pudieran afectar sus derechos». 

La certificadora puso en duda que los encuentros de Ayuda en Acción con la comunidad tuvieran el alcance que les atribuyó el proponente. «Estas reuniones se describen como encuentros con líderes comunitarios y autoridades locales para debatir los beneficios y próximos pasos del proyecto en el territorio», advirtió Ciara McCarthy, directora de soluciones climáticas naturales de Verra en su carta, que fue subida a la plataforma de la certificadora el 2 de febrero de este año, pero «esto no indica que fueran un espacio para obtener su consentimiento previo, libre e informado».

Según la certificadora, también resulta contradictorio que Ayuda en Acción solicitara que junio de 2017 fuera la fecha de inicio del proyecto, pero que las primeras reuniones con la comunidad hubiesen tenido lugar en diciembre de 2018. Es decir, un año y medio después de comenzado. Aunque es común que los proyectos de carbono soliciten fechas de inicio retroactivas por un par de años, sus proponentes deben demostrar que venían trabajando con la comunidad desde entonces.

Así mismo, Verra señaló varias inconsistencias o inexactitudes en los datos forestales del diseño, entre otras, que no aplicó el modelo de espacialización que permite calcular una línea base de emisiones en el área del proyecto; que no siguió las pautas metodológicas para esbozar el área de referencia con la cual se compararían las dinámicas de deforestación; y que no aportó fuentes apropiadas para analizar la deforestación histórica en el lugar. 

Verra también cuestionó la frontera borrosa entre el proyecto de carbono y el programa Prawanka de Ayuda en Acción, que promueve el empleo a través del cultivo de granos básicos y la pesca. 

Según Verra, Ayuda en Acción solicitó aprobar la fecha de inicio del proyecto de carbono en el momento en el que arrancó el programa Prawanka, pese a que, en sus palabras, «el programa Prawanka no parece incluir entre sus objetivos el uso de la financiación del carbono». Como resultado, señaló, «no está claro si el proyecto requiere la financiación del carbono para su puesta en marcha». Esta preocupación pone en duda otro elemento esencial de cualquier proyecto de este tipo: que demuestre adicionalidad, es decir, que el resultado ambiental de conservación no hubiese ocurrido sin la existencia de los bonos.

Pese a estas objeciones, la metodología de trabajo de Verra permite todavía a Ayuda en Acción subsanar esos errores y volver a solicitar a la certificadora el registro de su proyecto, a más tardar hasta el 4 de julio de este año. Es decir, en tres meses.

Verra dirigió su carta no solamente a María José Bonilla, representante de Ayuda en Acción en el proyecto de carbono, sino también a Martha Ivon Corredor, quien aparece como representante del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), la firma que auditó el proyecto. 

Esta alianza periodística no pudo comprobar si Icontec avaló y dio por ciertas las afirmaciones de Ayuda en Acción sobre la consulta realizada en La Moskitia, dado que a marzo de 2024 su informe de auditoría no aparecía publicado en la plataforma de Verra

Icontec denegó compartir el informe de auditoría que hizo del proyecto con esta alianza periodística. «No se encuentra en su versión final», respondió por correo electrónico Laura María García, profesional en validación y verificación forestal de la auditora colombiana, añadiendo que «el proceso de auditoría se encuentra pausado». Por este motivo, señaló, «la información pública de este proyecto es la que se encuentra en la plataforma de Verra». 

Sobre la consulta previa, Icontec dijo que «el equipo auditor realizó el proceso de validación y verificación establecidos en la respectiva normatividad legal vigente», y que «dio cumplimiento a la normatividad que aplica para la región de la Muskitia». No detalló a cuáles reglamentos se refería. Explicó que «realizó entrevistas a las autoridades competentes y representantes de los diferentes actores», sin identificar a las personas con quienes habló.

Por último, sobre las fallas que detalló Verra en su carta de rechazo del proyecto de carbono, Icontec solo dijo que «se identificaron hallazgos que se informarán y serán de conocimiento público una vez se cumplan con los requisitos del estándar».

El conflicto dentro de Masta

Además de alertar a las comunidades, Mirna Wood denunció ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público a los promotores del proyecto —es decir, a Ayuda en Acción y a su representante en Honduras, Roberto Buzzi, así como a South Pole— por presuntamente haber vulnerado el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada.

En la denuncia, interpuesta en julio de 2023, también pidió realizar investigaciones patrimoniales y económicas a Ayuda en Acción y South Pole, e indagar por el posible desvío de fondos destinados de proyectos sociales a personas particulares.

La fracción de Masta que ella lidera denunció también al expresidente de la organización, Norvin Goff, por presuntamente haber aceptado la instalación del proyecto de carbono, así como la firma de una concesión petrolera en los Cayos Miskitos y otros proyectos, en nombre de la población miskita y en alianza con otros líderes territoriales, sin el conocimiento ni consulta previa de la mayor parte de la población miskita ni de las comunidades locales a las que representan. 

La otra fracción, que integra Goff, asegura que los denunciantes del proyecto de carbono avalan la llegada a La Moskitia de ganaderos invasores provenientes del departamento de Olancho. También les señalan por supuestamente negarse a un proceso de recuperación de tierras miskitas, al defender la construcción de una carretera que podría atravesar la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un área protegida dentro de La Moskitia que es considerada patrimonio de la humanidad por su valor natural. 

Esa división al interior de Masta, y también entre los líderes de los distintos concejos territoriales que develó el proyecto de carbono, afecta a las comunidades de la región desde el proceso de titulación de tierras en 2012, y ha crecido en medio del abandono estatal y las negociaciones clientelistas.

En el grupo de Masta en donde Mirna ubica a Goff también está Elvis Greham, actual presidente de esta fracción. Él firmó una carta de entendimiento para realizar los estudios del proyecto de carbono con Ayuda en Acción y South Pole en 2021.

Sin embargo, a diferencia de la postura de Ayuda en Acción de que los procesos de consulta se realizaron entre 2018 y 2022, Greham insiste en que la organización firmó una carta de entendimiento con Ayuda en Acción y South Pole en 2021, pero que todavía no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que requiere para ponerla en marcha.

Greham, además, asegura que en La Moskitia es poco o nulo lo que se conoce del carbono. «En los ocho territorios se ha socializado o consultado a 800 personas; lógicamente la gente que ha estado en el proceso manejan el tema, pero la gran mayoría, tenemos que estar claro nosotros que la gran mayoría no lo maneja, algunos territorios o presidentes territoriales están trabajando informando a lo interno de su concejo territorial», explica Greham.

Según su relato, Ayuda en Acción y South Pole se le acercaron en 2021 con la intención de que él avalara el proyecto como presidente de la máxima organización miskita, por lo que convocó a una reunión con los líderes de los ocho concejos territoriales miskitos pertenecientes al proyecto (sin incluir al concejo pech). A su vez, los líderes de cada concejo consultaron a miembros de sus comunidades para ver si estas aceptaban formar parte del proyecto o no.

El problema radica en que ese ejercicio supuso consultar a unas 800 personas, cuando los 15 concejos territoriales en La Moskitia suman 158,400 personas agrupadas en 267 comunidades, según un censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de la propia Masta. Solo los concejos de Lainasta, Katainasta y Truktsinasta —que forman parte del proyecto de carbono— registran más de 20 mil personas cada uno, mientras que Bakinasta y Batiasta —que rodean la zona de la Reserva de la Biosfera de Río Plátano— registran una población de entre 4 mil y 10 mil personas por cada concejo.

Greham asegura que ese ejercicio fue apenas una «iniciativa» y que no debe tomarse como una consulta previa, libre e informada. «Hasta este momento nosotros tenemos una carta de entendimiento donde dice que cualquiera de las dos partes, si en algún momento se sienta incómoda, se retira sin ningún problema. Hasta el momento hemos llegado a nivel de una consulta, y hasta ahí hemos quedado, por la veda establecida por el gobierno», señala Greham. Por «la veda» se refiere a la moratoria establecida por el gobierno de Xiomara Castro en junio de 2022, que puso en pausa las iniciativas de proyectos de carbono en el país hasta tener un nuevo inventario de carbono forestal realizado por Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

«De repente ellos [Ayuda en Acción] lo tomaran así, como una consulta. Por eso nosotros, como Masta, en agosto de 2023 hicimos una reforma del estatuto de Masta, donde metemos un artículo, en el que toda iniciativa debe ser consultada con la mayor cantidad de personas posibles». expresó Greham, enfatizando que «para nosotros eso no es una consulta».

Lanchas aparcan en el muelle de Puerto Lempira. La Moskitia, 5 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Es por lo anterior que, pese a que ya se han sentado a dialogar ambas facciones de Masta, Elvis Greham afirma que la falta de información, el acaparamiento de tierras, los intereses políticos y la pelea por el saneamiento de tierras es lo que mantiene en división la gobernanza del territorio miskito y, por lo tanto, a sus líderes.

«No estoy en contra de la demanda (realizada por Mirna Wood) ni a favor. A mí me dejaron en la presidencia para velar por el bienestar de mi gente, y es por eso por lo que no estoy de acuerdo [con] que ellos tomen esas pláticas con unas cuantas personas. [La carta de entendimiento] no significa que estamos amarrados o que nos hemos comprometido, estamos buscando informaciones para tomar nuestras decisiones en bienestar de la población», dijo.

Greham se comprometió a facilitar a Contracorriente la carta de entendimiento suscrita entre él y los promotores del proyecto en 2021. Sin embargo, desde enero de 2024 dejó de contestar nuestras comunicaciones.

Yulissa Gómez, portavoz del Ministerio Público, confirmó que la denuncia realizada por el sector de Masta al que pertenece Mirna Wood fue recibida por la Fiscalía de las Etnias, y que actualmente esta trabaja en conjunto con otras fiscalías para realizar las auditorías correspondientes a la organización Ayuda en Acción. Gómez no dio más información del caso, asegurando que debe mantenerse en reserva para no entorpecer las investigaciones.

Posibles irregularidades en el proceso de consulta

Los manglares piñuelo, o «laulu» en lengua miskita, se yerguen imponentes alrededor de la laguna Caratasca, mientras las gaviotas y garzas los visitan, y los peces revolotean en sus raíces. También llamada Laguna de los Lagartos, es visitada por habitantes que llegan en cayucos a pescar camarones, jobalos, tilapias y corvinas, y a cortar leña para sus hogares. Conectada a otras lagunas más pequeñas, como Tansin, Warunta y Tilbaca, constituye el sistema lagunar más extenso de Mesoamérica. 

Al otro lado de la laguna, partiendo de Puerto Lempira, está la comunidad de Kaukira, en donde está ubicado el concejo territorial de Katainasta, uno de los que también integra el proyecto de carbono.

En Katainasta, la tierra se usa mayormente para la agricultura, la extracción de árboles para la creación de cayucos y para la venta de madera comercial, la cacería y la ganadería. En la playa que da al mar Caribe, los pescadores también salen en busca de pepinos de mar y medusas que son exportadas a China, como ha relatado Contracorriente, y otros zarpan en botes pesqueros a embarcarse por semanas en la pesca de langostas, jaibas y camarones, arriesgándose a no regresar debido a las condiciones en las que realizan la pesca de buceo.

Aquí casi nadie sabe del proyecto de carbono. Contracorriente consultó a los ancianos en la costa, a jóvenes que manejan motocicletas y a mujeres que atienden en los mercados, pero de unas ocho personas consultadas en todo el pueblo ninguno dijo saber sobre un proyecto de carbono en la zona, ni cómo esto vendría a beneficiar a las comunidades que por años se han encargado de administrar los bienes comunes. Tampoco conocían de qué se tratan los esquemas de compensación de carbono.

Joaquina Calderón, coordinadora de Desarrollo Forestal Comunitario del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de La Moskitia, también aseguró que es muy poca la información que se conoce en la zona sobre el mercado de carbono, y que al menos a ellos, como entidad gubernamental a cargo de la gestión de bosques, la oenegé Ayuda en Acción y la empresa South Pole nunca les consultaron sobre la implementación del proyecto.

Desechos plásticos provenientes de barcos pesqueros en las costas de Kaukira. La Moskitia, 6 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Guillermo Rosales, pastor evangélico y miembro de la junta directiva del concejo territorial miskito de Katainasta, es una de las personas que aceptaron el proyecto de carbono, pero en el momento en que fue consultado, el diseño se limitaba a la captación de carbono por medio de los manglares, no incluía los otros ecosistemas de La Moskitia y los demás concejos territoriales. «Siempre estamos en la expectativa como consejo territorial. Y si ellos [South Pole y Ayuda en Acción] regresan, estamos dispuestos a negociar para el beneficio de las comunidades, porque cuando vinieron se hablaban de incentivos de millones por toneladas de carbono», explicó.

Los habitantes extraen leña de los manglares para uso doméstico. La Moskitia, 6 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera

Una de las razones de ser del proyecto es la galopante deforestación que asola a La Moskitia. 

Solo en el 2023, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró 868 alertas por deforestación allí, sumadas a otras 1,276 alertas en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un área protegida vecina que fue declarada como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Es decir, en total 5,869 hectáreas han sido amenazadas por deforestación en el territorio miskito. Esa zona concentra el 66 % de las alertas emitidas por deforestación en toda Honduras durante 2023.

El misterio Prawanka

Otro rasgo del proyecto «Muskitia: yacimiento de aire puro» que levantó alarmas en la certificadora Verra fue la incorporación a este de tres programas ejecutados por Ayuda en Acción que no están vinculados a la captura de carbono.

Uno de ellos es Prawanka, financiado por la Cooperación Suiza e implementado por las organizaciones Lutheran World Relief y la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), con el objetivo de incrementar los ingresos de las comunidades en la región de La Moskitia por medio de la producción de arroz, frijol, cacao y pesca.

En el centro de Puerto Lempira, una mujer miskita vende yuca y otras verduras cosechadas en esta zona. La Moskitia, 5 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En total, contó con una inversión de 24 millones de euros entre 2017 y 2024, según el portal de Ayuda en Acción. Tanto en el gobierno anterior como en el actual, Prawanka ha suscrito convenios entre secretarías y direcciones estatales orientados a beneficiar a pequeños productores, incluyendo uno en noviembre de 2022 con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para «beneficiar a 8 mil pescadores» y otro en agosto de 2023 con el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende).

Este es el programa que Verra cuestionó por su falta de conexión con los objetivos del proyecto de carbono.

Algo similar parecería ocurrir con otros dos programas, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (PIAH) y Yamni Iwanka, que también buscan el desarrollo comunitario en los distintos concejos territoriales de La Moskitia. El primero es financiado por la Unión Europea y el segundo por el gobierno de Japón.

Estos dos programas figuran, al igual que Prawanka, en el cronograma del documento de diseño del proyecto para la captura de carbono en La Moskitia.

Aunque ninguno de estos proyectos detalla públicamente su relación con el proyecto de carbono y las comunidades miskitas también lo desconocen, la propia Ayuda en Acción los ha vinculado en sus redes sociales. Describió al programa Yamni Iwanka como una contribución «a nutrir el suelo para que capture más carbono y así revertir el calentamiento global».

Víctor Padilla, de Ayuda en Acción, aseguró a Contracorriente que ninguno de estos tres programas ejecutados por la organización tiene relación con el proyecto de carbono en La Moskitia, a pesar de que según el diseño del proyecto son parte de su cronograma de desarrollo.

«Todos los proyectos que ejecuta o que implementa Ayuda en Acción en el territorio no tienen que ver con el proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka», argumentó Padilla.

Un grupo de personas viaja en lancha en la laguna de Caratasca. La Moskitia, 6 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.

South Pole se desmarca

Luego de la carta de Verra denegando la certificación del proyecto de carbono en La Moskitia, al menos uno de sus impulsores pareció cambiar de opinión sobre su valor.

Desde mediados de 2021, el sitio web de South Pole incluía una página dedicada a esta iniciativa, a la que atribuía «nuevas oportunidades de ingresos sostenibles que no dependan de la tala del bosque» y una «infinidad de beneficios». «Para hacer frente a la deforestación y proteger los imponentes paisajes de la Muskitia, el proyecto colabora con ocho comunidades indígenas y afrohondureñas [cuyas] estructuras de gobernanza y visiones colectivas de futuro han sido fortalecidas en alianza con los concejos locales, aumentando la participación y sentando las bases para una prosperidad compartida a largo plazo», prometía.

En sus redes sociales, South Pole también promocionó imágenes de cámaras trampa con jaguares en la zona del proyecto y tomas aéreas de la costa que da al mar Caribe, así como un pedido de ayuda tras la destrucción causada por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Esa ficha del proyecto, sin embargo, desapareció de su página web en algún momento posterior a noviembre de 2023, según muestra el portal especializado Internet Wayback Machine, lo que sugiere que a South Pole ya no le parece un proyecto digno de exhibir en su portafolio.

Consultada por Contracorriente, la empresa suiza dijo que está evaluando su participación en el proyecto, aunque atribuyó sus dudas no a las preocupaciones expresadas por Verra, sino a las decisiones tomadas por el gobierno hondureño. «Si bien creemos que el proyecto Muskitia es muy importante, la nueva legislación para el mercado de carbono forestal en Honduras crea un riesgo que dificulta la inversión extranjera en el futuro. A pesar de nuestra importante inversión de capital en este proyecto hasta la fecha, estamos revisando nuestro papel y participación en el futuro», dijo un portavoz, vía correo electrónico. «Nos gustaría contar con mayor claridad y certeza sobre cómo se regularán los créditos de carbono forestal, así como un cronograma claro sobre cuándo se publicará y promulgará la regulación aún pendiente», indicó.

Ante la repregunta de esta alianza periodística de cuál era exactamente la inversión de capital que han hecho en el proyecto, se limitó a reiterar lo anterior y subrayar que no tenían nada más que agregar a la declaración proporcionada anteriormente. No respondió nada sobre las preocupaciones expresadas por Verra sobre el proyecto.

Por su parte, South Pole se negó a otorgar la entrevista solicitada por este equipo periodístico para discutir el proyecto en La Moskitia. «Nuestro trabajo ha implicado amplias consultas con las partes interesadas desde 2018, incluidas cerca de 100 reuniones y la participación de alrededor de 4,000 miembros pertenecientes a 180 comunidades», se limitó a responder la empresa, vía correo electrónico, reiterando que el proyecto «se encuentra en su fase de desarrollo».

 

Una nueva ley de carbono que tampoco consulta a los pueblos originarios

En su discurso en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) realizada en Dubai, en diciembre del 2023, la presidenta Xiomara Castro ofreció mitigar los efectos del cambio climático mediante el mecanismo de captura de carbono. 

«Como representante de los pueblos del sur, históricamente colonizados, y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes espaciales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada», manifestó la mandataria.

Aunque la presidenta prometió en la COP28 hacer responsables a quienes más contaminan el ambiente, y el actor Leonardo Di Caprio enalteció estas promesas asegurando que esto traerá beneficios a los pueblos originarios en La Moskitia, el gobierno hondureño aprobó una ley para formar parte de un mercado de carbono regulado sin haberla consultado con los mismos pueblos originarios a los que busca proteger.

Esta fue su segunda decisión sobre el mercado de carbono desde que llegó al poder en 2022. En junio de ese mismo año, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y eI Instituto de Conservación Forestal (ICF) establecieron una moratoria nacional en la venta de créditos de carbono forestal para, en sus palabras, «reducir potenciales riesgos y conflictos sociales, ambientales y económicos» asociados a la venta ilegal de créditos de carbono en proyectos privados. Su finalidad era, según este comunicado, «evitar la colonización del comercio del carbono de nuestros bosques».

Un año después, en julio de 2023, y casi al tiempo que Verra negaba el registro del proyecto de Ayuda en Acción en La Moskitia, el gobierno de Castro logró la aprobación en el Congreso Nacional de una «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática». Esa normativa, además de buscar entrar a un mercado regulado de carbono, estableció distintas modalidades para las transacciones de este elemento en el país, incluyendo un «canje de deuda por naturaleza y carbono» con el que se pueda reducir la deuda externa de Honduras, mediante un intercambio basado en los resultados ambientales logrados por el país.

Elsser Brown, director de Moskitia Pawisa Aslika, en español Agencia para el Desarrollo de la Moskitia (Mopawi), señaló que esta ley no fue consultada con los pueblos originarios en La Moskitia antes de su aprobación, y que este hecho refleja la falta de participación de los pueblos originarios en los asuntos de Estado. «[En la aprobación de esta ley] está la ausencia de la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, pero también se ve marcada una, no quiero decir discriminación, pero no hubo una consideración del derecho indígena en la formulación de esta Ley», dijo a Contracorriente.

Un poblador de Puerto Lempira camina sobre el muelle. La Moskitia, 5 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.

El gobierno justamente promocionó la ley como una manera de recompensar a quienes han protegido el bosque por años, y como un mecanismo de justicia climática mediante el cual los mayores contaminadores les pagarían a ellos. «Aquí en el país, 45 % de las zonas de áreas protegidas están cercanas a donde están los hermanos de los pueblos originarios. A esos lugares hay que llegar, porque han sido los responsables de los cuidados de los bosques, de los ríos, de las montañas durante décadas», dijo el ministro de la Serna, Lucky Medina, en un foro televisivo.

Esa narrativa de justicia climática para los pueblos originarios ha generado malestar entre algunos de sus líderes más visibles. «Yo creo que es totalmente nefasto que, en nombre del ambientalismo y de la protección de los recursos, se esté violentando el derecho a la verdadera consulta a los pueblos indígenas y originarios, que han vivido durante siglos en estos territorios», dijo Miriam Miranda, una lideresa garífuna que está al frente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Sobre esto, el viceministro de la Serna, Malcolm Stufkens, dijo a Contracorriente que era necesario que se aprobara rápido esta ley para poner un alto a los proyectos dentro del mercado voluntario que presentan irregularidades, y que por eso no fue socializada con las poblaciones indígenas. El viceministro agregó que los pueblos originarios sí serán considerados en la etapa de la elaboración del reglamento para la ejecución de la ley.

Además, mencionó que en la modalidad de mercado voluntario «estaban repartiendo el país entre varias empresas» y que por eso el Estado ahora tiene interés de regular estas iniciativas, y también proteger los bienes comunes.

«Hay que botar la imagen de lo que se tenía del gobierno anterior en estos temas, porque no estaban reconociendo la titularidad y tampoco estaban asegurando una participación [de los pueblos originarios], eso no es algo que nosotros tenemos contemplado», prometió Stufkens.

Mientras la noche cae y la lluvia amenaza con traer más oleaje en la laguna de Caratasca, Seldita Pedro, mujer miskita, vicepresidenta de la junta directiva del territorio de Bamiasta, observa el muelle y cuenta que La Moskitia se enfrenta a un monstruo de múltiples cabezas, uno más grande que las comunidades, y que amenaza con despojarlos de sus tierras.

Su territorio tomó la decisión de abandonar la negociación sobre la implementación de la captura de carbono en La Moskitia por la falta de claridad en el proceso, y porque temen que podría afectar a las comunidades el aprovechamiento del suelo. «Hoy en día, en nuestro territorio están pasando problemas de invasión o de gobernanza territorial, y no podemos solos. En el territorio de Bamiasta extraen muchos recursos naturales, maderas de colores, especies que están en peligro de extinción, y nuestra fauna muere. Nos sentimos que estamos indefensos y que estamos en esta lucha contra los terceros», reclama, refiriéndose a quienes continúan invadiendo sus tierras y extrayendo sus recursos.

A esos «terceros» de los que habla se suman ahora iniciativas que parecerían estar diseñadas para ayudarles, pero que han despertado muchas dudas por las fallas en consultarlos, y también por lo poco que se les ha informado.

En mayo de 2022, el famoso cantante español Alejandro Sanz anunció que destinaría fondos a Ayuda en Acción para la conservación de los manglares en La Moskitia. Mediante la venta de dos botellas de acero inoxidable de edición limitada, diseñadas por una empresa española llamada Quokka, Sanz prometió ayudar a conservar y reforestar 250 mil hectáreas de bosque de manglar, mediante el mecanismo de captura de carbono.

«Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí voy a decirles lo que yo voy a hacer: quiero conseguir que mi huella de contaminación se reduzca lo máximo posible», dijo el cantante en la COP25, en diciembre de 2019.

Elvis Greham, de Masta, sabe quién es Alejandro Sanz y también conoce sus canciones, pero no sabía que estuviera involucrado en el proyecto de carbono del que él ha sido parte. «No sabía», dice.

Casi como en la famosa canción de Sanz, «Cuando nadie me ve», en donde canta: Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo.

Atardecer en el muelle de Puerto Lempira. La Moskitia, 5 de diciembre de 2023. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Carbono Opaco

Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.

El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) pagó hotel y alimentación por 15 días a una comisión del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela (GMVV), que asesorará al Injupemp para la construcción de viviendas. El programa GMVV ha sido cuestionado por corrupción, opacidad y urbanizaciones a medio construir. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Fernando Destephen

 

 

Una delegación del gobierno de Venezuela integrada por 14 personas  estuvo en Honduras entre el 28 de enero y el 11 de febrero, para asesorar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un programa habitacional que planea implementar el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp). Los gastos de la delegación fueron cubiertos por esta institución. La delegación de Venezuela también fue recibida por el Congreso Nacional.

 

Previamente, el 13 de diciembre, el director interino de Injupemp, Amable de Jesús Hernández, firmó un memorándum de entendimiento con el general Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda de Venezuela, con el fin de obtener asesoría técnica de Venezuela para la construcción de más de 8 mil viviendas en Honduras.

 

En el portal Honducompras se encuentran los documentos de los gastos que Injupemp realizó para esta visita, como el pago de habitaciones de hotel en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cenas, desayunos y eventos privados por 15 días. Sin embargo, ninguna de las facturas se encuentra en el portal de transparencia de Injupemp. Contracorriente conoció en qué hoteles se hospedó la delegación, y tomando en cuenta que los precios de las habitaciones rondan los dos mil lempiras (unos 90 dólares) por noche, Injupemp podría haber pagado hasta 420 mil lempiras solo en hospedaje. La misma página Honducompras señala que también pagaron desayunos y cenas para la delegación. 

 

Honducompras también registró que el 31 de enero contrataron a un cantautor por tres horas, entre las 7 y las 10 de la noche, para un evento en un restaurante local, en el marco de la visita del programa. Asimismo, en esas fechas el Injupemp contrató servicios de un salón de hotel, cóctel de bienvenida, cena ejecutiva, mesas, sillas, sonido y micrófonos. Ninguno de estos contratos o pagos se ve reflejado en el portal de transparencia de la institución.

Captura de pantalla del Portal Honducompras en la que se puede leer la contratación de servicios para los eventos de la GMVV por parte de Injupemp.

El director interino de Injupemp le dijo a Contracorriente, vía WhatsApp, que a cambio de la asesoría técnica, el Estado de Honduras no le está haciendo ningún pago a la GMVV. Sin embargo, no respondió directamente sobre el pago del hospedaje, comida y eventos relacionados cuando la misión estuvo en febrero en el país; solo aseguró que el memorándum de entendimiento es para dar asistencia técnica en los diseños y estudios de viviendas. «Los proyectos se ejecutan si y solo si la CNBS [Comisión Nacional de Banca y Seguros] los aprueba y Sefin [la Secretaría de Finanzas] certifica (…) tiene que pasar por el comité de inversiones y la asamblea», señaló.

 

 

En diciembre, el director interino y el subdirector del Injupemp, Mario Suazo, viajaron a Caracas, Venezuela, como parte de una comitiva mixta que incluía a autoridades de la Cancillería para firmar acuerdos en materia de vivienda, energía, combustible, comercio agrícola, turismo, conectividad aérea, arte, educación, entre otros. Las autoridades del Injupemp asistieron para firmar el memorándum de entendimiento con la GMVV. 

 

Por su parte, la delegación del Gobierno de Venezuela que visitó Honduras estuvo conformada por la embajadora de Venezuela en Honduras, Margaud Godoy; el viceministro de Industria para Hábitat y Vivienda de Venezuela, Efraín Sánchez; la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Viccel Montes; la directora adjunta del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, María Derjani; y la consultora jurídica, Kristy Calderón.

 

El programa habitacional de Injupemp, la institución que administra las jubilaciones de los empleados públicos, funcionará en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Santa Bárbara; en este último se encuentra el municipio de San José de Colinas, del que Amable de Jesús Hernández ha sido alcalde desde hace 26 años. Aunque Hernández resultó reelecto para un séptimo periodo como alcalde, pidió permiso para trabajar en Injupemp y nombrar en la municipalidad en su lugar al vicealcalde, Luis Perdomo. 

 

A pesar de que Hernández no está fungiendo como alcalde oficialmente, en la imagen pública no ha dejado de aparecer como un personaje de poder en su región. Los medios oficiales de la alcaldía lo muestran constantemente en eventos, y las mismas redes sociales de esa municipalidad ahora publican contenidos relacionados con el trabajo de Hernández en Injupemp.

 

En Francisco Morazán, los planes del proyecto habitacional incluyen la restauración de Ciudad Mateo, el proyecto que inició a principios de los noventa para empleados del Estado, pero fue clausurado en 1998 debido a su impacto ambiental. 

 

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De acuerdo con declaraciones en los medios que ha dado Amable de Jesús Hernández, Ciudad Mateo cuenta con 4,890 viviendas, pero tras los estudios de viabilidad del proyecto, solo restaurarán 690. El intento del gobierno de revivir el proyecto se da pese a que tanto la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público como la Secretaría de Recursos Naturales lo prohibieron en el pasado, porque podría contaminar a la represa Los Laureles, que se encuentra muy cerca y es la que abastece al 23% de barrios y colonias de la capital. 

El proyecto habitacional Ciudad Mateo, construido en 1992, fue abandonado en 1998, por el impacto ambiental en el agua de la represa Los Laureles, que abastece parte del Distrito Central. Febrero de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Un programa cuestionado en Venezuela

 

El programa Gran Misión Vivienda Venezuela comenzó en 2011, y desde entonces se han abierto cuatro investigaciones que involucran a altos funcionarios e importantes sumas de dinero: al menos dos funcionarios de Venezuela, tres empresarios y 22 empresas han sido señaladas en hechos de corrupción. 

 

El caso más reciente se trata de corrupción internacional agravada detectada en Italia. En octubre de 2021, la policía de Milán incautó 42 millones de euros de la empresa Lattonedil, a la que acusan de involucrarse en corrupción relacionada con este programa.

 

De acuerdo con publicaciones de medios Italianos, la empresa Lattonedil pagó 22 millones de euros en sobornos a individuos cercanos al gobierno venezolano para asegurar una adjudicación directa de 13,500 techos prefabricados por unos 71 millones de euros. 

 

La investigación revela que una parte significativa del dinero se canalizó a través de empresas fantasma mexicanas y se transfería a personas vinculadas al gobierno venezolano. Se señala a varios funcionarios de Lattonedil y a intermediarios como responsables de facilitar estos pagos corruptos. El esquema de corrupción se habría llevado a cabo entre 2013 y 2020.

 

La información señala como sospechosos a representantes legales y al director financiero de la empresa italiana, a ciudadanos españoles y mexicanos, y a algunos funcionarios públicos venezolanos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes habrían incurrido en el delito de corrupción internacional agravada. 

 

El mismo año de la incautación en Italia, el proyecto cumplía 10 años en Venezuela, por lo que un grupo de 34 periodistas del portal digital El Pitazo y Connectas lo investigaron, y solo lograron ubicar un 5 % de las viviendas que el gobierno aseguraba haber construido. Mientras tanto, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) encontró apenas el 8 % de las viviendas.

 

Este programa también fue cuestionado por nepotismo. Una investigación del Diario Las Américas publicada en 2015 evidenció cómo el exministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, usó su cargo entre 2014 y 2015 para nombrar a su hija, a su esposa y a otros familiares como empleados en ese ministerio.

 

La debilidad financiera de Injupemp

 

En Injupemp, la anterior directora, Martha Doblado, ganaba 267 mil lempiras mensuales. Cuando Amable de Jesús Hernández llegó al mismo cargo a finales de abril, comenzó ganando 255,912 lempiras en mayo. Un mes después redujo su salario a 178,543, el cual se mantuvo así hasta julio de 2023, cuando lo aumentó a 187,470 lempiras; luego, a partir de noviembre de 2023, lo redujo a 135 mil lempiras.

 

Una situación similar se dio con el subdirector, Mario Suazo, quien comenzó ganando 139 mil lempiras y mantuvo ese salario hasta julio de 2023, fecha en que aumentó a 146 mil. Posteriormente, en noviembre, lo redujeron a 120 mil lempiras. 

 

Aunque en ningún apartado del portal de transparencia del Injupemp aparecen facturas, liquidaciones o montos de viáticos asignados a los directivos de la institución, y aunque los sueldos se redujeron, el monto anual de viáticos nacionales e internacionales aumentó con los años. En 2022, el presupuesto anual en viáticos fue de tres millones 280 mil lempiras, pero en 2024 el monto asignado es de cinco millones 530 mil lempiras. 

 

En abril del 2022, la presidenta Castro instruyó a sus funcionarios de alto nivel del Estado para que bajaran sus salarios a una cantidad menor al salario presidencial, que era de 137,800 lempiras. El director y el subdirector del Injupemp cumplieron con esa instrucción hasta noviembre del año pasado.

 

La situación financiera en Injupemp no es óptima. El 27 de abril del 2016, esta institución compró 160 millones de lempiras en acciones al banco Banrural; actualmente, esas acciones no le generan ningún tipo de rendimiento a la institución. De acuerdo con información publicada en el portal de transparencia del Injupemp, mensualmente la tasa nominal que indica las ganancias de una inversión es de 0 %.

 

La directora del Injupemp que autorizó la compra de acciones en 2016 era Martha Doblado, quien además era secretaria de coordinación del Gobierno de Juan Orlando Hérnandez, recientemente juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, y también era presidenta del Consejo Directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En este último cargo fue llamada a declarar ante la fiscalía hondureña por el caso de los hospitales móviles, por el cual hay varios exministros procesados que actualmente guardan prisión. 

 

En septiembre de 2014, la fiscalía hondureña le dijo a Diario La Prensa que Doblado también estaba siendo investigada por «la adjudicación de varios préstamos personales al margen del reglamento interno, la contratación de personal supernumerario con jugosos salarios y el cobro de sustanciosos viáticos». De igual forma, cuando salió de la institución con el cambio de gobierno a inicios de 2022, varios medios nacionales publicaron que Doblado recibió cuatro millones de lempiras en prestaciones. 

 

Amable de Jesús Hernández aseguró en medios de comunicación, cuando llevaba pocos meses en la dirección, que si bien no considera que el Injupemp esté en una crisis económica aún, la institución debe reponerse de decisiones como la compra de acciones. «Ese dinero más bien le genera utilidades a los bancos que están usando ese dinero, gozando de esa liquidez, y el beneficio que recibe ese instituto es casi nulo (…). Si no se recuperan inversiones como Banrural, todo el tema de Ciudad Mateo, inversiones que se hicieron en el pasado que están ahí, que son activos que están muerto, el Injupemp puede tener dificultades», expresó.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

Comenzó la temporada de incendios en el verano hondureño, y ya se contabilizan más de 35,937 hectáreas de bosque arrasadas por 768 incendios forestales registrados en lo que va de 2024. 

 

Según Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), anualmente se pierden entre 50,000 y 65,000 hectáreas de bosque por incendios forestales y tala ilegal. 

 

Por ejemplo, desde la tarde del lunes 18 de marzo, un incendio forestal consumió alrededor de 500 hectáreas de bosque en las zonas cercanas al Parque Nacional La Tigra: Corralitos, Cofradía, Las Moritas, Casa Quemada y alrededores. Para controlar el incendio, se usaron más de 2,000 galones de agua, entre cisternas y helicópteros de la Fuerza Aérea, sumado a la técnica de rondas, que es marcar una línea de avance con fuego controlado para que el incendio choque contra el margen marcado y se extinga.

 

En una pick up, un hombre cubierto con un pasamontañas y una gorra ofrecía agua en bolsa a cualquiera que llegara. Dos empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) actuaron como bomberos improvisados, apuntando una precaria manguera que tenían que unir cada tantos metros para alargarla y llegar al bambú, que se quemaba y sonaba como cohetes en una propiedad abandonada. El agua apagó las llamas y se levantó un humo blanco, mientras que el helicóptero continuaba descargando agua.

 

Las autoridades hondureñas anunciaron el 19 de marzo una investigación a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), en conjunto de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de lo que denominan delincuentes ambientales,  mientras los bomberos, organizaciones y voluntarios intentaban frenar las llamas.

Incendio forestal en Corralitos, Distrito Central, en las cercanías del parque Nacional La Tigra. Marzo 2024. Foto CC/Fernando Destephen.
Un empleado de la Umaps apoya para apagar las llamas cerca de una propiedad abandonada. Distrito Central, marzo de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

María Izaguirre, de 50 años, originaria de la zona, este incendio le duele porque «nosotros cuidamos el bosque», relató desde la puerta de su casa, a pocos pasos de la calle de pavimento que separa su casa del cerro que sigue incendiándose.  María recuerda que desde hace cuatro años no hubo incendios hasta ahora. Sin embargo, en 2023 Honduras registró 3052 incendios forestales, afectando unas 223 mil hectáreas de bosque.

 

Mientras que a Vicente Zelaya, de 80 años, nativo de Corralitos, no le preocupa la proximidad del incendio a su casa, unos siete metros apenas, porque «cuando llegue a la calle ahí se termina», aseguró. Recordó que cuando era joven hacía rondas para evitar incendios, pero ahora, debido a su edad, ya no puede participar, como el personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), bomberos, militares, vecinos y voluntarios que se turnan para hacer las rondas y vigilar el avance del fuego o para hacer la siguiente ronda.

 

De enero a marzo de 2024 se han registrado 768 incendios forestales, afectando 35,937 hectáreas de bosque, lo que genera una capa de humo que cubre el Distrito Central, como cada verano.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

Emiliana Pérez, de 55 años, permanece en su local de venta de ropa en el mercado La Isla, cuidándolo, porque asegura que, aunque no hay ventas, ha surgido el rumor de que los locales que no estén abiertos serán reasignados. Mientras ella se queda en el local, su esposo sale a vender la mercadería a la calle, donde se vende un poco más que dentro del mercado. 

 

La Isla ya no tiene el vaivén de personas de hace algunos años; se perciben los efectos de la mala situación económica. Lety Benedict, de 54 años, dueña de una tienda de abarrotería en el primer piso del mercado, habla del aumento de los frijoles, mientras la Fiscalía del Consumidor llega a realizar un operativo. 

 

«Le voy a decir que desgraciadamente se han aprovechado de los precios [de los frijoles]», expresa, «porque la semana antepasada compré a 3,400 y hoy me cobraron 3,800 pesos; o sea que le han subido el 400 por ciento a la carga de frijoles. No sé por qué motivo, si hay escasez, si hay acaparamiento, no lo sabemos». Y agrega que no lo saben porque «ese elefante blanco de control de precios, eso no sirve», en referencia a las supervisiones de la Fiscalía del Consumidor.

 

El comportamiento en el precio de los combustibles afecta el precio de los 30 productos de la canasta básica familiar hondureña, que de acuerdo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cuesta 8,067 lempiras, pero para la Secretaría de Trabajo y la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah) el costo es de 13 mil lempiras.

 

El precio de los combustibles en Honduras es variable; hay aumentos y leves rebajas todas las semanas. Desde el 14 de agosto del 2023 y durante todo el año, el gobierno subsidió con 10.13 lempiras el precio del diesel y la gasolina regular; esta medida se extendió el 26 de febrero de 2024. Sin embargo, el golpe a la economía familiar sigue siendo fuerte, porque solo esos dos tipos de combustible son subsidiados por el gobierno.

 

Este puente peatonal conecta la Primera Avenida de Comayagüela con el sector de La Isla. Tegucigalpa, marzo de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Algunos de los productos de la canasta básica vienen de aldeas como El Guachipilín, El Ocotal, Lepaterique, entre otras comunidades fuera del Distrito Central, lo que implica para el productor un gasto en combustible y transporte, más el costo de estar atrapado en el tráfico del Distrito Central. En los mercados las quejas por los aumentos semanales son constantes, tanto de clientes como de dueños de locales. En las tiendas pequeñas o pulperías, los clientes se quejan: «Maje, los frescos van a aumentar dos lempiras. En lo que va del año llevan dos aumentos», dice un cliente molesto, y agrega: «Por este tipo de aumentos no hay quejas ni protestas, solo la normalización del aumento». 

Este es un grito o un murmullo. Viene de las personas abusadas, robadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas por supuestos policías en el marco del estado de excepción en Honduras. Las autoridades alegan que no son ellas las culpables, sino las bandas delictivas que usan imitaciones de sus chalecos y armas. Sin embargo, las víctimas apuntan al Estado como responsable, y tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentan cientos de quejas contra miembros de la seguridad del Estado.

 

Texto: Célia Pousset

Edición: Jennifer Ávila

Fotografía: Fernando Destephen

 

 

En las noches, cuando logra dormir, Heidy* sueña con el regreso de su hijo desaparecido. En esos sueños, él siempre le pide: «mamá, dame de comer porque tengo gran hambre», pero cuando ella le da el plato, vuelve a desaparecer. Ella se queda sola con el plato lleno. Después se despierta y recuerda. Recuerda muy bien. Las fechas, las horas, las placas de las patrullas, los gritos soeces, las tajadas y el pollo frito comprado antes del evento… Cuenta meticulosamente una y otra vez los detalles, como los de una película que pasa en bucle por su cabeza. Es una manera de aferrarse a lo que perdió, y seguir de pie. 

 

Primero contó los días, después las semanas, y ahora cuenta los meses. El día en que la conocimos en persona, en una ciudad de Honduras, Heidy cumplía exactamente un año sin saber nada de su hijo, después de que un grupo de hombres con uniformes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) se lo llevaron. 

 

La noche de aquel día, Heidy estaba en el baño de su casa, alistándose para ir a la iglesia, cuando escuchó que tocaron el portón muy fuerte. Su hijo de 18 años preguntó: «¿Qué pasa, oficial?», y un hombre del otro lado le contestó: «Abrime, hijo de tantas». Después se oyeron golpes. Su hijo mayor salió del cuarto y trató de interponerse para proteger a su hermano. De nuevo hubo insultos, y una voz masculina dijo que «a las autoridades nadie les puede hacer nada». Heidy estaba petrificada y no se atrevía a salir del baño porque no había traído su ropa. Escuchó un forcejeo y la voz del supuesto oficial: «Vámonos porque este hijo de la gran… nos reconoció». Un carro arrancó. «¡Mamá, se llevaron a Julio*!», gritó entonces el hijo de 18 años. Salió del baño: un hijo faltaba, otro tenía las manos quebradas, y el de siete años se había escondido y manoseaba nerviosamente el cuello de su camisa. 

 

Los vecinos contaron que cuatro hombres vestidos con chalecos café, con insignias amarillas de la Dipampco, se bajaron de un pick up gris sin placa, y que, dos minutos antes, una patrulla de la Policía Nacional pasó por la calle y se detuvo en la esquina de la casa. Su hijo afirmó haber reconocido a un oficial cuando se le cayó el pasamontañas. Heidy fue a buscar a su hijo a la posta policial de su sector, a la Dipampco, e interpuso una denuncia ante la Dirección Policial de Investigación (DPI). Nadie supo decirle nada de este operativo. En la posta de su colonia, los policías se burlaron de ella a sus espaldas: «Que lo vaya a buscar a las cañeras, ¿verdad, loco?», se dijeron entre sí. 

 

Heidy ensanchó el parámetro de búsqueda, visitando hospitales y morgues, sin resultados. Al mismo tiempo, empezó un hostigamiento de la policía hacia su familia. Las patrullas pasaban en frente de la casa, buscando al hijo que fue testigo. Un día el esposo de Heidy les gritó, furioso: «¿No les bastó con desaparecer a uno de mis hijos?». Un policía le contestó: «Ya vas a ver». Tres meses después de la desaparición de Julio, al esposo lo mataron dos sicarios en la casa, y posteriormente la policía capturó al hijo que había quedado con las manos quebradas; a él lo enviaron a un centro penal acusado de formar parte de una estructura criminal, y está en espera de un juicio. 

 

Desde diciembre de 2022, Honduras está viviendo un estado de excepción que se renueva cada 45 días. La Secretaría de Seguridad presume buenos resultados como la reducción de homicidios en un 17 %, pero en la suspensión de garantías constitucionales —como la inviolabilidad de domicilio— se están dando una serie de arbitrariedades y crímenes que el gobierno pretende ocultar bajo estas cifras.

 

El día del lanzamiento del estado de excepción, el entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que la medida tenía como finalidad debilitar las estructuras criminales y que se iba a aplicar con apego a los derechos humanos, sin afectar al «99 % de la población». Ahora, Sánchez es ministro de Seguridad y sigue sosteniendo que la suspensión de garantías afecta solamente «a los delincuentes». Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó a Contracorriente, por medio de una solicitud de información, que desde diciembre de 2022 ha recibido 2,147 quejas en contra de fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo abusos de autoridad, incriminaciones con medios falsos de prueba, amenazas de muerte, tratos inhumanos y crueles, desapariciones forzadas, robos, asesinatos.

 

Operativo de la Policía Militar en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Mayo 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

A eso se suma la fallida depuración de la Policía Nacional y un discurso ambiguo de las autoridades sobre la presencia de delincuentes entre sus filas. Así, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez declaró a mediados de marzo en una conferencia de prensa que «hubo una instrumentalización de las instituciones por el narcotráfico» en la era de Juan Orlando Hernández, y que era «grave no decirlo». Informó también que entre 2022 y 2023 se depuró a 2,531 miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, no respondió a Contracorriente sobre el tipo de faltas o delitos por los cuales esos policías fueron apartados de sus cargos, ni si estos tenían que ver con los actos violentos denunciados por la población; al contrario, se quejó de que no es justo que se culpe a la policía de toda la corrupción y los problemas del país.

 

«Casi todos los días llegan a casa para golpearnos»

Las que hablan son dos mujeres de 25 y 23 años. Las llamaremos Sofía y Carmen, y solo diremos que viven en el Distrito Central. Hace seis meses, supuestos agentes de la Dipampco empezaron a llegar regularmente a su domicilio para golpearlas e incitar a Sofía a vender droga para ellos. Amenazan con «venderla» al Barrio 18 o meterla presa para que muera «como las de PNFAS», haciendo referencia a la masacre que ocurrió el 21 de junio de 2023 en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, donde fallecieron 46 privadas de libertad, la mayoría de ellas identificadas por la policía como integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13.  

En la casa solo viven mujeres y menores de edad. Las visitas de agentes de la Dipampco solían suceder una vez a la quincena, pero ahora es un día de cada dos. Pueden ocurrir en la mañana, en la tarde o en la noche, y pueden durar horas.

 

«Llegan más de ocho hombres. Llevan la cara tapada. El chaleco es café y las letras amarillas. Nos enseñan las placas cuando entran. Nos dicen que nos quitemos toda la ropa, que nos desnudemos hasta el blúmer, y que hagamos sentadillas para abajo. Nos da vergüenza. Al bebé, nos piden que le quitemos el pañal para ver si escondemos droga allí. Nos ponen bolsas negras en la cara y las socan entre dos para torturarnos. Dicen que si gritamos nos van a llevar presas, y que a los menores los van a llevar a la Dinaf» (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). “Allí violan a los niños”, les dicen. Entonces, los niños lloran cuando escuchan eso», cuenta Sofía, con una voz cansada.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) durante un operativo en Tegucigalpa, mayo 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Sofía tiene grandes ojeras, pues desde hace meses no duerme bien. La persecución que vive la ha llevado a la indigencia, ha tenido que dormir en las calles para no poner en peligro a su familia. Porque es a ella que la policía busca en particular, como en un juego macabro de gatos buscando a un ratón, sin capturarla, pero sin soltarla. A las mujeres de la casa las identifican como miembros de la MS-13, porque tienen familiares que murieron en la masacre del 21 de junio: «Perras, hijas de puta –nos dicen–, van a ir a la cárcel donde sus hermanas murieron quemadas».

