Entrevista a David Longtin por Daniel Vásquez*

La condena a uno de los autores del asesinato de la militante ambiental Berta Cáceres no ha terminado con la violencia en Honduras. Este año, diversos líderes sociales han sido asesinados. David Longtin, experto en la materia, explica qué pasa con la represión a los liderazgos populares en Honduras y cómo se representa la violencia en los distintos espacios públicos y en los medios de comunicación.

Exceptuando las zonas de guerra, Honduras figura entre los países más violentos del planeta. Desde mediados de la década de 1990, especialmente en las zonas urbanas, asistimos al recrudecimiento de las más variadas formas de violencia, como robos a mano armada, secuestros, violaciones, agresiones domésticas, homicidios, asesinatos selectivos por medio del sicariato, enfrentamientos entre bandas rivales de «mareros» o integrantes del crimen organizado, y en primer lugar, las tensiones propias del narcotráfico. Al mismo tiempo, pese a no haber vivido niveles de violencia política con dimensiones equiparables a sus países vecinos durante la década de 1980, Honduras se perfila como una de las naciones con mayor tasa de asesinatos de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, de periodistas, sindicalistas o militantes de los movimientos sociales. Los responsables de estas formas de violencia, ya sean grandes terratenientes de explotaciones madereras o de palma africana, empresas extractivas nacionales e internacionales, banqueros, políticos e industriales, se manejan con total impunidad, entre otras razones, gracias a su posición privilegiada en el campo político-estatal. David Longtin, doctor en Ciencia Política por la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa, estudioso de la violencia que vive el activismo movilizado en conflictos socioambientales en Honduras y autor de Imaginaires politiques, luttes de sens et subjectivation politique: une analyse des discours sur la violence dans les conflits socio-environnementaux au Honduras (1975-2017) [Imaginarios políticos, luchas por el sentido y subjetivación política. Un análisis discursivo sobre la violencia en los conflictos socioambientales en Honduras (1975-2017)] (Universidad de Ottawa, 2021), analiza en esta entrevista la situación en el país centroamericano.

Daniel Vásquez (DV): En un contexto de extrema violencia y de represión política, ¿cómo entender la holgada disposición de sectores heterogéneos de la sociedad en favor de causas sociales y de luchas medioambientales? ¿Cuál es el impacto de la violencia sobre estas variadas formas de participación militante?

David Longtin (DL): Los sociólogos que estudian las movilizaciones colectivas en contextos de alto riesgo, como el de Honduras, generalmente se enfocan en aspectos estructurales, como la pertenencia de los activistas a redes interpersonales o asociativas que facilitan su socialización, construyen sus identidades e inciden sobre sus trayectorias de vida. Pero la adhesión de los militantes a la ideología, los valores y los objetivos de los movimientos sociales no es suficiente para explicar su participación en acciones colectivas. Se necesita, además, de su integración en redes que operan de soporte y los incitan a participar. Los activistas también evalúan los riesgos a partir de una percepción del nivel de represión construida sobre la base de experiencias pasadas y cotidianas. Están acostumbrados a un alto nivel de riesgo en un contexto de violencia generalizada, lo que puede contribuir a hacerles perder el miedo. Los politólogos, por su parte, han señalado una relación paradójica: la represión puede fomentar la movilización al suscitar indignación, y a menudo lleva a los activistas a un cambio en sus prácticas. Las barreras administrativas o las restricciones a los derechos también alienan a sus redes aliadas, reducen sus recursos u obstaculizan su capacidad de comunicar, reclutar o convocar a participantes. A veces la represión conduce a su radicalización o, al contrario, a su despolitización.

Aunque estos trabajos explican en parte la decisión riesgosa de movilizarse o el impacto de la represión sobre esta disposición, no toman suficientemente en cuenta el alto nivel de compromiso que requiere, ni las representaciones compartidas por los militantes acerca de las violencias a las que se enfrentan. Tampoco explican la convergencia de grupos heterogéneos en luchas corrientes, como las socioambientales, que reúnen a pobladores afectados por proyectos agroindustriales, mineros, forestales o energéticos con activistas de movimientos campesinos, afrodescendientes, indígenas, ecologistas, feministas y de derechos humanos.

Para entender esta decisión, primero, hay que tomar en serio la ética de los militantes, a veces listos para arriesgar su propia vida a fin de defender lo que creen verdadero y justo, y denunciar las injusticias que enfrentan en sus luchas socioambientales. Al analizar los discursos de los activistas y de sus organizaciones en Honduras, pude observar estas formas de compromiso ético, que Michel Foucault llamó la «parresia». La parresia tiene una larga tradición que puede remontarse hasta la Antigüedad griega, pero se difundió en América Latina a través del pensamiento crítico y de los movimientos obreros y campesinos durante los siglos XIX y XX. Fue revivida en la década de 1970 con la Teología de la Liberación y recuperada por los movimientos afrodescendientes, indígenas, ecologistas, feministas o de derechos humanos que surgieron en los años 1980 y 1990. En un contexto de violencia e impunidad generalizada, que Giorgio Agamben calificó de abandono, esta ética incita a los activistas a demostrar coraje frente a elevados riesgos de violencia y de muerte. Así, muchos afirman reiteradamente que no van a callarse y van a seguir elevando la voz en defensa de la vida, de las comunidades y de los bienes comunes. De forma que se obligan a sí mismos a hablar y luchar por sus convicciones y por los demás, convencidos de la justicia de su causa. Este compromiso no se limita a un discurso, sino que se encarna en su vida cotidiana y en la conformidad entre lo que dicen y lo que hacen. También las asociaciones juegan un papel importante para incitar a sus integrantes y simpatizantes a adherir a esta ética, por ejemplo, cuando otorgan premios a defensores en alto riesgo, rinden homenaje a activistas que fallecieron por sus convicciones o incitan a los demás a seguir su ejemplo y no desmovilizarse frente al miedo.

El segundo punto que hay que tener en cuenta es la manera en que los discursos militantes transforman las representaciones de la violencia. En Honduras, desde su aparición en la década de 1990, pero con mayor intensidad desde el golpe de Estado de 2009, los movimientos socioambientales han difundido un imaginario que opone la defensa de la vida  —interpretada de manera amplia como la vida de las personas, de las comunidades y de los seres naturales— a una cultura de muerte. Esta cultura se reflejaría en los proyectos extractivos calificados de proyectos de muerte por los asesinatos en contra de sus opositores, la impunidad en que quedan en la mayoría de los casos, la represión que aumenta con la militarización de los territorios, la contaminación y la destrucción del ambiente, o el destierro y la desposesión de las comunidades. Los activistas oponen esta cultura de muerte que desprecia la vida a su lucha en defensa de la vida, lo que les permite unirse, a pesar de pertenecer a diversos grupos sociales o movimientos. Lo que los une es su común denuncia de las injusticias  —o agravios, si seguimos a Jacques Rancière— causadas por esta cultura y estos proyectos de muerte.

DV: Las demostraciones de violencia política más visibles fueron perpetradas por terratenientes en búsqueda de conservar sus privilegios, cómplices de masacres como la de Los Horcones en 1975, llevada a cabo en la hacienda del latifundista Manuel Zelaya (padre del expresidente entre 2006 y 2009), donde fueron asesinados campesinos y sacerdotes involucrados en la lucha por la reforma agraria. Pensemos también en las masacres conocidas como El Jute (1965), de Santa Clara (1972), y después, las de El Astillero (1991), Silín (2008) y El Tumbador (2010). ¿Cómo se han representado las violencias asociadas a las luchas socioambientales en los imaginarios presentes en Honduras? ¿De qué manera estos conflictos han moldeado los imaginarios políticos y las luchas por el sentido emprendidas por líderes populares hondureños? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de estos discursos antagónicos?

DL: En Honduras, las violencias asociadas a los conflictos socioambientales son representadas en dos imaginarios distintos. Por un lado, los cuerpos policiales y militares, los tribunales, el gobierno y los periódicos nacionales vehiculizan un imaginario de la seguridad que atribuye las violencias a delincuentes, mareros o narcotraficantes, considerándolas como crímenes comunes y negando cualquier vínculo con móviles políticos. Invocan las investigaciones policiales, la pericia forense, las pruebas judiciales y las estadísticas de homicidios para establecer la credibilidad de ese imaginario y así, justificar las políticas de seguridad pública que, en la última década, han contribuido a remilitarizar el país. En este imaginario, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, así como los arrestos, los procesos penales y los encarcelamientos, se constituyen como soluciones a los altos niveles de violencia. Por otro lado, las organizaciones regionales e internacionales interpretan las violencias como violaciones de los derechos humanos, basándose en las denuncias y los testimonios de las víctimas y sus familias, la sociedad civil hondureña u organizaciones no gubernamentales (ONG). Ese imaginario subraya los riesgos que corren los defensores en una situación de indefensión e impunidad, pidiendo al Estado que los proteja, en particular a los grupos vulnerables.

Frente a esos imaginarios, los activistas hondureños han tratado de abrir un espacio para difundir su propio imaginario de la defensa de la vida, empleando varias estrategias. Aprovecharon los medios extranjeros y sus propios medios alternativos para impugnar el imaginario de seguridad que transmite la prensa nacional, particularmente después del asesinato de Berta Cáceres, militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en 2016, que generó una cobertura periodística internacional intensa. Esta cobertura introdujo en los medios hondureños que publican despachos extranjeros un discurso de derechos humanos que, aunque ha permanecido marginal, cuestiona la veracidad de los relatos de las autoridades y la justicia de sus soluciones. De esta manera, los militantes se oponen a la negación policial de los móviles políticos de los asesinatos o su criminalización por parte de los medios y de las autoridades judiciales, y responsabilizan al Estado por su indefensión y la impunidad. En el ámbito internacional, tratan de captar la legitimidad de los derechos humanos y subvertirlos, a fin de ampliar la comprensión de las violaciones de derechos. Así, esperan que los sistemas de protección reconozcan las múltiples violencias que viven las comunidades y la situación de riesgo de los defensores.

DV: El pasado mes de abril, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró culpable a Roberto David Castillo, exgerente general de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), de coautoría en el asesinato de Berta Cáceres. Pese a la resonancia que ha suscitado este caso emblemático en la opinión pública y en las declaraciones de un sinnúmero de organizaciones internacionales desde 2016, se sigue asesinando a dirigentes populares, recientemente con los delitos contra la vida de Félix Vásquez, líder lenca de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), y en perjuicio del líder tolupan Adán Mejía. De acuerdo con el informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, al menos 21 referentes sociales mujeres han sido asesinadas entre 2016 y 2021 en esa región. Si bien todavía no se ha enjuiciado a todos los responsables por el asesinato de Cáceres, se ha dado un paso importante en el esclarecimiento de lo sucedido. ¿Podríamos avanzar que, pese a todo, la situación está cambiando? ¿Cómo interpretar la conducta del Estado de Honduras y de su clase política frente a las violaciones de los derechos humanos?

DL: Si bien hay instituciones que trabajan para proteger los derechos humanos y poner fin a la impunidad, en general el Estado hondureño y su clase política reaccionan cuando las organizaciones internacionales ejercen una fuerte presión, alertadas por las ONG, la sociedad civil y los medios extranjeros, como en el caso de Cáceres. Ante la comunidad internacional, el Estado afirma cumplir con su responsabilidad invocando reformas legislativas y administrativas o la continuación de las investigaciones y los procedimientos judiciales, aunque en más de 95 % de los casos no llegan a sentencias. Además, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como los de Carlos Escaleras Mejía, Carlos Luna López o Blanca Jeannette Kawas, las autoridades policiales o judiciales no siguieron procedimientos que cumplieran con los estándares interamericanos en materia de investigación, plazos razonables o protección de testigos.

A pesar de las sentencias por el asesinato de Berta Cáceres, hay muchos indicios de que la situación sigue siendo preocupante. Primero, Global Witness, que publica estadísticas anuales de asesinatos de defensores de la tierra y del ambiente, reportó 14 muertes en 2019, mientras que la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) documentó 20 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020, la mayoría de los cuales defendían a los pueblos originarios, la tierra, el territorio o el medioambiente. Aunque desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Sistema Nacional de Protección del Estado Hondureño han otorgado numerosas medidas provisionales, cautelares o de protección, la CIDH, ACI-Participa, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos han documentado decenas de asesinatos de beneficiarios, así como casos de desapariciones forzadas. Varias personas murieron mientras se tramitaban sus solicitudes y, cuando estas se otorgan, los beneficiarios se quejan de que no son aplicadas, o lo son de manera inadecuada. La muerte de Félix Vásquez ilustra esta desprotección. Según el Observatorio citado, a pesar de que Vásquez había recibido amenazas de muerte, su solicitud de medidas de protección nunca fue otorgada.

De tal forma, aunque los juicios en el caso de Berta Cáceres constituyen un avance importante para las luchas por la verdad y la justicia, aún falta mucho para que las defensoras y los defensores sean protegidos y puedan ejercer su trabajo, movilizarse y expresarse sin riesgos de represalias.

 

Este texto apareció en la edición digital de la Revista Nueva Sociedad, en la sección «Entrevistas», la última semana de agosto del presente año.

Pese a que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Unidad Nacional Opositora de Honduras (Unoh), presentaron sus propuestas de gobierno, la propuesta de despenalización del aborto es la que ha copado espacios en la agenda nacional.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Martín Cálix

Frente a cientos de simpatizantes y medios de comunicación presentes, la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, prometió crear una nueva asamblea nacional constituyente, acabar con el patriarcado y no agregar más impuestos al pueblo de Honduras. En el discurso la candidata prometió también girar al país al socialismo democrático y que en su gobierno habría políticas de inclusión dirigidas a la diversidad sexual. 

Libre se convirtió en el primer partido en presentar un plan de gobierno, que no pasó desapercibido por tocar temas como el aborto y la inclusión de la diversidad sexual. «Es un plan integral que dedico a la juventud, para generar trabajo y bienestar, en defensa de los valores por los que lucharon nuestros próceres a quienes honramos», sostuvo Castro en la conversación con los medios.

Es la tercera vez que Castro intenta llegar a la silla presidencial, en los comicios de 2013 fue la segunda más votada detrás del actual presidente Juan Orlando Hernández y en el 2017, después de ganar abrumadoramente en las internas de Libre, cedió la candidatura a Salvador Nasralla, quien encabezó la Alianza Opositora contra la Dictadura.

También, el lunes 20 de septiembre, el candidato de la Unidad Nacional Opositora de Honduras (Unoh), Salvador Nasralla presentó a los medios de comunicación el «borrador» de sus propuestas de gobierno a la comunidad nacional. Los ejes de su plan son: fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorar la calidad de vida y deuda social y simplificación administrativa, gobierno electrónico y competitividad. 

En su presentación, Nasralla habló de fomentar la transparencia en el gobierno a través de leyes que ayuden a ello y de fortalecer el Estado Derecho, que ha sido debilitado tras el golpe de Estado de 2009. 

En el Partido Liberal, su candidato Yani Rosenthal, todavía no presenta formalmente su plan de gobierno, pero en la web de su candidatura  manifiesta que su visión de país va orientada a generar empleos, a la inclusión social, salud, educación y la recuperación de la paz en Honduras. El presidenciable liberal  también propuso un plan de alivio para hacerle frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 y a los estragos provocados por las tormentas Eta y Iota.

El candidato nacionalista Nasry Asfura todavía no ha presentado una propuesta de gobierno, pero ha recorrido el país con el eslogan «Papi es diferente». En una participación en Televicentro, Fernando Anduray, uno de los voceros del Partido Nacional  aseguró que el candidato nacionalista también está preparando un plan de gobierno para presentarlo a los votantes. 

Desde 2017, cuando Juan Orlando Hernández logró remontar la ventaja de casi cinco puntos porcentuales cual si fuera un partido de fútbol, la confianza en el engranaje electoral hondureño es nula. El discurso frecuente, más que propuestas, es hablar de evitar un nuevo fraude electoral orquestado por el partido en el poder. 

Mediante un comunicado el Partido Nacional denunció que Libre pretendía boicotear el proceso de elecciones: «Condenamos también el doble discurso, las últimas acciones y llamados de estos partidos de izquierda a sabotear el desarrollo de elecciones, llevando a los hondureños a un nuevo estatus de incertidumbre», reza el pronunciamiento.

Activistas nacionalistas gritan consignas en favor de su partido y de sus candidatos en las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) previo al sorteo de la papeleta electora de cara a las elecciones de noviembre de 2021. Esta misma tarde, varios candidatos de distintos partidos políticos, evitaron el sorteo. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

La propuesta de gobierno de Libertad y Refundación está plasmada en 68 páginas del documento llamado Bicentenario, que consta de 15 capítulos a partir de los cuales se desarrolla la visión que tiene este partido para gobernar Honduras. En cada uno de ellos se mencionan las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el país. 

El plan de gobierno también habla de un Estado protector de los derechos humanos, de lucha contra la corrupción y abuso de poder, desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria y generar un modelo económico en el que haya pan para todos y todas. 

La propuesta incluye capítulos en referencia a poblaciones vulnerables tales como: Adulto mayor, personas viviendo con una discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas Lgtbiq+.

Además, Castro promete no aumentar los impuestos, rebajar los precios de los combustibles y disminuir el costo de la energía: «El reto que tengo es igualar o mejorar el Gobierno del presidente Zelaya», dijo la candidata entrevistada por una multitud de periodistas en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). 

Uno de los temas que más causó alergias en una sociedad todavía muy conservadora fue mencionar en el eje orientado a género la despenalización del aborto por tres causales universales: riesgo de la vida de la madre, que el embarazo sea producto de una violación o que el feto tenga malformaciones. 

Hasta el cardenal Óscar Rodríguez se refirió al tema en una de sus homilías argumentando que aquellos que pretenden ganar votos con este tema están muy equivocados. Rodríguez es máxima autoridad de la Iglesia Católica en Honduras y desde el púlpito se ha plegado a los intereses de la élite gobernante. Desde el golpe de Estado de 2009, cuando defendió la defenestración de Manuel Zelaya Rosales, un gran sector de la población repudia sus actuaciones.  

Este tema es tan espinoso, que incluso la candidata Xiomara Castro en la presentación de su plan de gobierno en la CCIC, cuando fue preguntada si estaba a favor del aborto  manifestó que ella profesa la religión católica, pero se deben tocar temas que por mucho tiempo han estado ocultos y que se convierten en una realidad en el país. «Estos temas hay que llevarlos a debate y que sea el soberano el que defina», concluyó. 

En enero del 2021, el diputado nacionalista Mario Pérez, introdujo un proyecto para blindar la prohibición que existe en Honduras sobre el aborto por cualquier causa. La reforma realizada al artículo 67 de la Constitución está orientada a que sea legalizado en el futuro, según un artículo de la BBC, Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una prohibición total del aborto.

Honduras también tiene una prohibición sobre la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). De acuerdo con la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, es el único país en América Latina que no permite el acceso a este método de anticoncepción, que se encuentra dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En nuestro país se ha prohibido su uso bajo el argumento que es abortiva, pero la OMS lo contempla como un medicamento básico para evitar embarazos no deseados, especialmente en caso de violación. Esta organización ha reiterado que la píldora no causa aborto ni daña la fertilidad.

Durante la contramarcha a los actos oficiales del Bicentenario, un grupo de jóvenes feministas realizan un empapelado a la altura del Bulevar Morazán. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Neesa Medina, integrante de la Plataforma Somos Muchas, que lucha por los derechos de las mujeres, afirmó en una conversación con Contracorriente que

incluir una propuesta de despenalización del aborto en el país refleja tres cosas. La primera es que, a su juicio, no se incluye por cálculos políticos. «Hay otros valores y responsabilidades en que, como futuro gobierno,  se ponga luz sobre este tema porque en la clandestinidad lo que se hace es negarlo. Abordarlo muestra una disposición a discutirlo», nos dice. 

Agrega que incluir esta propuesta demuestra que se está escuchando a grupos de mujeres u organizaciones que han acompañado a mujeres criminalizadas por abortar y  también se escucha a familias que han tenido víctimas de mortalidad materna provocado por un embarazo de riesgo que pudo ser interrumpido. 

Menciona una estadística aterradora. En Honduras, cada año 900 niñas menores de 14 años están dando a luz, muchos embarazos producto de relaciones forzadas. Otro dato demuestra, la trascendencia de este tema es que el aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna en el país. 

Además cree que incluir en un plan de gobierno la despenalización del aborto es poner la empatía y solidaridad en la discusión: «Es que es muy cómodo no hacer nada y pretender que no es problema, decir no sin pensar en las demás». 

Medina también lamentó que las discusiones que se dan en campaña política no están guiadas por empatía y solidaridad, pues considera que se pretende polarizar la situación y no acercarse a la realidad de las mujeres afectadas.Criticó la distancia que muchos políticos toman del tema: «Es muy sucio y totalmente inmoral utilizar embarazos forzados, mujeres pobres criminalizadas, mujeres que mueren por abortos inseguros en el país como una herramienta en una campaña política». 

«Que quieran una discusión únicamente para ganar votos o para que otro partido los pierda y que sus aportes en este debate en ningún momento incluya la realidad, el dolor y las historias de estas mujeres es inhumano, indigno, arrogante y es un reflejo de la clase política del país. En un juego de cartas, esto no es una carta más. Deberían sentir vergüenza», recrimina la activista.

Pese a la avalancha de reacciones adversas que ha tenido incluir el tema de la despenalización del aborto en el plan de gobierno y que esto ha provocado la candidata de Libre y Manuel Zelaya Rosales intenten tomar distancia de la propuesta, Medina asegura que desde la lucha por los derechos de la mujer no han «percibido siquiera una posibilidad de sacarla. La forma que la están abordando públicamente en entrevistas o dentro de las estructuras es otra historia». 

Rodolfo Pastor Fasquelle, académico, historiador y miembro de Libre, consideró en una conversación con Contracorriente que seguramente tratar el tema del aborto, sí «puede afectar (en las votaciones). En el partido en sus más altas esferas hay un debate sobre ello, una serie de diferencias de opinión y sería ingenuo decir que no afectará, porque se trata de un país muy conservador».

Hablando concretamente de la aprobación del aborto, el exfuncionario manifestó que las causales contempladas para la aprobación son las universales y avaladas por Naciones Unidas. Afirmó que el partido no lo presenta como una opción de control natal «quiere garantizar a la mujer que necesita un aborto hacerlo en condiciones higiénicas y profesionales», argumentó. 

Las críticas y señalamientos al plan de Libre se han centrado en el planteamiento que hace referencia al aborto, pero la propuesta es mucho más amplia que eso. Uno de los ejes principales es la construcción de un Estado socialista democrático en el que el «fin supremo de la sociedad y del Estado sea el ser humano». 

En una intervención en Televicentro, el nacionalista Fernando Anduray consideró que hablar de socialismo en el país en un grave error. «(Mel) Le ha puesto la piedra más grande que le podrían haber puesto a Xiomara, esos son errores. La izquierda nunca ha sido grande en el país», afirmó.

Xiomara propone una nueva Constitución de la República para construir una nueva democracia mediante el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente de la cual surja un pacto social, «que refleje una voluntad concertada en la correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas», declara el plan de gobierno presentado Libre. 

Para el analista Efraín Díaz Arrivillaga no es extraño que al tocar temas como el socialismo democrático se generen temores. «No debe poner los pelos de punta el hecho que se habla de socialismo. Estamos en una sociedad plural. Creo que es una propuesta amplia, plural democrática y diversa, que está enmarcada dentro de los principios fundamentales de la Constitución de la República», manifestó. 

Añadió que quienes se sorprenden son los sectores conservadores y ultraconservadores que no quieren que haya un cambio en Honduras y quieren que las cosas continúen como siempre en beneficio de la corrupción. 

Respecto a lo viable que es el proyecto de Libre de no imponer más impuestos y bajar el precio de los combustibles, el analista político y catedrático universitario Efraín Díaz Arrivillaga, manifestó que es indudable que la situación fiscal del país es muy crítica, pero que si hay un gobierno honesto, una correcta asignación de recursos y recorte de gastos no ve la necesidad de aumentar la carga fiscal. «No lo veo como utópico ni irrealizable siempre y cuando se manejen adecuadamente las finanzas del país», manifestó. 

Corrupción y empleos

El lunes 20 de septiembre del 2020, el candidato de la Unoh, Salvador Nasralla presentó el borrador de su plan de gobierno para el período 2022-2026. En la presentación, Pedro Barquero, coordinador de campaña del Partido Salvador de  Honduras (PSH)  manifestó que esta no es la propuesta definitiva, pues después de esta presentación se recibirán observaciones que vengan desde los seguidores de Nasralla y la sociedad civil. «Después vamos a hacer la presentación final», dijo. 

Nasralla, un popular presentador de la televisión hondureña, entró en la carrera electoral en las elecciones de 2013, cuando compitió como candidato del Partido Anticorrupción (PAC) institución que él mismo fundó y como su nombre lo indica abanderó la lucha contra la corrupción. 

En 2017, también participó en alianza con Libre y el Pinu, después que fuera despojada del PAC, pero Nasralla continuó con el discurso anticorrupción como su carta de presentación. Y ahora, en su tercera aspiración presidencial, también su principal bandera es su ataque contra los corruptos.

Iroshka Lindaly Elvir, candidata a diputada por Francisco Morazán y esposa de Salvador Nasralla —candidato a la presidencia del país por el Partido Salvador de Honduras— tras su discurso en el lanzamiento de su campaña. San Pedro Sula, Cortes, 30 de agosto de 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

Nasralla planea realizar una revisión exhaustiva del gasto público y priorizar la inversión en donde se genere desarrollo, mencionó como ejemplo la agroindustria. Agregó que al final de su gobierno, el Impuesto Sobre Venta quedará en 13 %.

El tercer eje del plan de gobierno de la Unoh va enfocado en lograr una simplificación administrativa, migrar a un gobierno electrónico y buscar la  competitividad como país para lograr empleos. Todo esto se complementa con la promesa de acciones en cada departamento para atender problemas regionales.

Por ejemplo, en Cortés se habla de una red con atención primaria y especialidades. En Francisco Morazán, asegura que trabajará para  reactivar la economía, facilitando préstamos y créditos en las zonas rurales. En Copán, promete construir un hospital regional en la ciudad de La Entrada. 

Sobre  el discurso anticorrupción de Nasralla, el doctor Díaz Arrivillaga manifestó que lo ha mantenido conscientemente desde que fundó el Pac y esa ha sido su bandera de lucha: «me parece que es una bandera correcta. Este ha sido un mal enorme que se le hace al país», dice.

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El candidato liberal Yani Rosenthal todavía no ha presentado formalmente su plan, pero en la página web de su candidatura ha colgado algunos elementos que serán parte de su visión de gobierno. Los pilares en los que se basa el plan del candidato liberal son: Crecer para generar más y mejores empleos; una Honduras incluyente y sin pobreza; más salud y educación y la recuperación de la paz y la libertad para los hondureños. 

Rosenthal también sugirió en su web un paquete de medidas para contrarrestar los estragos de Eta y Iota y los efectos de la pandemia en la economía y salud. Una de las acciones que recomienda es diseñar créditos para productos de agroexportación focalizados al pequeño productor, invertir en una estrategia de mercadeo y promover a Honduras como un centro de operaciones de manufactura en América. 

Rosenthal en sus discursos habla con especial dedicación de la generación de empleos pues al pertenecer a una familia de empresarios ha dicho conocer la fórmula para reducir el desempleo en el país.

El candidato a la presidencia del país por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, a su llegada a la vejatoria de la ex diputada liberal por el departamento de Gracias a Dios, Carolina Echeverría, en la sede del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En una reunión en el departamento de Valle, el candidato liberal dijo a la concurrencia que en su gobierno devolvería al pueblo hondureño todas las conquistas sociales que el Partido Nacional le ha quitado y también prometió atacar de forma frontal la corrupción.

El analista Díaz Arrivillaga sostiene que temas como la generación de empleos y  nuevas inversiones siempre han estado en agenda: «El problema fundamental es cómo generamos un clima de inversiones que pueda impulsar la creación de empresas y la innovación», dijo y añadió que la inversión no vendrá aquí si no hay las condiciones adecuadas y reconoció que en la creación de nuevos empleos habrá acuerdo total, «lo que necesita innovación es cómo generarlos». 

«Papi es diferente»

Desde el discurso de los voceros y activistas del Partido Nacional retumba el eslogan de la campaña de Nasry Asfura: «Papi es diferente». Hasta ahora es la propuesta más recurrente alrededor del candidato oficial, quien todavía no ha presentado un plan de gobierno. 

En reiteradas ocasiones ha dicho que su objetivo es trabajar por Honduras y en una caminata por los municipios de Talanga, Vallecillo y Guaimaca en Francisco Morazán manifestó que su carta de presentación es el trabajo realizado como alcalde de la capital. «No es con insultos ni ver de menos a otro que salir adelante pues solo unidos los hondureños lo lograremos», afirmó.

Uno de los voceros del Partido Nacional, Fernando Anduray, declaró en Canal 5, que esta institución política tiene una propuesta de gobierno y hará un acto especial para presentarlo. «Recuerden que Tito es diferente, un hombre de resultados y es lo que va a exponer en su programa», le dijo a periodista Renato Álvarez.

Anduray también manifestó que el plan del Partido Nacional está reflejada la «experiencia práctica de la realidad nacional, en las propuestas de los otros partidos hay cosas que hasta ahora se dan cuenta», afirmó 

El analista Díaz Arrivillaga no encuentra las diferencias entre la candidatura de Nasry Asfura y la cúpula que actualmente gobierna al país: «es el candidato del oficialismo, el representante del continuismo, me parece que está claro, ¿cómo va a ser diferente?», se pregunta. 

Sostuvo que no puede negar las cualidades personales que pueda tener el candidato Asfura, pero  tampoco se puede negar «que es el representante de todo esto que hemos venido hablando de la corrupción, del mal gobierno que hemos tenido. Él lo representa», concluyó. 

De las propuestas de los cuatro partidos que al momento muestran más aceptación en los sondeos de opinión manifestó en el caso de Libre ha presentado una propuesta que podrá tener críticas, pero esa es la forma que el partido piensa. Sobre Nasralla afirmó que ha sido bastante consistente en el combate a la corrupción desde que irrumpió en la política. 

«En el caso del Partido Nacional, solo puedo opinar que es básicamente la continuidad de lo mismo porque no he escuchado nada distinto del candidato Asfura, además, parece que ha sido un candidato opaco, no ha sido él quien ha hablado más si no el propio gobernante», afirmó Arrivillaga.

Nos encontramos a dos meses de las elecciones de noviembre de 2021. Los partidos de reciente creación como Libre y el PSH han presentado planes de gobiernos, mientras que los tradicionales todavía no lo han hecho como ha sido su comportamiento histórico.

El presidente Juan Orlando Hernández usó su investidura y la mayor parte de su tiempo en los discursos ofrecidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Celac para defenderse de las acusaciones por narcotráfico que se hacen en su contra en tribunales de EE. UU. Esto hace ver al mandatario como un personaje «cobarde», «egoísta» y «demagógico» que se defiende en el lugar equivocado, coinciden analistas.  

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix, Fernando Silva y Gabriela Amador


En un discurso de 28 minutos, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández hizo a un lado los intereses del Estado de Honduras y se defendió de las acusaciones de narcotráfico que se hacen en su contra durante su comparecencia que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York desde el pasado 21 de septiembre y que finalizará este lunes.

Los últimos discursos brindados por Juan Orlando Hernández son muestra de preocupación ante la llegada del fin de su mandato. Hernández comenzó su discurso ante la Asamblea General hablando superficial y rápidamente sobre el impacto del cambio climático, los bajos precios internacionales del café, el papel del crimen organizado y los problemas generados por las maras y pandillas. Además se quejó de la «injusta» distribución de las vacunas contra la COVID-19.

Sin embargo, utilizó la mitad del tiempo de su discurso en la Asamblea General para hablar de narcotráfico, algo que ya había hecho en su otro discurso ofrecido ante sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la semana pasada, evidenciando la utilización de estas tribunas mundiales para defenderse de las acusaciones en su contra.

Actualmente, en EE. UU. se están llevando a cabo los juicios en contra de los hondureños Geovanny Fuentes Ramírez y Fredy Nájera, cuyos testimonios y acusaciones de la fiscalía apuntan también hacia el presidente de Honduras.

Además el exdiputado nacionalista Antonio «Tony» Hernández —hermano de Juan Orlando Hernández— fue condenado por cuatro delitos en octubre de 2019 y fue designado como un narcotraficante a gran escala. Posteriormente, en marzo de 2021, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por la gravedad de los delitos.

Protestas anti-JOH afuera de la ONU

migrantes en New York
Hondureños protestan contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández durante una jornada de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. Hernández dio su discurso en la ciudad de Nueva York el pasado miércoles 22 de septiembre de 2021. Foto: Gabriela Amador.

Lida Perdomo, una hondureña migrante radicada en EE. UU., estuvo ese día en las afueras de la Asamblea General protestando contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esta mujer forma parte del grupo «Lucha y solidaridad hondureña USA», quienes buscan evidenciar que, entre otras cosas, debido a la mala gestión administrativa del Gobierno de Hernández, millones de hondureños han tenido que migrar hacia otros países.

«Debido a que estamos organizados, conocimos que el narcopresidente estaba en la Asamblea General e hicimos una comunicación de boca en boca para no alertar a este ciudadano de que íbamos a estar ahí», cuenta Perdomo.

El grupo «Lucha y solidaridad hondureña USA» comenzó a aglutinarse desde temprano para protestar contra Juan Orlando Hernández. «Sabíamos que no era fácil y que la seguridad era sumamente fuerte. Alrededor de siete a diez bloques a la redonda había agentes del Servicio Secreto y de la Policía estadounidense. En algunas zonas es imposible entrar», explicó.

La hondureña agrega que se las ingeniaron y se dividieron en cuatro grupos para poder estar en todas las posibles entradas por donde pasaban las misiones diplomáticas. «Denunciamos con pancartas que decían: El narcogobierno obliga a la gente a migrar, no clemencia para los narcopolíticos, extradición para Juan Orlando Hernández y dejamos claro que no queremos más persecuciones políticas», sostuvo Lida Perdomo.

Lida Perdomo posa junto a dos hondureños en el marco de una protesta ciudadana contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández durante la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 22 de septiembre de 2021. Foto: cortesía de Lucha y solidaridad Hondureña USA.

Lida Perdomo recordó que varias misiones diplomáticas que pasaban les tomaban fotografías en señal de aprobación. «Como decimos en el argot popular, cuchicheaban la situación del narcopresidente. Entonces creemos que a nivel internacional y no solo para los ciudadanos hondureños, la imagen de Juan Orlando Hernández está sumamente deteriorada, incluso para las misiones diplomáticas».

«La compañera de Pro Honduras Network, Gabriela Amador, estuvo dos horas apostada frente al hotel en donde se hospedó Juan Orlando Hernández y tuvieron que sacarlo literalmente por el lugar donde se saca la basura. No es broma, es cierto, lo corroboramos. Desde las 6 a. m. le montamos guardia como decimos popularmente para gritarle cómo nos sentimos como hondureños y la vergüenza que nos hace pasar», explica Lida Perdomo.

Lida Perdomo concluye que su trabajo de incidencia y protesta ciudadana no ha terminado en EE. UU: «También hemos estado haciendo mucha incidencia en los juicios que se llevan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los casos de narcopolítica hondureña, hemos estado ahí presente en esta ocasión».

Narcotráfico

Juan Orlando Hernández conversa con Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el General Orlando Ponce Fonseca, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, esto sucede durante los actos de celebración del Día Nacional del Soldado. Tegucigalpa, 19 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Aunque el narcotráfico es un tema escasamente abordado en la Asamblea General, Juan Orlando Hernández afirmó que es «relevante» para «tantos estados miembros de la ONU», 

«Hay un nuevo tema, que es mi obligación plantear en este foro, que afecta a muchos de los gobiernos», dijo Juan Orlando Hernández, quien añadió que desde que él llegó a la presidencia, Honduras redujo el tráfico de drogas por el territorio «en un histórico 95 %» y que en su gestión se han rendido o capturado 44 narcotraficantes que están hoy bajo la custodia de EE. UU.

El mandatario destacó la existencia de grabaciones secretas hechas por la DEA a narcotraficantes hondureños y expuso que «sin duda» los productores de Netflix, específicamente los escritores del programa Narcos, están estudiándolas. «En 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en las reuniones secretas de varios narcos en Honduras», reveló Hernández.

El líder del Ejecutivo agregó que está comprobado que los narcotraficantes han cometido perjurio en EE. UU. y que «han violado» una condición absoluta para poder recibir cualquier beneficio en el sistema de justicia de los EE. UU.

Juan Orlando Hernández subrayó que a pesar de que los militares hondureños han sido también señalados en estos juicios «el comandante del Comando Sur, se subió a su avión, voló a Honduras, y en una ceremonia pública presentó al máximo comandante militar hondureño, con una importante condecoración que fue vista como una poderosa demostración de que las mentiras no deben ser recompensadas».

«Luego de otros falsos testimonios en Nueva York, el máximo liderazgo de la DEA nos invitó a mí y a mi equipo antinarcóticos a reunirnos con ellos en Washington, donde la DEA emitió una fuerte declaración pública de que el presidente y el gobierno de Honduras son socios confiables y efectivos en la batalla contra el narcotráfico», afirmó.

Reacciones sobre lo expuesto sobre narcotráfico

El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derecho internacional, dijo a Contracorriente que está claro que Juan Orlando Hernández sabe que su salida, como presidente de la República, implica un montón de cuestiones para su seguridad personal en términos de la impunidad de la que ha gozado como presidente. «Es egoísta y antiético que, ante esos foros internacionales, en donde debería de plantear la problemática que vivimos en Honduras lo que haya hecho sea colocar en el debate cuestiones personales», sostiene Mejía.

Joaquín Mejía expresó que Juan Orlando Hernández sabe que no puede hacer ese mismo discurso ante un tribunal estadounidense o ante la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York porque «eso sería su perdición no solo política sino en términos de su libertad».

«Juan Orlando Hernández no solo ha sido señalado por la Fiscalía de EE. UU. de narcotraficante y no solo por el juez Kevin Castel, sino que recientemente recordemos las declaraciones del presidente de EE. UU. en donde señala que Honduras no solamente es un país de tránsito de drogas, sino que es un país donde se produce drogas», agrega Joaquín Mejía.

«De hecho, el último informe, que tiene dos volúmenes, del Departamento de Estado, que es la DEA, sobre el tráfico internacional de estupefacientes señala, en primer lugar, que Honduras es un país de tránsito de cocaína que va a Estados Unidos, en segundo lugar que Honduras es uno de los principales productores de droga que va a EE. UU., en tercer lugar que Honduras es uno de los principales lugares de fuentes para elaborar droga, es decir, que somos país de tránsito, productor de droga y productor de químicos para elaborar la droga y en cuarto lugar, que Honduras es uno de los principales países lavadores de dinero provenientes del narcotráfico», explicó Mejía.

Joaquín Mejía aseguró que estos foros deben ser usados para analizar los problemas globales y colectivos, pero Juan Orlando los aprovechó para defenderse de acusaciones que están claras. «Como resumen, yo diría que es un cobarde. Porque si él está seguro que es inocente que vaya con ese discurso a donde tenga que ir, no es a la Celac ni a la Asamblea General sino a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y a los tribunales que lo están señalando como uno de los narcotraficantes más importantes de la región».

El sociólogo Eugenio Sosa dijo a Contracorriente que la Honduras que Juan Orlando Hernández presenta en foros internacionales es diferente a la que estamos viviendo en la realidad. «Uno se pregunta y no entiende cómo Juan Orlando Hernández es capaz de presentar esa cara, cuando el mundo y la nación hondureña saben de su implicación en esos temas que él está abordando».

Eugenio Sosa asegura que ante el Departamento de Justicia tenemos a un Juan Orlando Hernández «totalmente servido y considerado un hombre fuerte, co-conspirador en el tráfico de drogas». Agrega que el presidente hondureño es alguien acusado de haber usado su investidura y a los altos mandos policiales y militares para posibilitar todo el tráfico de drogas.

«El Departamento de Estado conociendo todas esas evidencias no quiso actuar contra Hernández. Seguro que lo va a hacer hasta ahora que deje de ser presidente y por eso Hernández anda de una manera desesperada en esos foros, colocando discursos que le permitan colocarse con cierta misericordia y también que le permitan negociar», explica Eugenio Sosa.

Economía

El presidente Juan Orlando Hernández dijo durante su discurso que Honduras está levantando la más grande infraestructura que ningún otro gobierno anterior. «Estamos logrando el sueño de hace 200 años, unir el Pacífico y el Atlántico, así como todas las regiones productivas del país. Mejoramos y modernizamos nuestros puertos, aeropuertos, ahora el aeropuerto de Palmerola es el primer paso para la ciudad aeropuerto, como lo será el Villeda Morales en San Pedro Sula», expresó.

El presidente agregó que se puede hablar de un crecimiento significativo de la industria de la maquila en un 70 %: «entramos en una nueva era de la industria manufacturera con plantas modernas para producir el filamento sintético».

No obstante, el empresario hondureño Adolfo Facussé asegura que el presidente está atribuyéndole logros al gobierno que en realidad le corresponden a la empresa privada. «La maquila ha tenido un crecimiento, pero no del porcentaje que dice el presidente. Sino que ha crecido en un porcentaje moderado a pesar de los problemas que ha habido».

Los aeropuertos, en cambio, dice Facussé, lo que han tenido es un deterioro. «El aeropuerto de San Pedro Sula está totalmente descuidado. No se le ha dado mantenimiento y posiblemente llegue un punto en donde las aerolíneas no quieran aterrizar, el único aeropuerto es el que él (Juan Orlando Hernández) ha creado con fondos del Estado y la empresa privada: el aeropuerto Palmerola», añade.

Juan Orlando Hernández también expresó en su discurso que con el programa Vida Mejor «ha atendido a más de 5,7 millones de personas, con más de 41 millones de beneficios, que van desde el mejoramiento de viviendas, hasta la construcción completa de casas».

Facussé asegura que el gobierno tiene ese programa de asistencialismo que está diseñado para ganar votos a favor del Partido Nacional.

Un grupo de activistas nacionalistas descansan protegiéndose del sol con una bandera del Partido Nacional al final de una movilización en apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández durante el juicio en Nueva York al ex diputado y hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

El proceso electoral de noviembre será clave para Juan Orlando Hernández

Para Joaquín Mejía está claro que Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, representa el continuismo de Juan Orlando Hernández. «En estos momentos para Juan Orlando Hernández no es tan importante la Presidencia de la República, sino el control del Congreso Nacional. El Congreso Nacional le va a garantizar impunidad a través de modificación de leyes, recordemos en estos momentos que ya empezaron con que van a crear o que van a aprobar una ley de extradición», expone Mejía.

En estas próximas elecciones Honduras escogerá a los 128 diputados del Congreso Nacional que se encargarán de escoger a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a la persona que ocupará el puesto en la Fiscalía General de la República.

Joaquín Mejía agrega que si el Partido Nacional gana la mayoría en el Congreso Nacional «tendrá garantizada la impunidad, y en ese sentido las elecciones de noviembre son sumamente importantes, ellos saben que se están jugando muchísimas cosas. No podemos esperar que después de golpes de Estado y de fraudes electorales, esta estructura que representa al poder y las fuerzas militares suelte el poder de la noche a la mañana».

Un activista ondea la bandera del Partido Nacional durante una concentración de simpatizantes nacionalistas frente a Casa Presidencial donde se reunieron en apoyo a Juan Orlando Hernández, mientras en Nueva York una corte declaraba culpable a su hermano Juan Antonio Hernández por delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Por su parte, Eugenio Sosa establece que Estados Unidos actúa con Juan Orlando Hernández a dos carriles. «En un carril está el Departamento de Justicia. Y en el otro carril, el directo, el Departamento de Estado de EE. UU».

«Uno puede prever que después del 27 de enero, que toca entregar la investidura, podemos ver a un Juan Orlando Hernández que tenga que rendir cuentas ante el Distrito Sur de Nueva York. Pero hay que decir que si Nasry Asfura logra darle continuidad al Partido Nacional en el gobierno y considerando que Asfura está rodeado de los hombres más cercanos que ha tenido Hernández, probablemente sea un gobierno que ante EE. UU. pueda meter las manos para hacer maniobras de negociación», explica Sosa.

Sosa expone un tercer escenario en donde Juan Orlando Hernández pierde toda protección en el caso de que gane uno de los partidos políticos de la oposición. Con Juan Orlando dando discursos y defendiéndose en foros internacionales, con juicios contra narcotraficantes en Nueva York implicando al presidente en el narcotráfico y con las elecciones generales graves problemas institucionales, las cosas parecen no estar claras en Honduras, en donde en estos meses puede pasar cualquier cosa.

Por Vely Zúniga

Hace un par de meses me tocó dejar mi país para experimentar la posibilidad de vivir en otra parte, con toda la ayuda y la comodidad del caso, me vine con mis hijos a un país europeo.

Alrededor de todo el mundo, pero especialmente en Honduras, la pandemia sacó a flote muchos problemas estructurales de las instituciones que se han visto deterioradas con el paso de los años por pésimas administraciones, muy al contrario de los países desarrollados en donde se trabaja para mejorarlas constantemente. Nunca antes había cruzado por mi cabeza la idea de irme de mi país, pero viendo todos estos eventos me llevaron a planteármelo y a concretarlo. 

En mi caso como diseñadora gráfica independiente, al inicio del confinamiento cuando aún residía en Honduras, casi no tuve trabajo, pero rápidamente el trabajo comenzó a llegar con proyectos que podía realizar desde mi casa y mi situación volvió a ser estable. Una de mis preocupaciones principales eran mis hijos —en clases virtuales por más de un año y sin esperanzas de volver a la presencialidad a corto plazo— verlos sentados frente a una computadora por extensas jornadas, con clases que no lograban entender por lo que su aprendizaje al igual que sus calificaciones comenzaban a verse afectados. Me preocupaba mucho el solo hecho de imaginarme la posibilidad de enfermarnos, en un país con un sistema de salud colapsado es un escenario terrible, casi una condena de muerte.

Ser espectadora de escándalos de corrupción amparados en la emergencia nacional, al igual que a muchos otros hondureños, me puso muy desanimada. Poco a poco sentía que iba perdiendo la esperanza de que las cosas algún día pudieran mejorar, aunque he estado comprometida en manifestar mi descontento cada vez que se convocaba a salir a las calles en señal de protesta. Mi esperanza se estaba desvaneciendo.

Pero lo que me sacudió más fuerte fue ver las postulaciones a cargos de elección popular para las Elecciones primarias: más corruptos, más gente sin la debida preparación, más oportunistas. ¿Acaso estamos tocando fondo? En un momento histórico tan delicado donde toca rescatar el país ¿Esta es nuestra propuesta de salvación? Creo que nunca se había necesitado tanto sacar las mejores cartas y en cambio se está jugando al mismo juego donde solo unos pocos viven bien a costa de que a las mayorías «se las lleve el diablo».

Cada vez que veía una nueva caravana de migrantes abandonar el país me partía el corazón, imaginando la desesperación que debe sentir esta gente para tomar tan difícil decisión y emprender la mortal ruta acompañados de sus hijos.

Si yo, que tengo una situación legal, una casa donde vivir y mis hijos con bienestar, he sentido ansiedad, depresión y un profundo añoro de mi hogar y mi patria, no me puedo ni imaginar lo que esta gente pasa cuando salen de sus casas con una bolsita de ropa y el poquito dinero que tenían cuando tomaron la decisión de marcharse.

La percepción de que todo es mejor afuera tampoco es real, las situaciones varían, pero en general es muy difícil. Todos deberíamos poder vivir felices en la tierra que nos vio nacer. Es injusto que producto de tanto latrocinio e impunidad, las grandes mayorías se vean obligadas a pagar un precio tan caro como el exilio forzado, no tener a nadie a quien recurrir en una patria extraña duele. Ojalá las cosas mejoren pronto y podamos volver a reunirnos con nuestra gente.

Por José Adán Castelar

En la nación más desprestigiada de la tierra, en donde a cada minuto ocurre un crimen, aquel niño quiso romper con el maltrato y huir, buscar su familia que, en ese país, viven como perros y gatos. Pero no tenía dinero para costearse el viaje, atravesar el invierno y llegar hasta donde deseaba; por eso decidió, por su cuenta y riesgo, viajar escondido en un tren. Antes juntó lo único que le interesaba, la única gloria que a su edad podría mostrarle al mundo: sus cuadernos, sus notas escolares. 

Un día, sin que nadie lo supiera, ni Dios ni el conductor, emprendió el viaje hasta que en un lugar parecido a un horno nazi, fue descubierto hecho cadáver, todavía abrazado a unos papeles que mucho o nada prometían de él, congelado en un sitio cuando intentaba demostrar que no hay que aceptar ninguna tiranía, que hay que buscar la libertad y el amor donde quiera que estén, aunque nos cueste la vida y la infancia, aunque ya nunca pasemos el grado. 

Este cuento se reproduce con la autorización y gentileza de los herederos del autor.

Ilustración: Candy Carvajal

Por Teddy Baca
Ilustración de portada por LATUFF 2012


Aunque las principales iglesias del país siempre han mostrado odio hacia la comunidad Lgtbiq+ no es ninguna sorpresa el enorme influjo que han tenido en la toma de decisiones del Estado, pese a ser supuestamente laico, allí tenemos de ejemplo la prohibición absoluta del aborto y la exoneración de impuestos. Me parece que muchas personas (familiares, prensa y activistas políticos) no tienen presente esto y se limitan a decir que «nosotros» somos los que odiamos y cancelamos la libertad de expresión. Todo lejos de la realidad.

En béisbol, cuando el lanzador logra conectar su tiro, se le denomina strike, al tener tres strikes, el equipo contrario tiene más oportunidades de perder el juego por no lograr tener puntos. Y en tres actos, la iglesia fundamentalista de Honduras ha hecho lo que ha querido con la comunidad Lgtbiq+ sin ninguna consecuencia genuina, es decir, siguen impunes y contribuyendo a una cultura que nos tortura y mata por ser diferentes.

Primer strike: censura y prisión

Esto se remonta  antes de 1899, el año en que se despenalizó la homosexualidad. Antes y durante este proceso, la iglesias católica y las iglesias evangélicas más poderosas se propugnaron en contra, aduciendo que se «promovía la perversión». Este berrinche duró hasta inicios de los años 2000, mientras tanto yo estaba en la escuela y en aquel entonces leí el material de una iglesia bautista que estaba a favor de que nos metieran a prisión. Válido, porque la biblia nos condenaba.

Si bien, todos los países de América castigaban duramente la homosexualidad antes y después de su independencia (en su mayoría) de la Corona española, no quita el hecho de que las torturas y encarcelamientos fueron influenciados profundamente por la cúpula religiosa de ese entonces, en el presente no se hace mención alguna porque «eran otros», eso se llama «lavarse las manos».

Segundo Strike: el odio seropositivo y la castración institucional

Si alguna vez tuvieron oportunidad de leer sobre el odio hacia la población Lgtbiq+ entre finales de los 80 y los 90, donde catalogan al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) como «la peste rosa» o «plaga gay», encontraremos que en Honduras no hubo excepción. Juana Castilla en su libro Movimiento LGTB: Trayectoria y Desafíos menciona  cómo el personal de salud, organizaciones religiosas, académicas y la prensa, contribuyeron al rechazo y en muchos casos asociaron a la homosexualidad como la causa de la pandemia, esto —sumado al  rechazo que los evangélicos fundamentalistas del país pregonaban en conjunto con el Estado— obstaculizó que las organizaciones sexo diversas fuesen reconocidas legalmente (parte fundamental para la mitigación de la pandemia) en 2004, hablando de que «se promovían conductas nocivas en lugar de corregirlas». Esto escaló a un punto en el que el Gobierno en turno prohibió constitucionalmente el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, el mensaje fue claro, no les importaba si nuestra población moría, pero debíamos callarnos.

Tercer strike: eufemismos en política y prensa

Desde 2004, las iglesias fundamentalistas, a través de partidos políticos, medios de prensa y ciertas empresas privadas, han instado a la condena moral, el boicot democrático y la discriminación hacia personas Lgtbiq+. Por citar algunos ejemplos con sus respectivas evidencias:

  1. Alberto Solorzano pidió abiertamente que el Estado debe sancionar las muestras de afecto homosexual que involucren compromisos porque según él «atentaba a la moral pública», con relación a la pareja gay que se comprometió en un centro comercial de San Pedro Sula.
  1. Mario Fumero publicó en diario La Tribuna un artículo donde llamaba a la censura de la representación romántica adolescente gay, aludiendo a un «adoctrinamiento».
  1. Evelio Reyes exhortó a la sociedad a que no votara por ningún candidato LGTBIQ+, porque para él «somos enemigos de Dios».
  1. La Iglesia Gran Comisión en 2018 realizó un evento público donde el fundamentalista Sergio Handal llamaba a padres de familia y docentes «a ayudar a jóvenes confundidos» o que quisieran dejar de ser Lgtbiq+, promoviendo con eufemismos las terapias de conversión. Estas mal llamadas terapias son fraudulentas y dañinas, la homosexualidad no es una patología.

La  Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas actualmente promueve una campaña de odio hacia partidos que defiendan los derechos humanos Lgtbiq+ y el aborto por las tres causales, usando el discurso de que se promueve una supuesta decadencia moral, a través de un video que circula en Whatsapp y correos electrónicos. El repunte de esto fue que el 15 de septiembre pasado, Juan Orlando Hernández llamó «enemigos de la independencia» a los activistas Lgtbiq+ y feministas que abogan por los derechos civiles y sexuales.

La libertad de expresión en nuestra sociedad es vista como un capricho o perversión, las personas expresan su odio bajo la excusa de que es la verdad absoluta y libertad de expresión. La moral social en Honduras funciona así: «Te callas o te callan», esto contribuye en gran medida a las migraciones masivas, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y el incremento en la tasa de suicidios. El colapso emocional y la violencia en general no surgen de la nada, son, en cambio, efectos de una sociedad que odia, una sociedad donde los líderes excluyen, censuran y salen victoriosos.

Finalmente, creo que la espiritualidad no debe estar peleada con la diversidad sexual, hay iglesias inclusivas muy respetuosas y otras que tratan de entendernos cuando menos, no hay evidencia alguna para pensar que el odio a la diversidad sexual está justificado. Que la verdad nos libre del fundamentalismo.

El pasado 5 de agosto capturaron a miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) acusados de incendiar la posta policial de este municipio en la zona centro-sur de Honduras. Según los acusados, esta criminalización es consecuencia de su lucha por el Río Grande de Reitoca, desde 2018, ante la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón desarrollado por la empresa Progelsa. Actualmente, solo se encuentran las ruinas de un proyecto que está en pausa después de desarrollarse en un 70 %, sin embargo la división y la violencia han quedado en la comunidad.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Ezequiel Sánchez

 

Eran las 5:40 a. m. cuando a Gissela Rodas, integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), le notificaron por mensaje de texto que comandos policiales se dirigían al centro del municipio. Frente a esto, sus compañeros del Consejo Indígena decidieron reunirse para decidir qué acciones tomar. Minutos después, ellos recibieron otro mensaje, en esa ocasión les advertían: «Compas, mejor no esperen en la entrada porque son demasiados». Era el 5 de agosto y la comunidad seguía en cumplimiento del toque de queda decretado a raíz de la pandemia por COVID-19 (que continúa azotando al país). 

Gissela cuenta que hasta la puerta de su casa llegaron agentes policiales a preguntarle por Wilmer Alonzo, su esposo y también miembro del CILR. También recuerda que, a pesar del nerviosismo, tuvo el valor de exigirle a los agentes una orden de allanamiento. También trató de grabar con su celular todo lo sucedido hasta que uno de los agentes la vio, se lo arrebató y lo tiró al suelo. 

Minutos después de esto, su hermano, Orlando Rodas, líder del CILR, se entregó esa madrugada para evitar que le hicieran daño al resto de su familia. Fue detenido junto con otros miembros del consejo: Andrés Abelino Gutiérrez, Jairo Noé Oliva, Renán Zelaya Vásquez y Jorge Montes. Los policías buscaban a otros diez miembros del Consejo Indígena por suponerlos responsables del delito de incendio agravado a la posta policial del centro de Reitoca, un hecho ocurrido en marzo de 2020. 

Orlando Rodas y sus compañeros no tuvieron la suerte de Magdaleno Flores, coordinador del CILR, quien tiene una orden de captura, pero no se encontraba en Reitoca cuando ocurrió la detención a sus compañeros. Magdaleno aseguró: «No sabía que yo tuviera orden de captura, soy un hombre de 49 años, nunca me han puesto las chachas».

Magdaleno explicó que la persecución y hostigamiento a sus compañeros se remonta al año 2018, cuando decidieron conformar el Consejo ante la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón por la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia Sociedad Anónima De Capital Variable (Progelsa), en la aldea La Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.

Magdaleno Flores es coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), tiene orden de captura por el incendio a la posta policial ocurrido en marzo de 2020. Según los acusados, el fuego fue iniciado por los propios policías. Reitoca, Francisco Morazán, 26 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

«Vimos que la empresa empezó de una forma muy suave, con herramienta de palo y piocha allá por el 2014, en tierras de Lepaterique, pero ya por el 2016 pudimos ver la maquinaria rompiendo y haciendo las excavaciones para una cortina y que ya iba en serio el proyecto, pero que la población de Reitoca no se daba cuenta», expresó Magdaleno.

Magdaleno también aseguró que la población de Reitoca nunca fue consultada acerca de la aprobación del proyecto, y que, además, no se puso en práctica la consulta previa, libre e informada que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento firmado por Honduras, al tratarse de comunidades indígenas lencas. Además, Reitoca cuenta con un título ancestral certificado por el rey Felipe de Castilla, de la corona española que data del año 1735, en el cual se habla de las comunidades indígenas lencas.

La quema de la posta policial

El Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán emitió un sobreseimiento provisional a los acusados de quemar la posta policial en marzo del año pasado, esto por suponerlos responsables del delito de incendio agravado en perjuicio de la Secretaría de Seguridad, y debido a que no se encontraron más elementos de prueba en contra de los acusados. 

Su hermano, Orlando Rodas, cuenta que eran entre doscientos a trescientos policías los que entraron aquel 5 de agosto a Reitoca por medio de dos comandos policiales y otro en Alubaren, municipio aledaño. «Sé que tengo persecución por esta gente del Gobierno, empresa y ahora corporación municipal, por parte del alcalde», asegura. «Como sé lo bruscos que son, salí de mi casa, alerté a mi familia, mis hijos, mi esposa, a todo mundo», indica Orlando.

Los cinco integrantes del consejo detenidos junto con Orlando fueron llevados a Tegucigalpa y fueron acusados de quemar la posta policial de Reitoca el 8 de marzo de 2020. Los acusados manifestaron que, en efecto, sabían que se estaba haciendo una investigación, pero en ningún momento que ellos estaban siendo señalados. Esto porque no se les requirió previamente, ni se les llamó a dar declaraciones.

Reitoca está aproximadamente a 152 kilómetros de Tegucigalpa, capital del país. Una parte de la carretera que conduce al municipio aún no está pavimentada. A medida que se avanza hacia el centro de Reitoca, las fuentes del río atraviesan el camino. Una vez en el centro del municipio, los reitoqueños platican apaciblemente en el parque y reciben cordialmente a foráneos que se detienen en busca de direcciones.

El municipio es el más pobre de Francisco Morazán, con un índice de pobreza del 77 % según el Censo de Necesidades Básicas Insatisfechas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013. De 10,649 habitantes, el 91 % tiene una cobertura educativa hasta un nivel primario. 

No ha sido un municipio conflictivo, según cuentan los pobladores, por lo que la quema de la posta fue un acontecimiento que preocupó a todo el pueblo.

Posta policial Reitoca
La posta policial de Reitoca no tiene indicios del incendio que sufrió hace más de un año. Según los detenidos y acusados de haberlo ocasionado, se montó un operativo de más de 200 efectivos para su detención, donde gasearon a todo el pueblo, hirieron a varias personas y destrozaron inmuebles. Reitoca, Francisco Morazán, 2 de septiembre de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

En el juicio, el pasado 17 de agosto, Orlando Rodas indica que la denuncia fue presentada por el alcalde a la Dirección Departamental de Investigaciones (DPI), en un documento con su firma y no con un sello de la municipalidad. Los testigos argumentaron, según Orlando, que ellos prendieron fuego a la posta policial con cuatro policías adentro y que estos huyeron a un patio trasero al tirar los acusados, supuestamente, bombas molotov al patio del edificio. Pero Orlando destaca que «los bomberos tienen evidencia y fotos de que no hubo fuego en el patio».

El actual alcalde por el Partido Liberal, Marlon Nepthali Osorto, aseguró en entrevista con este medio que firmó la denuncia con la finalidad de que se investigara el caso, pero que, a causa de esto, los miembros del CILR creen que es una amenaza directa a su Consejo. «Ellos alegan que yo estoy con Progelsa, pero no es así, mi conciencia la tengo tranquila», manifiesta el alcalde del Partido Liberal y también candidato a reelección por la alcaldía de Reitoca, a su vez expone que, de ser posible, él está de acuerdo con dialogar con las personas que integran el CILR.

«Nosotros hicimos un Cabildo Abierto en 2018 en donde se declaró a Reitoca zona libre de extractivismo y libre de la represa de Progelsa», indica el alcalde, argumentando que ha estado en contra del desarrollo del proyecto hidroeléctrico desde sus inicios como autoridad de Reitoca.

Reitoca posee un título ancestral desde 1735 y los pobladores realizaron una asamblea a inicios de 2018 para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros, ratificada posteriormente en un Cabildo Abierto convocado por la Corporación Municipal. Reitoca, Francisco Morazán, 26 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Por otra parte, Orlando Rodas advierte que la razón detrás de estos ataques a personas que integran el CILR es porque la empresa continúa organizando reuniones en la comunidad cercana al proyecto hidroeléctrico. «La única forma de que ellos entren (Progelsa) es neutralizándonos a todos, paralizarnos, meternos presos, ya han intentado con soborno, solo falta que nos maten, pero ellos saben que no vamos a dar ningún paso atrás», afirma el miembro del Consejo Indígena.

Y añade que el CILR tiene un liderazgo amplio de unas sesenta personas que influyen fuertemente en el consejo, detrás de ellas, «casi en el mismo nivel son como mil doscientas personas dispuestas a morir por la defensa de nuestros ríos, eso es lo complicado que han tenido aquí en Reitoca», dice Orlando. 

Los vínculos de la empresa con el emblemático caso Astropharma

Magdaleno Flores manifiesta que Víctor Manuel Meza, alcalde liberal de Reitoca en el período 2006-2010, mintió a la población sobre la construcción del proyecto, diciendo que se trataba de una represa de agua potable para beneficiar a los agricultores del lugar con el riego de sus cultivos. Los habitantes decidieron esperar a ver que pasaba, indica Magdaleno, pero fue en 2016 cuando subieron a la aldea La Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, y se dieron cuenta que el proyecto hidroeléctrico ya estaba construido en un 70 %.

Progelsa S.A. fue constituida en enero de 2007, y fue conformada inicialmente por Jack Arévalo Fuentes, Erika Pretushka Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canahuati y Julio Arévalo Fuentes. Fue presentada como Promotora de Generación de Energía Limpia, con la finalidad de tener como actividad principal la generación, venta y distribución de energía eléctrica de cualquier origen, para consumo interno o de explotación y con un capital social de 30,000 lempiras.

Al fundar Progelsa, Jack Arévalo Fuentes tenía experiencia en el sistema público hondureño en lo que respecta a la energía y la gestión de aguas. Arévalo fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el periodo de 1986 a 1990, luego presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional desde 1998 hasta 2002; ya conformando Progelsa, fue gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) desde junio de 2009 hasta enero de 2010. 

Por otro lado, los cimientos de la empresa comenzaron a cambiar hasta llegar a compañías offshore vinculadas a la empresa Astropharma, la misma del escándalo tras un caso de ventas irregulares de medicamentos al Estado. En el año 2010, la señora Kasmir Ibukane Garay Suazo, en representación de la sociedad Bluesky Capital Financial Inc —y siendo también representante de la empresa Río Hydropower Corporation dentro de Astropharma en el mismo año— conforma junto a Boris Iván Arévalo, representante de Progelsa, Aerowind S. A. de C. V. con un capital inicial de 100,000 lempiras.

El agua que fluye río abajo de la Represa Petacón lo hace a través de un canal construido para liberar la presión la cortina de la represa. Según los pobladores de Reitoca, el Río Petacón oscureció su color, bajó su caudal y muchísimos peces murieron cuando comenzaron las explosiones para la instalación de la hidroeléctica. Reitoca, Francisco Morazán, 2 de septiembre de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Bluesky Capital Financial Inc y Río Hydropower Corporation no solo tienen en común de apoderada legal a Kasmir Ibukane Garay, sino que ambas fueron conformadas en el mismo año (2010) y constituidas en Panamá. En el caso de Hydropower, compró el 99 % de las acciones de G.K. American Electronic, empresa que pasa a ser dueña de Astropharma, compañía fundada por la familia Gutiérrez Arévalo en 2009.

En 2011 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), ahora llamada MiAmbiente, otorgó a Progelsa la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, estableciendo mediante el Informe y Dictamen Técnico nro.642-2011 que el proyecto hidroeléctrico Río Petacón es «ambientalmente viable y que cumple las medidas de control ambiental establecidas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA)», según reportaje del medio de comunicación digital Criterio.

Contracorriente intentó contactar en reiteradas ocasiones a MiAmbiente, sin embargo, nunca se obtuvo una respuesta.

Un par de años después, el 10 de agosto de 2013, es celebrado el Contrato nro. 082-2014 de suministro de energía eléctrica entre Progelsa y la ENEE. Aquí se establece que la ENEE en su condición de comprador de energía «manifiesta estar de acuerdo en recibir la potencia y Energía Eléctrica comprometida por el vendedor», en este caso, la Planta Petacón, 11,890 kw de capacidad instalada y una producción asociada de energía eléctrica promedio anual estimada de 26,500 MWh al año, utilizando como fuente el agua.

En 2015 el capital social de Progelsa ascendió a 23 millones de lempiras, y es constituida además por Nadia Kafaty Geadah, representante de la sociedad Investment Corporation S. A. (Incor S. A.), mayor accionista de Progelsa en ese entonces. Es aquí donde el Consejo de Administración renuncia y es elegido un nuevo consejo integrado por Danielle Boscolo Meneguolo, presidente; Pietro Barbujani, vicepresidente; Oscar Enrique Kafaty Geadah como secretario; Julio Alejandro Pohl García como vocal I; y Boris Iván Arévalo como vocal II.

En el siguiente año, se entregan facultades de riguroso dominio a Daniele Boscolo Meneguolo en su condición de representante legal de Progelsa para suscribir contratos para el financiamiento del proyecto hidroeléctrico «Petacón» con el Banco Atlántida S. A. y Banco Hondureño del Café S. A. (Banhcafe). En este contrato también actúa como ejecutora especial de acuerdos de la sociedad mercantil de Progelsa Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto Roberto Micheletti Bain (junio 2009–enero 2010).

Nunca se obtuvo respuesta de Progelsa a pesar de las solicitudes de entrevista por parte de Contracorriente.

En esos años Orlando Rodas comenta que el alcalde Meza estaba en negociaciones con Progelsa, en virtud de que Meza nunca aprobó un sistema de riego por gravedad desde lo alto de Reitoca que beneficiaría a todo el municipio. El presupuesto de este proyecto fue de dos millones de lempiras, y ya estaba aprobado, solo faltaba su ejecución, asegura Orlando Rodas.

El alcalde Marlon Nepthali Osorto asegura que desconoce información relacionada con este proyecto y sobre alguna conexión entre el alcalde de ese entonces (Meza) y el proyecto hidroeléctrico. Del mismo modo, Osorto manifiesta que ha revisado papeleo, puntos de acta, firmas y demás documentos y que nunca ha visto algún convenio o aprobación de la Planta Petacón por parte del exalcalde.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 86 % de la población de Reitoca se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y su principal obtención de agua es por medio de vertiente, río o arroyo.

Esto es lo que ha llevado a muchos del municipio, como a Orlando Rodas, a buscar una salida del país. «Me tuve que ir de migrante otra vez, solo, hablamos con mi papá y me dijo: «No importa hijo, si toca vivir abajo de un puente pues vamos a vivir abajo del puente», porque yo ya me había ido a la quiebra con mis sistemas de riego. Había hipotecado la casa con mi papá, saqué 180,000 lempiras en Banadesa, pero no pude pagarlos», explica Orlando. Ese fue el segundo de tres viajes que ha emprendido a Estados Unidos.

El asentamiento legal de Progelsa

Mediante los Decretos Legislativos nro 73-2016 y 74-2016 es aprobado en el Congreso Nacional el inicio de operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón. En el decreto nro. 73-2016 está incluido el Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para su efecto de aprobación, y teniendo en ese entonces a Oscar Kafaty Geadah como representante legal de Progelsa.

Este contrato establece que el proyecto entrará en vigencia una vez aprobado por el Congreso Nacional y a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; a su vez indica que la duración del mismo «será de cincuenta (50) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente contrato, pudiendo ser renovado o prorrogado a su vencimiento».

Luis Redondo, actual diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y candidato a diputado por la Alianza Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH) en las próximas elecciones, asegura que todos los contratos o decretos de generadores energéticos que llegan al poder legislativo son usualmente presentados por diputados del Congreso Nacional, y que estos deberían ser presentados al pleno con el contrato de la empresa adjunto, sin embargo, esto no es así desde enero del 2014 y en su lugar mandan los dictámenes sin contrato y dictaminados favorables para solo firmar.

«Los contratos de generación de energía que han pasado por el Congreso Nacional desde los tiempos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández nunca han cumplido los requisitos de ley para poder ser aprobados mediante la aplicación de la ley orgánica, entonces, están mal formulados de manera intencional», explica el diputado.

Por lo anterior, Redondo detalla que es posible pedir la inconstitucionalidad en estos casos, pudiendo establecer una nulidad o vicios de nulidad en estos contratos y, de esta manera, solicitar a los generadores de energía la debida seguridad jurídica y la prueba de si sus contratos han sido debidamente aprobados. «Las empresas han sido cómplices de comprar proyectos “llave en mano” al solicitar que estos se aprueben sin cumplir con los requisitos de ley», señala el abogado.

«Si se puede poner orden, pero debe de existir voluntad política, es decir, que no ganen los mismos que le dieron los contratos a ellos (a Progelsa); porque si no, esos contratos van a seguir ahí los cincuenta años», reclama.

En los alrededores de la represa, se encuentran maquinarias e instalaciones abandonadas por los constructores al momento de dejar el área como resultado de la presión de los pobladores en oposición a la construcción de la hidroeléctrica. Reitoca, Francisco Morazán, 2 de septiembre de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Por otra parte, el acuerdo prescribe que la Secretaría Estado en los Despachos de Energía (SEN) podrá poner fin al Contrato de Operación en forma unilateral por las causas indicadas en el artículo 72 de la Ley Marco del Subsector Eléctrico y también por «La incapacidad de la empresa generadora en rehabilitar el proyecto después de un evento de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo razonable a juicio de la Comisión Nacional de Energía (CNE)», siendo ahora la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Mauricio Villeda Zúniga —hijo del excandidato presidencial y actual diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal, Mauricio Villeda—  comparece como ejecutor especial de acuerdos de Progelsa en 2017. Actualmente, Mauricio Villeda hijo, su padre, Mauricio Villeda Bermúdez, Julio Pohl, Anna Paola Michelleti y demás abogados, integran el equipo del bufete Gutiérrez Falla & Associates Law Firm.

Con la representación de Mauricio Villeda hijo, se amplía el capital social a 270,652,100.00 lempiras, siendo accionistas Banhcafe con 154,352,000 millones de lempiras, Sorgente S.r.l. con 100 lempiras y Sorgente Chile Spa (con sede en Santiago de Chile) con 116,201,000 lempiras, figurando Marcio Haroldo Aplicano en representación de Banhcafe y Anna Paola Michelleti en representación de Sorgente S. de R. L.  

«El Congreso no ha derogado el proyecto, pienso que trabajará para debilitarnos, pero eso no va a ser posible, la mayoría de la gente sabe que no podemos perder la única fuente de agua que tenemos», expresa Magdaleno Flores.

Luis Redondo asegura que los habitantes de Reitoca pueden pedir la derogación del decreto que aprueba el inicio de operaciones de la hidroeléctrica, debido a que no existió una consulta previa e informada a la comunidad, y pudiéndose amparar en el cabildo abierto realizado en el 2018 como en el Convenio 169 de la OIT firmado por Honduras.

Magdaleno detalla que desde los inicios del Consejo Indígena de Reitoca (CILR) en 2018, antes llamado Protección Río Reitoca, las autoridades han atacado directamente a sus compañeros. En enero de 2018 fueron heridos de bala Andrés Gutiérrez y Miriam Osorto, cuando se encontraban en el campamento a las afueras de la hidroeléctrica y comandos policiales quisieron desalojar a las personas que estaban en el lugar. Un año después, policías secuestraron a dos compañeros, a quienes trasladaron en carro particular después y torturaron en el camino. Fueron regresados siete horas después, explica Magdaleno.

Orlando Rodas ha sido una figura destacada en la defensa del Río Grande de Reitoca y describe que desde sus inicios en la defensa del río ha sido hostigado por las autoridades. «Dijeron que yo había traído armas y que era un exmilitar, esto por una fotografía en donde tengo una mochila con estampado militar que había traído de los Estados Unidos», manifiesta Orlando.

Orlando Rodas, uno de las cinco personas detenidas el 5 de agosto —y luego liberadas— por la quema de la posta policial hace más de un año, fue uno de los pioneros en instalar durante tres meses un campamento al lado de la represa para frenar su construcción. Reitoca, Francisco Morazán, 26 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

La organización y resistencia del CILR en la instalación del campamento a las afueras de la cortina de la hidroeléctrica también disparó las alarmas de las autoridades de la zona. Orlando asegura que por esta razón también se le señaló de tener formación militar, debido a que la población del lugar nunca había puesto resistencia a la represión de las autoridades, como en otras ocasiones.

«Una vez llegaron doscientos cincuenta (militares) y a eso se le hizo resistencia, otra vez habíamos estado por quince días en el campamento, llegaron con policías, aún así, pusimos resistencia. Yo fui uno de los primeros en subir a la montaña para ver lo que pasaba con el proyecto», indica Orlando. Además, explica cómo según las autoridades él ha sido financiado por distintas organizaciones para crear caos en Reitoca e impedir la realización del proyecto hidroeléctrico.

«Una vez me encontré con mi hijo en una manifestación, verlo defenderse y luchar al lado mío me llenó de satisfacción, pero al mismo tiempo de temor. Aprender a vivir con este dolor, ver que mi hijo está creciendo y saber que mis padres sufrieron cosas así, que yo estoy sufriendo cosas así». Orlando toma una pausa al hablar de su familia e hijos, su garganta se anuda al hablar de ellos. Pero se repone y explica que últimamente ha pensado en mandar a sus hijos a Estados Unidos debido a las pocas oportunidades de empleo y al hostigamiento que él vive en la defensa del río.

De igual manera, él también está considerando irse del país por una cuarta vez, aunque afirma que es mayor el sentimiento de lucha. «Pienso en el dolor que esto causa a mi familia, pero ¿y si a mí no me pueden quitar esto de luchar? No me arrepiento. Y no me voy a arrepentir. Reitoca es como la piedra en el zapato de todo el país, porque lo que es Reitoca y Guapinol son en este momento las banderas de lucha», asegura Orlando.

Un conflicto político

«Al final lo han hecho más políticamente, yo fui a la lucha dos veces, pero miré muchas cosas que no me parecieron y yo como una persona jurídica, como una persona de gobierno, no me quise exponer», asegura Marlon Nepthali Osorto, actual alcalde de Reitoca.

El edil manifiesta que no tiene nada que ver con el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, debido a que este empezó antes, y su mandato inició hasta el año 2018. Las relaciones entre el alcalde y el CILR no han sido las mejores, en virtud de que el primero asegura que la lucha del Consejo Indígena ha sido política y con la finalidad de colocar a alguien afín al consejo en la alcaldía.

Por otra parte, el CIRL expresa que Marlon Nepthali Osorto ha utilizado distintos mecanismos para llegar y quedarse en la alcaldía de Reitoca. «En las elecciones del 2017 compró su candidatura con dinero», señala Magdaleno Flores, explicando que Osorto es concuño del exalcalde Víctor Manuel Meza, quién ahora cumple una pena de 146 años en prisión al ser declarado culpable por seis delitos de asesinato en el año 2016. Al igual que Victor Manuel Meza, Marlon Osorto también es candidato por el Partido Liberal.

Marlon Nepthalí Osorto busca su reeleción como alcalde de Reitoca por el Partido Liberal. Osorto dice estar en contra del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y a favor de lo dictaminado por el Cabildo Abierto: declara Reitoca como un municipio libre hidroeléctricas y mineras. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

El actual alcalde de Reitoca asegura que nunca han sido cercanos, más que en reuniones familiares en su momento. «Lo he ido a visitar a prisión un par de veces, pero nada más. Yo en realidad fui como un outsider, yo creo que la gente quería ver algo de afuera, algo nuevo, y eso fue lo que sucedió en Reitoca. Nunca he andado en política, ni he trabajado en política, yo tengo mi negocito ahí y juego al fútbol», explica Osorto.

«Yo no tengo absolutamente nada que ver con el proyecto porque primeramente eso no empezó cuando yo estaba, vino a reventar en el 2018. Cuando yo agarré la batuta ya había avanzado más de un 50 % la represa», asegura el alcalde.

El candidato a reelección por el Partido Liberal argumenta que en las elecciones primarias se dio algo «atípico», ya que fue tanta la afluencia en las urnas de votación en Reitoca, que las papeletas se acabaron y por eso se quedó mucha gente sin votar. Del mismo modo, el alcalde indica que siempre en el Partido Liberal, pero por la otra corriente, estaba Johel Zelaya, afín al Consejo Indígena, pero que este resultó perdedor y eso causó que miembros del CILR provocaran caos y violencia en la comunidad ese día, pues lo que buscan es el poder, asegura el alcalde.

«Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros ganamos fue un caos, golpearon a un niño en la cabeza y a un señor también en la frente. Yo estaba en la casa que fue apedreada, pero yo soy una persona que todo se lo dejo a Dios y al final yo creo que Reitoca tiene que cambiar y también creo en la justicia de mi país», afirma el alcalde.

Un habitante de Reitoca, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, dijo que al Consejo Indígena se han integrado individuos que no tienen como finalidad la protección del río en Reitoca, sino crear caos y división. «Se han tomado varias veces la alcaldía, han querido saquear fondos de la misma y han amenazado a personas del lugar que no estén de acuerdo con sus acciones, aunque todos estemos en contra del desarrollo de la hidroeléctrica», asegura esta persona.

La fuente confidencial expresa que el vuelco en contra del alcalde Marlon Nepthali se da porque anteriormente él brindaba apoyo al campamento del Consejo Indígena en las afueras de la represa, pero cuando este proyecto quedó en pausa y cesó el apoyo económico, el CILR se posicionó en contra del alcalde. «Ahí hay bastantes intereses propios y no hay causas tan nobles. Respetamos su labor en la defensa del río, sin duda, pero todo ya se ha vuelto político», declara.

El Consejo Indígena Lenca, por su parte, afirma que el alcalde actual ganó por medio de fraude las pasadas elecciones. «El alcalde actual trajo un contingente policial, andaban entre cincuenta a sesenta policías en horas de la madrugada, gasearon las urnas y se las llevaron al Infop. Después resulta que el alcalde aparece con la mayor cantidad de votos, pero en realidad el pueblo sabe que ellos lo que hicieron fue robarse las urnas para poder revocar el gane de Johel Zelaya», explica Magdaleno Flores.

Magdaleno asegura que el alcalde está en contra de las acciones del CILR, y, por lo tanto, a favor del proyecto hidroeléctrico. El Consejo Indígena pretende inscribir a Rosibel Flores —miembro del CILR y esposa de Orlando Rodas— como candidata a alcaldesa por el Partido Libre en estas próximas elecciones generales.

«Tenemos que pensar la situación, la gente está lista para apoyar algo más, no sabemos si será ella o si ella va a disponer para que sea otro, porque ir a elecciones en contra de alguien que ya es non grato en el pueblo, es tremendo», dice Magdaleno, dando indicios de que todavía queda mucho conflicto por delante para Reitoca.

Por Josué Álvarez
Foto de portada: Pixabay

—Licenciado… —La voz, de un inconfundible acento de barrio, salió de una figura corpulenta e intimidante. Era Gilberto, alumno de la sección nocturna de Apreciación Literaria. La clase recién había terminado.

—Dígame —le contesté, sin dejar de borrar de la pizarra El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas y otros títulos.

—Vengo a que me excuse… ayer no vine.

—Ajá, cuénteme.

—Mire que mataron a mi hermano.

Avergonzado, hice un silencio. Quedaron a medio borrar Salto mortal y Cartas a los años de nostalgia.  Y solo pude decir que lo sentía y que no se preocupara,  de todas maneras la clase venía empezando y que el semestre era largo.

Gilberto no era un estudiante participativo. Más bien de aquellos que solamente hablan cuando se les pregunta,  responden de manera simple y concreta. No le interesaba la literatura. La única vez que habló frente a todos fue para secundar mi opinión, que la ficción no era una mentira.

—Al menos eso dijo un profesor en el colegio —se defendió cuando lo acusaron las miradas de sus compañeros.

Según me fijé en el registro de matrícula, Gilberto estudiaba Derecho, pero por su aspecto yo no lo hubiera ubicado ahí. No recuerdo haberlo visto con una prenda distinta a unas camisas negras con caras de reguetoneros al frente, y jeans. No dejaba crecer demasiado su pelo, y lo adornaba con alegres diseños. Tenía una que otra mancha amarilla, el rastro de alguna tintura anterior. Su mirada: la de un lobo desafiante pero acorralado. 

No se presentó al primer examen, fue el único que no lo hizo. Al día siguiente, también al terminar la clase, escondiendo los ojos y con la voz medio desesperanzada, me dijo:

—Lic.

Ahora le respondí mirándolo:

—Dígame.

—Mire que no vine ayer al examen porque se murió mi tío… Bueno, lo mataron.

Siempre he sido de creerles a los estudiantes, pero ese día sentí que Gilberto me estaba tomando el pelo.

Alcé las cejas, como pidiéndole una explicación, y entendió. Me contó que vivía en la Barrio Nuevo. Que los mareros pensaban que su tío había liderado un asalto a un carro repartidor y que, por eso, hace algunos años, lo habían querido matar.

—Usted sabe que ellos no dejan que nadie toque el barrio.

De todas maneras, la policía lo había agarrado con unas bolsitas de marihuana, así que había estado metido en la cárcel dos años. Y al salir, lo mataron.

—Yo casi me voy en la colada también, lic.

Confundido, y sintiéndome bastante tonto, le di mis condolencias, le dije que no había problema, que el examen lo podría hacer en reposición.

Un par de semanas después el hecho se repitió, pero Gilberto me dio menos detalles. Supongo que porque no había perdido ninguna actividad que sumara puntos. Simplemente me dijo:

—Licenciado…

—Dígame. —Ahora, viendo la pizarra como la primera vez.

—Yo sé que usted ha sido muy comprensivo, pero fíjese que mataron a mi papá. Y bueno, por eso no vine ayer.

De nuevo, a pesar de que ya no le creía, le dije que lo sentía, que no se preocupara, que no habíamos sumado puntos.

Al segundo examen se presentó y recuerdo que sacó una nota decente. Calculé que, aunque era el más emproblemado del salón, con un buen tercer parcial podría pasar. 

Pero al tercer examen no se presentó. De nuevo fue el único. Tampoco llegó a recoger sus notas al día siguiente. Había reprobado, no había nada que hacer. «Uno más que se rinde», me dije, «al menos no tendré que oír otra excusa».

Al otro día ya no hubo clases. Como cada vez que acababa el semestre, fui por un par de cervezas. Me las tomé en casa, solo. Sin embargo, las disfruté: ese día jugaban los Mets contra los Cardenales. Un partido largo. Antes de que cerrara la novena entrada, me tocaron la puerta. Fui.

—Licenciado —me dijo una figura pálida, borrosa e inverosímil—. Mire que no fui al último examen porque me mataron…

Hay tres fuentes notables de financiamiento indebido en los partidos Nacional y Liberal de Honduras, dos de ellas claramente ilícitas: la corrupción y el narcotráfico, y una tercera, «la cuota del partido», con la cual el Partido Nacional ha obtenido HNL 717 millones (unos USD 30 millones) desde enero de 2016 hasta julio de 2021. Esta aportación de empleados públicos además de ser una fuente de clientelismo político, se convierte en delito cuando se hace de forma inconsulta. Ese tridente ha puesto siempre al partido que esté de turno en una ventaja abismal en comparación con los demás.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix, Antonio Gutiérrez y Fermando Silva

 

El pasado 30 de agosto dieron inicio las campañas políticas de todos los candidatos a elección popular para el proceso electoral de noviembre de 2021. Son 33,000 los ciudadanos hondureños que optan por un cargo de elección popular, y aunque hay catorce partidos políticos en contienda, son los partidos más tradicionales los que realizaron las concentraciones más grandes en estos días: el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN). 

En la carrera por el poder, es fundamental el financiamiento detrás de los partidos y que la ciudadanía conozca la procedencia de los fondos, por esto los  partidos políticos han estado subiendo sus reportes financieros al Portal Único de Transparencia del Instituto Hondureño de Información Pública (IAIP), aunque en ellos no se puede conocer la identidad de los grandes aportantes privados. 

En los reportes se pueden observar los fondos percibidos por concepto de la deuda política (financiamiento estatal), pero también se aprecia el ingreso de algunos fondos correspondientes al financiamiento privado, en donde solamente el PN reporta «aportaciones voluntarias», que son conocidas como la «cuota del partido», el PL y el Partido Libertad y Refundación ( Partido Libre) presentan reportes sobre «registro de aportaciones».

El PN recibió entre enero y julio de 2021 un poco más de HNL 100 millones  (USD 4.1 millones) para financiar su campaña política con fondos provenientes de la cuota de partido, lo que representa un aumento de HNL 30 millones en comparación con el mismo periodo de los años 2019 y 2020.

Nasry Asfura
El nacionalista Nasry Asfura realizó el lanzamiento de campaña por la presidencia en el campo Agach de la ciudad de Choluteca. En ese contexto, envió un mensaje de unidad y motivación a los activistas del partido político para buscar una victoria contundente en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre. Choluteca, 29 de agosto de 2021. Foto: Fernando Silva.

«A nosotros nos piden una cuota para la campaña del PN. La cuota de un médico por contrato son HNL 3000, si tenés solamente un contrato con ellos. Pero si tenés dos contratos son como HNL 10,000 los que tenés que darles», expresó a Contracorriente un joven médico, que, por razones de seguridad y temor de perder su empleo, pidió la protección de su identidad. 

La fuente agregó a Contracorriente que cuando comenzó la campaña de las elecciones primarias de 2021, se acercaron los líderes del PN para pedir su colaboración. «Te dicen que tenés que apoyar al partido, así como ellos te están apoyando a vos con trabajo. Eso es parejo, desde la aseadora hasta el médico especialista, ellos te piden una cuota».

Un reporte publicado por el PN sobre aportaciones voluntarias publicado en el mes de abril de 2021.
Un reporte publicado por el PN sobre aportaciones voluntarias publicado en el mes de abril de 2021.

Según el portal Abriendo Datos de Contracorriente, en 2016 el PN ingresó HNL 98,334,568.18 en concepto de aportaciones de empleados; en 2017 obtuvo HNL 133,257,058.29; en 2018 alcanzó los HNL 132,620,587.52 ; en 2019 recaudó HNL 140,159,970.71 y el año 2020, el PN recibió HNL 108,986,741.36. Hasta julio de 2021, el PN ha recaudado un total de HNL 717,182,984.44.

Siendo más minuciosos, podemos notar que el mes de abril de 2021, un mes después de las elecciones primarias, el PN recibió un incremento importante en concepto de aportaciones voluntarias, siendo el total  HNL 24,969,955.89, comparados a los HNL 11,420,790.63 captados en abril de 2019 y HNL 11,570,766.80 en abril de 2020.

El PN lleva tres periodos gubernamentales consecutivos realizando deducciones a más de 100,000 empleados públicos, la mayoría a través de planillas. La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, candidata a diputada de una alianza opositora, aseguró a Contracorriente que las retenciones al personal sanitario, en muchas de las ocasiones, se han realizado sin autorización.

«Se les hace una retención a los médicos por contrato que anda en un promedio de 2000 lempiras mensuales, esta cuota, como lo explicaba, no es autorizada y prácticamente es obligatoria, porque si el personal manifiesta que no quiere aportar pues simplemente se le suspende el contrato, esta situación la denunciamos en su momento ante la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih) como un financiamiento ilícito para las campañas políticas», explica Figueroa.

El artículo 24 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, numeral 3, establece que la deducción de forma inconsulta para la cuota de partido es un delito, ya que este señala que están prohibidas las «contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada o descentralizada, sin previa autorización de estos. Se prohíbe que sin la autorización respectiva se pueda constituir las deducciones. La omisión de la autorización constituye un hecho delictivo».

El economista y sociólogo Julio Raudales le dijo a Contracorriente que durante sus 25 años trabajando en el Gobierno, desde 1989 hasta el 2014, siempre le fue deducida la cuota del partido, independientemente del instituto político que estuviera en el poder. 

«Siempre existió eso. Cuando yo entré al Gobierno estaba José Simón Azcona (1986-1990) y me deducían por planilla y luego vino el Gobierno de Rafael Callejas (1990-1994), el de Carlos Roberto Reina (1994-1998), el de Carlos Flores (1998-2002), Ricardo Maduro (2002-2006) y también en el de Manuel Zelaya (2006-2009). Siempre le deducen a uno esto, en el entendido de que el Partido necesita financiamiento, no es nuevo», revela.

Aportaciones de empleados del PN desde enero de 2016 hasta julio de 2021

Tiempo

Cantidad

Enero-diciembre 2016

L. 98,334,568.18

Enero-diciembre 2017

L. 133,257,058.29

Enero-diciembre 2018

L. 132,620,587.52

Enero-diciembre 2019

L. 140,159,970.71

Enero-diciembre 2020

L. 108,986,741.36

Enero-julio 2021

L. 103,824,058.38

Total

L. 717,182,984.44

Fuente: Portal Abriendo datos Honduras de Contracorriente y Portal Único de Transparencia.

Julio Navarro, quien es catedrático universitario, dice que tradicionalmente los empleados públicos cotizaban el 3 % del salario para el partido de gobierno, incluso en los organismos en los que coexistían miembros del PN y el PL.

«Cada partido le cobraba un porcentaje que necesitaban las instituciones políticas, pero eso legalmente hoy no existe y entonces obligan al empleado a que firmen, y al firmar la deducción él está autorizando como en forma voluntaria, un aporte a su partido, pero todos sabemos que para un 80 % de los empleados es una especie de coacción de carácter económico para mantenerse en los cargos», comenta Julio Navarro.

aportaciones partido liberal
Publicación de aportaciones privadas del Partido Liberal correspondiente al mes de abril de 2021

Bill Santos, coordinador de campaña del PL, al ser consultado sobre las aportaciones de empleados públicos del PL, dijo a este medio que varias instituciones estatales les han quitado la deducción por planilla a muchos empleados liberales: «Nosotros teníamos deducción a empleados en algunas instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP), por dar un ejemplo, pero el RNP quitó las aportaciones que iban destinadas al PL, pero no hizo lo mismo con el PN, a ellos se les siguió dando», explicó.

Contracorriente consultó sobre esto al licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, quien asegura que la cuota del partido está prohibida en la ley, pero explica que hay «una salvedad». El comisionado Javier Franco expuso que la única forma para que los empleados públicos puedan aportar a la campaña de un partido político, es a través del «mutuo acuerdo», es decir, que ellos autoricen.

El exfiscal general de la República Edmundo Orellana Mercado, experto en derecho administrativo, aseguró a Contracorriente que si las deducciones no son consensuadas constituyen un claro delito y por lo tanto el resultado deriva en un financiamiento de carácter ilícito.

Pero para Suyapa Figueroa, aunque miles de las deducciones se están haciendo de forma arbitraria e inconsulta, muchos no se atreven a denunciar «porque si lo hacen no les renuevan el contrato».

Edmundo Orellana, en su periodo como el primer fiscal general de Honduras (1994-1999), pidió que la cuota del partido se prohibiera cuando se hacía de forma obligatoria: «Cuando fui Fiscal General le mandé una nota al ministro de finanzas de la época, en donde yo le decía que esa costumbre que se había empotrado en el Gobierno debía ser erradicada de inmediato porque era delito y solamente por expresión manifiesta de la voluntad del empleado podría deducirse dinero y así se hizo», explicó Edmundo Orellana.

Orellana agregó que actualmente los empleados están siendo forzados a dar su aporte: «Si no lo hacen, los destituyen, y es una lástima que el Ministerio Público no haya estado vigilante». Entre el 2020 y 2021, el Gobierno de Honduras ha contratado a miles de hondureños,  mediante los programas Con Chamba Vivís Mejor y Código Verde.

En enero de 2019, la Presidencia de la República informó en una nota de prensa que un total de 28,000 nuevos empleos se habían generado gracias al Gobierno de Juan Orlando Hernández con estos programas.

Pero durante  la  pandemia  por COVID-19 se ha contratado a más personal. Honduras reportó el primer caso de COVID-19 en marzo de 2020, meses más tarde cientos de médicos y  enfermeras fueron contratados temporalmente.

Para el abogado Ernesto Paz Aguilar, docente universitario y doctor en ciencias políticas, la cuota del partido es el agujero negro del financiamiento político en Honduras. «Hace unos 25 años eso rondaba en unos 25 millones, pero ahora eso está multiplicado, es una enorme cantidad de plata», explicó Paz Aguilar.

Paz Aguilar dice que es bien difícil de probar que la cuota de partido es ilícita porque obligan al empleado a firmar en blanco: «La gente autoriza y usted escoge entre ser empleado público y contribuir al partido que le dio el trabajo o quedarse fuera.»

Para financiar las campañas de las elecciones primarias en 2012 y elecciones generales en 2013, el PN dedujo dinero de sus planillas a 100,000 empleados públicos que cumplían labores en distintas instituciones. El dinero era transferido mensualmente a las cuentas del Comité Central del PN (CCPN), que para entonces era administrado por la corriente Azules Unidos que llevaba como candidato a Juan Orlando Hernández. Una fotografía publicada por Diario El Heraldo, firmada por Hilda Hernández Alvarado, la hermana fallecida del actual presidente de la República, dio a conocer la tabla para efectuar las aportaciones.

Según el portal Abriendo Datos de Contracorriente, el PN, PL y el Partido Libre han reportado HNL 680 millones en aportaciones privadas, entre 2016 y febrero de 2021. Esto equivale a USD 28.1 millones al cambio vigente en junio de 2021.

Publicación de aportaciones privadas del Partido Liberal correspondiente al mes de abril de 2021

En ninguna de estas aportaciones privadas —el mecanismo que más dinero ha aportado a los partidos políticos— está identificada con nombre o documento de identificación del donante o aportante. En ciertas ocasiones, los partidos optaron por identificar los fondos entrantes como «militantes del partido». Esto representa más que la deuda política que en el caso del Partido Libre, PN y PL han recibido desde 2015, un total de HNL 155 millones, aproximadamente USD 6.4 millones al cambio actual.

Lo anterior violenta el artículo 39 de la Ley de Financiamiento que establece que «no se puede reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados».

A pesar de que esos 680 millones reportados no nos dicen nada por sí mismos, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, le explicó a Contracorriente que para auditar a los partidos políticos también se debe tomar en cuenta lo que publicitan en los medios, las vallas publicitarias, entre otros gastos, muchos de los cuales no figuran en los reportes financieros.

«Solo en 2017 auditamos cerca de HNL 950 millones, fue el primer paso de la historia democrática hondureña. Anteriormente se hablaba de miles de millones de lempiras. En esta elección primaria logramos auditar cerca de HNL 370 millones. Y estamos esperando este periodo general para ver a qué monto llega», sostuvo Franco.

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, junto al alcalde progreseño, Alexander López, luego del fallido intento de alianza que tuvieron junto a Libre. Tegucigalpa, 19 de abril de 2021. Foto: Martín Cálix.

Un informe sobre elecciones primarias 2021 recogió el monitoreo de la publicidad electoral en televisión y radio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sobre los gastos que hicieron los precandidatos que participaron en las elecciones primarias del 14 de marzo.

Hubo un dato interesante: el PN y PL hicieron una inversión publicitaria del mismo nivel en los medios corporativos estudiados, con un valor que ronda los HNL 24 millones, contra apenas HNL 6.7 millones del Partido Libre.

El coordinador de campaña del PL, Bill Santos, asegura que su partido ha cumplido con la política limpia entregando informes sobre las pasadas elecciones primarias y que lo mismo harán en estas elecciones generales brindando información sobre los tres niveles de elección popular.

Bill Santos reveló a Contracorriente que «todos los candidatos liberales tienen amigos que les ayudan a financiar sus campañas políticas. De tal forma que esas aportaciones privadas solo son temporales y dependiendo de cómo vaya el partido en las encuestas, también estas aportaciones pueden subir o pueden bajar», explicó.

Bill Santos informó que las aportaciones privadas representan el 60 % del financiamiento del PL y agregó que son las que sacan a flote al partido, permitiéndole realizar la campaña. «El 40 % restante se financia con aportaciones propias de los candidatos y con algunas aportaciones que ingresan al partido en tiempos de campaña como la deuda política», agregó.

Contracorriente intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el coordinador de campaña del PN para que diera su versión acerca de las supuestas irregularidades relacionadas con la cuota del partido y además sobre otros mecanismos de financiamiento ilícito que constan en requerimientos fiscales, sin embargo, no contestó a nuestras llamadas y mensajes.

Unidad de política limpia sin capacidad para auditar a todos

Javier Franco de la Unidad de Política Limpia, reveló a Contracorriente que esta institución cuenta apenas con 60 auditores a nivel nacional para auditar a más de 33,000 candidatos a elección popular que serán protagonistas en las próximas elecciones del último domingo de noviembre. Esta unidad se creó en 2017 después de que la Maccih ayudó a revelar el financiamiento ilícito de campañas en 2012 y 2013.

Javier Franco agregó que la Unidad de Política Limpia cuenta con un presupuesto anual de HNL 20 millones (USD 834,000), pero que les aprobaron HNL 60 millones adicionales (USD 2.5 millones) por ser año electoral.

Esta unidad responde institucionalmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el que dicta las pautas. El CNE es el máximo órgano electoral de Honduras, el cual es dirigido por tres abogados que representan los intereses de los partidos PN, PL y Partido Libre.

La candidata del Partido Libre a la presidencial del país, Xiomara Castro, durante su discurso a la asamblea nacional de su partido. Tegucigalpa, 28 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Para entender por qué instituciones electorales como el CNE están tuteladas por representantes de partidos políticos, hay que remontarse a enero de 2019, cuando después de negociaciones entre las bancadas de PN, PL y Libre, el Congreso Nacional aprobó con una mayoría abrumadora la creación de nuevos órganos electorales debidamente colegiados, cada uno de ellos integrado por funcionarios que representan a los tres partidos políticos antes mencionados.

Javier Franco expuso que la Unidad de Política Limpia, debido a la gran cantidad de candidatos inscritos (33,000), se concentrará solamente en 6000 candidatos, para lo cual cuentan con el respaldo —desde el pasado 30 de agosto, cuando iniciaron las campañas electorales— del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE). El comisionado detalló que de esa forma buscarán monitorear la propaganda en prensa escrita, medios digitales, televisión y radio, hasta el 30 de noviembre. «Hay municipios a donde no llegaremos. Pero por lo menos estaremos en todas las cabeceras departamentales y vamos a realizar el monitoreo en los grandes medios», explica.

El sociólogo Asís Castellanos, investigador del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), tras hacer un análisis sobre lo reportado hasta ahora por los partidos políticos en los portales de transparencia, asegura que es difícil tener cifras confiables sobre cuánto dinero proviene del sector privado. 

«Sin lugar a dudas el financiamiento privado es el más elevado, hay una fuente que puede provenir de la narcoactividad y de otras actividades ilícitas que no están siendo registradas por el sistema bancario», explica Asís Castellanos.

Castellanos agrega que «en el informe de política limpia de 2017, se afirma que no hubo dificultades y que no encontró procesos ilícitos de financiamiento político, esa afirmación, en el contexto ampliamente conocido por la población, es difícil de creer, sobre todo si vemos cómo financió el partido de gobierno las elecciones de 2013».

Los fondos ilícitos de las campañas

El narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros influía en la política hondureña reuniéndose en fiestas con políticos, militares, altos jerarcas de la Policía, Fuerzas Armadas (FF. AA.) y hasta con agencias de seguridad norteamericanas. Fue detenido en abril de 1988 en Tegucigalpa y, sin tratado extradición, fue sacado del país y encarcelado en Estados Unidos (EE. UU.), acusado de secuestro, asesinato y narcotráfico.

Antes de Matta Ballesteros, Honduras no contaba con la suficiente institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico, pero en la década de los 90 ocurrieron cambios significativos como la abolición del servicio militar obligatorio e intentos para fortalecer a la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones que siempre mostraron debilidades institucionales.

No obstante, el golpe de Estado en contra de José Manuel Zelaya (2006-2009) terminó debilitando al máximo al Ministerio Público y a la Policía Nacional, asimismo, el Poder Judicial sufrió enormes retrocesos. El poder político pasó totalmente a manos del PN y poco a poco ha continuado regresando la hegemonía de las FF. AA, con la creación de policías militares.

Un pelotón femenino del Ejército hondureño marcha durante los actos de celebración del día nacional del soldado hondureño en la capital del país, al final de la marcha, cada pelotón se encontraba con el presidente Juan Orlando Hernández a quien saludaban como su comandante en jefe. Tegucigalpa, 19 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

La crisis generada por el golpe de Estado de 2009 sacó a relucir las noticias sobre carteles como el de Los Cachiros, que estaba revolucionando la vida comercial en el departamento de Colón, zona del Caribe y permitió la incursión en la política de narcotraficantes como Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que llegó a ser diputado en el Congreso Nacional. 

En enero de 2012, se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición, lo que activó el convenio entre Honduras y EE. UU. suscrito a principios del siglo XX.

Con la extradición aprobada, entre el 2013 y 2015 los líderes del cartel Los Cachiros —aduciendo temor de ser asesinados en Honduras— se entregaron a la justicia de Estados Unidos. Uno de ellos, Devis Leonel Rivera, confesó en los juicios de Nueva York que había financiado campañas políticas.

El exdiputado nacionalista «Tony» Hernández fue enjuiciado en EE. UU. por cuatro delitos. En marzo de 2021, fue condenado a cadena perpetua más treinta años de prisión por ser considerado un narcotraficante a gran escala.

En un juicio todavía desarrollándose en Nueva York, fiscales estadounidenses indicaron que el presidente actual Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y aspirante a la presidencia del país— prometió proteger al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de dinero para financiar su campaña política de 2013 en busca de la presidencia, a la cual logró llegar.

Fiscales estadounidenses han reiterado en el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, que Juan Orlando Hernández hizo partícipe a las FF. AA. y se reunió con el empresario de la zona norte Fuad Jarufe para financiar su campaña de 2013 con dinero proveniente del lavado de activos, indica ese documento.

Según un documento publicado en enero de 2014 en el sitio web del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), denominado Impacto Financiamiento ilícito de partidos políticos en Honduras, para el 2013, el Estado financió el 8.13 % de la campaña, mientras que el 91.87 % fue financiado por fuentes en su mayoría desconocidas y oscuras.

El Estado de Honduras aportó para la campaña electoral de 2013, la cantidad de HNL 95.1 millones en concepto de deuda política. Sin embargo, según el análisis del documento publicado en el Cedoh, para las elecciones de 2013, se gastaron HNL 1000 millones, equivalente a USD 44.8 millones al cambio actual, cuya fuente financiera fue en gran parte desconocida.

Según un análisis del proceso electoral, financiamiento y transparencia en el 2013, las organizaciones de narcotráfico, al invertir en política pretenden al menos tres propósitos claramente perfilados, los cuales son: «facilidades e impunidad para operar en el territorio de los países;  permisividad para realizar las inversiones con las que se ejecuta el lavado de activos y protección contra la extradición de personas ligadas al narcotráfico». 

Debido a estos antecedentes, a principios de agosto de 2021, el recién nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, externó la preocupación de los EE. UU. por el financiamiento del crimen organizado en campañas políticas de Honduras.

Ricardo Zúñiga dijo a periodistas de Centroamérica que existe preocupación por la entrada de dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones a campañas. «Eso no es solo en Honduras, pero obviamente es una gran preocupación cuando vemos que existen estas amenazas de intereses nacionales que a final de cuentas afecta a toda la comunidad internacional», apuntó Zúñiga.

Pero para comprender la preocupación de EE. UU., hay que entender cuál ha sido su papel en el tráfico de drogas y su relación con los distintos actores en Honduras.

«Se hacen transacciones legales para blanquear activos y en donde además el Estado ha puesto a disposición del crimen organizado sus mecanismos para protegerlos en sus actividades ilícitas», agrega Edmundo Orellana.

Salvador Nasralla, comentarista deportivo y candidato a la presidencia del país por el Partido Salvador de Honduras, durante el lanzamiento de campaña de su partido en las instalaciones de Expocentro. San Pedro Sula, 30 de agosto de 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

El candidato por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, quien participa por tercera ocasión como candidato presidencial de oposición asegura que las elecciones son manipuladas con dinero del PN, que a su juicio, es la única institución política con el poder económico para hacerlo.

«Para mi campaña algunos amigos me dan HNL 500, HNL 20,000, yo saco mi dinero, tengo una buena situación económica permanente, nunca he dejado de recibir ingresos. Yo he andado ahora más cerca de los empresarios, pero tampoco me han dado nada, me tiran de repente HNL 10,000  (USD 417) y cuando me los dan, pues los agarro», asegura.

El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado nacionalista y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, dijo a Contracorriente: «El dinero del crimen organizado y de los recursos estatales se sigue gastando y se seguirá gastando en las candidaturas de los personajes afines al Gobierno. Creo que hay que pecar de ingenuo si no se reconoce que ciertamente la diferencia de recursos económicos, de manera subrepticia y simulada por parte del partido de gobierno, genera una desigualdad de armas con los que están en la llanura», dice Pineda Alvarado.

Además apunta que la Unidad de Política Limpia no cumplió su objetivo que era originalmente nivelar las capacidades de los competidores de un evento electoral que pretende ser democrático. 

El sociólogo Julio Navarro cree que la Unidad de Política Limpia no cuenta con personal calificado ni con el presupuesto necesario para realizar investigación de campo, por lo que son incapaces de investigar nombres y apellidos concretos.

El analista también considera que esta unidad debería de revisar cuáles son las conexiones que tienen una gran cantidad de políticos con el quehacer del Estado, «ya que muchos son beneficiarios de contratos».

Un análisis del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) determinó que los comicios generales de 2017 y en los primarios de 2021, se presentaron problemas estructurales que convierten al financiamiento político público y privado en competencia desigual.

En las pasadas elecciones primarias de 2021, solo el 33 % de los 5000 precandidatos inscritos para cargos de elección popular cumplieron en tiempo y forma con el requisito de bancarización. 

Pero el Cespad asegura que existen grietas por medio de las cuales se puede filtrar el financiamiento ilícito de los partidos. Por lo cual, recomendaron extender la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales a los partidos políticos.

«La Ley de Política Limpia solamente impone techos de gasto para las campañas electorales en torno a los ingresos y egresos de las candidaturas individuales. Esto tiene repercusiones negativas en tanto que las exigencias de transparencia no están particularmente dirigidas hacia los partidos políticos», indica el documento del Cespad.

Corrupción que financia campañas

Pero el financiamiento ilícito de partidos políticos no solo se da con fondos procedentes del narcotráfico o de la cuota política. Una de las mayores fuentes de financiación es la corrupción pública, en donde se utilizan empresas de maletín para saquear fondos públicos. 

Contracorriente pidió al Ministerio Público la solicitud de privación de dominio a las cuentas del PN en donde este instituto político fue acusado, en el expediente administrativo nro. 015-2015, por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

El Ministerio Público describe que el PN entre los años 2012 y 2013 recibió donaciones de personas naturales y empresas de maletín con fondos captados de manera ilícita del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por un valor de  HNL 2,295,000.00 para financiar su campaña política.

Fiscales hondureños descubrieron la existencia de dos cuentas bancarias registradas a nombre del PN en las cuales se había depositado dinero, entre los años 2012 y 2013, con fondos del millonario desfalco al IHSS.

El economista y sociólogo Julio Raudales dijo a Contracorriente que desde los años ochenta el partido que ha estado en el poder ha utilizado mecanismos de distinta índole para financiar sus campañas utilizando los recursos públicos.

partido nacional 2021
Activistas del Partido Nacional gritan consignas de apoyo a su partido y sus candidatos frente a la sede del Consejo Nacional Electoral en el Instituto Hondureño de Formación Profesional. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Eso es vox pópuli, desde el Gobierno de Roberto Suazo Córdoba, diputados, ministros y funcionarios públicos, han utilizado a oenegés para canalizar recursos que permitan a ellos, de alguna manera, financiar las campañas», sostiene Raudales.

Julio Raudales explica que desde 2010 hasta la actualidad el asunto se agravó: «Antes el PL ganaba dos elecciones y la otra la ganaba el PN, pero ahora el PN lleva tres períodos en el poder y ha obtenido más experiencia», subraya.

El desfalco al IHSS generó tal indignación que dio lugar a la marcha de las antorchas. Se pidió ayuda internacional a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero se recibió el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que facilitó la llegada de la desaparecida Maccih, la cual colaboró con el Ministerio Público para judicializar los casos Pandora, Corrupción sobre Ruedas y Narcopolítica. Y recientemente, en seguimiento al caso Pandora, emergió el caso Hermes. Todos estos hablan sobre corrupción y el uso de dinero del Estado para el financiamiento ilícito de campañas políticas.

Para financiar la campaña política del PN en los años 2012 y 2013, miembros del partido de gobierno crearon una empresa de maletín, por medio de la cual se desviaron fondos del Congreso Nacional, Casa Presidencial y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Según un requerimiento fiscal del Ministerio Público, con las elecciones de 2013 cerca, Hilda Hernández planificó formar la empresa Servicios e Inversiones AID. Pero Hilda Hernández usó a José Adolfo Sierra Morales, quien el 24 de mayo de 2013 acudió a un notario a fin de constituirse como comerciante individual.

Pronto se identificaron depósitos por un poco más de HNL 11 millones a la cuenta bancaria de la empresa Servicios e Inversiones AID, procedentes de cuentas bancarias, entre las cuales figuraron el Congreso Nacional, Banadesa, Casa Presidencial, entre otros. Banadesa emitió 26 cheques por un total de HNL 4.6 millones en favor de esta empresa de maletín, lo cual consta en el requerimiento fiscal del caso Corrupción sobre Ruedas.

Un testigo confesó haber recibido órdenes en agosto de 2013 para realizar facturas simuladas y desviar los fondos de Banadesa, que serían destinados a la campaña de Juan Orlando Hernández. «Había un dinero transferido de Banadesa para la campaña electoral del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, fondos destinados a la encargada de campaña Hilda Rosario Hernández Alvarado para ser utilizados en dicha campaña electoral», dijo el testigo protegido, según consta en un requerimiento fiscal.

Los cheques de Banadesa fueron usados para financiar el Movimiento de Azules Unidos del PN. Parte del dinero se usó en la campaña de las elecciones internas de 2012 para la renta de vehículos. En noviembre de 2013, a pocos días de las elecciones generales, se repitió la operación: Hilda Hernández ordenó al testigo protegido recoger cheques de Banadesa y los fondos se destinaron nuevamente a pagar el alquiler de vehículos usados en la campaña del PN.

En el caso Pandora, la historia es similar. Se desviaron más de HNL 282 millones  (USD 11.7 millones) del Estado. Estos fondos estaban destinados a proyectos agrícolas, pero el dinero fue a dar a las campañas electorales de 2013 del PN y PL, y en menor medida al Frente Amplio Político en Resistencia (FAPER).

Cerca de 120 personas colaboraron para desfalcar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de dos fundaciones, que se encargaron de pagar campañas políticas: Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, pero solo se procedió penalmente contra 38 personas.

«Se emitieron 16 cheques a favor del Consejo Central Ejecutivo del PL (…) valores que hacen un total de HNL 99,030,000.00 que fueron depositados en la cuenta nro.01-101-406658 de Banco Ficohsa a nombre del Consejo Central Ejecutivo del PL, abierta por su representante legal Elvin Ernesto Santos Lozano (padre de Elvin Ernesto Santos Ordoñez)», indicó el Ministerio Público en su requerimiento fiscal.

Tanto Elvin Santos (padre) como Elvin Santos (hijo) figuraron en la lista de acusados por la Maccih en el caso Pandora, sin embargo ambos recibieron sobreseimientos de parte de la justicia de Honduras. A pesar de que Elvin Santos (hijo) figuró en la Lista Engel y fue señalado como corrupto el pasado mes de julio, continúa actualmente como candidato a diputado por el PL. 

Bill Santos, el coordinador de campaña del PL, asegura que en el periodo de Elvin Santos, cuando fue presidente del PL, hubo algunas acusaciones de malversación de fondos y «del tal caso Pandora».

«Al final se demostró que todos los documentos que figuraban sobre el PL fueron llevados a los tribunales de la República y de hecho resultó en un sobreseimiento definitivo porque el PL pudo mostrar que todas las cartas en donde se había utilizado los fondos eran de ejercicios financieros con toda la documentación de facturas con empresas reales que estaban trabajando en el país, de tal suerte que recibimos ese beneplácito de la Fiscalía General de la República con un sobreseimiento», concluyó Bill Santos.

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Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público sobre el Caso Hermes, se desfalcaron HNL 122.1 millones durante los años 2014, 2015 y 2016. Entre enero de 2014 y octubre de 2016, Casa Presidencial suscribió con la empresa Servicios e Inversiones AlD un total de 29 contratos en concepto de servicios de publicidad y propaganda, por un monto total de HNL 98.3 millones, según el requerimiento fiscal del Ministerio Público.

Las acusaciones de la fiscalía señalan que para realizar estos contratos se irrespetó la Ley de Contratación del Estado porque no hubo procesos de licitación. Durante dichos años los contratos beneficiaron a medios de comunicación empresarial e independientes, ya sean digitales o físicos y radiales o televisivos.

Un testigo le dijo al juez que la empresa Servicios e Inversiones AID era controlada desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) creada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández en su primer periodo. 

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«Más de setenta periodistas de diferentes medios de comunicación radial y televisiva fueron beneficiados con fondos de la empresa Servicios e Inversiones AID, cheques depositados en sus cuentas, sin existir ningún vínculo con la empresa Servicios e Inversiones AID, solo por el simple hecho de una promesa verbal realizada por Hilda Hernández a fin de que emitiera opiniones favorables a favor del presidente de la República», indica el requerimiento fiscal del caso Hermes.

El fiscal que ha encabezado el caso Hermes, Luis Javier Santos, denunció que el propio Ministerio Público abrió una investigación contra él porque la lista de los setenta periodistas fue filtrada ante la opinión pública. 

«Cuatro días de desvelo, en audiencia del caso Hermes, junto a mi compañero fiscal Juan Carlos Griffin. Llego cansado a la oficina y el Ministerio Público nos recibe con un equipo de supervisión para investigarme. ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción así?», escribió en su cuenta de Twitter el fiscal.

La empresa Servicios e Inversiones AID, cuando Hilda Hernández fue nombrada ministra de Comunicación y Estrategia, fue trasladada a las instalaciones de Casa Presidencial y mantuvieron sus operaciones allí hasta 2016.

El Ministerio Público indicó que existió colusión para sustraer fondos de Casa Presidencial para la campaña política del PN, con lo que se denota la configuración del dolo con el que actuaron los ahora acusados.

A pesar de que en Honduras se han judicializado casos de corrupción, muchos de los cuales evidenciaron el financiamiento ilícito de campañas electorales, ninguno de los acusados que ahora ostentan la calidad de candidatos fue inhabilitado para este proceso electoral, ni por el CNE ni por un juez o magistrado, ya sea porque estos candidatos recibieron sobreseimientos definitivos o porque gozan de resoluciones favorables de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resolvió amparos a su favor ordenando detener las investigaciones.

Debido a la falta de independencia institucional de la Unidad de Política Limpia y de su presupuesto condicionado y raquítico, así como de la ausencia de un proceso electoral verdaderamente ciudadano, nos acercamos nuevamente a un terreno peligroso en donde las expectativas están más orientadas a la continuación de la repetición del financiamiento ilícito. Por otro lado, el financiamiento a través de la burocracia estatal continúa intacto.

Honduras y Centroamérica conmemoraron  el pasado 15 de septiembre, 200 años de la separación de la Corona española. Pero contrario a lo que debería ser una fiesta, miles de ciudadanos en varios puntos de Honduras salieron  a manifestar, entre otras cosas, que no somos totalmente independientes y a externar su preocupación por la instauración de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

Texto: Laura García, Leonardo Aguilar, Allan Bú
Fotografías: Martín Cálix, Sandra Fiallos, Fernando Silva,  Antonio Gutiérrez

En lugar de los desfiles patrios que acaparan toda la atención el 15 de septiembre de cada año, las calles de Tegucigalpa fueron testigo de los pasos de manifestantes y representantes de diferentes organizaciones sindicalistas, religiosas y movimientos sociales que salieron para exigir una independencia real. Sin embargo, en plena época de campaña electoral, esta movilización, que dio inicio alrededor de las 8:30 a. m. en el Bulevar Morazán de Tegucigalpa, fue convocada por el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) en el marco del Bicentenario de la Independencia.

Samuel Madrid, diputado del departamento de Cortés por el Partido Libre y quien aspira a la reelección, se presentó a la convocatoria en Tegucigalpa acompañado de la organización comunitaria que él mismo coordina: Casa del Pueblo. Expresó en una conversación con Contracorriente que se siente «responsable, como dirigente, en derrocar el gobierno tirano que tenemos y derogar también la ley de las ZEDE».

Además de las consignas contra de las ZEDE, se leían carteles exigiendo respuesta por hondureños desaparecidos y presos políticos, pidiendo justicia por mujeres asesinadas y abogando por los derechos de los pueblos indígenas. 

Osman Montecinos, miembro del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (Sitrapani) y del Movimiento Majatique (palabra lenca para pueblos rebeldes en resistencia) llegó puntualmente a la cita, según sus propias palabras,  con el objetivo de «rescatar la memoria histórica de las luchas del pueblo hondureño». Montecinos indicó que su único propósito es recordarle a Honduras «que hemos sido un pueblo de lucha y que vamos a seguir en lucha».

bicentenario
En el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), al menos unas dos mil personas salieron a protestar contra el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández y contra las ZEDE en una jornada que terminó con un acto político electora de Libre con su candidata Xiomara Castro. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

David DelCid, representante de la Iglesia Cristiana Ágape, marchó hacia la Plaza Central flameando la wiphala (bandera de los pueblos indígenas), y manifestó su deseo de «unirse a la lucha de todos los pueblos de América», considerando la importancia de defender «la diversidad, la pluralidad y la vida» el día en que recordamos la independencia como república. 

A la movilización se unieron personas de todas las edades, por ejemplo Celeste Carrasco, estudiante universitaria de 20 años, se unió a la movilización convencida de que «no hay nada que celebrar ni agradecerle al Gobierno que intenta vender el país». Recalcó además «la importancia de que los jóvenes se cuestionen todo», haciendo referencia a la independencia «que nos enseñan en la escuela».  

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Por su parte, Anarella Vélez, historiadora y secretaria de Arte y Cultura del Partido Libre, expresó a Contracorriente su deseo de defender la unidad territorial, refiriéndose a las ZEDE. Agregó, con respecto a la conmemoración del bicentenario, que «la independencia aún no es real, aún estamos demandando autonomía y el respeto a la soberanía que no se ha logrado».  

La dirigente del Partido Libre, Xiomara Castro, se unió a la movilización en una camioneta acompañada de su hijo y dirigente de campaña política, Héctor Manuel. Ambos iban saludando a los simpatizantes de su partido, ofreciendo entrevistas a medios de comunicación, flameando la bandera de Honduras y sonriendo para las fotografías que los manifestantes les pedían. Unos metros adelante iba el expresidente Manuel Zelaya conduciendo una camioneta blanca con su hija, Xiomara Hortencia, saludando en la parte de atrás. Luego de cuatro horas de movilización, los manifestantes llegaron a la Plaza General Francisco Morazán Quezada de la capital para escuchar el discurso de su candidata presidencial.

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Helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras sobrevuelan la capital hondureña llevando las banderas de los países centroamericanos. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por otra parte, y a varios kilómetros de distancia, miembros del gabinete presidencial acudieron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para los actos gubernamentales oficiales del 15 de Septiembre. El Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana García de Hernández, estuvieron presentes en la izada de la bandera nacional y en la lectura del Acta de Independencia. 

Luego de los actos oficiales, ofrecieron discursos el actual presidente de la República y el presidenciable por el Partido Nacional (PN), Nasry Asfura Zablah. «Dios lleva a Honduras en sus brazos, no hay duda de eso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajar, empeñar nuestra alma, cuerpo, corazón y vida por ella, para servirle permanentemente», proclamaba Nasry Asfura, quien actualmente es el alcalde de la capital.

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El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aseguró en el discurso de inauguración del Día de Independencia, que su gobierno ha luchado en contra del crimen transnacional, las pandillas, la corrupción, la pobreza y la pandemia como factores que amenazan la democracia en Honduras. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2021. Foto: Fernando Silva.

Luego de Asfura, tomó el micrófono el presidente Juan Orlando Hernández: «desarticulamos los cárteles de la droga que operaban en el país, destruimos sus narcopistas, sus narcolaboratorios entregamos en extradición a todos los cabecillas, otros se entregaron y otros están guardando prisión enfrentando la prisión en Honduras. Se redujo casi a cero el tráfico de drogas por nuestro territorio de los países del sur al norte y seguimos trabajando todos los días porque eso es preservar la vida de los hondureños», afirmó en su discurso. 

Karen Gámez, ciudadana de aproximadamente 50 años y ama de casa, llegó al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino desde las 6 a. m., con incomodidad y frustración denunció que los militares ubicados en la entrada del estadio: «solo dejan entrar a varones», dijo, ya que le impedían ver los actos de celebración del Bicentenario de Independencia de Honduras dentro del recinto futbolístico. 

«Andamos apoyando, amamos Honduras», manifestó junto a otras mujeres que la acompañaban, y al mismo tiempo señalaron cómo los militares dejaron entrar a hombres al estadio. En ese mismo sentido, las ciudadanas estaban de acuerdo con que no dejaran entrar a los niños al lugar, debido a que esto puede significar un riesgo por un posibles contagios de COVID-19. 

Karen no está segura de si Honduras es un país independiente, y que el aniversario patrio se respeta por la simple costumbre, no por su verdadero significado. En su reflexión, Karen manifestó que después de 200 años de independencia Honduras sigue igual, sin oportunidades de mejora y sin nada que ofrecer. «Otros países están mucho más avanzados, en todos los aspectos, y Honduras está quedada», concluyó. 

En los mismos alrededores del estadio se encuentra también Sandra Ramírez y quién, a diferencia de Karen, no tiene el brazalete que simboliza el permiso para obtener una bolsa de alimentos que los empleados del Gobierno entregaban a los que podían entrar al estadio. Ante esta situación Sandra expresa que el aniversario de independencia patria es ahora algo político: «Esto es político, porque dicen que si no uso brazalete no entro, entonces me da a entender esto que hasta el 15 de septiembre lo politizaron ya», manifestó Sandra en compañía de su hija.

El Progreso

La movilización ciudadana en la ciudad de El Progreso, Yoro, partió este 15 de septiembre a las 9:50 a. m. desde el monumento Obelisco por la Paz, ubicado en la salida hacia Tela, y se dirigió hacia el edificio de la Municipalidad de El Progreso.

En la movilización progreseña —nutrida apenas por un centenar de personas— se observaron pancartas en contra de las ZEDE, asimismo, se escucharon pronunciamientos en contra de decisiones tomadas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, una de las curiosidades dentro de la movilización fue la participación del grupo de danza folklórica de la biblioteca Nueva Visión de la aldea Guacamaya, sector sur de El Progreso, departamento de Yoro.

bicentenario | biblioteca Nueva Visión
Grupo de danza de la biblioteca Nueva Visión, ubicada en la Aldea Guacamaya. El Progreso, Yoro, 15 de septiembre de 2021. Foto: Sandra Fiallos Ruiz.

El grupo cultural, conformado por quince adolescentes, entre niños y niñas en edad escolar, danzó y lanzó gritos en medio de la movilización. Rocío Castro, coordinadora de este grupo de danza, aseguró a Contracorriente que a pesar de todas las dificultades que tiene Honduras, los jóvenes deben seguir luchando por sus sueños y por defender su patria.

«Muchos jóvenes de la aldea en donde armamos el grupo de danza estaban pasando por dificultades propias de la adolescencia, pero ahora hemos visto más jóvenes colaborando y no solo eso, sino que también están defendiendo el país y luchando por su patria», aseguró Rocío Castro. 

Pero en la movilización hubo críticas hacia el papel que jugaron las Fuerzas Armadas (FF. AA.). en el marco del Bicentenario de la Independencia. Jerónimo Carranza, coordinador de articulación del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-sj), dijo a Contracorriente que las FF. AA. que hoy se presentan como los salvadores de la independencia y soberanía, tienen un doble discurso. «Cuando las FF. AA. quieren implementar terror en la sociedad mediante la represión brutal, lo hacen, pero cuando quieren hacerse de la vista gorda con los grandes negocios y las violaciones a la soberanía y los derechos humanos, ahí no dicen nada. Hoy están vinculados al narcotráfico, al pacto de impunidad y a los actos de corrupción más terribles», expresó Jerónimo Carranza.

no a las ZEDE | la patria no se vende | bicentenario
Iniciativa de pegar stickers en los vehículos para concientizar a la población hondureña que la patria no se vende. El Progreso, Yoro, 15 de septiembre de 2021. Foto: Sandra Fiallos Ruiz.

La socióloga y docente universitaria Claudina Reyes le dijo a Contracorriente que el pueblo progreseño tiene verdadera conciencia con lo que ha pasado en América Latina y Centroamérica en los últimos siglos. La docente agrega que la construcción de un estado nacional no ha sido posible debido al fortalecimiento de una clase oligárquica avalada y respaldada por un cuerpo militar y policial que dentro de sus principios hablan de una defensa de la identidad, soberanía, pueblo y constitución: «Pero en la práctica las FF. AA. han demostrado lo contrario. Por esa razón no queremos militares. Los militares solo sirven para consumir el presupuesto nacional y matar al pueblo. Ni siquiera han sido capaces de controlar la narcoactividad y el crimen organizado en Honduras».

La candidata a diputada del Partido Libre, por el departamento de Yoro, Lilian Andino, expresó a Contracorriente que las acciones del Gobierno de Juan Orlando Hernández en el marco del bicentenario fueron demagógicas. «Están izando la bandera nacional, cantando el himno nacional, llamando a la unidad y diciendo que en Honduras no pasa nada, pero en Honduras todos sabemos que estamos sufriendo una pandemia en donde ellos se han robado todo el dinero que fue aprobado para prevenir y brindar atención en medio de la pandemia contra la COVID-19», explicó Lilian Andino.

La movilización ciudadana finalizó frente a la Alcaldía que dirige Alexander López, momento en el cual algunos manifestantes lanzaron insultos contra el jefe edilicio progreseño. Las autoridades municipales de El Progreso no realizaron el tradicional desfile oficial del 15 de Septiembre, en lugar de eso realizaron actividades desde las 7 a. m. hasta 11:30 a. m. en la plaza del parque Ramón Rosa que está ubicado frente al Palacio Municipal.

Capital Industrial 

En San Pedro Sula, aproximadamente cien personas de distintos movimientos sociales se reunieron a la altura de un centro comercial ubicado en el Bulevar del Este para preguntarse «¿cuál independencia?». El ejercicio tuvo una baja asistencia, pero los presentes se tomaron por al menos dos horas, la primera calle de la principal ciudad de Cortés.

«¿El pueblo donde está?, el pueblo está en las calles, exigiendo libertad», «el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo consciente, aquí está presente» gritaban los asistentes a la manifestación pacífica mientras avanzaban hacia la primera calle, una de las principales arterias de San Pedro Sula.

bicentenario | ZEDES 2021 | ZEDE Honduras
En la ciudad de San Pedro Sula, al menos trecientas personas protestaron en oposición al gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández y la instalación de las ZEDE, la protesta recorrió el Bulevar Morazán esta hasta el Palacio Municipal. San Pedro Sula Cortes, 15 de septiembre del 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

Entre los manifestantes iba David Fajardo, un joven de 18 años, quien brindó a Contracorriente una opinión sobre la baja asistencia a la movilizaciones en San Pedro Sula, pues pasó igual en una protesta convocada contra la instauración de las ZEDE, el 30 de agosto del 2021.

«Creo que hay un vacío en las organizaciones populares o en los partidos políticos de oposición para trasladar el repudio popular a un grupo que tenga una vida orgánica y que sea capaz de movilizar. Considero un error que se dediquen todos los esfuerzos a la tarea electoral y se olvide la construcción de una base y la lucha social que sea capaz de generar momentos que puedan poner en crisis al Gobierno», afirmó el joven.

Muy cerca del joven David, caminaba don Ramón Zavala, un sexagenario que coincide en que a la lucha social le «falta liderazgo» y piensa que hay un sentimiento de desesperanza con respecto a la movilización popular: «Pero yo pienso que el espíritu de resistencia sigue ahí y tarde o temprano nuestro pueblo va a responder y sacaremos esta dictadura. Es mi esperanza», dijo.

La exdiputada y actual candidata a congresista por el Partido Libre en el departamento de Cortés, Silvia Ayala, afirmó que «no hay nada que celebrar, llevamos 200 años de saqueo, imposiciones y entrega de la soberanía, bienes y la riqueza natural. Hemos sido entregados como personas de mano de obra barata, hemos sido obligados a emigrar porque aquí no hay oportunidades. No celebramos, demandamos una verdadera independencia».

La caminata tuvo la participación de militantes del Partido Libre, miembros del Sitraunah y algunos seguidores del periodista Milton Benítez, más conocido como el «Perro Amarillo».  Los manifestantes caminaron desde el centro comercial Megamall, hasta el parque central de San Pedro Sula donde realizaron un plantón en la primera calle, frente a la Municipalidad de San Pedro Sula.  Después de varias consignas contra el Gobierno y las ZEDE, se entonó el himno nacional para finalizar la manifestación.

ZEDE 2021 | bicentenario 2021
Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional respaldaron el perímetro de la sede del Palacio municipal ante la protesta contra el gobierno y las ZEDE. San Pedro Sula, Cortes. 15 de Septiembre del 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

En otro punto de la ciudad, las FF. AA. realizaron un desfile militar en el que participaron miembros de la Policía Militar, Policía Nacional, Fuerza Aérea  Hondureña y Fuerza Naval. El evento se realizó en la Avenida Circunvalación a la altura del Comisariato Los Andes.  En el desfile también se mostró armamento para «salvaguardar la soberanía nacional», según decían por los altavoces los organizadores. Entre las armas mostradas habían algunas utilizadas para derribar aviones

«Ellos están acostumbrados a hacer ese show mediático oficial para seguir manteniendo la alienación en nuestro pueblo, para que nuestro pueblo no se dé cuenta que es una pequeña camarilla de maleantes la que se roba nuestra dignidad y patria. No quieren que el pueblo despierte, por eso hacen esas payasadas», dijo sobre el desfile Jimmy Sorto, candidato a diputado por el Partido Libre y participante en la manifestación ciudadana.

Aunque hubo representación en las calles de diversas luchas sociales —desde movimientos estudiantiles hasta organizaciones sindicalistas y, claramente, fuerte presencia de la militancia del Partido Libre— las convocatorias para las movilizaciones del 15 de septiembre en algunos puntos del país fueron poco atendidas en comparación a las marchas anteriores de este año.

En el Día del Bicentenario de la independencia de Honduras, una activista del Partido Nacional recibe una bolsa con un refresco y otras golosinas al entrar a los actos de celebración en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino.

En dicho evento solo se admitieron 4000 personas, y muchas madres con sus hijos quedaron en las afueras del predio deportivo debido a las restricciones sanitarias. Muchas de las personas convocadas a través de los programas asitencialistas del Gobierno exigían que les dejaran entrar ante la negativa de las fuerzas de seguridad, y otros solo llegaron por la bolsa de golosinas y regresaron a sus hogares.

El presidente Juan Orlando Hernández se dirigió a los asistentes en el estadio y aseguró que «hoy los enemigos de la independencia no son los mismos del pasado, hoy son poderosos con grandes recursos: el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y pandillas, y el ataque a los principios cristianos».

La noche del 28 de junio de 2009, la misma noche del golpe de Estado en Honduras, asesinaron a Vicky Hernández: una mujer trans que ejercía el trabajo sexual en las calles. Doce años después, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría marcar un antes y un después para la realidad de las personas trans en Honduras.

Actualmente, tres de las cinco repúblicas de Centroamérica son autocracias, otra es una cleptocracia autoritaria y solo una es democracia. Cuatro son países con altos niveles de pobreza y desigualdad que expulsan a grandes grupos de población de su territorio. Las élites políticas y empresariales de esos países financian la política con dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico. Son sociedades impunes y violentas. Nada de lo anterior cuestiona su independencia porque esta no prometió algo diferente, más que dudar de la independencia, doscientos años después de lo que se duda es de la viabilidad de estas repúblicas.

