En marzo de 2020, tiempo en el que se declaró emergencia sanitaria en Honduras por la llegada de la COVID-19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto para otorgar nombramientos al personal de primera línea frente a la pandemia. Actualmente, no se han otorgado más plazas a trabajadores del área de Salud, algunos han sido despedidos y a otros se les adeuda el pago correspondiente de tres meses de trabajo.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Desde hace dos semanas que el personal de primera línea no obtiene respuestas conforme al pago de su salario adeudado durante tres meses. Y esto es en el mejor de los casos, para los que todavía tienen un contrato; porque varias de estos trabajadores, entre enfermeras, doctores, microbiólogos o personal de limpieza, han sido despedidas por medio de notificaciones que detallan que sus contratos vencieron a finales de diciembre de 2021.
La Dirección General del Servicio Civil, perteneciente a la Secretaría de Gobernación y Justicia, denunció el pasado 7 de abril más de 10 mil nombramientos irregulares a finales de 2021 e inicios de 2022; entre estos, 8,444 son pertenecientes a la Secretaría de Salud (Sesal).
En la reestructuración del Presupuesto de la República 2022 se asignaron 24, 735 millones de lempiras para la Secretaría de Salud, lo que representa 2,483 millones de lempiras más que el presupuesto aprobado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández a finales de 2021.
Añadido a esto, César Chirinos, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), denunció que, en lo que va del Gobierno de Xiomamra Castro, 17 mil empleados públicos han sido despedidos, figurando la Sesal como una de las secretarías en las que más despidos se registran.
Despedir a empleados del sector público que muestran una militancia política partidaria distinta a la de gobierno entrantes una práctica acostumbrada en Honduras. A estas acciones se les conoce como «barrida de empleados», en referencia a los despidos masivos. No obstante, lo que agudiza la crisis es que por primera vez en la historia democrática de Honduras, después del golpe de Estado de 2009, un solo instituto político, el Partido Nacional, gobernó durante doce años consecutivosMiles de empleados permanecieron trabajando en el Gobierno nacionalista durante todo ese tiempo, adquiriendo cierta percepción de permanencia laboral, que ahora fue interrumpida abruptamente por el Gobierno de Xiomara Castro, que se enfrenta a una enorme estructura clientelista que está siendo sustituida por personal de su confianza y militantes del partido Libertad y Refundación.
«Sí, ha habido despidos, y unos hasta indirectos, que es cuando a una compañera (enfermera) la descienden del cargo donde está o la trasladan de un lugar a otro sin previo aviso. A veces las compañeras no están listas para trasladarse, ya que esto implica irse a otra comunidad, lo que resulta en un impacto presupuestario al dejar a sus hijos en casa o llevarlos a otra escuela, entre otras cosas», detalla Natalia Chavarría, presidenta de la Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Escuela (Apehe).
Natalia también informa que las quejas de sus compañeras enfermeras han sido a nivel nacional y que viven en la incertidumbre de saber si serán despedidas o no, aun cuando el ministro de la Secretaría de Salud, el doctor José Manuel Matheu, aseguró que los despidos del personal de primera línea no procederían.
La presidenta de la Apehe indica que los despidos al personal de salud no ocurren de una sola vez, sino que un día despiden a cinco personas y otro día a solo una. Además, explica que es del conocimiento de las enfermeras que los nombramientos iban a ser progresivos, pero que han sido las revisiones de las nuevas autoridades a los nombramientos las que han atrasado en el otorgamiento de las plazas del personal de primera línea contra el COVID-19.
Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), asegura que ha recibido muchas cartas de personal sanitario en las cuales les expresan que su contrato por servicios profesionales cesó desde finales de diciembre. Ante esto, la diputada indica que, si bien fue una irresponsabilidad del Gobierno de Hernández nombrar a personal sanitario por medio de decretos sin tener el sustento presupuestario, el actual Gobierno debe revisar estos nombramientos del personal sanitario antes de ser cancelados.
El día de ayer muchos compañeros de salud me enviaron copia de sus notas de cancelación y lo peor es que les dicen que desde el mes de diciembre están cancelados . O sea han trabajado sin paga estos 3 meses . Si seguimos haciendo lo mismo tendrémos el mismo repudio del pueblo.