 

Cuando los vecinos tratan de interponerse –«dejen de golpearlas o llamamos a HCH»– los policías empiezan a registrarlos para asustarlos. Sofía y Carmen no saben por qué ese grupo de policías tiene tanta saña contra ellas, ni dónde pueden ir para escapar de ellos, pero creen que su conexión con víctimas de la masacre en la cárcel de mujeres podría ser una motivación; otra que también han pensado es que en su barrio los policías cumplen las cuotas de detención que exige un estado de excepción. 

 

Según datos proporcionados por el Conadeh, desde el lanzamiento del estado de excepción se ha señalado a las fuerzas de seguridad del Estado por 10 desapariciones forzadas, 21 asesinatos, 18 homicidios, 2 femicidios y 14 casos de desplazamiento forzado. Además, en el informe sobre la violencia de género durante el estado de excepción, Conadeh establece que la primera institución señalada por violentar a las niñas, adolescentes y mujeres es la Dipampco. Da el ejemplo de una mujer que denuncia haber sido secuestrada por agentes de la Dipampco durante 24 horas. Según su relato, los policías la introdujeron en la patrulla y le exigieron dinero. Además, el informe revela que las peticionarias suelen solicitar ayuda para ubicar a familiares detenidos durante los allanamientos, de los cuales no saben nada.

Agentes de Policía Militar de Orden Público (PMOP) en un operativo nocturno en Tegucigalpa. Mayo 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Para Iliana Licona, investigadora del Conadeh, el estado de excepción expone particularmente a las niñas y mujeres a la violencia estatal por la suspensión de la inviolabilidad del domicilio: «En los allanamientos sin orden de captura los policías pueden entrar en las casas, y la mayoría de las veces las mujeres están solas por ser las encargadas de los hogares, o con menores de edad. La mayoría de las peticionarias que vienen a poner una denuncia son mujeres que viven solas y a quienes se les arrestó su pareja, y se quedan en un estado de desprotección. Una queja relata cómo después de la detención de su pareja, los policías regresaron al domicilio y abusaron sexualmente de la mujer en presencia de menores de edad».

Una trabajadora social de un juzgado para menores infractores, que accedió a hablar de lo que percibe en su trabajo con la condición de garantizar su anonimato, contó que ella ha visto a personas con signos evidentes de tortura, normalmente jóvenes capturados en el marco del estado de excepción. «Yo he visto a jóvenes sin uñas, con la piel quemada por cigarrillos. Parece existir un patrón de tortura, ya que muchos mencionan haber sido ahogados con una bolsa de basura, a veces con cal, mientras los golpeaban en el estómago», relató. 

«Esos torturadores son policías, vienen a dejar a los jóvenes en el juzgado con un reporte de la fiscalía, que, a mi parecer, es cómplice también, porque nunca piden una revisión de la salud del menor acusado. No hay nadie que está parando esos abusos, esa violencia. Es como si fuera algo normal», expresó. 

Los reportes sobre abusos en el estado de excepción continúan saliendo. Por ejemplo, en el Informe de Situación de Derechos Humanos presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) el pasado 19 de marzo de 2024, se puede leer que en 2023 se reportaron a esa oficina al menos siete casos de desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y uno de violencia sexual. También se han registrado quejas por detenciones ilegales, abusos durante allanamiento de morada sin orden judicial e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.

La trabajadora social que habló con nosotros en condición de anonimato confirma esos números con su propia experiencia. Según ella, observó «incongruencias» en las narrativas de la policía, sobre todo en las circunstancias de las capturas que le tocó procesar: «Tienen un modelo, como una plantilla. Siempre repiten lo mismo: “estábamos patrullando cuando de repente vimos a un sujeto sospechoso del sexo masculino que vestía de tal forma, y que al ver la policía salió corriendo”. Es mentira». De hecho, cuando la funcionaria del juzgado entrevista a los supuestos infractores, se da cuenta que fueron capturados en sus casas, en horas de la madrugada, después de que la policía rompiera las puertas. 

 

Heidy experimentó también la mentira sobre las circunstancias del arresto de su hijo que vio la cara de un oficial el día del secuestro. En el informe que remitió la policía a la fiscalía, se menciona que lo capturaron a las nueve de la mañana, pero en realidad pasó a las tres de la madrugada. 

 

Heidy no confía en el discurso de la policía desde hace mucho tiempo, pero cuando su esposo fue asesinado, sus sospechas crecieron. Está convencida de que la Policía Nacional está involucrada. En la noche del homicidio había salido con sus hijos a comprar dulces a la pulpería, dejando solo a su esposo. A media cuadra, escuchó los disparos. Los vecinos gritaron: «¡Mataron a X!», refiriéndose al hijo que había visto la cara de un oficial. Pero este contestó «¡aquí estoy!». Entonces volvieron corriendo a la casa, y encontraron al esposo y padre muerto. Dos minutos después llegó la Policía Nacional, «como ángeles de la guardia queriendo auxiliar» dice Heidy, con ironía. Los policías afirmaron que estaban patrullando cerca y que escucharon los disparos. Hicieron el reporte y se quedaron en la casa, mientras que Heidy y sus hijos llevaban al hombre al hospital. A su regreso, Heidy se dio cuenta de que algunas cosas de la casa habían sido robadas. 

 

¿Un chaleco para muchos delitos?

En la sede de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de Tegucigalpa, el vocero de la institución, Mario Fu, se puso de pie para enseñar su chaleco antibalas: «Mire, el nuestro es diferente, se parece, pero no es el mismo». Acaba de reproducir un vídeo de junio de 2023 en el que se ven hombres saliendo de un pick up con chalecos de la Dipampco para asaltar un negocio en la colonia 21 de Febrero en Tegucigalpa. «También se nota que no tienen entrenamiento de policías», dijo, refiriéndose a la forma torpe de moverse de los asaltantes. 

Mario Fu niega firmemente cualquier involucramiento de miembros de la Dipampco en actos violentos denunciados por la población: «Desde hace varias semanas venimos alertando de una banda que usa uniformes parecidos a los de la Dipampco. Lo que pasa es que los miembros de las estructuras criminales tienen una campaña de desprestigio en contra de nosotros», dijo Fu, quien lleva varios años como vocero, incluso cuando esta dirección se llamaba Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) y estaba al mando de los militares, creada por el expresidente Juan Orlando Hernández dentro de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina). Fu asegura que en un año recibieron seis denuncias en Tegucigalpa reportando allanamientos de moradas por supuestos miembros de la institución: un caso en La Laguna, dos en la aldea La Cuesta, tres en el sector de la Emmanuel y Río Abajo. «Todas esas denuncias están en curso de investigación, pero en ningún caso estuvo involucrada la Dipampco», aseguró. 

Agentes de la Dipampco durante un operativo en el marco del estado de excepción. Tegucigalpa, mayo de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

El vocero compartió que, en uno de los casos, las víctimas mencionaron que llegaron supuestos policías y que «aplicaron un grado de agresividad» durante el allanamiento mientras buscaban a un miembro de la familia «sin presentar orden de captura». Insistió en la presencia de grupos delictivos en las zonas donde se dan ese tipo de hechos. Según él, conseguir indumentaria policial o militar es muy fácil en tiendas especializadas, y rentar carros pick up parecidos a los que usa la policía está al alcance de las estructuras criminales. Aseguró que están investigando de qué forma «estos individuos adquieren indumentaria a la cual le elaboran un tipo de bordado artesanal para hacerla ver como si fuese de los cuerpos de seguridad del Estado». 

En la tienda Police Honduras, en la colonia Kennedy, cuyo dueño es un oficial de la DPI, se venden prendas y accesorios policiales. Una vendedora aclara que los productos están a la venta para los civiles, pero que para conseguir gorras de policía, insignias y ficheros exigen el carné de pertenencia a la institución policial. Lo que sí puede comprar el ciudadano común son pantalones, botas, manoplas, escudos de la cultura popular como el Punisher (usado en Honduras por la Fuerza Especial Tigres) y chalecos antibalas, pero estos últimos son muy delgados, escotados, y no son como los de la policía.

El silencio de las autoridades y la explicación sistemática de una «imitación de la indumentaria para delinquir» resisten mal al estudio de los casos que se multiplican, difundidos en la prensa, como el asesinato de Wilson Pérez en San Pedro Sula, el secuestro de una mujer trans en San Pedro Sula por supuestos miembros de la Dipampco, o el caso de la masacre en un billar en Choloma, Cortés, atribuida a miembros de la Pandilla 18, en donde a los perpetradores que fueron capturados les encontraron indumentaria de esta fuerza policial. 

A nuestra pregunta sobre los abusos policiales, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, respondió que los actos cometidos por policías depurados fueron de la responsabilidad de la FNAMP (bajo mando militar) y no de la Dipampco (bajo mando policial). Mencionó el asesinato del barrista Wilson Pérez en San Pedro Sula, aunque para ese entonces la institución ya estaba a manos de la Policía Nacional, y no de las Fuerzas Armadas.

Servir y proteger al crimen

 

El 12 de marzo de 2023, en frente de la Casa Presidencial, unos 150 expolicías alzaron pancartas y exigieron ser recibidos por la presidenta Xiomara Castro. «Comisión depuradora jugó un papel importante en la separación de oficiales que obstaculizaron operaciones del cártel de los Hernández», se podía leer en uno de los carteles. El grupo es tan solo un puñado de los más de 6,000 policías apartados de sus cargos en 2016 por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional. 

 

La depuración policial se impulsó después de varios asesinatos en los que participaron elementos activos de la Policía Nacional, como el del hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, o el asesinato de Arístides González, el «zar antidrogas de Honduras», cuyo asesinato se planificó en una posta policial. Sin embargo, aunque necesario, este proceso estuvo viciado y ha sido cuestionado por no seguir los procedimientos establecidos para determinar correctamente las responsabilidades de los agentes separados. Por ejemplo, no se permitieron audiencias de descargo y pocos casos se remitieron al Ministerio Público para investigación. El actual ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, lo califica de maniobra para «apartar la competencia» por parte del Tigre Bonilla, el exdirector de la policía que se declaró culpable de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

 

Ahora, los miembros de la Organización de Policías Despedidos Ilegalmente (OPDI), aprovechando el contexto de la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, se declaran «víctimas directas» de las políticas de la policía ejecutadas por narcotraficantes. Solicitan a la Corte Suprema de Justicia resolver las demandas interpuestas, y al Congreso Nacional discutir un anteproyecto de decreto presentado por el diputado Eduardo Díaz Velásquez, que supuestamente garantizará el restablecimiento de sus derechos. 

 

Ese grupo de policías depurados no es un colectivo de «santos», ellos mismos lo dicen, pero es quizás uno de los pocos grupos donde se admiten la corrupción policial y vínculos con el crimen organizado. Así llegamos a hablar con un excomisario, que tenía más de 22 años en la institución cuando lo despidieron. El excomisario cuenta que la policía presta sus uniformes y armas a grupos delictivos para que hagan la labor sucia que les interesa. Tiene un ejemplo interesante que involucra a dos monstruos del crimen organizado hondureño: Los Cachiros y el Tigre Bonilla. 

 

Según el expolicía, en 2013, Juan Orlando Hernández planificó matar a los líderes de Los Cachiros, los hermanos Rivera Maradiaga. La Policía Nacional dio indumentarias y armas al cártel enemigo de los Cachiros (el cártel del Atlántico) para realizar el pedido. Pero el plan no salió como estaba diseñado porque en un departamento costero de Honduras, él y otros policías decomisaron una paila llena de uniformes policiales y militares de diferentes grados, y armas bélicas. Capturaron al chofer del vehículo, un miembro del cartel del Atlántico, alias el Misko. «A los tres días, el Tigre Bonilla me citó en su oficina en Tegucigalpa. Me preguntó si yo me creía el dueño de la Policía Nacional, si no tenía ganas de morir», recuerda el expolicía. Bonilla le preguntó también por qué no había sido informado de este operativo y por qué habían remitido el caso a la fiscalía sin tener orden de hacerlo. 

 

Ese día, el comisario entendió que el Tigre Bonilla lo estaba amenazando. Dos policías que participaron en el operativo fueron asesinados, al Misko lo liberaron, y él pidió apoyo a la embajada de los Estados Unidos para que lo ayudaran a salir del país. 

 

El Estado de protección criminal alcanzó su máxima forma bajo los mandatos de Juan Orlando Hernández, pero no desapareció. La penetración del crimen organizado en la Policía Nacional sigue vigente, aunque exista una resistencia para admitir la profundidad de un problema sistémico que rebasa las capturas puntuales del Tigre Bonilla, Mauricio Pineda Hernández, y demás expolicías encarcelados en Estados Unidos. 

 

En un café de Tegucigalpa encontramos a un miembro activo de la Dipampco. Viene vestido de civil, con gafas de sol y un poco de recelo. Su discurso oscila entre orgullo por su trabajo y resignación ante la «corrupción que se da en nuestra institución». Palmo a palmo se suelta y admite no poder confiar en sus colegas porque «no sabemos quiénes trabajan para las estructuras». Describe un ambiente de sospecha mutua: «yo mismo me hago pasar por uno que trabaja con una estructura, para saber cosas sobre mis propios compañeros…». No termina su frase. Parece buscar algo en su celular. No lo encuentra, pero continúa: «Hace unos meses, una foto de nosotros se filtró, la encontramos en el teléfono móvil de un pandillero que arrestamos». La foto fue tomada en las oficinas y mostraba a policías realizando tareas de aseo, con las caras visibles. La investigación abierta para saber quién filtró la foto no concluyó. El policía asegura que la mayoría de las veces, cuando sospechan de alguien, lo cambian de puesto. No pasa a más. 

 

Antes de pertenecer a la Dipampco, el policía estaba en otra división y en otra parte del país. Allí tenía un cargo de jefe. Cuenta que un líder de la MS-13 le ofreció 40,000 lempiras semanales para no meterse con sus negocios. Nunca respondió a la propuesta. Meses después incautaron un laboratorio de cocaína en la zona que pertenecía a esa organización. «Siempre buscan a los jefes para ofrecerles dinero. Por eso, hay oficiales que pertenecen a las estructuras. Y cuando un jefe está metido en eso, no se puede hacer mucho. Estamos en la institución o sin trabajo. Seguimos las órdenes y a veces montan operativos en lugares que no tienen sentido, solo para que pasen mercancías», explicó. 

 

La cadena de impunidad es larga. El policía de la Dipampco recuerda que hace un par de años dos policías y un oficial «se llevaron y mataron a un cipote» en San Pedro Sula. Cuenta que los culpables fueron encarcelados, pero no es siempre el caso, porque «a veces arrestan a un policía por un hecho y lo escuchamos decir que ya conoce a fiscales y jueces que lo van a ayudar a salir». Según él, sería necesaria una unidad del Ministerio Público que investigue a policías de manera independiente, y viceversa. 

 

A nuestra pregunta sobre la colusión actual de miembros de la Policía Nacional con el crimen organizado, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez contestó: «No estamos negando la corrupción, pero la problemática es transversal y afecta a diferentes instituciones del país. Es un grave error señalar a la Policía Nacional como única responsable».

 

Los casos que se estancan en el Ministerio Público

 

El 12 de febrero de 2024, en frente de las oficinas del Ministerio Público se reunió un grupo de campesinos y campesinas. Eran más de treinta personas. En sus voces se escuchaba más indignación que miedo. Vinieron desde Río Abajo, una aldea cercana de Tegucigalpa, para interponer una denuncia en el Ministerio Público. Días atrás, personas con indumentaria de la Dipampco entraron en la cooperativa agrícola y robaron dinero a varias personas de la comunidad.

Un grupo de campesinos de la aldea Río Abajo interponen una denuncia en el Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, febrero de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

A las cinco de la mañana, los supuestos policías tocaron la puerta de la casa de María Helena. Ella les pidió que esperaran un minuto para vestirse antes de abrir, pero no le hicieron caso. Entraron y uno de ellos le dijo: «Vieja, hija de la gran…, ¿dónde tenés la droga?». Asumieron que ella era la «madre de la MS-13» y la sentaron en un mueble, con una toalla cubriendo sus piernas, para interrogarla. No encontraron nada. Se fueron a la casa de su hermana y a ella le robaron el dinero que reservaba para los útiles escolares de sus hijos. Después entraron a otra casa de la cooperativa agrícola y robaron más de 7,000 lempiras. 

 

«Señora presidenta, ¿quiénes son los policías que andan robando con el uniforme del Estado, con las armas del Estado? ¿Acaso no los paga? ¿Les paga para que anden robando lo que guardamos para sobrevivir, lo que ganamos con nuestro trabajo? Señora presidenta, tengo 53 años, y no aguanto eso. Las autoridades delincuentes dicen andar buscando extorsionadores y mareros, pero ¿qué más pandilleros quiere, señora presidenta, que los que tiene de autoridades? Le rogamos que depuren esos policías ladrones y torturadores, presidenta, nuestros niños están llenos de un terror horrible, no pueden ver a un policía sin temblar. Así que le pido eso de todo corazón. ¡Depure esa gente pícara y uniformada!», exigió María Helena, cuando la visitamos en su casa construida entre platanales y una milpa. Otras personas murmuran, pero ella grita. Y no es la única.

Una campesina narra lo que ocurrió durante un allanamiento de supuestas fuerzas del orden. Distrito Central, febrero 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

En el Ministerio Público se acumulan denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre 2023 y 2024, el Ministerio Público recibió 295 denuncias (243 en 2023 y 52 en 2024) que señalan a miembros de las fuerzas de seguridad como autores de delitos como «abuso de autoridad», «amenazas», «hurtos», «tortura», «tratos crueles y degradantes», «simulación de infracción inexistente», «tentativa de homicidio», «tentativa de violación»… 

De estas 295 denuncias, la mayoría señala a policías de diferentes rangos y divisiones, pero encontramos también 63 denuncias contra militares. Dos funcionarias de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa dijeron a Contracorriente desconocer esas denuncias, y que tampoco están enteradas de las 125 quejas de la ciudadanía contra miembros de las Fuerzas Armadas, presentadas desde diciembre de 2022 en el Conadeh. 

Rara vez esas denuncias dan lugar a un proceso interno en la policía o las fuerzas armadas, ni a un proceso judicial: en 2023, se presentaron tan solo 28 requerimientos fiscales contra miembros de las fuerzas de seguridad, y ninguno en 2024. 

El año pasado, María Helena denunció otro abuso de supuestos policías, pero no recibió seguimiento. En el informe de la denuncia oficial, de enero de 2023, leemos un relato parecido a lo que le tocó volver a vivir un año después: «Narra la denunciante que el día de ayer a eso de las 05:40 de la mañana funcionarios de la Policía Nacional y Dipampco ingresaron por la fuerza ya que rompieron la puerta principal. Ingresaron a los dormitorios y revolvieron la ropa. La denunciante les preguntó si tenían orden de allanamiento, estos manifestaron que no ocupaban y podrían regresar a la hora que ellos quisieran». A esa denuncia se suma la del 12 de febrero de 2024. Ambos hechos ocurrieron durante el estado de excepción. 

Mario Fu, el vocero de la Dipampco, conoce el caso de la cooperativa agrícola y sostiene firmemente que los asaltantes no son de la dependencia a la que pertenece, sino «imitadores». Explica que esta zona es estratégica para las «estructuras criminales» porque se encuentra en la única salida a Olancho, «donde pasan muchas armas». 

Mientras tanto, sin respuesta clara de las instituciones, la percepción de María Helena sigue siendo la misma: los policías son delincuentes y los delincuentes son policías. O, al menos, actúan de la misma forma. 

 

Hace poco Heidy se cambió de casa con su hijo de siete años. Vive ahora en una casa con paredes interiores pintadas de rosado. Allí se despierta todos los días, sin entender qué hizo Dios con su familia. A veces no quiere levantarse, pero tiene que cuidar de su hijo pequeño. Al niño le agarró el gusto de tirar del cuello de sus camisetas para calmar su ansiedad. Heidy le compró una decena de camisetas y las arruinó todas. Ambos empiezan duelos extraños que llevan tres nombres: desaparición forzada, homicidio y criminalización. En esta casa pintada de rosa se refugian para que la policía no los encuentre. Se esconden para no ser dos testigos en peligro de muerte, sino una familia desintegrada más en un barrio anónimo.



* Los nombres de estas personas fueron cambiados para proteger su identidad por su condición de víctimas. 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Texto: Catherine Calderón

 

Eran las cinco de la tarde y estaba por salir del edificio donde trabajo. Tenía planeado regresar a la casa donde me estoy quedando por algunos días mientras trabajo en Tegucigalpa. En un domingo sin tráfico estaría ahí en cinco minutos, pero era viernes y, por supuesto, el tráfico era infernal. 

 

En el estacionamiento, me pregunté si me iba directo a casa, hacía tiempo en algún lado, o mejor salía a buscar las medicinas que necesitaba para esta nueva vida en la que debo tomar medicamentos y suplementos alimenticios de manera continua. Luego de reflexionar mucho, decidí irme a casa a descansar. Las medicinas me podían esperar en su vitrina hasta el día siguiente. 

 

Tomé la ruta habitual y puse la radio, una emisora que suele dedicar una franja completa a un solo artista. Ahora mismo no recuerdo a quién pusieron ese viernes; seguramente no lo recuerdo porque estaba más pendiente de no atropellar a alguien o tener un accidente en este infierno de carros y bocinas en el que se convirtió esta ciudad. El caos que había en la calle que había tomado me hizo cambiar de ruta e irme por una menos transitada por motociclistas. 

 

Giré a la derecha con mucho cuidado y a la vez muy tensa. Mientras manejaba, no dejaba de pensar en lo que había estado escuchando durante la semana en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras juzgado en una corte de Nueva York por vínculos con el narcotráfico, mejor dicho, por traficar droga hacia los Estados Unidos. 

 

Empecé a repasar en mi mente los detalles que han surgido sobre los asesinatos a fiscales, periodistas, abogados, y por supuesto a la competencia en el mercado de la cocaína, otros narcotraficantes que al cártel de los Hernández no les convenía que siguieran en el radar. He sido testigo de la fragilidad que tenemos y lo fácil que es que te desaparezcan en este país. De inmediato, otro pensamiento me interrumpió, uno relacionado con la violencia, pero desde mis zapatos siendo mujer, porque las estadísticas publicadas por el Centro de Derechos de la Mujer eran de 26 mujeres asesinadas en enero. 

 

Esa cifra me erizó la piel y empecé a sentir mi cuerpo más tenso; continuaba manejando por inercia pero no lograba sentir que lo hacía. En 2023, el observatorio del Centro de Derechos de la Mujer registró 742 agresiones a mujeres en todo el país. Para ellas nunca habrá justicia y tampoco reparación de los daños. Estamos en Honduras y la justicia no sucede acá. 

 

En Contracorriente retratamos varios de esos casos de mujeres que fueron asesinadas por sus exparejas, sus parejas y por policías. Contamos la lucha de sus familiares en búsqueda de justicia en un país que culturalmente se rige por la impunidad. 

 

Estos pensamientos iban y venían mientras seguía en el tráfico del bendito viernes en la capital hondureña. Y justamente por estar sumergida en esos pensamientos, no tomé el carril correcto que me llevara a mi casa, y terminé en el segundo anillo, atascada entre carros, motos y la bulla de la ciudad, con pocas posibilidades de que alguien me diera oportunidad de cruzarme al carril que necesitaba. 

 

Tenía miedo, pero no sabía de qué, no identificaba algo concreto. Solamente tenía miedo. 

 

Respiré y me dije: es un temor a todo. Es el temor de vivir en un país como Honduras y tener que estar alerta en el semáforo, analizar qué haría en un asalto. (Sí, una consolación extraña, pero me funciona). 

 

Era un torbellino de pensamientos. Nada en concreto. Era todo y nada a la vez. Me obligué a no entrar en paranoia y me hablé a mí misma para escuchar mi voz y volver a la tierra. Me preocupaba llegar tarde a la casa, y ni siquiera me urgía llegar, pero sentía una necesidad inmensa de estar en un lugar seguro. ¿Existirá ese lugar, donde estaba o en alguna otra parte de este país?

 

Finalmente logré encontrar una ruta viable para retornar al bulevar del que había salido, y llegué a una rotonda. Tomé una vía rápida para entrar al bulevar, y vi una bolsa en la calle. Logré distinguir que eran unos zapatos color negro, de tacón, y mi primer pensamiento fue: ¿y si alguien los tiró para desaparecer la evidencia de un feminicidio o transfemicidio? Y si eso fue así, ¿cómo van a lograr investigar? ¿Cómo avanzaría una investigación sin esa evidencia? 

 

Seguí manejando, respiré profundo y obligué a mi mente a regresar al presente. ¿Era normal que unos zapatos en la calle me inquietaran tanto?

 

Esos zapatos también pudieron haber caído de un camión de basura. 

 

Han pasado veinte días y sigo pensando en esos zapatos.

Solo en 2023 se entregaron 211,151,000 lempiras, unos 8.5 millones de dólares, a diputados y diputadas propietarios y suplentes en el Congreso Nacional, por concepto de subvenciones. A pesar de que este Congreso  alardea de haber eliminado leyes como la del Fondo Departamental –por la cual, a través de subvenciones y apoyo a ONG, se desfalcó al Estado– continúa con prácticas que mantienen el clientelismo y la opacidad en el uso de fondos públicos. 

 

Texto: María Celeste Maradiaga y Jennifer Avila

Con reportes de Vienna Herrera

Portada: Jorge Cabrera



«No es cierto que aquí se les dé pescadito o que se le regale dinero a alguien. (…) Este poder del Estado aprobará proyectos que se van a ejecutar, y qué bueno que el pueblo hondureño se beneficia de estas aprobaciones. Todo pasa por el presupuesto que se aprueba en este poder del Estado, así mismo el tema de proyectos y el tema de subvenciones», dijo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en la sesión del 12 de marzo en el Congreso Nacional, en la que aprovechó para advertir a medios y periodistas que puede ejercer acciones legales en su contra «porque inventan cada cosa». Esto ocurre cuando faltan pocos días para el feriado de Semana Santa, y poco después de la aprobación de subvenciones a diputados, algo que ha generado críticas por la falta de transparencia que caracteriza el uso de estos fondos. 

 

Las subvenciones en el Congreso Nacional se aprueban para ejecutar proyectos sociales, con la condición de que los fondos sean liquidados por cada congresista; de lo contrario, serán deducidos de su sueldo. Sin embargo, las liquidaciones siguen sin ser públicas, y la falta de transparencia genera dudas sobre el uso de estos fondos, que podrían destinarse tanto para el clientelismo como para la compra de voluntades dentro del Poder Legislativo, sobre todo en negociaciones clave

 

Según el plan de subvenciones, son 100 mil lempiras los que se entregan a cada congresista cada mes. Sin embargo, hay unos cuantos puntos que aún no quedan claros. Uno de ellos es que los congresistas pueden acumular subvenciones si no las reciben cada mes, es decir, recibir más de 100 mil lempiras por meses acumulados. Según las ejecuciones presupuestarias del Congreso en 2023, es en meses festivos, feriados o en momentos clave como elecciones dentro del Congreso cuando se hacen las transferencias de dinero más significativas.

 

Por ejemplo, en el mes de marzo de 2023, para la Semana Santa, se ejecutaron más de 40 millones de lempiras en subvenciones; en noviembre, cuando se eligieron de forma interina el fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, más de 42 millones; y en diciembre, mes de las fiestas navideñas, más de 55 millones.

 

Silvia Ayala, diputada por el Partido Libertad y Refundación, explicó que no es la misma cantidad todos los meses porque «funcionan a través de la solicitud de un diputado o diputada; esto quiere decir que en un mes puede que haya 50 diputados que hayan ejecutado subvenciones, y al mes siguiente 150, porque acceden a ella los propietarios y los suplentes. Cada liquidación se debe subir antes de obtener una nueva subvención», dijo. Además, agregó que los diputados tienen el compromiso de publicar en sus redes sociales los proyectos en los que invierten las subvenciones.

 

Recomendamos: Falta de transparencia predomina en entrega de subvenciones a congresistas en Honduras

 

A pesar de que la diputada dijo que las subvenciones se suben al portal de transparencia y que esto es requisito para solicitar otra subvención, las liquidaciones no están publicadas en el portal, según pudo corroborar este medio. Apenas hace unos días, el Congreso subió la ejecución presupuestaria del 2023, después de que el Portal Único de Transparencia estuviera fuera de servicio desde diciembre del año pasado. Consultamos a otros congresistas de diversos partidos políticos, pero no quisieron dar declaraciones sobre el tema. 

Donaciones a ONG

 

En la ejecución de este 2023 están también las donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro, desde marzo de ese año. En diez meses se hicieron transferencias por 10 millones 588 mil lempiras bajo esta denominación. Solicitamos a través del sistema de acceso a información pública la lista de organizaciones beneficiarias de este fondo; sin embargo, el Congreso Nacional —específicamente su secretario, Carlos Zelaya— nos respondió que no llevan ningún registro del listado de asociaciones que reciben transferencias. Es decir, que el gasto de más de 10 millones de lempiras del año pasado no tiene un destino registrado.

Recordemos que, a pesar de que el gobierno de Xiomara Castro ha dicho en reiteradas ocasiones que los gobiernos anteriores dejaron saqueado al Estado, los presupuestos del Congreso Nacional han aumentado considerablemente cada año. La asignación presupuestaria para este poder del Estado en 2022 y 2023 fue de 1,448 millones de lempiras, aumentando 200 millones de lempiras con respecto al presupuesto de 2021, y en 2024 hubo un pequeño aumento, de un millón 523,300 lempiras.

En abril de 2022 se determinó en el Congreso que los diputados serían también «gestores de proyectos», lo que recordó casos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) como el de la red de diputados, que implicó a más 60 congresistas acusados de malversación de fondos públicos, transferidos del Poder Ejecutivo a organizaciones no gubernamentales ligadas a estos diputados. 

Según investigaciones anteriores de este medio, el dinero, asignado para ser utilizado en proyectos sociales, terminó en las cuentas bancarias de casi la mitad de los congresistas de ese período, incluyendo al entonces presidente del Congreso Nacional, el nacionalista Mauricio Oliva.

Luis Redondo eliminó el Fondo Departamental por dar lugar a corrupción, como fue denunciado por la Maccih, pero creó un «fondo social» en diciembre de 2022, con el nombre de Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios de las Comunidades, que ha dado origen a estos gastos millonarios por subvenciones. 

Redondo, quien además ha sido cuestionado anteriormente por el uso indiscriminado de tarjetas de crédito en gastos no aplicables y sin transparencia, no ha aclarado públicamente los cuestionamientos sobre las subvenciones. Por el contrario, amenazó a los medios de comunicación con iniciar acciones legales en su contra, citando varios temas que él considera se han abordado de manera equivocada, como el uso del dinero de subvenciones, o lo que se ha llamado popularmente en este momento «el bono del pescado seco». «Se ha llegado al grado de difamar; aquellos que recibían 380 millones en pauta usan sus espacios de difusión para emitir declaraciones perversas. Como aquí hay leyes, también hay acciones que se pueden hacer. Les quiero recomendar que pongan las barbas en remojo», dijo Redondo, sin dar más explicaciones sobre la falta de transparencia en el uso de estos fondos. 

Monserrath, hija de Margarita Murillo, lleva nueve años viviendo como asilada política en Nueva York, Estados Unidos. Llegó ahí después de sufrir amenazas por buscar justicia para su madre. Durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Hernández, un testigo mencionó que la fiscal Marlene Banegas fue asesinada después de que ella recibió información que vinculaba a Hernández con el narcotráfico; esa fiscal también investigaba el asesinato de Margarita Murillo.

 

Texto: Jorge Cabrera y Vienna Herrera

Fotografía: Jorge Cabrera

 

El día del veredicto que señaló como culpable al expresidente Juan Orlando Hernández por tres cargos relacionados con el narcotráfico, Monserrat no asistió a la Corte de Nueva York. Lo había hecho en los días anteriores,  cuando llegó a manifestarse  afuera de la corte con otros migrantes hondureños, para recordar a las personas asesinadas durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Pero el día del veredicto, ella lo escuchó desde su casa y no pudo evitar llorar, porque sintió el sabor agridulce de una justicia que espera desde hace mucho.   

 

Monserrat tiene nueve años de haber huido de Honduras por amenazas. Ella es hija de Margarita Murillo, una campesina hondureña que luchó toda su vida por el acceso a la tierra, especialmente para las mujeres, hasta  que fue asesinada el 27 de agosto de 2014. 

 

Su muerte ejemplifica  el patrón de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. A casi 10 años de su asesinato, su caso sigue en impunidad. La fiscal que investigaba el caso, Marlene Banegas, fue asesinada en medio del proceso de investigación un 10 de octubre de 2014. Durante el juicio contra el expresidente Hernández, el testigo de la fiscalía «José Sánchez»,  -un alias para proteger la identidad de un contador de la empresa Graneros del Norte, propiedad de Fuad Jarufe- dijo que a la fiscal  Banegas la habían asesinado después de que él le entregara videos y grabaciones que probaban reuniones entre el expresidente Hernández y el narcotraficante Geovanny Fuentes

 

A Monserrat esa información no le tomó por sorpresa; era algo que tanto ella como su familia suponían, porque sabían que la fiscal Banegas estaba investigando el crimen organizado y narcotráfico, y el caso de su madre también se ha relacionado con las mismas estructuras criminales.  «Todo les salió perfecto porque matan a Banegas y el caso de mi mamá queda en la impunidad, desaparecen todo tipo de evidencia porque su expediente está vacío», dijo. Explicó que días antes de que la fiscal Banegas fuera asesinada,  la había llamado a ella para notificarle que harían capturas de tres personas involucradas, pero que no podía decirles quiénes eran por teléfono, porque era peligroso. Acordaron verse, pero la cita nunca se dio porque a Banegas la mataron.

 

«Cuando este señor, el Tigre Bonilla, llegó aquí extraditado, pues simplemente lo confirmamos y dijimos sí, tenemos razón, a ella la asesinaron porque ella estaba investigando también esta estructura del narcotráfico», explicó Monserrat. Juan Carlos «El Tigre» Bonilla fue director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013. Fue extraditado y se había  programado su juicio de forma conjunta con el del expresidente Hernández y el expolicía Mauricio Hernández. Sin embargo, días antes de que iniciara, tanto Pineda como Bonilla se declararon culpables de los cargos.

 

Por eso, cuando Monserrat conoció el veredicto de culpable para Juan Orlando Hernández, la embargaron muchas emociones. «Para nosotros como familia, y creo que para muchos hondureños que han perdido a su familia por estas mismas circunstancias del crimen organizado y el narcotráfico es una gran ganancia, una lucha que de cierta manera nos hace sentir felices por un poco de justicia que pueden tener nuestros mártires», explicó. 

 

«No es fácil uno estar en un juicio de estos sabiendo de que por vía de esas personas, tal vez no con su propia mano, pero sí porque estaban al mando, fueron los causantes de la muerte de tu mamá o de cualquier otro ser querido, como ha pasado con otros hondureños», dijo Monserrat. Ella cree que los asesinos intelectuales del asesinato de su madre continúan en Honduras.

 

Meses después del asesinato de la fiscal, Monserrat huyó junto a su hija hacia Estados Unidos. Al llegar a la frontera se entregó a las autoridades migratorias para solicitar asilo político. Aunque ahora vive en un edificio de apartamentos en Queens junto a sus dos hijos y su esposo, cuenta que el camino no fue fácil.  Su hija vive con síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. «Al momento de llegar a Estados Unidos, a las personas las dejaban hasta seis meses detenidas en “la hielera”. En mi caso, yo solo estuve una semana por la condición médica de mi niña», explicó Monserrat.

 

Una mañana desolada en las calles de Queens. Febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera
Monserrat muestra los medicamentos de su hija, con quien huyó de Honduras por temor a ser asesinada al igual que su madre. Febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

El refugio de Monserrat

 

Actualmente Monserrat se dedica a trabajos de cuidados y labores domésticas, y tiene una cuenta en Tik-Tok que le genera ganancias por promocionar productos. Mientras prepara avena caliente, cuenta que, después de haber huido de una persecución política violenta en Honduras, su vida en Estados Unidos no ha sido calmada. Monserrat ha sufrido amenazas provenientes del ahora embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Quesada, tras denunciarlo por intento de violación. 

 

Las denuncias de violencia basada en género por parte de  políticos o representantes del actual gobierno no han sido investigadas. «Tenemos amenazas aquí mismo en Estados Unidos, pero aquí es diferente, ellos saben que para que te toquen hay que pensarlo dos veces (…) Lastimosamente ahora estoy huyendo de dos gobiernos: ¡dos gobiernos!», dice, indignada.

 

En el juicio por narcotráfico a Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera, del cártel de los Cachiros,  dijo que sobornó a Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso Nacional, hermano del expresidente José Manuel Zelaya y padre del actual ministro de Defensa. 

 

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El hijo de Monserrat juega en su hogar en los Estados Unidos. Febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

Monserrat muestra orgullosa dos retratos de su madre que lleva consigo cada vez que participa en alguna manifestación que hace la comunidad de migrantes hondureños en Nueva York. Dice que así esperarán a todo hondureño extraditado que llegue a la corte estadounidense.  «Como hemos recibido a Juan Orlando, como recibimos a Tony, no importa si incluso es del mismo Partido Libre, nos verán ahí con pancartas grandes que dicen su nombre, con chachas (esposas) y con el uniforme de encarcelados, porque nosotros lo que queremos es que Honduras cambie», finalizó.

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

Después de seis años de haber sido presentada, el Congreso Nacional aprobó, al anochecer del 7 de marzo de 2024, la Ley de Casas Refugio, que ha sido una demanda constante de las organizaciones de mujeres de Honduras. Por la mañana, la Asociación Calidad de Vida, el Movimiento Visitación Padilla y la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza organizaron una movilización que terminó en los bajos del Congreso Nacional. 

 

Ana Cruz, directora de Calidad de Vida, expresó al ser entrevistada en esa ocasión que había un buen ambiente para la aprobación de la Ley de Casas Refugio. Sin embargo, recalcó que irían «a hacerles el recordatorio a los diputados, de que se cubra esta deuda histórica que tienen (…). No vamos a quitar el dedo de la llaga y vamos a estar pendientes de todo lo que diga la ley para que se cumpla», expresó.

 

Desde el 2018, la ahora ley fue dictaminada como anteproyecto por el Congreso Nacional, pero no hubo debate o voluntad política para la aprobación sino hasta el 2024, con la emergencia no declarada de muertes violentas de mujeres, 386 al cierre del 2023 y más de 40 en lo que va del 2024.

 

Algunas de estas muertes se siguen declarando como homicidios. De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 29 de febrero de 2024 se han registrado como homicidios las muertes de 34 mujeres a nivel nacional 

 

La ley busca que las diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional, como ha venido ocurriendo a pesar de que en agosto de 2020 el Gobierno aprobó un decreto de emergencia contra la violencia de género, en respuesta al incremento de casos observado durante la pandemia por COVID-19.

 

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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones se movilizaron desde la Plaza Cuba en el

bulevar Centroamérica hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir un alto a la impunidad y a la violencia contra niñas y mujeres en Honduras, justicia efectiva para las mujeres y que el Estado realice acciones para solventar los altos niveles de impunidad en los feminicidios.

 

Varios grupos feministas durante la movilización del 8M en Tegucigalpa. Marzo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Muchas defensoras coincidieron en que no solo se trata de la aprobación de la ley. Katia Cooper, representante de Mujeres Socialistas de Honduras, indicó que la Ley de Casas Refugio no debe quedarse solo en la aprobación «porque la violencia contra las mujeres es la manifestación más grosera del patriarcado».

 

Indira Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, compartió el entusiasmo por la aprobación de la ley, pero apuntó que desde su publicación en el diario oficial La Gaceta se debe «inmediatamente presionar a finanzas, si hay que dar presupuesto que ya empiecen inmediatamente a ejecutar los fondos».

 

María Elena Colindres, perteneciente a Mujeres Socialistas en Yoro, andaba en Tegucigalpa en trámites, pero se enteró de la movilización y se unió a su grupo. Sobre la aprobación de la ley opinó que «es todo un reto lo que viene, porque no solo es que estén en espacios seguros, sino que sean integrales, (…) que podamos abarcar a la mayor cantidad de mujeres posibles, porque la demanda a nivel nacional de mujeres padeciendo condiciones de violencia es bastante fuerte».

Esta es una investigación de Honduras Verifica que Contracorriente reproduce de manera íntegra. Para el desarrollo y publicación de esta investigación, Honduras Verifica recibió la colaboración del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), del Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Investigadores: Mario Cerna, Jose Sarmiento y Angelo Avila 

Editor: Mario Cerna

 

El Partido Libertad y Refundación (Libre) que está en el gobierno hondureño es una paradoja. Mientras era oposición cuestionaba las estrategias oscuras de comunicación de sus opositores y hoy parece replicarlas. En su momento, criticaron las prácticas deshonestas de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional, que siendo gobierno buscaron manipular la opinión pública en las plataformas digitales en Honduras. Hoy, una operación de influencia detectada por Honduras Verifica da cuenta de que el actual gobierno tiene prácticas muy similares.

Esta investigación revela que se ha creado un medio digital proxy, que varios ministros operan como soldados digitales en torno a este medio, que se impulsa de forma coordinada a una tropa de perfiles falsos en X, Facebook e Instagram, y que se ataca el espacio cívico digital potenciando campañas de ataque y desprestigio.

La operación de influencia tiene como núcleo el portal MiNotaHN.com, un sitio web impostor que ha plagiado la línea gráfica y el logo del sitio de noticias TuNota.com. Un medio de comunicación digital muy importante en el ecosistema hondureño.

«Tu Nota es un medio digital de referencia en Honduras y sospechamos que se quieren valer de nuestro posicionamiento para aprovecharse de nuestra marca y credibilidad y potenciar figuras políticas y del gobierno», dijo a Honduras Verifica, Raquel Romero, jefa de contenidos digitales de la Corporación Televicentro y editora en jefe del sitio web Tu Nota.

Romero detalló que el caso ya ha sido documentado por el equipo legal de la empresa. «Nos han copiado la paleta de colores, es decir nuestra imagen corporativa, nuestro logo y es un evidente caso de plagio y de suplantación de un medio de comunicación», lamentó.

Aunque el medio MiNotaHN.com se autodenomina un “medio parodia”, no es un portal inocente cualquiera  pues opera de forma coordinada con varias cuentas de redes sociales que buscan impulsar la figura de la presidenta Xiomara Castro y atacar a sus detractores.

El dominio https://minotahn.com/ fue registrado el 25 de mayo de 2023, es decir, tiene menos de un año de creación. De acuerdo con la herramienta who.is (que sirve para determinar propiedad de un sitio web), tanto el nombre del registrante del dominio como su contacto son privados. 

El único dato visible de la empresa registrante es la dirección de facturación que señala que está en la ciudad de Bearveton, Estado de Oregón, Estados Unidos.

Desde su creación, el sitio web ha tenido una evolución editorial muy marcada a favor del gobierno de Castro. Se ha valido de técnicas para camuflar contenido propagandístico e incluso desinformante, en medio de contenido noticioso.

 

MiNotaHN de parodia a Proxy

El equipo de investigación de Honduras Verifica monitoreó y documentó todas las publicaciones del sitio web desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2023.

En los primeros cinco meses, el portal se dedicó a publicar información parodia, sin ninguna abierta inclinación política ni ningún ataque contra actores claves. A partir de septiembre el perfil de parodia se transformó en el de un medio proxy.

Una investigación de Cazador de Fake News cataloga a un medio proxy como «un medio de comunicación que actúa como intermediario para difundir propaganda o desinformación a favor de una entidad, gobierno u organización».

El perfil de proxy de MiNotaHN fue evidente a partir de septiembre de 2023, cuando el sitio perfiló temas de interés político a favor de la presidenta Castro. Temas que en ese momento le generaron mucha oposición política y críticas en la opinión pública.

Entre esos temas destaca la Ley de Justicia Tributaria, que aún se intenta aprobar en el Congreso Nacional; las crisis generadas por las lluvias a finales de 2023, la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, entre otros.

La labor del medio proxy es intentar contrarrestar las críticas y cuestionamientos en los canales digitales, mediante la potenciación de contenido «positivo» que desarrolla la agencia, organización o gobierno para la que ofrece el servicio.

En el caso de MiNotaHN astutamente publicaban también contenido generalista, sin ningún elemento político partidario visible, lo que comúnmente se conoce como contenido «commoditie». Por ejemplo, compartieron datos sobre deportes y entretenimiento en paralelo a contenido propagandístico.

“La idea es confundir a las audiencias, hacer creer que son el otro medio al que han plagiado y suplantado su identidad”, explicó Thelma Mejía, periodista e investigadora del ecosistema desinformativo en Honduras.

Entre esos temas MiNotaHN destacó por ejemplo la publicación que distinguió en tono positivo la participación de la mandataria en la Cumbre Climática en Dubái, cuando más bien había recibido fuertes críticas por haber llevado una comitiva de 139 personas al evento.

De septiembre a diciembre MiNotaHN publicó 551 notas. Durante estos meses se evidencia cómo los niveles de producción noticiosa fueron creciendo a lo largo del tiempo.

Honduras Verifica desarrolló una metodología para evaluar el contenido publicado por este medio, definiendo cuatro categorías: contenido informativo (carácter noticioso generalista, es decir commoditie), contenido desinformativo (Bulos o noticias falsas), contenido potenciador (exagera un hecho, una cifra o una declaración a favor de alguien o en contra de alguien) y el disfrazado que mezcla contenido Informativo+contenido Potenciador a la vez.

 

Este último tipo, contenido informativo mezclado con contenido potenciador, fue el que divulgó MiNotaHN con mayor recurrencia en el rango de tiempo analizado. De 551 notas, 288 publicaciones entran en esa categoría.

 

El contenido informativo o commoditie, ocupó el segundo lugar con 201 piezas. Por debajo quedaron el contenido potenciador con 51 piezas y el contenido desinformativo con 11. 

La estrategia parece ser clara: tener una fórmula mixta de información noticiosa mezclada con información que potencia las acciones de la presidenta Castro y su gobierno, para confundir a las audiencias.

Xiomara Castro el perfil potenciado

Al evaluar todas las publicaciones de MiNotaHN se logró identificar que el contenido que favorece, es decir el contenido potenciador y el contenido mixto (informativo+potenciador), mencionó o iba dirigido a 79 actores políticos claves, entre personajes del gobierno, instituciones públicas y causas con ideología política afín al partido Libre.

 

De todos esos actores claves, la presidenta Xiomara Castro es quien ocupa el primer lugar con mayor cantidad de menciones. Castro aparece en 180 publicaciones del sitio web. De todo ese contenido, más de la mitad (130 notas) hacen referencia directa a ella y destacan su trabajo con un desempeño elogiable.

 

Las notas restantes hablan del gobierno o el Poder Ejecutivo en tono menos directo. Lo anterior significa que una de cada tres publicaciones de este medio proxy fueron a favor de la presidenta Castro.

Entre otros actores clave a quiénes se menciona en los contenidos favorables y propagandísticos destaca Rixi Moncada, exministra de Finanzas, que ocupó el segundo lugar con 14 publicaciones que impulsan su figura.

Le siguieron Allan Alvarenga, del Instituto Nacional de Migración; Enrique Reina, canciller de la República; el Ministerio Público (MP), la Alcaldía del Distrito Central y su alcalde, Jorge Aldana; Johel Zelaya, fiscal General del MP; Erick Tejada, ministro de la ENEE; entre otros.

