Conflicto en Jilamito: Un empresario y una comunidad se disputan el último río

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El empresario hondureño Emin Abufele Marcos tiene una concesión sobre el río Jilamito. Un río que parte de la comunidad de Arizona, en el noroeste de Honduras, ve como la última fuente de agua para consumo humano en la zona. Este empresario ha recibido contratos millonarios con el Estado y sus negocios salen de las fronteras hondureñas con offshores para la generación de energía. Ahora se enfrenta a un conflicto socioambiental en el cual ya hay cuatro pobladores y un alcalde criminalizados, una comunidad dividida y diversas irregularidades que podrían generar un impacto negativo en una zona protegida.  

Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
Edición: Valentina Lares, Jennifer Ávila y Andrés Bermúdez


El proyecto hidroeléctrico Jilamito llegó en silencio, dicen los habitantes de Arizona, un rincón al norte de Honduras en el departamento de Atlántida.

Cuando los rumores de que la empresa Inversiones de Generación Eléctrica (Ingelsa) había iniciado la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Jilamito se esparcieron, un grupo de pobladores se organizó para inspeccionar el área. Encontraron una carretera expandida y árboles talados: dos sorpresas para una comunidad que asegura no haber sido consultada. 

En 2017, formaron un campamento en medio de la carretera que había ampliado la empresa. «El logro es que ese mismo día que nos plantamos aquí, la maquinaria bajó», dice Lucila Lemus, habitante de Arizona y parte de esta organización comunitaria. 

El río Jilamito tiene una concesión aprobada por el Gobierno hondureño desde el 31 de diciembre de 2010 a favor de Ingelsa, propiedad del empresario hondureño Emin Jorge Abufele Marcos. La concesión fue otorgada por el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo, en el marco de una ley aprobada en 2008, que buscaba cambiar la matriz energética del país hacia fuentes renovables. La hidroeléctrica está en etapa de construcción desde 2015, una demora que se explica por la oposición de la comunidad aledaña y el retiro de parte del financiamiento que tenía la empresa y que provenía de Estados Unidos. 

Generación de energía en un área protegida 

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas señala que, entre 2010 y 2014, Honduras firmó 185 contratos de concesión para proyectos hidroeléctricos, que sumarían una capacidad instalada de 4,022 megavatios de energía eléctrica. Es decir, casi 600 MW más de los que necesitaría el país, según los cálculos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Solo en 2010, primer año de la administración de Lobo, el Gobierno firmó 59 de esos contratos. Uno de ellos fue el de la hidroeléctrica de Jilamito. 

El proyecto de Jilamito se aprobó con una capacidad instalada de apenas 14.85 MW. Eso significa que no aporta una cantidad significativa a las necesidades energéticas de Honduras, que solamente en 2019 produjo 1600 MW de energía. 

A esto se suma que el sitio de presa de la hidroeléctrica se prevé construir dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Texiguat, que en lengua tolupán significa «Mujer de distinción». Esta área de 16,000 hectáreas fue declarada protegida en 1987 por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (Sinaph) para conservar sus bosques nublados y especies como el jaguar, que en Honduras solo habita en esa zona y en la Moskitia. 

Su protección también es significativa porque forma parte del Corredor Biológico del Caribe Hondureño, una red de 8 áreas protegidas que viene desde la frontera de Guatemala hasta la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en el oriente de Honduras —considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—. La zona de interconexión está entre el Parque Nacional Pico Bonito y el refugio Texiguat, un corredor que se nombró como Pibotex y que fue designado como área piloto en 2003.

De acuerdo con la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), que se encarga de su gestión, en el área protegida de Texiguat existen especies endémicas, que cuentan con pocos estudios científicos, como el colibrí esmeralda. También señalan que en el área conviven los bosques latifoliado y de pino, lo que permite una biodiversidad muy alta de flora y fauna.