Por Otto Argueta


No hay duda de que las antiguas provincias de la Capitanía General de Guatemala se independizaron de la administración colonial. Lo hicieron a través de una declaración firmada en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, y fue ratificada por el resto de provincias el siguiente año. Esa decisión marcó el rumbo de las siguientes décadas que estuvieron plagadas de guerras, conflictos internos e inestabilidad política y económica. Fue el período en que los Estados buscaron centralizar el poder político y definir una forma de gobierno para controlar el territorio, su población y recursos. De los conflictos regionales se pasó a los conflictos internos durante el siglo XX, un período que terminó con otra declaración: la de la democracia, que al igual que la independencia, no se duda que exista, pero sí que sea viable.

¿Son viables las repúblicas centroamericanas? Doscientos años de vida independiente no son nada en la larga duración de la historia. Cuando se recorre la trayectoria de los países, culturas, Estados o civilizaciones, lo que se encuentra es un constante cambio que ocurre en períodos a veces mucho más largos que doscientos años o bien mucho más cortos. Civilizaciones nacen y desaparecen; imperios emergen, dominan y caen; Estados se unen, dividen y vuelven a unir. Todo esto ocurre con episodios de guerras largas y cortas, espaciadas o en seguidilla que son destructivas, pero también motores de cambio en las sociedades.

A la conmemoración de la independencia se atribuyen diferentes sentidos. El oficial, que se difunde en las escuelas y medios de comunicación, rememora una gesta heroica, en donde unos próceres tomaron decisiones que llenan de orgullo lo que somos, repúblicas independientes. Se expresan en símbolos patrios, himnos, discursos y un nacionalismo que se exacerba durante el mes patrio y que solamente se compara a los momentos en que el equipo de fútbol nacional participa en las eliminatorias del campeonato mundial. La nación es, como la definió Benedict Anderson, una comunidad imaginada, un conjunto de símbolos que se crean con la clara intención de unificar a un conglomerado de personas en un territorio determinado. Los símbolos son poderosos y crean una identidad compartida que poco tiene que ver con las condiciones materiales de vida, con la situación real de los sistemas políticos, los conflictos y las expectativas de las personas. Pero esa identidad nacional nos hace sentir diferentes de los «otros», únicos y orgullosos de ser lo que somos y cómo lo somos. La identidad nacional es muy importante en la política porque moviliza a las personas, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado (real o potencial) teniendo a los ejércitos como los máximos héroes del sacrificio patrio y el ejemplo a seguir. También es útil para un gobernante que busca aumentar su legitimidad y alude al «nosotros» que acepta y entrega todo por la patria y «los otros» que suelen ser disidencias del régimen de turno. 

Otro sentido atribuido a la conmemoración de la independencia es el que la niega, el que considera que estos países no son independientes y que, al contrario, el lastre colonial continúa y es una de las principales causas de los males actuales. Aquí se reivindica la «resistencia» a los poderes coloniales e imperialistas y que se expresa en otra ficción, el pueblo, que pareciera encarnar un sentimiento propio frente a los poderes dominantes. Si bien es cierto que los Estados y las élites arrastran mucho de lo heredado de la colonia, no hay nada que los ate a una administración foránea. Las injerencias actuales, especialmente la de Estados Unidos, el «imperio», han ocurrido con la aceptación y hasta promoción por parte de las élites locales. De hecho, en la actualidad, buena parte del «pueblo» espera y celebra cuando el «imperio» interviene para limitar los excesos de gobernantes, políticos corruptos o empresarios codiciosos. Ese «imperio» también es el que apoya mucho de lo que las resistencias hacen a través de la promoción de la participación ciudadana, derechos humanos, luchas anticorrupción, etcétera. 

Más allá de la retórica, no hay blancos ni negros. Hay una amplia gama de grises, de claroscuros. Esas retóricas están sustentadas en la ideología (otra ficción a través de la cual se interpretan los hechos) y por lo tanto terminan siendo debates más emocionales que racionales.

El sentido de la independencia que se declaró el 15 de septiembre de 1821 fue el de tomar decisiones propias, que las élites políticas y económicas de ese entonces determinaran la manera de administrar un territorio, población y recursos naturales sin estar condicionados por la administración del poder colonial. Es decir, decisiones soberanas. La forma, fines y mecanismos para tomar esas decisiones no se definieron en ese momento y las preguntas sobre cómo garantizar la viabilidad económica y política de estos países tampoco. Esos fueron los motivos de las guerras y experimentos que ocuparon a las élites durante los siguientes ochenta años. Las pugnas tuvieron diversas expresiones, entre centralistas y federalistas, entre caudillos y hasta por defender los territorios frente a filibusteros. Al final de cuentas, fue un largo proceso de centralización de los Estados para controlar sus territorios y sus pugnas internas. Se buscó ser viables como repúblicas: frente a sí mismas (sus conflictos internos), frente al resto de provincias de la región (romper el control de Guatemala) y frente al resto del mundo (insertarse en la economía internacional).

La independencia fue declarada en la ciudad de Guatemala y posteriormente ratificada por el resto de provincias el siguiente año. No fue una victoria heroica porque la administración colonial no se preocupó por la independencia de esta región que era bastante marginal en ese momento. Tampoco fue fácil porque la desconfianza era grande entre los representantes de las provincias y sobre todo, hacia las élites guatemaltecas y sus intentos por preservar el poder central heredado de la colonia. Para el resto de provincias, independizarse de España fue un acto simple, bastó con ratificar la declaración hecha por la ciudad de Guatemala en septiembre de 1821. El reto fue independizarse de los intentos centralistas de Guatemala lo que costó dos guerras federales y múltiples conflictos entre caudillos, además de los conflictos internos de cada país. Todo eso ocurrió de forma independiente, todas las decisiones fueron tomadas sin intervención de la administración colonial.

Las dos guerras federales (1826-1829 y 1832-1839) marcaron el inicio y fin de los intentos por hacer viable una república federal. Las confrontaciones entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores, demostraron la incapacidad de las élites políticas de superar las diferencias por otra vía que no fuera la armada. Importantes figuras, como Francisco Morazán, representan la lógica de caudillos en disputa que marcó la naturaleza política de los recién inaugurados Estados centroamericanos. Las guerras no fueron confrontaciones entre entidades políticas definidas, entre Estados propiamente dichos, y no tuvieron como resultado la reafirmación de estos como tal. Tampoco fueron confrontaciones entre ejércitos regulares, con una institucionalidad formal y diferenciada del resto de la población. Al contrario, fueron confrontaciones armadas de grupos milicianos acompañados por caudillos con un grado militar otorgado por su iniciativa, no por su carrera militar. Esas guerras no dieron lugar a Estados como ocurrió en otras regiones del mundo en donde los eventos bélicos aceleraron los procesos de centralización del Estado y de creación de la nación. Dieron lugar a una profunda inestabilidad regional que a partir de 1840, ya acabada la federación, cada país decidió lidiar individualmente. Otra vez, de manera independiente.

La federación fue inviable. El siguiente período fue otra vez conflictivo en cada país y también en la región pues se vivió el intento unionista de Justo Rufino Barrios que, con el apoyo de Honduras, buscó restablecer la federación. La intentona terminó con la muerte de Barrios en la batalla de Chalchuapa en abril de 1885, cuando este buscaba invadir a El Salvador e imponer la unión por la fuerza después de que los intentos diplomáticos fallaron. Estados Unidos intervino para mediar y evitar un conflicto armado. Medió por la «buena» enviando buques de guerra al caribe centroamericano para proteger sus intereses y ciudadanos ante un eventual conflicto regional. La intentona unionista fue inviable y los Estados centroamericanos terminaron consolidando gobiernos liberales con reformas que buscaron reducir el peso político de los conservadores e impulsar un modelo productivo basado en la agro exportación de monocultivos (café y banano, principalmente). Esto abrió las puertas a una inversión extranjera agresiva, compañías fruteras estadounidenses, alemanes cafetaleros y consolidó élites e instituciones locales extractivas. Esas industrias y colonos extranjeros que no solo fueron invitados, sino también beneficiados con la entrega de recursos, población y autonomía. Los Estados centroamericanos ya estaban insertos en la economía global con la agroexportación de monocultivos lo que les hizo ganar el título de repúblicas bananeras con economías «del postre». Lo hicieron de forma independiente, otra vez.

Los Estados liberales fueron también Estados dictatoriales. La primera mitad del siglo XX centroamericano estuvo marcada por prominentes dictadores: Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y la dinastía familiar de los Somoza en Nicaragua. En este momento la divergencia costarricense ya se hizo notar. Luego de un breve período de inestabilidad política, conocido como la guerra del 48, ese país tomó decisiones para orientar su camino por una vía democrática. Una de las acciones más emblemáticas de ese momento fue la abolición del ejército en diciembre de ese año. Pero en Costa Rica el camino para lograr ese tipo de decisiones empezó mucho antes, un camino que el resto de los países centroamericanos no recorrió.

James Mahoney, teórico de lo que se conoce como el path dependece analysis o dependencia de la trayectoria, identificó que los cinco países centroamericanos comparten un mismo origen, el colonial, pero las decisiones que fueron tomando a lo largo de su vida independiente los llevó por caminos diferentes. De ahí que se argumente que en la región resultaron tres tipos diferentes de liberalismo. Costa Rica logró lo que se define como un liberalismo reformista, con instituciones cada vez más inclusivas y por lo tanto democráticas. Honduras y Nicaragua se encaminaron por un liberalismo abortado, cuyas instituciones políticas y económicas no lograron ni siquiera un desarrollo formal adecuado, sus Estados no lograron la centralización del poder y por lo tanto su desarrollo social y económico quedó rezagado, infructuoso y abierto a que poderes extranjeros se expandieron en su territorio con la tolerancia y promoción de unas élites bastante rurales y poco interesadas o capaces de construir un Estado, para bien o para mal. Finalmente, Guatemala y El Salvador sí construyeron Estados con instituciones fuertes, especialmente las represivas, y de ahí su liberalismo autoritario.

A excepción de Costa Rica, el ideario liberal clásico, el de las libertades individuales, instituciones estatales basadas en la ley, estados laicos y abiertos a la multiculturalidad, economías basadas en la libertad individual, pero bajo regulaciones estatales para garantizar el bienestar público y reducir la influencia del clero o de cualquier otro poder absolutista y el de instituciones políticas representativas, fue inviable.

Las dictaduras de la primera mitad del siglo XX terminaron con intentos reformistas durante los años cuarenta y cincuenta. Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala y Óscar Osorio en El Salvador son ejemplos de cómo se buscó modernizar al Estado y llevar a cabo reformas que superaran el lastre de las dictaduras y de modelos productivos extractivos que garantizaban la riqueza de las élites, pero que también producían grandes conflictos sociales. En Honduras, la huelga bananera de 1954 forzó al presidente Villeda Morales a implementar reformas laborales que prometían transformar los excesos del modelo de enclave productivo de las compañías fruteras. Sin embargo, el conjunto de reformas para la modernización del Estado capitalista que sentaba las bases de una sociedad democrática, terminaron siendo calificadas como intentos de alinear a los países con el comunismo internacional. Es indudable que Estados Unidos apoyó a los anticomunistas centroamericanos y que los comunistas locales vieron en ese momento una oportunidad, pero al final fueron las mismas élites políticas, empresarios, militares y representantes de la iglesia católica los que de manera independiente pusieron fin a las reformas de los años cuarenta y abrieron el camino para el horror de la segunda mitad del siglo XX. La modernización del Estado capitalista fue, otra vez, un intento inviable.

Llegó entonces el turno a la utopía revolucionaria. Los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala, inspirados por la revolución cubana y el triunfo sandinista en Nicaragua, se propusieron tomar el poder por la vía de las armas. En Nicaragua, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) se enfrentó a la familia Somoza, la cual dominaba un Estado pequeño, débil. Pero en Guatemala y El Salvador no se enfrentaron a una familia, sino a un Estado poderoso, con instituciones armadas sólidas, equipadas, empoderadas y además apoyadas por Estados Unidos. En El Salvador, la guerrilla llegó más lejos que en Guatemala, pero aún así, el intento era inviable. Edelberto Torre Rivas, en Revoluciones sin Cambios Revolucionarios, califica lo ocurrido como un suicidio generacional. En Honduras, los tímidos intentos guerrilleros fueron aplastados desde el inicio. Ese país era el «portaviones centroamericano» con una base militar de Estados Unidos que lo hacía el centro de operaciones contrainsurgentes para la región. Los regímenes militares cometieron toda clase de horrores de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las guerrillas también hicieron lo suyo, en menor escala, pero dentro la lógica de que la guerra de hoy es la paz del futuro, de que la construcción del «hombre nuevo» justificaba todo. La respuesta de los Estados fue brutal ante el enemigo, ya fueran guerrilleros, «contras» como en Nicaragua o represión «disuasiva» como en Honduras. Los militares fueron la cara más visible del horror de la contrainsurgencia, pero no fueron los únicos. Hubo civiles, empresarios, políticos, académicos y religiosos que abrazaron la contrainsurgencia y el apoyo de los Estados Unidos y lo hicieron de manera independiente. Al igual, los grupos guerrilleros recibieron recursos por parte de actores internacionales afines con la lucha revolucionaria y la utopía latinoamericana. Todas esas fueron decisiones independientes. La revolución también fue inviable en esta región y la contrainsurgencia hizo inviable cualquier oportunidad de cambio y desarrollo.

Y entonces llegó la democracia, declarada como la independencia, a través de pactos y negociaciones entre élites, incluidos aquí los comandantes guerrilleros y los países que apoyaron el fin de los conflictos y la democratización. Los conflictos armados terminaron, pero el lastre que dejaron los Estados contrainsurgentes, la polarización y el dolor de miles de víctimas además de la crisis económica en los países posconflicto le impusieron a la democracia grandes retos, sobre todo, aquellos que llegaron con la pregunta de cómo hacerla viable, porque, como la independencia, fue instaurada, no construida.

En la actualidad, tres de las cinco repúblicas centroamericanas son autocracias electorales (Honduras y Nicaragua [desde hace ya algunos años] e incluyo aquí a la recién inaugurada en El Salvador). Guatemala se encuentra en la permanente caída al vacío autoritario que no parece tocar fondo y definirse. Solo Costa Rica es una democracia que permanece estable y ha demostrado defender la democracia con más democracia. Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele hacen gala de su nacionalismo y rechazan la injerencia extranjera —al menos retóricamente—, exacerban la importancia de los militares poniéndolos como ejemplo de honor, patriotismo y heroísmo y acusan de traidores a aquellos que los increpan insistiendo en que son agentes de algún agente extranjero.

Actualmente se niega la independencia porque existe una inconformidad con la degradación de la democracia. Pero el tipo de régimen político (democracias, autocracias, dictaduras) no determina ser independiente o no. De hecho, las dictaduras tienden a ser muy nacionalistas y construyen su base social aludiendo al sentimiento patrio y al rechazo a la intervención foránea. Las democracias, por el contrario, aspiran a ser sociedades abiertas en donde la diversidad, la universalidad y su inserción en el mundo global son ventajas. El nacionalismo es excluyente y suele adquirir un carácter xenófobo y hasta violento.

En los cuatro países la democracia representativa no se desarrolló más allá de sus procedimientos formales. Al contrario, elecciones, leyes, instituciones de control democrático, instancias de participación, división de poderes, retórica y símbolos se han distorsionado para dar continuidad a una política patrimonial que se expresa en la corrupción y en vínculos políticos criminales con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. La política pasó a ser financiada con los recursos producidos por esas actividades y la protección para su continuidad se garantiza a través de pactos de impunidad. Las instituciones democráticas existen, pero reducidas a su expresión formal que las hace inútiles. Son pocos los resguardos democráticos que quedan y son aceleradamente inhabilitados a través de la desfinanciación, la persecución o el nombramiento de funcionarios incompetentes o alineados a los pactos de impunidad dominantes. Todas las decisiones que han llevado a la degradación de la democracia han sido independientes. La democracia parece ser también inviable.

Si el régimen político no es un factor determinante de la independencia de un país, entonces ¿lo será el bienestar de su población?. Los niveles de pobreza son sumamente elevados en la región y se expresan en bajos niveles de desarrollo. Solo Costa Rica se encuentra en la categoría de índice de desarrollo humano (IDH) muy alto de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El resto, cae dentro de la categoría de IDH medio. En América Latina, después de Honduras solo Haití presenta los niveles más bajos de desarrollo humano en la región. La precariedad condena a la mayoría de la población a buscar la sobrevivencia en la economía informal (mayoritaria en la región), en las economías ilegales, en el autoempleo, en la aceptación inevitable de empleos indignos y, por supuesto, en la migración.

El que la mayoría de la población de un país sea pobre no condiciona el que ese país sea o no independiente. De hecho, cuando estos países se declararon independientes la mayoría de su población era pobre. La pobreza no es un impedimento a la independencia, pero sí es un signo claro de la inviabilidad económica. 

La narrativa antinjerencia internacional es selectiva y no distingue el hecho de que la reducción de la pobreza ha sido una de las excusas más grandes para que estos países acepten las condiciones de la ayuda internacional de cooperación y también ha justificado el endeudamiento con organismos financieros internacionales. Los organismos internacionales y de cooperación imponen condiciones, algunas favorables y otras no para los países. Algunas de hecho provocaron catástrofes económicas y sociales, como aquellas del Fondo Monetario Internacional en los años ochenta cuando se promovió la reducción del Estado. Pero nuevamente, fueron muy independientes los gobernantes y empresarios locales que aprovecharon ese momento para hacer fortunas a través de la venta de los bienes del Estado, de su privatización. La cooperación internacional no reembolsable también pone condiciones, como por ejemplo, promover la igualdad y la equidad de género, reducir la violencia en todas sus expresiones, aumentar los niveles de educación y desarrollo humano. Algunas condiciones provocan problemas serios para los gobernantes, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y el aumento de la transparencia. Hasta ahí todo bien, pero cuando se crearon comisiones internacionales para investigar la corrupción (Cicig, Cicies, Maccih) también fueron muy independientes las élites políticas y económicas que apoyaron su cancelación y las expulsaron de los países. Con Nicaragua ni se han metido. A pesar de esas condiciones, la comunidad internacional tampoco es que haya intervenido severamente para impedir que en estos países surgieran autócratas o se degradara la democracia al punto actual. La independencia ha prevalecido por encima de la inviabilidad.

Durante los últimos treinta años, los Estados de El Salvador, Guatemala y Honduras no han hecho nada por frenar la masiva migración de ciudadanos a Estados Unidos y otros destinos. Lo mismo ocurre con la migración de nicaragüenses a Costa Rica. A pesar de las medidas tomadas por los Estados Unidos para frenar la migración y las presiones que han hecho sobre los gobiernos del triángulo norte para que sean los guardianes de la «frontera sur», poco han hecho esos gobiernos. Las remesas que se producen por la migración son un importante rubro en la economía de estos países y además, la migración es ahora la mejor excusa para devolver la presión al país del norte: me aceptas o no hago nada para frenar la migración a tu país. Estos gobernantes han aprendido a utilizar las expresiones de la inviabilidad como mecanismos para retar a los Estados Unidos y sus presiones, al final, el problema lo tienen ellos porque estas autocracias se nutren de la miseria que expulsa ciudadanos, pero retorna convertida en remesas. El bienestar y unidad de la población en torno al territorio patrio no determina ser independientes o no, pero es, como la pobreza, un signo de la inviabilidad de estos países.

Las promesas de la vida independiente en la primera mitad del siglo XIX no incluían la democracia, el respeto a los derechos humanos, la eliminación de la pobreza y la desigualdad, el matrimonio igualitario, la transparencia y la justicia. Esas promesas son muy recientes y se suman a la larga lista de inviabilidades coleccionadas a lo largo de estos doscientos años.

La independencia no fue el nacimiento de nuevas repúblicas, no fue un borrón y cuenta nueva. Tampoco lo fue la democracia. Ambos acontecimientos son muy diferentes, pero coinciden en que fueron declarados e instaurados, no construidos. En ambas ocasiones la viabilidad no fue una prioridad y en su lugar la respuesta fue un apego selectivo a las dinámicas de lo anterior (el régimen colonial y el autoritarismo contrainsurgente respectivamente) para garantizar la continuidad de beneficios elitistas que han marcado la inviabilidad en estos países. 

Doscientos años es poco tiempo, pero la trayectoria recorrida es sólida y poco esperanzadora para una región sumida en sus propios retrocesos. La historia no determina nada, es solo el recuento de lo sucedido. Las decisiones sí lo hacen y muchas de ellas están aún abiertas. Por el momento, pareciera ser que se abre un nuevo capítulo que los historiadores del futuro tal vez titulen con el nombre de tres autócratas, un régimen cleptocrático-autoritario y una excepcional democracia. O tal vez sea un capítulo dedicado a las guerras centroamericanas del siglo XXI. No se sabe, pero con seguridad la pregunta sobre la viabilidad de estos países seguirá abierta.

Por Rolan Soto 


Corría el mes de septiembre del año 2015. Por motivos académicos me había trasladado a Tegucigalpa. Mi estadía en la capital era todo un reto. Venía de un pueblo con pocos habitantes, una vida tranquila y bajos índices de violencia.

Durante los primeros meses me hospedé en La Granada, colonia de Comayagüela. Quien me acogió me hizo saber que debía andar con mucho cuidado. Ella vivía en un circuito cerrado. Cuando salía a la tiendita de la esquina o al famoso mercado Zonal Belén yo iba con el Cristo en la boca y regresaba con nitro en los pies. Era toda una carrera por la vida. Al menos así lo pensaba.

Tomaba dos buses para llegar a Ciudad Universitaria. Aún entre el miedo de un asalto en cada trayecto disfrutaba escuchar los tremendos playeros que sonaban en los buses. También prestaba atención a los olores, los colores y los rostros de la gente. En cada estación podía apreciar la carrera de las personas y en algunas ocasiones la pelea de los conductores.

Una mañana tomé el bus desde Ciudad Universitaria hacia el mercado Mama Chepa. El bus iba casi lleno. Yo me dirigí al fondo, me senté y empecé a rezar un rosario. Un mentor espiritual me había sugerido orar en cada trayecto. El bus avanzó. A las alturas del Hospital Escuela levanté la cabeza, abrí los ojos y me di cuenta de que casi todos habían bajado. Además de la Virgen alguien más estaba conmigo. Mi acompañante me amenazó, hizo referencia a su pertenencia barrial, sus méritos de asesino y todo lo necesario para intimidarme. Quedé tieso del miedo. Quizás el asaltante interpretó mi actitud como un acto de indiferencia o se dio cuenta de que poco iba a obtener de un estudiante de pocos recursos, bajó. El autobús prosiguió. Llegué a casa «sano y salvo».

La Virgen María y el asaltante acompañaron mi trayecto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el lunes 6 de agosto la adjudicación del contrato con Smartmatic, empresa que se encargará del sistema biométrico para las elecciones generales de noviembre, sin embargo, a pesar de la preparación electoral, el voto de más de un millón de hondureños sigue en riesgo.

Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix


El clima preelectoral se intensificó la semana pasada con los lanzamientos oficiales de campaña realizados el lunes 30 de agosto y con las contrataciones importantes que, a última hora, está realizando el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones programadas para el último domingo de noviembre. 

El abogado Kelvin Aguirre, consejero representante del Partido Nacional en el CNE y quien asumió la presidencia del organismo el 11 de septiembre, anunció este mismo lunes por la mañana la empresa que eligieron los tres comisionados titulares de la oficina electoral —Ana Paola Hall, Rixi Ramona Moncada y el mismo Kelvin Fabricio Aguirre. 

Smartmatic SGO Group es la corporación que se encargará del sistema biométrico, es decir, lo que concierne a la identificación del elector durante las elecciones generales del próximo 28 de noviembre. 

Días antes de esta contratación, la candidata a la silla presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, presentó su plan de gobierno en una reunión con invitados especiales y medios de comunicación el domingo por la mañana en el Hotel Plaza Juan Carlos de la capital. Por su parte, Salvador Nasralla, el presidenciable por la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH) lanzó su campaña el mismo domingo por la tarde en la Plaza Central Francisco Morazán, sin embargo, no presentó propuestas e informó que están trabajando en «un plan (de gobierno) realista». 

Germán Maximino Lobo, consejero suplente del CNE aseguró a Contracorriente que en el organismo electoral siguen trabajando en razón de su cronograma electoral, esto a pesar de los retrasos— explicados con detalle en una nota previamente publicada por Contracorriente— que el Congreso Nacional ha provocado por demoras en aprobación presupuestaria.

Un hombre realiza el proceso de enrolamiento para gestionar su nuevo documento de identidad en un centro comercial. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, siguen en espera del listado oficial que el Registro Nacional de las Personas (RNP) les hará llegar para la elaboración del censo oficial; también esperan la certificación de todos los ciudadanos que han recibido sentencias por delitos y con esto inhabilitarlos del censo nacional electoral. Tal documento será enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó Germán Lobo. 

A pesar de que la contratación de Smartmatic SGO Group es relevante, la empresa encargada Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) aún no ha sido anunciada por el CNE. Para la licitación presentaron aplicación seis empresas y el proceso tendrá un costo aproximado de 41 millones de lempiras. 

Luego de que el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) hiciera la veeduría correspondiente para analizar las empresas y sus capacidades para cumplir con los requerimientos, quedaron como candidatas posibles solamente tres corporaciones: dos hondureñas y una extranjera. 

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Smartmatic SGO Group

La empresa, fundada en el año 2000 y con sede en Londres, Inglaterra, ha trabajado en el conteo electrónico de alrededor 3,500 elecciones en todo el mundo, sumando así más de 5 billones de votos procesados, según un apartado en la página web de la autoproclamada «compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo». 

Antonio Mugica es uno de los fundadores y el actual Director Ejecutivo General de Smartmatic. Trabajó previamente como director de la corporación sueca Anoto Group AB, una empresa que ofrece metodologías tecnológicas para acumulación de datos. El actual presidente de la junta directiva de Smartmatic es el venezolano Roger Piñate, y el presidente para Latinoamérica es Andrés Rombolá, de nacionalidad argentina, tal como indica el mismo apartado en el sitio web corporativo. 

Alfredo José Anzola, cofundador y primer director financiero de Smartmatic, falleció en 2008 en un accidente aéreo que provocó algunas investigaciones: uno de los motivos fue el piloto, Mario José Donadi, quien tendría que haber estado en prisión por cometer el delito de «transporte ilícito de sustancias estupefacientes» para la fecha del accidente, según indica la resolución emitida en el 22 de mayo de 2006 por el Juzgado Segundo de Juicio de Venezuela mediante Rosa Barreto como ponente. 

Smartmatic, como cualquier empresa dedicada a seguridad electoral, ha estado envuelta en escándalos políticos. La corporación fue contratada por las oficinas de Gobierno de Estados Unidos para los comicios presidenciales del 2020, específicamente en el Condado de Los Ángeles —tal procesamiento fue cuestionado por los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump, según explica el resumen publicado por The Associated Press (AP)—. Las declaraciones del  equipo legal de Trump fueron posteriormente desmentidas por los expertos en verificación de datos en una nota publicada en FactCheck.Org. 

El exalcalde por el Partido Republicano de la ciudad de Nueva York de 1994-2001, Rudy Giuliani, señaló que la empresa había sido «creada en Venezuela en la dirección de Hugo Chávez». Dominion, el software desarrollado por la empresa Smartmatic, introdujo una demanda judicial en contra Giuliani por difamación, de acuerdo con la nota de AP previamente citada. 

Además de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Smartmatic ha procesado votos para la Unión Europea, Venezuela (desde el 2004), Filipinas, Argentina, Bélgica, El Salvador, Estonia, Noruega, Dinamarca, Italia, Armenia, Sierra Leona, Omán, Brasil, Chile, Kirguistán, Bulgaria, Albania, Zambia, entre otras, según indica el apartado de «experiencia» en la página web de la corporación Smartmatic. 

En las elecciones populares para alcaldes y diputados de El Salvador en el 2018, Smartmatic reportó fallas en la divulgación de votos para diputados, estas habrían provocado alteración en los resultados electorales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, para no provocar «alarma dentro de la población», no reportó las fallas hasta horas después, como lo explica La Prensa Gráfica en una publicación.

Mientras que en Venezuela, el país de origen de sus dos cofundadores, Smartmatic ha sido señalada por vínculos con el exvicepresidente Jorge Rodríguez. En el 2004, Rodríguez era presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y desde un bufete legal Moisés Maiónica gestionó la ingeniería legal y financiera para la licitación—así lo explica la investigación de Lucas Goyret—. Maiónica admitió ante la Fiscalía de Miami haber fungido como asesor legal de la empresa cofundada por Anzola y Mugica, tal como informó la jueza de la fiscalía de Miami en la sentencia de diciembre del 2008. 

Millones de DNI sin entregar 

Oscar Rivera, comisionado representante del Partido Libre en el Registro Nacional de las Personas, informó que para la segunda semana de septiembre se han entregado 3.8 millones de documentos nacionales de identificación (DNI) de un total de 5.2 millones de personas enroladas. Agregó que diariamente se están entregando aproximadamente 50,000 DNI en todos los puntos del país.

La Escuela John F. Kennedy ha sido uno de los puntos de entrega del nuevo documento de identidad para los capitalinos, esta escuela es además uno de los principales centros de votación de la ciudad. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Aunque no es recomendable, por cuestión de seguridad electoral, que la población acuda a elecciones generales con dos documentos de identidad diferentes, esta es una gran posibilidad para Honduras, tomando en cuenta la cantidad de identificaciones que quedan por entregar.  Rivera asegura que «ningún ciudadano se verá en la necesidad de votar con la identidad anterior», pues no consideran que exista la «remota posibilidad» de que no tengan en mano el nuevo documento. 

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Germán Lobo comentó que desde el CNE «solo nos queda confiar en que el RNP (Registro Nacional de las Personas) cumpla con su cronograma antes del 15 de octubre, porque este documento no es solo para ejercer el sufragio, sino para actos de comercio y trámites administrativos». 

Ernesto Paz Aguilar, excanciller, profesor universitario y analista en temas de elecciones, señaló en un entrevista a Contracorriente que hay tres principales amenazas en cuanto a seguridad electoral para las generales de noviembre. La primera amenaza fue orquestada desde el Congreso Nacional (CN), «al modificar 10 artículos de la Ley Electoral, así amenazando la seguridad jurídica», afirmó Paz Aguilar. Además, cree que estos artículos modificados en la recién aprobada ley, provocaron la violencia en la selección de orden de la papeleta el sábado 21 de agosto en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop). 

Además, Paz Aguilar asegura que esto representa una amenaza para la seguridad electoral, debido a la «renuencia a proporcionarle independencia a la entidad electoral». Aún con injerencia política, el analista considera que el CNE «ha hecho más de lo que les han permitido hacer», mientras que el RNP «han tenido muchas fallas, comenzando por los cambios domiciliarios», mencionados también por la entonces comisionada presidenta Ana Paola Hall.

Honduras se presentará a las urnas en menos de tres meses para renovar el cargo presidencial, 128 de diputaciones para propietarios y suplentes y 298 corporaciones municipales. Sin embargo, recordando las crisis postelectorales de los últimos años y en vista de que no se ha emitido la Ley Procesal Electoral, «se pueden provocar algunos conflictos electorales», indicó Aguilar Paz. 

Seguridad informática

Rodrigo Baires, periodista freelance e investigador en temas de acceso a la información pública y política, explicó a Contracorriente la importancia de una «Ley de Lealtad» entre Smartmatic y el Gobierno, esto por la necesidad de proteger las identidades faciales de todo el electorado y poder asegurarse de que la base de datos a la que tendrá acceso la empresa «no pueda caer en manos inadecuadas».

El «secuestro de datos» es un riesgo que se corre en elecciones con sistemas de identificación informáticos. Según Rodrigo Baires, tomando en cuenta la crisis sociopolítica que «prevalece en países como los nuestros que tienden a ser autoritarios, tal vez no están preparados para elecciones de este tipo», concluyó.

La Secretaría de Salud, Sesal, le negó a Contracorriente el contrato con la farmacéutica Pfizer amparándose en el decreto aprobado el 7 de septiembre sobre la reserva de la información en compra de vacunas, pero la solicitud se había realizado el pasado 6 de agosto.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Martín Cálix

El 6 de agosto del 2021, haciendo uso del derecho que tiene cualquier ciudadano y que emana de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Contracorriente realizó la solicitud para conocer el contrato que el Gobierno de Juan Orlando Hernández firmó con la farmacéutica Pfizer en mayo del año 2021 por la compra de 4.4 millones de dosis de vacunas para combatir el COVID-19.

El valor internacional de la dosis del producto de Pfizer se ha elevado pues en el último contrato con la Unión Europea cada dosis tendría un precio de $23.06, cuatro dólares más de lo pagado anteriormente.

Según la Ley de Transparencia, las instituciones obligadas tienen 10 días para responder a las preguntas de los ciudadanos. Después de ese tiempo, si no hay respuesta, el interesado podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.  

No obstante, la Secretaría de Salud, Sesal, tardó un mes en responder a la solicitud de este medio y lo hizo justamente el día en que el Congreso Nacional aprobó  un decreto para declarar información reservada la acordada entre el Gobierno de la República y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra el COVID-19. En el mismo se decreta la confidencialidad de estos contratos por los próximos 10 años.  

Amparándose en esa norma jurídica que aún no había sido aprobada, la Sesal, negó la información solicitada. En la respuesta a nuestro requerimiento sostienen que el decreto está a la espera de aprobación: «En el marco de la política de transparencia que sustenta nuestras actuaciones administrativas, procede a dar respuesta de la siguiente manera: El contrato suscrito con la empresa Pfizer se encuentra en proceso de reserva  a través de un Decreto Legislativo y se está a la espera de la aprobación del mismo», respondió a este medio el personal encargado de esa secretaría el 7 de septiembre. 

Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que «en temas de acceso a la información no se habla de retroactividad de la ley, de lo que se habla es que cuando un ciudadano solicita una información y la institución encargada de custodiar esa información considera que la misma debe ser reservada, entonces genera un acuerdo de reservación de la misma y le da (al ciudadano) una versión pública».

El abogado Tábora agregó que hay un «gran error de la Sesal», porque invoca un decreto legislativo cuyo fin no puede reservar información concreta, «entonces lo que corresponde en este caso es impugnar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública porque hay un procedimiento administrativo errado y el IAIP debe hacer el control de legalidad», afirmó.

Según datos de la Secretaría de Salud al 5 de septiembre, se habían aplicado 4 526 090 de vacunas, de las cuales 2 896 759 son primeras dosis, mientras que 1 629 331 son segundas dosis. En la foto, una mujer se aplica la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la Universidad Católica de Honduras. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

En declaraciones a Radio Cadena Voces, el comisionado del IAIP, Vladimir Mendoza, aseguró que «él está en contra de toda reserva de información, pero que la ministra de salud, Alba Consuelo Flores había dejado claro la solicitud de la compañía Pfizer y que en este caso era reserva de información o vacunas».

Según las declaraciones de la ministra de salud, esto fue solicitado por la empresa Pfizer,  incluso mostraron correos. 

«Es lastimoso porque denotamos que somos un Estado débil, ya que una empresa que vende vacunas nos pone de rodillas y nos limita la venta de esta si no cumplimos con las condiciones que ellos piden», afirmó Mendoza. 

Mendoza también aclaró que el decreto emitido no tiene alcance retroactivo respecto al contrato que el gobierno contrajo con su similar de Rusia para la llegada de 4.4 millones de vacuna Sputnik-V: «La ley no es retroactiva salvo en material penal y siempre cuando favorezca al encausado, laS reservas de información es un ámbito administrativo», dijo.

Sin embargo, reconoció que una vez publicado en La Gaceta es ley y se debe cumplir, aunque se podría interponer algún recurso de amparo o de inconstitucionalidad de la ley. Además, agregó que en caso de persecución de un delito, la información puede pasar a los órganos competentes como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, TSC.

En el dictamen de esta iniciativa de ley presentada por el ministro de presidencia, Abrahan Alvarenga Urbina, no se menciona la solicitud de Pfizer, pero se justifica la creación del decreto en intento que, en medio de la crisis, haya distorsiones o malas interpretaciones en el proceso de adquisición de las vacunas. 

«Que el uso malicioso, malintencionado o irresponsable de la información pública, en particular de la información sanitaria, constituye una amenaza para la seguridad y la salud de la población hondureña, por lo cual corresponde una regulación adecuada y proporcional uno», reza uno de los considerandos de la iniciativa que tendrá vigencia por los próximos 10 años. 

El artículo 1 del decreto dice: «Declarar información reservada, la acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro de las mismas».

Para el abogado Edy Tábora, el procedimiento utilizado para la declaración de la reserva de información tiene vicios de ilegalidad: «Como se trata de un documento en particular, la Ley de Acceso a la Información Pública ya establece el órgano, la institución y el procedimiento para reservar información», advierte. 

Sostiene que el primer paso que se debe dar es que la institución encargada de la custodia de esa información emita un acuerdo de clasificación, haya o no haya una solicitud de un ciudadano. Lo segundo,  es que debe pasar por un control de legalidad por el órgano rector de la promoción del acceso y derecho a la información pública que es el IAIP. 

«El instituto evalúa qué tan importante es mantener reservada la información o que tan importante es que la ciudadanía conozca de la misma, que es relevante, seguramente habrá cláusulas del contrato que entran en reserva, pero en general el contrato debe ser público», afirmó Tábora.

También agregó que el IAIP tiene un antecedente inmediato con la reserva que pidió la Secretaría de Salud con el contrato de la vacuna Sputnik y que luego fue declarado público con algunas cláusulas de reserva. 

«El poder político y económico del país, salta en una respuesta digamos ilegal, sabiendo que el IAIP está realizando al proteger el derecho a la información pública, ellos sabían que si mandaban ese contrato al Instituto lo iban a declarar público, entonces lo que hacen realizar un mecanismo legislativo de generar un decreto de reserva. Eso es una ilegalidad, está viciado de inconstitucionalidad porque el Congreso no tiene facultades de reservar información sobre documentos concretos», afirmó Tábora.

Manifestó que el hemiciclo sí tiene facultades para establecer una cláusula general, pero no lo sobre documentos concretos como un contrato: «Este acto administrativo lo realiza la institución encargada de custodiar la información, en este caso la Sesal y lo envía al IAIP». 

El director del Bufete Justicia para los Pueblos también ahondó en las razones para que la información llegue a categoría de reserva.  Afirmó que la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 17 mencionó la existencia de un «objetivo legítimo» para reservar información. «La primera gran categoría es la seguridad nacional», dijo. 

Añadió que la reserva de información también es contemplada si se trata de la vida privada de una persona y que no es de interés público y cuando se trata de investigación de delitos, que está contemplado también en la Ley del Ministerio Público.

«Hay otras categorías como la conducción de negociaciones y relaciones internacionales, digamos que esa podría caber(la secretividad en la compra de vacunas), sin embargo cuando se trata de contrataciones eso no tiene reserva de información. Podría ser reservado mientras se realizan las negociaciones», explicó Tábora. 

La ley menciona también la posibilidad de reserva por asuntos humanitarios. Tábora señaló que la propiedad intelectual sobre ciertas fórmulas se considera información clasificada, pero en todo lo anterior no entra una situación como la compra de la vacuna Pfizer por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. 

La medida ha creado suspicacia y no es para menos. Durante la pandemia, el país se llenó de indignación después de que saliera a luz la dolosa compra de siete hospitales móviles que costaron 47 millones de dólares, pero que según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, fueron valorados por más de 31 millones de dólares. 

El novelista, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), es acusado por la fiscalía de «realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia», informó este miércoles el Ministerio Público de Nicaragua. 

Texto: Luis Lezama 
Fotografía: Oficina Sergio Ramírez.

«Sergio Ramírez es acusado en Nicaragua por incitar al odio y la violencia(EFE)», ese fue el cable que trascendió desde Nicaragua el 8 de septiembre, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio Público de Nicaragua, ordenara el arresto de Sergio Ramírez Mercado, escritor y excompañero de lucha de Daniel Ortega en la llamada Revolución Sandinista. Sergio Ramírez es considerado uno de los intelectuales más importantes de Latinoamérica y uno de los detractores más críticos del gobierno de Nicaragua. 

En 2017, Sergio Ramírez (Masatepe, 1942), reconocido por sus novelas, cuentos y ensayos, fue galardonado con el Premio Cervantes, convirtiéndose así en el primer y hasta ahora único centroamericano en recoger el galardón que ostentan en sus solapas escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Octavio Paz y otros más cuyos nombres han dado la mejor literatura del mundo hispano. El premio fue visto, por el mismo Ramírez, como un reconocimiento a toda la literatura de la región centroamericana. Y también como un aliciente para el Festival Centroamérica Cuenta, el más importante festival literario de la región, dirigido por el propio Sergio Ramírez. 

Antes, muchos antes, Sergio Ramírez Mercado fue conocido como un revolucionario de la Revolución Sandinista, experiencia que se encuentra plasmada en su libro Adiós, muchachos. Incluso, al triunfar la revolución, llegó a ser vicepresidente y en una ocasión candidato presidencial. Pero a Sergio Ramírez lo fue alejando de la Revolución y la política —según sus palabras—, en primer lugar, su pasión y oficio por la literatura, como también la mala dirección de Daniel Ortega y Rosario Murillo al frente del país. Así lo ha expuesto en privado y en público, en reiteradas ocasiones, como en su discurso de aceptación del considerado Nobel de la Literatura escrita en lengua española, cuando frente a un público donde se encontraba el rey Felipe de Borbón y Grecia, rey de España, expresó: «Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República». Entonces, una ola de protestas se había levantado en Nicaragua contra el gobierno de Ortega y Murillo. Desde entonces la violencia y la persecución contra los detractores de la pareja ha ido en aumento, excompañeros de la revolución, candidatos a cargos populares y periodistas se encuentran presos o acusados por el régimen de Ortega. Desde el 8 de septiembre, la última víctima en unirse a esa larga lista de asediados es Sergio Ramírez, uno de los escritores de más renombre —junto con Rubén Darío y Claribel Alegría— que Nicaragua y Centroamérica ha tenido. 

Palabras como las de su discurso de aceptación del Premio Cervantes y otros señalamientos que Ramírez ha hecho contra el Gobierno de Daniel Ortega en medios y a lo largo de su obra novelística son los que la comunidad internacional entiende como las verdaderas razones detrás de esta orden de detención. 

Desde Contracorriente, extendemos al escritor Sergio Ramírez nuestro apoyo y reproducimos íntegramente su respuesta ante estas acusaciones. 

DECLARACIÓN DE SERGIO RAMÍREZ

La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes.

No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977 la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir, y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra.

Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder, y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos, y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás.

Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros. Los libros de un escritor. Los libros de toda mi vida.

Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre.

Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio.

Decenas de hectáreas de repollo crecen sobre la zona núcleo de la reserva natural del Parque Nacional La Tigra, ubicada en el centro de Honduras. Ahí donde debería haber una zona de conservación forestal, se reproduce la hortaliza que se convierte en el complemento de las comidas de los citadinos y el sustento económico de una comunidad que existe en el lugar equivocado.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Ezequiel Sánchez

Patricio Colindres camina entre una alfombra de repollos que se extiende cerca de su casa. Va acompañado por su perro Canelo, que camina a su lado en la comunidad de Montaña Grande, donde la familia Colindres ha trabajado la tierra desde hace tres generaciones.

Patricio tiene 55 años, lleva botas de hule, pantalones llenos de lodo y una gorra para protegerse del sol que, a pesar de encontrarnos en la zona núcleo de una reserva natural, a 1700 metros sobre el nivel del mar, es agresivo y pica en la piel. 

Mientras nos presentamos, Patricio —de contextura ruda y voz amable— se mueve entre la plantación de una variedad diferente a la mayoría de los repollos que se ven sobre toda la montaña, son hojas verdes con tonos amoratados que albergan cabezas de un brillante repollo morado. Las hojas crujen mientras camina. Crujen hasta que se detiene, se inclina, y, con ambas manos, recoge una de las hortalizas de la tierra. 

–Desde que nacimos sembramos repollo –cuenta, mientras observa el resultado de semanas de trabajo, y aclara que, en esos tiempos, cuando su papá le enseñó todo sobre el patrimonio familiar, no sembraban repollo morado —repollo “fufurufo”, como le dice él—, por ser un repollo fino que se vende caro en la ciudad.

–Le digo así porque solo es decoración, un pobre no lo compra, porque solo es decoración.

Patricio es proveedor de repollos en uno de los supermercados más populares del país, quienes le compran cada cabeza de repollo verde —de unas 4 libras— a 12 lempiras (USD 0.50) y lo venden en la ciudad al público hasta en 32 lempiras (USD 1.35). El repollo morado del mismo peso se lo compran a 32 lempiras (USD 1.35) y pueden venderlo hasta en 120 lempiras (USD 5.05). En cada hectárea de tierra pueden producirse —asegura Patricio— hasta 32 mil cabezas, que alcanzan para proveer a los supermercados y distribuir en zonas rurales.

Patricio Colíndres muestra un repollo recién cosechado de su parcela. Patricio y su familia venden repollos a los supermercados de la ciudad y han logrado expandir su venta a los departamentos de Danlí, Comayagüa, Olancho, Choluteca y Cortés. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Patricio y sus hermanos son dueños de unas 18 hectáreas donde siembran en mayor cantidad repollo verde y algo de morado. A la hora de la venta se reparten las ganancias y para la producción dan empleo a casi toda la comunidad. 

Pero este hombre, los repollos y su perro Canelo tienen algo en común: no deberían estar en la zona núcleo del que fue el primer parque nacional declarado área protegida en el país, el Parque Nacional La Tigra.

La Tigra fue declarada reserva natural por el Gobierno hondureño el 14 de julio de 1980, con el objetivo de proteger el bosque nublado que se encarga de limpiar el aire y proporcionar agua a la ciudad y las comunidades aledañas; además de ser una gran área de conservación natural para diversas especies animales y vegetales. Cuando se dio esa declaratoria por parte del Congreso Nacional de Honduras, la comunidad ya existía y las familias utilizaban la tierra para el cultivo.

La zona protegida cuenta con una extensión de más de 24 mil hectáreas de bosque, divididas en zona de amortiguamiento y zona núcleo, que forman parte de la cadena montañosa central de Honduras. Desde allí sale alrededor del 25 % del agua que abastece al Distrito Central, capital del país que se encuentra a unos 12 kilómetros de distancia del parque y que es beneficiada con el agua que se produce allí de forma natural.

A pesar de contar con gran riqueza de recursos, entre 2019 y 2020 el país sufrió la peor sequía de la última década, tiempo en que algunas comunidades recibían el agua en intervalos de entre 25 a 30 días. En el caso de la capital ni siquiera la reserva de La Tigra logró paliar la crisis, por lo que la mayoría recurrió a comprar agua en carros cisterna que sacaban el líquido de los pozos de la ciudad. La desesperación era mayúscula considerando que con la pandemia aumentó la necesidad de agua para mantener limpios los alimentos.

En Honduras los datos de la organización «Water For People» señalan que el 49 % de personas que habitan zonas rurales no tienen acceso a ningún servicio de saneamiento de agua.

En ese contexto, el parque tiene mucha importancia como fuente de agua para los cuatro municipios que atraviesa: el Distrito Central (la capital), Cantarranas, Santa Lucía y Valle de Ángeles; estos dos últimos son pequeños pueblos coloniales que están creciendo en población y se han convertido en destinos turísticos para salir de la capital. Gran parte de sus restaurantes, cafeterías y zonas de recreación están dentro de la zona de amortiguamiento del parque, y los proyectos habitacionales se han multiplicado ya que ahora los capitalinos piensan en esa zona para poder vivir fuera de la ciudad y más cerca de la «naturaleza».

En el camino hacia esos dos poblados turísticos se encuentra el desvío hacia Montaña Grande, a donde se puede llegar de dos formas: caminando durante dos horas y jadeando por el cansancio de subir 500 metros de terreno quebrado, o en un carro doble tracción, con un conductor habilidoso que logre sortear el terreno angosto y accidentado en la montaña; de la segunda forma, desde el desvío de la carretera principal hasta la comunidad, son por lo menos 20 minutos de camino.

La comunidad se encuentra en una región de la zona núcleo donde las actividades van dirigidas a la recuperación del bosque por medio de la regeneración natural o la reforestación asistida, para devolver a su estado natural los terrenos dañados por la actividad humana, y desastres como las plagas y los incendios.

El plan de manejo del parque que realizó el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con el acompañamiento  para el periodo 2013-2025 señala esta zona como el lugar donde «se ha cortado el bosque para dedicar los suelos a la agricultura, causando daños al suelo por erosión y provocando la contaminación del agua con sedimentos y residuos de fertilizantes y pesticidas». En otras palabras, el objetivo es que el bosque nublado que debería existir en esa zona se recupere, y por lo tanto se espera limitar en la mayor medida la producción de cultivos, como el repollo de Patricio y su familia.

El productor Patricio Colíndres posa junto a un fragmento de sus repollos verdes y morados, sembrados en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Patricio cuenta que cuando sus antepasados, que vivían allí desde inicios del siglo pasado, descubrieron que podían cultivar para vender y no solo para subsistir. En un inicio, intentaron con las zanahorias, pero el proceso no fue satisfactorio; por eso cuando el papá de Patricio probó con el repollo y notó que en cuestión de dos meses podrían tener cientos de libras para vender, toda la familia se volcó a ese producto. Hoy en las tierras de Montaña Grande desde algunos puntos no se alcanza a ver ningún otro cultivo.

Según los últimos datos de 2019 dados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Honduras se producen casi 95 mil toneladas de repollo y sus variantes denominadas crucíferas, siendo el onceavo cultivo de mayor producción en el país, incluso por encima  de otros cultivos de consumo esencial en la región como el plátano. Según estos mismos datos, la producción del repollo es para consumo local ya que no tiene grandes niveles de exportación.

Patricio se dedica a cultivar repollos Greenboy, Royal vantage, Escazú y Cairo; algunas de estas variedades soportan lo suficiente hasta que, sin previo aviso, llegan una vez al mes los encargados del supermercado a recoger la cosecha. Del promedio de 5000 cabezas de repollo que se producen mensualmente, casi siempre compran apenas unas 1500 unidades.

–En un mes todo eso –dice, y señala una zona amplia de tierra donde antes hubo bosque– estará verde. 

Lo dice mientras dos jornaleros plantan las semillas de repollo, y él señala que siempre tiene que haber producto disponible para cuando el supermercado lo necesite.

No es posible contar la cantidad de repollos que alfombran la tierra que debería estar llena de pinos y árboles de diversos tipos, pero Patricio niega que sus repollos se encuentren dentro de la zona núcleo del parque, y dice que, aunque el Gobierno le indemnizara, no podría vivir en otro lugar. 

–¿Cómo nos vamos a otro lado con lo mismo que tenemos aquí? –se pregunta, sin poder imaginar otro lugar que no sea la tierra de su familia. 

Pero los repollos de Patricio sí están dentro de la zona núcleo del parque, y él ha sido informado de la situación. Eso cuenta Justo Zapata, uno de los pocos pobladores que no está de acuerdo con el cultivo de la hortaliza en la zona protegida.

Justo explica que comprender el daño de la agricultura en la zona es tan fácil como ver el mapa del Parque Nacional La Tigra. Se puede notar un parche de color café en la zona núcleo que es toda la comunidad de Montaña Grande, incluidas las tierras donde Patricio siembra repollos.

–Ya lo hemos hablado muchas veces en reuniones –dice–. Los productores de la zona saben que se encuentran dentro de la zona núcleo del parque.

Justo, de 48 años,  también es originario de la comunidad y es uno de los pocos que no trabaja con el repollo; de hecho, ahora es el técnico local del «Eden Reforestation Projects», que ejecuta acciones por la reforestación de 250 hectáreas de parque, contempladas la zona núcleo y amortiguamiento. 

–Yo pienso que es casi un desmayo cuando uno llega allí y dice: Dios, ¿esto está pasando? No puede ser –comenta sobre llegar a esa comunidad y ver repollos donde debería haber bosque.

Justo afirma que el trabajo de reforestación es importante para ayudar en la única opción que tienen en La Tigra: aguantar la pérdida de la reserva el máximo tiempo posible.

–Es difícil que las comunidades mejoren; el bosque se seguirá perdiendo. Ya solo queda aguantar, aguantar, aguantar.

Incapacidad gubernamental para cuidar La Tigra

–No se les puede exigir a los productores. Si fuese un mundo ideal, las empresas pagarían un mejor precio y parte se dedicaría al tema de mejores prácticas agrícolas; eso podría ser una estrategia. Pero realmente en este momento no se les puede exigir. 

Eso lo dice la ingeniera Alejandra Reyes, jefa del departamento de Áreas Protegidas del ICF.

También cuenta que el Estado ha sido incapaz, en el caso de los supermercados que afectan indirectamente la zona núcleo de La Tigra con contratos y compra del repollo, de llegar a acuerdos de conservación con la empresa privada. No hay conciencia ambiental ni regulaciones o leyes que les obliguen a restaurar o minimizar el daño. 

Por otro lado, Jorge Palma, director técnico de la Fundación Amigos de la Tigra (Amitigra), explica que desde la fundación del parque como zona protegida trabajan con las comunidades asentadas antes para que realicen sus actividades con técnicas más amigables con el ambiente, y monitorean los agroquímicos que utilizan.

–Generar ese cambio cultural de pasar de los agroquímicos pesados y rápidos a procesos orgánicos es casi imposible, sobre todo porque viene vinculado a los mercados. Por ejemplo, el mercado nacional no está interesado en pagar productos de calidad o que llevan un poquito más de trabajo. Entonces los compradores dicen «yo prefiero comprar este tomate producido con glifosato y cualquier otra cosa, porque cuesta dos lempiras comprar este que es orgánico, que daña menos, pero es más pequeño y cuesta más del doble».

Actualmente los dos supermercados más grandes y populares en Honduras son la cadena internacional Walmart y la nacional La Colonia. Ambos se presentan al consumidor con campañas de apoyo a pequeños productores locales, pero estas solo implican ayudas en diversificación de hortalizas y financiamientos. El consumidor promedio no está informado sobre el origen de las frutas y verduras, o si están dañando zonas de reserva como es el caso de los repollos.

Jorge subraya que, en Montaña Grande, aunque los productores logran sacar beneficios suficientes para vivir, también tienen temporadas en las que pierden casi todo. Ese fue el caso de 2020 con la pandemia. Por las restricciones de movilidad casi no lograron vender.

–Me quedo pensando en sociedades más avanzadas que nosotros en estos temas como Alemania, Suiza, que aún no logran, por ejemplo, normar a entidades embotelladoras de refrescos.

A pesar de la dificultad, uno de los sueños de Jorge es practicar una idea que surgió recientemente: crear la certificación de «Amitigra» para las verduras que salen del parque y que el comprador pueda verificar que el repollo es bondadoso con el ambiente, y de paso motivar al productor a tener mejores prácticas agrícolas.

Un cartel de Amitigra y la Alcaldía del Distrito Central advierte sobre la prohibición para montar cercos, casas y cultivos en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

La preocupación por los problemas del parque, y en particular por el núcleo, es grande para todas las organizaciones que se aproximan; sin embargo, este no es un caso aislado, explica Byron Mejía, coordinador técnico en «Eden Reforestation Projects» y jefe inmediato de Justo. Mejía asegura que de las casi 73 áreas protegidas en el país no hay ni una en la que se respete a cabalidad la no expansión de la frontera agrícola y los asentamientos humanos.

Datos del ICF, proporcionados vía acceso a la información pública, indican que del total de zonas de protección, cinco tienen concesiones activas de hidroeléctricas o mineras, nueve tienen denuncias sobre cultivos ilegales de palma africana o café, diez tienen denuncias o investigaciones en proceso por construcciones, tala de bosque, cultivo o incendios forestales, y cinco tienen proyectos habitacionales de infraestructura, hidroeléctricos o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) dentro de sus límites.

En el caso de las ZEDE, en el último mes el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, alertó a medios de comunicación local sobre la pretensión de convertir La Tigra en una ZEDE. Las ZEDE son áreas del territorio nacional que están sujetas a un régimen distinto o especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales estarían a cargo de la seguridad, resolución de conflictos y la política fiscal. Las únicas leyes nacionales aplicables en este pequeño territorio son la Constitución de la República y el Código Penal. En otras palabras, es una porción de Honduras que se convierte en un enclave. 

Ante esa amenaza, la junta directiva de «Amitigra» publicó un pronunciamiento en el que apuntaron que la ley de las ZEDE atenta contra diversas formas de derecho, poniendo en riesgo «la prevalencia de las salvaguardas ambientales», y se declararon en contra de cualquier modelo económico que no proteja los recursos naturales y las fuentes de agua.

–En estas zonas se afecta la cobertura arbórea, eso significa que cuando las nubes pasan y no hay árboles, el agua no puede filtrarse hacia la tierra y esto afecta para la producción de agua para las comunidades de todo alrededor. La gente solo ve la parte pelada del bosque, pero no piensa en la otra parte que es la generación de agua –explica Mejía sobre las zonas protegidas que ya están siendo afectadas.

En el caso de Montaña Grande, dice que los esfuerzos deben concentrarse en reducir el crecimiento de la población en la zona, sobre todo evitando que personas de otros lugares migren hasta la zona núcleo.

–Los nuevos hijos van a ocupar casa, alimento, patio y obviamente agua, pero ya cuando crezcan no habrá acceso al agua porque van a haber otras familias con más hijos haciendo lo mismo.

Gracias al trabajo de esta organización, que tiene como objetivo generar empleo con base en la restauración del bosque, mujeres y hombres que antes trabajaban sembrando repollo están usando diversas técnicas para reforestar las zonas afectadas en La Tigra.

Desde el Gobierno central la respuesta ha sido tardía y ha quedado en la mayoría de los casos en discursos. El pasado 18 de mayor el presidente Juan Orlando Hernández participó en la firma de un «Convenio Interinstitucional para el Desarrollo de un Proceso Conjunto para el Manejo Sostenible y Resiliente del Parque Nacional La Tigra». El temor de Jorge y las otras organizaciones que trabajan por la conservación de la zona es que este plan no se ejecute y la cobertura arbórea se pierda para dar paso —con permiso de los gobiernos locales en las municipalidades— a los capitalinos que huyen del estruendo de la ciudad.

Parcelas de repollo que se aprecian en algunos claros de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra donde no hay árboles nativos como pinos o liquidámbar a causa del gorgojo descortezador, los incendios o la tala ilegal. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

La expansión urbana que amenaza La Tigra

Al subir caminando por uno de los senderos en dirección a Montaña Grande, unos 500 metros después de la última casa en la zona de amortiguamiento, se puede leer en un cartel colgado en un pino de unos 10 metros: Se prohíbe cercos, casas y cultivos. Fue colocado allí por «Amitigra», que hace todo para reducir la intervención humana, aunque parezca que grita en un bosque donde nadie está cerca para oír.

Jorge asegura que en los últimos cuatro años el urbanismo dentro del parque ha crecido como nunca. Jorge empezó a trabajar hace diez años en la fundación; primero, como asistente del programa de uso público, luego como coordinador del programa de investigación biológica. Ahora, desde hace más de un año, es director técnico. En los últimos meses ha sido testigo de la llegada de más personas a la zona.

–En estos dos años de pandemia ha aumentado la venta de tierras. Cada vez nos aparece más gente que compró y que quiere construir dentro del parque. Yo atiendo entre cinco y diez llamadas diarias de gente que me pregunta por propiedades en el Piligüin, El Chimbo, Las Golondrinas, que son áreas pobladas del área protegida. Me dicen que tienen un terreno y necesitan el dictamen ambiental que «Amitigra» tiene que aprobar –cuenta.

Solo hasta abril de 2021 se habían emitido 92 constancias de solicitudes que le habían hecho a la fundación, comenta indignado. Hasta 2019 se imprimían 60 o 65 constancias en todo el año.

Las solicitudes van desde permisos para cortar árboles que pide la gente que vive dentro del parque, hasta solicitudes para saber si los terrenos son parte de la zona de amortiguamiento o la zona núcleo. Jorge cuenta que hay gente que es responsable y al darse cuenta de que la tierra que quiere comprar se encuentra dentro del parque, desiste.

–Hay otros que empiezan a pedir el plan de manejo para que los abogados encuentren vacíos que les permitan construir dentro del área protegida. En la mayoría de los casos, las alcaldías terminan dando los permisos.

El plan de manejo de La Tigra impide en toda el área protegida  establecer nuevos asentamientos humanos de cualquier tipo (lotificaciones y urbanizaciones). Solo es permitido «el crecimiento vegetativo de los asentamientos ya existentes». Finalmente son las alcaldías las principales responsables de que esta directriz no se cumpla, al permitir que personas externas a las comunidades se asienten en la zona. En ese sentido, el 75 % del parque pertenece al Distrito Central. Jorge cuenta que hasta hace unos cuatro años nunca se habían involucrado en temas de conservación.

–Para ellos era un lugar abandonado. Se concentraban en trabajar en la ciudad. Toda esa zona ha sido un lugar donde rigen las reglas de la gente de las comunidades; ahora es un conflicto cuando les decimos que tienen que hacer un trámite de permiso en la alcaldía. Ellos dicen: «pero por qué si la alcaldía nunca ha hecho nada por nosotros». Otro problema es que hacer el trámite de permiso es costoso y mucha gente que vive en las comunidades no tiene el dinero.

Uno de los principales conflictos en los que se ha visto involucrada la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en relación con la conservación del área protegida ha sido el proyecto habitacional Bosques de Santa María, aprobado por el despacho del Ministerio de Ambiente y dicha alcaldía. Nasry Asfura, alcalde capitalino, señaló que el proyecto se aprobó debido a una demanda de más de 150 mil viviendas en la ciudad.

El proyecto inmobiliario  destinado a la clase privilegiada de Tegucigalpa contempla una extensión de 500 hectáreas e incluye 2300 viviendas, un centro educativo, centros comerciales y tiendas, club de equitación, una iglesia, una estación de bomberos, un lago artificial para actividades acuáticas; así como áreas boscosas protegidas, áreas de recreación y de esparcimiento.

Según información de la página web de los desarrolladores del proyecto, este sería «autosuficiente en agua potable, tratamiento de aguas servidas, redes de riego y combate a incendios y que asegura un desarrollo ambientalmente amigable, mediante el uso de energía solar y efluentes de aguas tratadas». 

«Desde el inicio de la planificación, el SANAA dejó claro que no podría suministrar agua para este desarrollo. Por lo tanto, se trabajó para buscar soluciones alternas perforando pozos que están a 1070 msnm a kilómetros abajo de La Tigra y que no afectan», señaló Guy Pierrefeu, desarrollador del proyecto en una entrevista con un medio nacional.

De acuerdo con sus desarrolladores, este proyecto consta de tres etapas a un plazo de veinte años en el que inicialmente se invertirá un monto estimado de 1,300 millones de lempiras ($52 mil). El terreno donde se planea desarrollar el proyecto tiene una extensión de 499.72 hectáreas, y 96.21 se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

La publicidad de este proyecto colocó en primera línea el problema de los asentamientos humanos en el área protegida del parque, lo que en septiembre de 2019 resultó en manifestaciones de los pobladores de las zonas aledañas en contra de la construcción del proyecto, muchos de ellos preocupados por la sobredemanda de agua que supondrán las nuevas viviendas. Esas manifestaciones terminaron en represión con gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional.

Para evitar mayores conflictos y ante el revuelo que la situación estaba creando, la alcaldía detuvo el proyecto. Fiscales del Ministerio Público secuestraron los documentos que lo autorizaron en primer lugar. El alcalde Nasry Asfura —ahora candidato presidencial— anunció la organización de un cabildo abierto para tomar una decisión. La consulta ciudadana no se ha realizado y no hay esperanza de que se realice en el futuro.

Desde el poblado de Montaña Grande, ubicado dentro de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra y donde siembran repollo como fuente de ingresos, se puede ver el municipio de Valle de Ángeles, conocido por el turismo local. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Jorge dice que para pelear por las 96 hectáreas de este proyecto que entran a la zona de amortiguamiento de la reserva, prefiere luchar y detener las construcciones en zonas ya urbanizadas dentro del parque; esas en las que los dueños siguen vendiendo de forma indiscriminada y afectando con incendios y talas, siempre dentro de las zonas de amortiguamiento y núcleo dentro del parque.

Solo en mayo la página de Facebook de la Fundación Amitigra reportó cinco incendios forestales dentro del parque. Jorge apunta que en la mayoría de los casos esos siniestros tienen su origen en la intervención humana. Según datos de la fundación proporcionados por Jorge, se pierden unas mil hectáreas de bosque al año por los incendios. En Honduras desde 2015 se ha perdido un total de 12,5 % de bosque por plagas, incendios forestales, el cambio de uso del suelo y la tala ilegal en zonas prohibidas.

Aparte del trabajo de la fundación, a nivel estatal el Instituto de Conservación Forestal (ICF) se encarga de vigilar las zonas protegidas de todo el país. En el caso específico de La Tigra, la jefa de áreas protegidas de esa institución, la ingeniera Alejandra Reyes, señala que la presión de defensa del parque viene principalmente por tratarse de un área tan cerca de la zona urbana.

–Tenemos el caso de la zona protegida de la montaña del Merendón en el departamento de Cortés, que también tiene presiones similares por el tema de nuevas residenciales; o sea, el tema de asentamientos en áreas protegidas es serio, es muy serio.

La mitología del repollo

El primer registro del repollo remite a los egipcios 2,500 años antes de Cristo. Se dice que luego los griegos y romanos lo implementaron en su producción al ser considerada una planta digestiva y eliminadora de embriaguez. Una vez cultivado por los romanos, su consumo se extendió a todos los países de la cuenca mediterránea, aumentando en la Edad Media. En el siglo XVI se adoptó en Inglaterra y Francia, y en el siglo XVII se extendió en el viejo continente, para llegar a  América con la conquista. En la actualidad es una de las hortalizas de mayor consumo en las zonas templadas con producción de proporciones mundiales. Según la FAO, actualmente el principal productor de repollo es China con más de 33 millones de toneladas anuales.

En Honduras, la ensalada de repollo es esencial como acompañante de comidas típicas y golosinas al ser un complemento de larga duración, fácil de cocinar y almacenar. Se sirve con tajadas de plátano, pastelitos de maíz fritos rellenos de papa y carne molida, pupusas (una tortilla gruesa a base de masa, rellena con uno o más ingredientes), yuca con chicharrón de cerdo y otras comidas fritas.

Por otro lado, la situación del bosque en el país es muy diferente al gusto y reproducción del repollo. Según un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF) hace cincuenta años el 65 % del territorio nacional era bosque nublado o seco; sin embargo, en la actualidad se pierden un promedio de 23 mil hectáreas al año.

El contexto de la pérdida del bosque se vuelve más alarmante considerando que hasta 2019 Honduras era considerado el segundo país más afectado por huracanes, tormentas e inundaciones, según el Índice de Riesgo Climático (IRC) de Germanwatch.

Patricio Colíndres de la Asociación de Agricultores de Montaña Grande, abre una llave de agua para mostrar el sistema de riego por goteo instalado en una parcela de repollos morados ubicada en la zona núcleo de La Tigra. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez

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Cientos de personas cada fin de semana asisten al parque para hacer ecoturismo. Algunos hacen ciclismo de montaña, caminan por los senderos y nadan en sus pozas naturales. De alguna forma, esta utilidad recreativa crea conciencia de la importancia de La Tigra, aunque el impacto de los asentamientos humanos en la zona sigue siendo ignorado; casi nadie sabe sobre los repollos de Patricio, incluso cuando La Tigra es la última zona boscosa que ofrece agua de calidad en la zona central y que ninguna otra represa del centro del país puede presumir tener mejor calidad o pureza.

Es, además, el único sistema de microcuenca hidrográfica en Honduras que no tiene una represa ni nada que almacene el agua. Cuando se inició la distribución del líquido desde la montaña hasta las casas de las comunidades aledañas, los caudales eran tan altos y la población tan pequeña que nunca se imaginaron que en algún momento se iba a necesitar una reserva, pero con las sequías de los últimos años ha sido evidente que esa visión es obsoleta.

Hoy en día construir una infraestructura para reserva de agua es mucho más complejo, porque casi toda el área viable para un proyecto de ese tipo está poblada. El 80 % de la zona protegida pertenece a personas naturales, por lo que la única opción sería indemnizar a los pobladores y reubicarlos.

Además de los componentes naturales, La Tigra contiene los vestigios de la operación minera en el centro del país que se desarrolló entre 1880 y 1954 con la concesión de la New York and Rosario Mining Company en la comunidad de El Rosario. Durante esta operación minera se construyeron senderos y veredas que se integraron al sistema del parque y ahora son usados por los turistas.

En ese sentido, la Fundación Amitigra se ha convertido en el ente encargado de la administración y protección de la zona, pero desde su creación como oenegé en 1993 ha contado con mínimo apoyo estatal, tanto a nivel local con la nula cooperación de las alcaldías para evitar la expansión de los asentamientos humanos, como en el presupuesto que podría desembolsar el Gobierno central para impulsar acciones de reforestación, conservación de especies o mejoramiento de las cuencas hidrográficas.

En 2015, por ejemplo, redujeron su presupuesto.

La falta de apoyo estatal se da a pesar de que entre los años 2013 y 2017 se registró una plaga de gorgojo descortezador de pinos que afectó más de 500 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, según datos del gobierno. De estos, 5 mil hectáreas pertenecían a La Tigra, bosques de pino que ahora son matorrales.

En Amitigra proyectan el parque como una isla forestal para la conservación de la flora y fauna que debería conectarse con otros espacios de biodiversidad en el país para permitir que, por ejemplo, los pumas y tigres de montaña que viven en La Tigra tengan otros espacios de caza y reproducción. El poco interés del Gobierno ha impedido el desarrollo de puentes ecológicos entre espacios, y aún más el desarrollo de otros proyectos que reduzcan el impacto de los seres humanos en la zona

Un repollo potencialmente mortal

–¿Van a llevar morado? –pregunta Patricio.

Entre risas, todos los presentes reciben un «repollo fufurufo»; menos Justo, que pone excusas para tomarlo. Dice que hace mucho no come repollo.

Justo no come repollo ni cuando almuerza pupusas. Dice que si la gente fuese consciente de los pesticidas con los que se fumigan las plantaciones de repollo en esa zona del parque, dejarían de comprarlo.

En el repollo que se siembra en la zona núcleo de La Tigra se utiliza como insecticida Clorfenapir, prohibido en 28 países incluyendo la Unión Europea, por la evidencia de estudios que indican que interrumpe el sistema endocrino en testículos y útero, además de ser potencialmente cancerígeno. El uso de este químico en una zona protegida se torna más grave considerando que la Agencia para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ha señalado la biopersistencia del compuesto y su toxicidad en abejas, peces y en la reproducción de aves.

También se utiliza el Paraquat como herbicida en las plantaciones de repollo, un compuesto químico que también está prohibido en la Unión Europea y que se ha comparado con el temido Glifosato que por muchos años distribuyó Monsanto a nivel mundial. Estudios científicos han señalado la exposición ocupacional a este compuesto como un causante de la enfermedad de Parkinson, y se ha considerado altamente peligroso ya que el simple contacto con la piel puede causar serios problemas digestivos, renales o pulmonares, y una pequeña ingesta puede matar a un adulto.

Las investigaciones indican que el Paraquat puede aumentar el riesgo de Parkinson en un 150 % o más, y se han reportado casos de intoxicación por este compuesto en Perú y Costa Rica.

Por otro lado, Justo explica que otra de las razones por las que no come repollo es por el daño que ha producido esta hortaliza en su comunidad.

–Hace tres años esta zona no estaba así –dice–, si usted miraba desde Valle de Ángeles, miraba bosque. Pero ahora solo es el puro suelo o cultivo, y eso es lo que no debe seguirse expandiendo. 

En la organización donde trabaja Justo, solamente en mayo de este año sembraron unos 30 mil árboles en la zona deforestada del parque nacional La Tigra. El objetivo final es devolver cobertura a unas 250 hectáreas.

Justo Pastor Zepeda, coordinador del Proyecto Edén, posa con unas ramas o «estacas» recién cortadas que serán sembradas en zonas del Parque Nacional La Tigra, donde ya no existen árboles. Tegucigalpa, 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Todo este trabajo le ha llevado a reflexionar de forma más profunda sobre su comunidad, aunque asegura que siempre ha tenido claro que lo mejor que se podría hacer es reubicar a la comunidad para evitar que la expansión descontrolada siga su curso.

–Se trabaja sin freno. Lastimosamente la situación en la que se vive en la comunidad es un desastre, no hay voluntad del ser humano y nadie piensa en que nuestra vida viene del bosque, el agua, el oxígeno. No hay voluntad. El suelo se arruina con el cultivo, y con la deforestación. ¿De qué vive la gente de la comunidad? No tiene una estufa eléctrica, no tiene una estufa de gas, necesita leña, ¿de dónde cree usted que sale la leña? Del bosque y ahí es cuando el problema se hace cada vez más grande.

Justo explica que además el repollo requiere mucha agua. Para regar durante tres días unas dos hectáreas de repollos se necesitan en promedio unos 29 mil galones de agua.

–Vivir en esta zona es bello, a mí nunca me falta el agua, si me quiero bañar cinco veces lo puedo hacer. Es muy rico, se respira aire puro, también vivo más seguro que cerca de la capital. Podemos dormir sin problema. Cuando era adolescente había un lindo bosque, pero ahora todo es gris –dice con nostalgia.

Justo y Patricio no se ven viviendo en otro lugar. En la frontera entre la zona deforestada de la zona núcleo y el inicio del bosque nublado, Justo señala las propiedades que pertenecen a su familia y dice que siempre han intentado respetar y convivir con el entorno.

Cuando el sol empieza a caer sobre el parque nacional La Tigra, baña con sus rayos las plantaciones de repollos y una casa grande y nueva en la zona núcleo del parque. Justo que es propiedad de alguien de la capital. Desde afuera se puede observar un asador para parrilladas y dos pequeños perros de raza schnauzer que no paran de ladrar ante el paso de los extraños.

Justo dice que si les pidieran mudarse en beneficio de conservar el parque, él personalmente lo haría con gusto, pero también apunta que entonces no hay razón para construir nuevas casas en la zona.

–La gente podría vivir y asegurar su vida en cualquier otro lado sin dañar el bosque –asegura.

Patricio, por su parte, tiene la voluntad de sembrar árboles a pesar de que la agricultura es su modo de vida y no piensa cambiarlo. Dice que algunas organizaciones se los han sugerido y ellos están dispuestos. No les caería mal tener limones, naranjas, plátanos, y pinos resguardando los cercos de sus propiedades.

Reconoce que como productor tiene la tarea pendiente de usar compuestos naturales en lugar de los químicos que utiliza, aunque no habla de ninguno en específico o sus consecuencias; de hecho, cuenta que su familia suele acompañar comidas con ensalada de tomate y repollo.

–Se come sin tortilla y uno queda lleno. Si falta, cocemos yuca, le agregamos más tomate y mezclamos repollo verde y morado. Pero sin tomar Coca Cola porque nos hace daño.

Una casa recién construida dentro de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra. 24 de abril de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez

Esta historia es una colaboración entre:

Revista Late en el contexto de la Escuela de Reportería de Revista Late.

contracorriente honduras

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) es la institución promotora del programa «Vida Mejor» , el proyecto estandarte de los gobiernos de Juan Orlando Hernández. En los últimos tres años, Sedis entregó a beneficiarios de proyectos sociales más de siete mil millones de lempiras, sumado a esto desde 2017 utilizó casi dos mil millones en convenios con organizaciones no gubernamentales. Los proyectos son cuestionados por corrupción y sus fines clientelistas.

Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Ezequiel Sánchez y Martín Cálix

«Aquí no hay nada, estamos en el abandono, es como que no existiéramos», dice Cinthia, habitante del sector Lomas del Diamante de la aldea Santa Rosa, ubicada a 14 kilómetros del centro de Tegucigalpa. Se encuentra reunida afuera de su casa junto a un grupo de ocho vecinos, en su mayoría mujeres con niños en brazos. Todos dicen sentirse abandonados y engañados por el gobierno. 

Lomas del Diamante es una aldea que no cuenta con los servicios básicos, a pesar de estar ubicada en plena capital del país. No hay energía, agua potable, alcantarillado y muchos de sus habitantes no aprendieron a leer ni a escribir. La mayoría de las mujeres se dedican a los cuidados del hogar y a subsistir de la agricultura —en su mayoría para consumo propio, pero también para vender y generar unos pocos ingresos. 

Ahí, en esas calles de tierra, se encuentran muchas caras detrás de las cifras que colocan a cuatro de cada diez hogares hondureños en la pobreza extrema, subsistiendo con menos de un dólar al día. Los vecinos de Lomas del Diamante dicen sentirse tan olvidados que ni siquiera los políticos llegan a pedirles el voto. En toda la comunidad, conformada por unas 600 familias, hay una sola guía de familia. 

Las guías de familia son parte del programa «Vida Mejor», son, en su mayoría, mujeres que se encargan de proyectos que buscan reducir la pobreza en el país: búsqueda y entrega de personas que necesitan pisos, techos, fogones, etc. Pero también tienen que cuidar su comunidad: se turnan para limpiar escuelas o vigilar los «parques de la vida mejor». En la práctica también son quienes mueven el clientelismo: a cambio de los beneficios, los beneficiarios deben demostrar su lealtad al Partido Nacional. 

El programa «Vida Mejor» también tiene un bono mensual de aproximadamente dos mil lempiras (antes, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, conocido como «Bono 10 mil»); además es el programa encargado de la bolsa solidaria y de la entrega de viviendas, techos, pisos y otros productos para las familias. 

Otro programa es el de «Mejores Familias», que lleva a capacitaciones a mujeres en edad reproductiva, así como a madres de niños y niñas menores de cinco años, en donde aprenden «sobre el desarrollo de individuos sanos», según el portal web. De 2015 a 2020, las personas involucradas en el programa «Mejores Familias» dieron 586,356 capacitaciones a mujeres, la mayoría en el Distrito Central. Es en esta zona del país donde, de acuerdo con los datos de Sedis, están la mayoría de beneficiarios e integrantes de estos programas.

La comunidad Lomas del Diamante no recibe servicios residenciales y denuncian que durante toda la pandemia únicamente recibieron cuatro bolsas solidarias con un contenido valuado en 350 lempiras por bolsa. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez

Elsy, vecina de la comunidad, cuenta que ella formó parte del listado de los bonos de gobierno dos años atrás, pero cuando vieron que era amiga de «la Marta», activista de Libertad y Refundación (LIBRE), la borraron de la lista. «A mí me dijo ella (la guía de familia) que sacara el traslado para votar aquí (porque ella es originaria de una comunidad fuera del Distrito Central) y así poder ayudarme con el bono, y que si no, no», cuenta.

María García, otra de las vecinas, detalla que las personas que no son afiliadas al Partido Nacional no reciben ayudas. «Trabajamos cultivando frijoles y maíz, hemos sobrevivido porque Dios es bueno. Imagínese si el gobierno da cada mes una bolsita solidaria, eso no le resuelve a uno, solo en el momento le quita el hambre. Pero aquí solo dos veces vinieron en la pandemia, y no nos dieron a todos», añade. 

El gobierno de Juan Orlando Hernández creó en 2014 una maquinaria clientelista gubernamental, misma que le ha permitido controlar a una considerable masa de votantes a través del programa «Vida Mejor», que administra la Sedis. «Vida Mejor» fue el tema principal en su campaña, su primera carta para ser reelecto. 

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) para 2021 tiene un presupuesto asignado de un poco más de 2,338 millones de lempiras (97,432, 000 millones de dólares), y su alcance con sus programas asistencialistas abarca todo el país. 

De igual forma, en los únicos datos disponibles en el portal de transparencia sobre las transferencias monetarias desde enero de 2019 a julio 2021, la suma da un total de 7,707, 257,135.87 lempiras ($321 millones de dólares) utilizados para los proyectos: «Guías de familia», «Mejores familias», «Microempresas», «La bolsa solidaria», «Vida mejor», «Comidas calientes», bono «No están solos», «bono rural», «bono urbano» y «proyectos especiales»; así como para kits humanitarios, uniformes y merienda.

Martha Meza, activista de LIBRE y defensora de los derechos humanos que vive en la zona, cuenta que la pobreza de su comunidad no se resuelve con bolsas solidarias: «traen una bolsa solidaria que mínimamente le dura a una familia cinco días. Y digamos que traen cuatro bolsas al año. Y que no es cierto, porque las han traído solo durante este año de campaña. Son 20 días al año, ¿y los otros 340 días cómo come esta gente? Eso de «Vida mejor» es una propaganda política, no un proyecto social». 

Obed García, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), señala que la mitad del gasto de la Administración Central se trata de gastos sociales y que el problema es el enfoque: «los gastos para reducir la pobreza deberían estar orientados en aquellas inversiones que por un lado reduzcan los costos de las personas en el país a través de inversiones en carretera, en energía, en salud, en educación, en hospitales; en carreteras que conecten esos centros educativos y hospitales y otros elementos que reduzcan los costos en el país».

Marta Meza es maestra, enfermera y estudiante de abogacía. Denuncia que han sufrido intimidación y amenazas para abandonar sus casas y mudarse. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Los programas sociales aparecen en Honduras desde hace más de 19 años con la condonación de la deuda externa durante el gobierno del nacionalista Ricardo Maduro.  Entonces se dijo que la deuda se condonó con el fin de que los recursos que se utilizarían para pagarla se invirtieran en una estrategia para la reducción de la pobreza en el país, y que dicha estrategia se implementaría a partir del gobierno del depuesto Manuel Zelaya Rosales. Esto quiere decir que, desde ese entonces, dentro del Presupuesto General de la República hay enunciados específicos para disminuir la pobreza.

Sin embargo, a pesar de esto, se comenzaron a crear otros programas con el mismo fin, y estos se financiaban con endeudamiento externo a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre estos programas se encuentran la «Red Solidaria» del expresidente Manuel Zelaya, el «Bono 10 Mil» de Porfirio Lobo y, el caso más reciente, el de «Vida Mejor» de Juan Orlando Hernández. Teniendo este último algunas características diferentes.

La ley de Ordenamiento y Finanzas Públicas se modificó en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional con decreto 278-2013, en él se incrementó el pago al Impuesto Sobre la Venta del 12 % al 15 %, dejando claro en el artículo 45 que 4,500 millones del dinero que se recauda por ese diferencial va a dar al fideicomiso que desemboca en «Vida Mejor».

El sector donde está planificado el proyecto habitacional Ciudad Morazán con 10 mil viviendas está ocupado por personas de escasos recursos que tomaron las tierras y sobreviven mayoritariamente con lo que siembran en las parcelas. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Casas contenedores como ayuda

Cinthia señala esas carencias como una de las mayores dificultades del sector Lomas del Diamante. «En la comunidad no hay luz, agua, carreteras ni educación. Es pésimo. Para un tema de salud hay que ir a Tegus, bajar a pie hasta abajo (aproximadamente tres kilómetros para la carretera principal); los mototaxis cobran por lo menos 100 lempiras, hasta 600 puede salir y es más caro de noche», añade Cinthia. 

Lomas del Diamante queda donde se construye un proyecto habitacional llamado «Residencias Morazán», que el gobierno de Hernández plantea como una solución habitacional para los capitalinos. El proyecto cuenta con 207 manzanas para la lotificación. La intención es que personas que ganan entre dos o tres salarios mínimos puedan adquirir un apartamento pagando cuotas de 5255 lempiras (unos 217 dólares). Las familias de Lomas del Diamante —muchas sin saber leer— firmaron un documento de reasentamiento voluntario; según sus testimonios, porque les dijeron que les entregarán a cada familia una de las casas que se construyen en «Residencias Morazán». 

Además de eso, en la misma zona, la Unidad coordinadora de proyectos de Casa Presidencial instala contenedores que pretenden convertir en casas. Esto como un proyecto para resolver la crisis de damnificados por las tormentas Eta e Iota a finales del 2020. Se suponía que el proyecto sería de 1000 casas contenedores, pero, a casi un año del desastre climático, no está concluido. El periódico El Heraldo informó recientemente que las casas contenedoras no se utilizarán para la emergencia, sino que se ocuparán de forma permanente para los habitantes de Lomas del Diamante que viven sobre el área que está destinada a «Residencias», además detalló que solo hay 102 casas disponibles. En ese proyecto hasta la fecha se han invertido 150 millones de lempiras ($6 250 000) provenientes de Casa Presidencial. 

Los habitantes de la comunidad que hablaron con Contracorriente reclaman que no quieren ir a vivir a un contenedor, que llegaron ahí buscando tener su propio hogar y que en un contenedor no tendrán condiciones para seguir subsistiendo del cultivo. Idalia Gómez, ex integrante del patronato de la Aldea Santa Rosa, denuncia «aquí han venido a engañarnos con esos vagones y no es justo estar en un vagón donde nos vamos a asfixiar. Estamos cómodos en una casa, aunque seamos pobres. Que nos ayuden de verdad, pero no de esa manera», señala.

Vecinos de Lomas del Diamante, beneficiarios de los programas del Estado, denuncian que fueron engañados o presionados para consentir su futuro traslado a los contenedores móviles. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.
José Santos Medina posee un carnet emitido por la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos que, según él, lo hace beneficiario de las casas que están construyendo. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Las Mejores Familias

Aproximadamente a 17 kilómetros de la aldea Santa Rosa vive Sinthia Matamoros, coordinadora municipal del programa «Mejores Familias». Tiene 35 años, es madre soltera y su hogar se encuentra en la colonia Altos de los Laureles, donde ha vivido siempre. Su trabajo es coordinar alrededor de 25 barrios y colonias del Distrito Central, con seis técnicos que deben capacitar, cada uno, a 180 mujeres y a sus hijos adolescentes. 

«Nosotras trabajamos con una plataforma (virtual), ingresamos toda la información del participante y luego de eso allá gestionan las ayudas y las canalizan por medio de guías de familias, lo de nosotros es más que todo conocimiento e ingresamos la información», señala Matamoros. 

Matamoros cuenta que trabajar en barrios controlados por grupos criminales ha sido difícil y han tenido percances cuando es la primera vez que entran, pero que después incluso apoyan a empleados de empresas como Energía Honduras (EEH) —que es recibida con hostilidad en varios lugares por los altos costos de la energía— para que terminen su trabajo. Su vida tampoco se ha visto exenta de sufrir la violencia de los barrios: su hijo mayor, de 17 años, tuvo que irse a Estados Unidos con un coyote tras recibir amenazas de grupos criminales. 

Durante el recorrido de llegada a los Altos de los Laureles, se ven grupos de mujeres «Guías de familia» trabajando en las calles. Matamoros, quien también trabajó como «Guía de familia» por unos años, cuenta que decidió cambiar de proyecto por las exigencias que había en él, aunque recibía el mismo sueldo que ahora como coordinadora. «Las guías de familia son los mil usos: es acompañamiento social, si hay un proyecto de dar las ayudas en las comunidades, si hay alguna organización no gubernamental que necesite apoyo, o en las limpiezas en los centros educativos”, señala.

Sinthia Matamoros, de 35 años, trabaja para el programa Vida Mejor en el proyecto «Mejores Familias», antes lo hizo también en el proyecto «Guía de Familia». Sinthia es activista nacionalista desde la adolescencia. Tegucigalpa, 5 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

«En el programa no es que vamos a negar gestionar la ayuda; somos gestores, y si en mí está y yo puedo gestionar, no dudo y busco la forma. Ya lo hemos hecho», añade Matamoros, y después, poco antes de despedirse, le dice a una de sus vecinas que se aliste, que le consiguió un ecofogón que le llegará pronto. 

Obed García, economista del Fosdeh, recuerda con preocupación que en los últimos diez años Honduras se mantiene en un 64 % de familias en pobreza y en un 70 % en términos de personas. Pero la situación actual del país dibuja un panorama difícil, la pandemia ha representado una pérdida de al menos 400 mil empleos y proyecta la posibilidad de que 75 % de los hondureños sean pobres para finales de 2021. 

«Esto deja una mala imagen de los resultados que han obtenido los gastos para la reducción de la pobreza; sobre todo, con asistencia social, puesto que el nivel de pobreza se mantiene. Y ahora, con lo que sucedió en el 2020 y las repercusiones en el 2021, podría incrementar significativamente si la economía no crece según lo proyectado. No existe economía suficiente para que el gobierno pueda operar, y un país sin gobierno es básicamente una condición de un Estado fallido», señala García.

Agentes del Ejército hondureño realizaron entrega de bolsas solidarias a personas beneficiarias de la ayuda del gobierno hondureño en el marco de la pandemia por COVID-19. Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

Una institución muy cuestionada

La Sedis existe en el país desde 2008. Anteriormente se llamó «Secretaría de Desarrollo», pero en 2014, durante el primer gobierno de Hernández, se fusionaron varios despachos para formar lo que ahora se conoce como Sedis. Desde entonces, la institución ha tenido grandes presupuestos a su cargo, pero también ha sido cuestionada por el uso de los fondos y las organizaciones con las que han trabajado. 

Uno de los casos más conocidos fue la relación de la primera dama, Ana García Carías, con dos organizaciones no gubernamentales que recibieron, entre las dos, más de 3 mil 52 millones de lempiras ($146 millones de dólares) entre 2014 y 2018, para que se encargaran de la compra y distribución de ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos, creación de microempresas y capacitaciones en el marco de este programa.

Ana García era la responsable legal de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH), que se inscribieron a su nombre en 2006. Hasta la fecha, los expedientes se encuentran secuestrados por el Ministerio Público, por lo que no se puede saber si hubo cambios después de la inscripción.

Leer más en: Los expedientes perdidos de la primera dama 

FUNDEIH es la segunda organización que más dinero ha recibido en los convenios públicos que maneja Sedis en su portal desde 2017 a la fecha, con un contrato en 2018 por 52,575,109 millones de lempiras por 1347 ecofogones. Antes de ella, la empresa que más dinero ha recibido en convenio con Sedis es Proyecto de Ingeniería Centroamericana, Sociedad de responsabilidad limitada (PROINCA), con un convenio por casi 90 millones de lempiras por 12,894 ecofogones en 2020.

El convenio con PROINCA indica que cada ecofogón cuesta 6,584 lempiras con impuesto, y aunque se firmó por la instalación y entrega de 13,673 ecofogones, el portal de Sedis menciona que solo entregaron 12,894. Pero el monto, en la página, es el mismo, lo que indica que cada ecofogón e instalación del mismo costó 6972 lempiras con impuesto. En este mismo sentido, los datos de FUNDEIH indican que la organización vendió e instaló cada ecofogón a 39, 031 lempiras cada uno.

Una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al manejo de FUNDEIH entre 2013 a 2016, denuncia que 87 personas que contactaron como beneficiarias de los ecofogones aseguran que nunca recibieron el beneficio, aunque la organización las tenía en listados oficiales como receptores. 

Además la auditoría señala que en la organización «no hay una supervisión rigurosa para verificar si todas las ayudas de carácter social realmente llegaron a los beneficiarios finales». Añaden que las liquidaciones por viáticos no cuentan con documentos oficiales que acrediten que hicieron los viajes y estuvieron en el lugar. Tampoco presentan declaración de bienes, deducciones de impuesto sobre la renta, inconsistencias en los contratos y pagos al personal. 

Contracorriente contactó a Nely Amador, coordinadora de comunicaciones de Sedis, e hizo varias solicitudes —incluso presencialmente— para una entrevista con la ministra Zoila Cruz o las personas encargadas de los programas, esto para responder a este tipo de dudas, pero cuestionaron por qué se les buscaba y finalmente no respondieron a las solicitudes de entrevista.

María de Jesús López, una mujer de la tercera edad, vecina de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, cuenta que para recibir una bolsa solidaria durante los primeros meses de la emergencia sanitaria en el país, tuvo que firmar un acta de entrega. Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

La esposa de Hernández no es su única familiar cuestionada. Hilda Hernández, su hermana fallecida, fue ministra de Sedis. En ese entonces era conocida como Secretaría de Desarrollo durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. 

Los proyectos de Sedis muchas veces también se relacionan con otras instituciones del gobierno para la entrega de beneficios. Por ejemplo, todas las bolsas solidarias entregadas durante la pandemia en el marco del programa «Honduras Solidaria» salieron de la Sedis, pero la entrega de productos se hizo con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). 

Aunque la Sedis nunca ha sido parte de un caso de corrupción y la fiscalía no acusó a ninguna institución, funcionarios como Hilda Hernández drenaron fondos de otras instituciones en los que en algunos casos los programas son los de Sedis, aunque los fondos salieron de otras instituciones. El primero es el caso «Corrupción sobre Ruedas», presentado por la extinta Misión de Apoyo contra la corrupción e impunidad (Maccih) y la Unidad fiscal especial contra la Corrupción (Ufecic), que explican con claridad el uso de fondos estatales en campañas políticas. 

El caso detalla cómo funcionarios de Casa Presidencial —entre ellos Hilda Hernández— y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) drenaron 11 millones de lempiras de fondos destinados al «Bono 10 mil» (ahora conocido como «Bono Vida Mejor») y parte de los programas de Sedis, para supuestamente arrendar vehículos que se utilizaron para la movilización de activistas del Partido Nacional y de personas en campaña política. 

Para hacer esto utilizaron la empresa Servicios e Inversiones AID creadas por Carol Alvarado y Claudia Noriega, desde donde se utilizaron fondos para gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014. Los fondos también los utilizaron para pagar otros gastos personales como tarjetas de crédito. 

El segundo caso también involucró a Hilda Hernández, Carol Alvarado y a la empresa Servicios e Inversiones AID en el caso de corrupción «Hermes», presentado por la UFERCO en febrero de 2021 donde denunciaron la sustracción de más de 122 millones de lempiras desde Casa Presidencial a través de empresas de publicidad, medios de comunicación, compra de vehículos, préstamos, construcción de viviendas y otros gastos personales.

Leer más: Vehículos, sándwiches y periodistas: el desfalco de Hilda Hernández

En el caso «Hermes» se descubrió también la compra de 7,500 sándwiches para alimentación durante la toma de posesión de Juan Orlando Hernández en 2014 con dinero de proyectos sociales y fue Carol Vanessa Alvarado quien emitió la orden, operando como financiera de Casa Presidencial de manera interina, pero sin haber presentado los requisitos para tomar posesión del cargo y mientras fungía como subgerente de presupuesto de la Sedis.

La Sedis y todos sus proyectos asistencialistas han desarrollado un papel esencial para sostener el gobierno de Juan Orlando Hernández; por un lado, por los casos de corrupción descubiertos que sirvieron para sostener las campañas políticas de 2013 y 2017; por el otro, por el clientelismo que genera con sus proyectos a lo largo de su gobierno.

Una «Guía de Familia» busca entre sus cosas su documento de identidad y su carnet de trabajo para poder ingresar al área asignada para la vacunación en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 25 de junio de 2021. Foto; Martín Cálix.

Los problemas estructurales de las mujeres que no resuelve el asistencialismo

Marta Meza cuenta que en la Aldea Santa Rosa muchas mujeres viven violencia doméstica y que ha empeorado producto de la pandemia. «Aquí toca muy duro porque le toca a parte de cuidar a los hijos, trabajar. También nos enfrentamos a este sistema machista donde el hombre se cree con el derecho de pisotearnos», señala. 

Añade que en casos que ella ha acompañado, la justicia tarda mucho. Incluso lo ilustra contando que una vez esta lentitud permitió que el esposo de una mujer la violara y resultara embarazada; de forma que cuando los juzgados dieron una resolución, la situación de violencia era aún más compleja. «No hay donde denunciar porque, aunque están los juzgados y la fiscalía, tenemos una inseguridad jurídica que la mujer mejor opta por no denunciar».

Sinthia Matamoros de «Mejores Familias» dice que en su barrio se vive mucho la violencia doméstica y que durante su experiencia en campo incluso se ha encontrado casos de abuso sexual, pero cuenta que su trabajo también tiene sus límites: «Uno quisiera tener superpoderes para poder resolver los problemas o cambiarle el chip a esas mujeres o adolescentes. Nosotros no podemos llegar y decirles qué hacer, pero si tenemos que aconsejarlas que busquen ayuda», señala. Sinthia añade que el único consejo que pueden dar es ir a la Policía Nacional, pues en el país tampoco hay casas refugio de gobierno que ella conozca. 

La abogada López añade que estos programas no tienen un verdadero enfoque de género, a pesar de ser mayormente dirigido a mujeres: «suelen reproducir mucho los roles género; nos encontramos iniciativas de talleres o espacios para mujeres donde se les enseña a cocinar y no tanto otro tipo de actividades u oficios que rompan la norma de género, que al final también es parte del porqué las mujeres nos encontramos relegadas en el sector laboral y económico».

Por otro lado, asegura que tampoco se analiza qué tan seguro puede ser para una mujer recibir dinero si viene de un hogar violento. Por ende, después suceden casos como uno del 2014 incluido dentro del informe presentado a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): ese año cuenta cómo una mujer fue víctima de femicidio por su pareja tras haber recibido un bono del gobierno. «No se hace un análisis de riesgo sobre la eventualidad de que estas medidas más bien vengan por un lado, a ni siquiera llegar a las mujeres, o por otro puedan ponerlas en riesgo».

Un equipo de Guías de Familia trabajan ayudando a las personas de la tercera edad durante el inicio de las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Tegucigalpa, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Sinthia Matamoros dice que a pesar de los años que lleva trabajando en el programa «Mejores Familias», incluso a ella le ha tocado luchar con sus vecinos para obtener beneficios como la «Bolsa solidaria», y cuenta que se tomaron las calles en los primeros meses de cuarentena en 2020 exigiendo que se les llevara alimento. Y que a raíz de esa protesta fue que al final recibieron las bolsas en dos ocasiones. 

Aunque Sinthia asegura que los programas que ella acompaña no tienen distinción política al buscar beneficiarios, las mujeres de la aldea Santa Rosa aseguran que en su zona nunca han recibido apoyo y que existen condiciones para entrar en los programas. Martha Meza, por su parte, agrega que tampoco es la solución que necesitan: «La vida mejor es que la gente tenga trabajo digno, que tenga un ingreso mensual garantizado y no bolsas solidarias cada vez que es tiempo de elecciones», dice.

Este reportaje se realizó con el apoyo financiero de:

El pasado domingo 5 de septiembre, aproximadamente 2500 personas de distintos municipios del departamento de Yoro se concentraron en el Estadio Humberto Micheletti de la ciudad de El Progreso en un acto de campaña del Partido Liberal. 

El mitin político contó con la presencia del candidato presidencial Yani Rosenthal Hidalgo, quien estuvo acompañado de su familia y del alcalde progreseño Alexander López. Asimismo hubo presencia de candidatos liberales a diputados al Congreso Nacional.

Muchos de los simpatizantes llegaron a las 9:00 a.m. al estadio de El Progreso, según sus palabras, después de que varios líderes liberales les ofrecieran almuerzo y una provisión de alimentos bajo la condición de que permanecieran presentes durante toda la jornada. A  las 12 p.m., bajo el sol, decenas de estas personas que esperaban desde tempranas horas de la mañana continuaban buscando a quienes les habían hecho esta promesa.

La pobreza se ha agudizado en Honduras por la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 y los fenómenos naturales ETA y IOTA. Según el boletín Económico de la UNAH publicado en Abril del 2021, la pobreza extrema aumentó a una estimación aproximada del 70 % en el 2020. El comportamiento promedio del crecimiento económico del país durante el periodo 2001 a 2020 (3.3 %) ha resultado ser insuficiente para reducir significativamente los niveles de pobreza e impulsar el desarrollo económico, generando únicamente una falsa ilusión de bienestar. El departamento de Yoro se ha visto afectado por la caída de la producción agrícola y la falta de oportunidades de empleo, generando una precarización en la mano de obra y bajos ingresos que al final —entre otras dificultades— causan el difícil acceso a la educación a través de la modalidad de estudio virtual que se está implementando durante la pandemia.  En medio de esta pobreza iniciaron las campañas políticas a falta de tres meses para que se realicen las elecciones generales a finales de noviembre.

Finalmente, después de más de dos horas de espera, las bolsas de comida se distribuyeron en la orilla de la calle a las afueras del estadio Humberto Micheletti a las personas que desde temprano y desde distintos municipios de Yoro salieron de sus casas en autobuses que, según contaron, pagó el Partido Liberal. Antes de entregar la provisión, los activistas liberales se aseguraron de que los beneficiados con estas bolsas estuvieran anotados en una lista, pidiéndoles a cada uno que mostraran su documento de identidad. A los que no estaban anotados, les manifestaron que solo se les daría de lo que sobrara. 

Las bolsas entregadas, en un pleno acto de clientelismo, llevaban dentro una mascarilla, una porción de arroz, azúcar, harina de maíz y un paquete de avena. Una señora, que no se identificó, contó a Contracorriente: «Con esta bolsita de cosas ni el pasaje pago si las revendo. Más fue el gasto y ni el almuerzo dieron. De nada sirve venir a estas campañas porque solo sirven para timarlo (engañarlo) a uno, estos no son diferentes a los cachurecos… Se arropan con la misma cobija».

Después del evento, el Partido Liberal informó en un boletín de prensa que el mitin político en El Progreso albergó a unos 20 mil liberales que «anunciaron la victoria liberal en este departamento que es cuna del liberalismo»; en el mismo boletín también prometían que la pesadilla nacionalista pronto acabará.

Las estadísticas muestran que Honduras es un país sin oportunidades de empleo y ahora el Gobierno, a través de las ZEDE o zonas de empleo (como las llaman en medios de comunicación y comparecencias), promete que  solucionará este problema.

Texto y fotografías: Lizz Mejía

«La verdad es que desde que salí de mi casa le pedí a Dios, le pedí a Dios que todos los que viniéramos hoy encontremos un poquito de empleo», dijo Juan Carlos González, residente en Tegucigalpa, mientras esperaba su turno para entregar su hoja de vida para una oportunidad laboral en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, Francisco Morazán, durante un evento denominado «Empleatón».

Juan Carlos González no trabaja desde 2018 y ha sido su esposa, con un empleo a medio tiempo, quien ha mantenido el hogar desde entonces. «Yo espero que no solo yo tenga la oportunidad, sino todos, porque aquí, como usted sabe, somos bastantes los desempleados y más que todo, la canasta básica también es un volumen bastante grande», agregó el ciudadano. 

Durante tres días, el Infop fue la sede del evento denominado «Empleatón», a través del cual la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha prometido brindar un puesto de trabajo a la población que está desempleada. «El Empleatón es una actividad que se está realizando para ofrecer plazas de empleo, a través de la unión de esfuerzos entre el Gobierno de la República y la empresa privada», explicó una de las encargadas del evento. 

Roberto Cardona, director del Infop, expresó: «Lo que estamos promoviendo aquí, por una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, que son las zonas de empleo. En este momento en el país tenemos varias zonas de empleo, una de ellas es en San Marcos de Colón en donde se están contratando 2700 personas en la parte agroindustrial. La otra es en los aeropuertos, tanto en La Lima como en Comayagua», haciendo referencia al Aeropuerto Ramón Villeda Morales y al Aeropuerto de Palmerola que según estima el Gobierno, empezará a operar a mediados del mes de octubre. 

Existen más de 2000 plazas vacantes entre Tegucigalpa y Comayagua, zona central de Honduras, tanto en la empresa privada como en el Gobierno, afirmaron quienes organizaron el evento. En el departamento de Choluteca, zona sur, se estima un total de 21,000 plazas de empleo. 

Al consultar si este evento está relacionado con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el personal de Infop y de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social aclaró: «No lo manejamos como ZEDE, sino como zonas de empleo porque las ZEDE han sido un tema controversial, pero en realidad sí, estas son oportunidades laborales en estas zonas». 

Le recomendamos: Movilización nacional por la derogación de las ZEDE.

Actualmente se construyen 3 ZEDE en distintas regiones del territorio nacional. La primera en ser aprobada fue Próspera, que se edifica en Roatán, Islas de la Bahía, y, según sus promotores, está destinada a atraer turismo y empresas dedicadas a la tecnología. Por otro lado, en el municipio de Choloma se construye Ciudad Morazán, que será hogar de varias empresas y tendrá residencias para pobladores que deseen vivir en ella.. Por último, en San Marcos de Colón, Choluteca, dos empresarios pusieron en marcha la ZEDE Orquídea que está orientada a la agroindustria alimentaria. Se maneja la existencia de una cuarta ZEDE llamada Mariposa, hasta ahora no se ha brindado información de su ubicación pero estará orientada a temas de turismo médico y homeopatía. 

El subsecretario de relaciones laborales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Mario Villanueva, comentó a Contracorriente que «el objetivo primordial es cubrir la necesidad de empleo que tiene la población, nada más que la modalidad de ahora es irse por región y sacar las vacantes de esa zona publicas y privadas, se ponen en una base de datos, los ciudadanos dan su información y se comparan con las vacantes en la base de datos y se hace la vinculación», y agregó que se encuentran llenando las vacantes del Gobierno y las que dan las cámaras de comercio de cada región.

Villanueva dijo que el Empleatón sí está relacionado, de manera indirecta a las ZEDE, ya que la nueva inversión que está llegando a Honduras está introduciendo sus vacantes a este proyecto. «Por ejemplo, en Choluteca se presentaron 21,000 vacantes para los próximos seis meses», aseguró el subsecretario.

Empleo ZEDE | ZEDES 2021
Dos ciudadanos son atendidos por personal de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social después de entregar sus hojas de vida. Infop, Tegucigalpa, Francisco Morazán, 3 de septiembre de 2021. Foto: Lizz Mejía

Según una nota de Forbes Centroamérica, las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se habían propuesto crear 150,000 puestos de trabajo anualmente, para lograr 600,000 empleos para el final del segundo período presidencial de Hernández. Sin embargo, solo se generaron 16,900 trabajos. Desde 2013, cuando se aprobó la ley orgánica de las ZEDE, se prometió a la población que estas zonas traerán desarrollo y empleo para la población, pero hasta ahora no se ha visto que ese sea el caso.

Este medio de comunicación se contactó con  Ricardo Lardizábal, gerente de Agro Alpha (empresa agrícola que funcionará en la ZEDE Orquídea en San Marcos de Colón), quien indicó que este año necesitarán 930 empleados y planifican tener 3000 al cumplir cuatro años en funcionamiento, además, comentó que las vacantes mencionadas por Villanueva son en otras empresas.

El economista Ismael Zepeda del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras habló con Contracorriente acerca del desempleo en el país y explicó que «lo que está reportando el Instituto Nacional de Estadística (INE) es que para el cierre de 2020 la tasa de desempleo abierta llegó a más del 11 % aproximadamente, que corresponde a la población económicamente activa, alrededor de unas 4,100,000 personas aproximadamente».  Esto implica que un poco más de medio millón de hondureños se encuentran en condiciones de desempleo. 

A la estadística de los hondureños desempleados, se suman los subempleados, o sea, aquellos que trabajan jornadas laborales de ocho horas y perciben salarios por debajo de lo que indica la ley. Zepeda asegura que alrededor del 65 % de los hondureños económicamente activos cae en esa categoría. El desempleo desemboca en la pobreza, sobre todo porque en el sentido amplio de medición de la pobreza, y de manera estándar a nivel mundial, se hace a través del ingreso. Entonces, cuando las personas perciben por debajo del salario mínimo, no se puede costear la canasta básica real con los altos precios que hay. 

Según la encuesta telefónica realizada por el INE, en 2020 la población nacional que está en edad de trabajar (de 15 años en adelante), representa el 73.8 %, pero solo el 43.8 % es económicamente activa. Los datos del Gobierno indican que 3,655,653 hondureños están ocupados: el 23.4 % trabaja en la agricultura, el 18.7 % está en el comercio, mientras en la industria está el 16.2 %. Lo anterior, concentra el 58.3 % de los empleados. 

Juan Carlos López, quien asistió a Infop en busca de un empleo comentó que en 2018 fue la última vez que trabajó y durante la pandemia no ha podido encontrar un empleo. Comentó que su esposa trabajaba en la Asociación Hondureña de Planificación de Familia (Ashonplafa), pero fue suspendida en abril de 2020 y toda la familia decidió irse a Yuscarán, de donde es oriunda su pareja. Durante casi un año, él estuvo trabajando con su suegro, en el campo, mientras su esposa regresaba a Tegucigalpa en diciembre de 2020 porque fue reintegrada al centro hospitalario. Juan Carlos cuenta que él regresó a Tegucigalpa cuando su hijo retornó a clases virtuales. 

Al preguntarle qué opina de las ZEDE, dice que hay que ver si tiene buenas oportunidades de empleo y agregó: «La empresa privada, por la edad, a uno no lo contrata, porque ya lo miran viejo».

Debido a la pandemia, no hay datos oficiales de desempleo en todos los rubros, explica el economista Zepeda, quien agrega que hizo falta fondos para desarrollar por completo la encuesta realizada todos los años por el INE. «Se habla de un 70 % de personas en condiciones de pobreza, estamos hablando de un poco más de 7 personas por cada 10 están bien por debajo de la línea de la pobreza», indica Zepeda.

«Es importante mencionar que la estructura de la población es predominantemente joven, esto incide en que cada persona ocupada tiene que mantener en promedio a 2.6 personas. Con los ocupados que sí declaran recibir ingresos a cambio de su trabajo», indica textualmente el Resumen Ejecutivo de la XXIV Encuesta Permanente de Hogares del INE. Según este informe, el sector público tiene menos empleados que el sector privado, a pesar de esto, los salarios en empleos de Gobierno son mayores que los devengados en la empresa privada. Se estimó un ingreso promedio por trabajo, a nivel nacional, de HNL 7126 por mes; este monto es mayor en el área urbana donde el ingreso es de HNL 8877, a diferencia del área rural con HNL 4,766.

Mientras esperaba a ser atendido, Norman Argeñal comentó a Contracorriente que tiene alrededor de dos años sin trabajar, a pesar de haber enviado su hoja de vida durante el último año. Al consultarle si las ZEDE son una opción para el desarrollo, respondió que estas funcionan. «Tuve la oportunidad de conocer la ZEDE más grande del planeta y cómo funciona, estuve allá 7 meses y vi cómo funciona el sistema. Comenzó como un pueblo pesquero lleno de pantanos y ahora tiene 20 millones de habitantes y es el Silicon Valley del mundo, ahí fabrican todos los teléfonos celulares», dijo Argeñal refiriéndose a la subprovincia de Shenzhen, en China. 

Zepeda se refiere a las ZEDE y asegura que el tema de las ZEDE es «bien áspero, no va a funcionar muy bien. Es crear islas de prosperidad para agentes individuales, para oligarcas, para élites económicas y políticas».

Para finalizar, Ismael Zepeda explicó que «las ZEDE —como la mayoría de las cosas que está haciendo este Gobierno en los últimos 11 años— no son para reducir el desempleo o para reducir la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario, para favorecer el pequeño grupo».

En medio de las irregularidades que envuelven a Inversión Estratégica Honduras (Invest-h), su presidente comisionado, José Ernesto Leva, recibió del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tres reconocimientos por «cumplimiento en un 100 % en la información que de oficio debe publicar en sus portales de transparencia».  

Texto: Laura García
Fotografía de portada: Martín Cálix.

El pasado lunes 30 de agosto, en una ceremonia en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, el IAIP le otorgó a Invest-h tres reconocimientos por el cumplimiento en un 100 % en la información que debe publicar en su portal de información, según establece la nota de prensa de Invest-h. 

Estos reconocimientos corresponden a los criterios de información «completa, veraz, oportuna y adecuada», establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (LTAIP), creada bajo el Decreto Legislativo número 170 en el 2006, misma donde estipula en su contenido los métodos que el IAIP debe utilizar para la verificación de datos.

El comisionado presidente del IAIP, Hermes Moncada, fue quien presentó los Informes de Verificación de la Información del Portal Único de Transparencia, del Portal de Emergencia COVID-19 y de la Emergencia ETA-IOTA, donde se publicó la información concerniente a gestión de fondos estatales. 

En la mesa principal estaban los tres comisionados del IAIP: Hermes Moncada, Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza; el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, y el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Carlos Eduardo Cano. 

Vladimir Mendoza, uno de los tres comisionados del IAIP, dijo a Contracorriente que la oficina de información pública entregó estos reconocimientos «con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública», pero, además, agregó que existió la necesidad de explicar con mucho detalle el caso de Invest-h. 

No obstante, Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Contracorriente que es cuestionable la información que Invest-h publica en sus portales de transparencia.

Lester Ramírez agrega que la LTAIP necesita una revisión y actualización rigurosa para los criterios con los que son evaluadas las organizaciones gubernamentales, tomando en cuenta que esta ley tiene quince años de haber sido diseñada.

Invest-h ha estado envuelta en casos de corrupción durante la pandemia, por su gestión de fondos estatales, estos han motivado al Ministerio Público (MP) para que presente acusaciones ante la justicia hondureña contra algunos de sus exdirectivos. 

En efecto, el comisionado Vladimir Mendoza del IAIP aseguró que aunque sí encontraron margen de error en los informes publicados por Invest-h, les dieron a los oficiales de información un «plazo de cinco días para subsanar información por ser de carácter público». 

El Comisionado Vladimir Mendoza explicó que «cuando Invest-h no cumplió con la ley, específicamente en lo que correspondía a las cifras de COVID-19, las garantías, los contratos y demás que no estaban publicadas en el Portal de Emergencia COVID-19, fueron iniciados ciertos procesos y denuncias». 

Estos procesos que indica la Ley de Contratación de Estado, según indicó el abogado Vladimir Mendoza, concluyeron en que «la poca información recabada fue secuestrada por parte del Ministerio Público».

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó ocho informes de veeduría de la serie Corrupción en tiempos de pandemia sobre el caso de Invest-h, entre los meses de julio a diciembre de 2020,  el mismo periodo que el IAIP evaluaba para otorgar estos premios.

En estos informes el CNA, además de cuestionar la «efectividad» de la comisión interventora,  detalló las inconsistencias en las compras que Invest-h realizó, desde compras de mascarillas sin la certificación que correspondía, pagos anticipados a corporaciones, hasta los socios comerciales de las empresas a las que Invest-h les hacía depósitos por compra de materiales e insumos.

Contra el exdirector ejecutivo de Invest-h, Marco Antonio Bográn Corrales, el MP presentó dos requerimientos fiscales en colaboración con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). 

El primero, en abril de 2020, se presentó por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios en contra del expresidente de Invest-h, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Alberto Moraes Girón. El requerimiento también citó al guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán por fraude en perjuicio de la administración pública. 

La otra acusación contra Marco Bográn se dio en  octubre de 2020, cuando fue señalado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y por haber otorgado un contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn, miembro de Consultores en Ingeniería S. A. de C. V. (Cinsa), empresa que supervisaría la instalación de los hospitales móviles. 

Con respecto al caso «Cuarentena VIP» la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa resolvió revocar las medidas cautelares en contra el exdirector de Invest-h, Marco Bográn y al exadministrador Alex Moraes, por las acusaciones de malversación de fondos. 

Un previo reportaje hecho por Contracorriente explica cómo confabularon, desde la aprobación presupuestaria en febrero de 2020, la oficina del presidente Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional (CN), y ELMED Medical Systems INC mejor conocidos como HospitalesMoviles.com, corporación ligada al guatemalteco Axel López para concluir, en medio de ilegalidades, en el millonario fraude de los siete hospitales móviles adquiridos entre marzo y abril del 2020. 

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A raíz de la destitución de Marco Bogran, el ministro secretario privado de la Presidencia de la República, Ricardo Cardona, juramentó el 24 de julio del 2020 a los miembros de la junta interventora de Invest-h, integrada por José Ernesto Leva Bulnes como comisionado presidente, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo, quienes lideran desde ese día la oficina de inversiones por 180 días con opción de ampliar el tiempo hasta que cumplan los objetivos de «sanear la situación administrativa, financiera y funcional de Invest-h».  

Reconocimientos del IAIP 

Además de Invest-h, recibieron reconocimientos 171 de las 298 corporaciones municipales a nivel nacional por el 100 % de información publicada en el Portal Único de Transparencia. 

Carlos Cano, representante de la Amhon durante la ceremonia, admitió que tales reconocimientos «no reflejan la total y absoluta transparencia de cómo y qué hacemos con los fondos», sino que es, más que nada, una celebración al «derecho humano que tiene todo ciudadano de tener acceso a la información». 

El IAIP es la oficina de Gobierno que se encarga de vigilar la publicación de la información, rendición de cuentas, gestión y financiamiento de las 428 instituciones adscritas al Estado de Honduras. 

De las 428 instituciones de carácter público que evaluó el IAIP basándose en la Ley de Transparencia e Información Pública (LTAIP), tan solo 266 oficinas gubernamentales cumplieron con los requerimientos de la ley en los Artículos 4 y 13. 

Con respecto al Portal Especializado para los huracanes ETA e IOTA, evaluaron 94 instituciones públicas de las cuales 55 cumplieron con los requerimientos. Del portal asignado para la emergencia COVID-19, cumplieron con las bases legales 210 de 322 instituciones de Gobierno. 

Estos métodos incluyen «subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles», según el Artículo 5 de este cuerpo legal. 

La LTIAP estipula la transparencia de información como el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información relativa de los actos de las instituciones obligadas y el acceso de los ciudadanos a dicha información. Esto significa que la información se evalúa según su publicidad, no según su autenticidad o legitimidad. 

Entre estos reconocimientos, el Comisionado Moncada le entregó al Comisionado Presidente de Invest-h, José Ernesto Leva, tres reconocimientos correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020. 

Aunque en el Portal Único del IAIP se encuentran publicados 1,103,158 documentos de carácter público que, según la ley, son para consulta de los ciudadanos, la legitimidad, veracidad y autenticidad de ellos no es segura. 

Según Lester Ramírez el hecho de que no exista garantías con la información  se debe a la «injerencia y componente político que tiene esta oficina de Gobierno que de hecho elige la cámara legislativa». Agregó además que el acceso a estos documentos, aunque sean públicos, en ocasiones es restringido, por lo que «se deben mejorar los lineamientos para los portales de información».

Por Lahura Vásquez


«Necesito que me agarre el pepe», me decía una mamá que además tenía un emprendimiento que manejaba desde casa. Y yo me preguntaba por qué querría que su bebé tomara del pepe si ya tenía cuatro meses, y en poco tiempo podría darle frutas y otras cosas. «Es que no puedo con todo el trabajo de la casa, la ropa, la comida, los niños, el negocio. Ocupo que me cuiden a la niña, para ocuparme de todo lo demás». «Todo lo demás» implicaba atender la casa, hacer la comida, ayudar en las tareas escolares a su hijo mayor, estar pendiente del negocio, atender al marido y suma y sigue.

Cuando damos lactancia materna exclusiva, la teta nos obliga a estar ahí. Es un «poner el cuerpo» que debería garantizar la cercanía, el afecto, la mirada. Una madre que da de lactar pensando en todas las obligaciones que ha dejado de atender, no está mirando a su hijo ni dándole presencia. Tiene el cuerpo ahí, pero no su mente. Y es aquí, donde las parejas cumplen un rol determinante y donde se pone de manifiesto la forma en la que nos relacionamos. 

Si una mujer tiene un compañero que entiende las dimensiones de lo que representa la lactancia materna, entonces él actúa consecuentemente: asume tareas domésticas (organiza, barre, trapea, cocina, lavatrastes, lava ropa, la ordena, paga las cuentas, atiende a los demás críos, etc.) porque entiende y valora la tarea grande que mamá está realizando y pone todo de su parte para que esta conexión sea como debe: un momento de recogimiento en donde se sientan las bases de una salud mental y física que va a trascender la vida adulta del hijo que engendraron juntos, y él como parte responsable y comprometida asume las tareas que puede —que son todas las demás— menos dar la teta, sin usar la excusa del «trabajo fuera», pues las mujeres durante años hemos asumido la doble carga laboral de las tareas domésticas y del trabajo remunerado. Si a esto sumamos la lactancia se vuelve una misión imposible.

Muchas lactancias se pierden por esta forma patriarcal de relacionarnos: las mujeres se dedican a cuidar de todos, y a garantizar tareas que si no se hicieran, la calidad de vida familiar se vendría al traste. Muchísimas lactancias se salvarían y prolongarían en el tiempo si los padres asumieran verdaderamente su papel. No solo siendo padres «presentes» para sus hijos, sino asumiendo todas aquellas tareas que eran de mamá, pero que ahora mamá no puede atender. Los padres también deben informarse y deben saber que muchas mujeres que dan la teta, abandonan las lactancias por ir a agarrar el trapeador para que la casa esté limpia cuando ellos lleguen, o peor aún, para ir a cocinarles los domingos para que el marido vea el partido y el bebé se tome el pepe solo dentro de un corralito.

La mayoría de mujeres que han podido dar lactancias exitosas y prolongadas, tienen parejas que han entendido la importancia de redistribuir roles, porque papá lo único que no puede dar es teta. Después de eso, puede ocuparse de todo lo demás.

Como una demostración de cuán patriarcal es el sistema se culpa a las víctimas de no poder establecer las lactancias. No se visibiliza los problemas del parto, las malas orientaciones médicas, la soledad materna. No. Nada de eso. Las culpables, son las mamás y hasta los bebés. Los mitos van desde «Ese bebé no quiso agarrar la teta», pasando por «Esa mujer no dio leche», hasta el «Usted no sirve para dar de mamar». Y así se hizo de la excepción la regla. En biología, solo se heredan las características que representan ventajas para la especie. Una mujer que no da leche y un bebé que no quiere esa leche, contradice el principio de selección natural, pues hace diez mil años atrás, cuando no habían biberones ni leches de fórmulas, los niños que sobrevivían eran los que se pegaban a las tetas de su madre y las madres que dejaron más descendientes fueron aquéllas capaces de hacer sobrevivir a la especie con su leche. Si bien hay algunos casos de hipogalactia, son en una proporción bajísima que nada tiene que ver con la cantidad que aparentemente hay en la actualidad.

Hoy en día, es común colocar toda la responsabilidad en las madres demostrando la poca consciencia que hay de los factores que influyen en el establecimiento de la lactancia. Cuando las orangutanas en cautiverio están encinta y no tienen referente, se les pide a mujeres lactantes que se vayan a sentar frente a ellas para que, por imitación, puedan aprender. ¿Y las mamás humanas, qué aprenden? Los juguetes, traen biberoncito. Los cuentos, también. Cada vez es más raro ver a una mujer dar la teta. Y las pocas que la dan procuran reducirse al ámbito de lo privado, porque una mujer que da de lactar en público tiene que responder a preguntas incómodas, tiene que soportar miradas lascivas, tiene que escuchar comentarios peyorativos.

Nadie cuestiona al niño de tres años que aún toma biberón (aunque se recomienda que a partir del año, se abandone el uso del mismo) pero esta información no circula ni se repite ¿Quién gana con que los niños tomen biberón hasta los cinco años? Las empresas que los fabrican. Nadie le dice a una mamá refiriéndose a su hijo: «Uy, ¿¡todavía con biberón!? Se va a malcriar a este niño». Se asume que un biberón, es normal, aunque represente muchísimos problemas en el largo plazo. Las madres y los bebés lactados, tienen que estar dando continuamente explicaciones y no es de sorprender que el 50 % de los destetes son por presión social, basada en opiniones desinformadas. Toda esta crítica, juicios y mitos alrededor de la lactancia no es accidental. Desconectar a mamás y bebés desde temprano, sostiene industrias millonarias, por eso, es un tema económico. Las tetas pueden estar presentes en todo lo que venda, pero cuando de dar leche gratis se trata, aparecerán miles de problemas. En el sistema capitalista, solo se publicita a aquello que vende y los consumidores —víctimas de la desinformación y presas fáciles del consumo— repiten lo que el discurso establecido quiere.

Por eso el lema de este año es «Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida», porque lactar no es un tema solo de la mujer. Me atrevería a decir, que todas quieren hacerlo, y si pocas lo logran, es por la tremenda falta de apoyo que hay en la sociedad. Porque una mujer no de lactar solo con las tetas, lacta con las políticas públicas que la acompañan y con la ausencia de ellas, lacta con la presencia de un compañero sensible y que asume tareas (y también con su indiferencia), lacta con la falta de conciliación laboral, y también lacta con una sociedad subdesarrollada que la abandona cuando da lactancia, pero levanta el dedo para acusarla cuando no lo logra. Así, es todo un milagro que ocurra la lactancia.

Ya sabemos que la forma en la que nos expresamos influye en cómo estructuramos nuestro pensamiento, por eso, debemos empezar a cambiar el lenguaje y es nuestra tarea visibilizar y denunciar las violencias que por acción u omisión entorpecen las lactancias.

No existen niños que no quieran el pecho de su madre. Existen niños que fueron anestesiados desde su llegada a este mundo, con oxitócicos innecesarios que dañaron el vínculo inicial con su mamá. No es que al niño «lo llena más la “otra” leche», es que la «otra» leche tiene proteínas tan complejas que en cuarenta y siete días debe hacer crecer un ternero para convertirlo en un torete duplicando su peso. No es que los niños se llenen más, es que están como una culebra cuando se come un venado: quietos por el enorme trabajo digestivo que tienen que hacer para asimilar una sustancia que su cuerpecito no reconoce como alimento.

«Es que esa mujer echa poquita leche», esta es una expresión bastante popular. ¿Acaso se trata de terneros y vacas lecheras como para andar chorreando leche por todos lados? Cada mujer produce la leche justa que su bebé necesita para crecer. No ocupa más. Por ejemplo, no es que después del parto «a mamá no le salía ni una gota de leche», es que les sobresaturaron los receptores de oxitocina, poniendo cantidades industriales de suero abortivo para que diera a luz, y esto alteró el mecanismo de la prolactina. Como además, le quitaron a su hijo y no se lo dieron inmediatamente para que mamara, todo se complicó. No es que el niño no quiere teta, es que está demasiado adormilado por los altos niveles de anestesia que le pusieron a su madre y encima, las enfermeras le metieron un «pepito» mientras mamá dormía, llevándolos a una confusión tetina-pezón.

No es que el niño no sabe mamar, es que nadie ayudó a mamá en el agarre inicial. Si mamá fuera orangutana, quizá habría corrido con mejor suerte, pero es una mamá humana y lo que más importa de ella, es lo que puede gastar. No es que el niño «hace grietas», es que como le dieron un pepito cuando nació y él tenía hambre, le tocó aprender a agarrarlo y resulta que ahora intenta hacer lo mismo que hizo, pero con la teta, y no le sale. Porque mamar de la teta es completamente diferente, porque el niño tiene que prácticamente ordeñarla. Cabe mencionar aquí, que mamar de la teta, implica activar una serie de movimientos musculares que le ayudarán en la formación de una mandíbula sana, más otros tantos beneficios que da el mamar y que se pierden con el pepe.

No es que «el niño salió diabético», es que le dieron suero glucosado mientras lo separaban de su mamá porque esta «tenía que descansar», y le elevaron el pico y la tolerancia al azúcar en una etapa sumamente sensible. No es que «esa mujer no da leche», es que para poder producirla tiene que estar 24/7 dedicada a esta tarea y un compañero/tribu que la sostenga. No es que no lo intentó, es que en el trabajo no le daban los veinte minutos cada tres horas que requería para hacerse el ordeño que mantenía viva su producción, es que tuvo una familia que en lugar de sostenerla se sostenía en ella y sus hombros no pudieron con todo. No es que no quería, es que estaba demasiado preocupada sabiéndose sola y preguntándose: «¿cómo he de lograrlo si tengo prácticamente todo en contra?». 

La lista de por qué se abandonan las lactancias suma y sigue. Pero lo cierto, es que en las circunstancias en las que se dan las lactancias el milagro es que ocurran. Lo que debemos tener claro, es que no es culpa de mamá y bebé, es culpa de una sociedad que les abandona a su suerte, les critica cuando no lo logran y se esconde para apoyarlas, y es por eso que el eslogan de este año es «Proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida». Todavía queda mucho por hacer, y para lograrlo, vamos a tener que luchar. Visibilizar es un primer gran paso.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facussé, conversó con Contracorriente sobre el panorama político del país de cara a las elecciones de noviembre 2021, y también externó su opinión sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Por: Allan Bu
Fotografía: Cortesía de CCIC

Honduras se encuentra a menos de tres meses de elegir un nuevo presidente, pero en lugar de esperanzas, esto genera —en la mayoría de su población— un clima de incertidumbre. La clase política no ha tomado las medidas para garantizar que las elecciones presidenciales de noviembre 2021 sean un proceso transparente. 

Además, el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha impulsado el polémico proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que son una especie de ciudades con  soberanía  para que empresarios inviertan con beneficios fiscales. Este proyecto ha sido presentado por el Gobierno actual como una solución al desempleo del país, pero diferentes sectores lo tildan de inconstitucional. En la recta final para las elecciones, este tema se ha vuelto más mediático a pesar de que el proyecto data de 2013. 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, es una de las voces críticas que se han escuchado en contra del proyecto de las ZEDE y otras actuaciones del actual Gobierno. A las antes conocidas como «Ciudades modelo», las califica como una «chabacanada».  

Facussé sostiene que para generar empleos hay que crear las condiciones, pero aquí se cree que con un show de feria se generarán: «El Gobierno no crea empleos, pero si este no genera las condiciones al sector privado no hay manera que venga la inversión. Han destruido la credibilidad del país porque no hay respeto por la ley». 

Contracorriente habló con Eduardo Facussé sobre el panorama actual de Honduras y su visión como líder empresarial de la zona norte con respecto a este.

Contracorriente (CC):  ¿Qué pasaría en el país si el grupo que gobierna actualmente gana las elecciones?
Eduardo Facussé (EF): Creo que sería triste en dos vías. Una es que si siguen gobernando los mismos, el país caerá en mayor deterioro, eso por un lado, pero estoy optimista y no creo que eso vaya a suceder, tengo esperanza que la gente razone adecuadamente su voto y genere cambio por la vía democrática y política que es la que corresponde. 
Por  otro lado, que se reelijan los mismos me entristecería mucho, ver que nuestro pueblo no tiene un razonamiento correcto de su voto, esa es la parte más triste, que a pesar que lo atropellan y lo pisotean de forma repetida siguen votando por la misma gente. Si es así, el país está lejos de un remedio. Ojalá nuestra población reaccione y vea la maldad que hay en la clase política y le dé la oportunidad a una generación nueva de políticos, porque estos que tenemos son una vergüenza para Honduras. Son parásitos del Estado y solo succionan la vida del país.

CC: Usted es un hombre de pensamiento crítico. 
EF: No es que soy de pensamiento crítico, es que las cosas no han funcionado, el país no está bien, no podemos estar aplaudiendo algo que no está bien, eso sería ser hipócritas o hacer un daño a nuestro país. Dentro de las gremiales uno tiene la obligación de hablar con claridad, señalar lo que está mal y bien. No todo está mal, pero hay una gran cantidad de cosas importantes que están mal y la siguen haciendo mal. Uno no puede llamarse al silencio estando en una gremial.

CC: ¿Cómo toman las posiciones asumidas por la CICC otros sectores del gremio empresarial?
EF: Uno tiene una obligación, en el momento que sale electo para una gremial. Habrá que preguntarles a ellos, pero yo creo que en general las cosas han ido bastante mal, es obvio que están mal. No creo que el país esté gozando de bonanza, creo que la población está sufriendo en muchos aspectos, no reconocerlo es faltar a la verdad. Lo correcto es proponer cambios, no solamente críticas, que es fácil, para que el país pueda encontrar su camino.

CC: ¿Y sus opiniones sobre los diversos temas de realidad nacional están apoyados por la gente que usted representa?
EF: Siento que sí, siento que el empresariado de San Pedro Sula es más de vanguardia, la gente que tiene (en San Pedro Sula) un capital habitualmente ha sido a base de trabajo y esfuerzo, aquí no hay gente que ha estado haciendo contratos con el Gobierno, es una diferencia bien grande. Allá en Tegucigalpa se vive, duerme y come pensando en cuál contrato de Gobierno se va a conseguir, es otro ambiente. Aquí en San Pedro Sula el empresariado es más sano, es a base de su trabajo y tesón. Hay una diferencia bien marcada, ojalá en Tegucigalpa entiendan el esfuerzo que hace la zona productiva y que lo valoren correctamente porque siento que el Valle de Sula está abandonado.

Imagínese las inversiones que ha hecho el Gobierno en el aeropuerto de Palmerola y el Centro Cívico Gubernamental, son obras muy lindas, pero me pregunto si eran prioridad nacional, yo pienso que se podría haber vivido sin ellas. En el orden de importancia han tirado al sector productivo en la cola y quieren andar con camisa nueva. No es correcto. Después de las represas, podemos hablar de hospitales y escuelas.

CC: ¿Desde su perspectiva cuál es la finalidad de las ZEDE?
EF: No, eso no va a suceder, al final no vendrá ninguna inversión seria, es un esquema que carece de legalidad. Las empresas serias tienen su protocolo de inversión, no vendrá una empresa grande de Estados Unidos a decir: «Vean, aquí hay una ley piruja, vamos a adueñarnos del territorio». Hasta este día no hay ninguna empresa seria invirtiendo porque es una chabacanada y ninguna empresa seria vendrá a invertir en una chabacanada. Esto es una promesa política. 

El 14 de octubre, el presidente Hernández dijo en Santa Bárbara que con la ZEDE habría empleo, ¿y qué es lo que hay hoy?, más desempleo. Esa vez dijo que pondrían una carretera de cuatro carriles en la salida de occidente y mirá lo que hay. Es mentira, no es con base en un decreto que vas a crear empleo, no es con base en una ZEDE. Si no existen las condiciones de seguridad jurídica, la inversión aquí no se asomará. Las empresas serias se deben reír de nosotros.

CC: En redes sociales se ha expresado la indignación por el tema de las ZEDE, pero esto no parece traducirse en acciones de protesta en la calle.
EF: Es que el hondureño no es una persona conflictiva, es una persona de buen corazón y lejos de meterse a un conflicto de estos, agarra sus maletas y se va a probar suerte a otro lado, por eso ves ese éxodo que habla solo del fracaso de la sociedad, no solo el Gobierno, todos somos responsables de no crear las oportunidades que necesitan nuestras jóvenes  para tener una vida digna. Ese éxodo habla y no lo queremos escuchar. Los políticos son tan cínicos que esa gente que se vio obligada a salir le niegan el voto. Ni siquiera reconocen el esfuerzo que hace esa gente para sostener la economía. Ahí ves la maldad de los políticos, me sorprende la profundidad de esa maldad.