Lo anterior es una prueba de que la política editorial de este medio Proxy, desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2023, fue la de potenciar en el espectro digital, la imagen de la presidenta Xiomara Castro y sus funcionarios aledaños.

Durante los dos años de su mandato, la presidenta ha evitado los medios tradicionales, es decir ha evadido al máximo las conferencias de prensa o las entrevistas en actos públicos. Las pocas veces que se le ha visto en apariciones públicas, fueron entrevistas casi controladas y con medios de comunicación estatales.  

German Reyes, periodista de la Agencia EFE en Honduras desde hace más de tres décadas, dijo en un foro con estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que desde 1982, nunca un presidente de Honduras había pasado un año sin sentarse con la prensa internacional. Castro es la excepción.

Todo indica que a través de estas acciones en espacio digital, se busca construir un discurso favorecedor al gobierno.

«Quieren hacer un balance, apostando mucho por esas noticias que ellos consideran logros sociales y equilibrar la opinión pública en el ecosistema digital», analizó la periodista Thelma Mejía quien interpretó la operación de influencia como una forma de contrarrestar el poco contacto actual del Ejecutivo con medios independientes. 

Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica de la administración de Castro, reconoció a Contracorriente que desde su secretaría había, hasta el 2023, un grupo de 30 personas monitoreando sitios web y redes sociales para identificar ataques y responder a los mismos.

Honduras Verifica solicitó, durante tres semanas continuas, una entrevista con el ministro Salgado para consultarle si desde la Secretaría de Planificación se administra a MiNotaHN o se tiene alguna relación con la operación de influencia. No hubo respuesta. 

Ante la imposibilidad de una entrevista presencial, se le remitieron una serie de preguntas vía WhatsApp (incluso a través de uno de sus más cercanos colaboradores), pero hasta el cierre de esta investigación tampoco hubo respuesta.

Esa Secretaría ha sido designada mediante Decreto Ejecutivo PCM 023-2022, como la encargada de la comunicación estratégica del Estado para impulsar el Proyecto Refundacional.

Mediante ese PCM se creó la Dirección General de Información y Prensa, que está adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica. Dentro de las líneas estratégicas de ese decreto destacan: el monitoreo de medios convencionales y alternativos y redes sociales, y para eso se podrá contratar mediciones, encuestas y estudios de opinión necesarios.

Asimismo se instruyó a esa Secretaría trabajar con Conatel para realizar un inventario de las televisoras, radioemisoras, periódicos impresos y digitales y el contenido en redes sociales.

Durante el 2023 el gobierno de Honduras ejecutó cerca de 359 millones de lempiras por concepto de publicidad y propaganda, de los que 162 millones fueron ejecutados por la Secretaría de Planificación, según documentó una fuente de la Secretaría de Finanzas a Honduras Verifica.  

Los ataques contra la oposición

El modus operandis de MiNotaHN también incluye, aunque en menor medida, el ataque contra los opositores al gobierno e incluso con ciertos miembros del propio Partido Libre, lo que de una u otra forma también evidencia la división interna política que sufre el partido de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2025.

Los mensajes de ataque digital fueron utilizando la siguiente fórmula de contenido: Potenciación e Información+Potenciación. La mayoría de mensajes con potenciación negativa fueron dirigidos a personajes de la oposición, de forma individual o refiriéndose en conjunto al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).

El BOC lo conforman diferentes líderes de diversas instituciones políticos y también de carácter independiente, incluyendo exfuncionarios de Castro como Pedro Barquero que fue ministro de Desarrollo. Este movimiento ha sido fuertemente cuestionado por el gobierno de Castro acusándolos de ser narcotraficantes o de ser financiados por el crimen organizado.

Además del ataque a opositores, el portal arremetió contra actores fuera del espectro político local. Tal fue el caso de los representantes de Estados Unidos a quienes acusó de «querer injerir» en las decisiones soberanas del país. 

La cooperación internacional ha sido víctima, desde hace varios meses, de vulneraciones y ataques de sus espacios cívicos. Los medios de comunicación también han sufrido amenazas. Un monitoreo de Honduras Verifica en septiembre de 2023 registró al menos cinco ataques directos de altos funcionarios del gobierno de Castro contra medios de comunicación.

Varios de estos ataques han sido liberados por asesores políticos cercanos a Castro y Mel Zelaya. Entre los actores más atacados destacan la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu; y  la Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford.

El siguiente interactivo muestra los actores claves más atacados desde el sitio Proxy MiNotaHN:

Tropas digitales en redes sociales

El alcance de esta estrategia por posicionar en el ecosistema digital los temas políticos de interés de la actual administración, también incluye una red coordinada de tropas digitales que operan en diferentes redes sociales en torno a los contenidos que difunde el medio proxy MiNotaHN.

El equipo de Honduras Verifica logró documentar, durante los meses que duró la investigación, la existencia de al menos 56 cuentas que interactúan con publicaciones de MiNotaHN. El análisis reveló que de estos 56 usuarios, 46 fueron creados en noviembre de 2023. 

Entre las conexiones que se pudieron detectar, resalta la del Secretario Privado de la Presidencia de Honduras, Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro, quien sigue al menos a 12 de estos usuarios.

 

En el siguiente diagrama de relaciones se muestra cómo desde el sitio proxy MiNotaHN se gesta la difusión de la propaganda por la red social X, antes Twitter, y cómo algunos de los 56 perfiles, validados de ser cuentas falsas, potencian el mensaje gubernamental. También se muestra a quiénes de esos perfiles en X sigue el hijo de la presidenta Castro.

Para Aldo Salgado, analista de desinformación y operaciones de influencia del medio Laboratorio Ciudadano de Honduras, “el ecosistema de desinformación en Honduras posee las mismas macrotendencias que el resto de la región en Latinoamérica”.

Según Salgado, estas tendencias se mueven de derecha a izquierda indistintamente, compartiendo objetivos, prácticas y una forma de acumular capital social común en toda Latinoamérica. 

Su análisis apuntó a la existencia de tropas digitales, compuestas por cuentas partidistas y cuentas títeres, donde la misma persona crea tres a cinco usuarios para amplificar una opinión.

Estas prácticas de potenciación de mensajes o astroturfing (producción de contenido inauténtico para contaminar el debate digital), como hacen las tropas digitales, son prácticas sancionadas por las plataformas de redes sociales.

El DisarmFoundation señala que «mediante la creación de usuarios y grupos falsos con una variedad de intereses y compromisos, los atacantes pueden asegurarse de que sus mensajes proceden de fuentes de confianza y parecen más ampliamente adoptados de lo que realmente son».

Honduras Verifica monitoreó una a una cada cuenta detectada e identificó algunos patrones comunes, por ejemplo, la utilización de fotos de otros usuarios robadas de internet y la réplica de información del usuario entre una red y otra.

Mediante una búsqueda inversa en Google Lens detectamos que una de las cuentas utiliza la imagen de una persona que fue reportada como perdida en Marbella, España; y su nombre de usuario (en los perfiles de redes sociales en Honduras) es Marbella1769574, es decir tomaron la foto de la mujer y le pusieron el nombre de la ciudad donde se reportó su desaparición. Esta cuenta fue creada en septiembre de 2023.

El nombre de la persona desaparecida es Agnese Klavina, según el reporte oficial de España. 

Otra de las búsquedas en Google Lens dio como resultado que las fotos del perfil fueron descargadas del banco de imágenes digitales de libre uso en internet.

Pero las interacciones para potenciar la propaganda de MiNotaHN no se limitan solo a X. Honduras Verifica documentó al menos 15 usuarios que siguen a ese medio proxy en las múltiples redes sociales de X, Facebook e Instagram.

Entre las características de estos usuarios está el hecho de que utilizan el mismo nombre, la misma foto y fueron creados el mismo mes en todas las plataformas. Tal fue el caso de la usuaria Jasmin Oliva, cuyas cuentas en las diferentes redes sociales de X, Facebook e Instagram fueron creadas en noviembre de 2023.

Otro caso de estudio y de monitoreo fue el del usuario con el nombre de Jorge Alexander Bonilla Reconco, que usa ese nombre en Facebook y tiene varias cuentas en X, creadas en noviembre de 2023, con diferentes combinaciones de su nombre.

Este caso demuestra cómo hay varias cuentas que apuntan a pertenecer a una misma persona. La pista delatora son los apellidos «Reconco» y «Bonilla», y las iniciales que se repiten de cuenta en cuenta.

Otro perfil de la red social de Facebook e Instagram, documentado y analizado en esta investigación periodística, tiene como nombre Valentina Valle, cuyo usuario @AlaskaValle99 fue creado en noviembre de 2023.

Este perfil tiene alta sospecha de ser falso porque su contenido fotográfico proviene de tableros de Pinterest y su mayor interacción es justamente con las cuentas del medio proxy analizado.

«Vemos nombres de personas anónimas que operan en su espectro, que se han identificado como trolls cuyos nombres o personas no existen, pero que los mismos funcionarios públicos dan retweet e interactúan con sus publicaciones», lamenta la periodista Thelma Mejía. 

En este caso, Honduras Verifica logró documentar al menos 12 cuentas confirmadas como falsas y parte de esta tropa digital que son seguidas por el Secretario Privado de la Presidenta de Honduras, Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro.

Las cuentas a las que sigue Héctor Manuel Zelaya son: @Azul00117, @GabrielDiaz23A, @GuevaraSanX, @AdrinFlore50878, @oscarcanal34030, @Martinez142156, @kanne11hrnz, @enri94quez, @CordovaBay3594, @Dianamejia13599, @di99942 y @karen_gonza7.

De ministros a soldados de tropa

A pesar de que MiNotaHN es un medio relativamente nuevo en el espectro informativo, goza de la fidelidad y del apoyo de al menos 11 ministros y funcionarios de alto rango de la administración de Xiomara Castro.

Entre ellos destacan: Enrique Reina, cancillería; Rodolfo Pastor, Presidencia; Ricardo Salgado, SPE; Marlon Ochoa, Sefin; Christian Duarte, SAR; Luis Soliz, IFC; Lucky Medina, Mi Ambiente; Gustavo Sánchez, Seguridad; Octavio Pineda, SIT; Fausto Calix, Aduanas; y Luther Castillo, Senacit. 

El Programa Internacional de Capacitación de Medios en Sociedades Democráticas (ITP) presentó en mayo de 2023 un reporte donde se consultó a periodistas su percepción sobre quiénes consideraban eran los actores que más difunden desinformación en Honduras y el estudio colocó a los partidos políticos, el gobierno y las redes sociales como los principales generadores de desinformación.

Las interacciones documentadas de los 11 ministros, se centran de manera particular en la red social de X, antes Twitter.

La metodología de investigación fue la de observación documental. Honduras Verifica elaboró un tablero de monitoreo donde se registraron cada una de las publicaciones de la cuenta de X de MiNotaHn desde el 01 de enero de 2024 hasta el 05 de febrero de 2024.

Los ministros dieron «likes» y republicaciones a la cuenta de X de MiNotaHN. Cuenta que pese a no tener muchos seguidores, cuenta con el check azul en Twitter (disponible para compra bajo las nuevas políticas de la plataforma). 

Muchas de las interacciones de los ministros se centraron en contenidos sobre las secretarías e instituciones que ellos dirigen. También tuvo reacción el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Rixi Moncada, del Partido Libre.

El monitoreo de Honduras Verificá también validó si los ministros y altos funcionarios habían sido taggeados en esas publicaciones, pero no fue así en el 98% de los casos. Lo anterior significa que republicaron o dieron «like» sin haber recibido ninguna alerta de mención en esa publicación.

En el siguiente nodo se muestran los tipos de interacción que tuvieron cada uno de los ministros y funcionarios de alto rango de la presidenta Xiomara Castro con la cuenta de X de MiNotaHN.

Honduras Verifica solicitó vía WhatsApp una entrevista al canciller, Enrique Reina, para consultarle sobre sus interacciones con el medio proxy, pero no se obtuvo respuesta. 

Lo mismo ocurrió con el ministro de Mi Ambiente, Lucky Medina. El director de la SAR, Christian Duarte, por su parte refirió que «no he reparado en cada cuenta con la que interactúo en redes, no hay una línea al respecto. X es un ecosistema muy diverso y amplio».

A falta de una respuesta oficial de los ministros, Honduras Verifica utilizó la herramienta https://twittercircle.com/ que permite analizar, mediante el algoritmo de X, las interacciones de los usuarios y evalúa sus niveles de interacción en tres círculos: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.  

En la siguiente pieza interactiva se presentan los resultados de la evaluación hecha en esta herramienta. Todos los gráficos fueron elaborados por Twitter Circle, es decir son el resultado gráfico del algoritmo de esta plataforma digital:

Secretarías en la línea de batalla

Todo indica que la estrategia para difundir la propaganda para potenciar el perfil de la presidenta y de su gestión, no se limita a la creación de tropas digitales, el apoyo irrestricto de los ministros y altos funcionarios, sino que también hay coordinación directa para que algunas Secretarías de Estado a través de sus perfiles de Facebook difundan los contenidos de MiNotaHN.

Utilizando la herramienta Crowdtangle de Facebook se identificó que al menos tres instituciones, dos de ellas Secretarías de Estado, compartieron información del portal de MiNotaHN.

La Secretaría que más había compartido contenido es la Secretaría de Salud con al menos 11 publicaciones, luego se registró una publicación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y una publicación del perfil del Hospital Escuela. 

Los otros perfiles que más difunden contenidos de este sitio web son los perfiles de Facebook del Partido Libre, del Frente de Resistencia Popular (FRP), y del Grupo de Facebook «Yo Reporto Pimienta».

A continuación se presentan algunas de las publicaciones hechas desde los perfiles oficiales de las instituciones públicas difundiendo la propaganda del gobierno de Xiomara Castro, donde en las descripciones de MiNotaHN destacan adjetivos calificativos como «giro radical» y «audaz misión» de recuperación de control de las instituciones.

Y el apoyo parece ser correspondido. En otro monitoreo de la red social de Instagram, se logró documentar que el perfil de MiNotaHN, tenía cerca de 224 seguidores, mientras que ellos sólo siguen a 76 perfiles. El 95% corresponden a instituciones públicas, altos funcionarios del gobierno, la misma presidenta Xiomara Castro y toda su familia, además del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y la de la precandidata presidencial Rixi Moncada.

La danza de dinero en Facebook

Durante el monitoreo de las redes sociales de MiNotaHN, también se consultó la Biblioteca de Anuncios de Facebook, que es una plataforma de transparencia habilitada por Meta para que los anuncios de tipo político sean consignados con responsabilidad en los autores.

Esta herramienta permite analizar si un perfil de Facebook o Instagram, ambos de Meta, están promocionando contenido con fines políticos. Se confirmó que MiNotaHN pagó, desde enero de 2024 hasta el 27 de febrero de este año, 22 anuncios con contenido político.

Los pagos por pauta publicitaria política en Meta han venido creciendo en Honduras a lo largo de los años, lo que evidencia una práctica común y abierta por los partidos políticos, especialmente los que están en el poder.

Desde la apertura de estos datos para Honduras, marzo de 2021 hasta febrero de 2024, Honduras Verifica ha monitoreado y documentado la evolución de las pautas publicitarias y los actores claves. En términos generales, por ejemplo, en Honduras se han pautado 29,725 anuncios de contenido político, desde 2021 hasta 2024, por un monto de 17 millones de lempiras.

Las cantidades de dinero anuales destinadas a esta pauta publicitaria política ha venido creciendo a lo largo de los años. Por ejemplo, la primera investigación de Honduras Verifica de monitoreo de la pauta en Meta en anuncios políticos, fue desde marzo de 2021 hasta octubre de 2021, y reveló que la inversión fue de 3.9 millones de lempiras, unos 157 mil dólares.

La segunda investigación, publicada en octubre de 2022, reveló que Honduras fue el país de Centroamérica donde más se pautó publicidad de contenido de índole político. Hasta ese entonces el pago por publicidad política fue de 13 millones de lempiras, unos 538 mil dólares. En ese entonces los grandes inversores eran los perfiles oficiales del Partido Nacional, el perfil del expresidente Juan Orlando Hernández y del entonces candidato presidencial nacionalista Nasry «Tito» Asfura.

En el caso de MiNotaHN se identificó que su perfil en Meta ha pautado, en lo que va del 2024, unos 22 anuncios, todos catalogados como contenido político por Meta. En total MiNotaHN ha pagado 13,163 lempiras, unos 534 dólares.

Llama la atención que algunos de los anuncios publicitarios de MiNotaHN han sido para promover la precandidatura presidencial de Rixi Moncada. Pero llama más la atención que Moncada también ha hecho mención de manera pública a MiNotaHN en algunas comparecencias públicas, como se muestra en el siguiente video:

El monstruo vive

La historia política en Honduras se ha encargado de identificar a los titiriteros de turno con nombre y apellido. En el gobierno de Hernández se contrató los servicios de empresas internacionales para instaurar el caos desinformativo, como el caso de Archimides Group que creó sitios falsos para difundir desinformación a favor del expresidente.

Además se crearon miles de perfiles falsos en X, antes Twitter, y en Facebook que luego las mismas plataformas se encargaron de cerrar.

Facebook cerró en 2019 cerca de 1,600 perfiles falsos en Honduras. Contracorriente, en su investigación Mercenarios Digitales publicada en 2023, también informó del cierre de cientos de cuentas falsas en diciembre de 2021 y mayo de 2023, que alentaban las obras del expresidente Hernández. 

Hoy, los que cuestionaban esas prácticas parecen impulsarlas. La estrategia de las 3P resuena en el espectro del ecosistema informativo digital: impulsar el Populismo, la Posverdad y la Polarización. El objetivo es claro: en medio del caos, reafirmar y proteger el poder. La historia se está repitiendo. El bucle parece ser infinito. El monstruo de mil cabezas ha vuelto a la vida.

Un jurado de doce ciudadanos de Nueva York declaró a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, culpable de tres cargos de narcotráfico en perjuicio de los Estados Unidos. Hernández lideró una conspiración que convirtió a Honduras en un narcoestado. El 26 de junio de 2024 el juez dictará la sentencia.

 

Por: Contracorriente

 

«Díganle al mundo: yo soy inocente. Las quiero mucho»; esas fueron las palabras que Juan Orlando Hernández dijo a sus cuñadas después de recibir el peso de tres cargos relacionados con el narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los abogados defensores del expresidente han dicho que apelarán a la Corte, y miembros del Partido Nacional en Honduras expresaron que Hernández no tuvo un juicio justo. En las afueras del edificio de la corte, un grupo de hondureños cantó el himno nacional de Honduras, en una especie de celebración por la condena del expresidente.  

 

«Les toca en Honduras limpiar a la narcopolítica, porque esto no se acaba aquí, todos los partidos políticos estuvieron involucrados con el narcotráfico, y le toca a la ciudadanía limpiar eso», dijo Lida Perdomo, rodeada de otras personas hondureñas que emigraron a Estados Unidos, huyendo de la precariedad y violencia en el país. Varias de las personas presentes aseguraron que este no es el fin de los juicios, y que la fiscalía del Distrito Sur irá por otros políticos mencionados como cómplices en el caso de JOH. 

 

Más de dos decenas de cómplices criminales, políticos, militares y policías fueron mencionados en el juicio, que inició el pasado 20 de febrero. Entre ellos se encuentra Ramón Matta Waldurraga, quien fue absuelto por la justicia hondureña en diciembre de 2023 por cargos de lavado de activos. Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, aseguró que Waldurraga participó en la reunión en la que se conspiró para matar al zar antidrogas, Julián Arístides González.

 

También fue mencionado en reiteradas ocasiones el expresidente Porfirio Lobo, por recibir dinero del narcotráfico para su campaña política a cambio de protección. Así mismo, se señaló al exdiputado nacionalista Reynaldo Ekónomo por recibir dinero del crimen organizado. También fueron mencionados por recibir coimas el expresidente y actual asesor Manuel Zelaya Rosales, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, y el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

 

En el caso de los empresarios hondureños, según uno de los testigos, que se identificó como «El Contador», Fuad Jarufe fue testigo en su oficina de los pagos de sobornos de Geovanny Fuentes al entonces presidente Hernández.

 

Además, entre los agentes de seguridad mencionados estuvo Julián Pacheco Tinoco, quien ocupó el cargo de ministro de Seguridad entre 2015 y 2021, y fue señalado de facilitar el tráfico de drogas en el territorio hondureño.  

 

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ha investigado a más de una decena de narcotraficantes, políticos y empresarios hondureños, publicó un comunicado hoy después del veredicto, en el cual el fiscal general Merrick B. Garland explicó que  «Hernández conspiró con algunos de los mayores narcotraficantes del mundo para trasladar toneladas de cocaína a través de Honduras hasta Estados Unidos. Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para convertir el país en un narcoestado en el que los violentos narcotraficantes pudieran operar prácticamente con impunidad, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se vieron obligados a sufrir las consecuencias. Como demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está desbaratando todo el ecosistema de las redes de narcotráfico que perjudican al pueblo estadounidense, sin importar lo lejos o lo alto que tengamos que llegar».

 

La titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, por su parte, expresó que «cuando el líder de Honduras y el líder del cártel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas mortales a las comunidades estadounidenses, ambos merecen rendir cuentas en los Estados Unidos. Este caso debe enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley o fuera de nuestro alcance».

 

«Yo recuerdo todas las gaseadas cuando protestábamos por el alto costo de la energía, la falta de maestros en las escuelas, la violencia en el país. Eso fue lo que nos dio como presidente», dijo una mujer migrante que hace dos años llegó a los Estados Unidos huyendo de la inestabilidad que había en su comunidad después de la crisis política de 2017, tras la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. 

 

Las personas que se apostaron afuera de la corte se declararon víctimas de Juan Orlando Hernández, no solamente por su conspiración para traficar drogas, sino también por sus medidas represivas y la reelección inconstitucional.

 

Los fiscales  aseguraron en su acusación que Hernández abogó públicamente por medidas antidrogas, mientras dentro de su círculo íntimo protegía y se beneficiaba de los narcotraficantes. Manipuló los procesos de extradición para favorecer a aquellos que le pagaban sobornos, lo que le permitió mantener el poder en Honduras. Además, señalaron que tanto Hernández como sus cómplices utilizaron a lasx instituciones hondureñas, incluida la policía y el ejército, para proteger y expandir sus operaciones de tráfico de drogas, recurriendo a la violencia y al asesinato para mantener el control sobre el comercio de cocaína.


«Hoy fue Juan Orlando Hernández, mañana puede ser cualquiera», vaticinó la exprimera dama Ana García en una conferencia de prensa tras el fallo condenatorio en contra de su esposo. Resaltó en su discurso «una injusticia en contra del único presidente que puso el pecho en la lucha contra el narcotráfico» y «la falta de pruebas» aportadas por la fiscalía: «Cualquiera que se tome una foto podrá ser condenado, en este juicio no hubo ni una llamada, ni un video, sólo los testimonios de hombres malvados y violentos, criminales apoyados por la fiscalía del Distrito Sur».

 

Ana García llevaba una chaqueta azul con el hashtag de costumbre #volverá, su voz era firme a pesar del «golpe duro que recibe nuestra familia», y dijo que no pudo comunicarse con JOH desde la condena. «Yo soy la boca de Juan Orlando Hernández para decir ante el mundo que es inocente. Les pido que sigan creyendo en él», agregó.  

 

En las calles de Honduras la gente estuvo pendiente del juicio, siguiendo las transmisiones de los medios de comunicación. «Hoy, algunos van a celebrar la condena de Juan Orlando Hernández, pero yo me siento triste por Honduras. Honduras no ganó nada. Es triste que la justicia se haya hecho allá y es terrible para la imagen del pueblo hondureño tener a un expresidente culpable de narcotráfico. No podremos viajar sin que nos miren como delincuentes», expresó Claudia, una funcionaria de aduanas, al escuchar el veredicto del jurado. Mientras tanto, Javier, un maestro residente en la Rivera Hernández de San Pedro Sula, dijo que no tiene ninguna esperanza de que el fallo cambie las cosas en Honduras, pero «no lo vamos a llorar», dijo, refiriéndose a JOH.

La primera mujer en tomar las riendas del Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia que se vienen frenos para los fondos hacia El Salvador y Nicaragua para dar más balance a la cartera y corregir rumbos de la administración anterior. En esta entrevista con la Redacción Regional, Sánchez también adelanta que están haciendo una investigación “10 años hacia atrás” de los proyectos que han reportado irregularidades, entre estos los señalados en El Banco de los Dictadores, una investigación transnacional coordinada por OCCRP y en la que participamos junto a otros 13 medios aliados.

Por Daniel Valencia Caravantes

A mediados de noviembre de 2023, la elección de la costarricense Gisela Sánchez como nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica caló con fuerza en la región. Por lo simbólico (es la primera mujer en dirigir la institución en 63 años), pero también por los contextos: para entonces no eran pocas las voces que exigían un freno a los financiamientos de la entidad al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, al apoyo a las políticas de Nayib Bukele en El Salvador o la revisión de proyectos controversiales impulsados en Honduras en los últimos diez años, uno de ellos, la construcción de una represa que culminó con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.

Semanas antes de su nombramiento, junto a una alianza de 13 medios coordinada por OCCRP, la Redacción Regional participó de El Banco de los Dictadores, una investigación a profundidad que reveló cómo el banco creado para llevar desarrollo a la región se convirtió en una caja chica para los regímenes de turno, potenció la corrupción y proyectos hidroeléctricos que generaron exclusión y violencia para poblaciones vulnerables.

Desde entonces y hasta ahora, la pregunta era cuál sería la postura de Sánchez en esta coyuntura, amén de que convivirá en una institución junto a un directorio y una junta de gobernadores entre lo que destacan con voz y voto los emisarios de los gobiernos de la región, incluidos aquellos que más beneficios recibieron de la administración anterior.

En enero pasado, la nueva presidenta aceptó una conversación informal con un grupo de periodistas que participaron de la investigación y en ese encuentro se comprometió a una entrevista para profundizar sobre su agenda de trabajo. Esta entrevista logró concretarse el 27 de febrero pasado a través de videollamada.

¿Su gestión seguirá la senda del expresidente Dante Mossi? La nueva presidenta lo descarta e incluso plantea que El Salvador y Nicaragua ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir, que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada. Uno apuesta que, enfatiza, es uno de sus compromisos.

Sánchez, que dice sentirse respaldada por los países extrarregionales y por potencias como Estados Unidos u organismos como Naciones Unidas o Transparencia Internacional, promete una gestión basada en la transparencia y el combate a la corrupción. Incluso, adelanta que ya ha ordenado una investigación de diez años atrás -y en algunos casos más atrás- para verificar qué se hizo mal. Entre esas revisiones, asegura, están todos los casos revelados por El Banco de los Dictadores, entre estos el posible desvío de créditos hacia la política del bitcóin de Bukele o la participación del banco en la millonaria trama de corrupción de Odebrecht en Guatemala.

Asegura que por ella hablarán sus actos y bajo su administración, confirma, fue separada de su cargo como asesora del director de país de Guatemala, Ana Marcela Giammattei, hija del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien tenía un salario de $ 5 mil dólares, según reveló Vox Populi. El BCIE la separó de su cargo luego que el Departamento de Estado decretara, el 17 de enero, que su padre es inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en “corrupción significativa”. La sanción también la declara inelegible para ingresar al país norteamericano.

“En los próximos meses, años, espero rendir cuentas de un BCIE más fuerte, renovado y en el que todos ustedes puedan confiar plenamente”, plantea.

Gisela Sánchez es ingeniera industrial y MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia. Fue juramentada en diciembre de 2023 como la décimo sexta presidenta del BCIE, la primera mujer en ocupar el cargo desde su fundación, en 1960

Usted es la primera mujer al frente del BCIE en toda su historia y desde ahí su nombramiento es inédito y parteaguas. Pero también es cierto que llega a una institución con serios cuestionamientos por su apoyo a regímenes y nuevas dictaduras en Centroamérica. ¿Cómo recibe este reto?

Sí creo que la elección es una señal clara y contundente que los 15 países miembros están dando. El BCIE ha estado acá por 63 años y estamos acá para construir los próximos 63 a partir de tres elementos: el primero, más importante y fundamental, es el compromiso con la transparencia, la integridad, cumplimiento y rendición de cuentas. El segundo es un tema de eficiencia. Ya aprobamos un plan anual y un presupuesto significativamente menor que el de 2023 (8 %) y, de hecho, doble dígito menor que el planeado para 2024 (un 18 %, casi 20 %). Y el tercero, y no menos importante, es cómo aseguramos el impacto en los países que servimos.  Me encuentro un banco con muchísimas fortalezas, pero también un banco que había crecido más de lo que su cartera hacía sentido. Tengo mucha humildad de reconocer, tiene oportunidades de mejora.

¿Qué opina de los cuestionamientos al banco?

Leí todos los informes que ustedes prepararon junto a OCCRP y claramente cuando uno se devuelve en el tiempo, hay oportunidades de diseño de proyecto y supervisión que pueden mejorarse. De hecho, a pocas semanas de arranque, aprobamos una nueva política anticorrupción, que para mí tiene un hito significativo; hicimos una alianza con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también busca fortalecer al banco y sus operaciones; mi visita a Estados Unidos, específicamente a instituciones del gobierno, hace un par de semanas, también va en la línea de rendición de cuentas.

Al BCIE lo llamamos el Banco de los Dictadores por apoyar a gobiernos con un fuerte desdén al fortalecimiento democrático por encima del resto de países. Hablamos de Nicaragua, El Salvador y Honduras en la era de Juan Orlando Hernández. ¿Usted está de acuerdo con los señalamientos hacia el banco?

Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, debo enfocarme en el presente y en el futuro. Y sí tengo una lectura muy crítica de las cosas que hemos estado haciendo hacia atrás, con el espíritu de poderlo mejorar y fortalecer. Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos. Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación.

Un poco para ilustrar este tema, en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25 % en El Salvador, seguido de Nicaragua (alrededor de un 22 %); un tercer lugar Honduras (con un 17 %); después Costa Rica (con un 10 %) y Guatemala (con un 5 %). Son los datos al cierre de 2023. Y luego, en los países no centroamericanos, tenemos a Argentina con un 5.8, Dominicana (5.6); Panamá (4.6); Colombia (2.4) y luego Belice con un 0.1 %. Mi objetivo es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar por ende los beneficios a los países que servimos. Es un poco menos atractivo tener una agenda de reforma como la que la que traemos, pero es lo correcto. Es parte de mi responsabilidad, inclusive como mujer, para abrir más puertas a más mujeres, poder demostrar que actuaremos con absoluta rigurosidad técnica, dejando atrás todos aquellos cuestionamientos que se pudieron dar en el pasado.

Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen una reunión con el presidente del BCIE, Dante Mossi, durante una visita a Managua ocurrida en marzo de 2022. Foto tomada de Presidencia de Nicaragua.

Entre paréntesis nos dice que se frena la inversión a El Salvador y Nicaragua para diversificar la cartera en el resto de los países. 

Sin duda alguna. De hecho, tenemos una política de dos límites: un límite suave y un límite duro que no deben traspasarse. Tenemos un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera. Queremos seguir sirviendo a todos los países, pero queremos tener la responsabilidad de servirlos de una forma más balanceada de lo que se venía haciendo.

¿No le han hecho una revuelta en el directorio por esta medida?

(Se ríe). Yo he sido muy transparente, inclusive desde el proceso de reclutamiento, de cuál era mi visión para el BCIE y creo que el haber sido elegida es un voto de confianza en el sentido que se tienen que hacer reformas. Y sin temor a afrontarlas.  Los países son conscientes de que queremos un banco fortalecido y lo que corresponde es ser rigurosos en las decisiones que tomamos. Y cómo puede ver en las últimas semanas, ya hemos tomado acciones muy claras para la gobernanza y para la salud financiera del banco. Espero que las continuemos.

En su planteamiento, me imagino a una Costa Rica, países extrarregionales, bregando por este ideal de banco. Pero me cuesta verlo, a la luz de los hechos y todo lo actuado hasta ahora, el apoyo de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Usted dio en el clavo cuando mencionó a nuestros socios extrarregionales. Una sorpresa positiva que me he llevado es el interés genuino que tienen -y tenemos un gran apoyo- en los países extrarregionales (Taiwán, Corea, España, México, Colombia) para que nos aseguremos de fortalecer la gobernanza y que el banco tome decisiones con criterio técnico.  El BCIE no es el mismo que hace 15 años o hace 60 años. Tiene 15 miembros de los cuales el principal socio es Taiwán, seguido por los cinco centroamericanos y luego Corea, España, Panamá, República Dominicana… He encontrado esa tierra fértil en el directorio, y especialmente le diría en los países extrarregionales, para que llevemos al banco al nivel que le corresponde.

¿Los países extrarregionales son un escudo para que no tengan la última palabra los países fundadores?

El BCIE fue la construcción de un banco pensando en la pequeña Centroamérica, pero ahora estamos frente a un banco con muchísimo más potencial. Creo que no se hubieran imaginado los fundadores, aunque tuvieron mucha visión, que el banco pudiera estar en este momento con 15 miembros de todas partes del mundo; con una calificación Doble A, superior a todos los países que servimos en la región, y que está listo para la siguiente etapa. Ya no lo vemos solamente en esa pequeña visión de creación original, en esta planificación estratégica -que luego que esté lista nos encantaría poderla compartir-, de un BCIE 2.0. Y en esa visión tiene que privar la transparencia, rigurosidad técnica y eficiencia. Es la única manera.

Es decir que en el momento en que la región atraviesa unos momentos muy convulsos políticamente, el papel del BCIE será:

Levantarse, no a ver el corto plazo, sino el largo plazo. No somos una institución política, somos una institución financiera, un brazo para ofrecer el capital que la región necesita para poder desarrollarse económica, social y ambientalmente. Los tres elementos son importantes y creo que ahí es donde tenemos que ubicarnos: ser el catalizador del desarrollo sostenible de Centroamérica, más allá de las coyunturas políticas. He tenido conversaciones, y eso incluye a todos los directores del banco, en el sentido de que nos tenemos que elevar y poder construir ese BCIE del futuro muchísimo más allá de los ciclos políticos o de las coyunturas. El BCIE ha representado en los últimos 18 años casi el 50 % de los fondos de desarrollo para la región y la única forma de que sigamos jugando es papel protagónico, y que inclusive lo hagamos mejor, es que corrijamos cosas que no se estaban haciendo de la mejor forma, tengamos lecciones aprendidas e implementemos reformas para tener un banco más sólido.

¿Y qué respuestas ha obtenido de las representaciones de El Salvador y Nicaragua, que han sido las principales beneficiarias del mecanismo anterior?

He recibido muchísima receptividad. En el caso de Nicaragua, muchísima apertura para que podamos blindar y asegurarnos del mejor uso de los recursos. Ellos también entienden cuáles son sus límites. En el caso de El Salvador, lo mismo. Tenemos una claridad de cuáles son los límites actualmente, dónde están ubicados, y de que la única forma de abrir más espacio para financiar a estos países, que están en el tope de los límites, es que podamos hacer crecer al banco. Es la única forma. Si no, estaríamos deteriorando o concentrando más la cartera y ellos quieren también un banco a largo plazo.

Para que nos quede claro, ¿El Salvador y Nicaragua ya llegaron a ese límite?

En este momento están arriba de ese límite.

Al menos 200 millones de dólares de un crédito con el BCIE habrían sido desviados hacia la política de la criptomoneda impulsada por el gobierno Bukele, en contra de las reglas del propio banco, reveló una de las investigaciones periodísticas. *Imagen tomada de la cuenta oficial de Nayib Bukele en X.

Quisiera entender mejor su postura con un ejemplo: en 2009, tras el golpe de Estado a Mel Zelaya, los presidentes de Centroamérica, a través del SICA, ordenaron al BCIE que frenara los créditos al gobierno golpista de Roberto Micheletti, porque el BCIE no podía financiar a gobiernos que vulneren la democracia en la región. Ya no hemos visto una gesta igual, pero sí a la inversa en la administración anterior: apoyó a regímenes que vulneran el Estado de derecho y la democracia.  ¿Cuál debe ser el papel del BCIE frente a los países que trasgreden valores democráticos que el mismo banco defiende? ¿Actuar en consecuencia, quedarse a un costado?

Tenemos que mantenernos con la mayor objetividad y rigurosidad técnica posible y asegurar el buen uso de los recursos que van a cualquier país. De hecho, ahora estamos iniciando análisis de proyectos y una de las acciones que podemos tomar es que un tercero acompañe al BCIE para asegurar el buen uso de esos fondos. En el caso de Nicaragua, vamos de la mano con la UNOPS para asegurar que nos ayude a hacer la validación del uso de los fondos. Otro ejemplo es Estados Unidos, en nuestro viaje de hace unas semanas, una de las visitas que hicimos fue a la OFAC. Ellos nos hacen solicitudes muy específicas en la relación que tenemos y nosotros cumplimos a cabalidad. Les compartimos nuestros planes hacia adelante. De hecho, que una de las decisiones que tomamos en diciembre, casi después de mi llegada, es que íbamos a hacer una investigación 10 años atrás con una organización externa que está, específicamente, analizando aquellos casos, préstamos, operaciones, que pudieron tener inquietudes -y que fueron señaladas en sus investigaciones- para que podamos devolvernos en el tiempo y entender cada una de ellas. Cuál fue el papel del BCIE, qué aprendemos y cómo haremos cambios para fortalecernos. Creo que es un acto de absoluto compromiso esa investigación que se está devolviendo 10 años atrás para hacer mejoras significativas.

¿El objetivo de esta investigación es deducir responsabilidades?

Me encanaría si Rennie (Valladares Alcerro, jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento) nos cuenta, porque tendremos varias etapas en la investigación que ya empezamos.

Valladares Alcerro: Gracias. Tenemos delineada una hoja de ruta que apunta a varios hitos que la presidenta ha mencionado, como un acercamiento con Transparencia Internacional, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas… Pero hay un punto importante en las peticiones de Transparencia Internacional, y este era realizar una revisión de diez años atrás sobre los proyectos. Hemos conjugado esta petición con los hallazgos de las investigaciones publicadas por ustedes. También sobre las operaciones de políticas sobre el desarrollo, para poder hacer una revisión sobre los controles aplicados a estas operaciones. E, inclusive, incluir algunas operaciones particulares en las que hemos identificado que los diez años se quedan cortos. Parte de esta revisión lo que hará es generar un análisis completo sobre los controles y las decisiones que se tomaron sobre la base de esas operaciones para traer, a 2024, cuáles son las brechas dentro del marco normativo y poder tomar determinaciones. Esperamos cerrar en noviembre y claramente estaremos publicando, de una forma transparente, hacia dónde apuntará esta nueva hoja de ruta.

En nuestra investigación mencionamos el caso de Odebrecht y la participación del BCIE en esta trama de corrupción. ¿Este caso está en investigación?

Sánchez: Todos los casos que fueron señalados en sus investigaciones están formando parte.

¿El posible desvío de fondos en El Salvador hacia la política del Bitcóin de Bukele está en esta lista?

Todos los proyectos que han sido investigados forman parte. Nuestro mayor interés era considerar todas aquellas iniciativas que fueron mencionadas para poder investigarlas en detalle, conocer de todas las decisiones que se tomaron y poder implementar nuevas políticas, nuevas formas de trabajar el ciclo de proyectos y asegurar que no puedan ocurrir desviaciones.

¿Los controversiales créditos para el Plan Control Territorial del gobierno Bukele están en etapa de investigación o de reformulación?

Creo que esos proyectos ya no están, pero tal vez Rennie pueda apoyarnos.

Valladares Alcerro: Se han reformulado y se están reformulando. 

En Guatemala, el BCIE habría participado en la trama de corrupción de Odebrecht, según reveló el exministro Alejandro Sinibaldi en un testimonio al que tuvieron acceso No-Ficción, Redacción Regional y OCCRP. Imagen de No-Ficción.

En Honduras revelamos desvíos de fondos hacia campañas políticas al cierre del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero también nos preguntamos ahora por proyectos adjudicados a políticos con señalamientos de corrupción, o que incluso han sido señalados en casos de narcotráfico, como es el caso de Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, que ahora mismo desarrolla un proyecto financiado por el banco. ¿Estos casos están o estarían bajo la lupa?

Todos aquellos proyectos, se hayan o no señalado, pero que son representativos y nos permiten hacer revisiones están siendo incluidos. Ante su pregunta, tendríamos que revisitar específicamente los proyectos, pero lo más importante es nuestro compromiso con ustedes y, en general con los medios, de que una vez finalicemos esta investigación vamos a rendir cuentas sobre los hallazgos.

Además de los casos, nuestras investigaciones daban luces sobre prácticas y mecanismos en los que se aprobaban proyectos con el fin de potenciar el desarrollo, pero que en realidad estaban ajenos a esa meta y que excluían a comunidades o que incluso potenciaron actos de violencia. Tenemos el caso de Berta Cáceres, el de Barro Blanco en Panamá.  ¿La práctica de financiar proyectos para grupos de poder, anómalos, excluyentes y que terminaron en cascarones estarán fuera de este nuevo BCIE que usted propone?  

Definitivamente que sí. Estamos haciendo cambios, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con políticas de impacto ambientales y sociales, para asegurarnos que en adelante todos nuestros proyectos puedan demostrar ese impacto positivo y no tengamos ningún riesgo relacionado con comunidades o con el ambiente. De hecho, estamos en proceso de reclutamiento de la cabeza de la oficina de monitoreo social y ambiental, que esperamos sea una persona de primer nivel. Mi ambición es que pudiéramos convertirnos en un referente de cómo generar valor positivo para las comunidades y para el ambiente.

Detrás de muchos de estos proyectos estuvieron los grupos de poder ligados a los gobiernos de turno. ¿Cuáles son las herramientas o escudos para esta administración ante lo que pareciera ser un golpe sobre la mesa para frenar las prácticas de estos grupos de poder?

Rigurosidad técnica. Es la mejor herramienta en nuestro haber. Hay ciertas políticas y ciertos controles que nos permiten navegar de una forma más apropiada.

El BCIE también ha funcionado como una cuna de nepotismo a lo largo de las últimas décadas. Hermanos, parientes de funcionarios de presidentes de los países fundadores han encontrado plazas en el directorio o en la entidad. El último caso conocido es el de la hija del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. ¿Es cierto que ella ha salido de la entidad, en el inicio de esta administración?

Es verdad que la señorita Giammattei ya no labora más en el banco. Recibimos información de decisiones que se tomaron en el gobierno de Estados Unidos y nosotros tenemos que actuar en consistencia a esto, pero tal vez Rennie le pueda ampliar más detalles del caso.

Valladares Alcerro: Es un caso que responde a un lineamiento que el banco adoptó por unanimidad del directorio: una nueva política de lavado de activos que incluye un apartado de sanciones internacionales. Esa política lo que llama es a aislar los riesgos de las personas que han sido sancionadas o mencionadas por organismos sancionadores. Automáticamente, al ser una persona incluida en una lista de la Unión Europea o de Estados Unidos, el procedimiento establece cuál es la ruta de acción a seguir.

Al inicio mencionó sus visitas a Estados Unidos, asumo que el apoyo de este país es clave para usted.

Sin duda alguna. De hecho, hay un post que podemos compartirle que fue para nosotros una sorpresa positiva. Brian Nichols, representante para el hemisferio del departamento de Estado, el 7 de febrero, saliendo nosotros de una reunión con ellos, puso: “los Estados Unidos valoran el rol constructivo del Banco en promover o en construir creación de trabajos y desarrollo en Centroamérica mejorando la calidad de vida y atacando las causas raíz de la migración, que es una prioridad para Estados Unidos”.  Nos dijeron que están claros del rol estratégico que tiene que jugar el banco y que están ahí para apoyarnos. Para mí fue también una gran señal del inicio de esta nueva etapa. Como usted decía, hay un parteaguas, hay un antes y un después y nosotros estamos construyendo una nueva historia para los próximos años.

¿Ve a Estados Unidos ingresando como miembro?

No lo veo ingresando como miembro, porque ellos tienen ya sus compromisos y sus posiciones tanto en el BID como en el Banco Mundial, por supuesto en el Fondo Monetario Internacional… Pero sí lo veo como un aliado estratégico, un jugador muy relevante en el acceso que tenemos a los mercados financieros. Y reconocemos ese papel que tiene.

¿Es cierto que ya hay dos propuestas en el banco para que se incorpore a otros países: una para China y otra para Japón

(Se ríe). Hay mucho interés, le voy a hacer honesta, de algunos países. Nos sentimos agradecidos y confortables de tener países que estén interesados.  Lo que sí le puedo decir es que, si pensamos en una futura capitalización, espero que sea con países que tienen tres elementos fundamentales: que van a contribuir a la calificación del riesgo del banco, volviendo a la rigurosidad técnica. Número dos, que son países cuya gobernanza agregará valor al banco, y que haya lineamientos entre el país que será miembro y la visión estratégica del banco a largo plazo.

La nueva presidenta del BCIE señala que otro de sus compromisos es evitar proyectos que impactan de manera negativa en comunidades y el medioambiente. En la imagen, un homenaje a la ambientalista Berta Cáceres, líder indígena asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, financiada por el BCIE. Imagen de Contracorriente.

¿Hasta dónde llega el compromiso con la transparencia? ¿Los centroamericanos podrán pedir al BCIE cómo ha votado el directorio en los últimos seis años, por ejemplo? ¿O conocer al detalle procesos de aprobación y desarrollo de proyectos, contrataciones…?

Definitivamente sí. Aquí estamos para rendir cuentas. Hay un compromiso explícito y qué mejor prueba decirles a los medios que responderemos en un plazo de 24 horas. Obviamente, si nos piden expedientes, nos tardaremos el tiempo que requiera. 

En Centroamérica tenemos ahora mismo dos presidentes cuestionables por sus ascensos y permanencias ilegítimas en el poder: Ortega y Bukele.  Y ambos tienen voz y voto en el BCIE. ¿Cuál es su promesa para asegurarnos que ya no es el banco de los dictadores?

El mejor indicador que vamos a tener es nuestra cartera. Al final, somos los proyectos que financiamos. Cuando no era parte del BCIE, leí con mucho interés todos los reportes que ustedes emitieron. Ahora que tengo la responsabilidad primaria de poder liderar el banco, mi compromiso todavía es mayor con fortalecerlo. Tenemos que construir un BCIE más sólido. El nombre que le dieron a sus reportajes genera por supuesto mucho dolor en mí, en el sentido que queremos ser el gran catalizador de Centroamérica, el banco que promueve el desarrollo, y que quiere ser recordado como esa punta de lanza, ese aliado estratégico de Centroamérica para el desarrollo. Espero que los próximos reportes puedan demostrar que el banco está fortalecido e hizo cambios importantes. En los próximos meses, años, espero rendir cuentas de un BCIE más fuerte, renovado y en el que todos ustedes puedan confiar plenamente.

Durante la gestión de Mossi mirábamos estas cosas: a Bukele jactándose de tener a la mano, a un llamado en Twitter, carpetas para proyectos y mensajes de compromiso del presidente del BCIE. Y, por el otro lado, reuniones oficiales de Mossi anunciando apoyos a Ortega. ¿Eso ya no lo veremos en su gestión?

Mi compromiso es con la rigurosidad técnica. Creo que, como dicen, por sus actos los conoceréis. Y hemos sido muy claros que los límites de exposición los tenemos que respetar. Los países pueden contar conmigo incondicionalmente para servirles con la rigurosidad técnica que se requiere. Ese es mi compromiso con todos ellos, y hasta el día que esté aquí así será.  Tengo un mandato por cinco años, pero tengo que irme muy satisfecha de haber tomado las decisiones correctas para fortalecer al banco, independientemente de si en el corto plazo no soy la más atractiva para un país en particular. Mi responsabilidad es con los 15 países miembros y con la sostenibilidad del banco a largo plazo.

 

 

*La versión original de este artículo fue publicada por Redacción Regional, de la que este medio forma parte.