Una de las cualidades por las que esta zona es tan importante para las comunidades es que el ecosistema del bosque nublado permite la filtración de agua en el suelo, que se almacena en invierno y garantiza un abastecimiento de agua incluso durante en verano. Es por eso que, tanto la alcaldía actual como los habitantes que están en contra del proyecto hidroeléctrico, han diseñado un proyecto de agua potable sobre el río y lejos del área protegida, pero que no podrá realizarse a menos de que la empresa desista de la construcción. 

Pese al valor biológico de Texiguat, en Honduras la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables en su artículo 17 no prohíbe la construcción de proyectos extractivos al interior de áreas protegidas, siempre que no estén en la zona núcleo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas indica que se permite la ejecución de proyectos para la generación de energía eléctrica con una capacidad de hasta 15 MW en zonas de amortiguamiento.

Es decir, casi exactamente el potencial que tendrá la hidroeléctrica de Jilamito, que está justamente ubicada en la zona de amortiguamiento de Texiguat.

La hidroeléctrica tendría un costo de USD 75,562 millones (más de 1,800 millones de lempiras) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest y el 25,9 % por el capital de los socios.

Los fondos del BID fueron confirmados el 4 de diciembre de 2020, mientras que el 47.3% restante los iba a otorgar en préstamo la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés), pero el 28 de mayo de 2021 se anunció la cancelación del financiamiento. Aunque la DFC no dio razones para su retiro, Ingelsa a través de un comunicado vía email a este equipo periodístico, dijo que el préstamo había sido aprobado con el programa América Crece del gobierno de Donald Trump, que fue descontinuado por la administración de su sucesor Joe Biden.

La criminalización detrás de la defensa del río Jilamito 

Después de que en 2017 la organización comunitaria montara un campamento para detener la construcción de la hidroeléctrica en Arizona, cinco personas que participaron, entre ellas el alcalde de Arizona,  fueron acusadas por el Ministerio Público del delito de tentativa de usurpación de un espacio de suelo público. Actualmente, estas personas tienen medidas sustitutivas y deben movilizarse aproximadamente 35 kilómetros semanalmente para firmar un libro en los juzgados de Tela, la ciudad más cercana en Atlántida, y así comprobar su presencia en el país. 

La denuncia contra Elena Gaitán, Arnoldo Chacón, Tulio Enrique Laínez Gonzales, Julio César Leiva Guzmán y Claudio Ramírez Espinoza fue instaurada por personas de la comunidad agrupadas en el Patronato San Rafael, pero los imputados creen que es la empresa la que está detrás de éste. 

Elena Gaitán, la única mujer criminalizada, se dedica al comercio desde hace muchos años y tiene una tienda de abarrotes en Arizona. Aunque el proceso judicial ha afectado su vida cotidiana, al tener que salir a firmar semanalmente, dice sentirse acompañada y que espera que las demás personas de su comunidad les apoyen si la situación se complica y los envían a la cárcel.

«He entregado mi vida prácticamente, no hemos parado en estos años, en medio del dinero es muy difícil. En la actualidad hemos observado que muchos sumisos han nacido, que a todo le tienen miedo menos a morirse de sed y yo a eso sí le temo»,  señala y cuenta que la elección de quiénes fueron criminalizados es simbólica, pues no son solo cinco quienes se oponen al proyecto.

«Los empresarios son groseros, nunca me imaginé que el ser humano era tan cruel en ofrecer dinero sabiendo lo que es el agua, no entiendo», dice mientras prepara una ración de comida para enviar a las personas que siguen monitoreando  el campamento a diario. 

Poco después, Ibsy Aranda la recibe en el campamento y añade otras raciones de comida que ella cocinó. Cuando se acerca al río Jilamito, se pregunta: «¿Para qué nosotros tenemos hidroeléctricas explotando nuestros ríos si pagamos la luz tan cara? ¿A quiénes les están beneficiando nuestros recursos naturales? ¿Quiénes se están llenando los bolsillos si al pueblo no les están ayudando?».