CC: ¿Qué podría provocar una irrupción de la gente, algo parecido al movimiento de indignados en 2015?
EF: Creo que la gente está cansada y están esperando que se dé el proceso de elección, lo que sí te puedo asegurar es que si por cualquier motivo o razón se quiere boicotear el proceso, que Dios nos agarre confesados porque creo que eso no lo tolerará la gente, eso sería la causa de una irrupción nacional muy grande. 

Tenemos que asegurar que existan las elecciones y que haya transparencia y tengamos esto como un proceso de oportunidad de cambio. Creo que también hay mucha irresponsabilidad como ciudadanos, ya que creemos que nuestro deber solo es ir a depositar el voto y no es así, si realmente estamos conscientes de nuestro deber tenemos que sentarnos en esa mesa hasta que se cuenten los votos, se eleve el acta y se pueda verificar que realmente es el resultado. Esta vez nos toca cuidar la democracia y respetar a quien salga electo, si es transparentemente no hay problema y creo que en ese momento todos los sectores tienen que dejar sus diferencias y decir «ganó fulano o mengano y le vamos a apoyar con toda la convicción, porque el país está tan destruido que va a requerir la ayuda de todos».

CC: ¿Hay garantías de esa transparencia?
EF: Depende de los ciudadanos, por eso hago un llamado a los ciudadanos, porque a un observador lo pueden comprar, pero si llegamos veinte no nos pueden comprar. Todos tenemos que estar en el conteo de la mesa que nos corresponde y si todos hacemos eso en todo el país, te aseguro que nadie podrá hacer trampa y se va a respetar la voluntad popular. Invitemos a todos quedarse al final de la fiesta, no se vaya temprano, quédese hasta que amanezca. No son los partidos los llamados a cuidar la democracia, somos los ciudadanos.

Este lunes en Tegucigalpa, sindicatos y organizaciones de sociedad civil aglutinados en la Convergencia contra el Continuismo, realizaron una protesta multitudinaria sin precedentes desde el inicio de la pandemia. La consigna fue el rechazo a las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE). En otras ciudades del país también hubo acciones. 

Texto: Fernando Silva, Leonardo Aguilar, Allan Bú
Foto: Sandra Fiallos, Laura García, Fernando Silva

En Tegucigalpa la convocatoria a la movilización se estipuló para las 10 a. m. en las puertas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero una hora antes se encontraban en el lugar solo algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAH (Sitraunah), del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) —quienes habían organizado parte de la marcha— y un solitario puesto de baleadas.

Apenas unos minutos después, buses con sindicalistas de diversos colectivos e integrantes de organizaciones sociales e indígenas de los departamentos de Intibucá, La Paz, Choluteca, Valle, Comayagua y Santa Bárbara llegaron para acuerpar la movilización que llevó como consigna principal la oposición a las ZEDE, pero que fue aprovechada por todos los grupos para hacer exigencias particulares que —según ellos— se articulan en una problemática de país.

Sonia Banegas, miembro de la junta directiva del Sitraunah, comentó que entre las peticiones que ellos llevaron se encuentra una deuda que tiene la universidad con los trabajadores, y aseguró: «Tanto las ZEDE como la problemática de la universidad no son problemas aislados porque hay convenios y la constitución nos ampara y nos asiste la razón».

zedes honduras 2021 | movilización en TGU
Se unieron a la movilización en contra de las ZEDE, miembros de organizaciones, sindicatos y colegios profesionales de todo el país. Tegucigalpa, Honduras. 30 de agosto de 2021. Foto: Fernando Silva

Sonia cuenta que algunos de sus compañeros ya están acudiendo de forma presencial a sus labores, aunque no tienen condiciones para mantener las medidas de bioseguridad y muchos tienen sueldos adeudados. Ella continúa trabajando virtualmente por sus enfermedades de base y asegura que la irresponsabilidad administrativa originada en la falta de desembolso del Gobierno central a la UNAH y la violación de la constitución con las ZEDE es parte de «la dictadura que tenemos».

«Vamos a continuar sumando a las luchas que nos convoque la convergencia y los sindicatos y organizaciones sociales. Hacemos un llamado a todas las confederaciones que se unan a la causa porque nos están vendiendo la patria, no es justo que nos estén vendiendo y nos quedemos callados o estemos en nuestras casas. Seamos un solo grupo, en un solo puño luchando por mejores condiciones de vida», concluyó Sonia.

La Convergencia Contra el Continuismo, articulada en 2017, es una instancia que lleva como propósito «instar al movimiento social hondureño para que se articule, organice y movilice en contra del Gobierno de Juan Orlando Hernández», en ese sentido diversas organizaciones —entre ellas movimientos de mujeres y feministas— con todo tipo de objetivo le articulan que, en el caso de las ZEDE serán especialmente afectadas por su instalación.

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Una manifestante sostiene un cartel con mensajes en contra de las ZEDE. Tegucigalpa, Honduras. 30 de Agosto de 2021. Foto: Laura García

«Donde quiera que las ZEDE se instalen los derechos humanos serán violentados, nuestro territorio está en grave peligro», aseguró García, y además, apuntó que esta problemática es más profunda que la instalación de un territorio autónomo en el país: «es asesinar al pueblo lentamente, atentar contra la vida de los hondureños y hondureñas».

García cuenta que según los datos que ellas manejan, un 52 % de las mujeres en el país son madres solteras que viven del producto de la tierra, por lo que, quitándoles su territorio, estarían atentando contra sus vidas. «Las mujeres somos violentadas siempre», dijo.

Mientras se desarrollaba esta movilización, Richard Rahn, exvicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y uno de los principales impulsores de las ZEDE, se presentó en un foro de televisión asegurando que aunque ya no es parte del Comité de Mejores Prácticas para la instalación del proyecto en el país por desacuerdos con el Gobierno, sí cree que el concepto de ZEDE debería ser una cuestión de progreso de Estado como unidad, no la venta del territorio en partes al mejor postor, aseguró que «todo Honduras debería ser básicamente una ZEDE».

Te invitamos a leer: ¿Quiénes deben regular los proyectos Zede en Honduras?

La protesta de este lunes también se desarrolló en los municipios de San Pedro Sula y Choloma, en el departamento de Cortés; Tocoa, departamento de Colón; y El Progreso, Yoro.

En ese sentido, pobladores de aldeas localizadas en los municipios de Nueva Frontera y Quimistán, departamento de Santa Bárbara, zona occidente, recorrieron un poco más de 124 km para llegar este lunes a El Progreso, Yoro, zona norte, a manifestarse en contra de las ZEDE.

zedes honduras 2021 | Contra ZEDE El Progreso, Yoro | Movilización ZEDE EL Progreso
Manta de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) en la movilización en contra de las ZEDE. Calle de El Comercio en El Progreso, Yoro. 30 de agosto de 2021. Foto: Sandra Fiallos Ruiz.

Hubo presencia de habitantes de Santo Domingo, San Martín, El Listón y Brisas de Cuyamel. Estas aldeas son consideradas actualmente como puntos ciegos para migrantes que cruzan la frontera entre Honduras y Guatemala.

Los integrantes del grupo salieron ayer desde sus aldeas, de difícil acceso por el mal estado de las carreteras, hicieron una parada en Pinalejo, Santa Bárbara, y luego partieron a las 4 a. m. hacia El Progreso para unirse a la protesta en contra de las ZEDE.

Una de las habitantes de esta aldea, que se identificó como María, aseguró a Contracorriente que tanto ella como sus compañeros se sienten en total abandono. Agregó que existe temor de que en su zona se instale una ZEDE, porque ya hay una buena cantidad de proyectos hidroeléctricos y mineros en esa zona occidente del país. Argumentó que su lucha es porque no quieren perder sus tierras.

Según el portal Abriendo Datos Honduras de Contracorriente en el departamento de Santa Bárbara hay un total de 2513 concesiones mineras. 

En la ciudad de El Progreso, Yoro, la movilización salió a las 8 a. m. desde el monumento El Obelisco de la Paz. Los manifestantes recorrieron la primera calle y terminaron con un plantón a la altura del puente La Democracia. Varios manifestantes leyeron consignas y, mientras tanto, detuvieron el tráfico varios minutos en el bulevar que conduce hacia San Pedro Sula.

Contra las ZEDES | Zede Honduras | zedes honduras 2021
Una ciudadana protesta contra las ZEDE en medio de la movilización. El Progreso, Yoro. 30 de agosto de 2021. Foto: Sandra Fiallos Ruiz.

Las ZEDE son comparadas con los enclaves bananeros y con paraísos fiscales orientados a beneficiar a inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Existen tres ZEDE que están construyéndose en el país, Prospera Hub en Roatán, departamento de Islas de la Bahía; Ciudad Morazán en Choloma, departamento de Cortés y la ZEDE Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca.

Te invitamos a leer: Posturas político-electorales frente a las ZEDE

En la movilización realizada en El Progreso participaron personas de otros municipios y miembros de diversas organizaciones, entre estas, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), obreros de la maquila, miembros del magisterio, defensores de derechos humanos y miembros de la tribu Tolupán Las Vegas de Tepemechín, ubicada en el municipio de Victoria, Yoro.

Araminta Pereira, regidora municipal y militante del partido Libertad y Refundación (Libre), dijo a Contracorriente que se sentía contenta por la respuesta ciudadana y pidió que se derogara la Ley Orgánica de las ZEDE.

«Estamos satisfechos porque hay representación de estos sectores. Algunos se han movilizado desde la madrugada para poder llegar hoy aquí a El Progreso, Yoro. ¡No a las ZEDE y en contra de la dictadura!, esa es la consigna» , subrayó Pereira.

Por su parte el profesor Roberto Leiva, docente a tiempo completo en el Instituto Oficial Perla del Ulúa, manifestó a Contracorriente que es importante resaltar esta expresión popular, porque a su juicio es una muestra clara de que la sociedad hondureña está en contra de que se entregue el territorio a «grupos oligarcas, a personas que quieren protegerse de la justicia, buscando impunidad y un paraíso fiscal».

Roberto Leiva agrega que el pueblo hondureño está en contra de que se entregue el territorio y sus recursos: «Es entregar prácticamente todo el desarrollo de nuestro país, así que no podemos desde ningún punto de vista estar a favor de este latrocinio que está haciendo un grupo de personas que prácticamente son enemigas de la patria», afirma Leiva.

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Varios manifestantes realizan un plantón frente al puente La Democracia, que conecta las ciudades de El Progreso y San Pedro Sula en protesta contra las ZEDE. El Progreso, Yoro. 30 de agosto de 2021. Foto: Sandra Fiallos Ruiz.

En el caso de San Pedro Sula, la protesta no tuvo tanto éxito. Hubo un plantón de dos horas al que asistieron unas 25 personas, entre ellos estuvieron los candidatos a diputados del Partido Libre, Jimy Sorto y Edgardo Castro.

Allí Faustino Martínez, excatedrático universitario manifestó ante la ausencia de personas en la manifestación que «hay una crisis del movimiento popular que tiene que superarse», y agregó que «el Estado ha cooptado a muchos líderes de los movimientos sindicales y sociales. El Gobierno tiene controlados a los directivos, eso hace que si la línea del Gobierno es que hay que apoyar las ZEDE, pues ellos no mueven al pueblo», concluyó.

***

En la capital, entre los cientos de personas que se movilizaron desde la UNAH hasta un espacio frente a la Corte Suprema de Justicia, se encontraba uno de los precursores de la oposición a las ZEDE en el país: Fernando García, exministro de economía de Honduras.

García recordó que en 2012 empezó a hablar del tema con la propuesta de las Ciudades Modelo y siguió apuntando a la problemática hasta que en 2020 «una metida de pata» de un empresario que instala una ZEDE en Roatán, en la que amenazó con expropiar tierras a los pobladores, hizo que el tema tomara más relevancia.

A través de las redes sociales, circuló un vídeo donde se ve que Eric Briemen, uno de los inversionistas, se subió a un estrado donde socializaba el proyecto ante los pobladores y advertía a ciudadanos hondureños que, en base a ley, sus propiedades pueden ser expropiadas en cualquier momento para la construcción de la ZEDE. «El Estado de Honduras, por intermedio de las ZEDE puede declarar la expropiación», amenazó.

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Representantes de organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres, Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras y Sindicato de Trabajadores de la Medicina, hospitales y similares leen pronunciamientos en el marco del Día de los Detenidos y Desaparecidos durante la manifestación contra las ZEDE. Tegucigalpa, Honduras. 30 de Agosto de 2021. Foto: Laura García

Ahora García dice que ver a la gente movilizándose en contra del proyecto «es una gran satisfacción porque el pueblo ha tomado más conciencia, en todo el país, y ahora ha dado el salto a una conciencia organizativa a favor de la soberanía, de los territorios, a favor de nuestra forma de gobierno, exigiendo y demandando que los derechos humanos sean una potestad del Estado y no cedido a una entidad privada dentro de las ZEDE, eso es inconcebible en el marco del derecho nacional e internacional».

A pesar de las acciones de movilización García advierte que el Gobierno actual va a tomar todas las acciones necesarias para seguir el proyecto, porque sabe que «puede constituirse en la zona de refugio de ellos al salir del gobierno», y agrega: «Nosotros estamos advirtiendo a empresarios nacionales e internacionales que no deben invertir en las ZEDE porque la reforma y la ley orgánica son nulas de origen», advierte.

La preocupación de García sobre la necesidad de funcionarios corruptos por buscar un refugio tras su salida del Gobierno concuerda con otra de las consignas en la movilización: la salida del presidente Juan Orlando Hernández de la presidencia, y la posibilidad de que se quede más tiempo en el poder, algo que ha sido desmentido por el mandatario, pero que permanece como una amenaza entre la población.

Al final de la movilización, que concluyó en total tranquilidad ante el resguardo policial, los miembros de las organizaciones leyeron una serie de demandas entre las que además de tener como punto principal la oposición al proyecto, se encontraba la liberación de presos políticos y el respeto de los derechos humanos en el país.

Este domingo cientos de personas esperaron entre el lodo y debajo del sol para poder ingresar al Campo Agach de la ciudad de Choluteca, donde se había anunciado el lanzamiento de campaña de Nasry Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional. El evento finalmente se presentó como un encuentro de unidad de esa institución política.

Entre las simpatizantes del Partido Nacional se encontraba doña Anabel, de 50 años, que en silla de ruedas acudió junto a sus hermanas para mostrar apoyo a Nasry Asfura, a quien sigue desde las elecciones primarias. Con casi ningún tipo de accesibilidad para personas con discapacidad, en un terreno lleno de piedras, charcos de agua y basura, Anabel se refugió en una carpa destinada a los activistas que organizaron el evento y tras tres horas de espera logró que la dejaran ingresar al campo.

Al momento de presentarse ante la gente, Nasry Asfura aseguró en un discurso —que duró unos 30 minutos— que «los debates no se hacen en los medios de comunicación, se hacen recorriendo el país, en carro, cada metro, hablando con la gente, que nos digan cuáles son sus problemas, cómo podemos servirles».

El pasado 23 de agosto inició el juicio público contra 6 de los 16 implicados en el caso de la concesión del Río Gualcarque en Intibucá. Este se considera la continuación de la lucha de la líder indígena y activista ambiental Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. 

Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix

En el día de inicio del juicio oral y público, mientras algunos miembros de la comunidad lenca esperaban en las afueras del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción en la capital de la República, el Ministerio Público (MP) presentó 31 medios de prueba en contra de los implicados. 

El MP argumentó que la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) no participó en la licitación, en la que sí estuvieron  37 empresas que cumplían los requisitos, según la base de requerimientos. El MP, en la presentación de los incidentes, argumentó que «a DESA no se le debía otorgar los beneficios de este marco jurídico». 

El caso «Fraude sobre el Gualcarque» fue el noveno caso que presentó la Misión de Apoyo contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Maccih), y simultáneamente, la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic) del MP presentó el requerimiento fiscal ante Juzgado de Letras del circuito en materia de corrupción. Esta concesión es una de las 51 en territorio indígena que Berta Cáceres denunció cuando lideraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). 

La defensa de los imputados también presentó medios probatorios, cuatro por parte de la defensa privada de Roberto David Castillo Mejía (condenado el pasado 5 de julio como uno de los coautores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres Flores) y tres por parte de la defensa de Roberto Anibal Martínez Lozano, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Solo 6 de 16 imputados se defienden en este juicio oral y público, los 10 implicados restantes mencionados en el requerimiento fiscal no están presentes en el juicio pues presentaron recursos de amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La defensa de los imputados solicitó tiempo para que, luego de la presentación de pruebas del MP, pudieran ubicarla, relacionarla y hacer la oposición pertinente. 

La organización que lideraba Berta Cáceres, Copinh, argumentó en un comunicado que este caso de corrupción «devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de ríos en Honduras». 

La comunidad lenca, como afectados directos por la concesión otorgada a DESA en su territorio ancestral, fue aceptada como víctima en el juicio «Fraude sobre el Gualcarque» por el Tribunal de Sentencia, esto luego de que presentaran recursos de amparo y con el apoyo de organizaciones internacionales de derecho. 

Es pertinente recordar que el 25 de marzo de 2019 inició la audiencia del caso «Fraude Sobre el Gualcarque», y que el 30 de agosto del mismo año, la Corte de Apelaciones rechazó a Copinh como víctima en el proceso judicial de Gualcarque, como también sucedió en el juicio contra los imputados en el asesinato de Berta Cáceres. 

Copinh, en el comunicado publicado el 23 de agosto de 2021, denunció que el juicio de la semana del 17 de agosto del 2021 inició «violando los derechos de las víctimas», pues el Estado de Honduras seguía negándole «la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico». 

Bertha Zúniga, una de las tres hijas de Berta Cáceres y quien tomó la decisión de dirigir Copinh luego del asesinato de su madre, manifestó en un comunicado enviado por la organización indígena que «es bastante grave y delicado que, a pesar de tener dos solicitudes de amparo (de 2019 y 2021) para participación de las víctimas en este proceso, no se les haya resuelto y permitido ser partícipes (en condición de víctimas) en este caso que fue emprendido a través de las denuncias de esta organización». 

La comunidad solicitó, amparándose en el artículo 17 de Código Procesal Penal, el «derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto» ubicado en Agua Zarca, jurisdicción del municipio San Francisco de Ojuera en el departamento de Santa Bárbara. 

La Fundación para el Debido Proceso y la organización de Abogados Sin Fronteras de Canadá, enviaron a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para la pronta resolución del recurso de amparo enviado por Copinh para permitirle la condición de víctima a la comunidad lenca de Agua Zarca. 

El 25 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ resolvió otorgar el amparo que finalmente reconoce a los miembros de la comunidad lenca como víctimas en el juicio. Acción que la organización indígena define como «una victoria para todas las organizaciones y comunidades indígenas de Honduras». 

En ese sentido, el Copinh solicitó el mismo miércoles 25 de agosto la suspensión del juicio público y el retorno del proceso judicial a la etapa en donde la organización indígena quedó excluida. El Tribunal que lleva el caso citó a los apoderados legales de Copinh para ese día a la 1:30 p. m. en la CSJ. Víctor Fernández Guzmán, apoderado legal, se pronunció ante el tribunal sobre la sentencia de amparo que «reconoce el derecho de Copinh a participar e intervenir» en el juicio.

La sentencia de la Sala de la Constitucional obligó al Tribunal a suspender el juicio y reanudarlo en la etapa cuando Copinh fue excluido, órdenes que el Tribunal que lleva el caso acató en conformidad con la ley, otorgándoles su derecho de fungir como «parte acusadora privada», tal como informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva el 25 de agosto. 

Imputados

Los delitos por lo que son acusados los imputados, establecidos así en el requerimiento del MP, son fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, ursurpación de funciones y negociaciones incompatibles en perjuicio del Estado. 

Roberto David Castillo Mejía, como lo explica una nota de Contracorriente sobre la resolución del juicio por el asesinato de Berta Cáceres, fungió como presidente de la empresa DESA y como militar de las Fuerzas Armadas. David Castillo fue vinculado durante el juicio por el asesinato de Berta Cáceres a una de las familias con mayor capital económico e influencia política en la región: los Atala. 

En la presente causa, la defensa de David Castillo está a cargo del abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, quien fue su defensor privado en el juicio anterior. Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y segunda imputada en el caso, es acusada de fraude en perjuicio de la administración pública. También enfrentan el juicio oral y público Roberto Anibal Martínez Lozano (exgerente de la ENEE, exministro de Energía e involucrado en el fraude del proyecto hidroeléctrico Patuca III) y Luis Eduardo Espinoza Mejía, acusados por los delitos de fraude y abuso de autoridad. 

Por su parte, Raúl Pineda Pineda es señalado de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos mientras ejercía como alcalde municipal de San Francico de Ojuera, y José Mario Carbajal Flores, defendido por Héctor Omar Durán, es acusado de violación de los deberes de funcionarios. El abogado de José Carbajal Flores es el mismo defensor legal de Ilsa Damaris Aguirre e Ilsa Vanessa Molina, madre e hija respectivamente, ambas implicadas en el caso del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

Los 10 implicados restantes son: Aixa Gabriela Zelaya, actual candidata a designada presidencial de Yani Benjamin Rosenthal para las elecciones generales del 28 de noviembre. Además de Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Ana Lourdes Martínez Cruz, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, y Saida Odilia Pinel.

Recomendamos leer: Un poco de justicia en la causa Berta Cáceres: El fallo en contra de David Castillo que compromete a una poderosa familia en Honduras

Antecedentes

La investigación relata cómo la ENEE presentó una licitación para comprar 250 MW de energía a proyectos limpios, es decir, un concurso público para recibir ofertas de empresas interesadas en proveer insumos y ejecutar el proyecto. DESA, quien posteriormente ganó la concesión, no participó en esta licitación, sino que en el 2009 (mismo año de su fundación como sociedad mercantil) presentó una solicitud independiente para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca, es así cómo se marcó el inicio del caso de corrupción. 

El requerimiento de la Ufecic-MP presentó evidencias de los delitos cometidos por los 16 implicados para demostrar que la concesionaria DESA resultó beneficiada con el contrato sobre el Río Gualcarque a través de la aprobación de contratos para suministros de energía, dictámenes técnicos y la licencia ambiental aprobada en el 2013.

Víctor Fernández, apoderado legal de Copinh, saliendo de la audiencia de individualización de la pena en el juicio contra David Castillo. Tegucigalpa, 3 de agosto de 2021. Foto: Laura García
Víctor Fernández, apoderado legal de Copinh, saliendo de la audiencia de individualización de la pena en el juicio contra David Castillo. Tegucigalpa, 3 de agosto de 2021. Foto: Laura García

Las oficinas de Gobierno involucradas también en el caso son la Secretaría de Recursos Naturales, (Serna/MiAmbiente), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), y la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera. 

David Castillo laboraba simultáneamente en la ENEE y en la empresa DESA. El acusado fue nombrado coordinador de Control de Gestión en la ENEE bajo solicitud de la entonces directora general de la estatal eléctrica, Rixi Moncada Godoy, actual consejera representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE). David Castillo inició su cargo en la ENEE el 1 de agosto de 2009, siendo ya miembro directivo de Desa. Previamente, ese cargo fue ocupado por Carolina Lizeth Castillo Argueta, segunda imputada en este caso por su posición como apoderada legal de DESA, durante 8 años. 

Copinh, además de demandar «que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca: la familia Atala Zablah», solicita que se cancele definitivamente la «concesión ilegal» en el Río Gualcarque que la comunidad lenca considera sagrado.

La pandemia se encuentra en su pico más alto en Honduras desde que se informó del primer caso en marzo de 2020. El viceministro Roberto Cosenza aseguró que en el país están muriendo un promedio de 55 personas al día.

Texto: Allan Bú
Fotografías: Antonio Gutiérrez

Honduras se encuentra bajo una tercera y mortífera ola de la pandemia COVID-19, ahora extendida por todo el país. Los hospitales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran al límite de su capacidad, mientras la población sigue bajando la guardia con las medidas de seguridad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la pandemia ya registra 333 890 contagios y 8 802 muertes por coronavirus. Francisco Morazán (2426 fallecidos) y Cortés ( 2162) son los departamentos más afectados. 

En conferencia de prensa, el viceministro Roberto Cosenza aseguró que la semana anterior murieron 251 personas, siendo este el número más elevado de muertes desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo del 2020. Aseguró el funcionario que diariamente están muriendo un promedio de 55 hondureños. 

No obstante las alarmantes cifras, decenas de sampedranos caminan por las concurridas calles sin mascarillas y sin atender el distanciamiento recomendado, mientras que solamente uno de cada 10 hondureños ha completado su esquema de inmunización. 

En San Pedro Sula, donde seis de cada 10 pruebas realizadas salen positivas, se observan calles concurridas y con una buena cantidad de personas obviando las medidas de bioseguridad. 

Y en el pico más alto de la pandemia, aún más que los que se registraron en julio-agosto del 2020 y diciembre-enero, el país se prepara abrir la campaña política, que terminará en noviembre próximo cuando se elija un nuevo presidente. En las reuniones que realizaron sin estar abiertamente en campaña, los políticos no obedecieron las recomendaciones de bioseguridad. Se han registrado enormes aglomeraciones de personas. 

En una entrevista para Contracorriente, el doctor Marco Tulio Medina, coordinador del Comité de Covid de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, consideró que una inmunización completa del 70% de la población podría derivar en una reducción real de la ola de contagios, pero el país está muy lejos de esa cifra pese que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha prometido la llegada de 14 millones de dosis. 

Sin embargo, el proceso de vacunación se aceleró con la donación de 3 millones de dosis de Moderna realizada por Estados Unidos y la compra del Instituto Hondureño de Seguridad Social de 1.4 millones de dosis de AstraZeneca. 

Esta semana el país recibió 197 450 vacunas que son parte del acuerdo que el gobierno llegó con la empresa Pfizer para comprar 4.4 millones de dosis. Además, también se recibió una donación de 100 mil dosis procedente del Gobierno de España.

El Congreso Nacional aprobó, en cuestión de minutos y sin mostrar los votos, una serie de contratos y préstamos que han sido catalogados como dañinos para los intereses ciudadanos. Diputados opositores que no se conectaron a la sesión virtual denunciaron que no hubo cuórum y que existió usurpación de funciones.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Martín Cálix


El Congreso Nacional de Honduras —en una polémica sesión virtual realizada el viernes 27 de agosto— aprobó contratos y préstamos millonarios. Los encargados de comunicaciones del Legislativo recurrieron a fotografías de archivo para dar una muestra de los congresistas que se conectaron a la reunión que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.

La decisión de no mostrar a los congresistas que se conectaron este día, generó el reclamo de diputados opositores quienes aseguraron que no hubo cuórum y que en el interior de las sesiones hubo usurpación de funciones por personas que no son congresistas. El Congreso Nacional no informó, como en otras ocasiones, cuántos de los diputados votaron a favor o en contra.

Durante la transmisión en vivo apenas pudo verse en un primer plano a algunos miembros de la junta directiva del Congreso Nacional, la mayoría miembros de la bancada del Partido Nacional de Honduras.

Honduras cuenta con 128 diputados, pero en esta sesión no participaron los 30 congresistas de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre), ni los cuatro del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-sd). El Partido Liberal, que tiene 26 diputados, emitió un comunicado en donde aseguraba que su bancada tampoco entraría a la sesión.

«Nos manifestamos en contra de los proyectos de ley que pretende aprobar el Congreso Nacional, en vista de que no están logrando el cuórum necesario que exige la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por ende son inconstitucionales. Además, porque pretenden conceder a privados bienes del Estado como la represa el Cajón a través del Proyecto de Escisión de la ENEE y continuar aprobando préstamos para el uso de recursos públicos en la campaña política del partido de gobierno», indica una parte del comunicado del Partido Liberal.

La diputada nacionalista Johana Bermúdez aseguró a Contracorriente que sí hubo cuórum durante la sesión del pasado viernes y que este se logra con la mitad de los miembros del Congreso Nacional, más uno, es decir, 65 diputados. «Solo el Partido Nacional tiene 60 diputados y también había diputados de otras bancadas. Habíamos más de 65 diputados conectados».

Johana Bermúdez agregó: «Estamos en una pandemia y fuimos afectados por dos huracanes. Eso vino a generar el cierre de muchas microempresas que generan 7 de cada 10 empleos en el país. En este momento el Estado debe garantizar el brazo amigo para reactivar la economía. Por eso es que los fondos se aprobaron para fortalecer al pequeño y mediano emprendedor».

No obstante, el diputado Edgardo Castro, del Partido Libre, le dijo a Contracorriente que se aprobaron «cualquier cantidad de préstamos y asuntos a favor de las Zonas de Empleo de Desarrollo (ZEDE), además de préstamos millonarios que a la larga hacen un tremendo daño y vuelven al país más empobrecido».

El Congreso Nacional aprobó, en un solo debate, la adenda número tres al contrato de fideicomiso para administrar fondos del programa presidencial denominado Beca 20/20.

Además, se aprobó el contrato de préstamo nro. 2248 Tramo B, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su condición de prestamista y el Gobierno de la República, en su condición de prestatario, para el financiamiento de hasta un monto de USD 75,000,000 para financiar la ejecución del programa para la «reactivación económica a través de las Mipymes en la crisis COVID-19 y pos-COVID en Honduras».

Esta es una de las imágenes que fue publicada por el departamento de comunicaciones del Congreso Nacional. En la misma, aparecen diputados de oposición quienes denunciaron la utilización de una imagen vieja ya que ellos no se encontraban conectados.

El Legislativo también autorizó al Sistema de Emergencias 911 extender la continuidad de los proyectos de «Ciudades Seguras» mediante la suscripción directa de un contrato con la sociedad mercantil Dynamic Corporation S. A. de C. V.  

Otro de los proyectos aprobados autoriza a la municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara, para que pueda solicitar un préstamo de hasta HNL 3,000,000 con la institución financiera de su conveniencia y destinarlo a comprar un terreno para la «construcción de viviendas destinadas a familias afectadas por los huracanes Eta y Iota».

Por otra parte, el Congreso Nacional aprobó ocho contratos de obra pública, celebrados entre la Alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés y distintas empresas proveedoras de servicios de construcción. Esos ocho contratos fueron aprobados en segundos tras la moción, con dispensa de dos debates, del diputado Jaime Villegas, un exfutbolista que busca la reelección por el departamento de Cortés.

El dictamen aprobado no establece cuáles serán esas empresas proveedoras de servicios de construcción y tampoco se discutió en la sesión virtual cuáles son esas empresas. Sin embargo, el diputado Edgardo Castro le dijo a Contracorriente que todo está enmarcado en el proyecto Siglo XXI.

Contracorriente consultó al doctor Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República y especialista en derecho administrativo, cuáles son las consecuencias de esta serie de actos del Congreso Nacional.

«Ese es un caso que se repite en casi todos los Gobiernos. Sobre todo, en aquellos que creen que ya no van a regresar. Por ejemplo, con el golpe de Estado se aprobaron cientos de contratos y no solo eso, sino que se aprobaron reformas de contratos. Por ejemplo, un caso de un contrato que era de 40 millones de lempiras lo subieron a 400 millones de lempiras. Fue cuando le transfirieron el dominio de la empresa de Nacaome a Roberto Micheletti. Todo eso se hizo en esa época y que se haga ahora es una repetición», explica Edmundo Orellana

Orellana expresa que el problema del Congreso Nacional no es que se estén aprobando esos contratos, el problema es que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue aprobada por los diputados en periodos anteriores, incluso con la participación de algunos del Partido Liberal, en donde se le concedieron «funciones dictatoriales» al presidente del Congreso Nacional.

El diputado del Partido Libre, Sergio Castellanos, expresó a través de su cuenta de Twitter que «hoy el Partido Nacional convirtió una reunión de narcos, extraditables, pandoros, corruptos en una sesión del Congreso Nacional. Sin cuórum. No participó la bancada del Partido Libre, Pinu y Partido Liberal. Utilizaron fotos de sesiones anteriores para engañar al Pueblo. Exigimos sesiones presenciales».

La diputada del Partido Libre, Patricia Murillo dijo a Contracorriente que las usurpaciones de funciones no son nuevas. Y recuerda el caso del entonces presidente de la Comisión de Alianza Público Privada (Coalianza) José Antonio Pineda Cano, quien votó desde el puesto de una diputada de Cortés e intentó votar por otros dos diputados. «Este señor incluso fue requerido», explica Patricia Murillo, lo cual quedó evidenciado en un requerimiento fiscal del Ministerio Público.

Los diputados hondureños no se reúnen presencialmente desde marzo del año pasado y recientemente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) afirmó, pese a la petición de sesionar presencialmente, que existía un alto «riesgo de contagio» por lo cual no era recomendable regresar al hemiciclo Legislativo.

«Entendemos que esta gente está amarrando todos los cabos y destrozando este país, explotando y sacándole hasta lo último por cualquier cosa que pueda suceder, pero antes de eso intentarán quedarse contra viento y marea», expresa Patricia Murillo.

Aunque la criptomoneda se está abriendo paso en varios países, incluído El Salvador (el primero del mundo en autorizar su curso legal) la implementación en Honduras para un futuro cercano es poco probable pues según apunta el economista Julio Raudales, el país «no está en condiciones financieras ni políticas».

Texto: Laura García


Esta semana llegó a Honduras un grupo de inversionistas estadounidenses para conocer el interés que tiene la población y el Gobierno de la República en el vasto mundo de las criptomonedas. El comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación hondureños por el equipo de empresarios decía que
se discutiría «cómo el bitcoin y otras criptomonedas podrían ayudar a los hondureños a lograr estabilidad financiera y ganar riqueza». 

Además de la conferencia de prensa, Brock Pierce, presidente de la Fundación Bitcoin y quien encabezaba el equipo, se reunió con el presidente de la República Juan Orlando Hernández para «discutir» el futuro del bitcoin en Honduras. El denominado «filántropo» también visitó el Hospital María de Especialidades Pediátricas de la capital de la República, en donde hizo donaciones de líquido desinfectante. 

Brock Pierce nació el 14 de noviembre de 1980 en el Estado de Minnesota, Estados Unidos. Dejó su carrera como actor cuando era joven para incursionar en el mundo de las empresas y finanzas. En el 2018 fue nombrado por la revista Forbes en la primera lista de la historia como una de las personas más ricas en criptomonedas. El valor estimado de su fortuna es entre 700 millones y un billón de dólares. 

El equipo, conformado por aproximadamente diez personas, incluyendo a la esposa de Brock Pierce, Crystal Rose Pierce, se reunió con Eldad Golan Rosenberg, el recién nombrado embajador de Israel en Honduras. Uno de los miembros del equipo de inversionistas es el rabino Yosef Garmon, fundador de La Coalición Humanitaria de Israel, quien hizo una donación de útiles escolares, zapatos y alimentos para 400 niños de la Escuela Toribio Bustillo, ubicada en la capital de la República. Yosef Garmon estuvo acompañado del Canciller hondureño Lisandro Rosales. 

Yosef Garmon no es el único miembro israelí de la delegación que visitó Honduras, pues Yaakov Flitchkin, un activista de la comunidad judía en Brooklyn, Nueva York, también es miembro del equipo encabezado por Brock Pierce, quien en su mensaje de despedida felicitó al presidente Juan Orlando Hernández por su «apoyo al Estado de Israel y su decisión de trasladar la embajada de Honduras a Jerusalén». 

Honduras es uno de los pocos países en el mundo que ha trasladado su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, hecho que ocurrió el pasado 24 de junio. Honduras fue el cuarto país en oficializar el traslado, luego de Estados Unidos, Guatemala y Kosovo. Hamas, el grupo militante palestino, condenó la acción del presidente Hernández por considerarla una violación del derecho internacional. Por su parte, Riyad Al-Maliki, ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, se pronunció en un comunicado: «es muy lamentable que el presidente de Honduras haya decidido tomar el lado equivocado de la historia y proceder con este paso hostil contra el pueblo palestino», señaló.

Brock Pierce

El autodenominado «criptopionero», reconocido por su actuación en las producciones de Walt Disney Pictures The Mighty Ducks y First Kid, visitó Honduras con interés en la apertura del mercado de la criptomoneda en el país. Los empresarios liderados por él son conocidos como la «delegación de embajadores del bitcoin», y fueron los mismos que el presidente salvadoreño Nayib Bukele invitó para promover en la nación el uso de la criptomoneda en junio del año en curso. El equipo de inversionistas fue atendido por Milena Mayorga, Embajadora de El Salvador en Estados Unidos. 

Pierce, como líder de la delegación, fue muy claro en la conferencia de prensa que dio el lunes 23 de agosto en Tegucigalpa, donde aseguró que «Honduras tiene mucho potencial», sin embargo, también aclaró que sus intenciones con la visita no eran «vender algo», sino simplemente conocer qué tanta confianza tendría el pueblo de Honduras en invertir en las criptomonedas. El empresario continuó explicando, con el apoyo de su intérprete, que no traían planes ni propuestas concretas de inversión para presentarle al presidente Juan Orlando, con quien se reunió ese mismo día luego de la conferencia con los medios.

Según el economista hondureño Julio Raudales, «el tema de las monedas es totalmente de confianza, por eso hasta un cacao puede ser moneda, siempre y cuando la gente piense que es una moneda confiable». 

Brock Pierce, quien se postuló como candidato presidencial independiente en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, cofundó la empresa Tether en el 2014 junto a Reeve Collins y Craig Sellars, esta corporación es la casa creadora de la criptomoneda llamada como la misma empresa, también conocidos como los dólares sintéticos digitales (USDT). 

La compañía cofundada por Pierce aseguraba en sus inicios que su criptomoneda era una moneda estable, lo que significa que no tenía mucha volatilidad y que su valor era el mismo en dólares estadounidenses, en ese mismo sentido, también aseguraba que estaban totalmente respaldados, afirmaciones que posteriormente desmintió la fiscal general de Nueva York. 

La corporación fue investigada por la Fiscalía de Nueva York en el 2020 por ocultar las pérdidas de aproximadamente 850,000,000 dólares. «Bitfinex y Tether encubrieron de manera imprudente e ilegal pérdidas financieras masivas para mantener su esquema en marcha y proteger sus resultados», aseguró  Letitia James, la fiscal general de Nueva York desde el 2019, según el comunicado en su página web.

La fiscal resolvió «para proteger a los inversores de plataformas de comercio de divisas virtuales o «criptográficas» fraudulentas y engañosas al exigir a Bitfinex y Tether que pongan fin a toda actividad comercial con los neoyorquinos», además de una sanción por 18,500,000 dólares. 

Panorama en Honduras

Marco Amaya, director general de Trade Corporation Capital en Honduras, una escuela financiera de criptomoneda y mercados bursátiles, explicó en una conversación con Contracorriente que el caso de Honduras es totalmente diferente a El Salvador, y la diferencia radica en que el país hermano no tiene una moneda propia —después de sustituir el colón por el dólar estadounidense—, como nosotros que aún tenemos el lempira. 

«Honduras tendría que primero pasar por un proceso de dolarización antes de considerar que la criptomoneda sea de curso legal en el país, por lo que no es un panorama posible en el futuro cercano», señaló Amaya, y continuó explicando que antes de considerar la implementación de la criptomoneda en el país, es necesario que la población se eduque en los temas de mercados bursátiles, es decir, las transacciones financieras que incluyen la bolsa de valores, corredores de bolsa, emisores e inversores.

«Fijo lo Compro» es una plataforma de compra y venta de bienes que acepta pagos con criptomonedas y que nació en asociación con Trade Corp. Capital con el fin de «comercializar este tipo de criptomoneda e inversión digital sobre todo porque en Honduras no existe ningún movimiento donde se pueda comprar con criptomonedas e incluso monetizar», según el gerente de la empresa.  

Julio Raudales, economista, sociólogo y vicerrector de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), prevé que la llegada de Brock Pierce «puede provocar que las personas que tengan capital en el país se interesen en invertir en la criptomoneda». 

Agregó que «hay un buen grupo de personas en Honduras que no están dispuestos a invertir en activos físicos, sino que prefieren los activos financieros», por lo que la inversión en criptomoneda puede resultar atractiva para ellos. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad que tiene Honduras de prepararse en otras áreas antes de considerar que la criptomoneda se implemente en el país. El economista también señaló que los aspirantes a la silla presidencial tampoco parecen «despertar algún tipo de interés» en la implementación de la cibermoneda en sus años de mandato. 

Por el hecho de que no hay ningún ente centralizador, entre estos el Banco Central de Honduras (BCH), que controle los movimientos dentro del mercado de la criptomoneda, este se presta con mayor facilidad para el lavado de activos, aunque esto es posible con cualquier moneda, según explicó Raudales. Considerando que «pocas personas pueden rastrear las inversiones en bitcoins. Para las fiscalías resulta más fácil rastrear las inversiones que se hacen, por ejemplo, en bienes y raíces». 

Cabe recalcar que la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), sustentándose en el Capítulo V, Artículo 23 de la legislación, tienen permitida la instauración de un régimen financiero independiente, por lo que recientemente para la ZEDE Próspera de Roatán, anunciaron la implementación de la criptomoneda, entre ellas el bitcoin, cuyo valor actualmente es de 1,130,158 lempiras. 

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En El Salvador, en la Asamblea Legislativa del 8 de junio se aprobó —con 62 votos a favor de los diputados presentes— la Ley Bitcoin compuesta por 16 artículos. El diputado de oposición, Johnny Wright Sol, cuestionó en la sesión legislativa: «¿Qué respuesta se va a dar sobre la volatilidad del valor de esta moneda?». 

Por su parte, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), también se pronunció en contra de la aprobación del criptoactivo como moneda de curso legal, y según sus declaraciones esto es un «negocio redondo» que consiste en legalizar la moneda, hacer tratos con Strike (los desarrolladores de la aplicación Wallet que implementará el Gobierno) y convertir al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Banadesal) en una casa de cambio de bitcoin a dólar.

Aunque en la conferencia Brock Pierce instó a los medios a comparar a Honduras con Dubai o El Salvador, sugiriendo que el Gobierno puede dar dinero en cripto como en «El Salvador que dará a sus adultos 30 dólares para invertir», en Honduras no parece «que las personas estén listas para afrontar el riesgo que suponen las bitcoin», concluyó el economista Julio Raudales.

En verano no sonaba. A menos que me golpeara la cabeza al cruzar la puerta del balcón del segundo piso. A mi mamá le dije, tantas veces le dije, que buscara otro lugar para colgarlo. Mamá decía que sí, que pensaría, pero nunca lo descolgó.                                 

 Mamá andaba distraída. Confundida. Respondía menos cuando le llamaba, y a veces, ni siquiera, respondía a su nombre. Ese fue el colmo, de la nada tener que gritarle Gloria Gloria Gloria, como si en la casa celebraran cultos.

No sé en qué momento comenzó. Tal vez no hubo un instante. No. Fue más bien algo fluido, una humareda sin inicio y sin final. Para mí esto no tendrá final. Lo cargaré siempre.

Si tuviera que apostar, diría que fue a mediados del 2018, cuando la casa fue remodelada: los muebles tapizados, las paredes pintadas y reparadas las goteras. Toda la operación estuvo a cargo de don Quique, el dueño de RESTAURADORES QUIQUE: NO HAY PROBLEMAS, SOLO SOLUCIONES. 

Al principio mamá era crítica con cada detalle, típico de ella. Después de terminar una tarea, los muchachos de don Quique regresaban a la anterior, porque mamá notaba, por ejemplo, que el techo de la sala del comedor donde caían las goteras provenientes del baño en el segundo pisose humedecía de nuevo. Y cuando colocaban otra capa, mamá se fijaba en el sillón, cuyo brazo se deshilachaba unos centímetros. A la tapicería otra vez.

Los muchachos de don Quique hablaron con él. Ya no aguantaban a mamá y sospechaban que ella dilataba los trabajos porque no tenía cómo pagarles. Entonces don Quique habló con mamá y esa conversación también se dilató. Se dilató a tardes enteras, y las tardes se dilataron a tardes con tazas de café, y las tardes con tazas de café se dilataron a noches con vino y aceitunas, y esas noches a madrugadas y mañanas, y esas mañanas, a mañanas con desayuno.

Me di cuenta sin esfuerzo, mamá nunca supo disimular. Cada vez que la visitaba, los sábados por la tarde, allí estaba don Quique, sin los muchachos, reparando algo, cualquier cosa: las tuberías, el rechinar de las puertas, el ventilador que no da aire sino polvo, la refri que no hiela y, para que no se metan los ladrones, instalación de espiral de púas en el balcón.

En un principio no me molestó, era agradable ver esa sonrisa en mamá, creo que nunca se la ví antes. Con papá vi de todo en su cara, pero nunca una sonrisa. No ésa, al menos. Me gusta pensar que mamá la conservó desde niña y la cuidó como a las plantas de su balcón. Y la reservaba esperando el momento adecuado. Cuántas veces se habrá visto tentada a mostrarla, a librarla. En mi nacimiento. Mi graduación. Mis ascensos laborales. No. Ni yo era digno.

Tampoco lo era don Quique.

Algo no me cuadraba en él. Me causaba desconfianza. Así que lo espié y me di cuenta que otras reparaciones también se dilataban. Lo vi entrar, muy tarde, en la pulpería de doña Mercedes, y otra noche, en el comedor ya cerrado de doña Josefa. Me pregunté si también ellas le intimaron con sus sonrisas.

Después de cavilar decidí contárselo. Odié la idea de tomarle fotos desde el carro como detective de televisión, pero era la única forma. Si a mamá solo le daba mi palabra se pondría a la defensiva y volverían los reclamos de costumbre: yo nunca la quise ver felíz, yo la he culpado por la muerte de papá, yo la tengo cansada. Yo y más yo. 

Tomé las fotos durante la semana y el sábado llegué a casa de mamá con las pruebas.

El carillón de viento tintineaba con insistencia. Mamá me había recibido con la sonrisa que no era para mí. La mostraba, la presumía y la acentuaba ante cada oportunidad. La hacía danzar mientras hablaba, y volar cuando callaba.

Subimos y decidimos hablar en el balcón que está contiguo a su cuarto. Abrí la puerta y crucé, y el carillón prorrumpió al golpear mi frente. Le pedí a máma, por enésima vez, que lo descolgara de allí mientras su sonrisa revoloteaba en carcajadas. A ella, siendo de baja estatura, los pequeños cilindros del instrumento le acariciaban el cabello cuando salía al balcón. Después de volver a ignorar mi pedido, me invitó a sentarme en la mesita blanca y, sin protocolo, le mostré las fotos. El carillón volvía a tintinear, esta vez con más fuerza, y lo miré. Lo miré en lugar de ver la muerte de esa sonrisa. 

Mamá puso las fotos en la mesa y me atreví a verle su cara. Sorprendentemente también decidió contemplar como los pequeños cilindros intensificaban su danza. 

—Su música le hace bien a mis plantas.

Llegó la tormenta y el carillón gritaba.

Nos resguardamos y mamá dejó las fotos a la intemperie. 

Más vale que te vayás antes de que todo se inunde.

Me fui.

Esa semana me costó dormir y temí que mamá no me recibiera el siguiente sábado. Pero el sábado llegó y me escribió: «Hoy cocinaré lasaña, te espero».

Llegué y la sonrisa había resucitado. Me hizo pasar y en la sala noté a don Quique en el sofá, viendo fútbol.

Nos sentamos a comer. Apenas toqué la lasaña y necesité más vino. La sonrisa de mamá fluía desde la cabecera del comedor hacia el otro extremo: don Quique.

Después del almuerzo le pregunté a don Quique si había reparado algo más en la casa y él se rio. Y mamá rio con él, derramando aquella inagotable sonrisa.

Regresé a las vigilancias y cerca estuve de tomar nuevas fotos. Era tiempo desperdiciado. Mamá, al fin y al cabo, había aceptado aquel asunto.

Los sábados siguientes mamá cocinaba de nuevo aquella lasaña y realmente era deliciosa. Con el tiempo volví a disfrutarla aunque don Quique estuviera todo el rato contando malos chistes, estúpidas anécdotas y preguntándome si quería ir al estadio a ver al Motagua.

Su mamá me contó que las camisas del Motagua en el closet son suyas.

El comentario me hizo reconocer la camisa que él andaba puesta. Era de mi papá. 

Esa noche, reconsideré la situación y decidí que aquello no podía seguir. Don Quique era un confianzudo y a saber con qué tenía engañada a mamá. Verifiqué, gracias a otra noche de vigilancia, que seguía visitando a doña Mercedes y a doña Josefa.

Arreglé una reunión con él y le dije la verdad: no me agradaba y no me gustaban sus andadas. Mi mamá merece respeto.

Don Quique, apenado, me dijo que tenía razón. Mamá merecía respeto, merecía fidelidad. Me prometió que dejaría sus andadas. No le creí. Le dije que no era eso lo que quería de él. Se lo expliqué clarito, que ni a la esquina se acercara. Sino, su negocio podría sufrir un desafortunado incendio. 

Al sábado siguiente me recibió mamá y solo mamá. Sin don Quique, sin sonrisa. El carillón apenas se le oía, el verano se avecinaba. Mamá ni me dirigió la mirada. 

Si tenés hambre pedí comida dijo al tiempo que subía las gradas para después dar un portazo.

Llegó el verano.

Seguí visitándola, aunque mamá se mostrara menos. Me abría la puerta, subía las gradas y se encerraba en el cuarto. Ni al balcón salía, y desde la calle se podía notar sus plantas cada vez con menos verdor. No sé por qué seguía yendo. Quizá  por compromiso. Quizá para que, una vez muerta, no hablaran mierda diciendo que la dejé sola. 

Esperé que la borrasca se le pasara rápido. Más bien empeoraba. 

Un sábado ni siquiera me abrió. Me dejó la llave en la ventana y entré en la oscura y polvosa sala. Al cabo de una hora, bajó a medio saludarme y subió. Al siguiente sábado ni eso. La casa, además, era un desastre. Ya no la limpiaba y ni se preocupaba de los deterioros. Y por si fuera poco el equipo de don Quique había hecho un mal trabajo: las paredes cascareaban y las goteras reaparecieron en la sala del comedor.

Decidí remodelar bien la casa y así lograr que sonriera, no con aquella sonrisa, eso es imposible. Que sonriera un poco, y de a poco animarla.

Di con un confiable servicio en TALLERES DON PINEDA: DISPONIBILIDAD 24/7. Aprovechando que mi mamá ni me atendía, llevé a don Pineda un sábado por la tarde. Le mostré las goteras y estaba por explicarle lo mal que las taparon cuando mamá bajó las gradas estrepitosamente, gritando Enrique Enrique en cada escalón. Me tomó trabajo reconocerla con el espantado pelo y la negrura de sus ojeras. Se acercó y escudriñó a don Pineda. De repente, un dejo de esa sonrisa escapó de ella y cayó junto a las gotas.

Te estoy remodelando la casa, mamá.

Me miró y creí notar la sonrisa. No esa, sino la antigua, la de mi graduación, la de mis logros: la de papá.

Me dio la espalda y comenzó a subir las gradas.

Se detuvo. Se detuvo sin girar. Se detuvo cuando perdí la paciencia y le grité algo que prefiero, o no puedo repetir. 

Mamá reanudó su ascenso y dio otro portazo.

En ese momento no me quedó de otra que aceptar los hechos. En ese momento admití  que mamá solo me volvería a hablar si vuelve don Quique. Tal vez hasta me perdonaría —ahora nunca lo sabré— lo que le dije mientras ella subía las gradas.

Estaba por salir de la casa cuando lo oí.

Salí apresuradamente, y afuera todo se ensordeció. Todo en la tierra. Todo en el cielo. Todo menos el carillón. El carillón de viento, como en aquella tormenta, gritaba.

En verano, sonaba.

Por José Zelaya


En Honduras existe un registro de tres antologías nacionales de minificción y una interinstitucional. Por lo que es importante indagar en los trabajos que se han realizado a lo largo de los años, con el propósito de visibilizar los escritos de diversos autores hondureños relevantes al género breve y reconocer la ardua labor de los compiladores por contribuir en los cimientos de la minificción hondureña.

La primera antología del microrrelato en Honduras: La vida breve, compilada por la investigadora Helen Umaña, publicada por la Editorial Letra Negra en 2006, está compuesta en tres apartados. En el primero, Una opción breve para vivir, se anuncia y explica conceptualmente las bases del microrrelato, sus características y un recorrido por la narrativa breve hondureña, con una corta descripción de los autores y su contribución al microrrelato hondureño. En el segundo apartado, La oralidad breve: los trazos de nuestra memoria, Umaña, recoge tres historias breves originarias de la etnia lenca, garífuna y tawahka, creando una perspectiva de la tradición oral desde los pueblos indígenas. El último y más importante apartado: Los fundamentos de microrrelato en Honduras, incluye setenta y tres microrrelatos de diferentes autores, entre ellos Juan Ramón Molina, Froylán Turcios, Mercedes Laínes de Blanco, Clementina Suárez, Óscar Acosta, Eduardo Bähr, José Adán Castelar, Teófilo Trejo, Julio Escoto, Marta Susana Prieto, Armando García, Jorge Medina García, Daniel Callejas, Roberto Castillo, Rocío Tábora, Nelson Merren, Ana María Alemán, Débora Ramos, Mónica Romero Lepe, entre otros.

Gran parte de los autores mencionados anteriormente, integran la antología con una a cuatro minificciones. En esta primera muestra de microrrelatos, no existe una extensión determinada de los textos. Sin embargo, el microrrelato más extenso en el libro es Curada, de Mercedes Laínes de Blanco, que posee dos cuartillas, y el más breve Profesor escolástico de Daniel Callejas, compuesto por ocho palabras, considerado como un «cuento súbito». Para Umaña no existe una cantidad exacta de palabras en una minificción, no parece preocuparse por los límites de la brevedad que muchos académicos establecen en cuanto al género, lo que le permite tener textos con mayor variedad en su compilación.  

La vida breve: Antología del microrrelato en Honduras (2006), es un primer acercamiento a la narrativa breve hondureña, mapa indispensable para conocer los bosquejos y dimensiones cronológicas del microrrelato en Honduras. Esta compilación retoma textos breves de la literatura hondureña que no habían sido considerados como minificciones. Se ahonda desde una visión teórica en el estudio de los textos y plantea un primer panorama de la literatura breve en Honduras.

En 2007, Víctor Manuel Ramos publica en la Editorial Girándula La minificción en Honduras, donde el doctor Lauro Zavala le propone preparar una antología de minificción, patrocinada por la Universidad de Bogotá. El libro comprende cincuenta minificciones, cuyos textos no sobrepasan las doscientas palabras. Integrado por treinta y cinco autores: Froylan Turcios, Óscar Acosta, Héctor Bermúdez Milla, Eva Thais, Pompeyo del  Valle, Víctor Manuel Ramos, Ernesto Bondy, Jorge Luis Oviedo,  Nery Alexis Gaitán, Rocío Tabora, Javier Vindel, Marcos Carías Chaverri, Lourdes Núñez Ortíz, Débora Ramos, Julio César Anariba, Mónica Romero Lepe, entre otros.

La compilación realizada por Ramos, viene a consolidar las bases de la minificción  en Honduras, se destaca por seguir una estructura de brevedad definida en los textos. A su vez, se agregan autores que son esenciales en el margen de la minificción hondureña, que no fueron considerados en la antología publicada en el 2006. Entre ellos Eva Thais (primera hondureña en publicar un libro de minificción),  Samuel Trigueros (ganador del primer lugar del concurso de cuento súbito, organizado por la Revista imaginación en 1991)  y Pompeyo del Valle, que para ese entonces, ya se apreciaban minificciones en sus libros Los hombres verdes  de Hula (1985) y Retrato de un niño ausente (1999). Tampoco se incluyó a Víctor Manuel Ramos, quien posee dos libros publicados: Acuario (1991) y Monsieur Hérisson y otros cuentos (2001).

La revista Imaginación, juega un papel importante en las antologías anteriores, ya que ambas recaban minificciones (según el mismo registro antológico) publicadas en los números 10 y 12, entre los años 1991 y 1992. Los autores que publicaron textos en la revista, fueron: Débora Ramos, Javier Vindel, Rafael Valladares Ríos, Lourdes A. Núñez Ortíz, Samuel Trigueros, Julio César Pineda, Luis Antonio Núñez Duarte y Gustavo Fernández Zúñiga. La revista sirvió como medio de difusión para estos textos por varios años, como lo fue la revista El cuento en México, que aparece por primera vez en junio de 1939. (Armando Pereira, Albarrán, Rosado, & Tornero, 2018).

Catorce años después, se publica El baile del Dinosaurio: Antología de minificción hondureña,  por la Editorial  Eccos (2021), en versión digital, compilada por Elisa Logan y José Zelaya. El libro recoge veintiún autores de minificción, surge en homenaje al escritor Augusto Monterroso por su natalicio, haciendo alusión a su texto más breve El dinosaurio. Integrado por cincuenta y nueve minificciones con una extensión menor a cuatrocientos cinco palabras. Esta antología es una visión renovada de la minificción hondureña y tiene como propósito posicionar a la literatura brevísima en el contexto actual. Un punto a destacar, es la repetición de autores en al menos dos de las tres antologías nacionales de minificción.

Por último, es indispensable resaltar el libro Eureka (2021), una antología de microcuentos y cuentos de ciencia ficción publicada por la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), resultado de un taller en 2019 dirigido por el escritor chileno Diego Muñoz Valenzuela, cuyo propósito fue incentivar a la creación literaria de la escritura breve en estudiantes y docentes de dicha universidad. Posteriormente, se desarrolló un concurso que finalizó en la selección de veinte microcuentos y veintidós cuentos que conforman el libro. Esta publicación contó con la asesoría del Grupo de investigación Filológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), como apoyo a la iniciativa.

Las tres antologías de minificción marcan un avance en la literatura brevísima en Honduras, muestran que el panorama de la minificción hondureña requiere de reflexión teórica y mayor interés por parte de los académicos hondureños. Las compilaciones de minificción tienen dos funciones: la difusión del material literario y abrir brecha hacia el microcanon (Boccuti, 2018), que en el caso de Honduras, aún se encuentra en construcción.

 

Bibliografía 

Armando Pereira, Albarrán, C., Rosado, J. A., & Tornero, A. (24 de septiembre de 2018). Enciclopedia de la literatura en México. Obtenido de Enciclopedía de la literatura en México: http://www.elem.mx/institucion/datos/1799

Boccuti, A. (Mayo de 2018). La microficción en las antologías: un balance crítico. Microtextualidades: Revista Internacional de microrrelato y minificción, 3, 1-18. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/302256737.pdf

Logan, E., & Zelaya, J. (2021). El baile del dinosaurio: Antología de minificción hondureña (1 ed.). Tegucigalpa, Honduras : Editorial Eccos.

Ramos, V. M. (2007). La minificción en Honduras. Tegucigalpa, Honduras: Girándula.

Umaña, H. (2006). La vida breve: Antología del microrrelato en Honduras. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Letra Negra .

Unitec. (2020). EUREKA: Antología de microcuentos y cuentos (1 ed.). Tegucigalpa, Honduras: UNITEC. Obtenido de https://www.letrasdechile.cl/home/images/pdf/Eureka-Libro-de-Cuentos-y-Microcuentos-de-Ciencia-y-Ficcion.pdf

Por Dylan Duarte


Hace un tiempo un amigo trans, que además es abiertamente gay,  me comentó que se sentía invalidado porque otro hombre trans había cuestionado su orientación sexual. Esta persona le preguntó: «¿Por qué te gustan los hombres, si se supone que te deben de gustar las mujeres?». Esto me hizo recordar mi propia experiencia cuando me sentí presionado y cuestionado: recibí mensajes por
inbox en mis redes sociales que reclamaban mi postura binaria y el hecho de que me asumiera como hombre trans heterosexual desde mi posición como un hombre trans antipatriarcal. Dicha presión me llevó a cuestionar mi atracción por las mujeres y en los últimos cuatro meses de ese mismo año, durante mi estadía en Ecuador, tomé la decisión de salir con hombres cisgénero, dos de ellos eran gays y uno bisexual. Solo compaginé con uno. Los otros dos, además de mencionarme que les gustaban los hombres «muy masculinos», hablaban de sus fantasías sobre tener sexo con un hombre con vagina, y de cómo yo podía suplir sus deseos carnales, así que terminé sintiéndome peor y salí de ahí, triste y decepcionado. 

El tiempo ha pasado y me ha costado reconocerme y aceptarme como una persona bisexual —sintiéndome atraído solo por hombres trans— y monógama, aunque también me han cuestionado por esta última. Vivir nuestra sexualidad desde la disidencia, la cual, aún en espacios «seguros» es categorizada y criticada, donde los patrones cisheteronormados y sexistas se replican invalidando el sentir de cada persona, hace nuestra existencia aún más dura de lo que ya es. ¿Realmente existen espacios seguros para nosotres cuando dentro de la misma comunidad Lgbtiq+ se nos cuestiona por ser «afeminados», por tener «plumas», por vernos maricones y por querer expresarnos libremente?

Soy un hombre trans que tiene el privilegio de tener cis-passing (pasar como hombre cisgénero) —algo que no me enorgullece—, por lo que la gente que me ve como un hombre cisgénero y gay inmediatamente menciona: «tenés mates de mujer». Entonces, además de tener que vivir en una sociedad que te discrimina, también hay que luchar contra personas de la comunidad Lgbtiq+ que ejercen violencia heteronormada. 

Por siglos, la sociedad ha ejercido un control en el cuerpo y en la sexualidad de los seres humanos, generando patrones sistemáticos de violencia, discriminación e invalidación en contra de todas aquellas personas que se salen de la norma. Es un sistema construido con base en prejuicios y estereotipos que vulneran e invalidan a la comunidad Lgbtiq+. Es esta sociedad regida por patrones patriarcales que a su vez ha construido la heteronormatividad, que replica los prejuicios sociales impuestos por la religión, la cultura, la instituciones, quienes a su vez, juzgan nuestra existencia y nuestra diversidad como personas Lgbtiq+ y nos encasillan entre lo que debemos ser y lo que no. 

Entonces, si transicionaste de mujer a hombre, ¿por qué tenés una pareja hombre? ¿No se supone que deberías de salir con mujeres? Muchas personas creen que ser trans es sinónimo de ser homosexual pero no es así. La identidad de género es independiente de la orientación sexual porque lo primero tiene que ver con quiénes somos y cómo nos identificamos (femenino, masculino, ambos o ninguno) y lo segundo con una atracción sexual, emocional, afectiva o romántica. ¿Qué significa? Que una persona independientemente de su identidad de género puede ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual, etc. Entonces, si un hombre trans previo a su transición sentía atracción física y emocional por los hombres y se identificaba como heterosexual, al hacer su transición a hombre pasa a ser un hombre gay porque le siguen atrayendo los hombres. 

¿Y qué tiene que ver la heteronorma?, ¿la cisnorma? Cuando hablamos de heteronormatividad nos referimos a un imperativo social, político y económico y a una norma «legal» que nos dice que todas las personas son y deben ser heterosexuales, siendo esta la única forma correcta, aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, y que además, presupone que tanto las preferencias sexuales, como los roles de género y las relaciones que se establecen entre los individuos dentro de la sociedad, deben darse con base en el binarismo de género masculino-femenino, teniendo que coincidir siempre el sexo biológico con la identidad de género y los roles y deseos asignados socialmente a este.

El concepto actual de heteronormatividad fue concebido inicialmente —por feministas lesbianas y liberacionistas a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta— como «heterosexualidad obligatoria» y fue estratégicamente reemplazado por el de heteronormatividad, acuñado por  Michael Warner en 1991. Esta —además de lo mencionado anteriormente— se presenta como un razonamiento hegemónico en torno a la sexualidad que legitima y privilegia la heterosexualidad como el único modelo válido de relación sexo-afectiva y de parentesco, es decir, afirma que es el único modelo «normal» de conducta sexual y reproductiva. Añadida a la heteronormatividad, tenemos la cisnormatividad. Las personas cisgénero son aquellas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer. La cisnormatividad al igual que la heteronorma asume que todas las personas son y deben ser cisgénero y por ende, a las personas trans que son quienes rompen la norma cisgenerista se les impuna de manera social, cultural, laboral, etc.

La filósofa y feminista Judith Butler menciona que en una sociedad heteronormativa, el sexo biológico, la identidad de género, el papel social de género y la sexualidad responden a una única significación lineal e inalterable descrita bajo una concepción dicotómica en donde se vincula automáticamente el comportamiento social, el deseo sexual y la identidad personal con el sexo asignado al nacer con base en los genitales. Por lo tanto, según la heteronormativa, cualquier otra forma de conducta, manifestación, orientación sexual e identidad de género contraria a la heteronorma, supone una desviación y una anomalía, quitando todas las posibilidades y percepciones relativas a la sexualidad y su diversidad, invalidando, rechazando y excluyendo.

Pero ¿por qué afirmamos que la comunidad lgbtiq+ también replica patrones que la cisheteronormativa ha implantado en nuestra existencia? Esto nos orilla desde la obligatoriedad binarista a seguir viviendo en la invisibilidad por miedo al rechazo no solo de la sociedad, sino también de algunas personas de la misma comunidad Lgbtiq+. 

Lastimosamente, la cisheteronormatividad está ligada de manera implícita a la comunidad Lgbtiq+ que sigue replicando las conductas y los patrones socialmente establecidos. Por ende, no es nada raro que un hombre gay discrimine a otro gay por su expresión de género femenina y que haga hincapié en que les gustan los hombres «machos», o una mujer lesbiana discrimine a otra lesbiana por su expresión de género masculina y le llame «marimacha» o utilice a las mujeres como un objeto, o una persona trans le diga a otra que no puede ser gay, lesbiana o bisexual porque entonces «no tiene sentido su transición», o «si no estás en hormonas no sos trans de verdad». Hay, incluso, gays, lesbianas y bisexuales cisnormados que instan a que solo existan dos tipos de cuerpos y que cada uno tenga una única identidad de género. En pocas palabras, para estas personas una mujer solo es la que tiene senos, vulva y vagina y un hombre solo quien tiene pene, próstata y barba.

Cada día vemos como lesbianas, gays, bisexuales y trans luchan contra la «plumofobia» dentro de la misma comunidad lgbtiq+, la cual no es más que el desprecio hacia las personas disidentes de los roles de género establecidos, es decir, hay un desprecio hacia las mujeres masculinas, los hombres afeminados y las personas trans que viven su sexualidad fuera de la heteronorma. 

Es importante recalcar que, la heteronormatividad tiene un importante papel en la construcción y reproducción de los roles y los estereotipos de género. Desde que nacemos, nos instauran patrones culturales arraigados que se replican entre generaciones, los cuales nos indican de manera insistente lo que debemos ser y hacer. Se nos prepara para ser de una u otra forma y así evitar salirnos de lo que la norma considera válido y correcto. Ahora bien, ¿qué hace que los incorporemos como ideas y creencias reales? Los roles y los estereotipos se van configurando en un contexto que se llama «socialización diferenciada», porque no socializamos a niños y niñas como iguales, sino como seres diferentes uno del otro. Los factores que han influido en la construcción de la normativa heterosexual y que forman parte de la socialización diferenciada son fundamentalmente la familia, la escuela, los medios de comunicación, la religión, la cultura y por supuesto la sociedad. 

Al igual que la heteronorma, la cisnorma tiene graves consecuencias sobre la vida y la salud mental de muchas personas, porque se sigue reproduciendo un sistema que recompensa a quienes forman parte y cumplen estas normas impuestas —aunque sean Lgbtiq+— y castiga a quienes las rompen.

Es importante reconocernos, educarnos y cambiar la manera en que nombramos nuestra existencia y nombramos a las demás personas. No es lo mismo decir «yo soy un hombre cisgénero y heterosexual«» que decir «yo soy normal». La importancia de nombrarnos sin limitar, sin violentar y respetando a cada persona desde su autonomía tiene la enorme ventaja de eliminar prejuicios, estigmas e incluso discriminación. 

Podemos empezar a tratar a las demás personas sin necesidad de ofender, ni de herir, sino respetando su espacio, su existencia, su vida. Incluir todos estos términos en nuestro día a día puede incluso ayudarnos a determinar mejor la causa del problema y así pensar en posibles soluciones. Quizá algún día podamos hacer realidad el sueño de vivir en un mundo donde el derecho a no ser heterosexual sea realidad.

Diversas instituciones se han pronunciado en contra de los hechos de violencia política dados en el acto de apertura que realizaba el Consejo Nacional Electoral para el sorteo de posiciones en la papeleta electoral. Estos hechos resultaron en la invasión del espacio destinado para el evento por parte de activistas del Partido Nacional, y la posterior militarización del sorteo.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Martín Cálix


La noche del sábado, el sorteo para definir la ubicación en las papeletas electorales para candidatos a elección popular, resultó en un evento de violencia que inició con la irrupción de candidatos de partidos minoritarios que exigían igualdad de condiciones tras las reglas que estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicho evento desencadenó una serie de enfrentamientos verbales y físicos entre dirigentes y activistas de los diversos partidos, resultando en varios heridos, todo ante la permisividad de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que con pocos miembros se limitaron a observar los acontecimientos. 

Tras estos hechos, el domingo, en unas instalaciones militarizadas, con fuertes restricciones de seguridad en las que miembros de las FF. AA. no permitieron que Contracorriente accediera al evento, el CNE realizó el sorteo de la ubicación en las papeletas para las próximas elecciones generales. Ese fue el cuarto intento. La consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien se había ausentado el día anterior, mencionó los actos de violencia del sábado y pidió no más agresiones hacia personas, autoridades o medios de comunicación.

Posteriormente, se realizó el sorteo en el que de una tómbola los representantes de cada partido sacaron un sobre con un número, de acuerdo con ese número cada partido acudió a otra tómbola para definir su lugar en la papeleta. Lo anterior fue contrario al procedimiento propuesto e interrumpido el sábado en el que —respaldadas por el artículo 254 de la Ley Electoral— las consejeras del CNE definieron que serían las instituciones políticas que participaron del proceso electoral primario quienes tendrían preferencia para participar del sorteo: el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Libertad y Refundación (Partido Libre). Luego los otros partidos tomarían su turno según el año de fundación y así se definirían los lugares para sacar el papelito de la tómbola.

Finalmente la papeleta presidencial quedó en el siguiente orden: 1) Partido Anticorrupción (PAC), 2) Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), 3) Partido Nueva Ruta, 4) Alianza Patriótica Hondureña, 5) Movimiento independiente Calidad y Esperanza, 6) Partido Vamos, 7) PartidoLibre, 8) Alianza entre el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad (PINU), 9) Partido Liberación Democrático de Honduras, 10) Unificación Democrática (UD), 11) Democracia Cristiana, 12) Todos Somos Honduras, 13) Honduras Humana (candidatura independiente), 14) PL y 15) PN.  

Los representantes de estos partidos políticos ahora se preparan para el periodo de propaganda electoral establecido según el calendario del CNE para dar inicio el lunes 30 de agosto, y que durará 90 días hasta el 22 de noviembre, seis días antes de la fecha estipulada para la realización de las elecciones generales en Honduras, el 28 de noviembre.

En las afueras del l Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), simpatizantes liberales y nacionalistas se insultaban y gritaban, esto sucedió previo a que en el interior del Infop varios candidatos de partidos minoritarios interrumpieran violentamente el sorteo de la papeleta electoral de cara a las elecciones generales de noviembre. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

Este lunes en conferencia de prensa, Pedro Barquero, coordinador de campaña del PSH, aseguró que, según han consultado a expertos, la posibilidad de que el PN haya quedado en el extremo derecho sea coincidencia es del 0.0001 % por lo que parece ser mucha suerte, sumando a la desconfianza que ya tiene el proceso electoral iniciando con el sorteo de las posiciones. A pesar de eso, la Alianza PSH con Pinu fue la que realmente salió favorecida obteniendo el extremo derecho con el puesto número 16 pero esta decidió tomar la posición que obtuvo el PSH, en lo que Barquero explicó fue un consenso previo al sorteo con las autoridades del CNE. 

Aunque el candidato presidencial de la Alianza PSH, el ingeniero Salvador Nasralla, participó en la parte final de la manifestación que encabezaron partidos minoritarios y que desembocó en violencia el sábado pasado, el ingeniero Barquero dijo que «el hecho de subirse al escenario no es avalar la violencia, es mostrar temple, que podés estar en medio de la violencia sin ser violento, que podés estar en medio de insultos sin devolverlos, eso es lo que hizo el ingeniero».

De acuerdo con el boletín sobre violencia política electoral que realizó el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ov-unah), el país atraviesa más conflictividad y violencia a medida que se acercan las elecciones generales en noviembre, y en el 71 % de los casos los espacios públicos son los escenarios principales de violencia política, «incluso en aquellos que son resguardados por autoridades del orden público», asegura el documento.

En ese sentido, tras la definición de las posiciones, miembros de las diversas fuerzas políticas expresaron su preocupación ante los hechos violentos y la posibilidad de que la dirigencia del PN replique el mismo accionar e impida la realización adecuada de las elecciones que están a menos de cien días de distancia. Por ejemplo, Rasel Tomé, candidato a diputado por Libre en el departamento de Francisco Morazán, aseguró, en medio de los gritos de ánimo de los simpatizantes de su partido, que el partido oficialista tiene «miedo» a los cambios que pueden hacerse en el país, por lo que Libre decidió enfrentar el posible boicot con la organización de sus bases para defender los votos.

rixi moncada | quien es | de qué partido es | en | de Honduras | se fregaron
La consejera del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, intentó explicar la mecánica del sorteo de la papeleta electoral cuando fue interrumpida y violentamente despojada del micrófono. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

Mientras uno de los activistas del Partido Libre animaba al resto del grupo gritando consignas y amenazas en contra de David Chávez (candidato a alcalde por el PN en el Distrito Central), Tomé puntualizó que «estos jóvenes (refiriéndose a los simpatizantes del Partido Libre que acompañaron el evento) demuestran que se quiere hacer realmente un proceso de forma patriótica y pacífica. El PN ha tenido una actitud de querer llevar al pueblo a una guerra entre hermanos, pero nosotros entendemos que los de los otros partidos somos hermanos».

Una noche de violencia política

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado este lunes en el que señalaba y condenaba los hechos ocurridos el sábado durante el sorteo: «Hacemos un enérgico llamado a los líderes políticos a que reflexionen, respeten las leyes y no abusen de los derechos que brinda nuestra democracia, pedimos que se respete al pueblo hondureño y se los motive a participar ordenada y pacíficamente», señaló el comunicado.

En primera instancia, a las 4:30 p. m. cuando Rixi Moncada —en su condición de presidenta del CNE y ante la ausencia de la consejera Ana Paola Hall— presidía el evento y explicaba el acuerdo al que llegaron en esa institución, fue interrumpida por Julio López Casaca, candidato a presidente por el PAC, segundos después diversos candidatos se abalanzaron contra Moncada e invadieron el estrado principal exigiendo igualdad en el orden del sorteo. Marlenne Alvarenga, presidenta del PAC tomó el recipiente de vidrio en el que se iba a realizar el sorteo y lo arrojó al suelo, quebrándose inmediatamente.

En las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un simpatizante del Partido Nacional levanta en brazos un afiche de las candidaturas de David Chávez a la alcaldía del Distrito Central y de Nasry Asfura a la presidencia del país. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

La exigencia por la igualdad escaló en agresiones verbales y físicas, por lo que miembros del Partido Libre —al que pertenece Moncada— se vieron involucrados en empujones y golpes que no fueron intervenidos por ningún miembro de seguridad ni de las FF. AA. que se encontraba en el evento con unos pocos efectivos.

Lucky Medina, candidato a designado presidencial por el Partido Libre, relató que este era un acto orquestado por muchos partidos políticos que no han logrado crecer y representan a un pequeñísimo sector de la población, y agregó: «Se han dedicado tradicionalmente a traficar con las credenciales en las elecciones y plegarse al poder con los partidos mayoritarios. Se opusieron, irrumpieron en el escenario, quebraron la tómbola, con violencia desconectaron la electricidad, se abalanzaron contra la mesa principal donde estaban los consejeros del CNE y se dedicaron a empujar a los que estábamos allí para defender la paz y queríamos llevar el evento en tranquilidad».

Mientras el conflicto al interior del salón ubicado en las instalaciones del Infop se acrecentaba, los únicos representantes que mantenían la calma en sus asientos eran los del PN: David Chávez, Antonio Rivera Callejas, Pedro Chávez y Fernando Anduray, quienes se encontraban sentados en primera fila y conversaban entre ellos hasta que casi al final se unieron a la manifestación, levantando sus puños y exigiendo igualdad.

Chávez aseguró en ese momento que no estaban de acuerdo con la interrupción del evento, pero que los consejeros tomaron una mala decisión al realizar el sorteo priorizando a los partidos que habían participado de las elecciones primarias. Sin embargo, dijo que «estos partidos minoritarios también hacen mucho show, mucha chabacanada, en todas las elecciones por el orden de fundación se elige el orden en la papeleta entonces lo que pasa es que por hacer escándalo al ser partidos minoritarios y tener un poco de protagonismo hacen este escándalo. No importa el número, igual van a perder».

Miembros del Ejército hondureño que se mantuvieron en el salón del Infop donde se pretendía llevar a cabo el sorteo de la papeleta electoral únicamente observaron los incidentes la mayoría del tiempo. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

Tras la posposición del sorteo para esa misma noche los actos de violencia se replicaron y en uno de ellos el candidato a diputado del Partido Libre, Miguel Briceño, resultó herido —según denunció— y responsabilizó a los simpatizantes del PN. Este lunes, Briceño interpuso una denuncia por amenazas a muerte, agresión física, intento de asesinato y daños materiales en el Ministerio Público contra el candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, el diputado Antonio Rivera Callejas, el candidato a la alcaldía capitalina David Chávez, y el nacionalista Fernando Anduray, a quienes acusa de autores intelectuales y a cinco guardias de seguridad de los involucrados que acusa de autores materiales.

En ese sentido, Antonio Rivera respondió que Briceño mentía en sus declaraciones: «Yo ni siquiera ando seguridad, yo ando acompañado por Dios, en ese momento andaba con David Chávez y el motorista de él, sí había seguidores nuestros al final de la noche, pero no para hacerle daño a alguien, esa no es mi forma de ser», mencionó en una entrevista para Radio América.

Sin embargo, tras la convocatoria para reanudar el sorteo, Milton Benítez, candidato presidencial independiente, también denunció agresiones por parte de los dirigentes nacionalistas, y en particular señaló al candidato David Chávez con quien intercambiaron insultos y amenazas.

El periodista y candidato independiente a la presidencia del país, Milton Benítez, y David Chávez, candidato nacionalista a la alcaldía del Distrito Central, sostuvieron un enfrentamiento verbal que estuvo cerca de terminar en golpes entre los dos candidatos. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

Finalmente, los dirigentes nacionalistas abrieron las puertas del Infop para permitir el paso de sus activistas, quienes invadieron el salón donde se realizaría el sorteo y rodearon a los candidatos, golpeando a miembros de otros partidos y algunos miembros de la prensa que se encontraba en el lugar.

Tras la invasión de los activistas del PN el candidato independiente y capitán en condición de retiro, Santos Orellana, aseguró que «el concejal Kelvin Aguirre, permitió el ingreso de David Chávez con esa banda de delincuentes», y dijo que las personas que ingresaron eran «un montón de mareros armados». «¿Hay que venir armados entonces? ¿Esa es la democracia en este país?», concluyó.

David Chávez, candidato nacionalista a la alcaldía del Distrito Central, permanece rodeado de simpatizantes de su partido que hizo entrar a las instalaciones del Infop, luego, estos simpatizantes golpearon candidatos y miembros de la prensa que cubría el sorteo de la papeleta electoral por el Consejo Nacional Electoral. Tegucigalpa, 21 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

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La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) apuntó en un comunicado emitido este lunes que «los eventos ocurridos demuestran la poca consideración que los partidos políticos, sus candidatos y seguidores, tienen sobre el impacto de sus acciones en la estabilidad económica y social del país. Si el clima político-electoral actual se mantiene, los escenarios que se avecinan serán aún más caóticos, impredecibles y violentos y que estarían acabando con la poca gobernabilidad que tiene el país».

En ese mismo sentido, Alice Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras hizo un llamado a través de sus redes sociales a pacificar los ánimos y encontrar vías respetuosas en los conflictos, apuntando que las elecciones pacíficas son un derecho.

Sin embargo, tras los acontecimientos del fin de semana, y la falta de acuerdos para reformas profundas en la ley electoral y la politización del CNE, las elecciones del 28 de noviembre podrían replicar los patrones de las elecciones de 2017.

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Por Miguel Cálix Cueva 


Tras colocar, con delicadeza, el capullo de kadupul que decoraría el platillo, el chef Marcel Antoine Lambon retrocedió un par de pasos, se frotó las manos y esbozó una sonrisa, al contemplar a su mayor y más ambiciosa creación culinaria terminada. Se trataba de un postre, excepcional desde su misma concepción, que desafiaría las reglas del oficio al hacer depender su apreciación final de un evento sobre el cual nadie tendría control alguno. Tal como se lo había explicado su proveedor, la flor kadupul —también conocida como «la reina de la noche»— es una enigmática flor que nace a medianoche y muere en la madrugada, por lo que su dulce esencia solo puede sentirse por un breve lapso. Utilizarla en su receta era sin duda algo extremo, pero después de treinta años de experiencia, cuando se quiere alcanzar la victoria, todo se vale.

Decir que era un platillo elaborado con los más finos ingredientes era poco: el chef Lambon había aprovechado su excelente reputación para obtener los de mejor calidad, con el único objetivo de que fueran parte de su obra maestra, y pudieran ser degustados por los mejores cocineros y críticos en el certamen que decidiría esa misma noche cuál era el mejor postre del mundo.

Infortunadamente, Lambon, emocionado como nunca, había caído fulminado por un infarto en esa misma cocina minutos después de darle el toque final a su creación, por lo que no tenía manera de presentarla oficialmente al concurso.

«¡Es una jugada del destino!», dijo con voz amarga su espectro, atrapado en un brumoso limbo mientras apreciaba orgulloso el resultado de su esfuerzo. En ese mismo instante retornó a él la fugaz consciencia de su último respiro: ya no podría dar a conocer su maravilloso postre.

Tras reflexionar durante un rato y merodear por su cocina, Lambon llegó a la conclusión de que la única forma en que su postre podía concursar era que alguien lo presentase por él, de forma póstuma. Pero, ¿quién podría presentar su platillo en el concurso? Casi de inmediato, pensó en Maurice, su talentoso sous-chef, pero había tenido extrema cautela con respecto a quién le hablaba de su ambicioso proyecto, y no le había revelado que lo preparaba en la cocina de su propia casa. En seguida, consideró a su hija, Sophie, a quien los críticos le auguraban un futuro brillante siguiendo sus pasos en el mundo de la cocina, pero terminó descartando la idea, puesto que ella estudiaba en una prestigiosa academia culinaria en Japón, por lo cual aún desconocía su repentina muerte. Por último, sumido en la desesperación, le vino a la mente su acérrimo rival, el chef Patrice Bernard, pero desechó la idea categóricamente, pues al ser su antagonista de toda la vida nada le garantizaba que no presentaría el postre como suyo. Definitivamente, estaba en un grave predicamento. 

«¿Quién?», se preguntaba el angustiado cocinero, mientras su espectro deambulaba por su cocina. «¿Quién? ¿Qui…?»

Súbitamente, su mente encontró la solución.

Esa misma noche, cuando la «flor de la luna» desprendió su efímera y excéntrica fragancia, los cuatro miembros del jurado decidieron que el postre del chef Marcel Antoine Lambon era, sin lugar a dudas, el mejor postre del mundo. Al escuchar esto, el chef sonrió satisfecho y alzó las manos en señal de victoria. Lo había conseguido. Había triunfado.

Utilizar un capullo de flor de kadupul en su postre podía considerarse arriesgado, pero había resultado. Lo mismo podría decirse de hacer los arreglos necesarios en el más allá para que, en el momento de la competencia, el techo del camerino de los jueces del concurso se derrumbara «por accidente», matándolos en el acto. Pero aquello no importaba ya. Era apenas un detalle menor que había facilitado la evaluación exitosa de su obra maestra, el mejor postre de este mundo… y del otro. Porque, cuando se quiere alcanzar la victoria, todo se vale. Todo.

La Corte-idh se opone a la reelección presidencial indefinida y establece que es contraria a la convención y declaración americana. El doctor Joaquín Mejía dice que los exmagistrados que la permitieron deben ser investigados criminalmente, que la reelección de Juan Orlando Hernández fue ilegítima y la nueva Sala Constitucional debe revertirla.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Martín Cálix

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-idh) emitió una opinión consultiva en donde aclara que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, esto según un comunicado publicado el pasado 13 de agosto por el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Varios países de la región latinoamericana buscaron ampararse en principios de derechos humanos para permitir la reelección, no obstante, la Corte-idh recalcó mediante su opinión consultiva que «la reelección presidencial indefinida no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho».

En la opinión consultiva de la Corte-idh, que fue publicada íntegramente el pasado 7 de junio de 2021, se afirma que «la periodicidad de las elecciones también tiene como objetivo asegurar que distintos partidos políticos o corrientes ideológicas puedan acceder al poder, resaltando el papel esencial de las agrupaciones y los partidos políticos en el desarrollo democrático».

Uno de los primeros en reaccionar, fue el extitular de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, quien recalcó que Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Honduras han sustentado la reelección con fallos judiciales errados.

En abril de 2015, Honduras permitió la reelección presidencial —prohibida en la Constitución desde 1982 por un artículo pétreo— después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un fallo. La reelección fue permitida cinco meses después de que el Congreso Nacional de Honduras destituyera inconstitucionalmente a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012.

Para el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-sj), la opinión consultiva de la Corte-idh deja en evidencia la manipulación que ha existido en la Sala de lo Constitucional de Honduras que dictó una sentencia bajo un argumento concreto para beneficiar a Juan Orlando Hernández con el tema de la reelección.

Mejía Rivera explica que la Sala de lo Constitucional de Honduras mintió al argumentar que debía permitirse la reelección porque existía una contradicción entre los derechos políticos y la prohibición de la reelección. «Lo que hizo la Sala de lo Constitucional para reformar de facto la Constitución de la República, ¡y un artículo pétreo!, es afirmar que la reelección presidencial es un derecho humano y que la Constitución no puede prohibir y lo peor de todo es que dice la Sala de lo Constitucional de Honduras, en su sentencia, que la reelección está reconocida en principios y normas internacionales de derechos humanos. Lo cual es una vergüenza», asegura Mejía Rivera.

Mejía Rivera, coordinador del libro La reelección presidencial en Centroamérica: ¿Un derecho absoluto?, asegura que lo realizado por la Sala de lo Constitucional de Honduras fue bajo una total mentira. «La Corte Interamericana lo que viene a decir es que no, que la reelección presidencial no es un derecho humano. Desmiente a la Sala de lo Constitucional de Honduras y además deja claro que ningún tratado internacional de derechos humanos reconoce la existencia de un derecho autónomo a ser reelecto en la presidencia», explica.

Mejía Rivera dice que lo que la Corte-idh deja claro es que el derecho humano es elegir y ser electo, pero una persona que ya ha sido electa una primera vez ya ejerció sus derechos políticos y la reelección solamente es una modalidad y esa modalidad solo puede ser regulada de acuerdo a las necesidades históricas, sociales y culturales, como sucedió en Honduras, que estaba regulada a través de una prohibición de la Constitución por nuestras necesidades históricas.

La opinión consultiva fue en respuesta a una solicitud hecha por el Estado colombiano y debido a una necesidad que la Corte-idh tenía por las reelecciones registradas en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Honduras. «Particularmente en Nicaragua, Honduras y Bolivia, a través de sentencias se reformaron las constituciones para permitir que los presidentes que estaban en esos momentos pudieran continuar reeligiéndose y en el caso de Honduras todavía es más grave, porque la prohibición de la reelección está en un artículo pétreo y un artículo pétreo no puede ser modificado ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Judicial y aún así lo tocaron. Ese artículo pétreo solo podía ser modificado a través del pueblo hondureño a través de mecanismos de participación directa», explica Mejía Rivera.

Alcances de la opinión consultiva de la Corte-idh

Los cuatro magistrados separados por el Congreso Nacional de Honduras en el año 2012 habían declarado inconstitucional una propuesta de ley que atenta contra la soberanía nacional a través de las entonces conocidas Ciudades Modelo (actualmente Zonas Especiales de Desarrollo [ZEDE]). Ese hecho fue considerado como un golpe de Estado del Congreso al Poder Judicial. El único de los cincos magistrados que no fue separado, por mostrar una posición favorable a las Ciudades Modelo, fue el exmagistrado Óscar Fernando Chinchilla, quien actualmente es el fiscal general de Honduras.

Mejía Rivera establece que la opinión consultiva tiene dos consecuencias muy claras: en primer lugar, si la reelección de Juan Orlando Hernández está basada en una sentencia, basada en una mentira, significa que su reelección es ilegal e ilegítima y, por tanto, su régimen es un régimen de facto.

«Y si esa sentencia la emitieron con base en una mentira, significa que cometieron traición a la patria y por tanto si tuviéramos a un Óscar Chinchilla, como fiscal general independiente, estaríamos mínimamente presentando acusaciones criminales contra estos magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional», explica.

Mejía Rivera agrega que la opinión consultiva tiene un carácter preventivo, es decir que la Corte tiene dos funciones: la contenciosa, cuando es un caso que termina en una sentencia; y la función consultiva, que lo que hace la Corte es interpretar la convención como lo ha hecho ahora con la reelección.

«¿Con qué objetivo?, para decirle a los Estados: “no hagan cosas contrarias a lo que yo acabo de interpretar”, en otras palabras, esta opinión consultiva les está diciendo a los Estados que la reelección no es un derecho humano, así que dejen de colocar a través de sentencias que ustedes van a reformar la constitución para permitir la reelección argumentando que es un derecho humano, cuando la constitución no es un derecho humano», explica Mejía Rivera.

Mejía Rivera afirma que ahora que hay una nueva Sala de lo Constitucional, lo lógico es que debe de revertir esta reforma de facto que hicieron: «Obviamente, en un país serio, todo lo que ha hecho Juan Orlando Hernández, como es de facto, es ilegal, no tiene valor. Y creo que ese es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta y obviamente uno esperaría una investigación criminal contra estos bárbaros que dictaron una sentencia para favorecer a un dictador y no les importó mentir», agrega.

Los magistrados que permitieron la reelección ya terminaron su periodo. El Congreso Nacional designó en 2016 a los 15 actuales magistrados de la CSJ, para el periodo 2016-2023. Los diputados sostuvieron una polémica votación después de que fracasara la elección bajo el sistema de nómina y no se alcanzara la mayoría calificada de 86 votos. No obstante, el Partido Nacional, con 48 votos de los 128 en total, hizo alianzas con otros partidos y logró conformar una CSJ que ha respondido a sus intereses.

Juan Orlando Hernández
Juan Orlando Hernández, durante el cierre de campaña de su reelección presidencial. Tegucigalpa, 5 de noviembre de 2017. Foto: Martín Cálix.

El presidente Juan Orlando Hernández debió haber concluido su periodo el 27 de enero de 2018 y dar paso a un nuevo presidente, sin embargo, se reeligió tras participar en las elecciones de noviembre de 2017 y ganar los comicios generales en medio de denuncias de fraude en contra del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien tenía una tendencia favorable.

¿Qué está pasando en Centroamérica?

El pasado 13 de agosto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso extender el periodo presidencial tras presentar un borrador en donde propone ampliar a seis años el mandato de cada presidente. También propuso ampliar de tres a seis años los puestos de fiscal general, los magistrados de la CSJ y el Tribunal Supremo Electoral.

Ante la consulta por lo que está pasando en Centroamérica, Mejía Rivera establece que «es terrible lo que está pasando en la región y lo peor es que aquí no se está solo violando la Constitución como tal, sino que también están aprovechando, quienes están en el poder, para cambiar las reglas del juego y para beneficiarse de ese poder que tienen en este momento».

El experto concluyó que en Centroamérica se está dando un fenómeno de «reyes autoritarios que han cambiado las reglas del juego y que se han beneficiado de su poder para mantenerse mamando de la teta del Estado, controlando la institucionalidad y convirtiendo, en el caso de Honduras, un narcoestado. En una dictadura, que también es un narcoestado».

Las protestas contra el fraude electoral de 2017 y en contra de la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández dejaron al menos una veintena de muertos, la mayoría abatidos por miembros de la Policía Nacional y el Ejército de Honduras.

El presidente Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en varios juicios en Nueva York por tener nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado nacionalista Antonio «Tony» Hernández, fue condenado a cadena perpetua más treinta años en una corte estadounidense después de ser encontrado culpable por delitos de narcotráfico a gran escala.

El Poder Legislativo recientemente promovió una reforma al Artículo 1 del Decreto Legislativo 10-2015, que avala la utilización de los fondos de pensión de los institutos de previsión nacionales públicos y privados para invertirlos en generación de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix

El gremio magisterial, conmocionado y en alerta por el peligro que esta reforma provoca, anunció el pasado viernes 13 de agosto, protestas y continuación de las movilizaciones hasta asegurar que sus fondos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) estén protegidos legalmente. Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de la Educación Media en Honduras (Copemh), dijo a Contracorriente que «esto es una gran amenaza porque coloca a los institutos de previsión en la posición de financiar o invertir dinero de los retiros de los trabajadores públicos y del sector privado, o invertirlo en la generación de electricidad». 

Este proyecto de reforma al decreto legislativo promueve la utilización de los fondos de los afiliados a los institutos de previsión en la ENEE. El porcentaje que se invertirá aún no se conoce, esto se decidirá luego de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) determine el monto. Sin embargo, el dirigente magisterial asegura que es «una cantidad considerable de dinero la que se invertiría en la generación de energía eléctrica». 

García explicó, además, que esto no solo excede las facultades financieras y administrativas de los institutos de previsión, sino que también es de dudosa efectividad considerando el presupuesto millonario con el que la ENEE ya cuenta.

A
 criterio del dirigente, estas reformas no solo perjudican los fondos de pensiones de este organismo de previsión magisterial, sino que «también afectan a los afiliados al Injupemp (Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo), Inpreunah (Instituto de  Previsión Social de los Empleado de la UNAH), RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) y el IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social), y todas las organizaciones de la previsión social», según recalcó el dirigente magisterial, fundamentándose en las reformas al Decreto Legislativo 319-2012.

El gremio prevé que tales fondos no serían utilizados simplemente para la generación de energía, sino para pagar la demanda a EEH (Empresa Energía Honduras). Según el representante del gremio, ellos creen «que el Gobierno quiere rescindir el contrato con EEH, y quieren aparecer como salvadores de Honduras atacando a EEH, creando un clima de opiniones en contra de la empresa». 

En una anterior nota en Contracorriente, se resumen los diversos conflictos internos, financieros y legales, que atraviesa la ENEE. Además de enfrentar demandas de parte de la concesionaria EEH, también están en riesgo de ser embargados los fondos que garantizan el pago íntegro de sus empleados y proveedores, esto provocado por una demanda que Maribel Espinoza presentó en nombre del Banco Financiera Comercial Hondureña S. A. (Ficohsa)

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A través de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores, cuyo objetivo es la inclusión financiera y consolidación de deudas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de noviembre del 2019, según comentó Fidel García, previamente se intentó desviar fondos de institutos de previsión para invertirlos en la generación de energía en la ENEE, de hecho, según apuntó Fidel García, «ya han aprobado mecanismos a través de la banca privada y la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), y a través de decretos ejecutivos. Hay muchos mecanismos legales que han encontrado para comenzar el drenaje de fondos».

Un sector del gremio magisterial teme que sus fondos de pensiones y jubilaciones sean trasladados a la banca privada, acción que algunos catalogan como «intento de robo». El presidente del Copemh explicó que el problema no es que los fondos sean administrados, el problema es que «quienes vigilan la rentabilidad y los riesgos de inversión, la CNBS, no autorizarán nunca un proyecto que no sea rentable para la empresa privada».

Comisión Interventora

El Inprema fue intervenido en 2013 por una comisión similar a la actual. La comisión anterior, nombrada por la CNBS, estaba compuesta por Raúl Alberto Zavala, Alejandra María López y Franklin Dannery Rodríguez, quienes en abril del 2021 cesaron en sus funciones al frente del instituto de previsión. 

El 16 de mayo del año en curso, fueron nombrados por el Poder Ejecutivo los nuevos titulares de la Comisión Especial de Transición y Normalización, quienes desempeñarán los cargos directivos por seis meses. Elis Omar Figueroa Maradiaga encabeza la Comisión y con el fin de «mejorar la situación del instituto», según la nota de prensa del Gobierno, quedan a cargo Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López. Las funciones de esta comisión interventora también son cuestionadas por el gremio, quien define sus puestos como «figuras decorativas».

El Artículo 9 del mismo decreto legislativo publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de abril de 2021, facultó a la Comisión Interventora la potestad de «suspender o remover al resto de personal que considere necesario». Mediante tal facultad, quedaron suspendidas del ejercicio de sus funciones la Asamblea de Participantes y Aportantes, el Directorio de Especialistas, la Dirección de Auditoría Interna, la Gerencia Administrativa y Financiera, y la Dirección legal de Inprema. Todas las funciones de estas ramas fueron otorgadas a la Comisión Interventora.

Esta comisión para intervenir Inprema fue propuesta, según el Artículo 1 del PCM 044-2021, «por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la Institución y del Estado».

Estudiantes de secundaria durante un enfrentamiento con la Policía Nacional en las jornadas de protesta por la expulsión de líderes estudiantiles. Tegucigalpa, 14 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Amnistía 

En la sesión legislativa del 6 de mayo del año en curso, el Congreso Nacional discutió el oficio 129-2021, enviado por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Díaz. Este oficio consistió en aprobar una amnistía por intereses a favor de los colegios magisteriales en Honduras que mantuvieran deudas con el Inprema. 

En el Artículo 1 del decreto se concede la amnistía «en el pago de intereses corrientes, intereses moratorios y cobros adicionales derivados del incumplimiento o mora en el pago de sus obligaciones crediticias con el Inprema». David Guillermo Chávez, actual candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional y Mario Edgardo Segura, candidato a reelección como diputado del Partido Liberal, fueron quienes introdujeron tal dictamen a la cámara legislativa. 

David Chávez, actual diputado en el Congreso Nacional, enfrentó investigaciones por su gestión como director del Instituto de Formación Profesional (Infop) en 2016. Según informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), bajo la administración de Chávez se drenaron HNL 21,000,000. 

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En un comunicado emitido por el Colegio de Profesores de Educación Media en Honduras (Copemh), los afiliados le exigen al Congreso Nacional ser removidos de la lista de beneficiarios de la amnistía, pues su organismo no tiene saldos pendientes por pagar al Inprema. 

Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, hijo de docente jubilada del Inprema, se pronunció en nombre de su bancada en contra de la aprobación de esta amnistía en el debate durante la sesión. Castellanos explicó que la condonación de estas deudas e intereses «son esfuerzos para descapitalizar al Inprema, esfuerzos que ha hecho el Gobierno durante los últimos doce años».

Los contagios siguen en ascenso en todo el país, los centros hospitalarios abarrotados y aproximadamente solo el 10 % de la población elegible ha completado su proceso de inmunización. Mientras tanto, la Secretaría de Educación impulsa un regreso a clases semipresenciales.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Martín Cálix


Cada día en la acera frente al hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, decenas de personas angustiadas por la salud de sus familiares internos por COVID-19 se acumulan. Según la Secretaría de Salud (Sesal), en ese hospital, el lunes 16 de agosto habían 87 pacientes internados, siendo la cuarta sala con más pacientes por coronavirus en el país. 

La situación crítica no es algo propio del hospital Leonardo Martínez, ni de San Pedro Sula. El doctor Marco Tulio Medina, coordinador del Comité Covid de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, afirmó a Contracorriente que el país está inmerso en una nueva ola de la pandemia. «Hemos tenido al menos tres olas desde marzo del año pasado, la primera que corresponde al pico que tuvimos allá por julio y agosto (2020), luego otro incremento en diciembre (2020) y enero (2021) y en este momento nos encontramos en un pico mucho más alto que los precedentes», dijo. 

Rosa Pérez es una de las personas que se encuentra frente al centro hospitalario sampedrano. Su madre de 68 años es una de las víctimas de la nueva ola de coronavirus de la que habla el doctor Medina, y se encuentra hospitalizada desde hace dos semanas. Rosa ha encontrado unos cartones  y sentada, junto a su esposo, aguarda la salida de su progenitora. Llegaron desde Azacualpa Valle, Santa Bárbara, a 122 kilómetros de San Pedro Sula. No encontraron atención en el hospital regional. «Allá los hospitales no tienen capacidad», dice.

Para buscar atención para su madre tuvo que viajar con su nuera y esposo. Rosa  sacó un préstamo, pero este dinero no alcanza para buscar un alojamiento. Ella y sus acompañantes han tenido que dormir en la calle, a la intemperie. 

Pasar la noche sin un techo no ha sido la única experiencia de Rosa que desnuda la precariedad del sistema de salud hondureño. El día que internó a su madre, también  tuvo que salir con una  nuera, quien estaba en avanzado estado de gestación y podía dar a luz en cualquier momento.

Sostiene que no podía dejarla porque en la zona donde vive no hay hospital materno. Unas semanas antes de internar a su madre por covid, Rosa cuenta que su nuera tuvo un problema y que en el hospital regional no la atendieron: «Allá le dicen a uno que no y que no la van atender y por eso la traje aquí». 

Y el domingo 15 de agosto aproximadamente a las 6 a. m., la nuera de Rosa dio a luz. Fue internada en el Leonardo. El lunes 16, Rosa esperaba que le dieran el alta para acompañarla a Azacualpa y luego regresar nuevamente a San Pedro Sula a esperar que su madre le gane la batalla a la COVID-19, que en Honduras ya alcanza, según cifras oficiales, 321,675 casos y 8496 muertes.

COVID-19 | Hospital Leonardo Mendoza

La cruzada de Rosa refleja el descuido del sistema sanitario, en un país pobre, pero sobre todo corrupto. En el último de los desfalcos al erario, el Gobierno de Juan Orlando Hernández, impulsó en aras de combatir la pandemia la compra de siete hospitales móviles por 47 millones de dólares. En esa compra, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), hubo una sobrevaloración de 31 millones de dólares. Después de más de un año de la compra,  solo el instalado en San Pedro Sula funciona para enfermos covid.

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El abandono del sistema sanitario abarca los últimos 28 años en los que no se ha construido un nuevo hospital, los últimos que se construyeron fueron inaugurados en el Gobierno de Rafael Callejas (Q.E.P.D.): el Hospital Aníbal Murillo en Olanchito, Hospital de San Lorenzo y el Hospital Mario Catarino Rivas.

El país, solo tiene seis hospitales de cobertura nacional, uno en San Pedro Sula y cinco en Tegucigalpa. Por esta razón, Rosa tuvo que salir a 122 kilómetros de distancia de su casa para encontrar la atención requerida por su madre y por su nuera. 

Pero la consulta recibida sigue siendo precaria. Cuando conversamos con Rosa tenían casi tres días sin información de su madre. Lo último que supieron es que se encontraba «estable». El mismo mensaje que reciben casi todos los familiares que esperan afuera del hospital. 

Desde hace 17 meses, la pandemia ha puesto en evidencia la precariedad del sistema público. El lunes, en conferencia de prensa el viceministro de salud, Roberto Cosenza, confirmó que en Honduras están falleciendo un promedio de 40 personas diarias en hospitales públicos y privados y el Instituto Hondureño de Seguridad Nacional (IHSS). 

En el departamento de Cortés la positividad de las pruebas se mantiene en un porcentaje de 58 %. En la semana del 8 al 14 de agosto, se realizaron 2121 pruebas y de esas 1224 resultaron positivas. Este departamento alcanzó porcentajes de positividad de hasta 70 % entre junio y julio del año 2020. 

En las afueras del Leonardo, también se encuentra María Amparo Castro. A su madre de 89 años la trasladaron desde el triaje de La Lima, donde estuvo siendo atendida por más de una semana, pero empeoró su salud, «ya no podían tenerla allá», nos cuenta. 

A María también le han dicho que su madre está estable, «pero no tenemos más información. No sabemos cómo están». Ella se acerca de vez en cuando al portón del hospital para preguntar a una enfermera por su paciente y la respuesta casi siempre es la misma: Se encuentra estable. 

Rosa nos cuenta que el hospital les está pidiendo que compren medicamentos y que realicen en laboratorios privados exámenes a sus familiares. La versión es confirmada por María Amparo. Y otra persona que escucha la plática, nos muestra una receta que recibió a través de su celular. «Yo vengo de pagar 1200 en el laboratorio», nos dice uno más. Contracorriente contactó al director del Leonardo Martínez, José Medina, sobre esta situación. El doctor respondió y se limitó a decir que indagaría con el jefe de la unidad para verificar la veracidad de esta información. 

En los hospitales públicos de Honduras es muy común que el paciente o sus familiares paguen los medicamentos y algunos exámenes, pero durante la pandemia de COVID-19, este medio recogió testimonios en el mismo centro hospitalario que los medicamentos eran proveídos por el Gobierno. Algo cambió. 

Lo que no ha cambiado es el flujo presupuestario. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto vigente para combatir la pandemia es de 175 millones de dólares (4200 millones de lempiras), de los cuales un poco más de 104 millones de dólares (2500 millones de lempiras) están orientados a la compra de medicamentos. De todo el presupuesto solo se han ejecutado 58 millones de dólares (1400 millones de lempiras). 

La tercera ola

En Lucerna, Ocotepeque, un pueblo en occidente del país, murió Adonay. Un joven fuerte de apenas 32 años de edad, quien luchó por dos semanas contra la COVID-19 en el hospital regional San Marcos.  La muerte causó conmoción en el pueblo por la edad de la víctima.

Contracorriente también publicó el caso de la aldea San Antonio, Sulaco, Yoro, que ha sido sacudida por más de 15 muertes en los últimos dos meses. En Chamelecón, la semana anterior un profesor fue enterrado entre aplausos y música ranchera. Era muy querido el maestro y fue despedido por mucha gente.

Las referencias anteriores nos hacen ver que la pandemia está totalmente diseminada por todos los rincones de Honduras. «En nuestro país la pandemia está en las áreas urbanas y rurales, está totalmente extendida», nos dice el doctor Marco Tulio Medina.

Para el doctor hay varias razones que han llevado al país a este tercer pico de la pandemia. Piensa que uno de ellas está ligado a las nuevas variantes del virus, que dicen son más infecciosas y que de acuerdo a los estudios que han realizado en Honduras tenemos al menos tres, entre las cuales está la Delta, que podría asociarse con el hecho que más niños y personas vacunadas se están enfermando. 

Además, sostiene que la apertura casi total de la economía ha permitido que más personas se movilicen y no todos han cumplido con las estrictas medidas de bioseguridad. Medina tampoco obvió los problemas estructurales de salud, que se reflejan en las situaciones que vivió Rosa, relatadas en párrafos anteriores. Incluso menciona las secuelas de Eta y Iota que dejaron a miles de personas en la calle sin ninguna norma de seguridad. 

Medina reafirmó que en este momento la pandemia «sigue en un momento creciente», con los hospitales saturados en el país y hace un llamado a que se deben continuar con el cumplimiento a la medidas de bioseguridad y trabajar en la parte educativa con la gente por desinformación no deseen vacunarse. 

En conferencia de prensa realizada el lunes, el viceministro Roberto Cosenza, afirmó que el domingo anterior en todos los hospitales a nivel nacional habían internados 1165 pacientes por COVID-19. Ese día fallecieron 32 personas. 

Los hospitales con mayor cantidad de pacientes ese domingo estaban en Tegucigalpa. El primero es el Hospital Escuela con 127 pacientes, después el Hospital del Tórax con 118, el San Felipe con 92 y en San Pedro Sula, el Leonardo Martínez con 84 pacientes. 

Francisco Morazán es el departamento del país con más pacientes, ya que el lunes 16 tenía ingresados a 422 y le sigue Cortés con 165, pero Cosenza dijo en la conferencia que «en el departamento de Yoro ha habido un incremento». 

En San Pedro Sula, la pandemia ha vuelto a copar los hospitales. El Leonardo Martínez, en la semana del 8 al 14 de agosto, tuvo un promedio de 80 personas internadas y murieron 21. En el Mario Catarino Rivas, en ese mismo lapso, hubo un promedio de 54 pacientes diarios, siete personas en unidad de cuidados intensivos (UCI) y lamentablemente 25 personas fallecieron.

Cosenza aclaró que muchos de estos pacientes no viven en San Pedro Sula ni en Cortés y llegan procedentes de otros departamentos, como es el caso de Rosa, quien vino buscando atención desde Azacualpa, Santa Bárbara. 

Para el día lunes 16 de agosto, en Mario Catarino Rivas, habían 53 pacientes, pero 16 de ellos estaban en la UCI, más de la mitad del promedio que se había manejado la semana anterior. En el Hospital El Progreso habían 53 internados y en el Hospital de Puerto Cortés.

La jefa de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, manifestó que en San Pedro Sula en las últimas dos semanas se han registrado 11 y 9 fallecidos. Manifestó que no habían tenido tantos fallecidos por COVID-19 desde la primera semana de octubre de 2020.

Hasta el 16 de agosto anterior en el año 2021 en la Ciudad Industrial habían fallecido 553 por COVID-19. De ellos, 222 murieron en el Leonardo Martínez, 188 en el Mario Catarino Rivas y 101 en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS).

Otro dato, que muestra el alza en los contagios es que, respecto a la semana anterior, del 8 al 14 de agosto en centro de triaje del Colegio de Ingenieros Civiles hubo un 21 % de incremento en la asistencia de personas. Se atendieron 685.  Lo mismo sucedió con el triaje instalado en el Infop donde la asistencia también aumentó un 21 %.

Vacunación y regreso a clases

Mientras la pandemia alcanza su pico más alto, Honduras se encuentra lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño mediante la vacunación. Solo una décima parte de la población tiene las dos dosis recomendadas de la vacuna. 

Hasta el 13 de agosto habían 3,292,889 vacunados, de esa cifra 2,326,420 son primeras dosis, mientras que 966,449 personas completaron el proceso de inmunización. Esta cifra sería el 13 % de la población elegible para ser vacunada, según la Sesal.  El país arrancó tarde el proceso masivo de vacunación respecto a otros países como El Salvador y Costa Rica, que no dependieron de donaciones.

El doctor Marco Tulio Medina  considera que si se pudiera llegar a una inmunización completa del 70 % de la población, esto podría significar una reducción real de los efectos de la pandemia: «Eso sería una reducción real, pero aún así, a mi juicio tendremos que alcanzar más allá de lo que llaman la inmunidad de rebaño. Se debe hacer una vacunación en niños y adolescentes».

Medina también considera que en un tiempo prudencial tendrá que venir un refuerzo a la vacuna: «La tercera dosis seguramente será necesaria, sobre todo en grupos de riesgos, pero también se debe continuar con las medidas de bioseguridad», dice. 

El viceministro Cosenza afirmó que «hay vacuna» y llamó a las personas que acudan a inocularse en familia para protegerse del COVID-19: «La esperanza es la vacunación, acompañado de las medidas de bioseguridad, pero necesitamos que la población acuda, estos días estamos viendo un poco de apatía de la gente», afirmó Cosenza.

Vacunación contra la COVID-19
Vacunación contra la COVID-19 en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 15 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Con la tercera ola de la pandemia sobre Honduras y un proceso de vacunación lejos de los números deseados para alcanzar la inmunidad de rebaño, el ministerio de educación prepara un pilotaje para el regreso a clases semipresenciales. 

«Se va a un pilotaje, esperamos que se cumplan los protocolos que estarán estipulados en cada una de las escuelas y dependiendo de cómo surjan estos pilotajes, se van a ir habilitando más escuelas. Sabemos que la educación es algo primordial, pero debemos saber sobrellevar la educación y la salud», manifestó el viceministro Cosenza. 

La Secretaría de Educación (Seduc), anunció que 20 instituciones educativas privadas están en la fase final para obtener la autorización de iniciar con actividades semipresenciales y voluntarias.  En total, son 164 centros de enseñanza, de los más de 2000 que hay en el país, que solicitaron iniciar clases de forma semipresencial, «pero dependerá si cumplen los requisitos», afirmó el ministro de educación Arnaldo Bueso. 

Los requerimientos solicitados por la Seduc para autorizar el retorno a clases son que el personal docente y administrativo tenga completado su proceso de inmunización, que haya buen sistema de agua y saneamiento en el instituto y lograr un acuerdo de la comunidad educativa (padres, maestros, autoridades).

El 26 de agosto es la fecha para que los centros educativos gubernamentales seleccionados arranquen con clases semipresenciales. La web de la Seduc recoge las declaraciones del ministro Bueso donde afirma que en los próximos días probablemente dos centros educativos de Tegucigalpa y cuatro de San Pedro Sula inicien clases semipresenciales. Ambas ciudades se mantienen como epicentros de la pandemia y con sus hospitales abarrotados. 

El doctor Medina llama a la prudencia para un retorno a clases: «A mi juicio se debe aplicar vacunación a jóvenes de 12 y 18 años. También vacunación completa a los docentes para evitar que ahí sea un epicentro de personas infectadas». 

Honduras sigue de rodillas ante la pandemia. Los contagios no paran, los hospitales están saturados y rebasados, la vacunación no avanza lo suficiente y la gestión del Gobierno orlandista sigue siendo por lo menos inoperante.

Por Lahura Emilia Vásquez Gaitán


Aunque los organismos internacionales recomiendan la lactancia materna como alimento exclusivo para los bebés, en Honduras, solo uno de cada tres goza de este privilegio. Dadas las condiciones en las que se establece la lactancia, podemos afirmar que no es una elección de las madres, ni mucho menos un rechazo de los bebés el abandono temprano de esta práctica.  

El apego precoz (colocar al bebé inmediatamente al pecho de la madre una vez nacido) es un factor determinante para el buen inicio de la lactancia, y aquellas madres que lo hacen inmediatamente tras el parto son también las que estadísticamente continúan por más tiempo. En Honduras un 86 % de madres inician la lactancia dentro de las 24 horas después del parto y el 45 % la suspende después de los dos meses. Quienes empiezan horas o días después, tienen mayores probabilidades de abandonarla tempranamente y sustituirla por lactancia artificial, debido a las dificultades que van a encontrar. Es sorprendente cómo unas horas (el parto) va a definir tanto en la vida de la mamá y su bebé, y es triste que este tema se considere tan poco como un factor determinante en el éxito de la lactancia. 

En Honduras los departamentos con mayores incidencias en apego precoz son Copán e Intibucá, con un 80 %. Uno de los municipios que tiene las estadísticas más bajas en apego precoz es el Distrito Central, donde la presencia de hospitales y personal médico, es alta. Pareciera que a mayor cantidad de hospitales y personal médico, menores niveles de apego precoz, ¿por qué es así si la lógica nos dice que no debería serlo? La respuesta está en que muchas de las prácticas hospitalarias —pese a que están totalmente desaconsejadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)— son parte de la rutina y se practican día a día por una gran número de profesionales de salud. Muchas de estas prácticas, entorpecen el inicio de la lactancia. 

La mayoría de médicos y enfermeras, aprendieron lo que les enseñaron. La actualización médica, en su mayoría, está a cargo de las grandes farmacéuticas y desde aquí, jamás se promoverá la lactancia materna, puesto que significaría renunciar a billones de dólares que genera la lactancia artificial año con año. Mientras el personal de salud no se comprometa en asumir prácticas actualizadas en cuanto a la atención del parto, muchas lactancias terminarán por fracasar antes de iniciarse siquiera. 

Muchos doctores recomiendan lactancia artificial porque —aunque todos sepamos que la leche materna es el mejor alimento para el lactante— se ha insertado muy bien la idea de que al final la «leche de lata» no es tan mala. Muchos médicos y enfermeras, aunque dicen cosas desde el discurso, hacen todo lo contrario con la práctica, porque ayudar a una mujer en su lactancia requiere de unos conocimientos y formación extra muy específica que muy pocos profesionales de la salud tienen. 

Es mucho lo que se deriva de un parto y que tiene que ver con la lactancia, por ejemplo, los partos traumáticos están directamente relacionados con las depresiones posparto y las mujeres que tienen depresiones posparto rara vez pueden establecer lactancias exitosas. Muchísimas de las cesáreas (uno de los factores asociado a la depresión posparto), fueron partos que debían ser vaginales, pero que se «complicaron» y acabaron en cesáreas. ¿Cuántas de estas cesáreas habrían sido necesarias si se hubiesen generados condiciones para un parto óptimo como las que dicta la OMS (ambiente íntimo, comida y agua a disposición, cero enemas y rasurados, no tactos innecesarios, no litotomía (posición acostada), entre otras)?

La visión del profesional determina el parto, pues nosotros no separamos nuestras creencias, prejuicios e introyectos del profesional que somos. Como dice Raquel Schallman en su libro Parir en libertad, muchas veces, son los miedos de los profesionales los se imponen el parto y que limitan a la madre: «No es lo mismo decir “Yo no me animo”, que proyectar las dificultades en el otro y decirle: “Vos no podés”. No es lo mismo reconocer que yo no tengo paciencia y me pongo muy ansiosa, que decir: “No se puede esperar más, hay que ir a una cesárea”». Es difícil cuestionar a un profesional de la salud y en la mayoría de los casos, son ellos quienes terminan decidiendo sobre la experiencia de parto, tomando en cuenta lo que es más cómodo para ellos, sin escuchar la voz de las mujeres y sin preocuparse por las consecuencias que sus decisiones traerán para mamás y bebés en el largo plazo. 

Muchos diagnósticos, son aparentemente medidas absolutas, sin embargo, quizá otro profesional, con otra mirada, tomaría decisiones completamente opuestas. En el país, muy poco se reconoce el perfil profesional de las asesoras de lactancia materna, determinantes para una lactancia exitosa, por ejemplo. 

En resumen, el embarazo es el período de gestación en donde mamá y bebé son uno solo. El parto cierra este proceso y aunque se corta el cordón umbilical que los hace uno, la naturaleza a través de la lactancia, garantiza que ese cordón umbilical continúe desde afuera, en forma líquida e interrumpida. Los partos son trascendentales en el establecimiento de las lactancias, y por eso, cuidar los partos es cuidar las lactancias. 

Aunque la OMS establece que la lactancia debe ser «exclusiva hasta los seis meses, después introducir alimentación complementaria y seguir con la lactancia hasta los dos años o más», hoy en día, esta idea se ha tergiversado y existe una idea generalizada de que después de los seis meses, no solo se puede, sino que se debe pasar a lactancia artificial. Sin embargo,las lactancias prolongadas tienen innumerables beneficios tanto para bebés como para las madres de quienes prácticamente nadie habla. No es lo mismo dar lactancia durante tres meses que hacerlo durante dos años. Y hacerlo durante tres meses es completamente diferente a no hacerlo nunca.

Carlos González en su guía de lactancia materna Un regalo para toda la vida explica: «Según los cálculos de Ball y Wright, entre mil niños que tomen el pecho y otros mil que tomen lactancia materna exclusiva durante tres meses, la diferencia sería de 60 episodios de enfermedad respiratoria, 580 de otitis media y 1053 gastroenteritis durante el primer año, que generarían 2033 visitas al médico, 212 días de hospitalización (…) por un precio de 330,000 dólares. Solo con tres meses de lactancia, tres enfermedades y solo en costos médicos directos (sin considerar los días de trabajo perdidos de los padres, mucho menos el sufrimiento, que no se paga con dinero)».

No es casual que se hayan creado muchos mitos alrededor de la lactancia materna para hacerla fracasar. Los millones no solo se mueven alrededor de todo lo que implica la lactancia artificial, sino de la industria que se alimenta de todos los diagnósticos, tratamientos y lo que se deriva del cáncer de seno por ejemplo, cuya probabilidad de aparecer disminuye drásticamente, mientras más tiempo haya dado una mujer lactancia materna. Más allá de un mes rosa, donde se promueven revisiones que generan millones al año solo por concepto de mamografías, radiografías y sus consecuentes tratamientos, sería muy coherente, si todo este lobby se esforzara de la misma manera, por empujar políticas públicas que les permitan a las mujeres dar lactancias prolongadas, pues tiene significativos impactos para la salud de las mujeres. Continúa Carlos Gonzalez: «Con más de 50,000 casos de cáncer de seno y más de 90,000 controles, se ha llegado a la conclusión de que, solo en países desarrollados, se podrían evitar cada año 50,000 casos de cáncer por cada doce meses de aumento en la duración de la lactancia». Mientras que los exámenes, solo promueven la detección temprana, lo cual no es ningún mecanismo de prevención, las lactancias maternas prolongadas atacan el verdadero problema de raíz: evitan que aparezca.

En estudios realizados en Estados Unidos se ha observado que las madres mayores de 30 años de edad presentan tasas más altas de amamantamiento (que son hasta de un 84 %), lo cual podría estar influenciado por una mayor adquisición de conocimientos sobre lactancia materna con el transcurso de los años. Sin embargo, el informe de 2014 de la Comisión Nacional de Lactancia Materna (Conalma), en Honduras, menciona que son las madres con educación superior las que amamantan menos.

La duración mediana de la lactancia entre los niños de madres con educación superior es apenas de 13.5 meses en comparación con 22.5 entre los niños de madres con menor educación. Aunque en el informe se menciona que «en Honduras, a diferencia de los países industrializados las mujeres con menor educación (educación informal) amamantan más ya que lo hacen por razones culturales», los elementos objetivos apuntan en otra dirección.

En Honduras, a diferencia de otros países, no existen políticas públicas que concilien con la lactancia. Así, las mujeres con educación superior, tienen que insertarse tempranamente al mundo laboral y esto las orilla a abandonar de forma temprana la lactancia materna y sustituirla con lactancia artificial. Las mujeres con menor nivel educativo, están más precarizadas, no suelen estar empleadas en el sector formal y una enorme mayoría de ellas se queda a cargo del cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Esto es lo que les permite dar la lactancia, no razones culturales.

Al parecer las mujeres tienen que decidir entre seguir trabajando y alimentar a sus hijos con lactancia artificial, o dejar de trabajar y quedarse en casa dando lactancia materna, pero a costa de una precarización y dependencia económica enorme. En ninguno de los dos casos ni las mujeres ni los bebés ganan, porque en ambos siempre hay una pérdida asociada a la salud y al dinero. En el primero, aunque los ingresos económicos de la familia sean mejores, estos se verán mermados por el gasto que implica citas con médicos, visitas a centros asistenciales, compra de medicamentos, pago de salas-cunas y otros colaterales en los que hay que gastar cuando se aleja a los hijos de la figura maternante de forma temprana. Y en el segundo caso, aunque los niños sean amamantados, la pobreza trae consigo situaciones de estrés y carencias que eventualmente, terminarán impactando en la vida y salud de mujeres y niños.

Entonces, ¿cuál es la salida?, ¿debemos retroceder las mujeres y ceder los espacios por los que tanto lucharon nuestras antecesoras?, ¿debemos renunciar a nuestro crecimiento profesional y a la posibilidad de ser económicamente independientes para poder dar a nuestros hijos el inmenso regalo de la lactancia materna? La respuesta es clara: no. Pasa, que todavía la deuda es grande, y la lucha no ha acabado. La lactancia materna debería ser un tema de salud pública, tal cual ocurre en países como Suecia y Noruega, cuyas licencias de maternidad rondan al año, y sus estadísticas respecto a la lactancia materna son bastante altas. Ellos saben que si invierten en la primera infancia se van a ahorrar miles de millones en el sistema de salud en el futuro. Y no solo eso, toda la sociedad se ve beneficiada por este tipo de medidas por todo lo que implica para un bebé estar con sus cuidadores en el período más frágil de su vida en términos de apego, salud mental, psicológica y física. Para tener adultos sanos, se necesitan infancias sanas. De ahí que, como sociedad, lo que necesitamos son políticas públicas compatibles con el embarazo, la lactancia y los cuidados.

Desde las elecciones de 2013, en la política hondureña ha proliferado la incursión de figuras reconocidas en el ámbito del deporte. En las elecciones primarias de ese año, 17 personas relacionadas al deporte participaron, pero solo diez competirán en las generales de noviembre. El papel irrelevante que han desempeñado los deportistas como diputados ha provocado desencanto en la población.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Martín Cálix


Wilmer Velázquez, uno de los futbolistas más conocidos de Honduras, repetía un ritual que lo hizo famoso, estaba en sus años mozos
y la afición lo aclamaba, le llamaban «El Matador». Abría los brazos con dirección al cielo y corría a uno de los costados de la cancha para celebrar su gol con la afición del Olimpia, el equipo con más títulos del país. 

Se convirtió en una figura casi celestial para el pueblo olimpista, pues debajo de la playera siempre llevaba un mensaje que decía: «Yo amo a Jesús». En 196 ocasiones levantó los brazos al cielo y se erigió en el goleador histórico del Olimpia y también de la Liga Nacional de Honduras. «Lo mejor de Dios está por venir», le decía a los periodistas que lo asediaban. 

En su despedida  como futbolista el 15 de enero de 2012, miles de aficionados asistieron al Estadio Nacional para darle el adiós del fútbol profesional a su ídolo. Fiel a su tradición y su historia, anotó un gol y abrió los brazos al cielo y corrió a celebrar con su pueblo. Casi de inmediato, Velásquez fue invitado a participar en las elecciones primarias de 2013 en el Partido Nacional por el movimiento de Ricardo Álvarez.  

«El Matador» resultó goleador en la política y tras aceptar la invitación, su afición lo convirtió en el segundo diputado más votado por Francisco Morazán con 97,894 votos, solo detrás de Óscar Álvarez Guerrero, exministro de seguridad en los Gobiernos de Ricardo Maduro (2002-2006) y Porfirio Lobo (2009-2013).  

En esas elecciones, también participaron los exdeportistas Jaime Villegas, exmundialista en España 82, y Ana Joselina Fortín, campeona centroamericana de natación. Ambos llegaron a una curul en el Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción (PAC), liderado por Salvador Nasralla, una figura de la televisión nacional que había ganado popularidad dirigiendo los domingos un programa de deportes y narrando los partidos de la selección nacional. También participaron por el Partido Nacional el técnico de fútbol Alberto Chedrani y, quien era en aquel entonces dirigente de Real España, Yaudet Burbara.

Antes de esto, la participación más relevante de personas involucradas en el deporte fue la del popular entrenador nacional José de La Paz Herrera (Q.E.P.D.), más conocido como Chelato Uclés en 2005 para una diputación por el Partido Liberal. Fue el más votado del departamento de Francisco Morazán. 

Uclés, quien murió el 29 de abril de 2021, era el personaje más conocido del fútbol de Honduras, tras ganar en cinco ocasiones la Liga Nacional, pero sobre todo por ser el entrenador en la primera clasificación de Honduras a un Mundial, hito logrado en España 82, actuación aún recordada por miles de hondureños.  

¿Y cómo llegaron tantos exdeportistas a la política?, Para el analista y exdiputado por el Partido Nacional (PN), Raúl Pineda Alvarado esta pregunta tiene la respuesta en el mercadeo: «Empecemos porque es un problema de mercadeo, a quien escoge los candidatos a diputados y elabora la planilla, le resulta fácil escoger una persona que es conocida previamente. Lo más difícil para mandar una persona al Congreso Nacional es hacerlo conocido y el deportista ya es popular», nos explica. 

Además, nos dice el abogado Pineda Alvarado, estas figuras no generan la misma simpatía que un político: «el deportista, generalmente solo genera satisfacción en el electorado y esto no puede decirse del político tradicional, que normalmente vive enfrascado en la discusión y la polémica». 

Mercy Ayala, investigadora del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-SJ, menciona que el involucramiento de figuras del deporte en la política es un «fenómeno interesante» pues estos dos ámbitos que parecen tan distantes históricamente han estado conectados: «El problema no es que sean candidatos y ejerzan un papel en el Congreso o en otro espacio público, sino cómo en esa relación deporte-política van aprovechándose de esas conexiones para llegar a esos mecanismos de control y adormecimiento, aprovechando la baja conciencia y conocimiento de la trayectoria de los aspirantes en los que la ciudadanía solo se deja llevar por los niveles de popularidad».

En el mundo también hay casos de populares deportistas que incursionaron en política. Quizás el más destacado sea el liberiano George Weah, quien fue elegido como presidente de su país el 28 de diciembre de 2017. Weah fue un destacado delantero del AC Milán de Italia y gracias a sus actuaciones, fue el primer jugador africano y único hasta ahora, en haber sido galardonado como Balón de Oro, premio máximo para un futbolista y que se otorga a través de votaciones en las que participan expertos de todo el mundo. 

En el ámbito latinoamericano, Edson Arantes Dos Nascimento en Brasil, considerado el mejor futbolista de la historia, fue ministro de Deportes de 1994 a 1998 y promulgó la ley que lleva su nombre. El rey Pele fue campeón del mundo con su selección en 1958, 1962 y 1970. En su país es una leyenda viviente. 

«No es lo que uno se esperaba» 

Osman Chávez, es diputado por Cortés, curul que logró a través del PAC en las elecciones de 2017. El «Tierno», su apodo futbolístico, busca la reelección en el Congreso, esta vez bajo la bandera del Partido Salvador de Honduras (PSH), que propone como candidato presidencial a Salvador Nasralla. 

Chávez alcanzó el hemiciclo legislativo que proponía a Marlen Alvarenga como candidata presidencial. Durante y después de las elecciones se habló que las autoridades del PAC se plegarían a los intereses del PN.

Pero el exfutbolista se ha distanciado de la agenda oficialista y esto a su juicio lo ha invisibilizado: «Ha sido muy difícil, no es lo que uno se esperaba, yo pensaba que al llegar al Congreso iba a tener muchas posibilidades de apoyar», dice en una conversación telefónica con Contracorriente.

Confesó que al llegar al Congreso a él le ilusionaba hacer muchas cosas por el país, no solo por Cortés, de donde es representante, «pero al final uno se de cuenta, que en el Congreso no existe la democracia, que no hay diálogo por el interés común de la nación, ahí lo que reina son los intereses políticos», dice.

Osman sostiene que por sus posturas en el hemiciclo lo han marginado: «Esas cosas te llevan a que seas aislado del sistema. Hay personas que llegamos ilusionados al Congreso. He presentado proyectos y hasta este día todos duermen en un baúl, estoy hablando de 17 a 20 proyectos, que ha tenido que ver con financiamiento y otras no». 

El exfutbolista votó en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE)  y ha hecho  oposición desde su curul, incluso abandonó el PAC y ha manifestado ser una voz independiente en el Congreso. Sin embargo, cree que esto ha bloqueado iniciativas de ley que él pretendía someter a discusión en el pleno del Congreso.

Pedimos a Chávez que nos hablara de algunas iniciativas que él había presentado y nos dijo que una de esas iba encaminada a la inclusión de los grupos étnicos, segregados y olvidados. Pretendía que en cada empresa el 10 % de los empleados fueran de los grupos anteriormente mencionados: «Es ir al banco o al supermercado y ver a un garífuna, un pech, lenca o miskito trabajando ahí», dice. 

Además, cuenta que presentó un proyecto para que la gente no tenga que pagar por resonancias magnéticas, que habitualmente las realizan en clínicas privadas: «Era un proyecto de unos 90 millones e igual lo pararon», le dijeron que no había presupuesto. Ninguna de las dos fue discutida. 

Para presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional, este debe ser revisado por la comisión de dictamen correspondiente, luego, una vez revisado, el congresista interesado debe presentar la iniciativa de ley en la sesión del Legislativo, donde se le dará ingreso al mismo para que este sea discutido por el pleno y si es aprobado, será enviado al Poder Ejecutivo para que sea sancionado.

El abogado Raúl Pineda Alvarado apuntó que una de las debilidades en el actual Congreso es que los diputados no saben de qué van a hablar durante las sesiones parlamentarias. No hay una agenda anticipada: «Esto los hace ver (a los deportistas), al igual que a muchos otros diputados de otras disciplinas profesionales, como personas intelectualmente limitadas, lo cual no es cierto», dice. También manifestó que la mayoría de parlamentarios «se ven como personas que simplemente se limitan a levantar la mano o votar en contra, sin que explote todo este potencial que como figuras públicas estoy seguro que todos tienen». 

Chávez también se defiende de los innumerables señalamientos que hacen contra la productividad o el papel que han jugado los deportistas en el Congreso. Los acusan de solo levantar la mano. Declaró que a veces señalan al futbolista, pero no lo hacen con el periodista o el abogado: «Ahí como dicen “al perro más flaco se le pegan las pulgas”, es muy cierto que algunos compañeros de una u otra forma no han brillado, pero yo encuentro la respuesta que ha sido producto del sistema».

Osman sostiene que el papel que juegan muchos diputados está condicionado por el partido al que pertenecen, pues no tienen libertad y hay líneas partidarias que seguir.

Algunos no han tenido la libertad, porque si están en un partido donde hay una línea partidaria, es muy difícil trabajar. Yo creo que cada quien tiene que ser responsable de sus acciones y sus actos», explica Osman Chávez. 

Osman aspira a la reelección con el PSH, pese a las frustraciones que dice haber cosechado ¿Porque aspirar a un período más?, se pregunta y luego contesta: «porque creo que Honduras puede ser recuperada y si eso pasa podamos recuperar la esperanza. Que la bandera sean las intenciones y aquellos proyectos que ayuden a mejorar el país».

Personajes ligados al deporte en las actuales elecciones

En Honduras, la gente involucrada en el deporte que aspiran a cargos públicos ha aumentado, en los pasados comicios internos participaron 17 reconocidas figuras del ámbito deportivo. Al parecer, la mala percepción que gran cantidad de votantes tienen de las figuras relacionadas con el deporte en la arena política, hizo que solo 10 de los 17 que entraron en contienda se convirtieran en candidatos.

Por el PN participaron como precandidatos Jaime Villegas y Alberto Chedrany, ambos actuales diputados por Cortés y ahora aspiran a la reelección en noviembre al resultar ganadores. Ambos son reconocidas figuras del deporte en la Costa Norte y acompañado al pie de la letra cada iniciativa que ha dado el Gobierno nacionalista. 

Villegas llegó al Congreso siendo miembro del (PAC), pero en el Congreso adoptó la bandera del PN. «Estoy sumamente contento», dijo en julio de 2017 cuando hizo pública su adhesión al partido en el poder. El congresista nacionalista también fue duramente criticado cuando sugirió posponer las elecciones de noviembre de 2021, siempre y cuando los partidos políticos y otros actores estuvieran de acuerdo. En aquel entonces Salvador Nasralla dijo que Villegas estaba siendo utilizado por Juan Orlando Hernández. 

