Garífunas exponen su problema de tierras frente a tres congresistas estadounidenses

La mayoría de comunidades garífunas ubicadas a lo largo de la costa del Mar Caribe denuncian que están siendo despojados de sus tierras ancestrales. El Estado de Honduras ha hecho muy poco por proteger a este pueblo. Ahora, su problema fue escuchado por congresistas de Estados Unidos, que les dijeron «su lucha es nuestra lucha».

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


El calor aún es soportable. El centro comunal de la aldea San Juan en Tela, norte de Honduras, está inundado por humo de hojas de tabaco que emana de recipientes colocados estratégicamente en las esquinas del amplio salón. 

Don Wilfredo avanzó lento hacia la tarima. Estaba listo para hablar frente a un nutrido público, cuando le entregaron el micrófono y recordó un  episodio triste del año 1937, ese en que decenas de garífunas fueron asesinados en esa comunidad por una revancha política. Sucedió durante el régimen del nacionalista Tiburcio Carías Andino. «En estos años sigue la misma cosa… nos están masacrando, quitando las tierras y haciendo proyectos turísticos dentro de la comunidades», dice el hombre de cabello blanco, considerado uno de los líderes comunitarios de San Juan. 

Don Wilfredo es escuchado por unas 100 personas, la mayoría líderes garífunas de comunidades diseminadas en toda la costa del Mar Caribe. Pero entre la audiencia hay tres congresistas estadounidenses: Ilhan Omar, Cory Bush y Jamaal Bowman, quienes antes de llegar al Congreso fueron defensores de derechos humanos. 

Cori Anika Bush es una política estadounidense, demócrata, enfermera graduada, pastora y activista, electa representante a la Cámara por el primer distrito Misouri. Es la primera mujer afroamericana en servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Misouri, ella y dos congresistas estadounidenses visitaron la comunidad garífuna de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, para escuchar sobre sus luchas por el territorio. Foto CC/Antonio Gutiérrez

Después de haber escuchado al menos unas dos horas de testimonios garífunas, la congresista Ilhan Omar les dijo a los asistentes que ella sabía lo que estaban sintiendo. «Lo que están experimentado las comunidades aquí no es tan diferente a la violencia que hemos sentido en nuestras comunidades de parte del Estado», afirmó Omar, quien es representante del quinto Distrito de Minnesota en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2019.

«Como activistas estamos acostumbrados a denunciar a los gobiernos y corporaciones por las violaciones a los derechos humanos», agregó la mujer nacida en Somalia, África, donde también recordó haber vivido una guerra.

El representante del distrito 16 de Nueva York por el Partido Demócrata, Jamaal Bowman, manifestó el compromiso con los testimonios escuchados: «El trabajo de nosotros comienza con la comunidad y termina en la comunidad, no nos importa los intereses corporativos ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo», afirmó.

Además, reconoció estar consciente de que su Gobierno, el de los Estados Unidos, sigue invirtiendo en militarización de las sociedades, pero destina muy pocos recursos en las cosas que las comunidades necesitan como justicia climática, educación o servicios. 

Para Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la visita de los congresistas se realiza  en un contexto de oportunidad para que se puedan escuchar las demandas del pueblo garífuna, entendiendo que «ellos no son congresistas cualquiera, son activistas».  

«Ellos y ellas vienen más como activistas a respaldar la vida del pueblo garífuna y pueblo lenca, es una oportunidad para afianzar lo que hemos venido demandando, y es una oportunidad para que hagan un trabajo de cabildeo en Estados Unidos sobre nuestras demandas», dice Miranda. 

«Hay que entender ese papel (de cabildeo), es lo más importante, porque al final de cuentas, muchas de las cosas que pasan en este país se definen allá (en Estados Unidos), mira qué desgracia la nuestra», agrega.

Lo que escucharon los congresistas

Los congresistas estadounidenses escucharon múltiples voces garífunas hablando de las batallas que se libran a diario, desde diferentes puntos del país y bajo algunos matices distintos, pero con un factor común: defender las tierras ancestrales. 

En San Juan, don Wilfredo asegura que la Municipalidad de Tela sigue entregando dominio pleno sobre la tierra a personas ajenas a la comunidad. «Se nos amenaza por nuestra tierra. No puede ser que el Gobierno de Honduras sea nuestro peor enemigo», nos dice. 