Ibsy y Elena ahora viven en una comunidad dividida, existe una separación palpable solo con miradas entre los vecinos que están a favor y en contra del proyecto y, aunque la empresa ha realizado algunas actividades de responsabilidad social, para Aranda el proyecto ha traído más problemas que soluciones a su comunidad.

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El refugio de vida silvestre Texiguat fue declarado en 1987, parte del proyecto hidroeléctrico Jilamito, se encuentra en la zona de amortiguamiento de esta reserva. Arizona, 28 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las irregularidades detrás del proyecto  

Más allá de la preocupación por el impacto ambiental que podría tener la hidroeléctrica en Texiguat y el hostigamiento legal que ya ha significado para varios de sus vecinos, a varias personas cercanas a Jilamito les preocupa que el proyecto energético parece estar nadando también en irregularidades. 

La abogada Koritza Ortez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que lleva el caso de las personas criminalizadas en esa comunidad, explica que han denunciado la concesión de Jilamito en el Ministerio Público y en otros espacios de investigación judicial, junto a otro grupo de concesiones otorgadas en 2010, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.Las señalan de haberse aprobado mediante procesos corruptos.

«Esas concesiones están caracterizadas porque están insertas en procesos de corrupción, que se evidencian en diferentes fases del concesionamiento. Estos actos de corrupción se caracterizan por la ausencia de participación y consulta a las comunidades, así como el otorgamiento que fue realizado sin que se hicieron los estudios y requerimientos que están en la ley», explica la abogada Ortez. 

Dentro de ese paquete, añade Ortez, también está la concesión sobre el Río Gualcarque que fue denunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (Maccih) creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que funcionó en Honduras entre 2016 y principios de 2020, cuando fue cerrada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa concesión la denunció en varias ocasiones la líder indígena Berta Cáceres, que se oponía a la hidroeléctrica sobre el río Gualcarque cuando fue asesinada el 3 de marzo de 2016. A la fecha hay 8 personas condenadas por el crimen. 

Una de las irregularidades que denuncia Ortez está ligada al requisito en el contrato firmado entre la empresa Ingelsa y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que da lugar al proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito de que se firmara un acuerdo de aval solidario entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Finanzas y la propia empresa. Como parte de ese proceso, en noviembre de 2011, la PGR emitió una opinión legal en la que concluyó que no firmaría el acuerdo porque el contrato había sido suscrito por una recomendación de la Comisión de Evaluación de la ENEE creada para la licitación, pero que iba en contravención con las bases de Licitación Pública Internacional y la Ley de Contratación del Estado.

Aunque en ese escrito no detallan las irregularidades, una denuncia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, interpuesta en el Ministerio Público, señala que en un informe de la ENEE sobre esa licitación internacional recomendaba la inadmisibilidad del contrato con Ingelsa y con Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. (SEMSA), otra empresa de Abufele beneficiada con otra concesión hidroeléctrica en Atlántida, porque se habían otorgado después de que la comisión evaluadora las declarara no factibles. 

El oficio que contempla ese informe fue solicitado por este equipo periodístico, vía solicitud de acceso a la información a la ENEE, pero fue negado porque se encuentra secuestrado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) desde 2018.

La declaración de no factibilidad se dio luego de que ambas empresas presentaran en su propuesta una interconexión a un circuito denominado estación Lean, pero la comisión pidió eliminarlo de la propuesta porque solo era de utilidad para Ingelsa y SEMSA. Por lo tanto, era la empresa la que debía financiarlo. Sin haber resuelto la eliminación de esta solicitud, la ENEE remitió a SERNA los contratos de energía y solicitó su aprobación en el Congreso Nacional.

Como respuesta, la ENEE señaló que la comisión evaluadora tenía todas las potestades para aprobar la licitación y que la empresa Ingelsa había cumplido con todos los requisitos de esa licitación. La PGR finalmente firmó el aval declarando que era responsabilidad directa de las autoridades de la ENEE el efectivo cumplimiento de los requisitos legales para la adjudicación de ese contrato y «que no corresponde a la Señora Procuradora General de la República evaluar dicho proceso». 

