Un amparo de la defensa de Juan Orlando Hernández, el último intento para retrasar su inminente extradición

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El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no ha lugar la apelación de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernandez luego de que el juez natural concediera su extradición el pasado 16 de marzo. Hernández Alvarado continúa en el país esperando ser extraditado a Estados Unidos; ayer, sus abogados defensores interpusieron un recurso de amparo ante la secretaría de la Sala Constitucional de la CSJ, el cual debe ser resuelto en las próximas horas.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen


Aun sin conocer la decisión del pleno de magistrados, la ex primera dama Ana García, en compañía de dos de sus hijas, Ana Daniela e Isabela ─custodiadas por simpatizantes del Partido Nacional─ se apostaron el lunes en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lucía resguardada por decenas de policías. Estando ahí, Ana García y sus hijas oraron junto a varios activistas del Partido Nacional que habían llegado desde temprano al lugar. Algunos de los simpatizantes del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) se arrodillaron, y entre lágrimas, alzaban la voz pidiendo un milagro para su liberación.

La Policía Militar, impulsada por el propio mandatario Hernández, se limitó a resguardar la entrada principal de la CSJ mientras los activistas nacionalistas esperaban la decisión del pleno de magistrados. 

Los delitos por los cuales la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicita a Juan Orlando Hernandez en extradición son tres: conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo; usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar el uso, porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con poseer armas de fuego; y por conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos al territorio de los Estados Unidos.

Desde el 2012, cuando se modificó la Constitución de Honduras para permitir la extradición de hondureños, la CSJ nunca ha negado la extradición de un nacional a EE.UU., pero en el caso de Hernández ─aunque la mayoría de juristas coincidieron en que era imposible una decisión favorable al expresidente─ aún había una pequeña duda instalada en la sociedad porque Hernández, catalogado como un poderoso autócrata cuando dirigió el Ejecutivo, venía de controlar durante 8 años consecutivos al Poder Judicial, no obstante, esas pequeñas dudas se disiparon rápidamente cuando el pleno de los 15 magistrados votó por unanimidad a favor de conceder la extradición de Hernández Alvarado por el delito de narcotráfico, y por abrumadora mayoría (12 de los 15) a favor de la extraditarlo por los delitos de uso y portación de armas de fuego y por conspiración para el uso y portación de armas de fuego.

El recurso de apelación había sido interpuesto el 19 de marzo después de que el juez de primera instancia, Edwin Francisco Ortez, autorizó extraditarlo a los EE.UU. La solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos de narcotráfico en contra del exmandatario, se conoció públicamente hasta el pasado 14 de febrero.

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Imagen de la diosa de la justicia Themis en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC / Fernando Destephen

«A Juan Orlando lo pueden venir a traer mañana sin incurrir en ninguna falta»: abogado constitucionalista Raúl Pineda

El martes de esta semana, los abogados defensores del expresidente interpusieron un recurso de amparo contra la resolución del pleno de la CSJ, alegando que el fallo viola derechos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por Honduras.

Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que una sala ad hoc conocerá el amparo presentado ante la secretaría de la Sala Constitucional por la defensa de Hernandez Alvarado.

El abogado constitucionalista Raul Pineda Alvarado, exdiputado nacionalista y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández, le explica a Contracorriente que este recurso de amparo es inadmisible por dos razones: la primera, porque el tratado y auto acordado de extradición establece que aparte de la apelación no procede otro recurso, y, segundo, porque la resolución admitida por la Corte Suprema de Justicia -siendo el más alto tribunal de justicia del país-, no puede ser revocada por una instancia inferior. «No hay dentro de esa pirámide ningún escalón de mayor perfil que el de la propia Corte», indica Pineda.

Raul Pineda asegura que, de lo único que se está a la espera en este momento es de que el expediente del caso lo devuelvan al juez de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia. De ahí, este juez está obligado a ordenar poner a disposición de la Secretaría de Seguridad y Secretaría de Relaciones Exteriores al extraditable.

«En términos muy prácticos, a Juan Orlando Hernandez lo pueden mandar mañana a Estados Unidos sin incurrir en ninguna falta a la legislación nacional», indica el abogado Raul Pineda.

Juan Orlando Hernández, más solo que nunca

A medida que se agotan los recursos judiciales para dilatar la extradición, la cantidad de simpatizantes nacionalistas que respaldan públicamente a Juan Orlando Hernández se reduce considerablemente, pues anteriormente, cuando inició el proceso de extradición del expresidente, un buen grupo de nacionalistas, entre estos el exalcalde capitalino David Chávez, mostraron su apoyo público y alegaron que el exmandatario es inocente. 

Ante los ojos de sus seguidores, Juan Orlando Hernández ─que construyó una estructura clientelista gigantesca como gobernante─, ha pasado de ser «inocente» a «un hondureño con el derecho de defender su libertad en su país», sin la necesidad de que sea extraditado. Esa nueva narrativa, instaurada por su equipo legal, ha sido repetida por activistas del PN y por su esposa, Ana García.

Algunos de los nacionalistas que se apostaron en las afueras de la Corte el pasado lunes, confesaron haber recibido beneficios especiales durante la administración de Hernández.

«Yo estoy agradecida por la chambita que me dieron estos 4 años, con eso puse a estudiar a una de mis hijas, pero no hay que desconocer que si el hombre es culpable debe de pagar por lo que hizo, y, además, ¿qué culpa tiene uno de eso?», manifestó una activista del Partido Nacional, quien decidió quedar en el anonimato.


