Secretario de Seguridad reconoce que se usaron armas compradas por el Estado en masacre de PNFAS

La Secretaría de Seguridad a través de su titular Gustavo Sánchez confirmó la utilización de armas compradas por el Estado en la masacre de 46 mujeres registrada en una cárcel hondureña el pasado 20 de junio y además reveló que existen vehículos, fusiles, municiones e incluso aviones comprados para la Policía Nacional, que se encuentran en «manos del crimen organizado».

 

Por: Vienna Herrera 

Fotografía: Vienna Herrera  

 

Sobre la masacre de 46 privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ocurrida el 20 de junio, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que parte de las armas y municiones usadas en la masacre fueron compradas con fondos del Estado.

 

Esta es una información proporcionada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, pero la Secretaría misma lo había negado hasta que hace unos días el Ministerio Público confirmó la información.

 

Sánchez asegura que los materiales nunca ingresaron a las bodegas de la Policía Nacional de Honduras (PNH): «Hay más de 15 o 16 armas de fuego incautadas (del caso de la masacre de PNFAS), una sola está registrada en la Policía Nacional, e igualmente existen también casquillos de munición que tienen un registro de la policía».

 

Roberto Blen, abogado que dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), afirmó hace unos días en un foro televisivo que aunque no todos los casquillos que pertenecen a la PNH que fueron encontrados en la escena se usaron contra las privadas de libertad asesinadas, pues una parte se encontraban afuera en un intento de la policía por ingresar a la penitenciaría.

 

«En los cuerpos se habían encontrado balas de 9 milímetros y había uno de calibre 45 (…) el arma cuando se decomisó estaba encasquillada, significa que, hicieron el disparo, mataron a la persona, pero el arma después no funcionó; quedó inservible», dijo el fiscal, sobre los casquillos y el arma que tenía registro de la policía.

 

Sánchez aseguró que ya tienen a 21 personas identificadas, 16 de ellas como autores materiales y 5 a nivel de intelectuales. También denunció que existen vehículos, fusiles, municiones e incluso un avión comprados para la Policía Nacional, pero que se encuentran a manos del crimen organizado.

 

«¿Quién se los entregó? Recordemos que el ex jefe de Estado de este país que está respondiendo a cargos de crimen organizado, específicamente del narcotráfico en Nueva York», dijo Sánchez en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández quien se encuentra preso en Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico, entre ellos tráfico de armas y asociación ilícita. 

 

En el momento de la masacre en la PNFAS, el sistema penitenciario del país estaba intervenido por una comisión encabezada por la viceministra Villanueva, quien fue separada de este cargo como respuesta de la presidenta Xiomara Castro a la tragedia. La presidenta también destituyó a Ramón Sabillón de su cargo como ministro de Seguridad, colocando en este puesto a Gustavo Sánchez.

 

La viceministra Julissa Villanueva ha asegurado que esta interventora no pudo realizar debidamente su labor por falta de cooperación de la Policía Nacional. Además, en las últimas semanas ha denunciado acoso y amenazas desde esta institución.

 

Las revelaciones de Sánchez se dieron durante la presentación de un informe de resultados en el que se proyecta cerrar con una tasa de 31.56 homicidios por cada 100 habitantes, con una disminución del 17.15% de homicidios en relación con el año anterior.

 

La Secretaría de Seguridad señaló que se le han asignado 2388 casos de homicidios este año, de los cuales solo han capturado a 808 personas como autores. Además registró que este año 12.77% de los homicidios no tuvieron autopsia, pues se dieron 366 casos durante la huelga del Ministerio Público que paralizó las autopsias.
  

 

Uno de los casos que se dio en ese tiempo fue el de Ana Hernández, en el cual la familia demandó que se hiciera una autopsia, y a ocho meses de la solicitud aún no tienen respuesta, según declararon recientemente a Contracorriente.

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