Texto: Otto Argueta
Portada: Jorge Cabrera
Finalmente, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, fueron investidos respectivamente como presidente y vicepresidenta de Guatemala. La agresiva ofensiva en su contra inició desde la primera vuelta electoral en junio de 2023 y fue liderada por el Ministerio Público, jueces, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y representantes del sector privado. Los actores corruptos y antidemocráticos no cesaron en su intento por mantenerse en el poder, incluso hasta las últimas horas del 14 de enero de 2024. Buscaron desesperadamente atropellar el respiro democrático que se expresó en las urnas y que fue alimentado por la resistencia democrática ciudadana, liderada por las organizaciones ancestrales indígenas. Los espurios objetivos de a lo que en Guatemala se le llama «el pacto de corruptos» eran evitar la toma de posesión del binomio presidencial, asegurar el poder corrupto en el Congreso Nacional y garantizar la impunidad a través del Ministerio Público, jueces y cortes. Es decir, darle larga vida a la cleptocracia que ha gobernado al país durante los últimos doce años, o más.
La tensión vivida durante los últimos seis meses tuvo su momento cúspide la noche del 14 de enero de 2024, cuando la planilla liderada por el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, logró ganar la presidencia del Congreso Nacional. Durante muchas horas, la Junta Directiva saliente y diputados del oficialismo implementaron todas las argucias legislativas posibles para evitar la participación del Movimiento Semilla en la elección de la Junta Directiva. Eran conscientes de que, desde semanas antes, las negociaciones, acuerdos y la presión internacional ya habían cambiado la correlación de fuerzas en el Congreso a favor del esperado cambio que la ciudadanía demandaba. Por esa razón, quemaron todas sus naves autoritarias y corruptas esa noche.
Al final, sin violencia ni compra de votos, una bancada minoritaria de 23 diputados logró alcanzar 92 votos de los 160 diputados del Congreso Nacional, superando así todos los obstáculos que el oficialismo puso en el camino. La Junta Directiva saliente había declarado a los diputados de la bancada de Semilla como independientes, despojándolos de su filiación partidaria, con lo cual habrían estado impedidos de participar en la Junta Directiva y en comisiones legislativas durante toda la legislatura. .
Esta decisión se basó en la resolución del juez Fredy Orellana —incluido en la lista «Engel» del Departamento de Estado de los Estados Unidos por sus acciones antidemocráticas—, emitida en julio de 2023 por solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, pieza clave del pacto de corruptos y también incluido en dicha lista. La noche del 14 de enero, la Corte de Constitucionalidad negó el amparo solicitado por la bancada Semilla para dejar sin efecto la decisión de la Junta Directiva del Congreso, y otorgó un plazo de seis horas para subsanar la situación jurídica de la bancada, lo cual se hizo mediante la aprobación por parte de la nueva legislatura de la enmienda al acuerdo que dejaba sin efecto la decisión de suspender la filiación partidaria de la bancada.
Una vez recuperada la filiación partidaria de los diputados de Semilla, se superó el obstáculo legal para la toma de posesión de la nueva Junta Directiva liderada por Samuel Pérez. Gracias a haber anticipado las maniobras espurias de la Junta Directiva saliente y de operadores políticos del oficialismo en la Corte de Constitucionalidad, la bancada de Semilla había logrado sumar con anterioridad el apoyo de otras bancadas y de diputados nuevos en el Congreso para superar esos obstáculos de manera legal y a través de acuerdos políticos.
Los símbolos son la tinta con que se escribe la memoria histórica, y esa noche Bernardo Arévalo y Samuel Pérez asumieron el liderazgo del Ejecutivo y del Legislativo, tal como 79 años atrás lo hicieron Juan José Arévalo y Manuel Galich. El discurso de toma de posesión de Arévalo no tuvo las tradicionales rabietas del líder macho alfa que la clase política celebra; al contrario, sus mensajes fueron siempre concluyentes en una misma idea: más democracia para Guatemala. En su camino al Palacio Nacional, Bernardo Arévalo y Karin Herrera se detuvieron a recorrer las calles que rodean el Ministerio Público para reconocer y agradecer la convicción democrática de las organizaciones indígenas, que por más de 100 días han mantenido una protesta pacífica exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Arévalo asumió la Comandancia General del Ejército de Guatemala en la Plaza Central, en el espacio público, como un símbolo de la sumisión de esa institución al poder civil. Lo tradicional había sido hacer ese acto en una base militar, simbolizando lo contrario, el poderío militar sobre los civiles.