En Francisco Morazán, Eduardo «Balín» Bennett, exfutbolista de la selección y el Olimpia, quedó como candidato por el movimiento Unidad y Esperanza. También, por el partido de la  «estrella solitaria», participaron sin suerte los exjugadores Noel Valladares, Milton «Tyson» Núñez (Atlántida) y Límber Pérez. En el departamento de Yoro, Milton «Jocón» Reyes, salió electo por el movimiento Unidad y Esperanza. 

Mención especial para el «Matador» Velásquez, quien después de dos períodos en el Congreso no salió electo en los comicios internos del nacionalismo. Se había postulado por la corriente Juntos Podemos de Mauricio Oliva, pero en el departamento Francisco Morazán, donde él se postulaba, los 23 candidatos del PN salieron del movimiento del ahora candidato presidencial Nasry Asfura.

Wilmer Velásquez —ex futbolista y diputado en el Congreso Nacional por el Partido Nacional— dialoga con Tomás Zambrano durante una sesión legislativa. Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La popularidad del «Matador» se ha venido abajo después de dos períodos acompañando al impopular gobierno nacionalista.  Igual pasó a Gilberto Yearwood, uno de los mejores jugadores en la historia de Honduras, exmundialista del 82 y actual congresista, pero que se quedó en la carrera tras las primarias en el departamento de Cortés.  

Por la filas azules también participaron Yaudet Burbara, quien es exdirigente de Real España y fue el diputado más votado por Cortés. Además, el directivo de Marathón, Rolando Peña compitió en las internas con Armando Calidonio por la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula, pero perdió ante el actual edil, que busca un tercer período en el poder de la segunda ciudad del país. 

En el Partido Liberal (PL) participaron Cristian Santamaría, quien ya fue diputado entre el 2014-2018 e intentaba llegar nuevamente al Congreso por el movimiento Yanista, pero no le alcanzaron los votos. Ricardo Elencoff, exdirigente del Real Sociedad de Tocoa, es diputado por Colón y busca la reelección con los liberales, fue el más votado por el Yanismo en su departamento. Lo intentó también el jugador del Motagua, Omar Elvir, pero los votos no le alcanzaron en la corriente de Darío Banegas.

Por el Partido Libertad y Refundación, entró en la carrera electoral con éxito, el exárbitro Benigno Pineda, quien busca llegar al Congreso en representación del departamento Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. Sigue en carrera por el Partido Libre, Wilmer Cruz, exarquero de la Selección Nacional, Motagua, Real España, entre otros equipos. También es entrenador de fútbol y logró el ascenso a Primera División con el Honduras Progreso y luego disputó una final de la Liga con este equipo, pero perdió contra Motagua. 

El exárbitro Mario Moncada es el candidato a alcalde por Libre en el municipio de Talanga en Francisco Morazán. El «Pelón», como era conocido en la Liga, es hermano de Rixi Moncada, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La socióloga Mercy Ayala explica que una población con muchas debilidades en cultura política o crítica para reflexionar el voto y lo que esto implica «es terreno fértil para los partidos políticos que ven en los jugadores o en otras personalidades del fútbol esas figuras que necesitan para atraer el votante y canalizar esa popularidad en votos».

Raúl Pineda Alvarado, sostiene que en la visión de cálculo de la élite que controla el país es únicamente el aprovechamiento del deportista como un generador de votos: «No se preocupan por prepararlo para su labor», repite.

De acuerdo con la Constitución de la República las funciones de los diputados en el Congreso son crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Además de convocar, suspender y cerrar sesiones. No obstante, el afán de conseguir votos ha hecho que los congresistas en lugar de crear leyes, pretendan construir puentes o carreteras, cuando para eso hay instituciones especializadas en el Gobierno.

Esta deformación en las funciones de los parlamentarios ha provocado que manejen fondos, que no siempre son utilizados con transparencia. En agosto de 2018, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó el Caso Pandora, una acusación contra 24 diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios, quienes habrían participado en el desfalco de 12 millones dólares para campañas electorales del PN y el opositor PL.  El 4 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones dio sobreseimiento definitivo a los involucrados en el caso. 

No obstante, la Corte de Apelaciones Natural sí declaró con lugar la causa en el caso Red de Diputados, que acusa a cinco parlamentarios de apropiarse ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales. Los imputados son Augusto Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Alexander Juárez Saravia. Ninguno pertenece al partido gobernante.

La socióloga del Eric-SJ, Mercy Ayala, analiza que más allá de cualquier profesión que tenga el aspirante a un cargo de elección popular, lo que se debe analizar es su trayectoria como persona y luego cuáles son los intereses que le arropa, pero también destaca que no se puede negar que el fútbol es mucho más popular y atractivo que cualquier otra ocupación, si hablamos de votos. 

Wilmer Cruz, ex portero de la selección nacional, es candidato a diputado por Libertad y Refundación en el departamento de Cortés.  «Aspiro por Libre porque es el partido diferente, lo más fácil es llegar por el Partido Nacional, siempre ganan.  Quiero llegar con el partido del pueblo, donde hay dificultades y limitantes. No, si con pisto cualquiera llega, pero es bonito llegar con el partido de las calles de tierra hacia adentro, es complicado. Ahí usted la tiene que pelear. Yo busco algo que me cueste», dice. 

Agrega sobre el impulso que tiene su candidatura en Libre: «Ando buscando trabajar para los pobres, trabajar para los ricos es lo más fácil, pero trabajar para los pobres es complicado por eso escogí este partido». 

Al hablar de los planes que impulsan su candidatura, Wilmer Cruz no habla de iniciativas específicas: «Hay bastantes cosas que se le vienen a uno a la mente, que es fácil decirlas enfrente de la gente y comenzar a decir un montón de disparates que al final no se cumplen», afirma. 

Tampoco explica qué hará si es beneficiado con el voto popular en las comunidades donde hay necesidades: «Es que a veces uno quiere hacer un puente o una carretera y la necesidad primaria es otra. Eso es lo que he estado platicando con la gente porque tampoco soy ese político normal, que por quedar bien con la gente ofrece cielo y tierra, después llega al congreso y no hace nada». 

Menciona que le gustaría legislar para ayudar a los guardias de seguridad, cuyos trabajos habitualmente «no les dan absolutamente nada», dice. Agrega, que le gustaría hacer algo por las madres solteras y los niños abandonados aunque no especifica cómo. «Hay un montón de cositas que nosotros llevamos al Congreso», dice. 

Cruz asegura que está totalmente de acuerdo con la gente que critica el papel de los deportistas en la política, pero se defiende diciendo que al hemiciclo han llegado también modelos, periodistas, abogados y todo tipo de gente: «No han hecho nada por este país, no hay que enfocarse solamente en el deportista. Ya es tiempo que nos lavemos la cara todos, seamos frontales y hagamos algo por este país. Nadie ha hecho nada». 

Así lo ve la gente

Óscar Sabillón, habitante de la colonia Cristo Viene de la Rivera Hernández, en sus tiempos libres realiza muchas actividades en pro de la comunidad y una de ellas es apoyar a un equipo de fútbol formado por niños y adolescentes. 

Él conoce las condiciones precarias en las que los niños practican el fútbol y también cree tener una radiografía de lo que impulsa a exdeportistas a incursionar en política: «Eso se convierte como una válvula de escape para los deportistas que alguna vez brillaron, en sí llegan al Congreso con la única intención de levantarse económicamente», dice.

Continúa diciendo: «Cuando ellos tuvieron su éxito en el fútbol, así como cobraban así lo gastaban y al final terminaron en la calle porque ninguna persona se prepara para ahorrar y hacer inversiones, entonces ven el Congreso Nacional como una válvula de alivio y en realidad no le ayudan a nadie, no crean ningún institución en ayuda a los niños para formarlos a futuro», se queja Óscar.

En descargo de las figuras en mención, el abogado Raúl Pineda Alvarado considera que no es malo que vayan al Congreso: «Lo malo es que no se les prepare ni a ellos se les ocurra prepararse. El trabajo parlamentario cada vez es más complejo, un diputado debe conocer derecho constitucional, economía, elaboración de un presupuesto, técnica legislativa y una serie de materias que son eminentemente técnicas».

En el Triunfo de La Cruz, Edgardo Benedith organiza todos los años un torneo de fútbol juvenil llamado la Copa Numada, en el que participan equipos de comunidades garífunas ubicadas en todo el Litoral Atlántico, desde Gracias a Dios hasta Cortés. En este torneo han participado hasta 38 equipos de la etnia garífuna y según Benedith se han involucrado directa o indirectamente hasta 10,000 jóvenes. Y este proyecto que es para juventud, ha recibido muy poco apoyo desde el Congreso. 

Por eso cuando Benedith tiene que hablar sobre los deportistas en la política, es muy duro: «Si generalizó, el aporte (de los deportistas en el Congreso) fue poco o casi nada. No he visto nada, ni en el ámbito deportivo, lo digo yo, que soy presidente de un proyecto que, de una manera o otra, aparta a los jóvenes de las drogas, pero el apoyo ha sido muy poco».

Menciona que el aporte parlamentario de los futbolistas ha sido bastante pírrico y que han realizado muy poca incidencia en temas de labor, que pudieron ayudar a los niños a través de proyectos de recreación, de instalaciones deportivas. Edgardo Benedith considera que la mayor parte de los actuales diputados han tomado partido en sus actuaciones en el parlamento: «Se han inclinado a la oligarquía hondureña, conformándose con recibir su salario, pero esta gente (los deportistas) no hacen ningún tipo de incidencia». 

Manifestó que se supone que el fuerte de los diputados en cuestión debe ser el deporte, pero ahí tampoco han hecho labor. «Váyase a las comunidades garífunas, ahí no hay nada, siguen siendo las mismas canchas de los últimos 40 o 50 años», dice indignado. 

Para Benedith es una pena que este tipo de diputados ocupen una curul pues la mayor parte de los futbolistas que han llegado al Congreso no dicen nada sobre los problemas del país: «No les interesa, si me preguntan si votaría por un futbolista, yo le diría que no, porque lo que está demostrado es que son incapaces. Su aporte es básicamente nada».

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) abarcan cada vez más territorio hondureño. A casi tres meses de las elecciones generales, tres partidos políticos aseguran estar en contra de su desarrollo, sus propuestas concretas para desarticularlas dependen de ganar el Poder Legislativo y el Ejecutivo en las próximas elecciones. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Martín Cálix


A tres meses para el desarrollo de las elecciones generales en el país, avanza la construcción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), comparadas con enclaves bananeros que le valieron a Honduras ser conocida mundialmente como República bananera. Los reclamos más aguerridos contra la construcción de estos modelos surgen desde sectores sociales locales, pero a nivel político muchos candidatos han optado por evadir el debate de cómo piensan echar atrás estos proyectos.

Las ZEDE son áreas en el territorio de Honduras que se sustentan en su propia ley orgánica creada en 2013, en donde la Constitución de la República y el Código Penal son las únicas leyes hondureñas que tienen validez. Sin embargo, la Ley orgánica de las ZEDE crea zonas con beneficios fiscales, indicando que «contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas», a su vez, esta ley establece que las zonas especiales pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo.

El diputado hondureño Jorge Cálix, miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y uno de los más cercanos a las autoridades de su partido, asegura que para desarticular las ZEDE es necesario llegar al poder. «Podemos hablar de todo lo que queramos para que las ZEDE dejen de existir en el país, pero nada tiene vigencia si el Partido Nacional (PN) vuelve a ganar las elecciones», argumentó Cálix, quien busca la reelección.

Al estar en un régimen especial y distinto, las ZEDE se comparan con paraísos fiscales para inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Actualmente, son tres las ZEDE que están edificándose en el país, Prospera Hub, en Roatán, departamento de Islas de la Bahía; Ciudad Morazán en Choloma, departamento de Cortés y la ZEDE Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca.

Cálix dijo a Contracorriente que solo derogando la Ley orgánica de las ZEDE y asegurando que haya un veto presidencial para estos proyectos, se podrán erradicar las zonas especiales. «El Partido Nacional tiene que perder las elecciones y Libre tiene que asumir el poder de la República, porque desde el poder Ejecutivo y desde el control del Legislativo podemos garantizar derogar los artículos constitucionales que permiten las ZEDE», explicó el abogado.

El Partido Libre ha dejado claro su posicionamiento en contra de las ZEDE, así lo declaró la candidata presidencial Xiomara Castro en la Convención del Partido Libre, el pasado 28 de junio, pero un asunto muy distinto es cómo derogarlas tomando en cuenta que ya están siendo construidas. En ese sentido, el candidato a diputado por el Partido Libre, Ramón Barrios, abogado y exjuez de sentencia, explicó en una conversación con Contracorriente que la estrategia del Partido Libre para eliminar las ZEDE va por tres vías.

Primero está la estrategia jurídica que consiste en apoyar todos los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado hasta el momento conforme a las ZEDE, uno de ellos es el presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el pasado 17 de julio. La segunda vía es a nivel de partidos políticos, en donde se han recolectado firmas formando parte el Partido Libre de la Iniciativa Nacional de Recolección de firmas, presentándose estas como iniciativa ciudadana en el Congreso Nacional (CN) en contra de las ZEDE.

Pero la realidad es más complicada. En una nota anterior, Contracorriente explicó que los caudillos buscan continuar y permanecer en el Congreso  Nacional. En las elecciones primarias, los candidatos resultantes del Partido Nacional, en promedio, obtuvieron más votos que los candidatos que surgieron del Partido Liberal y del Partido Libre. De continuar esa tendencia, indicaría que el próximo CN estaría controlado por el partido de gobierno.

Zede Orquídea
Vista general de Orquídea, uno de los proyectos de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (Zede) en el sur hondureño. San Marcos de Colón, Choluteca, 23 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En el tercer ámbito, el abogado Barrios hace hincapié en la participación ciudadana, debido a que «como partido acompañamos la movilización de los ciudadanos y las ciudadanas en las calles, para protestar contra la reforma de la Constitución sobre las ZEDE y contra la implementación de la ley por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la creación de los tribunales especiales a nivel de las ZEDE, siendo esto también inconstitucional».

Por otro lado,  el candidato del Partido Nacional propuesto para suceder a Juan Orlando Hernández, ha tenido un discurso esquivo y contradictorio sobre las ZEDE. El actual alcalde del Distrito Central y candidato presidencial, Nasry Asfura, manifestó a una radio hondureña que se declara en contra de las ZEDE solo «si violan la Constitución y le hacen daño a Honduras». Por su parte, el actual candidato a alcalde por el Distrito Central del mismo partido, David Chávez —la mano derecha de Nasry Asfura— aseguró en una conferencia de prensa que las personas en contra de las ZEDE se oponen a la generación de empleo y nuevas oportunidades.

Contracorriente contactó a funcionarios y autoridades pertenecientes al Partido Nacional para escuchar sus posicionamientos conforme a las ZEDE, pero no se obtuvo respuesta.

Rechazo a las ZEDE en cabildos abiertos

Ramón Barrios argumenta que el tema de las ZEDE es un problema de Estado y no de algún partido político ni de gobierno, debido a que los artículos 373 y 374 de la Constitución de la República indican que el soberano, es decir, el pueblo hondureño, prohibió que los poderes del Estado derivados decidan sobre el territorio, la forma del gobierno, la duración de los años que un presidente debe de estar en el poder, reservándose esto solo al soberano, «por eso el CN no podía reformar la Constitución con respecto al territorio nacional».

En diversos puntos del país se han realizado cabildos abiertos en contra de las ZEDE, declarándose estos municipios «Libres de ZEDE», entre estos están Tela, Catacamas y Cedros. En el municipio de Alianza, departamento de Valle, por ejemplo, un grupo de pobladores asistió a un cabildo abierto, en donde rechazaron la instalación de las ZEDE en su comunidad, a 130 kilómetros de donde ya se construye la ZEDE Orquídea en San Marcos de Colón.

El regidor y candidato a diputado por el Partido Liberal, Osman Aguilar, contó a Contracorriente que, junto al candidato alcalde por el Distrito Central por el Partido Libre, Jorge Aldana, proponen presentar una moción para que en sesión de corporación se declare al Distrito Central libre de ZEDE, citando a un cabildo abierto para que los y las ciudadanas se puedan manifestar a favor o en contra de las Zonas de Desarrollo en Tegucigalpa y Comayagüela.

Una mujer que usa una mascarilla con la bandera de Estados Unidos estampada en ella, protesta contra las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (Zede) en un cabildo abierto donde se declaró al municipio de Alianza libre de Zede. Alianza, Valle, de 24 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Se pretende derogar las ZEDE desde el Congreso Nacional, no nos cabe duda de que va a gobernar la oposición, por lo tanto, van a haber más diputados de la oposición, y, siendo así, podremos derogar la Ley Orgánica de las ZEDE», manifestó el regidor liberal Osman Aguilar, afirmando la postura del Partido Liberal en contra de las ZEDE. Sin embargo, los diputados del Partido Liberal han estado ausentes en las asambleas del Congreso Nacional en estos últimos días.

Partido Liberal dice que tiene alternativas para los inversionistas

En una conferencia de prensa del Partido Liberal el pasado 10 de agosto, el candidato presidencial de ese instituto político Yani Rosenthal, dijo a Contracorriente que, como Partido Liberal, han sugerido a inversionistas en las ZEDE que se conviertan a los sistemas de Zona Libre y Régimen de Aportación Temporal. 

En las Zonas Libres (ZOLI) pueden establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales, nacionales y extranjeras que se dedican básicamente a la exportación y actividades conexas o complementarias, según el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), y para operar, deben de obtener permiso de la Secretaría de Desarrollo Económico. En el caso del Régimen de Aportaciones privadas (RAP), este tiene como objetivo recaudar y administrar las aportaciones obrero-patronales, con el fin de establecer políticas para el sector vivienda, y así generar y captar recursos financieros y canalizarlos al sector vivienda a través de sus intermediarios.

«Tampoco se trata de perder la inversión a un empresario o inversionista privado, pero si les estamos diciendo que están cometiendo una ilegalidad a aquellos que están ahora aplicando para un permiso de ZEDE, y les sugerimos que desistan de esto», expresó Rosenthal.

Además de ayudar a los inversionistas a convertirse a los otros mecanismos, el candidato presidencial hizo referencia a que, de ganar las elecciones el próximo noviembre, se dará trámite al proyecto presentado por la bancada del Partido Liberal, mismo que el CN no ha tramitado, asegura el abogado.

«El Partido Liberal está en contra de las ZEDE primero porque atentan contra nuestra soberanía, y porque no queremos que se conviertan en un reducto de los extraditables que se van a ir a esconder allá adentro», indicó Yani Rosenthal, quien cumplió una condena de tres años de cárcel en Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de activos en el año 2015 y de participar en un esquema criminal del cartel Los Cachiros.

Por otra parte, el candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras (PSH), el ingeniero Salvador Nasralla, explicó en una conversación con Contracorriente que su estrategia para acabar con las ZEDE en el país no es derogarlas, sino argumentar el número del artículo de la Constitución que se violentó y declararlas nulas, «por lo tanto, pierden absolutamente todo lo que les han concedido en forma contraria a los derechos de la Constitución».

Hace un par de semanas, se reveló un documento que detalla la participación de Óscar Melara, asesor del PSH, en la instalación de la ZEDE Prospera Hub a través de su bufete Melara & Asociados, mediante un documento firmado por la empresa Brimont Investments, propiedad de Erick Brimen y actual director ejecutivo de Prospera Hub, en Roatán.

Ante este señalamiento, Melara negó en su cuenta de twitter ser inversionista o miembro de ninguna ZEDE, explicando que su enlace con el presidenciable del PSH se limita a una amistad. Ahí mismo, Nasralla respondió «Gracias Oscar, sé quién eres y adonde, junto a todo el pueblo hondureño vamos a llegar #hoyelcambioesposible».

A su vez, el presidenciable explicó que Óscar Melara Facussé ha sido asesor legal del Partido Salvador de Honduras (PSH), no apoderado legal del partido, perteneciendo este al Partido Liberal. «Este señor, Melara, ha sido asesor nuestro, pero no es apoderado legal del partido, tengo como cien asesores, él es uno en realidad», aseguró Nasralla. Por otra parte, argumentó que Óscar Melara no tiene nada que ver con la ZEDE Prospera Hub, en Roatán, debido a que solo les realizó un documento prestando sus servicios de abogacía.

Actualmente, los partidos políticos de oposición se encuentran divididos en sus ideas, en donde presidenciables cuestionan entre sí sus posturas en temas de interés de país, como las ZEDE. Por esta razón tienen oportunidad de prevalecer, al tener el partido de gobierno más firmeza en su estructura, aprobando en su mayoría diputados del Partido Nacional la Ley Orgánica de las ZEDE en 2013.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) denunció a la Empresa Energía Honduras (EEH) por incumplimiento de contrato en el componente de distribución y flujo. Su objetivo era la reducción de pérdidas de la estatal y cinco años después, en lugar de reducirse, han aumentado. 

 

Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix


Después de meses con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la concesionaria Empresa Energía Honduras (EEH) protagonizando demandas y contrademandas, aún no llegan a una resolución para el conflicto de incumplimiento de contrato entre la estatal y la concesionaria. Ni la Junta Interventora de la ENEE ni EEH se han hecho responsables por la incapacidad operativa que concluye en más endeudamientos estatales. Alrededor de esta disyuntiva, surgen cada día otros dilemas que ponen en riesgo el capital hondureño: la correcta distribución del flujo eléctrico para el país y el funcionamiento óptimo del ente eléctrico estatal. Estas empresas, una nacional y otra de capital privado, regresan al ojo público por denuncias y  posibles embargos. 

En un comunicado publicado el 6 de agosto por la ENEE, el comisionado de la Junta Interventora, Yanuario Hernández, estableció que las pérdidas técnicas y no técnicas oscilaban al inicio de operaciones de EEH en 31.95 %, como línea base en el proceso de entrega de la operación. Agregó que tras tres años legalmente cerrados de EEH, se registraron 30.32 % en pérdidas, lo cual constituía una leve reducción, pero esto no cumplía con las exigencias del contrato, pues las pérdidas debían estar en 21.95 %. 

Yanuario Hernández agregó que «a pesar de habérsele pagado a EEH durante cinco años de prestación de servicio unos USD 630 millones (HNL 15,400,000) por concepto de honorarios fijos, para mayo de 2021 las pérdidas siguieron creciendo descontroladamente, disparándose a un 34.26 %». 

Oscar Ramón Nájera, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional (CN), aseguró en una conversación con Contracorriente que «jamás podrá la EEH alcanzar su meta de inversión en dos años si no lo ha hecho en los últimos cinco, las pérdidas deberían estar en 14 % o 15 %, que es solo aceptable». Aún en estas circunstancias de incumplimiento contractual y a solo dos años de la finalización del contrato, Nájera asegura que no es recomendable interponer demandas que pueden costarle al Estado millones de dólares, y esto se sumaría a la  «deuda impagable» que ya acarrea la estatal eléctrica. 

La solución que la comisión ofrece a la ENEE es, según el diputado nacionalista, la «creación de un nuevo sistema de distribución y transmisión, porque una empresa como esta, de naturaleza social, no puede estar perdiendo el 40 % de su emolumento, no puede producir con unas pérdidas así». 

Antecedentes

En el Contrato de Alianza Público-Privada (APP) para la recuperación de pérdidas de servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de distribución financiero, se estipula «la prestación de servicios con el propósito de mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que lleva a cabo la ENEE en el área de distribución, la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, hasta llegar a los niveles de recuperación mínima anual de pérdidas». 

Como factor determinante en este caso, se debe recordar que en febrero del año en curso, la EEH demandó a la ENEE por HNL 4,577,000,000. Oscar Ramón Nájera, explicó que el motivo de la denuncia fue que la estatal eléctrica no abonaba a la concesionaria la cantidad acordada en el contrato. 

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público (MP): «Un jugoso beneficio para la EEH por más de HNL 104.4 millones a pesar de incumplir la reducción de pérdidas».

La denuncia es contra Jesús Mejía, previo directivo de la ENEE y actual candidato a diputado del Partido Nacional, por el delito de fraude cuando ordenó el pago por HNL 104,400,000 a EEH, «a sabiendas que no lograron la meta, justo ocho días antes de que el Comité Técnico del Fideicomiso adoptara la decisión de generar el desembolso», según la nota de prensa de CNA. 

El 17 de febrero de 2016 se firmó el contrato para la reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Mediante un proceso de adjudicación se eligió a la Empresa Energía Honduras (EEH), una sociedad de capital colombiano y hondureño, como ganadora de la concesión. En el contrato, cuya validez se extiende hasta el año 2023, la EEH se compromete a invertir USD 358,000,000, de tal cifra, solo se han invertido USD 140,000,000. 

Previo a esto, se formó la Comisión para la APP, entre el Banco Financiera Comercial Hondureña S. A. (Ficohsa) y la ENEE. La participación de Banco Ficohsa está siendo cuestionada de nuevo luego de que Maribel Espinoza, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Ficohsa, llevase una demanda en contra de la ENEE por HNL 4,457,051,992 al Juzgado de Letras de lo Civil, misma que la institución judicial admitió a pesar de la precariedad financiera de la ENEE.

Fachada del edificio administrativo principal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el Distrito Central. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

«La EEH promovió diligencias preparatorias para demandar al fideicomiso de la ENEE por medio de Banco Ficohsa. En estas diligencias preparatorias, en mi opinión profesional, la juez prevaricó porque dio por reconocida una supuesta certificación de saldos, sin haber convocado al empleado del banco a la correspondiente audiencia. A raíz de esa actuación judicial, el empleado del banco, como víctima, denunció criminalmente a la jueza ante el MP, y promovió un antejuicio ante la Corte Penal contra la juez», explicó Maribel Espinoza.

La EEH inició las acciones legales contra el Estado de Honduras en 2019, alegando incumplimiento de contrato, cuando su representante, Nicolás García Pineda, hijo del exapoderado legal del expresidente Rafael Leonardo Callejas, presentó ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán una solicitud de diligencia preparatoria.

Ese documento que está siendo objeto de investigación a cargo del MP, es en el que se funda una posterior demanda que recientemente promovió Nicolás García Pineda en representación de la EEH contra Banco Ficohsa en calidad de fiduciario y se pretende embargar lo fondos del fideicomiso que garantiza el pago de todos los empleados de la ENEE, proveedores, generadores de energía y demás. 

División de la ENEE

El proceso de «modernización» de la estatal eléctrica implica separarse en tres empresas, según anunció la Comisión Interventora. La ENEE propuso una división tripartita de la institución estatal, partiendo del artículo 29 de la Ley General de Industria Eléctrica. La división consiste en la creación de una empresa de transmisión, otra de generación y al menos una de distribución eléctrica. El cuerpo legal para el proceso de modernización ya está en manos del CN. 

Contracorriente intentó contactar a miembros de la Comisión Interventora de la ENEE para consultarles sobre sus propuestas para la resolución del conflicto, manejo presupuestario y sus proyecciones para la modernización, sin embargo, sus representantes pospusieron las entrevistas para las próximas semanas. 

Un empleado de la ENEE, quien solicitó mantenerse en el anonimato, expresó que esta «es una situación que solo se está dilatando, al final el impacto va a llegar al pueblo hondureño», recordando que no es uno, sino varios problemas simultáneos financieros y legales que la ENEE enfrenta por su gestión. Sumado a esto, comentó que el proceso de modernización desde su aprobación en 2013, «se avizoraba que era una situación para partir a la ENEE en tres y que posteriormente, (mediante) cualquier banco fiduciario operador, se pudiera privatizar, y hacer esto más fácil». 

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Endeudamiento

En la sesión Legislativa del 20 de julio, se aprobó un nuevo endeudamiento por HNL 9,000,000,000 para que la ENEE pueda «cubrir obligaciones financieras adquiridas por esa empresa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio eléctrico», es decir, saldar a sus proveedores los montos de los años anteriores y el actual Ejercicio Fiscal. 

En la misma sesión, el CN discutió el dictamen de bono a los usuarios de la ENEE. Este subsidio del incremento tarifario anunciado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es vigente durante el segundo trimestre del año en curso y es aplicable solo a zonas residenciales, cuyo consumo sea menor a 350 kwh y negocios pequeños o medianos cuyo consumo sea menor a 3000 kwh.  Para financiar tal subsidio, aprobaron que el Ejecutivo reoriente HNL 498, 211,167.30 del presupuesto general de la República. La Secretaría de Finanzas (Sefin) será quien transfiera estos fondos a la ENEE.

«Nosotros como empleados nos sentimos con bastante incertidumbre, sabiendo que en 2015 hubo despidos masivos en lo interno de la empresa para dar esta concesión a EEH, y que EEH al final de cinco años no haya hecho nada por lo cual fue contratada», concluyó el trabajador de la estatal eléctrica.

Por Perla Rivera


Talón de Aquiles

Desconocía los sinsabores de la derrota, toda empresa era un rotundo éxito y en todo el país era reconocido por su dureza, su valentía y su poca piedad hacia el contendiente.

Una tarde mientras se miraba en el espejo, muy orgulloso, descubrió la imagen de un anciano que lo observaba sonriendo con mucha ternura, ese gesto bastó para que el guerrero omnipotente y despiadado se quebrara como la más frágil espiga.

*** 

Karma

Le llamaban el Comeculebras, pues toda serpiente que encontraba iba a parar a su gigantesca sartén azul. Su fama llegó tan lejos que un circo en Sudamérica lo contrató como su principal estrella. En uno de sus días libres salió a dar un paseo para conocer, un poco, la frondosa Selva Amazónica. La naturaleza es sabia y todo lo cobra, ese día realizó su último acto; una Anaconda sorpresivamente le salió al paso y vengó a toda su especie.

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Eternidad

Sufría de múltiples malestares. Un día mientras las dos conversaban, vio sutilmente a los ojos de su hija y le dijo sonriendo: ¿Sabes pequeña? Cada vez que me abrazas mi vida se extiende un poco más.

Desde entonces su hija no deja de abrazarla y los malestares acabaron como por arte de magia.

Todos los días, Víctor y Domingo recorren la playa de Trujillo buscando clientes que quieran pagar por escucharles ejecutar alguna canción. Juntos son el Dúo Trujillano, y cantan rancheras a los turistas para poder vivir. Cuando el Gobierno declaró el estado de emergencia por la expansión de la COVID-19, el dúo sufrió la ausencia de los turistas debido a las restricciones sanitarias. La playa donde trabajan cerró y ellos debieron optar por buscar otras formas de sostener a sus familias: limpiando solares, como ayudantes de Albañil o haciendo algún trabajo de carpintería.

Víctor de 63 años (originario de Catacamas, en el departamento de Olancho) y Domingo de 62 años (originario de Sonaguera, en el departamento de Colón) se conocieron en la adolescencia cuando les presentaron como primos y juntos aprendieron a ejecutar distintos instrumentos musicales. Pero Víctor no se dedicó a la música hasta después de los treinta años, cuando decidió mudarse a Ceiba para unirse a su primo en el oficio de cantar canciones. Con el tiempo el dúo decidió radicarse en Trujillo, y es ahí —donde a pesar del riesgo a contagiarse de COVID-19— que han regresado a la playa buscando entre los pocos turistas que ahora llegan a alguien que quiera pagar por escucharles cantar.

El presidente Juan Orlando Hernández promete el mayor impulso económico de su gestión con el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Palmerola el próximo 15 de octubre. Sin embargo, el emblemático asesinato de un periodista en la zona de influencia directa del proyecto, la crisis económica de la pandemia y las irregularidades en la concesión oscurecen el panorama.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix y Laura García


Tras cinco años de planificación y construcción, con una inversión que superó el presupuesto inicial y se situó en USD 209.3 millones (HNL 5000 millones), el 15 de octubre iniciará operaciones el Aeropuerto Internacional Palmerola, concesionado mediante alianza público-Privada al consorcio EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.

Este proyecto y el inicio de las operaciones un mes previo a las elecciones representaría un hito en la gestión altamente cuestionada del presidente Juan Orlando Hernández, principalmente por la reelección ilegal de 2017 y su involucramiento en casos relacionados con el narcotráfico en una corte de Estados Unidos. En ese contexto, Hernández, como máximo impulsor de este proyecto, asegura que el aeropuerto «proyectará a Honduras hacia el futuro», pero también advierte que tendrán que «tomar decisiones para que pueda ser atractivo a la inversión extranjera y nacional».

El principal foco de esas decisiones será el área de influencia directa del aeropuerto: los municipios de la Villa de San Antonio y Comayagua; este último un destino turístico colonial golpeado por la pandemia, en el que —por la falta de turistas y las restricciones impuestas por el Gobierno— cerraron un estimado del 30 % de los comercios afiliados a la Cámara de Industria y Comercio de Comayagua.

Sumado a la situación económica, las autoridades policiales y de seguridad avisan sobre la migración de pandillas en la zona, y la población prevé aumento en la delincuencia con la llegada de un mayor flujo de personas. Todo esto en un departamento que en 2020 resultó como el sexto lugar con mayor número de homicidios a nivel nacional.

Irregularidades en la obra de construcción del Aeropuerto de Palmerola

El 7 de febrero de este año el presidente Hernández aseguró en un acto público que en octubre finalmente estarían entregando el nuevo aeropuerto de Palmerola, tras una serie de aplazamientos desde la fecha original de entrega pactada para 2019. 

«Todos (los presidentes) dijeron que lo iban a hacer y a mí no me pregunten, ¿Por qué no lo hicieron?, yo solo sé que yo vine un día aquí a Comayagua y les dije que vamos a hacer al aeropuerto Palmerola porque Honduras se lo merece y ya pronto va a estar listo, tal como lo dijimos. Como dice el eslogan: “Dicho y hecho»», manifestó.

Lo cierto es que el inicio de la operación civil y comercial de un nuevo aeropuerto en la zona de Palmerola había sido un proyecto desde tiempos de Manuel Zelaya como presidente del país (2006 y 2009), y que fue planeado con mayor presión tras el accidente en 2008 de un avión de la aerolínea Taca que intentaba aterrizar en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y que dejó un saldo de cinco muertos y más de sesenta heridos.

Tras el Golpe de Estado que depuso a Zelaya, el Aeropuerto Internacional Palmerola fue anunciado oficialmente por el Gobierno de Porfirio Lobo en 2012 cuando se emitieron las bases para la licitación y concesión de la construcción del área civil dentro de la base aérea militar y que en ese momento fue adjudicada a la empresa hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S. A. (Saisa), del Grupo Terra.

Grupo Terra que ya tenía la concesión del aeropuerto Toncontín fue el único oferente y ganador de la licitación por un monto de USD 107 millones, un 50 % menos de lo que actualmente se está pagando por la construcción del aeropuerto. Finalmente, en 2014 el contrato fue anulado, supuestamente por un cambio en las condiciones de seguridad del nuevo aeropuerto. El nuevo proceso de alianza público-privada fue abierto y finalmente adjudicado a la empresa EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.

presidente Marco Aurelio Soto
El municipio de Comayagua fue declarado capital del país entre 1825 y 1880, fue después de la toma de posesión del presidente Marco Aurelio Soto que el Distrito Central (Comayagüela y Tegucigalpa) se convirtió en la actual capital. Comayagua, 11 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Para llevar a cabo este proyecto, previo a la firma del contrato de concesión, estas empresas fundaron la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport (PIA), la cual fue constituida con menos de un millón de dólares por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez, quien también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, y presidente de la junta directiva de Inversiones Los Pinares, una empresa minera que tiene una concesión en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este parque fue declarado área protegida en 2012, pero el Congreso Nacional redujo su zona núcleo permitiendo que las hectáreas pasaran a la concesión otorgada a la empresa de Lenir Pérez.

Inversiones Los Pinares se asoció en 2015 con la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, un importante donante de la campaña del expresidente Donald Trump en 2016 y en 2020. La empresa hondureña ha protagonizado un conflicto con los pobladores que serían afectados por el proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. Dicho enfrentamiento ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados en la zona norte del país.

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https://contracorriente.red/2020/11/09/la-conexion-escondida-de-una-siderurgica-de-ee-uu-con-la-polemica-mina-de-los-pinares-en-honduras/

Finalmente, el 31 de marzo de 2016, Pérez y el presidente Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión inicialmente era de USD 163 millones.

El 29 de mayo de 2019 dicho presupuesto sufrió una modificación mediante una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional por parte de los diputados de oposición. En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en USD 46.2 millones. Resultando el presupuesto de las tres fuentes de financiamiento en fondos del concesionario (UDS 87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España (USD 53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de USD 22.2 millones y ahora es de USD 68.4 millones. Sumado a esto se amplió el tiempo de concesión de 30 a 35 años debido a retrasos en el inicio de las operaciones. 

Ante la falta de transparencia en el proceso de aprobación de la ampliación presupuestaria, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación que concluyó en el informe Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola. 

El documento cita que «desde el Congreso Nacional de Honduras, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado».

En primer lugar, el informe señala que tras el inicio de las operaciones será el Estado de Honduras el responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola, y asegura que «este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario».

Comayagua | Centro de Comayagua
Una mujer atraviesa el parque central de Comayagua ubicado en el casco histórico del municipio. Comayagua, 10 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

El involucramiento de Cinsa se da en el marco de la adjudicación de contratos para la supervisión de instalación de hospitales móviles comprados por Invest-h para atender la pandemia. En ese sentido, Marco Bográn autorizó la contratación directa de esa empresa para realizar la supervisión de obras de construcción del plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán, omitiendo su deber legal de solicitar la autorización correspondiente al Consejo Directivo de Invest-h, conformado por entidades de gobierno, sector privado y sociedad civil.

Según las investigaciones tampoco solicitó la presentación de la escritura de constitución legal de la empresa adjudicada, la constancia del registro de contratistas de Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), ni el permiso de operación de la municipalidad, documentos que ya estaban vencidos de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público. Sumado a todos esos agravantes, el requerimiento fiscal indica que uno de los socios de CINSA es Napoleón Bográn, tío paterno de Marco Bográn. 

Con el objetivo de obtener una réplica con respecto a estas irregularidades, en reiteradas ocasiones Contracorriente solicitó una entrevista a la oficina encargada de comunicaciones de Palmerola International Airport, así como el acceso a la construcción del proyecto, pero no hubo respuesta. 

El asesinato de Luis Almendares y la inseguridad creciente en Comayagua 

Las preocupaciones por la inseguridad en el municipio de Comayagua crecen ahora que este municipio se convertirá en el “centro logístico de las Américas”. Después de un asesinato de alto impacto el pasado 27 septiembre de 2020, esas preocupaciones aumentaron. Luis Almendares de 35 años, uno de los periodistas más reconocidos de esa ciudad, fue asesinado mientras se dirigía a su casa en el barrio Mata de caña, uno de los más peligrosos de la ciudad. 

La cuenta de Facebook de Luis contaba con más de 25.000 seguidores, desde allí informaba y denunciaba problemas de la comunidad, y en diversas ocasiones señaló a las autoridades como corruptas o negligentes, incluyendo a funcionarios, diputados, incluso al que ha sido alcalde de esa ciudad por 23 años: Carlos Miranda. 

Según los informes policiales, aproximadamente a las seis de la tarde dos sujetos conducidos en una motocicleta le interceptaron en una tienda cercana a su casa y dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el atentado, transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook para pedir ayuda. Entre gritos de dolor relató que se estaba desangrando y pidió que cuidaran a sus hermanas menores quienes vivían a su cargo. Cuatro de las balas se quedaron dentro de su cuerpo, su columna fue destrozada y un riñón fue perforado por los proyectiles. Vecinos de la zona le llevaron al hospital Santa Teresa en Comayagua, allí consciente reveló información de los asesinos a las autoridades y se despidió de sus hermanas, pero tras una operación para extraer los proyectiles dentro de su cuerpo, fue trasladado al Hospital Escuela en Tegucigalpa donde entró en estado de shock y finalmente falleció.

Comunidad donde residía el periodista Luis Almendarez. Comayagua, 14 de julio de 2021. Foto: Laura García

Ante el asesinato de una persona tan mediática las autoridades anunciaron el inicio de las investigaciones para dar con los autores del crimen. El pasado 29 de junio el Ministerio Público anunció la captura de dos personas identificadas como Junior Francisco Bonilla Sosa (36 años) y Juan Carlos Gutiérrez Lara (25 años), por quienes la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) solicitó auto de apertura a juicio por suponerlos responsables del crimen. 

Contracorriente habló con uno de los familiares de Luis, a quien protegeremos su identidad por razones de seguridad. Esta persona que la familia ya sabía que un atentado podía ocurrir tarde o temprano, porque Luis era una persona que «si miraba una noticia o denuncia sobre cualquier persona, ya sea diputados o empresarios, él la publicaba. Ninguno de los periodistas de Comayagua se compara con él». 

Luis era una de las personas más conocidas de esa ciudad, se había graduado como periodista en la regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y estaba próximo a terminar las clases para graduarse de abogado.

Uno de sus colegas periodistas en la zona, Vidal Andino, cuenta que lo conocía desde hace unos veinte años cuando Luis era líder estudiantil en la secundaria. Dice que dos días antes del asesinato habían platicado por Whatsapp, y que lo último con lo que Luis bromeó fue con que las personas que no lo querían lo iban a matar. «Las últimas veces lo miré triste y callado, y nunca estaba callado, estaba pensativo y yo me preguntaba: “¿qué pasará con Luis?”, no era el mismo de siempre», asegura. 

A pesar del riesgo que Luis había asumido por sus denuncias, Vidal asegura que el asesinato tuvo origen en conflictos personales y familiares, y que las autoridades han seguido esas líneas de investigación para hacer las capturas de los sospechosos, pero también remarca que a pesar de que las razones no fueron por el ejercicio de su profesión, siempre que asesinan a un periodista se afecta la libertad de expresión. 

«Los que quieren callar la libertad de expresión ganan una batalla, hacen retroceder el periodismo, sabemos que a pesar de ser populares no nos liberamos de un ataque», concluye.

Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Luis Almendares es el periodista número 85 asesinado en Honduras desde 2001. Además, cuentan en sus informes que, a raíz de sus publicaciones en redes sociales, lo amenazaron e intimidaron en al menos tres ocasiones desde 2018.

Según la clasificación mundial publicada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras actualmente ocupa el puesto 151 de 180 países en cuanto a libertad de prensa. Según describen esto se debe a que «las agresiones, las amenazas de muerte, los asesinatos y los procesos judiciales abusivos contra periodistas de oposición y medios de comunicación comunitarios no dejan de aumentar».

catedral de Comayagua
Iglesia Catedral de Comayagua, uno de los monumentos coloniales más antiguos del país, construida bajo el estilo barroco, su fecha de inauguración es el año 1715. Comayagua, 11 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Según Vidal, los conflictos personales que desencadenaron el asesinato de Luis tienen que ver con el contexto de violencia en Comayagua, específicamente con el ambiente en el que creció: un burdel ubicado en la salida del casco urbano de la ciudad. «Él siempre hablaba de su experiencia y de las cosas que vio desde niño, contaba que ese ambiente lo marcó y por eso siempre quiso estudiar, prepararse y darle apoyo a la gente pobre», cuenta.

Esta base fue construida por Estados Unidos como estrategia de las operaciones contra el comunismo en la época de la guerra fría en Centroamérica, y treinta años después se mantiene como centro de operaciones para el combate al narcotráfico y tareas de rescate civil en las que participan un aproximado de 500 efectivos del país norteamericano. 

En ese sentido, Reynaldo Irías, jefe de comunicaciones de la región central para la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), reconoce el vínculo entre los militares estadounidenses y el comercio sexual en la ciudad. Al referirse al burdel en donde Luis creció cuenta que «ese lugar se presta para el tráfico de drogas y siempre ha habido investigaciones en ese aspecto, tradicionalmente ha sido visitado por norteamericanos por la cercanía de Palmerola, incluso ese lugar ha sido allanado varias veces por otras instituciones por el tema de la droga».

Cabe resaltar que el Código uniforme de justicia militar de los Estados Unidos de América prohíbe a los soldados que conforman una fuerza internacional visitar trabajadoras sexuales mientras estén en servicio. 

Sobre el contexto de violencia en la zona y el temor de que el nuevo aeropuerto aumente la criminalidad, Irías asegura que se ha identificado la migración de miembros de pandillas a Comayagua con el objetivo de encontrar espacios semiurbanos tranquilos para desarrollar sus actividades. Sin embargo, Irías dice que este fenómeno no sería necesariamente provocado por la llegada del Aeropuerto Internacional Palmerola, sino que es consecuencia del trabajo de la FNAMP en las ciudades donde ya se tiene plenamente identificada y mapeada la presencia de las pandillas. 

«El fenómeno es que las pandillas ya no buscan ciudades, sino que buscan la zona rural como los alrededores de Comayagua. Ya que ahora pueden encontrar su principal fuente de financiamiento en el tráfico de drogas en lugar de la extorsión. Ellos están buscando a las personas que se han dedicado al cultivo de maíz y frijol en las zonas rurales, porque con la marihuana les pueden ofrecer más dinero», comentó Irías.

FNAMP Comayagua | Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas
Sede de la oficina de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAP). Comayagua, 10 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

En ese sentido, en agosto de 2020 Contracorriente conversó con Carlos Ramón González Sosa, en ese entonces comandante de la Unidad Departamental nro. 3 de la Policía Nacional ubicada en Comayagua, quien confirmó la migración de miembros de maras y pandillas desde 2018 a los alrededores de esa ciudad. Además, comentó que prevén aumento en el tráfico de drogas y lavado de activos con el inicio de las operaciones del aeropuerto, pero que esto será contrarrestado con la llegada a Palmerola de Interpol, Policía de fronteras y la Policía Antidrogas. 

Sobre el tema del comercio sexual dirigido específicamente para los norteamericanos de la base aérea, el comandante Gonzales aseguró que las personas que participan en esa actividad «generalmente no traen ningún problema para la ciudad e incluso lo que traen es ingreso económico, siendo la profesión más antigua del mundo».

Centro de Comayagua
Según declaraciones de la Policía Nacional, el bar La gota de limón ubicado en el casco histórico de Comayagua, ha sido identificado como punto de comercio sexual. Comayagua, 11 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

En 2019 las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Plan de Nación de manera conjunta con la Municipalidad de Comayagua y las demás municipalidades que conforman la Subregión Palmerola, concretaron el Plan Maestro del Aeropuerto Palmerola en el que contemplaron diversos aspectos del contexto en la zona, entre ellos: político institucional, ambiental, sociocultural, económico, asentamientos humanos y planificación territorial, movilidad e infraestructura. Sin embargo, en ningún caso consideraron estrategias para abordar la inseguridad, en un departamento que en ese entonces ya ocupaba el quinto lugar por homicidios por cada 100,000 habitantes. 

Palmerola, centro del desarrollo económico en Honduras

Ivis Mejía de 40 años es enfermera y miembro de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la regional de La Paz, vive en la comunidad de El Porvenir entre los municipios de Siguatepeque y La Paz, ambas zonas de influencia del nuevo aeropuerto. Pertenece a un grupo de 75 familias que ejercen acciones de recuperación de 90 manzanas de tierra en esa misma comunidad, allí siembran maíz, frijol y plátano para sobrevivir. 

En octubre de 2019 sus cultivos fueron destruidos por empleados del terrateniente que se había apropiado de esas tierras y miembros de la Policía Nacional, por eso Ivis piensa que la seguridad que se ha multiplicado en la zona de influencia del aeropuerto solo es para la gente con recursos económicos, asegura que «si a alguien pobre lo encuentran con una carreta de leña para hacer sus alimentos se lo llevan con todo y la carreta a la cárcel». 

Sobre el inicio de las operaciones del Aeropuerto de Palmerola y las promesas del Gobierno sobre el desarrollo económico para las personas de la región, Ivis piensa que «viene a afectar al campesinado, porque sería una extensión del área urbana entonces los empresarios intentarían hacer inversiones en nuestras zonas de cultivo. Por otra parte, en el comercio, los campesinos no estamos muy bien vistos, deberemos tener RTN (Registro Nacional Tributario) para vender hasta un par de libras de frijoles y si no, no se nos compra». Finalmente, la comunidad donde vive Ivis aunque se encuentre en la zona de influencia del aeropuerto, no recibirá beneficios con la llegada del aeropuerto en el futuro inmediato.

Siguatepeque, Comayagua
La enfermera y dirigente campesina, Ivis Mejía, retratada en su casa durante la entrevista para Contracorriente. Siguatepeque, Comayagua, 11 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Estos dos municipios ubicados en el caluroso, pero altamente productivo Valle de Comayagua, también son los que mejor infraestructura turística y comercial tienen en la zona de influencia.

Lea más en: https://contracorriente.red/2019/10/25/palmerola-el-centro-logistico-del-olvido/ 

El Plan Maestro apunta que la ZDEP será «un área destinada a estimular el desarrollo económico de las actividades relacionadas con el aeropuerto, en el marco de un ordenamiento territorial. Comprende el uso agroindustrial, industrial, logístico tecnológico y exportación».

Hasta el momento la ZDEP no cuenta con reconocimiento legal, por lo que apuntan que es necesario contar con un ente gestor y regulador que esté a cargo de acciones de gestión y promoción sobre la función del aeropuerto con fines de exportación, así como acciones de regulación del uso de la tierra, y en general para el manejo de la zona de desarrollo económica. 

No queda claro si la ZDEP planteada en el Plan Maestro podría convertirse en un futuro en un paralelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que son zonas de libre comercio con personalidad jurídica y territorio propio que han sido ampliamente señaladas como vulneraciones a la soberanía nacional, o si serán los mismos concesionarios los encargados de administrarla.

mapa del Palmerola

Entre ese planteamiento también surgió en las últimas semanas la propuesta por parte del concesionario de operar la zona del aeropuerto bajo el modelo de Ciudad Aeropuerto en el que según lo planteó el ministro de la presidencia Abraham Alvarenga «potenciará el polo de desarrollo económico donde inversionistas nacionales y extranjeros pueden venir a establecer centros turísticos, hoteles, centros logísticos y otros proyectos, y qué mejor manera que hacerlo de forma armónica entre Gobierno y alcaldías y armonizar las políticas nacionales y locales».

La idea de los doce alcaldes de los municipios de la zona de influencia que ya se reunieron para iniciar una nueva planificación es que se logre unificar un plan de arbitrios para la zona económica con el fin de que la inversión genere desarrollo equitativo en los municipios.

En ese sentido, Gabriela Padilla, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Comayagua (CCICOM), asegura que el desarrollo ya ha iniciado en Comayagua y que «hay gente de Tegucigalpa que ya se está trasladando a Comayagua porque las oportunidades de empleo que estará generando serán increíbles».

«Tenemos una zona de producción muy buena y ahora teniendo el aeropuerto de Palmerola vamos a poder exportar a la región, incluso van a venir empresas exportadoras de El Salvador para que se exporten sus productos desde Comayagua. Ya han venido de la zona norte a Comayagua, porque como lo demostraron las tormentas la zona norte es inundable y se perdió mucha producción, pero aquí en el valle a pesar de las tormentas no se perdió tanta producción porque somos un valle y tenemos una riqueza de terreno increíble».

Padilla cuenta que como parte de su trabajo como Cámara de Comercio han capacitado a empresarios locales para poder estar a la altura del flujo de pasajeros que llegarán a la ciudad, pero también dice que intentan hacerles ver que el desarrollo va a depender de ellos mismos y no de las empresas.

«Las oportunidades se van a dar sí o sí, pero si las personas de Comayagua no se han preparado y se han dormido en sus laureles hay gente de afuera que sí se ha preparado y van a venir con todo a buscar esas oportunidades», concluye. Según estadísticas de la CCICOM tan solo un 50 % o 60 % del personal que actualmente está trabajando en la construcción del aeropuerto es de Comayagua y sus alrededores.

Cámara de Comercio
Jensy Padilla Jiménez, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua durante la entrevista con Contracorriente. Comayagua, 15 de julio de 2021. Foto: Laura García

Según información de la encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE), Comayagua se encuentra en el sexto lugar del país con mayor índice de desempleo abierto.

Finalmente, para Padilla, hablar de una circunstancia idónea en la región de Comayagua es utópico por el contexto y dificultades en el sector económico que ha dejado la pandemia, pero asegura que «no se puede retrasar el desarrollo, independientemente de la situación». 

Otro de los puntos que aborda el Plan Maestro es el aspecto ambiental, donde identifica que con la puesta en operación del Aeropuerto Palmerola, el agua para uso doméstico y para uso industrial será insuficiente para la demanda de las operaciones de tipo comercial, de vivienda y otros que tendrán lugar en la subregión. Sumado a esto, en el análisis de la cobertura boscosa en la subregión, según el Instituto de Conservación Forestal, una cantidad de 19,000 hectáreas de bosque han sido afectadas en la zona a causa de la plaga del gorgojo descortezador, lo que disminuirá la producción de bosque y agua de manera significativa y consecuentemente la calidad del aire.

Mientras tanto, la campesina Ivis asegura que el supuesto dueño de las tierras que la CNTC está recuperando, quiere venderlas a empresas extranjeras o turísticas en el marco de la llegada del aeropuerto. «Cuando dicen que habrá millones para los campesinos uno se alegra, pero al final uno cae en la razón de que al campesino, en realidad no le llega nada, se queda todo allá. Y bueno, tenemos que aceptar el aeropuerto y tratar de sobrevivir como nos toque, luchar por donde sea, correr cuando nos sigan», concluye.

El Proyecto Identifícate, en ejecución desde 2019, planeaba el enrolamiento masivo de 5,5 millones de hondureños en edad para votar en las generales de noviembre, sin embargo, con las elecciones a la vuelta de la esquina 1,7 millones de los documentos aún no han sido entregados. 

Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix


De no ser entregados los documentos nacionales de identificación (DNI) restantes, casi dos millones de hondureños estarían en riesgo de no ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales del domingo 28 de noviembre, dilema provocado por la tardanza del Congreso Nacional (CN) en aprobar el presupuesto solicitado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) para continuar con la entrega del documento de identidad en las zonas rurales del país. 

«De 3,3 millones (documentos de identidad), con todo el personal, entregamos 1,7 millones en 20 días, y el resto lo hemos entregado como hemos podido», indicó el comisionado permanente del RNP, Oscar Rivera, en una conversación con Contracorriente, luego de reconocer el caos en la entrega de identidades, pero al mismo tiempo recordando que la tardanza no ha sido provocada por este organismo, sino por entidades ajenas a su competencia. 

El RNP tiene almacenados 1,7 millones de DNI que aún no han sido entregados en las zonas rurales del país. El total de personas enroladas a nivel nacional es de 5,263,479, según las cifras publicadas en la página web del Proyecto Identifícate. El 52.4 % corresponde al sexo femenino y el 47.6 % al sexo masculino. 

Las antiguas identidades quedarían obsoletas el 15 de agosto de 2021, sin embargo, el CN ha presentado una iniciativa para que la validez de las identidades se extienda dos meses más, es decir, hasta el 15 de octubre de 2021. En ese mismo sentido, tomando en cuenta la ratificación de actas, el comisionado Rivera señaló que ningún ciudadano tendría excusa para no adquirir su documento de identificación y consecuentemente ejercer su derecho a votar en noviembre. «El Registro está preparado para poder atender, y en cualquier circunstancia, resolver y defender desde la institución el derecho a votar», afirmó. 

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El comisionado representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oscar Rivera, fue investigado por una comisión interna de su mismo partido, después de que en enero de 2021 se viera implicado en un caso de supuestas coimas en el RNP, cuando unos audios fueron difundidos en redes sociales y se le escuchaba negociando cargos políticos a cambio de dinero. El Partido Libre resolvió construir esta comisión interna para evaluar si era separado, sin embargo, finalmente fue liberado de responsabilidades. 

El Legislativo, en la sesión del martes 3 de agosto de 2021, dictaminó «aprobar en todas y cada una de las partes el Contrato de Préstamo nro. 2262, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento, por un monto de USD 9,459,622.95, recursos destinados a financiar la ejecución del Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate) Tramo C». 

El Tramo C surgió luego de los ajustes presupuestarios y de logística provocados por la pandemia por COVID-19, pues, originalmente, el proyecto solo consistía en la realización de los Tramos A y B, según explicó el comisionado, quien además funge como Secretario Nacional de Asuntos Electorales del Partido Libre. 

El Proyecto Identifícate asumió costos extra de materiales de bioseguridad, desde mascarillas, cloro y gel hasta la contratación de quinientas personas más que no estaban presupuestadas para el tema de higienización y alquiler de vehículos para llegar a zonas rurales, pues por la emergencia sanitaria no se podía reunir a muchas personas en un solo centro de enrolamiento, según mencionó Rivera. 

Se esperaba esta aprobación presupuestaria desde el 10 de julio, cuando llegó al CN. «Por la emergencia que significaba tener los fondos, han pasado más de tres semanas y hay un debate que no está cerrado en el CN, es más, ni los fondos del CNE (Consejo Nacional Electoral) están aprobados, están faltos de ratificación del acta», aclaró Rivera. 

Esto significa que el Poder Legislativo dictaminó la aprobación de ambos presupuestos para el RNP y el CNE —los dos organismos que trabajan indirecta, pero complementariamente en la preparación y transparencia de las elecciones—, sin embargo, aún se espera la ratificación de las actas, proceso que constituirá la validez legal de los presupuestos previamente consensuados por las bancadas en el CN.

Y además señaló que «si se logra aprobar (ratificar) el presupuesto, nosotros tenemos alrededor de una semana para operarlo. Ese presupuesto pasa un proceso con nuestra contraparte que es PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en el cual tenemos la posibilidad de activar todas las capacidades operativas y técnicas a nivel nacional».

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el encargado del apoyo técnico e implementación del proyecto, esto a través de la asesora técnica principal, Alessandra Rossi. El presupuesto originalmente aprobado fue de USD 70,775,453. El ejercicio fiscal, según los informes publicados por el PNUD, se desglosa así: USD 1,086,811 en el año inicial del proyecto, USD 39,034,164 en el 2020, y USD 26.051.880 hasta la fecha del 2021. 

El equipo directamente encargado de la entrega de los documentos de identificación desde el RNP está conformado aproximadamente por 3500 personas, «todas capacitadas con conocimientos técnicos sobre el proceso de entrega de DNI, enrolamiento y actualización domiciliaria, con el equipo y toda la parte de tecnología». El comisionado continuó explicando que estas son herramientas fundamentales para alcanzar la operatividad al 100 % y garantizar a la ciudadanía hondureña tranquilidad de resultados en las próximas elecciones.

Cambios domiciliarios

Con respecto a las denuncias por cambios domiciliarios de las zonas rurales a las principales ciudades del país, el comisionado Oscar Rivera explicó que, tomando en cuenta el universo total atendido durante el enrolamiento del RNP, que es de 5,300,000 ciudadanos, tienen permitido un margen de error que actualmente es del 3 %. El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), reconoce en este tipo de proyectos que involucran levantamiento y registro de datos, un margen de error de 8 % hasta 10 %. 

Los conflictos con los cambios domiciliarios, según explicaciones del RNP, surgen de problemas de homonimia, es decir, zonas residenciales en distintos puntos del país con los mismos nombres. «La aldea El Aguacate en Juticalpa con el Barrio El Aguacate, por ejemplo». Reiteró luego de esto, que la ciudadanía necesita la mayor cantidad de transparencia en unas elecciones con este grado de importancia. 

Sobre estas denuncias de cambios domiciliarios que levantan sospechas en la población, el abogado Flavio Nájera, consejero suplente del CNE, explicó que «el Consejo Nacional Electoral tiene abierta una aplicación en la página del consejo donde la gente puede hacer las denuncias, y apersonarse el RNP y corregir (las irregularidades) a través del formularios en dichos registros municipales».

Sin embargo, Omar Menjivar, candidato a la alcaldía municipal de San Pedro Sula por el Partido Libre, responsabiliza de los cambios domiciliarios en la zona norte del país a Luis Estrada, quien funge como supervisor del Proyecto Identifícate y además fue director del RNP. «Fue suspendido formalmente hace un tiempo, pero nunca se materializó esa suspensión», agregó Menjivar. 

En ese mismo sentido, Menjivar dijo a Contracorriente que la comunidad ha denunciado a Luis Estrada por efectuar traslados arbitrarios de dominio electoral, sin que sean debidamente autorizados. «Ha traído en buses, gente de Pimienta, Potrerillos y Villanueva para inscribirlos en San Pedro Sula y voten acá. Incluso ha traído buses de Ocotepeque, Choluteca y Santa Bárbara», concluyó.

Por su parte, Flavio Nájera comentó: «Es muy importante, también que necesitamos ir desarrollando este tipo de medidas para corregir todas estas anomalías que se dieron en el proceso de enrolamiento que repercuten en el proceso electoral». 

Consecuencias electorales 

En la misma sesión del martes, el Legislativo autorizó al CNE que pueda contratar —con todos sus requerimientos y bajo un proceso especial o de forma directa— la adquisición del sistema de verificación por huella digital, sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares (TREP), para su implementación en las elecciones generales 2021, con todos sus componentes. 

En tal presupuesto se incluyen todos los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean necesarios para el desarrollo efectivo de dichos comicios electorales, y cuya modalidad de contratación —de acuerdo con el monto— sea de licitación o concurso.

Una mujer participa en las elecciones primarias del pasado marzo en el centro de votación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una Mesa Electoral Receptora (MER) del Partido Nacional. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Flavio Nájera explicó que lo que procede ahora, luego de la aprobación de los presupuestos, «es replantear todo el proceso de transmisión de datos, pues el anterior para la junta receptora de votos y su capacitación ya no es viable por los tiempos. Se necesita un nuevo proceso en el que tengamos siempre la misma confianza, la misma certeza que puede generar cualquier sistema de transmisión en el mundo». 

La obligación de la transparencia en las elecciones no recae solo en el CNE, explicó el consejero Flavio Nájera: «También son responsables inmediata y directamente las juntas receptoras de votos conformadas por los partidos políticos». De igual manera, Nájera reafirmó la responsabilidad que el CNE tiene con el pueblo de informar todo el proceso de transmisión de votos, cómo se van a transmitir, y qué empresa los va a transmitir para generar confianza y transparencia.

En preparación para las primarias de marzo, se realizó el censo electoral en los últimos meses del 2020. Su propósito era eliminar de las bases de datos todas las inconsistencias con identidades de migrantes y muertos que podrían aparecer aún en los listados electorales, alterando esto la integridad electoral. 

Con el mismo objetivo, y para evitar la repetición de la crisis sociopolítica de los últimos años electorales, el CNE está trabajando en el Censo Nacional Electoral Provisional para las generales del 2021. Aunado a esto, el presupuesto aprobado en la sesión legislativa el 3 de agosto, obliga al organismo electoral a que adquiera para las próximas elecciones el sistema de verificación por huella digital, mismo que la población ha exigido en repetidas ocasiones.

De enero a junio de 2021 no se reportó ningún muerto por COVID-19 en la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, zona norte de Honduras. Pero a partir de julio, los contagios y muertes aumentaron. Desde entonces han fallecido, en promedio, un total de seis personas a la semana, la mayoría en la aldea, a pesar de que esta solo cuenta con 7000 habitantes. 

 Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Edgar Hernández, Dania Mencía, Diario de San Antonio y portales de Gobierno


La calle principal de la aldea de San Antonio es de tierra color rojizo. Aunque generalmente luce despejada, cada cierto tiempo es surcada por motocicletas, autobuses, vehículos
pick-ups y camionetas que dejan a su paso nubes de polvo. 

En la aldea se respira un ambiente de calma, característico de comunidades rurales, en donde prima el sonido de los pájaros, reina la vegetación y el viento es fresco. En sus comienzos, la mayoría de casas fueron construidas con ladrillos de adobe, producidos con un barro —de arcilla y arena— mezclado con paja, pero con el tiempo, gracias a la migración de muchos habitantes a EE. UU., algunas viviendas contrastan por sus finos acabados.

Es frecuente encontrar en San Antonio a los adultos mayores usando sombreros, un símbolo distintivo que los identifica como campesinos hondureños, mientras que las mujeres mayores —la mayoría apegadas a la religión católica o evangélica— usualmente usan faldas.

La aldea San Antonio cuenta con aproximadamente 7000 habitantes y forma parte del municipio de Sulaco, que a su vez cuenta con 18,000 habitantes. Los hogares están compuestos por cinco y hasta diez miembros, muchos de estos se casan, tienen hijos y se instalan en el mismo solar. En las tardes, algunos jóvenes después de sus actividades (entre estas partidos de fútbol) llegan a visitar a sus abuelos.

Hasta julio de 2020, en esta tranquila aldea el panorama no había cambiado tan drásticamente, se registraron en esos primeros meses de pandemia apenas cuatro muertes por COVID-19. Dichos decesos, aunque generaron un poco de alarma, no asustaron a la comunidad.

¿Cómo comenzó todo en San Antonio?

Es 13 de julio de 2021, se respira calma en la aldea San Antonio a pesar de que hace dos días falleció por COVID-19 un hombre llamado Maro Reyes, en la aldea vecina Las Pilas.  Un grupo de pobladores planifica el primer aniversario de la Fundación Para el Desarrollo de San Antonio, que tendría lugar el 16 de julio. En la aldea, como en otras zonas del país, la gran mayoría ha olvidado el uso de mascarillas, gel y muchos no respetan las medidas de distanciamiento recomendadas para no contagiarse de COVID-19. Algunos aseguran que el coronavirus es cosa de las grandes ciudades.

Por otra parte, la Secretaría de Salud descuida a miles de personas de este grupo poblacional, muchos de los cuales viven en condiciones de pobreza y no cuentan con los recursos para abastecerse de mascarillas y gel, porque apenas les alcanza para llevar el pan a la mesa.

Pero el evento, programado para el 16 de julio, nunca se lleva a cabo, porque ese mismo 13 de julio, inesperadamente, explotan los casos de COVID-19 y se produce la primera muerte en la aldea San Antonio. En asamblea, la comunidad decide aplazar el evento.

Alba Rosa Mencía fue la primera en morir por COVID-19, durante el 2021, en la aldea San Antonio. Era la esposa de Diego Palma, quien días después también falleció. Tras la muerte de Alba, otras personas comenzaron a presentar fiebres altas, tos y comenzaron a correrse noticias de que había familias enteras con problemas respiratorios.

«Lo que ocurrió ya se venía venir, porque la gente andaba sin mascarillas, había eventos deportivos, celebración de cumpleaños, todo el mundo circulaba como si no pasara nada, las pulperías lucían llenas, las iglesias hacían cultos… la gente usaba la mascarilla solamente como un requisito. Si salían a un supermercado, se ponían la mascarilla en la puerta solo para el ingreso, lo mismo hacían si iban a un banco», dice Dania Mencía, habitante de la aldea San Antonio.

Después de que se produjo la muerte de Alba, los reportes de las autoridades de salud contabilizaban diariamente los muertos por la COVID-19 en Sulaco. Con eso, creció la preocupación y los ciudadanos de este pueblo decidieron encerrarse en sus casas. «En las calles ahora no se ve ni un alma. Estamos encerrados. Nos toca comer lo poquito que hay en la refrigeradora para no salir a la pulpería. Estamos aquí encerrados. Llevamos 25 muertos en todo el municipio. Hay familias completas que han muerto. Estamos en zozobra. Lo peor es que aquí hay mucha gente pobre que no tiene acceso a comida y como no hay ambulancias, muchos de los pacientes enfermos son trasladados en buses del transporte público que circulan con personas sanas», agrega Dania Mencía.

Las calles de la aldea San Antonio lucen vacías. San Antonio, Sulaco, 6 de agosto de 2021. Fotografía: Dania Mencía.

Edgar Hernández, un maestro del municipio de Sulaco, le dijo a Contracorriente que lo acontecido en la aldea debería dar lugar a la llegada de la ministra de Salud: «Esta cantidad de muertes jamás se había visto. Hubo una comunidad de Sulaco en donde estuvieron llamando a las autoridades para trasladar un cadáver, pero jamás respondieron. Tuvo que llegar un señor que tiene un camión en el que jala arena para recoger el cuerpo. Siento que les hace falta un poquito más de conciencia a las autoridades», agrega.

A finales de julio, mientras las personas morían en la aldea San Antonio, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, celebraba en la capital de Honduras, con luces multicolores, junto al presidente Juan Orlando Hernández (ambos del Partido Nacional) por haber cumplido la meta de vacunar a 50,000 personas en el Distrito Central, el sector del país que alberga la mayor cantidad de electores, desatando críticas de quienes consideran que el Gobierno de turno está usando el programa Vacunatón con fines propagandísticos.

Contracorriente contactó al coordinador de Promoción de la Salud de Sulaco, el señor Donaldo Velásquez, quien reconoció que su municipio no cuenta con la infraestructura sanitaria básica apropiada y suficiente para albergar a todos los pacientes y personas que llegan con manifestaciones o síntomas de la COVID-19. «Cuando no hay una capacidad instalada, obviamente la población va a sufrir porque no hay personal que atienda y porque tampoco existe el equipamiento ni los medicamentos necesarios para dar respuesta», asegura Donaldo Velásquez.

personal de salud
Personal de Salud realiza una jornada sanitaria en el municipio de Sulaco a finales del mes de julio. Fotografía: Secretaría de Salud.

El pasado miércoles, Donaldo Velásquez le dijo a Contracorriente, que «para julio de 2020, solo había cuatro fallecidos en el municipio de Sulaco, pero este año, en la misma fecha, se han presentado 24 muertos».

El viernes 6 de agosto, las autoridades locales de salud de Sulaco informaron sobre la muerte de otra persona, aumentando la cifra a 25 fallecidos. Debido a la cantidad raquítica de pruebas, en Sulaco, los pocos test solo ayudan a conocer el nivel de positividad en la ciudad.

En el mes de julio, siete de cada diez personas que llegaban a hacerse la prueba daban positivo al virus, dice Donaldo Velásquez, quien indicó que, a pesar de no contar con suficientes pruebas, se identificaron a 350 personas positivas de COVID-19 en el municipio de Sulaco, lo que representa un 35 % de positividad total, pero si se a analiza por separado a la aldea de San Antonio, durante el mes de julio, esta incrementó su positividad al 70 %.

La doctora Suyapa Domínguez, Jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud del departamento de Yoro, le explicó a Contracorriente que en el departamento de Yoro, desde enero de 2021 hasta la semana número 30 (que comenzó el lunes 26 de julio), se presentaron 8717 casos de COVID-19. La mayor carga y el número de casos lo tuvieron las ciudades de El Progreso, Olanchito y la cabecera departamental Yoro.

La ayuda no llegó del Gobierno, sino de migrantes hondureños en Estados Unidos

Provisiones de comida gracias a los donativos de migrantes hondureños desde Estados Unidos. San Antonio, Sulaco, 31 de julio de 2021. Fotografía: Diario de San Antonio.

El caso de Sulaco cobró notoriedad en Honduras. Acaparó espacios televisivos, radiales, páginas de diarios impresos y publicaciones en diarios digitales. Eso provocó que algunos funcionarios de Salud prometieran ayuda, pero no cumplieron.

Darío Palma, el director de un instituto de la comunidad y uno de los líderes de Sulaco, le dice a Contracorriente que la ayuda en realidad ha venido de los migrantes que están en Estados Unidos. Agrega que lo que más necesita el municipio son pruebas y tratamientos: «Para comer, la gente que ha migrado a Estados Unidos ha estado proveyendo y también han mandado para comprar materiales de bioseguridad».

El subsecretario de Salud, Nerys Cerrato, prometió en cadenas de prensa y ante medios radiales enviar ayuda a través del jefe regional de Salud en Yoro, Josué Murillo, para testear con pruebas para COVID-19 y aplicar tratamientos a los pacientes. No obstante, Darío Palma manifiesta indignado que la Secretaría de Salud apenas entregó cuarenta pruebas y cuarenta tratamientos. Y por esa razón permanece cerrado el triaje de Sulaco y el centro de salud.

Darío Palma asegura que todo Sulaco está siendo afectado por la pandemia. Las seis aldeas que lo conforman, el casco urbano y más de cincuenta caseríos: «Estamos ubicados justo en el centro de Honduras, en la calle central que está justo en deuda de pavimentarse, a 60 km de la cabecera departamental de Yoro, con salidas a Comayagua y Francisco Morazán. Estamos a cuatro horas de San Pedro Sula y cuatro horas de Tegucigalpa».

Sulaco es de los municipios del sur del departamento de Yoro, en donde hay zonas postergadas, olvidadas y con niveles de pobreza alarmantes, incluso hay casos de extrema pobreza, lo que afecta la parte alimentaria y educacional, según explica Palma. «Las condiciones de trabajo son mínimas, algunas veces se encuentra trabajo con 150 lempiras al día y la familia tiene que sostenerse a la semana con tres o cuatro días de trabajo. Y hay lugares con una mamá soltera y con seis hijos», agrega.

Pero diputados del Partido Nacional aprovecharon esta crisis para hacer campaña política. El sitio Gobernación Yoro, una instancia de gobierno indicó que varios diputados nacionalistas entregaron alimentos. Y publicaron fotografías. «Hoy (jueves 5 de agosto) por instrucciones del Presidente Juan Orlando Hernández y con el apoyo de la Ministra de Sedis, Zoila Cruz, el gobernador Juan Carlos Molina junto a los diputados Milton Puerto, Omar Emilio Rivera y Lídia Casco junto con la Lic. Mauren Meléndez en el marco de la Operación #𝐍𝐨𝐄𝐬𝐭á𝐧𝐒𝐨𝐥𝐨𝐬 entregaron 2000 raciones de alimento solidario al alcalde de Sulaco, Edy Chacón, atendiendo, el llamado de emergencia sanitaria por los casos de COVID-19 en el Municipio», indica el texto publicado en su página de Facebook.

Activistas y diputados nacionalistas de Yoro son fotografiados mientras hacían entrega de alimentos. San Antonio, Sulaco, 5 de agosto de 2021. Fotografía: Gobernación de Yoro

Los fallecidos por COVID-19 de San Antonio

Darío Palma dice que en San Antonio se estuvo atendiendo muy bien el proceso de vacunación, en donde los adultos mayores y personas de 30 años en adelante estuvieron siendo vacunadas, sin embargo, detalló que no toda la comunidad ha sido inmunizada.

«Todos los muertos en San Antonio oscilan en edades de 60 y 90 años. Por ejemplo, fallecieron los esposos Alba Rosa Mencía y Diego Palma, y también Natividad Hernández y Guadalupe Hernández, y entiendo que don Natividad Hernández ya tenía las dos dosis, pero casi todos tenían enfermedades de base», dice Darío Palma.

Suyapa Domínguez, por su parte, explica que en el departamento de Yoro se han reportado en total 412 fallecidos, de los cuales, solo 288 han sido certeramente comprobados porque los demás han fallecido en sus casas. «Ha habido una mala percepción de la vacunación. Mucha gente cree que si ya está vacunada no se va a infectar, pero ese es un error. La vacuna lo que va a hacer es protegernos de ir a un hospital, presentar una infección grave, pero podemos infectarnos y propagar el virus», explica Suyapa Dominguez.

Suyapa Domínguez explica que el mayor número de infectados del departamento de Yoro oscila entre las edades de 20 a 30 años, seguido de los de 30 a 40 años. «Probablemente estas personas sean asintomáticas y presentan infecciones leves, pero quienes pagan las consecuencias son las personas mayores con comorbilidades», agrega.

El hospital de Yoro es el único centro cercano al que las personas de escasos recursos de Sulaco pueden llegar para buscar atención, pero Suyapa Domíguez da un dato escalofriante al que se enfrentan las aldeas rurales cercanas a la ciudad de Yoro: «El nivel de ocupación del hospital de Yoro es superior al 100 %. Se han readecuado espacios para poder atender a más pacientes. La mayoría de los pacientes hospitalizados provienen de municipios aledaños».

La Secretaría de Salud y las Alcaldías han descuidado el uso de pruebas en el departamento de Yoro, tal y como lo contamos anteriormente en una nota en Contracorriente. Y es que Honduras ha cerrado un tercio de los trajes a nivel nacional a pesar de que los contagios y muertes van en aumento en muchas zonas.

Una persona adulta mayor es vacunada en el municipio de Sulaco. Sulaco, julio de 2021. Fotografía: Diario de San Antonio.

«Los triajes deberían de estar en todos los municipios. Hay cuatro municipios del departamento de Yoro que no tienen triajes. Los triajes son los que hacen las labores de contención. Los municipios sin triajes son Yorito, Jocón, Olanchito y Sulaco, en este último aunque se abrió uno, funciona a medias», asegura Suyapa Domínguez.

En las redes sociales, muchos habitantes de San Antonio de Sulaco han criticado el papel timorato del alcalde de su ciudad. No entienden cómo solo ha podido conseguir cuarenta pruebas y cuarenta tratamientos, pero sí ha realizado recorridos para tomar fotografías entregando comida justo a días de que se realicen las elecciones generales en donde él busca la reelección por cuarto período consecutivo.

Un ciudadano de Sulaco, que pidió no revelar su nombre, manifestó que el alcalde Edy Chacón, en medio de esta crisis, instaló una carpa y llegó con catorce personas a repartir comida. Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con el alcalde de Sulaco, pero este no respondió al llamado.

A clases a pesar de la crisis

Un rótulo da la bienvenida al casco urbano del municipio de Sulaco, ubicado en el sur del departamento de Yoro. Sulaco, 2021. Fotografía tomada el 5 de agosto de 2021: Edgar Hernández

Darío Palma es el director del Centro de Educación Básica en Sulaco, en donde estudian más de 350 alumnos. «Ahorita estamos parados y desatendidos. Hay abuelos y padres de maestros que están afectados con covid. Yo no puedo exigir que atendamos porque ni siquiera pueden atender a nivel virtual, porque están atendiendo a sus familiares», afirma.

El titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, dijo el pasado 30 de julio, que el próximo lunes 16 de agosto se iniciará el retorno a clases semipresenciales de manera voluntaria en los centros educativos privados. Además, señaló que el lunes 26 de agosto, se retomarán las clases en los centros públicos. «Asusta que el ministro de Educación esté diciendo que el 26 de agosto regresaremos a clases y que eso incluye a San Antonio de Sulaco, esto implica que tiene poco conocimiento de la realidad de la zona, dice» Darío Palma.

Los pobladores de Sulaco, aparte del olvido que viven en su comunidad y la falta de consideración de las autoridades educativas y sanitarias, han sentido discriminación cuando salen de sus aldeas para abastecerse de alimentos. «Nos preguntan en la ciudad de Yoro si somos de Sulaco, porque nos tienen miedo», dice Darío Palma.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) siguen dando de qué hablar en medio de la crisis por la pandemia y los comicios generales, ya que siguen expandiéndose por el territorio nacional. Cada vez hay más muestras de rechazo por parte de la ciudadanía, pero el Gobierno sigue promoviendo estas inversiones.

Texto: Lizz Raudales
Fotografías: Martín Cálix

En la aldea Las Tapias de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca al sur de Honduras se edifica la ZEDE Orquídea. Esta zona agroindustrial especial albergará invernaderos para la producción de chiles y tomates para exportar hacia Estados Unidos. El ingeniero Ricardo Lardizábal, socio de Orquídea y de Agro Alpha —empresa que funcionará dentro de la ZEDE— explicó a Contracorriente que, por ahora, esta será la única empresa que funcionará dentro de la zona especial, ya que más empresas en la ZEDE implica «estar pendiente y vigilando los movimientos de los otros empresarios». 

San Marcos de Colón, municipio de Choluteca, es conocido como el «Oasis del Sur». Esta ciudad fronteriza con Nicaragua tiene 18 aldeas y caseríos, además de 41 barrios. Esta ciudad que está ubicada a 192 kilómetros del Distrito Central, tiene como actividades económicas la agricultura, tanto de subsistencia como de comercio, y la ganadería. En 2017, la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró al municipio como Reserva del Hombre y la Biósfera, debido a la diversidad biológica, tanto en flora como en fauna.

San Marcos de Colón
Una turbina generadora de energía que forma parte del parque eólico de la empresa Terra Energy. San Marcos de Colón, Choluteca, 23 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Esta nueva ZEDE empezó a construirse en enero del año en curso y durante estos ocho meses los más de 350 empleados, tanto de Agro Alpha como de los contratistas nacionales y extranjeros, han construido los invernaderos donde se producirán chiles verdes y tomates, además de la instalación de los sistemas de riego requeridos. Actualmente, se encuentran en construcción las áreas comunes que funcionarán como comedor, los baños para empleadas y empleados y silos para cosecha de agua lluvia. 

Lardizábal cuenta que Víctor Wilson Canessa, su socio en este proyecto y gerente general del Grupo Granja Marinas, le dijo: «mirá, «Raca», compremosle la ZEDE», refiriéndose a un proyecto que inició un ciudadano estadounidense, el abogado Mort Taylor, un amigo de Wilson que no continuó con el proyecto. La respuesta de Ricardo fue sencilla, un «si vos crees que nos funciona, démosle viaje» fue suficiente para que los dos amigos, ahora socios, compraran la ZEDE que ya solo necesitaba materializarse. 

El Grupo Granjas Marinas es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de camarones blancos del Pacífico en el sur del país y actualmente es dirigida por Víctor Wilson, socio de Lardizábal en la ZEDE. Lardizábal cuenta que por motivos de trabajo coincidieron hace mucho tiempo. Pasado el tiempo, decidieron ser socios en proyectos similares a los que ya habían trabajado antes por separado, y así nace Agro Alpha y la ZEDE Orquídea. 

Mort Taylor es un abogado y empresario de la industria del carbón en Alabama, donde tiene plantas generadoras de energía, explica Ricardo al contar cómo obtuvieron la ZEDE. «Cuando estaban con el relajo de la energía aquí, hace dos años o tres años, él pensó en poner plantas de carbón en Santa Bárbara y él hizo la ZEDE para meter esas plantas», comenta Lardizábal. Agregó que el proyecto de Mort Taylor quedó estancado cuando vio que el problema no era poner en marcha la idea, sino la cantidad de personas que esperaban recibir dinero. Wilson y Lardizábal pagaron 200,000 dólares que equivalen a un estimado de 4,8 millones de lempiras, a Taylor por la ZEDE que en algún momento el empresario estadounidense pensó erigir en el país.

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Al momento de buscar tierras, Lardizábal comenta: «Lo que nos salva es que la población es cero y se le compró a un solo dueño», un señor a quien se refiere como «Changel», que es un amigo de su familia. Ricardo tiene más de 25 años dedicándose a la producción de maíz dulce, chile dulce, tomate y otras hortalizas, es por ello que tiene conocimiento del funcionamiento del mercado, tanto el local como el de exportación, pero es Víctor Wilson quien comprende mejor el tema de los regímenes para la creación de zonas especiales, desde las zonas libres conocidas como ZOLI hasta las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportación (ZIP). Wilson le dijo a su socio que el proceso de creación de un Régimen de Importación Temporal (RIT) o de cualquier otro régimen especial, va desde los 2 hasta los 4 años, por lo que Lardizábal dijo que no podrían esperar tanto tiempo sus clientes en Estados Unidos, razón por la que decidieron poner en marcha la ZEDE.

La oposición en el sur 

«Para nosotros, ZEDE es ceder, ceder lo que es de nosotros», dice Faustino Manzanares, alcalde del municipio de Alianza en Valle (también el sur de Honduras) a unos 130 kilómetros de la ZEDE Orquídea. El alcalde presidió el cabildo abierto donde después de dos horas de participación ciudadana, se declaró ese municipio «libre de ZEDE». Alianza fue el primer municipio en prometerse para desarrollar una de estas zonas, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) tenía interés en desarrollar el primer megaproyecto bajo este régimen.

Incluso en 2014  el alcalde de ese lugar pequeño y usualmente olvidado por los gobiernos centrales, viajó a Corea del Sur para ver en lo que podría convertirse su municipio. Después de seis años, ese sueño nunca se cumplió. Ahora Manzanares le dice a los ciudadanos de su municipio que es consciente de que el pueblo rechaza la ley orgánica de las ZEDE. «Es una amenaza latente, la expropiación en la ley está pero cuando es para bien público, que es para todos nosotros y para mejorar las condiciones de vida de los habitantes», puntualizó el alcalde que busca la reelección en los comicios de noviembre próximo.

Según el abogado y defensor de derechos humanos Óscar Hendrix, los cabildos abiertos han sido una reacción en cadena desde que en abril de 2021 «trascendió en las redes sociales y los medios de comunicación la agregación de un área de aproximadamente 300 acres de tierra, denominado Puerto Satuyé, a la ZEDE Próspera», refiriéndose a la que se construye en Roatán y La Ceiba al norte del país. Sin embargo, existen dudas sobre cómo las decisiones tomadas en cabildos abiertos impactan una ley nacional, «como demócrata digo que sí (son vinculantes), pero en Honduras no les importa», aseguró. Por otro lado, Russel Garay, abogado y especialista en políticas públicas, dice que estos cabildos son de carácter consultivo, pero que la corporación municipal es la que tiene la atribución de crear instrumentos normativos locales. 

Los primeros pasos de las ZEDE

Junto a Amapala y Nacaome, Alianza había sido elegido para desarrollar la primera ZEDE del país. Según el Gobierno de Juan Orlando Hernández, con la materialización de esta idea, de la mano de Koica, se crearían 100,000 empleos, además del crecimiento de la economía en el sur del país. En aquel entonces se habló de estudios de prefactibilidad y factibilidad para materializar la idea que, según los funcionarios de gobierno, convertirían a la región sur en Singapur. 

El plan presentado por Koica al Gobierno de la República pretendía crear en Alianza una zona logística para empresas exportadoras e importadoras, mientras Nacaome tendría un innovador centro de investigación y desarrollo agrícola. El proyecto más grande era el propuesto en Amapala, donde se planificaba construir un megapuerto para la recepción y despacho de mercancías, además de un puente para conectar la isla con tierra firme. Comunicaciones de la embajada de Corea en Honduras indicaban que todo iba viento en popa y se colocaría la primera piedra en diciembre de 2017, pero esto nunca sucedió.

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La vida en estos tres municipios no ha cambiado mucho desde que los inversionistas surcoreanos realizaron los estudios de factibilidad para desarrollar los megaproyectos prometidos. Sus habitantes siempre dependen de las mismas actividades económicas: pesca, agricultura, ganadería y las remesas.

Una familia comparte bocadillos durante el cabildo abierto en Alianza donde se declaró al municipio libre de Zede. Alianza, Valle, 24 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Óscar Ferrufino vive en la aldea La Brea, en Nacaome. Esta comunidad subsiste de la pesca, ya que está ubicada en la Bahía de Chismuyo, una área de manglares donde hay peces, cangrejos, camarones y curiles. Ferrufino comenta que de La Brea, todos los días salen entre 10 y 12 lanchas, dependiendo de la marea, en busca de mariscos que después serán vendidos a intermediarios o a los mismos vecinos de la aldea. El pescador comenta que, en promedio, pesca entre 50 y 60 libras por día: «Otros sacan 100 o 150, los que van más larguito», agrega Ferrufino. Los pescados son vendidos a 18 o 25 lempiras la libra, mientras cada uno de los cangrejos se vende a 6 o 7 lempiras. 

«Los canecheros no tenemos apoyo absolutamente de nadie, aquí solo es lo que ganamos. Sería bueno una ayuda, ahí consultando con todos porque somos varios», comenta don Juan Ángel Arias que lleva más de la mitad de su vida atrapando cangrejos para poder subsistir. Al preguntarle si en La Brea saben de las ZEDE, respondió que nadie ha mencionado el tema en la comunidad y solo se enteran por las noticias, razón por la que no quiso opinar al respecto, pero aseguró que cualquier ayuda para los pescadores es bienvenida.

El caso en Amapala es distinto, explica Alan Torrez, habitante de la aldea La Flor y  secretario de la junta directiva de Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, conocida como Adepza, quien comenta que desde 2013 la organización ha estado protestando contra las ZEDE, concientizando a la gente: «Hemos hecho asambleas comunitarias donde le explicamos a la gente qué son las ZEDE, en aquel momento les mostrábamos videos de cómo iba a ser la ZEDE aquí en Amapala, ya que fue uno de los primeros municipios seleccionados para la construcción de la ZEDE aquí», agrega Torrez. 

El joven hace mención de un encuentro en Siguatepeque, Comayagua, donde el economista Fernando García comentó que en el sur del país se realizó un estudio de factibilidad, pero no había inversionistas extranjeros interesados en el proyecto. Alan dice que la ZEDE Próspera —que se construye en Roatán— los tomó por sorpresa, ya que, según ellos, la primera se iba a construir en el sur. 

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La expropiación es un miedo latente

«Nos ha llevado Judas con eso de que la ZEDE es otro país, que la moneda, que las leyes», comenta entre risas el empresario Ricardo Lardizábal de la Zede Orquídea. Dice que ya tiene suficiente con los estrictos procesos que deben llevarse a cabo en el proyecto, a modo de que sus hortalizas sean aceptadas en el extranjero, desde la refrigeración hasta la manera de empacar los chiles. Por ahora, Lardizábal asegura que no hay interés en expandir esta ZEDE, aunque tienen una vecina que les ofreció venderles tierras, pero la respuesta de los empresarios fue otra: que ella sea parte de la empresa, ya que estudió una carrera orientada a la producción de hortalizas.

En semanas anteriores, varios medios de comunicación dieron a conocer que los socios de la empresa Agro Alpha habrían dado un ultimátum a los pobladores de las aldeas aledañas de Las Tejas y Las Tapias. «Nosotros no vamos a vender, somos 300 personas que somos dueñas de 60 casas que defenderemos nuestra tierra porque nos ha costado, solo muertos nos sacarán de acá», dijo Ignacio Dávila, poblador del lugar, a los medios de comunicación que externaron la denuncia. A esto también se sumó la queja de que Orquídea estaba contratando personal extranjero y no residentes de las aldeas vecinas.

Genesis de 18 años, vende mariscos y pescado en el mercado de Nacaome en el departamento de Valle. Las vendedoras de mariscos reciben el producto de los pescadores del Golfo de Fonseca. Nacaome, Valle, 22 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

La ZEDE Orquídea difundió un comunicado firmado por Guillermo Peña Panting y Víctor Wilson Canessa, secretario técnico y socio de la ZEDE, respectivamente. En el documento girado, informaron que «el grupo desarrollador de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Orquídea niega categóricamente que haya alguna intención, solicitud, o comunicación de cualquier tipo para despojar o expropiar terrenos o casas de los pobladores de Las Tapias, y tampoco se ha emitido desde la administración de Orquídea alguna notificación oficial o no oficial sobre este tema». Para finalizar, indicaron que en ningún momento se han realizado diligencias legales para desalojar a los pobladores de zonas aledañas o cualquier comunidad de San Marcos de Colón. 

Contracorriente contactó a Vilma Ordóñez, regidora de San Marcos de Colón por el Partido Liberal, quien dijo que en este caso el tema de la expropiación no es cierto por ahora, sino que es un miedo latente porque lo menciona uno de los artículos de la Ley Orgánica de las ZEDE. «A ellos no les han ofrecido comprarles las tierras o sacarlos de ahí, se manejó mal la información», comentó la regidora. Agregó que el problema que ella ve, son los beneficios que tienen las ZEDE. Sin embargo, también aclaró que los encargados de Agro Alpha se reunieron con los pobladores de la aldea Las Tapias para aclarar la situación. 

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El ingeniero Lardizábal se comunicó con Contracorriente y explicó que él solicitó una reunión con los miembros del patronato de Las Tejas para explicar cuál es el plan de la empresa. «Le solicité a unos de las 55 personas de Las Tejas que trabajan en Agro Alpha una reunión con los del patronato y la gente de la comunidad. Se platicó y explicó lo que hacemos y nuestras intenciones de ayudar a mejorar la zona por lo cual la gente quedó tranquila. Para suerte nuestra en lo que iba saliendo para la reunión de la finca llegaron tres personas de Conadeh que querían hablar con el encargado por la noticia y les dije que mejor me acompañaran a la reunión y también se fueron tranquilos», indicaba el mensaje enviado por el socio de la ZEDE.

Rony de 23 años, quita la tierra que queda incrustada en el taladro después de cada perforación durante los trabajos de construcción de la Zede Orquídea. San Marcos de Colón, 23 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Lety Matamoros, habitante del Barrio La Benita, platicó con Contracorriente y comentó que ella y varias personas de tres barrios de las cercanías de Orquídea se reunieron con el ingeniero Lardizábal, quien hizo entrega de un material que habían solicitado para pavimentar la calle. «Él estuvo con nosotros, en ningún momento la empresa va a expropiar terrenos», aseguró Matamoros quien además comentó que hay 30 mujeres de la aldea Las Tapias que trabajan en ZEDE Orquídea, por lo que las mujeres de su barrio pidieron un empleo a Lardizábal y él accedió. Lety finalizó diciendo que no ve razón para cerrar la empresa si está generando empleos. 

Para el secretario de la junta directiva de Adepza es muy probable que la ZEDE Orquídea se expanda en el sur del país, ya sea comprando o expropiando tierras, en vista de la expansión que tuvo Próspera, que está en Roatán y abarca el Puerto de Satuyé en La Ceiba, Atlántida. También comentó que en la Isla del Tigre y Zacate Grande, sigue existiendo el rumor de que en esa zona se edificarán dos ZEDE, pues han visto a personas extranjeras y algunos miembros del Gobierno midiendo extensión territorial y marítima en Amapala. «No nos oponemos al desarrollo, lo que queremos es un desarrollo inclusivo, con la participación de todas las comunidades y organizaciones», agregó Torrez.

Alan Torrez es miembro de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Zacate Grande, Amapala, 24 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Exoneraciones de pago de impuestos 

En mayo de 2021, el Congreso Nacional interpretó el último párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas para otorgar una tasa cero, con la que las ZEDE estarían exentas de pagar el 15 % de impuesto, ya que se les aplica la ley de zona franca, que incluye exenciones aduaneras, se les excluye de declarar impuestos y no se aplica la Ley de Ingreso de Divisas. Estos beneficios que se le dan a las ZEDE, no se aplican a las empresas nacionales y extranjeras que operan en el país. En la misma sesión se aprobó un proyecto de ley, emitido desde casa de Gobierno a través del oficio 144-2021 de la Ley para la Implementación y Operación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y está relacionado con el pago de impuestos al Gobierno de Honduras y las compras a nivel nacional.

Cerro El Préstamo
Parte de la maquinaria que extrae material para la construcción de la Zede Orquídea en el Cerro El Préstamo. San Marcos de Colón, Choluteca, 23 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

«En el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuando el productor sea el mismo exportador o el bien o servicio sea producido o prestado por un tercero que forme parte esencial de la cadena de valor de los bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)», indica textualmente la iniciativa.

Este medio de comunicación también le consultó a la regidora Ordóñez si los empresarios que dirigen Orquídea han pagado los impuestos municipales, como lo había dicho Guillermo Peña, secretario técnico de la ZEDE, y Ricardo Lardizábal, socio de la misma. Ordóñez respondió que en una reunión, el secretario municipal dio a conocer que la empresa Agro Alpha hizo efectivo el pago de impuestos y permisos de operación por un total de 510,000.00 lempiras (un poco más de 20,000.000 dólares). Lardizábal comenta que está de acuerdo con la exoneración de impuestos que indica la ley de las ZEDE, pero que no puede dejar de estar pagando los impuestos municipales ya que la idea de este proyecto es traer desarrollo al municipio sanmarqueño.

Un hombre camina de regreso de su jornal de trabajo. La economía de San Marcos de Colón está sustentada sobre la agricultura y la ganadería. San Marcos de Colón, Choluteca, 3 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

La regidora Ordóñez también expresó que, en lo personal y al igual que los regidores del Partido Libertad y Refundación, ella está en contra de las ZEDE y solicitó que la alcaldía se pronunciara en contra de este tipo de proyectos, pero no fue tomada en cuenta. Agregó que el pueblo sanmarqueño debe ser convocado a un cabildo abierto para decidir el futuro del municipio. Finalizó diciendo que «el trabajo es una bendición, pero el problema son los privilegios que tienen las ZEDE».

Actualmente, ZEDE Orquídea emplea a unas 350 personas, tanto de San Marcos de Colón como de otras zonas del país. Isaías Carranza es originario de Comayagua, pero llegó al proyecto a través de uno de los contratistas encargados de la edificación de los invernaderos y desde enero, cuando inició la ZEDE, trabaja el ensamblaje de la estructura requerida para poner en marcha la zona especial. «No tenemos ningún desacuerdo con ellos (Orquídea)», responde Carranza al consultarle qué opina de la modalidad de trabajo y lo que planifica realizar la empresa Agro Alpha.

San Marcos de Colón
Casas sobre un cerro en el municipio de San Marcos de Colón en el departamento de Choluteca, a pocos kilómetros de donde se ha instalado la Zede Orquídea. San Marcos de Colón, Choluteca, 3 de agosto de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por otro lado, Richard Ordóñez vive en el barrio San José de San Marcos de Colón y comenta que lleva cinco meses trabajando bajo las indicaciones del ingeniero Lardizábal. Ordóñez comenta que la paga en este proyecto es mejor que en cualquier otro trabajo que pudiera tener en los alrededores y que se ha visto una mejoría en algunos negocios del pueblo, ya que se pueden comprar más cosas al percibir un mejor salario. 

Pero no todos los comercios del municipio se han visto beneficiados, tal es el caso de un comedor que pertenece a la señora Martha Ondina Alvarado, quien confiesa no saber qué es exactamente una ZEDE, pero sí se da cuenta que es un gran proyecto en el que se producirán chiles de colores. Alvarado asegura que desde que se les permitió operar, después de la cuarentena, su negocio no ha tenido mejoría alguna, a pesar de que la ZEDE Orquídea paga mejores salarios que otras empresas.

Teniendo en cuenta que el Gobierno asevera que los proyectos como las ZEDE traerán beneficios para el país, la duda sobre esto radica en la exoneración de impuestos y los beneficios que tienen estos regímenes. El abogado Russel Garay explica que los proyectos que no pagan impuestos sí pueden beneficiar al país, pero no como se cree: «Los proyectos que no pagan impuestos podrían generar algún tipo de beneficio, por ejemplo, si se necesita una tecnología que no se puede obtener en el país y se logra un acuerdo con una empresa para que instale cierto tipo de maquinaria y después de eso, el Gobierno firma un acuerdo de cierta cantidad de años para acceder a esa tecnología y manejarla».

Garay pone como ejemplo el trabajo con hidrocarburos: «Un posible acuerdo de ese tipo, en el que una empresa ponga la maquinaria y utilice las ganancias que se generen por alguna cantidad de años y que después deje la maquinaria para administración del Estado, podría ser un modelo que beneficie a Honduras», comentó. Sin embargo, las ZEDE no tienen un plazo de caducidad, por lo que no podrían servir una finalidad pública, solo una corporativa. 

Mientras tanto, Orquídea, un proyecto de kilómetros de invernaderos para la producción de hortalizas para exportación, promete llevar desarrollo a una ciudad que está a dos horas de los municipios que —según Corea del Sur y el Gobierno de la República— pudieron haber sido el lugar de los más grandes avances tecnológicos y logísticos de la región. En 2014, cuando iniciaban los estudios de prefactibilidad y factibilidad, el sueño era construir un nuevo Busan o Singapur. Ahora, estos municipios que soñaron con desarrollarse, están en proceso de declararse en contra de estas zonas especiales que hace seis años fueron una esperanza.

Por Yeye Balam

Buscar una casa para alquilar quizás no sea la más cotidiana de las actividades, pero tal búsqueda sí que revela ciertas cotidianidades perturbadoras, que aunque uno no repare en ellas, están allí patentes. Las últimas semanas emprendí, junto con un par de amistades, la búsqueda de una casa para alquilar (que comprar es imposible), y a medida que examinábamos ofertas, me fue llamando la atención cómo para determinadas colonias e inmuebles no faltaba como parte de la descripción un ítem resaltado como «cuarto de empleada», «cuarto de trabajadora» o «cuarto de servicio» (les invito a realizar las búsquedas por Internet y comprobarlo por cuenta propia).

Al principio pensé que se trataba de una peculiaridad de las ofertas más caras, que examinamos por pura fantasía, pero al buscar opciones más acorde a nuestro presupuesto seguimos encontrando la misma descripción incluso en casas bastante pequeñas. Lo que terminó de captar mi atención fue cuando empezamos a hacer las visitas. La primera opción que vimos fue una casa muy regular, en la colonia Víctor F. Ardón de Tegucigalpa, y quedé absolutamente impresionado cuando nos mostraron el «cuarto para empleada» de aquella casa. Llamarlo «cuarto» es un eufemismo en toda regla. Aquella pieza minúscula carecía de ventana, apenas cabría una cama unipersonal sin dejar espacio con las paredes, y el baño demandaba habilidades de contorsionista para desplazarse entre la puerta, el inodoro y la ducha. Salvaré que al menos tenía puerta entre el baño y la pieza, pero aquel espacio puede llamarse «celda» sin ningún tapujo. La bodega —ese espacio destinado para guardar chunches y calaches— era al menos tres veces más grande que el espacio destinado para la «habitación» de una persona. Sin embargo, pensé, en aquel primer vistazo que se trataría de alguna anomalía histórica de aquella casa. Las visitas sucesivas me señalaron con tristeza mi error.

Acudimos a ver otras casas en zonas aledañas, más baratas, y estas ya no tenían estas celdas, hasta que pasamos por una en Residencial Plaza. Se trataba de una casa pequeña, pero incluía la dichosa celda, similar a la primera que había visto (me rehúso a llamar «cuarto» a semejante pieza), pero ubicada afuera, junto a la lavandería. Después de pensarlo un poco, decidimos probar suerte con opciones un poco más caras por una cuestión de espacio, y entonces el tema del «cuarto de empleada» se volvió recurrente. Tras hacer diversas visitas me sorprendió no solo el hecho de que cada una de esas casas tuviera una celda, sino también la ubicación de la misma dentro de los inmuebles: todas aisladas de la construcción principal, a la par de la lavandería. Tras varios días de visitas, la experiencia me ha hecho ruido en la cabeza y me encontré en la necesidad de pensarlo en texto, a modo de reflexión.

Primero reparé cómo en nuestra cultura se ha asentado la idea de que si vivís en una casa de determinado tamaño o ubicación, lo más probable es que «vas a contratar a una empleada». Y en este pensamiento la cabeza me chilló. No solo porque se está dando por sentado que la «empleada» ha de ser mujer, sino porque ha de ser una mujer venida del interior del país y con escasa escolaridad. Entonces reparé en que es necesario que existan las condiciones de pobreza que obliguen a que en el interior del país haya una población femenina empobrecida y escasamente escolarizada, vulnerable, cuya única «oportunidad de empleo» es el trabajo doméstico en condiciones de irregularidad legalizada (el Código del Trabajo excluye explícitamente a «los trabajadores de oficios domésticos en habitaciones o residencias particulares», en su artículo 48), en una cuasi-esclavitud, sin jornada laboral definida, sin contrato, con salarios de hambre y enclaustradas en celdas que estarán dentro de la propiedad, pero afuera de la casa. Y es que para que las empresas constructoras conciban en sus diseños que los inmuebles deben tener una celda para una futura mujer a explotar hace falta tener certeza de que las condiciones del país van a proveer de esa mano de obra explotable. No puedo entender semejante acervo cultural si no como fundamentalmente perverso.

Espero no se me malinterprete, que no quiero decir con esto que esté en contra del trabajo doméstico remunerado, sino que existen causas estructurales en nuestra sociedad que tienen por objetivo garantizar la reproducción de un sector poblacional femenino al que explotar en el trabajo doméstico. Porque claro está, si se tomaran medidas efectivas para garantizar una escolarización adecuada y una infraestructura eficiente, entonces toda esta población tendría muchísimas más oportunidades de empleo y de desarrollo, lo que a su vez implicaría una disminución de la mano de obra disponible para el trabajo doméstico, ergo, una mano de obra más cara y con más oportunidades para demandar sus derechos (situación, claro está, que se extiende a muchos otros gremios de servicios manuales).

También reparé cierta objetificación implícita que se presupone sobre estas mujeres. Las ofertas de las inmobiliarias separan en las descripciones las «habitaciones», que serán ocupadas por las personas de la «familia», y el «cuarto de empleada», para alojar a esa trabajadora que ni es familia ni es persona, en concordancia con ese hecho que ya he mencionado de que la celda aunque esté dentro de la propiedad, está afuera de la casa. La empleada ha de terminar su jornada laboral para almacenarse en su claustro, mientras las demás personas del hogar descansan en sus relucientes habitaciones. La empleada no es una sujeta que deba estar en la casa sino para trabajar, y concluidas sus labores debe resguardarse de no entorpecer la impoluta estética del hogar en el que trabaja, pero no vive, pues una persona que trabaja de sol a sol ¿qué oportunidad puede tener de desarrollar su vida? Todo lo contrario, su vida es completamente enajenada por unos pocos lempiras, y si sale de semejante prisión, lo hace sin indemnización alguna, como ha quedado patentísimo para miles de trabajadoras que fueron suspendidas a causa de la crisis del coronavirus. 

Me resulta escandaloso como en nuestro acervo cultural esto es lo normalizado, no reparamos en la injusta impronta que dentro de tal normalidad propiciamos en contra de un gremio que, literalmente, se deja la vida con su trabajo. Cuando leemos en los anuncios «cuarto de empleada» entendemos que debe tratarse de un cuartito aislado y minúsculo para que «la trabajadora duerma». Ya es tiempo de cambiar tal concepción, debemos sumarnos a las voces y las luchas para que se reconozca a las trabajadoras domésticas no como «la muchacha» o «la señora» a la que «se le hace un favor», sino como las personas que son, ofreciendo un servicio por el cual, como por cualquier otro servicio, deben cobrar un salario digno, cumplir jornadas justas, y vivir con dignidad, donde sus centros de trabajo no sean más prisiones con celda asignada. Y como el trabajo permanecerá, que además de que sus derechos laborales sean considerados en la ley, como es justo, también se obligue a los empleadores que quieran a sus empleadas en casa a proveerles de una habitación, porque una celda en la que encerrarse por la noche es la manifestación patente de gastar la vida en una prisión, y tal injusticia no puede seguir siendo tolerada.

Por Sergio Bahr

En los últimos años hemos observado en todo el mundo el acceso al poder que tienen los sectores ultraconservadores en lo económico y social-cultural. A diferencia de otros momentos históricos lo han hecho a través de procesos electorales, es decir con apoyo de amplios sectores de votantes, en lugar de sus mecanismos tradicionales como golpes de Estado o gobiernos a la sombra.

En Inglaterra, en 2016, la propuesta del brexit fue aprobada en gran medida por el discurso antinmigrante y conservador. En Estados Unidos (EE. UU.) se eligió a Donald Trump sin importar qué tanto fuese misógino y supremacista blanco siempre y cuando cumpliera con levantar un muro fronterizo y quitarle sus derechos a las mujeres y a la población LGTBIQ+, y no nos debe engañar su derrota frente a Biden en el proceso de 2020: más personas votaron por Trump en su segundo proceso electoral con relación al primero, sabiendo perfectamente quién era y cuáles eran sus posturas. Y el partido republicano se encuentra aún bajo su control. En Guatemala se eligió a un comediante corrupto seguido por un continuo ataque a la lucha anticorrupción,  en Italia y Francia a ultraderechistas, en Argentina a un Macri que llevó a la quiebra al país y en Brasil actualmente está Bolsonaro, quien aboga abiertamente por el uso de la tortura. El hecho es que estos sectores y lo que representan no son fenómenos nuevos.

Las victorias de un Trump o un Bolsonaro no han hecho más que tirar la máscara de modernidad política y social de EE. UU. y Brasil, permitiéndonos observar con meridiana claridad la corriente de fascismo que abrazan las élites de poder y sí, también, grandes grupos de población. Una clave del accionar político de estos sectores es el uso de herramientas discursivas con términos como «feminazis», «políticamente correcto», «woke» o «ideología de género» para articular sus proyectos y construir sus alianzas. 

En Honduras también observamos la emergencia de ese ultraconservadurismo social potenciado por la caja de resonancia de las redes sociales y tecnologías (ya no tan nuevas) de información. Cada vez es más común escuchar o leer a distintos personajes de la ultraderecha y el fanatismo religioso del país hablando con estos términos. Más preocupante y esclarecedor es que también son repetidos por algunos hombres y mujeres en teoría progresistas o pertenecientes a movimientos populares o de izquierda, lo que demuestra que al final no son ni tan progresistas ni tan de izquierda, y da verdad al viejo adagio aquel que decía que los extremos en realidad se parecen mucho entre sí.

Este discurso presenta términos como ideología de género, feminazis, feminismo, generismo, woke,  lenguaje inclusivo, derechos humanos y lo políticamente correcto como amenazas a los valores tradicionales de unidad familiar, hombría y virilidad catracha, maternidad mágica, crianza idealizada, «verdaderas prioridades revolucionarias» y esperanzas de alcanzar el cielo.

Aunque parezca una caricatura, lo cierto es que en el actual contexto educativo —de fanatismo religioso y de regresión cultural conservadora en Honduras—, estas falsas equivalencias representan una potente construcción discursiva, capaz de articular y movilizar amplios grupos de población en función de los intereses políticos de la derecha ultraconservadora potenciada por su alianza con el fanatismo religioso.

Es esta una alianza singular, ya que los abanderados de la moral cristiana están totalmente dispuestos a facilitar la toma del poder de militares violadores de derechos humanos y políticos corruptos —muchos de ellos vinculados al narcotráfico además—, siempre y cuando esta alianza les garantice detener los avances en derechos de las mujeres feministas y de la comunidad LGTBIQ+, como se ha visto en EE. UU. con Donald Trump y en Brasil, con Jair Bolsonaro.

Justamente en una reunión (marzo 2019) entre estas dos puntas de lanza continentales, el presidente de Brasil expresaba: «Brasil y Estados Unidos están lado a lado en su lucha para compartir la libertad y el respeto a los valores y el estilo de vida de la familia tradicional, el respeto a Dios, nuestro creador, contra la ideología de género y las actitudes políticamente correctas». La emergencia de estos discursos es también en parte una respuesta a los avances del movimiento feminista y de la comunidad LGTBIQ+ que en buena medida representan el verdadero progresismo moderno.

La resistencia ideológica religiosa es uniforme: en algunos países de tradición católica, sus líderes se han opuesto abiertamente a leyes contra la violencia doméstica y otras, alegando generismo o ideología de género, pérdida de autoridad de los padres, agenda homosexual. 

La misma retórica utilizan las iglesias evangélicas ultraconservadoras en países de la región centroamericana en la que son predominantes. Son todas variaciones en el mismo discurso: proteger a los niños, proteger a la familia, proteger los valores culturales y religiosos, proteger a la Honduras tradicional de los ataques perpetrados por las feministas, LGTBIQ+ y de derechos humanos a quienes llaman representantes de la corrupción moral de occidente.

El término «ideología de género» se origina en el discurso conservador norteamericano como una teoría que presenta los esfuerzos de las mujeres y grupos LGTBIQ+ como radicales —por el simple hecho de promover el respeto a sus derechos—, y como una imposición contra la cultura tradicional y sus valores.

Roger Severino, quien fuese director de la Oficina de Derechos Civiles de la Casa Blanca, ha argumentado que las demandas contra leyes antitrans en Carolina del Norte son motivadas por una «nueva ideología radical de género». Hans Von Spakovsky, del Consejo presidencial de integridad electoral denunció que un foro sobre la poca representación de mujeres en la vida política era parte de «la loca ideología de género». Tony Suárez, miembro del Consejo evangélico del expresidente Trump firmó una carta en que argumentaba que «la ideología de género daña a los individuos y sociedades al sembrar confusión y dudas».

Robert George, profesor de jurisprudencia en Princeton, considerado por algunos como «el más influyente pensador conservador cristiano», argumenta que «la plutocracia y los grupos élites buscan imponer dogmas de ideología de género e izquierdismo sexual a las personas ordinarias». El uso de «grupos élites» y de «gente ordinaria» no es casual, contribuye a demarcar las líneas entre nosotros, las personas normales, y unos cuantos desconectados elitistas millonarios que quieren imponernos su visión del mundo.

Este es por supuesto un enunciado básico del populismo de derecha. Tanques de pensamiento conocidos como Heritage Foundation y sitios de noticias con millones de visitantes como Breibart News han normalizado el discurso del peligro de la ideología de género. La Alianza para Defensa de la Democracia —un grupo legal cristiano—, ha condenado la ideología de género como algo que atenta contra el sexo como un principio binario biológicamente determinado. Esta misma organización asume la defensa legal en casos en que son denunciados restaurantes y otros negocios que discriminan contra la población LGTBIQ+.

Es importante tomar en cuenta que este tipo de construcciones discursivas son más potentes en cuanto sirven para construir puentes para acercar a grupos católicos y evangélicos. Más allá de sus diferencias teológicas políticas, discursos como el de ideología de género les permite identificarse como perseguidos por una enemiga en común que deben derrotar.

Hace treinta años ya el Papa Juan Pablo II despotricaba contra «el intento del feminismo radical de convertir a las mujeres en varones atropellando la biología y naturaleza femenina, así como sus características, su esencia, sus condicionantes y sus derechos fundamentales, entre los que está su derecho a casarse y fundar una familia en colaboración activa con el varón y abierta a nuevas vidas». 

El Papa Ratzinger (Benedicto XVI), con la autoridad moral que le ha brindado el haber protegido a miles de pederastas en la iglesia católica escribió: «La ideología de género es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo». 

Lo que hace particularmente poderoso el uso de instrumentos del discurso —como el de ideología de género— es que reduce a un solo slogan (fácil de replicar y de forma negativa y peyorativa) a toda una serie de construcciones analíticas como género, derechos humanos, derechos de las mujeres, nueva masculinidad, simplificándolas, vaciándolas de contenido y presentándolas como ataques a la familia y a la moral cristiana. 

De forma impresionante, se logra mantener la ficción de una «imposición» que presuntamente obliga a las personas de bien a tener que vivir en una sociedad en la que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y rechazar todas las formas de violencia, en la que las personas LGTBIQ+ puedan tener algo tan humano, y tan básico, como el amor.

Y verse obligadas a aceptar estos derechos es para los conservadores una persecución en su contra porque representa efectivamente la pérdida de su poder de marginar, ejercer violencia, discriminar, burlarse de todas aquellas personas que no sean blancas, y cristianas. Ese es el «derecho» que defienden. El no discriminar, el no marginar, el no ejercer violencia (aunque se disfrace de humor o libertad de expresión) se convierten en ataques a la construcción fundamental del poder religioso y patriarcal.

Para el movimiento de mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y sus aliados en Honduras, para las personas que creen en el cambio cultural y para las personas que no repiten —sin pensamiento crítico— términos como «feminazis» es importante definir estratégica y políticamente sus propios productos comunicativos.

Décadas de adoctrinamiento religioso, de discurso dominante antiprogresista, de política vernácula, de mantener en crisis el sistema educativo, de telenovelas y de los peores productos culturales del norte y el sur, de pan (poco) y circo (mucho), de alianza estratégica entre el crimen organizado en el poder y las iglesias evangélicas y católica, han generado las condiciones para que un importante sector de la población abrace candidaturas radicales de la extrema derecha religiosa.

Los avances en el respeto a los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y las mujeres, que son en sí mismos avances democráticos de todas y todos los hondureños, se encuentran lejos de estar a salvo de este recogimiento conservador. Para mantenerlos se necesitará de la construcción de alianzas amplias entre sectores organizados, pero también de la capacidad de comunicar a la población en general, lo que significa realmente actuar con enfoque de derechos humanos y de género. El discurso conservador que hemos mencionado forma parte de la estrategia política que impulsa la participación de las iglesias evangélicas en la vida política electoral de los países latinoamericanos.

Leopoldo o como se conoce popularmente «Polo» Crivelli, ha ganado cuatro elecciones en Choloma. En las de 2017 obtuvo su victoria más holgada, pero en el transcurso de su cuarto período ha sido mencionado en un juicio por narcotráfico en Nueva York, y en Honduras enfrenta un proceso judicial por abuso de autoridad y fraude. Ahora aspira a su quinto período como alcalde. En Choloma hay gente que lo considera un gran benefactor, pero otros lo señalan como la cabeza de una administración corrupta.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Delmer Martínez


En las calles de Choloma, municipio en el norte de Honduras, el alcalde Leopoldo Crivelli Durant parece ser tan amado como odiado. Su figura es venerada por los seguidores y atacada sin piedad por los detractores. En una esquina es ángel y en la otra es el diablo. Después de cuatro períodos como máxima autoridad de la tercera ciudad de Honduras, el actual edil busca cuatro años más en la silla municipal. 

Crivelli es ingeniero agrónomo. Su bisabuelo llegó a Honduras procedente de Suiza y el nació en Tela, pero fue inscrito en Puerto Cortés. Tiene casi treinta años en la municipalidad cholomeña, antes de ser alcalde por cuatro períodos fue regidor por tres cuatrienios más.  

En una entrevista en 2017 para el diario La Tribuna, «Polo» contaba que en su vida solo ha tenido dos trabajos: en la industria del arroz y en la política. En esa conversación dice que nunca pensó ser alcalde, pero en su camino de fiel activista del Partido Liberal apareció la figura de Jaime Rosenthal —a quien siempre admiró — y se lanzó como candidato en el 2006 cuando Yani Rosenthal comenzó a participar. Desde entonces es alcalde de Choloma.  

Curiosamente, los dos rubros en los que menciona Crivelli que ha trabajado, lo relacionan con personas que fueron mencionadas y condenadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico. Yani Rosenthal estuvo tres años preso por realizar transacciones derivadas del lavado de activos, y ahora ha regresado a Honduras y va por la presidencia de este país por el Partido Liberal, siendo el apoyo primordial para candidatos como Crivelli. 

Además, en el juicio del hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en Nueva York, fueron mencionados Crivelli, junto al empresario arrocero Fuad Jarufe, a cuya familia el alcalde cholomeño dijo en la entrevista para La Tribuna haber ayudado a preparar para la producción  unas trescientas manzanas de arroz. 

«Polo», como se conoce en las calles de Choloma, fue mencionado por el excapo hondureño Devis Leonel Maradiaga, quien manifestó que Fuentes Ramírez le había mencionado que el edil le pasaba información acerca de operativos de la Policía Nacional y le había advertido de una investigación en su contra. Estas declaraciones fueron rechazadas «enérgicamente» a través de un comunicado por «Polo» y su familia.

El profesor Gustavo Mejía, actual regidor municipal y candidato alcalde por Libertad y Refundación, sostiene que «Polo» fuera de conversaciones de política y que conlleven decisiones administrativas en la Municipalidad, es una «persona jocosa y hasta malcriado, saca palabras de amigo, pero cuando le toca defender sus posiciones entonces pega el retroceso (cambia de personalidad), en esos temas se vuelve autoritario». 

Don German, un vigilante de la Municipalidad, nos cuenta que Polo Crivelli tiene dos o tres días señalados para atender a las personas que lo buscan. Al menos hasta que llegara la pandemia era así, pero las medidas de bioseguridad han modificado un poco la rutina del edil, que convive con la diabetes.

Calle principal del sector López Arellano, una de las zonas con mayor población y pobreza del municipio de Choloma. Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez.

Contracorriente intentó contactar al edil cholomeño en diversas ocasiones. Desde la oficina de protocolo de la municipalidad se prometió una fecha para entrevistar a Crivelli, pero aunque nunca hubo una negativa, tampoco se dio la cita. 

A través de una llamada telefónica contactamos al alcalde Crivelli, quien aceptó la entrevista y nos citó en la Municipalidad, pero llegada la hora envió a uno de sus conserjes para avisarnos que debía salir con urgencia. Después no contestó más el teléfono. 

Amado y odiado

Don Germán se encuentra sentado en una de las bancas del parque central de Choloma. Es un hombre diabético de unos 60 años. Nos cuenta que fue militante del Partido Nacional hasta que un día se encontró sin trabajo y sin dinero y fue a la Municipalidad, habló con el alcalde Crivelli y le planteó su calamitosa situación. 

«Yo soy cachureco», recuerda que le dijo a «Polo», le explicó que tenía hijos en la escuela y colegio y que ya no hallaba qué hacer: «Voy a ayudarte con un empleo, lo que estoy viendo es tu necesidad, no ando viendo colores para ayudar», le dijo el alcalde. 

Hace cuatro años don German trabaja como auxiliar de seguridad en la Municipalidad. Cada una de sus palabras es elogio para «Polo»: «ese hombre con los pobres ha sido bien dadivoso, no podemos hablar mal de nuestro alcalde porque ha sido hombre ejemplar y lo he dicho. Y a mí no me va a andar atrás de las corrientes políticas, pero yo lo he dicho, tenemos alcalde en Choloma», dice de don German. 

La conversación se interrumpe cuando un vendedor ambulante, quien ha escuchado nuestra conversación dice: «¿Y cómo no lo va a defender si trabaja ahí, «Polo» no ha hecho nada», se desahoga. Le pedimos que se una a la conversación, pero se va con la promesa de regresar.  «Somos amigos, pero es de Libre», nos dice German.

A unos pasos de don German, encontramos a Lázaro González, fotógrafo. «El pueblo pueblo a veces no conoce lo que pasa en esa corporación, los cabildos abiertos se perdieron. No existen», nos comienza diciendo. 

Su crítica no es solo contra «Polo», incluye a liberales, nacionalistas y libres: «Todos, ellos hacen sus cosas y el pueblo no sabe. No me va a decir que es un buen alcalde porque ¿una obra estructural de Choloma donde la voy a encontrar?, hay otras cosas que las maniobras, una de ellas es la compra de conciencias».

parque central de Choloma.
Todo los días, Lázaro González ofrece sus servicios como fotógrafo en el parque central de Choloma. Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez

Las decisiones en Choloma la toman el alcalde y diez regidores: Miguel Alvarado, Doris Ulloa, Yesenia Montoya y Alexander Mejía por el Partido Liberal; Leda García Pagán, Martha Cruz, Jorge Jarufe y Rafael Ugarte por el Partido Nacional; Gustavo Mejía y Hugo Rodríguez por el Partido Libre.

Gustavo Mejía dice que sí han habido cabildos abiertos, pero son condicionados, pues ahí llega gente afín a «Polo», son reuniones controladas. En tiempos de pandemia no se han realizado cabildos abiertos. 

Don Carlos Matute escucha con atención la conversación con Lázaro. Ellos son amigos, se hablan con familiaridad y respeto. «Yo le puedo dar un montón de referencias del alcalde, es que la cuestión está en que cada cabeza es un mundo», nos dice. 

Matute se encuentra en una silla de ruedas. Padece de diabetes crónica, razón por la que perdió una de sus piernas. Además, nos cuenta que ha sobrevivido a tres derrames cerebrales. 

Hace unos cinco años tuvo una crisis diabética y perdió su pie. Estaba en calamidad doméstica. Un día recibió la visita de un empleado municipal, quien es cercano a su familia. «Vos sos de otro partido, pero aquí me manda el ingeniero («Polo» Crivelli) para ver en qué te puede ayudar», le dijeron.

«Y mire que yo nunca había sido liberal, un tiempo fui nacionalista por mi padre. Ese señor no  anda viendo si usted es liberal, pinuista o demócrata, negro chino, gordo, blanco, alto o enano, feo o bonito con tal usted le hable con la verdad,  él le ayuda», dice Carlos, mientras es observado con un poco de desaprobación por Lázaro González. 

Afirma que por mucho que señalan cosas de «Polo» Crivelli, él no tiene problemas con el alcalde liberal:  «Estoy agradecido con él, después de Dios y mi familia, el poco aliento de vida que me queda se lo debo a él», nos dice.

Carlos Matute es un ciudadano cholomeño. Está enfermo de diabetes y asegura fue y es apoyado económicamente por la administración Crivelli. Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez.

«Pero vaya a los Bajos de Choloma a ver qué le dicen», refuta Lázaro y luego agrega: «allá no quieren a «Polo» porque no les ha ayudado».  Estamos terminando la plática, cuando llega una anciana y pregunta a Lázaro qué estamos haciendo. Cuando sabe que hacemos un reportaje sobre la gestión de «Polo» Crivelli, ella dice:» Ese señor no ha hecho nada por Choloma», y sigue su camino. 

La maquinaria de Polo

«Polo» busca el quinto período como alcalde de Choloma. Ha gobernado a la tercera ciudad del país por 16 años y parece encaminado a un nuevo período. Las últimas dos elecciones las ha ganado con holgura, ¿qué ha hecho el ingeniero Crivelli para mantenerse tanto tiempo en el poder? 

De las cuatro elecciones en las que ha participado solo en una ocasión, Polo estuvo muy cerca de perder. En el 2005, obtuvo 15,134 votos por 10,600 del Partido Nacional. En el 2009, tras el Golpe de Estado a Manuel Zelaya que propició una gran derrota para el candidato liberal Elvin Santos, «Polo» se mantuvo en el poder con 19,944 votos, mientras que el Partido Nacional obtuvo 17,233. 

Para el 2013, la configuración electoral cambió con el nacimiento de Libertad y Refundación y Partido Anticorrupción. La división de la oposición favoreció a «Polo», que sostuvo el favor de sus votantes y obtuvo 23,293 sufragios, el Partido Nacional 16,464, Libre 12,549 y el PAC 9253. 

En 2017, cuando el Partido Liberal cosechó su peor derrota electoral con Luis Zelaya como candidato, «Polo» fortaleció su entramado y logró su victoria más holgada al obtener 30,175 votos, el Partido Nacional logró 20,077 votos  y la Alianza Libre/Pinu  11,280.

Crivelli tiene una bien organizada estructura de activistas para  atraer votantes nuevos y mantener a quienes ya votaron por su movimiento. Además, el opositor Gustavo Mejía menciona que «Polo» es apoyado por un grupo de empresarios que maneja la alcaldía cholomeña y por el presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional a pesar de ser de un partido diferente. 

Choloma es la tercera ciudad más importante del país, genera cerca del 15 % del producto interno bruto del país. Es el principal enclave maquilero, con unas 75 empresas de la industria textil. Según el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 80 % de su población vive en el área urbana.  En ese entonces, tenía un 8.4 % de su población en edad escolar en analfabetismo.

Es una ciudad de obreros, con abundantes barrios marginales, donde se reflejan los altos índices de pobreza del país, que después de 16 meses de pandemia y el paso de dos tormentas, según estadísticas del INE, se ha elevado hasta el 70%.

En esos barrios con profundos hilos de pobreza se mueven las estructuras clientelistas de «Polo». Él y su estructura se han preocupado por atender casos como los de German y Carlos mencionados en capítulo anterior porque estos le garantizan votos en las urnas. Por eso grandes porciones del presupuesto están destinadas a las ayudas sociales. 

El regidor Mejía denuncia que la alcaldía de Choloma tiene en planilla muchas personas que no desarrollan funciones en la misma: «En la Municipalidad ha tenido mucha gente paracaidista, él ha tenido un control completo hasta con los patronatos, acaparó todo al estilo de Juan Orlando. Es igual, a puro dinero», dice. 

En información obtenida en la Municipalidad de Choloma consta que actualmente la planilla municipal tiene 447 empleados permanentes, pero siempre hay contratos especiales. En 2017, estos contratos tenían una asignación de  3,114,021. Ese fue un año electoral en el que también la municipalidad se gastó 1,000,000 de lempiras en publicidad y la oficina de Relaciones Públicas tenía 1,500,000 lempiras (62,500 dólares)  para alimentación de personas. 

Aún así, después de las elecciones en 2018 y en plena crisis postelectoral, hubo 4,017,000 millones de lempiras (167,000 dólares) de contratos especiales. Para este año también gastó 1,300,000  lempiras (154,000 dólares) en pago de publicidad. 

«Polo», como casi cualquier político en Honduras, es un beneficiado de un vicio de la política llamado clientelismo electoral. Se ha convertido en el alcalde dadivoso que ayuda directamente a su gente con medicinas, un techo o regalando 500 lempiras. Todas estas acciones le generan votos para el próximo evento electoral. 

En una conversación con Contracorriente, el sociólogo Pablo Carías, explicaba el fenómeno del clientelismo de la siguiente forma: «Es un vicio o deformación de nuestra política. Podríamos explicarlo a partir de una relación que se da entre un político y una persona común, que tiene intereses muy puntuales que resolver». 

El regidor Mejía cuenta que en una sesión de corporación a Polo le negaron la utilización de 7 millones de lempiras para realizar una serie de proyectos de construcción y mejoramiento de obras en los barrios. «Es para hacer política», dice el opositor. 

Desde el presupuesto de la Municipalidad, «Polo» alimenta y se beneficia del clientelismo. En el 2017 invirtió  57,599,000 lempiras (2,4 millones de dólares)  en el programa Vida Mejor, que se dedica a la construcción de pisos y techos saludables. Además, invirtió 90,000 lempiras en estufas económicas y 867,000 lempiras (36,125 dólares) en mantenimiento de obras.  Realizó transferencias a asociaciones sin fines de lucro no nombradas en el presupuesto por 600,000 lempiras (25,000 dólares).

Municipalidad de Choloma
Fachada de la Municipalidad de Choloma, que actualmente ocupa la tercera posición en homicidios en el país solo detrás de San Pedro Sula y el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela). Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez.

En apoyo a  la micro, pequeña y mediana empresa dedicó 867,000 lempiras. En 2017, la municipalidad tuvo un presupuesto de 350 millones de lempiras (14,500,000 dólares).

En el 2018, la administración Crivelli orientó 18,788,000 millones (782,833 dólares ) a un programa llamado Todos por la Paz, que intenta reducir los índices de violencia de la ciudad, que en los últimos años ha caído en la zozobra por un baño de sangre. 

Pero los resultados de ese programa son cuestionables, en 2020 en plena pandemia, en Choloma hubo 159 homicidios, que representan el 7.7 % de los homicidios en el país, fue la tercera ciudad en este registro en el país, solo por detrás de Tegucigalpa (569) y San Pedro Sula (330). 

También en el presupuesto de 2018 aparece un renglón presupuestario que se refiere a  «Ayuda Social a personal de capital» esta casilla tiene una erogación de 7,087,000 millones de lempiras. En 2019, la Municipalidad cholomeña contó con un presupuesto de 503 millones de lempiras (21 millones de dólares), de los cuales solo 170 fueron orientados a obras de infraestructura. 

En el 2020, el presupuesto alcanzó los 532 millones de lempiras (22,5 millones de dólares). Al programa Vida Mejor, que forma parte de asistencialismo estatal, se asignaron 85 millones de lempiras (3,5 millones de dólares). En este año hubo fondos por 6,5 millones de lempiras para realizar transferencias a asociaciones sin fines de lucro, pero en ninguno de los casos se da el nombre de los beneficiarios. En el programa Todos por La Paz se invirtieron 36 millones de lempiras (1,5 millones de dólares).

Crivelli tiene cuentas pendientes con la justicia hondureña. Se presentó ante los tribunales de justicia en noviembre de 2019 para declarar por las acusaciones de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos. 

En el año 2020 fue capturado como resultado de una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas a la Municipalidad de Choloma en el período comprendido entre 2005 y 2011. Ahí salieron a relucir indicios de responsabilidad penal por parte del alcalde y la Corporación Municipal que aprobaron la compra de un terreno sobrevalorado sin seguir procedimientos apegados a la ley.  

El bien fue adquirido en 2008 para la construcción de un relleno sanitario, la Contaduría General de la República avalúo el terreno en 3,025,000 de lempiras, pero en la alcaldía cholomeña se autorizó la compra por 10,500,000 lempiras.

Crivelli estuvo dos meses suspendido como máxima autoridad de Choloma hasta que la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de amparo que le permitió reintegrarse a sus labores dos meses después, pero la causa en su contra continúa. «Todo fue por un bien para el municipio, en Choloma todos saben que es un precio justo», dijo Crivelli a La Prensa cuando en octubre de 2020 regresó a la alcaldía. 

Por este caso ya fueron condenados por violación a los deberes del funcionario nueve exregidores de la alcaldía cholomeña: Sandra Deras, Manuel Vallecillo Brocato, Rigoberto Ramos Moya, Norman Portillo Velásquez, José Inés Ayala, Milton Urbina Macías, Irma Delia Pérez Coto, Jesús Alcocer y Nelson Midence Calderón. Ellos recibieron de nueve meses a tres años de prisión, mientras que fueron inhabilitados para ejercer cualquier función pública. 

El regidor Mejía señala la corrupción de «Polo», pero también reconoce que tiene una poderosa maquinaria electoral y que utiliza métodos tradicionales para obtener votos. Sostiene que a cada empleado municipal se le ha pedido que consiga sesenta votos para el candidato y actual alcalde, los cuales deben ser acreditados con pruebas. Lázaro González, también ha escuchado una versión muy parecida de empleados municipales. 

Mejía cuenta que en el preámbulo de las elecciones en la comuna cholomeña se está contratando a «gran cantidad de gente» incluidos líderes de barrio de la oposición, a quienes ofrecen de salario hasta 30,000 lempiras». 

Lázaro dice que ve con asombro la cantidad de activistas que componen el ejército que «Polo» tiene para ganar las elecciones, «hay más activistas que dinero en la caja», nos dice para después expulsar una sonora carcajada.

Melania Reyes, directora del Movimiento de Mujeres de Colonia López Arellano (Momucla), reconoce que en Choloma la gente es muy liberal y que «Polo» ha logrado formar una gran estructura para mantenerse en el poder:  «Indiscutiblemente ha sido muy inteligente», dice.

Momucla
Melania Reyes es la directora del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano, Momucla. Esta organización ha encabezado protestas contra el establecimiento de las ZEDES en Choloma. Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez.

La historia del alcalde dadivoso, Melania la mira desde otra perspectiva: «Él regala el dinero del pueblo, de los impuestos de nosotros, para otras cosas. En lo personal para mí, no ha sido un  buen alcalde, pero tiene una gran estructura». 

Reyes dice que su posición crítica la ha confrontado con algunas estructuras que apoyan al alcalde cholomeño: «A mí me han querido callar, pero siempre he dicho que si es el momento de irme, no hay problema». 

Y parece que esa gran estructura que mencionan Melania y Gustavo Mejía ya ha sido heredada, pues permitió que su hija Kathia Crivelli, quien participaba por primera vez en política, resultara como la primera candidata a diputada por el departamento de Cortés. Fue la liberal con más votos en este departamento con 38,483 marcas. La joven política superó a figuras reconocidas del liberalismo como Harry Panting y Marlon Lara y va con el movimiento de Yani Rosenthal. 