— Suyapa María Figueroa Eguigurems (@SEguigurems) April 5, 2022
«Yo entiendo que lo heredado es una situación caótica y que es difícil poner orden, aunque hayan pasado más de dos meses de gobierno, pero es indudable que hay que darle celeridad al análisis de esto y ver qué podemos hacer para mejorar», indica la doctora Suyapa Figueroa, quien agrega que los derecho trascienden los gobiernos, y es por esta razón que el Gobierno actual debe respetar los derechos adquiridos del personal de salud.
En esto coincide Ligia Ramos, diputada por el mismo partido. Ramos afirma que en la derogación del PCM emitido a finales del 2021, los diputados del Partido Libre y del PSH aplicaron una salvaguarda para que esta derogación no afectara al personal de primera línea. «Se que la postura del secretario de Salud es darles nombramiento y acuerdo al personal sanitario, entonces no sabemos qué es lo que está pasando con los despidos al personal de salud. Puede ser que hayan personas en los mandos intermedios que están tomando esas decisiones para hacer quedar mal al Gobierno», indica Ramos.
Por otra parte, Johanna Bermúdez, diputada por el Partido Nacional, asegura que el Gobierno de Xiomara Castro tiene la autoridad para poder mapear qué personas han estado efectivamente en primera línea y quiénes no. Además, denunció que, antes de sus acciones, el ministro José Matheu tuvo que conocer la problemática y llevar una propuesta real para solventar la situación actual que tiene el sistema de salud hondureño.
La Dirección del Servicio Civil asegura que desde diciembre de 2021 hasta enero de 2022 se han dado 8,444 nombramientos irregulares en la Secretaría de Salud.
Solo se han otorgado un 18 % de plazas al personal de primera línea desde 2020
Los reclamos han trascendido estas semanas debido a la falta de pago por tres meses y por los despidos al personal de primera línea, pero el otorgamiento de plazas al personal de salud se remonta a marzo de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria por COvid-19 en Honduras.
En abril de 2020, un mes después de que se registrara el primer caso de contagio por COVID-19 en Honduras, se aprobó la Ley de Permanencia Laboral, misma que beneficiaría aproximadamente a 10 mil empleados de primera línea durante la pandemia en hospitales y centros de salud, entre ellos médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, microbiólogos, técnicos en radiología, técnicos anestesistas, odontólogos, personal administrativo y personal de aseo, estando incluido el personal contratado bajo el mecanismo de Código Verde. Este acuerdo fue aprobado en el Congreso Nacional en un solo debate.
Sin embargo, a finales de 2021, distintos trabajadores del sector salud —contratados a inicios de la pandemia bajo la modalidad de contrato— salieron a protestar a las calles exigiendo su nombramiento tal como lo decretaba el Acuerdo Ejecutivo 003-2020. Ante la solicitud, el expresidente Juan Orlando Hernández anunció, a finales de ese año, el nombramiento a solo 1, 800 empleados del sector salud.
En la sesión legislativa del 15 de marzo de 2022, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Fabricio Sandoval presentó un proyecto de decreto para derogar las leyes que otorgaban los acuerdos de permanencia al personal de primera línea. Esto desencadenó protestas del personal de salud y que, posteriormente, el diputado fuera encerrado en una de las oficinas de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.
#Honduras Empleados de la secretaría de Salud "encierran" en Recursos Humanos al diputado proyectistas Fabricio Sandoval, tras presentar una moción para derogar decreto que otorga plazas permanentes a trabajadores. pic.twitter.com/sbucXwDUmu
— Radio América HN (@radioamericahn) March 16, 2022
Al día siguiente, el Congreso Nacional aprobó la desarticulación de esta ley siempre y cuando se respetaran los nombramientos al personal de primera la línea y solamente se hiciera una revisión al otorgamiento de plazas para no incurrir en abusos a contrataciones a empleados públicos; entre estos, al personal administrativo. Según Natalia Chavarría, presidenta de la Apehe, la revisión de estos nombramientos ha atrasado el otorgamiento de plazas.
