La obrera que venció en juicio al hombre más rico de Honduras

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Olivia Aurora fue despedida en septiembre del 2016 y desde entonces inició una batalla legal contra el Grupo Karims, el conglomerado que pertenece a Yusuf Amdani, un paquistaní con nacionalidad hondureña dueño del centro comercial Altara, Altia Business Park, Merendón Hills y el gigantesco parque maquilero Green Valley.

Texto: Allan Bu
Fotos: Antonio Gutiérrez

A veces, por la madrugada, Olivia Aurora no puede dormir por fuertes dolores en los hombros y en el hueso cervical. Entonces, mientras su familia descansa, ella escribe en Facebook: «no puedo dormir» y en algún lugar del norte de Honduras, otra mujer, presa de los mismos dolores le contesta: «estamos en las mismas». 

Hace unos 14 años, Olivia llegó a San Pedro Sula desde Choluteca, en el sur de Honduras. Recuerda que su plan principal era trabajar duro y hacer posible que su hijo estudiara y tuviera más oportunidades que ella. El sueño de casi todos los padres, también era el de Olivia.

Y trabajó mucho durante 10 años en la empresa maquilera Pride Manufacturing, que pertenecía al Grupo Karims, conglomerado propiedad del paquistaní Yusuf Amdani, considerado uno de los hombres más ricos de Honduras, dueño también del centro comercial Altara, Altia Business Park, Merendón Hills y el gigantesco parque maquilero Green Valley en el norte de este país. Un empresario incluido en la lista de Forbes de los hombres más ricos en Centroamérica.

«Soñaba con tantas cosas, darle la educación a mi hijo, que lo que yo pasé en la vida no lo pasara él y fueron sueños que se quedaron ahí. Gracias a Dios , él consiguió trabajo y está culminando sus estudios en la Universidad porque por mis problemas de salud los sueños se quedaron estancados», nos dice Olivia, que viste una camisa morada y una pañoleta roja en la cabeza.

Ahora la ex trabajadora de Pride Manufacturing prácticamente no realiza ninguna labor, incluso, para beber agua, prefiere que sea en un recipiente plástico, que tiene menos peso. «Dependo de mi familia. Si voy a un lugar tengo que llegar un vaso y encontrar agua, porque no puedo abrir un bote. No tengo fuerza», nos dice. 

Olivia trabajó durante 10 años en Pride Manufacturing, donde realizaba operaciones como cerrar mangas de camisas, que requiere mucho movimiento repetitivo. Eso le fue afectando su salud. Ella agrega otro elemento, «eso [la repetición de movimientos] junto a las altas metas de producción lo terminan dañando a uno».

Para Olivia y otros cientos de trabajadores que sufren dolores y molestias provocadas por las enfermedades profesionales, solo queda aprender a vivir con ellos. Son males irreversibles. En los centros asistenciales reciben medicinas que calman un poco el dolor, pero la realidad es que tendrán que lidiar con sus males el resto de la vida. Olivia casi no duerme. A veces solo dos horas. Y cuando está agobiada, escribe sobre sus dolores en las redes sociales y casi siempre hay una ex compañera que le responde en la misma situación.

El 26 de septiembre de 2016, Olivia fue despedida por la maquiladora mencionada, que producía diferentes prendas de vestir. Tras 10 años trabajando en la fábrica, tenía daños en los hombros, la muñeca del brazo derecho y la vértebra cervical. La empresa la despidió argumentando una rebaja de personal, pero en la misma fecha que despidieron a Olivia también despidieron a otras personas con problemas de salud provocados por el trabajo en la maquila: «En la planta, después de los despidos, decían que habían sacado el hospital», recuerda Olivia, a quien entrevistamos en la oficina de la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemuh)

 «Así se refieren la mayoría de los empleadores; después que nosotras producimos en la maquila, nos tiran como platos desechables. Cuando tenemos problemas de salud laboral, lo que hacen es dejarnos sin atención médica sabiendo que se sufre cada día», agregó.