En la comunidad de San Juan hay 1,770 hectáreas de terreno en disputa. «Nosotros peleamos por un bien común, esto no es personal. Estamos peleando las tierras ancestrales.  Y aquí ha habido cinco personas muertas, siempre por el problema de la comunidad. No hallamos dónde ir a quejarnos», mencionó. 

Los vecinos de San Juan ya demandaron al Estado de Honduras ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), y en el mes de abril de 2022 tendrán la primera audiencia virtual por el caso. La comunidad tenía medidas cautelares precisamente dictadas por la Corte IDH, pero «al gobierno de Honduras le importó un bledo y siguió extendiendo dominios plenos, por eso le pedimos a los congresistas que nos acompañen en este proceso para acompañar nuestras tierras», dice don Wilfredo.

El Estado de Honduras ya perdió dos demandas ante la Corte IDH por casos de comunidades garífunas. En octubre de 2015, las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra ganaron dos casos al Estado de Honduras, al que habían demandado por violaciones a sus derechos, especialmente a los derechos territoriales y ancestrales. Esta decisión obliga a Honduras a ejecutar reparaciones en favor de las comunidades mencionadas e incluso a devolver terrenos que están ocupados. En seis años, el Gobierno de Juan Orlando Hernández no hizo prácticamente nada para cumplir la sentencia. 

Jeni Herrera es parte del Patronato del Triunfo de La Cruz. Ella recuerda los momentos duros que pasó la comunidad cuando el líder comunitario Snaider Centeno y otros tres miembros de la comunidad fueron secuestrados el sábado 18 de julio del 2020. Herrera nos cuenta que las amenazas persisten para los líderes comunitarios: «Ahorita en Triunfo de la Cruz hay compañeros que están amenazados de muerte. Estamos resistiendo, estamos en pie de guerra porque de qué nos sirve salir huyendo, es una lucha que no es por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros», nos dice. 

En esta comunidad hay 2,480 hectáreas en disputa. Pese a la sentencia, Herrera denuncia que la Municipalidad de Tela sigue entregando tierra que les pertenece: «El Estado de Honduras no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia», y luego agregó, «enfrente de unas de las recuperaciones de tierra, están haciendo una residencial. La Municipalidad de Tela junto con el registro de la propiedad (extendió permisos), sigue violentando los derechos que nos corresponden bajo nuestras costumbres».

Refirió que después de seis años de tener una sentencia favorable, están esperando la conformación de una nueva Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de la Sentencias (Cicsi), pues con el cambio de gobierno se incorporarán nuevos ministros: «Hemos exigido que sean personas que tengan capacidad de tomar decisiones, porque de lo contrario vamos a estar seis años más y se van a estar tirando la pelota».

Mientras esperan, en el Triunfo siguen resistiendo, sostiene Jeni, porque las amenazas no han cesado. «Todos los líderes de las comunidades están en peligro, están bajo un permanente ataque, siempre vamos a tener en la memoria lo que pasó en Triunfo de La Cruz con nuestro compañero Snaider», dice.

En una entrevista para Contracorriente en2020, César Benedith, miembro de Ofraneh y habitante del Triunfo de la Cruz, dijo que el problema esencial que tenían era la pelea por sus tierras, y que ellos creían que eso por habían desaparecido Snaider Centeno. En esa ocasión, Benedith no mencionó quienes disputaban la tierra, pero los desarrollos Playa Escondida, Proyecto Marbella y Laguna Negra se desarrollaron en territorios ancestrales de la comunidad.

La comunidad garífuna celebra durante la visita de los congresistas Estadounidenses en San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, la comunidad exige al gobierno local respeto a sus territorios. Foto CC/Antonio Gutiérrez

En Trujillo, Colón, las cosas no cambian para los garífunas en esencia, solo en actores. Allá un grupo de «inversionistas» canadienses con la complicidad de las autoridades locales se han apropiado de los territorios ancestrales de la etnia garífuna. Los defensores de estas tierras han encontrado como escudo el sistema judicial, pues solo en Trujillo, la segunda ciudad de Colón, hay 35 órdenes de captura en contra de afrodescendientes. 