Cercano de convictos y lío con las ZEDE

Los enredos de «Polo» en tribunales de justicia van más allá de la frontera de Honduras, Crivelli fue mencionado por distintos actores en el juicio contra el hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

El acusado fue una de las personas quien mencionó a «Polo» Crivelli, confirmando que en una de las campaña a la alcaldía municipal, no especificó cuál, él había contribuido  con unos 140,000 lempiras.

El regidor Gustavo Mejía dice que Giovanny Fuentes Ramírez, a través de su empresa de biomasa encabezó una deforestación masiva en Choloma sin que ninguna autoridad municipal hiciera nada. «Nunca dijo nada. Nosotros íbamos y no se hacía nada. Ahora nos damos cuenta que había una alianza y eso le permitió hacer mucho. Sabíamos que le quitó tierras a la gente a vista y paciencia del alcalde», aseveró.

regidor municipal
El profesor Gustavo Mejía es regidor municipal por segunda ocasión bajo la bandera de Libertad y Refundación. Gustavo es candidato a la alcaldía del municipio de Choloma una vez más en las elecciones de noviembre del 2021. Choloma, Cortés. 25 de junio de 2021. Foto Délmer Martínez.

En ese juicio de Fuentes Ramírez también fue mencionado por un testigo protegido el empresario arrocero Fuad Jarufe, dueño de la plantación de arroz, que «Polo» menciona en la entrevista para La Tribuna como uno de sus dos trabajos. Según el testigo, en las oficinas de Jarufe, Fuentes Ramírez se reunió en dos ocasiones con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y le entregó 25,000 dólares en sobornos. 

La llegada al poder de «Polo» fue en gran parte por el apoyo de don Jaime Rosenthal, patriarca de la poderosa familia del norte del país, que en 2015 vio como tres de sus miembros, incluido don Jaime, eran señalados por Estados Unidos de permanecer una década lavando dinero proveniente del narcotráfico.

En esa ocasión también señalaron a Yani Rosenthal, quien purgó tres años en una cárcel estadounidense al declararse culpable por el delito de participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita. 

Yani es ahora  el candidato presidencial del Partido Liberal y bajo su sombra, «Polo» busca quedarse por quinto período consecutivo en la alcaldía cholomeña.  «Él (Polo) fue muy allegado con Jaime Rosenthal, los defendía a capa espada. Además, eran socios de Sady Andonie, ahora nosotros decimos que eran un solo grupo».

Andonie es un reconocido empresario arrocero en el sector de Choloma y es también político. Fue diputado por el Partido Liberal en el período de 2006 a 2009.  El empresario se vio involucrado en escándalo por la importación irregular de 14,600 toneladas de arroz. El caso quedó en el olvido, como tantos en Honduras.

Yani Rosenthal | Partido Liberal
Yani Rosenthal, candidato a la presidencia del país durante una conferencia de prensa en la sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Pero en Choloma, hay gente que defiende a capa y espada a «Polo». Don German dice que en la política siempre habrá quien trate de desacreditar a las personas. «Es que alguien me puede decir a mí que soy asesino, el asunto es que me prueben, porque si no lo hacen es en vano tanta palabrería», dice.

***

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que ha impulsado el Gobierno de Juan Orlando Hernández, es en este momento uno de los temas más controversiales en Honduras. Este proyecto es calificado por los profesionales del derecho como una abierta violación a la soberanía nacional. 

Pues en Choloma, se está construyendo una ZEDE denominada Ciudad Morazán en el sector de la aldea Caraos. El proyecto pretende ser una zona industrial y residencial, en la que se están desarrollando alrededor de 70 apartamentos que tienen un valor entre 2000 lempiras  (83 dólares) y 3000 lempiras (125 dólares).

Este proyecto le ha provocado dolores de cabeza a «Polo». Las fuerzas vivas de Choloma han expresado su desacuerdo en el proyecto. La última protesta se realizó el 24 de julio, cuando cientos de ciudadanos le dijeron no a Ciudad Morazán.  

Una de las protagonistas de esta protestas fue Melania Gómez, directora de Momucla, quien semanas atrás había expresado su desacuerdo con el proyecto.  «Con el movimiento hemos estado luchando para que estas ZEDE no se queden y al señor alcalde le hemos dicho que si él anda aprobando eso será el próximo que se quite de esa silla porque no queremos una persona que esté dañando nuestras comunidades y nuestro municipio, no vamos a permitir eso aunque hayan muertes».

El regidor Gustavo Mejía dice que «Polo» no ha tomado posición frente a la ZEDE porque hay una alianza con el Gobierno nacionalista. «Él en este momento representa los intereses de Juan Orlando y se lo he dicho: «¿Cuál es el miedo que le tiene a Juan Orlando?”», dice. 

Advierte, que pese a que la ZEDE se sigue construyendo, en sesión de corporación este proyecto quedó vetado donde quedó plasmado en el acta que la mayoría de regidores no están de acuerdo. «La ZEDD la están haciendo, pero ese es problema de ellos», sostiene. 

Crivelli ha guardado silencio frente a la construcción de la ZEDE en Choloma. Las elecciones venideras tomarán a «Polo» en una posición que no tuvo en los cuatro procesos que ganó anteriormente, pues además del controversial tema de las ZEDE, también ha sido mencionado en una Corte de Nueva York y en Honduras su libertad pende la Corte Suprema de Justicia.

Carolina Echeverria, candidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras para el departamento de Gracias a Dios, fue asesinada en su casa, ubicada a dos cuadras de Casa Presidencial en Tegucigalpa, la noche del domingo 25 de julio Este crimen oscurece el panorama electoral por la gran influencia que ejercía Echeverría, y por ser alguien que incluso llegó a ser considerada parte de la familia de Yani Rosenthal, actual aspirante a la presidencia por los liberales.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix


La abogada Carolina Echeverría Haylook (60 años) había ocupado entre 2006 y 2010 el único puesto de representación que tiene el departamento de Gracias a Dios en el Congreso Nacional, y ahora tenía posibilidades de volver a ocuparlo como parte del movimiento de Yani Rosenthal, empresario y exconvicto por delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos, a quien ella consideraba su propia familia.

Esas aspiraciones terminaron aproximadamente a las siete de la noche del pasado domingo, en su casa de la colonia Lomas del Mayab en Tegucigalpa, ubicada a unas cuadras de distancia de la Casa Presidencial. Echeverria abrió la puerta a una comitiva de cinco personas vestidas como personal médico, que supuestamente acudían para observar a su esposo —el abogado Andrés Urtecho, excomisionado de Policía y paciente positivo por COVID-19—, sin embargo, resultaron impostores criminales. Ahora Urtecho, quien sobrevivió al ataque escondiéndose tras una puerta y quedó con algunas heridas de bala, asegura que fue un crimen planificado que concluyó en un disparo en la sien izquierda de su esposa.

El pasado lunes durante su velatorio en el salón principal del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Yani Rosenthal (candidato a la presidencia) recordó que esa misma semana se había reunido con la exdiputada que formaba parte activa de la dirigencia del partido.

Rosenthal abrazó y secó las lágrimas de la familia de Echeverria e hizo guardia frente al féretro durante varios minutos, concluyó con un discurso de despedida en el que aseguró: «Hemos perdido una amiga, una persona que era casi parte de mi familia, ella misma se autodenominaba hija de Jaime Rosenthal, me decía «mi hermanito», era miembro de las etnias, una líder nacional del partido, una pérdida irreparable para el país y nuestra institución. Descansa en paz querida Carolina, que Dios te bendiga y que ojalá, mi padre te reciba allá arriba en el cielo donde van a estar juntos».

La sombra de la violencia política

Tan solo entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 un total de 35 personas ligadas a la política, entre ellos 12 candidatos a elección, fueron víctimas de la violencia política en Honduras, y 12 de esos casos resultaron en homicidios, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).

Según el mismo informe 5 casos son del Partido Liberal del que formaba parte Echeverria, 8 del Partido Libertad y Refundación (Libre) y 21 del Partido Nacional, y concluye que la violencia política contra candidatos a cargos de elección popular y sus militantes, ha aumentado en su letalidad, pese a las medidas de restricción impuestas por el Gobierno debido a la COVID-19.

En ese contexto, Migdonia Ayestas, directora del ONV-UNAH, en una entrevista con Radio América dijo que «es lamentable la muerte violenta de una excongresista, candidata a diputada y mujer» y aseguró que los casos de violencia política evitan que otras mujeres participen en búsqueda de cargos de elección popular. En total son 6 mujeres las que han sido víctimas de este tipo de violencia en el contexto electoral desde diciembre.

En el caso de Carolina Echeverría, los principales lideres del Partido Liberal no se atreven a suponer que su asesinato fue producto de sus aspiraciones políticas, sin embargo, Yani Rosenthal comentó que «varios candidatos han fallecido por culpa de la inseguridad de este país —y aprovechó para apuntar a la actual administración— por tanto, es importante que las autoridades reduzcan los niveles de inseguridad, es lo que más prometió el Gobierno cachureco y no lo ha logrado para nada».

partido liberal
La bandera del Partido Liberal ondea a media asta en señal de luto luego del asesinato de la exdiputada liberal Carolina Echeverría. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

El candidato presidencial aseguró que la depuración de la Policía Nacional no ha llegado hasta la optimización de esa fuerza de seguridad y que ahora se necesita depurar a la fiscalía del Ministerio Público con el objetivo de «encontrar fiscales que realmente tengan voluntad para resolver los casos», y apuntó que es importante la independencia de los poderes del Estado, ya que la acumulación del poder en la figura de Juan Orlando Hernández ha llevado a la pérdida de seguridad jurídica y personal en el país.

Yani Rosenthal es parte y líder de una de las familias con mayor poder político y económico en el país, pero que también estuvo ligada a delitos relacionados con el narcotráfico en investigaciones del Gobierno estadounidense. Jaime Rosenthal, el patriarca de la familia, junto a su hijo Yani y su sobrino Yankel, fueron acusados por «proveer servicios de lavado de dinero para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales», según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Honduras. 

En ese contexto, en julio de 2017, Yani Rosenthal se declaró culpable por lavar dinero del narcotráfico para el cartel de Los Cachiros, por lo cual se le impuso una sentencia de tres años de cárcel en Estados Unidos. Finalmente regresó a Honduras el 7 de agosto del año pasado, y allí en la pista de aterrizaje para recibirle se encontraba Carolina Echeverria Haylook que, además, en años anteriores había visitado constantemente a Jaime Rosenthal hasta su muerte en 2019.

Mejía apuntó a Echeverría como una «de las líderes más importantes, quizá la más importante del sector femenino en nuestro partido» y mencionó que esperan que el tiempo de lugar a que las investigaciones revelen el trasfondo del crimen, y asegura que si fuese político «va a enturbiar totalmente estas elecciones».

Sobre el proceso de investigación, Yani Rosenthal apuntó en declaraciones a medios de comunicación: «Queremos exigirles a las autoridades que aceleren el proceso de investigación, sentimos que es un área de la ciudad que está bien protegida, con muchas cámaras del 911, por lo que la policía debería tener suficiente evidencia para encontrar a los culpables y presentar a los fiscales».

Además, aseguró que es importante que se aclare el crimen para saber de dónde proviene, y descartar que haya sido el factor político. «Justamente su muerte nos duele porque usaron los métodos que ella siempre rechazó, porque recurrieron contra una mujer valiente que usó las palabras para defenderse y defender a Honduras, especialmente a sus queridos miskitos y miskitas», concluyó.

Familiares de Carolina Echeverría, exdiputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, quien fue asesinada la noche del 25 de julio en su casa ubicada en la colonia Lomas del Mayab de la capital hondureña. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Echeverria era originaria de la comunidad de Cauquira en el departamento de Gracias a Dios (territorio del pueblo indígena miskito), donde fue sepultada según sus deseos previos. Gracias a Dios fue apuntado en septiembre de 2018 por el Gobierno de Estados Unidos en una alerta para sus ciudadanos como «un área aislada con altos niveles de actividad criminal y tráfico de drogas. La infraestructura es débil, los servicios del Gobierno son limitados y la presencia policial y militar es escasa».

Yuam Pravia, periodista local en el departamento de Gracias a Dios, dijo —refiriéndose a Echeverría— a Contracorriente: «Su imagen representa muchísimo, no solo como figura política, sino como una mujer emprendedora, luchadora, profesional, era compañera de todos los pobladores de la Moskita hondureña».

Yuam aseguró que esta pérdida es una tragedia y que la Moskitia no volverá a tener una hija igual a Carolina Echeverria Haylook.  

La noche del crimen

Este crimen tiene como principal testigo y sobreviviente al abogado Andrés Urtecho (68 años), esposo de la candidata a diputada, quien en una entrevista con Radio América dio detalles de lo que ocurrió la noche del domingo cuando tocaron a su puerta.

«Eran cinco, vestidos como médicos completamente, cuatro hombres y una mujer. Llegaron a mi casa buscando mi casa, no fue aleatorio», dijo Andrés Urtecho, y añade que está seguro que ellos tenían información desde dentro de su familia porque sabían que él estaba recibiendo tratamiento por ser un caso positivo de COVID-19, y sabían dónde estaba ubicada el área de habitaciones donde él estaba, ya que uno de ellos subió directamente para buscarlo.

Momento en que el abogado y excoronel de policía Andrés Urtecho Jamborde, esposo de la exdiputada Carolina Echeverría, era ingresado a su casa en la colonia Lomas del Mayab por el personal médico que lo trasladó desde el Hospital Militar en una ambulancia policial. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Agregó que la investigación no debe descartar ninguna hipótesis, y que él mismo maneja algunas, pero que las mantendrá en secreto hasta que pueda recuperarse de las heridas de bala en el brazo y la rodilla para incorporarse activamente en la investigación.

Urtecho fue director de la Policía Nacional en los años 90, ahora en condición de retiro es defensor legal del exdiputado Fredy Nájera y del exoficial Jorge Barralaga, ambos imputados en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Urtecho ha asegurado que él y su esposa no habían recibido amenazas y tampoco habían considerado la necesidad de seguridad. Cuenta que su esposa tenía grandes posibilidades de ser diputada, y que en el pasado la única situación fuera de lo normal fue cuando le ofrecieron 10 millones de lempiras para retirarse de la contienda política, los que ella rechazó.

«No quiero que sea algo político porque sería nefasto matar a candidatos para obtener diputaciones o la presidencia, sería lo peor para el país. Igual, matar a mi esposa fue un hecho sin sentido, la persona que la mató fue un asesino nato, porque acabó con alguien que no le estaba amenazando», aseguró.

El candidato a la presidencia del país por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, saluda a familiares de la exdiputada Carolina Echeverría, durante su velatoria en la sede del Comité Ejecutivo Central del Partido Liberal en la capital hondureña. Tegucigalpa, 26 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En una conferencia de prensa el comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez aseguró que ya se han establecido algunas líneas de investigaciones y que ya se había recogido el testimonio de algunos de los testigos del crimen, principalmente con el abogado Urtecho.

Sobre la acción de la Policía Nacional, Urtecho se mostró inconforme asegurando que el asalto a su casa duró unos 20 minutos, que hubo múltiples disparos y que, aunque estaban a dos cuadras de Casa Presidencial los agentes de la policía llegaron mucho tiempo después.

Honduras cerró 2020 como el país más violento de Centroamérica y el tercer país más violento de América Latina, según datos de InSight Crime, y proyecciones locales indican que seguirá ese mismo curso con un aumento significativo en el primer semestre del año que pasó de 1614 homicidios a 1875. En este contexto, los profesionales del derecho, como Urtecho y Echeverría, son uno de los grupos más vulnerables.

El pasado miércoles el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), a través de su presidente Fredis Cerrato, anunció que se reunirán para analizar su retiro del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, al considerarlo «una burocracia absolutamente inútil que no ha servido en lo más mínimo para garantizar protección y defensa a nuestro gremio».

Rafael Antonio Canales, exvicepresidente del colegio de abogados y miembro de su tribunal de honor, informó que en los últimos 6 años han sido asesinados 166 profesionales del derecho y que casi un 90 % de esos crímenes no han sido esclarecidos.

Canales era amigo personal de Carolina Echeverría, habían sido compañeros de maestría y hablaron el sábado previo al crimen, comentó que la pareja no tenía seguridad personal y visitaban muchas ciudades del país sin problema. Nunca le comentó sobre alguna amenaza.

«Después queda flotando la dignidad de estos profesionales especulando que fue por tales y tales circunstancias que nada tienen que ver con los hechos reales», dijo Canales y añadió que él no cree que sea una acción dirigida a los políticos, sino que es una situación de inseguridad generalizada. «Yo la considero una de las diez mujeres más beligerantes que ha tenido el país en las últimas décadas, siempre veló por la defensa de los intereses del país, de su partido liberal que lo amaba, y sobre todo de su pueblo de la Moskitia», concluyó.

Cuando María se mudó de Sabana Grande —un municipio en el sur del departamento de Francisco Morazán— a Comayagüela en el Distrito Central, lo hizo para ser trabajadora doméstica, un trabajo que en 1966 y con 16 años hacía por cinco lempiras al mes. María fue trabajadora doméstica ininterrumpidamente hasta 2020, cuando el Gobierno hondureño declaró el estado de emergencia sanitaria debido a la expansión de la COVID-19. Su patrona —quien la contrató durante los últimos once años y por quinientos lempiras al mes— no quiso contratarla más por temor al contagio, y desde entonces no volvió a trabajar. María y su hermano Inés de 67 años y en silla de ruedas, han llegado a vacunarse al complejo deportivo militar Campo de Parada Marte, donde esta mañana se les aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19.

Para poder completar su esquema de inmunización, María e Inés debieron levantarse a las 5 a. m. y subirse a un bus que el programa Vida Mejor, a través del proyecto Familias Felices, ha puesto a disposición para que las personas de su colonia puedan acceder a los centros de vacunación. Al bajar del bus, María e Inés debieron escuchar varios insultos de personas que pasaron la noche en las inmediaciones del centro de vacunación, acusándoles de ser activistas del Partido Nacional, pero María explica que la única ayuda que ha recibido durante la pandemia fue una provisión de comida y la vacuna contra la COVID-19.

Las denuncias por la politización de vacunas por parte del Partido Nacional se han agudizado en Honduras. Pero no solo se está denunciando el mal accionar del Gobierno central, también el de algunos alcaldes que están aprovechando la situación para obtener simpatías y traducirlas en votos en las elecciones generales, programadas para el último domingo de noviembre.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix y Sandra Ruiz


«Me vine a pie, caminé más de 40 minutos, pero no me han dicho nada de si me van a vacunar», dice don Luis Alonso Morales, de 71 años, bajo el intenso sol a las nueve de la mañana en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. El pasado 22 de julio, intentó por tercera vez vacunarse a pesar de que su rango de edad había sido programado para mayo de 2021.

A la par de don Luis Alonso está Adán Gómez, de 57 años, preguntando desesperadamente si hay vacunas para ellos en la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP), el lugar que había sido destinado para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Moderna. «Estamos aquí a la intemperie y al vivo sol. Nadie ha venido a decirnos nada de si debemos continuar haciendo fila para vacunarnos o si mejor nos vamos».

Tanto Luis Alonso como Adan Gómez —que pasan los 50 años y tienen enfermedades de base— ignoraban que adentro, en el salón de la CCPI, había personas mucho más jóvenes que ellos vacunándose.

Luis Alonso Morales, de 71 años, se une a la fila para ser vacunado en la ciudad de El Progreso, Yoro. 22 de julio de 2021. Foto: Sandra Ruiz.

El Gobierno de Honduras informó, a través del subsecretario Fredy Guillén, que cuenta con 4,5 millones de vacunas para inmunizar a 2,2 millones de hondureños. «En las próximas semanas va a llegar una buena cantidad de dosis, hemos hecho compras bilaterales con el Fondo de Inversión Rusa y con Pfizer y esperamos que el 50 % de las personas elegibles estén vacunados este 2021».

Según datos de la Universidad John Hopkins y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicados esta semana, Chile y Uruguay son los países de América Latina con más personas completamente vacunadas contra la COVID-19, con el 63.61 % y el 61.47 % de la población, respectivamente, no obstante, Honduras y Haití apenas han vacunado a un poco más del 1 % de su población.

Vacunatón: la campaña de vacunación más agresiva del Gobierno

A pocos meses para el desarrollo de las elecciones generales, a desarrollarse el último domingo de noviembre del presente año, el Gobierno de Honduras ha lanzado el programa Vacunatón, que consiste en vacunar al mayor número de personas posibles, con dosis que en su mayoría han sido donadas.

En una conferencia de prensa, brindada el pasado 26 de julio, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, anunciaron la creación de un equipo integrado por diferentes secretarías del Estado para ejecutar el Plan Vacunatón, a desarrollarse entre el sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto.

«Queremos inmunizar a toda la población comprendida de 25 años en adelante. Quiero manifestarles que, de acuerdo al comportamiento epidemiológico observado en las últimas cuatro semanas, ya sabemos que el epicentro de la pandemia está en el Distrito Central. Eso nos obliga a replantear varias estrategias, entre ellas, replicar esta actividad en todas las cabeceras municipales», dijo Alba Consuelo Flores en comparecencia de prensa.

Termo porta vacuna Pfizer
Termo porta vacuna Pfizer en el gimnasio municipal de La Lima. 28 de julio de 2021. Foto: Sandra Ruiz.

Y aunque Vacunatón luce como un programa de vacunación efectivo contra la COVID-19 —provechoso en términos propagandísticos y de publicidad— no lo es en la práctica, pues Honduras continúa siendo uno de los países más atrasados en el mundo en cuanto a la adquisición de vacunas e inmunización de la población contra la COVID-19.

La aplicación de vacunas a nivel nacional es realizada a través de la Secretaría de Salud (Sesal), que a su vez es controlada por funcionarios activistas del Partido Nacional, no obstante, Honduras cuenta con 298 municipalidades, es decir, con gobiernos locales —gobernados por alcaldes del Partido Liberal o de Libertad y Refundación (Libre)— que han denunciado el mal manejo y la politización de las vacunas.

Algunos alcaldes opositores al partido de gobierno —que conocen de prácticas clientelistas porque ellos también las practican— al observar que el Partido Nacional está ganando terreno al politizar las vacunas, han recurrido a denunciar a los nacionalistas y a movilizar a su gente a los centros de vacunación. Esa situación ha generado algunos altercados en los centros de votación, que se traduce en palabreos entre activistas con intereses contrarios. No obstante, gracias a esa confrontación, algunas personas que no son activistas de ningún partido han podido ser vacunadas.

Pero en los departamentos y municipios en donde todo es controlado por el Partido Nacional, es de donde más han surgido denuncias sobre politización de las vacunas.

En un comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), publicado el 12 de julio, se indicó que las vacunas se están entregando con criterios políticos y que además están siendo destinadas a la promoción y publicidad del Partido Nacional. El texto señala que eso es «francamente abusivo y debería castigarse con rigor a los responsables tanto del Gobierno, como a los miembros de la campaña del Partido Nacional».

El CCEPL hizo otra denuncia todavía más grave y es que, según el comunicado de los liberales, se está atrasando la vacunación con fines electorales, lo que ocasiona la muerte de miles de hondureños que no están siendo vacunados. «Es claro que el Partido Nacional está demorando intencionalmente la vacunación de la población para hacerlo durante la campaña electoral e intentar lucrarse políticamente con ello», señala el comunicado del CCEPL.

Una Comisión Jurídica del Partido Liberal entregó el 14 de julio al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) —una institución no gubernamental— documentos y pruebas para que se pueda denunciar formalmente actos de corrupción e investigar el uso de la vacuna contra la COVID-19 por parte del Partido Nacional en campañas políticas electorales.

Cabe aclarar que el Ministerio Público es el único que goza del monopolio de la acusación penal en Honduras, por lo tanto, es la única institución que puede proceder penalmente por obstaculizar el derecho humano a la salud de la población, algo que está garantizado en la Constitución de la República. No obstante, el CNA, instancia de sociedad civil, cuenta con apoyo internacional y mediático en denuncias públicas.

Guía de familia
Una Guía de familia se aplica la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 24 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Para el sociólogo hondureño Julio Navarro el clientelismo político en Honduras se ha acentuado en la última década, coincidiendo con el amplio período que ha gobernado, ininterrumpidamente, el Partido Nacional, tras el golpe de Estado de 2009 en contra de José Manuel Zelaya Rosales.  

Julio Navarro explica que durante los últimos diez años las acciones del Estado hacia la población han estado bajo el parámetro del asistencialismo y del clientelismo político: entrega de bolsas solidarias, fertilizantes, urea, bonos y becas a estudiantes.

«Pero una cosa tan delicada y trascendental como es la vacunación durante esta pandemia, no puede estar bajo el prisma político del Gobierno o bajo la aspiración política de algunos alcaldes que hacen proselitismo con base en la vacuna. Esto es condenable, que haya que vacunar a las personas según el signo político que tengan», dijo a Contracorriente el sociólogo.

Navarro agrega que se está violentando un derecho fundamental, partiendo de que un 92 % de las vacunas han sido donadas por la comunidad internacional.

Julio Navarro explica que los activistas nacionalistas se imponen en las filas y obtienen como beneficio que algunas de estas personas sean reclutadas por el Gobierno a través de las vacunas.

Vacunación COVID-19
Soraya Ortega, enfermera del centro de salud Alonso Suazo, aplica la primera dosis de la vacuna Astrazeneca una Guía de familia en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 24 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, expresó a Contracorriente que han advertido a los organismos donantes que deben estar vigilantes de que se apliquen las vacunas de manera sistemática, respetando obviamente a las personas más vulnerables y a los grupos priorizados.

«Tiene que evitarse el utilizar la vacuna para agenciarse votos o utilizarla para los caprichos de quienes gobiernan, creemos como Colegio Médico que de corroborar esas cosas procederíamos a denunciar a nivel internacional, porque es una situación inaceptable», dijo Suyapa Figueroa.

La doctora Suyapa Figueroa añadió que el 99 % de las vacunas que se han aplicado hasta ahora en Honduras han sido donadas gracias a la caridad de la comunidad internacional, sin embargo, el Gobierno ha hecho una compra mínima que no llega ni al 1 % de la vacuna aplicada. 

«Ayer (jueves) perdimos a una colega que no recibió la segunda dosis de Sputnik y falleció producto del COVID-19, debieron haberle aplicado la segunda dosis para haber evitado esa muerte», agregó Suyapa Figueroa.

En una publicación anterior, revelamos que el Gobierno pretende vacunar a 6,981,186 personas, para esto se necesitarán 13,962,372 dosis. Según las cifras brindadas por la Secretaría de Salud, Honduras deberá comprar 8,600,372 y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) proveerá vacunas para inocular a 700,000 afiliados. El resto de las dosis han sido gestionadas a través de donaciones de países cooperantes o mediante la iniciativa del mecanismo Covax y la Organización Mundial de la Salud. 

Vale recordar que hasta ahora se han recibido 2,984,868 dosis, de las cuales, el Gobierno de Honduras solo ha financiado 201,610 dosis. Las compras se han realizado a la casa farmacéutica Pfizer y al Fondo de Inversión Directa de Rusia. Israel, Estados Unidos, El Salvador y México han sido los países que han donado más de 2,5 millones de vacunas. Las 658,040 vacunas restantes han sido donadas a través de Covax. 

Pelea por las vacunas en El Progreso, Yoro

En el municipio de El Progreso, Yoro, gobernado desde hace 15 años por el Partido Liberal, se han registrado fuertes altercados entre activistas liberales y guías de familia del Partido Nacional por el control de las vacunas. Los enfrentamientos han llegado a los medios de comunicación entre la jefa municipal de Salud, la doctora Esmeralda Velásquez (quien representa a la Secretaría de Salud y es militante del Partido Nacional) y el alcalde progreseño Alexánder López.

Alexander López, antiguo aliado del expresidente de facto Roberto Micheletti y actual candidato a alcalde por la corriente de Yani Rosenthal, denunció en un video que en El Progreso se están utilizando vacunas del sector público para venderlas en el sector privado y amenazó con publicar otra serie de irregularidades que involucran a la directora municipal Esmeralda Velásquez.

Contracorriente platicó con la doctora Esmeralda Velásquez para consultarle si se está politizando la vacunación en El Progreso, Yoro, y le pedimos también una explicación sobre el altercado con Alexander López. Ella respondió: «la población presta más atención a lo no oficial, pero como Secretaría de Salud no vemos colores políticos, somos empleados, trabajamos con base en los censos y metas y ahí van personas de diferentes razas y colores políticos. Nosotros trabajamos a través de las mesas intersectoriales, y en esa mesa la máxima autoridad local, que es el alcalde Alexander López, es quien la preside, se les ha expuesto (a los miembros de la mesa) que es la Secretaría de Salud la que lleva el rol de todas las políticas de salud, que somos los únicos voceros oficiales para dar información».

Ana Lucía Galo, enfermera.
Ana Lucía Galo, enfermera encargada de la Unidad de Salud de la municipalidad de El Progreso, Yoro, está atenta de posibles reacciones alérgicas por la vacuna. 22 de julio de 2021. Foto: Sandra Ruiz.

La enfermera Ana Lucía Galo, encargada de la Unidad de Salud de la municipalidad de El Progreso, Yoro, dijo que la vacunación en la ciudad marcha bien «gracias a la municipalidad de El Progreso, Yoro, porque el alcalde Alexander López siempre dice sí al tipo de acciones y al acompañamiento y logística». La enfermera Galo coordina la atención de las personas que llegan a vacunarse al Museo Ferroviario, uno de los cinco centros de vacunación habilitados en este municipio. 

Don Adán Gómez y don Luis Alonso Morales afortunadamente fueron vacunados ese 22 de julio. No obstante, Adán Gómez se quejó de haber permanecido varias horas debajo del sol mientras otras personas ingresaban directamente al centro de vacunación y sin realizar ninguna fila.

El 30 de julio, un buen grupo de personas en la ciudad de El Progreso, acudió al mismo centro de vacunación ubicado en la Cámara de Comercio, sin embargo, para sorpresa de ellos, les argumentaron que las vacunas se habían agotado y que solo quedaban 50 dosis. La denuncia de los ciudadanos quedó registrada en un video grabado por el medio EPVN, cuando apenas eran las nueve de la mañana.

Cámara de comercio El Progreso,Yoro
Adultos mayores con enfermedad base de hipertensión esperan desesperadamente ser vacunados bajo el sol. El Progreso, Yoro. 22 de julio de 2021. Foto: Sandra Ruiz.

En centros de vacunación de La Lima reparten comida valorada en 100,000 lempiras

En la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, los activistas municipales y los guías de familia pertenecen todos al Partido Nacional. En esta ciudad se ha activado un aparato clientelista conformado por los guías de familia del Partido Nacional y los activistas municipales, que reparten comida durante las jornadas de vacunación.

El doctor Carlos Soler, uno de los encargados de la vacunación de ese municipio, afirmó a Contracorriente que se ha vacunado con la primera dosis a 2000 personas con la vacuna de Astrazeneca, 1200 con la de Pfizer y 7000 personas con la de Moderna. Al momento de la entrevista, el 29 de julio, Soler dijo que se habían quedado sin vacunas y estaban esperando más frascos para comenzar con la sexta campaña con primeras dosis y segundas dosis de la vacuna Moderna.

En la ciudad de La Lima, con una población aproximada de 82,000 personas, se está vacunando a sus habitantes con donaciones de organismos internacionales a través de la Secretaría de Salud.

«La Alcaldía imparte la primera atención. Es como la imagen de la vacunación. Desde muy temprano en la mañana comienzan a organizar a las personas que están en fila y ponen a la gente debajo de carpas. A las seis de la mañana les dan el desayuno. Y a las ocho arrancamos con la vacunación», dijo el médico Carlos Soler.

Ana Zúniga, jefa de desarrollo comunitario de la Alcaldía de La Lima,
Ana Zúniga, jefa de desarrollo comunitario de la Alcaldía de La Lima, explica el proceso de vacunación para todas las personas que se acercan al gimnasio municipal. 22 de julio de 2021. Foto: Sandra Ruiz.

Por su parte, la licenciada Ana Zúniga, jefa de desarrollo comunitario de la Alcaldía de La Lima, dijo a Contracorriente: «le damos café a la gente y un sándwich. Es impresionante que de todos los sectores vienen a vacunarse. El alcalde (Santiago Motiño) ha invertido en personal y en la merienda. Solo en alimentación son más de 100,000 lempiras mensuales. Pero en el triaje también continuamos atendiendo. Hemos aprobado más de un millón de lempiras con fondos del pago de los impuestos. Las transferencias del Gobierno únicamente se han usado para el pago de médicos, enfermeras y aseadores», dijo Ana Zúniga.

Santiago Motiño, a pesar de que fue electo como alcalde en las elecciones de 2017 por el partido Alianza Patriótica —fundado por el general Romeo Vásquez Velásquez, autor material del golpe de Estado de 2009— ahora va como candidato a alcalde del Partido Nacional, por la corriente de Nasry «Tito» Asfura, el aspirante presidencial nacionalista que ha sido investigado por sendos actos de corrupción pública, pero que ha recibido el favor de la Sala de lo Constitucional que ha ordenado detener esas investigaciones.

«El mensaje de Santiago Motiño es no robar, no robar y no robar. A pesar de que estamos en quiebra por la deuda que heredamos de 456 millones de lempiras de la gestión del exalcalde Astor Amaya, seguimos adelante», comentó Zúniga.

El candidato a regidor liberal Wilfredo Laínez Bueso, quien está trabajando en la campaña del exalcalde limeño Astor Amaya —quien busca regresar al poder local—, aseguró a Contracorriente que la corporación municipal de La Lima sí ha intentado politizar la vacunación en la ciudad y que en determinado momento pretendieron adjudicarse como los salvadores en la pandemia.

Pero desde la Alcaldía de La Lima niegan estas acusaciones. «Nosotros no manejamos las vacunas de manera política. Estamos vacunando a todo el mundo. Vamos a dar nuestro servicio porque por eso somos empleados públicos. En la mañana un señor del partido Libre no quería agarrar su plato de comida y yo le dije: «¿usted me mira con alguna bandera aquí? ¿Verdad que no? Es un servicio de la Alcaldía para la comunidad. Es dinero de sus impuestos». Nosotros no estamos politizando esto», concluye Ana Zúniga, quien reconoce a Contracorriente que han gastado 100,000 lempiras mensuales desde el mes de junio en concepto de merienda.

El pasado miércoles 28 de julio, Contracorriente, con el apoyo de la Seattle International Foundation (SIF), presentó la plataforma web Abriendo Datos Honduras. En esta se encuentran datos e información de carácter público relacionados con contrataciones públicas, concesiones mineras y financiamiento de partidos políticos.

Texto: Cesia Garay


Para transparentar información y datos públicos, que han estado parcialmente accesibles, pero con poca posibilidad para realizar análisis y auditorías públicas ciudadanas,
Contracorriente presentó esta semana su portal web Abriendo Datos Honduras.

En el evento virtual se habló sobre la importancia de tener este tipo de herramientas en internet. La directora editorial de Contracorriente, Jennifer Ávila, mencionó que se ha puesto a la disposición esta herramienta  «para que la ciudadanía, los periodistas y las personas que hacen investigación social puedan utilizarla en sus investigaciones».

Por su parte, la periodista de investigación y de datos, Suchit Chávez, quien colaboró con la creación de Abriendo Datos Honduras, manifestó que «se trata de abrir datos de manera sencilla y accesible, basándonos básicamente en datos públicos. En datos que son de instituciones públicas».

El portal enfoca sus esfuerzos en áreas informativas clave de Honduras: las que implican uso de fondos públicos y las que han entrado en conflicto directo con los derechos humanos y el acceso a los recursos naturales. Aquí se podrán buscar datos e información de carácter público relacionados con contrataciones públicas, concesiones mineras y partidos políticos.

¿Cómo nace Abriendo Datos Honduras?

Para saber qué rumbo se debía tomar en cuanto a la idea del sitio web, Contracorriente realizó una encuesta a inicios de 2020 para conocer cuáles eran las áreas de interés de la audiencia. Entre los resultados, la mayor parte de las personas que llenaron la encuesta estaba interesada en tener acceso a leyes, contratos, concesiones mineras y financiamiento electoral. 

Suchit Chávez, en su exposición, mencionó que desde el inicio sabían lo riguroso que sería la creación de la herramienta. «¿Por qué se escogieron esas áreas de interés? En el caso de contrataciones, el uso de fondos públicos son una preocupación constante en Latinoamérica. Múltiples casos de corrupción investigados en los últimos años han evidenciado que a través de los mecanismos de compras públicas se ofrecen  sobornos para el favorecimiento de grupos de poder», comentó.

En el evento se mencionó que Honduras es un país conocido como uno de los más peligrosos para ser un defensor ambiental: «por lo que también interesaba ese foco de información, referente a las concesiones mineras o proyectos extractivos», agregó Suchit Chávez. En cuanto al tema político dijo que «en materia de los partidos políticos es muy importante porque recientemente en la historia de Honduras, específicamente en los últimos doce años, han habido dos elementos políticos muy importantes que básicamente le cambiaron el rostro a Honduras. Uno es el golpe de Estado de 2009 y el segundo fueron los resultados, muy cuestionados, de las elecciones de 2017». 

Cabe mencionar que una de las dificultades presentadas fue que los datos están limitados por la temporalidad, formato y variables que han sido publicados por cada una de las instituciones responsables.

Hallazgos

En cuanto a los partidos políticos se conoció que han recibido 680 millones de lempiras en aportaciones privadas, entre 2016 y febrero de 2021. Esto equivale a 28,1 millones de dólares al cambio vigente en junio de 2021. Ninguna de estas aportaciones privadas está identificada con nombre o documento de identificación del donante o aportante.

En el tema de las contrataciones se descubrió que solo en los tres últimos años (2019, 2020 y 2021) Honduras adjudicó 591,759 contratos bajo diversas modalidades, entre licitaciones, compras menores y convenios marco, pero desarrolló más de un millón de procesos de compra.

Mientras que en el tema de minería, Honduras ha concedido más de 1500 concesiones mineras desde décadas atrás, pero sobre todo desde el año 2012, con 74 concesiones otorgadas y renovadas ese año, bajo la clasificación de explotación. El departamento que más concesiones mineras acumula es Cortés, con al menos 214 concesiones en por lo menos los últimos 10 años.

Al finalizar el evento Suchit Chávez mencionó a Contracorriente que entre sus expectativas con esta herramienta, creía «interesante vincular a más medios y que más periodistas lo usen, que la academia lo use y además poder recibir retroalimentación y sugerencia de ellos para poder mejorar». Por otra parte, señaló cómo el derecho a la información es importante, ya que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

Actualmente la herramienta ya se encuentra disponible y la idea desde sus inicios es que pueda ser consultada como un subdominio del sitio oficial de Contracorriente. De igual forma tiene una licencia con la que quien descargue los datos no tendrá ningún problema al utilizarla.

Si te perdiste el lanzamiento de la plataforma web te invitamos a verla aquí:

El pasado viernes 23 de julio, Contracorriente, con el apoyo de la Seattle International Foundation (SIF), presentó su manual con enfoque en el trabajo periodístico  La regulación de la libertad de expresión en Honduras , que analiza el contexto jurídico para los comunicadores.

Texto: Cesia Garay


El acceso a la información y la pluralidad de voces es una deuda en nuestros países. Honduras ha retrocedido en materia democrática desde el golpe de Estado de 2009 y eso ha afectado directamente el derecho a la libre expresión y el derecho a la información pública, especialmente en perjuicio de periodistas y comunicadores. 

Durante el foro virtual ¿Cómo es la libertad de expresión en Honduras?, se presentó el manual La regulación de la libertad de expresión en Honduras, con la presencia del abogado Edy Tábora, autor de dicho documento. En este manual se aborda todo lo relacionado con los contenidos protegidos y no protegidos, y se explica cuáles son las herramientas disponibles para exigir información pública, que usualmente es negada. Además, se ahonda en las trabas normativas que limitan la libertad de expresión en nuestro país.

El manual, que fue el resultado de un proceso de formación y discusión de la legislación hondureña entre el equipo de Contracorriente y el abogado Edy Tábora, permite conocer las herramientas jurídicas necesarias para abrir información que ha estado parcialmente disponible o que estaba reservada. El conocimiento de estas normativas son útiles para pelear información que debe ser pública en un país con tantas restricciones como Honduras.

El manual analiza una serie de leyes como el nuevo Código Penal y otras normativas como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional —conocida también como la Ley de Secretos (decreto 418-2013)— así como el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El abogado Edy Tábora explicó que el manual también profundiza en temas como el derecho a la privacidad, mecanismos de resolución de conflictos en el marco de difusión de información que pueda ser falsa o errónea, o cuando una persona se siente agraviada.  Sobre esto último, Tábora enfatizó que existen contenidos protegidos y «una doctrina muy importante que se generó en Estados Unidos  y que debe ser el pan de cada día para los y las periodistas: su conocimiento en el tema de la real malicia».

La Constitución de la República establece en el artículo 72 una prohibición de previa censura y censura indirecta. Edy Tábora explicó que el Estado debe ser neutral frente a los contenidos y no puede prohibir ninguna publicación ni amenazar con responsabilidades posteriores, porque como toda actividad humana regulada, ya existen responsabilidades posteriores, ya sean penales, civiles o administrativas. 

Edy Tábora rescata el artículo 7 de la Ley de Emisión de Pensamiento que establece que los periodistas tienen la libertad para hacer las versiones que consideren oportunas con motivo de las declaraciones hechas por cualquier autoridad, funcionarios o empleado público, representante de corporación o persona jurídica o individual.

En cuanto al Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP), Tábora manifiesta que la ley que lo regula ha adoptado el principio máximo de publicidad, es decir, que sobre cualquier información debe primar la difusión o la puesta al público de la información. «Si quieren restringir la información, el funcionario o la institución pública, deben justificar por qué razón no puede ser información pública o debe ser información reservada», explicó.

El abogado y periodista de Contracorriente, Leonardo Aguilar, señaló durante el foro que el manual enmarca temas muy importantes en cuanto a la información que está protegida y los contenidos que no se pueden publicar, y recordó que es importante que todo periodista conozca los principios internacionales y la normativa interna sobre libertad de expresión.

Aguilar mencionó que existe un contexto social hostil para los periodistas en Honduras, con asesinatos selectivos y violaciones a sus derechos laborales y citó datos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, indicando que entre marzo y agosto de 2020 aproximadamente 400 periodistas fueron despedidos en un contexto de pandemia. Además, recordó que al menos 85 periodistas y comunicadores sociales han sido víctimas de asesinatos selectivos desde el año 2001.

También lamentó la inclusión de los delitos de calumnia e injuria en el nuevo Código Penal y alertó sobre el agregado de injuria financiera, que establece censura previa referente a temas de lavado de dinero en instituciones bancarias hondureñas.

Por su parte, la directora editorial de Contracorriente, Jennifer Ávila, enfatizó en la importancia de este manual para los periodistas y comunicadores. De igual forma mencionó que con esta discusión inicia un proceso informativo.

La libertad de expresión y su regulación en la normativa hondureña es un tema que debe ser ampliamente estudiado y debatido. Con las herramientas actuales se puede buscar caminos para investigar, recibir información y difundirla libremente.

Mira la transmisión del evento aquí:

Por Yeye Balám
 

Hace unos meses las redes sociales estuvieron plagadas de memes y quejas (por decirlo de algún modo) alrededor de la cancelación (sea lo que sea que concretamente que signifique eso) de Pepe Le Pew, el zorrillo mano larga de los Looney Tunes. Sobre esto hay mucha tela que cortar.

He escrito en el título «pseudo-cancelación» porque la circulación en redes se ha hecho alrededor de la idea de que un periodista del New York Times publicara un artículo crítico sobre el famoso zorrillo animado y su relación con la cultura de la violación, y que luego Warner informaría de que dicho zorrillo no aparecería en la película Space Jam 2. La gente asoció lo segundo como consecuencia de lo primero, pero esa supuesta causalidad realmente no correspondía. Si bien es cierto que el zorrillo animado no estará en la película y que el columnista Charles Blow escribió que Le Pew es una expresión de la cultura de la violación, se trata de eventos no relacionados. En un artículo de The Hollywood Reporter dicen que la decisión de prescindir del zorrillo fue tomada hace más de un año, es decir, en algún momento a inicios de 2020. Ahora, si atendemos el citado artículo notaremos que cierra diciendo: «No está claro si el personaje animado será retirado por completo». O lo que es lo mismo, el hecho de que Le Pew no aparezca en Space Jam 2 no implica que Warner haya prescindido del personaje.

Una cultura lo es en función de las costumbres que la constituyen. Ahora, las costumbres van y vienen, cambian, pero siempre se configuran en un conjunto correlacionado mayor o menor, o sea, siempre se manifiesta cultura, algunas menores (cultura literaria, cultura teatral, cultura otaku) y otras mayores (cultura nacional, cultura occidental, etc.). También entendemos que, en general, las costumbres de una cultura son inherentemente toleradas. Pero esto no significa que todas las costumbres sean tolerables.

Toda costumbre tolerada lo es porque apela cierta vigencia cultural, pero esto no ocurre con todas las costumbres. En el devenir de la cotidianidad y los cambios culturales, determinadas costumbres se descubren como no tolerables, independientemente de lo tolerada que haya sido en el pasado. Naturalmente, ese cambio de tolerancia rara vez se da de forma revolucionaria, sino que suele realizarse paulatinamente, y esto significa que durante el proceso de transición hay gente que resuelve como abolida la vigencia cultural de una determinada costumbre y, por tanto, intolerable; en tanto que otras personas, la encuentran aún culturalmente vigente y por tanto resulta tolerada.

Cuando una costumbre pierde su vigencia cultural, o sea, su tolerancia, todas sus expresiones comienzan a ser canceladas. Pongamos un ejemplo más o menos reciente: la tolerancia respecto a las costumbres de la cultura del tabaco. En un momento del pasado gozaron de plena vigencia cultural y eran ampliamente toleradas. Tanto que incluso se promocionaban en caricaturas.

Pero la vigencia cultural de estas costumbres fue decayendo. Hoy día aún existe la costumbre de fumar, pero ya no se tolera como una actividad pública, ni tampoco su publicidad, mucho menos su apología en animaciones (incluso animaciones extranjeras pasan por esta censura). ¿Qué ha ocurrido? Pues seríamos certeros en decir que, en gran medida, se han cancelado las costumbres de la cultura del tabaco. Y sabemos que no fue una «cancelación suave», sino que se enfrentó a fuerte oposición durante los períodos de transición.

Las costumbres y las expresiones artísticas

Resulta natural que de nuestras costumbres tengamos expresiones artísticas. Cuando nuestra especie se dedicaba a la cacería de mamuts, aquella gente se lo pasó bomba pintando las paredes de sus cuevas ilustrando aquellas cacerías.

Cuando la animación se convirtió en una forma de expresión artística más, entonces llegaron a las animaciones reflejos de nuestras costumbres. Por ejemplo, la caricatura citada como propaganda del tabaco.

Ahora, no todas las expresiones son publicitarias o apologistas, también las hay críticas. Está claro que el famoso cuadro de Guernica (Pablo Picasso, 1937) no es una apología al bombardeo al que se refiere, sino todo lo contrario, es una apelación crítica sobre aquel terrible bombardeo durante la guerra civil española.

Así, debemos tener presente que existe una diferencia entre aquellas expresiones artísticas que fungen como propaganda, elogio o apología, y aquellas que lo hacen como crítica, sátira y denuncia. Siguiendo con el ejemplo del tabaco, se pasó de animar su propaganda a animar campañas contra el tabaquismo.

También debe considerarse cuál es la manifestación nuclear de una expresión. No es lo mismo la manifestación de una caricatura en tanto conjunto que la manifestación de un personaje dentro del mundo de dicha caricatura. Algunos aspectos culturales se verán expresados accesoriamente, mientras que otros lo serán activamente.

Dicho lo anterior, lo que me interesa es abordar la reacción en redes respecto del supuesto, es decir, la forma en cómo reaccionó muchísima gente creyendo que el zorrillo animado había sido «cancelado», considerando los conceptos de expresión y tolerancia que he expuesto.

Cultura de la violación

Para empezar debemos reconocer que en efecto existe una «cultura de la violación», que es la causa inicial por la que se desencadena todo este asunto. La denominamos «cultura de» porque involucra un conjunto de costumbres. Es decir, no se trata únicamente del delito de violación, sino de todas las costumbres y supuestos, dados alrededor de la misma. Algunos de los supuestos implican una carga de dominación de un sujeto sobre otro, es decir, se establece una relación jerárquica en la que un sujeto es reducido a objeto respecto de otro sujeto que, conservando su condición de sujeto, se vuelve dominador. Luego, en esta relación jerarquizada el sujeto se entiende como alguien con potestad sobre el sujeto objetificado.

¿Por qué he dicho «sujeto» y no «mujeres»? Porque el fenómeno no se reduce a la violencia machista contra las mujeres, sino que también abarca otras esferas como el abuso de menores, por ejemplo los muchos casos de curas católicos que han abusado de niños y niñas. En este tipo de abusos se impone previamente la jerarquización y objetificación de la que hablaba anteriormente, es decir, el cura reduce a un menor de edad a un objeto del cual dispone a voluntad para cometer un abuso, pero por dicha jerarquización el abusador se niega a sí mismo como abusador, y más bien se piensa como alguien que hace un uso legítimo de su objeto. Claro está que no es así, que la persona abusada nunca ha perdido su condición de sujeto, si bien ha sido reducida y objetificada por el abusador como condición previa para someterla al abuso. Otros ejemplos que podríamos citar son aquellos cometidos contra cualquier colectivo minoritario, por ejemplo personas de la comunidad LGTBIQ+, entre otros.

Dados los supuestos, entonces tenemos las costumbres. El sistema heteronormativo ecuménico y canónico (aún vigente) construye una imagen objetificada de la mujer: presenta a la mujer no como un sujeto semejante al hombre, sino como un objeto disponible al servicio del hombre. Así, la mujer no es considerada como una igual, sino como un ser inferior del que el hombre tiene derecho a utilizar a voluntad. Y esto deviene en las costumbres denunciadas como abuso por los movimientos feministas, a saber: los piropos, los manoseos no consentidos, los insultos, las violencias en general, y por supuesto, las violaciones y los asesinatos (femicidios).

Puede que lo anterior a algunos les haga un ruido que rechacen de entrada, pero recordemos que matar en una u otra forma (sacrificios, pena de muerte) constituyen costumbres de las culturas. Es decir, esos piropos, esas nalgadas, esos insultos, esas violaciones, esos femicidios, son en efecto costumbres constituyentes de la cultura de la violación. Y debemos recordar que lo que se tiene por costumbre, se tiene por normal, así como lo que se tiene por normal se tiene por tolerado, independientemente de que se trate o no de una costumbre intolerable.

¿Cuáles son las costumbres más comunes de la cultura de la violación? Pues los abordajes sexointencionados, los manoseos, los piropos, etcétera, es decir, aquellas costumbres más públicas. La violación y el asesinato (femicidio) son menos comunes, pero son los más nefastos (evidentemente) y se suceden, usualmente, posteriormente a la ejecución de las costumbres más comunes. Luego, podemos esperar que sean las costumbres públicas, las más comunes, las reflejadas en expresiones artísticas, como lo es en efecto las animaciones de Pepe Le Pew. Naturalmente el zorrillo animado no es el único caso, pero de otros casos hablaré en otro momento.

El caso es que ahora se reconoce que existen esas costumbres de la cultura de la violación, que dichas costumbres son nocivas y que por tanto hay que acabar con tales costumbres, es decir, ya existe una percepción (si bien no generalizada) de intolerancia hacia estas. Pero estamos en un periodo de transición, y evidentemente las expresiones artísticas alrededor de la cultura de la violación no se perciben tan ampliamente con la misma intolerancia que las costumbres que reflejan.

El fin de la tolerancia y la nostalgia por delante

El zorrillo animado es una expresión estereotípica de las costumbres de la cultura de la violación, como bien lo señaló Charles Blow, y como es fácil de ver en un fragmento de la caricatura. Para quienes estas costumbres carecen ya de vigencia cultural, el video les resultará inaceptable, pero para quienes aún no, la caricatura la entenderán como mera caricatura, sin considerar el contenido cultural que la animación refleja.

Ahora, parte de esa tolerancia se debe también a la nostalgia. Estas caricaturas fueron parte de la infancia para millones de personas, y al consumir la animación se antepone el sentimiento de nostalgia a cualquier otro juicio, por eso niegan la expresión de la animación, que es claramente una expresión de costumbres abusivas. En defensa de la animación se esgrimen argumentos de que se trata «solo de una caricatura» o que «claramente» se trata de una ficción, de un zorrillo y una gata, no de personas. Pero estos argumentos adolecen de omitir ese hecho de que las expresiones artísticas no son gratuitas, sino que determinadas condiciones culturales le anteceden y determinan.

Las animaciones de Pepe Le Pew respondían a expresar, aunque fuese en caricatura, un evento cotidiano, una costumbre normal. Pero como dije párrafos más arriba, que algo sea «tolerado» no lo convierte en «tolerable». Traigo otro ejemplo a colación: la esclavitud, que fue por milenios legal y tolerada, parte de la cultura de muchas civilizaciones, pero hoy tenemos muy claro que independientemente de los contextos históricos que llevaron a la humanidad a la práctica de la esclavitud, en sí misma es intolerable. «La esclavitud es un estado (de la persona) tan vil y miserable (…) que no es fácil entender como (…) un caballero se atreve a defenderla», comienza John Locke en el primer capítulo de su Primer ensayo sobre el Gobierno civil (1690). Y aunque Locke fue sumamente influyente para la independencia estadounidense, en el país del norte la esclavitud se toleró como práctica legal hasta 1865, y aún así las costumbres de discriminación racial perduran hasta nuestros días.

En nuestra época se está marcando el cambio, es en nuestra época que esta cultura ha comenzado a denunciarse, y por tanto no solo las costumbres, sino también sus expresiones artísticas comienzan a caer en tela de juicio. Y ciertamente apenas estamos ante el principio. Como hemos visto, Pepe Le Pew no ha sido realmente cancelado, lo que hemos presenciado es tan solo la reacción de personas apasionadas y nostálgicas ante un supuesto de cancelación. Pero precisamente porque es la nostalgia el velo que cubre el contenido, es necesario hacer un llamado a la reflexión, a poner esa nostalgia a un lado y prestar atención a los muy bien animados ojos de angustia de la gatita Penélope, ojos que en dibujos puedan parecer los de una inocente caricatura, pero que en realidad reflejan la verdadera angustia de quienes sufren uno de los fenómenos más perversos y nocivos de las costumbres del macho contemporáneo. El zorrillo mano larga, pese a la nostalgia, ya no tiene plena vigencia cultural (aunque claro está, alguna aún le queda).

Naturalmente no solo el zorrillo animado debe ser cancelado y quedar en la historia sumido en los libros de los oscuros pasados de la humanidad, sino que toda expresión artística que en sí misma sea un reflejo de las costumbres de la cultura de la violación debe perder toda vigencia cultural, tal como lo ha sido cada miseria que la humanidad ha superado, tal como debe ocurrir con las tantas otras aún pendientes, aún latentes, todas ellas siempre tan intolerables como la vil esclavitud.

Epílogo: cancelar todos o ninguno

Una reacción recurrente ha sido la acusación de hipocresía por señalar a Pepe Le Pew pero no a Pucca, o bien, que si se cancela al zorrillo se debe cancelar hasta Ranma ½. Esto de entrada plantea una falacia de falso dilema. En un proceso de transición de ninguna forma es admisible el «todo o nada», precisamente porque por eso es un proceso, lleva tiempo, reflexión, y entonces cambios.

Quiero repasar brevemente algunos ejemplos: El caso de Pucca sale a colación por el de Pepe, pero las costumbres que refleja Pucca no son las de la cultura de la violación, sino otras de las que también hay que hablar largo y tendido.

Por otra parte, Johnny Bravo tampoco está reflejando en sí la cultura de la violación, sino que se trata de una parodia sobre el típico sujeto fanfarrón. Y la parodia se emplea a modo de crítica. Podemos notar una sustancial diferencia en la reacción al abordaje que hace Le Pew y Bravo. La gatita Penélope refleja la angustia de verse acosada, en cambio las chicas abordadas por Bravo expresan desdén, burla o hastío, pero nunca angustia.

Respecto a otros personajes mano larga, por ejemplo el Maestro Roshi de la saga Dragon Ball, o Hipposai de Ranma ½ , además de reflejar una cultura diferente (la japonesa, donde la cultura de la violación tiene sus propias dimensiones, que también debemos estudiar) tenemos una situación semejante a la de Bravo, suelen ser personajes paródicos en los que no se refleja angustia en aquellos personajes que abordan, sino que suelen ser puestos en lugar a veces hasta de formas reivindicativas.

Estos matices son importantes para distinguir bien una expresión que hace apología a la cultura de la violación de una que no, porque estos son los criterios que deben considerarse para determinar la vigencia cultural de alguna expresión artística. Por ejemplo en la película Perfect Blue hay un abordaje muy profundo respecto de como se percibe la violación en la sociedad japonesa, sus repercusiones en actrices que interpretan este tipo de papeles, las vulnerabilidades y juicios que sufren, etcétera. Una animación como Perfect Blue provee de un material valiosísimo para el estudio de estos fenómenos.

Otro ejemplo japonés lo podemos ver con el caso de Ranma ½ en función de las costumbres matrimoniales japonesas y evaluar su vigencia cultural respecto a la cultura occidental y a la cultura japonesa. Debemos considerar que las expresiones artísticas japonesas suelen ser mucho más profundas que las estadounidenses, y por tanto no podemos estudiarlas (ni evaluarlas ni analizarlas) igual que hacemos con estas últimas.

Finalmente, sobre el eufemismo de la «generación de mazapán» no he querido expresarme porque eso es poco más que la superficie de la reacción, como todo aquella persona que molesta por X motivo suelta un improperio gratuito. Me pareció mucho más importante abordar el tema más a fondo, con las consideraciones antropológicas y éticas que he considerado.

Un grupo de diputados del Congreso Nacional, todos afines al Partido Nacional, modificaron un dictamen enviado por el CNE y propusieron que solo su representante en esa institución pueda dar resultados el día de las elecciones, también amenaza con cárcel a los demás consejeros que se atrevan a dar resultados preliminares. Mientras tanto, sigue sin aprobarse el aumento presupuestario que se necesita para las elecciones.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix


Es imposible que a estas alturas el cronograma electoral en Honduras pueda cumplirse, debido a que el Congreso Nacional —con amplia mayoría del Partido Nacional (PN), la institución política de gobierno— no aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta ampliación es necesaria para cumplir con todas las innovaciones tecnológicas y evitar un nuevo fraude electoral, como los registrados en los años 2013 y 2017 que dejaron una veintena de muertos, según instancias internacionales. La anterior denuncia fue realizada por diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

Las elecciones generales en Honduras están programadas para el último domingo de noviembre del presente año y se escogerá a un nuevo presidente, 298 alcaldes y a 128 diputados del Congreso Nacional, con sus respectivos suplentes.

El CNE es un órgano colegiado integrado por tres consejeros titulares, todos abogados, que se alternan anualmente la presidencia y que, según la nueva Ley Electoral, tendrán que declarar los resultados de forma consensuada y por mayoría. Rixi Moncada, representante de Libre, fue la primera en ostentar la presidencia en el año 2019 y finalizó en septiembre de 2020; Ana Paola Hall, del Partido Liberal (PL), es la actual presidenta, pero dejará de serlo en septiembre de este año para que asuma la presidencia el abogado Kelvin Aguirre, del partido de gobierno, quien coordinará las elecciones generales.

Diputados de Libre y del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), aunque no están aliados políticamente, coincidieron en denunciar que los diputados del Partido Nacional modificaron la propuesta que envió el CNE y explicaron que estos introdujeron propuestas de reformas a la recién aprobada Ley Electoral, en la que —según los congresistas— amenazan con cárcel a las consejeras de Libre y el Partido Liberal si se atreven a dar resultados el día de las elecciones, pretendiendo que solo Kelvin Aguirre, el representante del PN, sea quien dé los resultados.

El diputado de Libre, Jorge Cálix, dijo a Contracorriente que el Partido Nacional ha introducido —en medio del dictamen para la Ley Especial de Emergencia y del Presupuesto para elecciones— reformas a seis artículos de la Ley Electoral.

«Nos oponemos a que se reforme la Ley Electoral a cambio de dar el dinero para el CNE. Se tiene una fecha hasta el 27 de julio para poder comprar y adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, y hoy es 23 de julio. El CNE no tiene un peso (ningún lempira) para comprar, porque el Partido Nacional quiere poner una ley mordaza. Les estorban las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall», dijo Jorge Cálix.

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Ana Paola Hall del Partido Liberal conversa con Rixi Moncada del Partido Libre, durante la primera conferencia de prensa del Consejo Nacional Electoral después de las elecciones primarias de marzo de 2021. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Jorge Cálix comentó que «el PN simplemente está preocupado porque va a perder las elecciones. Ya vieron las encuestas. ¿Usted las ha visto? Xiomara Castro (candidata presidencial de Libre y esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales) encabeza la intención de voto para las elecciones de noviembre. Y ellos (los nacionalistas) tienen doce años de estar en el poder recibiendo los beneficios que eso genera. Además, cometiendo actos de corrupción, saqueando al Estado a diestra y siniestra y moviéndose en una capa de impunidad que la perderían al momento de dejar el poder. Y a eso le temen. Pretenden generar incertidumbre porque, con cualquier desorden, ellos ganan».

El diputado de Libre asegura que el CNE solicitó una ampliación de presupuesto por el doble del que se le había aprobado, al menos 856 millones más, porque la nueva Ley Electoral los obliga a poner el identificador biométrico en casi 25,000 urnas. Y además tienen la obligación de contar con un sistema de transmisión de resultados que debería de estar comprado el 27 de julio.

«El PN tiene miedo y hay dos leonas en el CNE defendiendo la democracia, cosa que no tuvimos en el 2017. Se han portado a la altura y le han demostrado al pueblo hondureño que están para defender los votos para quien sea y están dispuestos a defender la verdad, con tal de que aquí gane el pueblo», sostuvo Jorge Cálix, quien agregó que las elecciones están en peligro.

Por su parte, el diputado del Pinu-SD Luis Redondo, afirmó a Contracorriente que el PN busca repetir el fraude de 2017, cuando estaba el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«En el sorteo de 2017 se aseguraron que quien quedara en el TSE fuera David Matamoros (acusado de un enorme fraude electoral) y esta vez no es casualidad que Kelvin Aguirre sea quien vaya a ser el presidente del CNE. En la propuesta del PN para modificar la Ley Electoral hay una especie de extorsión porque están proponiendo: «te apruebo el presupuesto, pero si me apruebas varias reformas». No es una sola reforma, son varios artículos», explica Luis Redondo.

Redondo dice que, si hay un ente colegiado, es para que se tomen las decisiones por mayoría: «Estas intenciones del PN buscan que la declaración de resultados sea por unanimidad. Tiene que ser por mayoría. Quieren modificar cómo se integran las Juntas Receptoras de Votos, la están cambiando. Están cambiando las reglas del juego».

La propuesta para reformar el artículo 9 establece que «deben ser castigados con la pena de cuatro a seis años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, los miembros del CNE, distintos a su presidente, que divulguen datos oficiales sobre los resultados preliminares, o viertan sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados». 

«¿Y quiénes son los otros consejeros distintos a su presidente? Ana Paola Hall y Rixi Moncada. Claramente esto es absurdo», agrega Redondo.

Un empleado del Consejo Nacional Electoral toma un descanso durante el computo de las elecciones primarias de marzo de 2021. Tegucigalpa, 17 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Redondo establece que en ese dictamen no están las votaciones de todos los miembros de la comisión electoral del Congreso Nacional, solo los seis que son afines al PN: «Ellos no lo han sometido a votación al Congreso. Ahí están diciendo que es que Libre se opone, no es que defienda a Libre. Es que no lo están sometiendo a votación».

Redondo establece que esto se hace por una sola razón: «Juan Orlando Hernández está creando el ambiente, usando como pretexto la pandemia para quedarse en el poder. Es más que evidente y lo va a hacer a cualquier precio, inclusive sacando a «Papi a la Orden» (el candidato nacionalista Nasry Asfura) por corrupto. ¿Y a quién creen que van a nombrar?, a Juan Orlando, porque el día que esté fuera del poder se lo llevan para Estados Unidos».

«Si usted revisa todos los proyectos que hemos aprobado, más del 90 % vienen del Poder Ejecutivo y se aprueban sin tocar tablita, como decimos, llegan hoy, se aprueban hoy y se publican mañana. No dudamos de que el PN está usando todos los recursos, tenemos información de que tienen desplegados a un buen número de funcionarios públicos en diferentes departamentos del país, moviéndose con dinero e influencias, sobre todo en sectores rurales que por su situación de pobreza caen en las garras de políticos de turno», explica Doris Gutiérrez.

Un ejerce el sufragio durante las elecciones primarias de marzo de 2021 en una mesa electoral del Partido Libre. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El analista político Rafael Jerez explicó a Contracorriente que la misma Constitución de la República atribuye al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el ejercicio de la función electoral constitucional, entonces el Congreso Nacional no puede condicionar el desarrollo del proceso a formalismos. «Hemos visto que el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dice que ellos están de acuerdo con la ampliación de los 800 millones, pero esa propuesta fue enviada por el CNE desde el 18 de junio de 2021», argumenta Jerez.

«Lo que pasó en las primarias, es que al no haber una transmisión de resultados, desde el día de la elección, las encuestas de boca de urna formaron buena parte de la opinión pública y condicionaron el actuar del CNE», explicó Rafael Jerez.

Rafal Jerez agregó que, para cumplir el cronograma electoral, no solo se trata de la participación del CNE, porque además se tiene que ir finalizando la actualización del listado de electores, que es el CNE y el Registro Nacional de las Personas (RNP). 

«El Censo del RNP no ha terminado, el Proyecto Identifícate no ha enrolado a todas las personas. No se han entregado todas las identificaciones y todo eso supone un atraso y condiciona al CNE y después al TJE. La jornada de elecciones es el 28 de noviembre, pero para el 28 de diciembre debe haber un ganador declarado, eso quiere decir que el TJE tiene un aproximado de tres semanas para resolver reclamos si es que en la Ley Procesal Electoral (que todavía no se ha aprobado) se incluye la obligación para que se resuelvan todas las impugnaciones antes de que se declare a un ganador definitivo».

Un comunicado del PN, publicado el pasado 20 de julio, indica que «la bancada del PN, a través de sus representantes en la comisión de dictámenes, se manifestó a favor de esta aprobación para no entorpecer el proceso electoral del país y actuar a favor de la transferencia y democracia e instruyó resolver el mismo día la aprobación de 800 millones de lempiras adicionales solicitados por el CNE, así mismo lo solicitado por el RNP».

El comunicado añade que «representantes del Partido Libre en la comisión de dictámenes bajo la dirección de sus líderes, al ver esto, cambiaron de opinión y rechazaron absolutamente lo que antes se solicitó con urgencia por ellos mismos y sus correligionarios del CNE y RNP, renunciando a los presupuestos aprobados».

Una urna electoral usada durante las elecciones primarias de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

La consejera Ana Paola Hall —que antes había firmado un comunicado junto a Rixi Moncada que indica que las elecciones están en peligro—, argumentó durante un foro público que no lavaría trapos sucios en casa, porque su «deber es informar a la ciudadanía» y quien apoye reformar la Ley Electoral para entregar exclusividad a Kelvin Aguirre «se suma a esta ley bozal».

Kelvin Aguirre rechazó las acusaciones de que él pueda ostentar facultades exclusivas y dijo que «la exposición que se plantea en el proyecto no establece que el consejero que tenga la presidencia brindará los resultados de manera unilateral», aunque evitó hablar de las sanciones y penas para los consejeros que den resultados ese mismo día.

La incertidumbre reina en Honduras y los diputados oficialistas y de oposición alistan sus trincheras, porque en el ambiente se respiran escenarios muy parecidos a los fraudes electorales de 2013 y 2017.

Por Kalton Bruhl


El doctor Page entró a la habitación de su hija. Sintió un vacío en el estómago al ver la terrible figura que parecía inclinarse hacia la pequeña niña. Tardó un tiempo en recomponerse. No era más que la sombra de un perchero que se proyectaba siniestramente al lado de la cama. Pensó en descorrer las cortinas, pero no quería despertar a su hija. Ahora dormía. La placidez de su respiración contrastaba con la tos que le atenazaba la garganta cuando estaba despierta. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Todos los tratamientos habían fallado. Los médicos le habían dicho que no quedaba más que asegurar la calidad de sus últimos días. Él se resistía a aceptarlo. No tenía a nadie más en el mundo. Si en un platillo hubiesen colocado el destino de la humanidad y en el otro la vida
de su hija, él no habría dudado un solo instante en decidir hacia dónde se movería el fiel de la balanza. 

Salió de la habitación y se dirigió a su laboratorio. La ciencia, se dijo, es como la libertad: sus verdaderos límites los establece la moral. Ahora que Amanda estaba agonizando, sus escrúpulos habían quedado relegados al rincón más apartado de su conciencia. Desde luego, sin ese lastre, sus investigaciones avanzaban en forma acelerada. Ya había aislado el virus causante de la enfermedad. Podía detener su avance en las etapas iniciales, cuando aún era vulnerable, pero en el estado en que se encontraba su hija, el virus ya había mutado infinidad de veces. Sus descubrimientos eran suficientes para crear una vacuna que significaría la salvación para millones de personas. Él se limitó a lanzar las muestras al cesto de la basura. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un grito de frustración. No entendía qué era lo que estaba haciendo mal. Cerró los ojos y comenzó a respirar rítmicamente. Debía tranquilizarse. Visualizó el virus. Lo imaginó en permanente transformación. Súbitamente abrió los ojos. La solución era tan obvia, se dijo, volviendo al microscopio. Nada es eterno. Todo tiene un principio y un final. Lo mismo sucedería con el virus. Tarde o temprano alcanzaría su última mutación. El problema residía en que las células no contaban con el tiempo necesario para regenerarse. El doctor Page volvió a desanimarse. Era una carrera perdida. El logro que esperaba alcanzar era más propio de un alquimista que de un científico. Quizás existía otra solución. Una más inmediata. Volvió a concentrarse. Ningún virus puede medrar en células muertas. Sin embargo, una absoluta muerte celular implica, por fuerza, la muerte de cualquier persona. Sería necesario simular la muerte de todas las células. 

Tras deshacerse de los cuerpos de un pequeño zoológico de perros, gatos y ratas, decidió darse una ducha. Dejó correr el agua fría sobre su cabeza mientras se masajeaba con fuerza el cuero cabelludo. La respuesta estaba allí, en el fondo de su mente. Estaba seguro de ello. Cerró la válvula y se quedó unos momentos tiritando. Finalmente tomó una toalla y la anudó a su cintura. Se plantó frente al espejo. Miró fijamente a su propia imagen. No podía fracasar. No debía fracasar. Lanzó un puñetazo al espejo. Algunas astillas de vidrio se incrustaron en sus nudillos. Los retiró uno a uno. Abrió el grifo del lavamanos. Los hilos de sangre se arremolinaban en el borde del desagüe. Comenzó a reír. Ya no tenía que buscar más. El virus mismo tenía en sus componentes químicos el germen de su destrucción. 

Los resultados de los experimentos le devolvieron la esperanza. Corrió a la habitación de su hija. Ella abrió los ojos por un momento y le dedicó una débil sonrisa. Él hizo un esfuerzo por sonreír. Era tan fácil desmoronarse ante la ominosa certeza de su sufrimiento. No debía mostrarse débil. Debía ignorar la opresión en el pecho. Se acercó a ella y se inclinó para darle un beso en la frente. Nadie podía arrebatársela. No lo permitiría jamás. 

Contempló el líquido amarillento que llenaba la jeringuilla. Oprimió suavemente el émbolo. Una pequeña gota se deslizó por la aguja hipodérmica. Limpió el hombro de su hija con un trozo de algodón empapado en alcohol, luego le inyectó todo el líquido. La niña dejó escapar un suave quejido, pero siguió dormida. 

Pasaron las horas. La angustia era insostenible. Asió la muñeca de su hija. El pulso era casi imperceptible. Colocó la palma de la mano sobre su pecho. Era difícil determinar si respiraba. De pronto el doctor Page sintió miedo. Sabía que debía producirse un estado letárgico casi idéntico a la muerte. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de un error en la dosificación. La espera se convirtió en un verdadero infierno. 

Por la noche, los signos vitales desaparecieron por completo. La espera sería ahora más terrible. Los días transcurrieron lentamente. El doctor tenía el aspecto de un vagabundo. No se había aseado en tres días. Tampoco había comido nada. Apenas había bebido unos cuantos sorbos de agua cuando la sed se había vuelto demasiado acuciante. El cuerpo de su hija seguía intacto. No había detectado ni el más pequeño atisbo de descomposición. Sabía que había triunfado. La muerte que él había fabricado estaba venciendo a la verdadera muerte. Una simple molécula terminaría por derrotar al más poderoso de los ángeles del Señor. 

Ver cómo su hija abría los ojos había sido igual a volverla a ver nacer. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, acariciándole una mejilla. Ella no respondió. Incluso pareció no reconocerlo. Él no se sintió desanimado. Lo peor había pasado. Ya iría mejorando. 

El doctor Page abrió la puerta de su casa. Entró silbando. Bajo uno de los brazos llevaba un cachorrito. Era una sorpresa para su hija. Lo levantó con ambas manos y se lo acercó al rostro. Sonrió mientras el pequeño animal intentaba lamerlo. Amanda se pondría feliz. 

Amanda estaba despierta. A decir verdad ahora casi nunca dormía. Podía quedarse inmóvil durante horas. Pero era una especie de vigilia. Cualquier ruido la hacía aguzar sus sentidos. El doctor entreabrió la puerta de la habitación de su hija. Escuchó los pasos de Amanda. Deslizó al perrito hacia el interior y cerró la puerta de prisa, apoyando su peso en ella. Corrió los cerrojos. La puerta era gruesa, pero aun así pudo escuchar los lastimeros quejidos del cachorro. Luego sobrevino un terrible silencio que quedó roto por los desagradables ruidos que hacía Amanda al masticar. 

Recordaba con nitidez aquel día. Le había llevado un poco de papilla a su hija. Ella se había limitado a lanzar una feroz dentellada. No hacia la cuchara, por supuesto, sino hacia su mano. Recordó cómo poco a poco su cuerpo iba recuperando la movilidad. El repentino enrojecimiento de sus ojos. Los sonidos guturales que surgían de su garganta, como si una furia inmemorial quisiera gritarle al mundo que el final de los tiempos había llegado. Él había acondicionado la habitación. Una argolla en la pared y una gruesa cadena. Barrotes en las ventanas. Cristales insonorizados y una puerta de doble grosor. No había hecho los cambios por temor. Era imposible que su hija le provocara algo más que amor. Debía protegerla. De ella misma, pero sobre todo, de los demás. Si llegaba a escapar, podrían hacerle daño. Podrían arrebatársela. Sintió un escalofrío. No sería capaz de soportarlo. 

Pasaba la mayor parte de su tiempo en el laboratorio. Había vencido a la muerte. Ahora debía devolverle a Amanda la humanidad que había perdido. Quería escuchar su voz, no esos terribles gruñidos. Daría cualquier cosa por volver a escucharla diciéndole papá. Respiró profundamente, anticipando ese momento. Su felicidad sería completa. Sin embargo, la nueva cura se le resistía. Estaba seguro de que no existía ningún daño neuronal. Tampoco podía tratarse de un simple trauma psicológico causado por la reanimación. Había algo que se le escapaba. Seguro que la respuesta sería sencilla. Debía ver primero lo más evidente. Adelantó los labios y los levantó en dirección a su nariz. Necesitaba pensar. 

El doctor Page tardó bastante en dejar de reír. Tenía razón. La solución era más que evidente. Había sido un tonto al no haberla encontrado por sí mismo. Un filósofo alemán le había mostrado el camino. «Somos lo que comemos», había dicho Ludwig Feuerbach. Sólo debía cambiar la dieta de Amanda. Sintió deseos de bailar. Ya era tiempo de que Amanda volviera a jugar con algún niño.

Asciende constantemente la incredulidad en la población hondureña sobre el manejo de contagios de COVID-19 por parte del Gobierno de la República. Para el plan de contención de la pandemia se han aprobado presupuestos millonarios en el Legislativo, sin embargo, se han cerrado 109 de 298 centros de triaje a nivel nacional en los últimos meses.  

Texto y fotografías: Laura García

Simultáneo a la veeduría que corresponde hacer sobre el proceso de vacunación en el país, es importante regresar a abordar con rigurosidad la curva de COVID-19 y su manejo, «pues el porcentaje de población vacunada es mínimo en contraste con los niveles de personas contagiadas», tal como lo explicó Mary Vallecillo, científica e investigadora hondureña. 

Dolores Ortega, directora departamental de Salud del departamento de Comayagua, aseguró que los meses de junio y julio de 2021 presentaron un «leve aumento» en las cifras de contagio en la zona central del país, en comparación con los mismos meses en  2020, cuando se registró el pico más alto de contagios. Contrario a lo que la población espera, en lugar de abrir más triajes, se han cerrado 4 de 21 centros en los que originalmente se brindaba atención médica en los municipios de San Sebastián, Las Lajas y La Trinidad, todos del departamento de Comayagua. 

A pesar de que los casos continúan en incremento, el cierre de centros de triaje no es un problema ajeno para los demás departamentos del país, pues según un informe reciente del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), se han cerrado 109 de 298 triajes en todo el país. Los departamentos con más altos índices de contagio son Copán, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque. Es en estos mismos departamentos donde se ha cerrado un gran número de triajes: el 56.52 % de centros asistenciales se han cerrado en Copán,  21.43 % en Francisco Morazán, 47.06 % en Intibucá, 89.47 % en La Paz, 46.43 % en Lempira y el 37.50 % en Ocotepeque. 

El último reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), publicado el 22 de julio de 2021, informa que «se realizaron 3469 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 1188 dieron resultado positivo. Asimismo, lamentablemente informa el fallecimiento de 23 personas confirmadas». Con estas nuevas cifras, Honduras está a 182 casos de alcanzar los 160,000 contagios de COVID-19. 

La situación del departamento de La Paz resulta alarmante, puesto que solo tiene dos triajes habilitados para 19 municipios. El Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova, de la ciudad de La Paz, según su boletín informativo del jueves 22 de julio, presentaba el 97 % de ocupación hospitalaria. Por su parte, en el boletín del mismo jueves, el Hospital Santa Teresa, de la ciudad de Comayagua reportó un paciente estable, 5 en estado grave y 11 en estado crítico. 

Ortega afirmó que aunque la curva sí asciende, los porcentajes de mortalidad se han reducido aún en pacientes con una sola dosis de vacuna. Agregó, con relación al proceso de vacunación, que no han visto renuencia por parte de la población para asistir a las jornadas y que en la zona central no ha fallecido ningún paciente inoculado con ambas dosis. 

Por otro lado, Francis Lagos, encargada del Centro de Salud Gustavo Boquín, en Siguatepeque, Comayagua, afirmó que aunque ha sido más fácil en las últimas jornadas porque a los ciudadanos les interesa completar su esquema de inmunización, en esta ciudad sí hubo renuencia por parte de la población para asistir a los centros de vacunación, entre ellos la Escuela Colombia, Escuela Ernestina Flores y la Escuela Honduras. 

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Aunado a la calamidad hospitalaria por falta de insumos, Ortega anunció el robo de 16 tanques de oxígeno del triaje ubicado en el gimnasio del Instituto León Alvarado de la cabecera departamental de Comayagua, también denunció el robo de los tanques al Ministerio Público (MP). Surgen con este hecho algunas incógnitas: «¿acaso fueron los mismos encargados?, ¿quién más tiene acceso permitido al triaje, y cómo los cargaron si son tan pesados?», se preguntaba Sandra Rodríguez, mientras hacía un análisis de la situación con amigos desde su perspectiva como ciudadanos. 

El informe del Fonac estableció que en Francisco Morazán «los centros de triaje y estabilización de los municipios de El Porvenir, La Libertad, Marale, Nueva Armenia, San Antonio de Oriente y San Miguelito, se encuentran cerrados, lo que provoca una presión muy fuerte en los triajes metropolitanos que prestan servicios en Tegucigalpa y Comayagüela, y a los hospitales de la capital de la República». 

Los centros de triaje son dirigidos por las mismas corporaciones municipales, gestión que ha sido cuestionada por los expertos, pues sugieren que los centros deben ser manejados por instituciones especializadas en crisis sanitarias con la preparación adecuada, mientras que los jefes edilicios, en su mayoría, no tienen conocimiento médico científico. 

Según el informe del Fonac, los triajes cerraron y no porque ya no fueran necesarios o porque la población haya sido totalmente inoculada, sino debido a la falta de financiación del Gobierno central para las municipalidades. La única opción ha sido la clausura de los centros de atención de COVID-19 y enviar a la población de las localidades a otras ciudades para recibir asistencia médica, en algunos casos de emergencia.

Algunas organizaciones ajenas al Gobierno han tenido que interceder ante la falta de apoyo de la Secretaría de Salud (Sesal). Médicos sin Fronteras (MSF) indicó cómo han tenido que intervenir ante la creciente necesidad de trabajar directamente con algunos centros de triaje en todo el país. Han adquirido ambulancias para atender cientos de pacientes rezagados por el sistema de salud, principalmente en los triajes del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Milla Selva y otros en la ciudad capital.

Triaje en Siguatepeque
Una mujer falleció por causas relacionadas con la COVID-19, en el único centro de triaje de Siguatepeque, donde la población estimada es de 110,292 habitantes. Siguatepeque, Comayagua, 20 de julio de 2021. Foto: Laura Garc

Motivados por el veloz crecimiento de los números de contagios en el país y la constante preocupación por los hospitales colapsados, la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax, en un comunicado de prensa, instó al Gobierno a proveer insumos y medicamentos para las Salas COVID y la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

De igual forma, y en el mismo sentir que el pueblo hondureño que se muestra escéptico a los informes del Gobierno central, solicitó el registro de información actualizada y oportuna de la situación epidemiológica en el país, «que deje de intentar generar una imagen tan alejada de la realidad que vivimos», concluyeron los médicos en el comunicado. 

El Gobierno de la República en su Plan de Introducción a la Vacuna, publicado en enero de 2021, aprobó un presupuesto de 68,381,877 dólares estadounidenses para la implementación del plan en su totalidad, esto equivale a 1,639,797,410 lempiras. Pretendiendo «lograr cobertura nacional de vacunación contra la COVID-19, por región sanitaria, red/ municipio y establecimiento de salud igual o superior al 95 % en cada uno de los grupos en riesgo priorizados», según el inciso IX del plan. 

«Honduras ha recibido 2,924,000 dosis de vacunas contra la COVID-19. El 16 % de la población elegible ha sido vacunada con su primera dosis y solo 1.3 % ha recibido la segunda dosis», explicó Blanca Munguía, directora del sector Social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Según las proyecciones de este organismo de sociedad civil, si se continúa con este ritmo de vacunación, solo se habrá inoculado el 21 % de la población elegible a finales de 2021. 

El contador de vacunas de la Fundación Avina registra en su página web el 9.22 % de población elegible vacunada hasta el 7 de julio de 2021. De ese porcentaje, el 1.33 % fue vacunado en la semana del 1 al 7 del mismo mes. La Secretaría de Salud ha completado el esquema de vacunación de 56,985 hondureños. Asimismo, calcula que a este ritmo de vacunación, Honduras habrá completado el ciclo de vacunación en 68 semanas. Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne: «En 47 países y territorios de las Américas se ha detectado al menos una variante del virus SARS-CoV-2, entre las que figuran alfa, beta, gamma y delta». 

Mary Lorena Vallecillo, científica bioquímica, instó al Gobierno a acelerar el proceso de inoculación. «Es necesaria una vacunación masiva y en los tiempos acordados por los estudios realizados durante el desarrollo de cada vacuna. Me preocupa el proceso de vacunación en Honduras cuando a las personas se les está dando más tiempo del estipulado entre la primera y segunda dosis», afirmó la científica. Esto por la preocupación en el retraso de la adquisición de las 40,000 dosis del segundo componente de Sputnik V, mismo que compromete el esquema completo de vacunación de una considerable cantidad de ciudadanos.

«En Honduras es muy difícil encontrar información sobre el estado de la pandemia, por lo tanto también es difícil hacer un análisis sobre cuántas personas se han vacunado, cómo está el número de contagios y cómo está la atención en los hospitales» comentó Vallecillo. 

En año electoral, los partidos políticos van más allá de sus límites para asegurar votos en las urnas, comentaba Blanca Munguía con Contracorriente. La politización de las vacunas se presta a la intensificación del fenómeno del clientelismo: «La Secretaría de Salud es el responsable directo de evitar que las vacunas se instrumentalicen», concluyó.

Las consecuencias del clientelismo político en un país como Honduras son graves y no permiten el desarrollo de la democracia. El clientelismo se convierte en una esperanza pasajera para quienes buscan sobrevivir a través de dádivas. Sin embargo, esta esperanza pasajera, esta luz desaparece, pero el voto y la decisión de la política permanece, los votantes caminan a una muerte lenta pero segura.

Un niño hondureño de dos años fue encontrado abandonado en México el 28 de junio. Viajaba con su padre, un campesino de 27 años, que apenas ganaba para sobrevivir. No se sabe cómo fueron separados, pero el niño ya fue deportado y su padre sigue preso en México. «El rostro de la pobreza en Honduras es rural», dicen los expertos y esta historia lo confirma. 

Texto: Allan Bu
Fotografía: Ezequiel Sánchez


Chilo se entusiasmó. Vio cómo su cuñado, con apenas  ocho meses como indocumentado en los Estados Unidos, ganó tanto dinero que le alcanzó para mejorar su casa, comprar tierras y sembrar unas parcelas de café. Incluso, al regresar a Honduras, le dio trabajo. 

En esos días, a inicios de 2021, Chilo y su esposa se enteraron que una de sus vecinas en San José Miramar, Copán, salió en compañía de su hija menor y en menos de quince días había llegado a Estados Unidos. La idea de migrar comenzó a tomar fuerza.

El 25 de junio, acompañado de su hijo Wilder, de apenas dos años y una pequeña mochila con un poco de ropa para los dos, Chilo pidió la bendición de su madre y las oraciones de Lorena, su esposa, y tomó el camino rumbo al sueño. «Solo me voy a estar cinco años», le dijo a su progenitora, según él suficiente tiempo para trabajar, ahorrar y salir de la pobreza en la que siempre había vivido.  

La familia que quedó atrás estaba triste, pero esperanzada. Apenas tres días después, Lorena recibiría una llamada desde el consulado de Honduras en México. Su hijo de apenas dos añitos había sido encontrado en un tráiler que trasladaba al menos cien inmigrantes indocumentados. Todos fueron detenidos por autoridades mexicanas, pero cuando preguntaron por el adulto que acompañaba a Wilder nadie contestó. 

La imagen es conmovedora. Personal del Instituto Mexicano de Migración encontraron al niño en una carretera del estado de Veracruz, entre ropa abandonada y algunos restos de alimentos que habían dejado los otros migrantes que iban en el contenedor. Ahí estaba Wilder a cientos de kilómetros de su familia y con sus dos manitos en la boca.  

En una entrevista para el periódico estadounidense Los Angeles Times, la vicecanciller de la República, Nelly Jerez,  reconoció en abril, que en la migración de menores no acompañados «las cifras ahorita han aumentado exageradamente». 

Hasta la fecha antes mencionada, la funcionaria diplomática afirmó que la cifra de menores en diferentes albergues de Texas y California supera los 5700 menores de edad, todos habían llegado entre febrero y abril.

En Honduras, no tienen claro cómo Wilder llegó hasta Veracruz sin su padre. La familia apenas ha hablado con Isidro Ladino García, más conocido como «Chilo» y no ha dado detalles, pero les dijo que estaba detenido en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

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Lorena García muestra la única foto que tiene de su pareja, quien fue detenido por la migra mexicana antes de que encontraran a su hijo de dos años viajando en un trailer con otros migrantes. San José Miramar, Copán, 12 de julio de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

A «Chilo» lo trasladaron de lugar y en San José Miramar, el lugar de donde partió, su familia tenía cinco días sin comunicarse con él. En una escueta comunicación con uno de seis hermanos le dijo que no tenía tiempo de contarle el «cagadal» que le había pasado. La madre dice que quizá se desmayó y que por eso no pudo responder cuando la migración mexicana preguntaba quien acompañaba a Wilder. 

«Se desesperaba cuando los niños le pedían juguetes» 

La idea de irse a Estados Unidos, a «Chilo» le rondaba en la cabeza desde hace mucho, pero cuando vio el éxito de su cuñado —quien además le dio trabajo en sus fincas de café— esa idea se convirtió en plan. «Y él maravillado al ver cómo trabajó (el cuñado) en ocho meses, pues dijo: «me voy a ir, porque veo que sí hace dinero allá. Mire, arreglo mi casa, arreglo la de ustedes», me decía, pero a mí no me convencía», dice doña Rosa Julia, la madre de «Chilo». 

En la familia se enteraron de que una mujer, se había llevado uno de sus hijos y en quince días había llegado a Estados Unidos. Concluyeron que el rumor sobre la facilidad de llegar al sueño americano acompañado de menores era real. 

En una entrevista para Contracorriente,  la antropóloga Amelia Frank Vitale, aseguró que, en términos generalizados, parece que el Gobierno Joe Biden buscará un camino hacia un estatus legal y permanente para las personas indocumentadas y las que tienen TPS (estatus de protección temporal) en Estados Unidos, «pero eso no equivale a una apertura para migrantes nuevos», aclaró.

La madre de «Chilo», Rosa Julia García, nos cuenta que además, un conocido había contratado un coyote para llegar a Estados Unidos, pero fue atrapado en dos ocasiones. Así que no hizo un tercer intento y le cedió el lugar a «Chilo». 

“«Déjeme ir, mamá, es una gran oportunidad», le dijo «Chilo» a su progenitora que le rogaba no emprendiera la aventura y que trabajara aunque sea por poco dinero en su país. Era una oportunidad porque el viaje que  iba a emprender costaba entre 8000 y 11,000 dólares, así que ese intento de cruzar la frontera era prácticamente un regalo 

«Cuando llegue allá le voy arreglar su casita y la mía. Quiero comprar una tierra y me regreso», le decía a doña Rosa Julia, quien tuvo una crisis por su diabetes cuando se enteró en lo que quedó el viaje de su hijo y nieto. 

Lorena García, la esposa de «Chilo» es una mujer joven de tez trigueña y habla con la marcada entonación verbal de la zona. Sus respuestas son cortas. En el corredor de la casa juegan y saltan su hija Abigaíl y una primita que está de visita.

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Rosa, Lorena y Abigail son la abuela, la madre y la hermana mayor de Wilder Ladino García, el niño migrante varado en México. Desean que su pesadilla termine pronto y puedan volver a estar junto al chico y su padre. San José Miramar, Copán, 12 de julio de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

«Lo pensamos (irse a Estados Unidos) por la pobreza que hay aquí», dice Lorena, reconociendo que era un plan de los dos, y luego agregó: «tuvimos la idea desde que estaban dejando pasar así con menores». 

Para el economista Efraín Díaz Arrivillaga, «el rostro de la pobreza en Honduras es más rural»,  pues él considera que en la ciudad existe más una marginalidad urbana que tiene una serie de connotaciones de otra naturaleza, pero «la pobreza rural es la que prevalece en el país», insiste.

Sostiene que en la mayoría de municipios rurales hay despoblamiento y migración a la ciudad o al extranjero: «les quedan con muy poca población, es una realidad», dice.

Estimaciones internacionales para el último año disponible (2019), antes del doble impacto de la pandemia por COVID-19 y los huracanes Eta y Iota, mostraron que el 14.8 % de la población hondureña vivía con menos de 1.90 dólares por día. Además, casi la mitad de la población (4,8 millones de personas) vivía con menos de 5.50 dólares al día, la segunda tasa de pobreza más alta de ALC después de Haití.

Alrededor del 45 % de los hogares, según encuestas del Banco Mundial, reportaron pérdidas de ingresos en agosto, que probablemente se deterioraron aún más con los huracanes de noviembre. Las proyecciones sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5.50 dólares al día podría aumentar al 55.4 %, lo que resultaría en más de 700,000 nuevos pobres. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019, antes de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, en Honduras la pobreza había alcanzado el 59.3 % de la población hondureña. Además, un 38 % de los hondureños vive con un dólar a menos al día.

La casa donde conversamos es de adobe, construcción muy común en la zona rural por lo económico que resulta. Hay dos sillas plásticas y el piso es de tierra. La propiedad está rodeada por tres casas más donde viven los padres y dos hermanos de Chilo. Hay unas cuantas plantas de café y varios árboles frutales, entre esos un mango y un aguacate. Se ven unas piñas, que fueron sembradas después que «Chilo» empezó su viaje.

Lorena recuerda que su esposo se desesperaba por la falta de ocupación que le permitiera vivir con dignidad a él y su familia.  «Se desesperaba, cuando ganaba los cien pesitos, no quedaba nada después de comprar dos libras de azúcar y una barra de jabón. Ahí se iban».

En ocasiones, los niños que en su inocencia puede que vivan en carencias, pero no entienden de ellas, agobiaban al padre: «Se ponían a pedirle juquetes, él se desesperó mucho, pero nunca esperábamos esto (que Wilder apareciera no acompañado y «Chilo» detenido).  Los familiares no saben cómo padre e hijo se separaron, pero sí saben que «Chilo» la está pasando muy mal en México, “el martes que me  llamó llorando, me dijo que me propusiera que me entregaran el niño porque él no sabía cuando iba a regresar», nos cuenta Lorena.

La brisa es fresca en aquella hermosa, pero abandonada montaña. Un gallo interrumpe con su canto la plática. A solo unos metros de la casa de Lorena, está la madre de «Chilo», doña Rosa Julia. Acaba de servir el desayuno para su esposo Juan Ladino. Su mirada se pierde en el horizonte cuando nos habla de su hijo y a veces se le escapan sentidos sollozos.

«No lo quería dejar ir y él me decía: «ya estando allá trabajo y le mando modo(dinero) para que arregle su casa»; y siempre le dije: «hijo, pero  aunque me caiga encima la casa, no quiero que te vayas». Pero «Chilo» se fue». 

Rosa Julia es diabética desde hace diez años, la noticia le impactó de tal manera que fue llevada a un médico en Cabañas, porque le dieron mal la información. «La  noticia me tiró al suelo, eso fue triste. No tuve valor de ver cuando me enseñaban al niño y el que estaba ahogado, que decían que era mi hijo», nos cuenta. 

En el contenedor donde encontraron a su nieto, un hombre murió por asfixia. A ella le dijeron que el muerto era su hijo, que en ese momento no aparecía ni llamaba y su nieto había aparecido solo. 

Se conmueve y derrama lágrimas, le ganan los recuerdos del pequeño Wilder yendo a su cama en la mañana para despertarla. «Yo quiero mucho a mi muchachito. Cuando estaba durmiendo llegaba a hablarme. Ha sido muy triste», dice.

Doña Rosa Julia no entiende cómo su hijo en lugar del sueño americano se convirtió en protagonista de semejante pesadilla: «Y tanta gente que se va con niños y llegan, no sé qué le pasó a ese muchacho», se preguntó. 

San José Miramar

Para llegar a San José Miramar hay que utilizar vehículo 4×4 o caminar. No hay otra opción.  Tiene 70 casas y unos 283 habitantes. En sus tierras hay esencialmente café y algunas parcelas de maíz y frijoles. 

No hay transporte público y la carretera parece una ruta para el deporte extremo. San José es una de las 42 aldeas de Cabañas, Copán, un recóndito municipio en el occidente de Honduras, cuya economía gira alrededor del cultivo del café, la ganadería y el procesamiento de derivados de la leche.

En San José Miramar nacieron «Chilo» y Lorena. Ahí también nació hace dos años, Wilder, el niño que fue encontrado no acompañado en México. En la aldea el punto de referencia es una pequeña escuela que tiene 42 alumnos, una aula y otra en construcción y dos maestros. 

Sardy Alvarado, una mujer alegre y de ojos verdes, es una de las maestras de la escuela de la localidad. Conoce perfectamente el caso de Wilder y nos dice que algo así es la primera vez que sucede en esa comunidad, pero nos cuenta que en San Antonio —una aldea vecina— hace poco repatriaron el cuerpo de un joven, quien intentó cruzar sin documentos a Estados Unidos. Murió ahogado.

La maestra nos dice que en San José, como en todo Copán, la migración ha sido numerosa en los últimos años, pero con la pandemia este fenómeno aumentó. «Le podría decir que la mayoría de padres de la escuela están allá,  aquí solo están las madres», nos dice Alvarado.

Incluso nos ofrece un dato alarmante, sostiene que según sus registros, de 22 alumnos que ella tiene, solo dos tienen sus padres en Honduras, los demás han emigrado fuera del país en busca de oportunidades, «prácticamente se han ido todos. Y no solo es esta comunidad, es en todas. Es bien notoria la cantidad de padres que se han ido».

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La escuela de San José de Miramar cuenta únicamente con una aula, donde los alumnos de distintas edades reciben juntos las clases dictadas por dos maestras. San José Miramar, Copán, 12 de julio de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Sardy dice que es la falta de oportunidades los empuja fuera del  país, porque si bien encuentran algunos trabajos lo que ganan es una «poquitera», o sea un ingreso precario. «Hay padres que tienen tres o cuatro hijos y ganan tres mil o cuatro mil lempiras al mes, pues no les alcanza ni para darle alimentación», sostiene.

En 2016,  la compañía inglesa MoveHup realizó un estudio sobre el costo de la canasta básica a nivel mundial, en el mismo se determinó que en América Latina el país más caro para satisfacer las necesidades alimenticias es Honduras, donde los obreros requieren el 100.54 % de sus ingresos semanales para comprar. 

En San José Miramar, una de las pocas fuentes de empleo es el corte del café, pero esta   actividad solo dura entre dos o tres meses. El resto del año, los trabajadores tienen que conformarse con ingresos precarios. 

«Chilo» era jornalero. Ganaba 100 lempiras al día (unos 4 dólares), cuando conseguía trabajo. Y cuando le alquilaban una parcela de tierra, sembraba maíz, pero este es un cultivo de subsistencia.

Lorena nos cuenta que en la temporada del café mejoran los ingresos, pero ese dinero que ganan lo utilizaban para cubrir deudas que ya habían adquirido: «A uno le toca enjaranarse (endeudarse) antes, ya después en los cortes solo es para pagar», dice con una sonrisa.

El abandono del campo

Para el economista y excandidato presidencial, Efraín Díaz Arrivillaga, Honduras es cada vez más urbano por el despoblamiento y la migración en el área rural. Sostiene que es un fenómeno central porque los gobiernos han abandonado el campo. Ahí no hay infraestructura, no hay servicios adecuados de salud ni de educación: «Por eso la gente ha emigrado ya sea  a la ciudad o fuera del país», dice.

Quienes abandonan el área rural son especialmente los jóvenes, ya que salen en busca de oportunidades que no encuentran en sus pueblos. «La mayor parte de los departamentos del occidente del país son los mayores expulsores de gente», nos dice Arrivillaga. Copán, el departamento donde nacieron «Chilo» y Wilder, está en ese sector del país. 

Díaz Arrivillaga también hace una interpretación de la forma cómo participan en las elecciones los lugares que él considera han sido descuidados:  «Son áreas que tienen abandonadas y contradictoriamente son las que votan por ellos (en referencia al Partido Nacional) porque también los mayores grados de analfabetismo están ahí en esos lugares». 

En concordancia con lo que menciona el doctor Arrivillaga, en las elecciones de 2017, cuando Juan Orlando Hernández se reeligió a pesar de ser inconstitucional y en medio de acusaciones por realizar un colosal fraude, los representantes del Partido Nacional se defendieron argumentando que el voto rural había dado vuelta a la tendencia que, con el 57 % de las urnas escrutadas, daba a Salvador Nasralla un 5 % de ventaja. 

A pesar de esto, Arrivillaga sostiene que el campo «no está en la agenda del país y hay un gran retroceso en la agricultura», aseguró.

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Durante dos meses, una vez al año, el corte de café es la única salida laboral para los pobladores de San José de Miramar, lo que les impide tener condiciones de vida digna a sus habitantes, forzándolos en muchos casos a migrar. San José Miramar, Copán, 12 de julio de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Germán Pérez Destephen, exministro de agricultura en el Gobierno de Ricardo Maduro, nos explica que la pobreza en el área rural se genera no solo en la precariedad y el abandono del agro: «No es la agricultura la que genera la pobreza rural, son una serie de factores: no hay acceso a la educación, hay falta de servicios de salud, desnutrición, inaccesibilidad a servicios públicos, ingresos limitados, falta de asistencia técnica, no hay acceso a crédito, etcétera, es un círculo vicioso», menciona.

Agregó que la capacidad para producir riqueza no puede incrementarse sin infraestructura de inversión, pero esta no existe sin tener los recursos financieros. «Para salir de la pobreza se requiere inversión y no hay inversión por falta de capacidad de ahorro. Esta es una de las características estructurales del subdesarrollo», nos dice.

Manifestó que el sector agroalimentario es el más importante de la economía de Honduras y que dispone de un gran potencial de desarrollo merced a las posibilidades de diversificación de la producción.

En noviembre de 2019 mediante el decreto ejecutivo PCM 052-2019 se otorgó a la Fuerzas Armadas de Honduras un millonario desembolso de 4000 millones de lempiras (166 millones de dólares) para el desarrollo agrario. La medida del Gobierno de Juan Orlando Hernández fue ampliamente rechazado, porque no hay antecedentes de algo.  Hasta el momento, no se tiene claro cómo los militares invirtieron ese fondo

El doctor Díaz Arrivillaga afirma que para Honduras es un desafío enfrentar con mayor propiedad la situación de pobreza y desigualdad que se vive en el área rural, pues es la causa de la migración. 

Para que los jóvenes se queden y vuelvan al campo, dice el ingeniero Pérez Destephen, se debe volver el campo atractivo brindando las mismas condiciones de servicios y empleo que podrían encontrar en la ciudad y la posibilidad futura de prosperar, tener acceso a empleo digno, vivienda, servicios públicos de calidad, oportunidades de negocio, acceso a tierra, entre otros: «Si se tuvieran mejores oportunidades en el campo, mucha gente no se movería del área rural», concluyó. 

Al cierre de esta nota, Wilder Ladino, el pequeño que apareció con el torso desnudo en México, había regresado a Honduras y puesto bajo la tutela de las autoridades de migración, quienes posteriormente lo entregaron a sus familiares. Lorena dijo a la prensa que estaba feliz. Han pasado 20 días desde que fue encontrado solo a 1300 kilómetros de su casa. 

En su casa, allá en la montaña lo esperaban felices. Isidro Ladino García, más conocido como «Chilo», sigue detenido en México. Sus familiares no saben cuándo regresará. En Copán, en la cálida San José Miramar, Lorena García se ha resignado a pelear con la pobreza, porque dice que después de la experiencia, ya no intentarán: «Ya queda con miedo uno», dice desesperanzada. 

Tengo siete años de experiencia trabajando como asistente jurídico con niños que han llegado a los Estados Unidos (EE. UU.) sin sus padres. No soy abogado, pero estoy a punto de terminar mi grado de licenciatura y voy a comenzar mi maestría en antropología. Quiero terminar mis estudios con un doctorado en antropología también, ya que mis investigaciones se llevan a cabo en la frontera. Este artículo es una opinión basada en observaciones y experiencias que he vivido al trabajar en Los Ángeles y en México.

Mi familia llegó a los EE. UU. en 1987. Mi mamá tenía 17 años cuando vino a Los Ángeles sin mis abuelitos. Ella tuvo que aprender a conducir sola, nunca pudo presentarles sus novios a sus papás, mucho menos visitarlos para que pudieran conocer a sus nietos. Estas experiencias la traumaron y tuvo que tragarse estas memorias. 

Esta es la triste realidad de muchos migrantes. Fue difícil para ella, pero mi abuelita estaba trabajando desde El Salvador antes de mover toda su vida a los EE. UU. No puedo imaginarme el esfuerzo de mi familia en asegurarse de que estuvieran bien. Desafortunadamente, El Salvador estaba pasando por una guerra y mi familia no tuvo otra opción más que irse de su país pulgarcito. Pienso en sus experiencias y trato de conectarlo con lo que ahora está pasando en la frontera.

Este verano trabajé brevemente con un albergue federal en California. Ahí reciben a niños con la meta de reunirlos con su familia. El proceso no es fácil, y desafortunadamente muchos niños han desaparecido en el pasado y otros los han asignado en el sistema de adopción donde nunca más les permiten volver a ver a su familia. 

Es triste saber que EE. UU. no brinda el apoyo que debe dar y que no importa las millas que han cruzado a pie. Hace poco tiempo fui supervisor en un albergue y desafortunadamente este lugar no tiene personas con la experiencia para apoyar a menores de edad. Tampoco tiene los recursos ni los empleados equipados para asistir a cada menor de edad que llega. Muchas de las personas que trabajaban conmigo no tenían experiencia con estos jóvenes y recibieron este trabajo por puras influencias. 

Tomé la decisión de trabajar en la madrugada porque quería asegurarme que los niños estuvieran durmiendo bien por las noches. Desafortunadamente, solo pude aguantar este trabajo por un mes, ya que no teníamos el apoyo de los supervisores y de otras personas empleadas del albergue, esto dificultaba el trabajo, de por sí este trabajo no es fácil. Cuando llegué nadie me dio instrucciones sobre lo que tenía que hacer, nadie quiso apoyarme mientras averiguaba los detalles de mi carga laboral. 

Recuerdo que muchos de los empleados habían trabajado en cárceles y no creo que deberían de estar trabajando ahí, no tienen la experiencia necesaria y no pueden darles el mismo trato que a los presidiarios, ¡estos niños no son criminales! Muchos llegan a la frontera solos porque sus padres están en el otro lado y no pueden venir por ellos porque también están en peligro de deportación. Estos padres trabajan duro para darles una vida mejor a sus hijos, una vida que no podrían darles si estuvieran en su país. Me enoja y me parece terrible que existan personas que se expresen mal de ellos y que los juzguen como si supieran los sacrificios que tienen que hacer.

Estos niños vienen a este país para ver a sus padres. Muchos no han visto a su familia en cinco años, o más. Cada vez que miraba a estos jóvenes salir del albergue para reunirse con sus familias, salían las lágrimas de mis ojos. Estos niños son fuertes y son el futuro de nuestro planeta. El saber que han pasado por mucho y siguen fuertes me da ánimo. Como estadounidense con familia de El Salvador nunca voy a entender los sacrificios que se han hecho para mejorar las vidas de nuestra gente, y hago este trabajo porque sé que esto fue algo que tuvo que pasar mi familia también, no puedo voltear mi cara.

Cuando los jóvenes llegaban al albergue en Los Ángeles, se les veía el miedo en sus rostros, y es que han pasado por muchos traumas y el peligro de que los secuestren. Los hermanitos llegaban tratando de apoyarse entre sí y los hermanos mayores estaban ahí, como padres, para apoyar a muchos, los más chiquitos. 

«La migra» de la frontera los traslada en camiones para el albergue y cuando llegan los matriculan en el sistema. Los trabajadores sociales investigan archivos para asegurarse que los jóvenes van a ser reunidos con su familia y no con gente donde puedan correr peligro. Recuerdo que en una ocasión, un hombre disfrazado como empleado entró al albergue con el fin de secuestrar a niños, por suerte la seguridad logró percatarse a tiempo. Me da rabia saber que hay gente tan mala en este mundo y que está dispuesta a causarle mal a una criatura inocente. Compartiendo esto porque tengo la plena creencia de que los peligros no terminan en la frontera. Estos niños han viajado miles de millas y aún en los EE. UU. sus vidas corren peligro.

Pienso que lamentablemente, aún con las promesas del nuevo gobierno de Joe Biden sigue sin ser suficiente para convertir estos albergues en un buen sitio para los niños. Los enfermeros son groseros, los dejan llorar por horas sin ver si algo los aqueja, si tienen algún problema de salud y necesitan asistencia. Es una tristeza tener que protegerlos hasta de los enfermeros. 

En una ocasión, mis colegas se quejaron conmigo porque un enfermero gringo estaba tocando a un niño inapropiadamente y  por supuesto lo reporté. Como yo era supervisor, tenía la autoridad de hacer reportes y asegurarme que todo estaba en orden. Es terrible que estos niños corran peligro donde se supone que deberían recibir protección.

En 2018, la oficina de reasentamiento de refugiados perdió mil quinientos jóvenes por «descuido». Se supone que cuando permiten que un niño se vaya del albergue se asegura de que estén bien. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental y otros tipos de enfermedades. Existen casos en los que algunos adolescentes terminan yéndose de su casa, quedando expuestos a muchos peligros y el Gobierno pierde el cuidado de ellos. Si este Gobierno no pone de su parte, esto seguirá ocurriendo.

Hace unos años, la oficina de reasentamiento de refugiados liberó a jóvenes solo para que ellos fueran esclavos en una maquiladora. Esta es una triste realidad que pasa aquí en los EE. UU. Si vemos que los jóvenes no están asistiendo a su cita de la Corte de imigración debe ser motivo para preocuparse, porque nos dice que pueden estar en peligro y que a las personas que los están cuidando no les importa su bienestar. Es importante para las familias que entiendan la  importancia de que los jóvenes asistan a la Corte, ya que garantiza que están bien de salud y con buenas condiciones, sobre todo si no están viviendo con los padres. 

Estos niños y jóvenes han pasado por violencia, abuso, y maltrato, pero ahora que están aquí con nosotros es nuestra responsabilidad velar, ser empáticos y asegurarnos de que estén bien de salud y fuera de cualquier peligro. Estos esfuerzos requieren de todos: la familia, los abogados, maestros y la sociedad en general.

Todos los días, estos hombres tienen que presentarse a las 7 a. m., aunque no saben la hora a la que saldrán. Durante años no se atrevieron a reclamar y se conformaron con trabajar en condiciones infrahumanas. Ahora preparan una demanda.

Texto: Allan Bu
Fotos de portada: Pixabay


Mario Aguilar y Gilberto Paredes deben estar en su puesto de trabajo cada día a las 7 a. m. Nunca saben a qué hora regresarán a casa. Tampoco saben si ese día tendrán un salario o regresarán sin un peso. Trabajan para una gran empresa procesadora de alimentos, pero no aparecen en su nómina. Nunca han recibido el decimotercero y decimocuarto salario. No tienen vacaciones y, si los llaman, deben trabajar días feriados. 

No hay posibilidad de reclamar porque les dicen que ellos no son empleados de la empresa. En muchas ocasiones, han tenido que salir después de las 10 p. m. y algunas en la madrugada, pero religiosamente tienen que presentarse a las 7 a. m. 

Parece una cuasi historia novelesca de esclavismo moderno, pero es real. La empresa Industrias Molineras S. A. (IMSA) está ubicada en jurisdicción de Choloma, en el norte de Honduras, específicamente en el bulevar que conecta las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés, donde se mueve la maquinaria comercial más grande y millonaria de Honduras. Ahí trabajan Gilberto y Mario.

La tercerización es la contratación indirecta de personal a través de terceras personas, denominada contratistas, que son quienes tienen el trato directo con los trabajadores. El patrono —en este caso Imsa— se desentiende de los derechos laborales y eluden responsabilidades acerca de los beneficios que los obreros deben gozar.

Estas violaciones a los derechos laborales no son escasas en un país con un porcentaje de desempleo que después de la pandemia se incrementó hasta el 10 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Abona también la inoperancia estatal y la falta de aplicación del Código del Trabajo en defensa del trabajador. 

Durante el estado de excepción decretado por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, que limitó las reuniones y la libre circulación, los abusos en contra de los trabajadores aumentaron a vista y paciencia de los entes estatales, incluso el Ministerio del Trabajo permaneció cerrado por casi seis meses (entre marzo y septiembre), las denuncias eran recibidas a través de correos electrónicos y llamadas. No existió ninguna instancia gubernamental para garantizar el derecho al trabajo.

Según cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el cierre de la economía en el 2020 provocó que al menos medio millón de hondureños perdieran su empleos o fueran suspendidos sin cumplir los requisitos de ley. El Gobierno de Juan Orlando Hernández emitió un comunicado indicando que las empresas podían negociar con sus empleados vacaciones y feriados a cambio de los días de encierro. 

Pero las situaciones que denuncian los trabajadores de IMSA comenzaron muchos años atrás, aunque se agudizaron con la pandemia. Gilberto llegó como contratista a la empresa en 2011. Vive en la colonia San Miguel de Choloma con un hijo menor de edad. Su esposa se fue para Estados Unidos buscando un futuro mejor. Él dice que una de las causas para que su esposa migrara está en sus precarios ingresos: «Es que no da que nos exijan tanto y no pagan».

Hace aproximadamente un mes, cansados de los abusos y de que sus reclamos fuesen ignorados, 43 cargadores decidieron retar a IMSA. El primer reclamo que hicieron fue en referencia a los horarios. Hasta hace un mes no tenían hora de salida. Ahora ellos establecieron una hora de salida. 

«Quisimos negociar con la empresa para que evaluara todo lo que estamos pidiendo y se llegara a un acuerdo, pero rotundamente le dijeron al contratista que no era obligación de la empresa», nos cuenta Paredes. 

Las exigencias que piden estos trabajadores son las condiciones básicas que otorga a los trabajadores el Código del Trabajo y que no se pierden con la tercerización: salario mínimo, aguinaldo, décimo cuarto salario, vacaciones, la afiliación al Instituto de Seguridad Social (IHSS) y un horario establecido. 

Contracorriente contactó al abogado Mario Martínez, representante de los trabajadores, quien confirmó que buscaron el apoyo de la oficina regional del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, pero debido a la gran cantidad de trabajadores que se atienden en el lugar no lograron programar una cita para audiencia con el contratista y los representantes de IMSA, nos dijo el abogado, solo sería posible a finales de agosto de 2021. Pretendían buscar un arreglo conciliatorio, pero no se pudo: «No nos queda más que acudir a la instancia judicial competente, demandando al contratista y solidariamente a IMSA», dijo. 

La abogada laboralista Damicela Ayes nos explicó que el término solidario hace referencia al artículo 7 del Código del Trabajo en el cual se define quién es un intermediario: «es aquella persona natural o jurídica que contrata servicios de otras personas para beneficio de otro patrono y que en ese sentido son solidariamente responsables».

«En el momento de hacer algún reclamo, pues la demanda procede contra las dos partes, contra el contratista y también sería solidariamente responsable IMSA, que es la empresa grande», sostiene la profesional del derecho.

Este medio contactó a IMSA para conocer la posición de la empresa y recibió una respuesta mediante un correo electrónico de la jefa de Recursos Humanos, Gisela Osorio: «Las personas que usted nos consulta son empleados de un contratista que presta un servicio tercerizado de carga y descarga, por lo tanto no son colaboradores directos de IMSA», escribió.

La empresa descargó las responsabilidades en el contratista Patricio Murillo, aunque como bien nos explicaba la abogada Ayes, el Código del Trabajo contempla que en estos casos el contratista y la empresa grande comparten responsabilidades. 

«Lastimosamente los empleados se han dirigido al contratista y al parecer no sienten que se les ha resuelto sus inquietudes. IMSA, como empresa, cuida y se asegura de que su personal tenga todos los derechos cubiertos y en la manera de lo posible tengan beneficios adicionales», cerró diciendo la encargada de Recursos humanos.

Los trabajadores en voz de Mario y Gilberto, de alguna forma defienden al contratista a quien dicen la empresa no le da las condiciones para que cumpla los derechos adquiridos. «Tenemos un contratista, pero a ese señor no le dan para que cubra todo lo de nosotros, por quintal le pagan 2.30 lempiras y a nosotros nos corresponde 1.90 lempiras», dicen.

La abogada Damicela Ayes analiza que las empresas demandadas siempre tratarán de eludir responsabilidades, pero el final será un juez quien impartirá justicia: «si hay responsabilidad son solidariamente responsables (empresa y contratista) lo importante es que se continúe el proceso legal y se acredite las condiciones en que trabajan», dice.

Ayes explica  que la empresa que utiliza trabajadores subcontratados tiene que revisar que a ellos se les respeten los derechos laborales y las condiciones en las que estos obreros cumplen sus funciones: «La empresa tiene que vigilar que ese contratista cumpla con la legislación laboral, que incluye horarios, treceavo, catorceavo y deben estar afiliados al IHSS».

Ni una canasta navideña

A Gilberto le pagan casi dos lempiras por cada quintal de productos que sube o baja de un camión. Después de ese pago no tiene ningún otro beneficio que contemple la legislación hondureña: «a través de ese cobro quieren que uno les trabaje a la hora que sea hasta las 11 o 12 de la medianoche. Ellos quieren que uno esté presente».

Pero a veces —y pasa con frecuencia—  permanecen todo el día en el plantel de la empresa y no se llevan ni un peso a su casa: «El viernes (2 de julio) y sábado (3 de julio) nosotros no hicimos ni un peso, pero nos obligan a estar aquí todo el día. No hay nada, pero tenemos que estar aquí», se queja Gilberto.

El salario mensual  es incierto, con suerte,algunos meses —dice Gilberto— ha llegado a ganar hasta 11,000 lempiras (458 dólares), pero esto no es frecuente. Sus ingresos oscilan entre los 6000 lempiras (250 dólares) y 8000 lempiras mensuales, pero en ocasiones han caído hasta 4000 lempiras (166 dólares). «Es variable(el salario), pero sí tenemos que cubrir hasta la hora que ellos dicen, porque si no tenemos problemas», afirmó. 

Mario Aguilar, es residente de la Colonia López Arellano y también cargador en IMSA, reconoce que la necesidad de trabajar hacía que aceptaran condiciones infrahumanas: «Teníamos que hacer lo que decían y a la hora que querían. Lo hacíamos por la necesidad de uno. Aquí hemos estado hasta 36 horas seguidas (jornadas de trabajo) para ganar algo», nos confiesa.

En Honduras el desempleo aumentó con la pandemia. El confinamiento hizo que hasta el 40 % de las micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) cerraran y este sector de la economía genera el 70 % de los empleos del país. En el país solo un poco más de 700,000 trabajadores están afiliados a la seguridad social y de acuerdo con la última encuesta del INE realizada en el año 2020, el 73 % (15 años y más) está en edad de trabajar. Eso explica que no importa la precariedad del empleo siempre haya alguien dispuesto a tomarlo.

Aguilar relata que hasta en la época navideña, donde se pregona desprendimiento y amor, ellos han recibido desprecio: «Aquí les dan una canasta a los empleados de la empresa. Una vez le dije a un señor (uno de los jefes) que por qué a los cargadores no nos tomaban en cuenta aunque sea para eso, me respondió que esas no eran cosas de él, que esas órdenes venían de gerencia y que para gerencia (los cargadores) no existíamos».

Menciona que nunca han recibido un agradecimiento por su trabajo en la empresa para la que laboran: «que nos diga al final del año, por lo menos “tenga estos 1000 lempiras (como bonificación extra)”». 

Mario sostiene que ellos deben acatar las órdenes recibidas sin ningún reclamo y en cambio no pueden pedir nada a cambio: «Así estamos, nos ignoran, no nos escuchan. A veces de plano nos dicen que para qué reclamamos si no trabajamos para la empresa».

Durante la pandemia, pese a las medidas de confinamiento, Gilberto Paredes asegura que la empresa tampoco les brindaba salvoconducto y muchos de los trabajadores estuvieron cerca de ser detenidos por la Policía Nacional en los toques de queda.

Mario Aguilar recuerda que en algunas ocasiones les tocó rogar a los elementos de la Policía Nacional porque ellos debían cumplir con horarios extendidos  acostumbrados en la empresa.  «Trabajamos sin parar, nos arriesgábamos, la Policía nos detenía y rogábamos para que no nos detuvieran, porque nos exigían que teníamos que estar aquí», dice.

Aguilar recuerda que uno de sus compañeros tiene un modesto carro, ellos le pagaban un valor simbólico para la gasolina y él los recogía. Otros que viven cerca llegaban caminando. El caso más dramático fue de aquellos cargadores que salen fuera de San Pedro Sula en camiones y rastras, pues ellos pasaron mucho tiempo sin ir a sus casas y prácticamente vivían en las instalaciones de la empresa.

Pero hace un mes se cansaron de los abusos y 43 de los 67 cargadores de la empresa armaron una protesta organizada. La primera determinación que tomó el grupo de trabajadores fue no trabajar más allá de las 5 p. m., pero con ellas llegaron las represalias. IMSA ha comenzado a emplear nuevos trabajadores, «ellos no van a hablar», arguye Gilberto.

«Están totalmente desprotegidos, algunos de ellos tienen más de tres años de laborar continuamente para esa empresa y los tienen como trabajadores eventuales, lo que es absolutamente ilegal», nos dice el abogado Mario Martínez, quien representará la causa de los trabajadores ante los tribunales de justicia. 

Mario Aguilar afirma que él siempre se dio cuenta que estaban sufriendo abusos laborales, pero no todos se animaban a realizar el reclamo. Hasta que un día exigieron un aumento de salario y, como no tienen contrato, todos fueron echados del trabajo. Los tuvieron dos días fuera y regresaron a pedido de la empresa. 

«Pero nosotros ya no les estamos trabajando de noche, solamente nueve horas. Nos asesoramos con un abogado y él nos dijo que no podíamos abandonar el trabajo», cuenta. 

También los trabajadores refieren que las represalias no han tardado en llegar. Gilberto contó que desde que ellos iniciaron las exigencias por la mejora de sus condiciones, le comenzaron a quitar parte del trabajo. Si el salario era precario, ahora lo es más: «ganamos menos, así nos desesperamos. Quieren que nos vayamos», concluye. 

A raíz de las acciones en las que de alguna forma se convirtieron en la cara visible, desde el lunes 12 de julio, Mario y Gilberto no pueden ingresar a las instalaciones de IMSA. Les prohibieron la entrada. Ellos hicieron la denuncia en el Ministerio del Trabajo, entidad que envió un inspector de trabajo a levantar un acta, en la que consta que ellos fueron despedidos en la fecha antes descrita. 

Y en horizonte: migrar de su tierra

Mario tiene 36 años. Es padre de dos niñas y un niño. Su esposa no tiene un trabajo remunerado. En la casa donde vive debe pagar alquiler. Sus hijas están en el colegio y su niño en la escuela. Para mantener a su familia tiene que dedicarse a otras labores. 

Ayuda a motoristas de transporte pesado a contar y ordenar carga. También a limpiar estos vehículos cuando regresan de sus rutas. Y es zapatero. «Hago facturación porque tengo amigos que son rastreros y en la noche cuando vienen ellos barro los carros y ellos me dan algo al mes, pero este dinero tiene un gran costo, porque  con mi familia casi no paso», nos cuenta Mario. 

Por estas condiciones estaba pensando agarrar maletas y tomar el camino hacia Estados Unidos: «Me iba ir para la “USA” de mojado, pero ya que todos nos pusimos de acuerdo, vamos a luchar. Imagínese uno a veces tiene que salir de su tierra porque lo ponen a trabajar, pero no son justos con uno», se queja el humilde hombre.

Gilberto también quiere migrar. A raíz de la protesta que han iniciado dice que se ha sentido inseguro. Relata que miembros de la seguridad privada de la empresa les han tomado fotos, aunque aclara que no ha recibido ninguna amenaza.

«Estoy a punto de salir para los Estados Unidos por lo mismo,  tengo miedo de una represalia. Tengo un niño que solo está conmigo», exclama Gilberto, quien si se va piensa dejar establecido un poder para que el abogado siga peleando por sus derechos. 

Migrar es el camino que muchos escogen en un país en donde sus esperanzas se diluyen en una violencia y corrupción endémica. Para el 2010 se calculaba que en Estados Unidos había 633,000 hondureños, pero esas cifras han aumentado en la última década. Especialmente a partir de 2018, cuando miles de compatriotas se han organizado en multitudinarias caravanas para viajar hacia al norte. En la última, unas 7200 personas ingresaron a Guatemala, pero fueron brutalmente reprimidos por el ejército de ese país. La mayoría retornaron al país. 

La abogada laboral Damicela Ayes sostiene que definitivamente las condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus funciones no están permitidas por la legislación hondureña y ella espera que las violaciones sean corregidas.

Ayes explica que estas violaciones a los derechos laborales que, ahora salen a luz tan a menudo, son resultado especialmente de la falta de conciencia por parte de algunos inversionistas a quien ella llama capitalistas: Al final quieren tener máximas utilidades a costa de pagar bajos salarios, flexibilizar las condiciones (a favor de la empresa) y sabemos que en el marco de esta pandemia estas cosas se han dado más», recuerda. 

Analiza que ahora, con el tema de inversión de capitales a través de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), se amenazan los derechos y conquistas laborales: «si en este momento no respetan el Código de Trabajo y una Ley de Inspección Laboral, en estas ZEDE menos van a respetar el derecho de la población trabajadora».

Las ZEDE son un polémico proyecto impulsado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, en el que porciones del territorio nacional están sujetas a un régimen especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales estarían a cargo de la seguridad, resolución de conflictos y la política fiscal. Las únicas leyes nacionales aplicables en este pequeño territorio son la Constitución de la República y el Código Penal. 

Parece inaudito, pero la abogada Ayes resalta que Honduras es uno de los países que tiene más instrumentos legales para tutelar los derechos laborales, pero la falta de voluntad política para obligar a algunas empresas para que cumplan la ley es el problema. 

En esta inoperancia estatal y voracidad empresarial, abundan los casos como el de los 43 trabajadores de IMSA. Ellos se atrevieron a denunciar después de tantos abusos y de ser ignorados. Un día, Mario Aguilar le preguntó a uno de sus jefes si para él ellos eran humanos: «no me dijo nada, nos tienen odio y no entiendo por qué».

En Honduras, la vacunación contra la COVID-19 avanza con la inmunización de distintos sectores prioritarios, y mientras unos esperan completar el esquema de vacunación otros denuncian que hay personas comercializando el inoculante. 

Fotografías: Martín Cálix
Texto: Lizz Raudales


El Gobierno de la República planifica vacunar 6,981,186 personas, para esto se necesitarán 13,962,372 dosis. Según las cifras brindadas por la Secretaría de Salud, Honduras deberá comprar 8,600,372 y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) proveerá vacunas para inocular a 700,000 afiliados. El resto de las dosis han sido gestionadas a través de donaciones de países cooperantes o mediante la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud. 

Hasta ahora, se han recibido 2,984,868 dosis, de las cuales, el Gobierno de Honduras solo ha financiado 201,610 dosis. Las compras se han realizado a la casa farmacéutica Pfizer y al Fondo de Inversión Directa de Rusia. Israel, Estados Unidos, El Salvador y México han sido los países que han donado más de 2,5 millones de vacunas. Las 658,040 vacunas restantes han sido donadas a través de la iniciativa Covax. 

En vista de que la mayoría de las vacunas aplicadas han sido donaciones, muchos de los pobladores se preguntan cuándo les tocará vacunarse, otros se preocupan porque dudan de las gestiones del Gobierno y creen que no van a poder completar el esquema de dos dosis. Por otro lado, más de 40,000 personas están a la deriva, pues no pudieron completar su esquema de vacunación programado para junio porque no ha llegado al país una segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

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Frascos de la vacuna Moderna, de fabricación estadounidense, permanecen sobre una hielera médica en la jornada de vacunación del Museo Digital de Copán. Esta vacuna a Honduras ha sido donada en un total de 1,505,000 dosis por Estados Unidos (1,500,000) e Israel (5,000). Copán Ruinas, 13 de julio de 2021. Foto: Ezequiel Sánchez.

Don Raúl Oquelí llegó al Polideportivo Universitario y consultó a las enfermeras si ellas se habían asegurado de que la vacuna era de la casa farmacéutica Moderna y si la segunda dosis sería aplicada en la fecha correspondiente: 28 días después de la primera aplicación. «¿Cómo las adquirieron? Si solo vino una primera dosis, ¿cómo familias completas de cachurecos ya las tienen completas? Y de diferentes edades», cuestionó el señor Oquelí en el centro de vacunación móvil del Polideportivo Universitario, refiriéndose a la vacuna Sputnik V. Asimismo, agregó que por suerte las vacunas aplicadas son donadas, porque si dependiera del Gobierno, no estarían vacunando a la población.

Avance de vacunación en Honduras

«No se masajee ni se sobe el brazo, evite utilizarlo mucho, tome acetaminofen cada seis horas y esté pendiente de la fecha para la segunda dosis», son las instrucciones que las enfermeras que vacunan a miles de hondureños y hondureñas repiten de memoria  en los puntos peatonales y móviles que la Secretaría de Salud ha designado para la inmunización contra la COVID-19. 

El contador de Avina, portal que registra el progreso mundial de la vacunación, muestra que en Honduras, desde el 27 de febrero hasta el 7 de julio, se ha vacunado al 9.22 % de la población. Esta página web es actualizada semanalmente con los datos oficiales publicados por el ente encargado. 

Según datos del portal Our World In Data, el 25.8 % de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Hasta ahora se han administrado 3540 millones de dosis en todo el mundo y se administran cerca de 30 millones cada día. Pero en los países en vías de desarrollo solamente el 1 % de las personas ha recibido al menos una dosis.

Las cifras presentadas por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de la Secretaría de Salud, muestran que hasta el 12 de julio se han aplicado 1,172,830 dosis, que representan el 17 % de la población elegible para la inoculación. Actualmente son 79,737 los hondureños que han completado su esquema de vacunación, mientras 1,093,093 ciudadanos solo han recibido una dosis de la vacuna. Se estima que en los próximos días se apliquen más de 620,000 dosis en el marco de la quinta jornada de vacunación con las dosis de Moderna que fueron enviadas por Estados Unidos, además de las vacunas Pfizer que se aplicarán como segunda dosis.

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Ronald Godoy de 48 años, trabaja vendiendo verduras y vegetales procedentes de Azacualpa, ha llegado para vacunarse contra la COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 15 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Varios puntos de vacunación del Distrito Central se encontraban abarrotados de ciudadanos de distintas edades y grupos prioritarios que esperaron horas por su inyección. Tal es el caso de las personas que acudieron al Centro de Educación Básica Estados Unidos, a inmediaciones del Teatro Manuel Bonilla, quienes empezaron a hacer la fila —que después se extendió por dos cuadras, a pesar de que el ritmo de vacunación no era lento— desde las 5 a. m.

A diferencia del centro de educación básica, el punto de vacunación del Polideportivo Universitario registró una baja afluencia de ciudadanos. El personal médico asignado a la vacunación comentó a este medio de comunicación que en días anteriores más ciudadanos acudieron a las instalaciones, pero a medida pasan los días, son menos las personas que buscan la vacuna. Una ciudadana que conversó con Contracorriente, dio a conocer que en el puesto de vacunación universitario había vacunas solo para algunos grupos etarios y no pudo vacunar a su hija, por lo que decidió trasladarse a la escuela Estados Unidos ya que le avisaron que estaban inmunizando a todos los que llegaran al centro educativo.

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La enfermera Olmeda Cáceres de 53 años, prepara una dosis de la vacuna Moderna durante la jornada de vacunación en la Escuela Estados Unidos de Barrio Abajo. Tegucigalpa, 15 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que la población del país es de 9,450,711 personas, de las cuales 6,892,861 son elegibles para la vacunación. 

Actualmente, en Honduras se lleva a cabo la quinta jornada de vacunación en la que se ha inmunizado a adultos de la tercera edad, población de 50 a 59 años con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, trabajadores del rubro del transporte, privados de libertad, empleados de farmacias, supermercados, mercados municipales, gasolineras, personal de la Fuerzas Armadas, entre otros. 

Venta clandestina de vacunas 

En un medio de radiodifusión, un ciudadano dio a conocer que él había pagado 5,000 lempiras por la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. Ante estas declaraciones, el doctor Nery Cerrato, viceministro de Salud, solicitó al Ministerio Público perseguir a todos aquellos que se están lucrando con el tráfico y la venta de vacunas contra la COVID-19. Según las declaraciones de Cerrato, estas vacunas pertenecen al IHSS y al Estado de Honduras, razón por la que no deberían comercializarse. 

«Eso es un acto delincuencial y ese delito tiene que perseguirlo el Ministerio Público. Nosotros en todo lo que nos compete en el tema de farmacovigilancia y análisis de las vacunas tenemos a disponibilidad a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que nos puede colaborar», afirmó el viceministro. Cerrato también agregó que la Secretaría de Salud estará atento a cualquier requerimiento que sea girado por el Ministerio Público.  

«Nadie puede vender vacunas y ningún hondureño debe comprar, porque pueden ser falsas o estar ya vencidas, va a ser inefectiva y nadie puede estar pagando porque lo vacunen. No se puede permitir que se abuse de la gente de esa forma. No arriesguen su salud ni sean víctimas de estafadores que hemos detectado que están ofreciendo vacunas a través de las redes sociales» aseguró el presidente Hernández al referirse a la venta de vacunas, cuando se recibía el tercer cargamento de vacunas de Pfizer que arriba a Honduras. 

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Rafael Fonseca Castro de 52 años y Griselda Fonseca Castro de 55 años, recientemente superaron juntos la COVID-19 cuando se contagiaron hace tres meses, ahora, los dos hermanos han acudido a vacunarse en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras luego de haberlo intentado en la Escuela Estados Unidos de Barrio Abajo. Tegucigalpa, 15 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por su parte, Francis Contreras, comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria, afirmó que la vacuna se aplica sin cobro alguno: «Si ustedes recuerdan, hace varios meses, incluso, que la Agencia de Regulación Sanitaria y desde nuestra propia cuenta personales de redes sociales emitimos un comunicado alertando de que algunas personas sin escrúpulos estaban anunciando la venta de vacunas a través de las mismas redes sociales», comentó, recordando que el año pasado se viralizaron publicaciones de redes sociales en las que se hablaba de la venta de vacunas, cuando estas aun no llegaban al país. 

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Contreras también agregó: «hicimos esa alerta a la población, desde el momento en que a usted le están cobrando por una vacuna, desde ese momento tiene que saber que es un engaño y que es una estafa, porque las vacunas, para empezar, son gratuitas en Honduras y en todas partes del mundo, en todos los países las vacunas son gratuitas, no existe la comercialización privada de vacunas».