Cuando ella recibió la notificación de despido por rebaja de personal no aceptó las prestaciones. Quería seguir gozando de la seguridad social. Ya tenía enfermedades profesionales no calificadas, así que decidió iniciar una lucha en la que ha chocado con la indolencia estatal y contra un imperio económico. Cuando ella fue despedida ya pertenecía a la Codemuh, que es una organización que trabaja por los derechos de la población maquiladora desde 1990. Ahí comenzó una lucha que lleva más de cinco años.

«Ella es una de las trabajadores que decidió llegar al final», nos dice la directora y fundadora de Codemuh, María Luisa Regalado, una mujer con más de 30 años de lucha por los derechos de las mujeres. «Nosotras apoyamos hasta el final, siempre y cuando haya posibilidades», agregó.

Dos batallas ganadas

Una vez evaluadas las posibilidades del caso, el equipo legal de Codemuh interpuso la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo en Choloma en octubre del 2016. Olivia pidió el reintegro a sus labores en igual o mejores condiciones más los salarios dejados de percibir durante la demanda y también todos los derechos perdidos en ese tiempo. 

El 12 de febrero del 2020, el juez que llevaba el caso falló a favor de Olivia. Ordenó a la empresa a reintegrar a Olivia y a pagar los salarios caídos y los derechos no percibidos, pero Pride Manufacturing interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en Cortés. De igual forma en esa instancia, el 20 de octubre del 2020 se ratificó el fallo del juez de letras.

Después de eso, la directora de Codemuh, María Luisa Regalado, denunció que la empresa Pride Manufacturing cerró operaciones en Choloma, pero que las reinició bajo otra razón social en Green Valley, parque industrial ubicado en Naco, Cortés. «Sabemos que no cerró operaciones, y tenemos entendido que están reabriendo en Green Valley. Eso fue una farsa y una cuestión perversa para la población trabajadora. Lo que querían era deshacerse de las personas con problemas de salud, porque saben que la gente que tiene muchos años de trabajar está con serios problemas de salud». 

Regalado sostiene que la empresa Pride Manufacturing, «maliciosamente no aceptó el fallo [a Favor de Olivia] y posteriormente cierra operaciones y deja a la gente sin derechos y sin seguridad social. Entre esos empleados está Olivia, sin embargo, ella tiene resoluciones judiciales a favor para que la empresa le reintegre y pague salarios caídos».

En el Registro Mercantil de Cortés, Pride Manufacturing aparece como una empresa constituida en 1998, pero en estado de formación. El socio mayoritario es Mohamed Yusuf Amdani y tiene como socios a Bessy Fletes, Rafael Silva, José Roberto Ramírez y Luis Edmundo Mejía. Su razón social es la manufactura y confección de todo tipo de ropa. 

Para conocer la posición de la empresa, Contracorriente visitó las oficinas de Grupo Karims en Altia Business Park, pero la guardia no permitió la entrada. En cambio, nos brindaron un número de teléfono que no fue atendido y tampoco contestaron los correos enviados a dos direcciones de email diferentes. 

El viernes 25 de marzo, una ejecutiva de Grupo Karims se comunicó vía teléfono con este medio para explicar que estaba informándose del caso de Olivia y de esta forma brindar la posición de la empresa al respecto. Manifestó que la intención de Grupo Karims era ser respetuoso de los derechos de las personas. No obstante, no hubo más comunicación de parte del conglomerado al cierre de este reportaje. Intentamos contactar a la empresa al mismo número telefónico desde que se originó la llamada, pero no hubo respuesta.

El 6 de noviembre del 2021, Olivia y un grupo de sus compañeras de la Codemuh, realizaron un plantón frente a las oficinas de Altia, lugar donde están los call center más grandes de Honduras. La exigencia fue que le cumplieran a Olivia la sentencia que ya le había sido otorgada en dos instancias diferentes. No levantaron el plantón hasta que un grupo fue recibido y ahí se inició un proceso negociación. Sí, negociación pese a que la trabajadora había recibido la razón de la justicia de Honduras en dos ocasiones. «No fue fácil, terminamos la negociación en enero del 2022 y aceptaron pagarle», nos explicó María Luisa Regalado.