Una de ellas es Marianela Mejía, detenida frente a su hijo de ocho años y quien no pudo asistir a un evento en Estados Unidos al que fue invitada por ser defensora de los derechos humanos porque tiene medidas sustitutivas a la prisión, mismas que no le permiten salir del país;pero ella no se rinde, «seguiré luchando, porque sin tierra no hay alimento, sin territorio no hay vida», dice. 

Además de luchar por la tierra, Marianela también es parte de la plataforma de lucha por la diversidad sexual en la Ofraneh.«Estamos en un país que es difícil para los defensores de derechos humanos y los defensores de la comunidad Lgbtqi+», nos dice, señalando otro frente igual de complicado en una sociedad conservadora como Honduras. 

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, confirmó a Contracorriente que hay más de 400 denuncias en los tribunales de justicia en contra de miembros de la comunidad garífuna por defender la tierra.  «Yo tengo tres juicios pendientes. Hasta por impulsar la radio comunitaria, hasta por eso me tienen demandada.  Solo en Trujillo hay 35 órdenes de captura contra compañeros,  tuvimos que hacer una pelea enorme para que no los metieran presos, pero ahí están firmando. Es horrible», sostiene.

Las agresiones van desde criminalización hasta el asesinato. De acuerdo con la Ofraneh, desde el 2018 hasta la fecha del 2022, unos 40 garífunas han sido asesinados a nivel nacional.  «Nunca habíamos sentido ese ataque tan terrible hacia la comunidad garífuna», manifestó Miranda.

Pero también está el otro extremo, en el que la justicia que los oprime también los ignora:  los garífunas han interpuesto antes los entes correspondientes más de mil denuncias por abusos en contra de la propiedad colectiva sin recibir respuesta.  «Le voy a decir categóricamente que la Fiscalía de Etnias fue creada para retrasar los procesos de los pueblos indígenas del país. El Ministerio Público hay que cambiarlo porque los fiscales son los que nos persiguen», agregó la líder garífuna. 

Los congresistas

El Congreso en Estados Unidos tiene como misión aprobar leyes y ejercer mecanismos de control a la gestión del presidente y del Gobierno en general. Esta representación del pueblo se encuentra dividida en la Cámara de Representantes y el Senado. En este último, cada uno de los 50 estados del país tiene dos representantes que son elegidos por seis años. 

En la Cámara de Representantes,  hay 435 miembros. Aquí cada estado es representado según su población. Cada dos años hay elecciones en la que se denomina la Cámara Baja. Las próximas son el 8 de noviembre del 2022.  Este parlamento es el que integran los visitantes a los territorios garífunas.

La representante Ilhan Omar dijo que ellos como miembros del Parlamento estadounidense podían hacer tres cosas. La primera, mostrar preocupación hacia su Gobierno y al de otros países y «presionar a hacer las cosas correctas». Lo segundo ,   «levantar una nueva legislación. Y lo hemos hecho, como en el caso de la Ley Berta Cáceres». Por último, dijo que desde su posición ellos pueden supervisar e investigar hechos. 

En 2021, un grupo de congresistas demócratas, incluidos los tres que visitaron las tierras garífunas, introdujeron la Ley Berta Cáceres, que pretendía suspender la ayuda militar de Estados Unidos al Gobierno hondureño hasta que se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 

«Quiero que sepan que (ustedes) tienen socios en su lucha, que estamos aquí en solidaridad con ustedes», dijo la congresista.

Jamaal Bowman mencionó que pretenden utilizar sus puestos de poder «para llamar la atención y confrontar estos problemas. (Vamos) a pedir cambios para nuestros hogares y comunidades en todo el mundo. Son historias muy similares a las de nuestras comunidades, su lucha es nuestra lucha y vamos a ganar esta lucha», dijo.

Cory Bush, también luchadora social, impulsora de la Ley Berta Cáceres y representante de Misouri, afirmó que ella quiso ser congresista en una afán de conseguir la «desmilitarización de nuestras comunidades y evitar la matanza desproporcionada de nuestros pueblos negros con impunidad completa dentro de Estados Unidos». 

«Ahora que hemos escuchado de ustedes un poco de lo que necesitan, vamos a luchar por sus necesidades también desde el Congreso. Vamos a llevar esta voz allá (a Estados Unidos). Estamos aquí en solidaridad», finalizó. 