Tres generales del ejército hondureño fueron presentados como testigos por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los únicos que hablaron en favor de Hernández son sus hombres fieles: el general de brigada Tulio Armando Romero Palacios, actual asesor del Estado Mayor Conjunto; el general en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado; y Willy Joel Oseguera Rodas, actual asesor del Estado Mayor Presidencial. Los dos primeros fueron compañeros de Hernández en el Liceo Militar, y el último su mano derecha en las Fuerzas Especiales de Honduras. Pero estos generales tienen más vínculos que explican su rápido ascenso en las Fuerzas Armadas, su poder y lealtad militar hacia el expresidente. 

Texto: Jennifer Ávila, Fernando Silva y Vienna Herrera

Con reportes de Célia Pousset

Portada: Persy Cabrera 

El general levantó la mano con ímpetu, como si fuera a saludar a un superior. Firme, con rostro parco, con los labios curvados hacia abajo, como molesto, alzó la mano derecha para jurar que diría la verdad. Es la tercera semana del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernandez, y el general Tulio Romero Palacios es presentado por la defensa de Hernández como testigo en su favor. 

 

Romero Palacios recuerda que conoció a Juan Orlando Hernández a los 13 años de edad, cuando eran compañeros de clase en el Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. En esa época se hicieron amigos, y también conoció a Tony Hernández, hermano de Juan Orlando, ahora preso en Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico. El relato de Romero Palacios se entreteje entre sus recuerdos de infancia en el Liceo Militar y el alarde de sus medallas, licenciaturas y maestría. Frente al jurado conformado por ciudadanos de Estados Unidos, Romero Palacios es un condecorado militar; para el público presente, es una parte más de ese engranaje que le dio tanto poder a Hernández en Honduras. 

 

Los caminos de Romero Palacios y Hernández se separaron por unos años. Mientras el primero siguió su carrera militar, el segundo decidió estudiar en la universidad y entrar en la carrera política. Pero la vida los juntó nuevamente en 2010, cuando Juan Orlando Hernández se convirtió en el presidente del Congreso Nacional y Romero Palacios en su edecán personal. De ahí, Romero Palacios tuvo una carrera soñada para cualquier militar: en el transcurso de 12 años ascendió aceleradamente, acompañando a Hernández como presidente del Congreso Nacional (CN), y luego como presidente de la República en dos periodos consecutivos. 

 

Primero fue asignado como subjefe de Seguridad Especial del CN, luego pasó a ser jefe de la misma dependencia, después a ser jefe de Inteligencia de la Casa Presidencial, y finalmente terminó siendo jefe de la Guardia de Honor Presidencial en 2015, al mismo tiempo que ascendió a teniente coronel de infantería. En su fiesta de celebración por el ascenso, hasta la madre de Hernández estuvo, y en la nota de sociedad mencionan que Hernández era su «amigo de toda la vida». En apenas seis años, subió dos escalas más dentro del ejército, y pasó a ser general de brigada. 

 

Romero Palacios dijo que nunca se le despegaba a Hernández; lo acompañó alguna vez a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Washington, y también en un helicóptero a las oficinas de Graneros Nacionales, del empresario Fuad Jarufe. Estos encuentros fueron mencionados anteriormente por testigos de la fiscalía para relatar como Hernández había recibido ahí dinero del narcotráfico para su campaña política, que ahí se había reunido con Geovanny Fuentes, un narco también sentenciado en Estados Unidos, y fue el lugar de reunión donde Hernández habría dicho la famosa frase que se le adjudica: «vamos a meterles la droga en las narices a los gringos».  

 

Romero Palacios testificó que si alguien más, como Geovanny Fuentes o el contador de Jarufe hubieran estado en esa reunión, él se habría dado cuenta porque él se quedaba en la puerta de la oficina cada vez que Hernández entraba. Romero Palacios dice que vio cómo, a lo largo de los años que acompañó a Hernández, miles de personas querían tomarse foto con el presidente, y que nunca tuvo reuniones privadas con narcotraficantes, ni con Geovanny, ni con Fabio, ni con los Cachiros. 

 

Pero, aparte de una educación militar, algunos negocios unían al exjefe de la guardia de honor con el exmandatario. Romero Palacios es presidente de Transportes y Servicios Centro Americanos,  una empresa fundada en diciembre de 2016 que tiene como vicepresidente a Amílcar Hernández Hernández. Esa empresa tiene otros socios: Fernando José Ruiz Torres, actualmente gerente de Finanzas de la alcaldía de San Pedro Sula a cargo de Roberto Contreras, y Akbar Reyes Lagos, el exjefe de seguridad de la empresa minera Los Pinares, involucrada en múltiples abusos a los derechos humanos en contra de comunidades que se oponen a la explotación minera.

 

Romero Palacios también tiene dos empresas que comparte con exministros del gobierno de Hernández: una es Agroindustrias Firma, en la cual uno de los socios es Luis Fernando Mata Echeverrí, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Hernández. La otra es Inversiones Flora, en la que también figuran como socios Willy Joel Oseguera Rodas, otro de los testigos presentados por la defensa de JOH, y Arnaldo Castillo Figueroa, exsecretario de Desarrollo Económico de Hernández, quien también era parte del Comité para la Adopción de Mejoras Prácticas (CAMP) de las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zedes). 

 

Ambos exministros acompañaban a Hernández en todo tipo de proyectos, y en 2019 se les vio reunidos junto a la exprimera dama Ana García, con Mario Bramnick, un pastor cubano-estadounidense fundador de la Coalición Latina por Israel (LCI), una organización evangélica sionista que incide para que políticos religiosos en América Latina reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel.

 

Arnaldo Castillo, además, fue socio de la empresa Ever Green, de la que Geovanny Fuentes también era socio, la empresa se constituyó en 1996 y en el año 2000 fue embargada a los socios, aunque el registro mercantil no especifica por quiénes de los socios se dio el embargo ni por qué. 

 

Romero Palacios también estuvo involucrado en la compra de un lote de terreno en la aldea El Aguacate de El Progreso, Yoro, que hasta 2007 perteneció a Miguel Humberto Rodriguez Carrión, quien fue asesinado el 26 de febrero de 2021 en San Pedro Sula, en una masacre en la que, según medios de comunicación, personas con indumentaria policial asesinaron a seis personas más. Carrión había aparecido en un informe de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) publicado el 22 de enero de 2013, donde se menciona como líder de la banda criminal Los Olanchanos. Además, estuvo en prisión por 16 meses entre 2017 y 2018, acusado por extorsión, asociación ilícita y atentado contra la seguridad interior del Estado.

 

Durante el interrogatorio, el general Romero Palacios se mostraba seguro frente a Juan Orlando, el hombre que protegió y continúa protegiendo, pero comenzó a desarmarse cuando la fiscalía le preguntó sobre la relación de este con Tony Hernández. 

 

Primero, dijo que no eran cercanos porque Tony era bastante menor, pero que «a veces lo llamaba para aconsejarlo». La fiscalía le mostró al jurado una prueba incluida en el proceso, que contiene los chats que descargaron del teléfono de Tony al momento de su arresto. Un par de conversaciones eran entre el general Romero Palacios y Tony. En uno de ellos hay una fotografía de una pistola con un mensaje que parecía entre amigos: «Por los cambios… jajajaja», le decía Romero Palacios a Tony, quien le mostraba un arma que estaba pretendiendo adquirir. En otro mensaje, Tony le preguntaba preocupado si podía viajar a los Estados Unidos, dados los rumores que corrían sobre él, a lo que el general respondió diciendo que le preguntaría a Aldana. 

 

Aldana es el general Carlos Roberto Aldana Zelaya, quien era entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia y secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Romero Palacios le consultó si Tony podía viajar a los Estados Unidos, y luego le respondió a Tony que sí podía hacerlo sin problemas. Aldana también fue compañero de  Romero y Juan Orlando Hernández en el Liceo Militar del Norte. 

 

Esta fue otra conversación extraída del celular de Tony, entre este y el general Romero Palacios (la transcripción es textual, incluyendo los errores ortográficos): 

 

–Cuentas congeladas de Wilkin Santiago Montalvan. 

 

–Líder, gracias a dios no tengo nada que ver

 

–Es para que veas que no es mentiras lo que te digo de las personas

 

–Estamos de acuerdo

 

–Ahora ni a las reuniones de los diputados voy. 

 

Aun con esta evidencia, el general sostuvo que la relación con Tony no fue tan íntima. 

 

Al final, bajó del estrado con menos ímpetu, siempre con cara molesta, pero menos rígida. En los días posteriores se sentaría en la última silla de la sala de audiencias, cuidando a Hernández con la mirada. 

 

Las piezas clave de JOH

 

Continuó el desfile de los generales por la sala 26B, el penthouse de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El segundo en pasar fue Javier René Barrientos Alvarado, general de brigada en condición de retiro que en diciembre de 2023 cumplió 35 años de servicio en la Fuerza Aérea. 

 

El general Barrientos fue compañero del expresidente en el Liceo Militar del Norte en 1983, con apenas 14 años. Barrientos se graduó de piloto de combate y volaba aviones F-5. Se formó también en el ejército estadounidense a través de un programa de la US Army University, el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Según la institución, en 2004 asistió al Curso de Comandante de Escuadrón en la Academia de la Fuerza Aérea Interamericana.

 

El general solamente fue interrogado con respecto a si Honduras contaba con un sistema de radares antes de 2015, a lo cual respondió que el radar ya había dado su vida útil y que, aun cuando Honduras cuenta con radares para aviones civiles, los radares militares son necesarios porque «identifican cualquier pieza metálica que vuele». En 2010, Barrientos fue asignado como jefe de seguridad en el Congreso Nacional; como subjefe estaba Romero Palacios, y como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández; casi era una reunión estudiantil del recuerdo. 

 

En 2016, Barrientos obtuvo la segunda posición más alta en la Fuerza Aérea, General de Brigada, y en 2019 fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea. 

 

Contracorriente encontró que entre las operaciones de compra de propiedades hechas por el general se encuentran la compra de un lote de terreno en Villanueva, Cortés, a José Darío Gámez Panchamé, exgerente de la Empresa Nacional Portuaria entre 2012 y 2014, exdiputado y subcoordinador regional de campaña de Porfirio Lobo para las elecciones de 2009. Además, Barrientos le compró una propiedad en Yoro a Kenton Gerardo Landa Uclés, dueño de Velomato, una empresa que se dedica a la explotación de madera en territorio indígena tolupán.

 

El interrogatorio de este testigo terminó rápido; la defensa quería llegar a la conclusión de que Juan Orlando Hernández fue quien consiguió radares para Honduras en 2015, y que décadas atrás el país básicamente estaba ciego ante las avionetas que caían con la droga proveniente de Sudamérica. Pero nada de esto dijo Barrientos, quien apenas estuvo unos 20 minutos en el estrado. Hernández lo diría más tarde en su propio testimonio. 

 

Por último subió el general Willy Joel Oseguera, quien actualmente es asesor del Estado Mayor presidencial. Él no fue compañero liceísta de los demás, pero tiene vínculos familiares con ellos. Su esposa Gladys Arita Castañeda es hermana de Meyvys Arita Castañeda, la esposa del general que testificó primero, Tulio Romero Palacios. Por eso no es extraño que, como previamente se mencionó, compartan la empresa Inversiones Flora.  


Fuente: Captura de pantalla extraída de Facebook.

Oseguera Castañeda estuvo asignado al Batallón de Fuerzas Especiales en el Aguán entre 2015 y 2016, y entre 2020 y 2021 fue el Comandante General de la Policía Militar del Orden Público (PMOP); bajo su mando estaba la fuerza militar que llevaba al jefe de la Mara Salvatrucha (MS-13), El Porky, a los juzgados de El Progreso, Yoro, cuando un comando de hombres llegó a rescatarlo y liberarlo. Oseguera Castañeda, lejos de ser sancionado o investigado por este hecho, fue ascendido a general en 2020 y nombrado comandante general del ejército en diciembre de 2021, a pocos días del cambio del gobierno; por esta circunstancia solo duró 45 días en el cargo y ahora es asesor.

Pero Oseguera dice ante el jurado neoyorkino que él fue el primero en su clase, que obtuvo como premio visitar WestPoint, que participó en la operación «Libertad Irak» y que en Honduras lideró fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico, como cuando lideró el 15 Batallón en Colón, que buscaba «pistas de aterrizaje clandestinas, plantaciones de coca y los remanentes del cártel que antes controlaba la zona».

Según información de organizaciones de derechos humanos en Colón, el 15 Batallón de Fuerzas Especiales en el Aguán ha estado involucrado en múltiples abusos a los derechos humanos contra campesinos. Por ejemplo, responsabilizan a esta unidad de la destrucción y quema de más de 100 viviendas de campesinos de ocho cooperativas en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, en 2011.

Además, en un documento sobre la situación de derechos humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les responsabilizan del desalojo violento de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán en mayo de 2014. Las familias, según el informe, fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos, varios de los campesinos resultaron heridos y siete fueron detenidos, entre los que se encontraban dos líderes campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Oseguera, cuando fue comandante de la PMOP en 2020, durante la Pandemia por Covid-19, fue quien autorizó y firmó órdenes de adquisiciones hechas por las Fuerzas Armadas, en las que Contracorriente encontró que hubo irregularidades en las compras de insumos y medicamentos; algunas compras las hicieron a empresas de familiares de militares. La Secretaría de Finanzas omitió en la rendición de cuentas el presupuesto ejecutado por las FF. AA. cuando el gobierno creó un portal de transparencia para la pandemia por Covid-19.

Al finalizar su testimonio, Oseguera también aseguró que Hernández nunca le ordenó no investigar a Los Cachiros; justificó que no se les arrestó en Honduras porque eso no permitiría su extradición, al igual que pasó con Ardón. La fiscalía no hizo contrainterrogatorio, y el general se ubicó al final de la sala, junto a Tulio Romero Palacios, firmes para ver pasar al expresidente Hernández, el último soldado en hablar en ese estrado.

Respuesta de las FF. AA.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha buscado desmarcarse de la decisión de los generales Oseguera y Romero Palacios de brindar testimonio en Estados Unidos en favor del expresidente Hernández.

En un comunicado del 4 de marzo de 2023, el Estado Mayor anunció que los oficiales en activo «no realizaron el procedimiento para salir del país que establecen las leyes»; además, apuntaron que estas acciones son ilegales y que llevarán el caso a los juzgados de primera instancia militar.

Una fuente que formó parte de las Fuerzas Armadas explicó a Contracorriente que el deber del general Roosevelt Hernández, como jefe del Estado Mayor Conjunto, será poner a disposición de las autoridades militares a Palacios y Oseguera, ya que ambos se encuentran en condición de disponibilidad, es decir, no tienen una asignación y por eso se les nombra como asesores, para que sigan percibiendo un salario. La fuente asegura que podrían darles de baja definitivamente si el juzgado militar lo decide así.

Dicha fuente también aseguró que Oseguera, Romero Palacios y Barrientos fueron objeto de críticas a lo interno de la institución castrense, donde habría circulado una información que los relacionaba con malversación de caudales públicos y lavado de dinero.

«El principal problema es la contaminación política en las Fuerzas Armadas. La idea de ellos al formar parte del círculo cercano de Hernández era llegar a cargos acelerando los procesos y obviando requisitos. Los políticos se beneficiaron teniendo el control de las instituciones y que quienes están cerca sirvan a sus intereses», indicó la fuente.

También explicó que las asignaciones en las Fuerzas Armadas duran un máximo de tres años, y que en el caso de Romero Palacios estuvo asignado a Juan Orlando Hernandez durante 12 años, obviando los reglamentos internos de la institución. Ese tipo de omisiones al reglamento fueron comunes para el círculo de militares cercanos al expresidente y explican la lealtad que le guardan, como quedó demostrado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

 

 

Nota: En la primera versión de esta nota, escribimos que Amilcar Hernández Hernández era hermano de Juan Orlando Hernández, sin embargo no pudimos confirmar su relación familiar.

 

La corrupción de las autoridades, el pago en droga a los intermediarios y una incipiente producción local, se han cruzado con la miseria de uno de los países más pobres de Latinoamérica, un paraíso para el tráfico de cocaína desde los 80, para crear una crisis de salud pública. La única oportunidad para la inmensa mayoría de consumidores de crack, invisibles para un Estado que no reconoce o no quiere reconocer el problema, es acudir a unos pocos centros privados como el que llamaremos OASIS, un albergue evangélico donde el tratamiento es mucho más cuestión de fe que de ciencia. 

Por Juan Martínez d´Aubuisson
“telarañas en la ropa, 
tigres en el balcón, 
alacranes en la boca 
miedo en el corazón.
Maldito seas satanás, quítate el antifaz.
 En este espejo no cabemos los dos”
(fragmento de la canción “Delirium Tremens”. Fito Páez y Joaquín Sabina)

La última oportunidad

Son casi las tres de la tarde y en la entrada del albergue OASIS Ezequiel da unos toquidos trémulos en la puerta de hojalata. El interno encargado de la puerta abre el candado de mala gana y Ezequiel entra, cabizbajo. Lleva muletas y su piel se ha vuelto de color gris pálido: parece un hombre en blanco y negro. Apoya una muleta donde debía ir una pierna, lleva una gasa empapada de sangre fresca en la parte derecha de su cuello y otra en el abdomen. Está flaco y se mueve despacio, como si caminara en el fondo del mar.

 

—No, no, ya demasiado. Última vez que dejan entrar a Ezequiel, última vez. Esto no es juego. 

 

Le dice al encargado de la puerta, con voz tronadora y gangosa, el Pastor J, el dueño de este recinto.

 

—La próxima vez que ya no entre. Última oportunidad. 

 

Insiste el pastor sin mirar a Ezequiel, que ya se ha sentado en un pedazo de banca y pelea por meterle algo de oxígeno a sus pulmones.

 

—Mire Juan, este muchacho es un problema. Él tiene insuficiencia renal y cirrosis, le damos chance de salir a hacerse las diálisis al hospital, pero cada vez se pierde y se va a fumar piedra. Cuando ya no aguanta ahí viene, así como hoy, ya bien demacrado. 

 

El Pastor J se voltea y se dirige al interno que hace de portero esta tarde.

 

—Vaya, si va a entrar revísenlo. No quiero que pase lo de la otra vez. ¡Última vez, Ezequiel! ¡Última vez!

 

El lugar al que Ezequiel trata de entrar, según parece por última vez, es el albergue OASIS, ubicado en una de las colonias más pobres y más pobladas del Valle de Sula, Honduras, un refugio que pretende tratar, a través de estrategias en extremo precarias, las adicciones a ciertas sustancias de personas de esta región del país. Se trata de un lugar de 180 metros cuadrados dividido entre un espacio de tierra con varios cajones de ladrillo y cemento de un solo piso, y una construcción de doble piso con divisiones de madera. A un costado hay una chabola que funge como cocina: cuatro pilares de madera, piso de tierra y un techo agujereado de lámina oxidada. Cuando llueve gotea sobre el fogón, apagándolo y sacando una humareda blanca. La parte mejor armada del lugar es una galera de piso de cemento y techo de zinc, que se usa para los cultos evangélicos, como comedor, sala de reuniones y para ver la televisión, que se enciende en tres turnos de aproximadamente dos horas.

Una de las camas del centro OASIS. En ella murió Christian, uno de los internos, en 2021.
Dan, uno de los internos de OASIS, sentado sobre su catre, frente a la cama donde vio morir a Christian, su hermano menor.

Todo el terreno está cercado por pedazos de lata oxidada y coronado por alambre de púas para evitar que la gente se salga. Nadie nunca ha querido entrar a hurtadillas por acá.

 

En este espacio viven, en febrero de 2023, aproximadamente 100 personas con problemas de adicción. Este lugar es su última oportunidad. Si esto falla queda únicamente indigencia y la mendicidad en las calles de San Pedro Sula, El Progreso o Choloma. Si este intento de curarse no sale bien les espera, según el pastor, la muerte a manos del delirio cocaínico, la cirrosis hepática o el delirium tremens, los demonios de los que pretenden huir los internos de este lugar. 

 

El pastor ha dejado de gritarle a Ezequiel. Dice que la semana pasada cuando salió a su diálisis regresó con crack y lo fumó a hurtadillas en la noche. Su olor ferroso no pasa desapercibido en un lugar como este y estuvo a punto de generar una crisis. Esa vez el pastor le quitó la droga y lo perdonó. 

 

—Apenas tres meses de vida le dieron en el hospital y ya va para seis, así que lo dejé quedarse. No tiene dónde más ir. Pero ya esta vez sí es la última —dice el pastor todavía con cólera. Pero por lo que vería yo luego, parece ser que para el Pastor J no existen las últimas oportunidades. 

 

Ezequiel mira al suelo fijamente con sus pupilas dilatadas y vidriosas, como las de los cadáveres, luchando por cada bocanada de aire. Parece ajeno a todo esto, como si estuviera en otro lugar. Los demás internos observan la escena desde la galera principal. Quizá se ven en el ejemplo de Ezequiel, y como él bajan la mirada. Nadie dice nada. 

 

Uno de ellos se me acerca, se llama Raúl. Luce diferente a los demás y definitivamente muy diferente a Ezequiel. Está gordo, es blanco, y su ropa no tiene ese color carbonífero que homogeniza a los internos. Su repertorio de palabras es bastante más amplio incluso que el del Pastor J, y camina por el patio como si estuviera en el parque de su colonia.

 

—Yo soy técnico en refrigeración, tenía una empresa de arreglar todo tipo de aparatos de refrigeración. Si yo no sé ni cómo vine a parar acá —dice, y hace algo muy complicado de imitar o describir: se ríe con tristeza.

Raúl vino acá hace 20 días, aún no ha superado la etapa más crítica, todavía está en lo que se considera síndrome de abstinencia. Su adicción, a diferencia de la mayoría que afirma haber empezado a fumar crack en su adolescencia, empezó hace apenas diez años —tiene 53— cuando unos amigos de la colonia con quienes bebía cerveza le presentaron el crack, le dijeron que fumando eso podría espantar la borrachera, y que las cervezas entraban mucho más fácil y se podía tomar más sin dormirse o desmayarse. Era cierto. Sí pudo tomar más y hasta más tarde. A partir de ahí su vida se fue al carajo. Desde hace dos años entra y sale de la indigencia y dice que este lugar es su última oportunidad antes de suicidarse. Su hija adolescente se le adelantó en ese cometido. Hace 21 días se trató de matar, se tomó un frasco entero de pastillas y terminó en el hospital donde apenas lograron salvarla con lavados de estómago. Raúl la visitó ahí, y prometió que se curaría de su enfermedad y que una vez curado regresaría a ser su papá. Del hospital se vino a enfrentarse al crack en el albergue. Si falla otra vez, no es su primera entrada, dice que para él también será la última vez.

Raúl es además un artesano. Construye unas réplicas de motocicletas Harley Davidson con pedazos de latas de CocaCola. Sus artesanías son impresionantes, las vende a 300 lempiras (12 dólares americanos) y con eso pretende hacer un pequeño fondo que le permita no regresar a su familia con las manos vacías. Me regala una, es jodidamente perfecta, y la vergüenza me gana, siento que lo estoy timando al llevármela sin dejarle nada. Le digo que más bien quiero comprarla. Le doy un billete de 500 lempiras (20.31 dólares americanos).

 

Son casi las 6 de la tarde. En la cocina, Hernán revuelve con un palo lo que será la cena. En un recipiente metálico, ennegrecido por el humo y el fuego de la leña, se cocina una amalgama difícil de descifrar.

 

—Es hueso de res que le regalan al pastor en el rastro. Nosotros lo cocinamos. También le regalan las vendedoras del mercado la verdura que ya se arruinó y él compra arroz y tortillas.

 

Dice Hernán, quien suda copiosamente sobre la cena de sus compañeros sin dejar de mover el palo mezclador. Hernán es interno también, lleva siete meses peleando contra su adicción al crack.

Hernán, uno de los internos, prepara el almuerzo, un guiso a base de hueso de res que le regalan al Pastor J en el mercado.
Ulises, que antes de llegar al centro OASIS fue sicario de una organización criminal, prepara desinfectante para el piso con una receta casera durante horas sin ninguna mascarilla u otra protección.

A cinco metros de Hernán, Ulises bate con las dos manos un líquido azul chillón en un enorme recipiente plástico. Pastor J ha conseguido una receta barata para fabricar desinfectante de piso. Diariamente Ulises revuelve unos cinco químicos con las manos y respira los humores de aquella fórmula durante varias horas, sin siquiera una mascarilla de por medio. Cuando le pregunto por medidas de seguridad me ve con condescendencia burlona: “Para las mierdas que uno se ha metido, compa”, me dice. Otro grupo, aquellos que ya llevan más de 6 meses internos y están en una fase más controlada de su adicción, salen a vender a los mercados el desinfectante y con las ganancias pagan la luz y el agua y compran comida y los medicamentos que se usan en el albergue. Cada galón de desinfectante lo venden por 50 lempiras (2.03 dólares americanos), ganándole 10 lempiras (41 centavos de dólar) por galón. Según el Pastor J, en un buen día venden 50 galones.

 

Ulises fue sicario de una estructura criminal muy poderosa en Honduras. Estuvo preso por asesinato y, según su relato y según lo que el pastor sabe de esa historia, esa estructura pagó a una jueza para liberarle, pero Ulises ya no quiso seguir matando para ellos. Así que huyó y empezó a consumir crack en una ciudad vecina. Llegó a comer de la basura y dormir en la calle hasta que escuchó de este albergue y vino por propio pie. Se esconde acá del crack y de la mafia. Si no se anda con cuidado cualquiera de los dos podría matarle.

 

Ulises no es su verdadero nombre y este albergue no se llama OASIS.

 

Llegan las 7 de la noche. Entre varios internos arreglan la galera principal para escuchar la prédica del día. Limpian las mesas viejas y cojas, colocan un ramo de flores y los que tienen se visten con sus mejores ropas, los que no tienen se meten la camisa por dentro del pantalón o el short, y aquellos que conservan sus zapatos se los calzan. En código antropológico se diría que convierten un lugar secular en uno sagrado: lo que antes era una galera donde ver televisión ahora es una iglesia.

Los internos del centro OASIS se congregan para esperar el culto evangélico que se celebra todos los días.
Un interno designado por el el Pastor J da la prédica en una galera destinada a ver televisión, ahora convertida en iglesia.

La prédica la da otro interno, se lo ha encomendado el Pastor J, quien solo predica los domingos. Este hombre habla de la falta de compromiso de algunos. Parece molesto. Se pasea como león enjaulado, como retándolos. Dice que los que se rinden no le creen a Dios. Que son cobardes.


Ezequiel, el hombre a blanco y negro que caminaba en el fondo de mar, ya no escucha estas palabras. Ya se ha ido. Se ha rendido. Se quedó resollando un rato sobre aquella mesa después de los regaños del Pastor J y luego dirigió sus pasos anémicos y su cuerpo opaco hacia la calle. No quiso que le revisaran, según el pastor, porque aun guardaba alguna dosis de crack para fumarla de noche. Según el diagnóstico de los médicos, Ezequiel debería estar muerto hace tres meses. En el albergue creen que morirá en las calles esta semana.

UN PARAÍSO PARA LA COCAÍNA

Honduras es un paraíso para el tráfico de cocaína: tiene doble costa, al Atlántico y al Pacifico; tiene la Moskitia, una selva con salida al mar Caribe, casi virgen, plagada de pistas de aterrizaje clandestinas y cundida de ríos que se adentran en el país; tiene una democracia muy débil e instituciones de fácil cooptación. Este territorio privilegiado fue gobernado durante 12 años por Juan Orlando Hernández, que desde la semana pasada enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico. La cocaína proveniente de Colombia y Perú transita por aquí desde la década de los ochenta, cuando Ramón Mata Ballesteros, que como Amado Carillo Fuentes y el Chapo Guzmán, tiene su papel en la serie de Netflix Narcos, era el señor de la droga en Centroamérica.


Un informe del Departamento de Estado publicado en marzo de 2023 calcula que unas 300 toneladas de cocaína pasan cada año por Honduras rumbo a los Estados Unidos. Según diferentes entidades internacionales, en 2014 ya pasaba por Honduras el 79% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos. Este, y otros informes elaborados por diferentes agencias norteamericanas, apuntan a que Honduras ya no solo es lugar de tránsito, si no que se ha dado el paso, aunque en una escala muy baja, a país productor.

El centro OASIS visto desde el hueco de una de las láminas que sirven como paredes del recinto, también rodeado por alambre de púas.

Una consecuencia de estos procesos es que cada vez más droga se queda por acá. Sobre esto último las cifras son escasas, pero uno de los altos mandos de la policía Hondureña que pidió no ser citado, asegura que son dos fenómenos los que han puesto a la cocaína y sus derivados a circular de forma masiva por Honduras. Por un lado, la modalidad de pagar en producto a los transportistas de la droga, quienes no tienen las conexiones suficientes para exportar este producto hacia el norte y terminan vendiéndolo en Honduras, y por el otro lado la corrupción de las autoridades, que al hacer decomisos de droga consiguen revenderla a sus dueños originales o a cualquier estructura que esté dispuesta a pagar el precio. Este alto funcionario me aseguró: “La estrategia del gobierno anterior, el del presidente Juan Orlando Hernández, fue hacer un escudo aéreo y marítimo, con apoyo de los norteamericanos, para que la droga no pasara de esas maneras. ¿Qué quedaba? Pues que pasara por tierra. Ahora sabemos, por la información de inteligencia y por las pruebas contra el expresidente presentadas en las cortes de New York, que él dirigía un cartel que se encargaba justamente de transportar la droga por el corredor terrestre. El problema es que si pasa por tierra es más probable que se quede mucha droga por acá. Y es lo que está pasando”.

 

El Pastor J y otros 5 pastores evangélicos que se dedican a atender a personas con problemas de adicción aseguran que en los últimos años la cantidad de adictos al crack se ha disparado en Honduras y que sus albergues se ven desbordados. Lo mismo me dicen dos vendedores de cocaína y crack de la ciudad de San Pedro Sula, siempre dentro del Valle, y casi todos los internos del albergue. De hecho, el albergue OASIS, así como la mayoría de este tipo en el país, surgieron originalmente como una forma de atender a los adictos al alcohol, pero se han transformado, ante la creciente avalancha de adictos a los derivados de la cocaína.

 

Según estos tres últimos grupos de fuentes, el crack ya sustituyó por completo al pegamento, y otros productos de uso industrial, como la droga por antonomasia de los sectores más bajos de la pirámide social hondureña. 

 

El doctor en antropología Phillippe Bourgois, probablemente uno de los académicos que más entienden las dinámicas socioculturales que rodean a las drogas, y específicamente al crack, escribió en un artículo científico que para entender las dinámicas de las adicciones habrá necesariamente que  vincularlas a “a las grandes fuerzas estructurales históricas que crean grupos sociales vulnerables”. El doctor Bourgois sabe del tema, pasó más de diez años haciendo etnografía profunda entre consumidores y vendedores de crack en Harlem, Nueva York, y es autor de una de las obras más importantes de antropología urbana de los últimos años: «In Search of Respect: Selling crack in el Barrio» (Cambridge University Press, 2003) estudia el fenómeno desde antes de la gran epidemia de los ochentas y conoce los efectos devastadores de esta droga desde antes siquiera que al crack se le llamara crack. Este antropólogo escribió además: “El crack, como droga de abuso preferente, solo resulta atractivo para los subgrupos de población desesperados que son víctimas de formas extremas de violencia estructural”. Todo indica que la clave del problema no está en los componentes químicos de la droga, ni en los efectos celulares que genera en el cuerpo humano, si no en las características socioculturales de las poblaciones que las consumen. 

 

Resumiendo esto a su estado más simple, podríamos decir que la droga se vuelve un problema cuando la consume una población que sufre de forma sistemática. En el albergue OASIS todos, salvo Raúl, el técnico en refrigeración y autor de las motos de hojalata, son pobres. En el albergue OASIS, sin excepción, todos sufren.

EL “DELIRIUM EXTREMES”

Es media tarde tarde de otro día de finales de febrero de 2023 y Héctor, a pesar de haberle dicho que llegaba a esta hora, me espera desde las 12. Está ansioso por hablar. Lo conozco desde 2021, cuando llegó a este centro por primera vez, pero dice que hasta ahora está preparado para contarme su historia. Se ha puesto su mejor gala: un pants negro y una camisa Adidas, claramente falsificada, de segunda mano. Se ha colgado el gafete azul que le ha dado el Pastor J y le acredita como encargado de la clínica y parte del staff del lugar. Héctor es un interno, pero uno que tiene responsabilidades y poder dentro del micromundo del albergue.

 

—Yo empecé en esto cuando perdí a mi familia. Ahí es donde yo empecé a consumir, por lo mismo del dolor que sentía yo —dice Héctor ya con los ojos mojados. 

 

Él no escoge este verbo, perder, de forma caprichosa o como sinónimo de no encontrar algo o a alguien. A la esposa de Héctor la mataron de un tiro en la cabeza en 2010; la mató el amante que ella tenía en una de las ciudades del Valle de Sula. Un año después mataron a su hijo mayor, de 21 años, para robarle la herencia de la madre asesinada. Los asesinos, miembros de la familia, amenazaron a Héctor y tuvo que firmarles unos papeles para que ellos se quedaran con su casa, su carro y unos terrenos. El licor barato de caña hacía al dolor naufragar por unas horas o por unos días. Funcionaba. Pero entonces se volvió adicto y después de varias ausencias perdió su trabajo como conductor de montacargas en una empresa de construcción. 

 

“Cuando vino, venía ya con delirio extremes”, dice el Pastor J, quien interrumpe sin misericordia nuestra plática, y me muestra un video donde Héctor está en el suelo babeando, temblando y repitiendo incoherencias protagonizadas por el diablo y por manadas de animales pequeños que le persiguen y se le trepan por el cuerpo. Héctor baja la mirada y dice casi para sí mismo: “Sí… así es, así vine yo”. 

 

Héctor es ahora el encargado oficial de la clínica, por eso lleva el gafete que lo acredita como tal en su cuello, y es el encargado de cualquier cosa relacionada a la salud en este recinto. En términos prácticos, Héctor es el doctor del albergue. Héctor jamás ha estudiado medicina, ni enfermería, y por no estudiar no estudió más allá de la primaria. Apenas sabe leer. 

La clínica es un cuarto de diez metros por cuatro con piso de cemento y techo de lámina. Ahí hay nueve camas, unas frente a otras. También hay un cuarto pequeño en donde guardan las donaciones y donde duerme Héctor, contiguo a sus pacientes y guardando celosamente la caja con medicinas. El trabajo más importante y al que le dedica más energías se trata de pelear contra el terror de todos los adictos del Valle de Sula: el delirio extremes. 

 

Se trata en realidad del padecimiento psiquiátrico delirium tremens que, ante la imposibilidad de ser nombrado correctamente por sus víctimas, en Honduras terminó tropicalizándose en este vocablo. Históricamente se le ha llamado con otros nombres bastante más descriptivos como “barrel-Fever”, “blu horrors”, “dolor de botella” o “drunken horrors”. Esta condición fue estudiada y diagnosticada en adictos desde principios del siglo XIX, pero es tan antigua como el licor mismo. Está asociada con la intoxicación severa del sistema nervioso, producto de la ingesta excesiva y prolongada de alguna sustancia. Es considerada una de las etapas más avanzadas y más peligrosas del síndrome de abstinencia, y tiene que ver con temblores, comportamiento errático y alucinaciones. La traducción del latín significa literalmente “delirio tembloroso” y según varios especialistas consultados puede causar la muerte. Una característica típica de delirium tremens, además de una depresión generalizada de todos los sistemas, una afectación prolongada del sistema nervioso central que termina generando parálisis y temblores extremos, problemas cardiovasculares severos, entre otros problemas físicos, son las alucinaciones visuales microzoopsias. Es decir, que los que la padecen suelen ver manadas de animales miniatura acosándolos o subiéndoles por el cuerpo. A esto se le suma también la psicosis cocaínica, relacionada directamente con exposiciones intensas y prolongadas a la cocaína y sus derivados como el crack. 

 

Héctor me da un tour por su clínica y me muestra sus medicamentos. No son muchos, apenas nueve medicinas, de las cuales dos son para controlar la diarrea, tres para los síntomas de la gripe y el resto son medicamentos psiquiátricos como diazepam o lorazepam, que Héctor receta y aplica a sus pacientes a discreción de sus propios conocimientos.

En la clínica, el único lugar de pago de OASIS, hay nueve medicamentos. Para recibir las medicinas, los internos deben pagar unos 120 dólares.

—La cura para el delirio extremes es dormir. Por eso yo les inyecto una dosis de diazepam, si aquel hombre no se quiere dormir le pongo la otra ya de lorazepam, para que ya no esté con aquel delirio, diciendo cosas que nada que ver, y se duerma, si es posible hasta 12 horas. Aprovecho también para inyectarles una “tiamineta”, eso les cae bien también. (…) En ocasiones a los internos hay que amarrarlos a la cama por que se quieren ir, se quieren zafar y hasta se quieren matar —dice Héctor mientras me muestra su botiquín y sus jeringas y sus lazos.

Los internos que llegan a esta clínica son los privilegiados. Acá solo pueden entrar aquellos que pueden pagar tres mil lempiras al mes (121 dólares americanos). Es el único lugar pagado en este albergue. Aquellos que no tienen ese dinero no podrán acceder ni siquiera al rudo tratamiento de Héctor. Deberán lidiar con el síndrome de abstinencia y con el delirio ellos solos, tirados en una colchoneta sucia, bajo unas láminas herrumbrosas que el pastor ha preparado expresamente para este propósito. El centro no tiene la capacidad económica para aplicar estos medicamentos a todos los internos, ni tiene las camas suficientes para acostarlos durante 15 días, que es el tiempo determinado por Héctor para salir del “delirio extremes”, a más de cien personas. Así que incluso acá, en el fondo de la pirámide social de Honduras, uno de los países más pobres de América, hay estratos sociales. Los que tienen 3 mil lempiras sufren menos que los que no los tienen. 

Hoy, 24 de febrero, llegó Henrry, un hombre joven, buscando ayuda, pero no tiene los tres mil lempiras, de hecho, no tiene nada: se consumió hasta el poco dinero que logró después de la venta de sus zapatos. Así que se revuelca en soledad en la colchoneta sucia, bajo aquellas láminas hirvientes. Los primeros días no les dejan entrar a los cuartos porque vomitan y defecan en sus camas. Para eso hay camas sin colchón, solo con los cables metálicos. Pero casi no las usan. Prefieren dejarlos en esa pequeña galera, casi a la intemperie, hasta que logren dominar sus esfínteres.  

Todavía no ha empezado lo más duro del síndrome de abstinencia, apenas han pasado unas horas desde el último cóctel de crack y licor, pero Henry ya puja como si le hubiesen golpeado el estómago muy fuerte. Solo soporta unas horas, esta vez no podrá. Se pone de pie y pide la salida. Va a pelear contra el delirio extremes con licor y crack. Dice que no quiere consumir, y le creo, realmente dice no tener ganas de un trago o un pipazo de crack, pero el dolor es insoportable y el miedo al delirio extremes lo hace huir. Si consigue rápido un trago o una porción de crack quizá logre atrasar su llegada unos días. Si no los consigue a tiempo, quizá quedará varado, perdido e inutilizado en alguna acera, hablando incoherencias y devorado por una manada de animalitos imaginarios.

HONDURAS, UNA ADICTA EN NEGACIÓN

Honduras atraviesa una crisis de salud pública. El problema de adicción al crack y la cocaína se va convirtiendo en un gran elefante que terminará por exponer su presencia destruyendo la cristalería. Parte del problema es que Honduras no sabe que tiene uno, o en todo caso, no le interesa saber. 

 

La información disponible, tanto de organismos privados como gubernamentales, sobre adicciones y tratamientos es muy escasa, y la poca que hay es muy difícil de encontrar. El documento más reciente sobre adiciones es el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de 2019. En este informe básicamente se expone una serie de elementos que Honduras no tiene. El informe hace hincapié en la poca o nula disposición de este país para generar datos referentes al consumo, prevalencia y estrategias de atención en adicciones. 

 

Está plagada de párrafos como este: 

 

CICAD ve con preocupación que desde la primera ronda (1999-2000), el país no ha realizado algunos estudios prioritarios en reducción de la demanda. Además, Honduras no dispone de alguna información en reducción de la oferta, tráfico ilícito y delitos conexos ni cuenta con estudios para evaluar programas o intervenciones sobre drogas en reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.”

 

En un documento anterior, uno de los pocos que hay, el Observatorio Hondureño Sobre Drogas, en su Informe Nacional en Materia de Drogas, a pesar de haber sido elaborado por el mismo gobierno, consigna información como esta: 

 

“…Asimismo, se realizan consultas sobre el consumo que presentan los usuarios de los centros de tratamiento, desafortunadamente, no todos hacen llegar dicha información en vista que en Honduras no es obligatorio proporcionarla; adicionalmente, los expedientes clínicos en los hospitales son manejados por diferentes profesionales de la salud y no se ha homologado una forma de recolectar datos. Es importante destacar que Honduras no cuenta con una base de datos centralizada para el área de reducción de la demanda, lo cual impide recolectar datos de todos los centros de tratamiento que existen en el país. Aún no se han desarrollado estudios sobre percepción de riesgo, patrones de consumo, actitud ante las drogas, encuestas en población general, entre otros, por falta de presupuesto.” 

 

O esto otro:

 

“A través del tiempo se ha buscado mejorar la oferta de programas de prevención; sin embargo, son pocos los que están basados en evidencia, al mismo tiempo, existen programas de prevención de violencia que tiene un componente de drogas, pero no están orientados específicamente a dicha temática”. 

 

Y concluye:

 

El presupuesto otorgado para llevar a cabo las labores de prevención, ha disminuido con el pasar de los años, provocando que algunos programas en el área se encuentren inactivos o limitados en su desarrollo.”

 

Honduras no cuenta con un sistema nacional de tratamiento. El gobierno hondureño tampoco tiene un dato certero de cuántos organismos privados, como el albergue OASIS, hay en el país. Se consignan únicamente dos centros estatales, un hospital público y un hospital psiquiátrico, ambos en Tegucigalpa, la capital, que pueden admitir dentro de sus programas a personas con drogodependencia, pero no se sabe a cuántos han atendido, ni se ha documentado a qué sustancias son dependientes o en qué grado de dependencia se encuentran estos pacientes. Es como pedirle a un doctor que cure una enfermedad, pero sin decirle cuál es ni quién la tiene. 

 

En 2015 el Instituto Hondureño de Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), inauguró en San Pedro Sula, el Centro de Atención Integral de Adicciones (CAI). Se trata de un centro ambulatorio, donde los pacientes reciben charlas y consejería, siempre y cuando el paciente no haya consumido ni alcohol ni drogas en las últimas 48 horas. Estos centros han perdido presupuesto y, según los informes antes citados, su operar no se basa en conocimientos científicos. 

 

A principios de marzo de 2023 llamé al teléfono que aparece en el sitio web del CAI. Me contestó una señora bastante malhumorada. Me dijo que ahí hay una bodega, que sí sabía que antes había “un centro de esos” pero que ya no. Pregunté entonces a cuál institución del Estado podría recurrir en caso de tener un familiar con problemas de adicción.

 

“Si lo quiere internar no hay. Al menos del Estado no hay. Solo que lo lleve al hospital psiquiátrico Santa Rosita. De ahí no hay. Si no tiene recursos lo que yo le podría recomendar es que busque un albergue que se llama OASIS. Ahí quizá le pueden ayudar”.

 

Acto seguido me colgó.

 

A finales de 2021 conocí en OASIS a Christian, un joven de San Pedro Sula en una etapa avanzada de cirrosis y con una dependencia alta al crack. Apenas se movía. Pastor J le asignó un catre y le inyectaban suero y vitaminas aun sin haber pagado los tres mil lempiras. Pero poco más se podía hacer por él en este lugar. Apenas hablaba, se movía como se moverían las momias si pudieran. No me queda claro si estaba totalmente consciente. Le saludé, me respondió el saludo, pero más parecía un movimiento de inercia, un gesto involuntario. Su estómago era una enorme y desproporcionada bola de agua gelatinosa y su piel pálida y  amarillenta, como el sol de media tarde.

 

Pregunté por él en la visita de febrero del año pasado, pero, como era de esperarse, Cris ya no está entre nosotros. Murió en su catre pocas semanas después de conocerle. El Pastor J y su staff lo enterraron en el cementerio local en una fosa común, y podemos estar seguros que su muerte, y las adiciones y problemas de salud que padeció durante su vida, jamás figurarán en ningún informe estatal. 

Dan, el hermano de Cris, estaba también interno por problemas de adiciones en el Albergue OASIS, y al ver a su hermano menor en tal mal estado, aunado a un fuerte síndrome de abstinencia y a todo ese conjunto de padecimientos que acá terminaron llamándose delirio extremes, rompió una botella y se cercenó el cuello. Cuando lo quisieron detener les atacó. Es un hombre grande y fuerte. Tuvo que llegar la policía a despojarlo de aquellos vidrios, pero no hicieron ningún reporte. Lo llevaron a coser a la clínica y lo regresaron. Su intento de suicidio tampoco quedará registrado ni tomará nunca forma de estadística. De los eventos de ese día solo queda una cicatriz zigzagueante, como un relámpago, plasmado en el cuello de Dan.

Dan muestra la cicatriz de su cuello, producto de un intento de suicidio tras la muerte de su hermano Christian.

Hablé con él en febrero del 2023. Dan es un tipo rudo, y cuando le pregunté por aquel día escondió sus ojos negros tras unas gafas oscuras, volteó su cara morena y curtida por el sol y respondió: “El delirio extremes, Juan…el delirio extremes”.

VOLVER A EMPEZAR

Son casi las cuatro de la tarde del último día que pasaré en este lugar y el calor sampedrano parece aplastarnos. En el albergue nadie se mueve, ni las hojas de los árboles, ni las gallinas que pronto se volverán sopa, ni los internos. En una esquina, bajo una sombra, un viejo garífuna cuenta historias maravillosas sobre sus años de marino en los puertos Hondureños y sobre cuándo se volvió pirata y asaltaba lanchas llenas de droga en alta mar, en las costas de la selva de la Moskitia. Canelo, el perro romántico y sin casta del albergue, divierte a los nuevos con su afición por oler las flores y cerrar los ojos mientras lo hace. El Pastor me lleva a su oficina. Va a responderme la pregunta del porqué dedicar la vida a algo tan difícil. Va a contarme sobre su vocación de Sísifo. 

 

La oficina es una caja de madera en el interior de una de las construcciones del albergue. Todo es de segunda mano, todo fue usado ya por alguien antes de llegar acá. De hecho, hago la entrevista sentado en un asiento de automóvil. Del pastor prefiero no dar mucho detalle, de nada serviría entonces la ya de por sí compleja débil estrategia por salvaguardar la ubicación de este lugar. Diré que es un tipo bonachón, dicharachero y sereno. 

 

Mientras tomamos un café ralo, preparado en aquella cocina improvisada, me explica que él también fue adicto, y que sufrió mucho. Cree que Dios lo sacó de ahí con el único objetivo de ayudar a sus hermanos. Así se refiere a los internos de este oasis.  

 

“Todos los que trabajamos con esta población en algún momento fuimos adictos, todos”, dice casi con orgullo. Entiende su trabajo como una especie de último margen que separa a cientos de personas del abismo. Se ve a sí mismo como la última barrera que muchos pueden ponerle a la muerte. A veces la muerte se detiene, a veces no. Ningún muro es infranqueable. 

 

Después de contarme su historia, salpicada de dolor, abuso y violencia, le pregunto por Raúl, el técnico en refrigeración y artesano de motos. Dos colaboradores voluntarios están en la oficina y se miran entre sí. Y repiten la hazaña de Raúl durante nuestra conversación del primer día: sonríen con tristeza. 