Grupo Karims no aceptó reintegrarla en otra de sus empresas, pero prometió que reconocerá los salarios caídos desde 2016 así como prestaciones sociales y se acordó que pagarán los estudios médicos que Olivia necesita por sus enfermedades y una cirugía en su mano derecha, pero para esto, solicitaron que la obrera presente un dictamen brindado por el Ministerio de Trabajo en el que se certifique que los padecimientos que tiene son provocados por su labor en la maquila. 

Aquí, la lucha por la justicia que libró Olivia choca contra el muro de la indolente burocracia estatal. Cuando la despidieron, ella aún no tenía una dictamen de calificación de enfermedad profesional por los dolores en sus hombros, el problema cervical o el dolor en su mano. No obstante, en enero del presente año, ella presentó todos los estudios que se ha realizado a la oficina del Ministerio de Trabajo en San Pedro Sula para que le den calificación a su daño y porcentaje de discapacidad que tiene. Después de realizar varias visitas, le dijeron que sus papeles serían enviados en febrero a Tegucigalpa porque se necesita una firma de la oficina central de esa secretaría. A principios de marzo, personal de la Codemuh se enteró que la documentación de Olivia no estaba en Tegucigalpa. Seguía en San Pedro Sula. 

No le han pagado. La negociación, casi cerrada, no ha continuado porque la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula no ha agilizado el trámite. Sin esas calificaciones, Olivia sigue esperando, no puede concretarse el pago. «Desde que me despidió Pride Manufacturing no tengo empleo. Son cinco años de estar esperando salario y recibir atención médica, pero pues esta empresa cerró», nos dice Olivia.

«Aquí tiene que ver con la negligencia o complicidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo, eso lo denuncio porque estamos iniciando el año con nuevas autoridades y esperamos que estas van a corregir todo esto que estaba pasando con la anterior administración, no puede continuar esto porque están terminando con la vida y salud de las trabajadoras», nos dice María Luisa Regalado.

Contracorriente visitó en dos ocasiones la oficina del Ministerio de Trabajo en San Pedro Sula para conocer la posición institucional sobre el caso y los señalamientos realizados por María Luisa Regalado.

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Un grupo de personas esperan en las afueras de las instalaciones del Ministerio del Trabajo. Foto CC/Antonio Gutiérrez.

La directora regional, Julieta Ulloa, manifestó a Contracorriente que ella —con apenas un mes en el cargo— desconoce las condiciones en las que se desarrolló el caso de Olivia, pero dijo «puedo asegurar que mi plan es, siguiendo instrucciones de la Presidencia y la ministra del trabajo (Sarahí Cerna), trabajar en conjunto todos y que nuestra labor se haga con transparencia y rapidez». 

De los retrasos y largas esperas que deben hacer los y las trabajadores, manifestó que están «tratando de cumplir con lo que tenemos, nos faltan muchos recursos en este momento. Acuérdese que en San Pedro Sula es donde se concentra una gran masa de trabajadores y ahorita actualmente hay 33 inspectores, que cumplen con varias actividades. No se da abasto, pero estamos identificando para que al trabajador no se le dilate al momento de una denuncia”. 

Entre los trabajadores y defensores de sus derechos es común escuchar que en el Ministerio de Trabajo se decantan por el lado empresarial. La abogada Ulloa responde lo siguiente: «A veces es por falta de conocimiento de la parte interesada. Si usted habla con la parte de los trabajadores dirán que los inspectores se vendieron, pero sin ninguna base. Y si es por parte del patrono dicen que nos parcializamos con el trabajador. Recuerde, somos una balanza, un garante de que se cumpla lo que establece el Código del Trabajo». 

Ulloa agregó que su intención es cubrir la mayor cantidad posible de demandas de los trabajadores: «Esperemos que se pueda ayudar en mayor volumen, pero al que la ley respalde ese será el beneficiado. Le pedimos a la población que crea, que las cosas se están tratando de hacer bien».

María Luisa Regalado dice que los entes estatales se vuelven una telaraña para los trabajadores y trabajadoras que deciden reclamar un derecho. Sostiene que el Instituto Hondureño de Seguridad Social debería emitir dictámenes de calificación por enfermedad profesional en 90 días hábiles. Sin embargo, la Codemuh está apoyando casos de trabajadoras que llevan hasta tres años esperando por un dictamen. 