En la mañana del lunes, antes de que el pleno de magistrados se reuniera para conocer del recurso de apelación, Ana García, esposa del expresidente, publicó en su cuenta de twitter una carta abierta escrita con el puño y letra de Juan Orlando Hernandez en donde manifestaba que enfrentar cargos de tres cadenas perpetuas podría llegar a convertirlo «en un muerto en vida».

«Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia», se aprecia también en la carta del exmandatario, quien en distintos puntos de la misma se refiere a su condena como el resultado de una «venganza y trama orquestada por los carteles» y como «campañas de odio y desinformación» a las acusaciones que distintos extraditados han emitido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en relación a él.

Roy Santos, uno de los pastores evangélicos más cercanos a la familia Hernandez, continúa defendiendo al exmandatario. Este publicó en twitter que Hernández fue «un presidente atacó el narcotráfico, la ideología de género, el aborto y su premio fue la cárcel». Roy Santos había indicado a sus feligreses que en el 2018 Dios le había mostrado «una visión» en la cual Estados Unidos armaba un plan en contra de Juan Orlando y de toda su familia. 

Hasta el momento, el expresidente Hernández sigue guardando detención provisional en el Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (Cobras). El expediente de su caso fue remitido al magistrado Edwin Francisco Ortez, quien deberá coordinar la entrega de Hernandez Alvarado a las autoridades estadounidenses, auxiliándose en la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció esta semana que Ana García de Hernández trasladó bienes valorados en aproximadamente L 60 millones a un banco hondureño en concepto de dación en pago, pocos días después de iniciado el proceso de extradición al expresidente de Honduras. Hasta el momento se desconoce qué banco hondureño autorizó dicha transacción.


El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también se pronunció respecto a la investigación del CNA. En su cuenta de twitter advirtió que hay instituciones bancarias que están «incurriendo en varios delitos» al mover propiedades del expresidente Hernández en este momento. A esto se añadió la presidenta Xiomara Castro, quien citó su tweet y dijo: «Presidente Luis Redondo, cuente con nuestro apoyo en el combate a la corrupción, para lograr transparencia».

Lucia Vijil, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), dijo a Contracorriente que el proceso de extradición del expresidente ha sido dilatado debido a que las estructuras judiciales del país, a pesar de que hay un nuevo Gobierno, siguen estando «blindadas y cooptadas por el narcotráfico», y también porque durante 12 años el exmandatario tuvo las estructuras militares y el poder judicial a su favor.

Otro aspecto al que Vijil le atribuye la espera y defensa incansable por parte de los abogados de Hernández Alvarado es que el exmandatario podría estar terminando de arreglar sus finanzas y «deudas pendientes con el narcotráfico».

«Otra cosa es el papel de los bancos en todo este proceso. ¿En qué bancos están haciéndose transferencias millonarias en este momento? No hay ni siquiera controles de seguridad para entender qué dinero es del lavado o qué dinero es del narcotráfico. Hay que ir develando un poco los poderes que se cruzan entre el narcotráfico e ir sacando a todos los que son protagonistas en esta sociedad», manifiesta Vijil.

Vijil añade que es complicado pedir una privación de dominio para los bienes del exmandatario cuando el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, nunca se ha pronunciado en casos de corrupción de alto impacto relacionados a los derechos humanos, tales como el caso pandora y otros. Del mismo modo, Vijil añade que es difícil que él y otros actores hagan algo si «han sido parte claves en todo el andamiaje del narcotráfico y política en Honduras».

El general Ramón Sabillon, Ministro de la Secretaría de seguridad, manifestó que, una vez emitida la orden de extradición a Juan Orlando Hernández, puede existir un transcurso de dos días correspondientes a papeleo antes de que el exmandatario sea entregado a las autoridades de la DEA en el aeropuerto y luego esta entidad sea la encargada de su traslado aéreo. 

El comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, explica que: «se están realizando todas las diligencias administrativas en la sala de operaciones de la Policía Nacional para determinar cuál será el instructivo a seguir para hacer entrega a las autoridades estadounidenses del ciudadano Juan Orlando Hernandez».

Lucia Vigil del CESPAD indica que la participación de la Policía Nacional en todo este proceso envía un mensaje claro: la policía asumirá un papel más relevante y pondrá orden luego de que la estructura militar fuera usada para el tráfico de drogas, estructura dentro de la cual tanto exmilitares como militares en funciones fueron partícipes de las actividades ilícitas del expresidente Juan Orlando Hernandez, y de su hermano, quien ya guarda prisión y fue condenado a cadena perpetua, «Tony» Hernandez.

En cuanto a lo que sigue después de la extradición del expresidente de la República, Lucia Vijil menciona que es del conocimiento de Hernandez Álvarado que por el tipo de droga y por la cantidad por la cual está siendo acusado su condena no va a disminuir en ningún momento, y la Corte de Estados Unidos no le va a perdonar nada aunque coopere. Sin embargo, Vijil menciona que hay otros actores importantes en la escena como el Tigre Bonilla. «Estoy segura que él (Tigre Bonilla) va a dar nombres de las estructuras criminales en el país y no se va a ir solo. Lo ha mencionado en la mayoría de entrevistas que ha dado a los medios de comunicación», señala.

«Así como “Tony” no habló y no dijo que su hermano estaba involucrado en ese cartel también, Juan Orlando Hernandez va a hacer exactamente lo mismo. Él no puede quemar a su estructura porque esta tiene que seguir operando y sabe que aunque diga algo eso no va a reducir su condena, entonces, a menos que la fiscalía le ofrezca una buena reducción de penas, no hablará», asegura la investigadora.

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Estudiante de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Partidaria de conectar a través de las ansias de mejora colectiva. Cada día más empática en esta humana profesión.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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