«Algunas acciones de nombramiento quedaron firmadas por la ministra de salud del Gobierno anterior, otras quedaron en Recursos Humanos y otras en Servicio Civil, pero resulta que la mayoría de estas plazas no fueron entregadas. El grupo que está revisando estos nombramientos dice que ha encontrado anormalidades como sueldos exorbitantes en estos nombramientos y que por eso los ha detenido, pero nosotros como Colegio de Enfermeras Profesionales hemos exigido ver qué enfermeras tienen esos sueldos para aclarar eso e iniciar a laborar, pero no nos han querido atender», manifiesta Natalia Chavarría.
La presidenta de la Apehe señala que el salario base de las enfermeras profesionales incrementa en base al índice del precio del consumidor, y que en este año tendría que ser de 25, 000 lempiras, sin embargo, el contrato de estas enfermeras es por 23, 031 lempiras.
«Queremos que el ministro (José Matheu) nos demuestre cuáles son las enfermeras nombradas que tienen salarios altos como él lo expresa. A nosotros como Colegio de Enfermeras Profesionales no nos ha querido recibir, se le han hecho cuatro solicitudes para que nos atienda, pero no hay respuestas», indica la presidenta de la Apehe.
Las solicitudes de entrevista de Contracorriente al ministro de Salud, el doctor José Manuel Matheu, tampoco fueron atendidas.
Desde que se decretó el nombramiento a personal de primera línea contra la Covid19 a inicios de la pandemia, sólo se han otorgado 18% de las 10 mil plazas prometidas.
Las bases de Libre exigen participación de su militancia
«Nos ha costado 12 años estar luchando, y no es posible que quieran seguir con lo mismo», manifiesta Juan Gabriel Velásquez, trabajador de servicios generales del Hospital Escuela Universitario (HEU) y perteneciente al Colectivo de Libertad y Refundación del HEU.
El pasado 6 de abril de 2022, el Colectivo de Libertad y Refundación del Hospital Escuela Universitario realizó un plantón dentro del hospital para exigir la renuncia de Osmín Tovar, director del HEU, así como la asignación de plazas para militantes de Libre que trabajan en dicho hospital. Entre los reclamos al director del hospital están su mala gestión como director, el maltrato a pacientes y también lo señalan de ser simpatizante del Partido Nacional; por su parte, Tovar desmintió esta información. Además, el colectivo de Libre pidió la sustitución de Osmín Tovar por alguien perteneciente al Partido Libre, alegando que esta es la única manera de evitar más corrupción dentro del Hospital Escuela, en donde el director ha otorgado plazas con salarios de 50 mil a 60 mil lempiras.
«Es lamentable que en este momento en el que mucha gente votó por la esperanza creamos que el personal que está en primera línea sea activista de un partido político», indica la diputada por el Partido Nacional, Johanna Bermúdez, ante los supuestos nombramientos a personal de primera línea perteneciente a las filas del Partido Nacional.
Además, Bermúdez asegura que, de haber tenido una mala gestión en el Gobierno anterior, es tiempo de que la administración actual tome las mejores decisiones. «No dudo que hay cosas que nosotros hicimos mal, pero el pueblo nos mandó a decir que ellos eran mejores administradores que nosotros, así que lo menos que pueden hacer es hacer las cosas bien y diferentes», afirma.
Natalia Chavarría, presidenta de la Apehe, sostiene que la lucha del sector salud por sus nombramientos de alguna manera se ha politizado, algo que no debería de suceder, ya que es una realidad que afecta a todo el personal salud que ha estado luchando contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
«Al personal de salud no se le debe de tratar por politica, el profesional de la salud puede ser nacionalista, liberal, libre o cualquier partido, lo que importa es que preste sus servicios a la población que tanto lo necesita. Si llega un paciente, no solo las enfermeras de Libre van a atender, ni tampoco solamente las liberales. Todo el personal de salud está capacitado para atender a la población sin necesidad de presentarse militante de un partido político, lo mismo debería de suceder con nuestros nombramientos», indica Chavarría.