 

“Con los 500 lempiras que le dio usted por la moto se fue del albergue. A esta altura ya los convirtió en crack”, me dice uno de ellos, y con eso deja sobre mí fuero interno una piedra pesada que deberé llevar de vuelta a mi casa. Nadie, a inicios de un proceso de estos, debe recibir 500 lempiras de manos de un imbécil. 

 

Comienza a morir el día y debo irme. El barrio donde está el albergue no es buena zona para andar de noche. A esta hora los adictos de la ciudad, al menos los pobres, comienzan a juntarse alrededor de un mercado grande, por la séptima calle de una ciudad que no mencionaremos y en un parque central oscuro y sucio del que tampoco diremos el nombre. Es un ejército de sedientos, una manada de hombres y mujeres que buscan una jalada más, un pase de polvo o un trago que les separe del dolor. Es difícil contarlos. Unos se esconden en los portales mientras encienden sus pipas, de rodillas o en cuclillas, como rezándole a la droga que les arrebata la vida, otros, más gregarios, se apiñan en pequeños grupos. La mayoría se vuelven sombras escurridizas, alérgicas a las farolas de los carros. Es difícil contarlos, pero son decenas, cientos. He estado en todas las ciudades importantes de Honduras en los últimos cinco años. En todas ellas la escena se repite.

 

Algunos trabajaron durante el día jalando bultos en los mercados o pidieron limosna en los semáforos, otros se llevaron de los carros estacionados lo que sea que estaba flojo. Los más osados arrebataron alguna cadena o un celular. Tienen algo de dinero y los vendedores llegarán en breve a cambiar esas monedas por una noche más sin el dolor insoportable que conocen bien. Y así es como la batalla de esa gente comenzará desde cero una vez más. 

Tal como lo plantea el Dr. Bourgois, y también el Pastor J, el consumo desmedido por parte de poblaciones vulnerables deja al descubierto algo más profundo, una crisis generalizada de sufrimiento. Esta epidemia es, en esencia, la epidemia del dolor. 

Si se atrasan en sus dosis, o si se exceden de ella, quedarán atrapados en la calle, a merced del desamparo de Honduras, luchando por huir del delirio extremes y de aquellas jaurías imaginarias de animales chiquitos.

Por: Jared Olson

Con reportes de Fernando Silva y Jennifer Ávila

Fotografía: Jorge Cabrera

 

El testigo casi escupe las palabras. Parece disfrutarlo. Fabio Lobo ha esperado seis años para este día. Parece andar sin apuros mientras llega al sitio desde donde va a declarar, vestido con un uniforme carcelario amarillo. Mientras camina, las cadenas en sus pies hacen un ruido como de hormigueo. Hay un silencio pesado en la corte, tan intenso que hasta el sonido más pequeño se amplifica. 

 

«Los Cachiros me contaban que Tony Hernández era la cara de la operación», cuenta Fabio Lobo, el testigo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y quien alguna vez fue juez en Honduras. «Su hermano le respaldaba desde las sombras», dijo, refiriéndose al hombre que tenía enfrente, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusado de tres cargos relacionados con el narcotráfico. 

 

Cuando la fiscalía presentó al testigo, uno de los más esperados del juicio, le preguntaron, primero, si reconocía algún político en la corte al que había sobornado alguna vez a cambio de protección para su operación masiva de transporte y venta de drogas. Lobo, con una expresión dura en el rostro y su cabello gris, apuntó la mirada hacia el expresidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar de lucir pálido y delgado, y con una barba de pocos días,  no perdía su altivez  con su traje y corbata. «Sí», respondió Lobo. 

 

«¿Cómo se llama esa persona?»

 

Pareció disfrutar cuando dijo «Juan Orlando Hernández Alvarado». Lobo seguiría entonces hundiendo el cuchillo con historias de su vida que involucran a «su antiguo amigo» a lo largo del siguiente día. 

 

Lobo dijo que el expresidente Hernández tomó 4 millones de dólares del clan de los Valle, lo mandó a buscar un avión en Roatán cargado con más de 1,200 kilogramos de cocaína, que era de los hermanos Hernández; también contó cómo desarrolló una estrecha relación con el exministro de Seguridad, el general  Julián Pacheco Tinoco. Relató que la Administración para el Control de Drogas (DEA) mandó dos informantes mexicanos a una reunión entre Fabio Lobo y el exministro en 2013, enojando a Pacheco Tinoco y provocando la rabia de Juan Orlando. Los EE. UU. los toleraron por casi una década, pero ya en 2014, Hernández y Tinoco sabían que los andaban monitoreando.

 

El juicio en contra del expresidente Hernández culminó en su segunda semana, y hasta este momento solo han sido presentados los testigos de la fiscalía. La semana comenzó con la continuación del testimonio de Miguel Reynoso, el exfiscal de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico que llevó como evidencia lo que en Honduras se conoce como las «narcolibretas» del narcotraficante Magdaleno Meza. También escuchamos a una investigadora de la DEA, el traductor del sistema jurídico que revisó la evidencia para la corte, un exnarcotraficante colombiano que se convirtió en testigo colaborador de la DEA, y a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los dos hermanos que dirigían el famoso y temido clan del narcotráfico Los Cachiros.

El expresidente Porfirio Lobo durante una entrevista con Contracorriente en su casa de habitación. Noviembre de 2023. Foto CC/Jorge Cabrera

La fiscalía también presentó a «Andrea Sánchez», un nombre ficticio para proteger la identidad de una expareja del jefe de la Mara Salvatrucha en Honduras, El Porky. Esta mujer, originaria de San Pedro Sula, huyó del país, y en su testimonio en la Corte de Nueva York contó cómo El Porky contaba con la protección y colaboración de la Policía Nacional, bajo la dirección de Juan Carlos «El Tigre» Bonilla. 

 

La fiscalía también presentó a otro agente de la DEA, quien revisó los teléfonos de Geovanny Fuentes. Luego presentaron a Mario Guillermo Vargas, quien declaró bajo el seudónimo de Giovany Rodríguez; Vargas sirvió con la Policía Nacional por lo menos desde 2004 hasta su detención en 2009 por haber participado en una conspiración con narcotraficantes, y su caso está ligado al de Fabio Lobo. 

 

Mejía Vargas fue uno de los primeros policías contactados por los hermanos Rivera Maradiaga. Entre 2005 y 2009, los hermanos Rivera Maradiaga contactaban mensualmente a Mejía Vargas para notificarle cuándo ellos iban a recibir una carga de cocaína en Honduras. Junto con Zelaya Romero, Mejía Vargas les ayudó a coordinar la protección policial durante el transporte de las cargas de droga y a evitar los puntos de control en la ruta del narcotráfico. Mejía Vargas recibió entre 70,000 y 100,000 dólares que los hermanos Rivera Maradiaga le pagaron por cada carga de cocaína.

La comunidad hondureña se hizo presente al inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Febrero de 2024. Foto CC/ Jorge Cabrera

En julio de 2009, Mejía Vargas fue detenido junto con otros nueve policías en Honduras, por su papel en una operación del narcotráfico. En 2016, fue extraditado a los EE. UU. y se declaró culpable de participar en una conspiración para la exportación de cocaína a los EE. UU. 

En el juicio, Vargas contó cómo protegió los cargamentos de cocaína de Mauricio Hernández, otro policía identificado en este juicio como «El Primo», quien iba a ser juzgado junto con Juan Orlando Hernández, pero a pocos días de que comenzara el juicio se declaró culpable. 

 

JOH domina la escena

 

Todo el juicio es una suerte de teatro, y la mañana del lunes 26 de febrero, el acusado parecía desempeñar bien su papel. El expresidente, rejuvenecido durante el fin de semana, entró en la corte con un gesto confiado, tirando de las solapas de su abrigo, con la mirada distinguida de un exjefe de Estado. 

 

Uno de los abogados de la defensa, Raymond Colón, le hizo una petición al juez esa mañana. Quería entregar como evidencia y usar un documento supuestamente de Sonia Soraya Cálix ―quien dirigía la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en 2018―, que manchaba la imagen del exfiscal Reynoso, ya que en el informe se insinuaba que este era corrupto y que había participado en lavado de activos. «El informe contiene muchas capas de rumores inadmisibles», dijo uno de los fiscales; finalmente, el juez rechazó la petición. 

 

«Si se fijan en los otros documentos, se darán cuenta de que están hablando de transacciones de vacas», dijo Colón, para demeritar el contenido de las «narcolibretas» que Reynoso llevó como evidencia de que un narcotraficante ligaba a JOH y a su hermano Tony en operaciones con cocaína; para esto, la defensa intentó agregar un par de libretas más que supuestamente tenían transacciones relacionadas al ganado. 

 

En su contrainterrogatorio, la defensa siguió con preguntas que cuestionaban la debida diligencia del fiscal y la idea de que las siglas «JOH» y «TH» habrían significado el presidente y su hermano.

 

«Entonces, ¿pensaste que “JOH” era un apodo para Juan Orlando Hernández?», preguntó Stabile, el más teatral de los dos abogados, con una voz prepotente, a Reynoso. 

 

«Se conoce comúnmente por ese nombre», respondió Reynoso.

 

«¿Piensas que “Rambo” —uno de los otros nombres puestos en las libretas— se habría referido a Sylvester Stallone?».

 

“Son políticos —dijo Reynoso—, son bien conocidos por la población bajo esos nombres».

 

Reynoso negó haber sido un informante pagado por la DEA. Al final, el abogado de la defensa le preguntó a  Reynoso si él o su familia eran miembros del Partido Nacional. Cuando dijo que no, que nunca había sido «cachureco», Stabile avanzó con su estrategia. 

 

«¿Es cierto que usted cree que no hay buenos políticos en Honduras?».

 

«Sí», respondió, produciendo risa en la audiencia.

 

Entre el testimonio de Reynoso y el de un narcotraficante, la Fiscalía presentó a dos expertos: uno era el traductor de las «narcolibretas» y otro fue una agente de la DEA que solo estuvo un año en Honduras, y era más una analista que una investigadora de campo. Esto para colocar en el imaginario del jurado cómo funciona el trasiego de drogas en el hemisferio y, en el tema de la traducción, para establecer que el contenido de las «narcolibretas» no estaba siendo mal interpretado. 

 

La controversia de Puerto Cortés

 

El testimonio de un exnarcotraficante colombiano y colaborador de la DEA que se presentó bajo el seudónimo «Luis Pérez» fue uno de los que más remeció a la opinión pública hondureña, algo de lo que la defensa de Juan Orlando Hernández se aprovechó. 

 

«Pérez» en realidad es Alexander Monroy Murillo, un narcotraficante colombiano que trabajó con el Chapo Guzmán y transportó aproximadamente 200,000 kilogramos de cocaína, a través de barcos industriales y helicópteros, desde Colombia hacia la frontera entre Guatemala y Honduras, entre 2008 y 2015. 

 

Vendió su producto a narcotraficantes mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa a través de intermediarios en Honduras como los Valle Valle, y al final se integró a esa organización mexicana. Se entregó a las autoridades estadounidenses en Belice en 2015, y a cambio de que bajaran su sentencia de 135 meses a 75 meses (ya cumplió su tiempo en la cárcel), empezó a colaborar como testigo con la DEA. Así que entró a la corte desde el frente, sin escolta policial, vestido con un traje, como un hombre libre. Ha ganado el juego de narcotraficantes que se enriquecen antes de traicionar a los viejos amigos e incorporarse a las filas de los testigos protegidos de la DEA.

 

«Pérez» dijo que había pagado a «Mario», el segundo al mando en Puerto Cortés, un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de JOH en 2013. Dijo también que  «Mario», quien además le presentó a Fredy Nájera y Fabio Lobo, protegía cargamentos de cocaína que venían desde Colombia en cajas industriales en los barcos que llegaban a Puerto Cortés.  

 

El segundo al mando en Puerto Cortés en esa época y hasta 2017 era Mario Coto, el subgerente de la Empresa Nacional Portuaria, quien en Honduras ya había sido investigado por el Tribunal Superior de Cuentas por malversación de caudales públicos y malos procedimientos laborales. Coto participó en la coordinación de campaña de un candidato a alcalde en Cortés por la corriente de Nasry Asfura, del Partido Nacional, en 2021, y actualmente participa en la coordinación de campaña del precandidato nacionalista a la presidencia Jorge Zelaya, de la corriente liderada por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. 

 

Jorge Zelaya confirmó a Contracorriente que Mario Coto apoya su campaña política. «A uno lo va a apoyar un montón de gente, yo realmente no he platicado con Mario, pero por supuesto que sí me está apoyando ahorita en la precandidatura presidencial, pero quien va como candidato soy yo, ¿qué tiene que ver si él o cualquier otra persona me apoya y es mencionado? Él no va a ningún cargo conmigo. Yo conozco a Mario Coto desde hace años, pero no soy amigo de él. (…) Yo no estoy recibiendo coimas ni voy a recibir, y no le voy a dar dinero a nadie», explicó Zelaya.

 

También consultamos a Leo Castellón, quien entre 2015 y 2017 ocupó el cargo de gerente de la Empresa Nacional Portuaria y fue jefe de Mario Coto; sin embargo, evitó hablar de su relación con él. En el periodo en el que Castellón y Mario Coto estuvieron al frente de la portuaria hubo al menos tres hallazgos de cocaína en contenedores que llegaban hasta el control de la institución; sin embargo, Castellón aseguró que en ese tiempo no tenían nada que ver con la operación de la terminal de contenedores.

 

También buscamos una entrevista con el expresidente Lobo; sin embargo, tras varios intentos, no respondió a nuestra solicitud.

 

Mientras, en la Corte de Nueva York, el testigo produjo más escándalos, cuando durante el contrainterrogatorio de la defensa, esta vez dirigido por Raymond Colón, dijo que, entre 2008 y 2010, usaron a una diplomática de la embajada israelí en Colombia para transportar dinero del narcotráfico en maletines diplomáticos desde Honduras hasta Colombia, donde se invertía otra vez en empresas legales. La mujer, que no fue identificada, tomaba tres por ciento del dinero a cambio de su servicio de transporte, que era efectivo ya que los maletines diplomáticos pasan sin inspección.  En esos años, según Pérez, movieron aproximadamente 150 millones de dólares con ese mecanismo.

 

 

El Cachiro

 

El miércoles y el jueves escuchamos a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los dos hermanos que dirigían el cártel de Los Cachiros, el poderoso clan del narcotráfico que recibía cargamentos de cocaína en el departamento de Colón —donde se asentaron— y los transportaban con caravanas de seguridad armada, con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, hacia clanes como los Valle en Copán.

 

Leonel es un narcotraficante que estuvo activo de 2002 a 2015; a partir de noviembre de 2013 fue informante de la DEA, aunque durante varios meses antes había comenzado a grabar en secreto las conversaciones que tenía con otros narcos. Leonel hizo esto por recomendación de su primo, según contó, aunque cuando fue presionado por la defensa, admitió que la persona que le dijo a su primo que lo hiciera fue «Sabillón», generando preguntas sobre si fue el general Ramón Sabillón, quien huyó del país después de tomar medidas enérgicas contra los Valle, y que de nuevo ha huido del país después de ser destituido por la actual presidenta Xiomara Castro, tras una masacre en la prisión de mujeres que recayó sobre todo en la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad que él dirigía en ese momento. 

 

El testigo, calvo, con bigote feroz y ojos cortantes —los de un hombre sin nada que perder— describió cómo utilizó una relación de puerta trasera con el gobierno de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa para obtener contratos estatales para las empresas que solían lavar los ingresos de las drogas, en particular, su empresa de reparación de carreteras Inrimar, y pagó por protección a polīticos, militares, policías, fiscales, alcaldes, etcétera. 

 

En particular describió cómo mantuvo una sólida relación, hasta de amistad personal, con Oscar Nájera, el exdiputado nacionalista que estuvo más de 30 años en el poder y que ha sido mencionado muchas veces en los juicios de Nueva York; tanto así, que Nájera es el único político hondureño que tiene la sanción Magnitsky y la sanción de la «Lista Engel». 

 

Nájera ha sido denunciado en Honduras por movimientos campesinos de mantener un ejército privado de sicarios en el Aguán, el territorio que controlaban Los Cachiros. 

 

Devis Leonel contó que en 2012 recibió tres llamadas —las últimas dos fueron videollamadas— en las que el narcotraficante Neftaly Duarte Mejía le dijo que andaban en una fiesta en Olancho con «el futuro Presidente de Honduras», Juan Orlando Hernández, y a quien le iban a pagar bien para que ganara las elecciones presidenciales. Era el cumpleaños de Ramón «Moncho» Lobo, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Devis Leonel contó que en la videollamada se veía a los participantes muy cercanos, «como si fuera una reunión privada».

 

Unos dos o tres días después, dijo haberse reunido con su hermano y Oscar Nájera para discutir el pago para la campaña de Juan Orlando. Le entregaron 250 mil dólares unos días después a Hilda Hernández, hermana del expresidente, en Tegucigalpa, donde supuestamente se asustó al ver tanto dinero en dólares empaquetados; Nájera, supuestamente, se fue a un banco a cambiarlos a lempiras.

 

Después, la fiscalía presentó las evidencias entregadas por Devis Leonel, varias grabaciones realizadas por él mismo con un reloj con cámara secreta. Al ver estos videos secretos, el expresidente Hernández ya no se veía tan empoderado en su silla de acusado, estaba  asustado y nervioso; rompió su compostura y empezó a susurrar rápidamente con sus abogados. En el video, sin embargo, no aparece él, sino que el exalcalde de Yoro por el Partido Nacional, Arnaldo Urbina, quien decía que «Juan quiere que nos mantengamos discretos para no tener problemas». Urbina fue extraditado en 2024 y enfrentará juicio pronto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

 

La breve aparición de El Porky

 

Al terminar el interrogatorio de Devis Leonel, llegó a la corte una tal «Andrea Santos», quien conocía y, por unos años, alrededor del 2013, vivió con Alexander Mendoza, alias «El Porky» (sin decirlo, los fiscales nos dejaron con la impresión de que ella fue la novia de él en algún momento). 

 

El líder de la MS-13 en Honduras, Porky, se fugó de los juzgados en el departamento de El Progreso en 2020, cuando sicarios profesionales vestidos con indumentaria de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) lo sacaron en medio de un tiroteo que dejó cuatro muertos. Desde entonces, él ha sido considerado como una de las claves en la narcopolítica entre JOH, los cuerpos de seguridad, el narcotráfico de alta escala y las maras —las que más y más han revelado ser estructuras criminales al servicio de cúpulas políticas, policiales y militares.  

 

«Santos» describió cómo solía escuchar a el Porky hablar frecuentemente con y sobre Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional acusado de haber dirigido escuadrones de exterminio desde 2002 en San Pedro Sula, y quien, hace unas semanas aquí en Nueva York, se declaró culpable de haber apoyado al narcotráfico. «Llamen al Tigre Bonilla, él puede resolver esto para nosotros», dijo ella que solía escucharle decir a El Porky alrededor de 2012 y 2013. Una vez, en 2013, el Tigre le regaló a El Porky armamento militar para su casa de seguridad en Santa Mónica, en San Pedro Sula. Ya en 2004, contó la testigo que El Porky estuvo dando mano de obra de las maras para garantizar la seguridad de los cargamentos de drogas de los Cachiros y los Valle Valle, montando caravanas de seguridad armadas junto a sicarios de esos grupos, soldados y policías.

 

La doble traición de Fabio

 

«Teníamos una relación muy cercana, hasta personal», dijo Fabio sobre  su relación con Juan Orlando, quien, al escucharlo, negaba con la cabeza. Se le preguntó al testigo cuántas veces había sobornado a Juan Orlando. «Dos veces» dijo, como retorciendo el cuchillo, disfrutando la traición.  

 

Contó que había conocido a Juan Orlando aproximadamente en 2002, cuando este era diputado por el departamento de  Lempira, y cuando el padre de Fabio, Pepe Lobo, era presidente del Congreso Nacional. «A lo largo del tiempo desarrollamos una buena relación», dijo.  

 

En particular, describió una reunión clave que tuvo lugar en 2013, justo antes de las elecciones presidenciales. Supuestamente, Tony Hernández, con quien trabajaba directamente en el narcotráfico, le pidió que fueran en su carro a una gasolinera Shell en la carretera al norte, yendo hacia San Pedro Sula, donde esperaron por 10 minutos y compraron refrescos y snacks, hasta que llegó un pick up de cuatro puertas. Tony bajó del carro y tomó una bolsa grande —un metro de un lado al otro, dijo Fabio durante el contrainterrogatorio— llena con 4 millones de dólares. El hombre que le pasó el dinero era «Wilson», uno de los sujetos detenidos en Puerto Cortés con las «narcolibretas» en junio de 2018. Mientras regresaban a la casa, Tony llamó a Juan Orlando para decir que «tenemos el regalo que los amigos, los Valle Valles, nos mandaron». 

 

Después de eso, Lobo pagaría otros 250 mil a Juan Orlando para la campaña. Justo antes, el expresidente lo había puesto en contacto con Julián Pacheco Tinoco, el militar y jefe de seguridad que manejaba información estatal para narcotraficantes.

 

La defensa contraatacó a Fabio, haciéndole ver al jurado que este ya había mentido bajo juramento antes, cuando dijo que su padre, el expresidente Lobo Sosa, no tenía nada que ver con el narcotráfico, algo que en esta ocasión no repitió; al contrario, dejó en claro que Lobo Sosa fue parte de la conspiración, asestando así otra puñalada, esta vez a su padre. 

 

Porfirio Lobo Sosa, quien alguna vez fue el padrino político de Juan Orlando Hernández, ha dicho públicamente en varias ocasiones que su hijo Fabio Lobo siempre fue un hijo lejano, rebelde y hasta tonto. En esta ocasión lo repitió en medios de comunicación y dijo que no le guardaba rencor y que él continuaba ayudando a sus nietos, los hijos de Fabio, a quienes él ya no puede ver por estar preso en Estados Unidos. 

 

La familia de Lobo Sosa ha estado salpicada de muchas maneras en los últimos años. La esposa de Lobo Sosa, Rosa Bonilla, fue condenada por malversación de caudales públicos cuando ella era primera dama. Otro caso de corrupción también involucró a su hermano Ramón Lobo, a quien incluso le incautaron bienes en la zona del Aguán; el mismo Lobo Sosa ha estado acusado por casos de corrupción en Honduras, de los cuales ha salido librado, y recientemente fue cuestionado por la creación de un par de empresas off shore en Panamá mientras era presidente de la República. 

 

El último acontecimiento que consternó a esta familia fue el asesinato de uno de los hijos menores del expresidente, que ocurrió en la salida de  un centro nocturno en Tegucigalpa y que fue perpetrado por un grupo de hombres vestidos con indumentaria de la FNAMP, como los que liberaron a El Porky en 2020, que interceptaron el carro en donde él iba, lo sacaron del vehículo y lo ejecutaron. 

 

En Honduras muchos dicen que estas traiciones fueron la venganza de Fabio Lobo por su hermano. Nadie en esa corte realmente lo sabe ni se lo imagina. 

 

A lo largo del contrainterrogatorio a Fabio Lobo, Juan Orlando pasaba notas activamente a su abogado, Colón, como si este sirviera de intermediario en una conversación con un examigo. «Tell him this», le susurra Juan Orlando a su abogado, un susurro que lleva miedo. Ahora, yendo hacia la tercera semana del juicio que decidiría si se quedará en una celda en EE. UU. por el resto de su vida, JOH parece desesperado. 

Durante la campaña electoral de Javier Milei por la presidencia, alguien le dio un peluche de Pochita, personaje de Chainsaw Man, y pronto en internet se asoció la imagen de este manga japonés con el actual presidente de Argentina. Pero ¿son tan cercanos en esencia Milei y la obra de Tatsuki Fujimoto?



Texto y portada: Persy Cabrera

 

Javier Milei fue el segundo «hombre-motosierra» que llegó a la popularidad en los últimos cinco años en el mundo; el primero fue Denji, protagonista de Chainsaw Man quecomo el actual presidente argentino— tiene una relación con las motosierras y un mensaje que apeló a la juventud. Aunque ambos personajes parecían estar muy lejos uno del otro, los memes, la cultura popular y la juventud en busca de algo que los definiera y representara los unieron.

 

Chainsaw Man es un manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto que inició su publicación en diciembre de 2018, y que para septiembre de 2022 ya tenía en venta más de 16 millones de copias. Un éxito rotundo que no dejó de subir. Denji, el protagonista de esta historia, vive en Japón en un mundo en el que los demonios nacen de los mayores miedos de la población mundial, y se alimentan de la sangre y vidas humanas. 

 

En defensa de la humanidad están las agencias gubernamentales que tienen Devil Hunters listos para atrapar a estas amenazas; algunos de estos cazadores han realizado pactos con ciertos demonios para beneficiarse de sus poderes.

 

Las deudas del fallecido padre de Denji con la Yakuza lo obligan a vender algunos de sus órganos para sobrevivir. A él lo acompaña únicamente un pequeño demonio inofensivo llamado Pochita, una especie de perro con una pequeña motosierra que sobresale de su cabeza. La deuda heredada de Denji con un grupo criminal como este lo lleva a la muerte, o casi muerte mejor dicho, porque mientras agonizaba, Pochita logra unir su alma con la de Denji para que este siga viviendo. Ahora Denji puede transformarse en el Chainsaw Man.  

 

Que Javier Milei no necesite una extensa introducción ya dice mucho. Las redes sociales fueron bombardeadas con todos los mensajes libertarios combinados con insultos que caracterizaron la campaña de Milei para la presidencia argentina. En el proceso se hizo meme a Milei gritando «¡Afuera!» mientras quitaba de una pizarra los nombres de distintos ministerios del Estado argentino.

 

También durante su campaña, al grito de «¡Viva la libertad carajo!», Milei levantó una motosierra y prometió que con esta cortaría de manera radical el gasto público en Argentina. Cuando Milei recibió el peluche de Pochita, el Demonio Motosierra de Chainsaw Man, el meme estaba hecho; incluso alguien llegó a votar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales vestido con un  cosplay de Chainsaw Man. Fue fácil adivinar por quién votó. El resultado final de las elecciones fue que  Milei superó por 10 puntos a Sergio Massa, el otro candidato, gracias a dos factores: las redes sociales y un gran nicho de jóvenes que le apoyaron. 

 

Lo innegable es que Milei pronunció un discurso violento y peligroso, levantó una motosierra y dijo que sus cortes de gastos públicos a «la casta» iban a cortar por consiguiente la pobreza y la inflación.  Y es cuanto menos curioso que las imágenes de Pochita y Chainsaw Man fueron asociadas a Javier Milei porque este manga —al igual que el líder del partido La Libertad Avanza— saben que estaban hablando a una juventud que busca llenar frustraciones.

 

Toda Chainsaw Man está repleta de lo inesperado y cubierta de un espíritu juvenil travieso que la hace ver carente de profundidad o directamente tonta, pero pensar esto no podría estar más lejos de lo que Denji y compañía tienen para dar. Hay un panel famoso de este manga, uno en el que conocemos la motivación de Denji; ahí él está en cuclillas, resignado o quizá esperanzado, y suelta un «Quiero tocar unas tetas». ¿Qué podemos esperar de un protagonista así? 

 

Esta declaración para arrancar esta historia y la locura que se le aproxima tiene sentido tras los 97 capítulos que dura esta primera parte de la historia de Denji. Tiene una razón de existir, y es porque Tatsuki Fujimoto plasma página tras página unas preguntas sencillas pero efectivas: ¿qué son los sueños? Y ¿valen unos más que otros? Entonces empieza a rodear a Denji de personas con sueños rotos, suicidas, vengativos, de ver bien a sus seres queridos. 

 

¿Con qué soñaron los jóvenes argentinos al votar por Milei? Lo cierto es que el hombre de la motosierra logró captar los sueños de la juventud, los que creen en la meritocracia versus otros que ellos categorizaron como «vagos que viven del Estado». Sobre esto, la socióloga argentina Melina Vásquez expresó que el mérito, trabajo, producción, fueron «los tres valores a los que apelan los jóvenes mileístas para colocarse en una posición de superioridad frente a otros cercanos socialmente». 

 

Para el periodista Tobías Brown la victoria de Milei —en gran parte— estuvo en manos de la generación millenial porque vieron como el país se derrumbó y «para ellos el culpable es el gobierno de turno: El kirchnerismo, un movimiento que gobernó en 16 de los últimos 20 años de la historia argentina». La narrativa confrontativa de Milei surtió efecto, y no importó que esta narrativa pusiera en peligro la educación o la salud pública o apelara a una sensación de retroceso en los avances feministas.

 

Chainsaw Man y Milei

 

La imagen de Milei sosteniendo a Pochita y Chainsaw Man, convirtiéndose en una especie de símbolo de su campaña, no podría ser más contradictoria por algunos de los detalles que las unen. Uno pequeño para comenzar: Milei tenía como propuesta la legalización de venta de órganos porque aseguró que «existen individuos que están experimentando dificultades, aguardando por trasplantes; claramente, algo no está funcionando de manera óptima», por lo que propuso dejarlo en manos de «el mercado».

 

El único país en el que legalmente una persona puede vender sus órganos es Irán, que cuenta con un sistema en el que interviene el Estado, y del que Alexia Jerez concluyó en un artículo que «la teoría colapsa cuando se mira al espejo de la realidad y se saca la lupa». El resultado es la lucha de personas en un contexto económico difícil, en el que cuelgan rótulos en las calles anunciando que venden sus córneas, su médula espinal o su hígado para poder sobrevivir. 

 

Jerez concluyó este artículo citando al médico de la Universidad de Ciencias Médicas de Kermanshah, Javaad Zargooshi, quien defendió que «los daños físicos, psicológicos, sociales y económicos sufridos en un mercado negro de órganos y tejidos humanos persisten, incluso en un mercado regulado donde se paga por un órgano». Por el contexto de Denji sabemos que vendió sus órganos por la necesidad de sobrevivir.

 

Por otra parte, Milei también expresó su apoyo a que la población argentina pueda obtener armas de manera libre para contrarrestar el aumento de inseguridad. Los demonios del mundo de Chainsaw Man crecen en poder en la medida en que la población mundial les tiene temor. ¿Cuál podría ser el demonio más temido y en consecuencia poderoso hasta la fecha? Uno que —en la trama de este manga— provocó la muerte de 1.2 millones de personas en solo cinco minutos: el Demonio Pistola.

 

Es por eso que creo que Chainsaw Man es más que la soltura con la que Denji habla sobre relaciones sexuales y más que su panel más famoso porque, al final, Denji se encontró consigo mismo. Su viaje narró una búsqueda de sueños y por qué estos no tienen por qué ser mejores y entrar en conflicto con los de otros. 

 

La juventud, quizá no solo la de ahora, y no solo la de Argentina, también la hondureña, continúa viviendo con sueños rotos, y la política de turno los toma sin cuidar lo preciados que son. Si viviéramos en un mundo como el de Denji, con la amenaza de demonios destructores de la humanidad y de sus sueños, también tendríamos que sumarle que habría funcionarios como Milei que desarticularían las entidades gubernamentales con los jóvenes Devil Hunters que enfrentarían estas mortales amenazas.

 

De todos los símbolos de Milei, Chainsaw Man no era el más adecuado porque Fujimoto también habló a la juventud para que esta se encontrara a sí misma, y no para dejarla abandonada. 

Texto: Fernando Destephen y Amílcar Izaguirre

Fotografías: Fernando Destephen, Amílcar Izaguirre y Jorge Cabrera

 

«Tenés que aprender a respetar las opiniones de los demás, yo lo que te digo, es que todo puede suceder y es posible que al final JOH salga libre», le decía un hombre a otro en una tienda junto a las viejas líneas del tren, una zona ocupada por vendedores ambulantes en San Pedro Sula, al norte de Honduras. 

 

El juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se sigue minuto a minuto en las redes sociales, la televisión y la radio como si se tratara de un largo campeonato de fútbol, con las discusiones acaloradas incluidas.   

 

La discusión en la tienda se iba poniendo álgida: «No te engañés, Estados Unidos no se va a llevar a un expresidente y luego lo va a soltar por no tener pruebas, si se lo llevó es porque lo tiene doblado. ¿Vos creés que los gringos se van a exponer a perder una demanda de miles de  millones de dólares, solo porque no pudieron comprobar la culpabilidad de JOH?», dijo el otro. La discusión quedó inconclusa porque la llegada de un cliente les recordó que hay que continuar la venta que les da sustento para sobrevivir; el juicio de JOH es solo parte del entretenimiento. 

 

Mientras tanto, en Tegucigalpa, el partido político de Juan Orlando Hernández parece que agoniza. Incluso su fiesta de aniversario parecía un funeral.  El jueves 26 de febrero, un grupo de jóvenes del Partido Nacional se reunió en el parque La Leona, previo a su aniversario 122. Reynaldo Hernández, presidente de la juventud nacionalista, dijo que él tiene el derecho a creer en la inocencia de JOH y espera un juicio justo.  

 

Mientras Reynaldo organizaba el evento, la normalidad del parque no se vio afectada; en la cancha la gente jugaba basquetbol y otros corrían alrededor haciendo ejercicio, ajenos a la celebración al pie de la estatua de Manuel Bonilla, militar y fundador del Partido Nacional, aunque según algunos historiadores este origen estaría en duda, puesto que Manuel Bonilla fue electo presidente siendo miembro del Partido Liberal.

 

Lo cierto es que, coincidiendo con su celebración de aniversario,  los nacionalistas pactaron con el partido de gobierno el nombramiento de las autoridades del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Política Limpia. Con este paso se logró la gobernabilidad pactada en el Congreso, pero los aliados del Partido Nacional que conformaban el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) se desligaron de esa decisión, fragmentando esa alianza  y aislando aún más al Partido Nacional. 

 

Lo más preocupante es el desempleo

 

En otro sector de San Pedro Sula, un trabajador  de  la maquila de Zip Calpules le restó importancia al resultado del juicio, ya que no considera que las cosas en el país vayan a cambiar con la condena o liberación de JOH: «Lo que sí me preocupa es que cierren más maquilas, mire cuántas han cerrado ya.  Eso nos preocupa, aunque en este gobierno ni cien pesos le han subido al salario», comentó el operario, originario de Santa Rita de Yoro. 

 

Al día siguiente, Daniel Durón, presidente de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), anunció que en una negociación entre empresarios, gobierno y trabajadores se había acordado un aumento del 5.5 % a 7 % al salario mínimo en Honduras.

El estado de excepción continúa vigente en Honduras y a pesar de eso la población continúa sin ver sus logros en materia de seguridad. Tegucigalpa, febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera.

Otro trabajador del mismo parque industrial se refirió a  los actos del presidente como aceptando que en Honduras no está mal que los políticos cometan actos de corrupción. «Ojalá  que regrese JOH, es cierto que robó, pero ayudó a mucha gente. En Santa Bárbara varios primos trabajaban limpiando calles, pero solo llegó Xiomara y quedaron sin empleo», comentó.

 

En la corte del Distrito Sur de Nueva York, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, testificó en contra del expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández el martes 27 de febrero, el mismo día en que el Partido Nacional de Honduras cumplió 122 años. En el evento celebrado en el Comité Central del Partido Nacional fue notoria la ausencia del exalcalde Nasry Asfura y del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Recientemente los grafitis pertenecientes a mara y pandillas han resurgido en los barrios de Tegucigalpa. Tegucigalpa, febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera.

En Honduras todo sigue con normalidad; el infaltable caos vehicular en la capital, protestas, plantones, campañas políticas prematuras y violencia. El 2023 cerró con 3,035 muertes violentas, un 17.1 en disminución de homicidios en comparación con el 2022, y una emergencia no declarada de femicidios. De acuerdo con datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 31 de enero de 2024 se habían registrado 26 muertes violentas de mujeres, a pesar del estado de excepción extendido hasta ahora.


Entre las personas consultadas, algunas describen lo funcional de la justicia en Estados Unidos, y dan por hecho que JOH será condenado. Otras evaden el tema del juicio para mencionar las  diferencias entre el gobierno del acusado y el gobierno actual, resaltando temas como el desempleo y el precio de la canasta básica.


Mientras en Nueva York el juicio contra Hernández continúa, en Honduras la cotidianidad para la mayoría sigue siendo sobrevivir, en tanto que a algunos políticos mencionados en el juicio por cooperar con criminales y haber recibido sobornos de narcotraficantes, lo que les queda es negar.

Texto: María Eugenia Ramos

Fotografías: Fernando Destephen



El amor y la ira, la esperanza y el desasosiego, la risa y el dolor, la academia y la lucha, el raciocinio y la sana locura, todas estas eran facetas de la vida esplendorosa de Francesca Gargallo (1956-2022). Y todas estas facetas también brillan en esa especie de ópalo recién extraído de la mina que es su libro póstumo de relatos En qué momento me volví esa señora iracunda (Random House, 2023), presentado en Tegucigalpa por la escritora hondureña Melissa Cardoza y Helena Scully, hija de la autora. 

 

Nacida en una familia italiana de alcurnia, Francesca vivió y murió, por elección propia, no como latinoamericana, sino «nuestramericana», como ella decía, haciendo propio el gentilicio reivindicador acuñado por José Martí. Su vocación andariega se reflejaba en su lenguaje cotidiano, en el que mezclaba el «palabrerío chilango (…) con infiltraciones de palabras chapinas, hondureñas, beliceñas», dice Melissa Cardoza. Francesca visitó Honduras varias veces, una de ellas después del golpe de Estado, cuando llegó a acuerpar, en todo el sentido de la palabra, a sus hermanas feministas, con las que se ha reunido una vez más, a través de su hija y de las páginas de En qué momento me volví esa señora iracunda.  

 

El título de la colección de relatos publicada por Random House no es casual, como expresa Melissa Cardoza en el prólogo, en el que se percibe la estrecha relación personal que mantuvo con Gargallo. «Cuando la encontré», dice Cardoza, «estaba lejos de ser una señora, aunque ya era bastante iracunda. De una juventud y belleza decidida, denunciaba (…) la complicidad de otras feministas con los dueños del dinero y de la razón hegemónica, más o menos colaboradoras de un patriarcado que se fortaleció en nombre de salvar a las pobres mujeres pobres».

Helena Scully, hija de Francesca Gargallo, durante la presentación en Tegucigalpa del libro póstumo de relatos de su madre. 28 de febrero de 2024. Foto Cc/Fernando Destephen.

En el prólogo, Cardoza refiere que Gargallo «una vez, al referirse a Berta Cáceres en una entrevista radial, dijo: “Era una fuerza de la naturaleza”. Tomaría esas mismas palabras para describirla», señala la escritora hondureña. En otras partes del prólogo, Cardoza expresa que Francesca era una «esperanzada infatigable», «hiperbólica, parlanchina, brillante y dialogadora». «Una escritora, eso es lo que era», afirma Cardoza.

 

Durante la presentación de En qué momento me volví esa señora iracunda, Helena Scully, hija de la autora, refirió cómo el libro es el resultado de un esfuerzo colectivo, escrito por su madre, publicado por Random House por mediación de un amigo que trabaja con esa casa editorial, con prólogo de Melissa Cardoza, la portada ilustrada por la propia Helena, y la fotografía de la solapa tomada por la fotógrafa mexicana Rotmi Enciso, contando además con la colaboración de Gabriela Huerta Tamayo y Ruth García Lago. 

 

Francesca falleció debido al cáncer en Ciudad de México, rodeada de esa colectividad amorosa que construyó, el 3 de marzo de 2022, la misma fecha en la que la lideresa ambientalista lenca Berta Cáceres fue asesinada en Honduras en 2016. Esta coincidencia de fechas es una más de una serie de hechos que unen la trayectoria de la escritora italo-nuestramericana con las luchas feministas en Honduras. Así fue recordada durante la presentación de este libro póstumo en Tegucigalpa, en el local de La Ilimitada, frente a un fervoroso público compuesto en su mayoría por mujeres que compartieron anécdotas de cómo conocieron a Francesca y ella las inspiró a ser más libres por medio de las luchas compartidas.

Melissa Cardoza y Helen Scully Gargallo, durante la presentación en La Ilimitada del libro En qué momento me volví una señora iracunda. Atrás se proyecta una fotografía de Francesca, con Helen de niña. 28 de febrero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen

Sara Tomé, una de las lideresas feministas presentes, apuntó que Francesca Gargallo fue lo que la filósofa argentina María Lugones definió como una «viajera entre mundos», alguien que dialogó y contribuyó a diseminar saberes y experiencias de los diversos feminismos. Una de sus obras más reconocidas, Feminismos del Abya Ayala, fue uno de sus grandes regalos para las feministas contemporáneas, y se sigue estudiando en diferentes espacios, expresó Tomé.

 

En qué momento me volví esa señora iracunda se agrega a la vasta colección de libros publicados por Gargallo, que comprende novela, cuento, poesía, literatura infantil y ensayo. Se anunció que algunas de sus obras estarán disponibles próximamente en Tegucigalpa, publicadas o reeditadas por el Fondo de Cultura Económica de México (FCE).

La noche del 28 de febrero, el Congreso Nacional (CN) aprobó en una sola nómina el nombramiento de altos cargos en el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En noviembre de 2023, el CN cubrió los viáticos de una comisionada del IAIP que ahora fue elegida para la Unidad de Política Limpia, y la oficial de transparencia de Casa Presidencial fue nombrada en el IAIP; esto abre el debate sobre la independencia de estas unidades. 

 

Texto: Fernando Silva y Vienna Herrera

Con reportes de Jennifer Ávila

Fotografía: Fernando Destephen

 

El Congreso Nacional (CN) cubrió los viáticos de la comisionada Ivonne Ardón, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que participara en el XXV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizado en México entre el 13 y 15 de noviembre del 2023, según consta en el oficio n.° IAIP-020-2023

 

Ardón envió al CN un informe ejecutivo y de liquidación en el que detalla el pago de 636.67 dólares en boleto de avión y 100 dólares de maleta, así como 560 dólares en pago de hotel, pero no menciona si hubo más costos cubiertos por este poder del Estado. 

 

Previamente, en abril del 2022, el IAIP hizo modificaciones presupuestarias internas para cubrir un monto de 72 mil lempiras de viáticos para que Ardón viajara al XXII encuentro de la misma red, realizado en Chile; en esa ocasión, Ardón participó como expositora. Esa información consta en el acuerdo n.° SO-029-2022.

 

Durante una conferencia de prensa ofrecida a los medios para anunciar su nuevo puesto en la Unidad de Política Limpia, Ardón le dijo a Contracorriente que la aprobación de ese fondo se dio porque el IAIP no tiene recursos para viajes en su presupuesto. «Se solicitó primero a Casa Presidencial y nos apoyaron con la compra del boleto, y se le solicitó al Congreso para la cobertura del hotel y la alimentación en la Ciudad de México. Esos fondos están debidamente liquidados ante el Congreso de la República», dijo. El fondo se aprobó cuando ella ya era candidata para la Unidad de Política Limpia.

Los nuevos comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos de Honduras (UFTF). Tegucigalpa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Ardón agregó que el fondo «fue autorizado por el pleno de comisionados (…) no hay ningún conflicto de interés tampoco porque yo seguía siendo comisionada del Instituto, y el proceso de concurso para venir aquí fue en el mes de agosto del año pasado», argumentó.

 

Por su parte, el comisionado Vladimir Mendoza, quien recién pasó del IAIP también a la Unidad de Política Limpia, aseguró en la misma conferencia de prensa que ya había tenido reuniones previas con la Unidad de Política Limpia «porque teníamos la fe en Dios de que íbamos a venir acá».  

 

El hecho de que un viaje de la comisionada del IAIP haya sido financiado por el Congreso Nacional abre un debate sobre la independencia del Instituto de Transparencia, que ha sido además cuestionado por otorgarle al Congreso Nacional dos veces consecutivas el 100 % de puntuación en transparencia, cuando en este poder del Estado hay omisiones importantes en la información publicada en sus portales. 

 

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Por otro lado, la comisionada Ardón no solamente tiene trayectoria en el IAIP; en agosto de 2023, una publicación del medio digital Criterio.hn señaló que Ardón fue la encargada de presentar los informes financieros de candidatos del Partido Liberal ante la Unidad de Política Limpia para las elecciones primarias y generales de 2021.

 

En 2015, Ardón también fue investigada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque demandó por asuntos laborales al Congreso Nacional de Honduras. Durante el tiempo en que estaba en proceso de resolución la demanda laboró en el IAIP, contraviniendo la disposición establecida en en el artículo 129 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el período fiscal 2013, donde se establece que los servidores públicos que han demandado al Estado no podrán laborar en otras secretarías. 

 

Ardón trabajaba como oficial de protocolo del Consejo Nacional de Juventud desde 1999, y en 2007 fue despedida sin causa, pero no fue hasta 2015 que la demanda se resolvió a su favor. Sin embargo, Ardón había recibido pagos del IAIP desde 2013, cuando ocupaba un puesto en comunicaciones de forma interina, y en 2014 comenzó a laborar de forma permanente en un cargo de asistente ejecutiva. El TSC concluyó que Ardón recibiría la indemnización del CN, pero le redujeron los salarios que ya había percibido hasta el momento en el IAIP, tal y como dice que debe hacerse en un caso así, según el mismo artículo 29 del Presupuesto. 

 

La elección de nuevas autoridades en la Unidad de Política Limpia se postergó desde mayo de 2023, cuando el CN creó una comisión para seleccionar a los comisionados.  En julio publicaron la lista de los postulantes, dos de los cuales eran comisionados del IAIP que estarían en ese cargo hasta septiembre del 2024. Mientras tanto, el portal de transparencia del IAIP estuvo fuera de servicio desde el 19 de diciembre de 2023 y se volvió a habilitar el 28 de febrero, mismo día en que fueron elegidos Vladimir Mendoza y Ardón, dos excomisionados del IAIP en la Unidad de Política Limpia.

 

Ardón es parte de los 12 cargos elegidos en una sola nómina por el Congreso Nacional, que incluyen nombramientos en el Ministerio Público (MP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

 

Una elección cuestionada

 

En la sesión que se llevó a cabo en el CN a las 9 de la noche, 110 diputados votaron por la ratificación de Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal adjunto. Ambos desde el 1 de noviembre del 2023 ocupaban los cargos de forma interina, después de que así lo decidiera una comisión permanente formada por nueve diputados propietarios, la mayoría del partido oficialista

 

En el TSC nombraron a Jorge Medina (PL), Ricardo Montes (PN) e Iztel Palacios (Libre) por siete años; en el TJE a Mario Morazán (Libre) y Mario Flores (PN). En la Unidad de Política Limpia fueron nombrados Emilio Hércules (PN), Ivonne Ardón (PL) y Vladimir Mendoza (Libre) por seis años; los últimos dos eran comisionados en el IAIP, instancia para la cual quedaron en su lugar Miguel Berríos (PL) y Lucy Ondina Hernández (Libre), hasta septiembre del 2024. Lucy Ondina Hernández era la encargada de la Oficina de Transparencia de Casa Presidencial en el gobierno actual. 

Presentación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Tegucigalpa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Durante la presentación de los nuevos comisionados del IAIP, Contracorriente consultó a Berríos si había garantías de que el IAIP fiscalizara al gobierno cuando una de las comisionadas trabajaba en Casa Presidencial, a lo que él respondió que desconocía esa información.

 

Sobre la independencia del IAIP, Berríos dijo que, aunque fueron seleccionados por el CN, «una vez que asumimos estas funciones nos volvemos independientes porque nos debemos al servicio de la población hondureña». 

 

Después de la presentación de la nómina, el diputado del Partido Libre Jorge Cálix manifestó durante la sesión legislativa no sentirse satisfecho por los nombramientos, debido a que en el Ministerio Público nombraron «a una persona que es liberal como fiscal general, un liberal como adjunto también, y dentro del acuerdo del tripartidismo, un director de fiscales nacionalista».