El contrato de la hidroeléctrica Jilamito también menciona que cuando se firmó en diciembre de 2010, aún se encontraban en trámite el permiso de operación, la licencia ambiental y la contrata para aprovechamiento de aguas nacionales, todos ellos requisitos que pedía el contrato para que este tuviera valor. Esto significaba que la empresa Ingelsa debía presentar esa documentación en los siguientes seis meses después de la publicación del contrato.

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Lucila Lemus, es defensora del río Jilamito, ella se ha organizado junto a varias mujeres de su comunidad que se han incorporado a la lucha por el medio ambiente contra las empresas extractivas. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, la licencia ambiental para el proyecto Jilamito fue otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) en septiembre de 2013. Es decir, casi tres años después de publicado el contrato. 

Sobre esto, el departamento legal de Ingelsa respondió a este medio de comunicación que la licencia «fue atendida en legal y debida forma según las leyes aplicables y la totalidad de las cláusulas del Contrato en cuestión».

Ese no fue el único problema. La licencia ambiental fue otorgada a pesar de que, dentro del plan de gestión ambiental de Ingelsa presentado a Mi Ambiente en abril de 2013, la empresa había detallado que los impactos ambientales de este proyecto serían severos en el agua, el suelo, y la flora terrestre y acuática. El informe técnico de SERNA 991-2013 señala que «las actividades con mayores efectos adversos serán el agua por incremento en la demanda de agua y retención, el suelo por el cambio en el uso del suelo, flora terrestre por pérdida de cobertura vegetal existente, flora acuática por diseño y pérdida de la flora por destrucción del hábitat y Fauna acuática por la pérdida de alguna especie acuática importante que pudiera encontrarse en el sitio». 

El 13 de agosto de 2013, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) presentó el dictamen técnico DCHA-035-2013 en donde señaló que las obras a construir (presa, tanque de presión, casa de máquinas y líneas de conducción) se encontraban dentro de una microcuenca declarada «Río Jilamito». Sus técnicos aseguraron que no había proyectos que abastecen de agua a alguna comunidad, ¿pero que? la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Jilamito era «FACTIBLE TÉCNICAMENTE, siempre que se respeten los lineamientos ambientales establecidos por la SERNA, siendo la Secretaría General del ICF a través de Asesoría Legal la que determine la factibilidad legal del proyecto». 

El ICF añadió además que «los procesos de socialización son esenciales por lo que es necesario conocer primero la opinión de la municipalidad y de las comunidades en la zona de influencia». Después de esto, el 12 de septiembre de 2013, finalmente Mi Ambiente le otorgó  la licencia ambiental al proyecto a pesar que la socialización aún no se había dado. En el dictamen 1429-2013 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) detalló que le otorgaba la licencia al proyecto a pesar de que la socialización se encontraba en proceso de realización.

Un documento de la Secretaría de Mi Ambiente señala que se debía adjuntar el punto de acta municipal de esa socialización, dada en un cabildo abierto con las comunidades del área de influencia del proyecto.

La empresa dentro del expediente en Mi Ambiente explica que hubo siete reuniones, además de charlas y capacitaciones en las comunidades aledañas. Sin embargo sólo dos de ellas se dieron antes de la fecha en la que se otorgó la licencia ambiental. Ingelsa señaló también que el proceso concluyó con un cabildo abierto el 20 de noviembre de 2015. Es decir, dos años después de que se otorgaron los permisos.

Un proceso de consulta que la comunidad opositora al proyecto desconoce

Arnoldo Chacón, alcalde de Arizona por el Partido Liberal, se sienta tras su escritorio y explica que la lucha contra la empresa Ingelsa comenzó cuando él aún era regidor y que en aquel momento la empresa era apoyada por el alcalde de turno, Adolfo Alfonso Pagoada, también del Partido Liberal.