El alcalde de la ciudad de El Progreso, Yoro, Alexander López, candidato a la reelección por quinto período consecutivo por el Partido Liberal, denunció en un video que en El Progreso se están utilizando vacunas del sector público para venderlas en el sector privado. El jefe edilicio pidió a la directora municipal de Salud en El Progreso, la doctora Esmeralda Velásquez, que presentara el plan municipal de vacunación. 

La Jefatura Municipal de Salud de El Progreso, ante esas acusaciones, emitió un comunicado en el que indican que presentaron el plan a la Alcaldía progreseña y solicitaron pruebas del mal manejo de las vacunas para proceder ante las autoridades competentes. La jefa municipal de Salud, quien además es militante del Partido Nacional, exigió pruebas sobre las denuncias señaladas.

Además de las denuncias por comercialización de vacunas, en redes sociales, específicamente en Facebook, se ha visto la venta de carnés de vacunación. Un ciudadano que habló con este medio de comunicación dio a conocer que también se pueden obtener a través de empleados de oficinas estatales. El carné ya incluye todos los datos, desde las fechas de aplicación, la marca, el lote y la fecha de vencimiento de la vacuna, incluso, el nombre de la persona que supuestamente aplicó ambas dosis del inoculante. Este medio hizo lo posible por llegar al origen de estas ventas en redes sociales, hasta el momento no se obtuvo respuesta. 

Esta no sería la primera vez que se habla de vacunas falsas, pues el pasado 18 de marzo de 2021 un vuelo privado proveniente de México transportaba 5775 dosis falsas de la vacuna Sputnik V. Estas eran trasladadas en dos hieleras, iban ocultas entre hielo, golosinas y refrescos. El Fondo Ruso de Inversión Directa, ente que financia la producción del inoculante, expresó que el diseño de las etiquetas y los contenedores indicaban que se trataba de una sustancia falsa.

En aquel momento, el Ministerio Público (MP) indicó que las autoridades mexicanas eran las llamadas a seguir con el caso si es que esta acción constituía un delito en el país. Esta institución también dio a conocer que se habían detectado tres lugares que ofrecían la venta de vacunas contra la COVID-19 y estos casos eran llevados por la Fiscalía de Protección al Consumidor. Yuri Mora, portavoz del MP aseguró que «no es posible porque no hay vacunas autorizadas para ser vendidas por particulares».   

A pesar de las recomendaciones brindadas por las casas farmacéuticas y expertos en temas de vacunación, el ritmo de llegada de las vacunas no permite que se cumpla a cabalidad el esquema de vacunación o que se complete la inoculación de los grupos prioritarios. Médicos en los distintos centros asistenciales reportan mayor cantidad de ingresos hospitalarios por contagios en los últimos días y la mayoría de los pacientes no han sido vacunados o solo cuentan con una dosis. 

Ethel era una pintora decadentista excepcional. Sin duda una joven promesa en las artes y no solo a nivel local, la buena crítica a su obra le había llevado a trascender a pesar de su corta edad en el ámbito internacional. «Paku» como le apodaban de cariño era una chica que siempre estaba experimentado con su obra y sus cuadros, agregaba elementos que ningún otro artista podía imaginar. Algunos eran poco comunes y otros mucho más excéntricos, aquello era de asombro ya que en ocasiones la pintora sumaba a sus cuadros restos de piel humana o cabello real, incluso en algunas ocasiones agregó uñas y vello facial. 

Con el pasar de los días su obra despegó a niveles inimaginables, algo fascinante y difícil que sucediera en la época. Se hizo acreedora de un par de premios y, por supuesto, con ello, la fama le llegó. Pero eso no impidió que su sencillez y carisma se apagaran. Ella hacía el mismo comentario siempre: «no me sirven los premios si estos no son en efectivo, en tiempos como este (sin tratar de sonar codiciosa), el dinero es prioridad. Aunque debo decir que agradezco cada uno de los reconocimientos, sin duda motivan un poco más».

Poco o nada se sabía de la vida de «Paku», algunos decían que sus padres la habían abandonado y otros afirmaban que creció en un orfanato y que era el proyecto de un par de líderes religiosos para posicionarse en el ámbito artístico e intelectual. A decir verdad nadie tenía información certera, todo al final se quedaba en supuestos y conjeturas. Lo cierto era que esta enigmática muchacha estaba marcando un hito artístico en la posmodernidad. 

Quizá por su formación o simplemente por su forma de ser, había en ella algo que no agradaba a muchos y eso era su enorme sinceridad y facilidad para opinar sobre diversos temas. Cierto día, un periodista le cuestionó sobre su obra, preguntándole cómo había iniciado, cuáles eran sus influencias y otras cosas más. Ella le afirmó que había iniciado como los demás: copiando, sacando ideas de aquí y de allá, lo que sucedía quizá es que no todos tenían el valor de decirlo, esto posiblemente por temor a que les puedan herir su sensibilidad. En cuanto a mis influencias debo decir que Goya y Dalí han sido sin dudar fuentes de las que he bebido mucho. A pesar de sus comentarios y declaraciones que, dentro de los sectores artísticos no eran muy bien recibidas, ella no paraba de presentar su obra, con un estilo único que nadie podía o siquiera se atrevía a comparar. 

Cuando el talento se alza por encima de todas las cosas, las puertas del que lo tiene, empiezan a sonar. Ese fue su caso, ya había enviado cuadros y pinturas a diferentes lugares del país y también al extranjero. Un domingo por la tarde una llamada cayó a su teléfono, una mujer solicitaba sus servicios, ella era representante de una empresa internacional y su jefe era un millonario escandinavo, amante del arte que retaba la estética y los cánones ya establecidos. A «Paku» le pidieron un trabajo privado y especial, se trataba de un cuadro en un lienzo con una contextura poco particular, jamás visto por las personas de la ciudad y otros especialistas del arte. 

Todo esto lo supo porque la joven con la que había hablado se lo hizo saber. Ella sin duda decidió aceptar el trabajo, este era otro de sus problemas, por así decirlo, hacer arte que rompiera cualquier esquema de la forma menos esperada. La llamada casi finalizó y acordaron hacer el envío del lienzo y el primer depósito de adelanto para el pago del trabajo. La pintora tenía una duda, quería saber desde antes qué era exactamente lo que iba pintar. Al otro lado del teléfono la joven comentó: «mi jefe desea que usted pinte Los senderos del caos». Hubo un silencio corto por parte de la pintora antes de responder, luego dijo «hágale saber a su jefe que de por hecho ese trabajo, es una pintura que siempre quise hacer». 

La llamada finalizó y ambas empezaron a moverse, en el caso de la joven extranjera, decidió enviar el lienzo a la dirección que le había dado, y el dinero al número de cuenta que en su agenda telefónica había copiado. La tarde y la noche se fueron en un interesante dilema en el que había entrado «Paku»: estuvo todo ese tiempo tratando de imaginar cómo podría hacer aquella pintura, pero por sobre todo pensando en cómo sería aquel lienzo que le iban a enviar. Sin duda eso no la dejaba dormir y la mantenía en alerta constante. 

A la mañana siguiente una llamada llegó al teléfono de la joven, era la misma muchacha de ayer, confirmando que ya todo estaba listo y que en un par de días estaría recibiendo el lienzo y también la primera parte del dinero. Ella le respondió de manera breve y concisa diciéndole que no se iban arrepentir de haber confiado en ella para tan interesante trabajo y sin más que decir ambas se despidieron y la llamada se dió por finalizada.

Ese día en las afueras de la ciudad había una exposición de pintura al aire libre y «Paku» no se la quería perder así que se alistó y decidió ir a ver lo que se estaría presentando. El tiempo pasó volando y en un par de horas ya estaba en la exposición, sin duda al llegar lo primero que notó fue la cantidad de gente que estaba presente y es que al parecer los pintores eran nuevos diamantes que algunos cazatalentos estaban dispuestos a explotar. Ese día llegó tarde a su casa, eran casi las dos de la mañana pero aún tenían un poco de tiempo para descansar y reponer un poco del sueño perdido.

Los gallos la despojaron de su eterno sueño. Se despertó, desayunó y se alistó para ir a buscar lo que le habían enviado, no sin antes verificar que dichos lugares estarían abiertos. Salió de su casa como un rayo, fue al banco, retiró su dinero, y posteriormente se dirigió al lugar de encomiendas de la ciudad. Estando en el lugar entregó su documento de identificación y pidió el paquete que le había sido enviado. Al parecer y según se podía observar el lienzo era de lo más normal, nada especial que digamos. «Habría que observarlo a profundidad para ver si hay algo interesante», dijo. Llegó a casa y como si fuera una niña con juguete nuevo decidió investigar a profundidad aquel lienzo que le habían dicho, era de un material especial. Se pasó tarde y noche buscando las rarezas que le habían comentado y con la cierta excepción de que encontró restos de piel humana en el lienzo, nada más le pareció interesante. Así que lo guardó y decidió empezar a trabajar hasta el siguiente día, ya que se sentía agotada. 

Amaneció y comenzó a pensar en cómo iniciaría el cuadro, que color, cuál tonalidad, cuántos trazos, ya que los dueños del mismo le habían permitido trabajar con libertad. Decidió entonces parar por un momento, desayunar y mirar un poco de televisión. Las noticias eran las de siempre: la pandemia, la devaluación de la moneda, el endeudamiento, la pobreza extrema, la corrupción y la criminalidad, sin duda ver el noticiero no era tan alentador aunque a «Paku» le gustaba mantenerse al tanto de la realidad, ya que ello también le podía inspirar o dar un par ideas para trabajar. 

Se pasó toda la tarde viendo series y documentales sobre la explotación que algunas empresas ejercían sobre los trabajadores de países y ciudades como Bangladesh, Nueva Delhi, La India, entre otras, y pensó que la realidad en su país no era tan distante a la de aquellos lugares. Recordó también que la situación en su país era lamentable y quizá mucho más triste puesto que, los trabajadores hasta tienen que agradecer por tener un empleo, sabiendo que, eran sometidos a una explotación desproporcionada e inimaginable y a otros cientos de tratos degradantes e inhumanos. 

Por fin cayó la noche y la hora predilecta para trabajar le había llegado. Se dirigió a su habitación, tomó los pinceles, y alguna que otra pintura que tenía guardada por ahí, pasó por la sala y tomó el lienzo y lo llevó a un área de trabajo improvisada que ella, debido a la situación económica no tan favorable, había creado. Se hizo acompañar de su teléfono celular y sus manos libres, había un disco de una banda de death metal que era su favorito: Pathways of chaos de la banda Suffocation, decidió entonces, mientras pintaba, reproducirlo desde la primera hasta la última canción. 

Eran exactamente las diez de la noche cuando empezó a caer una muy leve lluvia, era bastante raro, ya que los pronósticos del tiempo no habían anunciado tal cambio de tiempo, «seguramente no le atinaron otra vez», dijo «Paku» y prosiguió trabajando en su cuadro de encargo. Para cuando eran las once y treinta de la noche ya tenía la mitad del cuadro realizado, al parecer se había obstinado con aquella pintura y quería terminarla lo más pronto posible para darle un par de retoques y correcciones de ser necesario.

La lluvia arreció y una tormenta eléctrica vino acompañar aquel mal tiempo, a pesar de eso no se detuvo, siguió trazando, corrigiendo, pintando, agregando sombras y algo que era de su agrado: colores fuertes como el negro y el rojo. El álbum de la banda lo había reproducido ya hace un par de horas puesto que estuvo desde las diez de la noche escuchándolo y la aguja del reloj para ese entonces ya marcaba la una y treinta de la mañana.

A las dos en punto de la mañana hubo un problema, la pintura roja se le había acabado, el cuadro ya estaba casi terminado, ella era una jóven muy ágil con los pinceles, comprometida con su trabajo y por sobre todo muy puntual, quizá fue por ello que decidió salir de su lugar de trabajo y buscar pintura de color rojo, le dió vueltas a toda la casa y no pudo encontrar nada, al parecer la había gastado por completo y no había comprado más, pero había algo en ella que le decía, que su trabajo tenía que terminarlo hoy, antes de que los gallos cantaran. Fue por eso que se vio obligada a tomar una decisión.

 

//DIARIO LIBERTAD// NOTICIA DE ÚLTIMA HORA|| 

La pintora decadentista Ethel mejor conocida como «Paku» fue encontrada sin vida la mañana de hoy en su casa de habitación, al parecer todavía no se sabe cuál fue el móvil del crimen, la policía está en su casa recabando la escena para encontrar algunas pruebas. 

La noticia consternó fuertemente a la ciudad y al país, nuevamente un joven talento perdía la vida y dejaba con ello un enorme vacío en el arte, en las vidas de quienes le admiraban. En todo esto había una pregunta que todos se hacían, quién pudo haber sido el criminal, y por qué la decidieron matar, la mayoría de las personas razonaba y recordaba que en su corta carrera, la pintora no tuvo enemigos, al menos de esos que suelen ser declarados, ella fue siempre una alma un tanto solitaria que vagaba con su pincel dándole color a este mundo.

La voz de diferentes grupos de artistas se hizo sentir y varios colectivos exigían en la ciudad una aclaración sobre el caso. Las medidas de presión iban desde movilizaciones pacíficas hasta daños a la propiedad pública y privada. Las autoridades se vieron obligados a dar el informe que habían hecho en torno al caso en una no tan simpática cadena nacional. Los oficiales y equipos de inteligencia concluyeron que el día domingo a las cuatro de la madrugada, la joven artista decidió por su cuenta acabar con su vida.

Muchas personas no podían creerlo y otras, decían que, seguramente la Policía o alguien estaba ocultando algo y que esa no era toda la verdad. Al final y después del inevitable paso del tiempo se impuso la versión que dieron las autoridades gubernamentales y el caso pasó a ser uno de esos enigmas que para la población aún están impunes y sin resolver. 

Lo cierto de todo era que, quienes argumentaban que el Gobierno había ocultado información estaban en lo cierto, ya que el periodista Arturo Breda pudo obtener una información que se filtró de fuentes muy confiables dentro de la Policía Nacional. Se trataba del verdadero informe sobre el caso «Paku, la decadentista», en el que se hablaba a profundidad sobre lo que pasó y se contaba que en realidad la pintora se suicidó, pero la forma en la que lo hizo, fue para algunos admirable y para otros algo horripilante. 

Según Breda, periodista de Diario Libertad la jóven artista que era partidaria de utilizar técnicas poco comunes y excéntricas para dar un toque diferente a sus trabajos se extrajo varias pintas de sangre con unos aparatos no adecuados para el procedimiento y utilizó la misma como pintura para terminar un cuadro en el que estaba trabajando, al parecer su obsesión la había impulsado a llegar muy, muy por encima de los límites. El periodista dijo que el cuadro llevaba por nombre Los senderos del caos y que lo único que le había hecho falta era la firma de la autora.

Breda comentó también que al parecer este cuadro sería enviado a uno de los países escandinavos, pero lo cierto es que no había una tan sola prueba de ello, los agentes de investigación fueron a revisar a la agencia de envíos donde al parecer llegó el lienzo desde uno de aquellos países y no había registros, fueron también al banco donde le habían depositado un adelanto del pago y tampoco había nada, parece como si todo hubiese sido engullido por la tierra. Breda agregó que revisaron el teléfono celular de la pintora y que no encontraron absolutamente nada, ni llamadas de números extranjeros ni cosa parecida. Que todo lo que habían encontrado estaba escrito en una libreta que ella había dejado en su habitación. 

Lo cierto, al parecer, es que todo fue producto de la vasta imaginación de la autora que llevó su arte a otra expresión, y en uno de sus arranques de excentricidad, utilizó su sangre en uno de sus cuadros, para pasar según los críticos, a la eterna inmortalidad a través de su mejor y más detallada pintura Los senderos del caos.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Martín Cálix


Honduras en uno de los seis países a nivel mundial con una prohibición total del aborto, el recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones feministas y de la plataforma Somos Muchas es la primera acción legal por el derecho a decidir en torno a las tres causales en Honduras. El recurso señala que hay una contradicción entre los convenios internacionales y la legislación nacional que violenta varios derechos de niñas y mujeres en el país. 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el 4 de junio un recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 67 de la Constitución y el 196 del Código Penal, que penalizan el aborto en Honduras en todas las circunstancias, infomaron el martes 13 de julio. El recurso señala que la legislación actual es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos desarrollados por tratados ratificados por el Estado de Honduras. 

El Código Penal de Honduras, vigente desde junio de 2020, dice en su artículo 196 que las penas por aborto van de tres a seis años para las mujeres, mientras que la Constitución en el artículo 67 dice que «al que está por nacer se le considerará nacido», pero en enero se reformó ese artículo para aumentar la cantidad de diputados que puedan modificarlo. 

Un total de veinte organizaciones de la plataforma Somos Muchas y de otras organizaciones sociales interpusieron el recurso: «Es una contradicción que la Sala de lo Constitucional debe resolver mediante la declaración de invalidez de las normas antes mencionadas, y así despenalizar el aborto al menos por tres causales: Cuando exista riesgo a la vida o a la salud de la mujer o niña embarazada, cuando exista malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo ocurra como consecuencia de violencia sexual», menciona el escrito.

Neesa Medina, integrante de Somos Muchas, dice que no hay un tiempo determinado para que el recurso sea respondido, pero que esperan una respuesta favorable: «que no se engavete por siempre y que por lo menos indique que hay un poco de autonomía de los poderes del Estado (…) que la sala continúe con criterios apegados a derecho, que no sea una excusa para decir ante organismos internacionales que se admitió el recurso, sino que se revierta la penalización absoluta del aborto».

Actualmente Somos Muchas identificó 46 casos de mujeres criminalizadas por aborto en Honduras a las que les han dado acompañamiento legal, psicológico y social. Uno de los casos que acompañaron fue el de Victoria, una mujer que sufrió criminalización once años por una emergencia obstétrica en 2010, no sabía que estaba embarazada y cuando acudió al hospital el personal médico que la atendió la denunció por aborto. Durante el juicio oral y público en abril de 2021, el Ministerio Público (MP) pidió una sentencia absolutoria por falta de pruebas y el tribunal la absolvió. 

Leer más aquí: Criminalizada once años por una violencia obstétrica

Por su parte, la abogada Carmen Haydeé López, integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) y que formó parte de la redacción del recurso, señala que el recurso es la consolidación del discurso por el derecho a decidir, un discurso que no existía como tal hace cinco años, antes de la coyuntura del nuevo Código Penal: «también los argumentos plasmados en esto nos ha sido de mucha ayuda en el litigio de los casos de criminalización que lleva Somos Muchas, es como el planteamiento madre, ahí está toda la fundamentación jurídica de por qué el derecho a decidir es un derecho legítimo que el Estado de Honduras debe garantizar». 

Jóvenes feministas sostienen carteles durante un plantón convocado por la plataforma Somos Muchas en los bajos del Congreso Nacional en protesta contra el proyecto de ley presentado por el diputado nacionalista Mario Pérez. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

La organización IPAS Centroamérica señala que entre 2009 y 2018, una población de 215,623 niñas menores de 18 años dieron a luz en el sistema público nacional, y solo en 2018, de esos partos, 843 corresponden a niñas menores de 14 años. La mayoría de embarazos en menores son resultado de violencia sexual y de la falta de acceso a métodos anticonceptivos.

La abogada Haydée López añade que uno de los logros es el planteamiento sobre legitimación porque son organizaciones quienes interponen el recurso: «Ha sido muy difícil en la sala de lo constitucional como una organización de sociedad civil puede erigirse como una persona titular de derecho y normalmente lo analizan con que debe ser una persona directamente afectada por el hecho que se está impugnando». 

De acuerdo al recurso el Código Penal violenta la vida, salud de niñas y mujeres al obligarlas a continuar con embarazos que podrían colocarlas en situaciones de riesgo para su vida. Además se violenta el principio de igualdad y no discriminación, así como el principio de progresividad en derechos humanos. 

También añade que se violenta el principio de dignidad humana y el derecho a la autonomía reproductiva: «La penalización y la prohibición del aborto, podrían estar propiciando actos de tortura por infringir a mujeres y niñas, de manera intencional, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, basados en motivos —entre otros— de discriminación. Estos daños son especialmente graves cuando se les obliga a llevar a término el proceso de gestación pese a que, previamente, se conoce que existe una anomalía congénita o patología del feto que hace inviable su vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación sexual».

Mientras que en el caso de la Constitución, el recurso señala que hay suplantación de la soberanía nacional y una violación del principio de progresividad, fundamentos discriminatorios con la reforma al artículo 67 realizada por el Congreso Nacional en enero del 2021. 

El recurso se había preparado para presentarlo el 25 de enero (Día de la Mujer Hondureña), pero el 21 de enero de 2021, dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el diputado Mario Perez del Partido Nacional presentó un proyecto de ley que luego se denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto, en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional.  

Aunque finalmente solo reformaron el artículo para que 3/4 partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) sean las que puedan modificar ese artículo, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. Las organizaciones tuvieron que cambiar la estructura y mencionar esta nueva modificación. 

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Para Neesa Medina la penalización absoluta del aborto «pesa en el imaginario de la gente, muchísimo, no solo en las mujeres que tienen procesos legales abiertos, pesa muchísimo incluso en quienes lo consideran o ni siquiera saben y sienten que no hay ninguna opción para ellas. La prohibición llega a generar un miedo y un terror mucho más allá que la condena penal y hay suficientes motivos para no abandonar la esfera legal y la despenalización legal es un paso que va más lento que la despenalización social incluso».

Medina añade que la sociedad avanza en la búsqueda del reconocimiento de derechos, que los estudios que han realizado indican que una mayoría de la población no está de acuerdo con la prohibición absoluta del aborto: «Lo que buscamos hacer es acortar esa brecha entre la despenalización social que ya está muy encaminada, y la legal, que se acorte esa brecha porque la mayoría no está de acuerdo con esta ley y es momento que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ejecutivo se den cuenta», finaliza.

Cuando Kaory cumplió siete años se dio cuenta que no existía un entorno en Honduras que la aceptara. En su hogar le pedían que «se hiciera hombre» y en su escuela, sus compañeros de primer grado se burlaban de ella. A los 17 años buscó llegar a EE. UU., pero se quedó en México como trabajadora sexual. Diez años después falleció en una calle de la Ciudad de México, tras beber alcohol compulsivamente después de enterarse del asesinato de su hermano en Honduras. Su funeral en México estuvo nutrido de personas que la apreciaban, pero en Honduras su cuerpo fue velado y enterrado en el más absoluto silencio, únicamente por su familia.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Sandre Fiallos y Sáshenka Gutiérrez

El 6 de julio, en presencia de ocho personas —exclusivamente familiares— y en completo silencio, fue sepultada la hondureña Kaory Cantarero, la joven trans de 27 años que falleció el pasado martes 22 de junio a las 3 a. m. en Ciudad de México, en donde se desempeñaba como trabajadora sexual.

Según un informe denominado Las vidas trans en tiempos de pandemia: «La inmensa mayoría de las mujeres trans en América Latina y el Caribe tiene como principal medio de subsistencia el trabajo sexual, aproximadamente el 95 % de las compañeras trans ejerce el trabajo sexual que, debido a la restricción por la pandemia de la COVID-19 quedan fuera de las economías formales».

Los restos de Kaory Cantarero —repatriados gracias a la organización defensora de mujeres trans de México La Casa de las Muñecas— ahora descansan en una tumba ubicada en el cementerio Los Laureles, ubicado en el barrio La Puerta, Distrito 5 de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.    

Desde la cuna hasta la tumba, Kaory Cantarero siempre sufrió discriminación y fue víctima de una violencia estructural. No encontró en su entorno familiar un nicho que la protegiera ni tampoco se desarrolló en un contexto social hospitalario que la aceptara.

Kaory Cantarero
Foto del drone que muestra a la familia de Kaory Cantatero dando sepultura. 6 de Julio de 2021, Cementerio Los Laureles. Fotografía: Sandra Ruiz.

«Hacete hombre le decían, y él respondía: soy toda una mujer. Y apenas tenía 8 años», dice Doris Cantarero, de 32 años —su hermana mayor— en referencia a la discriminación que Kaory Cantarero recibía en casa por su orientación sexual. «Yo lo acepté cuando estábamos más grandes. Me iba con él (Kaory) a bailar en la discoteca La Autopista, que quedaba salida a La Lima. Aunque en la fiesta no andábamos juntos. Él iba siempre vestido de mujer, a escondidas de mi papá», agrega Doris.

Las condiciones socioeconómicas en las que creció Kaory Cantarero fueron totalmente devastadoras: la vivienda —un espacio de 4×5 metros—  era el hogar de una familia que llegó a hospedar hasta nueve hermanos, más su padre y su madre, para un total de once personas. Esta vivienda está cercada con láminas, tiene piso de tierra, está en desnivel con relación a la carretera. El único cuarto de la casa, en forma de ele, tiene dos metros de ancho y está dividido con pedazos de tabla yeso. Kaory vivió ahí hasta los 17 años.

Mientras conversábamos, un camión de la basura pasó frente a la casa en donde creció Kaory e hizo que una ola de agua estancada ingresara en el interior del patio de la vivienda, en donde había algunas gallinas, que cacaraquearon, se levantó una nube de moscas y los presentes tuvieron que levantar los pies para no mojarse con el agua que venía en picada, producto del desnivel de la casa que da la impresión de estar siendo tragada por la tierra, ya que no está a nivel de carretera.

«Mire cómo se mete el agua aquí. Siempre que llueve nos inundamos a nivel de la rodilla. Y eso que aquí hemos pagado 1500 lempiras mensuales de alquiler (63 dólares americanos)», explica Doris Cantarero, una obrera de maquila.

Kaory Cantarero ingresó a los seis años a la Escuela Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, a escasos metros de la casa en donde creció. Pero la escuela no pudo ser su refugio. «Siempre venía llorando de la escuela. Le decían que era maricón porque solo quería jugar con las niñas», dice Doris Cantarero, quien manifestó a Contracorriente que por esa razón Kaory solo cursó el primer grado.

Sobrina de Kaory Cantarero
En el techo de la casa en donde creció Kaory Cantarero reposan los zapatos de la pequeña Fernanda Milagros, de 2 años, sobrina de Kaory. 6 de Julio de 2021, colonia Sandoval Sorto, sector Satélite, San Pedro Sula. Fotografía: Sandra Ruiz.

A pesar que Kaory fue servicial durante su adolescencia, durante su funeral, los vecinos miraron para otro lado. Nadie se acercó. No llegaron medios de comunicación, ni organizaciones sociales… nadie. «Solo hemos estado los hermanos y mi padre. La Cruz Roja es la única institución que nos ayudó económicamente», dice Doris Cantarero.

Mientras conversábamos, el teléfono de Doris Cantarero suena y ella revela que quien está al otro lado es Kenya Cuevas, directora de La Casa de Las Muñecas de México, la organización que pagó la empresa funeraria y presionó al consulado de Honduras para que procediera a la repatriación.

—Hola, qué tal. ¿Cómo van? —le dice Kenya Cuevas a Doris Cantarero.

—Pues acá estoy platicando con el periodista que vino. —responde Doris Cantarero.

—¿No llegó mucha gente a acompañar?, ¿hay más medios ahí? —pregunta Kenya.

—No, solo nosotros de familia, —dice Doris.

—Ah ya, acá en México había mucha, pero mucha gente. Si quieres te dejo para que termines. Te aviso que aquí vamos a estar para cualquier cosa, eh —Afirmaba Kenya, antes de cortar la llamada.

«Me gustaría que vieran a una hermana que tenemos. Nosotros le decimos “La Niña”, porque se comporta así. Pero ya tiene 21 años. Nunca la ha visto un médico y no puede caminar. Nos gustaría saber si alguien podría echarnos una mano con ella», dice Doris Cantarero.

Inmediatamente aparece la joven Yessy Paola Cantarero, arrastrándose en el piso de tierra y completamente sucia. «Un lempira, un lempira», dice, extendiendo la mano.

Doris Cantarero abraza a su hermana Yessy Cantarero, de 21 años, con discapacidad de habla y función motriz. 6 de Julio de 2021, colonia Sandoval Sorto, sector Satélite, San Pedro Sula. Fotografía: Sandra Ruiz.

Migración

En estas condiciones socioeconómicas y ambiente discriminatorio, es normal que la migración sea una válvula de escape. La mayoría de los familiares de Kaory Cantarero, han visto la posibilidad de marcharse de Honduras para buscar un mejor futuro, ya sea en México o en EE. UU. «Estando en México él (Kaory) me decía: venite para acá. Yo acá tengo un buen trabajo. Pero yo no sabía de qué trabajaba. Él decía que trabajaba de mesera», explica Doris Cantarero.

Pero en la antigua casa de Kaory, la familia se sigue haciendo más grande. Josseline Paola, de 23 años, está casada con Juan Carlos Cantarero, de 30 años, y vive junto a su niño de 4 años en la casa en donde creció Kaory. Ella explica que la situación económica es muy difícil y que por esa razón han intentado irse para EE. UU., pero han sido deportados.

«Yo migré hace como dos años con el papá de mi hijo. Nos fuimos cuando el niño tenía 2 años. Nos fuimos en bus, a veces caminábamos y por último nos subimos a la bestia. Yo me quedé con el niño en Veracruz (México), pero mi esposo siguió y en eso lo agarró migración en Houston. El mismo día que llegó a Houston (EE. UU.), ese mismo día lo deportaron».

Cuñada de Kaory Cantarero
Josseline Paola, de 23 años, es la esposa de Juan Carlos Cantarero, de 30 años, (hermano de Kaory). 6 de Julio de 2021, colonia Sandoval Sorto, sector Satélite, San Pedro Sula. Fotografía: Sandra Ruiz.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado en el 2016, establece que las mujeres representan aproximadamente el 53 % del total de la población migrante interregional en Centroamérica. 

«Mujeres que son jefas de hogar emigran para proveer sustento a sus familias, pero también, en muchos casos, para mejorar sus condiciones de seguridad física y emocional cuando enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar. La indocumentación y la situación migratoria irregular de la mayoría de las mujeres migrantes en tránsito por Centroamérica dificultan su acceso a información, asistencia y la debida garantía de sus derechos fundamentales», indica el estudio de la OIM.

En otro informe de la OIM, publicado este 2021, se señala que cada año más de 500,000 centroamericanos intentan llegar irregularmente a EE. UU. en busca de mejores condiciones, reunificación familiar o huyendo de los problemas de violencia en sus territorios.

El padre de Kaory Cantarero

Padre de Kaory Cantarero
Pastor Cantarero, de 55 años, es el padre de Kaory. 6 de Julio de 2021, Cementerio Los Laureles. Fotografía: Sandra Ruiz.

Un hombre al borde de las lágrimas, pero intentando ser lo más rudo que puede. Don Pastor Cantarero, de 55 años, es un guardia de seguridad que dice sentirse aliviado por haber enterrado a Kaory Cantarero, con quien tuvo contacto por última vez el año 2011.

«Apesarado, apesarado. Pero bueno, ya le estamos dando sepultura a él. Tengo el consuelo de verlo por última vez, aunque sea, aunque no lo vimos en vida, pero lo estamos sepultando», cuenta don Pastor Cantarero.

Justo en el momento de la entrevista, mientras un joven lanza paladas de arena a la fosa en donde está el féretro de Kaory, le suena el teléfono a don Pastor. Él responde y al fondo se escucha Gloria Esperanza Regalado, la madre de Kaory, que, desde España, envuelta en llanto pregunta: «¿ya me lo enterraron?», a lo que don Pastor Cantarero responde: «sí, ya lo enterramos, me están entrevistando ahorita, ya te hablo». Inmediatamente cuelga la llamada.

«Ella se la tira con su amargura (llanto y tristeza), pero uno tiene que ser fuerte. No hay que decaer tanto para no agüitarse (acobardarse) tanto en esta vida», agrega don José Cantarero, quien recién había llegado del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, en donde dejó a otro de sus hijos a quien lo acababan de internar.

«Él por andar en la calle me lo atropelló un carro ya días, cuando andaba en una motocicleta. Hace poco lo volvió atropellar otro carro. Dijo el doctor que le hicieron una autopsia en el hueso y que tiene cáncer. Como que le van a cortar el pie. Se llama Daniel Cantarero y tiene 19 años», cuenta don José Cantarero, quien, a pesar de estar al borde del llanto, intenta, como puede, mantener su compostura.

Kaory Cantarero huyó de todo esto…

Familia de Kaory Cantarerov
Familia Cantarero coloca un corazón de flores en la tumba de Kaory. 6 de Julio de 2021, Cementerio Los Laureles por: Sandra Ruiz

Desde los 7 años en adelante, Kaory buscó cómo sobrevivir en el entorno que la rodeaba. Las pandillas ejercían violencia sobre las personas y las fuerzas de seguridad del Estado, involucradas en el crimen organizado y el narcotráfico no ayudaban en nada. Por otra parte, culturalmente el país ha estado inmerso en una cultura de discriminación de género y en las altas esferas políticas y judiciales, existe una corrupción pública generalizada que se traduce en impunidad.

La madre de Kaory, Gloria Esperanza Regalado, de 46 años, quien reside en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz en España desde septiembre de 2018, durante una llamada telefónica con Contracorriente reveló que Kaory se marchó de Honduras a sus 17 años porque fue amenazada de muerte: «La estaban amenazando miembros de la banda de Los Olanchanos, quienes ahora ya no existen porque los mataron». Kaory creció en la colonia Sandoval Sorto, pero huyó de Honduras en el año 2011. 

Precisamente los asesinatos registrados en los años 2011 y 2012 llevaron a San Pedro Sula a ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo durante dos años consecutivos. San Pedro Sula reportó el año 2012 una tasa de 169 homicidios por cada 100,000 habitantes, por encima de ciudades como Acapulco, México, que ese mismo año registró 143 homicidios por cada 100,000 habitantes, y Caracas, Venezuela, que ocupó el tercer lugar, con 119 asesinatos.

Mientras en Ciudad de México, a la velatoria de Kaory Cantarero llegaron muchas de sus compañeras, su cuerpo fue sepultado en el cementerio Los Laureles en San Pedro Sula con la presencia de apenas ocho de sus familiares. Ciudad de México, México, 23 de junio de 2021. Foto: Sáshenka Gutiérrez.

Entre junio de 2009 y Marzo de 2020 se registraron 111 transfemicidios en Honduras. Las edades de las mujeres asesinadas van de los 12 a los 34 años de edad, según el informe sobre muertes violentas de la comunidad LGTBIQ+, de la Red Lésbica Cattrachas. 

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Según el testimonio de los parientes de Kaory, los criminales que gobernaban la Colonia Sandoval Sorto no estaban de acuerdo con que se identificara como mujer Trans. Ya en México, Kaory trabajó durante nueve años como trabajadora sexual, tiempo en el que su familia no tuvo noticias de ella. Debido a que migró sin documentos de identidad, no pudo cambiarse el nombre en México. Su nombre legal, Jorge Luis Cantarero, salió a luz para los trámites de repatriación.

En sus últimos años de vida Kaory Cantarero, cayó en una profunda depresión tras enterarse que en su colonia natal habían asesinado a su hermano menor, de apenas 15 años, ultimado en el inicio de la pandemia.

El adolescente José Luis Cantarero, de 15 años, fue asesinado el 22 de marzo de 2020 en su lugar de residencia, la colonia Sandoval Sorto del sector Satélite de San Pedro Sula. «Se supo quién lo mató. Pero nos amenazaron y nos pidieron que no dijéramos quién lo había hecho, porque si no nos iban a matar a toda la familia. Pero ya a esa persona, Dios le puso castigo y también lo mataron», dijo Gloria Regalado.

Gloria Regalado explica que ella, al igual que Kaory, decidió marcharse de Honduras. Tomó sus maletas y se marchó a España el 18 de septiembre de 2018 porque no encontraba trabajo: «El papá de mis hijos a veces trabajaba y a veces no. Me vine para acá para darle algo de comer a mis hijos. Pero mi estadía en España no ha sido nada fácil».

Kenya Cuevas y su apoyo

Velatoria de Kaory Cantarero
La activista Kenya Cuevas despide a su compañera de origen hondureño Kaory Cantarero, fallecida a consecuencia de sus adicciones en Ciudad de México (México). 23 de junio de 2021. Foto: Sáshenka Gutiérrez.

Kenya Cuevas, activista trans, directora de La Casa de las Muñecas, se hizo cargo de los trámites de repatriación de Kaory. La activista mexicana se contactó con Contracorriente para avisar que el proceso de repatriación había finalizado y que el cuerpo de Kaory ya estaba en San Pedro Sula.  

Agrega que Kaory fue desplazada por la violencia en Honduras y desafortunadamente esta cayó en una situación de vulnerabilidad una vez radicada en México. «Ella murió el martes (22 de junio) a las tres de la mañana. Desde entonces comenzamos a solicitar el cuerpo, porque sabemos, como organización, que no se investiga nada, y como Kaory no tenía ningún documento entonces no la iban a repatriar».

La activista trans manifiesta que el consulado hondureño accedió a realizar los trámites de repatriación porque hubo toda una presión política en México. Pero aclaró que fue la organización internacional Cruz Roja la que ayudó con todo el trámite de la repatriación mientras que el consulado se sumó a los trámites a regañadientes.

Una vez  que el cuerpo de Kaory llegó al cementerio en Honduras, y cuando ya la tierra había cubierto por completo el ataúd, la cuñada de Kaory, Josseline Paola, se puso de rodillas, metió los dedos en una lata con pintura de aceite color negra y escribió: «Jorge Cantarero/ murió el 22 de junio de 2021» .

El sector Chamelecón en San Pedro Sula es uno de los más golpeados por la violencia, la pobreza y la vulnerabilidad ambiental. En esta zona, las secuelas de las tormentas de fin del año pasado siguen visibles, la única respuesta ha sido el clientelismo político en año electoral.

Texto:Allan Bu
Fotografía: Delmer Martínez


Escondido en un callejón del sector Chamelecón se encontraba un camioncito con rótulos de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. Ahí, empleados de la comuna  entregaron víveres a los habitantes de la colonia San Juan. Don Imer Banegas (56 años) salió del callejón abrazando una bolsa que contenía arroz, frijoles, harina de maíz y otros alimentos de escala básica para el hogar. 

Don Imer fue uno de los afortunados que recibió la «bolsa solidaria», cuya entrega se realizó mediante listado, aseguraron los encargados. Muchos se regresaron con las manos vacías, pese a que casi todos los habitantes de Chamelecón comparten el mismo estado de vulnerabilidad. La explicación para entender este hecho no está más allá de una lista. 

En el país, a través de los años, se ha presentado y ha ido creciendo un vicio llamado clientelismo político. Que, en toda simplicidad, es un intercambio en el que el político ofrece un beneficio a cambio de votos que le permitan llegar o mantenerse en el poder. 

«Sus orígenes están conectados a una relación casi feudal, pero luego ha evolucionado a patrón y subordinado en el plano económico. Tiene fuertes conexiones en lo político», nos explica la socióloga Mercy Ayala del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ).

Ayala agrega que ese lazo va creando una especie de fidelidad que es casi una negociación, pues el político está interesado en el voto, y la persona reconoce que en campaña tiene al sufragio como recurso de intercambio para solventar algunas de sus necesidades inmediatas, «esa relación se va produciendo desde las élites, es a quienes más les conviene que exista el clientelismo político», dice. 

Para el excatedrático y sociólogo Pablo Carías el clientelismo es «un vicio o deformación de nuestra política. Podríamos explicarlo a partir de una relación que se da entre un político y una persona común, que tiene intereses muy puntuales que resolver». 

En Honduras el partido de gobierno ha creado una maquinaria clientelista gubernamental, que le ha permitido controlar a una considerable masa de votantes especialmente a través del programa Vida Mejor, que administra la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). En el presupuesto 2021 este despacho tiene una asignación de un poco más de 2 338 millones de lempiras (97,432, 000 millones de dólares) y posee alcance con sus programas asistencialistas en todos los rincones del país. 

El más insigne de todos es el programa del Gobierno es Vida Mejor a través del cual se han entregado ecofogones, techos, pisos, bolsas solidarias y bonos en efectivo. En el primer período de Juan Orlando Hernández (2014-2017) fueron entregadas  1,585,412 raciones de comida para el adulto mayor. Además, en ese mismo período 34,426 personas con capacidad especiales recibieron más de 100,000 transacciones que alcanzaron un valor de 433  millones de lempiras (unos 18 millones de dólares).

En el período entre 2014 y 2021, según información del Centro Nacional de Información Social (Ceniss) 485,562 personas han sido beneficiadas con el Bono Vida Mejor Rural, en ese tiempo se han realizado  2,658,417 transacciones para este fin. El beneficio ha llegado a los 298 municipios del país, de acuerdo con su portal

En Chamelecón, don Imer se detiene a platicar un minuto con el equipo de Contracorriente. Nos da a entender que la bolsa solidaria es una ayuda  porque es miembro del Partido Nacional y  seguidor del alcalde Armando Calidonio. 

Chamelecón 2021 | rio de chamelecón | bolsa solidaria | vida mejor
Don Imer Banegas fue una de las 100 personas que recibió una bolsa solidaria. Vive en la colonia San Juan del sector Chamelecón y ha sido nacionalista toda su vida. San Pedro Sula, 24 de junio de 2021. Foto: Délmer Martínez.

La entrega de las bolsas solidarias tiene lugar cinco meses antes de las elecciones generales de 2021, en las que Armando Calidonio buscará gobernar un período más a San Pedro Sula. 

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Esto no es casualidad, según Mercy Ayala del Eric, porque «ese contacto desigual en esta relación de poder, implica un reconocimiento, aunque sea en campañas electorales, pues el político va y reconoce su existencia (de la gente)».

La pobreza es tierra fértil para el clientelismo y en Honduras hay muchísima. Antes de la pandemia el porcentaje de pobreza en el país alcanzaba hasta el 60 %, pero con la pandemia y los huracanes Eta y Iota, los índices de precariedad dieron un salto hasta de quince puntos. Según las estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la pobreza ha alcanzado hasta el 70 %. 

Aunque  el economista Julio Raudales manifestó a Contracorriente que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que  la pobreza saltó de un 60 % hasta el 75 %. Lo que significa, es que 7 de cada 10 hondureños ahora son pobres. 

El clientelismo trata de resolver necesidades básicas, como lo hicieron con don Imer y otras 300 personas el jueves 24 de junio en Chamelecón cuando les entregaron una bolsa solidaria.

Probablemente algunos de los que recibieron bolsa, fueron gaseados el viernes 16 de julio, cuando cientos de pobladores del sector Chamelecón interrumpieron el paso en el Bulevar del Sur, a la altura de la entrada principal del barrio. Exigían la reparación de los bordos que los protegen de las aguas del río Chamelecón. Para negociar pidieron la presencia del ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Sin embargo, fueron dispersados con el agua de una tanqueta y bombas lacrimógenas.  

Bolsa solidaria, solo para unos

Doña María Lucinda Hernández tiene 75 años. Se fue muy temprano al callejón donde el camioncito municipal estaba semiescondido. Escogió un buen lugar, se sentó y esperó.  Cuando llegó la comitiva municipal encargada de entregar las bolsas solidarias le informó que ella no aparecía en el listado previamente levantado. La señora, con cansados pasos, regresó a su casa con las manos vacías. 

En cambio, algunas de sus vecinas y vecinos regresaron a sus casas con bolsas que contenían frijoles, arroz, pastas, entre otros alimentos básicos en el hogar. ¿Qué diferencia hay entre la vulnerabilidad de doña Lucinda y la de sus vecinas? En realidad no hay ninguna, viven en la misma colonia y tienen las mismas carencias. Víctimas de las mismas desgracias.  

Uno de los beneficiados ese día nos dijo que él fue apuntado por una profesora que trabaja para el partido (no menciona que partido), «esto es una ayudita que nos hacen ellos», nos dice. En su rostro hay alegría. 

Él tiene 25 años viviendo en la colonia San Juan del sector Chamelecón. Nos dice que perdió todo, como casi todos los vecinos de su colonia. «Nos dan esta ayudita porque lo hemos perdido todo. No es todo (lo que necesitan), pero suficiente con la comida que es lo más necesario», declaró sosteniendo el obsequio en sus manos. 

A Chamelecón el apoyo ha llegado de oenegés, iglesias y otras instituciones, pero don Imer nos dice que «del partido es la primera vez que nos están dando». Todavía no ha mencionado a cuál partido pertenece él. 

¿Usted es seguidor del Partido Nacional?, le consultamos y la respuesta es sincera: «Sí, soy nacionalista a morir. Aquí siempre gana el alcalde (Calidonio), todo (el sector) se lo llevó (ganó) él. Aquí hay colonias en barbaridad», quiere decir que este sector es muy poblado y que el Partido Nacional arrasa con los votos. 

La conversación terminó. Consultamos a otras personas, la mayoría mujeres y algunas nos contestan que también son del partido gobernante. Una de ellas es una mujer aproximadamente de 50 años. «Yo soy nacionalista y eso no va a cambiar hasta que me muera», dijo mientras colocaba la bolsa de comida en su bicicleta para regresar a su casa.

Carlos Augusto Martínez iba en su bicicleta rumbo a su casa en la colonia Morales 2, de Chamelecón. Alcanzó a ver el camioncito municipal y se paró. Le respondieron que en otra ocasión podría recibir ayuda. 

Si no aparecía en el listado, le dijeron, no podían entregarle, pero él no lo cree: «hay gente que no está en la lista y le están dando, pero supuestamente es solo para los que están apuntados. Aquí se mueve a través de la política, se mueve a la gente que es de ellos. A uno,  le huelen que no anda en política y no le dan nada», se queja en tono molesto. Está sudando, el sol es abrasador en Chamelecón.

Don Carlos nos afirma que  parece que la calamidad tuviese un tinte partidario: «Esto tiene color, todo lo que tiene ese rótulo (señala el de la Municipalidad) tiene color. Si tiene un rótulo de la empresa privada esos le dan a todo mundo. Se lo digo porque vivo aquí y he pasado las inundaciones. Alguna gente me buscaba para dar las ayudas y me decían: “dele a todo mundo aquí no andamos con colores”».

Doña María Lucinda Hernández, comparte apellido con el presidente: «soy la hermana de Juan Orlando», nos dice con jovialidad, pese a que ella no apareció en el listado. Lo indignante para esta septuagenaria es que sus tres vecinas más cercanas recibieron apoyo: «Fueron a las tres casas de enfrente y a la mía no. Mi esposo tiene 80 años y yo 75. Vivimos solos».

En la plática con doña Lucinda interviene otra mujer. Tampoco aparece en listado y se desahoga: «Es que ellos hacen escogida la gente, algunas agarran las ayudas y las venden. Yo he rogado a esa señora (la líder del sector María del Carmen Servellón). La conozco bien y dice, que todo está apuntado y que van a llegar a su casa. Nunca llegan». 

Doña Lucinda se resignó a irse con las manos vacías: «Aquí hay que pedirle a Dios, sé que me va a ayudar», dice. A su casa no llegaron a levantar el listado de necesidades. Tampoco sus vecinas le avisaron y cuando llegó con su identidad donde la persona que estaba apuntando, le dijeron que ya estaban cabales. «Ya no puedo apuntarle», le respondieron.

Chamelecón 2021 | rio de chamelecón | bolsa solidaria | vida mejor
María Lucinda Hernández (izquierda) tiene 75 años y vive con su esposo de 80 años. Asistió a la entrega de bolsa solidaria programada por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, pero se fue con las manos vacías. No aparecía en el listado. San Pedro Sula, 24 de junio de 2021. Foto: Délmer Martínez.

Las dos mujeres con las que conversamos dicen ser nacionalistas, pero doña Lucinda votó en las elecciones de 2013 y no lo hizo en los comicios del 2017. Y la otra protagonista afirma que es nacionalista, pero no sigue a nadie y los beneficios son para los que andan en reuniones y actividades. 

«Cuando Juan Orlando llegó por primera vez a la presidencia voté por él. Pensé: “ese hombre está joven, ese hombre hará algo”. Y mire que ha ayudado, pero en Tegucigalpa. Les ha dado casas a un montón de gente», dice doña Lucinda.

En el sitio de la entrega hablamos con Ricardo Alvarado, empleado de la oficina de Karen Stechmann, esposa del alcalde: «estamos llegando a cien familias de la comunidad de San Juan, pero todos los días estamos visitando los diferentes sectores de San Pedro Sula, y ahora también vamos a entregar a doscientas familias en Chotepe», informó.

Manifestó que la intención del edil sampedrano es llegar a cada persona que tiene necesidad, pero las entregas no se hacen más grandes debido a las medidas restrictivas que hay por la  pandemia: «tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad y usted sabe que más de cien personas no se puede».

¿Cómo funciona la maquinaria clientelista?

En Chamelecón, cada barrio y  cada cuadra, es territorio de un activista del partido de gobierno. Ellos conocen a cada votante. Saben si es nacionalista, liberal o de cualquier otro partido. Estas personas son quienes levantan y eligen a quienes recibirán los beneficios de los programas de Gobierno. 

«Ellos ya conocen a las personas, ya saben perfectamente quiénes son», nos dice Evelin, quien pidió no revelar su verdadero nombre. Recuerda que en una ocasión estaban anotando para recibir apoyo, ella y su vecina fueron con la intención de obtener apoyo: «Pegamos una buena caminada, había gran fila y hasta ahora seguimos esperando esa ayuda. No ha venido nada».

Para Evelin la explicación por la que ella no recibe nada es clara: «A mí no me vino porque no soy nacionalista, ellos solo le ayudan a los de su partido. Si saben que una persona no es, no le dan y la sacan de las listas. Aquí la mayoría de los que reciben son nacionalistas».

En Chamelecón es constantemente mencionado una persona. La profesora María del Carmén Servellón, ella es la encargada de mover la estructura nacionalista en este populoso barrio. De su aprobación, dicen los entrevistados, dependen todo tipo de ayudas. 

Intentamos comunicarnos con la profesora Servellón, pero no tuvimos éxito. Contestó los mensajes enviados por el equipo de Contracorriente, sin embargo manifestó que no podía atendernos por teléfono, que prefería una entrevista en persona. Cuando solicitamos la cita, la líder sectorial del Partido Nacional no contestó. 

María del  Carmén Servellón fue diputada suplente en el Congreso Nacional en el período 2014-2018. En su cuenta de Facebook ella deja claro a qué partido pertenece. En su perfil tiene dos fotos, en una de ellas aparece con el presidente Juan Orlando Hernández y en la otra con el alcalde Armando Calidonio. Además, en esta cuenta publica las actividades que diariamente realiza en el sector Chamelecón.

Ricardo Alvarado, el empleado municipal, difiere totalmente con esta apreciación: «Los patronatos hacen la selección de la gente, casa por casa y nosotros venimos a entregar. Lo hacemos con listado para llevar un orden, pero se quiere llegar a todas las personas», nos dice convencido.

¿Entonces estas bolsas no se entregan por color político? le preguntamos. «No, no, no. El señor alcalde quiere llegar a todas las personas que lo necesitan. Estamos llegando a todos los sectores de San Pedro Sula, hasta donde haya necesidad».

Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos en Chamelecón, declaró que María del Carmen Servellón  tiene un grupo de empleados, pagados por los municipalidad sampedrana y estas son las personas que manda a hacer los listados colonia a colonia, pero solo incluyen a gente afín a ellos. 

«Le puedo mandar el listado del bono de los ocho mil lempiras, si usted hace una revisión minuciosa va a encontrar que casi todos son nacionalistas, ahí no encuentra rojos o morados, tal vez se escapa uno que otro por amistad, pero no porque la entrega sea imparcial», denuncia Uclés.

El líder comunitario nos comentó que recientemente cuando la población de Chamelecón protestó el 16 de junio pidiendo la reparación de los bordos, se quiso desmovilizar a la gente a través de prácticas clientelistas, pues tres días antes de la manifestación María Servellón estuvo regalando camas, estufas y otros enseres, pero a cambio se le pedía a la gente que no asistiera a la protesta por la restauración de los bordos.

Parte de las demandas que las familias del sector Chamelecón en San Pedro Sula exigen es la instalación de un semáforo sobre el bulevar del sur y la construcción de un bordo que proteja mejor sus viviendas luego que el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota destruyera las colonia a la orilla del río que da nombre a esta zona. San Pedro Sula, Cortés, 18 de junio de 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

Uclés nos cuenta que «el día jueves en la noche llegó a Chamelecón, el alcalde La Lima (Santiago Motiño), con tres camiones llenos de bolsas solidarias a repartirlas, junto con Orlin Castro, quien estaba corriendo por una diputación del Partido Nacional. Igual le pedían a la gente, que no se presentara el día de la manifestación».

Contracorriente contactó a Orlin Castro, quien es reportero en el norte del país del canal (HCH). El comunicador confirmó que efectivamente había estado junto al alcalde de La Lima en Chamelecón entregando ayuda, pero negó que fuese de parte del Gobierno.

«Yo soy apolítico, eso de tener participación y esas cosas no me gustan», nos dijo Castro mediante un audio. Contó que él recibe donaciones de diferentes personas para entregar a los más pobres. Y que la semana anterior esta gente, que también ha hecho donaciones al alcalde Santiago Motiño, le pidió que invitara para que entregara la ayuda a Chamelecón. 

Nos dijo que Motiño tuvo que pedir permiso a las autoridades del partido para atender la invitación que le giraron los benefactores, que según Castro, la mayoría son dueños de bodegas en el Barrio Medina de San Pedro Sula. Para eso, cuenta el periodista, Motiño tuvo que pedir permiso al partido.

«Pero yo nunca he regalado bolsa solidaria, nunca he trabajado con el Gobierno», nos aclara y agregó que «cuando hay protestas a favor del pueblo siempre estoy. En ningún momento le dijimos a la gente que no saliera a protestar». 

Mercy Ayala nos dice que la estructura clientelista se va desgranando desde los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial para llegar a la comunidad donde están ejerciendo control territorial. «Estamos hablando del control que se tienen en muchas organizaciones comunitarias como  patronatos. Si no está afiliado al partido de gobierno, es excluido. Los mismos activistas controlan los programas sociales y le dicen a la gente, vas a entrar al programa si votas por el partido», dice. 

El análisis de Ayala se parece mucho al testimonio de Evelin, quien nos cuenta del mensaje que reciben los beneficiarios de los programas de gobierno: «Les piden que se acuerden de quienes les ayudan, que se acuerden quiénes están de parte de ellos. A los mismos activistas les dicen, que tengan en cuenta quién les da de comer, que no muerdan la mano que les da de comer». 

Chamelecón es un reflejo de cómo actúa la maquinaria clientelista en todo el país. La fórmula es la misma. Líderes comunitarios que conocen al dedillo a los votantes a su alrededor y para esta labor, el Partido Nacional tiene su propio ejército: los Guías de Familia. 

En diciembre de 2020, este programa que depende de Sedis, tenía empleados a 15,254 personas. De acuerdo a la descripción que la web de Casa Presidencial hace de su labor ellos realizan trabajos de acompañamiento y labor social en los 298 municipios del país.

Información en manos de Contracorriente apunta que entre los años 2015 y 2019, se entregaron 80,382 bonos de Vida Mejor dirigidos a hombres y 932,862 dirigidos para mujeres. Para cubrir este beneficio la tesorería del Estado erogó alrededor de 3788 millones de lempiras (157 millones de dólares).  Esto demuestra que, aunque en tiempo de campaña arrecia, el clientelismo es una práctica permanente.

Otros males del clientelismo

El sociólogo Pablo Carías piensa que esta «deformación de la política», como él califica al clientelismo, se va profundizando y contribuyendo a la destrucción del sistema democrático electoral.

Y es que a su juicio este vicio va más allá de entregar una bolsa solidaria. Esta estructura funciona a través de una gran cantidad de empleados públicos, que en muchas ocasiones no tienen las competencias requeridas para sus puestos de trabajo.

«Aquí en Honduras trabajar con el Gobierno es una especie de beca, es una jubilación adelantada. En muchas ocasiones es trabajar sin controles y algunos solo están en planillas», nos dice Carías, y luego agrega que «esos son los que trabajan en los barrios y tienen todos los controles». 

Mercy Ayala del Eric, hace un aporte sobre la importancia que tiene el empleado público colocado como parte de la estructura clientelista. «Mensualmente a cada persona que han contratado también le piden una cuota para el partido, son formas que opera la estructura para dar forma y funcionalidad a toda esta maquinaria».

Información en manos de Contracorriente, sustenta lo dicho por Ayala.Es que los partidos han encontrado en las aportaciones «voluntarias» de los empleados públicos una forma de financiar sus estructuras. La deducción se hace mediante planilla. La institución política que más se ha beneficiado de esta práctica es el Partido Nacional, pues de un total de 587 millones (24,3 millones de dólares) que los empleados públicos aportaron a instituciones políticas entre los años de 2015 y 2021, el 99 % se fue a la tesorería del partido de la Estrella Solitaria. El 2020, un año de pandemia, el Partido Nacional recibió en aportaciones 120 millones de lempiras.  

Las estructuras clientelistas también se sostienen de fondos provenientes de la corrupción, un lastre que, según el Consejo Nacional Anticorrupción, le cuesta a Honduras unos 70,000 millones de lempiras al año. De hecho, en la última semana, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúniga, afirmó que en Honduras durante la pandemia se han perdido en corrupción 3000 millones de dólares. 

Mercy Ayala sostiene que en este escenario de intercambio aparecen muchos políticos que están vinculados a organizaciones de lavado de activos y narcotráfico: «Ya sabemos el caso del hermano de Juan Orlando Hernández», nos dice. 

Efectivamente, en la Corte de Nueva York han sido enjuiciados y condenados Fabio Lobo (hijo del expresidente Porfirio Lobo), Antonio Hernández (hermano de Juan Orlando Hernández), Midence Martínez (diputado por Colón) y espera juicio Fredy Nájera, congresista por Olancho. Los dos últimos ligados al Partido Liberal. 

Y ese juego, analiza Ayala, «quien tiene posibilidades de pagar a ese cliente es el que tiene más posibilidades de llegar a un cargo público y es muy poca posibilidad para una persona que va con propuestas y convicciones».

«Por eso cuando surgieron esos intentos de enjuiciamiento que ellos boicotearon a través del código de la impunidad, incluso de reformas a la ley del Ministerio Público, ahora primero debe hacer una investigación el Tribunal Superior de Cuentas, ellos se han blindado», nos dice el sociólogo Pablo Carías.

Agrega que en el «Congreso debería prohibirse la creación de oenegés por parte de diputados, esa es una manera de drenar recursos, pero no avanza ninguna investigación».

No obstante, Carías reconoce que los niveles de pobreza en Honduras hacen que hasta parezca sano el asistencialismo, es hasta humano y necesario, pero se convierte en un mecanismo de enganche o de control para ganar adeptos: «Ojalá que este tipo de ayudas se pudiera canalizar de algunas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja».

Carías manifestó que también se deben buscar mecanismos para que la administración pública no se utilice con propósitos electorales: «A esto en otros países lo llaman  la carrera administrativa, ¿qué quiere decir esto?, que la empleomanía se debe desarrollar  a través del principio de meritocracia. Que haya gente calificada que se va a seleccionar en función de capacidad, no porque haya servido al partido».

Emplear activistas es parte del clientelismo porque el empleado es un cliente y este también ayuda controlar, gestionar y conseguir más personas que se traducen en votos: «Esto tiene efectos perversos», dice Carías.  

Para Ayala, este canje tiene efectos más allá de la compra de una voluntad el día de las elecciones, pues también se cercena la posibilidad de ejercer ciudadanía, que implica demandar derechos y exigir al funcionario público que atienda las necesidades: «eso ya no existe, porque dicen (los políticos): “yo te pagué, cómo me vas a exigir”». 

Chamelecón 2021 | rio de chamelecón | bolsa solidaria | vida mejor
Cientos de pobladores del sector Chamelecón asistieron a la entrega de bolsas solidarias, pero muchos no recibieron. La entrega era contra listado según los empleados municipales y ese día solo se entregaron cien beneficios. San Pedro Sula, 24 de junio de 2021. Foto: Délmer Martínez.

Honduras se prepara para elegir un nuevo presidente en noviembre de 2021. Un país convulso. Azotado por la corrupción. Devastado hace menos de un año por dos huracanes. Sometido a la pandemia de COVID-19, que alcanza al miércoles 30 de junio 262,760 contagios y 7005 muertes.

Lo antes descrito es tierra fértil para las estructuras clientelistas no solo del Partido Nacional, sino de todo aquel que tiene poder y bienes para intercambiar por votos: «Estamos es un escenario complejo, con un sistema democrático cada vez está más vinculado al clientelismo. Los desafíos son enormes porque es necesario romper con esa cultura», nos dice la socióloga Mercy Ayala.

Evelin, quien prefiere mantener el anonimato, nos dice que a mucha gente le quedó claro después de los huracanes Eta y Iota, con quién pueden contar. «Ningún partido político ni el Gobierno nos vino a ayudar». 

Y después de la protesta exigiendo la reparación de los bordos de Chamelecón, Evelin tiene esperanza: «La gente quedó indignada, pienso que están pensando diferente, que ya no se está dejando convencer por una bolsa, claro la gente sabe que lo tiene que agarrar porque es un deber del Gobierno».

En la conclusión de un juicio histórico, el Tribunal falló la mañana del 5 de julio en contra de David Castillo Mejía, exmilitar y expresidente de DESA, por su probada coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista reconocida a nivel mundial. Sin embargo, tras la sentencia, la defensa del imputado ha asegurado que llevará el caso a instancias internacionales para que «la verdad prevalezca ante las mentiras y manipulaciones» de la fiscalía.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix


Roberto David Castillo Mejía exoficial de inteligencia del ejército hondureño y expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) fue encontrado culpable por la coautoría en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, quien la noche del 2 marzo de 2016 fue víctima de un grupo de sicarios que asaltaron su casa en el municipio de La Esperanza, Intibucá, y le dispararon en reiteradas ocasiones causando su muerte.

Según la resolución, Castillo planificó y proporcionó la logística necesaria para la ejecución del crimen que pretendía terminar con el liderazgo de Cáceres, quien se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca liderado por DESA, que afectaba al río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena lenca. En su momento el proyecto tenía el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo Holandés, quienes tras el fallo han manifestado públicamente encontrarse «devastados» al conocer que financiaron una empresa cuyo director ejecutivo ha sido declarado culpable por un asesinato.

El Tribunal convocó a la lectura de la sentencia para las 9 de la mañana del lunes, y alrededor de las 11 a. m. —momento en el que la audiencia no había iniciado— afuera del edificio de justicia, entre consignas y ceremonias, la expectativa y nerviosismo se notaba entre miembros de organizaciones indígenas, afroindígenas y feministas que desde el campamento denominado Viva Berta acompañaron durante los tres meses que duró el proceso hasta la lectura de la sentencia que, al resultar favorable para las víctimas, desembocó en lágrimas de felicidad, abrazos, bailes y exigencias de más justicia en el caso. Según la representación legal de las víctimas, el fallo solo es un poco de justicia en un país repleto de impunidad, en especial en casos de asesinatos de defensores del ambiente.

juicio contra David Castillo
Arsenia Álvarez de 56 años, originaria de la comunidad garífuna de Sambo Creek, celebra el resultado del juicio contra David Castillo, quien fue declarado culpable por el asesinato de Berta Cáceres. Tegucigalpa, 5 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.
Miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras realizan una ceremonia con tambores para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Tegucigalpa, 5 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En ese sentido, el Tribunal concluyó de forma unánime que el crimen fue el cierre de una planificación que inició en 2015 con comunicaciones entre Douglas Bustillo, antiguo jefe de seguridad de la empresa, y otros directivos de DESA, entre ellos David Castillo, con el fin de acabar con la oposición al proyecto puesto por Berta Cáceres y la organización que lideraba: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Douglas Bustillo, fue condenado en diciembre de 2019, justamente como coautor material del crimen, como coordinador del grupo sicarial y principal enlace con la empresa, quien permanecerá treinta años en prisión por el mismo. En la sentencia el tribunal desestimó las argumentaciones de la defensa de Castillo en las que aseguraba que las comunicaciones entre ambos coautores eran parte de otra relación laboral.

Leer más aquí: Siete culpables en asesinato de Berta Cáceres sigue sin ser justicia para víctimas

Mientras tanto, la defensa del sentenciado ha dicho en un comunicado que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se reconozcan las irregularidades cometidas en el debate del juicio oral y público.

David Castillo usó su cercanía como estrategia

«Hay que ser demasiado ingenuo para pensar que un experto en inteligencia va a estar tres años esperando para planificar una muerte, cuando en un país como el nuestro no se necesita ni acercarse a una persona, aquí prácticamente para matar a alguien entre más lejos estoy mucho mejor; no tiene sentido», explicó Juan Carlos Sánchez, representante legal de David Castillo, en una entrevista brindada a Contracorriente el jueves pasado.

Mientras da un sorbo a su café, el abogado menciona que «no necesitaban darle seguimiento porque no era necesario, ellos dos se veían en Tegucigalpa cada vez que venía la señora, desayunaban o cenaban, él ya sabía del hotel donde ella se quedaba en Tegucigalpa. Este hotel no queda en una zona muy segura, y si usted quiere ejecutar un hecho sabiendo que una persona permanece allí, es lo más fácil fingir un asalto».

El abogado se refiere a las conversaciones encontradas en el vaciado telefónico realizado en el juicio y que representaron la principal prueba para sentenciar a Castillo, allí se evidencia el intercambio de mensajes entre la líder indígena y el ejecutivo, siendo una supuesta amistad uno de los principales argumentos para defender la inocencia del imputado. Sin embargo, el tribunal concluyó que dicha cercanía fue una estrategia para obtener información sobre el paradero y movimientos de Cáceres.

Sobre esto, en la etapa de conclusiones, Castillo mencionó que era un hombre de principios cristianos, que respetaba a personas que pensaban diferente a él y que por eso había establecido una relación de amistad con la líder del Copinh, y aseguró que no la había asesinado, que no había proporcionado armas ni había dado compensaciones por el crimen, y aseguró que no tenía poder político como acusaba la representación de las víctimas.

En ese sentido Olivia Zúniga Cáceres, diputada del Congreso Nacional e hija mayor de Berta, que estuvo presente vía Zoom los cincuenta días de audiencias, dijo que ante esas afirmaciones han sentido mucha indignación: «Nosotras sabemos que un amigo no mata, además como familia recibimos el pésame del mundo entero, incluso del Papa Francisco, sin embargo, nunca recibimos el pésame de Roberto David Castillo».

 

Berta Cáceres hija
Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y coordinadora del Copinh, se abraza con una mujer al conocer el resultado del juicio contra David Castillo. Tegucigalpa, 5 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En la cuenta de Facebook manejada por la familia del imputado con el objetivo de difundir la información de la defensa, el pasado 25 de junio se publicó una foto en la que se observa a Castillo y Berta abrazados, esto también fue mencionado por el abogado Sánchez, que aseguró: «En esa foto no parecen enemigos, no le voy a decir que son los mejores amigos del mundo, pero por lo menos hay una relación de cordialidad y confianza».

Sánchez también mencionó a Contracorriente —tras una entrevista que se solicitó durante casi dos años— que los medios de comunicación no han hecho el trabajo completo al no considerar la voz del acusado en esta noticia.

La acusación privada por su parte presentó el testimonio de Berta Isabel Zúniga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del Copinh, como medio de prueba en el juicio. Allí mencionó que su madre le decía que Castillo le inspiraba temor porque no la insultaba, sino que le hablaba amablemente y la vigilaba.

El poder tras el juicio

Desa, la empresa en la que los Atala son ejecutivos, sigue manteniendo la concesión del Río Gualcarque, gracias a un permiso de explotación otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales en Honduras, que les permite el aprovechamiento de las aguas durante 50 años. Dicho permiso ha sido llevado a investigación por parte del Ministerio Público y actualmente los funcionarios que lo otorgaron enfrentan un proceso judicial por corrupción.

Un comunicado emitido por el Copinh cita que «la causa Berta Cáceres no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas». Esta poderosa familia es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, y son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país.

Leer más aquí: El asesinato de Berta Cáceres, un asunto de mucho dinero y capital político

Sumado al apoyo que recibió por parte de esta familia, Castillo, en sus palabras de conclusión en el juicio, agradeció a la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHER) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), por supuestamente propiciar consultores y peritos para el juicio. Afirmaciones que en el caso del Cohep fueron desmentidas por Juan Carlos Sikaffy, presidente de ese conglomerado, quien aseguró que «nunca han solicitado apoyo por parte del señor David Castillo, ni de ninguna persona u organización», mientras que en el caso de la AHER no hubo respuesta a las preguntas de Contracorriente.

Roberto Castillo ha estado bajo prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2018, y ha enfrentado un juicio que duró cincuenta días, de ser declarado culpable, su condena sería entre 25 y 30 años por el crimen contra la líder del Copinh. Tegucigalpa, 17 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix

Un hito de esta sentencia también fue el llamado a declarar para Daniel Atala Midence, quien finalmente no compareció ante el tribunal, ya que el Ministerio Público informó sobre una investigación en curso que le involucra con el crimen, resultado de las pruebas que arrojó el juicio en contra de Castillo.

El abogado Víctor Fernández, parte de la acusación privada que representó a las victimas del asesinato, dijo a Contracorriente que «el nivel de influencia que tiene esta familia es inocultable, son parte del poder económico,pero además tienen relaciones familiares y de negocios con el resto de la estructura del poder de este país, es un tremendo desafío, pero vinculando a David Castillo es automático que la causa tiene que seguir hacia la parte siguiente de la estructura, él es un instrumento, que quedó evidenciado en el juicio, pero además por otra información, como la intervención de los teléfonos».

Otro ejemplo de la evidencia que arrojaron las extracciones telefónicas en este caso es la llamada que hizo Castillo a Jacobo Atala para alertarle sobre la captura que las autoridades hicieron a Sergio Rodríguez, empleado de DESA, que en 2019 también recibió una condena de treinta años por encontrarle culpable de la coautoría material del asesinato.

Sobre esto, el abogado Juan Carlos Sánchez no da tanta importancia a esas expresiones, pues asegura que son normales en alguien que se siente molesto por las acciones de alguien que está dañando su propiedad, dice que sería cínico asegurar que en Honduras no se usan ese tipo de expresiones para referirse a personas desagradables para sus propios intereses.

«Es que así somos los hondureños, es parte de nuestra idiosincrasia, no podemos santificarnos, expresamos ciertas palabras que nos parecen comunes o son parte de nuestro hablar, sin que necesariamente representen nuestro sentir como seres humanos», concluye.

En respuesta a las acusaciones de la acusación privada sobre la estructura que respalda a Castillo, el pasado jueves tras la etapa de conclusiones y en espera de la deliberación por parte del Tribunal, la defensa del ahora sentenciado emitió un comunicado en el que acusaron a organizaciones nacionales e internacionales de acosar al sistema de justicia, como parte de un plan injerencista.

Refiriéndose específicamente al pronunciamiento realizado por un grupo de diputados del parlamento europeo, el comunicado citaba que «estas presiones tan evidentes (…) tienen tintes de racismo y supremacía blanca, y muestran al país como una colonia de las coronas».

Altar de Berta Cáceres
Un hombre descansa junto al altar en memoria de Berta Cáceres en el Campamento Feminista Viva Berta que se ha ubicado en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia a lo largo del juicio contra David Castillo.Tegucigalpa, 17 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Sobre esa acusación, Olivia Zúniga aseguró que evidenciaba que «no están acostumbrados a que la justicia se les aplique, ellos creían que todo este proceso se iba a realizar en total impunidad y se iba a realizar sin ningún tipo de investigación».

Tras la sentencia que condenó a David Castillo, Dinorah Mejía, madre del imputado, aseguró en sus redes sociales que el juicio había sido una farsa y que «Dios es fiel y nos dará la victoria en su momento». La defensa ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Sala Penal que todavía podría revertir la resolución, sin embargo hasta el momento lo seguro es que el próximo 3 de agosto se conocerá la individualización de la pena que podría ser de entre 25 a 30 años de cárcel.

Por Naama Lopez
Fotografía de portada: Sandra Fiallos Ruiz


En medio de la situación que nos agota como país, hay cosas muy significativas que nos recuerdan que podemos gestar cambios importantes en nuestra sociedad. Rony Castillo Güity lo tiene claro, y no ha dado un paso atrás respecto a esa visión de cambio. De hecho, sus pasos han sido tan fuertes que han logrado marcar la ruta a todo un pueblo garífuna que sigue su liderazgo, su vocería y su pasión por las causas de lucha del pueblo. 

Hoy por hoy, nos sumamos a esa alegría de ver a uno de los nuestros rompiendo las barreras académicas convirtiéndose en el primer garífuna hondureño que cursa un segundo doctorado, muy a pesar de las barreras que se nos han impuesto en nuestras comunidades, donde la calidad educativa es tan baja que obligan a nuestra niñez y juventud a dirigir su mirada a migrar como una posible solución y no a verse como potenciales científicos, académicos y gestores de cambio en su país.

Rony Leónidas Castillo Güity nació en la comunidad garífuna de Iriona Viejo, municipio de Iriona, departamento de Colón, Honduras. Su lengua materna es la garífuna. Su madre se encargaba de sostener a toda la familia, por lo que el primer desafío en la educación de Rony fue no poder ingresar al kínder, ya que debía quedarse en casa cuidando de su hermano menor. Sin embargo, a los siete años ingresó al primer grado y durante ese año enfrentó un segundo desafío para su educación (y uno de los que afronta la niñez garífuna en la actualidad): en la escuela Jorge Lino Figueroa, le prohibieron hablar la única lengua que conocía, la garífuna. Fue ahí donde surgió el sueño de que algún día, él sería un alto funcionario y haría las reformas pertinentes para que a todos los niños se le respetara su derecho a la educación en su propia lengua. Cuenta, además, que durante toda la escuela fue descalzo, y que esta contaba con un solo maestro que asistía a los seis grados.

Al terminar la escuela se vino un desafío más: centros de estudio lejos de su alcance. A los doce años, Rony caminaba nueve kilómetros diariamente  para poder asistir a sus clases en el Instituto Ramón Rosa, de Tocoa, Colón, y así completar su educación secundaria. En la secundaria contaba con un único par de zapatos y un par de calcetines, pero a pesar de todos los obstáculos logró mantenerse en el cuadro de honor, siendo reconocido como uno de los mejores estudiantes del instituto.

Rony se identifica como un académico y activista Garífuna: «Soy negro e indígena a la vez. Algunos me consideran solo negro, otros como afroindígena, algunos me tratan como afrodescendiente, sin embargo, me autodenomino hijo de Nina y Nati, un Garífuna, nada más. Participo de la diáspora negra y también de la herencia indígena, reivindico una identidad mixta integral, construida socialmente en un “mundo figurado”. Nací en una pequeña comunidad, llamada Iriona Viejo. La comunidad donde nació el rebelde general Francisco Bulnes (mejor conocido como Walumugu), un aliado del general Francisco Morazán en la lucha por la liberación y la unidad Centroamericana».

Como parte de sus convicciones, Rony considera que «es la obligación de un académico indígena o negro de estos tiempos generar procesos de restitución de los conocimientos borrados y eliminados por los instrumentos recolonizantes. Esta convicción surge de las luchas políticas y de su compromiso con esa agenda común, que es principalmente antirracista, anticlasista y antipatriarcado». Por eso, lo que Rony busca es trabajar en apoyo del cambio social liberador y crear las condiciones a través de las cuales la práctica académica pueda contribuir a estos fines.

Ante el emergente debate nacional que se ha suscitado en torno a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Rony Castillo, durante su activismo por los derechos del pueblo garífuna, ha dejado muy clara su postura a favor del respeto de la soberanía cultural, territorial y alimentaria de los pueblos originarios. Como prueba de ello, la disertación de Rony titulada Iseri Lidawamari: Autonomía territorial y educativa en la comunidad garífuna de Vallecito, Honduras, es un importante estudio de la lucha de la comunidad garífuna por la autonomía territorial y educativa que abarca aproximadamente un período de cuarenta años. 

Localizado en Vallecito, municipio de Limón, en el departamento de Colón, el estudio de Rony se subdivide en tres fases. La primera fase aborda un período de veinte años de luchas por los derechos territoriales garífunas bajo el movimiento Iseri Lidawamari, un movimiento para reclamar las «tierras prometidas» de manos de militares y empresarios adinerados con dudosos vínculos con el narcotráfico, quienes invadieron sus tierras bajo el patrocinio de los Gobiernos neoliberales. La segunda fase del estudio se centra en cómo los jóvenes profesionales garífunas asumieron la lucha en la primera década del 2000. Esta fase de la lucha, estuvo enfocada en desarrollar emprendimientos productivos y sustentables para lograr la liberación educativa a través de la creación de una universidad autónoma garífuna en Vallecito. La tercera fase está marcada por la reocupación de Vallecito en 2012, organizada y llevada a cabo principalmente por mujeres dentro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), como un movimiento de resistencia contra el «tercer desplazamiento y expulsión de la comunidad garífuna». Estas tres fases contribuyen al importante análisis de esta tesis sobre la orquestación en curso de un movimiento por la autonomía regional en Faya para resistir el despojo y exterminio de la comunidad garífuna de Honduras. 

La innovación metodológica y el aporte a las ciencias sociales

Uno de los aportes más importantes de Rony Castillo es la invención de un nuevo método de investigación científica al que ha llamado Círculo de Conversación Garífuna, y la incorporación por primera vez de metodología Garífuna como parte de la construcción y producción de conocimientos. Este enfoque metodológico nace de la memoria histórica de la cosmovisión garífuna y de las propias formas de producción de conocimiento y pensamiento de la comunidad en diálogo con las metodologías descolonizadoras. Esta metodología es relacional, culturalmente apropiada, multidimensional e innovadora. y ofrece no solo un aporte a la comunidad científica, sino que también abre nuevas vías para hacer investigación con comunidades indígenas y negras, y también desafía la forma en que se lleva a cabo la investigación activista tradicional, además posiciona la investigación garífuna en formas que benefician las propias actividades de las organizaciones latinoamericanas. Esta metodología permitió un compromiso más igualitario y relacional con la investigación y la comunidad. 

El futuro cercano y el interés de investigación 

Rony tiene la certeza de querer regresar al país y retribuir sus conocimientos, capacidad, valentía y construir un auténtico plan de trabajo que le permitan asumir (llegado el momento) la titularidad de la Secretaría de Educación y transformar la educación del país de primer nivel para el beneficio de todos y todas. Además quiere continuar ampliando los hallazgos de su disertación doctoral en documentar el despojo territorial que se ha dado a través de la violencia, el extractivismo turístico fundado por décadas de corrupción y narcotráfico, mayoritariamente en la bahía de Trujillo y Tela, también identificar los principales recursos que disponen las comunidades para enfrentar este tipo de situaciones y crear alternativas locales para no emigrar a otros países. «Mis metas a mediano y largo plazo incluyen avanzar con los otros hallazgos de mi disertación doctoral, la creación de la universidad garífuna, para reforzar la metodología garífuna y desarrollar su propia epistemología como restitución del conocimiento ancestral, es decir, nuestro Sásamu (ciencia en garífuna)», dice Rony. 

Definitivamente, la contribución académica de Rony Castillo, basada en el conocimiento garífuna no solo servirá a la población garífuna y los pueblos indígenas de Honduras, sino que también constituye una esperanza y una alternativa para los pueblos de las Américas y el mundo en la reconstrucción de diferentes formas de vida soberana desde sus propios territorios, incluyendo la restitución de los saberes nativos y formas de autogobierno. En otras palabras, esta intervención también genera esperanza educativa, cultural y cívica para los jóvenes y las familias como una oportunidad para seguir una carrera, así como una forma alternativa de producir un Iseri Lidáwamari nombre de su tesis doctoral que en español significa Buen vivir para todos.

El 22 de mayo de 2021, en la Universidad de Texas, en Austin, EE. UU., Rony obtuvo su segundo doctorado multidisciplinario en Estudios Latinoamericanos en tres disciplinas del conocimiento: educación, sociolingüística e indigenidad y negritud. Habla un poco más de cinco lenguas. Además del garífuna (su lengua materna) aprendió a hablar el español, inglés, también tiene manejo del miskito y el portugués. Actualmente es miembro de un prestigioso equipo de Investigadores Internacionales Caribbean Central American Research Council (CCARC), integrado por doctores investigadores de cinco Universidades de los EE. UU., es parte del equipo asesor internacional de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh. Fue asesor del Despacho de Educación en la Secretaría de Educación de Honduras (2012-2014). Asumió como Director Ejecutivo de la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (Mamugah). Ha sido catedrático universitario. Lideró como coordinador general el Programa de Educación Bilingüe de la Secretaría de Educación de Honduras (Proneeaah), durante este período elaboró y coordinó el único proyecto oficial de escritura de textos en siete lenguas indígenas (más de 167,000 ejemplares oficialmente entregados a los centros educativos del país).

En noviembre de 2020 un total de 197 pobladores de El Progreso, Yoro recibieron otra cita para presentarse al juzgado por el delito de usurpación en perjuicio de la Alcaldía de El Progreso. Según los imputados, activistas de la propia Alcaldía —en el año 2011— los motivaron para ingresar en esos terrenos, mientras cruzaban los dedos para que no apareciera ningún familiar del alemán Bernan Gunter, quien había muerto en su vivienda ese mismo año. Finalmente, los familiares del alemán nunca aparecieron y la Alcaldía corrió a reclamar la propiedad en concepto de herencia. La Alcaldía negó estas acusaciones. Este caso y otros dos más, en El Progreso, Yoro son expuestos para evidenciar la instrumentalización de la necesidad de la vivienda con fines político electorales y el reducido interés en resolver la problemática.

Texto Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix y Tercer Piso


El alemán Bernan Gunter falleció en su vivienda el año 2011 en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras. Los vecinos de la localidad sintieron que de su vivienda provenía un mal olor, se acercaron y lo encontraron muerto. Lo llevaron a una morgue donde permaneció cuarenta días mientras localizaban a sus familiares en Europa. 

Pero mientras —en otro continente— buscaban herederos por parentesco de Bernan Gunter, según los pobladores de esa comunidad la Alcaldía movió fichas en su tablero de ajedrez y utilizó a un grupo de personas con necesidad de vivienda para introducirlos en esos terrenos.

La gente en Honduras llama a estos eventos de tres formas: «invasión», dicho popularmente; «recuperación de tierras», desde los espacios de lucha, y, «usurpación», el delito establecido en el Código Penal.

Los pobladores fueron motivados a recuperar esas tierras un 19 de junio de 2011. Pasó el tiempo y los familiares en Europa de Bernan Gunter no aparecieron. 

Los vecinos de la colonia Alemania 19 de Junio, como fue denominado el proyecto habitacional, recuerdan a Bernan como una persona que cuidaba de sus ovejos y gallinas en unas galeras que especialmente había construido para ese fin. Tenía además su predio bien cultivado y estaba equipado con carros en los que se desplazaba por su finca y la ciudad ribereña. Pero un día no se le vio más en su terreno de 119,682.90 V2, y los vecinos se preocuparon.

«Nosotros como comunidad vinimos a sacar al señor que se estaba pudriendo ahí en un colchón. La gente lo sacó y se lo llevaron. Estuvo cuarenta días en la morgue, y como nadie lo enterró (corriendo el riesgo de ser lanzado en una fosa común) la comunidad lo fue a enterrar», dice Raquel López, la presidenta de un patronato al que la Alcaldía se niega a reconocer.

«Fíjese que van a lotificar La Coquera, ¿no está interesada usted?», le dijo una excompañera de maquila a Raquel, de 46 años, que aceptó sin dudarlo, sin saber que casi diez años después estaría acusada de usurpación de tierras. Esta exobrera de maquila vive desde el año 2012 en la colonia Alemania, antes conocida como la hacienda La Coquera.

Raquel decidió adentrarse en el proceso de recuperación de tierras para fines de vivienda, porque, según su testimonio, activistas de la municipalidad de El Progreso le prometieron que el predio por el que lucharía sería suyo. No obstante, una década después la propia Alcaldía la tiene denunciada ante el Ministerio Público, junto a otras 196 personas, por el delito de usurpación.

Cuando la contactaron para llegar al lugar, en el año 2012, habitaba en una casa de alquiler junto a su familia en la comunidad de Guaymitas. «No perdí el tiempo cuando me dijeron que había una oportunidad. En aquellos días yo trabajaba en la maquila, pero no era suficiente lo que ganaba porque era una madre de seis hijos que eran pequeños», argumentó Raquel.

De acuerdo con un estudio denominado Barreras de Acceso a suelo para la vivienda social en Honduras realizado por Hábitat para la Humanidad Honduras, en 2016, el déficit habitacional en el país alcanzaba entonces un valor de 1,138, 018 unidades habitacionales. Además, el estudio indicaba que 11.5 % de las casas no tenían acceso a agua potable y el 23 % de las viviendas eran de pisos de tierra.

Los trabajadores de la municipalidad progreseña, según cuenta Raquel, hicieron los planos para estructurar la colonia y comenzaron a trazar las calles de la colonia Alemania 19 de Junio, lo cual consta en un plano que tiene firma y sello.

Raquel agrega que ante la incertidumbre de que aparecieran los familiares del alemán —y porque algunos terratenientes de la zona estaban solicitando que el terreno pasara a conformar parte de sus bienes—, desató la preocupación de la Alcaldía que usó de escudo la necesidad de más de doscientas familias, y les prometió que más adelante les ayudaría a conseguir títulos de propiedad.

No obstante, para el 8 de diciembre de 2011, el juzgado declaró como heredera a la Alcaldía mediante una sentencia definitiva. La comuna no informó inmediatamente de la resolución a la comunidad.

¿Quiénes conforman la colonia Alemania?

Una familia camina por una calle de la colonia La Alemania, fundada el 19 de junio de 2011 en un terreno que perteneció al ciudadano alemán Gunter Bernard, exrefugiado de la Segunda Guerra Mundial. El Progreso, Yoro, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

La colonia Alemania fue poblada por gente pobre que trabajaba al día. Por obreros de la maquila y trabajadoras domésticas. Ellos fundaron la comunidad. La colonia Alemania comenzó con 250 familias, de las cuales han permanecido 165 en lucha.

La mayoría de viviendas de la colonia Alemania están hechas de concreto. Los servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, han sido realizados por la propia comunidad, aunque oficialmente no responden a la Alcaldía ni al Estado de Honduras.

Muchas de las personas de la comunidad se encuentran sin empleo y muchos niños tienen casi una década de haberse radicado en la comunidad. Sus habitantes hicieron un esfuerzo para construir una escuela en el predio, sin embargo esta no está reconocida y los únicos que llegan a dar clases sobre valores cívicos y morales son miembros de la Policía Nacional. 

«Hay un montón de gente que quedó sin vivienda por la pandemia y por los huracanes; muchos de estos han venido a la colonia a buscar refugiarse», expone Raquel, sacando a luz el enorme problema de falta de viviendas en el municipio.

En cuanto a las viviendas, un informe realizado por las Naciones Unidas mencionaba que  1200 viviendas fueron dañadas tras el paso de las tormentas de noviembre de 2020. Además, se echaron a perder: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12,415 de maíz y 21,238 de frijol, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura.

Municipalidad de El Progreso: «No enfrentamos un déficit habitacional marcado»

Fachada de la Alcaldía de El Progreso, donde Alexander López es alcalde desde 2006. El Progreso, Yoro, 4 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

A pesar de que en El Progreso, Yoro, hay en la actualidad al menos cuatro procesos de recuperación de tierras desarrollándose simultáneamente, alrededor de mil familias están buscando una vivienda, desde la Corporación Municipal no ven que exista un problema de déficit de vivienda.

«Podría decirse que no existe un déficit habitacional marcado. No estamos en la franja roja o crítica en cuanto a la necesidad de ese bien humano. Obviamente tenemos necesidad en el rubro», dijo a Contracorriente el ingeniero Roberto Zelaya, Gerente General de la Alcaldía progreseña.

Sobre el conflicto en la colonia Alemania, el ingeniero Zelaya dijo que «el predio que usted menciona es propiedad de la municipalidad de El Progreso. El derecho vigente nacional así lo estimó y así se ejecutó. En un Consejo de Ministros realizado hace algunos años con la presencia de Juan Orlando Hernández se decidió que en esos predios se construiría un hospital regional».

Zelaya dice que para ellos no existe ningún litigio en la colonia Alemania y que la ley ha acreditado como dueña a la Alcaldía progreseña a través de un juzgado competente por medio del derecho de sucesión. El ingeniero también niega que hayan incentivado a las personas de la colonia Alemania a ingresar en esos terrenos: «Categóricamente manifestarle que desde ningún nivel municipal se ha promovido, ni siquiera sugerido, la participación en esa situación». 

Proselitismo: ¿Qué papel jugó el alcalde Alexánder López en la colonia Alemania?

La finalidad de la Alcaldía no solo era en concepto de herencia, según los testimonios de los habitantes de la colonia Alemania, porque Alexander López llegó a ese mismo predio a realizar un acto de proselitismo. Prometió comida y dijo que apoyaría a la comunidad.

«Don Baudilio Díaz era activista político de Alexánder López y también de Roberto Micheletti. Él regó la bulla que se iban a conseguir terrenos de la colonia Alemania porque el señor alcalde nos iba a ayudar a legalizar los terrenos», recuerda Raquel. El activista municipal Baudilio y Laura Reyes, exdirigentes del primer patronato, finalmente huyeron de la colonia Alemania tras ser acusados por la comunidad de haberlos estafado.

Lea: Alexander López: de pupilo de Roberto Micheletti a aliado de Yani Rosenthal

El patronato de la colonia Alemania, cuando estaba constituido por activistas de la Alcaldía, fue reconocido en dos ocasiones. El 11 de febrero y el 26 de abril de 2013. Inscribiéndolo en las páginas nro. 275 y 287 del libro de patronatos comunales de El Progreso, Yoro, según está plasmado en un documento en poder de la comunidad. No obstante, ellos aseguran que la página del expediente en físico fue arrancada.

 

El gerente general de la Corporación Municipal niega que la Alcaldía haya reconocido dicho patronato: «Es totalmente falso, porque en los registros de la municipalidad, en este caso, específicamente en la gerencia de desarrollo social, no existe un expediente, como es costumbre y como manda la ley. Por lo tanto, conociendo el estatus de ese predio no puede existir porque le pertenece a la municipalidad de El Progreso». 

Además Roberto Zelaya también negó que la Alcaldía haya mandado a hacer planos a ese terreno. «El Municipio no puede enviar personal de su dependencia a hacer labores que estarían en contraposición a lo que manda la ley». En el año 2016 se desarrollaron mesas de conciliación para llegar a un acuerdo entre pobladores y la municipalidad. Este mecanismo fue convocado por el Instituto de la Propiedad (IP).


Todo era una estafa
 

Raquel López, presidenta del patronato de la colonia La Alemania o 19 de junio, narra la historia de su colonia y cómo en la actualidad se disputan legalmente el terreno con el Gobierno local que preside el alcalde progreseño Alexander López. El Progreso, Yoro, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Los vecinos pronto se dieron cuenta que habían sido víctimas de una estafa. Los abogados que los representaban les cobraban una cuota mensual por conservar el derecho de sus lotes de terreno. Pero cuando algunos cayeron en mora, llegaron amenazas de desalojo por parte de sus propios abogados.

Ante el inminente desalojo, un grupo de mujeres de la comunidad decidió investigar en el IP cómo iba su proceso. Los pobladores descubrieron que no existían como patronato ni como comunidad el año 2014. Se enteraron que todos los documentos que su asesor legal les había entregado eran falsos y que la titularidad de la propiedad era en realidad de la Corporación Municipal.

«Pasamos tres años engañados. Nadie sabía nada. Nosotros estábamos dando dinero y dinero. El abogado que nosotros contratamos, lo único que hizo fue hacer talonarios para realizar cobros a cada poblador; el abogado José Cálix Urbina, cuando él hizo esos talonarios hubo gente que comenzó a deber hasta 700 lempiras», expresa Raquel.

«Decía el abogado que los cobros eran para un proceso legal de la tierra. Nosotros descubrimos que el abogado sí tenía un nexo con la alcaldía. Trabajaba para Alexánder López», asevera Raquel. 

Las mujeres decidieron confrontar a su propio abogado. Viajaron a la ciudad de San Pedro Sula. Hubo golpes. «La última vez le pegamos una macaneada en la 105 Brigada de San Pedro Sula y le dijimos que no volviera. Nos fuimos a los golpes. Lo encerramos en un carro», agrega Raquel.

Pero las mujeres no desistieron de su lucha. Comenzó una batalla física en los portones de la colonia Alemania. «Los hombres que tenían el patronato solo estaban estafando a la gente, porque era controlado por la municipalidad. Nos tocaba agarrarnos a golpes contra los hombres», sostiene Raquel.

En el año 2014 el patronato conformado por activistas municipales se armó con machetes, en presencia de la Policía Nacional, intentaron desalojar por la fuerza a las mujeres de la comunidad, que estaban acompañadas por algunos de sus esposos. «Pero logramos quitar a los activistas del patronato y con apoyo de otras autoridades, viendo la barbaridad de amenazas de muerte, nos otorgaron medidas de protección. Y la misma Policía después era la encargada de cuidarnos», explica Raquel.

El nuevo patronato envió dos escritos a la municipalidad en el año 2017, uno para que se les reconozca y otro para pasar a ser titulares de sus predios. Ambos fueron rechazados: «Lo que salió como contestación fue un requerimiento contra 197 pobladores por el delito de usurpación. Ya por la vía penal. Eso fue en el año 2018», aseguró Raquel.

Raquel agrega que han llegado nuevos citatorios para presentarse a la audiencia de declaración de imputado, después de las inundaciones de noviembre de 2020, para que desalojen la comunidad de la Alemania. 

El abogado Omar Menjívar, está a cargo de la representación legal de las familias de la colonia La Alemania. San Pedro Sula, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

El abogado Omar Menjívar, experto en derecho penal, aseguró a Contracorriente que no logra entender la forma en que actúa la Alcaldía de El Progreso: «Fue gente de la Alcaldía la que identificó a un grupo de personas con problemas de vivienda, que no tienen posibilidades económicas de tener un terreno y construir una casa, y fueron activistas de Alexander López que —de cierto modo— entusiasmaron para que se tomaran estas propiedades y estos terrenos. Se formó una directiva de los ocupantes de estos predios y esta fue reconocida por la Alcaldía», revela Menjívar.

Menjívar establece que la Alcaldía se escuda en el hecho de que no puede hacer nada porque la ley le impone que los bienes deben estar destinados a la construcción de obras públicas. «Pero, ¿qué más obras públicas pueden ser, destinar esos bienes a quienes los necesitan? Y sobre todo cuando fue la propia Alcaldía la que los incitó a tomar ese lugar», establece.

Explica que aún no se ha podido ni ejecutar la audiencia de declaración de imputado por varias razones, entre estas, porque no se citan a todos los imputados o porque alguna de las partes solicita un aplazamiento. El abogado añade que, en cierto momento, un abogado de la Alcaldía propuso que el Congreso Nacional emitiera un decreto para exonerar de la obligación de construir ese hospital. Sin embargo, todo se quedó en palabras.

Agrega que la otra forma de salir de la problemática es enfrentar el proceso penal para salvarlos de la acusación, aunque esto implica un alto riesgo. «Con frecuencia se obtienen sentencias arbitrarias. El juzgado puede ordenar un desalojo de esta gente. Y no solamente esto, sino la destrucción de las viviendas».

El abogado Menjívar dice que el ingreso de estas personas fue organizado y pacífico, e inducido por la Alcaldía, cuando la Alcaldía no era titular del derecho: «La Alcaldía se declaró heredera posteriormente. No existe el delito de usurpación», explica Menjívar.

Argumenta que si transcurren seis años el delito prescribe, porque tiene una pena máxima de cuatro años, si nos basamos en los criterios del Código Penal anterior. O prescribe o se soluciona enfrentando el proceso.

«Esa tierra no tenía dueño, no le hicieron daño a nadie. Lo hicieron cuando murió la persona, que no tenía heredero, y nadie se había declarado heredero. Este caso es bastante peculiar, porque yo honestamente no he podido entender, porque al parecer la Alcaldía ha hecho lo mismo con otras personas, en otros sitios y otras ocasiones», subraya Menjívar.

Amenazas por luchar por una vivienda

La escuela de la colonia La Alemania ha permanecido cerrada durante la pandemia por COVID-19. Clases de civismo impartidas por miembros de la Policía Nacional de Honduras son las únicas clases que se han impartido desde su cierre debido a la declaratoria de emergencia sanitaria. El Progreso, Yoro, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Cuando comencé esta lucha tuve bastantes amenazas y ahorita tengo el problema de que las maras y pandillas me están amenazando», cuenta Raquel.

Raquel expresa que antes de llegar al patronato de las mujeres, hubo mucha gente muerta en la colonia Alemania. «Más de once muertos y no dejaban que las autoridades vinieran, no había bulla. Nosotros mirábamos hombres armados en la comunidad, nosotros decíamos, ¿por qué esos hombres andan tan armados y nadie les dice nada? Cuando ya nosotros llegamos al patronato ellos comenzaron a retroceder y esconder las armas. Pero yo tuve que salir de la comunidad por cuatro meses, en el año 2015. Me sacaron la orden de captura y me observaban para matarme. Descansé hasta cuando fue asesinado el hombre que me amenazaba», sostiene Raquel.

«A los mareros los trae la municipalidad», refiere Raquel, quien agrega que lo que más le ha molestado a la Alcaldía es que «le quitamos un montón de dinero que le estaban quitando a la gente, ya hoy ya no se los sacan».

Contracorriente le consultó al Gerente General de la Alcaldía progreseña, si desde la comuna se están propiciando espacios que pongan en riesgo la vida de Raquel y de sus pobladores. El ingeniero Zelaya, dijo que no.

«No tenemos absolutamente ninguna instrucción que vaya en el sentido de que se quiera provocar o generar condiciones adversas a la armonía. Evidentemente nosotros, todo el equipo municipal, desde el empleado uno estamos instruidos por el señor Alcalde de evitar cualquier relación que menoscabe la buena relación con los ciudadanos de nuestro municipio, ahí no hay ninguna actividad promovida por la municipalidad».

Agregó que una de las recomendaciones recibidas es «evitar al máximo conflictos de cualquier tipo con los ciudadanos que están en ese predio. Es más, la no participación en ninguna actividad que se pueda creer que es de intimidación o que genere alguna percepción diferente». 

No obstante, Raquel dice que el negocio de la Alcaldía era «sacar dinero». «Se había declarado heredera la Alcaldía, pero lo hizo en silencio, porque no había ningún proceso legal para tomar posesión del bien. El alcalde dijo el año pasado que quería enviarnos a juicio. Quiere sacar la orden de desalojo. Si viene un desalojo nos botarán nuestras casas», expone.

En ese sentido, el Gerente General de la municipalidad de El Progreso dice que los expedientes legales que se hayan incoado en su momento, tendrán que continuar su curso y de nuevo será autoridad competente la que dictamine una u otra decisión. «Las personas y las familias que llegaron a construir unilateralmente corrieron un riesgo y eso es imputable solo a ellos. Reiterar que el predio es propiedad municipal y tiene un objetivo que en un corto o mediano plazo pueda hacerse realidad», añade Zelaya.

La lucha por una vivienda se agudiza en Honduras

Vista aérea de Altura Celestiales, una invasión poblacional en un terreno ubicado en la salida de El Progreso, sobre la carretera que conecta con el municipio de Santa Rita. Este grupo de pobladores sin vivienda se han ubicado desde abril de 2021 en este lugar. El Progreso, Yoro, 20 de mayo de 2021. Foto: Alberto Moncada / Tercer Piso.

Un estudio de Hábitat para la Humanidad, publicado en octubre de 2019, revela que en el Valle de Sula lograron identificar 133 asentamientos irregulares. Específicamente familias en riesgo que habitan en bordos en la orilla de los ríos. No obstante, los huracanes y las tormentas han ocasionado que al menos 800,000 viviendas se dañaran o se perdieran en la zona norte del país, según urbanizadores.

En El Progreso, Yoro, salida a Santa Rita, se han ubicado más de 500 familias que tienen necesidad de vivienda en un lugar en donde históricamente se ha sembrado caña de azúcar, pero que está en medio de una zona urbanizada. Hasta ahora estas personas no han recibido amenazas de desalojo en este terreno, de aproximadamente cinco manzanas, ubicado entre las colonias Los Castaños y Alameda.

José Israel Montoya, más conocido como «Chavelo», es miembro de un proceso de recuperación de tierras para fines agrícolas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Él asegura que el proceso de recuperación de tierras para fines de vivienda ubicado en la salida a Santa Rita está siendo permitido en estos momentos con fines político-electorales.

«Siempre cuando se avecinan campañas políticas se aprovechan de la humildad y necesidad. En esta ocasión hay miles y miles de personas que necesitan una vivienda. En este caso sabemos que es un terreno valorado en millones de lempiras, y no es posible que a una persona humilde le van a decir, así como así: «este solar es tuyo». ¡Eso es una farsa! Están jugando con la necesidad del mismo pueblo», dice Chavelo.

Chavelo agrega que están usando a estas personas para obtener votos en las elecciones generales, sin embargo, una vez que estas pasen «serán gaseados, desalojados y burlados, porque los políticos juegan con la necesidad del mismo pueblo. Ya sea un alcalde, un diputado o cualquier otro político que quiere llegar a un cargo público, identifican a un grupo de gente y un terreno que está en litigio, los introducen y luego les dan una patada de desalojo», dice.

Chavelo sostiene que, si un alcalde es el mandatario del municipio, es la persona idónea para apoyar: «pero no que juegue con el pueblo y que no los engañe. Porque ese engaño se volverá contra él porque el pueblo está despertando».

Entrada principal de la invasión Alturas Celestiales, ubicada sobre la carretera que conecta a El Progreso con el municipio de Santa Rita en el departamento de Yoro. Alturas Celestiales existe desde el mes de abril de 2021. El Progreso, Yoro, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Doña Consuelo, una de las mujeres que busca un lote de terreno en ese campamento en la salida a Santa Rita, aseguró a Contracorriente que se quedó sin vivienda y sus hijos se quedaron sin empleo: «Estamos aquí a ver si podemos conseguir estas tierras, aquí hay mucha gente que queremos tener una vivienda digna»

En la zona se puede observar a madres con niños pequeños en casas de lámina y nylon. El campamento está lleno de niños pequeños. Hay madres allí hasta con tres o cuatro niños. En ocasiones, las iglesias les ayudan llevando comida.

«La esperanza es recuperar estas tierras, porque la mayoría anda alquilando. Este Gobierno la verdad que a uno lo tiene matado. No nos da empleo y a los que tenían empleo los botaron de los trabajos», expresa por su parte Nidia Sánchez, de 37 años, quien dice que se ha ido a buscar un terreno porque no tiene dónde vivir, y agrega: «Esto me ha hecho venirme aquí para esta recuperación de esta tierra. No me importa sufrir porque lo que me interesa es dónde vivir con mis hijos. Yo estaba viviendo en la invasión San Isidro, arrimada con mi suegro. Ya llevamos más de cuatro meses aquí».

El ingeniero Roberto Zelaya estableció, con relación a la ocupación del predio salida hacia Santa Rita, que la Alcaldía es respetuosa al derecho a la propiedad privada e hizo un llamado a estas personas a que «sean respetuosas de la propiedad privada». Agregó que la Alcaldía dejará que sea un juzgado el que se encargue de este grupo poblacional. 

Al ser consultado si estos terrenos son ejidales o agrícolas, el ingeniero Roberto Zelaya dijo que ninguno de los dos. Sino que este es un terreno de propiedad privada. «Tenemos catastrado el 100 % del área urbana y evidentemente ahí hay un propietario privado. De igual manera, si existe una pretensión de cualquier organización social tendrán que acreditar ante la autoridad judicial. Nosotros como gobierno local tenemos registrados y catastrados todas esas propiedades y si en su momento se nos solicita una certificación por autoridad competente, vamos a colaborar».

Contracorriente le consultó al ingeniero Roberto Zelaya a quién le pertenece el predio ocupado, a lo que él respondió: «No podemos brindar información confidencial porque ya la Ley de Acceso a la Información Pública nos lo impide. Cualquier persona natural o jurídica tiene ese derecho. Y nosotros como institución no podemos decirlo. Sin embargo, puedo decirle que en esa franja, a ambos costados desde el centro de nuestra ciudad hasta Santa Rita la mayoría son terrenos privados y los ciudadanos pueden acreditar con sus respectivos testimonios públicos el estatus que ostenta cada uno de esa tierra». 

Agregó que como municipalidad no han recibido ni una sola solicitud con fines que busquen el desalojo de estas personas: «En el sentido de que se pretenda que la municipalidad participe en ese tipo de situaciones, no he recibido ninguna solicitud. Si están en algún sitio lo hacen de hecho y a su propio riesgo», explicó Roberto Zelaya.

Politización en la entrega de viviendas en la aldea Las Minas

Las Minas fue fundada por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola Ganadera de Sula (Sitracoags) en 1981, en total son 296 casas. El Progreso, Yoro, 20 de mayo de 2021. Foto: Alberto Moncada / Tercer Piso.

En la aldea Las Minas de la ciudad de El Progreso, también salida a Santa Rita, se ubica un terreno con 296 casas que fueron construidas en el año 1981 por un sindicato de trabajadores, sin embargo, por un tema bancario y de litigios las casas no fueron habitadas hasta el año 2021, después que los huracanes Eta y Iota.

Estas casas, la mayoría evidentemente deterioradas, fueron entregadas a un grupo de personas por el propio presidente Juan Orlando Hernández, quien días atrás había sido acusado de no ayudar a poblaciones sin vivienda tras los huracanes Eta y Iota. Mientras tanto, las redes sociales estaban vitoreando a Nayib Bukele, quien había presentado un proyecto habitacional de casas nuevas destinado a un sector de la población salvadoreña.

«Ahí construyeron el programa Vida Mejor. Les dieron viviendas a varios activistas del Gobierno», dice a Contracorriente Fausto René Matute, de 61 años. No obstante, el Gobierno también entregó cincuenta viviendas a un grupo de pobladores de la comunidad de Río Blanco, San Pedro Sula, después de que un policía municipal sampedrano le disparara en el rostro a uno de sus habitantes, asesinándolo en medio de un desalojo violento.

Lea: Un muerto durante un desalojo reabre heridas en los bordos de un río en San Pedro Sula

Fausto Matute es miembro de un campamento de recuperación de la CNTC denominado Dagoberto Padilla. Es habitante de la finca 11 del sector sur de El Progreso, Yoro, que se inundó a nivel de techos en noviembre de 2020. Él asegura que actualmente no tiene un lugar donde vivir junto a su familia porque el sector sur de El Progreso, cada vez que llueve, se inunda debido a la ausencia de bordos de contención.

«En enero, después de las tormentas, fuimos a ver cómo estaba la situación para que nos dieran una casa en el sector de Las Minas, investigamos, pero esas casas ya estaban comprometidas», aseguró Fausto.

Según indicó el exdiputado hondureño por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, las casas donadas por el Gobierno en la aldea Las Minas, que están ubicadas a unos 8 km de El Progreso, no fueron construidas por ningún Gobierno: «Las 51 familias beneficiadas no son de El Progreso. No son damnificados Eta o Iota. Son personas que habitaban en los bordos de Río Blanco en San Pedro Sula. A 50 km de las casas entregadas. En verdad son personas pobres que necesitan una casa. Las viviendas se las están regalando».

«Pero las casas no las construyó el Gobierno de Juan Orlando Hernández, ni el de José Manuel Zelaya Rosales, ni Ricardo Maduro. Tampoco fueron hechas para damnificados del huracán Mitch. El proyecto se hizo en 1980, hace 40 años, y no fue por el Gobierno. Esa colonia fue hecha por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola Ganadera de Sula (Sitracoags) que presidía Dagoberto Padilla. A Dagoberto y otros tres compañeros los asesinaron los militares el 29 de marzo de 1983. La colonia ya estaba construida, pero nunca fue habitada. Destruyeron el sindicato y la colonia terminó en posesión de un banco», aseguró el exdiputado Bartolo Fuentes.

Finalmente, expuso Bartolo, las casas quedaron en poder del estatal Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi): «Desde hace cuatro años el Gobierno está con el plan de traer familias pobres de los bordos de río Blanco porque los complejos habitacionales y comerciales que han levantado en el sector no los quieren tener de vecinos».

Fausto Matute aseguró a Contracorriente que un grupo de familias vulnerables del sector sur de El Progreso están en otro proceso de recuperación de tierras para que les otorguen una parcela de terreno en la aldea El Bálsamo, porque una ONG les prometió construirles una vivienda si ellos consiguen el terreno.

«Nos hemos instalado, tenemos la documentación respectiva, hemos platicado con el ingeniero de la municipalidad de El Progreso, Roberto Zelaya. Él entregará los documentos a un arquitecto  Sin embargo,  hemos visto bastante negligencia de parte del ingeniero Zelaya y por eso el proceso se encuentra detenido», expone Matute.

En El Progreso, Yoro, se encuentran otros procesos de recuperación de tierra con fines habitacionales, entre ellos está el denominado Berta Cáceres, cercano al que está ubicado en la salida hacia Santa Rita.

Por su parte, el gerente general de la alcaldía de El Progreso Roberto Zelaya aseguró a Contracorriente que el proyecto de vivienda residencial Las Minas geográficamente está dentro del territorio del municipio de El Progreso, Yoro, sin embargo, la titularidad de todas esas tierras es propiedad del Gobierno Central, es decir del Estado: «La génesis de ese proyecto es que originalmente fue financiado por dos instituciones bancarias, hubo alrededor de quince a veinte años de litigio y en definitiva, cuando se liquidaron esas dos instituciones bancarias, el gobierno central se vio en la necesidad de comprar ese proyecto que era tierra y vivienda», explica.

Zelaya agrega que el gobierno central, para la reubicación o reasentamiento humano contrató recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque se contempló el reasentamiento de sampedranos para dicho proyecto, lo que al final de cuentas «es legal».

«Lo que sí es cierto, es que ningún ciudadano del municipio se le asignó una vivienda en dicho proyecto, a pesar de que la institución Convivienda que es la patrocinadora de este proyecto… se hicieron las solicitudes en reiteradas ocasiones para que se adjudicara alguna de esas viviendas a ciudadanos del municipio», explica Zelaya.

Campesinos sin tierra

Un sembradío de maíz y una hortaliza de frijoles sembrados por mujeres de la colonia La Alemania en el patio trasero de la escuela de la colonia. El Progreso, Yoro, 5 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por su parte, Chavelo, quien tiene 30 años, en un proceso de recuperación en tres lugares: Amistad, Dagoberto Padilla y Nuevo Esfuerzo, asegura que esos tres procesos significan un total de 1400 hectáreas de terreno.

En Honduras hay al menos 300,000 familias campesinas sin tierra, según datos de organizaciones de campesinos en Honduras.

Chavelo le dijo a Contracorriente que no existe ningún tipo de apoyo para los campesinos en nuestro país. «Hay miles y miles de áreas de terrenos que han sido confiscadas a los narcos. ¿Y esas tierras quién cree usted que las tiene?, son los empresarios. Vivimos en un gran caos de falta de granos básicos. Tenemos que traer granos básicos de otros países para el sustento diario y aquí tal vez la libra de frijoles la tenemos carísima porque no tenemos dónde trabajar. Con esta gran crisis de los huracanes tuvimos que salirnos de nuestras casas, cerca de cinco o seis meses. Volvimos a nuestras tierras y tuvimos que salir ahorita en junio por nuevas inundaciones», asegura.

Chavelo afirma que en las zonas de recuperar que él participa «hay casas de concreto, inversiones, ahí hay cultivos de palma africana, siembra de plátano, maíz frijol y yuca. Somos 120 socios, unas 900 personas, más los que llegan a trabajar de otros lugares».

Los problemas habitacionales no son exclusivos de la ciudad de El Progreso, Yoro, con una población aproximada de 450,000 habitantes y con una extensión territorial de 547.5 km2, de los cuales 70.43 km2 es área urbana y 477.07 km2, área rural. Mientras tanto, la población hondureña a nivel nacional se enfrenta al desempleo y consecuentemente se enfrentan a la incapacidad financiera para adquirir un bien inmueble.

A pesar de que la municipalidad dice que en El Progreso, Yoro, no existe un conflicto de viviendas alarmante y expresan su negativa de entregarle el terreno de la Alemania a un grupo de doscientas familias, la Corporación dice estar interesada en proyectos sociales para beneficiar a familias pobres.

«Hay un proyecto de vivienda social, que estamos finalizando su diseño en instalaciones en un predio propiedad municipal. Mediante mandato de la corporación se trasladó este proyecto, son 10 manzanas de terreno, que están al costado sur de las instalaciones de Proniño. Ahí vía donación 100 % reubicaremos alrededor de 400 familias», dijo a Contracorriente Roberto Zelaya.

Pasaron los 180 días que la Ley HR-2615 estipulaba para que el Departamento de Estado presentara al Congreso de Estados Unidos la lista de actores involucrados en corrupción y afectación de la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador. La lista, conocida popularmente como Lista Engel, se ampliará por lo menos una vez al año e incluye sanciones migratorias contra los señalados. En el caso de Honduras, la mayoría de los señalados fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), el binomio anticorrupción que el gobierno de Hernández desarticuló.

Texto: Jennifer Avila
Fotografías: Martín Cálix


El Departamento de Estado desclasificó la lista que identifica a personas en El Salvador, Guatemala y Honduras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, han participado en hechos significativos de corrupción y en la obstrucción de investigaciones sobre «corrupción vinculada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, facilitación o transferencia de las ganancias por corrupción, incluyendo el lavado de dinero y actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de la corrupción gubernamentales y no gubernamentales».

Honduras aportó a esa lista 21 personas, el mayor número de actores corruptos de la región, de los cuales 18 han sido diputados en el Congreso Nacional, uno fue el funcionario a cargo de las compras por la pandemia de COVID-19 y la pareja presidencial de 2010-2014 Porfirio Lobo Sosa y Rosa Elena Bonilla. La mayoría fueron acusados o han estado vinculados a casos que la MACCIH-UFECIC presentó mientras estuvo en el país, antes que el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva y el presidente del Ejecutivo Juan Orlando Hernández le dieran el tiro de gracia.

La lista incluye a diputados ya antes sancionados a través de la Ley Magnitsky como Óscar Nájera, diputado del departamento de Colón que va por su sexta reelección y otros que fueron mencionados en la Lista Torres, solicitada por la congresista Norma Torres hace unos meses, como la diputada Welsy Vasquez. Ocho de los mencionados van a la reelección para el Congreso Nacional en las próximas elecciones.

En una conferencia de prensa , Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica dijo «el combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, como saben, también el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris están muy enfocados en intentar aliviar las situaciones, las condiciones que están impulsando la migración irregular de Centroamérica.»

Además, agregó que «Estados Unidos quiere demostrar que está al lado de los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos que están comprometidos con esfuerzos para promover el bienestar, mejor gobernanza, transparencia y esfuerzos contra la impunidad en Centroamérica.»

La lista generó, por una parte, la reacción de algunos de los señalados que minimizaron y hasta ridiculizaron estas sanciones. Aunque este medio llamó a cada uno de los implicados para conocer su reacción, ninguno respondió, sin embargo, se expresaron a través de redes sociales y conferencias de prensa, como es el caso del ex presidente Porfirio Lobo Sosa que se limitó a decir que estaba ofendido y no volvería a Estados Unidos, o el diputado Oscar Nájera que dijo que sus electores lo apoyarían más después de salir en la lista.

Por otro lado, el expresidente Manuel Zelaya Rosales indicó en su cuenta de twitter que la lista Engel atacaba al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele mientras alienta al gobierno de Juan Orlando Hernández, a lo que Bukele añadió que «en la «Lista Engel de Honduras» no pusieron a ni un solo miembro del Gobierno, a pesar de que su Presidente y Ministros están acusados, con pruebas, de corrupción y narcotráfico y que tienen 8 años de estar en el Gobierno. Pero claro, ahí los intereses políticos son distintos. Ahí el interés es fortalecer al Partido Nacional de Honduras, para las elecciones presidenciales de noviembre.»

La relación entre Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando Hernández es tensa, la administración Biden ha decidido que su socio estratégico en Centroamérica sea Guatemala y no ha visitado al país para encontrarse con Hernández, quien ha sido señalado como co-conspirador en el tráfico de drogas en los juicios que se llevan a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue condenado su hermano, el exdiputado nacionalista Antonio Hernández Alvarado.

Preguntamos a Zúñiga si hay consecuencias en la relación de Honduras con Estados Unidos por el hecho de que el gobierno impide la investigación y castigo de los señalados en actos de corrupción, tomando en cuenta que no fue renovado el mandato de la MACCIH, una misión que permitió la investigación y acusación de personas involucradas en redes de corrupción. Zúñiga enfatizó que «Infelizmente, lo que vemos es que cuando no hay una rendición de cuentas, esto puede representar un retroceso en el Estado del derecho, pero también, concretamente, disminuye la confianza de los mercados internacionales, de los socios internacionales, pero más que todo de la misma población de Honduras o de cualquier país de Centroamérica que se encuentra con este problema. Entonces, lo que estamos impulsando, lo que estamos apoyando, es incluir simplemente el cumplimiento del compromiso que las personas acusadas de corrupción tienen con su propia población. Es eso. Eso es lo que estamos tratando de fomentar: más confianza dentro del pueblo de Honduras y más esperanza, mostrando que habrá rendición de cuentas para todos los servidores públicos del país.»

Para la ex vocera de la MACCIH, la jurista Ana María Calderón, esta lista trae un mensaje de esperanza, sobre todo para la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) la unidad que quedó instalada tras la MACCIH pero que actualmente se encuentra debilitada.

«Yo diría que es un mensaje de esperanza para quienes están luchando contra la corrupción en Honduras en especial para el Ministerio Público y especialmente para los fiscales de UFERCO que todavía están llevando las investigaciones que dejó la MACCIH y los procesos que aún se encuentran judicializados. No es una tarea fácil puesto que su capacidad operativa se redujo al mínimo con la salida de la misión. También trae esperanza para la iniciativa regional para combatir la corrupción e impunidad en Centro América que está compuesta por algunas organizaciones de sociedad civil como el CNA, el FOSDEH, ASJ, ICEFI y ASONOG que son organizaciones sociedad civil que estuvieron muy vinculadas y de la mano con la lucha contra la corrupción que realizó la MACCIH en Honduras», expresó Calderón en entrevista con Contracorriente.

La ex vocera mencionó que la lista también trae un mensaje fuerte para los actores que impidieron que el Ministerio Público y la MACCIH llevaran a la justicia a funcionarios corruptos. En la lista figuran la diputada Sara Medina y el diputado Román Villeda quienes favorecieron la corrupción al cambiar la Ley del Presupuesto para limitar las facultades del Ministerio Público, algo que quedó institucionalizado con el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional.

«Algunos de estos personajes han logrado el archivamiento o que se congelen sus procesos, los mega procesos que se iniciaron con la MACCIH, entonces, y yo aquí realmente voy a tomar la frase de la congresista Norma Torres, «El mundo los está mirando» esta lista evidencia que el mundo desde afuera los está mirando y que ya no va a haber impunidad», dijo.

Sin embargo en la lista no figuran el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y tampoco el secretario Tomás Zambrano también procesado y luego sobreseido por la Corte Suprema de Justicia por el caso «Pacto de impunidad» o «Fe de erratas» con el que pretendieron cambiar la ley para limitar las acciones investigativas de la fiscalía.

Calderón también cree que otro mensaje que quedó claro es que este gobierno de Estados Unidos no trabajará con socios que no tengan un compromiso serio con la lucha anticorrupción.

Tomás Zambrano junto a Antonio Rivera Callejas y Reynaldo Ekónomo en la mesa directiva del Congreso Nacional. Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Fueron 14 casos los presentados por la MACCIH, la mayoría de los implicados han sido sobreseidos. Calderón cree que esta lista es un homenaje al trabajo de la misión. «Estos casos corresponden al binomio UFECIC-MACCIH que considero dejaron un buen legado. En estos listados efectivamente destacan por lo menos seis casos importantes, entre casos penales y casos de privación de dominio, por ejemplo «Red de diputados», de los 8 imputados, cinco están así completitos en la lista: Héctor Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Dennis Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Sarabia. Este caso está congelado, sabemos que se creó una ley especial para poderlo archivar y hasta ahora sigue así lamentablemente. 

El otro caso es «Pacto de impunidad» que se inició a raíz justamente de las artimañas o de los malos manejos de la norma para liberar a los de la «red de diputados», están en la lista: Sarah Ismela Medina Galo y a Román Villeda Aguilar. Del «Caso Pandora» son treinta y ocho diputados y están mencionados en esta lista José Celin Discua Elvir , Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elvin Ernesto Santos Ordoñez y Elden Vásquez. Otro caso que desnudó la forma en que se apoderaban de los dineros públicos destinados para obras sociales a favor de los bolsillos de ciertos funcionarios es el caso «Arca abierta», cuyo requerimiento fiscal se presentó ante el poder judicial el once de diciembre de 2018 y tuvimos veintiún imputados, de los cuales en la lista aparecen seis: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladys Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puertos Oseguera y Audelia Rodríguez Rodríguez. Otro personaje que también aparece en esta lista es Rosa Elena Bonilla de Lobo quien está vinculada al caso «Caja chica de la primera dama» que vimos que fue la primera sentencia que se logró de los equipos integrados y luego ha seguido un destino un poco extraño», explicó.

Calderón agregó que otro de los mencionados en la lista, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue citado en el caso «Narco política» y que actualmente existe una línea de investigación en Honduras que ha seguido la UFERCO. «Este caso surgió a raíz de las declaraciones del narcotraficante Devis Rivera Madariaga en el que atribuía al candidato haberle financiado su campaña política y a cambio de recibieron ciertos beneficios para lavar dinero producto del narcotráfico a través de la empresa Inrimar para construir obras públicas en los departamentos de Olancho y Tocoa», agregó.

Porfirio Lobo, ex presidente de Honduras en el período 2010-2014. Su presidencia lo convirtió en el primer presidente después del golpe de Estado de 2009, ahora, Lobo es señalado en la Lista Engel junto a su esposa, la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla.Tegucigalpa, 16 de febrero de 2019. Foto: Martín Cálix.

Las acciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos actualmente, además de la publicación de la lista pero siempre en el marco de la ley HR-2615, es un diagnóstico sobre causas de la migración y la efectividad de las acciones para mitigar esas causas, mientras que la sección tres de la ley requiere al secretario de Estado priorizar acciones para promover el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos en la región.

Lea más en: Algo más que la lista Engel, una ley para limar las esquinas rotas del Triángulo norte

Por otro lado, Estados Unidos apoya las iniciativas ciudadanas como la Comisión Contra la Impunidad (CINOC) y la creación de una fuerza de tarea entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia que incluirá fiscales de Estados Unidos y expertos en Estado de derecho para investigar y procesar casos de corrupción con nexos en Estados Unidos, Guatemala y la región. Esa fuerza de tarea fue anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala donde también dejó claro a la población centroamericana que las fronteras de Estados Unidos están cerradas y reforzadas, «Do not come» (no vengan), repitió, como siempre lo han hecho los gobiernos de este país del norte.

Mientras que en Honduras reina la incertidumbre en pleno año electoral -donde la mayoría de los señalados en la lista Engel van a reelección- y la relación entre Estados Unidos y Honduras sigue en entredicho, la población hondureña se enfrenta a la crisis económica que ha dejado la pandemia y dos tormentas tropicales que azotaron el país a finales del año pasado. Adicionalmente, el sistema de justicia sigue sin responder efectivamente a las denuncias ciudadanas de actos de corrupción que laceran los derechos de la mayoría de la población que ahora está en calamidad.

Calderón culminó diciendo que la UFERCO necesita apoyo para incrementar el número de fiscales y que aquellos fiscales que fueron certificados por la MACCIH sean ahora replicadores de esas buenas prácticas. «Y en cuanto a normatividad, varias cercenan las facultades al Ministerio Público, entonces pues esperemos que realmente los legisladores se sientan comprometidos y que reciban adecuadamente este mensaje para estar conscientes al momento de legislar.»

El pasado 17 de junio hubo una reyerta en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, que dejó como saldo tres muertos. Las Fuerzas Armadas de Honduras intervinieron el sistema penitenciario desde 2019, y este, en particular, lo catalogaron como un centro penal con un alto grado de conflictividad a lo interno. A dos años, esta junta no ha dado informes sobre los resultados de la intervención, mientras siguen ocurriendo los hechos violentos. 

Texto: Eva Galeas 
Fotografías: Martín Calix


En las afueras del Instituto Nacional Penitenciario (INP) un grupo de familiares de privados de libertad protesta. Es 21 de junio y han pasado solamente cuatro días después del hecho en el que supuestamente la pandilla Barrio 18 atacó el módulo de mediana seguridad de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la cárcel de máxima seguridad La Tolva —en Morocelí, El Paraíso—, el resultado de esto fue tres muertos y treinta heridos. 

Los manifestantes aseguran que no han visitado a sus familiares desde que por la pandemia se cancelaron las visitas, además se canceló el acceso al kit de aseo que siempre han recibido los privados de libertad por parte de los familiares. Ahora este hecho violento los pone en alerta.

Familiares de privados de libertad y miembros de la iglesia Pasión por las Almas, realizaron una protesta frente al Instituto Nacional Penitenciario, exigiendo entre varias cosas, que les dejen ver a sus familiares, algunas madres llevan hasta dos años sin ver a sus hijos. Tegucigalpa, 18 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

De las instalaciones militarizadas del INP no salió nadie a responder sus exigencias. Un día antes de eso, el coronel  Amilcar Hernández comandante de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), dijo en un medio de comunicación que miembros de organismos de Derechos Humanos y de ONG reciben dinero de las maras y pandillas y que además la Asociación de Familiares de Privados de Libertad que dirige Delma Rubí recibió 250,000 lempiras para elaborar la personería jurídica de esa organización. 

Hernández al concluir su participación reiteró que «estos grupos criminales invierten millones y millones de lempiras para controlar las cárceles y donde a ellos les interesa ahí infiltran a una persona, y nosotros ya días estamos en eso, y ese es su modo de operar».

Sobre esto, la directora del  del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Glenda Ayala lamentó que Hernández hiciera declaraciones sexistas y sin ningún fundamento: «Me parece un acto deliberado que esté cuestionando el actuar de muchos de los que trabajamos en el tema de derechos humanos cuando es nuestro trabajo hacerlo, lamentamos que en su afán de hacer protagonismo haga esas aseveraciones temerarias». 

Ese día en las afueras del INP, los familiares denunciaron abusos ocurridos desde que los centros penales están intervenidos por militares, algunos mencionaron que han llegado a buscar a sus familiares para ver si les permiten la visita pero éstos han sido trasladados sin previo aviso. 

Lo que pasa en las cárceles tiene un impacto directo en las comunidades, sobre todo si tiene que ver con maras y pandillas. Y el impacto de los señalamientos que hizo el coronel Hernández, familiar del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, puede ser aún más peligroso para los familiares de los privados de libertad. 

Delma Rubí, representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, interpuso una querella en contra del coronel Amílcar Hernández por los delitos de injuria y calumnia con más de 27 pruebas.

«Después de las acusaciones que hizo el coronel Hernández contra mí,  el INP giró  un comunicado con cosas decomisadas entre ellas granadas, marihuana y armas  y  mi fotografía. Temo por mi vida, por la vida de mi hijo privado de libertad y  por la de mi familia que tengo afuera», dijo Rubí a Contracorriente. 

Agregó además que en los centros penales no existe ningún proyecto de reinserción social, y que su organización ha presentado varios proyectos ante las autoridades del INP, sin embargo estas no han sido escuchadas, las autoridades aducen que la organización no tiene personería jurídica.

«Nosotros como organización nacimos en las filas de las visitas y allí decidimos organizarnos como asociación de familias de privados de libertad, nuestro único fin es ayudar y velar por las necesidades de ellos, ayudar a los familiares que quedan aquí afuera sin ningún apoyo, a todos nos cambia la vida desde que somos familiares de un privado», dijo. 

Ella, como coordinadora de la asociación dice que nunca se había visto un problema de estos y que considera que las acusaciones de Hernández se deben a que ella siempre ha denunciado los tratos crueles e inhumanos contra los privados de libertad: «Yo siempre he manifestado que  a los militares les quedó grande la camisa, que su administración es un fracaso en los centros penales,  he criticado el sistema, soy  la piedra en sus zapatos», expresó. 

El 17 de diciembre de 2019, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.

Los guerreros fuera de los centros penales

Marys Zulema Ordóñez de 65 años de edad tiene a un nieto privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, dice que desde octubre de 2019 no puede visitarlo y teme por su vida. 

Doña Marys cuenta que su nieto, a quien crió como hijo propio, fue capturado por la FNAMP mientras andaba viendo un partido de fútbol en el campo de su colonia, enfrenta cargos de extorsión, su abuela dice que él era un joven estudioso y no estaba en maras o pandillas. Después de tres años, este joven sigue en prisión sin tener una sentencia firme aún, algo que viola el debido proceso. 

«Mi hijo ya cumplió tres años de estar en Ilama y no sé cuánto tiempo va estar allí, no me lo han sentenciado, porque no le ven nada en el expediente, estoy preocupada porque él es que me mantenía la casa», comentó doña Marys, mientras se manifestaba en las afueras del INP, la tragedia en la Tolva la convocó allí aunque los familiares tenían demandas diversas y muchos estaban en otros centros penitenciarios.

Doña Marys dice que con lo acontecido los últimos días en los centros penales, tiene miedo que a su hijo le pueda pasar algo  allá adentro, «¿Cómo van a meter armas si a uno le revisan hasta el blumer (ropa interior) para poder entrar a hacer la visita? nosotros le pedimos a las autoridades que nos dejen pasar los alimentos y que autoricen visitas», agregó. 

Gaby Martínez es miembro del Ministerio Pasión por las Almas, congregación que es dirigida por el apóstol Carlos Gerardo Cerrato. Gaby, también andaba alzando su voz frente a las instalaciones del INP el 23 de junio: «Queremos que nos abran las puertas de los centros penales para poder ir a predicar, para llevar una palabra de vida, una palabra de edificación, a un marero, sicario o drogadicto no lo va a cambiar un hombre, solo lo cambia el poder de  Cristo,  en estos lugares hay necesidad de una palabra, necesidad de Cristo», decía mientras se unía a las demandas de los otros familiares de privados de libertad. 

Gaby comentó que el ministerio ha hecho varias peticiones al INP para que los dejen entrar a los diferentes centros penales del país, y así poder darle charlas, cursos y talleres a los reclusos, sin embargo no han recibido respuesta.

Las familias de los pandilleros asesinados en la prisión de máxima seguridad La Tolva esperan en las afueras de Medicina Forense. Este ataque de la pandilla Barrio 18, que fue realizado con AK-47 y granadas de desfragmentación, dejó 3 asesinatos y 30 heridos. Tegucigalpa, 18 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

El apóstol Pablo Gerardo Cerrato de 53 años de edad es originario del Departamento de Olancho y es el pastor de este ministerio que se ha enfocado en brindar apoyo a los privados de libertad, según el mismo Cerrato.

«Pasión por las almas nació en el corazón de Dios en los Estados Unidos, en septiembre de 1997, cuando yo me convertí», dice el apóstol, quien dejó la pandilla Barrio 18 a la cual pertenecía desde que se brincó en Los Ángeles, California, y ahora se llama «un guerrero de Cristo». A las instalaciones de su iglesia las llama «El cuartel general». 

«Me fui buscando el sueño americano a Estados Unidos. Lamentablemente, agarré la puerta ancha, estuve en la 18, empecé a vender droga, a usarla, gané mucho dinero, pero Dios en su misericordia me arrastró y me llevó para New York», cuenta. 

El ahora apóstol dice que en Nueva York lo atraparon, le dieron ocho años de cárcel y allí dentro de la prisión comenzó a hacer ayunos, a rezar y le surgió la idea de crear una iglesia que se llamara Pasión por las Almas. «Y Dios me dijo: «te levanto como punta de lanza para levantar al unigénito de errores en Honduras, vas a ir a lugares donde nadie quiere ir, yo te entrego centros penales, albergues, prostitutas, sicarios, pandilleros, drogadictos, las familias». Con ese sueño llegué en el 2003, deportado a Honduras».

Carlos, el apóstol, comentó que esperó cuatro años para que Dios estableciera su hogar, se casó y ahora tiene dos niños. Fue así como empezó con cuatro guerreros, dice él, su esposa y sus hijos. 

El Ministerio empezó en el centro penal de  Támara, en el centro para menores infractores Renaciendo, y llegaron a evangelizar a policías también, luego salieron a las calles, a los mercados. Ahora están en todos lados, asegura.  

Hechos violentos y repetitivos en las cárceles

Parecía una guerra dentro de la Tolva, el 17 de junio circularon videos desde adentro y desde afuera de las instalaciones de seguridad donde se escuchaba las detonaciones. La portavoz del INP, Digna Aguilar, manifestó que miembros de la Pandilla 18 desde los ventanales del módulo en donde ellos conviven, perpetraron un ataque a los integrantes de la MS-13 cuando se encontraban en las canchas gozando de su hora de esparcimiento.

Aguilar informó que quienes perdieron la vida de manera violenta corresponden a los nombres de Rosman Joel Salgado Solís, Óscar Monge Mendoza y Sergio Pineda Argueta. Extraoficialmente se manejó que eran miembros de la MS-13.

Familiares sacan de Medicina Forense los cuerpos de sus familiares asesinados en la prisión de máxima seguridad de La Tolva. Tegucigalpa, 18 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

En ese sentido, Glenda Ayala, representante del Conaprev,  dijo: «una vez más, hemos podido verificar la vulneración que hay en los centros de privación de libertad, ante el sistema de  autogobierno que impera en los centros penales».

Ayala Mejia afirmó que el Estado debe responder a la sociedad  y decirle qué está pasando, debe aclarar quienes están asignados a la seguridad porque de alguna manera son responsables con lo que está sucediendo en los centros penales.

Según datos del Conaprev, solo en el año 2019,  59 personas perdieron la vida en los centros penales. Los tratados internacionales recomiendan que los centros penales deben ser manejados por personas civiles, puesto que son personas con experiencia, y al Estado de Honduras se le ha recomendado la desmilitarización de los centros de privación de libertad y la desmilitarización de la seguridad pública. 