 

Cálix denunció que la junta directiva del CN se había reunido con Nasry «Tito» Asfura, exalcalde y excandidato presidencial por el Partido Nacional, el día anterior a estos acuerdos. «¿Por qué reunirse con Tito, que además tiene procesos judiciales pendientes? Está participando en la elección del fiscal, se ve mal, hay conflicto de interés, tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados; ¿se negoció algo de eso? ¿Por qué, si el fiscal desde que asumió estaba diciendo que está revolviendo procesos antiguos, particularmente estos no los tocó? Esto lo tiene que saber el pueblo hondureño», dijo Cálix, mientras algunos congresistas le aplaudían. 

 

Cálix cuestionó si en las negociaciones con Asfura estaba el declarar con lugar un recurso que está contenido en el expediente 906-2016 de la Sala de lo Constitucional, que implica una demanda de Banco La Constancia en contra de un banco estadounidense por un monto de 50 millones de dólares. Este caso ya tiene apelaciones, recurso de casación y amparo sin lugar, pero se mantiene vivo por una revisión civil contra una sentencia de amparo. «Díganme si ese caso del socio de don Tito Asfura, Johnny Kafati, está metido en esta negociación, porque ese expediente debería estar cerrado, porque no procede un recurso de revisión civil contra una sentencia de amparo», reclamó.

 

«Lamento que hayan puesto todos los cargos en una sola moción. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional, aquí hubiera habido una insurrección legislativa (…) Eso es una cachurecada más, aprendieron bien», dijo Cálix, quien aseguró que lo amenazaron con que si se oponía presentarían requerimientos fiscales en su contra. 

 

Compromiso con la transparencia

 

Durante el juicio contra el expresidente Hernández, uno de los mayores temas que revelan los testimonios es el financiamiento del crimen organizado a partidos políticos. Hasta el momento, los testigos han mencionado haber financiado a políticos de los tres partidos que pusieron a sus representantes en las instituciones elegidas el 28 de febrero.

 

La comisionada Ardón, ahora en la Unidad de Política Limpia, dijo que era un reto trabajar con esas condiciones. «Nos toca a nosotros buscar cómo hacer los mecanismos de control para que las instituciones no sean permeadas por el crimen organizado por el tema de lavado de activos», expresó.

 

Por su parte, el comisionado Emilio Hércules apuntó que, aunque el presupuesto de esta unidad ronda los 51 millones anuales, no es suficiente y debe tecnificarse, «o quedarnos únicamente con la auditoría que se hace actualmente o con el monitoreo de medios (…) la persona que está buscando introducir fondos de origen ilícito en las campañas siempre se las ingenia para poder introducirlo de una manera u otra», dijo.  Destacó, además, que debe haber reformas a la ley y a sus reglamentos internos para poder atender el próximo proceso electoral en 2025.

Por: Jennifer Ávila

Portada: Persy Cabrera


Amilcar Alexander Ardón Soriano caminó hacia el estrado para testigos, debajo del imponente altar en donde el juez Castel dirige el juicio que nos supura en la herida a todos los hondureños. Una herida que no podemos explicar, pero que nos ha roto como sociedad, que nos ha hecho resolver o, mejor dicho, complicar todo a golpes a través del despojo.


Amilcar Alexander no pudo deletrear su nombre cuando el juez se lo pidió para que el escribiente lo anotara correctamente. Apenas estudió hasta quinto de primaria, pero eso no impidió que lograra levantar un pequeño imperio en un pueblo pobre de Honduras, traficando más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, el imperio que él admiraba. 


Este criminal confeso fue alcalde de su pueblo. Dijo incluso que le dio un millón de dólares a quien después se convertiría en presidente del país la primera vez que decidió aportar a su carrera política. Se codeó con él, como si hubieran sido iguales alguna vez, ese joven casi analfabeto de un pueblo perdido de Honduras con el abogado que estudió su maestría en Estados Unidos. Pero nunca fueron iguales. Juan Orlando Hernández lo sabe, lo ve con desprecio desde su silla de acusado; él con los trajes y corbatas que usó cuando era presidente, Ardón con uniforme naranja de presidiario. ¿Por qué una sociedad que crea abismos entre clases sociales une a las personas en negocios perversos que, a la vez, perpetúan esos abismos?


En ese estrado Ardón busca que le devuelvan la libertad como intercambio por toda la información que ha dado para condenar a narcopolíticos hondureños. Pero allí, sentado frente al jurado y una audiencia de periodistas y migrantes hondureños, lloró cuando el abogado defensor del expresidente Hernández le preguntó cuándo había matado por primera vez. Ardón se declaró culpable de participar en 56 asesinatos en Honduras. Contó que la primera vez que mató a alguien fue a los 18 años, a un chico igual que él, de la misma edad y con el mismo contexto, en venganza porque este había asesinado a su hermano. El abogado de la defensa le preguntó por qué no fue a las autoridades a denunciar en lugar de tomarse la justicia por su propia mano, y muchos en la sala cruzaron sus miradas, como si la respuesta a esa pregunta fuera obvia: así se resuelven las cosas en Honduras. 


Entre 2000 y 2024, en Honduras ocurrieron alrededor de 103,000 homicidios, lo que nos colocó en el top de los países más violentos del mundo sin una guerra declarada. Desigualdad, pobreza y mucha violencia han sido los ingredientes que han creado un país del cual huyen miles cada día; pero si a esto le agregamos dos ingredientes más, impunidad y cocaína, el resultado es un narcoestado en donde personajes como Ardón, los clanes Valle Valle, Urbina, Hernández, Rivera Maradiaga, Zelaya, concentran el poder y usan las instituciones del Estado para garantizar el negocio lucrativo del narcotráfico. Una sociedad en donde las diferencias se encuentran y complementan, en donde unos pocos logran salir de la miseria y otros, pocos también, se perpetúan en la abundancia, pero ambos a costa de la vida y del futuro de muchos más. Es el perro mordiéndose la cola. No es solo que los políticos financiaron sus campañas con dinero de las ganancias del tráfico de cocaína, sino que también participaron activamente con su autoritarismo, concentrando todo el poder formal e informal para que el mismo Estado —que debía funcionar para proteger a las personas y garantizarles sus derechos básicos— estuviera al servicio del crimen organizado. 


¿Para qué se abren y pavimentan carreteras en Honduras?, le preguntaron a Ardón en el juicio. Demostrando tener bien claras las prioridades de su trayectoria de vida, él contestó: para mejorar el camino de la cocaína y también ayudar a las comunidades. En Honduras hay cientos de caminos que las comunidades no pueden usar para comercializar productos lícitos que podrían mejorar su calidad de vida; hay carreteras que atraviesan selvas y que fueron abiertas por narcotraficantes y ganaderos bajo la vista y paciencia de los gobernantes. Varias de estas carreteras se pactan por los caudillos locales o nacionales para que el Estado no las regule y las comunidades no se quejen. Son carreteras pavimentadas desoladas, muchas veces desalojadas para que nadie pasara por allí cuando una avioneta debía aterrizar, o cuando el señor de ese territorio pasara con sus furgones, volquetas y camiones llenos de cocaína. 


Los operativos policiales mencionados en el juicio demostraron funcionar, no para proteger a las personas, sino para garantizar el paso libre de la coca y evitar robos por parte de cárteles contrarios. Los helicópteros militares, mientras tanto, fueron usados para transportar al presidente a sus reuniones con narcos o para matar indígenas en la selva, y así  simular que el gobierno colabora con Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico, algo que en su momento ese país celebró. Se usó el poder en las instituciones de seguridad para planificar asesinatos de miembros de cárteles en competencia, o de funcionarios o asesores íntegros que comenzaban a denunciar el narcoestado. Todo esto nos ha dejado heridas con nombres y heridas anónimas; algunas se llaman Alfredo Landaverde, Arístides González, Marlene Banegas; otras tantas tienen el nombre de mi primo, de tu tío, de tu sobrino, de nuestros amigos, de los hijos de alguien. Pero la herida más grande se llama Honduras, y nos duele.


Honduras no ha tenido una guerra propia. Ha peleado las guerras de Estados Unidos, la de la contrainsurgencia en la década de los ochenta, la librada por el narcotraficante o la creada para luchar contra este. En todas ha puesto el territorio y las víctimas, los ríos de gente que huye, los cementerios desbordados. En todo este proceso nunca hemos podido hablar de paz, ni formal ni informalmente. Hablar de paz en Honduras significa automáticamente poner en alguien la culpa, en el del otro partido, en el del otro equipo, en el del otro barrio, y cualquier discusión lleva a la inevitable descalificación y hasta agresión del «otro» que somos, al final, nosotros mismos. 


Esas son el tipo de heridas que las guerras fratricidas dejan y que la sociedad hondureña tiene. Quizá los juicios en Nueva York son eso, un proceso que nos ayude a abrir diálogos de paz, a crear nuevos pactos sociales, a retejer el tejido social y redireccionar el Estado, unos acuerdos de paz que suceden como las propias guerras que hemos vivido, por la intervención extranjera. Esa es una mirada esperanzadora. La otra, menos optimista, sería ver a una Honduras más polarizada y buscando respuestas simples, como se nos ha enseñado: «todos los políticos son iguales», «la política es sucia», «todo está podrido», «en Honduras nunca habrá justicia», «la mano dura al final resuelve», «ocupamos un autócrata», «sacrifiquemos libertad por seguridad»; así sucesivamente, profundizando la herida.


El narcoestado se consolidó en medio de la polarización que dejó el golpe de Estado y lo hizo sobre una historia de polarización violenta entre partidos políticos tradicionales, terratenientes y políticos oportunistas. Una historia de confrontación fratricida que solo ha beneficiado a las élites políticas que se renuevan en el poder una y otra vez. Porque mientras la población se desgarra arrancándose los ojos, en ese mundo ciego y sangrante, narcos y políticos corruptos han reinado y lo seguirán haciendo porque observan, desde un balcón de privilegio, cómo el resto de la población se destruye a sí misma defendiendo a unos y acusando a otros.


Un acuerdo de paz significa aquí repensar lo que como sociedad hemos creado, ese monstruo hambriento de poder y odio. Reconciliarse no es sinónimo de perdón ni de ejecución masiva de aquellos a quienes se les considera culpables; es el ejercicio colectivo de buscar un camino para llegar al «nunca más», que permita romper el ciclo que alimenta al narcoestado: «mientras haya coca, habrá vida».

Texto y fotografía: Amílcar Izaguirre



Este 27 de febrero, Honduras recibió a un grupo de 96 médicos cubanos, en el marco de un convenio firmado entre Cuba y Honduras. A su llegada, el ministro de Planificación y Estrategia Ricardo Salgado, dijo que se otorgará a estos médicos condiciones dignas, pero que los dos mil dólares que supuestamente se pagarán por sus servicios es una leyenda urbana, ya que estos profesionales vienen a cumplir una misión de apoyo a los médicos hondureños. «Este es un principio de salud pública de altísima calidad que involucra a los 11 mil médicos hondureños desempleados», expuso Salgado.


Desde el 2022, más de mil médicos hondureños han emigrado a países como Alemania, Inglaterra, España y Estados Unidos en busca de oportunidades laborales, de acuerdo con Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), quien afirma que el gobierno, en lugar de fortalecer el sistema de salud, destina fondos para el pago de especialistas cubanos. 


La ministra de Salud, Carla Paredes, aseguró que los médicos cubanos van a lugares donde nadie quiere ir. Por su parte, Santos asegura que los especialistas hondureños no piensan en trabajar en lugares como La Mosquitia porque la oferta económica es más baja que la ofrecida a los extranjeros, a quienes, según él, les pagan 2,000 dólares. 


Josué Pérez, médico graduado en 2017, cuenta que durante muchos años buscó trabajo en el sistema de salud pública, sin éxito, y comenzó a trabajar en un centro médico privado de San Pedro Sula, donde apenas le pagaban 10 mil lempiras ( 400 dólares). Sin embargo, asegura que hay colegas suyos que ganan incluso menos. «En Honduras para obtener una plaza en el sistema de salud pública se necesitan demasiadas influencias políticas», relató Pérez.


De 21,000 médicos que existen en Honduras unos 11,000 no tienen empleo, como reconoció el ministro Salgado, y los que sí logran ejercer, a veces lo hacen por salarios muy bajos en el sistema privado. Sabiéndolo, Pérez desde antes de graduarse pensaba en la posibilidad de viajar a otro país en donde pudiera tener una mejor calidad de vida,  trabajo y la oportunidad de estudiar una especialidad. Ahora se está preparando para buscar trabajo en Alemania, pero explica que no es tan sencillo, ya que primero debe ahorrar suficiente dinero para sostenerse en Alemania mientras cumple el proceso de la homologación de su título y que le aprueben una visa de trabajo.

                                                                       

Según datos proporcionados  por  el doctor Samuel Santos, de los  21,000 médicos en Honduras, apenas 5,000 trabajan en la Secretaría de Salud (Sesal). «Lo más lamentable de esta situación es la migración que se está dando. El 15 % de los médicos extranjeros que trabajan en España son hondureños», dijo, y agregó que para que la población hondureña tenga una buena atención médica en la Secretaría de Salud deberían estar trabajando unos 17 mil médicos y el presupuesto en salud debería rondar el 12 % del total del Presupuesto General de la República, pero actualmente no llega ni al 7 % asignado a ese sector.


Por su parte, la doctora Patricia Monserrath Elvir, coordinadora de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula (UNAH-VS), dijo que actualmente de este centro egresan al año unos 150 médicos, y en el último año unos 105 de los egresados han pedido la documentación para salir del país. «No puedo decir que todos se van para Alemania, pero sí la mayoría», comentó. Agregó que, de acuerdo con el Estatuto Médico, el salario de estos profesionales debería rondar los 42 mil lempiras.


El presidente del CMH dice que solo en la primera semana de febrero atendieron 42 casos de médicos que solicitaron permisos para ausentarse del país, algunos por estudio o por trabajo. «Los médicos hondureños tienen éxito a cualquier parte del mundo que vayan, porque como dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Lo más seguro es que los que se van ya no regresen», comentó.

Adán Fúnez mantiene el poder en el departamento de Colón tras la caída del cartel de Los Cachiros y otros aliados criminales. ¿Cómo lo hace? Sus vínculos con grupos del crimen organizado y el apoyo de los máximos líderes del Partido Libre –el partido de gobierno– podrían explicarlo y ayudar a entender los asesinatos, corrupción y precariedad que reinan en esa región.

 

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Edición: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera

 

Algunas cosas han cambiado en Tocoa desde que el cártel de narcotráfico liderado por los hermanos Rivera Maradiaga, alias Los Cachiros, se desarticuló tras la entrega de sus cabecillas a la justicia estadounidense; por ejemplo, su presencia en el pueblo, el fin de su narcofilantropía, el poderío de algunos de sus operadores políticos. Pero no todo ha cambiado, sobre todo en la gobernanza de esta ciudad cerca de la costa caribeña de Honduras, paso obligado de la cocaína que va hacia el norte de América. 

 

A pesar de las denuncias constantes de organizaciones de derechos humanos en la zona, el personaje más inamovible de Tocoa ha logrado el poder absoluto, ya no solo en la ciudad, sino en el departamento de Colón. Hablamos de Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, quien mantiene el respaldo de Manuel Zelaya Rosales, el expresidente de Honduras y máximo líder del oficialista Partido Libre.

 

Testimonios de víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos en la zona lo vinculan con bandas del crimen organizado que han cometido múltiples crímenes contra líderes campesinos y ambientalistas. Además, documentos del registro público muestran sus relaciones comerciales con narcotraficantes y políticos señalados por corrupción, y la forma opaca en la que ha manejado sus propiedades y empresas. Fúnez también ha sido investigado por ser un actor clave en la perpetración de abusos a los derechos humanos en el conflicto minero de Guapinol. 

 

«En Tocoa, cuando llueve, la mierda flota en la calle», es una de las frases que más repitieron las personas con las que hablé en esa ciudad, ubicada en el departamento de Colón, en la costa norte hondureña. Después de algunos días, entre el calor insoportable, lluvias torrenciales y calles inundadas, ese dicho adquiere sentido. 

 

En apariencia, esta ciudad, que años atrás se ganó el sobrenombre de «Colombia chiquita» por su relación con el narcotráfico, sigue creciendo con nuevas tiendas y franquicias de comida rápida, pero las condiciones de los servicios públicos continúan siendo casi inhumanas, considerando la crisis energética que les deja a oscuras por varios días, la falta de sistemas de drenaje para las aguas lluvias y las terribles condiciones de infraestructura vial, sin alcantarillado ni sistema de tratamiento para las aguas residuales.

 

Los años pasan. Algunos cabecillas del narcotráfico que transitaban las calles de esa ciudad han sido extraditados y brindan testimonio contra el mismísimo expresidente del país, Juan Orlando Hernández, en los Estados Unidos, pero algo que sigue igual en Tocoa desde hace 18 años es la figura del alcalde Adán Fúnez, quien actualmente cumple su tercer periodo consecutivo como titular de esa municipalidad.

 

Adán Fúnez también ha sido mencionado en juicios por narcotráfico en los Estados Unidos por recibir dinero del cártel de Los Cachiros, y él mismo reconoció públicamente haber sido amigo de los hermanos Rivera Maradiaga. Además, su administración ha sido investigada por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción, y ha sido clave para la violencia y violaciones a derechos humanos en el conflicto agrario y la lucha por el medio ambiente.

Fúnez, alcalde de Tocoa, participó junto a la empresa EMCO en el cabildo abierto, pero no lograron los resultados que esperaban. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Las posibles conexiones entre Adán y el narco en el Bajo Aguán

 

Tocoa es el cuarto municipio más violento del país, con 88 muertes violentas en 2023, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea. Según datos del analista Sam Woolston, la tasa nacional de homicidios cayó un 13% entre 2022 y 2023 de 35,6 homicidios por cada 100.000 personas a 30,8; pero Colón siguió siendo el departamento con mayor número de homicidios en Honduras, con una tasa de 57,0 homicidios por 100.000 habitantes. 

 

A pesar de toda esta violencia –mucha de ella consecuencia del narcotráfico–  en este lugar parece no ser suficiente que un narcotraficante confeso asegure haber pagado sobornos a un político para que este pierda su caudal y apoyo. 

 

En 2017, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, un fiscal del distrito sur de Nueva York le preguntó al exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sobre los políticos en el departamento de Colón que habían recibidos sobornos para facilitar el paso de la droga y obtener protección. «Oscar Nájera, Juan Gómez, Adán Fúnez y Midence Oquelí», respondió el narcotraficante.

 

Un año antes, Fúnez ya había reconocido, en el marco de un cabildo abierto, ser amigo de Javier Rivera, el otro líder del cártel de Los Cachiros. Fúnez explicó públicamente y con orgullo que «esa concesión que tiene EMCO —la empresa del matrimonio de Lenir Pérez y Ana Facussé que mantiene un conflicto socioambiental en la zona— es de Javier Rivera, amigo de ustedes y amigo mío».

 

Desde entonces, Fúnez ha ganado dos elecciones más como alcalde de Tocoa, y en 2022 fue nombrado de forma irregular por la Secretaría de Gobernación y Justicia del Gobierno de Xiomara Castro como gobernador del departamento de Colón, aunque finalmente renunció al cargo y designó en su lugar a Ixcer Barahona, uno de sus empleados de confianza en la municipalidad.

 

Otro político originario de Tocoa señalado en las declaraciones de Devis Leonel Rivera fue Ramón Lobo, exdiputado del Partido Nacional y hermano del expresidente Porfirio Lobo. Rivera acusó a Ramón Lobo de reunirse con miembros del cártel para facilitar las operaciones de tráfico de droga y ser intermediario del envío de sobornos dirigidos al expresidente.

 

Los señalamientos solo fueron una confirmación de lo que muchos ya sabían: empresarios y políticos han mantenido  una relación estrecha con las operaciones del narcotráfico desde hace mucho tiempo.

 

Pero varios años antes de estos señalamientos en común, Adán Fúnez y Ramón «Moncho» Lobo ya se habían relacionado directamente. Según documentos del Instituto de la Propiedad a los que tuvimos acceso, habían realizado una operación de compra y venta clave para el desarrollo de los negocios del alcalde.

 

En septiembre de 2006, Adán Fúnez, siendo ya alcalde, y su esposa Mirna Aleyda Ochoa constituyeron ante el registro mercantil de Trujillo, Colón, una empresa de buses interurbanos que opera en algunas ciudades del norte del país y Tegucigalpa, con el nombre de Transportes Mirna, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

Luego, en junio de 2007, esta empresa compró una fracción de terreno en el municipio de Bonito Oriental, a 40 kilómetros de Tocoa, para instalar sus oficinas. La propiedad costó 250 mil lempiras y pertenecía a Ramón Lobo, quien, según los documentos, tiene múltiples propiedades tanto en Trujillo como Bonito Oriental, en algunos casos desde finales de la década de 1970. 

 

Aunque Ramón Lobo no ha sido acusado en Honduras por su supuesta relación con el narcotráfico, en 2018 fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos en el caso «La caja chica del hermano», donde se describe cómo, en complicidad con Wilfredo Cerrato, secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, desviaron más de 13 millones de lempiras del erario público hacia sus cuentas personales. 

 

Por este caso, en 2022 la fiscalía logró una sentencia para el aseguramiento definitivo de una de sus propiedades, de más de 500 manzanas de tierra, ubicada en el municipio de Trujillo, Colón, y otra en Bonito Oriental. La suma del valor catastral de ambos bienes es de más de 800,000 lempiras.

 

A pesar de haber perdido estas propiedades, Ramón Lobo fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, y aunque el Ministerio Público interpuso un recurso ante esa decisión, parece que el caso quedará enterrado entre tantos otros casos de corrupción sin resolver en el país. 

 

En el caso de la fracción que vendió a Transportes Mirna, en diciembre de 2021 está fue comprada por Mirna Ochoa, esposa y socia del alcalde, por el valor de 250 mil lempiras, el mismo costo por el que fue adquirida en 2007. Cabe destacar que en el mismo año en que la empresa Transportes Mirna adquirió esa propiedad, la sociedad fue disuelta ante el registro mercantil y desde entonces es representada por una liquidadora. 

 

Luego, según un anuncio publicado en un periodico nacional en noviembre de 2012, Mirna Ochoa y Fúnez constituyeron nuevamente la empresa de transporte, pero como sociedad de responsabilidad limitada y con sede en San Pedro Sula.

 

En la última década, la empresa del alcalde y su familia no quedaron exentas de la violencia que azota la zona. Entre 2016 y 2017 suspendieron sus operaciones en dos ocasiones, en protesta por la falta de seguridad y el cobro de extorsión del que supuestamente eran víctimas. En 2015 y 2018 dos de sus unidades fueron atacadas e incendiadas. En el caso del incidente en 2018, la empresa señaló sin pruebas a activistas del ambiente en la zona que se oponían a la instalación de un proyecto minero. Los activistas, por su parte, aseguran que ese hecho fue un montaje del alcalde con la intención de criminalizarlos.

 

Los tratos entre Adán Fúnez y personas que han sido vinculadas con el narcotráfico no terminan allí. En 2012 vendió una propiedad de 1,641 metros cuadrados ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, a la sociedad Pacific Corporation. El gerente de dicha empresa era Dionisio Mármol Chirinos, a quien a finales de 2020 el Ministerio Público acusó por el presunto delito de lavado de activos, logrando que se le aplicaran medidas cautelares. Dionisio Mármol, a su vez, estaba vinculado en otras propiedades con Fredy Donaldo Mármol, un capo de la droga que cumple condena en Estados Unidos por participar en una conspiración internacional de narcotráfico que distribuyó cocaína en Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y Estados Unidos.

 

Adán Fúnez vendió la propiedad a esta empresa vinculada con el lavado de activos y el narcotráfico por un monto de 1.5 millones de lempiras, aunque en 2010 la misma le había costado casi el doble: 3.2 millones de lempiras. Finalmente, desde agosto de 2021 la propiedad fue asegurada por un juzgado de letras con competencia nacional junto a otros bienes de Fredy Mármol, valorados en casi 500 millones de lempiras. 

 

En Tocoa, los opositores de Fúnez tienen claro que sus relaciones con el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, han sido una pieza fundamental para que siga en el poder, pero también reconocen que no es el único factor.

 

Juan López, regidor del mismo Partido Libre en Tocoa, pero opositor de Fúnez, explica que la empresa privada corrupta, la cercanía con Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre, y la relación con el crimen le han servido de protección para su continuidad en el poder.

 

Nos encontramos con Juan en un salón de la iglesia San Isidro Labrador, en el centro de la ciudad de Tocoa. Allí me contó sobre la primera vez, en 2014, cuando como miembro del consejo parroquial de esa misma iglesia le solicitó una reunión a Fúnez para pedir que no se le otorgara el permiso de operación a la empresa minera Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, a lo que el alcalde contestó que no tenía información al respecto para procesar su solicitud.

 

Juan había trabajado en 2006 para la primera campaña política de Fúnez, cuando fue electo como alcalde por el Partido Liberal y lo consideraba un correligionario cercano, pero todo lo que pasó tras esa reunión de inicios de 2014 y las arbitrariedades del alcalde le cambiaron la vida.

 

Desde entonces, Juan formó parte de una resistencia ciudadana contra la empresa que instaló un megaproyecto minero en la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras, fue acusado por la fiscalía injustamente a raíz de dicha resistencia, encarcelado por algunos días y acusado de liderar una supuesta estructura criminal. Luego, en 2021, resultó electo como regidor municipal por el Partido Libre.

 

Aunque durante la conversación estamos solos, Juan evita mencionar palabras como «narcotraficantes», «tráfico de drogas» o «crimen organizado». Recuerda que en 2021, cuando se enfrentó en las urnas contra Adán Fúnez —ambos fueron candidatos a la alcaldía por el mismo partido—, vio cómo personas allegadas al alcalde sacaban dinero de grandes bolsas y lo entregaban a las personas para comprar su voto.

 

«Para nadie es desconocido la plata que recibe de “entidades”, incluso hay testimonio de una persona que movilizó a gente de otros municipios para votar por Adán, y dicen que la logística la pagaron personas que están vinculadas al negocio más sucio; así gana él», dice.

El alcalde de Tocoa, Adán Funez, llegando al cabildo abierto, de donde se retiró a los pocos minutos al ver que la mayoría de la población rechazaba la concesión a la empresa EMCO. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Sicarios al servicio de los intereses del alcalde

 

El 30 de octubre de 2016, Adán Fúnez ganó las elecciones internas en el Partido Libertad y Refundación (Libre) y se convirtió en candidato a la alcaldía de Tocoa para las elecciones generales de 2017. En ese entonces, su única contrincante era la lideresa campesina y ambientalista Esly Banegas, a quien en la misma mañana de las elecciones le asesinaron a uno de sus hijos afuera de una discoteca en Tocoa. 

 

Esly, coordinadora de la Plataforma Agraria, explicó que el crimen sigue impune, ya que no hubo investigación por parte de las autoridades. Ella y otros líderes del movimiento campesino señalan que todo indica que los victimarios eran parte de un grupo sicarial y paramilitar cercano a Fúnez. 

 

Al menos tres fuentes testimoniales consultadas por Contracorriente indican que, aunque Adán Fúnez no dirige las bandas criminales en el municipio, sí es un aliado de ellas.

 

Según los testimonios, Fúnez estaría ligado al menos a tres bandas que han sido identificadas y acusadas por la fiscalía por diferentes delitos, desde portación ilegal de armas y tráfico de drogas, hasta el asesinato de líderes del movimiento campesino en el Bajo Aguán, una zona de guerra que ha dejado cientos de muertes violentas desde 2010.

 

El primer grupo con el que relacionan al alcalde tocoeño es «un grupo paramilitar» que lideraba el prófugo de la justicia Céleo Bautista Rodríguez Ponce, expresidente del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) y yerno de Rafael Alegría; este último actualmente ocupa el cargo de subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA).

 

Tanto la fiscalía hondureña como los líderes campesinos han mencionado en múltiples ocasiones a Rodríguez por dirigir una banda de sicarios que sería responsable de decenas de muertes violentas en la zona. Tiene una orden de captura emitida por el Ministerio Público desde 2016, por suponerlo responsable de múltiples asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán. 

 

En octubre de ese año, Rodríguez fue señalado por familiares de víctimas en el Aguán por el asesinato de José Angel Flores, quien en ese entonces era presidente del MUCA, y de Silmer Dionisio George, otro campesino que formaba parte de la Cooperativa Camarones.

 

Aproximadamente un mes después, la fiscalía emitió un requerimiento fiscal por ese caso; sin embargo, fue contra otras dos personas identificadas como Osvin Nahúm Caballero y Wilmer Geovanny Fuentes.

 

En 2018, agentes de la Interpol en México lograron la captura de Osvin Caballero, quien en ese momento era uno de los más buscados por la Policia Nacional en el país por tener once órdenes de captura en su contra por diferentes delitos, entre ellos el asesinato de once personas. Osvin Caballero había logrado escapar con éxito de las autoridades e incluso aparecía en los registros civiles como difunto.

 

El caso fue seguido por la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba) del Ministerio Público. En 2021, Caballero fue encontrado culpable del delito de asesinato contra José Angel Flores y Silmer George, y recibió una pena de 40 años de cárcel.

 

En el caso de Wilmer Fuentes Caballero, en 2020 fue capturado por las autoridades en la comunidad de Las Mangas en Tocoa, por tener tres órdenes de captura pendientes; finalmente fue condenado a 16 años de prisión, en enero de 2023.

 

Miembros de la comunidad dicen que la madre de Osvin Caballero aseguró en su momento que la defensa de su hijo estaba siendo pagada por el alcalde Adán Fúnez. 

 

Además, según los testimonios de miembros del movimiento campesino en la zona, tras cometer el doble crimen en 2016, tanto Céleo Rodriguez como los dos sicarios que ahora cumplen condena se refugiaron en una casa proporcionada por el alcalde Adán Fúnez en el barrio Pedregal de Tocoa, y luego se trasladaron a la comunidad de Las Mangas, cercana a la aldea Guapinol, donde se planeaba la construcción de las primeras etapas del megaproyecto minero de Los Pinares –en ese entonces Emco Mining Company–, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.

 

En 2013, Los Pinares solicitó la aprobación de dos concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras –un defensor del ambiente asesinado por su oposición a la instalación de una planta procesadora de palma africana en la zona–, y tras una serie de maniobras irregulares, que incluyeron la reducción de la zona núcleo del área protegida, en 2014 se le otorgaron las concesiones a la empresa. 

 

Tras la aprobación de las 200 hectáreas para la explotación minera, los defensores del río Guapinol que se oponen al megaproyecto han sufrido diversas amenazas, especialmente desde que en 2018 se organizaron en un campamento que impidió durante un año el acceso a la maquinaria de la empresa Los Pinares. El resultado fue 32 procesos criminales contra los defensores y seis personas asesinadas entre 2018 y 2024.

 

Fúnez, por su parte ha demostrado con sus acciones su apoyo hacia el megaproyecto minero, y en 2018 incluso denunció a los defensores del ambiente ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En 2023, cuando se anunció la suspensión temporal de las operaciones de la mina, aseguró en medios de comunicación que «la inversión solo va a venir y seguir en Honduras cuando se le dé garantía de que su inversión será protegida».

Los pobladores instalaron un campamento que impidió durante un año el acceso a la maquinaria de la empresa Los Pinares. Tocoa, agosto de 2018. Foto archivo CC.

Con Esly Banegas conversamos en varias ocasiones. En una de ellas explicó que para ella el trabajo paralelo entre la mina y la municipalidad ha sido evidente; por ejemplo, dice, en 2020 llegó a su casa Otoniel Flores, un exempleado de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la alcaldía, quien desde 2018 trabajaba en la empresa de Lenir Pérez. «Llegó a amenazarme para que me reuniera con Lenir Pérez y negociara la salida de los compañeros defensores de Guapinol que estaban presos», asegura.

 

Esly también recuerda mucho este episodio porque, en sustitución de esta persona en la municipalidad (Flores) colocaron a Luis Alonso Tábora, a quien también conocían en el municipio por ser parte de una banda criminal. Tábora duró poco tiempo en el cargo, pues emigró a los Estados Unidos. En septiembre de 2019, el mismo día en que fue deportado de ese país, fue asesinado en el municipio de Pimienta, Cortés.

 

Según explicó una fuente que conoce el caso, Tábora era cabecilla de la banda sicarial Los Tábora, que operaba en la aldea Ceibita y en Quebrada de Arena, y había emigrado debido a amenazas de otro grupo del crimen organizado. 

 

El último grupo con el que los testimonios relacionan al alcalde Adán Fúnez es el de Los Cachos, presuntamente liderado por Juan Carlos Lezama, señalado por la Plataforma Agraria por actos de intimidación y amenazas contra familias campesinas en el Aguán. 

 

Los Cachos han sido identificados por la Dirección Policial de Investigaciones y el Ministerio Público como autores materiales de múltiples crímenes en el departamento de Colón.

 

Según Yoni Rivas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), este grupo opera en el tráfico de drogas, amenazas y asesinatos, pero también sirve a los intereses de la empresa privada y el alcalde. Además, asegura que este grupo fue el autor del asesinato de Mauricio Esquivel, un campesino de la Cooperativa Tranvio, el 22 de diciembre de 2022.

 

«En Ceibita eran Los Tábora, en Quebrada Los Cachos, en La Confianza era el grupo de Céleo, pero al final son los mismos que cambian de nombre de acuerdo al lugar. Al final nosotros los seguimos burlando y destruyendo», asegura Yoni.

 

Yoni explica que, como líderes campesinos, el peligro ante estas bandas criminales dedicadas al sicariato es constante. A veces los ven rondar sus casas al amanecer y anochecer, y en ocasiones miembros de las comunidades les advierten que en alguna reunión le pusieron un nuevo precio a sus vidas.

 

Una fuente, que se mantendrá oculta por su seguridad, aseguró que en diciembre de 2022 Adán Fúnez llamó a un grupo de sicarios y les ofreció dinero para ejecutar el asesinato de los líderes de la junta directiva de una cooperativa campesina y la dirigencia de La Plataforma Agraria, en la que se encuentran tanto Esly Banegas como Yoni Rivas.

 

A pesar de toda la sangre que corre en el municipio de Tocoa, para Adán Fúnez no parece ser suficiente. En abril de 2022, el edil pidió autorización para el libre uso de armas en el departamento de Colón, con lo que se anularía una prohibición vigente desde 2012. «Es mejor legalizar a las personas que necesitan armas para protegerse», aseguró Fúnez.

 

La corrupción y conexiones políticas del caudillo

 

El auditorio principal del Instituto Froylán Turcios era un enjambre humano. Furioso, expectante. Eran más de las 11 de la mañana del sábado 9 de diciembre de 2023, y alrededor de dos mil personas habían esperado dos horas para el inicio de un cabildo abierto que Adán Fúnez, en su condición de alcalde, había convocado con la intención de socializar y aprobar el proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo Emco, el mismo conglomerado al que pertenece Los Pinares.

 

La mayoría eran pobladores de comunidades y activistas que se oponen al nuevo proyecto de la empresa de Lenir Pérez. Las razones para oponerse van desde las repetidas vulneraciones contra los derechos humanos que las inversiones del empresario han generado en la zona, la persecución judicial hacia quienes se oponen a estos proyectos y, en este caso, la intención de la planta de utilizar petcoke para generar energía. Según el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el petcoke es uno de los derivados del petróleo que genera más contaminación al quemarse para producir energía.

 

Finalmente, cuando Fúnez llegó al instituto, se quedó afuera del salón principal donde iba a desarrollarse el cabildo, y aseguró que no podría realizarse por los riesgos de seguridad que existían. Todo a pesar de la presencia de un contingente de la Policía Nacional, que permaneció en el lugar desde muy temprano en la mañana.

 

Fúnez apareció rodeado de sus guardaespaldas y en compañía de su pupilo y ahora gobernador de Colón, Ixcer Barahona, pero unos minutos después de anunciar la suspensión del cabildo, se fue rápido, sin que la mayoría se diera cuenta. Casi avergonzado.

 

Tras la salida del alcalde, seis regidores de los diez que tiene el municipio decidieron acompañar y seguir la reunión. Así, las organizaciones locales y la población que acudió al cabildo iniciaron una asamblea popular en la que rechazaron la instalación del proyecto de energía termoeléctrica. Sin embargo, unas semanas después, haciendo caso omiso a la decisión de los pobladores del municipio, Fúnez convocó a un nuevo cabildo abierto para insistir en la aprobación del proyecto.

Con pancartas que decían «No a la termoeléctrica» llegó la población al cabildo abierto. Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

Esta no es la primera vez que Adán Fúnez busca manipular las decisiones de los pobladores del municipio. Por ejemplo, en julio de 2022 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) anunció que estaba haciendo una investigación por el presunto delito de falsificación de documentos públicos cometido en el contexto de un cabildo que se realizó en 2016, que también tenía como objetivo la aprobación del megaproyecto minero.

 

Tuvimos acceso a una copia del documento original del acta y el documento adulterado, y al menos dos de los puntos del cabildo fueron adulterados con la intención de facilitar la instalación de la mina.

 

La secretaria de la municipalidad, Norma Agripina García, modificó el punto 8 en la certificación del acta de cabildo abierto, donde se dice que los asistentes discutieron y aprobaron «la socialización y el desarrollo de los proyectos mineros ASP, ASP2, planta de beneficio ECOTEK y su planta de energía de 50W, ubicados en el municipio de Tocoa, Colón; los ciudadanos presentes se pusieron de pie levantando la mano en señal de aceptación a la socialización y desarrollo de los proyectos». Sin embargo, el punto 8 del acta original no menciona dicha votación.

 

En ese mismo sentido, en el punto 9 del acta original se mencionan dos acuerdos relacionados con solicitudes comunitarias, mientras que el acta adulterada agrega un acuerdo más y asegura que hubo discusión y aprobación de las dos partes del proyecto minero. Además, el acta adulterada hace mención de la presencia de 101 personas de nueve comunidades de las zonas de influencia del proyecto; sin embargo, el acta original no hace ninguna mención al respecto.

 

Esta información está siendo investigada por la fiscalía hondureña a partir de una denuncia hecha en febrero de 2021 por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Estas acciones, ejecutadas por Adán Fúnez a través de la secretaria municipal Norma Agripina García, permitieron que la empresa operara libremente y consiguiera respaldos legales para los permisos ambientales y de operación.

 

Contra el poder de Fúnez y la ambición de un grupo empresarial enorme, como lo es EMCO –al que pertenece Los Pinares–, se han enfrentado los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. 

 

Una de sus integrantes, Adilia Castro, quien también forma parte de la Fundación San Alonso Rodríguez, explica en su oficina ubicada en Tocoa que Adán Fúnez se ha convertido en «una megafigura», con potestades a nivel departamental que nadie tiene en la región, todo gracias al apoyo del Partido Libre y del Gobierno de Xiomara Castro.

 

«¿Qué tiene la familia Zelaya con Adán Funes para que defiendan a una persona tan corrupta? Hay que recordar que él no tuvo problemas para hacer vínculos con el grupo que estaba anteriormente y no tendrá problema para vincularse con el que venga», apunta Adilia.  Y agrega que a Fúnez se le ha dado este poder absoluto con el objetivo de garantizar la operatividad de este megaproyecto minero, pero también el proyecto criminal en la zona.

 

«Recordemos que, después de la salida de Los Cachiros y del mismo Juan Orlando, ha habido una recomposición del Gobierno, pero también de los grupos criminales que llegan también a lo político. No hay otra explicación para la necesidad del Partido Libre de mantener a Fúnez con esos megapoderes».

 

En ese sentido, Fúnez no solo ha sido el actor principal de acciones irregulares en su gestión municipal; hay documentos públicos donde consta que se encuentra vinculado a otras figuras opacas del actual Gobierno. Por ejemplo, el negocio de Fúnez, Transportes Mirna, ha sido representado legalmente ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) por Edson Argueta, secretario privado de Luis Redondo en el Congreso Nacional.

 

En octubre de 2023, Contracorriente reportó que Luis Redondo y Edson Argueta habían adquirido tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional, y que estas son utilizadas para costear gastos personales, como compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de las facturas de esos gastos se encuentra en los portales de transparencia, y tampoco los estados de cuenta de las tarjetas.

 

Además, Edson Argueta aparece en el portal «Mi Empresa», en una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), como apoderado legal del oficialista Partido Libertad y Refundación, al que pertenece Fúnez.

 

Fúnez ha recibido el respaldo público y privado del máximo caudillo del partido, Manuel Zelaya Rosales. Por ejemplo, en 2019 aparecieron juntos en un cabildo abierto para tratar la problemática ambiental y social del municipio a raíz del proyecto de Inversiones Los Pinares. En esa ocasión, ante la presión de los asistentes, declararon al municipio de Tocoa libre de minería, una promesa que, por supuesto, nunca se cumplió.

 

Ahora, Adán Fúnez y Carlos Zelaya —hermano de Manuel Zelaya y Secretario del Congreso Nacional— se han vuelto inseparables, según testimonios de miembros de Libre en Tocoa. Tanto así, que Zelaya llega a la ciudad por varios días a visitar a su amigo y lo ha acompañado en reuniones clave; por ejemplo, en abril de 2022 se reunieron en un restaurante de Tegucigalpa con Belinda Martínez, directora por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), supuestamente con el objetivo de gestionar el desarrollo de proyectos en el municipio.

 

En una entrevista con el medio salvadoreño El Faro, Fabio Lobo, condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que Carlos Zelaya también estuvo involucrado en operaciones del narcotráfico durante el gobierno de su hermano Manuel Zelaya Rosales, entre 2006 y 2009.

 

La protección de los Zelaya hacia Adán Fúnez ha llegado al extremo de que, previo a las elecciones internas de Libre en las que Esly Banegas enfrentó a Adán Fúnez, el coordinador del partido  tuvo una conversación con ella para que desistiera de sus aspiraciones.

 

«Con vos quería hablar –recuerda que le dijo Mel–; no te lancés a la alcaldía y mejor dejá libre a Adán, no te metás en eso porque podés ir de diputada».

 

«Nosotros tenemos procesos internos, y usted no me va a decir a mí que me lance de diputada», le contestó, a sabiendas de que muy pocos se atreven a cuestionar a Zelaya en Libre. «Ganale en las urnas», la desafió Zelaya, y Esly asegura que esa confianza se deriva del conocimiento de que Adán Fúnez es una persona «tramposa y fraudulenta».

 

Esa lealtad recíproca entre los Zelaya y Fúnez tiene una historia que data del apoyo que el alcalde tocoeño le dio a la cuarta urna, un proceso de consulta que Mel quiso instalar al final de su Gobierno y resultó en un golpe de Estado militar. Sin embargo, esta relación también ha tenido sus puntos bajos: uno de ellos fue cuando Adán Fúnez se arrodilló frente a dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal, al que pertenecía previo a los hechos del Golpe, pidiendo perdón por haber dado apoyo al Gobierno de Zelaya.

 

En Tocoa también era bien conocida la sociedad entre Adán Fúnez y el exdiputado nacionalista Oscar Nájera, quien también ha sido mencionado en los juicios contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos.

 

La sociedad consistía en que Adán Fúnez pedía el voto para el congresista del Partido Nacional, y Nájera hacía lo mismo por el edil tocoeño; sin embargo, en las últimas elecciones, a última hora Fúnez decidió cambiar su apoyo hacía la abogada Ariana Banegas. Finalmente Oscar Nájera quedó fuera del Congreso, tras treinta años en el poder legislativo.

 

«Es hipócrita y cínico», asegura Yoni Rivas, quien es compañero de Esly en la Plataforma Agraria. «El personaje a quien más se parece Adán Fúnez y con quien mejor lo podríamos comparar es Juan Orlando Hernández», finaliza Yoni.

Luis Redondo, Adán Fúnez, Marco Maradiaga, Edson Argueta y Carlos Zelaya reunidos. Foto tomada de la página de Facebook de la alcaldía de Tocoa.

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El lugar donde se encuentra la municipalidad de Tocoa es quizá un reflejo de lo peor de esa ciudad. La pintura del edificio se cae, la humedad cubre el techo, y desde lejos se observan los escombros de un intento fallido de segundo piso. A unos metros de distancia, un cúmulo de basura completa el cuadro.

 

Cuando busqué al alcalde en su oficina, una empleada de la municipalidad me explicó que no estaba, que andaba de viaje en otro municipio. También lo llamé en varias ocasiones, sin respuesta. Finalmente, logré contactarme con Marco Maradiaga, su vicealcalde, con quien hablamos por algunos minutos, pero que finalmente dejó de responder a mis solicitudes de entrevista. 

 

Esly Banegas asegura que la inoperancia del alcalde para solventar los problemas del edificio de la municipalidad y las calles inundadas con materia fecal, que originan la frase que varios mencionaron («en Tocoa, cuando llueve, la mierda flota en la calle»), son muestras de algo más profundo.

 

«Adán tiene un desprecio por todo lo que es del pueblo. Él allí ha ido solo a aprovecharse, solo la utiliza para estar robando y agenciarse recursos. Con la minera eso es lo que está ganando: la minera le financia su política, se la financió el periodo pasado. Antes de eso se la financiaban Los Cachiros. El solo está viendo la forma en como lo mantengan y seguir con su empresa», asegura.

Fachada de la municipalidad de Tocoa, diciembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

El testimonio de Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, fue una pieza clave en el inicio del juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Confesó ante la Corte haber servido de interlocutor entre el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el exmandatario, así como haber financiado la campaña de este por más de un millón de dólares. Pero también contó cómo funcionaba la compra de votos en Copán y mencionó a diputados y alcaldes de ese departamento, algunos todavía en funciones.  




Texto: Jennifer Ávila, Célia Pousset y Vienna Herrera

Portada: Catherine Calderón

 

En 2010, los diputados nacionalistas del departamento de Copán recibieron fondos del narcotráfico e instrucciones de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, para que votaran por Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional. Así lo contó el propio Ardón Soriano, quien fue el segundo testigo que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Soriano testificó esto para dejar claro que quienes cogobernaban en ese periodo eran Porfirio Lobo Sosa, como presidente, y Juan Orlando Hernández, quien en ese entonces consolidó su ascenso al poder como presidente del Congreso Nacional. Pero sobre todo, Soriano explicó las diferentes aristas del fraude electoral y el control político de los cárteles del narcotráfico. 

 

De los cuatro diputados nacionalistas de Copán que, según Ardón, seguían sus instrucciones, sólo uno está vivo, y en Honduras fue acusado por el desvío de fondos públicos; se trata del actual alcalde de Nueva Arcadia, Copán, José Vicente León Rojas. 

 

Honduras está viendo uno de los juicios más importantes de su historia reciente, el del expresidente Juan Orlando Hernández, que se impuso con una reelección fraudulenta y se quedó en el poder por dos periodos consecutivos. Ahora Hernández, como expresidente y como líder de uno de los partidos políticos más antiguos del país,  enfrenta un juicio por tres cargos relacionados con el narcotráfico. Este juicio ha revelado una estructura de caudillismo y también de lavado de dinero del narcotráfico a través de sobornos y fraude electoral. 

 

Amílcar Alexander Ardón Soriano, testigo clave en este proceso judicial, comenzó su carrera política en 2005 en el departamento fronterizo entre Honduras y Guatemala. Bajo juramento en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dijo que lo logró haciendo fraude, pagando por votos y controlando las mesas electorales con el dinero que ganó con el narcotráfico. 