Posteriormente a esta visita, los congresistas estadounidenses también se reunieron con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para hablar esencialmente de la agenda anticorrupción y las medidas para contener la migración irregular. 

La lideresa 

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, mencionó que después del golpe de Estado del 2009,   Honduras «no solo se convirtió en el país más inseguro y violento para los defensores y defensoras del ambiente, sino que también nos convertimos en un narcoestado». 

Las palabras de Miranda apunta al expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, y quien ha sido pedido en extradición por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York por delitos asociados al narcotráfico. Tony Hernández, hermano del exgobernante y excongresista, fue condenado a cadena perpetua por delitos similares en Estados Unidos. 

Miranda sostiene que el sistema de aplicación de justicia hay que cambiarlo radicalmente porque «este sistema desprecia la vida de los pueblos indígenas y del pueblo garífuna,  por eso tenemos que luchar 20 veces más que cualquier otra gente que llega a los juzgados».

La líder garífuna insiste que tanto Honduras como los países cooperantes deben replantear el financiamiento de la lucha contra el narcotráfico. Afirmó que en el caso de los garífunas, sus territorios están en permanente disputa con el crimen organizado, «ya no podemos vivir como vivíamos antes y eso es grave», advierte. 

Las comunidades garífunas se encuentran a lo largo de la Costa Atlántica centroamericana, que es el corredor por excelencia de la droga que pasa por Honduras. Ahí se formó el poderoso cártel de Los Cachiros, que llegó a controlar el 90 % del paso de cocaína por Honduras. Sus líderes, Javier y Leonel Maradiaga, se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense y confesaron haber ordenado 78 asesinatos para «defender» su negocio.  Ahí también operaba Wilter Blanco, otro  capo ahora en manos de la justicia norteamericana. Los capos cayeron, pero la droga sigue pasando por la costa atlántica.

Un informe de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el narcotráfico marítimo  dedica un capítulo a Honduras y la menciona como un «paso estratégico y un escenario ideal». En el documento se menciona que las áreas con mayor influencia de grupo criminales son Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. Justamente los departamentos donde están los garífunas. 

Miranda también consideró que la presencia de los congresistas es oportuna para exigir cambios en las políticas de contención de la migración. A su juicio, tiene que haber un cambio y generar condiciones para que la gente se quede. «Si van a dar dinero, que sea invertido en el pueblo para que la gente pueda quedarse, sino la gente se seguirá yendo», manifestó. 

La última gran caravana migrante se formó en enero del 2021, cuando unos siete mil hondureños se reunieron para avanzar hacia Estados Unidos, pero la mayoría fueron golpeados en Guatemala y tuvieron que regresar. En el mismo mes de 2022, se formó otra pequeña caravana de unas 600 personas, pero gran parte de estas eran nicaragüenses. No obstante, según organizaciones que trabajan con migrantes, diariamente salen entre 300 y 500 hondureños hacia Estados Unidos. 

Respecto al nuevo Gobierno y sus primeros meses en el poder, afirmó que hay una esperanza o respiro  del pueblo, «al menos ahora reciben a la gente. Con la narcodictadura no se recibía a nadie. Al menos que haya esa apertura, que reciban a la gente, que hayan recibido propuestas, eso es importante». 

Agregó que si bien es importante que reciban las propuestas, también lo es que las cosas se ejecuten. «Hay que actuar para que la gente sienta que sí se le están resolviendo los problemas, no queremos solo simulación. Estoy clara que el Gobierno no podrá resolver todas las cosas que tenemos en el país, pero que los pasos que se den sean firmes para resolver los problemas. Eso es indispensable».

La líder de la Ofraneh espera que se siga fortaleciendo la gobernabilidad y que se desmantele, «todo el sistema corrupto e impune. Si no se hace eso, no pasa nada. Mire lo que pasa con el presidente de la Corte (Rolando Argueta), es una vergüenza que haya sentado en su silla a un expresidente que está enjuiciado por narcotráfico ¿Qué señal está dando con eso?». 

Miranda también espera que el nuevo Gobierno cambie la perspectiva con la que ha tratado la problemática garífuna, que se avance en el cumplimiento de las sentencias a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de La Cruz, y que, además, se respeten sus territorios. «No estamos pidiendo que nos den, estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos ancestrales», finalizó.

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