Desde el 2019 que la junta interventora tomó el mando de los centros penales no ha dado ningún informe en todo este tiempo, denunció la titular del Conaprev que desde entonces ha solicitado los informes mensuales cuya única respuesta es la omisión. 

«Nos hemos reunido con la junta interventora, no nos han dado los resultados que esperábamos, hemos planteado nuestros motivos de preocupación, hemos pedido avanzar con una política penitenciaria con enfoque de género y que tenga por finalidad retomar el orden y el control de los centros penitenciarios», agregó. 

Ayala Mejía dijo que llama la atención cómo en estos centros denominados de máxima seguridad se pueden meter armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y que esto trae la interrogante en manos de quién están los privados de libertad.

El Conaprev le ha recomendado a las autoridades que en vez de policías militares hayan agentes del INP y el sistema ha rechazado la solicitud, en virtud que manifiestan que los agentes penitenciarios  son los que más introducen y trasiegan artefactos a los centros penales. «Tengo más de veinte años trabajando en esta materia y nunca había visto tanto trasiego de armas como las que  veo ahora, esto es una situación de nunca acabar, hoy son unos mañana pueden ser otros», denunció Ayala Mejía.

Ayala es del criterio que en los centros penales hay un sistema de autogobierno, son los coordinadores de los grupos los que dicen quién va al médico, quién come primero y quién después y son ellos los que buscan la forma de traficar con el consentimiento de las autoridades: «En los centros penales no se mueve una hoja sin que la autoridad no lo sepa y sin que ellos no estén confabulados con esto», dijo.

Esta no es la primera tragedia carcelaria en Honduras, en los últimos veinte años, la violencia al interior de las cárceles hondureñas ha dejado como resultado hechos violentos que han marcado la historia del país. Solo en 2003, 69 personas fueron asesinadas en una masacre en la Granja Penal El Porvenir, en el departamento de Atlántida. En 2004, murieron calcinados 107 privados de libertad, en la Penitenciaría de San Pedro Sula

En 2012 ocurrió la más grande, 362 personas murieron asfixiadas y quemadas, en un incendio en la granja penal de Comayagua. Un año después, un tiroteo entre pandillas cobró la vida de  tres personas en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto y un amotinamiento dejó como saldo 13 personas fallecidas en el Centro Penal de San Pedro Sula.

En octubre de 2019, después del juicio contra Juan Antonio Hernández (hermano del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández), Nery Orlando López Sanabria, quien era testigo clave en el caso, fue asesinado al interior de la cárcel de máxima seguridad El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Ese mismo año, pero en el centro de rehabilitación de  menores Renaciendo, cuatro jóvenes perdieron la vida tras una riña entre diferentes pandillas.

En 2019 se registraron más hechos violentos. En la cárcel de La Tolva, un pandillero identificado como Pavel Eduardo Flores, alias «el Sanguinario», asesinó a balazos a cinco reclusos, también se registró  un  amotinamiento en la cárcel de Tela, Atlántida, que cobró la vida  21 privados de libertad y 19 privados de libertad murieron tras un enfrentamiento entre miembros de bandas criminales recluidos en el centro penal de El Porvenir, en La Ceiba, al norte de Honduras.

Ingreso a Medicina Forense de los cuerpos de tres miembros de la MS-13 luego del ataque perpetrado por la pandilla Barrio 18 en la prisión de máxima seguridad La Tolva. Teguciglap, 17 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Para el abogado penalista, Celso Alvarado  estos amotinamientos son un patrón histórico: «Quienes hemos venido dando seguimiento junto al sistema penitenciario sabemos que había un patrón sistemático por parte del Estado y de las autoridades del INP con respecto a permitir que personas bajo su custodia, bajo la tutela y bajo la  protección del Estado puedan perder la vida», indicó.

Afirmó que lo que ha habido es una distorsión a nivel de Estado y una potenciación de los procesos de militarización. Según el profesional del Derecho las entidades de seguridad deben ser eminentemente civiles no castrenses, puesto que la historia de Centroamérica ha demostrado que la violencia en manos de entidades castrenses más que disminuir incrementa y en los centros penales básicamente hay una muestra.

La vocera del INP, asegura que los cuerpos de investigación de inteligencia del Estado están haciendo las investigaciones respectivas para deducir la responsabilidad penal contra las personas que hayan participado en la introducción, filtración o la facilitación de transporte para el ingreso de estas armas de fuego y de artefactos explosivos en la Tolva. 

Alvarado, por su parte, agregó que existen mafias penitenciarias que son alentadas y promovidas por los mismos funcionarios responsables de velar por el respeto a la vida y por los derechos de los demás internos.

Alvarado, indicó que se debe exigir al Estado un proceso de investigación seria e imparcial, para determinar cuáles fueron los factores que originaron las muertes de estas personas en los centros penales, ya que el Estado está obligado a tutelar la vida y la integridad física de estas personas.

Carlos Guillermo Paz,  quien es el director ejecutivo de Cáritas Diócesis de San Pedro Sula, considera que uno de los factores que lleva a las disputas en los centros penales es la sobrepoblación de privados de libertad y que  la concentración de población penitenciaria en establecimientos de máxima seguridad generó una política arbitraria de uso de los traslados como medida disciplinaria.

Paz,  expresó a Contracorriente que entre el 56 % y el 60 % de la población en las cárceles de máxima seguridad no tiene sentencia, con lo cual es prácticamente imposible poder seguir el principio de progresividad. 

Ayala del Conaprev agrega que no hay un buen manejo de quiénes van a los centros de máxima seguridad, destinados a miembros de maras y pandillas. Dice que se ha comprobado por los jueces de ejecución que en los centros de máxima seguridad hay personas que no pertenecen a maras y pandillas y que hay una resolución emitida por la jueza de ejecución de Danlí en donde le ordena al director del INP el traslado de más de 400 personas que no pertenecen a estas estructuras. 

La  concentración de población penitenciaria ha hecho una especie de híbrido porque hay población joven que no tiene nada que ver con pandilla, agrega el abogado Paz.  «Nosotros en Cáritas conocemos varios casos de jóvenes que no tienen relación directa con pandillas. Sin embargo, cuando se les captura los  vinculan con estas bandas delictivas  y lo que hacen las autoridades es que prácticamente están facilitando la colocación de estos jóvenes en la militancia  y ellos terminan aceptado los actos delictivos que se les encomienda. Vemos que en vez de prevenir han terminado favoreciendo la alimentación de estas redes de criminalidad” expresó Paz.

Con respecto a la junta interventora militar que dirige los centros penales,  Paz  considera que de esta no se sabe la finalidad: «muchos nos preguntamos si no estaban allí para borrar  las evidencias del crimen organizado, porque esos asesinatos están vinculados con señalamientos graves de corrupción y de crimen organizado de altos funcionarios en las cortes de Estados Unidos, esta junta en vez de dar respuesta lo único que ha generado son mas preguntas, no puede ser posible que los mismo que investigan estas muertes están señalados en estas cosas», concluyó. 

***

Carlos Cerrato, ex miembro de la pandilla Barrio 18, ahora apóstol y líder espiritual de la iglesia Pasión por las Almas, durante una prédica en el templo —o cuartel general— de la iglesia que dirige. La iglesia Pasión por las Almas realiza visitas a los privados de libertad en búsqueda de su conversión espiritual. Tegucigalpa, 27 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

De la iglesia Pasión por las Almas salen guerreros para Dios, dice su pastor, un hombre que se dice rehabilitado. La entrada de esta iglesia está pintada verde olivo como el traje de las Fuerzas Armadas. 

«La Biblia dice en Mateo 25:31: “estuve en la cárcel y me visitaste”, Hebreos 13:3: “acordaos de los presos”. Visitar a los presos es una orden de Dios. Nosotros sabemos que la cárcel es la penúltima puerta para la oportunidad que Dios le da al hombre para vivir o morir, allí es donde Dios nos manda a predicar la palabra. Usted no le puede decir a un preso de La Tolva: «venga congreguese» , porque no se puede congregar, la iglesia tiene que salir donde ellos».

Cerrato considera que en los centros penales no hay seguridad pero sí sobornos: «Es imposible que un familiar introduzca una arma y el Gobierno no hace ni deja hacer, nosotros antes teníamos día específico para ingresar a los centros penales, ahora tenemos dos años de que no nos autorizan la entrada», reclama. 

El apóstol comentó que su plan es tener un apóstol en todos los centros penales del país a nivel nacional para poder transformar a los privados de libertad: «lo que nosotros queremos es una reinserción», concluyó.

En tiempos de pandemia, la transnacional Delta Apparel despidió a 430 personas trabajadoras, muchas de ellas con enfermedades musculoesqueléticas provocadas por la actividad laboral. Además, otras miles fueron suspendidas sin goce de salario. Mientras los abusos laborales estaban a la orden del día, la Secretaría de Trabajo permaneció cerrada seis meses.

Texto: Allan Bu
Fotos: Martín Cálix

Eran los años noventa y en Honduras había comenzado a expandirse la inversión en la industria textilera o maquila, como se le conoce en el argot popular. En Chamelecón, un poblado sector de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras, la pequeña Sonia había perdido a su madre y padre antes de los 10 años y al culminar su primaria, ella solo pensaba en una cosa: trabajar en la maquila y llevar dinero a casa. 

Tras morir sus padres, la inquieta niña quedó bajo la tutela de Norma, su hermana mayor. Al salir de la escuela sus planes infantiles se estancaron. A los 17 años  comenzó a trabajar en un salón de belleza y por ese tiempo la idea de ingresar a una maquila volvió con fuerza. Y lo hizo. A pesar de ser menor de edad, Sonia consiguió un trabajo en la maquila pidiendo  papeles prestados. «Quería trabajar en la maquila, ahorrar y después tener mi salón, pero una en la maquila se adapta tanto que se va quedando y renuncié a mi sueño de ser estilista», nos cuenta Sonia. 

Luego se casó y nacieron sus dos hijos: Nicole y Javier. Se acostumbró de tal manera al trabajo en la industria textil que permaneció ahí durante 22 años, hasta que en agosto del 2020, en uno de los picos más altos de la pandemia de COVID-19, Sonia fue despedida por la transnacional Delta Apparel, que también terminó los contratos de otros 430 trabajadores y trabajadoras.  

Así como Sonia, la mayoría de estas obreras despedidas tenían enfermedades musculoesqueléticas  provocadas por la actividad laboral, otras estaban embarazadas. Sonia tiene una tendinitis en los hombros, que le provoca dolores muy fuertes. «No creí que aquel sueño se convertiría en pesadilla, porque en eso se ha convertido en vida», nos dice. 

La maquila se convirtió en una de las principales fuentes de empleo para las y los hondureños a partir de la emisión del decreto 37-87 del 7 de abril de 1987, esto constituyó la Ley de Zonas Industriales de Procedimiento para la Exportación, y el decreto 787 del 9 de Julio de 1979, que extiende los beneficios de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés a los municipios de Amapala, Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba. Esto propició el punto de arranque y despegue de la industria maquiladora en Honduras. De acuerdo con datos de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) actualmente en el país operan 328 maquilas. Todo el sector genera 167,462 empleos.

En el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) víctima de un golpe de Estado se dio un histórico aumento al salario mínimo que pasó de 3100 lempiras (128 dólares) a 5500  lempiras (228 dólares), pero los trabajadores del sector maquilero no entraron en esa negociación. Actualmente el salario mínimo de esta industria es diferenciado, de 8843 lempiras mensuales (367 dólares), más bajo que otros rubros en donde el salario mínimo alcanza hasta 12,000 lempiras (497 dólares).

Sonia Perdomo de 40 años trabajó para la industria textil por veintidós años. Cuando el Gobierno hondureño declaró la emergencia sanitaria debido a la expansión de la COVID-19, fue despedida por la trasnacional Delta Apparel. Actualmente lucha por ser reintegrada. En esta foto, Sonia es retratada en su hogar. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Líderes obreras y luchadoras sociales hondureñas sostienen que durante la pandemia —que según cifras oficiales ha dejado 5789 muertes y  222,118 contagios— la población trabajadora sufrió innumerables violaciones a sus derechos laborales sin que esta tuviera una respuesta oportuna del Gobierno hondureño, a través del Poder Judicial y Secretaría del Trabajo.

María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), denunció que tras la llegada de la COVID-19 a Honduras —que obligó a un confinamiento a partir del 16 de marzo— la situación de la población trabajadora «ha sido fatal. La suspensión de labores se hizo sin goce de salario, el Gobierno hondureño aprobó el decreto 33-2020 y lógicamente no lo hizo pensando en las trabajadoras y trabajadores, sino en los empresarios maquiladores», sentenció. 

Mediante ese decreto ejecutivo, el Gobierno hondureño autorizó a las empresas la suspensión de los contratos de trabajo hasta por cuatro meses bajo la perspectiva de salvar empleos. Además, se anunció la creación de un bono solidario de 6000 lempiras (242 dólares) para los trabajadores suspendidos, pagado una parte por el Gobierno y otra parte por la empresa. En el sector maquilero, el Gobierno pagó 3500 lempiras (142 dólares)  y el patrono aportó 2500 lempiras (100 dólares).  

Sin embargo, según la web de la AMH, ellos tienen 328 afiliados, pero no todos se adhirieron al programa del bono solidario. María Luisa Regalado manifestó que 105 empresas adoptaron el programa, pero algunas solo lo pagaron una vez. 

El Gobierno de Honduras invirtió 552 millones de lempiras (23 millones de dólares) en subsidiar el bono solidario de empleado de maquila que había sido suspendido. Este programa duró tres meses, pero no todas las empresas adheridas cumplieron a cabalidad. 

En opinión de Regalado lo ocurrido en Delta Apparel en Villanueva -la maquila donde el sueño de Sonia se convirtió en pesadilla- es una radiografía de lo que pasó en el sector maquilero de Honduras. Contó que en la mencionada empresa, las trabajadoras fueron suspendidas y días después comenzaron a ser llamadas para ser despedidas: «Según la ley, si el contrato está suspendido, su jefe no lo puede despedir», dice la luchadora social.

Durante el inicio de la pandemia, Delta Apparel despidió a 430 personas, la mayoría con padecimientos musculoesqueléticos que se les desarrollaron por su actividad laboral. Villanueva, Cortés, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Agregó que la mayoría de las 430 personas despedidas por Delta tenían enfermedades profesionales o estaban embarazadas: «Las llamaron y las hicieron firmar una carta de renuncia. Fue la condición que se les puso para entregarles el cheque. Las trabajadoras por miedo a perderlo todo, pues firmaron. La Secretaría de Trabajo estaba cerrada». 

No obstante, Regalado afirmó que las violaciones a los derechos laborales se dieron en distintas empresas de la industria maquilera. Relató que en Choloma, una maquila llamada Prime Manufacturing, llamó a trabajar a mujeres embarazadas: «Las ingresaron a trabajar, estaban con síntomas de covid y no las mandaban al médico y seguían trabajando», dice. 

Para la abogada María Elena Sabillón, especialista en asuntos laborales y asesora legal de centrales obreras, durante la pandemia hubo una arremetida significativa contra los trabajadores. Nos dice que en los últimos años el movimiento laboral ha tenido procesos muy difíciles: «ha habido una pérdida de derechos laborales bastante fuerte», señaló. 

A su juicio, la laceración más grave que han sufrido los trabajadores en tiempos del COVID-19 es la suspensión de contratos: «Cuando empezó la pandemia era obvio y a los empresarios les asiste el derecho de suspender, siempre y cuando se apeguen al Código del Trabajo. Las primeras (suspensiones) fueron de 90 o 120 días, pero fíjese usted que a estas alturas (abril) todavía hay trabajadores que se encuentran en proceso de suspensión,  es decir que tienen más de un año de estar suspendidos», sostiene.

En abril de 2020, el entonces ministro del trabajo, Carlos Madero, estimó que unos 450,000 empleados serían suspendidos, según recogió El Heraldo. Esta cifra era casi el 30 % de los empleos que generaba la empresa privada antes de la pandemia, que rondaban 1,5 millones de puestos de trabajo.

Discriminadas y desechadas

Sonia Perdomo está por cumplir 40 años y tiene múltiples afecciones musculares: Una tendinitis en los hombros, una cervicobraquialgia y una hernia. Todo esto fue provocado por la actividad laboral en la maquila a lo largo de 22 años. 

En agosto de 2020, la operaria fue despedida por Delta Apparel, la empresa donde laboró los últimos seis años. Y lo hicieron pese a que ella tenía un dictamen de reubicación laboral debido a sus padecimientos musculoesqueléticos. 

Uno de los deberes de los empleadores dentro de la relación de trabajo es la reubicación de los trabajadores que tienen un dictamen médico, pues el derecho al trabajo se presenta como la premisa fundamental. Esta máxima fue obviada por el sector textil en tiempos de pandemia.

«Llegar a Delta es lo peor que me pudo haber pasado, en todas las empresas donde trabajé hubo algo de explotación, pero Delta es exagerado. La explotación y el estrés laboral que genera esa empresa es exagerado. El ambiente que se vive pone en contra a los mismos empleados. Estas empresas nos hacen creer que somos socios, pero somos trabajadores, siempre se los dije», nos explica Sonia. 

En la fábrica le han dicho que ella ya tenía un avanzado problema de salud porque había trabajado en otras maquilas. Ella sostiene que llegar a Delta fue fatídico. Los primeros dos años fueron difíciles. Ponían a competir a los operarios y Sonia cuenta que hasta había una escala: súper operario, el operario medio y el último. Así empezó a dañarse sus hombros. 

Y también comenzó la discriminación, primero sus jefes inmediatos y luego sus compañeros. Ninguno quería trabajar con ella u otras personas con trastornos musculoesqueléticos.

Sonia nos cuenta que en la pandemia Delta Apparel violó derechos a los trabajadores de diversas formas: «El gobierno les dio luz verde para hacer todo eso. Con la suspensión de garantías constitucionales hicieron lo que quisieron. Nos quitaron las vacaciones, empezaron los despidos masivos (430), entre ellas mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas». 

Delta Apparel pertenece a una corporación de capital estadounidense que tiene operaciones en El Salvador, México y Estados Unidos. En Honduras opera hace más de 23 años. Cuenta con dos plantas: una en Villanueva y la otra en Naco, ambas en Cortés, departamento en el norte del país.

Esta no es la primera vez que Delta Apparel aparece denunciada por violaciones a derechos laborales. En 2017, despidió a 24 trabajadores con trastornos musculoesqueléticos y la empresa fue demandada. 

Pero desde 2011, obreras de varias transnacionales denunciaron amenazas de despido luego que obtuvieron dictámenes de reubicación laboral del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La denuncia fue hecha por la Codemuh, en el portal Honduraslibre.com.

En 2020, la pandemia dio el impulso para despedir a otras obreras más. Patricia Tejada es amiga de Sonia. Fue su compañera en Delta, sufre de una enfermedad profesional y también fue despedida en agosto por la transnacional donde trabajó durante 18 años. Ahora está desempleada y enferma. 

Recuerda que cuando empezó en la maquila lo hizo con todas las fuerzas y entusiasmo, nunca pensó que ganarse la vida terminaría afectando gravemente su salud. Durante 18 años trabajó en el mismo puesto, haciendo el mismo movimiento de brazos: «Pedí que me reubicaran o me cambiaran de operación antes de caer en este problema de salud que tengo ahora, pero nunca fui escuchada», nos dice.

No fue escuchada, pero Patricia sentía temor a represalias si buscaba ayuda profesional. Los dolores se tornaron fuertes y tenía más dificultades para completar su trabajo. Finalmente decidió ir a un médico y luego de realizar radiografías y ultrasonidos le dijo que uno de los brazos estaba dañado y que también se le dañaría el otro

Las visitas al médico se volvieron frecuentes. Esto afectó su productividad y la de su equipo de trabajo. Así que sus propios compañeros se encargaron de discriminarla: «Ella ya no sirve, está enferma o ella ya no funciona», recuerda que le decían. 

No solo fue estigmatizada. Antes que su trabajo le provocara una tendinitis en los hombros, ella ganaba 1800 lempiras (73 dólares), pero luego que fue expulsada de su equipo y comenzó a ir al médico sus ingresos se redujeron a la mitad, pues no llegaba a la meta exigida. En lugar de apoyo recibió una especie de acoso laboral: «Me llevaban a reuniones con los gerentes o con supervisores. Pasé mucho por ataque y fuimos muy discriminadas por estar así. Los compañeros decían “ay no, ella está enferma, tiene dictamen”, se sentía bien feo porque era discriminación de mis compañeros y los supervisores. Era horrible», dice. 

La pandemia, el confinamiento y la crisis declarada fue un escenario propicio para que Delta despidiera a las personas que tienen enfermedades profesionales. Le dijeron que estaban propensas a infectarse del virus: «De ahí se agarraron, no hallaban cómo botarnos (hacer los despidos)», dice Patricia.

El Gobierno hondureño benefició al sector maquilador con un total de 571,944 dólares a cambio de que fabricaran mascarillas y batas quirúrgicas después de declarar el estado de emergencia sanitaria por la expansión de la COVID-19 en el país. Villanueva, Cortés, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

En aras de mantener su empleo, Patricia realizó múltiples tareas y funciones: dobló camisetas, orientó a personal nuevo. No faltaba al trabajo sin justificación. También ayudaba a entregar recibos de pago y planillas a otros operarios: «Ya no estaba capacitada para trabajar en una máquina, pero sí podía ser útil en otras cosas, no obstante para ellos nosotros no servíamos. Si no era en una máquina ya no éramos útiles». 

En tiempo de pandemia recibió la noticia de su despido a través de un listado en redes sociales: «No fue como cuando me contrataron, que me dijeron: “la necesitamos”. Ahorita en pandemia ellos nos botaron como un perro sin salario y sin nada».

Las historias de Sonia y Patricia, son representativas de otras similares que se encuentran en la población trabajadora de la maquila. María Luisa Regalado de la Codemuh sostiene que las obreras y obreros del sector textil han sobrevivido a muchos de abusos y violaciones y de acuerdo con cifras que manejan en la organización que dirige, el 66 % de los empleados de este sector están viviendo con un trastorno musculoesquelético.

«Nosotros tenemos grupos de trabajadoras, por ejemplo de Gildan Activewear, una transnacional canadiense, que despidió a las trabajadoras por tener enfermedades provocadas por el trabajo y lo hizo usando el diagnóstico médico que emitió el IHSS», dice Regalado, quien también hace mención de los despidos realizados en similares condiciones por Delta Apparel. Para entender mejor la naturaleza de un padecimiento musculoesquelético, Contracorriente habló con el médico ortopeda Gustavo Hernández, quien es presidente de la Asociación de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de Honduras y también miembro de la Asociación de Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo. 

El ortopeda explicó que una lesión musculoesquelética es la que ocurre en el aparato muscular y puede tener su origen en diversas razones, una de ellas es la actividad laboral, menciona que existe una gran variedad: «Empezando desde el cuello, hombro, columna dorsal, muñeca, cadera, las rodillas, tobillos, o sea todas las articulaciones y toda parte del cuerpo en la cual se involucre un esfuerzo físico o una postura, puede ser un potencial sitio donde ocurra una lesión», nos explica el doctor.

Aclara que un padecimiento musculoesquelético no puede ser de nacimiento porque en ese caso sería una deformidad o problema congénito: «Ahora, si hay un problema puede desencadenar en una lesión musculoesquelética, esto puede ser causal. Por ejemplo, alguien que nació con una columna desviada y trabaja cargando sacos es más probable que vaya a tener una lesión de columna», explicó.

Para evitar las lesiones mencionadas, el doctor Hernández sostiene que las áreas de trabajo deben adaptarse al ser humano. Esto significa que en un trabajo los mecanismos deben modificarse para que sea adaptable al ser humano: «El problema en todo el mundo, pero más en nuestro país, es que los trabajos no se adaptan al ser humano, es la persona que tiene que adaptarse al trabajo», sostiene.

Menciona que en el sector textil o maquilero hay factores importantes que hacen a los trabajadores más vulnerables, uno de ellos es el volumen de trabajo y otro es el famoso movimiento repetitivo: «Ejemplo, si usted coloca un lápiz en un escritorio, obviamente la primera vez que lo hace no le molesta, pero si le toca hacerlo quinientas veces al día, siente que le duele el hombro».

Comenta que hay industrias que han ido adquiriendo maquinaria para que los trabajadores cada vez tengan que hacer menos movimientos repetitivos: «Hay una que otra que he podido identificar que están invirtiendo en eso, pero hay otras que tienen la máquina desde hace veinte años y no la quieren cambiar. Entonces, el trabajador hace un movimiento repetitivo que al final le generará un síndrome de hombro doloroso, que es una de las patologías más frecuentes en la maquila». 

Y hay casos positivos como el que menciona Miriam Jiménez, presidente del sindicato del Hanen Brands, maquila ubicada en Choloma, quien afirmó a este medio que en la fábrica donde trabaja, para evitar trastornos musculoesqueléticos,  se hacen rotaciones de las obreras y obreros en diferentes operaciones. Esto hace que no se haga el mismo movimiento durante mucho tiempo. Además, contó que todos los días se implementan ejercicios ergonómicos para relajar los músculos: «Esto siempre lo ha tenido la empresa, pero como sindicato vamos luchando por más». 

El doctor Hernández aplaude este tipo de medidas pues manifestó que para disminuir los daños ergonómicos en los trabajadores se debe buscar una solución integral entre empresa, médico y trabajador.

Contracorriente se comunicó con personal de la oficina de Recursos Humanos de Delta Apparel para obtener su versión de los despidos, pero no tuvo éxito. Los mensajes y llamadas no fueron contestados. Tampoco atendió la comunicación el gerente general de la planta Delta Honduras ubicada en Zip Buenavista, donde fueron despedidas las personas que padecían enfermedades musculoesqueléticas.

Los obreros, las pérdida y la desprotección del Estado

Se calcula que durante la pandemia, al menos medio millón de trabajadores fueron suspendidos, muchos sin goce de salarios. En la maquila, los obreros tuvieron que ceder sus vacaciones y días feriados a cambio de los días no laborados después que el Gobierno declaró emergencia nacional.

Evangelina Argueta, dirigente de la Central General de Trabajadores (CGT), opinó que muchas empresas han incumplido sus obligaciones con los trabajadores y otras se han victimizado por la pandemia: «Dijeron: “no podemos producir y por eso no podemos cumplir con esta u otra obligación”, por ejemplo, un contrato colectivo».

Al momento de declararse el estado de emergencia sanitaria por la expansión de la COVID-19, el Gobierno de Honduras entregó más de 23 millones de dólares a 105 maquilas para pagar salarios de empleados durante la pandemia, de un salario de 6000 lempiras, 3500 eran subsidiados por el Gobierno hondureño en calidad de bono solidario como mecanismo de incentivar la producción del sector. Villanueva, Cortés, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

La dirigente obrera habló con Contracorriente en abril de 2021 y aseguró que para esa fecha todavía había personas en sus casas, con alguna enfermedad de base y sin trabajar cuando ya prácticamente toda la industria había entrado en marcha: «esas personas no tienen salario», nos dijo. 

Manifestó que un estudio realizado por la CGT indica que los trabajadores perdieron hasta la mitad de sus ingresos en el año 2020. «Un trabajador está acostumbrado a recibir 52 semanas de salario, ¿cuántos recibió en el año 2020?, quizás el 40 % o 50 %, ¿dónde está lo demás? Además, muchas empresas aprovecharon a pagar incorrectamente los otros beneficios», aseguró. Añadió que han entablado un procedimiento administrativo a nivel de red de maquilas para responder a las demandas de las suspensiones sin goce de salario. Quieren que los patronos paguen a sus empleados los salarios no devengados.

Selvin Enmanuel Peña es miembro del sindicato de Jasper Honduras, maquila que opera en el Zip Choloma. A su juicio es irónico, que en nuestro país, la institucionalidad encargada de ser garante de los derechos del trabajador haya sido la encargada de abrir la puerta para que las empresas hicieran lo que quisieran a sus anchas: «A tal grado que los patronos tienen facultades para mantener suspensiones incluso hasta el 31 de diciembre del 2021», afirmó.

Peña considera que el empresario no perdió. Menciona que la maquila tuvo la oportunidad de producir equipo médico y mascarillas durante la pandemia: «Produjeron a un bajo costo y con menor cantidad de personas, que representa menos en salarios y menos en servicios.  Al final un costo operativo bajo, pero una demanda de necesidad en el resto de los trabajadores extremadamente alta y fuimos ignorados», manifestó. 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, unas 9 millones. Las maquilas del sector textil recibieron un contrato del Gobierno para hacer mascarillas a cambio de 128,000 dólares y batas quirúrgicas, por 443,944 dólares. Las maquilas las fabricarían.

Guillermo Matamoros, gerente general de la AMH, en el centro del país, contrasta su versión con las anteriores: «Fue difícil para todos. Es que son diferentes dimensiones, pero que están relacionadas. La maquila dejó de exportar, durante 2020, mil millones de dólares, pero esa es agua que corrió. Lo importante es recuperar la velocidad que teníamos antes», dijo. Para colocar un ejemplo, Matamoros afirmó que el sector maquilero en abril de 2019 había exportado 234 millones dólares y en el mismo mes en el 2020 solo exportaron 18 millones dólares: «Esto representó el 7 % u 8 % de lo que exportamos el año anterior. Una caída terrible», dice.

Reconoce que la pandemia tuvo repercusiones para los trabajadores: «hubo consecuencias con el empleo porque se tuvo que recurrir a la suspensión. Cuando se cayó (la exportación de productos) no había nada que hacer», explicó, pero también aclaró que en la industria no se han perdido empleos. «Al finalizar el año 2020 había 173,000 empleos, 3000 empleos más de los que la industria tenía en 2019», dijo.

Los derechos y la lucha sindical

La abogada laboral María Sabillón, considera que en la Secretaría de Trabajo hay un colapso y se están tardando mucho en atender las denuncias de los trabajadores o realizar inspecciones a las empresas. Expresó que esa tardanza perjudica al trabajador porque no hay manera de resarcir sus derechos y ellos terminan agarrando lo que les den porque es mucha la necesidad. Además, cree que el Gobierno falló en ejecutar políticas para asegurar el bienestar de los trabajadores que estaban en suspensión.

María Luisa Regalado de la Codemuh relata que la población trabajadora no tenía donde realizar las denuncias de los abusos laborales en pandemia: «¿A dónde  lo iban a hacer?», se pregunta. Es que la Secretaría de Trabajo permaneció cerrada durante seis meses. Las trabajadoras no podían denunciar. «Estoy segura que no está documentado ni siquiera el 50 % de las denuncias. No había dónde hacerlo. Había un correo, nosotros hicimos la prueba, pero nunca contestaron los correos», agregó.

Regalado denuncia que el papel del Gobierno fue proteger al sector empresarial: «Si usted lee el comunicado que emitió en marzo da rabia porque lo que está haciendo es quitando derechos adquiridos, que son irrenunciables. Guardó (El Gobierno) silencio y desapareció para la población obrera, no así para los empresarios», sentenció.

La pandemia hizo retroceder a los trabajadores en cuanto a conquistas y es que la maquila siempre ha sido un sector señalado frecuentemente por abusos laborales. Sin embargo, también hubo avances. Al momento de redactar esta nota, habían organizados 44 sindicatos en empresas en la industria textilera. Hay unos 78,000 trabajadores sindicalizados.

Una obrera de la maquila que carga una rosa por el Día de la Madre en Honduras, en la zona industrial de producción Buena Vista, ubicada en el municipio de Villanueva, compra unos aretes de fantasía en una venta de accesorios a la salida de su jornada laboral. Villanueva, Cortés, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Selvin Peña recuerda que al formar el sindicato en Jasper de Honduras se marcó un antes y un después, pues más allá de lo económico que pudieron conseguir con el contrato colectivo, se logró el respeto al individuo: «Antes el supervisor tenía que hacerse respetar a fuerza de gritos y maltratos psicológicos y verbales. Hemos logrado que la empresa depure muchas áreas que se daba discriminación pues el trabajador que tenía problemas musculoesqueléticos corría el riesgo de ser despedido. Ahora está protegido». 

Matamoros sostiene que con diálogo y un enfoque abierto se ha ido formando más y más sindicatos, y en este momento la industria textil maquiladora es la que más sindicatos crea. Dice que más allá del salario están pensando en guarderías, comisariatos o viviendas.

Miriam Jiménez, es la presidenta del sindicato en Hanes Brands con sede en Choloma, norte de Honduras, sostiene que una de los enfoques esenciales en las organizaciones sindicales es dar información: «es que la mayoría de trabajadores solamente reconocen cuáles son sus deberes, pero muy pocos saben cuáles son sus derechos», dice. 

Opinó que de estos vacíos de información se aprovechan las empresas que siempre informan a sus empleados sobre sus deberes, pero no mencionan los derechos: «De eso nos encargamos los sindicatos. En las asambleas siempre les hablamos a los compañeros de los derechos y qué hacer al enfrentarse en una situación que tenga que defenderse».

Evangelina Argueta de la CGT sostiene que en Honduras el camino hacia un empleo digno todavía es largo pues para hablar de ello el trabajador debe contar con salud, capacidad económica para la educación y tener ingresos para la canasta básica. 

En este camino la dirigente obrera sostiene que también se debe cuidar la estabilidad laboral: «La empresa debe ser sostenible para que el contrato sea sostenible. Y no es que estemos aliados con el patrono, pero así como cuidamos al trabajador también debemos cuidar el empleo», argumentó.

Recuerda que desde hace unos nueve años los obreros han emprendido un camino de denuncias y de hacer que se respete la libertad sindical, pero falta mucho. «Aquí hay serios problemas», nos dice. 

La lucha sindical aún no puede controlar todos los abusos y más en tiempos de pandemia. Esto lo evidencian casos como el de Sonia, despedida de Delta Apparel, junto a 430 personas más. Del total de despedidos solo ella y seis compañeras más han iniciado una lucha por la reintegración.  «Lo que pasa que la justicia aquí es tardía y no digamos ahora en pandemia. Estamos a la espera de llegar a una audiencia y esperamos a que abrieran el Ministerio del Trabajo, todo eso ha ido entorpeciendo nuestra demanda», nos dice Sonia.

Este proyecto fue financiado por la National Geographic Society y elaborado en conjunto por Contracorriente y el RGM Collectivo, integrado por: Juan Mayorga, Tansy Hoskins, Dil Afrose Jahan y Nidia Bautista.

Por Linda María Ordóñez
Foto de portada: Sandra Ruiz


Ya casi finalizamos el mes del orgullo Lgtbiq+ y este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo, un día que tiene la intención de visibilizar la importancia de la lucha contra la Lgtbi-fobia y la reivindicación de la identidad de género y libertad sexual. En Contracorriente nos sumamos al Orgullo 2021 y por eso hemos conversado con personas de la comunidad que nos han compartido sus recomendaciones de series, películas y lecturas para introducirnos en la temática Lgtbiq+.

Dylan Duarte, médico general, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hombre trans, defensor y activista de los derechos Lgtbiq+.
  1.  The  L World es una  serie lésbica estadounidense que se estrenó en 2004, en ese entonces yo era un adolescente y aún no había salido del closet, pero fue la primera serie con temática Lgbtiq+ con la que tuve contacto y con la que también me fui dando cuenta de que yo realmente era parte de la comunidad.Recuerdo que me llamó mucho la atención porque justo en la primera temporada de la serie, Alise —una de las protagonistas que se define como una persona bisexual— conoce a un hombre, por quien siente atracción y con quien comienza una relación, más adelante se muestra de que este hombre es un hombre trans. Justo en ese capítulo, hay algo que no me gusta, pero que considero importante mencionar: se trata de que él es un hombre trans bastante afeminado, lo que me parece bien, pero en la serie lo hacen ver como algo con lo Alise no se siente cómoda y le dice que ella quiere salir con un hombre y no con un «hombre lesbiana».
    El resto de la serie es bastante inclusiva. Más adelante en la segunda temporada, aparece también otro chico trans, pero con la diferencia de que con este personaje sí muestran toda su transición, desde antes, durante, y todo lo que va sucediendo con relación a los cambios que le produce la testosterona y los tratamientos médicos a los que se somete.

  2.  Queer as folk: Esta serie se estrenó en el año 2000, y realmente para esa época era una serie con una temática bastante avanzada porque yo recuerdo que para esos años no se hablaba tan abiertamente del tema de la comunidad Lgbtiq+.Esta serie tiene cinco temporadas y es un clásico Lgbtiq+. Es un historia muy emotiva, cargada de drama y humor, podemos apreciar cómo la historia no solo gira en torno a la vida de los protagonistas, sino también en las ambiciones que tienen otras personas de la comunidad, los propósitos con sus carreras profesionales y las amistades que construyen. Todos viven en la misma ciudad y nos retrata lo que era la comunidad Lgbtiq+ en ese tiempo, sin pedirle disculpas a nadie, sin estar pidiendo permisos, solo mostrando la realidad circundante.

  3. Historias de San Francisco es una miniserie, se encuentra en Netflix y la historia tiene como contexto la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, que por cierto es considerada como una ciudad Lgbtiq friendly entonces hay mucha gente de la comunidad viviendo en esa zona. Básicamente trata de la historia de una mujer que creó una casa de acogida para personas Lgbti, personas a quienes corren de sus casas por ser gay, tal como le sucedió a ella.En esta serie hay un hombre trans también y se ve claramente la diversidad de una persona trans, con esto me refiero a que él hizo su transición, de hecho tiene barba. A pesar de que la gente sabe que es un hombre trans sigue manteniendo el prejuicio de que los hombres trans son heteros y que solamente les gustan las mujeres, este chico viene y cambia todo eso y  al final  también empieza a salir con hombres. Este actor se identifica como no binario en la vida real.

  4. The Fosters, es una serie que produjo Jennifer López, es historia de una pareja homoparental lésbica, obviamente hay otras historias de personajes gays que tienen hijos. 

  5.  Lip Service es una serie británica, corta y de temática lésbica. Tiene dos temporadas nada más y trata sobre un grupo de mujeres queer que viven en Escocia.
Fénix Flores, bisexual, no binarie, activista Lgtbiq+, estudiante de secundaria.

Recomiendo Pose, una serie creada por Ryan Murphy, quien también es el creador de la popular serie American Horror Story. Es una historia que se desarrolla entre las décadas de 1980 y 1990 en la ciudad de Nueva York, y es muy interesante ver cómo nos retrata la manera en que las personas sexualmente diversas se organizaban en familias para ayudarse y apoyarse entre sí, después de ser expulsadas de sus familias biológicas por su identidad sexual y de género. La segunda temporada de la serie nos presenta una etapa que ha sido muy difícil y dura: la pandemia del VIH-Sida, aquí vemos a personas que resultan seropositivos o que viven con el Sida, vemos funerales, manifestaciones de protesta por el uso de anticonceptivos y reivindicación de los derechos de la comunidad.

Pose también nos muestra una sociedad que rechaza, discrimina y violenta a las personas Lgtbiq+, sin embargo vemos cómo en medio de la adversidad crean vínculos y ambientes de protección, de alegría y de cuidados.

Un dato que me resulta importante destacar es que está escrita por miembros de la comunidad que lograron plasmar su pensamiento crítico, sus sentimientos, incluso, sus experiencias personales. También los personajes son interpretados por personas Lgtbiq+, con esto creo que se logra la visibilización de una comunidad que también ha sido discriminada en los diferentes ambientes laborales, para el caso la industria televisiva.

También recomiendo Euphoria, es una serie de HBO en la que su personaje principal es una chica que sale de un centro de rehabilitación de drogas y la historia narra su nueva vida en la que intenta estar libre de su adicción y donde comienza a conocer a nuevas personas. 

En esta serie hay un personaje muy interesante, que por cierto es mi favorito, su nombre es Jules y es una mujer trans. Me gusta el trato que le han dado a su figura, en el sentido de que el ser trans no es el foco de su personaje. Además la muestran como una persona buena, que vive su vida de la mejor manera que puede, con defectos y virtudes, debilidades y aciertos, pero finalmente muy humana y sensible.

Además de ser una historia que trata sobre identidad, drogas, sexo, prostitución, también nos presenta casos de homofobia y cómo puede afectar profundamente la vida de una persona y en realidad de toda una sociedad.

René Díaz, emprendedor social, economista, activista Lgbtiq+.

Me intereso por la investigación y la creación de artículos científicos, y desde esa óptica estoy más involucrado con la lectura y con investigar sobre la diversidad sexual, enfocado en la problemática o en la situación de las personas Lgbtiq+ en la región de América Latina, así que mis recomendaciones son los textos de estudio de Clacso y de la ONU, que justamente son mis favoritos.

En la biblioteca de Clacso podemos encontrar muchos documentos interesantes basados en prácticas y en teorías sobre la diversidad sexual, sobre la discriminación y los desafíos que enfrentan las personas lgbtiq+ ante la salud pública. Como una de mis áreas de especialización está enfocada en los estudios económicos y la involucración de la participación de las personas Lgbtiq+ en la economía, entonces me encanta más este tipo de artículos porque abordan a las personas Lgbtiq+ desde el análisis de los desafíos en los contextos actuales que enfrentamos. 

Me gusta leer textos que estén enfocados en tecnología y en los mercados actuales económicos, porque considero que las personas lgbtiq+ somos más que ese «bicho raro» de la sociedad, con un estilo de vida que va más allá de la moda y de las fiestas, en realidad somos personas muy creativas, dedicadas y comprometidas con nuestro crecimiento personal, y que tiene que ver con innovación y con ese compromiso por ser personas muy dadas a los trabajos, a innovar y a crear cosas. Yo comparto siempre eso con mis amigos y con mi red de contactos porque es importante abordar aquellos temas y otras prácticas que hacemos las personas lgbtiq+ como agentes de cambio en la sociedad actual.

Por otro lado, recomiendo un libro que he leído que se llama Com amor, Simon, de la escritora Becky Albertalli. Este es un libro que hace hincapié en aquellos patrones impuestos por la sociedad, relata la historia de un chico de dieciséis años que es gay y que no conversa con nadie sobre el asunto de la sexualidad, tampoco ve que su orientación sexual sea un problema, porque no le da explicaciones a nadie, pero de pronto comienza a lidiar un poco con algunas inseguridades que le van surgiendo y allí encuentra a un misterioso personaje. Tiene una adaptación en el cine.

Y para finalizar recomiendo en Spotify  Happyland: el podcast gay, un canal en el que se puede disfrutar variedad de pódcast que abordan temas desde el punto de vista de un hombre gay.

Recordá que en Contracorriente hemos creado la sección Voces Diversas, un espacio para hablar sobre lo que vive la población Lgtbiq+ desde su propia voz. En esta sección podés encontrar reportajes e historias contadas en primera persona. También podés enviar tus textos a info@contracorriente.red y contarnos tus vivencias y opiniones.

Cinco millones de hondureños están aptos para votar en las elecciones generales de noviembre, con un terremoto electoral de 15 candidatos a la presidencia. Entre millones de lempiras aprobados para campaña electoral y planes de gobierno sin rumbo, ¿qué puede esperar Honduras de los resultados?

Texto: Laura García

El último domingo de noviembre de este año se desarrollarán las elecciones generales en donde los 14 partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y una única candidatura independiente, buscarán ganar en los distintos niveles de elección popular: alcaldías, diputaciones y la Presidencia de la República. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que para noviembre tendrá como consejero titular al representante del Partido Nacional, (PN), Kelvin Aguirre, aprobó la digitalización de las actas de las mesas electorales, que deberán ser transmitidas inmediatamente a los partidos políticos, medios de comunicación y centro de cómputo del organismo electoral, para intentar despejar la tardanza registrada en las pasadas elecciones, en donde pasaron días sin que se brindaran resultados definitivos.

En las elecciones primarias del pasado 14 marzo, en donde participaron únicamente los tres principales partidos: Partido Nacional (PN), el Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (Libre), hubo múltiples denuncias de fraude en las mesas electorales receptoras. Además, los resultados arrojaron que el partido de gobierno, el PN, continúa sosteniendo un importante caudal de votos. También se reafirmó que Libre continúa sosteniendo su caudal electoral, y el PL, tras la llegada de Yani Rosenthal como candidato, quien llega tras cumplir una pena de tres años de prisión en EE.UU. por participar en un esquema de lavado de activos del cártel de Los Cachiros, derrotó a su contrincante Luis Zelaya, quien había sido el candidato liberal en las pasadas elecciones.

En las elecciones primarias e internas, el pleno del CNE estuvo integrado por Ana Paola Hall como presidenta pro témpore, Kelvin Fabricio Aguire como secretario, Rixi Romana Moncada como vocal, Flavio Javier Nájera y Maximino Germán Lobo como suplentes. Según los resultados publicados en el portal web del organismo electoral, Yani Rosenthal alcanzó 339,001 electores (49.97% del total en el partido liberal), Nasry Asfura obtuvo 681,701 votos (79.12%) y Xiomara Castro de Zelaya consiguió 404, 238 marcas (79.08%). 

Según el analista político, Josué Murillo, Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional y Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación (Libre) son los candidatos con más altas probabilidades de quedarse en la silla presidencial. El Partido Nacional, protagonista de los más grandes escándalos de corrupción en el país,  ha estado en el poder consecutivamente desde el 2010. Libre nunca ha llegado a la Presidencia desde su fundación en el 2011 luego de la crisis política provocada por el Golpe de Estado al expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Estas próximas elecciones generales son cruciales para el rumbo del país, pues, según el analista, son la oportunidad del pueblo para empezar la reconstrucción del Estado de Derecho. Para Murillo en Honduras existe una dictadura con Juan Orlando Hernández a la cabeza, pero que ésta puede ser derrotada con el voto consciente y masivo.

«Un circo nos espera», dijo el analista y también abogado, refiriéndose a las campañas políticas cuyo techo de gastos está estipulado en 544 millones 271 mil  lempiras para el nivel presidencial. En las corporaciones municipales, el presupuesto depende de su electorado. 

Los partidos Nacional y Libre tienen una base de militantes leal y el alcance nacional de ambos es muy grande. Murillo prevé que «el voto duro de cada uno de los partidos asistirá a las urnas, y le dará el voto a su candidato de turno». Sin embargo, luego de la cuestionable legitimidad de las elecciones internas, «la mayoría del electorado no tiene partido político, más bien tiene cierta aversión hacia los partidos tradicionales y están buscando alternativas. La juventud que va a votar por primera vez va a asistir masivamente a ejercer el sufragio y tratar de cambiar el destino del país».  

La preocupación constante de la ciudadanía es el impacto real que tendrá en las urnas una oposición tan dividida. «Divide y vencerás es el lema de los poderosos», recuerda Murillo.

Con los candidatos de oposición tratando de impedir, por separado, que Nasry Asfura del PN llegue a la silla presidencial, las posibilidades de victoria disminuyen, «eso le quita los votos a los buenos candidatos, y desafortunadamente por sus egos desmesurados y el síndrome de la prima donna, no pudieron dejar a un lado sus intereses politiqueros mezquinos y unirse en una alianza amplia de la oposición política», indicó Murillo. 

La sombra del fraude electoral

Por otra parte, la sombra del fraude electoral está sobre estas elecciones, según el sociólogo Asís Castellanos «es difícil asegurar que hay garantía de resultados transparentes porque la institucionalidad del CNE es débil». Honduras está «en un momento de multicrisis y de disputa que marcará la consolidación o no del partido de gobierno», dijo y continuó explicando que el CNE está en la obligación de rendir un proceso transparente a pesar de todos los posibles bloqueos por parte de los partidos políticos en la contienda. 

Más allá de quién gana y quién pierde, el rumbo de Honduras depende de los planes de gobierno que cada candidato pretende ejecutar. No obstante, aún cuando los problemas deben tratarse de raíz, los candidatos aún no han podido desarrollar sus planes y presentar propuestas alcanzables en sus posibles 4 años en el poder. Las propuestas de los partidos, de acuerdo a sus páginas web, incluyen desarrollo del agro e industrias del primer sector económico, construcciones de vivienda, medidas de alivio fiscal, infraestructura para prevenir muertes en caso de desastre natural, leyes de migración, vacunación masiva contra el Covid-19, y una lista con similares promesas.

En cuanto al destino del actual mandatario, Juan Orlando Hernández, señalado como co-conspirador en juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, el analista Josué Murillo cree que podría ser el intento de permanecer en el poder, algo que recientemente el candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, José Eduardo Martell Castro, indicó en su cuenta de twitter. Este panorama, es «totalmente factible y es un escenario que pude prever hace meses», sostuvo Murillo. Sin embargo, asegura que aún si fuese el rostro de Nasry Asfura el que llegase a las papeletas, lo que ocurriría es «la continuación del gobierno de Juan Orlando Hernández». 

Murillo explica que para evitar una crisis como la de 2017, los organismos internacionales y las misiones de observación que envían gobiernos como el de Estados Unidos o la Unión Europea deben trabajar de la mano con la sociedad civil para garantizar que las democracias sean respetadas y que los mecanismos electorales correspondientes funcionen con integridad para que la voluntad soberana del pueblo sea protegida y respetada. «No queremos una comunidad internacional intervencionista que manipule a su favor las elecciones de Honduras, para favorecer sobre todo sus intereses en el plano geopolítico», concluyó. 

Una ley electoral que queda en deuda

La Ley Electoral necesitaba cambios puntuales que no fueron contemplados, que de acuerdo con Murillo eran esenciales, por ejemplo «mejorar la participación de las mujeres y asegurar que el mecanismo electoral tuviera las garantías de transparencia para garantizar la plena participación de la ciudadanía en un ambiente de seguridad jurídica, que no existe en este momento». 

El papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue altamente cuestionado durante las elecciones primarias e internas de marzo. En medio de la manipulación de cámara durante el conteo de votos,  apagones sin motivo y actas presuntamente alteradas en las mismas mesas electorales, la población se mostró incrédula ante los resultados de las urnas. 

Uno de los anhelos manifestados por la población era la contemplación de la segunda vuelta en la recién aprobada Ley Electoral. Sin embargo, una vez más contra la voluntad popular, esta solicitud fue ignorada por los legisladores en el Congreso Nacional (CN). 

Las mesas electorales tendrán 5 representantes, desde presidente, secretario, dos vocales y un escrutador. Tres de los miembros serán pertenecientes a los partidos políticos más fuertes y dos miembros serán de partidos con menos militancia. Esto desató la incertidumbre para los partidos pequeños, nuevos e independientes que estarían en riesgo de no tener representación en todas las mesas electorales, escenario que se presta de nuevo para facilitar un fraude electoral. 

«El fraude no es exclusivo al día de las elecciones, se desarrolla en nodos» comentó el sociólogo Castellanos. «Si revisamos la historia, hay continuidad de ruptura [de la transparencia electoral], es sistemático, lo que demuestra que las estructuras de fraude siguen bien organizadas». Los nodos son las técnicas utilizadas en los meses previos que facilitarían el fraude el día de los comicios, desde tráfico de credenciales hasta inconsistencias en los documentos de identidad del electorado. Aunque este organismo de veeduría electoral está aún consolidándose, pues es el resultado de una reforma estructural del extinto Tribunal Supremo Electoral, «no puede permitirse fallas» , concluyó el sociólogo. 

El Co Director Electoral del CNE, Marlon Ochoa, aseguró que se están preparando internamente para mantener intacta la voluntad del pueblo en las elecciones. Desde el Proyecto Identifícate, y con el proceso de actualización domiciliaria, disponible hasta el 15 de agosto, las autoridades pretenden mitigar el riesgo de inconsistencias. «Para evitar duplicación y falsificación, se está emitiendo el nuevo documento nacional de identificación con control de huella dactilar, se implementaron actas electrónicas, capacitación de las mesas receptoras. Estas disposiciones nos permitirán atacar diversas áreas del fraude para prevenirlo», expresó el representante del CNE. 

Recordando el estallido social provocado por los resultados de las elecciones generales del 2017, «si hay fraude, aunque sea aparente, puede detonar en una conflictividad social muy alta, por eso el CNE tiene una responsabilidad histórica», concluyó Josué Murillo.

El cuerpo de la joven trans hondureña Kaory Cantarero llegará a Honduras dentro de diez días, después de que organizaciones defensoras de derechos humanos en México presionaran al consulado hondureño en ese país para permitir los trámites de repatriación. Kaory se fue de Honduras hace diez años, después de que fuera amenazada de muerte por la banda de Los Olanchanos en San Pedro Sula.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías cortesía de La Casa de las Muñecas


El pasado martes a las 3 a. m. se reportó el fallecimiento de la hondureña Kaory Cantarero, una joven transgénero, de 27 años, tras sufrir un ataque cardíaco en una calle de la Ciudad de México.

La madre de Kaory, Gloria Esperanza Regalado, de 46 años, quien reside en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz en España desde septiembre de 2018, atendió una llamada telefónica a Contracorriente y reveló que Kaory se marchó de Honduras a sus 17 años porque fue amenazada de muerte: «La estaban amenazando miembros de la banda de Los Olanchanos, quienes ahora ya no existen porque los mataron».

Kaory creció en la colonia Sandoval Puerto, del sector Satélite de San Pedro Sula, pero huyó de Honduras en el año 2011. Precisamente los asesinatos registrados en los años 2011 y 2012 llevaron a San Pedro Sula a ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo durante dos años consecutivos. San Pedro Sula reportó el año 2012 una tasa de 169 homicidios por cada 100,000 habitantes, por encima de ciudades como Acapulco, México, que ese mismo año registró 143 homicidios por cada 100,000 habitantes, y Caracas, Venezuela, que ocupó el tercer lugar, con 119 asesinatos.

Entre junio de 2009 y marzo 2020 se registraron 111 transfemicidios en Honduras. Las edades de las mujeres asesinadas van de los 12 a los 34 años de edad, según el informe sobre muertes violentas de la comunidad LGTBIQ+, de la Red Lésbica Cattrachas.

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Kaory no encontró en Honduras un contexto social que la aceptara, contrario a eso fue estigmatizada y expulsada por fuerzas fácticas, específicamente bandas del crimen organizado y narcotráfico, que ejercieron violencia psicológica contra ella, ya que, según el testimonio de sus parientes, los criminales que gobernaban su barrio no estaban de acuerdo con que ella se identificara como mujer Trans.

Ya en México, Kaory trabajó durante nueve años como trabajadora sexual, tiempo en el que su familia no tuvo noticias de ella. Debido a que migró sin documentos de identidad, no pudo cambiarse el nombre en México. Su nombre, Jorge Luis Cantarero, salió a luz para los trámites de repatriación.

Kaory, a pesar de la distancia y de los amargos recuerdos de Honduras, siempre tuvo su pensamiento en su familia. En sus últimos años de vida cayó en una profunda depresión tras enterarse que en su colonia natal habían asesinado a su hermano menor, de apenas 15 años, ultimado en el inicio de la pandemia.

Gloria, quien es madre de nueve hijos, agrega que ella también tenía miedo de esa banda y que Kaory le había confesado de esa amenaza en confianza: «Yo no pude decir nada. Tuve que quedarme callada», revela.

Gloria explica que ella, al igual que Kaory, decidió marcharse de Honduras. Tomó sus maletas y se marchó a España el 18 de septiembre de 2018 porque no encontraba trabajo: «El papá de mis hijos a veces trabajaba y a veces no. Me vine para acá para darle algo de comer a mis hijos. Pero mi estadía en España no ha sido nada fácil, esto ha sido muy difícil la verdad».

Gloria explica que Kaory se fue en un bus hasta la frontera con Guatemala. Posteriormente pidió aventones hasta llegar a México, abordando vehículos tipo rastras. Se enteró, posteriormente, que Kaory caminó varios tramos hasta que llegó a su destino final. «Yo no sabía que se había ido. Me di cuenta hasta que estaba en México y me llamó desde allá. Cuando conversamos, me enteré que ya tenía tres meses de estar en México», recuerda. «Le pregunté por qué se había ido, me dijo: «acordate de lo que te conté». Tuve comunicación solo dos veces y luego pasaron nueve años de largo silencio», sostiene.

Cuando Kaory retomó las conversaciones con su madre, esta le explicó que vivía en una casa hogar: «Me decía que estaba bien: «mami estoy bien, estoy con mis amigas. Usted sabe que yo ando en cosas buenas. Sí, tomo alcohol y salgo a la calle, pero lo hago porque me gusta”», expresa.

«Me habían dicho una semana antes que mi hijo estaba convulsionando. Pero no sabía si lo habían llevado a algún médico. Solo me decían que estaba convulsionando. Yo preguntaba que por qué no lo llevaban al médico, y solo me decían que mi hijo (Kaory) estaba abusando del alcohol», explica. Gloria afirma que esta semana la llamaron diciéndole que a Kaory le había dado un paro cardiorrespiratorio. 

Foto cortesía de La Casa de Las Muñecas en el velatorio de Kaory en Ciudad de México.

Proceso para la repatriación

«Yo quiero que lo manden para Honduras porque allá están todos sus hermanitos. Allá está también su hermano, el hijo mío al que asesinaron», explica Gloria.

El adolescente José Luis Cantarero, de 15 años, fue asesinado el 22 de marzo de 2020 en su lugar de residencia, la colonia Sandoval Puerto del sector Satélite de San Pedro Sula. «Se supo quién lo mató. Pero nos amenazaron y nos pidieron que no dijéramos quién lo había hecho, porque si no nos iban a matar a toda la familia. Pero ya a esa persona, Dios le puso castigo y también lo mataron».

Gloria cuenta que a su hijo lo mataron por robarle una bicicleta. «Es una zona muy peligrosa. Le juro que quisiera traerme a mis siete hijos (tres hombres y cuatro mujeres) para España. Mis hijos no es que aguanten hambre allá, porque la verdad yo les ayudo, pero tengo miedo de que me les pueda llegar a pasar algo porque con una cosita los están matando. Honduras es un país en donde no hay nada. Ese país está muy mal. Aquí en España se respetan los derechos», apunta.

Kenya Cuevas, activista trans, directora de La Casa de las Muñecas, se hizo cargo de los trámites de repatriación de Kaory. La activista mexicana le cuenta a Contracorriente que el proceso de repatriación fue aceptado después de que se hiciera presión política para que el consulado de Honduras en México pusiera cartas en el asunto.

«Ya logré la repatriación. Se inició el trámite hoy. En diez días estará llegando el cuerpo a Honduras con la funeraria que se contrató. La tuvimos que contratar porque el cónsul hondureño no quiso cubrir el gasto», revela Cuevas.

Agrega que Kaory fue desplazada por la violencia en Honduras y desafortunadamente esta cayó en una situación de vulnerabilidad una vez radicada en México. «Ella murió el martes a las tres de la mañana. Desde entonces comenzamos a solicitar el cuerpo, porque sabemos, como organización, que no se investiga nada, y como Kaory no tenía ningún documento entonces no la iban a repatriar».

La activista trans manifiesta que el consulado hondureño accedió a realizar los trámites de repatriación porque hubo toda una presión política en México. «La organización internacional Cruz Roja es la que va a realizar todo el trámite de la repatriación y no lo va a hacer el consulado. El consulado se suma a los trámites y a regañadientes», cuenta.

Gabriel Rubio, cónsul de Honduras en México, en una llamada telefónica con Contracorriente aseguró, de forma muy escueta: «sobre el caso de la persona fallecida de hecho ya estamos trabajando en la repatriación de ella». Luego, cortó la llamada.

Sobre Kaory, Kenya cuenta que era una persona muy conocida. «Era una mujer muy tranquila, solidaria, con carisma, muy bonita y le caía bien a todos. Gran parte de la comunidad trans se han venido a presentar a su funeral con respeto para poderla acompañar. Hace un año que tuvo la pérdida de su hermano, al que mataron allá en Honduras. Ella como que se decayó y se comenzó a clavar en el alcohol. Y bueno, pues, eso la llevó nuevamente a una situación de calle», sostiene.

La activista trans explica que Kaory, previo a su fallecimiento, había sido rescatada de su situación de calle e ingresada a La Casa Hogar Paola Buenrostro, un sitio para personas trans. «Desde esa instancia que estuvo en el albergue estuve acompañándola psicológicamente, educativamente y jurídicamente. Pero ella egresó del centro el 29 de agosto de 2020 y quedó nuevamente en situación de calle, y todos estos meses que estuvo afuera la llevaron a perder la vida».

Kenya manifiesta a Contracorriente que la discriminación que se genera hacia personas trans hondureñas en México es impresionante. «Imagínate que hay discriminación contra personas hondureñas migrantes que no son trans, pero ya una persona trans, con situación de calle y que ejerce trabajo sexual, la discriminación se vuelve impresionante. La violencia es estructural, pero se aumenta cuando son personas trans».

La directora de La Casa de las Muñecas en México manifiesta que en su organización tienen a cinco personas hondureñas, que viven en un país como México que igualmente es hostil. «A nivel internacional México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio. El 60 % de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual por falta de oportunidades. La violencia es estructural, institucional y social. Luchamos contra esto a través de denuncias. Pero nuestra mayor venganza es que seamos felices», concluye.

Don Pastor Cantarero, padre de Kaory, aseguró a Contracorriente que no conocía muy bien el proceso de repatriación y que estaba a la espera de noticias. «Mi hijo murió en México. Dicen que lo van a mandar para acá».

Por Teddy Baca


Honduras tiene una deuda enorme en materia de derechos humanos de personas LGTBIQ+, y el tema de la salud no es una excepción. Es oportuno hablar sobre los intentos de algunos profesionales e instituciones religiosas de usar y promover lo que han denominado como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (Ecosig).

Los Ecosig son una serie de procedimientos que intentan convertir a personas gays, lesbianas y bisexuales en heterosexuales y personas transgénero en cisgénero. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Clasificación internacional de enfermedades (CIE), publicada en 1990, ya no considera a la homosexualidad como trastorno ni tampoco la transexualidad a partir de 2012, existen entidades religiosas y «clínicas» que siguen promoviendo esta visión que patologiza a las personas sexualmente diversas y cree tener la «cura», ejemplos son la National Association Research and Therapy of Homosexuality (Narth), Focus on The Family, y en latinoamérica el Centro de Restauración de Homosexuales de Perú y centros clandestinos como algunos que operan en Ecuador y México.

En Honduras conozco psicólogos y ministros religiosos que siguen patologizando la homosexualidad y creyendo que esta puede ser modificada. Recuerdo que en una ocasión me contaron que en una universidad de Tegucigalpa, en la carrera de psicología, una profesora se refirió a los homosexuales como «neuróticos», esto me pareció lamentable sobre todo viniendo de una persona que forma a futuros profesionales. Aún con el criterio científico que objeta estas creencias, en ninguna parte de Honduras se dice abiertamente que hay personas que practican los Ecosig, y es difícil de saberlo y demostrar con certeza quienes son.

Hasta la fecha el Colegio Médico y el Colegio de Psicólogos no se han pronunciado contundentemente sobre el tema, al menos no públicamente. Sería un gran logro y de mucho beneficio para la comunidad que estos colegios hicieran comunicados directos y accesibles al público en los que se manifieste que la población LGTBIQ+ no está enferma, no puede, ni requiere cura. Pero que sea posible parece un sueño.

Según el principio 18 de Yogyakarta, sobre la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual o la identidad de género, «ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, en base a su orientación sexual o identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas». Sin embargo, líderes religiosos y otras personas conservadoras antiLGTBIQ+ mantienen el discurso de que «hay que permitir a la gente que desea cambiar, hacerlo».

Los métodos tienen una alta tasa de fracaso, Shidlo y Shroeder, investigadores y críticos de los Ecosig, en 2001 y 2002 revisaron casos de personas afectadas en Estados Unidos (EE. UU.), la mayoría de la gente consultada no reportaba cambios, pero sí había una considerable cantidad de usuarios con secuelas psicológicas como depresión y ansiedad. Quienes dijeron que «lograron cambiar» en realidad trataron de encubrir su doble vida donde sí practican sexo homosexual, además hubo casos donde seguían admitiendo sentir atraccion hacia el mismo género.

Por otro lado, Joseph Nicolosi (fundador de la Narth) y Richard Cohen (escritor del polémico libro Comprender y Sanar la Homosexualidad), fuertes defensores de los Ecosig, alteran sus investigaciones al seleccionar muestras manipuladas, a menudo con gente que tiene una fuerte presencia en iglesias y no del público general, varios de los casos de supuesto éxito que mencionan defensores de estas prácticas también se les ha descubierto manteniendo una sexualidad clandestina en bares y saunas.

Robert Spitzer, quien fuese pilar clave en la despatologización de la homosexualidad por la Asociación Americana de Psicología, en 1975, temporalmente había estudiado el aparente éxito de las terapias de conversión en las que se jactaban de «cambiar» la sexualidad de homosexuales, cuando en realidad lo único que hicieron fue reprimir la conducta sexual homosexual de hombres bisexuales, esto mencionado por él mismo poco tiempo después.

Yaaj México (organización de trabajo comunitario juvenil y de incidencia política) y Naciones Unidas critican a los Ecosig por mantener un estigma patologizante hacia las personas LGTBIQ+, además de que su uso en menores resulta  una práctica de maltrato y abuso, estas situaciones llevaron a Argentina, a veinte estados de EE. UU., a Brasil y próximamente a Alemania, a prohibirlas. Antiguas organizaciones que practicaban los Ecosig han cerrado y pedido disculpas, como es el caso de Exodus en EE. UU., hace casi ocho años.

¿Qué motiva a los usuarios de los Ecosig?

Los menores de edad no se motivan, son obligados (en la web abundan testimonios y denuncias), esto también ha sido mencionado por Naciones Unidas, por Yaaj México en la Guía Nada que curar, por la Organización Just The Facts, incluso por algunos maestros y padres de familia. Es terrible, pero también es real que organizaciones como la Focus On the Family hace campañas para presionar a los padres de familia a recurrir a estos métodos para «buscar ayuda» en caso de tener hijos LGTBIQ+.

Los adultos que son obligados, casos como en Ecuador, donde clínicas clandestinas supuestamente orientadas al tratamiento de adicciones, retenían personas contra su voluntad, eran torturadas con fármacos que inducen náuseas, con violaciones correctivas, agresiones físicas y verbales.

Los adultos «motivados» a participar suelen tener una visión prejuzgada de la homosexualidad e identidad de género, a menudo por creencias como la religiosa fundamentalista, tal como sugieren Tozer y Hayes, en el reporte Why Do individuals seek conversion therapy?, realizado en el 2004.

Por otro lado, el Informe de Feldman y Mculloch de 1971, dos antiguos terapeutas de la línea conductista, se jacta de haber suprimido la actividad sexual homosexual del 51 % de sus participantes, no solo no hizo un muestreo objetivo, también no realizó seguimiento más alla de un año, cabe destacar también que el hecho de reprimir conductas observables no significa haber cambiado la atracción, dejar de tener sexo no significa dejar de ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual, sus terapias aversivas en las que emplearon elestrochoque son cuestionadas por la ética, estas son muy prejudiciales para el cerebro y su efecto puede causar daños severos permanentes.

Sumando a la lista de personas que apoyan los Ecosig, tenemos a un sector de radicales transexcluyentes que creen que la teoría feminista «cura la disforia» y por tanto la identidad trans, pero la disforia no se trata así, y la identidad trans tampoco  es un trastorno o sinónimo de disforia, en la CIE-11 se aclara que la condición relacionada a la salud y disforia, es un tema separado, este discurso daña a personas trans y sin duda al colectivo feminista.

La Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Pediatría rechazan los Ecosig, y consideran que los terapeutas que tengan conflictos morales con la diversidad sexual deben referir a las personas LGTBIQ+ que acudan a sus servicios a otros profesionales que sí tengan la capacidad de atenderlos sin prejuicios o ideas patologizantes sobre las mismas.

Las personas LGTBIQ+ que han manifestado sentimientos de culpa y autocondena (que aprendieron de parte de una sociedad discriminatoria como la nuestra) necesitan un servicio de salud de calidad, que les ayude a amarse y lidiar con el estrés, no que les refuerce la idea de que están mal y que necesitan cambiar.

Como reflexión final, creo que el Estado de Honduras tiene el deber de prohibir el uso y promoción de estas prácticas (también el gremio médico y de psicólogos) no solo por ser un fraude dañino, también por perpetuar el odio, que a menudo se gesta en las familias y por tanto vulneran las infancias LGTBQ+ y a todos sus miembros.

Referencias

  • (2019) Clínicas de deshomosexualización, el terror impune de Ecuador, 17 de junio del 2021, a las 16:52 hrs.
  • Feldman, M. P., & MacCulloch, M. J. (1971) Homosexual behavior, Oxford
  • Shidlo, A. y Schroeder, M. (2002). Changing sexual orientation: A consumers’ report. Professional Psychology: Research and Practice, 33, 249-259.
  • Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades 11ra edición/ Organización Mundial de la Salud.
  • Tozer, E. E., & Hayes, J. A. (2004). Why Do individuals seek conversion therapy?: The role of religiosity, internalized homonegativity, and identity development. The Counseling Psychologist, 32(5), 716–740.
  • YAAJ México. (2020) NADA QUE CURAR: Guía de referencia para profesionales de la salud mental en el combate a los ECOSIG.

El pasado 3 de junio se anunció la creación del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), como parte de los esfuerzos de una decena de organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador, para luchar contra una de las mayores problemáticas de la región, coincidiendo con el discurso del Gobierno de Estados Unidos que conduce a una aparente «guerra contra la corrupción» para frenar la migración hacia ese país.

Por Fernando Silva

Un total de 11 organizaciones de sociedad civil establecidas en Guatemala, Honduras y El Salvador anunciaron el pasado 3 de junio la creación del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), como un esfuerzo para «luchar contra dos de los grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región», según información de su página web.

La creación de esta iniciativa se da en un contexto en el que en menos de tres años han sido disueltos tres mecanismos anticorrupción impulsados en estos países por instancias internacionales: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y el pasado 4 de junio ­ —justo un día después del anuncio de la CCINOC— el Gobierno de Nayib Bukele decidió finalizar el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

«Todas estas organizaciones están haciendo un trabajo de combatir a la impunidad, pero se sienten bastante aislados sin mucho apoyo y en muchos casos amenazados y aislados por los propios gobiernos, así que en este contexto en el que los gobiernos cerraron estas organizaciones multilaterales, la sociedad civil buscó trabajar en conjunto para continuar y apoyarse», explicó Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de Seattle International Foundation (SIF) que también forma de la iniciativa y será el soporte económico de la misma en el principio de sus operaciones.

Olson comentó a este medio que, aunque desde la CCINOC no pueden fungir como fiscales y acusar penalmente a los culpables de la corrupción, continuarán con las labores de investigación, pero ahora potenciados por el trabajo conjunto de los tres países para elaborar informes que se tendrían que pasar a las fiscalías especializadas y pedirles que procedan. Además, una de las metas puntuales de la CCINOC sería establecer acuerdos formales de colaboración con las fiscalías del norte de Centroamérica.

«Queremos que esta investigación sirva a los gobiernos y ciudadanos de los tres países, el objetivo es empoderar a los ciudadanos. Además, sentimos el deber y necesidad de mantener informada a la comunidad internacional, al Gobierno de Estados Unidos en principio, pero también de Canadá y gobiernos de Europa que tienen presencia en la región y les interesa lo que está pasando», aseguró Olson.

En el caso del CNA, la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva de esa organización, explicó que a pesar de la limitante que representa no poder ejercer acción penal, han solicitado que el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), tenga participación en las investigaciones para que los casos de corrupción que se pasen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se entreguen con todos los estándares necesarios para proceder a las investigaciones criminales.

La eliminación de instancias multilaterales de combate a la corrupción ha coincidido en estos países con el debilitamiento de la institucionalidad, en el caso de Honduras en parte por los señalamientos de narcotráfico que ha recibido el actual presidente en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde su hermano fue juzgado por delitos relacionados con narcotráfico; sumada a la situación de El Salvador donde según Jonathan Menkos Zeissig, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), «el proceso de deterioro de las instituciones de justicia y persecución penal ha sido más rápido que en Guatemala y Honduras».

Zeissig amplió mencionando que este proceso tuvo su momento más álgido a partir del pasado 1 de mayo, con la conformación de una mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de ese país, promoviendo cambios ilegales, de magistrados y el fiscal general, así como la cancelación del convenio de cooperación con la Cicies.

«En los tres países el discurso oficial anticipa la asfixia de las organizaciones sociales que dan seguimiento al quehacer del poder público, en particular, aquellas que luchan contra la corrupción y la impunidad», asegura.

Por otro lado, Olson reconoce que habrá momentos de incomodidad por parte de los gobiernos hacia el trabajo que la CCINOC realizará, pero que ahora la diferencia es la independencia con la que cuentan, y aseguró que «desde la sociedad civil vamos a hacer las mismas cosas que las organizaciones hacen, se sentirán incómodos, pero no tenemos acuerdos para poder existir».

Estados Unidos contra la corrupción

En el lanzamiento de la CCINOC participaron Ricardo Zuñiga, enviado especial para el norte de Centroamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien estimó que en la región se pierden por la corrupción 13,000 millones de dólares cada año; y Heide Fulton, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó su intención de que «los pueblos de Centroamérica sepan que estamos del lado de las víctimas de la corrupción, no del lado de los que se benefician de ella».

Estos representantes del Gobierno estadounidense se sumaron al respaldo que miembros de la Unión Europea y Canadá dieron a la iniciativa, sin embargo, la participación particular de Heide Fulton que, en 2017 —durante las elecciones en las que bajo señalamientos de fraude electoral resultó ganador Juan Orlando Hernández— ostentaba el cargo de encargada de negocios, generó incomodidad en otros activistas y miembros de sociedad civil.

Ese es el caso de Ismael Moreno, activista de oposición y sacerdote de la iglesia Jesuita en Honduras, quien manifestó en su cuenta de Twitter que para que la lucha contra la corrupción sea efectiva Fulton debe reconocer su «aval activo a corruptos y fraude electoral», así mismo señaló a ASJ, pidiendo que aclare el «estrecho respaldo y convivencia con la administración de Juan Orlando Hernández».

Ante estos señalamientos Olson aclaró que la CCINOC no representa al Gobierno de los Estados Unidos y que aunque hay diferencias entre organizaciones de sociedad civil «han tenido la madurez de ver que el problema de la corrupción es mucho más allá de lo que hemos podido hacer y estamos dispuestos a trabajar en conjunto», además asegura que dentro de esta iniciativa no se está buscando justificar las acciones del Gobierno de Juan Orlando Hernández, por lo que las acciones de Fulton quedan a criterio de ella misma.

«Venimos desde diferentes perspectivas, pero lo fundamental y lo que nos une es el trabajo en contra de la corrupción e impunidad», aclaró, y recalcó el hecho de querer mantener independencia política para poder ejecutar las acciones que crean de mayor relevancia, aunque también creen que otras iniciativas pueden sumarse al trabajo en estos países de forma independiente, como la anunciada Fuerza de Tarea en contra de la corrupción del Gobierno de Estados Unidos que anunció Kamala Harris, vicepresidenta de ese país, en su visita a Guatemala y México el pasado 7 de junio, donde también avisó a los migrantes centroamericanos que no eran bienvenidos en ese país.

Y es que el lanzamiento de la CCINOC ha coincidido con el anuncio de dos proyectos del Gobierno estadounidense para detener la migración en la región: la creación de un grupo de trabajo anticorrupción con apoyo del Departamento de Estado y de Justicia, donde participarán fiscales y expertos estadounidenses para investigar y procesar casos de corrupción de los países del Triángulo Norte y el financiamiento de 24 millones de dólares por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para ayudar a encontrar soluciones en los temas de migración, elecciones y corrupción.

La congresista Norma Torres también destacó que la creación del Centro contra la Corrupción es un esfuerzo del pueblo para recuperar sus países y también vinculó sus posibles resultados a la disminución de la migración en la región.

«Están cansados de que lo más valioso, sus hijos, se vayan cuando sus gobiernos les niegan oportunidades de una buena vida. He pasado argumentando y comprobando que no podemos confiar solo con las acciones de esos tres gobiernos para combatir la corrupción», subrayó.

La impunidad sigue su curso

El pasado mes de abril el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, fue absuelto de cuatro delitos de malversación de caudales públicos y tres de violación a los deberes de los funcionarios, referentes a uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país, de esa misma forma otro de los implicados, el exviceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, supuesto responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras fue excarcelado.

Además, una investigación de Contracorriente ha revelado cómo Lena Gutiérrez, exvicepresidenta del Congreso Nacional, logró salir absuelta junto a tres de sus familiares al desligarse legalmente de la empresa que vendió pastillas adulteradas a la Secretaría de Salud, a pesar de que esta familia mantuvo una relación estrecha con la empresa a través de sociedades constituidas en Panamá.

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En ese contexto el abogado Joaquín Mejía en una entrevista con Radio América manifestó que «tiene que ser la Sociedad Civil la que luche contra la corrupción, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial muestran incapacidad para llevar a cabo esa lucha y dar con los grandes cabecillas de las estructuras criminales en los actos de corrupción».

«Es decir que estamos hablando que la corrupción en Honduras es realizada por una estructura criminal, pero hasta el momento ni el Ministerio Público, ni La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue capaz de llegar a los peces gordos».

En el transcurso de este mes también se espera la publicación de la Lista Engel aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 22 de diciembre de 2020, en el artículo Algo más que la lista Engel: una ley para limar las esquinas rotas del triángulo norte se señala que esta ley identificará a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que se determine han estado involucradas en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas o que hayan participado en actos graves de corrupción o de obstrucción a la investigación. A las personas de esa lista se les impondrán sanciones que incluyen el retiro de la visa o el ser declarado no elegible para obtenerla así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio.

Esta lista emitida por el Gobierno de Estados Unidos se ha convertido en la gran esperanza de los ciudadanos del norte de centroamérica para que los corruptos reciban un castigo ante la ausencia de justicia en sus países, y representaría una acción concreta alrededor de la retórica del Gobierno estadounidense y su nueva guerra contra la corrupción.

Estamos ante un nuevo proceso electoral, después de una crisis política extendida desde el golpe de Estado de 2009 y agudizada en 2017 con la reelección inconstitucional del presidente Juan Orlando Hernández. La maquinaria clientelista de los partidos mayoritarios, sobre todo del Partido Nacional —que ostenta el poder— está activa, mientras la población hondureña enfrenta una grave crisis económica y social después de la pandemia por COVID-19 y las tormentas que devastaron la zona norte del país. 

Para la mayoría de la población, democracia equivale a la marca que cada cuatro años se hace en unas papeletas plagadas de caras y logotipos. Un acto antecedido por meses de campaña electoral que significa mucha publicidad, letreros, canciones, concentraciones, apasionados discursos y por supuesto, confrontaciones por defender quién es mejor, quién tiene la solución mágica para todos los males de la sociedad.

Honduras transitó de una incipiente democracia a finales de la década de 1990 a la autocracia electoral sostenida por una clase política corrupta y criminal después del golpe de Estado de 2009. La democracia fue desterrada muy rápido, cuando daba sus primeros pasos: la reforma que quitó de manos de los militares las instancias de investigación y justicia, los procedimientos institucionales y las normas para unas elecciones libres y transparentes. 

Pero después del golpe de Estado, los retrocesos son evidentes y la democracia solo fue un sueño que no pudo ser. De ella solo sobrevivió el proceso electoral que se realiza cada cuatro años, las elecciones incluso se presentaron como salvación cuando Honduras era condenado por romper el orden constitucional. Pero este acto de votar es el único ejercicio que conoce esta población sobre democracia, porque el resto de los días, meses y años, todas sus energías se invierten en la sobrevivencia: la rebusca.

La democracia es un sistema político, un conjunto de normas e instituciones orientadas a garantizar la libertad, el acceso a la justicia y a un conjunto de beneficios sociales como la educación, la seguridad, la recreación, la salud, los derechos básicos que hacen posible la convivencia social en paz y el desarrollo para todas las personas. No se trata solo de elegir cada cuatro años y no se trata tampoco del slogan simplista de que «Democracia es el poder del pueblo». Se trata de un sistema que preserva esas garantías más allá de las personas —y sus delirios—. Una democracia se vive, se experimenta en el día a día de la población. Esos derechos y certezas se traducen en expectativas de vida decididas en libertad y en oportunidades que, al menos frente a la ley y las instituciones públicas, son lo más igualitarias posible. 

Cuando nada de eso existe, entonces aparece la rebusca. Cualquier persona en Honduras sabe que la rebusca es la capacidad de imaginar y llevar a cabo cualquier hazaña para lograr el 1.25 dólares o los 30 lempiras diarios que definen la pobreza, esa en la que vive más del 60 % de la población del país. Todo se vale en la rebusca, y la democracia es un lujo muy lejano de esa realidad, tan lejano, que resulta hasta ofensivo.

Los dos partidos tradicionales del país tienen una larga historia de violencia y corrupción, y el nuevo en el barrio electoral llegó en un momento en que la maquinaria autocrática ya estaba en marcha. ¿Qué hace posible que una ciudadanía sumida en la rebusca vote cada cuatro años? 

Primero, aceptemos que no toda la población vota. El abstencionismo pasó del 35 % en 2001 al 50 % en 2009. En 2013, la entrada de nuevas opciones partidarias explica un descenso del abstencionismo que presentó el 39 % y aumentó al 42 % en las elecciones de 2017. Pero ¿qué moviliza al resto?

Sin duda hay un porcentaje incalculable de personas que votan por convicción y lealtad partidaria. Un entusiasmo extraño dada la abrumadora evidencia sobre la corrupción y vínculos criminales existente en candidatos y partidos. La identidad política es emocional, similar a la identidad que se construye tradicionalmente con un equipo de fútbol que, aún en sus peores momentos, se le alienta sin cuestionamiento.

Si bien no hay un consenso entre los académicos sobre cómo definir el clientelismo, sí han sido evidentes sus consecuencias. En el Oxford Handbook of Political Science, Susan Stokes identifica que el clientelismo político frena el desarrollo económico, invalida la democracia y permite que los dictadores se mantengan en el poder por más tiempo. Se frena el desarrollo económico porque disuade a los gobernantes de proveer bienes públicos y reforzar la pobreza y dependencia de la población. Invalida la democracia al socavar la equidad en el ejercicio del voto permitiendo que algunos votantes usen su voto de forma legítima y otros lo hagan a cambio de beneficios en forma de pagos. Finalmente, mantiene en el poder a dictadores al permitir que se realicen elecciones en las que la competencia es ahogada y los votantes que preferirían votar en contra del régimen son impedidos de hacerlo por miedo a las venganzas. Esos efectos se pueden observar en Honduras con el agravante de que el partido en el poder puede drenar los fondos públicos para el clientelismo a través de la corrupción, recibir sobornos del crimen organizado y participar en lavado de activos proveniente del narcotráfico. 

La compra de votos es algo común en Honduras, pero no solo tiene que ver con entregar dinero a cambio del voto, es mucho más estructurado que eso. El Partido Nacional, que ya lleva doce años consecutivos en el poder, mueve los recursos del Estado para crear programas asistencialistas que se convierten en moneda de cambio para mantener a una buena parte de la población fiel —y controlada— al momento de ir a las urnas. Por ejemplo, no hay zona afectada por el desastre de las tormentas del año pasado donde no nos han dicho que las ayudas llegaron solo para las familias que se enlistaron como activistas del Partido Nacional o, en algunos casos, en las comunidades donde se sabe la gente apoyó al alcalde de turno, sea del partido que sea. 

Por otro lado, el financiamiento de los dos partidos políticos más grandes y antiguos de Honduras depende directamente de sus activistas que se convierten en las hormigas que operan la burocracia del Estado a cambio de pagar el favor de obtener un trabajo con su voto y un porcentaje de su salario. Según datos recopilados de los portales de transparencia de los partidos políticos, entre 2015 y 2021, solo el Partido Nacional ha obtenido 581.13 millones de lempiras de aportaciones de empleados públicos de todas las instituciones del Estado por concepto de la «cuota del partido», un dinero que entra a las arcas de esa institución política para mover las masas  y mantener la fidelidad de sus votantes. Un círculo vicioso y efectivo para mantener la misma cantidad de votos, apenas la suficiente, para ganar cada elección. 

El clientelismo es una actividad económica en la que pierde el Estado, pierde la democracia pero gana una élite política corrupta que se perpetúa en el poder y muchas empresas que forman parte de la cadena de proveedores de productos y servicios que se reparten durante los procesos electorales. Algunas de ellas incluso lo hacen con fondos propios, no por filantropía, sino como una inversión a futuro que se materializará en posteriores contratos con el Estado o beneficios para sus negocios cuando el partido de su preferencia alcance el poder.

El clientelismo corroe el ejercicio del voto porque lo convierte en una transacción inmediata: obtener algo, no importa qué ni de quién, ya que la certeza para la mayoría de la población es que durante los siguientes cuatro años no se obtendrá nada. Es la rebusca electoral, aprovechar lo que se obtiene ahora y seguir en la cacería cotidiana del mínimo de subsistencia. Es una elección racional mediada por la miseria, material para unos, ética para otros. Ese es el sello que llevan las elecciones en autocracia.

El producto interno bruto (PIB) de Honduras tuvo una contracción de 9 %, mientras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció que al menos medio millón de empleos se perdieron. La recuperación será lenta, advierten economistas.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Martín Cálix


Cuando a mediados de marzo de 2021, el Gobierno de Juan Orlando Hernández decretó confinamiento absoluto y limitó las garantías constitucionales, Meches se fue a su casa porque la maquila donde trabaja suspendió labores. Ella ni siquiera esperaba lo que venía: que en agosto sería despedida y que en septiembre —cuando ya no contaba con seguridad social— enfrentaría un diagnóstico de cáncer linfático. 

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Meches es una del medio millón de personas que durante la pandemia perdieron su empleo en nuestro país. 

Honduras, uno de los países más pobres y corruptos de América Latina, rondaba el 59 % de pobreza cuando llegó la pandemia, pero ahora según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la pobreza ha alcanzado hasta el 70 %. 

Julio Raudales, economista hondureño, manifestó a Contracorriente que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que en el año de pandemia, la pobreza saltó de un 60 % hasta el 75 %. Lo que significa, que 6 de cada 7 de cada 10 hondureños ahora son pobres. 

Meches —que ya estaba en la línea de pobreza— al perder su empleo y recibir un diagnóstico de cáncer, ha tenido que recurrir a la caridad de su familia, amigos y excompañeros de trabajo para sobrellevar su enfermedad sin la protección de la seguridad social y en la precariedad de la salud pública. 

Trabajó 24 años en la maquila donde la despidieron por hipertensa y asmática: «Ese fue mi único trabajo. Da pesar que sean tan injustos con la gente que les dedica tanto tiempo y toman decisiones tan arbitrarias», mencionó. 

Aunque las estimaciones varían, el Cohep consideró que al menos medio millón de hondureños  fueron suspendidos o perdieron el empleo por efectos de la pandemia. Es un país donde el empleo ya era muy alto y casi la mitad de su economía es informal.

El INE realizó una encuesta telefónica de hogares para medir el empleo en el año 2020 y el trabajo arrojó que desde la llegada del coronavirus, la tasa de desempleo abierto (TSA) se ha incrementado en un 21 %, esto se refiere a las personas que están desempleadas, disponibles para trabajar y buscándolo activamente. 

Meches, tuvo un diagnóstico de cáncer un mes después de que fue despedida. Desde entonces no tiene empleo. La crisis de desempleo no solo le afecta a ella, su hija de 24 años intenta conseguir un puesto de trabajo desde hace  meses  y no ha tenido éxito. Las maquilas, el lugar donde su madre trabajó por más de dos décadas, es donde esta chica de 24 años ha intentado conseguir un empleo, pero no ha encontrado oportunidad.   

El 24 de mayo, en San Pedro Sula, se hizo viral la historia de una mujer que apareció en una de las calles con una cartulina en la que decía: «Soy arquitecta y busco trabajo». Bajo un inclemente sol y cuidando a su pequeño hijo, la joven dama esperaba conseguir un empleo en un país con escasas oportunidades. Ella no ha sido la única persona que ha recurrido a las redes para pedir una oportunidad en el mercado laboral. 

Durante los primeros meses del confinamiento, las calles de las principales ciudades de Honduras se llenaron de personas pidiendo ayuda económica para suplir las necesidades más básicas. A medida que se ablandaron las medidas de la cuarentena, la cantidad de personas mermó, pero todavía se encuentran algunas que piden caridad. 

La desesperanza en la que ha caído gran parte de la población hondureña se vio reflejada cuando en enero de 2021 —en plena pandemia—,más de 7000 hondureños se reunieron para salir a buscar el sueño americano en una multitudinaria caravana. Y el éxodo no ha parado, sin importar los peligros a los que se exponen decenas de compatriotas salen del país en clandestinidad. 

Los daños a la economía

La pandemia generó un retroceso de casi el 9 % del producto interno bruto (PIB), esto provocó la pérdida de empleos y que la pobreza aumentara, pero hay otros índices que se recrudecieron y apenas son perceptibles. 

Hablamos con el catedrático universitario y economista, Efraín Díaz Arrivillaga, quien ha analizado dos elementos fundamentales como efecto de la pandemia. El primero, según el analista, es que se han profundizado las desigualdades que ya estaban presentes desde el punto de vista de ingreso y acceso.

Candida de 65 años y Luis de 76 años, vecinos de una colonia del sector Chamelecón, son retratados en el interior de su negocio de comida. Para esta pareja que ha sostenido un hogar desde 1974 —el año del Huracán Fifí—, la pandemia significó reducir su actividad, con el paso de Eta e Iota lo perdieron todo debido a la devastación que significaron los dos fenómenos naturales que inundó su casa con la crecida del río Chamelecón que está separado de su vivienda y negocio familiar por apenas dos cuadras de distancia. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Díaz Arrivillaga dijo que en Honduras, al tener una economía tan débil, el período de recuperación será bastante lento y no cree que ni en el presente año ni el siguiente se pueda recuperar de manera dinámica la economía hondureña, puesto que una serie de empresas han cerrado y hay un alto porcentaje de desempleo. Mencionó que otra de las trabas que tiene la economía hondureña en este momento es  el lento camino que tiene la vacunación en el país: «Eso también será una limitante para el crecimiento de la economía», sostuvo Arrivilllaga. 

Honduras es uno de los países con peor promedio de vacunación en Centroamérica, esto pese a que los voceros del Gobierno hablan como si tuviésemos millones de vacunas disponibles. En el área, el ritmo de vacunación marcha así: Costa Rica 20 %, El Salvador 18 %, Belice 17 %, Panamá 16 %,  Honduras 3.73 % (le faltarían 151 semanas para vacunar a toda su población), Guatemala 2.71 % y Nicaragua 2.53 %.

Hasta el 15 de junio y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Honduras ha aplicado 513,083 dosis de vacunas, solo 57,774 personas han completado su esquema de inmunización con los dos pinchazos. Para este mes el Gobierno esperaba recibir 538,640 dosis de vacunas, pero ya transcurrió un tercio del mismo y no han llegado. 

Arrivillaga también recordó que otra de las cargas que Honduras debe llevar a cuestas es el endeudamiento creciente del país,  pues «a raíz de la caída de los ingresos fiscales y el mal manejo de los fondos públicos, han recurrido al endeudamiento, que en las últimas cifras puede llegar a ser igual al 50 %  o 60 % del PIB», dijo. 

Es que con el confinamiento, llegó la caída de ingresos, pero el Gobierno necesitaba fondos para hacer frente a la pandemia, entonces el Congreso Nacional autorizó a la Secretaría de Finanzas para contraer una deuda de 2500 millones de dólares entre el año 2020 y el 2021, esto mediante el decreto Nro. 033-2020, aunque no emitió ningún tipo de control que garantice la transparencia en el uso de los fondos. 

De acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Honduras, la deuda externa de Honduras alcanzó los 10,716 millones de dólares (257,000 millones de lempiras) entre enero y febrero de 2021, lo que supone un alza de 12.6 % respecto al mismo período de 2020. Desde comienzos del año anterior a febrero de 2021, la deuda externa del país aumentó en 1198 millones de dólares. 

Pese a este crecimiento de la deuda, Honduras sigue peleando en precariedad contra la pandemia. El Gobierno de Hernández propuso comprar siete hospitales móviles para aumentar la capacidad hospitalaria y hacer frente a la pandemia. Las clínicas móviles fueron compradas por 47 millones de dólares. En poco más de un año, solo dos funcionan, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, pero ninguno es adecuado para tratar la grave enfermedad de COVID-19. El pueblo hondureño fue estafado.  

Además, el país todavía no recibe vacunas compradas por el Gobierno. Los lotes recibidos forman parte de la compra realizada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y donaciones realizadas por el mecanismo Covax y países cooperantes. Honduras se endeudó más, pero no tiene vacunas. 

Entre el comienzo de la pandemia en febrero de 2020 y junio de 2021, y de acuerdo con datos oficiales en el portal de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha invertido un poco más 11,000 millones de lempiras (458 millones de dólares)  en la contención de la COVID-19. Las principales áreas de gastos el año anterior fueron la compra de alimentos (bolsa solidaria) y la adquisición de equipo e insumos médicos. 

Gran parte de los fondos invertidos provienen del endeudamiento. En 2020, el porcentaje del dinero gastado en la contención de la pandemia que provenía del crédito externo e interno alcanzó hasta el 59 %. Para 2021, esta fracción de endeudamiento ha bajado, pero llega casi al 50 % de lo gastado.

Díaz arrivillaga también indicó que la economía hondureña pelea con una baja  productividad sectorial, ya que los diferentes rubros  tienen una muy baja productividad por persona ocupada entonces eso redunda en ingresos bajos. «Eso se debe a la fuerte concentración que hay en el sector de servicios, el 57 % del PIB proviene del sector terciario o sea servicios», explicó el economista.

Para el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales, el mayor daño se dio el año pasado cuando el comercio se paró por unos cinco meses de forma total: «Esto generó bastantes problemas de empleo e ingresos para las personas, sobre todo para quienes están en la economía informal, que vieron sus ingresos reducidos de forma abrupta», comenzó diciendo el también catedrático universitario.

Raudales apuntó que esto provocó mayor pobreza y una contracción del 9 % en el PIB. «Ha sido bastante difícil recuperarse», sostuvo, para después mencionar que los efectos de la pandemia hay que sumarlos a la devastación provocada por los huracanes Eta y Iota, que azotaron a Honduras en noviembre de 2020.

Para esas fechas —de acuerdo con cifras oficiales— los meteoros dejaron 91 muertos, (aunque las Fuerzas Armadas reportaron que 125 cadáveres habían sido rescatados de las aguas después de las tormentas) y 2,941,000 de afectados en todo el país.

Un sembradío de caña de azúcar que resultó afectado luego de las inundaciones provocadas por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. El paso de Eta e Iota afectó aún más la economía del Valle de Sula que durante el año de la pandemia por COVID-19 ya venía reportan pérdidas. San Manuel, Cortés, 16 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

El Fosdeh estimó, tras el paso de las tormentas, que los daños al país rondaban los 250,000 millones de lempiras. Entre los daños se registraron 37 puentes colapsados y 57 quedaron dañados. Se contaron 171 tramos afectados en todo el país. En cuanto a las viviendas, un informe realizado por las Naciones Unidas mencionaba que  1200 viviendas fueron dañadas tras el paso de las tormentas. Además, se echaron a perder: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12,415 de maíz y 21,238 de frijol, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura.

Raudales agrega otro factor que se ha conjugado con los efectos de la pandemia y los daños de tormenta: «Más de la mitad  de la población trabaja en el mercado informal, esto fue lo que más afectó, es decir, entre más informal es una economía es más difícil ser resiliente a situaciones como las que vivimos el año pasado», apuntó.

La percepción de Raudales es contraria a la del Gobierno de Juan Orlando Hernández y sus aliados, que desde su gestión han vendido el emprendedurismo como una solución al desempleo en el país. 

De hecho, hay un programa de crédito solidario para emprendedores. En el portal web de presidencia hay una leyenda que describe este programa: «Una iniciativa que fomenta la economía socialmente inclusiva mediante un programa al servicio de los emprendedores». 

Para este año, esta promocionada iniciativa pretende llegar a unos 70,000 emprendedores con alrededor de 1800 millones de lempiras (75 millones de dólares), esto como parte de la reactivación económica.

En abril de 2021, Casa de Gobierno realizó el lanzamiento del programa Empleo y Emprendimiento Juvenil, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La iniciativa forma parte de la estrategia para la preparación ante la COVID-19 y la reactivación económica que impulsa el BCIE. El Gobierno dice que el propósito es para financiar proyectos que permitan a los jóvenes hondureños desarrollar competencias laborales básicas y de emprendimiento.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES),  realizó un estudio en diciembre de 2020, en el que determinó que un 33 % de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) habían cerrado operaciones como resultado del confinamiento por la pandemia. Este sector genera hasta el 70 % de los empleos en el país. 

El economista Julio Raudales señaló que en el confinamiento más férreo —entre marzo y junio— los negocios pequeños fueron los que más sufrieron: «El cierre hizo que muchas empresas perecieran y muchos de sus propietarios se fueran al mercado informal». 

En aras de apoyar a la pequeña empresa dice que se puede presentar opciones de financiamiento, pero no de la forma como lo hace el Gobierno: «Se puede liberar crédito. No se trata de obligar a los bancos, ellos tienen sus políticas porque  no trabajan con su dinero, sino dinero ajeno, no se trata de obligarlos o estar haciendo campañas de decir «hay préstamos» . Hay que generar condiciones para que los préstamos se hagan de manera segura», explicó.

En un estudio realizado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en 2013, en Honduras había 1,448,618 personas ocupadas en un empleo informal, que representaban el 64 % de población ocupada. En cambio, en ese mismo año, 596,658 personas tenían un empleo formal. 

Para Raudales en esa condición de la economía hondureña se explica el incremento fuerte que se dio en el nivel de pobreza y pobreza extrema en el país: «Según el INE, pasó de 60 % a 75 %, es decir que aumentó 15 puntos la pobreza, por otro lado, la pobreza extrema pasó de 38 % a 55 %, casi 20 puntos». 

La gestión de los daños

La pandemia es un fenómeno mundial. Las economías cayeron y el efecto en la población más pobre —desde la perspectiva de Raudales— depende de qué tan desarrollados están los mecanismos de protección social: «Evidentemente en Honduras este elemento perjudicó más bien porque el país carece de un buen esquema de seguridad social, los hospitales públicos no están listos», sostiene, y añade que, «no hay un mecanismo de protección para el trabajo y tampoco había una forma de lograr que en las escuelas la cuestión de la educación no se viera tan afectada, entonces esta falta de preparación que ya es endémica, es una situación estructural en Honduras. Esto afectó más que en otros países».

Para el doctor Díaz Arrivillaga, la pandemia ha dejado evidenciada la falta de horizonte que tiene la administración Hernández: «Para mí el mayor problema de esto ha sido la falta de dirección. No siento que haya una estrategia de desarrollo del país y tampoco un sistema de planificación estratégica, con prioridades y que en función de esas, se haga la asignación de recursos», explicó.

Arrivillaga, excandidato presidencial por la Democracia Cristiana, hace una comparación de la gestión de la pandemia desde la Secretaría de Salud con las medidas tomadas por el gabinete económico para combatir los efectos de esta: «Como sucedió con la pandemia, que no había quién manejara el sistema sanitario, de la misma manera usted encuentra un equipo económico sumamente débil».

Sostuvo que los países que han tenido un éxito económico han realizado una alianza con el sector privado, pero con una visión de desarrollo. En este caso, a su juicio el Gobierno hondureño se ha convertido en un recaudador de impuestos, pero no en un ente que fomente el desarrollo y crecimiento de la economía: «No hay política fiscal orientada al desarrollo, sin esto es muy difícil que usted pueda obtener resultados satisfactorios en términos de empleo, crecimiento e inversión», dijo. 

Díaz Arrivillaga analizó que la severa caída del PIB —que fue de casi un 9%— ni siquiera es comparable con la recesión de 2007, no ha tenido los efectos esperados gracias a las entradas de capital externo, especialmente las remesas: «Usted está casi hablando del 22 % del PIB, que es bastante. El panorama es difícil, hay que hacer esfuerzos para recuperar mercados, diversificar productos y lograr ubicarnos en las cadenas productivas de forma más competitiva», afirmó el economista. 

Mencionó que el mayor error del Gobierno es no haber invertido en la población: «Usted ve la precariedad del sector salud, el enorme retraso que hay en el sector educativo, eso es sumamente preocupante. Todos los países que han tenido éxito, llámese Singapur, Chile o Uruguay es porque han invertido en su gente», sostuvo. 

Un dato que va en sintonía con lo dicho por el doctor Díaz Arrivillaga, es la precariedad de la educación en Honduras. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Educación a Contracorriente, 20,398 alumnos y alumnas de primaria abandonaron la escuela en 2020. En educación media fueron 7746 los que no continuaron con sus estudios. Esto sin mencionar las condiciones en las que reciben sus clases los que continúan estudiando.

¿Y las medidas?

Con este panorama de retroceso en el PIB, y aumento en el desempleo, Honduras necesita tomar medidas para recuperar el ritmo de crecimiento de la pandemia, que ya era lento. 

Para Julio Raudales lo primero que se debe hacer es tomar medidas que liberen recursos desde el fisco: «Esto implica hacer una reforma estructural en la parte fiscal, pero sobre todo en los mecanismos de gastos. Esto requiere de muchos acuerdos políticos porque no será fácil, no se trata de decir vamos a recortar el 20 % de los gastos, sino más bien tomar ciertas decisiones difíciles, por ejemplo: las transferencias, el pago del servicio de la deuda y algunos otros elementos que permitan liberar recursos para lograr más estabilidad en los mecanismos de protección social».

Una mujer de la tercera edad trabaja seleccionando y ordenando musgo, un producto de temporada que solo puede vender durante la época navideña, el resto del año esta mujer vende flores, pero en 2020, cuando los mercados permanecieron cerrados por meses, vio afectada la actividad de su negocio. Comayagüela, 2 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Expertos, como Díaz Arrivillaga, coinciden que para lograr el despegue de la economía se necesita al menos una década en el escenario más optimista: «Si logramos un crecimiento del 4 % al 6 % —que sería lo ideal— el país puede despegar en una década», dijo, pero agregó que desde una perspectiva más pesimista esto podría tardar hasta 20 años. 

No obstante, la economía necesita de elementos que creen un ambiente de inversión adecuado. El doctor Díaz Arrivillaga señaló: «Que se genere una institucionalidad, usted tiene que recuperar eso, que haya confianza y seguridad jurídica y que los gobiernos no sean corruptos. Las instituciones son fundamentales para el desarrollo de un país».

Las medidas de alivio promovidas por el Gobierno fueron mínimas, entre ellas la prórroga del pago del ISV, pagos al Régimen de Aportaciones Privadas  (RAP) y el aporte individual al IHSS. Además, el Gobierno autorizó la postergación temporal (dos a tres meses) de los pagos a préstamos bancarios.

En abril de 2020, y bajo la premisa de conservar empleos, el Gobierno autorizó a la empresa privada suspensiones de contratos laborales y, además, permitió a los patronos «negociar» con sus trabajadores para que se tomaran vacaciones y días feriados los días de cuarentena. 

En el portal de la Secretaría de Finanzas se refleja que el Gobierno ha destinado 240 millones de lempiras para el apoyo de las Mipymes, que generan hasta el 70 % de los empleos en el país. Estos fondos no han impedido que cierren más del 30 % de pequeños negocios.  

«La caída en el PIB fue del 9 % eso nos deja con una producción inferior a la que teníamos en el año 2018 y el crecimiento que se espera para este año nos va a dejar por debajo del que teníamos en 2019, entonces aunque se logre las expectativas del BCH», sostuvo Julio Raudales.

Con un descenso en el PIB de casi un 9 % y un desempleo galopante, la economía hondureña necesita medidas urgentes para menguar los estragos que ha dejado un año de pandemia. La administración de Juan Orlando Hernández todavía no las ha tomado y en noviembre de 2021 se elegirá a un nuevo presidente. Sin reformas electorales profundas, puede avecinarse una crisis y otro golpe a la endeble economía hondureña.

Por Claudia López

Hace pocos días leí un artículo de la feminista Coral Herrera Gómez, en el que hace referencia a por qué la autoayuda en realidad no nos ayuda, especialmente cuando visibilizamos su falacia pasándola por las «gafas moradas» o desde una visión feminista. He vivido en carne propia la depresión, y me atrevo a hablar desde mi experiencia como paciente. Creo que el caer en generalidades puede constituir un impedimento para que algunas personas no busquen ayuda profesional adecuada.

Justo antes de leer a Coral Herrera, le comentaba a un médico y amigo —a quien estimo y respeto mucho— que en estos últimos días estaba escuchando un pódcast de autoayuda y que me parecía bueno. Recuerdo que me miró y con el profesionalismo que le distingue me dijo: «Ese tipo de audios le puede ayudar a personas que no sufren algún padecimiento como depresión, ansiedad u otros», es decir que —sin entrar en terreno médico y sin generalizar— entiendo que la autoayuda puede ser un mecanismo de apoyo en situaciones donde no es requerida la intervención médica, de otro modo lo más recomendable es buscar oportunamente apoyo profesional, pues lamentablemente para este tipo casos no basta con ser «positivos» o «echarle ganas», probablemente sea necesaria la medicación o alguna terapia.

Dicho lo anterior, desde mi propia vivencia no ha bastado con los pódcast de autoayuda. Si bien, estoy de acuerdo que hay factores que pueden mejorar nuestra calidad de vida, como el ejercicio físico y una alimentación saludable, pero —sin ánimo de ser pesimista— cuando se trata de un padecimiento médico es imperativa la intervención profesional, y ya pasando la mirada feminista —que es donde me quiero enfocar— es necesario develar las verdades a medias o más bien las falacias de ese positivismo que se vuelve tóxico, desde mi particular mirada.

Esa autoayuda que se nos vende con el discurso de que «atraemos lo que pensamos», imponiendo como deber deshumanizarnos e ignorando las realidades dolorosas que nos rodean, no hace distinción entre bienestar y felicidad, tornándonos en seres sumamente materialistas, también vende el discurso individualista de que «si quiero y si me lo propongo lo logro», como si afuera o en las relaciones de pareja —por ejemplo— no hubiese corresponsabilidades de las que cada cual se debe hacer cargo sí o sí, sin esperar que la pareja (generalmente la mujer) resuelva cada detalle que pavimenta el «éxito» del hombre, siendo esto totalmente injusto. Pareciera que esa autoayuda más bien castiga y sataniza la tristeza como si esta no fuese parte del abanico de emociones humanas, se impone el discurso de la felicidad absoluta sin importar cómo la están pasando las demás personas en la comunidad.

Considero que estos discursos son capitalistas y explotadores, especialmente para las mujeres que ven mermados sus espacios personales de crecimiento profesional y hasta de descanso con el fin de alcanzar «el umbral del éxito» o ser la «supermujer», «la mitad idónea», a costa de nuestra propia salud física y mental. También son patriarcales, pues venden entre líneas el discurso de que «calladita te ves más bonita», pues si la mujer se queja de la desproporción en la distribución de las tareas de casa y de cuidado esto se interpreta como una conducta o actitud tóxica. Son discursos machistas, pues responsabilizan a las mujeres de «atraer parejas negativas» como si fuese responsabilidad de las víctimas las conductas violentas de los agresores que han sido socializados en un sistema machista y patriarcal, conductas de las cuales la mayoría de los hombres no se responsabiliza ni intentan cambiar.

Se cae en el positivismo tóxico cuando también se aplaude la «autosuficiencia de la mujer luchona», que no espera que el padre irresponsable se haga cargo de sus obligaciones, resaltando como notable ese injusto y enorme sacrificio materno, tampoco se pronuncia sobre el abandono paterno. Todo esto ignora las relaciones asimétricas de poder en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, no toma en cuenta las situaciones particulares de los pueblos originarios y sus cosmovisiones, tornándose así racista. Tampoco considera las particularidades de las personas con discapacidad y la inacción del Estado para garantizar y satisfacer sus derechos.

Bajo estos discursos «positivos», se vende como «caso de éxito» la superación personal de una persona que ha ido sola contra todo un sistema que conspira contra la gente en desventajas de educación, formación y mínimas oportunidades, lo que se torna en romatizador de la pobreza y el sufrimiento. Tampoco se toma en consideración las injusticias que viven las personas con orientación sexual y de género diverso que luchan para sobrevivir en una sociedad que constantemente les discrimina y les violenta. Además se le exige pensamiento positivo a una persona desplazada por la violencia, la cual tuvo que dejar su hogar, sus recuerdos, su patrimonio, y pone foco en la fe para salir adelante cuando vive en un país expulsor de sueños y personas, y que no brinda opciones dignas.

En fin, ese positivismo es tóxico y no parte de un análisis interseccional sobre las condiciones de los grupos históricamente puestos en situación de vulnerabilidad, porque está pensado para un público específico, ya que parte de ciertas condiciones de vida o de bienestar en las que se tiene acceso a descanso, ejercicio físico y alimentación saludable, condiciones que en nuestro ambiente se tornan en privilegios, pues al menos el 70 % de la población vive en situación de pobreza, no por decisión, sino como consecuencias históricas de corrupción e impunidad que se traducen en falta de oportunidades para las mayorías. 

Por tanto, si no se tiene una mirada perspicaz se puede caer en su falaz discurso reduccionista que generaliza conductas humanas de realidades complejas, y si bien, no es mi intención dudar sobre algún efecto positivo que pudiese tener en ciertas personas las lecturas o audios de autoayuda, con este escrito intento que nos alcance la empatía, que nuestra historia y privilegio no nos nuble al momento de categorizar o catalogar conductas. 

Por otro lado siento que como feminista debo seguir exponiendo estas situaciones, sobre todo ahora que las crisis de todo tipo han disparado la ansiedad, la depresión y otras condiciones que medicamente no se remedian con positivismo o echándole ganas. Quiero hacer hincapié más bien en cómo este positivismo tóxico, sin la información y redes de apoyo adecuadas puede resultar culpabilizante o de disfraz cuando de una condición médica se trata, quiero finalizar reiterando sobre la necesidad de dejar de juzgarnos y en su lugar abrigar la empatía, tomando en consideración otras realidades diferentes a las nuestras, pues como apuntaba Kimberle Williams Crenshaw: «Si no somos interseccionales, algunos de nosotros, los más vulnerables, caerán entre las grietas».

Han pasado quince meses desde que el primer caso por COVID-19 llegó a Honduras. Más de un año de anormalidad y toque de queda. Aunque las medidas restrictivas y de confinamiento se han flexibilizado, no quiere decir que las mujeres ya no están encerradas en casa con su agresor. La violencia contra las mujeres y los femicidios no solo ocurrieron en el peor momento de la pandemia, siguen sucediendo en medio de la crisis generalizada. 

Texto: Eva Galeas y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Martín Cálix

 

Martha (se identifica así para proteger su identidad), es una mujer de 46 años que sobrevivió 23 años a los abusos de su compañero de hogar. Durante la pandemia lo denunció a las autoridades después de que le propinara una golpiza en la calle, frente a sus vecinos y familiares. Aún vive secuelas físicas y psicológicas de ese acontecimiento y asegura que entender que el abuso llevaba mucho tiempo y que pudo ser fatal, le ha costado. 

La sobreviviente de violencia relata que al permanecer en casa con su agresor —debido a las medidas de confinamiento establecidas en el país— la violencia empeoró. Era tal la manipulación psicológica por parte de su expareja, que llegó a pensar que en su hogar estaba más segura, a pesar de los maltratos que vivía. 

Cuando ella decidió reclamarle un día por una infidelidad, este la agredió y la sacó a la calle para humillarla: «La gente que pasaba solo miraba de lejos que me estaba golpeando y familiares de él que se encontraban en el lugar solo vieron lo que pasaba de lejos», narró Martha. 

Ese fue el punto de quiebre, Martha se armó de valor y decidió ir a denunciarlo a una de las postas más cercanas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en su barrio. Como parte del protocolo de atención, fue llevada a una casa refugio para poder ser atendida.

La pandemia por la COVID-19 disparó las denuncias por violencia doméstica en Honduras. Solo en 2020, el teléfono de emergencia 911 recibió más de 103,000 quejas de mujeres agredidas, según datos recopilados por la Asociación Calidad de Vida, una organización que brinda servicios integrales y oportunos a mujeres y niñas víctimas de violencia. La Asociación Calidad de Vida está constituida por diez casas refugio a nivel nacional, formando así la Red Casa Refugio, cinco de estas son financiadas por organizaciones no gubernamentales y las otras cinco son municipales.

Después de la agresión, Martha fue trasladada a una casa refugio con una de sus tres hijas, pero la persecución  de su agresor continuaba. Esta sobreviviente asegura que el agresor  amenazaba a sus familiares cercanos, entre ellos familia y amigos, con tal de saber el paradero de ella, utilizaba a sus otras dos hijas como chantaje.

«Lo peor es hacer la denuncia, ese es un solo caos, hay mucho miedo, ya después cuando hay atención psicológica en los refugios la cosa va mejorando y uno se va dando cuenta de lo que sufrió», expresó Martha.

Actualmente, Martha tiene una semana de haber dejado la casa refugio en donde se encontraba, ya está de regreso en su hogar. Después de la denuncia su agresor se fue de la casa y ella asegura que las amenazas han parado, siente que las autoridades lograron darle un buen seguimiento a su caso hasta ahora. 

Pero no todas las mujeres fueron atendidas como Martha y, de hecho, muchas fueron víctimas mortales. En lo que va del 2021, según datos del Observatorio de Violencias Contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se han registrado más de 24,000 denuncias de violencia intrafamiliar y más de 20,000 denuncias de violencia doméstica, pero solo en lo que va del año, el Observatorio de la Violencia ha documentado 147 muertes violentas de mujeres, sumando 376 desde que la pandemia llegó a Honduras.

Norma Rodríguez, durante una entrevista con Contracorriente, permanece sentada frente a un altar que su familia hizo en memoria de su hija Keyla Martínez. El 7 de febrero de 2021, luego de ser detenida por incumplir el toque de queda impuesto en la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, Keyla murió bajo custodia de la Policía Nacional (PNH). La Esperanza, Intibucá, 18 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Ana Cruz es directora de la Asociación Calidad de Vida, la organización de mujeres mencionada anteriormente. Ella explica que, durante el confinamiento del año 2020, el Sistema de Emergencias 911 registró más de 103,000  llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica pidiendo auxilio, pero que estas miles de denuncias no fueron tratadas a tiempo ni de manera efectiva, en vista de que muchas instituciones cerraron los servicios de atención a las víctimas por la pandemia.

Cruz, asegura que «los últimos reportes del 911 revelan un incremento del 20 % en llamadas de mujeres denunciando a sus agresores, con relación a los datos del año 2019».

Para Cruz, el popular eslogan «Quédate en casa», utilizado para frenar la propagación del virus de la COVID-19 a inicios de la pandemia, no representó lo mismo para todas las mujeres hondureñas, debido a que durante ese tiempo se incrementaron los casos de agresiones.

En tal sentido, la directora de la Asociación Calidad de Vida manifestó que en ese tiempo de confinamiento la Corte Suprema de Justicia se encontraba cerrada, las mujeres no podían tener audiencia, y aún este nuevo año, las audiencias las tienen a los cuatro o cinco meses. «Eso no es justicia, justicia tardía no es justicia», afirmó esta defensora de las mujeres. 

Los datos de la Asociación Calidad de Vida reflejan que, al funcionar el Ministerio Público mediante turnos, solo 4000 de las 103,000 denuncias interpuestas fueron atendidas.

Por otro lado, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, informó que en los primeros trece días de junio perdieron la vida violentamente 17 mujeres en el país. Los informes del Observatorio de la Violencia dan a conocer que las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y Comayagua son los que presentan un alto nivel en violencia contra las mujeres.

Migdonia Ayestas argumentó que muchas mujeres desconocen que las agresiones sufridas en casa son constitutivas de delitos y, por lo tanto, no denuncian. También aseguró que otro de los problemas es que las instancias que corresponden están en las ciudades y muchas de las mujeres agredidas no tienen acceso a darle seguimiento a su caso porque tienen que movilizarse del área rural o de zonas periféricas de la ciudad. 

Casas Refugio

La Ley Casas Refugio ha permanecido engavetada por dos años desde el 2018 en el Congreso Nacional. Esta ley tiene como propósito crear el reconocimiento y financiación de casas refugio con su debido presupuesto, mismas que servirían para la atención de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia en todos sus tipos, y a su vez, atención a sus hijas e hijos, que de alguna u otra forma también son víctimas de violencia.

Actualmente, Ana tiene como expectativa que se apruebe la Ley Casas Refugio en estos próximos cinco meses del presente año, al promover la Asociación Calidad de Vida una gran campaña en pro de la misma. «Tenemos ya el apoyo de varios embajadores de la Unión Europea, del propio sistema de Naciones Unidas, de la coordinadora residente, teniendo todo el lobby hecho para llegar al Congreso», asegura Ana.

Neesa Medina, de la plataforma Somos Muchas, durante el plantón de organizaciones feministas en los bajos del Congreso Nacional, en una manifestación contra el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

Por otra parte, Helen Ocampo, quien es investigadora del CDM  opina que difícilmente, siendo aprobada la Ley Casas Refugio, la situación cambie para las mujeres sobrevivientes de violencia,  puesto que el Estado tendría la obligación de ayudarlas financieramente y ejecutar estos procesos sin corrupción y con transparencia, algo difícil en Honduras.

La Asociación Calidad de Vida, cuenta con casas refugio para darles atención a las mujeres que han sufrido violencia doméstica. Cruz, la directora de esta organización indicó en declaraciones a Contracorriente, que el 95 % de las mujeres llegan a estos refugios con sus hijos, y a su vez, son mujeres que rondan entre las edades de 18 y 24 años.

Dos mujeres cargan con sacos de comida que ha sido llevados por la Cruz Roja Hondureña hasta su comunidad como parte de un proyecto de apoyo a familias del área rural durante la pandemia por COVID-19. Aguanqueterique, 29 de agosto de 2020. Foto: Martín Cálix.

Explicó que estas mujeres, en su mayoría jóvenes, huyen de sus hogares iniciales, evidenciando este continuum de violencia, hasta vivir lo mismo con sus actuales parejas, pudiendo esto terminar en un feminicidio.

Una de las políticas de las casas refugio es que nadie sabe dónde se localizan precisamente, para resguardar la integridad de las víctimas. «Las mujeres solo pueden llegar referidas a las casas refugio por los entes operadores de justicia o por las organizaciones de mujeres», explicó Ruiz.

Luego, se les explica a las mujeres las reglas de la casa de acogida, según Ruiz una de las normas que a la mayoría de las mujeres no les gusta, es que quedan incomunicadas, pues se le quitan los dispositivos móviles. 

«Ya tenemos la experiencia de que las mujeres cuando tienen el celular, lo primero que hacen es contactarse con amistades o familia y estos les advierten que su agresor las anda buscando y  amenazando a sus allegados» , detalló Ruiz y también aseveró que los refugios son lugares de paz y tranquilidad, sitios que permiten que la mujer se pueda sentir mejor y conozca el proceso psicológico para superar el trauma. 

Las mujeres sobrevivientes pueden estar con sus hijos quince días en las casas refugio, todo ese tiempo la organización se encarga de la alimentación, pues la mayoría de ellas no se han alimentado debidamente, se les provee ropa y se les asigna una habitación para brindarles más comodidad.

Ruiz afirmó que, aún en cuarentena, el equipo técnico se ha encargado de proporcionar apoyo integral, social, legal y psicológico, para la mujer y sus hijas e hijos, en conjunto con una terapia ocupacional. «Esto último sirve para que la mujer se mantenga ocupada y que a la hora de egresar tenga ese medio para ganarse la vida», agregó Cruz. Por último, añadió que en el refugio tratan de involucrarse entre sí en las distintas actividades, creando mecanismos de sororidad entre ellas mismas.

Violencia endémica

Las mujeres de los 15 a 39 años de edad son las que se ven más afectadas y son más propensas a ser víctimas de la violencia feminicida, es decir las edades de niñez y juventud son las que más afectación tienen, según estudios del Observatorio de la Violencia.

Midgonia Ayestas hace un llamado a los padres y madres de familia, instándolos a que enseñen a las niñas sus derechos, «ya que, de no ser así, perpetúan la existencia de una mujer sumisa en la sociedad». Como segundo punto, la directora explica la necesidad de investigación científica criminal más exhaustiva, en virtud de que esto manda un mensaje positivo a las mujeres, pues se constata que el Estado va a garantizar, investigar y hacer que se le respeten sus derechos.

«Debemos ir entendiendo y no justificando esa violencia, nada justifica los golpes, las amenazas, ni las violaciones sexuales hacia las mujeres, es oportuno que los entes gubernamentales establezcan los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres de los constantes maltratos», puntualizó Ayestas.

Una niña aborda una unidad del transporte público durante el primer día de la reapertura del sector. Los conductores han insistido en cumplir con las medidas de bioseguridad, entre ellas, el uso obligatorio de la mascarilla para que los pasajeros puedan abordar las unidades. Comayagüela, 14 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Por su parte, Helen Ocampo asegura que es muy difícil determinar los casos de violencia no atendida en la pandemia, ya que esto implica un informe actualizado por parte del Ministerio Público, algo que no sucede, explica la investigadora. «Justicia para las mujeres sería no sufrir violencia. Lo que sí sabemos con mucha certeza es que la incidencia de violencia doméstica antes y durante la pandemia no ha variado mucho», afirmó.

Para obtener datos oficiales se solicitó una entrevista con la vocera del Ministerio Público, Katia Mocada, quien es la portavoz de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero no se obtuvo ninguna respuesta. 

Ayestas informó que «según el análisis que hemos determinando como observatorio de la violencia el 60.3 % de los femicidios reflejados en los estudios son denominados femicidios íntimos, en donde el agresor es la pareja o el compañero de hogar de la víctima». De ahí le sigue el femicidio por conexión, en donde primas, hermanas y  tías de las víctimas entran a línea para defender a sus familiares y terminan siendo asesinadas.

Asimismo la titular del Observatorio de la Violencia de la UNAH, afirmó que después de estos dos tipos de femicidios está el crimen organizado, quienes mandan mensajes a las mujeres que habitan en barrios y colonias con altos índices de violencia y criminalidad: «El crimen organizado también les está achicando la vida a muchas mujeres», lamentó. 

Martha, en su testimonio incentiva a las mujeres víctimas de violencia a que denuncien a su agresor, asegurando que, aunque sea difícil y haya pánico de por medio, siempre hay una luz al final del túnel: «Me gustaría que las mujeres sepan que en casa también podemos sufrir de violencia, aunque nos cueste darnos cuenta, no es algo normal», concluyó.

Cientos de pobladores de uno de los sectores más grandes y vulnerables de San Pedro Sula se reunieron la mañana del viernes 18 de junio para solicitar al Gobierno la reparación de los bordos de protección. En respuesta recibieron gas y golpes.

Por: Allan Bu
Fotografías de Antonio Gutiérrez

 

«Queremos el bordo, queremos el bordo, queremos el bordo», era el grito de batalla de cientos de pobladores del sector Chamelecón, que se tomaron el Bulevar del Sur en San Pedro Sula, principal ciudad del norte del país en Honduras. Querían recibir una respuesta a la petición de reparar los bordos que protegen sus colonias de las aguas del Río Chamelecón. 

Pero no llegó ningún funcionario del Gobierno. En lugar de eso, llegaron decenas de elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar, quienes acompañados de una tanqueta y bombas lacrimógenas dispersaron violentamente a los manifestantes. 

Los bordos de contención que protegen el Valle de Sula sufrieron severos daños en noviembre del 2020, tras el paso de las tormentas Eta y Iota, que con apenas una diferencia de 12 días entre de la llegada de una y otra, devastaron el país,  especialmente los municipios del Valle de Sula y los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Colón, Atlántida y El Paraíso. De acuerdo con cifras oficiales, los meteoros dejaron 91 muertos, (aunque las Fuerzas Armadas reportaron que 125 cadáveres habían sido rescatados de las aguas después de las tormentas) y 2,941,000 de afectados en todo el país.

En San Pedro Sula, uno de los sectores más afectados fue Chamelecón donde colonias enteras fueron arrasadas por el desborde de las aguas. Odalma Henríquez, que coordina la oficina de la Cruz Roja en dicha comunidad dijo a este medio que al menos 800 metros del bordo de contención de Chamelecón habían sido dañados. 

Ese bordo era el que los pobladores exigían que fuese reparado. Es que apenas con las primeras lluvias en el 2021 algunas de las colonias más cercanas al río como la Héctor Sabillón Cruz, ya tenían sus calles anegadas.

Parte de las demandas que las familias del sector Chamelecón en San Pedro Sula exigen es la instalación de un semáforo sobre el bulevar del sur y la construcción de un bordo que proteja mejor sus viviendas luego que el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota destruyera las colonia a la orilla del río que da nombre a esta zona. San Pedro Sula, Cortés, 18 de junio de 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

No recibieron respuesta, pero minutos antes del brutal desalojo, Contracorriente conversó con Wilmer Maldonado, un habitante de Chamelecón, quien nos dijo: «El Gobierno nos ha vendido una cortina de humo, han dicho que hemos politizado esto y no es así, lo único que queremos es que sea reparado el bordo de contención».

Agregó que después de tantas pérdidas familiares y materiales, además de la angustia que causa vivir en la zona, la gente del barrio  «ya está cansada de  tantas promesas vacías».

Como muchos pobladores, Wilmer iba con el ánimo de exigir la reparación de los bordos, pero sin intención de armar trifulcas. «Les hemos dicho (a la Policía) que no hemos venido con violencia, nada de quema de llantas, nada de vandalismos porque tenemos claro que se ha hablado mal de Chamelecón, pero nosotros somos gente de paz, que tiene convicciones y que hoy está peleando una lucha justa».

Una de las exigencias de los pobladores era que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, se presentara al sitio de la protesta y al parecer el funcionario les había prometido que ahí estaría: «Se nos confirma que el señor Ayala viene en camino y estamos esperando, depende lo que él nos diga fijamos una fecha y la idea es que todos nos vayamos satisfechos», decía esperanzado.

Ayala no llegó. Una tanqueta y decenas de bombas lacrimógenas asistieron a la cita con los pobladores de Chamelecón. Hubo trifulca. Los manifestantes resistieron el desalojo lanzando piedras. Ahí terminaron las intenciones de negociar.  

Por un momento fue tal la lluvia de piedras que las fuerzas del orden retrocedieron, pero pronto a fuerza de gas y con el apoyo de la tanqueta fueron dispersando a los manifestantes. Ahí comenzó una brutal represión. En redes circula un video donde dos ciudadanos son brutalmente golpeados por un grupo de policías, cuando ellos están en el suelo e indefensos. Fueron atacados a mansalva.

Tras el violento desalojo, en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional fue colgado un video de la directora de comunicaciones de la institución en donde afirma se agotó el proceso de diálogo con los manifestantes. 

Una protesta de las familias que viven en los bordos del río Chamelecón terminó siendo reprimida por la Policía Nacional. Las tormentas tropicales Eta e Iota destruyeron todo a su paso en estas colonias hace poco más de seis meses, las familias de estos barrios exigen que se construya un verdadero bordo ante la amenaza de nuevas inundaciones. Foto: Antonio Gutierrez. San Pedro Sula, Cortes. 18 de Junio del 2021.

«Hablamos de agotar las instancia de diálogo, sin embargo al paso de las horas la protesta se mostró violenta y en ese sentido conforme a lo establecido en la Constitución de la República y el Manual de Operaciones Policiales se debió proceder con el uso moderado de la fuerza para poder controlar la situación sin mayores complicaciones e inconvenientes, la Policía tiene la obligación de mantener el orden», afirmó Martínez en el video, y agregó que «se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a la protesta, pero que esta no interfiera o afecte los derechos de terceras personas, en ese sentido es importante que la población agote las instancias de diálogo para la solución de problemas o quejas». 

En otro punto del peaje, un elemento de la Policía Militar le pidió a un joven que le mostrara las manos y al no recibir respuesta el oficial le dio con el tolete en la cabeza y siguió su camino impune y abusivo. 

Cuando ya había comenzado la represión, uno de los manifestantes le envió un mensaje al presidente de la República, Juan Orlando Hernández: «Si usted no puede hacer el bordo, le pedimos al presidente Nayib Bukele que nos haga el bordo, necesitamos que usted (Bukele) venga a poner orden a Chamelecón».  También pedía ayuda a Bukele el candidato a la alcaldía de la ciudad por un movimiento independiente, Roberto Contreras. En un hecho que refleja el fracaso del Gobierno nacionalista pues en Honduras, tanto los ciudadanos afectados como algunas autoridades locales piden ayuda a un Gobierno vecino que también tiene problemas y es vulnerable.

En una entrevista para este medio, el ingeniero Neil Díaz, jefe de ingeniería de la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula, dijo que de los 900 kilómetros que componen el sistema de bordos, entre 80 y 90 habían quedado dañados tras el paso de las tormentas. En esa ocasión manifestó que de los tramos dañados, unos 70 kilómetros ya habían sido reparados y que sus planes son  que para julio ya no haya obras pendientes. También dijo que las estimaciones para rehabilitar la totalidad del sistema de bordos son unos 550 millones de lempiras (unos 23 millones de dólares).

Según Neil Díaz de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, al menos unos 90 kilómetros de bordo fueron dañados durante el paso de las tormentas Eta e Iota, de estos, unos 70 kilómetros ya habrían sido reparados. San Pedro Sula, Cortés, 18 de junio de 2021. Foto: Antonio Gutiérrez.

Neil Díaz explicó que a principios de 2021, comenzaron a ejecutarse 16 proyectos de rehabilitación y hasta el momento hay más de 60 licitados. «Del proyecto 17 en adelante comenzaron en abril. Ya tenemos más de 35 que se están trabajando actualmente».
No obstante, en Chamelecón su gente reclama por la reparación. Aseguran que hasta ahora no tuvieron réplica del Gobierno, solo recibieron gas y toletazos. Los dirigentes patronales se reunirán este sábado con representantes del Gobierno y si no tienen una respuesta a sus peticiones las acciones de protesta continuarán. 

La crisis sanitaria por Covid-19 interrumpió todas las actividades sociales cotidianas, entre ellas la asistencia a los centros educativos. La Secretaría de Educación anunció en marzo del 2020 la suspensión de clases presenciales para centros educativos públicos y privados de todos los niveles, originalmente prevista para 14 días, pero se ha extendido 15 meses. El problema más grande para los estudiantes en Honduras es la conexión estable a internet y la adquisición de los dispositivos móviles adecuados para el aprendizaje totalmente en línea.

Texto: Laura García

Benigno Paz,  abuelo de una niña en edad escolar, cuenta que la crisis económica es tan grande que cada día le toca tomar una decisión difícil entre comprar suficientes alimentos para toda su familia o comprar paquetes de internet para que su nieta estudie. «A puras cachas ponemos recargas», dice Paz, quien se ha organizado con su comunidad en una ciudad del centro de Honduras para hacer un pilotaje de escuela, a pesar de que la pandemia no ha sido controlada en el país. 

En Honduras, según una investigación de Comunicaciones Estrategias SmartCom, solo 3.6 millones de ciudadanos tienen acceso a internet. Frente a este problema, las oficinas del gobierno no han ofrecido soluciones viables; muchas niñas y niños reciben una vez por semana las asignaciones de las clases por medio de whatsapp o llamadas, algo que no es suficiente para que aprendan las lecciones necesarias para su nivel escolar. 

Don Benigno solicitó a la maestra de su nieta iniciar este pilotaje hace tres semanas en su comunidad, pero no es el único, algunas escuelas en la zona central del país están haciendo esfuerzos por regresar a la normalidad por su propia cuenta y sin apoyo de la Secretaría de Educación.

E
ste pilotaje, con consentimiento únicamente de la junta directiva y los padres de familia del centro educativo, se realiza cada miércoles, jueves y viernes. La maestra que lo organiza solicitó a Contracorriente mantenerse en el anonimato, por temor a represalias del gobierno, pero expresa que el único motivo para exponerse al contagio es brindarle a sus estudiantes la educación que necesitan, ya que la modalidad virtual no es suficiente para que los niños y niñas aprendan. 

Ella y dos maestros más de la escuela se están turnando por horas en la cancha de basquetbol para realizar allí exámenes y dar algunas clases esenciales en el aprendizaje de las niñas y niños. Explicó que a 6 de sus 23 estudiantes se les hace imposible conectarse a internet por motivos económicos. Ella hace llamadas semanales a sus padres y va hasta sus casas a dejarles folletos y guías de trabajo. 

La desigualdad socioeconómica presente desde hace décadas en Honduras se ha intensificado con la crisis sanitaria por Covid-19. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas por parte de las autoridades educativas gubernamentales, ha intentado por todos los medios posibles acceder a educación en línea aún con recortes sustanciales o absolutos a sus ingresos.

Mochila de un estudiante de tercer grado en la zona central del país, lo acompañaba su madre mientras hacía el examen parcial de su clase de Estudios Sociales.

Mientras Honduras espera las jornadas de vacunación masiva que el gobierno ha anunciado y  lucha con la reactivación económica en las zonas de producción, otros países de la región centroamericana ya reanudaron sus clases. En El Salvador, más de 3,000 escuelas regresaron a clases en abril y en Guatemala, el gobierno central autorizó la reanudación en código naranja para más de 150 escuelas públicas a inicios de mayo. 

Aunque el presidente Hernández anunció en febrero que los maestros, junto al personal de salud, serían de los primeros grupos en recibir las vacunas, ha priorizado la vacunación de policías y ha olvidado su promesa de inocular a los docentes. El dirigente del Colegio Profesional de Unión Magisterial (Coprumh), Luis Ramírez, ha exigido con vehemencia la vacuna contra el Covid-19 para sus afiliados. Sin embargo, los líderes magisteriales no han recibido ninguna respuesta de auxilio por parte de las autoridades de la Seduc. 

El sistema educativo en Honduras ha sido deficiente desde hace mucho tiempo, principalmente por la falta de recursos económicos. Según la nota de prensa del gobierno central sobre el presupuesto general de la República para el 2021, «en la partida asignada a la Secretaría de Educación se contempla un incremento del 7% en relación con el presupuesto aprobado en 2020». Esto equivale a un presupuesto de 28,463 millones de lempiras del Tesoro Nacional,  1,400 millones de este presupuesto estaban destinados para la reconstrucción de escuelas destruidas por los ciclones Eta e Iota y 500 millones para el programa presidencial de becas para estudiantes en el extranjero. No se contempla en este presupuesto un plan para continuar o mejorar la telescuela o la educación virtual, y el país sigue muy lejos de tener una educación adecuada. 