«El problema es que se convierte en un calvario para las trabajadoras. En el caso de Olivia, comenzó en el IHSS [Instituto Hondureño de Seguridad Social], como tortugas nunca le agilizaron el proceso, la despide Grupo Karims y no tiene los dictámenes de reubicación laboral, ni siquiera eso», afirmó.

Relata que la Secretaría de Trabajo se tarda años para hacer la evaluación y el proceso para una reubicación laboral. «Si las trabajadoras son despedidas y deciden demandar, pasan tres, cuatro años o más en el sistema judicial y administrativo. Está diseñado para cansar a las trabajadoras. Saben que no tienen [las obreras] posibilidades económicas para sobrevivir y al hacer ese camino tan largo y lleno de obstáculos, las trabajadoras terminan renunciando», dice.

Las luchas de Olivia

 

«Tomé la decisión de exigir el reintegro para tener el derecho a la salud, más que todo por eso, porque tengo daño en la muñeca de mi mano izquierda, en la cervical y en los hombros. Todos son daños irreversibles en los que uno necesita tener atención médica», dice Olivia, quien cree además que haber solicitado una reubicación laboral fue el origen de su despido, pues, a su juicio, cuando un empleador se entera de que una obrera está haciendo este trámite «lo que hacen es despedir, esa es la solución. Sabiendo que somos mujeres que sufrimos, tener un problema de enfermedad profesional es terrible, nos da estrés y esto nos provoca presión alta, no solo es la enfermedad, también nos provoca otros daños». 

Para Olivia la lucha comenzó hace cinco años y medio y, pese a dos sentencias a favor, aún no goza de la seguridad social. No ha vuelto a trabajar. «Es injusto lo que hacen con las obreras de maquila, el empleador no respeta los fallos. No solo es mi caso, hay varias demandas de compañeros que ellos ganan, pero los dueños van en apelación, por ser mujeres nos violentan nuestros derechos y eso no puede ser, hay que exigir derechos humanos y laborales», añadió la obrera. 

Como muestra de la queja de Olivia, en la Codemuh hay registro de unas 70 personas en espera de un dictamen para la reubicación laboral, algunas esperan hasta tres años. 

Además, hay 23 demandas de trabajadoras y trabajadores por violación de derechos humanos pero, hasta el momento, no tienen respuesta. Incluso, hay un caso de 24 obreras que demandaron a la empresa Delta Apparel y la justicia falló en contra de ellas: «Fue una sentencia política, ni siquiera condenaron a la empresa a pagar derechos adquiridos y lo hizo el pleno de la Corte Suprema de Justicia», nos dice María Luisa Regalado. 

«Hay que luchar, hay obstáculos, pero hay que vencerlos», se alienta Olivia, que recibe ayuda psicoterapéutica de la Codemuh para poder sobrellevar los dolores en los hombros y en la cervical. Esta organización es una de las que trabaja con las enfermedades profesionales que son provocadas por la actividad laboral. 

La lucha no es solo en los tribunales de justicia del país para Olivia. Sus problemas de salud se mantienen o han empeorado: «A mí me despidieron el 26 de septiembre de 2016, tengo el mismo dolor desde ese día, dependo de mi esposo y mi hijo para hacer varias cosas porque yo no puedo, no tengo fuerzas, se me caen mis cosas de las manos e incluso no puedo abrir una puerta. Así nos está dejando la maquila en Honduras» cuenta Olivia.

El ortopeda Gustavo Hernández, especialista en trastornos musculoesqueléticos, dice que «el área laboral es una zona que tiene que ser modificada para el ser humano ¿qué significa esto? que en un trabajo tiene que modificarse el mecanismo para que sea adaptable al ser humano. El problema en todo el mundo, pero más en nuestro país, es que el trabajo no se adapta al ser humano, entonces es la persona la que tiene que adaptarse al trabajo». 