Se ha ganado la muy importante batalla de asegurar nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo comprometidas con el cambio en el país, pero la guerra que el autoritarismo y la corrupción sostienen pasa ahora a un nuevo escenario: el pacto de corruptos será la oposición antidemocrática, enquistada en las instituciones y en algunos sectores de la sociedad y del sector privado. Sin embargo, estas victorias reafirman, con gran esperanza, que la democracia se construye y defiende solamente con más democracia.
Ningún Estado se transforma automáticamente con el cambio de gobierno; las mafias siguen ahí, la corrupción y los actores antidemocráticos también. A pesar de que han perdido el control de las instituciones en el nivel del liderazgo político, el reto es profundizar los mecanismos democráticos para reducir, día a día, el campo de maniobra social e institucional que esos grupos aún poseen.
El Movimiento Semilla ha liderado la defensa de la voluntad expresada en las urnas y en las calles, presentando recursos legales ante instituciones cooptadas por grupos criminales; no descansó en su intento por lograr, a través del diálogo y el mutuo entendimiento, los acuerdos necesarios entre sectores que, a pesar de ser adversos, serían igualmente afectados por la continuidad de la cleptocracia, y se comunicó con la población con una retórica conciliadora, de esperanza y expectativa por el cambio, a contracorriente de la agresividad discursiva de los grupos mafiosos y extremistas.
Esto reafirmó ante la ciudadanía la oportunidad de apoyar, más que a un partido, a la democracia. Los pueblos ancestrales indígenas demostraron la fuerza de resistencia democrática que les ha permitido sobrevivir en un Estado y en una sociedad racista y violenta, y han cimentado una conciencia ciudadana de autonomía política necesaria para que continúen siendo un balance frente al nuevo gobierno. Durante meses fueron inclaudicables en una protesta pacífica, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales serviles, movilizaron a miles de personas de todo el país para exigir el respeto a la democracia, y empoderaron a movimientos de barrios urbanos a expresar su rechazo al pacto de corruptos. Lograron romper las barreras generacionales que superficialmente separaban la ancestralidad con la demanda de la juventud guatemalteca de terminar con una clase política tradicionalmente mafiosa que condenaba su desarrollo presente y futuro a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Contrario al racismo imperante en las élites guatemaltecas, los pueblos indígenas han demostrado una madurez política comprometida con la democracia, cimentada en el respeto a los valores ancestrales y la fuerza vibrante de la juventud.
Durante estos meses hubo capturas arbitrarias de jóvenes estudiantes, profesores universitarios, fiscales y abogados. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei se cuentan por decenas las personas que ahora viven en el exilio o que, como el periodista Rubén Zamora, están en prisión, o han logrado demostrar su inocencia ante los tribunales de justicia. Todo esto orquestado desde las instituciones que por mandato deberían garantizar el Estado de Derecho, pero que, debido a la cooptación por parte de grupos criminales y antidemocráticos, han desnaturalizado sus funciones para garantizar la impunidad y continuidad del vínculo político-criminal heredado desde hace décadas en el país. También hubo desprestigio, hostigamiento y violencia por parte de grupos criminales del narcotráfico y, en algunas manifestaciones pacíficas, personas infiltradas buscaron provocar la violencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
A pesar de todo eso, la democracia en Guatemala se defendió sin violencia, sin corrupción, sin discursos de odio y victimización. Incluso con instituciones cooptadas, se usaron los recursos que la ley establece. Prevaleció una combinación afortunada de autoridades electas respetuosas de la ley y una ciudadanía convencida de que el derecho a la protesta pacífica es la vía legítima para exigir el respeto a la democracia. Rápidamente, se contagió la expectativa de que un cambio es posible, de que aun cuando existen grandes diferencias políticas y culturales, éstas pueden ser una energía transformadora si se coincide en que la democracia es el consenso mínimo necesario para convivir en paz y superar las barreras que nos dividen. La lucha por la democracia se convirtió en la justificación para unir esfuerzos frente a una amenaza poderosa.
La gran lección que Guatemala ha dado es que un Estado cooptado por grupos criminales y antidemocráticos no se transforma reproduciendo las mismas prácticas violentas, intolerantes, ilegales e ilegítimas que lo condenan. La población, el pueblo, no quiere eso de las autoridades que elige a través de procesos democráticos. Es un error de la clase política suponer que la población espera que impere la ley del más fuerte, la radicalidad ideológica, la descalificación e intolerancia ante la oposición y la diferencia política. Cuando prevalece eso es porque la transformación ofrecida solamente es una demagogia para preservar el poder «cambiando todo sin cambiar nada».