 

Ardón ha repetido varias veces el mismo testimonio en diferentes juicios, y ha sido un colaborador eficaz para las acusaciones en contra de políticos y narcotraficantes hondureños en los Estados Unidos desde que se entregó a las autoridades de ese país en 2019. Pero Ardón no solo ha dado detalles de sus rencillas de narco, o de cómo metía cocaína en furgones para pasarlos hacia Guatemala, en donde terminarían en manos de la gente del Chapo Guzmán, sino que también ha descrito cómo, desde su puesto de alcalde en Copán, controlaba a diputados y a otros alcaldes, y eso lo protegió por mucho tiempo. Ardón, además logró controlar lo que en ese momento se llamó el Fondo Vial (ahora Secretaría de Infraestructura y Transporte), con su hermano como director para garantizar que se abrieran caminos que beneficiaran el trasiego de drogas, y que además sus empresas constructoras tuvieran contratos con el Estado para lavar dinero del narcotráfico. 

 

Mientras Ardón Soriano relataba cómo había sobornado a diputados, la municipalidad de Nueva Arcadia, Copán, a cargo del exdiputado nacionalista José Vicente León Rojas, publicaba en su página de Facebook: «El día de hoy, dio inicio la pavimentación con concreto hidráulico del tramo de calle en el bulevar del barrio Dorado. El desarrollo avanza con diferentes proyectos que son de mucho beneficio para la población del municipio de Nueva Arcadia!! Jose Vicente León Rojas trabajando con honestidad y transparencia!!».

 

En 2010 —año en que Ardón asegura haber dado instrucciones a los diputados de su departamento para votar por Juan Orlando Hernández para convertirlo en presidente de ese poder del Estado— el Partido Nacional tenía cuatro diputados en Copán: José Vicente León Rojas, Gustavo Adolfo Alvarado Alvarado, Juan de Jesús Madrid Deras y Julio César Gámez Interiano. Tres de ellos fallecieron. A Madrid Deras lo asesinaron en diciembre de 2010 en Copán Ruinas mientras entregaba el llamado Bono Diez Mil, y dos meses después su hermano conoció la misma suerte. En el contrainterrogatorio realizado por la defensa de JOH, Ardón Soriano negó haber sido responsable de estos homicidios. Gustavo Alvarado murió de un infarto en 2011 y Julio Gámez falleció en 2023, según un acuerdo de duelo del Partido Nacional en el que no se menciona la causa de la muerte. 

 

León Rojas es el único vivo y continúa activo políticamente. Contracorriente intentó comunicarse con él para obtener una reacción sobre las delaciones de Ardón Soriano, y saber si él recibió este dinero por parte del narcoalcalde de El Paraíso. Lo contactamos directamente vía sus redes sociales y llamamos a la alcaldía. Hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta. 

 

En todo caso, la «honestidad y transparencia» del alcalde es cuestionable. León Rojas tiene  un proceso penal abierto en Honduras por formar parte del desvío de casi 19 millones de lempiras del Congreso Nacional, según un requerimiento fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentado el 21 de junio de 2022. 

 

El fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, explicó a Contracorriente los orígenes del caso: «Recibimos la denuncia de que a través de dos oenegés cinco diputados estaban sustrayendo dinero. Investigamos y nos dimos cuenta de que este señor había gestionado fondos de esas organizaciones y había sido beneficiario de dichos fondos». 

 

La mayoría de fondos salieron del Congreso Nacional entre el 2011 y 2018, y transitaron por dos oenegés, Líderes Comunitarios para el Desarrollo (Olicode) e Impulso Solidario (Oimso). En esta época, según el fiscal Santos, el uso de oenegés para desviar dinero público era una «modalidad muy famosa que los políticos hondureños copiaron de los colombianos». Calcula que en total 10,000 millones de lempiras fueron saqueados a través de diferentes oenegés. 

 

«Los diputados gestionaban dinero mediante el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para proyectos en sus departamentos. Pero una vez los proyectos  aprobados y el dinero depositado en las cuentas de las oenegés, al siguiente día, esas oenegés entregaban una parte de los fondos a los diputados. Había varias modalidades: entregaban el dinero en efectivo, por cheques a nombre de testaferros, o lo depositaban directamente en sus cuentas. Por lo general daban el 80 % de los fondos a los diputados y ellas se quedaban con el 20 %. Eran proyectos que no dejaban rastros, como chapear una carretera o fumigar el municipio. Por eso, pasados unos meses, era bien difícil poder identificar si el proyecto se había hecho o no. Pero nosotros identificamos que el dinero no se gastó en esos proyectos, sino que acababa en las cuentas de los diputados», detalló el fiscal. 

 

Además, el equipo de la Uferco constató que hubo una falsificación de firmas de personas que supuestamente recibieron ayuda social o que ejecutaron los proyectos. Esas personas manifestaron no haber recibido nada ni haber ejecutado nada. 

 

El juez dictó a León Rojas un auto de formal procesamiento, pero no fue suspendido de su cargo como alcalde de Nueva Arcadia. 



Copán, corredor de la cocaína y tierra de caudillismo 

 

El relato de Ardón, aunque la defensa intentó desacreditarlo, confundirlo y hacerlo ver como una mentira, dice mucho de la cultura política hondureña y el abandono estatal de los lugares más recónditos de Honduras, como los pueblos fronterizos de Copán, en la frontera con Guatemala. En el occidente del país también está el Trifinio, o sea, la triple frontera del norte de Centroamérica, paso obligado de migrantes y coca. 

 

Ardón, quien apenas estudió hasta el quinto grado de primaria y no pudo ni deletrear su nombre frente al juez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, relató que comenzó en el negocio de la droga con apenas 17 o 18 años de edad, y se declaró culpable de traficar unos 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, participar en el asesinato de 56 personas y usar armas prohibidas para proteger su droga, como AK47, fusiles AR15, bazucas y armas semiautomáticas. Pero lo más importante de su declaración es que dijo que no pudo hacer todo esto sin el poder político y sin pactar con al menos dos expresidentes de Honduras: Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Las otras piezas del engranaje, aunque menores, eran alcaldes y diputados de su departamento, sobre todo de su partido. 

 

La coca llegaba a El Paraíso, Copán, procedente de Gracias a Dios, uno de los departamentos más empobrecidos y abandonados del país, en donde queda la Moskitia hondureña, tan depredada por el reino del narco. Esa coca la compraba el narcotraficante conocido como «don Amado», brazo de El Chapo Guzmán, quien según Ardón era un buen cliente, ya que pagaba por adelantado y a un mejor precio. La cocaína viajaba en camiones de ganado que cruzaban Honduras, o en furgones y volquetas, todo a vista y paciencia de las autoridades policiales y militares, y llegaba a Los Amates, en Izabal, Guatemala en donde los primos Ronald y Arnold Salguero la recibían en sus propiedades. 

 

Ardón supo pronto que necesitaba el poder político, y por eso se metió en 2005 a ser alcalde por el Partido Nacional. «Gané con fraude», dice de manera escueta. Y cuenta que apoyó a su candidato Porfirio Lobo Sosa en ese entonces, quien paradójicamente llevaba como lema de campaña «la mano dura contra el crimen», e incluso llegó a proponer la pena de muerte para los delincuentes. Ardón asegura que lo financió y que cuando perdió y lo volvió a intentar en 2010, lo volvió a apoyar. 

 

Ardón narra que en 2008, Lobo Sosa y él se reunieron en un helipuerto, pero también narra otras reuniones con líderes del partido nacional, en casa de Juan Orlando Hernández o en la sede del partido. En esas reuniones se determinaba la línea que seguirían los candidatos a puestos locales en Copán, por ejemplo, o las peticiones de Ardón de protección, pavimentación de calles y la dirección de Fondo Vial para su hermano Hugo Ardón. Se discutían decisiones políticas, se solicitaban y entregaban millones de dólares y se planificaba la impunidad en el tráfico de drogas. Gracias a esta colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, Ardón espera ser liberado por el juez Castell tras haber sido parte de un acuerdo de cooperación. 

 

La aparición del actual alcalde liberal de Florida, Copán

 

En su testimonio, Ardón Soriano mencionó que sobornaba a otros alcaldes de Copán para la compra de votos al Partido Nacional y comprar también a miembros de las mesas electorales. Aunque mencionó al «alcalde de Florida» y lo señaló en una fotografía que la fiscalía presentó como prueba, Ardón Soriano no pronunció el nombre. Durante la audiencia, la fiscalía presentó una fotografía donde aparecen Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez, Rembert Cuestas (alcalde de Florida, Copán) y Arnulfo Valle; esta prueba ha sido presentada en juicios anteriores y se trata de una imagen que fue tomada en el mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.

 

Fuente: Prueba fotográfica proporcionada y exhibida por la fiscalía de Estados Unidos durante el juicio. En la imagen aparecen de izquierda a derecha: Ricardo Álvarez, exalcalde nacionalista; Arnulfo Valle, líder del cartel Valle Valle; Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras; y Rembert Cuestas, alcalde de Florida, Copán.

Ardón Soriano señaló que en la fotografía estaban Juan Orlando Hernández, el alcalde de Florida, sin decir su nombre, y Arnulfo Valle; omitió decir que en la imagen aparecía Ricardo Álvarez, miembro del Partido Nacional y de su misma corriente partidaria en ese momento. 

 

Por otro lado, la cercanía entre Rembert Cuestas y los Valle no tiene nada de sorprendente, a pesar de que el alcalde de Florida no sea del Partido Nacional, ya que la vicealcaldesa de Rembert Cuestas fue Mayra Lemus, la exesposa de Luis Alonso Valle, quien era parte del cártel de los Valle Valle junto con Arnulfo.

 

El municipio de Florida está ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, y ahí los Valle Valle tenían muchas propiedades que se encuentran en posesión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en un proceso de privación de dominio estancado desde el 2014, año de las capturas de los líderes de ese cártel. 

 

En enero de 2015, Cuestas concedió una entrevista a Proceso Digital, en la que mencionaba que «aquí es como que haya pasado un [huracán] Mitch», en referencia a las incautaciones de propiedades y empresas que se le habían hecho a la familia Valle Valle en Copán ese año. Contracorriente buscó a este alcalde a través de sus redes sociales, llamando a los números de la alcaldía y a personas de la municipalidad que trabajan con él, pero al cierre de este texto no obtuvimos respuesta para conocer su respuesta ante estos señalamientos. 

 

A diferencia de los diputados mencionados por Soriano, el alcalde de Florida es del Partido Liberal. Sin embargo, parece haber realizado una alianza con el Partido Libre en las últimas elecciones, como lo demuestra esta foto de Rembert Cuestas chocando el puño con el expresidente Manuel Zelaya Rosales

Fuente: Fotografía de la página de Facebook del alcalde Rembert Cuestas, publicada en 2021.

El juicio hasta ahora 

 

Hasta ahora, solamente la fiscalía ha presentado testigos; el primero fue José Sánchez, un alias para proteger la identidad de un contador de la empresa Graneros del Norte, propiedad de Fuad Jarufe. Sánchez ya había sido testigo clave en el juicio en contra del narcotraficante Geovanny Fuentes, quien fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sánchez dijo que Hernández recibía pagos mensuales de Geovanny Fuentes y que él, como contador, hacía el cambio de dólares en efectivo a lempiras, por medio de cheques de la empresa Graneros del Norte. Estos pagos eran algo común tanto por parte de Jarufe como por parte de Geovanny Fuentes, ya que según Sánchez hubo cheques de financiamiento electoral para Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales. Tanto Lobo Sosa como Zelaya salieron a desmentir esta información. 

 

Sánchez habló de cómo solicitó asilo a los Estados Unidos por miedo de que lo asesinaran, después de que supuestamente entregó pruebas de movimientos monetarios y grabaciones de reuniones entre Hernández y Geovanny Fuentes a la fiscal Marlene Banegas, quien fue asesinada en octubre de 2014. Aseguró que la misma información se la entregó a Christian Ayala, hijo del subcomisionado de policía Edgardo Ayala, quién también fue asesinado en junio de 2015. Sánchez dijo que el exfiscal general, Óscar Chinchilla, había tenido acceso a esta información. Agregó que ya no tiene copias de esto porque en su último intento de entregarla a las autoridades la grabó en una USB que intentó llevar hacia los Estados Unidos, pero la maleta en la que puso la USB nunca llegó al aeropuerto de destino.

 

La defensa de Hernández intentó desestimar el testimonio del contador Sánchez bajo la idea de que habla porque busca asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, la fiscalía le preguntó a Sánchez por qué testificaba, y él respondió: «Porque quiero que el pueblo hondureño sepa la verdad». 

 

Luego, la fiscalía presentó a Ardón Soriano, cuyo interrogatorio y contrainterrogatorio duraron un día y medio, y el viernes 23 de febrero presentó al testigo Miguel Reynoso, agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en Honduras. Reynoso participó en 2018 en la Operación Morazán, en la que fue detenido el narcotraficante Nery Orlando Meza, más conocido como Magdaleno Meza, junto con su pareja Ericka Bandy; ambos fueron asesinados. Meza fue asesinado en una cárcel de máxima seguridad en Honduras, a pocos días de la sentencia en contra de Antonio «Tony» Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en 2019, y Bandy fue asesinada previo al juicio contra Juan Orlando Hernández. 

 

Las «narcolibretas» fueron entregadas en 2019 por el agente Reynoso a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como prueba del involucramiento de varios actores, entre ellos Tony y Juan Orlando Hernández, y se presentaron como prueba en el juicio de ambos hermanos. 

 

El juez Castel enfatizó en que las libretas fueron aceptadas en el juicio porque fueron adquiridas de forma legal. La defensa, por su parte, hizo muchas preguntas a Reynoso sobre las técnicas de investigación de las agencias en Honduras, para poner en duda la forma de obtener las libretas.

 

El juicio continuará el lunes 26 de febrero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. 

Hace tiempo que en El Corpus, Choluteca, el oro ya no siembra sueños. Pela los cerros, perfora el pueblo, genera violencia y contamina los ríos sin que el Gobierno haga algo para remediar su toxicidad. Las compañías transnacionales buscan dónde seguir excavando hasta tocar las puertas de las casas porque, por esta zona, pasa la franja de oro que atraviesa Centroamérica. Los güiriseros, esos mineros artesanales que prueban suerte en el vientre de la tierra, no hablan de la pepita que cambiará el rumbo de su vida, pues el oro se hizo polvo después de siglos de explotación desenfrenada. 



Texto: Célia Pousset

Fotografía: Jorge Cabrera



Los siete hombres salieron del monte enlodados hasta la cara. Se dirigieron hacia unas pozas de agua de dudosa calidad  y se bañaron, algunos castañeteando los dientes por el frío. Eran las cuatro de la tarde y el día de trabajo había terminado. Uno de ellos nos miró con recelo y preguntó: «¿Son ambientalistas o algo así?», mientras usaba su bota de hule para recoger agua y mojar su pantalón. «No queremos problemas con nadie», continuó. De repente la escena se congeló, y todos miraron de reojo al hombre que habló para tratar de adivinar el próximo paso. 

 

En El Corpus se busca oro desde la colonia, con o sin permiso, en terrenos propios o ajenos. Estos mineros forman parte de la segunda categoría, la de los que extraen mineral en la clandestinidad. Se llaman a sí mismos «güiriseros». La alcaldía insiste en llamarlos «mineros artesanales», mientras que la Fiscalía del Medioambiente los señala como los «ilegales». Pese a los esfuerzos fallidos de regulación que se dieron después de varios derrumbes mortales que dejaron una quincena de víctimas, la actividad nunca dejó de ser lo que es: una búsqueda fastidiosa en túneles que no llegan a ningún lado, hundiéndose en la tierra detrás de indicios de brillo, cada vez más escasos. Así es la excavación: una mezcla de oscuridad  y de esperanza. 

 

Finalmente, el jefe de los mineros aceptó mostrarnos su labor clandestina y la de sus compañeros, con la condición de no revelar la zona en la que operan. Caminamos muy poco tiempo en el monte y llegamos a la mina. A primera vista, no parece la gran cosa —un hoyo de tres metros, la entrada de un túnel sostenida por tablas de madera y una tubería que succiona aire afuera para enviarlo adentro—, pero son 250,000 lempiras de inversión colectiva. El minero dibujó con su mano una especie de serpiente que baja: «Así vamos hacia el infierno. Sin aire no se puede». Son 130 metros de túnel que no abrieron al azar; la forma en la que el oro está incrustado en la piedra indica la dirección del filón y hacia dónde avanzar un poco más. 

 

El minero tenía seis años cuando empezó a acompañar a su papá en las entrañas de la tierra. Treinta años después, cuenta con las mismas herramientas: una linterna, un taladro, una pala, unas bolsas de nylon para sacar la broza —esa mezcla de tierra y grava— y el mercurio, que sirve para aglomerar las partículas de oro al momento de moler la broza en rastras fabricadas con piedras de río.  

 

Lo que ha cambiado es lo que encuentran. Hace nueve meses que empezaron a buscar en la zona, pero los resultados son decepcionantes, y casi todo el grupo realiza trabajos temporales en meloneras o cañeras para subsistir. Hicieron cálculos: para cubrir la inversión de 250,000 lempiras, necesitan sacar 250 gramos de oro de este túnel, pues el  precio actual de un gramo de 18 quilates roza los 1,000 lempiras. Todavía faltan días de trabajo arduo y no pueden permitir que unos «ambientalistas» lo estropeen todo. 

 

En El Corpus, una guerra silenciosa se incuba desde hace años, entre los que defienden la minería como derecho fundamental al trabajo y los que se oponen en nombre de un bien mayor: el derecho a la vida y a la salud. 

La minería en la sangre 

 

Lucía (nombre ficticio para proteger su identidad) vive a menos de un kilómetro del túnel de los mineros artesanales. Es lo que se puede llamar una «ambientalista», una de las pocas en el municipio que se atreve a hablar de la lucha contra la minería. Nos recibe en su casa, sentada en una silla plástica, con un perro dormido a sus pies y al lado un pequeño vivero. Lleva una camisa con frases de empoderamiento femenino y una falda negra. 

 

Su padre, su esposo y su hijo fueron mineros en la aldea de San Juan Arriba, explorando el cerro de la Cuculmeca. En 2016, su hijo perdió sus uñas por intentar rescatar a dos compañeros que quedaron soterrados después de un derrumbe. No pudo hacer nada y vio cómo se los tragaba un agujero, mientras gritaban para recibir ayuda. El hijo estuvo entre los hombres que desenterraron los cadáveres, los bañaron y entregaron a las familias. En aquel entonces, tenía 16 años, y meses después seguía con terrores nocturnos.  Al mismo tiempo, Lucía empezó a formarse con asociaciones ambientalistas de Choluteca sobre las consecuencias de la minería. Descubrió, pasmada, que lo que manipulaba con su padre desde que ella tenía ocho años era mercurio, y que era un producto sumamente tóxico. Ahora lo llama «el veneno».  

 

Lucía logró convencer a su hijo y su esposo que dejaran el rubro de la minería. «Les di réplica de los talleres que recibía, dándoles a saber las consecuencias sobre la salud, las enfermedades pulmonares e insuficiencias renales. A ellos los logré sacar de esta vida», cuenta con orgullo. El hijo se fue a trabajar en una azucarera y el esposo emigró a Olancho para trabajar en fincas de café. Se quedó sola. 

 

Se involucró más en la lucha. Organizó comités de defensa de la naturaleza en comunidades de El Corpus y participó en acciones de veeduría de las grandes compañías mineras. Todas las fallas en los procesos, todos los animales muertos cerca de los ríos, todo cambio de color del agua, pasan por su escrutinio. Las amenazas no tardaron en llegar. Cuenta que van desde comentarios hechos por empleados de la transnacional Cerros del Sur hasta recibir fotos de cadáveres con caras desfiguradas en su celular. «El número era extranjero», dice sobre el origen de los mensajes. Más recientemente, mientras caminaba en el parque central de El Corpus, un hombre se le acercó y levantó su camisa para enseñarle una pistola antes de alejarse. Ella se quedó sin aire. 

 

Muchas veces sus propios familiares le aconsejan que pare la lucha, porque escucharon en alguna parte que la «van a matar». Sin embargo, Lucía sigue convencida de que «las empresas no quieren una mejora para el pueblo, sólo la destrucción. La minería, sea industrial o artesanal, deja muertos, deforestación y contaminación. No quiero que algún día mis nietos me pregunten: “¿Qué hiciste para parar todo esto?”, y que yo no tenga nada que responder.» 

 

El nivel de amenazas es tal que muchas organizaciones renunciaron a trabajar en el municipio. El coordinador de Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MassVida) explicó en una oficina de Choluteca que «el acompañamiento es muy difícil por el riesgo que se corre. La minería ha venido generando violencia a través del crimen organizado. Ahora la extracción de oro es más escasa, porque prácticamente ya lo sacaron todo. A las mineras que tienen permiso para extraer a cielo abierto se les dificulta encontrar oro como antes; entonces están comprando el material a pequeños mineros artesanales para procesarlo. Eso genera una lucha por el control de túneles y se han organizado redes criminales para robar la broza o el oro a otros grupos.» 

 

Aunque desde la alcaldía de El Corpus se desmiente que haya problemas de seguridad en el municipio, la tensión palpable en el parque central sugiere otra cosa. El pueblo es colorido, dominado por un gran arco amarillo que dice «Tierra de oro y plata» a la sombra de los almendros, pero hay también miradas insistentes y algunos jóvenes que toman fotos de las caras desconocidas. También hay dos letras pintadas en la cabaña donde juegan los niños: MS. 

 

El director de la fiscalía regional de Choluteca, Manuel de Jesús Villamil, resaltó un «incremento del consumo y del tráfico de drogas en la zona, y la aparición de algunas bandas, según la información de la Dirección Policial de Investigación (DPI)». Sin embargo, un inspector de la DPI comentó que no recibieron denuncias recientes y que la banda que operaba en la Cuculmeca, llamada Los Zorros, había sido desarticulada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) hace poco. Sus cabecillas, alias El Zorro y El Chino, fueron capturados respectivamente el 15 de noviembre de 2023 y el 17 de enero de 2024. 

 

Un agente de la Dipampco explicó los orígenes de esa banda: «Surgió en el 2017. Al principio formaban parte de un grupo amplio de la comunidad de San Juan Arriba que luchaba contra la llegada de inversionistas extranjeros, pero una vez el objetivo logrado,  parte de ellos empezaron a extorsionar, asaltar, vender droga, asesinar y generar zozobra. Eran doce miembros activos, pero tenían un montón de simpatizantes y fue difícil obtener información por parte de los habitantes. Actualmente nueve de ellos están encarcelados, uno murió en un enfrentamiento y los demás huyeron del sector». 

 

La banda de Los Zorros tenía el proyecto de aliarse con la banda de Los Pelones, que operaba en Choluteca y Yusguare. En cuanto a posibles vínculos con la Mara Salvatrucha 13, el policía aseguró que no hay presencia de la MS-13 en el municipio, pero «no se descarta que esas bandas pueden ser utilizadas, porque El Corpus es una zona estratégica de paso hacia Nicaragua, donde muchos delincuentes van a esconderse de las autoridades». En todo caso, crimen y oro están relacionados, porque robaban motocicletas y usaban su motor en las rastras que sirven para moler oro. 

 

Para todos los mineros artesanales entrevistados, la mina Cuculmeca, en la aldea de San Juan Arriba, sigue siendo el lugar más peligroso del municipio. Uno de ellos  trabajó un par de años allí. Asegura que «hay demasiada gente, demasiada droga, demasiado riesgo. Asaltan al que saca más oro, a veces matan».  Los nueve miembros arrestados de la banda de Los Zorros tenían orden de captura por el delito de homicidio. 



La Cuculmeca: ¿imposible regularla?

 

En julio de 2014, Juan Orlando Hernández, entonces presidente de la República, estaba en la Cuculmeca y presenció  un «milagro de Dios» cuando vio salir a ocho mineros vivos de un derrumbe. No se sabe lo que vio porque, en realidad, los once mineros soterrados murieron en la tragedia. Corrigió su mensaje en Twitter diez minutos después, lamentando «la falsa noticia».  Hernández ahora está preso en Estados Unidos en espera de un juicio por narcotráfico. 

 

¿Cuántos cuerpos ha absorbido el cerro? El total es incalculable.  La historia se remonta a la época de la colonia, cuando comenzó la minería subterránea. Sin embargo, en los últimos años, los deslizamientos han sido frecuentes y se deben a la sobreexplotación de la zona y falta de regulación. 

 

Después de la tragedia de 2014, las autoridades intentaron poner orden a la actividad, pero fracasaron. El jefe de la Unidad Técnica de la alcaldía del Corpus lo relató a Contracorriente: «Después de los soterrados, el Gobierno y la alcaldía decidieron tener una minería más apegada al medioambiente, y más segura. Se crearon grupos de trabajo. La idea era organizar las comunidades para que no hubiera tanta gente en la Cuculmeca. Hicimos una planificación: un día debía ir una comunidad, otro día otra comunidad. Pero fue algo insostenible, llegaron a trabajar más de 3,000 personas, se creó un descontrol. Al final, los intereses de los grupos se volvieron más fuertes que la organización que habíamos promovido. Se fueron formando bandas para el control de los túneles.»

 

En mayo de 2016, otros tres mineros murieron soterrados. La empresa de construcción Geoconsult fue contratada por el Gobierno para estabilizar la zona. El ingeniero del proyecto confirmó que trabajaron entre agosto y diciembre de 2016 en la Cuculmeca para estabilizar los taludes y sellar los túneles inestables, pero fue «una situación complicada, porque nunca los mineros dejaron de sacar oro mientras trabajábamos». 

 

Lo que trascendió en los medios de comunicación es sólo la punta del iceberg, ya que la mayoría de las veces, cuando alguien muere de manera accidental, «no hacen bulla», dicen los mineros, ni los medios ni las familias. 

 

Del funcionamiento de esta mina de San Juan Arriba no es fácil recolectar información. Es una zona muy controlada, cerrada por un portón alto. En la entrada se da un vaivén de carros y de motos. Doña Tula recibió a Contracorriente en su casa, ubicada en el umbral de la propiedad. «Ustedes no tienen por qué hablar con los mineros, no son dueños de ninguna tierra. Yo soy la propietaria y ellos están ilegalmente sacando el oro. La gente viene y se mete ilegalmente. Por eso, yo les cobro 300 pesos por cada vehículo. No sé cuánto sacan de material…», empezó a decirnos, antes de que tres hombres entraran en su sala. Doña Tula entonces se quedó callada y fuimos invitados a irnos.

 

El fiscal Máximo Hernández, de la Fiscalía del Medioambiente de Choluteca, confesó a Contracorriente que esa problemática es casi irresoluble: «Los güiriseros cometen el delito de explotación ilegal de un recurso natural y el de usurpación de propiedad privada, pero no podemos enjuiciarlos a todos. La minería artesanal es ante todo un problema social. Intentamos desalojarlos y cerrar minas, pero siempre vuelven. Son el sustento de muchas familias. ¿Qué alternativa hay?».

Con barro en todo el cuerpo, un güirisero se lava en una poza de agua contaminada por los materiales con lo que se extrae el oro. El Corpus, febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

A cielo abierto, la tierra vaciada

 

La promesa de la presidenta Xiomara Castro al inicio de su mandato de erradicar la minería a cielo abierto quedó en letra muerta, tanto en El Corpus como en otras partes del país. 

 

Las autoridades municipales hablan de una actividad minera en decadencia, pero en el casco urbano, a una decena de metros de la calle principal, las máquinas de la minera Cerros del Sur están operando a diario. Las láminas de zinc que levantaron para esconder el proyecto no bastan para engañar al vecindario. 

 

«Hay agujeros bárbaros por todas partes. Pasan el día recogiendo tierra, volquetas y volquetadas, y en la noche hacen bulla moliéndola con ese veneno [cianuro] que nos entra en la boca al respirar. Pero ya no hallan, todas esas tierras que compraron las tienen más que lavadas, de pura arena y hoyos. Con un invierno bien copioso, El Corpus se va a hundir»,  exclamó David, habitante del lugar desde hace más de 45 años y cuyo solar está en la mira de la compañía. «Llegaron aquí unos ingenieros para preguntar si vendía mi terreno, pero yo no vendo, aunque tenga que comerme las uñas. Van tocando las puertas para ver dónde más pueden escarbar. Mi vecino dijo que sí, por 60,000 lempiras. Quizás estamos sentados encima de mucho oro, pero a mí no me interesa que entren esas máquinas asesinas», añadió. 

 

Los  años noventa marcaron un hito para la minería en Honduras, ya que hasta aquel entonces, esta se limitaba a la explotación subterránea. El abogado Donald Hernández, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec) cuenta cómo en medio del huracán Mitch, en octubre de 1998, «mientras las familias buscaban sus muertos», el Congreso Nacional aprobó la primera Ley de Minería, que contenía las primicias de otra desgracia para el territorio: la autorización de la minería a cielo abierto. 

 

Así empezaron a llegar empresas extractivistas de capital extranjero con la voluntad de implementar este nuevo método que ya estaba en uso en América del Sur. «Nosotros no sabíamos nada de este modelo ni de sus afectaciones. Aprendimos rápido y Honduras se convirtió en el laboratorio en Centroamérica donde la gente que no tiene minería viene para estudiar las enfermedades», recordó Donald Hernández. 

 

En El Corpus, la primera empresa transnacional en imponer su maquinaria fue la canadiense Clavo Rico, pero hoy en día opera bajo otro nombre: Cerros del Sur. La alcaldía reveló a Contracorriente que actualmente es la única empresa que paga impuestos relacionados con la minería. «La empresa Raptor se dedica solamente a recuperar la broza de los mineros artesanales y a procesarla, la Nona está en trámite, la Titán también, la Águila Dorada tuvo que cerrar en El Naranjal…», enumeró un funcionario que pidió no ser identificado.  Cuando preguntamos por qué cerró Águila Dorada, contestó que fue «por la regulación más estricta de la dinamita, y no había tanto interés.» Sin embargo, los habitantes de la zona nos explicaron que la empresa se fue a operar en otra aldea después de haber dejado El Naranjal.  

 

Existen más de 500 concesiones de minería en Honduras —afirmó el abogado Hernández—, aunque no todas estén en fase de operación. En el 2006, Manuel Zelaya, entonces presidente de la República, contemplaba prohibir la minería a cielo abierto, pero «las presiones extranjeras eran muy fuertes y después del Golpe de Estado, una nueva ley de minería fue aprobada en 2012 bajo el Gobierno de Pepe Lobo». Hoy, el tema del extractivismo es una de las mayores fuentes de violencia en el país y los conflictos que genera colocaron a Honduras entre los países más peligrosos del mundo para ejercer labores de defensa del territorio y de sus recursos naturales.

 

El paisaje de El Corpus, con sus cerros pelados y un estanque turquesa en medio del valle, podría ser una postal del extractivismo enviado al mundo, aquel que recibe el oro. «Todo el oro que se produce en El Corpus va para Estados Unidos», afirmó el funcionario de la alcaldía. El precioso mineral es enviado «directamente por las grandes empresas establecidas o por los dueños de las tiendas de compraventa de oro» donde los pequeños mineros venden sus gramos. 

En la imagen se observa la minera Cerros del Sur, que explota las tierras en busca de oro a menos de 20 metros de El Corpus, Choluteca. Febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

En Metalsur, tienda del centro comercial de Choluteca, Contracorriente intentó conocer quiénes son los proveedores y clientes del oro que compran y venden, pero no se nos brindó la información. Sólo se pudo corroborar que un gramo vale unos 1,000 lempiras, variando en función del quilate. 

 

«Como alcaldía, controlar las empresas es difícil. La Unidad Medioambiental acompaña al Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para verificar algunos procedimientos, como la forma de hacer los cortes de suelo, pero nosotros no tenemos la potestad de suspender una explotación», explicó el funcionario, antes de revelar que acababan de poner una denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente contra la empresa Cerros del Sur por los daños ocasionados en el casco urbano. Es una decisión sorprendente, ya que «2023 fue el año de mayor recaudación de impuestos, empezamos a exigir a la empresa una declaración jurada sobre las ventas.» Sin embargo, la Fiscalía del Medio Ambiente de Choluteca nos confirmó haber recibido la denuncia contra la minera.

 

 

«Ahorita  no estamos monitoreando ningún río de la zona sur» 

 

En una pequeña oficina de Choluteca, llevando un chaleco beige sin mangas y un sombrero del mismo color, una técnica del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (Cescco) nos atendió, después de etiquetar todos los frascos que debía mandar al laboratorio. Dijo no tener mucho tiempo, porque si no terminaba con esas muestras a tiempo ya no se analizarían correctamente. El Cescco es un organismo que depende de la Secretaría de Recursos Naturales y tiene como misión el control de sustancias químicas en el agua, aire, suelo, alimentos y otros.  Al fin se sentó y  explicó que «en el 2006, un estudio reveló una alteración del pH y una presencia fuera de norma de metales en las aguas de El Corpus». 

 

¿Y después de 2006? Pues, no se sabe mucho. En 2020 hubo otro estudio pero muy incompleto. «No pude evaluar todos los parámetros microbiológicos que hubiera querido, porque me faltaron algunos reactivos. No tenía todas las herramientas», se justificó. Esos controles son, sin embargo, cruciales porque si las aguas de descarga de una empresa no cumplen con los estándares,  la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) puede sancionarla y suspender la licencia ambiental. Una empresa minera no puede operar sin permiso de Inhgeomin ni licencia ambiental. 

Los muros de la alcaldía de El Corpus están pintados con referencia a la extracción del oro. Febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

La técnica confesó que en el 2021, el Cescco de Choluteca pasó un año entero sin prestar servicio por la falta de material y presupuesto. «No estábamos en capacidad de tener muestras representativas», dijo, y luego aclaró que ahora volvieron a trabajar «al 64 %», pero que no están monitoreando «ningún río de la zona sur». 

 

La bióloga Gillian Vallejo, quien trabaja en la Fiscalía del medioambiente de Choluteca, deplora las consecuencias de la actividad minera: «Genera mucha contaminación por metales pesados, las aguas de esas zonas no se pueden usar ni para los animales», dice. Señala también que todas las grandes empresas mineras tienen la documentación en orden, pero que «siempre hay fallas y derrames». Sostiene que tanto la minería artesanal como la industrial contaminan, pero que el uso no regulado del mercurio representa el mayor problema. 

 

Para enfrentar la situación, la alcaldía de El Corpus tomó algunas medidas para dar un «mejor tratamiento al mercurio», pero estas recaen sobre la buena voluntad de las grandes empresas y generan una nueva forma de dependencia hacia sus infraestructuras. «En vez de que los desperdicios de las rastras terminen en los ríos, hemos establecido con algunas empresas la posibilidad de que recojan la tierra molida de los pequeños mineros y que hagan un procedimiento con cianuro para extraer lo que queda de minerales, y así todo el mundo se beneficia», explicó el funcionario. 

 

El mercurio y el cianuro tienen la misma función —aglomerar partículas de oro para hacerlas bolitas que se venden—, pero el cianuro es más potente y fusiona más. Esos métodos de bajo costo permiten procesar rocas que contienen oro en muy bajas concentraciones. Así, ante el progresivo agotamiento de los yacimientos de oro en El Corpus, la solución parece ser utilizar más tratamientos químicos, en detrimento del medioambiente y de la salud pública.

 

No es la solución que esperaba Lucía. Tampoco lo son esas láminas de zinc que esconden los estragos de la minería.  Ella sueña con escuelas de campo y centros comunitarios en vestigios de antiguas minas. Es un sueño. Hace un mes, su primo de 32 años murió de enfermedad pulmonar. Era minero. Lo son casi todos, de generaciones en generaciones. Hasta el último gramo. 

Fotografías y texto: Jorge Cabrera

 

A un lado de las vías del tren en el Bronx se encuentra La Esquina Garífuna, un food truck que vende comida tradicional hondureña. El propietario es  José Manuel, un garífuna que  llegó hace ya 10 años a los Estados Unidos junto con su esposa, huyendo de la situación política en Honduras. Con un abrasador frío de -4° centígrados, su negocio no se ubica en una zona vistosa, pero el calor de su atención hace olvidar el ruido del paso del tren cada cinco minutos y la basura que dejan los habitantes de zonas aledañas. 

 

El deterioro económico de la familia de José Manuel inició en 2009, durante el golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En esos años migró a Tegucigalpa y participó  en las protestas en apoyo del presidente, pero la convulsión política le causó la pérdida de su empleo. Sin oportunidad alguna por la situación, decidió emprender con un puesto de comidas, con la sazón garífuna, pero, una vez más, perdió todo por la extorsión de las maras y pandillas. En 2014 decidió emigrar junto a su esposa rumbo al norte estadounidense, un camino que han tomado cientos de paisanos para intentar tener un mejor futuro.

 

«Gracias a Dios estamos aquí, trabajamos legalmente de este negocio y dependemos cinco familias de un pequeño emprendimiento»,  dijo José Manuel.

 

Mientras tanto, luego de varios retrasos, este 20 de febrero de 2024 dio inicio el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernandez, quien fuera extraditado por señalamientos de conspiración para el tráfico de drogas. Hernández ingresó a eso de las 9:30 de la mañana a la corte del Distrito Sur de Nueva York, vistiendo el traje utilizado en su investidura presidencial. Han quedado lejos los discursos en los que el expresidente invocaba al indómito Lempira, héroe de la resistencia indígena hondureña. 

 

Para muchos hondureños, su captura fue un avance para la democracia en el país. El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado en su casa de habitación, luego de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos. El esperado juicio brinda la esperanza de un veredicto que permita eliminar al menos el 1 % de la corrupción en el país de las cinco estrellas. José Manuel mantiene la esperanza, pero le preocupa la demora del proceso.

 

«He estado atento a este juicio, y así como yo, muchos  estamos con un ojo abierto y el otro cerrado. Espero que se haga justicia para nuestro pueblo. Hemos sufrido, hemos huido, hemos visto violencia, hemos perdido a nuestros seres queridos, y todo por causa del narcotráfico. Este es el juicio, no ganamos un mundial, pero si sacamos la corrupción, nos damos por satisfechos», afirmó .

 

Para todos los hondureños dentro y fuera del país, este sería el juicio del siglo, pero para los neoyorquinos el evento pasa desapercibido. A pocos metros de la corte del Distrito Sur, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, fue llamado a la corte criminal de Manhattan para su audiencia inicial en el caso Stormy Daniels. El despliegue policial cubría más de cinco calles, y los medios de comunicación eran tantos que tuvieron  que  mantener a los reporteros  encerrados en una especie de corral para que nadie se moviera de su lugar. 

 

Los dos personajes a los que hoy sientan en el banquillo de los acusados tuvieron el mismo cargo, pero el país al  que gobernaban hace una gran diferencia.  Uno de ellos (JOH) pasa por un acusado más en los Estados Unidos, en comparación a Trump.

 

«Lamento que Donald Trump ha sido exitoso en retrasar el sistema de justicia. Ha sido su táctica durante toda su vida, pero la mayoría de los casos presentados en su contra han tenido éxito. Mi esperanza es que se logre justicia en este caso también», dijo Robert Croonquist, un manifestante que se presentó a la Corte.

Yolanda envía tres cajas a Honduras para apoyar a su familia en La Ceiba. Nueva York, 14 de febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera.

La historiadora Fanny Julissa García emigró a los Estados Unidos desde Honduras,  junto a su madre, a la edad de 10 años. Su trabajo en la actualidad es entrevistar y trabajar con migrantes que están abiertos a documentar su historia migratoria, y a la vez les ayuda a aplicar para conseguir asilo. Los estados como Texas, Arizona y Florida se encargan de enviar buses con migrantes, en su mayoría de Sudamérica y Centroamérica, para transportarlos a ciudades santuarios, entre ellos Nueva York, Boston y Colorado.

 

Las llamadas «ciudades santuarios»  tienen el compromiso de ofrecer servicios a los migrantes, sin rechazar a ninguno de ellos. En Nueva York, estos servicios les permiten obtener un carnet de identificación para recibir ayuda y poder moverse dentro de la ciudad que nunca duerme.

 

«No es una tarjeta de conducir, pero es una identificación que ayuda, y muchos estados no tienen eso. Aquí en Nueva York hay ciertos recursos que ayudan para que el migrante se establezca; también existe una ley o compromiso de la ciudad de siempre ofrecer vivienda a alguien que lo pida, al igual que un seguro médico», explicó García.

 

Según la historiadora, de seguir ingresando tantos migrantes a la ciudad santuario, será  insostenible para el gobierno de los Estados Unidos, ya que los que están llegando no califican para recibir un permiso de trabajo, pero sí califican para otros servicios, sin que ellos contribuyan a la ciudad. 

 

«Los mismos migrantes se quejan de que no les dejan trabajar, y aunque les den otros servicios, ellos mismos no quieren nada regalado. Solo quieren trabajar, y la única forma de obtener un permiso de trabajo es aplicando a un asilo político, pero este está basado en leyes muy estructuradas, como en el miedo creíble o persecución en el país de origen», expuso.

 

Cada año, miles de hondureños abandonan el país con la idea de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para huir de la pobreza y violencia que azotan a Honduras. Se estima que un millón de personas hondureñas viven en los Estados Unidos, entre residentes legales y en condición irregular; unos 55,000 se encuentran radicados en Nueva York.

 

Para García, la poca información con la que llegan los migrantes, sumado a las restricciones del estado al no promover dos de los programas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), los cuales permitiría que los migrantes puedan declarar sus ingresos y contribuir al estado de Nueva York: la solicitud de un número de identificación del empleador (EIN), que es un número de identificación del trabajador, y también el número de identificación personal del contribuyente (ITIN). 

 

«Esto no es un permiso de trabajo, pero con esos dos números una persona podría ser contratada y luego tener que pagar impuestos. Entonces, yo creo que la situación no es sostenible si el gobierno no empieza a pensar en lo que ya tenemos creado para que la gente empiece a trabajar rápido», apuntó García.

 

Los miembros de la comunidad hondureña en Nueva York se manifestaron a las afueras de la corte del Distrito Sur mientras se llevaba a cabo la selección del jurado, exigiendo la condena del exmandatario; muchos de ellos pidieron permiso para faltar a sus trabajos y poder asistir al juicio.

Juan Carlos Altamirano, residente en Nueva York, trabaja trasladando estudiantes de escuelas públicas. Nueva York, 14 de febrero de 2024. Foto CC/Jorge Cabrera

En Brooklyn, otra parte de la ciudad, la hondureña Yolanda Rivera, quien tiene 20 años de haber salido de su país,  trabaja cuidando a personas de la tercera edad. Sin embargo, hoy se tomó el día para recibir la visita de este medio. La encontramos a la espera, en las escaleras de su hogar. Está ansiosa porque el carro de las encomiendas aún no llega. Se trata de una empresa que también es hondureña, y tiene que llegar a retirar tres cajas que van rumbo a La Ceiba, Honduras. Mientras esperamos, nos cuenta que sus expectativas del juicio son altas.

«Recuerdo que con el hermano [Tony] fueron como ocho días de juicio, pero ahora hablamos de un capo de capos. Solo espero que no se alargue como en Honduras y ya lo juzguen, y que si hay más involucrados también sean traídos para que los echen presos a estos ladrones narcotraficantes», dijo Rivera.

El proceso ya inició y millones de hondureños estarán pendientes del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Los cargos en su contra son de tráfico de drogas y uso de armas. El tribunal, la fiscalía y la defensa del exmandatario definieron quién será el primer testigo que llevarán al estrado. Se trata de una mujer, de identidad reservada, que fue pareja de Alexander Mendoza, alias «Porky», señalado por las autoridades estadounidenses como un líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras.

Texto y fotografía: Fernando Destephen.

 

En la zona denominada «Plaza de las Etnias» del Centro Cívico Gubernamental (CCG) hay un busto de resina, con una capa de pintura metálica encima, instalado en homenaje a la defensora ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. En la jardinera han colocado una columna de metal con un texto explicativo sobre el pueblo lenca.  

 

En el CCG funcionan la mayoría de oficinas públicas, tal como ocurría en el gobierno de Juan Orlando Hernández, a pesar de que el 30 de junio de 2021, en un discurso electoral, la hoy gobernante Xiomara Castro prometió convertir sus instalaciones en un «centro de atención primaria y de consultas especializadas y medicina preventiva» si se convertía en presidenta.. 

 

Una de las pocas cosas que han cambiado es que el CCG ahora tiene símbolos de un gobierno que continúa definiéndose «en resistencia». El más grande quizá sea este busto de Berta Cáceres, inaugurado el 5 de marzo de 2022, apenas a un par de meses de que Castro tomara posesión de la presidencia, día en el que recibió la Vara Alta del pueblo lenca como muestra de su compromiso con los pueblos indígenas. 

 

Según el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, la empresa GIA en Honduras, operador privado del CCG, opuso resistencia a la colocación del busto de Berta Cáceres, y ni la electricidad querían instalar. Finalmente les permitieron colocarlo, con la advertencia de que en una semana tenían que quitarlo. 

 

El busto continúa donde fue emplazado, resistiendo la invisibilidad. Paradójicamente, justo en frente de lo que debería de ser un símbolo de lucha indígena y ambiental hay dos agencias bancarias, una del banco Cuscatlán, de capital salvadoreño y recién adquirido en Honduras por Inversiones Cuscatlán Centroamérica, y una de banco Ficohsa, empresa de la familia Atala a la cual el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta Cáceres y dirigido por ella hasta su asesinato, ha señalado como parte de los autores intelectuales del crimen. 

 

La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, y son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José  Atala Zablah, todos ellos parte de la junta directiva de Desa, la empresa que desarrollaría Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico en contra del cual luchó Berta. 

 

Juan Blas Raudales, de 60 años, hace una pausa en su visita al CCG para decir que considera que la ubicación de las agencias bancarias «es una falta de respeto», y agrega que si el gobierno quiere servirse de la imagen de Berta deberían de darle al menos mantenimiento al busto y una mejor ubicación. 

 

Se consultó la opinión de la administración del Centro Cívico Gubernamental, vía mensaje de Whatsapp y correo electrónico, pero al cierre de esta nota no habían dado respuesta.

 

El busto de Berta Cáceres, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, mira directo a las instalaciones del banco Ficohsa. Foto CC/Fernando Destephen. Tegucigalpa, 13 de febrero de 2024

Aclaración: Banco Ficohsa no está involucrado con el caso de Berta Cáceres, sin embargo su nombre ha aparecido en diversas denuncias y protestas en contra de instituciones financieras que tienen alguna cercanía con la familia Atala Zablah. En este caso, los socios más conocidos de Ficohsa en Honduras son de apellido Atala Faraj. La observación sobre la instalación de un Banco Ficohsa frente al monumento de Berta Cáceres y cómo esto puede resultar incoherente, proviene de personas que opinaron al respecto y no pretendemos desmeritar las mismas con esta aclaración.

A pocos días de que inicie el juicio por delitos relacionados al narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en Honduras se analiza cómo afecta el crimen organizado al país, y qué implican las relaciones que tuvo Estados Unidos con el expresidente y con el proceso de depuración policial. Con este propósito, Contracorriente realizó un XSpace titulado «Narcoestado en juicio», con el escritor y analista Óscar Estrada como invitado. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se encontraba entre la audiencia y también participó. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Jorge Cabrera  

 

El expresidente Juan Orlando Hérnandez fue detenido para extradición hace exactamente dos años, y ahora se encuentra a pocos días de que se inicie un juicio en su contra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Recientemente se declararon culpables dos acusados que irían a juicio junto al exmandatario: Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras (PNH), y Mauricio Pineda, exoficial de la PNH y primo de Hernández.

 

Óscar Estrada, reconocido analista en el caso, arrojó luz sobre una realidad perturbadora: las figuras oscuras como Hernández están intrínsecamente ligadas a la debilidad institucional. «Estos personajes oscuros surgen cuando la institucionalidad está débil, cuando las instituciones que deberían protegernos como sociedad, nuestro sistema político, nuestro sistema judicial, no están cumpliendo su función», señaló. 

 

Estrada describió un círculo vicioso en el que los líderes políticos, impulsados por un afán de poder desmedido, abusan de las leyes y las normas para mantenerse en el poder, fortalecerse y alcanzar sus objetivos. En su análisis, vinculó directamente la figura de Juan Orlando como una secuela del golpe de Estado de 2009. Además, reflexionó que, tras dos años de la extradición, el país no ha logrado avanzar por un camino que inspire confianza. 