«Hicieron una caminata y vieron que había maquinaria que había ingresado, sin pedir permiso a la municipalidad, sin pedir permiso en ese momento a la población. Eso encendió las alarmas, en ese momento yo era regidor. Al parecer el alcalde en ese momento sí estaba enterado del asunto», cuenta Chacón, quien junto con cinco personas de la comunidad enfrenta un proceso judicial por el delito de usurpación de un espacio público en la modalidad de tentativa. El objetivo fue haber levantado el campamento en protesta contra la hidroeléctrica en 2017. 

«Lo sorprendente de esto es que, cuando voy a tomar posesión el 25 de enero de 2018, nos llaman diciendo que ya teníamos una denuncia por supuestas usurpaciones de tierra o de tentativa, por una calle», señala Chacón. 

A Ibsy Aranda le indigna la situación de judicialización que viven sus vecinos y el alcalde. «De alguna manera me siento atada de las manos con cuánta corrupción que hay en la justicia porque nuestros compañeros cinco criminalizados por defender los bienes naturales», dice.

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Ibsy Aranda de 39 años, es profesora de primaria y defensora del medio ambiente. En la foto se moja el rostro en el río Jilamito, la principal fuente de agua de su comunidad. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La abogada Ortez explicó que el proceso judicial fue iniciado por las denuncias de un patronato comunitario. «Están los abogados Jair López y Celeste Cerrato, entrando en representación de una comunidad que realmente es un caserío y que nosotros entendemos que es la empresa que está detrás de estos abogados», explicó.

Al equipo defensor y a la comunidad les llama la atención que los dos abogados, López y Cerrato, también forman parte de la defensa de Sergio Rodríguez, ex gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y sentenciado en 2019 a 50 años de cárcel como autor material del asesinato de la líder ambientalista lenca Berta Cáceres. 

El alcalde Chachón dice que  el juicio por el asesinato de Berta Cáceres «vino a frenar la manera de operar estas empresas. Antes había amenazas a muerte, persecución contra los líderes, mandaban a la policía, mandaban mensajes intimidatorios», señaló.

Sin embargo, el departamento legal de Ingelsa insiste en que la empresa no está detrás de la denuncia penal. «No hay ninguna acción legal por parte de la Empresa contra el alcalde y 4 miembros de la Comunidad, lo cual puede cambiar en cualquier momento», dijeron a Contracorriente.  

«Supuestamente existen demandas en contra de alguna de estas personas y sus empresas en los Juzgados de Tela por parte de varias empresas e instituciones de financiamientos hondureñas por supuestas deudas que tienen con esas empresas e instituciones», agregó en un comunicado escrito enviado por email el 30 de noviembre de 2021.

Encima de la demanda penal, existe una denuncia remitida al Ministerio Público por parte de siete regidores en contra del alcalde Chacón por el delito de sedición. En esa acción, le acusan de haber realizado otro cabildo abierto, en febrero de 2019, para declarar el municipio libre de mineras e hidroeléctricas. La denuncia la interpusieron después de que ocho regidores, durante una sesión municipal, votaran en contra de realizar el cabildo abierto para discutir sobre las hidroeléctricas en Arizona.

Aunque en 2015 se realizó un cabildo abierto para declarar Arizona libre de hidroeléctricas y mineras, el expediente del proyecto detalla que se realizó con 4 regidores (uno de ellos era Chacón) y sin el alcalde en ese momento. La empresa señala que eso invalidaba el proceso porque «además que no se acreditó la personería jurídica, ni libro de actas de la corporación municipal”, requisitos para validar ese proceso. 

El alcalde Arnaldo Chacón dice haber sufrido amenazas para destituirlo de su cargo por su oposición al proyecto, así como presiones desde dentro de su mismo partido y del gobierno actual de Juan Orlando Hernández, y que incluso recibió la visita del Secretario de Gobernación, Leonel Ayala, quien buscaba mediar en la situación. Pero Chacón dice que no va a negociar. «No es que no se haya contribuido con el Gobierno porque ya en gobiernos anteriores se aprobaron 5 concesiones en Atlántida y 3 están en el municipio de Arizona. Entonces no es que no se esté contribuyendo, pero este río es el único que ha quedado para consumo humano», añade.