Grupo Karims

Grupo Karims aglutina los negocios del multimillonario Mohamaad Yusuf Amdani, un paquistaní que se naturalizó como hondureño y ha realizado fuertes inversiones en el sector inmobiliario y manufacturero del país. Este conglomerado tiene su casa matriz en Pakistán, pero posee inversiones en Emiratos Árabes, Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras. 

Este grupo comenzó a invertir en Honduras en 1991, según información que aparece en el portal en español del grupo. El portal detalla las grandes inversiones que el grupo tiene en Honduras: en el sector maquilador tiene Spinnig Mills (textilera), Pride Yarn (producción hilo), Pride Chemicals (producción de químicos) y todavía aparece Pride Manufacturing, a pesar de haber cerrado operaciones en Choloma.

El conglomerado ha invertido también en el sector inmobiliario. El complejo Altia Smart City, que ha sido descrito como una ciudad inteligente y está formada por Altia Business Center, es un parque de negocios donde funcionan los principales call center que se encuentran en el país. Además, hay una serie de oficinas corporativas. También hay un centro de recreaciones llamado Rec-Zen y el centro comercial Altara, todo ubicado en San Pedro Sula. En Tegucigalpa, también se encuentra un complejo comercial con similar nombre.

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En la imagen se observa Altia Business Park un centro de negocios de alta tecnología situado en San Pedro Sula, Honduras. Foto CC / Antonio Gutierrez

En la segunda ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, Grupo Karims desarrolló el lujoso complejo habitacional Merendón Hills, donde una vivienda puede costar hasta 16 millones de lempiras (USD 675 000). Las viviendas fueron construidas en las faldas de la cordillera El Merendón, principal pulmón en el norte del país. En su página web, Karims destaca su voluntad de proteger el equilibrio ambiental. En 2015, la cadena estadounidense Univisión lo colocaba en una lista de los hombres más ricos de Centroamérica. El reportaje estima sus ingresos anuales en 5,500 millones dólares. 

Grupo Karims también es propietario del Parque Industrial Green Valley, uno de los más grandes de Centroamérica. Está ubicado en la comunidad de Naco, Cortés. Más de 10 mil personas están empleadas en el gigantesco parque. A su lado, hay una residencial llamada también Green Valley en la que, contrario a los precios en Merendon Hills, en ella se pueden comprar viviendas con cuotas de 1,908 lempiras mensuales. En este tipo de proyectos, el gobierno de Honduras entrega un subsidio a quienes compran una vivienda. 

En la costa norte del país la maquila abrió oportunidades laborales para las mujeres, pues según un estudio de la antropóloga Adrianne Pine, “Tu eres gallo… pero la de los huevos soy yo”: Producción y género en las maquiladoras de Honduras publicado por la Redalyc.org en el 2003, el 70 % de los puestos en las maquilas eran ocupados por mujeres. No obstante, en el mismo documento se relata que «muchas mujeres hondureñas maquiladoras son acosadas sexualmente por sus jefes, sufren efectos dañinos en su salud física y emocional y se les niegan sus derechos laborales básicos cuando denuncian dichas afrentas».

María Luisa Regalado, directora de la Codemuh, espera que la atención a los problemas de la población trabajadora cambie para bien en el nuevo gobierno: «Esperamos que estando al frente del gobierno la presidente Xiomara Castro, que prometió estar con las mujeres y atender los problemas de las mujeres, creo que todavía no podemos calificar, pero podemos decir que estamos pendientes de su respuesta hacia las y los trabajadores de la maquila».

En Choloma, Cortés, el enclave maquilero del país, Olivia sigue esperando que el proceso concluya. No le regresarán su trabajo como ella solicitó allá por 2016 cuando inició su lucha, pero está cerca de vencer pese a la indolencia estatal y a la resistencia de uno de los grupos empresariales más poderosos de Centroamérica. Mientras espera, depende prácticamente del apoyo de la familia. «Ya no tengo fuerza en las manos. Le entregué prácticamente todo a la maquila», nos dice.

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2 comentarios en “La obrera que venció en juicio al hombre más rico de Honduras”

  1. Hola buenos días.

    Excelente reportaje, completo. Gracias por informarnos.

    Fuerza y a seguir adelante que aquí los leemos.

    Isabel

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