 

Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, quién además lideró las operaciones para capturar al Tigre Bonilla y al expresidente, dijo que «el proceso de depuración del Tigre Bonilla fue para apartar la competencia, eso hay que decirlo, fue someter a la Policía Nacional para que no actuara. ¿Hay algunas personas ligadas [al crimen organizado] en la institución policial? Claro que sí, y estamos trabajando en eso. Hemos separado 2,500 funcionarios policiales en lo que va esta administración», dijo, aunque evadió las preguntas dirigidas a saber si existe una depuración interna de la policía, cómo se está realizando, y si hay mecanismos de transparencia al respecto. 

 

En 2016, durante el gobierno de Hernández, Honduras inició un proceso de depuración policial que tuvo el apoyo de Estados Unidos en múltiples programas. Sin embargo, la relación de Hernández con ese país fue más allá de ese apoyo. Había una vinculación directa desde una agenda ideológica y religiosa entre Juan Orlando y Donald Trump, como lo reveló Contracorriente en la investigación colaborativa Trasnacionales de la Fe. Actualmente, la defensa de Hernández plantea utilizar esa colaboración como uno de los argumentos de defensa.

 

Para Estrada, Estados Unidos es responsable en gran medida de hasta donde llegó Hernández, por lo que durante el juicio se verán dos narrativas radicalmente opuestas: «una en la que Juan Orlando es lo que dice la fiscalía, la joya de la corona de una estructura del narcotráfico que se fue instalando durante dos décadas; y por otro lado, Hernández es la persona que logró, a través de su relación estrecha con Estados Unidos, con Israel y con los organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos, reducir la violencia en nuestro país», señaló.

Miembros de la policía nacional resguardan las afueras del lugar donde sería presentado el Tigre Bonilla, durante su captura en Honduras. 9 de marzo de 2022, Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera

Una semana antes de que se hiciera pública la solicitud de extradición, el congresista Bob Menéndez había enviado una carta al Departamento de Estado en la que pedía revocar la visa de Hernández y que se le sancionara por ser «un capo del narcotráfico en el extranjero».

 

Hernández respondió con un comunicado en el que recordaba que la lucha contra el narcotráfico desde Honduras «ha sido respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el senador Menéndez con quien se reunió 2013 con el objetivo de impulsar la extradición. En mayo de 2013 usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera las extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington».

 

Durante su mandato, Hernández emitió en varias ocasiones conferencias de prensa, cadenas televisivas y comunicados en donde parecía alertar a Estados Unidos de que habría consecuencias si lo procesaban. Estrada añadió que una de las consecuencias directas del juicio es que Estados Unidos tendrá que replantear su relación con Latinoamérica en su lucha contra el narcotráfico. «Creo que los presidentes que han tenido financiamiento con el narcotráfico en sus campañas no van a querer seguir cooperando de la misma manera con Estados Unidos», explicó.

 

Consecuencias y análisis del narcoestado en juicio

 

Christian Sánchez, del medio de comunicación Pro-Honduras Network, de hondureños radicados en Estados Unidos, dijo que se encuentra a la espera de nuevos coconspiradores que no hayan salido antes en juicios, y «que van a que van a salir ahí y que todos los que van a estar presentes en ese juicio los van a observar en fotografías, porque eso es lo que sucede ahí», dijo. Destacó que la prensa tiene una labor muy importante, la de señalar e investigar a esos actores.

 

Una persona de la audiencia señaló que ahora, con un nuevo Ministerio Público, una nueva policía y una nueva Corte Suprema de Justicia, estas instituciones deberían actuar de forma inmediata: «No es posible que en las Fuerzas Armadas sigan militares que tuvieron parte y formaron parte del narcotráfico estando libres», reclamó. 

 

El pasado 9 de febrero, el Ministerio Público anunció el envío de un grupo de fiscales hondureños a presenciar el juicio contra el expresidente, «para dar alta prioridad a nuevas investigaciones o ampliar las líneas ya existentes en torno a casos de criminalidad organizada y narcotráfico», dice el comunicado, y agrega que procederán, si el caso amerita, contra personas o empresas mencionadas en el juicio.

 

Sin embargo, el Ministerio Público actualmente está a cargo de un fiscal interino que fue elegido en condiciones irregulares, después de que una comisión permanente con 9 diputados propietarios, en su mayoría del partido oficialista, aprobara esa moción hasta lograr los consensos para nombrar oficialmente autoridades. 

 

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Estrada agregó que en un contexto donde la fiscalía carece de legitimidad por la forma en que fue electa «lo que vamos a tener entonces es un ambiente de politización del sistema de persecución penal por intereses políticos, y eso es delicadísimo, no nos ayuda como sociedad esa dinámica», señaló.

 

Sumado a esto, en juicios anteriores no sólo han sido nombrados exfuncionarios y políticos del Partido Nacional. Recientemente, el exdiputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Rony Martínez, afirmó a través de su cuenta de X/Twitter que »podrían darse menciones de personajes hondureños durante los juicios que no tienen nada que ver con temas de narcotráfico. «JOH y compañía pretenden ensuciar a estos, por puro desquite o venganza, cuidado”, dijo.

 

Por su parte, Estrada advirtió que este tipo de respuestas de los políticos pueden resultar ineficaces, dada la profunda desconfianza arraigada hacia los líderes políticos. «La población hondureña está abierta a creer cualquier cosa que se les diga de los políticos hondureños», dijo, y recordó que en Honduras hemos sido testigos de cómo los políticos tienen la capacidad de manipular la verdad y mentir descaradamente. 

 

Estrada agregó que, si bien es cierto que los doce años de gobierno del Partido Nacional fueron críticos en el surgimiento y fortalecimiento del narcotráfico, el problema no se limita únicamente al Partido Nacional, sino que afecta a todo el espectro político del país. Destacó que la sociedad hondureña enfrenta un momento crítico en el que la transparencia y la rendición de cuentas se imponen como imperativos urgentes para restaurar la confianza en todo el sistema.

 

Por su parte, el ministro Sánchez, ante el cuestionamiento de una ciudadanía que no confía en la Policía Nacional, de un país en estado de excepción, con serias denuncias sobre abusos a los derechos humanos, sostuvo que «el estado de decisión parcial solo afecta a los delincuentes», y señaló que durante el estado de excepción la PNH hace aprensiones, «pero todo eso es posteriormente validado por el Ministerio Público; dicen que hay muchas denuncias, sé que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) hay quejas, pero en los tribunales y en la Fiscalía las denuncias son mínimas».

 

Hay que recordar que el Conadeh informó en diciembre de 2023 que desde que inició el estado de excepción han atendido un promedio de 33 quejas mensuales relacionadas a abusos de agentes de seguridad contra los derechos humanos de las personas.

 

Sánchez añadió que tanto desde el Ministerio Público como en la Policía Nacional están destituyendo y capturando operadores de justicia de otras instituciones, «porque el clima organizado afectó la institucionalidad del Estado, estuvimos muy cómodos (…) Hace unas semanas capturamos a diez policías, siete por un incidente y tres por otro más, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos cancelado 2,500 funcionarios policiales, lo que no hemos hecho es circo, lo que no hemos hecho es exponerlos, lo que no hemos hecho es violentar las garantías constitucionales que hasta los policías las tienen», afirmó. 

 

Añadió que, a su criterio, la problemática de violencia y criminalidad no es una problemática policial, sino social. «Honduras tiene tres fuentes: uno, el crimen común; dos, el crimen organizado; y el tercero son los factores culturales enquistados en la sociedad», y sobre este último puso de ejemplo el caso de cuando un hombre mata a su pareja.

 

En ese momento, Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que es necesario que desde la Secretaría de Seguridad se reconozcan los femicidios como tales: «En el Protocolo Latinoamericano de muertes violentas dice que mientras no se investiga, mientras está el proceso investigativo, se dirá femicidios, ¿no? O sea, toda muerte de mujer es un femicidio en primera instancia (…) no sé por qué la resistencia», señaló.

 

El ministro Sánchez dijo que la Policía Nacional actúa de acuerdo a la ley. «Cada vez que hay un incidente quien tipifica es el fiscal, él dice si lo analizamos como homicidio, como asesinato, como parricidio o como femicidio. (…) Desgraciadamente estamos en una sociedad machista, y se lo dice un varón, donde se asume como normal que un hombre agreda a una mujer», argumentó. 

 

Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, recalcó que las muertes violentas y femicidios en Honduras se relacionan con la violencia del crimen organizado: «Lo que sucede es que los hombres tienen más acceso a las armas o forman parte del crimen organizado, y que también hay mujeres que están siendo utilizadas por grupos de crimen organizado, o que son parte de las estructuras. Estamos en un país que está completamente contaminado y al que le agregamos un factor fundamental, que es imposible de ignorar, que es el machismo, y la muerte y la violencia que existe contra las mujeres en general», apuntó.

 

Finalmente, Estrada concluyó enfatizando que la lección de este juicio va más allá de comprender la estructura del narcoestado. «¿Cómo evitamos que se siga filtrando el dinero del narcotráfico en la campaña política? ¿Que sigamos eligiendo narcoalcaldes, narcodiputados, narcopresidentes?», se preguntó. El analista advirtió que confiar únicamente en la intervención de Estados Unidos es no ver el panorama completo, especialmente porque otros problemas sociales en Honduras, como la migración y los femicidios, también están intrínsecamente relacionados con la situación que puso en juicio al expresidente Hernández: un narcoestado.

A pesar del reconocimiento internacional al Estado de Honduras por la preservación de la moskitia hondureña, la deforestación, la violencia y el desplazamiento que viven los pueblos miskitos, tawahkas, pech y garífunas ubicados en esta región no se detiene. La comisión encargada de garantizar el proceso de recuperación de tierras para estos pueblos ha registrado pocos avances desde que se creó en 2019, mientras una nueva carretera ilegal amenaza con abrirse en una zona que debería estar protegida.

 

Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografías: Jorge Cabrera

 

Una nueva carretera ilegal podría estarse abriendo paso entre la selva miskita, esta vez en la zona del concejo territorial Diunat. La carretera vendría desde el departamento de Colón hasta el municipio de Brus Laguna, atravesando la Biosfera del Río Plátano. 


En 2021 trascendió la existencia de una vía popularmente conocida como «narcocarretera», que atravesaba desde Dulce Nombre de Culmí, Olancho, hasta Krausirpi, en Wampusirpi, municipio de Gracias a Dios, y que terminó siendo negociada en un pacto entre ganaderos y el actual gobierno,, representado por el asesor y esposo de la presidenta, Manuel Zelaya.

 

Vista satelital de la carretera que atraviesa la zona protegida de Biosfera de Río Plátano, desde el municipio de Dulce Nombre de Culmí en Olancho, hasta el pueblo de Krausirpi, en el municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios. Fuente: Global Forest Watch, 14 de febrero de 2024.

Los pueblos indígenas no participaron en la negociación, y tampoco se relacionó con el trabajo que supuestamente hacía una comisión de saneamiento de tierras, creada por decreto ejecutivo PCM del gobierno de Juan Orlando Hernández, en 2019. 

 

En julio de 2019, el gobierno de Juan Orlando Hernández emitió un PCM en el que se creaba una subcomisión de saneamiento o recuperación de tierras en la Moskitia hondureña, coordinada por el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Conservación (ICF), y la Unión de Pueblos Indígenas y Negros de la Mosquitia Hondureña (UPINMH). El gobierno de Xiomara Castro continuó con este plan de saneamiento.

 

Aunque esta comisión también tiene como finalidad ejecutar acciones relacionadas con la protección de tierras y recursos originarios, y canalizar denuncias interpuestas por ocupaciones ilegítimas «por parte de terceros de mala fe», la invasión de ganaderos o «terceros» ha continuado, y prevalece el tráfico de drogas en zonas colindantes con los departamentos de Olancho y Colón donde se ubican la Biosfera Río Plátano y la Biosfera Tawahka Asangni.

 

Según cifras del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la deforestación en la región de la Moskitia aumentó en un 2.14 % en los años de 2019 y 2020, es decir, en el periodo de la creación de este decreto.

 

Si bien el director del ICF, Luis Soliz, reconoce que la invasión de ganaderos al territorio miskito ha ocasionado destrucción en la zona protegida y persecución y hostigamiento a los pobladores de la zona, quienes, según él, «han sido obligados a vender sus tierras», no descarta que en el proceso de saneamiento se llegue a un acuerdo con ellos y con quienes no han ocasionado daños a la zona y solo han llegado «con fines de establecerse».

 

«Ellos (la población miskita, tawahka, pech y garífuna) van a decidir quién debe de estar y quién no dentro de este territorio», aseguró Soliz a Contracorriente.

 

Entre los años 2012 y 2015, la Moskitia hondureña atravesó un proceso de titulación de tierras en el que se otorgaron títulos a 15 concejos territoriales: 12 miskitos, y tres a los pueblos tawahka, pech y garífuna, respectivamente. Estos títulos reconocen el derecho de los pueblos originarios como dueños del territorio y su propia autonomía, así como que son los líderes de los territorios quienes consultan a las comunidades para aprobar o no la instalación de proyectos o procesos en sus tierras.

 

Además, los títulos establecen que la propiedad y el uso de las tierras siempre será de las comunidades, por lo cual no pueden ser embargadas, confiscadas o quitadas por ninguna otra persona o institución, y tampoco se puede dividir el territorio para otro propietario u otros fines. La región de la Moskitia abarca todo el departamento de Gracias a Dios, pero la Biosfera de Río Plátano no está titulada a nombre de ningún pueblo originario en la zona, si bien todos ellos colindan con esa zona protegida.

 

Pero el conflicto territorial no termina aquí. Aunque los 15 concejos territoriales dentro de la Moskitia hondureña estén titulados, el despojo y violencia en contra de los pueblos miskitos, tawahkas, pech y garífunas continúa, aún con las promesas del actual gobierno de garantizar su integridad y el derecho a la tierra.

 

Shirley Caballero, integrante de la subcomisión por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), aseguró que ha sido difícil empezar un proceso de asignación de tierras, por ejemplo,  en el concejo territorial de Diunat, considerando que es una zona de bastante conflicto en la que se está abriendo la nueva carretera ilegal. 

Otra de las carreteras que atraviesa la zona protegida de la Biosfera de Río Plátano. Fuente: Global Forest Watch y Google Maps, 14 de febrero de 2024.
Una de las carreteras que atraviesa la zona protegida de la Biosfera de Río Plátano, desde Iriona, municipio de Colón, hasta Juan Francisco Bulnes, municipio de Gracias a Dios, en la Moskitia. Fuente: Global Forest Watch y Google Maps, 14 de febrero de 2024.

Lo anterior también fue confirmado por otra fuente, la cual detalló que para empezar a abrir esta carretera, personas asentadas en el departamento de Colón (entre ellos ganaderos) firmaron un acuerdo con el líder del concejo territorial de Las Marías, perteneciente al pueblo pech; este, después de firmar, aseguró que no sabía de qué se trataba dicho acuerdo.

 

La comunidad miskita de Diunat y la alcaldía de Brus Laguna se oponen a la posible apertura de esta carretera por la depredación que ha ocasionado la ganadería extensiva en esta zona. Sin embargo, la fuente aseguró que la alcaldía de Palacios, en el municipio de Juan Francisco Bulnes —que colinda con el departamento de Colón y abarca parte de la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano—, dio la autorización para empezar a abrir este camino.

 

Hace un par de semanas, el director del ICF, Luis Soliz, dijo que la deforestación por la narcoactividad en la Moskitia asciende a 36 mil hectáreas en la Reserva del Hombre y Reserva de la Biosfera del Río Plátano, y que se han detenido las actividades en la carretera ilegal (también llamada narcocarretera) que va de Olancho a Gracias a Dios.

Niños de la comunidad de Mistruk. Puerto Lempira, 7 de diciembre de 2023. Foto: CC/Jorge Cabrera.

El funcionario indicó que durante la administración actual se han realizado reuniones con las distintas partes del conflicto. Hasta el momento, solo se ha iniciado el proceso en el concejo territorial de Bakinasta, ubicado entre los municipios de Wampusirpi y Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, colindante con el concejo territorial Tawahka y con la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano.

 

Soliz detalló que en este primer acercamiento se planteó una ruta para empezar con el proceso de saneamiento con los habitantes de la zona y con los ganaderos que se han instalado en este territorio, y que posteriormente se definiría un reglamento con el consenso de las distintas partes.

 

Primer acercamiento de los ganaderos

 

Para Rafael Alegría, subdirector del INA, institución que lidera la comisión, el conflicto en la zona de la Moskitia no solo involucra a indígenas y ganaderos, sino a empresarios y terratenientes con gran poder en la zona. El funcionario aseguró que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha expresado interés en la recuperación de tierras a favor de los pueblos originarios.

 

«El Estado, por ser Estado, tiene una fuerza política y jurídica superior a cualquier otra fuerza, pero también es imposible desconocer la realidad que hay, de actores particulares que tienen mucho poder económico y político y se articulan en asociaciones [ganaderas]», señaló el subdirector, aunque no mencionó específicamente a quienes tienen poder en la zona.

 

Shirley Caballero, integrante de la subcomisión, refirió que desde finales de 2021 hasta el 2023 realizaron operativos en todo el departamento de Gracias a Dios, en los cuales identificaron los lugares donde se asentaban los invasores o terceros.

 

La técnica del INA detalló a Contracorriente que levantaron 106 declaraciones juradas de ganaderos en la zona, en compañía de agentes de la secretaría de Defensa y las otras instituciones que pertenecen a la subcomisión de saneamiento. Estas declaraciones, aseguró, son confidenciales.

 

Caballero explicó que, con la llegada del nuevo Gobierno, se ordenó desde Casa Presidencial continuar con los operativos, y además pedir un reglamento a cada concejo territorial indígena de la Moskitia, en el que ellos establezcan el protocolo para determinar si el tercero ha hecho daño en la zona o no.

 

«Ellos pensaban que íbamos a desalojar, y no es el objetivo principal de esta acción, sino ordenar un poco la casa, ya que, si bien se habían entregado los títulos [a cada concejo territorial] había personas dentro de las áreas que estaban ahí, y eso dificulta la situación porque no son nativos indígenas», apuntó Caballero.

 

En la región de la Moskitia, los territorios miskito, pech, tawahka y garífuna representan más de 1.5 millones de hectáreas, según un boletín de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) y la organización Forest Trends.

 

El proceso de socialización se inició en el concejo territorial de Bakinasta, considerando que en parte de este sector se sitúa la primera carretera ilegal, que hasta el momento recorre desde Catacamas, en el departamento de Olancho, hasta el pueblo de Krausirpi, en el municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios, dentro de la reserva de la biosfera tawahka Asagni.

 

Caballero también detalló que, además de la tala ilegal por la ganadería extensiva, que ha ocasionado escasez de agua en estas comunidades, en el conflicto también tienen participación jueces que han dictaminado la tenencia de tierras a favor de los terceros, desplazando así a pobladores nativos de la zona.

 

«Muchos se han casado o han estudiado junto a personas nativas de la zona y esto se debe tomar en cuenta en el proceso [de saneamiento], porque si bien es cierto es fácil decir “vamos a desalojarlos a todos”, pero ¿y después qué va a pasar?», cuestionó la técnica.

Habitantes de Kaukira, comunidad en la costa del mar Caribe, parten en balsas y cayucos a otras partes de la Moskitia. Puerto Lempira, 6 de diciembre de 2024. Foto: CC/Jorge Cabrera.

Sobre los avances en este proceso, la técnica del INA detalló que se ha abarcado al 100% el consejo territorial de Wamaklisinasta —al sur de la Moskitia, colindante con Nicaragua—, y en los otros se siguen realizando operativos. En el caso del concejo territorial de Diunat —más al norte y colindante con la Biosfera del Río Plátano, en donde comenzaría la nueva carretera ilegal—, están en proceso de elaboración del reglamento para dar inicio al proceso de saneamiento.

Miskitos recorren el centro de Puerto Lempira. Puerto Lempira, 5 de diciembre de 2023. Foto: CC/Jorge Cabrera.

El Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Muskitia de Honduras (GAPIAMH) emitió una carta a inicios de este año dirigida al Gobierno de Honduras y a las entidades que conforman la comisión, en la que rechazan la injerencia del Estado en el proceso de recuperación de tierras miskitas, y aseguran que el ICF no tiene facultades para tomar decisiones dentro del territorio indígena.

 

«Las invasiones de nuestro territorio son por falta de políticas claras sobre territorios de los pueblos originarios. Para regular este problema, GAPIAMH está elaborando su propio reglamento; para este fin el Estado de Honduras debe acompañarnos», detallan en la carta.

 

Soliz señala que el posicionamiento del Gobierno Autónomo de la Moskitia en contra del proceso de saneamiento que lidera el Estado de Honduras responde a personas que ahora están en el extranjero y que han avalado acciones como la construcción de la carretera, algo condenado por «las fuerzas vivas que sí están en el sitio».

 

El director del ICF señaló que el GAPIAMH no tiene legitimidad en las comunidades, y que solo se posicionan en contra de temas como la venta de bonos de carbono o la concesión de petróleo en la Moskitia, pero obstruyen las alternativas para la resolución del conflicto ganadero por parte del Estado de Honduras.

 

El ministro Soliz dijo que, si bien han encontrado oposición al proceso de recuperación de tierras por parte de algunos líderes de la zona, las fuerzas vivas dentro de las comunidades han dado su respaldo para llevar a cabo este proceso.

 

«Hay una organización de parte de la población de las fuerzas vivas de la comunidad para impulsar estos procesos, donde ellos van a determinar quiénes están dentro de su territorio, la regulación de su territorio, y definir si [los invasores o ganaderos] han afectado o no han afectado», dijo el ministro del ICF a este medio.

Fotografías y texto: Fernando Destephen



Glenda Licona, de 55 años, vecina de la calle Sin Sol, en el barrio Morazán del Distrito Central, fue beneficiada con pintura y reparación del techo de su casa. Nos cuenta que el barrio cumplió cien años el pasado 8 de octubre del 2023, y por eso la alcaldía les regaló una renovación en sus fachadas, siguiendo el plan del alcalde Jorge Aldana de construir una «Ciudad de Buen Corazón».

 

Pero no es la primera vez que un gobernante les beneficia. El adoquinado en la calle se los dejó como regalo de campaña el excandidato liberal Luis Zelaya en el año 2013, por lo que se podría decir que el barrio vive de administración en administración recibiendo leves maquillajes, sin resolver a profundidad las necesidades de sus habitantes.

 

Para llegar a la centenaria calle Sin Sol del barrio Morazán, justo en la entrada hay que esquivar un bache que sirve de recordatorio a los vecinos de que los problemas no han terminado. Esa zona es una de las más vulnerables en temporada de lluvias, y año tras año sufre hundimientos y derrumbes.

 

Aun así, ahora, antes de los partidos que se juegan en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, tan solo a tres cuadras de la calle Sin Sol, la gente aprovecha, recorre la calle y se toma fotos. Se ha vuelto un rincón turístico en medio del caos y el desorden.

 

Pero esta calle es, o era, de las pocas en el Distrito Central con identidad. Un marco sostenía el nombre «Calle sin sol», pero ahora las dos entradas han sido renombradas con el eslogan del alcalde: «Ciudad de Buen Corazón». A lo largo de la calle se observan dos líneas de edificios y casas de distintas alturas, con una pintura blanca uniforme en toda la calle y toques de azul turquesa –un color que usa el Gobierno institucionalmente–. Está iluminada con faroles nuevos, hay un par de maceteras en las ventanas, y también cables enredados en los postes que cuelgan por todos lados.

 

«El lugar es lindo para pasear la mirada, parece otro país», dijo Javier Portillo, gerente de turismo de la Alcaldía Municipal. Pero al salir de esa calle, los baches, la excesiva velocidad de los buses, taxis y motos, traen de golpe el recuerdo de seguir en el Distrito Central.

 

Mientras el tráfico, el mal estado de las calles y las malas condiciones de los servicios públicos se profundizan, la intención de este proyecto es construir una narrativa que atraiga el turismo dándole color a la capital, mejorando las fachadas de ciertas casas, calles y lugares icónicos en el Centro Histórico y barrios aledaños.

 

Por ejemplo, el Hoyo de Merriam, en el centro de la ciudad, era conocido por ser oscuro, sucio y descuidado. Su renovación incluyó el traslado de las personas con problemas de adicción que vivían en ese lugar. Ahora su apariencia es limpia, con murales, y de acuerdo con Portillo, tiene luces y seguridad las 24 horas.

 

Contracorriente solicitó el dato concreto sobre la inversión que ha realizado la municipalidad en estos proyectos; sin embargo, al cierre de esta nota no ha habido respuesta. Portillo reconoce que los cambios son poco profundos, pero espera que la iniciativa se replique de manera comunitaria.

 

El Distrito Central cerró el año 2023 con 344 homicidios y 5,867 accidentes de tránsito; sin embargo, las autoridades de la municipalidad no hablan sobre mejorar también las condiciones de seguridad en las zonas que están renovando.

 

A pesar de todo, en la calle Sin Sol siguen emocionados con la visibilidad que les ha dado el trabajo de la alcaldía. Para seguir con las mejoras, la corporación edilicia ha contratado a Pablo Acosta Gallardo, un artista de 41 años que también pintó murales en el Hoyo de Merriam, y que pinta diseños exclusivos con una temática distinta en cada zona, procurando que sus obras le recuerden a la gente una Tegucigalpa antigua, que vive en las referencias y que se pierde poco a poco, como en la calle Sin Sol, ahora «Ciudad de Buen Corazón».

Autoridades del Congreso Nacional ocultaron a la sociedad civil y al pleno de congresistas los expedientes para el nombramiento de cargos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Mientras eso pasa, el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional han puesto sobre la mesa de negociaciones la ratificación del fiscal general interino Johel Zelaya. Algunos congresistas han reconocido incluso que se ha planteado impunidad para actores corruptos. Por otro lado, la colocación de piezas claves en órganos electorales y contralores es el común denominador de las tres fuerzas políticas mayoritarias.

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen 

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, que terminó su período el 25 de enero, inició el proceso de convocatoria de postulantes a ocupar cargos para Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el pasado 21 de noviembre de 2023, tras conformar la Comisión Especial para el nombramiento de magistrados del TSC. Se esperaba que se llevara a cabo un proceso transparente para elegir a los tres magistrados que permanecerán durante siete años en sus cargos, los cuales debieron ser seleccionados el año pasado para cumplir el período 2023-2030, pero eso no fue posible por la falta de acuerdos en el Legislativo.

La Comisión Especial para el nombramiento de magistrados del TSC está presidida por la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, e integrada por un total de 11 diputados. Dicha comisión recibió 48 postulaciones de aspirantes al TSC que nunca se hicieron públicas. Se filtró una lista de 21 que aparentemente habían cumplido con todos los requisitos, pero de otros 27 nunca se conocieron los nombres. 

Este proceso ha violentado normativas nacionales de elección de segundo grado debido a la falta de transparencia, ya que ni los mismos diputados ni la sociedad civil pueden hablar sobre la idoneidad de los aspirantes porque sus expedientes no han sido publicados y sus hojas de vida se desconocen.

Una fuente al interior del Congreso Nacional le confió a Contracorriente que la comisión solamente se reunió en tres ocasiones, siendo la última el 15 de diciembre. Fue ahí cuando algunos miembros de la comisión le consultaron a la diputada Smith si el listado con las 48 personas debía hacerse pública, a lo que ella, enfáticamente, respondió que el listado no se publicaría «porque había unos [aspirantes] que tenían que subsanar».

Mes y medio después, el Congreso Nacional publicó un comunicado para darles plazo a los aspirantes al TSC que todavía no han completado sus requisitos. Todo esto se ha hecho a espaldas del pleno del Congreso y sin que la sociedad civil pueda acceder a las hojas de vida de los aspirantes.

«Todos estuvieron de acuerdo con que fueran públicas, incluso yo también. Pero es que al final, mira, al final esto es complicado porque en la Comisión podemos tener la buena intención, pero al final son los dueños de los partidos políticos los que se ponen de acuerdo», expuso la fuente, que accedió a conversar con nosotros, pero que por su seguridad mantendremos en el anonimato.

La misma fuente agregó que «Angélica Smith le ha remitido esta información a otra gente como parte de algún proceso de socialización, aunque no sea público; pero es interno». 

Contracorriente buscó la versión de la diputada Smith. Se logró contactar a su asistente, quien prometió concertar una entrevista; sin embargo, no hubo más comunicación.

El diputado Mario Segura (izquierda), durante una sesión del Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal e integrante de la comisión especial para el nombramiento de magistrados del TSC, le dijo a este medio que el listado de 48 postulantes solo se le entregó a la «Comisión Permanente que preside Luis Redondo, quien mandó a pedir el informe». 

A la pregunta de por qué no se hizo público el informe con los postulantes, Segura respondió: «No sé por qué no se ha hecho público. Eso tendría que preguntárselo a la abogada Smith, ella es la presidenta de la comisión».

Juan Carlos Aguilar, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que la participación de organizaciones en veeduría en este proceso es completamente nula. 

«No existe la participación de sociedad civil en el Congreso Nacional, a lo mucho sabemos que hubo convocatoria y que se amplió el plazo para presentar la etapa curricular. Pero más allá de eso no ha existido ningún tipo de comunicación en el Congreso. No hay publicidad ni veeduría, y así es imposible que la sociedad civil participe en estos procesos de selección», dijo Aguilar.

Por su lado, la diputada independiente Ligia Ramos dijo a Contracorriente que ni ella ni ningún otro diputado ajeno a la comisión ha tenido acceso a ningún currículum ni expediente de ningún autopostulado al TSC. «Sabemos lo que se oye por los medios de comunicación, de que existen algunas personas que son impulsadas por partidos políticos», explicó Ramos.

Congreso Nacional: un club donde se negocia impunidad y se reparte el poder

Era 24 de enero de 2024. A menos de veinticuatro horas para la instalación de la III Legislatura del Congreso Nacional, la temida Comisión Permanente estaba en reunión. En los pasillos del Congreso Nacional, que lucían repletos de reporteros, camarógrafos y guardias de seguridad, había incertidumbre porque una decisión de los nueve diputados que integraban la Comisión Permanente podía hacer que Honduras cayera nuevamente en una nueva crisis legislativa. No obstante, la Comisión Permanente cesó en sus funciones a las 11:59 p.m. de ese mismo día sin que sucediera lo que se temía.

Ese temor era que la Comisión Permanente que presidió el diputado Luis Redondo decidiera, con apenas 9 votos, nombrar interinamente los siguientes cargos: Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia (UPL), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pero había entonces certeza de una cosa, que si la Comisión Permanente decidía no hacer esos nombramientos era porque las negociaciones entre el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal estaban avanzadas. «Si la Comisión Permanente elige esos cargos sin pasar por el pleno, mañana todo va a ser caótico. Pero si nada de eso pasa es porque ya todo estará negociado», dijo la diputada independiente Ligia Ramos a este medio.

El 25 de enero, el Congreso Nacional instaló el período ordinario de sesiones con la instalación de la III Legislatura en un entorno de calma y festividad.

Los congresistas de las principales bancadas de oposición, Partido Nacional y Partido Liberal, que juntos superan más de 60 votos, permanecieron tranquilos en sus curules. No hubo agresiones ni insultos ni reproches. Los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial —Xiomara Castro, Luis Redondo y Rebeca Ráquel, respectivamente— presentaron sus informes sin ninguna novedad.

Instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

Al finalizar la instalación de la III Legislatura, la congresista Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se acercó a la prensa y le dijo a Contracorriente que por fortuna la Comisión Permanente no había decidido autoritariamente hacer nombramientos ignorando al pleno; sin embargo, lamentó que todo eso fue gracias a negociaciones entre Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y el Partido Liberal.

«Sabemos que Libre ya negoció con el Partido Nacional y el Partido Liberal la repartición de cargos», expuso Mena, quien agregó sentirse enormemente preocupada por estar «claramente frente a un proceso de repartición del poder en donde cada partido va a poner su cuota».

Fátima expuso que es lamentable que se dejen de lado los procesos de selección para la elección de altos funcionarios.

«Aquí lo que hay es una clara componenda entre partidos para repartirse una instancia que debería de tener personas con un alto perfil técnico, pero más que carácter técnico deben de tener independencia, autonomía e integridad, porque recordemos que ellos son al final los responsables de contarles las costillas a todos aquellos que administran fondos del erario público, por lo tanto, que se esté repartiendo el poder realmente una situación que preocupa», expuso Mena.

 

Acuerdo del Partido Libre para que la oposición ratifique al fiscal general Johel Zelaya

El fiscal general interino Johel Zelaya habla ante los medios luego de ser asignado al Ministerio Público. Foto CC/Fernando Destephen

A cambio de llegar a arreglos con la oposición para el nombramiento de altos cargos, el oficialista Partido Libre está negociando que se ratifique al fiscal general interino Johel Zelaya; al menos así lo dijo el diputado Rasel Tomé, quien forma parte de la junta directiva.  Rasel expuso que su instituto político se dispone a ceder al Fiscal Adjunto como parte de las negociaciones con la oposición.

Si las negociaciones no se rompen —tal como ocurrió el año pasado con algunos pactos suscritos cuando se estaba eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  que incluían entregar la Dirección de Fiscales a la oposición—, el fiscal general adjunto interino Mario Morazán (militante del partido de Gobierno) no será ratificado en su cargo, y el director de fiscales pasará a manos de la oposición.

Contracorriente contactó al diputado Jorge Zelaya, congresista de Francisco Morazán por el Partido Nacional, para confirmar esta versión. El diputado explicó que esto es verdad y que «definitivamente se ha estado dialogando; en ese caso, el fiscal adjunto interino Mario Morazán estaría siendo no ratificado, y solamente se ratificaría a Johel Zelaya como fiscal general».

«La ratificación de Johel Antonio Zelaya como fiscal general es casi un hecho. El fiscal adjunto y director de fiscales estaría, de acuerdo a las conversaciones, que no han finalizado en un 100 % pero que ya están muy avanzadas, el no ratificar a Mario Morazán porque es de la misma línea de Partido Libre, sino que todo pasa posiblemente por Marcio Cabañas y Pablo Emilio Reyes; este último es de tendencia de nuestro Partido Nacional. Todos sabemos que Marcio es de tendencia del Partido Liberal. Otra cosa es que nadie puede desconocer que muchos sentimos simpatía por la abogada Jenny Almendares, a quien desafortunadamente el Partido Libre no ha querido que ella sea ni siquiera fiscal adjunto, ni mucho menos directora de fiscales», expuso Jorge Zelaya.

El diputado Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, durante la inauguración de la tercera legislatura del Congreso. Foto CC/Jorge Cabrera

También se están negociando cargos claves durante los procesos electorales, los cuales se estarían consensuando con un enfoque totalmente partidista, para defender y velar por los intereses solamente de estos tres institutos políticos. 

En el caso del TSC, el diputado Mario Segura dijo que los miembros de la comisión se limitaron a revisar las hojas de vida y dar calificaciones de acuerdo a los méritos. «Considero que debía hacerse público el informe (con los 48 expedientes de los aspirantes al TSC), pero recuerde las circunstancias», dijo Segura.

En su condición de jefe de la bancada del Partido Liberal, Segura ha sido parte de las negociaciones tanto con el Partido Libre como con el Partido Nacional, y aceptó que, hasta ahora, las negociaciones han girado en torno a intereses de partidos políticos y no para beneficio colectivo.

«Hemos negociado lo que a los partidos nos conviene, pero creo que deberíamos negociar lo que al pueblo le conviene», reconoció Segura, quien expuso que sí existe un consenso para escoger la mayoría de cargos, pero no una fecha.

El Partido Liberal realizó una reunión a lo interno y los congresistas decidieron que su propuesta para magistrado del TSC sea Jorge Medina. 

Segura explicó que Medina fue escogido «por sus méritos», ya que en la bancada «se hizo un estudio de todos ellos; luego la bancada hizo un voto secreto entre Óscar Caballero y Jorge Medina».

Lo anterior evidencia que los candidatos, antes de llegar al pleno para votarlos de manera oficial, son escogidos previamente en reuniones informales de cada partido y no dentro del Congreso Nacional. 

Además, existe un bloqueo a la información en perjuicio de los diputados de otras bancadas que no pertenecen a los tres partidos mayoritarios; estos congresistas no conocen cuáles son los candidatos y por lo tanto no los pueden evaluar ni incidir en proponer otras opciones. Tampoco la sociedad civil ha podido evaluar perfiles de ningún aspirante, siendo un ejemplo el caso del TSC.

Estas negociaciones se llevan a cabo sin las mínimas condiciones de transparencia, sin seguir principios básicos como publicidad, capacidad e idoneidad, sino que los congresistas están negociando dentro de sus bancadas para colocar a un funcionario de su confianza. Incluso, la propuesta del Partido Nacional para uno de estos cargos es uno de sus mismos diputados en propiedad que, de ser escogido, tendrá que abandonar su curul y tomar su nuevo puesto.

Pero no todos dentro del Partido Nacional estuvieron de acuerdo en que un diputado de su partido fuese la propuesta para integrar al TSC.

«Yo fui muy claro con mis compañeros diputados al decirles que yo no tenía nada personal contra el diputado Marco Velásquez, pero les dije que es un diputado y que yo nunca lo acompañaría. Se presentaron siete candidatos… y uno respeta al final la decisión de la mayoría», dijo el diputado Jorge Zelaya.

¿Impunidad para David Chávez, expresidente del Partido Nacional?

El expresidente del Partido Nacional, David Chávez, forcejea con la policía durante una protesta frente al Ministerio Público. Foto CC/Jorge Cabrera

El pasado 31 de enero de 2024, el medio TN5 le consultó al diputado Pedro Chávez si el retorno de su hermano David Chávez —prófugo de la justicia— está dentro de la mesa de negoción con el Partido Libre y Partido Liberal, a lo que este respondió: «Totalmente, si es que él es inocente… que él retorne a casa porque no ha hecho nada malo… él es el presidente del partido, de la institución más grande política que existe».  

Pero un día después, Pedro Chávez públicamente se retractó de sus palabras y expresó que sus declaraciones habían sido «mala información».

Ante la pregunta de si se está negociando impunidad en el Congreso Nacional, Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, negó que su institución política fuese parte de eso. 

«De parte nuestra, no. Más bien hemos dicho que nosotros no acompañamos temas de impunidad. Se ha dicho, y a mí no me consta, que la impunidad la está pidiendo el Partido Nacional y es el pleito que se tienen con el Partido Libre».

Es importante mencionar que líderes importantes del Partido Nacional han sido liberados durante estos días; por ejemplo, en el caso Pandora II, que fue abierto por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que dirige el fiscal jefe Luis Javier Santos, el expresidente Porfirio Lobo Sosa fue sobreseído definitivamente esta semana de lo que se le acusaba. Este es un caso que también involucra al expresidente Juan Orlando Hernández y a otros influyentes políticos.

Contracorriente le consultó al diputado nacionalista Jorge Zelaya si el Partido Nacional ha negociado impunidad para David Chávez, quien está prófugo de la justicia después de que el 28 de noviembre pasado un juzgado librara una orden de captura en su contra por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios por actos de corrupción que se le atribuyen durante el tiempo en que fungió como director del Instituto de Formación Profesional (Infop), entre los años 2010 y 2013.

«Sí, escuché eso a modo de especulación», dijo Jorge Zelaya a Contracorriente; no obstante, agregó que él no ha estado en ninguna reunión y tampoco es jefe de la bancada. 

«Sería mentiroso si le digo que se ha pedido algo relacionado con el expresidente del partido David Chávez, bueno, presidente todavía, porque por ahora está la vicepresidenta al frente del partido», explicó el congresista.

Jorge Zelaya reiteró que no conoce «si en las conversaciones al más alto nivel del partido se está manejando esa posibilidad de que regrese David Chávez y que se le pueda dispensar algunas de estas cosas de las cuales están hablando».

Carlos Zelaya, secretario del Congreso, a su ingreso al hemiciclo durante la inauguración de la tercera legislatura. Foto CC/Jorge Cabrera

Propuestas oficiales por los partidos políticos para el TSC

El diputado nacionalista Jorge Zelaya dijo que el Partido Nacional ya tiene listos a sus candidatos para integrar el TSC. «Ya está definido, el Partido Liberal tiene sus candidatos, nosotros también como Partido Nacional y el Partido Libre también».

Hasta ahora, el Partido Nacional y Partido Liberal han hecho públicos los nombres de sus candidatos para integrar el TSC, Marco Velásquez por el lado de los nacionalistas y Jorge Medina por los liberales.

El Partido Libre aún no hace oficial su propuesta para integrar el TSC, y el único nombre que ha sonado públicamente es el del subsecretario de Gobernación y Descentralización, Sergio Vladimir Coello, de quien se dice que será postulado por Libre para integrar el órgano contralor.

«Sergio Vladimir Cuello tiene como padrino dentro del Congreso Nacional a Carlón [Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional]. Es el viceministro de Gobernación. A este hay que tenerle mucho cuidado. Es un peón muy bueno en hacer todo este tema de la política vernácula, especialmente en cubrir todos los espacios que deja la política partidaria, él es experto para eso», dijo a Contracorriente un experto que solicitó permanecer anónimo.

Propuestas para otros cargos 

Para optar a la UFTF, más conocida como Unidad de Política Limpia, se ha conocido públicamente, desde agosto de 2023, que Ivonne Ardón es la propuesta por el Partido Liberal, Emilio Hércules por el Partido Nacional y Vladimir Mendoza por el Partido Libre. Todos ellos resultaron bien evaluados en agosto del año pasado, durante la fase de audiencias públicas en la que únicamente participaron 13 aspirantes.

Cabe señalar que Vladimir Mendoza y Ivonne Ardón son actuales comisionados del IAIP y que, a pesar de la falta de transparencia del Congreso Nacional actual, decidieron premiar a esta institución otorgándole el 100 % de transparencia.

En estos procesos solo han mediado las negociaciones entre partidos políticos, pero no se ha permitido a la sociedad civil que revise los expedientes de las personas que han postulado a los cargos.

La propuesta del Partido Nacional para el Tribunal de Justicia Electoral es el exdiputado por Comayagua, Gerardo Martínez. 

Los partidos mayoritarios no han dado a conocer todavía el listado completo de sus aspirantes al IAIP.

El Partido Libre y el Partido Liberal tampoco han aclarado públicamente quiénes serán propuestos ante el pleno para que se conviertan en consejeros y magistrados de las instituciones electorales TJE y CNE.

Están negociando «un solo paquete»

La presidenta Xiomara Castro participa de la tercera legislatura del Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

La diputada Ligia Ramos le dijo a Contracorriente que a su juicio el tema más importante que se está negociando es lo relacionado con el fiscal general, pero que las negociaciones han avanzado lento porque de fondo se está cocinando «todo un paquete» sobre los demás cargos.

«Hay que nombrar al fiscal general y fiscal adjunto en propiedad, a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, aunque a estos todavía les falta un tiempo. También está lo referente al Tribunal Superior de Cuentas, que es un ente importantísimo en materia de transparencia y de investigación del uso de los fondos públicos. Entonces, pareciera como que se está haciendo todo un paquete y tratando de llegar a un acuerdo en un paquete total, que nos obstaculiza que lleguemos acuerdos, porque ahí hay negociaciones que van más allá», expuso Ramos.

Ligia Ramos es una de las pocas voces que afirman que una de las principales razones por las cuales las negociaciones han sido tan difíciles es debido a que el presidente Luis Redondo se ha opuesto a muchas de las intenciones de los tres partidos políticos mayoritarios.

«Negocian impunidad, negocian dinero, y yo he visto cómo les ha costado, precisamente porque el presidente Luis Redondo no cede a negociaciones de impunidad; eso es muy fácil de verlo, todo el mundo habla de la incapacidad que tiene él como presidente, pero realmente yo considero que es porque él tiene un límite duro en cuanto a la impunidad. Hay algunas cosas que él no se ha podido meter, por ejemplo con la Corte Suprema de Justicia, ahí él fue como espectador, pero yo creo que ahorita que con lo del Ministerio Público, eso es muy delicado. Entonces Redondo ha tenido que hacer algunas peripecias para evitar esa negociación de impunidad. Pero bueno, esa es mi percepción», expuso Ramos.

Mientras los congresistas se entrampan en negociaciones y se reúnen a puertas cerradas para colocar a sus militantes en cargos que son trascendentales para la democracia hondureña y persecución penal, el país se encamina una vez más a perder una oportunidad de que personas independientes se desempeñen en estos cargos, desde donde podrían garantizar el respeto a la institucionalidad, al voto ciudadano y al Estado de derecho.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

Guido Eguigure, viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), renunció a su cargo el pasado 15 de enero y está esperando a que la presidenta Xiomara Castro acepte o rechace su renuncia.  Por ahora, está acompañando a un grupo de sus compañeros y compañeras, que mantienen una protesta denunciando al propio Estado por violaciones a sus derechos y malos tratos. 

 

Eguigure plantea tres escenarios para la salida a esta crisis: «El primero, aunque incierto, una negociación», expuso. El segundo, a su juicio, es que la Secretaría del Trabajo emita un dictamen y a partir de eso se produzca «la criminalización de algunos o todos los trabajadores» que están en protesta. Ese sería el escenario con mayores consecuencias políticas para Libertad y Refundación (Libre), aparte de las consecuencias legales, advirtió este alto funcionario, que a renglón seguido explicó el porqué. 

 

«Podría ser en el futuro un caso emblemático en el Sistema Interamericano», apuntó Eguigure, y agregó que se convertiría en el caso de una institución obligada a velar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los hondureños, pero que estaría violentando derechos a sus mismos trabajadores. 

 

El tercer  escenario planteado por Eguigure es el desgaste de los trabajadores, aunque explicó que lo ve como poco probable porque por ahora observa mucho ímpetu y emoción en los empleados que mantienen la toma; no obstante, indicó que algunos de los manifestantes han denunciado intimidaciones desde carros sin placas y motos.

 

La SEDH cuenta con poco personal y presupuesto; apenas 150 millones de lempiras para el año 2024, y 170 puestos de trabajo, de los cuales 140 están en funciones, porque quienes desempeñaban los 30 restantes tienen demandado al Estado y las plazas no pueden ser ocupadas hasta resolver el caso. 

 

De la SEDH depende el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En 2022 se dio una crisis en la SEDH tras la salida de varias personas que pertenecían a esa instancia, una polémica en la que se vio involucrada la ministra, Natalie Roque, quien fue denunciada en noviembre de 2022 por querer intervenir en la elección de los consejeros para el Mecanismo de Protección y tener un control absoluto. 

 

En mayo del 2023 se produjo una protesta de empleados de la SEDH que exigían mejores tratos por parte de las autoridades. En esa ocasión, Guido Eguigure, quien estaba en su cargo como subsecretario, emitió un comunicado ofreciendo que se abriría una investigación sobre las denuncias, y a la vez haciendo un llamado al diálogo. La protesta se disolvió, pero las denuncias y el clima hostil continuaron hasta culminar con esta nueva toma, que comenzó el 18 de enero y en la que ellos dicen se perdió ese «miedo a la disciplina partidaria», como explicaron algunos de estos mismos empleados en un Space de X de Contracorriente.

 

El pasado miércoles 6 de febrero, la presidenta Castro nombró a Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica, como mediador para buscar un diálogo. Cabe señalar que Salgado fue incluido en la lista Engels de los EE. UU. en el apartado de «actores corruptos y antidemocráticos», y que él mismo ha reconocido estar al mando de una tropa de boots de Gobierno, mejor conocidas como tropas digitales

 

Mientras tanto, los empleados en protesta están buscando que todo esto termine sin represalias por haber hecho públicas algunas situaciones internas, y que se respete la estabilidad laboral y su derecho al trabajo.

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