Arnaldo Chacón, alcalde del municipio de Arizona, retratado en su oficina. El alcalde de Arizona está judicializado junto a cuatro personas más del municipio por la defensa del río Jilamito. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La empresa, entre tanto, asegura que sí tiene el respaldo de la comunidad. «En cuanto a los temas comunitarios, el Proyecto tiene un amplio apoyo comunitario conforme lo que regula y define las Normas de Desempeño del Banco Mundial y que fue certificado por organismos internacionales de prestigio mundial como parte de su debida diligencia», señaló el departamento legal de Ingelsa en una declaración escrita a Contracorriente.

La comunidad de la que ambos hablan hoy se encuentra dividida. Durante 2017, en plena crisis postelectoral, no sólo se manifestaba contra un fraude en las elecciones generales, sino también contra los proyectos extractivos.

Durante una de esas manifestaciones, resultó muerto Ramón Fiallos, esposo de Magda Díaz y una de las personas que fundó el campamento contra la hidroeléctrica de Jilamito. Ahora en el campamento luce un altar en su honor, con un sombrero, algunas velas, una cruz y una fotografía suya al fondo.

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En el campamento por la dignidad y la justicia de Jilamito, existe un altar en memoria de Ramón Fiallos, quien fue asesinado durante las protestas poselectorales en enero de 2018. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

El empresario detrás de la hidroeléctrica y sus nexos con el gobierno

Emin Abufele Marcos es un empresario de la costa norte que se interesó en la generación de energía eléctrica en la última década —y que ha recurrido a varias sociedades en jurisdicciones opacas para sus negocios.

En febrero de 2014, cuando Abufele Marcos asumió la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), creó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Financial Invest Limited, por intermedio de la firma de servicios offshore Trident Trust Company.

Este dato surge de un análisis que hizo Contracorriente de miles de documentos pertenecientes a varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Ese trabajo de investigación se realizó en el marco de de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que Contracorriente participó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Al año siguiente de crear Financial Invest, en 2015, Abufele creó una segunda sociedad offshore llamada Operaciones Hidroeléctricas en Panamá. Es decir, apenas dos años después de que la empresa Ingelsa obtuvo los permisos para la construcción de la hidroeléctrica en Jilamito. La creó la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocida como Alcogal y una de las principales proveedoras de servicios offshore en el centro de los Pandora Papers

Entre la offshore panameña, creada con un capital de 10 mil dólares, y la empresa hondureña Ingelsa hay una similitud importante: en ambas aparecen como socios Emin Abufele Marcos y Carlos René Ávila. 

El departamento legal respondió vía correo electrónico —en representación de Abufele— a este equipo de periodistas que ninguna de las dos empresas en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas han tenido relación con sus operaciones hidroeléctricas en Honduras. Además, aseguró que las dos sociedades han cesado sus operaciones. Sin embargo, el registro público de Panamá detalla que la offshore Operaciones Hidroeléctricas se encontraba vigente a enero de 2022.  

El departamento legal de Ingelsa añadió que la legislación hondureña no penaliza la creación de personas jurídicas en países distintos a la residencia de sus socios. «De hecho, es una práctica común entre las empresas internacionales para poder atender de forma eficiente las necesidades de sus clientes en las diferentes jurisdicciones en donde se encuentren. No tiene ni ha tenido relación alguna con operaciones en Honduras», explicaron al responder nuestro cuestionario. No explicaron, sin embargo, a cuál empresa internacional están ligadas dichas sociedades offshore

Consultados si estas operaciones en el extranjero fueron declaradas ante el fisco hondureño, dado el uso que se ha hecho a nivel mundial de esquemas offshores para evadir o eludir impuestos, el departamento legal del grupo respondió que «todas las operaciones mercantiles se declaran ante la SAR (Servicio de Administración de Rentas) y demás entes aplicables en pleno cumplimiento al Código Tributario hondureño, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y demás Leyes y Reglamentos conexos a la Renta indistintamente de que tengan o no conexión con proyectos en Honduras. Así mismo, se declaran ante las autoridades de todos aquellos países en donde operamos».