Por opaco que parezca en las encuestas sobre calidad de la democracia, por difícil que es vivirlo día a día en nuestras sociedades pobres y cansadas de tanta violencia y corrupción, nuestros pueblos quieren democracia. Son las élites políticas y empresariales las que no han querido asumir la responsabilidad de proteger las instituciones y los valores democráticos frente a los extremismos y las ventajas económicas que sectores e individuos obtienen del caos, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza. Son esas élites las que han convertido a la democracia en un eslogan de campaña y no en una práctica política y ética.
No es cool ser un dictador, no es revolucionario ser un dictador, no es libertario ser un dictador y no es encarnar la voz del pueblo o de Dios ser un dictador. Ese mesianismo que justifica al autoritarismo como necesario para lograr el bienestar de todos es solo una fachada para tomar el camino fácil hacia el poder y beneficiarse de él. La democracia es un camino difícil y asumirlo con entereza es el compromiso necesario para lograr el verdadero cambio político que Centroamérica requiere.
Frente a la política tradicional, el Movimiento Semilla era un actor outsider y minoritario, oscurecido por grandes poderes mafiosos. Pero no fue así ante los ojos de una ciudadanía cansada y una juventud harta de los discursos de odio de la clase política. El Movimiento Semilla fue coherente con su compromiso democrático, lo cual fue clave para ser receptor del anhelo ciudadano por el cambio, en un momento crítico en el que el futuro del país parecía estar condenado a hundirse en la sombra del autoritarismo y la corrupción.
La coherencia entre el discurso y las prácticas políticas no pasa desapercibida ante la población. La sociedad guatemalteca es heredera del dolor que dejó un sangriento conflicto armado interno, heridas que aún están abiertas. Es heredera también de un racismo estructural que ha condenado a la miseria y al olvido a la mayoría de su población. Pero también es heredera de grandes momentos democráticos, como la gesta revolucionaria de 1944, que han demostrado que, en los momentos más crudos del autoritarismo, la lucha por la democracia es el cemento que cohesiona a una sociedad golpeada y la revitaliza para el cambio. Esa coherencia y convicción democrática llevó a Bernardo Arévalo y a Samuel Pérez al lugar donde están hoy, y son ellas también las varas con las que sus actos deben ser juzgados por la ciudadanía ahora que son el liderazgo político del país.
La afrenta autoritaria y mafiosa no termina aquí. Al contrario, es de esperar que, como fieras heridas, los actores antidemocráticos utilicen todos sus recursos para socavar la legitimidad y confianza depositada en Bernardo Arévalo y su gobierno. Los retos son también regionales, pues en Centroamérica domina una tendencia antidemocrática severa, que denigra el valor de los derechos humanos y de la democracia misma, por considerarla utópica o una ficción malintencionada de fuerzas internacionales conspirativas. Algunos gobernantes se jactan de su autoritarismo, niegan la memoria histórica o la tergiversan utilizando fórmulas retóricas superficiales y simplistas, se vanaglorian del caudillismo y del nepotismo como los únicos recursos válidos de una supuesta confianza personalista y familiar, que sustituye el ideal democrático de gobernar a través de instituciones transparentes y honestas.
En todos los países que hoy son gobernados por el autoritarismo populista de derechas o de izquierdas hay voces democráticas auténticas e iniciativas de cambio. El mensaje que da una Guatemala que parecía tener una democracia agonizante es no ceder a la tentación autoritaria y, al contrario, darle oxígeno a la democracia con más democracia.
La democracia es una utopía si no se asume con rigurosidad ética; es una ficción si no se traduce en prácticas políticas concretas, transparentes y auditables, y es una demagogia si no se recurre a sus principios en los momentos más difíciles de la gobernanza. La democracia es un compromiso y una práctica individual que por acumulación se convierte en una cultura colectiva. La democracia no es posible si no se construye con democracia. Esa es la lección que deja Guatemala y es también el reto que se viene para el nuevo gobierno liderado por Bernardo Arévalo: saberse demócrata, apegarse a la democracia y defenderla con rigurosidad y convicción. Es el reto que también le queda a la sociedad, ya que la democracia depende no solo de sus gobernantes, sino también de una ciudadanía celosa, que vigila y exige a sus autoridades apegarse a los principios que pregona. No se construye democracia con una sociedad civil complaciente que sacrifica su autonomía política y se pliega al lamento de gobiernos que justifican su incompetencia culpando al pasado, a las conspiraciones internacionales y a una supuesta resignación cultural, aquella que dice «es que así son las cosas aquí».
El acuerdo de cuidado mutuo entre gobierno y sociedad, basado en la certeza de que ambos defienden la democracia ante los excesos de cada uno, deberá prevalecer por encima de cualquier ambición personalista. Entonces, solo así, la democracia es posible.