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El río Jilamito a su paso por la comunidad de Viejo Jilamito, donde las personas cruzan el río por un puente de hamaca. Arizona, Atlántida, 28 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Los abogados de Ingelsa explicaron también que han realizado numerosas actividades de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, señalaron, tras los daños de los huracanes ETA e IOTA donaron a la Iglesia Católica hondureña y a comunidades «777,000 tortillas de maíz; 23,340 tortillas de harina de trigo y 55,000 raciones de arroz». 

Un dato interesante ya que en el marco de los proyectos asistencialistas en respuesta a las tormentas ETA e IOTA y durante la emergencia por COVID-19, el Gobierno hondureño compró bolsas de arroz, café y harina a la empresa Industrias Molineros, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMSA) de la que Emin Abufele Marcos fue gerente por 16 años, y que es propiedad de su padre Emin Abufele Salomón. La empresa recibió más de 42 millones de lempiras (1,708,692 de dólares) por estos alimentos. 

IMSA fue beneficiada entre abril y diciembre de 2020 con dos contratos provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, una entidad cuestionada por sus fines clientelistas y por corrupción. Los contratos se dieron por compra directa, es decir, sin tener que hacer licitación amparados en que las compras se realizaron durante emergencias humanitarias. Es también la empresa que fue denunciada por 43 cargadores por violaciones a sus derechos laborales a mediados de 2021. Además de esto, IMSA ha sido beneficiada durante la última década con el pago arancelario del 0% por la importación de arroz. 

Emin Jorge Abufele Marcos es hijo de Emin Jorge Abufele Salomón, quien fue asesor del presidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas durante su gobierno entre 1990 y 1994. A diferencia de su padre, Abufele hijo no se ha ligado tan públicamente al partido de Gobierno. Aunque, cuando fue presidente de la CCIC (2014-2016), acompañó al presidente Hernández en una visita a Washington en 2014 para integrarse en el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Estados Unidos para frenar la migración desde Centroamérica. Ese plan, que se financiaba en un 80% por los países del Triángulo Norte, fue calificado por el mismo expresidente Donald Trump como un fracaso en 2019. 

Ante esta relación con el Gobierno nacionalista de Hernández, el departamento legal de Ingelsa respondió que «Industrias Molineras no es parte de Grupo IESA ni está relacionada con proyectos hidroeléctricos».

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Lucila, Ibsy y Magda, conversan a la orilla del río Jilamito, la principal fuente de agua de sus comunidades que han sido invadidas por proyectos extractivos durante décadas. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La crisis energética que no se resuelve 

La crisis energética en Honduras no es un problema nuevo. En 2007, el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que autorizó la compra directa de energía sin necesidad de licitaciones y la promoción de incentivos hacia las empresas generadoras. Desde entonces los gobiernos de Lobo y Hernández han firmado más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales 90 han entrado en operación y están generando energía. 

Los contratos de energía renovable aprobados en esos gobiernos no pasaron por un proceso de licitación y solo eran ofertados a las empresas ante la junta directiva de la ENEE. Esto produjo para las generadoras de energía un negocio con 0% de riesgos al obtener costos fijos por la potencia instalada, aunque la energía producida no sea constante en el caso de las eólicas, plantas solares e hidroeléctricas. Aun con todo esto, el país vive en una crisis energética que produce racionamientos de energía de más de 12 horas diarias y un aumento en la tarifa que resulta impagable para muchos de sus habitantes.   

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene una crisis financiera, ya que carga una deuda acumulada de más 80.000 millones de lempiras (3.313 millones de dólares). Algunos análisis señalan que en parte esto se debe a la compra de energía cara a empresas privadas, que luego la ENEE vende más barata a la población. 

Según Hugo Noé Pino, economista y diputado electo por el partido Refundación y Libertad (Libre): «Parte de la crisis financiera no son únicamente de las pérdidas, sino que viene de los contratos sobrevalorados o los que están ahí pendientes de ejecución que van a representar una carga para el gobierno».  

Pino señala que los empresarios de la energía ganan al obtener ganancias extraordinarias, ya que —en sus palabras— «Ellos le venden a la ENEE a un precio mayor al de mercado como se ha mostrado en otros sectores, el kilovatio en otros países de Centroamérica está a 8 o 9 centavos la hora». 

El contrato de la hidroeléctrica de Jilamito se encuentra firmado por 30 años a partir de la fecha de inicio de operaciones, que comenzaría una vez finalice la construcción hasta ahora detenida, con un precio base de la venta de energía de 10.175 centavos de dólar el KW hora y una venta adicional en horas punta de 7.52 dólares. Actualmente, la población hondureña paga alrededor de 0.21 dólares el KWH consumido por hora, una tarifa que aumentó el doble en solo cinco años.

Pino añade que la crisis de la ENEE no solo afecta en los costos tangibles para la población. «La energía no solo se convierte en tarifas más altas a los consumidores, sino que es un elemento fundamental en que los inversionistas nacionales y extranjeros se fijan para invertir en nuestro país. Con el desastre de la ENEE es menos competitivo el país», señala.

Magda Díaz, habitante de Arizona, dice que no puede creer cuánto tiene que pagar ella y sus vecinos en los recibos de luz eléctrica mensualmente. Según ella, entre mil y cinco mil lempiras (40-200 dólares) en hogares que apenas tienen una refrigeradora y un par de ventiladores y focos. «Con estas hidros uno pensaría que al menos pagaríamos la luz a un precio justo porque nosotros somos los dueños de estos ríos, de nuestra naturaleza y nos han venido a robar. Esa luz se la llevan», dice con amargura.

La presidenta electa Xiomara Castro, que iniciará sus funciones el 27 de enero de 2022, ha planteado que dentro de los primeros 100 días revisarán los contratos que mantienen endeudada a la ENEE, una situación que está siendo evaluada por la Comisión de Transición de Gobierno.

Ibsy Aranda explica que la luz les llegó a sus comunidades apenas unos años antes de que las hidroeléctricas buscaran sus ríos y que, por lo tanto, esos proyectos no son los que les han favorecido. «Extraen luz, generan y se la llevan a vender a otro lugar, pero aquí no nos la regalan ni nos la pagan», dice y asegura que no se detendrá hasta que ella y su comunidad sean escuchados.

Mientras aún no se define la suerte del proyecto de Ingelsa sobre el Jilamito, la comunidad aledaña al río se encuentra dividida, y la Reserva Texiguat, como muchas áreas naturales protegidas en el país, se encuentra desatendida. 

«Hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que cuando nos asesinan a un compañero, nos criminalizan, nos meten presos, más rebeldes nos ponemos. Nosotros no tenemos miedo», dice Ibsy.

*Este texto fue producido con el apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) aportó acompañamiento editorial.

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Escritor y fotoperiodista. Actualmente director de fotografía en Contracorriente.
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1 comentario en “Conflicto en Jilamito: Un empresario y una comunidad se disputan el último río”

  1. Ese Emin Abufele tiene cola que le pisen, ha estafado a mas de 100 familias en un proyecto habitacional en LAS COLINAS, Choloma, gente luchadora que con esfuerzo pretendia comprar sus casa en dicho proyecto, les pagaron el dinero de la prima L. 20,000 de cada familia, , cuando por X o Y motivo la compra de la casa no se concreto ellos se han quedado con ese dinero de la prima y solo dan largas para devolverlo.

    Ya tienen Multiples denuncias en el Ministerio Publico para ver si asi se logra recuperar ese dinero.

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