Deserción escolar

Las cifras de deserción escolar en Honduras se han disparado en los últimos años según informes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre el 2015 y el 2019, han desertado más de 50 mil estudiantes. 

El Gobierno de la República a través de la viceministra de educación, Gloria Menjivar,  aseguró que «más de 1.6 millones de estudiantes se mantienen vinculados al sistema». Estos datos no son compatibles con las cifras de la encuesta de hogares del INE, pues en el 2019 solo había 1 millón 100 mil estudiantes matriculados. Esto significaría, según la Seduc, que en contexto de pandemia, la matrícula subió 500 mil estudiantes. 

Sin embargo, el “Análisis de la deserción escolar y el gasto público en Seguridad y Defensa” del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), contrasta con esto e indica que «la crisis se agudizó en el año 2020, aproximadamente un 40% de los niños y jóvenes abandonaron su año escolar, esto debido a la pandemia COVID-19»

El presidente Juan Orlando Hernández, a través de los planes “Transformación Digital” y “Te Queremos Estudiando en Casa”, anunció el 16 de febrero de este año la donación de 200,000 tabletas inteligentes. El Ministro de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró que las tabletas son «de última generación». 

La oficina presidencial inició el 25 de febrero la donación de las tabletas pero sin un establecido calendario de visitas posteriores a otras comunidades para hacer la distribución de los dispositivos. Según declaraciones de Bueso, la entrega de las tabletas se haría en 3 o 4 meses. No obstante, 5 meses después las oficinas de gobierno y la Primera Dama aún no han entregado todas las tabletas prometidas.

Ana de Hernandez haciendo entrega de tabletas el 15 de junio del 2021 en Gracias, Lempira 

El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) Fidel García, denunció en una entrevista a Diario La Prensa que estaban obsoletas. «Esas tablets están desfasadas. No tienen las especificaciones técnicas para poder soportar las plataformas educativas. Por ejemplo, deben tener suficientes gigas de almacenamiento, la velocidad y todo eso… Esas no tienen nada de eso, no son competentes para soportar la actividad educativa», declaró el dirigente. 

Ningún centro educativo de la comunidad de don Benigno ha recibido ayuda del gobierno con el plan de entrega de tabletas. La única donación que han recibido ha sido a través del Proyecto Owen de la organización estadounidense Misión St. Andrews. El ministro Bueso estuvo presente durante la entrega de computadoras de esta donación, pero el financiamiento de los aparatos electrónicos es ajena al gobierno. 

Los estudiantes no son los únicos que han tenido problemas de conexión, algunos docentes a lo largo de todo el país no tienen aún los recursos tecnológicos necesarios para conectarse y dar clases virtuales a sus estudiantes. El informe educativo del 2020 publicado por Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (OUDENI) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), explica cómo la mayoría de los docentes se comunican con los padres de sus estudiantes solamente por llamada telefónica y whatsapp.

Categoría %
Llamadas telefónicas a padres de familia
81.2
Grupos de WhatsApp con padres de familia
74.8
Llamadas telefónicas a estudiantes
58.6
Grupos de WhatsApp con estudiantes
54.9
Portal Educativo Educatrachos de Secretaría de Educación (youtube)
33.9
Páginas de Facebook de Secretaría de Educación (Direcciones Departamentales o Distritales/Municipales o de Centros Educativos
31.9
Facebook personal con estudiantes y/o padres de familia
27.7
Programas de Telebásica (Suyapa TV educativa)
25.8
Plataformas educativas como Google Clasroom, Moodle, Blackboard, etc
15.6
Algunas APPs como Skype, Zoom, Hangouts, u otras, con Estudiantes o padres de familia
14.6
Correo electrónico con estudiantes
11.7
Correo electrónico con padres de familia
9.3
Cuenta educativa personal del docente en Youtube
8.1

Fuente: Informe Sistema Educativo del OUDENI, 2020 (con base en 31,426 encuestas a docentes).

Los padres de familia en la escuela piloto que se enfrenta al gobierno y a la pandemia, aseguran estar dispuestos a apoyar a la maestra para terminar el año lectivo 2021 de esta manera. «No todos pueden comprar paquetes de internet» comentó don Benigno, pues para los padres, la mayoría sin cuentas de ahorro, la situación económica es insostenible y la educación de calidad cada día se aleja más de sus prioridades.

La falta de transparencia y la aplicación de secretividad en asuntos de interés público, agudizan la ininterrumpida de Honduras. La inversión de la Tasa de Seguridad figura en la lista de misterios sin resolver.

Texto: María Celeste Maradiaga
Foto de portada: Presidencia de la república

El Estado de Honduras compró 2,202 vehículos por la suma de 720 millones de Lempiras (29 millones de dólares) desde 2014 hasta mediados de 2021, según los administradores de la Tasa de Seguridad, los automóviles fueron destinados a diferentes operadores de justicia, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, sin embargo, varias fuentes expresaron a Contracorriente que esos vehículos -algunos de ellos blindados- en realidad han sido asignados a funcionarios allegados al gobierno de turno y no a los jueces y magistrados que se enfrentan a situaciones hostiles por el crimen organizado y narcotráfico.

El Poder Ejecutivo solicitó estas compras a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que es presidido por el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, bajo el argumento de ser adquisiciones dirigidas a fortalecer la operación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), el Ministerio Público y el Poder Judicial, según informó Radio Cadena Voces (RCV), que tuvo acceso a un informe.

La compra de la flota vehicular se hizo  a través del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) de la Tasa de Seguridad, que está amparada en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, lo que impide conocer a ciencia cierta en manos de quiénes han ido a parar los vehículos. 

De las  15 empresas dedicadas a la comercialización de automotores, según el informe en poder de RCV, tan solo a una se le compraron vehículos por la suma de 317 millones de Lempiras, siendo esta concesionaria la más beneficiada en un 44% conforme a las otras.

El (CTF) surge de la aprobación de la ley de Seguridad Poblacional en julio del 2011, la creación de la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad el 3 de diciembre 2011 y la creación del Comité de Administración y Adquisiciones en agosto 2012. El objetivo es «fortalecer el combate contra la delincuencia y la criminalidad».

Según la nota de RCV, en la compra se encuentran 932 vehículos pick up, 180 camionetas de mediana y alta gama, 28 buses pequeños, 18 buses grandes, 21 camiones, 8 cuatrimotos, 10 vehículos todo terreno, 3 camiones cisternas, 56 turismo, 4 grúas y 1,047 motocicletas de diverso cilindraje, entre otros. Se explica, en esta misma nota, que la compra de carros de alta gama no está justificada y que estos fueron repartidos a altos funcionarios del Estado de Honduras.

El artículo 3 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos «pueden ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional», en el caso de la flota vehícular, esta normativa impide conocer información precisa acerca de las unidades destinadas a cada institución pública y a los funcionarios que están haciendo uso de las mismas.

La ex jueza de sentencia, Gracia María Bertrand, dijo a Contracorriente que la compra de estas camionetas es exclusiva para magistrados de los circuitos de corrupción, extorsión y jurisdicción nacional, en vez de ser otorgadas a fiscales y jueces que verdaderamente manejan delitos o delincuencia organizada, refiriéndose Bertrand al riesgo que corren los mismos sin algún tipo de seguridad.

«Todos andan con su bus y han pedido que esto cambie a los diferentes coordinadores, por ejemplo, Reina Valerio que se desplaza en su propio automóvil, a la reunión de la comisión interinstitucional. Ellos no tienen ese tipo de privilegios, solamente son para altos funcionarios, que son ungidos o seleccionados de dedo por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», señala Bertrand, quien añade que  cuando son allegados y de exclusiva confianza del presidente de la CSJ, Rolando Argueta, este les proporciona, además de la camioneta blindada, un bono de seguridad y una partida presupuestaria semanal de gasolina.

La abogada destaca que la Tasa de Seguridad no ha tenido ningún control por parte del Estado, siendo cómplice en este caso el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, puesto que este utiliza a discrecionalidad estos recursos para fichar a los magistrados o jueces afines a él. «Son beneficios o prebendas que se dan a discreción del presidente de la CSJ con el ánimo de tenerlos silenciados», asegura la ex jueza.

Bertrán aseguró a Contracorriente que algunos de los vehículos que debieron ser asignados a jueces y magistrados del Poder Judicial, están en manos de algunos miembros del Legislativo, incluyendo a algunos miembros de la junta directiva y al presidente Mauricio Oliva.

Señaló además que  ocho magistrados de la Corte de Apelaciones en los circuitos de corrupción y extorsión, aparte de un sueldo base de 80 mil lempiras, han recibido camionetas blindadas y partida presupuestaria de gasolina semanal.

La Tasa de Seguridad Poblacional ha recaudado desde 2012 hasta abril del presente año un total de 19,439 millones de lempiras, sin embargo, dos instituciones han acaparado la mayoría de los fondos, por una parte, la Secretaría de Defensa se ha beneficiando con 10,194 millones de lempiras y la Secretaría de Seguridad con 4,252 millones de lempiras. Otras instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, entre otras, han sido menos beneficiadas.

El presupuesto asignado a la Secretaría de Defensa para el año en curso es de 8 mil millones de lempiras (348 millones de dólares), mientras que la Secretaría de Seguridad recibe unos  6 mil millones de lempiras (286 millones de dólares) en su presupuesto. Por otra parte, la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de lempiras (1,6 mil millones de dólares) y la Secretaría de Salud con unos 18 mil millones de lempiras (750 millones de dólares).

El doctor Nelson Ávila, analista económico y una figura política reconocida, le explicó a Contracorriente que la compra de esta flota vehicular representa una violación a la constitución, en donde se impone el abuso sobre la razón, y entonces se obtiene una estructura de poder que destruye los derechos de los pueblos y de la ciudadanía en el Estado de derecho.

En la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, asegura el doctor Ávila, la Tasa de Seguridad utiliza el dinero bajo deducciones sin control y al mismo tiempo demuestra la irracionalidad conjunta de quien toma esas decisiones. «Hasta ahora conocemos qué es lo que se ha hecho con ese dinero al comprar vehículos blindados, pero esta compra representa un abuso sin precedentes, no les basta con utilizar el presupuesto normal de la nación, sino también instrumentos antidemocráticos, es este caso por medio de la Tasa de Seguridad, y también, la puesta en ejecución de leyes antinacionales como la Ley de Escuchas».

Juan Ramón Molina, director de la Tasa de Seguridad, reconoció en un comunicado que, en efecto, esa cantidad de vehículos se ha adquirido a través de los años, y los mismos han sido asignados a entes y personas encargadas de impartir justicia en el país. Molina agregó que dentro de la compra también hay ambulancias para el Sistema Nacional de Emergencia 911. Respecto a los vehículos blindados, asegura que están debidamente asignados a jueces y fiscales en todo Honduras, para que los mismos no corran ningún riesgo por las labores que realizan. Detalló que se están recuperando de la caída de aproximadamente un 40% en la recaudación de la Tasa de Seguridad durante los primeros meses del 2020.

Pero el doctor Ávila explica que la Tasa de Seguridad es un impuesto, pagado por instituciones y empresas, que forma parte como un porcentaje de las operaciones activas. En ese sentido, el doctor indica que es ahí en donde entran las tasas impositivas sin transparencia y que generan mayor inequidad, esto porque, en vez de invertir en educación y salud, se utiliza para perpetuar el tipo de decisiones en materia de seguridad.

Ian Carlos Waimin, director ejecutivo de la Tasa de Seguridad, explicó al periodico Proceso Digital que estos carros están relacionados a tareas con el cuerpo de seguridad del Estado y que la inversión asciende apenas al 3% de la totalidad de los recursos. «Muchos de los vehículos blindados son para protección de periodistas, ambientalistas, fiscales y jueces a nivel nacional», dijo a ese medio. 

Por su parte, el empresario Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó indignación en su cuenta de twitter: «¿Para lujos de los funcionarios nos cobran la Tasa de Seguridad? Habiendo tantas necesidades en el país! Eliminen la Ley de Secretos, todos tenemos derecho a saber en qué malgastan nuestro dinero. ¡Sin vergüenzas!»

En repetidas ocasiones, Barquero ha expresado que la falta de transparencia en el manejo de la tasa de seguridad es algo que ha incomodado al empresariado en el norte del país y que han exigido que se derogue la ley de secretos y que rindan cuentas sobre el impuesto que grava a todas las empresas para invertirlo en seguridad. 

El Comité de Administraciones y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional indicó en un comunicado que las inversiones en flota vehicular fueron con el propósito de combatir las estructuras criminales en el país, y, de igual manera, negó la asignación de vehículos a funcionarios que no son beneficiarios de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Contracorriente consultó por estas adquisiciones al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien sostuvo que en el 2014 se dio un primer lote de 59 vehículos, todos pick-up, distribuidos a nivel nacional en ese poder del Estado.

En estos últimos años, en cuanto a adquisición vehículos, Duarte asegura que se recibió un segundo lote en la presente administración de 35 vehículos, de los cuales 15 son camionetas que facilitaron para los magistrados de suprema corte, y el resto son pick-up. Dentro de ese mismo lote dos son camiones, uno para acarrear agua (carro cisterna) y otro camión para traslado de privados de libertad. «Todo según la necesidad que trae planteada la Tasa de Seguridad, porque esto funciona con los proyectos que se presentan de la misma institución, y todas fueron distribuidas según lo acordado», indicó.

Por su parte, María Luisa Borjas, comisionada en condición de retiro y ex diputada señaló a Contracorriente que la inversión de los fondos de la Tasa de Seguridad es desconocida, en vista de que está inscrita en el régimen de información confidencial, es por esto que nunca se ha rendido cuentas ni se ha podido auditar. 

La ex coordinadora de Asuntos Internos de la Policía Nacional establece que, ahora que sale a la luz la compra de estos vehículos de lujo y otros gastos, es cuando se disparan las alarmas y muchos centran su atención en los procedimientos de esta unidad. 

«La policía está retrocediendo, pues antes tenían sus propios vehículos y taller de mantenimiento, hoy no, ahora son alquilados porque ahí está el negocio para alguna persona en especial», expone la comisionada, apuntando a los dueños de rentadoras de vehículos y el posible negocio que tengan con las autoridades.

María Luisa también hizo hincapié en la necesidad que hay de saber en qué se invierte el dinero de la Tasa de Seguridad, ya que a través de transacciones bancarias se destina una parte a estos fondos, formando esto parte de los impuestos que pagan día a día los hondureños. «Estos vehículos blindados se les asignan a las familias o allegados del presidente, aparte de la seguridad y combustible, pagando el pueblo toda la protección a este grupo. Esa es malversación de caudales públicos», indicó Borjas.

Texto: Allan Bu y Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix


El Valle de Sula, tan productivo como vulnerable, se enfrentará a una nueva temporada de lluvias con tramos de los bordos de protección dañados por Eta y Iota aún sin reparar, mientras Copeco ya ha decretado alerta amarilla por tres días.

El 1 de junio inició oficialmente la temporada ciclónica y el Gobierno de Honduras no reconstruyó los bordos que fueron destruidos en noviembre pasado tras el paso de los huracanes Eta y Iota, mientras tanto, los habitantes de las riberas del caudaloso río Ulúa ven cómo algunas de sus comunidades comienzan a inundarse con las primeras lluvias.

Los funcionarios que el año pasado anunciaron la construcción de una decena de represas, este año electoral, han guardado silencio sobre las mismas, porque el estricto debate implica hablar sobre reordenamientos territoriales, declaración de zonas como inhabitables y desplazamiento de familias. El Gobierno además ha incumplido su responsabilidad de reparar a tiempo la totalidad de los bordos, poniendo miles de vidas en peligro.

Rita Castellanos, de 76 años, pobladora de la colonia La Democracia de El Progreso, Yoro, asegura que si no se reparan los bordos es porque la intención del Gobierno es construir represas y desalojarlos de sus viviendas. «Ya no nos quieren ver, si construyen más represas es porque nos quieren desaparecer», expresó.

Los pobladores de las zonas vulnerables de Honduras han protestado constantemente durante seis meses para que el Gobierno repare los bordos, sin embargo, sus peticiones han sido ignoradas. 

Doña Rita, que vive a la par del río Ulúa, ve con preocupación el papel que juegan las represas durante los huracanes, por los antecedentes de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, que entre el 14 y 28 de noviembre del año pasado descargó 623 millones de metros cúbicos de agua, según El Heraldo. «Aunque digan que ahorita El Cajón no tiene agua, la verdad es que está hasta la madre de agua, lo que están esperando es que vengan más lluvias para abrir las compuertas. ¡Nos quieren matar!», aseguró.

Rita Castellanos de 76 años, es vecina de la colonia La Democracia en el bordo del río Ulúa en el municipio de San Manuel, Cortés. Desde 1971, Rita y su familia ha vivido en esta colonia que todos los años se inunda por las constantes crecidas del río, sin posibilidades de obtener una vivienda en una zona alejada del río debido a sus escasas posibilidades económicas y a la ausencia de un programa estatal de asignación de viviendas. San Manuel, Cortés, 4 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

El pasado jueves, tras una jornada de intensas lluvias en la zona noroccidental de Honduras, varias comunidades aledañas al río Ulúa resultaron inundadas, después de que el caudaloso río se extendiera a sus territorios debido a la ausencia de bordos de contención. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decretó a partir del viernes 11 de junio 72 horas de alerta amarilla en el Valle de Sula y las cercanías de las riberas de los ríos Ulúa y Chamelecón por las fuertes lluvias que han caído en la zona. 

El Cuerpo de Bomberos de Honduras tuvo que enviar lanchas el pasado jueves a dos aldeas que quedaron incomunicadas para rescatar a varias familias, algo que, evidentemente, no hubiera sido una amenaza para los pobladores en años anteriores porque los bordos estaban en buen estado.

En el comunicado de Copeco se anunció que los próximos tres días, producto de la convergencia de vientos y humedad se producirá inestabilidad atmosférica, precipitaciones y tormentas eléctricas en las regiones antes mencionadas. 

Doña Rita, madre de tres hijos, ha habitado en la colonia La Democracia desde 1971 y a estas alturas no espera ayuda del Gobierno. Además, externó su preocupación manifestando que, si se vuelven a presentar huracanes como los del año anterior, quedarán nuevamente a la intemperie. «Tendremos que esperar a que Dios nos socorra, porque no tenemos para dónde agarrar. ¡Un pedacito de bordo es apenas lo que arreglaron y costó que lo repararan!». Doña Rita, cuyo cabello se ha nutrido de canas, se refiere a la reparación de apenas 20 metros de bordo del río Ulúa, colindante al puente La Democracia.

El jefe de ingeniería de la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula, Neil Díaz, le dijo a Contracorriente que entre 80 y 90 kilómetros de los bordos que protegen las comunidades del Valle de Sula sufrieron daños. En total, estas estructuras alcanzan 900 kilómetros.

Jerónimo Carranza, coordinador de articulación del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), dijo que el anuncio del Gobierno, como «medida para mitigar las inundaciones», de construir represas en puntos estratégicos del Valle de Sula, vendría a provocar desplazamientos forzosos que dejarían a miles de familias a la intemperie.

«Las comunidades ya entendieron este asunto de que a los bordos no se les ha dado la suficiente atención porque lo que se pretende es construir represas. Prácticamente es una amenaza definitiva a la vida de las comunidades, las comunidades están claras de que se va a dar finalmente el paso de la ley de ordenamiento territorial en donde se declararán sus zonas como inhabitables, eso quiere decir que, si eso se da en las comunidades que están prácticamente en las riberas del río Ulúa y el río Chamelecón, eso traerá despojo y desplazamientos de familias. Porque ya se hacen anuncios de que los van a llevar a otro lado, pero qué garantía tiene el Gobierno para seguir impulsando a los sectores agrícolas y, además, devolverles a estos pobladores lo que ya tienen construido», explica el coordinador de articulación territorial del ERIC-SJ.

Un reportaje de Contracorriente, denominado «Las tormentas, el desastre perfecto para construir más represas sin consulta», explica que «el Gobierno de Honduras ha prometido que la construcción de catorce represas en todo el país evitará inundaciones como las ocurridas con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre del año pasado. Sin embargo, estos proyectos han sido controversiales por su falta de transparencia y consulta lo que genera conflictos en las comunidades». 

Y es que días después de los dos huracanes que golpearon a Honduras a finales del año pasado, el presidente Juan Orlando Hernández junto al Consejo de Ministros emitieron el PCM 138-2020 declara como prioridad catorce megaproyectos de represas, y etiqueta como de interés nacional el diseño, la construcción, ampliación y operación de estos.

Uno de los mayores interesados en la construcción de las represas en la zona norte es el empresario y presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canahuati, quien expresó a Diario Tiempo: «no vamos a parar hasta que se haga lo que tengamos que hacer para reducir la vulnerabilidad en el Valle de Sula que representa el 50 % del Producto Interno Bruto del País (PIB)», tras firmar un acuerdo para ese fin.

Tras las nuevas lluvias del pasado jueves, el tema volvió a sonar, pero en la empresa privada. El representante de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el ingeniero Osmín Bautista, dijo al medio local Villavisión que «simplemente con bordos jamás vamos a poder proteger el Valle de Sula. Se necesitan las represas, tanto Jicatuyo y Los Llanitos en la cuenca alta del río Ulúa, El Tablón en el río Chamelecón y reparar el dragado que dejó la Tela Rail Road Company».

En mayo de este año, según una publicación de Radio América, Banco Atlántida fue beneficiado con la firma de un contrato suscrito con la Secretaría de Finanzas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), después de que se hiciera una reforma al contrato de fideicomiso para la generación de energía y desarrollo de proyectos públicos para control de inundaciones, mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la constitución de una alianza público-privada.

Jerónimo advierte que, si se logran construir estas represas, una gran cantidad de familias quedará a la intemperie, porque en estos lugares es donde tienen sus medios de vida. «Las comunidades seguramente saldrán a defenderse, si es esta es la intención de parte del gobierno».

Sobre el porqué no hemos escuchado mayores anuncios del Gobierno sobre las represas este 2021, Carranza establece que es porque estamos en año político, con las elecciones generales programadas para noviembre. «Así que el plan de reordenamiento territorial no lo sacarán en este momento, porque ellos saben que se meterían a problemas en el sentido que necesitan votos. Eso lo trabajarán y establecerán una vez pasando todo este escenario».

Carranza lamenta que, salvo algunas excepciones, las acciones de protesta por parte de los ciudadanos del Valle de Sula siguen siendo débiles. «Están articulados de una manera frágil debido a las regalías del Gobierno. Las bolsas de comida hicieron que bajara la determinación que tenían las comunidades para reclamar al Estado de Honduras que reconstruyera sus casas, reparara sus sistemas de agua y asumiera la responsabilidad de reparar y reconstruir los bordos», dice Carranza.

«Debido a la ausencia de bordos, si hoy viniera un huracán, todo el Valle de Sula y la zona noroccidental, se verían afectados, porque quizá solo en un 20 % o 30 % están atendidas las obras que fueron destruidas», agrega.

El analista del ERIC asegura que están en riesgo la vida de las personas y los cultivos en el sector sur de El Progreso y los ex campos bananeros. «Creo que la afectación sería crucial y catastrófica, con una simple tormenta tropical ya mete en problemas serios a estas comunidades».

Mientras tanto, Carranza advierte que en Honduras ya se están viendo «los desplazamientos que están ocurriendo por las ZEDE y esta dinámica se puede ir replicando en estas zonas con tierras tan fértiles y productivas. Esas cosas sí se están pensando y será una tarea fuerte construir una plataforma de lucha».

José Antonio, otro habitante de la colonia La Democracia, asegura que al vivir a la orilla del río Ulúa, corren un enorme peligro porque «el agua se filtrará por cualquier lado».

Poco más de seis meses han transcurrido desde Eta e Iota y muchas casas siguen ser reconstruidas en los barrios de los bordos del río Ulúa donde la vida de las personas transcurre entre la necesidad de una vivienda digna y el miedo de una nueva crecida del río. San Manuel Cortés, 4 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por su parte, Kerin Cáceres, de 29 años, dice que es una situación preocupante porque los bordos no están terminados al 100 % y el gobierno responde con violencia cada vez que protestan. «Solo vinieron a tapar un hoyo que habían dejado las lluvias. Pero no nos sentimos nada seguros. En las protestas hay bastante gente preocupada, pero al gobierno no lo veo ayudando. Lo que hace es lanzar gases lacrimógenos».

550 millones para los bordos

El ingeniero Neil Díaz, de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, afirmó a Contracorriente que prácticamente en todos los municipios del Valle de Sula hubo daños en los bordos: Choloma, Puerto Cortés, La Lima, San Manuel, El Progreso, Pimienta, Villanueva, Potrerillos y Omoa.  Además, en El Negrito, Yoro y Tela, Atlántida.

Díaz manifestó que después del paso de las tormentas, la Comisión logró identificar unos 70 proyectos para rehabilitar y fortalecer los bordos. Agregó que las ejecuciones de los mismos empezaron en diciembre de 2020, pero solo en los lugares donde las condiciones permitían, en la mayoría de lugares no había acceso.

Explicó que a principios de 2021, comenzaron a ejecutarse 16 proyectos de rehabilitación y hasta el momento hay más de 60 licitados. «Del proyecto 17 en adelante comenzaron en abril. Ya tenemos más de 35 que se están trabajando actualmente».

De los aproximadamente 90 kilómetros de bordo que fueron dañados por las tormentas de noviembre pasado, el ingeniero Díaz manifestó que se han reparado y rehabilitado unos 70 kilómetros. «Hay algunos proyectos que terminaron en mayo, pero ahora en junio se terminarán muchos más», dijo el profesional que habló con este medio antes de que se reportaran inundaciones en Chamelecón y El Progreso, Yoro.

Afirmó que están verificando si hay algún tramo que no ha sido reportado, «de repente hay algunos canales de drenaje donde hay algún daño que no ha sido reportado, pero es poco. La mayoría ha sido evacuado, atacando sobre todo los daños de bordos en los principales ríos: Chamelecón y Ulúa».

En contraste con lo anterior, en el sector Rivera Hernández, el pastor evangélico Adrián Hidalgo lideró una cruzada para que sea reconstruido un tramo de 15 metros de bordo de contención que se encuentra deteriorado justo detrás de la colonia Asentamientos Humanos. «Es una ruptura  15 por 15 metros, pero la restauración propuesta es de 90 por 15 porque hay áreas  que el agua socavó la tierra de la orilla y se llevó una parte», dice el pastor.

Hasta el momento la solicitud realizada desde abril a la Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula no ha tenido respuesta, pese a que el boquete deja en estado de alta vulnerabilidad al menos ocho colonias de este sector. En esta institución les dijeron que no estaban enterados, pero que su solicitud será atendida la próxima semana.

El pastor considera que hubo negligencia de este gobierno pues dice que personal técnico de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Insep, visitó el lugar donde está el daño, pero que no realizaron el reporte a la Comisión del Valle de Sula.  «Entendemos que la gestión de Mario Pineda (Ministro de Insep)  de lo que se trataba era de limpieza de calles,  escombros y lodo, pero siendo una autoridad creo que ellos estaban para pasar un informe», se queja Hidalgo.

El ingeniero Díaz, por su parte, reveló que el estimado para rehabilitar la totalidad del sistema de bordos son unos 550 millones de lempiras (23 millones de dólares), de los cuales ya tienen disponibles 490 millones.

Daños por Eta y Iota

A finales del año pasado, entre el 4 y el 18 de noviembre, los huracanes Eta y Iota devastaron el país, especialmente los municipios del Valle de Sula y los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Colón, Atlántida y El Paraíso.  De acuerdo con cifras oficiales, los meteoros dejaron 91 muertos, (aunque las Fuerzas Armadas reportaron que 125 cadáveres habían sido rescatados de las aguas después de las tormentas) y 2 941 000 de afectados en todo el país.

Además, 37 puentes colapsaron y 57 quedaron dañados. Se contaron 171 tramos afectados en todo el país. En cuanto a las viviendas, un informe realizado por las Naciones Unidas mencionaba que  1,200 viviendas fueron dañadas tras el paso de las tormentas.

Una joven vuelve a su casa luego de las inundaciones provocadas por Eta e Iota con la esperanza de poder rescatar alguna pertenencia. La Lima, Cortés, 13 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

No obstante, en el departamento de Santa Bárbara, de acuerdo con información recopilada por la La Prensa, unas 2,235 viviendas quedaron destruidas y otras 5429, resultaron dañadas. La información recogida por el diario fue elaborada por cada uno de los 28 municipios del departamento. Los daños también pusieron en precariedad la seguridad alimentaria del país, pues las primeras estimaciones en pérdidas de la agricultura arrojaron que se perdieron: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12 415 de maíz y 21 238 de frijol.  También fueron afectados cultivos de cebolla, yuca, tomate, melón, sandía, sorgo, entre otros. Además, se anegaron unas 15 000 hectáreas de caña de azúcar y alrededor de 150 000 hectáreas de palma africana.  

El economista Alejandro Kafati, miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh, dijo a la agencia Efe que Honduras perdió hasta 12 500 millones de dólares por los efectos de la pandemia de COVID-19 y las tormentas.

Uno de los municipios más afectados fue La Lima, cuyo alcalde, Santiago Motiño, le dijo en una entrevista a Contracorriente, que solo en esa comuna las pérdidas alcanzaban los 24 000 millones de lempiras ( 1 000 millones de dólares) entre daños a viviendas, infraestructura del Estado y cultivos.

En El Progreso, Yoro, la coordinadora de la Comisión de Albergues, Nohely Girón, manifestó a este medio que en esa municipalidad llegaron a tener 92 albergues y unas 15 familias alojadas en los mismos.

El ingeniero Diaz agregó que la mayoría de la infraestructura de bordos fue hecha por las compañías bananeras asentadas en Honduras que en aras de proteger sus cultivos de las inundaciones realizaron estar construcciones, luego el gobierno se ha hecho cargo de su mantenimiento.

Expresa que en los bordos es muy importante el mantenimiento por parte de las comunidades, gobiernos locales, patronatos e incluso empresas que están en las cercanías porque los recursos con los que cuenta el gobierno para este tema son «limitados».

Odalma Henríquez, es coordinadora de la Cruz  Roja en Chamelecón. Ella piensa que los miembros de las comunidades protegidas deben ser los primeros interesados en conservar de manera óptima los bordos. «Ahora estamos pidiendo (al gobierno) que vengan a reforzarlo más, pero también estamos viendo que se deben reforzar las capacidades en las comunidades», manifestó.

Las tormentas Eta e Iota dejaron al descubierto la fragilidad de los barrios sampedranos en el sector Chamelecón, donde la crecida del río que da nombre al sector, dejó bajo tierra varios barrios y colonias a lo largo del bordo. San Pedro Sula, 20 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Explicó que después de realizar inspecciones, ella y su grupo de trabajo se han dado cuenta que hubo partes del bordo que la misma comunidad dañó, ejemplifica esta situación diciendo que, «cada bordo por la parte de adentro tiene unos gaviones, que están hechos a base de piedras y unas mallas que lo protegen, el agua pega ahí y no lava tierra. Pero los pobladores lo que hicieron fue cortar las mallas y llevarse las piedras porque quizás las necesitaban para construir las viviendas», dice.

Aclara que no se puede achacar toda la responsabilidad de las inundaciones a las acciones de la gente, pues de acuerdo con sus registros, la cantidad de agua que el bordo del río Chamelecón puede soportar son 10 metros y en noviembre el río pudo alcanzar hasta 15 metros de agua, «pero debemos sensibilizar a la población que no pueden seguir haciendo eso,  aunque siempre vamos a correr un riesgo». 

Henríquez también explicó que en Chamelecón el riesgo no solamente viene del río, pues por la topografía del suelo, que son terrenos muy bajos, hay un 35 % del sector que se inunda por retención de aguas lluvias, «debemos tener ese cuidado», concluyó. 

Texto: Laura García

Los sistemas judiciales de Honduras, Guatemala y El Salvador están en crisis por la politización de sus órganos  de justicia. La ciudadanía del Triángulo Norte espera la independencia e integridad judicial como la salvaguarda de sus garantías individuales. Esta fue una de las conclusiones del foro virtual: Retos y Amenazas para la Independencia e Integridad Judicial en los países del Triángulo Norte impulsado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) tras la realización de una investigación sobre independencia judicial en los tres países. 

Los ponentes Leonardo Aguilar de Contracorriente Honduras, Úrsula Indacochea de Due Process of Law Foundation Perú, Verónica Torres, Maynor Alvarado de Guatemala, Héctor Carrillo de FESPAD y Celia Medrano de El Salvador, miembros de los equipos investigadores,  abordaron temas como la injerencia política partidaria en los órganos judiciales de los tres países como principal obstáculo para alcanzar la imparcialidad y autonomía judicial. Aunque la culpa podría recaer en todos los partidos políticos, son los partidos de gobierno los principales actores que contribuyen a la ilegitimidad en los órganos y procesos judiciales, coincidieron. 

La independencia judicial es un principio y una costumbre jurídica internacional, por lo tanto, los Estados están obligados a velar por su cumplimiento, aún si no está contemplado en su Constitución Política, según lo expuesto por Indacochea «se presenta como un todo frente a otros poderes y le confiere independencia del juez», expresó.

Esta iniciativa de la FESPAD surgió días después de que la independencia de los órganos judiciales en El Salvador fue amenazada por acciones en contra de los procesos legales del país, todo avalado por el Poder Ejecutivo de la nación.

El acceso a la libertad judicial no solo es un derecho universal de todos los ciudadanos bajo legislaciones de Estados democráticos, también es el principio jurídico que garantiza en cada nación el derecho inherente de cada ser humano a ser oído por un juez independiente e imparcial, además es necesaria para la protección de la democracia, de acuerdo a lo expuesto por Indacochea. 

Antecedentes en el Triángulo Norte

«En Honduras, según la Constitución de la República, la forma de gobierno es republicana y es ejercida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales son independientes y sin relaciones de subordinación. Sin embargo, las facultades constitucionales del Poder Judicial han sido inhibidas desde el Poder Legislativo por una serie de reformas que han aprobado para blindar a altos funcionarios de gobierno y a los dirigentes del sector empresarial», explicó el abogado y periodista de este medio, Leonardo Aguilar.

«Hubo una disminución de la independencia [judicial] desde el Golpe de Estado contra José Manuel Zelaya Rosales en el 2009; posteriormente con la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el 2017. Ambos hechos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia, lo que ha provocado que el poder se concentre en el Ejecutivo», agregó.

Aguilar también se refirió al Consejo de Defensa y Seguridad que preside el Poder Ejecutivo como un órgano de control de poderes en manos del presidente en Honduras. «Esto es una violación a los preceptos constitucionales que dictan la independencia y prohíben la subordinación de un poder del Estado a otro de su mismo rango», apuntó Aguilar.

Los grupos de poder en el país causaron una crisis política en el 2020 al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, mismo que favorece a los imputados por crímenes como narcotráfico y lavado de activos. Las penas para estos delitos fueron reducidas beneficiando a algunos funcionarios del gobierno y sus aliados en otras élites, contextualizó el expositor.

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Cuando  los procesos de judicialización se ven comprometidos, la ciudadanía ha buscado intervención externa. Un ejemplo de esto fue el movimiento indignado en Honduras, luego del desfalco millonario en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS), tal como apuntó Aguilar, cuando la nación exigía la protección e inspección de una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), finalmente se logró la instalación de un mecanismo de apoyo por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En junio de 2010 en Honduras, el Poder Judicial  destituyó a tres jueces y una magistrada que se posicionaron en contra del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales y en diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. La historia se repitió este año en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República.

En el caso de El Salvador, el asalto al Poder Legislativo de febrero de 2020 fue una alteración a los principios jurídicos y una violación a la inamovilidad de los jueces, según explica el panelista salvadoreño, Héctor Carrillo.

Además, declaró que lo ocurrido en la sesión, con consentimiento del Ejecutivo, «lesionó la tranquilidad jurídica, mediante vía de hecho, violando procesos salvadoreños».

De acuerdo a la estricta justicia, El Salvador no tiene magistrados de la Sala de lo Constitucional y no hay presidente de la Corte Suprema de Justicia, según lo explicó Carrillo. Estos motivos, consideró, son suficientes para provocar una crisis política nacional.

En Guatemala la crisis judicial también se agudizó hace tiempo, este mes se cumplen dos años de no hacer la renovación obligatoria de los jueces y magistrados de las cortes de justicia. Esto representa un retroceso en el camino hacia la independencia judicial. El panelista, Maynor Alvarado,  explicó por su parte que la normativa se está usando para atacar las mismas normas judiciales y para frenar procesos de elecciones, utilizando erróneamente los mecanismos del país.

Hace algunos días, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público guatemalteco solicitó que se retire el derecho de antejuicio a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y uno de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según la investigación Comisiones Paralelas, iniciada en el 2020, los magistrados están involucrados en hechos ilícitos. El panelista guatemalteco explicó cómo los funcionarios hacen constantes esfuerzos por protegerse de ser juzgados con todo el peso de la legislación y evadir procesos judiciales.

Los expositores enfatizan en la necesidad de formar rigurosamente en la academia a jueces y magistrados imparciales en su ejercicio. Se debe proveer a las Cortes Supremas de Justicia la independencia y protección que necesitan cuando sus representantes se preocupan por la aplicación de las leyes. Es pertinente la incidencia de las organizaciones de sociedad civil y la presencia de observadores internacionales, pues la posición de los actores sociales es esencial para alcanzar la independencia judicial.

Los desafíos para Honduras, Guatemala y El Salvador en su camino para la aplicación de la justicia de forma igualitaria son similares. Los tres países necesitan mejorar los mecanismos para la selección de los operadores de justicia, asegurar mediante un conjunto de garantías la protección de juezas y jueces para que apliquen la ley con imparcialidad y sin estar sometidos a terceros.

Las recomendaciones de los expertos son, principalmente, ofrecer seguridad a las magistradas y magistrados, por la condición del ejercicio de su cargo, contra presiones externas, sin preocuparse por inmunidades de altos funcionarios. Honduras, Guatemala y El Salvador también están en la necesidad urgente de un proceso adecuado para la selección, ascensión y remoción de las autoridades judiciales de alto y bajo rango, basándose en la trayectoria de cada magistrada y magistrado.

Integridad de Procesos Judiciales

Entre las recomendaciones de los panelistas está mejorar los controles democráticos -que según lo investigado por ellos en estos países- son débiles y no protegen como deberían a los operadores de justicia cuando, por su ejercicio, se enfrentan a presiones políticas y sociales.

Agregaron además que se deben anular las normativas que imposibilitan al Ministerio Público de cada país y a los demás órganos de fiscalización, la persecución de funcionarios implicados en crímenes que causan perjuicio a la dignidad ciudadana. De acuerdo a los principios del Derecho y de la independencia e integridad judicial, los altos funcionarios también deben ser sometidos a juicios cuando se vinculan a hechos delictivos, explicaron. 

La situación crítica de las entidades judiciales en los países del Triángulo del Norte centroamericano es una amenaza constante para la estabilidad de los Estados de Derecho y la independencia judicial está íntimamente vinculada a la protección de los derechos humanos, según explicaron los expertos.

En Honduras, la rigurosidad con la que se aplica la ley a la ciudadanía en general es más estricta que con los enjuiciados en destacados puestos de poderes políticos, económicos y religiosos. Hay casos emblemáticos sellados en la memoria histórica de la nación.

La ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Karin Gutiérrez Arévalo; sus hermanos Julio César Gutiérrez, Ginette Gutiérrez y el padre de todos ellos, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez,  salieron absueltos del caso Astropharma por falta de pruebas. Uno de los argumentos de la familia que ayudó a su absolución fue que vendieron sus acciones a la empresa G.K American Electronic en 2009, antes de los contratos con el Estado. Sin embargo, su relación con esta empresa comienza desde su creación hasta la venta de acciones a sociedades constituidas en Panamá. Además, en febrero de 2020, pocos meses después de salir absueltos, un terreno de Astropharma, valorado en más de 16 millones de Lempiras, fue donado a Marco Tulio Gutiérrez Velásquez. El Ministerio Público interpuso una casación para que el juicio se repita. Si esto ocurre, los Gutiérrez podrían salir absueltos de nuevo, aquí explicamos las posibles razones. 


Esta investigación fue realizada por un consorcio de periodistas con apoyo de Honduraction y este medio**

Lena Karin Gutiérrez Arévalo, ex vicepresidenta del Congreso Nacional de 2010 a 2014, logró salir absuelta en 2019 después de ser acusada por una serie de actos delictivos que afectaron el patrimonio del Estado y la salud pública de la población. Ella y parte de su familia fueron fundadores y accionistas de la empresa Astropharma que, entre 2010 y 2015, recibió millonarios contratos con el Estado de Honduras. El juicio fue conocido en las calles hondureñas como las «pastillas de harina» cuando la ciudadanía salía a protestar por el desfalco al sistema sanitario en 2015. 

Esta familia presentó a las autoridades judiciales los documentos del Registro Mercantil de Tegucigalpa que acreditaban que ya no eran socios de Astropharma desde 2009. Esta investigación revela que la familia siguió vinculada con la empresa a la que vendieron sus acciones a través de una «relación de hecho», algo que el abogado Marco Tulio Castro Canales explicó a Contracorriente en una entrevista exclusiva a más de un año de que su cliente, Marco Tulio Gutierrez Velasquez, fue absuelto en este caso. 

«Vendimos nuestras acciones a inversionistas extranjeros, tal como consta en los registros públicos. Desde hace seis años dejamos de ser socios de Astropharma», explicó la familia en conferencia de prensa el 30 de junio de 2015 poco después de la acusación. Cuatro años pasaron en prisión domiciliaria y pagaron millones de lempiras para defenderse en libertad, hasta que, en 2019, fueron absueltos por falta de pruebas para acreditar los delitos imputados: delitos contra la salud pública, uso de documentos públicos falsos, falsificación de documentos públicos y otros fraudes en perjuicio de la administración y la salud pública.

El Tribunal de Sentencia en su fallo (expediente 9-581-2018) indicó que se establece como un hecho probado que el 28 noviembre de 2009 todos los socios de Astropharma vendieron el total de sus derechos y acciones a la empresa G.K. American Electronic. Esta es una empresa registrada en Honduras en enero de 2009 cuya finalidad principal era la venta de equipos computacionales y tecnológicos y cuyos accionistas en ese entonces eran Gladys Irías Rivera y Pedro Pablo Alvarado Hernández. Irías Rivera fue absuelta del delito de fraude en nivel de complicidad en ese mismo juicio. En los años siguientes se hicieron cambios en G.K American Electronic en los que terminó figurando el actual ministro de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Francis Contreras y el actual diputado nacionalista Wilson Rolando Pineda Díaz. 

Sin embargo, Marco Tulio Gutiérrez se mantuvo cerca de Astropharma a pesar de haber vendido sus acciones. La Fiscalía presentó como prueba de ese vínculo un cheque emitido por la empresa Marco Tulio Gutiérrez Agentes Aduaneros S. A. el 28 de enero de 2009 por un valor de 250 mil lempiras que sirvió para la creación de la empresa GK American. 

Marco Tulio Gutiérrez Agentes Aduaneros S. A. está conformada por los socios Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Lena Karin Gutiérrez, Julio César Gutiérrez y Ginette Gutiérrez. Todos fueron absueltos por la justicia hondureña a pesar de que el Ministerio Público presentó estos cheques como prueba de los vínculos de esta familia con Astropharma y además aportó documentos en los cuales se lee que, hasta julio de 2015, los implicados tenían firma autorizada en las cuentas de cheques a nombre de Astropharma. 

Las conexiones entre Astropharma y la familia Gutiérrez siguieron. El 11 de febrero de 2010, la empresa Marco Tulio Gutiérrez Agentes Aduaneros emitió otro cheque a los nuevos dueños de Astropharma por 4.7 millones de lempiras para ampliar el capital accionario de GK American, a pesar de que esta empresa no aparece como accionista en su escritura pública. 

Nos comunicamos con la ingeniera Lena Gutiérrez vía whatsapp para conocer su versión de estos hechos, sin embargo, nos remitió con dos de sus abogados y con Gilberto Lezama Toro quien fue gerente de Astropharma. Solamente el abogado Marco Tulio Castro Canales, apoderado legal de Marco Tulio Gutiérrez, aceptó una entrevista para referirse al caso. Lezama Toro no atendió nuestras comunicaciones. 

Marco Tulio Castro Canales no solamente es el apoderado legal de Gutierrez Velásquez sino también dijo ser uno de los abogados de la familia en temas mercantiles. El único caso penal que les ha llevado es el de Astropharma y solamente como defensor del padre de la familia. 

El abogado Castro Canales dice que aún esperan el fallo de la casación, pero que en caso de repetirse el juicio, sus argumentos serían exactamente los mismos y que el Ministerio Público desde el principio estuvo condenado a perder el juicio porque los Gutiérrez jamás debieron ser procesados. Explica que no solamente porque ya habían vendido las acciones sino también porque, al final, la Fiscalía no pudo probar que hubo delito contra la salud pública por parte de Astropharma. Además, la responsabilidad por los documentos falsos -que son registros sanitarios del Laboratorio Internacional (LAIN- proveedor de Astropharma)- tampoco recae sobre su cliente ni siquiera por haber tenido una relación de hecho con la empresa que fundó pero de la que ya no tenía responsabilidad administrativa. 

Castro Canales explica que los cheques de la agencia aduanera de la familia Gutiérrez para GK se pueden explicar ya que esta empresa servía como fiadora de Astropharma y de GK. 

«Como se le vendieron acciones a GK, Marco Tulio en el momento que vende sus acciones -y toda la familia Gutiérrez- tenía préstamos en el sistema financiero nacional, o sea, Marco Tulio ha perdido casi la mitad de su patrimonio por culpa de ese juicio, más de la mitad de su patrimonio, del trabajo de toda su vida, porque él era fiador mediante la agencia aduanera de todas las obligaciones de Astropharma y él personalmente también se había convertido en fiador de Astropharma, entonces, ese cheque corresponde a un aumento de capital de GK. En ese momento la agencia aduanera, no Marco Tulio, le da en préstamo la cantidad que corresponde al aumento de capital de la empresa, pero eso no lo convierte en accionista, lo convierte en acreedor de esa empresa», explica el abogado.

El Código Penal, en su Artículo 34 A, establece que: «por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica». Aunque el requerimiento fiscal contra la familia Gutiérrez mencionaba como prueba que Marco Tulio Gutiérrez y Lena Gutiérrez, en ese entonces diputada, aún tenían poder de administración en Astropharma. Lo más evidente era que tenían una relación indirecta y no hay documento que haga constar que ellos tenían poder de decisión en la empresa cuando el contrato del caso se dio. 

Castro Canales alega que su cliente jamás debió ser procesado y además agrega que el juicio fue algo «mediático» y con fines políticos en el contexto de convulsión que se vivía el país. 

Se refiere al 2015, cuando «los indignados» inundaron las calles con la consigna de «Fuera Joh» pidiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández, en ese momento señalado por ser el responsable del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Este acto de corrupción mostró que el dinero de ese instituto fue a parar a la campaña de Hernández cuando ganó su primer mandato. Esto indignó una ciudadanía que además exigía un alto a la corrupción, no solamente en este caso sino en el desfalco a todo el sistema de salud. En ese año, la Fiscalía armó el caso Astropharma el cual se volvió consigna en las calles. 

El enojo ciudadano fue tal, que en septiembre de 2015, el abogado de Lena Gutiérrez, Eduardo Montes, fue asesinado al salir de su bufete, algo que en un inicio se atribuyó a la indignación por la crisis en el sistema sanitario y el caso del Seguro Social. 

«Lo que pasó con esto es que los denunciantes y el MP vincularon este tema del Ministerio de Salud al Seguro Social y decían que con lo que Astropharma le había vendido al seguro social habían muerto no sé cuántas personas y Astropharma nunca le vendió una pastilla al Seguro Social y eso lo aclaró un interventor del seguro social -si mal no recuerdo-  que salió haciendo una aclaración pública donde dijo que el caso del seguro social con el caso de Astropharma no tenía absolutamente nada que ver, no tenían ningún vínculo», dijo Castro Canales al respecto. 

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El abogado Castro Canales opina que este juicio se produjo por asuntos políticos. Sin embargo, ¿cuál sería la razón, si Lena Gutiérrez era la vicepresidenta del Congreso Nacional en el que Juan Orlando Hernández fue el presidente y ambos son del mismo partido? Además, Marco Tulio Gutiérrez también tiene una historia política, fue designado presidencial en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006) y ha mantenido una relación estrecha de amistad y negocios con Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras.

«Eso no significa nada, mire Pepe Lobo, amigo de Juan Orlando, era presidente del Congreso y allí lo hizo secretario y luego candidato y mire cómo está la situación. Es que nadie sabe las vueltas de la vida», y agregó que «algunas personas dicen que en el gobierno fue que se construyó este caso para desviar la atención de los indignados en aquel momento que ya caía el gobierno. Yo recuerdo que si seguían los indignados unos tres días más, quién sabe cómo le hubiera ido a JOH, pero aparece esto…”

Foto de archivo/ Martín Cálix.

El abogado luego explica que con Lena Gutiérrez hubo un trato injusto y lo compara con el Caso Pandora, uno que él conoce bien porque también ha sido defensor privado de varios implicados. 

«Fíjese que a Lena, como era vicepresidenta del Congreso, le imputan un fraude especial contra el Estado de Honduras. A Lena solo con el auto de formal procesamiento le prohíben ir a desempeñar su trabajo de legisladora al Congreso de la República sin haberle decretado ninguna incapacidad o suspensión en el auto de prisión, ella lo que tenía era un arresto domiciliario y cosas así. Para que vea que las leyes aquí no son equitativas para todo mundo, ¿usted recuerda el Caso de Pandora, cuántos diputados había allí? y todos iban a trabajar, estando procesados, con auto de prisión y que estuvieron hasta presos. Con Lena no hicieron eso, simplemente la cortaron de tajo y le prohibieron llegar al Congreso legislativo. Imagínese qué clase de resolución del juez natural en ese tiempo que casualmente era el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue un juicio mediático que se llevó a cabo en los medios de comunicación influenciado por la cizaña de esta sociedad civil que se llama ASJ y el MP que le atendía esas peticiones sin pruebas, ese juicio estaba condenado a perderse desde el comienzo y nosotros lo dijimos así», asegura. 

Cuando se dio la absolución de los Gutiérrez en 2019, la ASJ señaló que «esta decisión llena de profunda decepción a la población y a las organizaciones de la sociedad civil que han destinado sus esfuerzos en el combate a la corrupción e impunidad en el país». 

Los hechos

De acuerdo con el portal Contrataciones Abiertas de Honducompras, entre 2010 y 2015 Astropharma obtuvo 849 contratos valorados por un monto total de 377,696,021.64 HNL (aproximadamente 15.7 millones de dólares). Eso no se reflejó en un aumento del capital social de la empresa el cual se mantuvo en esos años en 10 millones de lempiras (500 mil dólares aproximadamente) según consta en sus actas registradas en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. 

De los 849 contratos, solamente se acusó a esta empresa y a sus fundadores por uno. El Tribunal de Sentencia, en el enunciado seis del fallo del caso Astropharma, detalla que el 16 marzo de 2012 se adjudicó la licitación pública 032-2011-SS mediante acta de recomendación 5-2012-SS por un monto de 89,458,585.00 HNL (aproximadamente 3.7 millones de dólares) . En esa licitación participaron 24 empresas debidamente certificadas y calificadas, entre ellas Astropharma, a la que le fue adjudicado el medicamento denominado ácido acetil salicílico de 100 miligramos. Por ese contrato fue la acusación. 

De acuerdo con el Ministerio Público, Astropharma también utilizó cinco registros sanitarios falsos para participar en los procesos de licitaciones de medicamentos de la Secretaría de Salud, pero según el fallo del Tribunal de Sentencias, en el juicio no presentó las pruebas suficientes para sustentar esta acusación. 

En el requerimiento fiscal contra 16 personas, entre ellas la familia Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro, dos accionistas de la empresa GK American Electronics y 9 funcionarios públicos de la Secretaría de Salud, se explica que en dos ocasiones la Comisión evaluadora de esta instancia arrojó resultados diferentes sobre la calidad de la aspirina de este contrato. En uno de los resultados presentaba problemas de disolución y en otro no, lo que daba a entender que procedían de lotes diferentes. Además, los registros sanitarios no correspondían al producto y uno de ellos estaba vencido al momento de la licitación. Aún así, este contrato lo ganó Astropharma. Ante la Fiscalía, el proveedor de Astropharma, el Laboratorio Lain, aceptó su error con el medicamento y Astropharma se exculpó diciendo que solo eran proveedores y compradores «de buena fe». 

«Suponga usted que tuviera la razón esa gente de la sociedad civil y el MP al decir que las medicinas, o sea el ácido acetil salicílico -que es la aspirina para niños- hubiesen estado malas. Astropharma no es fabricante de medicamentos, es distribuidor de medicamentos, no fabrica una sola pastilla nunca, no tiene el equipo y no tiene el giro comercial para hacerlo, es distribuidor. Lo que hace Astropharma es comprar medicina a los laboratorios y venderlas. En este caso, si hubiese tenido problemas algún medicamento ya en el contrato se estipulaba en la cláusula 17 que tenía que reponerse por el fabricante, que en este caso era Laboratorios Lain», explica el abogado Castro Canales y agrega que Astropharma denunció por estafa a Laboratorios Lain en ese mismo año y ganó el juicio. 

La culpabilidad cayó sobre Flores Cisneros, propietario de Laboratorio Lain y proveedor de esta empresa después de la acusación que le interpuso Astropharma. La Fiscalía no acusó a nadie de este laboratorio y tampoco recayó responsabilidad sobre los funcionarios públicos de la Secretaría de Salud acusados por este caso. De acuerdo al fallo de enero 2019 (anterior al fallo sobre el caso Astropharma), esa empresa incurrió en otros fraudes porque vendió medicamentos a la empresa Astropharma que tenían problemas de disolución y porque no cumplió con las normas exigidas por la Secretaría de Salud en 2011. 

Cambios en Astropharma cuando Lena Gutiérrez ganó elecciones

La empresa Astropharma fue constituida el 18 de febrero del 2000 por Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Lena Karyn Arévalo de Gutiérrez, Reyna Isabel Gutiérrez y Mario Roberto Gutiérrez. En 2005, mediante el instrumento 15, se incorporaron Julio César Guitérrez, Ginette Karime y Lena Karyn Gutiérrez Arévalo.

El 28 noviembre de 2009, a través del instrumento 338, Astropharma pasó a ser propiedad de G.K. American Electronic luego de que la familia Gutiérrez vendió las acciones de Astropharma a esa empresa, momento en el que Lena Karyn Gutiérrez fue la diputada más votada en las elecciones generales de ese año. La Ley de Contrataciones del Estado de Honduras, en su artículo 15, numeral 7, prohíbe expresamente que funcionarios y sus familiares participen en negocios con el Gobierno. Con esta venta de acciones, Astropharma allanó el camino para ser contratista del Estado. 

En diciembre de 2011, la empresa Río Hydropower Corporation, constituida en Panamá en septiembre de 2010, compró el 99% de las acciones de G.K. American Electronic y el restante 1% lo compró Carlos Alberto Zamora Bautista, también absuelto del caso. Río Hydropower cambió su nombre en abril de 2013 a Green Village Management Corporation. Ese mismo año nombró como administradores en Panamá a Juan Francisco Chinchilla Peña y a Francis Rafael Contreras Rivera, subsecretario de regulación sanitaria en la Secretaría de Salud de 2014 a 2017 y actualmente comisionado presidencial de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

También se nombró como director de esta empresa a Wilson Rolando Pineda Díaz, diputado por el Partido Nacional y actual Gobernador y Comisionado Departamental del Programa Gubernamental «Vida Mejor» en Gracias, Lempira. Además, Pineda Díaz es candidato a diputado 2022-2026 en la posición uno por el departamento de Lempira, ciudad de donde es originaria la familia presidencial. Pineda Diaz también estuvo involucrado junto a otros diputados en el Caso Pandora por presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.

Solicitamos al comisionado Rafael Contreras una entrevista para hablar sobre esta vinculación, sin embargo su respuesta fue que no tenía tiempo para atendernos. 

De acuerdo con el Registro Público de Panamá, la empresa Green Village Management Corporation tiene una condición de “Estatus Suspendido” desde 2019, pero cuando fue creada con el nombre Río Hydropower en 2010, en su junta directiva figuran las sociedades Daydream Corporate Directors, Bright Star Company Secretaries Inc. y Business Group Executive Inc. Estas tres empresas tienen acciones desde 2010 en otra empresa panameña: Gemini Management Corporation.

Según esos registros, en 2011 se otorgó el poder general de Gemini Management Corporation a Julio César Gutiérrez Arévalo, miembro de la familia Gutiérrez y también implicado en Astropharma. Hasta 2013 aparecen en la junta directiva de esa empresa Julio César Gutiérrez Arévalo y como tesorera Lena Karin Arévalo de Gutiérrez, madre de Lena Gutiérrez. 

Las capas empresariales permiten el anonimato y, aunque no es ilegal este mecanismo, ha sido evidenciado que puede favorecer la evasión de responsabilidades penales, civiles y mercantiles.

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El abogado Castro Canales explica que las empresas son «una ficción mercantil», que las empresas no delinquen sino quienes delinquen son sus administradores, ni siquiera sus accionistas. 

«Yo puedo tener acciones en una empresa y resulta que el gerente de esa empresa resulta ser un estafador, el accionista no tiene ninguna responsabilidad. Por eso la ley penal le atribuye la responsabilidad de los delitos cometidos a través de personas jurídicas mercantiles a los administradores. En el caso de Astropharma, ninguno de los Gutiérrez era administrador, ninguno era accionista. ¿entonces?», agrega.

A pesar de haber sido absuelta, el caso contra Lena Gutiérrez se volvió una marca negativa en su carrera política, tanto que en 2019 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la incluyó en el informe «Reporte al Congreso de los Estados Unidos sobre Corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras».

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Donaciones y cadenas de empresas y familias

En febrero de 2014, el señor Marco Tulio Gutiérrez, en representación de la empresa Inmobiliaria Marlen S.A. de C.V., donó a las Fuerzas Armadas de Honduras un terreno de 26 manzanas para la construcción de una pista de aterrizaje, un aeródromo en Lempira. Según su abogado, esto fue poco tiempo antes del juicio, cuando el señor Marco Tulio Gutiérrez era un empresario próspero y altruista.

De acuerdo con los documentos de donación, el terreno de 26 manzanas fue desmembrado de un lote de la Finca Los Molinos y el resto del terreno -115 manzanas– fue vendido por los Gutiérrez a Juan Francisco Chinchilla Peña, quien también desde 2013 era administrador de la empresa panameña Green Village Management Corporation. Chinchilla Peña además fue mencionado en una investigación del medio digital Expediente Público ya que fue él quien compró las acciones de la empresa de seguridad Sersel que eran propiedad de la madre del presidente Juan Orlando Hernández, antes que este fuera presidente con lo que se allanó el camino de Sersel para ser contratista del Estado.

Pero también, al menos en una ocasión, los Gutiérrez hicieron negocios con los Hernández, la familia del presidente. 152 Río Piedras, otra empresa que hasta 2014 era de los Gutiérrez, tenía un inmueble en un proyecto habitacional de la Inmobiliaria Villa Verde, una sociedad constituida por la actual primera dama Ana Rosalinda García Carías y la fallecida hermana del presidente, Hilda Hernández. En 2014 los accionistas de 152 Río Piedras, Lena Karin Gutiérrez Arévalo, Juan Carlos Suazo Suazo, José Guillermo Ayala Martínez e Ivis Adalid Escobar Martinez, traspasaron sus acciones  a la empresa panameña Blueriver Worldwide Inc, cuyos representantes fueron la señora Kasmir Ibukane Garay Suazo, la misma representante de Hydropower dentro de Astropharma y el abogado Marco Tulio Castro Canales, representante legal y abogado de Marco Tulio Gutiérrez. En febrero de 2021, Castro Canales fue nombrado ejecutor de acuerdos de la sociedad 152 Río Piedras para la venta de ese inmueble en Gracias, Lempira.

Castro Canales asegura en entrevista con este medio que él no recuerda haber hecho alguna diligencia con empresas de su cliente en Panamá y que no sabe de relaciones comerciales con los Hernández. Tampoco recuerda el traspaso del terreno a las Fuerzas Armadas, pero asegura que si eso fue así, todo tiene una explicación clara. El terreno se donó antes del perjuicio económico que él dice que sufrió su cliente por el juicio y era parte de sus actos de beneficencia; mientras que la constitución de empresas en Panamá no son nada ilegal.

«Es que usted se acuerda de ese tema de los Panama Papers, fíjese que allí la gente cree que tener una empresa en Panamá es algo oscuro y no es cierto. El vaticano tiene empresas en Panamá, la reina Isabel tiene empresas en Panamá, en Panamá papers salió eso… No podemos asumir que ellos son pícaros por eso, porque tienen una empresa en Panamá. La gente que tiene muchas inversiones, que tiene mucho dinero, crea estas empresas exclusivamente por temas de tipo fiscal, no para cometer delitos. Es por asuntos fiscales que las empresas en Panamá, como es un paraíso fiscal, no están tan gravadas como en otros lados, es un caso hipotético el que le planteo», dice y agrega que «usted sabe que Panamá es una jurisdicción donde se constituyen empresas off shore, la Fiscalía más bien debió haber presentado alguna prueba al respecto para poderlos vincular, si no lo hizo es que no existe ningún vínculo».

Finalmente, entre todas las compras y ventas de acciones, personajes que van y vienen en la empresa y sus vínculos con sociedades en Panamá, documentos de Astropharma a los que Contracorriente tuvo acceso demuestran que el 19 de febrero de 2020, mediante instrumento público número 42, el apoderado de Astropharma, Olman Ronaldo Zapata Tinoco, traspasó gratuitamente un terreno a favor de Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, estableciendo con ese trámite un nuevo nexo entre la familia Gutiérrez y Astropharma. La propiedad está ubicada en  residencial Las Uvas de Tegucigalpa, capital de Honduras y está valorada en 16.3 millones de Lempiras.

Para el abogado Castro Canales esto pudo haber sido un pago por un préstamo que Astropharma le debía a Marco Tulio Gutiérrez, pero aseguró no saber nada de esta transacción.

Intentamos obtener una versión del Ministerio Público sobre sus argumentos para la casación en este caso, sin embargo, después de buscar presencialmente y vía chat al funcionario indicado para dar declaraciones del caso, no obtuvimos respuesta.

El abogado Marco Tulio Castro ha sido abogado de la familia Gutiérrez, actualmente, también es el abogado defensor de Marco Bográn y Alex Moraes, quienes enfrentan juicio por el caso de los hospitales móviles. Tegucigalpa, 3 de junio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Vender acciones a empresas offshore para contratar con el Estado


Entre 2011 y 2019, tres empresas fundadas por Lena Karin Gutiérrez Arévalo y su familia recibieron 687.4 millones de lempiras en contratos públicos con el Estado, de acuerdo con el portal de contrataciones abiertas. 

Las empresas favorecidas son Representaciones e Importaciones de Honduras, Reprimhsa, con 262 millones de lempiras de 2011 a 2019; la sociedad mercantil G.A Energy que solo entre 2018 y 2021 recibió 47.8 millones de lempiras y Astropharma con 377,696,021.64 HNL en contratos de 2010 a 2015.

Estos contratos se dieron a través de la Secretaría de Salud, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados – SANAA, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría de Finanzas,  el Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la  Empresa de Energía Eléctrica (ENEE). En 2020, Reprimhsa reportó contratos también con Casa Presidencial. La familia Gutiérrez vendió las acciones de estas tres empresas el año en que Lena Gutiérrez salió electa como diputada en el Congreso Nacional. 

Ese año, tal como sucedió con la empresa Astropharma, los Gutiérrez vendieron el 99% de las acciones de Reprimhsa a la empresa G.K American Electronics y Representaciones S.A. de C.V.  y el 1% al señor Carlos Alberto Zamora Bautista. Después de esa transacción, de 2011 a 2019, Reprimhsa recibió 262 millones de lempiras en contratos con el Estado. Pero también en esos mismos años G.K. American Electronic recibió contratos por un monto de 22,973,207.53 HNL en ese mismo rango de tiempo. 

Uno de esos procesos de contratación fue con la unidad de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA. El contrato SANAA-DLC-8-2018, celebrado el 12 de junio de 2018, fue para la adquisición de cloro gas para la potabilización de agua para consumo humano por un monto de 15.5 millones de lempiras.

Posteriormente, el 25 de junio de 2018, la empresa obtuvo el contrato para proveer sulfato de aluminio grado A para la potabilización de agua para consumo humano. El contrato SANAA-DLC-9-2018 fue adjudicado por 31.3 millones de Lempiras. En 2018, tuvo 7 contratos por 82.6 millones de lempiras. El 16 de agosto de 2019, Reprimhsa tuvo el último pago por parte del Estado de Honduras por un monto de 98 millones de Lempiras. 

Sin embargo, para 2010, el 95 por ciento de las acciones que G.K. American Electronic poseía en Reprimhsa pasaron a la sociedad panameña Piedra Negra Development Corporation, representada por Federico Matamoro Galo y el restante 5 por ciento de acciones pasaron a Carlos Alberto Zamora Bautista. 

Piedra Negra Development Corporation es una empresa creada el 13 de septiembre de 2010 y conformada por otras empresas panameñas: Daydream Corporate Directors, Bright Star Company Secretaries Inc y  Business Group Executive Inc. Esas son las mismas empresas que figuraron en la junta directiva de Greenvillage Corporation, la accionista en GK American cuando compró las acciones de Astropharma. 

En los años en los que Reprimhsa tuvo la mayor cantidad de contratos con el Estado, ya las acciones de esta empresa habían pasado a otras manos. El 20 de marzo de 2017, Piedra Negra Development Corporation traspasó sus acciones a la empresa Camino Enterprises Limited, una empresa constituida en Islas Británicas Vírgenes el 16 de junio de 2014, con número de inscripción: 1833356 y representada por Jaime Vásquez del Arca. Las 50 acciones del socio Carlos Alberto Zamora Bautista fueron vendidas a Nelson Eduardo Boquin Alvarado. 

Por otra parte, la sociedad mercantil G.A Energy es responsable de dos proyectos: Hidroeléctrica Zinguizapa etapa I, II y III y proyecto Hidroeléctrico Río Blanco La Puerta, etapa I II y III. Hasta el 22 de abril de 2010, G.A. Energy estaba conformada por Lena Karyn Gutiérrez Arévalo, Juan Carlos Suazo Suazo, Julio César Gutiérrez Arévalo, Gineth Karime Gutiérrez Arévalo, Marco Tulio Gutiérrez Ávila y Lena Karyn Arévalo Zelaya. Como accionistas minoritarios figuraban Jack Arévalo Fuentes, Jack Arévalo Canahuati y Boris Arévalo Arévalo Canahuati, Ericka Arévalo Canahuati, dueños de 1000 acciones cada uno y Maria Fernanda Tobon Carías, dueña de 600 acciones. 

Los proyectos hidroeléctricos están localizados en el municipio de Vallecillo y Cedros del departamento de Francisco Morazán y la duración del contrato es por 50 años. Para la operación de ambos proyectos, la empresa G.A. Energy suscribió un convenio de crédito con Banco Atlántida.  En marzo de 2012, G.A. Energy, celebró con ese banco otro contrato de fideicomiso de garantía

Según el Sistema de Administración Financiera, Siafi, el Estado de Honduras pagó a G.A. Energy  47.3 millones de lempiras entre 2018 y 2021 en concepto de energía eléctrica para reventa del proyecto hidroeléctrico Zinguizapa, mediante el contrato No. 050-2010.

Las acciones que la familia Gutiérrez tenía en G.A Energy fueron vendidas el 22 de abril de 2010 a la sociedad mercantil Greenland Group Company, una empresa constituida en Panamá el 24 de marzo de 2010 y compuesta por otras tres empresas panameñas: Premier Corporate Directors Inc., Premier Company Secretaries Inc., y Premier Executive Directors Inc.

De acuerdo con el Registro Público de Panamá, el 27 de marzo de 2015 fueron nombrados como directores de Greenland Group Company Julio Cesar Gutierrez Arevalo (hermano de Lena Gutiérrez), Juan Carlos Suazo Suazo (esposo de Lena Gutiérrez) y Marco Tulio Gutierrez Avila. 

Ese mismo documento detalla que para el puesto de presidente fue nombrada Lena Karyn Arevalo Zelaya de Gutierrez; en el cargo de tesorero fue nombrado Carlos Eulogio Enamorado Vaquero y como secretario, Carlos Alberto Zamora Bautista, el recurrente accionista minoritario en varias empresas fundadas por los Gutiérrez. Como representante legal de Greenland Group Company fue nombrada  Kasmir Ibukane Garay Suazo, socia de la madre de Lena Karin Gutiérrez en las sociedades hondureñas Paulina’s Beauty Salon & Skin Center y en Inversiones Seg. Kasmir también fue representante de Hydropower cuando era accionista en Astropharma. 

A pesar de que la familia Gutiérrez vendió el 22 de abril de 2010 las acciones en G.A. Energy, un documento los vuelve a vincular en 2021. Mediante asamblea extraordinaria llevada a cabo el 12 de abril de 2021, el señor Julio César Gutiérrez Arévalo, figura como vicepresidente del consejo de administración de G.A. Energy. 

La historia se repite

 

El Ministerio Público de Honduras inició una investigación el 6 de agosto de 2020 contra la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT) por la venta sobrevalorada de 474,000 mascarillas N95 a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).  Cada mascarilla fue vendida a 107.25 lempiras, haciendo un total de 58.8 millones de lempiras por ese contrato. En ese caso están involucrados Juan José Lagos Romero y su esposa Waleska Zelaya Portillo, diputada por el Partido Nacional de Honduras.

El proceso de investigación se abrió luego de una denuncia hecha por Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicada en su informe “La corrupción en tiempos de Covid-19, parte 2”.

No obstante, la diputada Waleska Zelaya Portillo niega tener vínculos con la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT) argumentando que desde 2019, ella y su esposo, Juan José Lagos Romero, dejaron de ser socios en esa empresa.

La dueña de esas acciones es, desde ese entonces, la empresa panameña Baudin Overseas Corp, cuyo representante legal fue Marco Tulio Castro Canales, el mismo abogado de Marco Tulio Gutiérrez en el caso Astropharma y también es defensor de Juan José Lagos Romero y de la diputada Waleska Zelaya Portillo involucrados en ese mismo caso. 

Castro Canales vagamente recordó haber tenido algo que ver con Baudin Overseas Corp y que su derecho de representación legal en G y T fue revocado. En entrevista con este medio, se hizo la observación al abogado de que existe un patrón en la compra de acciones por parte de empresas offshore a lo que respondió que no, que estas son acciones mercantiles muy comunes y que no deben verse como sospechosas. 

«Esto es una cosa bien lógica, recuerde usted que estas son sociedades anónimas offshore que tienen su domicilio en otro país, eso no es ilegal sino que son dueñas de acciones, son accionistas. ¿Usted cree que los accionistas de la Shell son hondureños? son empresas offshore, eso es así, lo que pasa es que la gente no sabe esas cosas. Dígame aquí quien es accionista de esas grandes empresas petroleras… si usted va a ver los permisos de operación, las escrituras, va a encontrar son empresas offshore incorporadas bajo las leyes hondureñas. El código ya le dice que una empresa constituida en el extranjero debe cumplir ciertos requisitos y está autorizada bajo las leyes de Honduras para ejercer actos de comercio y así es. En el caso de G y T a mi me nombraron representante permanente pero ya no soy, me revocaron eso, si va al registro, usted va a encontrar que yo era el representante en algún tiempo. En algunos casos [de apertura de empresas en Panamá], se hace para mantener el anonimato, a nadie le gusta que sepan qué negocios tiene uno. Porque imagínese que usted fuera millonaria, ¿le va a gustar que se sepa dónde están sus cuentas, donde tiene su plata y todas esas cosas?”, dijo.

**Esta investigación fue editada y reporteada por Contracorriente y fue auspiciada a un colectivo de periodistas independientes por el consorcio Honduras en Acción Contra la Corrupción y Transparencia (HondurACTion), cuya organización está conformada por: Christian Aid (CA), el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y el Organismo Cristiano para el Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) con el apoyo financiero de la Unión Europea.

El gobierno de Honduras se ha mostrado inoperante en el proceso de comprar vacunas. La inmunización ha arrancado con donaciones, el contrato con la vacuna Sputnik V que va llegando a cuentagotas y la compra del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sin embargo Hernández hace alarde de su gestión en este campo cada vez que puede.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Martín Cálix


El presidente le hablaba a la nación azuzando la esperanza. Señalaba hacia un banner donde se indicaban la cantidad de vacunas que Honduras va a recibir en los próximos meses. Y es que en las cuentas que Juan Orlando Hernández hizo en su cadena nacional
del 18 de mayo, nuestro país tendrá a su disposición 14 millones de dosis de inoculaciones contra el COVID-19. Cantidad suficiente para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño, pero la realidad es que el ritmo de vacunación de Honduras es el más lento de Centroamérica. 

De acuerdo con el Contador de Avina, que registra el progreso mundial de la vacunación, al 21 de mayo en El Salvador se ha inoculado al 16% de su población, en Costa Rica y Panamá al 14%, en Nicaragua al 2.56 %, en Guatemala al 1.95% y en Honduras al 1.38%. 

Pero en el discurso y la propaganda gubernamental, a veces,  da a entender que se tienen vacunas en abundancia, lo cierto es que hasta principios de junio el país prácticamente ha vacunado con donaciones de países cooperantes y el Mecanismo Covax. La excepción fue el lote 204 000 dosis que recibió el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, que forman parte de una compra de 1.4 millones a la empresa AstraZeneca y hasta mayo, según información proveída por la Sesal, el gobierno solo ha comprado 46 mil vacunas de Sputnik V. Esperan otras 40 mil dosis para el mes de junio. Estas vacunas rusas forman parte del contrato que en marzo del contrato firmado con Rusia para la compra de 4.2 millones de dosis de la Sputnik V.  Cada dosis tiene un valor de 9.95 de dólar, es decir el contrato tiene un valor de 41 millones de dólares. 

En sus cuentas de redes sociales, el presidente deja mensajes como el siguiente: “Continuamos con la masificación de la vacunación en Amapala. La misión es garantizar (la vacuna) a todos los hondureños sin distinción”. No obstante, hasta el momento de redactar esta nota, Honduras solo tenía al 0.6% de su población inoculada con las dos dosis, según datos de la Secretaría de Salud. 

A pesar de las circunstancias y la tardanza en la llegada de las vacunas, el proceso ha arrancado.  En junio continuará con nuevas donaciones del Mecanismo Covax, que entregará a Honduras  214 mil de Pfizer y más de 187 mil de AstraZeneca. El objetivo de este esfuerzo global es suministrar vacunas para el 20% de la población hondureña. Este mes también  el IHSS recibirá un segundo lote de la compra realizada de un 1.4 millones de la vacuna Astra Zeneca.

Hasta el momento tanto la Sesal como el IHSS se han guiado en un plan de vacunación con grupos prioritarios donde aparecen el personal sanitario de primera línea, los adultos mayores en centros de cuidados, adultos mayores con dos o más enfermedades de base y por último la población con comorbilidades de 18 a 59 años.

Una mujer de la tercera edad se vacuna contra la COVID-19 durante una jornada de vacunación en el complejo militar Campo de Parada Marte. Comayagüela, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El plan ha tenido sus deslices. El martes 1 de junio y el miércoles 2 fueron caóticos en el centro de vacunación que el IHSS ha instalado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El problema lo provocó un mensaje que circuló en redes, en el mismo aseguraban que estaban inoculando a cualquier asegurado. 

Jorge vio el anuncio y fue el martes a intentar vacunarse, pero las dosis se acabaron y les dijeron que regresaran al siguiente día. Fue el miércoles y la fila era inmensa. Este asegurado sostiene que muchos que no cumplen con los requisitos para entrar en los grupos prioritarios se vacunaron. Él no lo logró. 

José Antonio, quien vive en La Lima, tiene 60 años y sin enfermedad de base sí consiguió inocularse sin problemas en el centro de vacunación de Expocentro. Tampoco tuvo inconvenientes para colocarse su primera dosis el hijo de Jose Antonio, que no rebasa los 30 años y no tiene comorbilidad.

E
stos testimonios están en concordancia con una veeduría realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la que participaron 52 voluntarios para el levantamiento de información en 43 centros de vacunación. El trabajo consistía en verificar entre otras cosas, las condiciones de los centros, las vacunas administradas y algunas prácticas ejecutadas durante el proceso. 

Uno de los datos más relevantes que arrojó esta investigación es que en el 42% de los centros intervenidos no había listado  para verificar si las personas que iban a aplicarse las vacunas estaban en los grupos de riesgo, esto sucedió en ciudades como Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa.  Incluso en los centros donde había listado, dice la ASJ se documentaron casos donde se aplicaron dosis a pacientes que no estaban dentro de los grupos prioritarios. 

La ong recomienda al gobierno contratar más personal, mejor organización, centros de vacunación más amplios y ventilados, más información sobre la vacunación, más apoyo de la Sesal y adquirir más vacunas para evitar que se acaben en los centros de inmunización.

Cecilia Mendoza, portavoz nacional del IHSS, explicó a este medio que no sabe de dónde salen los rumores de la vacunación para todos sin priorización, pero que en la institución están siguiendo el plan de vacunación indicado por la Sesal y la Organización Mundial de la Salud, OMS. El IHSS emitió un comunicado manifestando que ahora el proceso de vacunación se realizará de acuerdo a citas a través de la página web de la institución para tener un mejor control. 

Los entuertos de la vacunación

En una conferencia de prensa el pasado 31 de mayo, el viceministro de Salud Roberto Cosenza apuntó que hasta el proceso de vacunación ha sido “ordenado”. En el orden que menciona el doctor sin duda contribuye que la población convocada a la vacunación es mínima.  En la semana del 31 mayo al 6 de junio, se comenzaron a vacunar a los adultos mayores de 70 años. 

“Hay personas que no creen en la vacuna y esto no ha sido desde ahora, pero tenemos que ver el beneficio que una vacuna puede traer”, dijo el ministro Cosenza.  No obstante, de acuerdo con las estadísticas de la Sesal al miércoles 2 de junio solo habían sido aplicadas en el país 354 412, de ellas casi 300 mil son primeras dosis,  o sea que le falta una segunda vacuna para completar la inmunización.

Esta aseveración de Cosenza está muy cercana a la que hizo el mandatario Hernández el 28 de abril cuando afirmó que  el 37% de los hondureños no quería vacunarse, pero para ese entonces Honduras solo tenía disponibles 59 mil dosis. Quizás haya muchas personas que no quieren vacunarse, pero la mayoría no lo hace porque no hay inmunizaciones disponibles. 

“Las vacunas que se ponen son nobles, con muy pocos efectos adversos, así que el llamado a todos esas personas que no se han vacunado y están contempladas que ya pueden hacerlo, que miren el beneficio”, afirmó Cosenza. 

Algunas personas no se han vacunado por confusión y desinformación. En Sensenti, un pueblo de Ocotepeque en el occidente del país,  la profesora María no se vacunó. No sabía que al colocarse la vacuna contra la Influenza había que esperar 15 días para inocularse contra COVID-19.  Incluso escuchó que para los adultos mayores, como ella que está cerca de cumplir los 80, era recomendable ponerse primero la de la Influenza. Cuando la brigada para inocular contra el coronavirus llegó ella no pudo vacunarse. No obtuvo la información adecuada de los miembros de la campaña de vacunación. 

No obstante, hay jóvenes como Donaldo que han podido vacunarse sin problemas. “Si usted cotiza al Seguro vaya a vacunarse a Expocentro y haga valer su derecho. El proceso es fiable y rápido, siempre y cuando acate las instrucciones y llegue con tiempo. No permita que el miedo lo detenga”, aconsejó en sus redes sociales.  

También está el caso de Edgardo quien trabaja en un grupo maquilero que emplea a más de 25 mil personas en Honduras y fue convocado por dicha empresa para colocarse la vacuna. La mayoría de sus compañeros fueron convocados. Él tiene 50 años y no tiene una enfermedad de base.

Cuando llegó a la clínica del IHSS en Choloma había aproximadamente unas 2 000 personas esperando para inmunizarse. Finalmente depuraron el grupo y solo vacunaron a los mayores de 40 años. Edgardo se vacunó. 

Cecilia Mendoza, portavoz del IHSS, explicó a Contracorriente que si se han autorizado pequeñas brigadas, “pero son muy cerradas, si una empresa tiene más de 150 empleados o es una maquila, que esto sucede mucho en San Pedro Sula, muchos de estos empleados tienen una comorbilidad. Entonces el IHSS se acercó a estas empresas grandes y se hizo una alianza para llevar una brigada”, apuntó. 

Declaró que el IHSS al tener un registro de cada uno de los asegurados directos ha logrado hacer una segmentación más calculada de su vacunación. Comenzaron con los adultos mayores y enfermos crónicos, pero todavía quedaron vacunas disponibles. Entonces se realizó un acercamiento con otros grupos prioritarios como el personal de Bomberos,  Cruz Roja y el servicio de emergencia 911. Luego la operación se amplió y se acercaron a empresas con trabajadores esenciales como farmacias, supermercados y gasolineras. “Se podían vacunar a las personas que tenían una enfermedad de base y sobre todo estaban en la línea de atención al público y es así como hemos trabajado estas dos semanas”, dice Mendoza. 

Aunque el IHSS oficialmente ha regido su proceso de vacunación mediante el plan de vacunación de grupo prioritarios, en la práctica se han estado vacunando a personas que no estaban contemplados como los ejemplos citados anteriormente.

Lesbia Villatoro, Jefa de la Región Metropolitana, confirmó que hasta el 30 de mayo habían inoculado a 25 597 personas en San Pedro Sula, ciudad que cuenta con alrededor de un millón de habitantes. Sostuvo que la vacunación se ha estado manejando como una demanda espontánea, pero que hay días en que la región ha llegado vacunar hasta 1 200 personas.  En la semana del 31 de mayo al 4 de junio fueron vacunados los adultos mayores de 70 a 74 años.

Frascos de la vacuna rusa Sputnik-V que se ha aplicado en algunas jornadas de vacunación contra la COVID-19 en el Distrito Central. Comayagüela, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Al preguntarle sobre personas jóvenes  sin condición crónica y  que publican en sus redes que ya se han vacunado, dijo: “Desconozco, nosotros como Región Metropolitana socializamos la vacuna a rango de edad, en este momento nuestra prioridad son los adultos mayores. Ya se vacunaron de 75 hasta 103 años”, explicó.

Esperando vacunas

El sitio web de la Secretaría de Salud confirma que Honduras recibirá en junio mediante el mecanismo Covax, 187 000 dosis de AstraZeneca, 212 940 de Pfizer y 40 000 dosis de Sputnik V, gestionadas por la Sesal. Además, en el IHSS esperan una segunda entrega de la vacuna de AstraZeneca de 204 000 dosis. 

El viceministro Cosenza adelantó que 150  mil vacunas se apartarán para completar la inmunización de igual cantidad de personas y después nuevamente cayó en un discurso que hace pensar en abundancia de vacunas. 

Cosenza le dijo a Contracorriente que la Sesal prácticamente ha concluido con la inmunización de los grupos prioritarios, por lo que se pretende que con los lotes que están por llegar comience la vacunación de las personas con más de 40 años. “Hay personas que no están asistiendo y por tanto empezaremos a abarcar otros grupos de edades”, dijo. 

El IHSS por su parte ha abierto centros de vacunación en varias clínicas de los 23 municipios donde tiene cobertura, Santa Rosa de Copán y La Ceiba comenzarán con la vacunación en la semana del 7 al 11 de junio.

Para facilitar la compra de vacunas, el gobierno firmó un acuerdo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para que esta entidad negocie de forma directa y sin intermediarios con las farmacéuticas para la obtención de vacunas contra el COVID-19. Pero hasta el momento este convenio no ha arrojado ningún resultado. 

La administración Hernández también anunció con algarabía un acuerdo de compra con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la compra de 4. 4 millones de dosis de vacunas, tras el anuncio del gobierno, el gerente de la compañía Bradley Silcox manifestó que la firma del “primer acuerdo” era un importante paso en el proceso de negociación.

Sin embargo, en una entrevista para Radio América el viceministro de salud, Fredy Guillén, manifestó que la negociación estaba finalizada y estaban esperando organizar una calendarización del programa de entrega, pero hasta el momento tampoco han llegado al país vacunas por este acuerdo. 

La escasez de vacunas provocó que siete alcaldes hondureños hicieran una solicitud al gobierno de El Salvador, que fue respondida por el presidente Nayib Bukele y realizó una donación de 34 dosis a los solicitantes. Los primeros días de junio, el mandatario salvadoreño también autorizó ayudas con vacunas para las municipalidades de Nueva Ocotepeque, Choluteca y los cuatro municipios de Islas de la Bahía: Roatán, Utila, Guanaja y José Santos Guardiola.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sputnik-V durante una jornada de vacunación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El jueves 3 de junio la ministra Alba Consuelo Flores confirmó que Honduras está gestionando la compra de dosis de “Soberana” la vacuna desarrollada por Cuba contra el COVID-19. “Hemos estado formalizando conversaciones, dándole seguimiento al proceso. La Sesal está enviando la solicitud formal al gobierno de Cuba para hacer una reserva”, declaró la funcionaria. 

Mientras Honduras sigue esperando que lleguen vacunas, las muertes por COVID-19 continúan. Al 3 de junio, Honduras tenía 240 382 casos confirmados y 6 415 muertes. En el departamento de Cortés, que ha sido uno de los epicentros de la pandemia, la positividad en las pruebas realizadas se mantiene en 23%. 

En San Pedro Sula, desde enero a la fecha se han procesado 12 183 muestras de COVID-19 y en ese mismo período han muerto 459 sampedranos.  En las últimas cinco semanas, según los especialistas Cortés se encuentra en una meseta. La positividad no ha rebasado el 30%. 

De acuerdo con estadísticas de la Sesal, en Tegucigalpa al 31 de mayo, habían 340 hospitalizados en las salas Covid del Hospital Escuela, Hospital San Felipe, Instituto Cardiopulmonar y Hospital María. En San Pedro Sula había 71 hospitalizados. En todo el país estaban en centros de atención 839, de ellos 67 permanecían luchando por la vida en unidades de cuidados intensivos. 

En el interior del país, el Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán está llegando al 80% de su capacidad. En Danlí, el Hospital Gabriela Alvarado está atendiendo al 106% de su capacidad, en igual circunstancias está el Enrique Aguilar Paz de Intibucá y Hospital San Marcos en Ocotepeque que opera al 105% en su sala covid. La pandemia tiene de rodillas a Honduras, mientras sigue esperando las vacunas.

Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix

 

Tras no lograr acuerdos, los tres candidatos opositores a nivel presidencial más fuertes de Honduras acudirán a elecciones generales sin establecer alianzas entre sí. 

Con la nueva ley electoral aprobada, el pasado jueves 27 de mayo, en horas de la noche, los magistrados del Consejo Nacional Electoral  (CNE) dieron el banderillazo inicial convocando a elecciones a los catorce partidos políticos que están legalmente inscritos para participar en la próxima contienda electoral a nivel presidencial, municipal y del legislativo.

En esta ocasión, los hondureños elegirán a un presidente, a 3 designados presidenciales, a 128 diputados propietarios, 128 parlamentarios suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y a 298 alcaldes con sus respectivos regidores.

En conferencia de prensa dada la semana pasada, la  consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo el llamado a los partidos partidos políticos y aclaró que los once partidos políticos legalmente inscritos que no participaron en elecciones primarias tienen hasta el 14 de junio para inscribir a sus candidatos y candidatas a cargos de elección, mientras que las candidaturas independientes deberán presentar su solicitud dentro de los próximos diez días, que comenzaron a correr desde el día de la declaratoria.

Los candidatos de nivel presidencial  que participarán en las elecciones generales son: Yani Rosenthal por el Partido Liberal (PL),  Nasry Juan Asfura por el Partido Nacional (PN),  Olga Alvarado por el Partido Democracia Cristiana de Honduras (DC), Alfonzo Díaz Narváez por el Partido Unificación Democrática de Honduras (UD), Marlen Alvarenga por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), Romeo Vásquez Velásquez por el Partido Alianza Patriótica Hondureña, Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Andrés Pavón por el Partido Frente Amplio,  Augusto Crúz Ascencio por el Partido Movimiento Solidario (Vamos), Esdras Amado López del Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH), Salvador Nasralla por la Alianza Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), y el actual diputado  Jorge Yllescas por el Partido Todos Somos Honduras (TSH).

Hasta la fecha solo se ha consolidado la alianza de nivel presidencial que tiene por nombre  UNOH, conformada por el PSH, de Salvador Nasralla, y el partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata  (Pinu-sd), que lidera la diputada Doris Gutiérrez.

El presidenciable Salvador Nasralla decidió hacer una alianza con un sector político minoritario y se desligó del Partido Libre, con el que había hecho una alianza en las pasadas elecciones. El PL —que forma parte del bipartidismo histórico y que ahora está relegado a un papel menos protagónico— tampoco pudo lograr acuerdos con ningún sector a nivel presidencial. El PN, en cambio, mantiene un voto unificado.

El PN recibió esta semana la noticia de que su presidenciable, el alcalde de Tegucigalpa Nasry «Tito» Asfura no será investigado por el Ministerio Público, institución que había presentado dos antejuicios para retirarle la inmunidad y de esa forma presentar una acusación por actos de corrupción y lavado de activos. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó detener las investigaciones contra el candidato nacionalista, debido a una reforma que delega la investigación en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esta reforma fue llamada popularmente como el «Pacto de Impunidad» que quitó al Ministerio Público la potestad de investigar a los funcionarios.

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Reportajes
Vienna Herrera

La billetera del precandidato a la presidencia «Tito» Asfura

Nasry «Tito» Asfura, alcalde de Tegucigalpa y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, enfrenta un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. De acuerdo con información del caso a la que Contracorriente tuvo acceso, Asfura utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.

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División entre la oposición

Con el apoyo de la totalidad de las bancadas de los partidos tradicionales se aprobó la nueva Ley Electoral el pasado 26 de mayo en el Congreso Nacional de Honduras, con esta normativa se regirán las próximas elecciones del 28 de noviembre del presente año.

Salvador  Nasralla dijo a Contracorriente  que Honduras está gobernado por gente mala: «No voy a permitir que presidentes narcos o relacionados con el crimen organizado le quiten los derechos a un partido como el mío», aseguró.

Mientras se pronunciaba en una manifestación vehicular que él mismo convocó a través de redes sociales el pasado  jueves 27 en  Tegucigalpa, con el fin de protestar en contra de las reformas electorales, Salvador Nasralla dijo: «Mi partido  representa un millón de votos, el Congreso no puede quitarme  el derecho». 

«Nosotros somos la fuerza política más grande en Honduras», dijo Nasralla, quien afirma que en su primer contienda en 2013, cuando encabezaba la candidatura a presidente por el PAC, sacó «un millón de votos» y, asegura, que posteriormente sacó «otro millón de votos» en 2017 cuando encabezó una alianza junto a   Xiomara Castro. 

No obstante, en los datos oficiales del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de caídas del sistema y denuncias de fraude, fue el PN quien superó el millón de votos, lo que provocó protestas en las calles y represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado que dejaron al menos una veintena de manifestantes muertos.

Nasralla cree que el PN no puede reformar la ley y decir que los partidos emergentes no son importantes: «Todo esto lo hicieron a escondidas de los partidos que participaron en primarias, no avisaron a los otros partidos», sostiene

La alianza UNOH llevará como primer designado presidencial a Noé Ortiz; la diputada Doris Gutiérrez irá también como designada presidencial e Hilda Pacheco será la tercer designada presidencial; la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), se posiciona como la primera diputada por Francisco Morazán; finalmente, Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, fue designada como la representante del  Instituto de la Juventud del partido, aunque este último no es un cargo de elección popular.

Nasralla expresó a Contracorriente: «El propósito de esta alianza es reconquistar Honduras, recuperar el estado de derecho y darle una oportunidad de trabajo a la gente, pero sobre todo reivindicar a la mujer hondureña que ha sido olvidada tradicionalmente».

Salvador Nasralla firma el documento que acredita frente al CNE la alianza de su partido Salvador de Honduras, con el Partido Innovación y Unidad (PINU). Tegucigalpa, 27 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

No obstante, para el coordinador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Marco Tinoco, el candidato de la alianza UNOH tiene mucha popularidad, pero tiene una debilidad: «no tiene fuerza ni estructura organizativa y además hizo alianza con un partido minoritario como es el partido Pinu que ya tiene varias décadas, pero que su caudal electoral es bastante reducido», sostuvo.

«En realidad esta alianza no pesa de cara a enfrentar su máximo oponente que es el PN que tiene una fuerte estructura organizativa y que cuenta con recursos del Estado de Honduras para enfrentar una contienda electoral y que todavía tienen posibilidades de salir triunfando en una elección», aseguró Marco Tinoco.

Tinoco agrega que el discurso político de la persona que encabeza esa alianza no es un discurso convincente porque es «bastante cambiante, volátil y en algunos momentos no tiene coherencia para convencer a un electorado que no cree en cualquier propuesta política, porque la ciudadanía busca que se le resuelvan las necesidades más sentidas, las necesidades básicas, y esas necesidades básicas no se ven resueltas con las propuestas políticas de estos candidatos».

El artículo número 146 de la nueva ley electoral, publicado en La Gaceta la semana pasada, establece que las condiciones de las alianzas totales o parciales entre los partidos políticos, deben pactarse por escrito, indicándose el tipo de alianza, el nombre con que actuará la alianza, su emblema, ideario, plan de acción política y programa de Gobierno en el nivel presidencial o municipal en su caso, diputados del Congreso Nacional, diputados al Parlacen el que debe ser respetado por los integrantes de la alianza.

La normativa establece que se deben respetar los principios de integración, la distribución de los candidatos a cargos de elección popular respetando en su postulación, la paridad y alternancia de género y la forma de distribución del financiamiento del Estado.

«Esta es una alianza únicamente a nivel presidencial, esto quiere decir que el PINU va presentar sus diputados, el Partido Salvador de Honduras va presentar sus diputados, esperamos que a nivel de alcaldías también haya una alianza, aunque estas son alianzas de hecho que posiblemente se van a dar más adelante», aclaró Nasralla.

Una candidatura independiente que ha generado opiniones es la del sociólogo y conductor del programa «El Perro Amarillo», Milton Benítez. El analista Tinoco dijo que las candidaturas independientes están llamadas a no tener muchas posibilidades, porque son candidaturas que solo compiten por el nivel de elección presidencial, pero «no le veo posibilidad de obtener un triunfo, porque obviamente el efecto político ya lo manejan las otras cuatro fuerzas políticas, que ya sabemos, tendría que suceder algo muy extraordinario para que una candidatura independiente puede tener un resultado exitoso».

Sobre una posible alianza con Benítez —quien también se muestra como un opositor del gobierno actual— Nasralla dijo que Benítez era cercano a él «pero ahora no sé quién le dijo que me empezara a atacar, infortunadamente él se dedica  a atacarme ahora, no sé con qué intenciones, yo le tenía aprecio», aseguró.

La diputada Doris  Gutiérrez, del Pinu-sd, quien va en fórmula de alianza con Nasralla expresó que «en su alianza nadie anda buscando protagonismo, ni nadie quiere ser mejor, tampoco ganarse el primer lugar, nosotros hacemos un trabajo en equipo en los diferentes instancias y niveles donde nos toque desempeñar».

Gutiérrez agregó que la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, integrará una planilla por Francisco Morazán como primera diputada en la planilla Salvador de Honduras, el diputado Luis Redondo por Cortés, David Reyes por Choluteca, Tomás Ramírez por Atlántida y otros que se irán sumando.

Con respecto a la alianza con Xiomara Castro, la diputada Gutiérrez comentó que «no se dio, sin embargo, tienen una buena relación».

Por otra parte, expresó que Xiomara Castro informaba que su partido tenía que avalar cualquier alianza y ya no había tiempo de convocar a una asamblea: «yo deseo realmente que las mujeres podamos salir en este proceso electoral y llegar a ocupar cargos relevantes. Nosotras somos realistas y sabemos en realidad los perfiles que se necesitan para una candidatura presidencial implican un alto grado de popularidad, conocimiento de los medios y hay que ser objetivos en estas cosas y aunque yo me hubiera ido con Libre, tampoco hubiera encabezado», expresó.  

Gutiérrez asegura que los consensos están determinados en la ley electoral, hay que ponerse de acuerdo en la deuda política, en los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el plan de gobierno y demás aspectos que menciona la ley electoral.

La diputada al Congreso Nacional, Doris Gutiérrez, candidata a designada presidencial por la Unidad Nacional Opositora por Honduras (UNOH), en representación del Partido Innovación y Unidad (PINU), durante la firma y entrega de los documentos que acreditan la alianza con el Partidos Salvador de Honduras ante el CNE. Tegucigalpa, 27 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por su  parte, la candidata a la presidencia por el Partido  Libre en declaraciones al medio de  UneTV dijo: «a mi no me interesa que Estados Unidos me apoye, a mi me interesa el respaldo del pueblo. Yo lo que quiero es que este pueblo sienta que esta mujer, Xiomara Castro —que no tengo apellidos turcos— está buscando la unidad con el pueblo no la bendición de los Estados Unidos».

«Yo no tengo compromisos con nadie más que con el pueblo, lo más importante en este momento es Honduras y el pueblo hondureño», enfatizó.

Castro manifestó que «la alianza que debemos de construir es con el pueblo hondureño, mi alianza el campesino, con la campesina, con el obrero, con la ama de casa, con el maestro y la maestra que durante el tiempo que fuimos gobierno les mostramos cómo se pueden hacer las cosas diferentes, no soy palabras, somos hechos». 

Por su parte la  empresaria Juliette Handal, quien es la coordinadora  de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (Panal), expresó que se unió a la alianza UNOH porque esta es ciudadana y pluralista.

Según Handal a la alianza UNOH se estarán uniendo varias organizaciones,  iglesias evangélicas de la costa norte y una organización que se llama Transformar Honduras y «varias organizaciones han escrito mostrando interés, ellos quieren unirse a través de la plataforma porque Panal genera confianza», aseguró .

Alianzas municipales

Libre y el PL sellaron alianzas a nivel de alcaldías. Una de estas se dio en la alcaldía de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, que será liderada por el actual alcalde Amable de Jesús Hernández y otra alianza es por la alcaldía del Distrito Central, la capital de Honduras.

En declaraciones emitidas al medio de comunicación UneTV, el dirigente liberal Cecilio Cruz, de la corriente de Yani Rosenthal, dijo que han  «decidido apoyar a Jorge Aldana (candidato a alcalde de Libre) porque representa la posibilidad de competir por ganar la alcaldía de Tegucigalpa. Mientras tanto, criticó a su correligionario Eduardo Martell (candidato a alcalde del PL) y lo acusó de haber traicionado al PL y a las bases liberales: «Vamos a sellar una alianza municipal de hecho con Aldana».

En declaraciones a HCH, el candidato a la presidencia por el PL,  Yani Rosenthal (quien estuvo tres años preso en EE. UU. cumpliendo una pena por participar en un esquema de lavado de activos del narcotráfico), dijo  que hay una alianza con el partido Libre, y que es alianza de derecho a nivel local. Manifestó que en muchas de esas alcaldías ha gobernado el PN por mucho tiempo y es por eso que los alcaldes decidieron unirse para poder sacar del poder a los alcaldes nacionalistas.

Yani lamentó que a nivel presidencial no se haya consolidado una alianza con el Partido Libre, puesto que hay un esquema de compromisos diferentes con la candidata Xiomara Castro.

«El partido liberal respalda las  25 alianzas que se han consolidado a nivel local, también hay un equipo de abogados para respaldarlos», puntualizó Rosenthal. 

Un anciano ejerce el sufragio durante las elecciones primarias. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Integración de Juntas Receptoras

Salvador Nasralla asegura que la principal exigencia por parte de su alianza, es tener representantes en todas las mesas para que las elecciones sean legítimas.

Doris Gutiérrez agregó que a esta alianza se le debe entregar la totalidad de credenciales o un porcentaje, el  artículo 46 de la nueva ley dice que las alianzas tienen derecho a un representante en las mesas electorales, «esperamos que ahora no vayan aparecer diciendo que las alianzas no tenemos derecho».

El artículo número 46 aprobado en la nueva reforma electoral especifica que  las Juntas Receptoras de Votos en las elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por los Partidos Políticos. 

La asignación de cada uno de los cargos de la Junta Receptora se determinará de la siguiente manera: un presidente, un secretario, un escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección primaria, en base a la propuesta de ellos mismos; y dos  vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta  de los demás partidos políticos por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos del país.

«Nosotros vamos a  luchar por tener representantes y creo que a estos tres partidos les conviene que haya representantes en las mesas porque así nadie puede alegar que hubo fraude sino que todo se dio con transparencia», expresó Gutiérrez. 

Por su parte, la consejera titular del CNE, Rixi Moncada, a través de una conferencia de prensa manifestó que  la conformación de las mesas electorales receptoras, ahora juntas receptoras de votos, con cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, constituye un cambio incuestionable que refleja de manera justa y razonable la correlación y el equilibrio de fuerzas políticas y será un factor fundamental para derrotar a quienes pretende continuar con prácticas fraudulentas.  

«La comprobación de la huella dactilar mediante lectores electrónicos para garantizar y verificar la identidad de los ciudadanos inscritos en los cuadernos de votación nos dará la certeza de que los fallecidos y los ausentes no votarán», aseguró Moncada.

A criterio del sociólogo Eugenio Sosa, quien es investigador y  catedrático de Unah,  las reformas electorales con las que se convocó a elecciones no son profundas sino «ajustes» para consolidar el tripartidismo (PN, PL y Libre) en el que Salvador Nasralla resultó  perdedor. Sosa piensa que la ley derogada «funcionaba muy bien para el bipartidismo», pero estas reformas vienen a ser «un cambio para la estabilidad del país».

El sociólogo Eugenio Sosa, reconoce que Salvador Nasralla, contrario a otros partidos minoritarios, sí resultó perjudicado, «porque si somos honestos, él tiene un caudal importante de votos, muy diferente a los partidos de maletín», puntualizó. 

Sosa considera que la ley recién aprobada deja a Salvador Nasralla con apenas el 25 % de probabilidades de tener representación en la mesa y, en ese sentido, «la ley no es totalmente democrática, excluye a las otras fuerzas, porque detrás de estas reformas lo que hay son acuerdos, una nueva forma de estabilidad en el país que favorece a los tres partidos políticos».

Violación de derechos

A la inscripción de partidos políticos también acudió Romeo Vásquez Velásquez —autor material del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya—, quien es el candidato a la presidencia por el partido Alianza Patriótica Hondureña.

Vásquez llegó a  oponerse al «llamamiento ilegal a elecciones generales» y aseguró que van a poner una denuncia porque se le están violando los derechos a once partidos políticos. 

«Venimos a poner una denuncia en contra de un proceso excluyente con las medidas que tomaron ante la nueva ley, ellos van a llamar a convocatoria aunque nosotros nos opongamos», sostuvo.  

Por su parte Marlen Alvarenga, candidata a la presidencia por el PAC —fundado originalmente por Salvador Nasralla quien posteriormente fue expulsado de ese partido—  habló sobre las nuevas reformas a la ley electoral y dijo que «esto es un llamamiento arbitrario e ilegal y venimos a hacer reclamos de nuestros derechos que están siendo violentados por los congresistas del tripartidismo».

«Fuimos convocados con la ley anterior o ley vieja y ahora salen con una nueva ley que es inconstitucional», aseguró.

Por otro lado, Juliette Handal de Panal considera que la aprobación de las reformas electorales fue una violación a la constitución y específicamente viola el artículo 96 de la constitución porque lo hicieron a  mitad de un proceso iniciado, un proceso eleccionario, que inició el 2019, después de elecciones internas, ahora quieren hacer las elecciones generales con otra ley «y eso es inaudito». 

«Nosotros el pasado 31 de mayo entregamos documentación oficial pidiendo  que el congreso revierta esta gravedad que han hecho y que el CNE revoque la convocatoria a elecciones con esta nueva ley», expresa Handal.

Handal aclaró que en este momento no está optando por ninguna candidatura a cargos de elección popular y que simplemente sigue actuando como lo ha hecho a lo largo  de su vida.

La democracia en Honduras apunta a una crisis por la falta de consensos y acuerdos entre los distintos actores de la oposición política. Además, las elecciones generales se desarrollarán con la ausencia de reformas profundas, como la segunda vuelta electoral.

Cuando regresé a mi aldea aquel invierno, traía solamente dos cosas: una herida en la pierna y una carta oficial para la viuda Fournier. Me dirigí a su casa, caminando despacio, pensando que cualquiera podría leer la ansiedad y la tristeza que me abrumaban por el trazo de mis huellas sobre la nieve. Llamé a su puerta, pero, mucho antes de que atendiera, supe que no podría entregársela. Era extraño, no tuve miedo en ninguna de las batallas, ni siquiera en el momento en que aquella bala casi me destroza la pierna; sin embargo, no tuve el valor para comunicarle a la viuda que su único hijo había muerto en la Gran Guerra. Nadie más en la aldea lo sabía, así que inventé su traslado a una unidad lejana.

Desde entonces, cada mes escribí una carta, agregando algunos francos en el sobre. La viuda no sabía leer, por lo que yo me encargaba de hacerlo. A veces reía con mis historias y a veces se limitaba a suspirar llena de orgullo; pero siempre, al despedirme, las lágrimas terminaban deslizándose por sus mejillas. 

Cuando enfermó gravemente, me llamó a su lado y me alargó una caja con el dinero y las cartas que le había entregado.

—No tienes que escribir más —dijo, haciendo un esfuerzo.

Yo quise hablar, pero me detuvo con un gesto.

—Lo he sabido desde el principio —continuó con un hilo de voz—. Ahora que voy a encontrarme con Phillipe, le contaré lo bueno que has sido conmigo.

Me sonrió con dulzura y luego cerró sus ojos para siempre.

Por Nahomi Díaz

El viernes 28 de mayo surgió una denuncia por parte de la Asociación de Importadores de Ropa Usada de Honduras de que el Gobierno había ordenado un aumento del 200 % a partir del 1 de junio de este año en los impuestos de la ropa usada que se importa al país. Esto resultó ser más bien un mal entendido y lo que se hará es cobrar el 15 % en el pago de todos los fardos que se compren en lugar de como se había hecho antes: pagar por libra, sin importar cual fuera la calidad de la ropa. Esto nos deja ver un problema: muchos dueños de tiendas no han pagado impuestos con el propósito de que los precios de venta de su ropa fuera menor, ya que ahora compiten con los curadores/revendedores, las franquicias como El Golazo y los que venden ropa usada «seminueva» a la que ellos denominan como pre-loved. 

Los fardos que abastecen las tiendas de ropa usada en Honduras vienen principalmente de Estados Unidos, Según el OEC (Observatory of Economic Complexity) ese país exporta una cantidad de ropa usada equivalente a 720 millones de dólares al año, de los cuales 23 millones vienen a parar a Honduras. Esta ropa tiene variedad de calidad y antigüedad y terminan aquí como una solución a la cantidad exagerada de ropa que los estadounidenses consumen y luego tienen que sacar de sus armarios para consumir más. 

Desde mi niñez y al día de hoy he ido con mis abuelas, mi mamá y mi hermana a comprar ropa usada al Mercado Mayoreo y al Centro de Tegucigalpa. Lo que más comprábamos eran suéteres, pero también de vez en cuando comprábamos camisas, faldas y pantalones, mientras esperábamos los aguinaldos y catorceavos para comprar tres camisas y tres pantalones nuevos que nos duraran hasta que ya no nos quedaran.

De niña jamás hablé orgullosa de cómo una pieza solo me había costado 2 lempiras, porque sabía que me verían mal, y es que yo me veía mal a mí misma y detestaba pasar horas en las tarimas sacando ropa de la montaña que se hacía cuando se abría un nuevo fardo, a diferencia de una vez a mis 23 años, cuando iba por el centro y un grupo de mujeres me preguntaron dónde compré el mom jean que llevaba puesto y con orgullo les dije que me había costado 10 lempiras en el bulto. 

En 2015, mi mejor amiga de la universidad y yo queríamos tener dinero extra del que nos daban nuestros padres para salir a comer, ir al cine y comprar ropa para nosotras, no queríamos esperar los bonos que les daban en sus trabajos y la cantidad de estos que asignarían para nosotras. Nos dimos cuenta de un mercado que estaba comenzando: la reventa de ropa de segunda por Instagram. Creamos un usuario y sacamos ropa de nuestros armarios, pensando que el precio completo de cada prenda sería ganancia para invertirla en comprar ropa y revender. 

Una vez con el dinero en mano, planificamos un día para ir a las tiendas del Centro de Tegucigalpa. Crecimos rápido, en pocos meses teníamos 2000 seguidores e incrementaban a diario, una de nuestras distinciones era que vendíamos la ropa a precios bastante parecidos a los de los bultos, porque para nosotras era una entrada extra de dinero y arreglábamos todo para entregar el producto en zonas que nos resultaban más convenientes (nuestras universidades) y así no gastábamos en transporte, para empaquetar también buscábamos materiales baratos. Conocimos también a nuestra competencia, tiendas ya establecidas que también crecían a diario, no solo les seguíamos pero estudiábamos su forma de presentar las prendas, con el fin de buscar nuestro propio estilo y sobresalir para vender. Pronto nos dimos cuenta, entre conversaciones con algunas «colegas» que para muchas de ellas esto era un ingreso fijo, con el que costeaban su estadía en la ciudad mientras estudiaban en la universidad (especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras). 

Eventualmente la venta se volvió insostenible para nosotras, pero el número de tiendas fue en aumento, hoy es tanto un mercado grande como competitivo. Una nueva tienda de ropa de segunda debe tener un estilo determinado y una curación de ropa que le distinga, que usualmente va ligado a que los dueños de las tiendas conozcan sobre tendencias y diseñadores famosos para reconocer marcas y ropa que sí se venderá. 

El crecimiento está ligado a esto, las tiendas de reventa de segunda más grandes del país (y con antigüedad) llegan hasta los 40,000 seguidores y otras grandes tienen 23,000 y 18,000 seguidores. Una de estas tiendas: Lady Blue, recientemente publicó un video del viaje largo que hace el equipo de la tienda para encontrar la ropa, exponiendo la dedicación que le tienen a su trabajo, ya que dentro del círculo de revendedores en Instagram siempre se hace el recordatorio a los clientes de que los precios están sujetos a estas búsquedas exhaustivas, la curación de las piezas, su lavado y empaque, esto ayuda a reconocer que los vendedores y vendedoras están haciendo el «trabajo sucio» de pasar horas buscando para posiblemente encontrar una sola joya.

Siempre ha existido la sección «platinum» o «premium» en las tiendas en físico de ropa usada, es ropa de mejor calidad, más nueva o reciente y es ropa colgada en racks, que asemeja las tiendas de ropa nueva, dejando las tarimas y los agachones para las prendas de menos calidad, por lo tanto menos precio. A esto agreguemos que existen tiendas como Rosy y El Golazo que han crecido tanto que pueden darse el lujo de tener más de un local. Por otro lado, en 2017 se introdujo a Honduras la tienda guatemalteca Megapaca, que ha hecho que más gente quiera comprar ropa de segunda, y por esta misma razón sienten que no tienen que degradarse a mover muchísima ropa en tarima o agacharse a ver la ropa en el suelo. 

Otra parte importantísima de la popularidad que ha tomado la ropa de segunda es que es sostenible para el planeta. La ropa de fast fashion es ropa de mala calidad que dura poco y por esto nos incentiva a comprar de nuevo, cada marca introduce al menos 20,000 diseños nuevos al año y antes del siglo XXI se sacaban de dos a tres colecciones al año con diez diseños a lo sumo. Esta ropa no es solo más de la que se necesita, sino que también su proceso de creación contamina el aire y el agua. 

Una propuesta de contracultura, que se ha desarrollado principalmente en países anglosajones, es consumir ropa vintage, de thrift stores locales y charity shops. Se ha vuelto popular también —casi paralela a la situación del país— vender por internet, por aplicaciones hechas exclusivamente para esto, además hay muchas personas más interesadas en el bienestar del planeta que en años anteriores.

Pero también existe gente que se aprovecha de esto para promocionar sus empresas, practicado también por la clase media de estos países y luego por influencers y creadores de contenido —que aprovechan su popularidad para que la gente compre sus armarios— se ha introducido el concepto de pre-loved para las clases altas, un término que les permite todavía más ver esta práctica como digna de ellos, porque no es ropa usada (aunque sí lo es), es ropa pre-amada, que solo está buscando su siguiente amante. Esta gente también saca de su armario prendas seminuevas que tal vez solo usaron para una ocasión y no se pueden permitir volver a usar, así que las venden.

Aunque es una ventaja para el planeta y la población que se consuma ropa de segunda y que se quite el estigma que existía hace quince años, es importante reconocer que un sector popularizado ya está mirando y sufriendo consecuencias y no se trata de escasez de ropa, de la ya existente tenemos suficiente para vestir a las generaciones actuales y tres generaciones más. Lo que existe es gentrificación: un término que surgió en el urbanismo y la arquitectura en 1964, para referirse a los espacios que previamente estaban en declive, pero inversiones en nuevos edificios y modificaciones en fachadas antiguas crean un interés nuevo por el lugar que hace que los precios de alquiler y servicios aumenten, afectando a los pobladores antiguos del lugar, ya que no pueden costear estos aumentos. 

Se ha utilizado también para situaciones como esta: por ejemplo, yo no he ido al mayoreo en años, ahora cuando ahorro o tengo un dinero extra para comprar ropa pienso primero en tiendas de Instagram, Rosy, Megapaca o en las tarimas del Golazo, porque están más accesibles en cuanto a locación, y cuando mi abuela nos lleva al mayoreo a comprar carteras vamos a una tienda que las tiene en estantes, más ordenadas y se ven más nuevas. Sin embargo las tiendas donde se vende la ropa a 5 lempiras, la ropa que es fea para algunos, que podría denominarse incluso como ropa de tercera mano, pero la única alternativa para otros, sigue ahí y no es solo porque llega tanta ropa, sino porque la gente que la vende necesita este dinero, es su ingreso, su forma de pagar alquiler y la alacena. 

Para los consumidores, la ropa nueva, incluso la ropa de fast fashion puede llegar a ser demasiado cara y ve como un lujo comprar una camisa nueva de 130 lempiras, cuando puede comprar cinco camisas usadas por 2 lempiras, y si existe un cambio en este mercado, ambos extremos de esta relación se ven afectados.

Existe un dicho dentro de la comunidad de moda sostenible: «La prenda más sostenible es la que está en tu armario», y se refiere a que mientras menos consumimos, es mejor para nuestro planeta. También es importante saber que lo que es sostenible en algunos lugares, es insostenible en otros, y conocer el contexto es siempre necesario. Comprar ropa de segunda en tarimas es sostenible en el sentido en el que generamos movimiento en la economía de los dueños de estas y comprarles a revendedores también ayuda a su autosostenibilidad, y como aprendimos, comprar ropa de segunda es una alternativa sostenible. 

Como consumidores debemos tener cuidado y no comprar en modo «automático», sino saber que comprar es apoyar con nuestro dinero y lo que significa esto para el planeta y sus habitantes.

Mientras la población hondureña lucha contra la pandemia y espera la llegada de las vacunas anticovid, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se materializan en Roatán y Choloma, con miras a expandirse en la ciudad de La Ceiba.

Texto y fotografías: Lizz Raudales

A nivel nacional, Choloma es el municipio que alberga mayor cantidad de maquilas y es una de las ciudades con más actividad económica, con mayores beneficios fiscales para ese tipo de industria. Ahora, además de tener Zonas Industriales Libres (ZIP) como se le llama a los parques maquileros, también se está construyendo la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

El proyecto denominado Ciudad Morazán, ubicado en Choloma, en el sector de la aldea Caraos, será una ZEDE que tendrá una zona industrial y una residencial, según la planificación de los inversionistas. Hasta ahora, se han construido bodegas de almacenamiento y se está desarrollando el complejo residencial donde habrá townhouses, cuya cuota mensual oscila entre los HNL 3000 (USD 125) y los apartamentos —denominados como studios—  tendrán un costo mensual de HNL 2000 (USD 83), según su página web. Se estima que habrá alrededor de 70 apartamentos en un edificio de 4 plantas, que contará con locales comerciales. 

Massimo Mazzone, empresario italiano radicado en Honduras es quien desarrolla este proyecto industrial y habitacional. En entrevista con este medio dijo que ha estado interesado en construir una charter city desde 2012, cuando el economista estadounidense Paul Romer dio a conocer esta idea que traería desarrollo socioeconómico a los países donde se materialicen. Mazzone explicó que en su ZEDE no está planificado vender casas, apartamentos o bodegas, el fin de Ciudad Morazán es alquilar bienes inmuebles a personas naturales y jurídicas que deseen establecerse en esta ZEDE y hacer negocios en ella.

Construcción del primer bloque habitacional de Ciudad Morazán que contará con 16 townhouses. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

Pero aunque la idea de Romer sea la base de quienes están desarrollando las ZEDE en Honduras, este académico ha dicho en reiteradas ocasiones que el proyecto en Honduras no es respaldado por su teoría ni por él. En el periódico El Faro en 2017 se publicó la respuesta que dio Romer al periodista Carlos Dada cuando le consultó sobre las ZEDE en Honduras: «Me he distanciado del proyecto (en Honduras) porque, la última vez que revisé, estaba yendo hacia una dirección que yo no apoyaba. Específicamente, temo que pueda ser utilizado de una manera que creo que es intolerable, como una vía para que un pequeño grupo de personas con acceso al poder en Honduras puedan distorsionar la voz democrática de manera indefinida». 

En las últimas semanas, usuarios de Twitter han interactuando con el economista Paul Romer, quien introdujo la idea de las charter cities y ha expresado que, por falta de transparencia en los procesos, se retiró de los proyectos que se realizarían en Honduras. «He criticado repetidamente el modelo actual de ZEDE, que se introdujo mucho después de que cortara todos mis vínculos con el Gobierno de Honduras», dijo Romer, y continúa la publicación indicando que «desafortunadamente, hay una cantidad infinita de mentiras, incluida la mentira de que respaldo el sistema y los proyectos actuales».

Contracorriente tuvo acceso al área en la que se está edificando Ciudad Morazán. El terreno de construcción comprende 24 hectáreas, que equivalen a 31.2 manzanas. Hasta el momento se han construido 4 bodegas de 100 metros cuadrados que se empezaron a alquilar desde finales de enero. Según Diego Zúniga, quien es parte del personal de Ciudad Morazán, se planifica construir entre 17 y 20 bodegas para almacenamiento de materiales industriales. La calle principal mide 700 metros, esta se conectará con calles secundarias para conducir al área residencial, comercial e industrial del proyecto. Zúniga explica que en lugar de una mediana en la calle principal, se construirá un carril para uso exclusivo de los ciclistas. En el proyecto ya se han instalado plataformas para instalar tanques de almacenamiento de agua, para una conexión directa a cada una de las casas y edificio de apartamentos.

Cuando se preguntó por el inicio de operaciones de la ZEDE, el encargado del proyecto comentó que se estima que el primer lote de 16 casas (8 viviendas a cada lado) estará finalizado en el mes de julio y estarán listas para ser habitadas. Cada una de estas edificaciones contará con un cuarto principal, un cuarto secundario, una cocina, un baño compartido, un patio con espacio y conexiones para pila y lavadora, también habrá una sala comedor que podrá ser utilizada al gusto de los habitantes. Mazzone indica que estos lotes habitacionales contarán con agua potable, la primera en Honduras que podrá ser consumida desde el grifo, además habrá electricidad y aire acondicionado, teniendo en cuenta el clima de la ciudad de Choloma. 

Al consultar por los materiales de construcción utilizados para la edificación de las viviendas, Zúniga explicó que se está utilizando una tecnología nueva, si se compara con los materiales utilizados normalmente por empresas constructoras, y que se está usando poliestireno con el fin de construir casas más frescas, debido a la ubicación, y el proceso es menos tardado. El proyecto habitacional inició en abril con la adecuación del suelo, ya que es un terreno arenoso que complicaba la edificación de las casas.

Vista desde atrás de las primeras ocho unidades habitacionales, donde un albañil repella el poliestireno que ya tiene el soporte de la varilla de construcción. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

Según Mazzone y Zúniga, ya hay personas interesadas en vivir en esta ZEDE y son personas que radican en zonas aledañas al proyecto. Incluso, Mazzone hizo mención de doña Rosa, una señora que empezó vendiendo refrescos y golosinas a los empleados de la construcción y ahora está alquilando un pequeño local en Ciudad Morazán por HNL 240 (USD 10) mensuales, actualmente tiene su local dentro del área de construcción y es considerada como la primera persona que puso su negocio en la ciudad modelo, en la página web hay una imagen del caso. 

En entrevista de este medio con el empresario Massimo Mazzone (dueño del proyecto) y el abogado Carlos Fortín Lardizábal (secretario técnico de la ZEDE), Lardizábal comentó que desde que se inició el proyecto, han mantenido reuniones con el consejo permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) que está integrado por cinco personas de nacionalidad hondureña, de las cuales, solo cuatro han estado reuniéndose con él, menciona que sus conversaciones han sido con Octavio Sánchez, Ebal Díaz Lupián, Arnaldo Castillo y Carlos Pineda Pinel. 

Las autoridades de este proyecto declararon que existe interés en la parte industrial, pero existen problemas con la parte de aduanas y exportación y eso les impide cerrar contratos. Hablan de «inversiones frescas», implicando que no se pueden iniciar industrias ya existentes dentro de la ZEDE, sino una empresa completamente nueva. 

Cuando se consultó cuál es el objetivo de Ciudad Morazán, respondieron que se busca mejorar la situación de vida de la clase trabajadora habitante en el área de Choloma, considerando todos sus problemas socioeconómicos, la criminalidad y las condiciones de vida. Su población objetivo es mayoritariamente empleados de maquilas y madres solteras.

Fortín, el secretario técnico, aseguró: «como hondureño mi sueño es que las personas, mis compatriotas, en lugar de irse en una caravana hacia los Estados Unidos, hagan fila para trabajar y vivir en Ciudad Morazán o en ZEDE como esta, porque nuestro ideal es que hayan muchas ZEDE, pequeños pueblos de desarrollo para el país y que esto que nosotros estamos construyendo con mucha ilusión en Choloma, lo podamos hacer en diferentes partes del país con diferentes personas».

Albañil realiza instalaciones eléctricas en la primera casa o townhouse de la ZEDE Ciudad Morazán, ubicada en la aldea Caraos Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

En cuanto a la problemática criminal que vive Choloma, Fortín Lardizábal respondió que existirá una policía interna dentro de Ciudad Morazán y el perímetro estará totalmente cercado. También se tiene pensado que los habitantes de Ciudad Morazán tengan una app que posea un «botón de pánico» para responder a cualquier emergencia que se tenga. Mazzone agregó que planean implementar un plan educativo, ya que la ZEDE contará con una escuela bilingüe cuyos costos serán bajos en comparación al costo de la educación privada y bilingüe a nivel nacional.

En la página web de Ciudad Morazán se indica que este proyecto es desarrollado por una sociedad estadounidense llamada Overseas Real Estate LLC y los accionistas de la ZEDE son Massimo Mazzone y Guillermo Aguilar, quienes fundaron y dirigen la empresa Centro American Consulting & Capital, mejor conocida como 3C. Farmacias del Ahorro y Droguería Proconsumo son parte de las inversiones de esta empresa, al igual que proyectos habitacionales en la isla de Roatán.

El registro público de la ZEDE, muestra que hasta ahora, hay siete empresas inscritas para funcionar dentro de esta ciudad modelo. Entre estas destacan Logística Integrada, que está  orientada a la industria médica y farmacéutica; Compañía Hídrica y Eléctrica de Ciudad Morazán, que brindará energía eléctrica y agua potable al proyecto; y Global Protect Security cuyo objetivo es brindar seguridad. 

Massimo Mazzone declaró a este medio de comunicación, durante la reunión mantenida con él y con el secretario técnico, que «tenemos la oposición de muchos regidores, una señora nacionalista y otro señor de Libre, otra que es del Liberal. Y una vez que tuve personalmente la oportunidad de sentarme a mostrarle el proyecto, llevarlo al lugar y hablarle de cuánto rentamos, y en un caso, la señora nos ha pedido si puede venir a vivir ella, nosotros obviamente hemos dicho que sería un honor.»

C
ontracorriente se comunicó con la profesora Marta Pineda, oriunda del municipio de Choloma, quien comenta que no hay una oposición así como en Islas de la Bahía. Pineda agregó que hace falta organización, pero que la población de la ciudad no siente amor por el lugar en el que viven, ya que «el 60% de la gente no es de acá y el 40% que sí es de Choloma no está interesada en el tema». La profesora menciona que debido a su profesión, ella enseña a sus alumnos a amar la patria que los vio nacer, pero si se permite este tipo de proyectos, queda en nada todo lo que se les enseña en las escuelas. A pesar de lo mencionado por la docente cholomeña, los pobladores de Roatán y de La Ceiba se oponen a cualquier proyecto de este tipo a nivel nacional, no solamente en sus territorios.

Área de construcción con plancha de cemento e instalaciones eléctricas, listo para la edificación de más casas del proyecto Ciudad Morazán. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto Lizz Raudales.

Reformas a la ley ZEDE

El pasado lunes 10 de mayo, el Poder Ejecutivo envió al hemiciclo legislativo un proyecto de ley cuyo objetivo es beneficiar a las ZEDE con una tasa cero, que implica una exoneración del pago de impuestos al país. 

Este proyecto de ley fue emitido desde casa de gobierno, a través del oficio 144-2021 de la Ley para la Implementación y Operación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y está relacionado con el pago de impuestos al Gobierno de Honduras y las compras a nivel nacional. La aprobación de esta ley y las reformas a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económica se dieron mediante la sesión virtual en la que también se hizo una interpretación del artículo 6 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. 

El artículo sometido a interpretación indica que «la tasa general de impuesto es del 15 % sobre el valor de la base imponible de las importaciones o de la venta de bienes y servicios sujetos al mismo». 

La iniciativa presentada por Ebal Díaz Lupián —quien según el diario oficial La Gaceta, es miembro del CAMP— indica textualmente: «En el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuando el productor sea el mismo exportador o el bien o servicio sea producido o prestado por un tercero que forme parte esencial de la cadena de valor de los bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)».

Honduras no está a la venta 

El pasado 18 de mayo inició la campaña Honduras No Está a la Venta, cuyo objetivo es la concientización de la población hondureña para detener «la violación de derechos humanos». La iniciativa ciudadana nace desde Roatán, Islas de la Bahía, territorio donde se está instalando otra ZEDE. 

La creación de esta campaña es a raíz de la reciente expansión de las ZEDE que esperan a materializarse en Honduras. Hasta ahora, se sabe de Honduras Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, que también incluye la adhesión del Puerto de Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, y Ciudad Morazán en Choloma, Cortés. Además, en línea se encuentra información de Mariposa, idea de una pareja de esposos que busca crear una ZEDE enfocada en dar una mejor calidad de vida a través de la práctica de la homeopatía y otros métodos naturales. 

La página web de Mariposa dice: «El objetivo de nuestro proyecto es crear una ciudad nueva que brinde la más alta calidad de vida a través de un sistema policéntrico de gobernanza. Elegimos nombrar nuestra ciudad de inicio Mariposa porque una mariposa es un símbolo poderoso que representa resistencia, cambio, esperanza y vida». Agregan que la creación de la página es para atraer residentes, miembros del equipo de trabajo e inversionistas interesados en traer sus empresas a esta ciudad «cerca del mar Caribe, con playas limpias», comentario que ha hecho creer que será edificada en uno de los municipios de Islas de la Bahía. 

Recientemente se ha hablado de la materialización de otra ZEDE, esta vez en la zona sur del país. Medios de comunicación nacionales dieron a conocer que se trataría del parque agroindustrial más grande de Centroamérica. A esta información se suma la reciente creación de ZEDE Orquídea, de la que aún se desconoce el objetivo y la ubicación geográfica donde será construida, pero documentos muestran que el secretario técnico de este proyecto es Guillermo Peña Panting, conocido por la creación de la Fundación Eléutera, organización sin fines de lucro radicada en la capital industrial del país y por ser el director del Operador del Sistema (ODS), ente que garantiza la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico. Este medio de comunicación hizo lo posible por contactarse con Peña Panting, pero no se obtuvo respuesta alguna. 

«Esta es una ley que atenta contra la seguridad ciudadana, que atenta contra la soberanía nacional, el medio ambiente, el desarrollo ecológico que hemos tenido, la protección a nuestros recursos naturales y creo que es un insulto para cada hondureño, y en este momento, específicamente para los isleños», aseguró Rosa Danelia Hendrix, presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, en la conferencia de prensa brindada por la organización el 20 de mayo en la ciudad capital.

Para el abogado Óscar Hendrix, la creación de una ZEDE y el proceso de adhesión a una de estas son una aberración y va en contra de los requisitos necesarios para la creación de un municipio, incluso, estos procesos son lo contrario si se comparan con las zonas francas. «Para crear un nuevo municipio se necesitan 40 kilómetros de territorio contiguo. Si se va a desmembrar de un municipio ya existente, se solicita que no ponga en peligro a la población ni al balance presupuestario de la municipalidad», explica Hendrix, ya que menciona que en la reforma realizada por el Congreso Nacional, se equipara a la ZEDE como un municipio. 

El abogado que también lucha por la defensa del territorio explica que las zonas francas tienen un solo territorio determinado y definido, a diferencia de las ZEDE, en las que se pueden adherir partes de un municipio o de un departamento totalmente distinto e ir «pedaceando el país», refiriéndose a la adhesión del Puerto de Satuyé, que está ubicado en La Ceiba, Atlántida, a la ZEDE Próspera. Hendrix compara la situación del Puerto de Satuyé con la adhesión de la isla de Santa Elena, que iba a ser un proyecto de desarrollo educativo que formaría parte de Próspera, pero finalmente no se concretó. 

Recomendamos escuchar: Zedes o ciudades libres en Honduras: la tercera es la vencida

«Es que usted no puede construir un jardín en un potrero», comentó Óscar Hendrix, al hablar de cómo venden la idea de las ZEDE en el extranjero, y agregó: «Hacia afuera son un país dentro de otro país, no lo hacen contando que Honduras está lleno de corrupción, sin independencia judicial, con autoridades ligadas al narcotráfico, con altos índices de miseria y pobreza».

Al referirse a la creación de la ley orgánica de las ZEDE, la reforma a la Constitución de la República, entre otros procesos legales para la aprobación de este tipo de proyectos, aseguró que «esto es un sueño libertario, se armaron una constituyente para ellos en vez de reformar el aparato estatal, en vez de refundar el Estado. Les dieron plenos poderes para que en sus nichos puedan hacer lo que quieran».

Al consultarle a Mazzone qué opina acerca de la oposición a las ZEDE y la inconstitucionalidad de las mismas, responde que él no es abogado y agregó: «me limito a constatar que la Corte Suprema, que entiendo es responsable de decidir sobre este tema, no está contraria a la ley». El empresario italiano también dijo: «No se pueden poner todos los proyectos en la misma canasta, porque cada una de las tres ZEDE aprobadas son muy diferentes. Sobre el tema de si el contenido de cada proyecto es útil a los hondureños, al contrario de la constitucionalidad o no, cuya opinión debería ser la misma para todas las ZEDE, es normal que cada persona pueda tener una opinión diferente acerca de cada ZEDE», puntualizó el empresario italiano.  

Esta iniciativa que muchos expertos califican como inconstitucional, es apoyada por sectores políticos de Honduras, específicamente por el partido de gobierno, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente para las poblaciones de la zona norte, Caribe hondureño y el Golfo de Fonseca, ya que son las que el Gobierno ha denominado para la edificación de los proyectos y los inversionistas seguidores de Paul Romer ven como paraíso.

Una madre siempre sufre si un hijo se va lejos, sobre todo si huye porque ya no hay nada que su país pueda ofrecerle. Pero si su hijo es secuestrado en el camino, el sufrimiento se agudiza y la esperanza de verlo de nuevo se convierte en lo único que empuja a seguir viviendo. Este es el relato de una madre que nos ha pedido proteger su identidad, porque ahora su hijo regresó al lugar del que huyó. El miedo continúa.

Texto: Allan Bu

Fotografía: Martín Cálix


Aquel día, Aminta* estaba viendo el canal estadounidense
Univisión, cuando recibió una llamada perturbadora: Su hijo Alejandro* le hablaba para despedirse. El muchacho se había ido indocumentado unos días atrás y en el momento que tomó el teléfono estaba ahogándose en un contenedor abandonado por los coyotes. Alejandro se despedía de la vida. 

Ahí comenzó una pesadilla para Aminta en la que se conjuga el sufrimiento de quienes ven a sus hijos partir y la desesperanza que produce saber que su país no ofrece opciones para vivir. 

Aminta tiene 57 años y es maestra de educación primaria desde que tenía 16 años, por lo que ya tiene más de 40 años de servicio.Se casó dos veces, pero vive sola con un hijo adolescente. Su primer esposo murió y el segundo migró hacia Estados Unidos. Abandonó la familia. Durante más de 10 años estuvo sin comunicarse y cuando regresó a Honduras, ella  lo rechazó.

Todas las familias en Honduras tienen historias de migración y las cosas no han cambiado desde que Aminta vio partir a su esposo. Un estudio realizado en 2013, realizado por Vladimir López, investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), revela que en 1990 en Estados Unidos había 108,000 hondureños y que en el 2010 ya eran 633,000.

Una familia migrante durante su viaje hacia Estados Unidos, como parte de la caravana migrante. Omoa, Cortés, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Esta cifra ha aumentado exponencialmente en la última década, especialmente desde 2018, cuando miles de hondureños se han organizado en multitudinarias caravanas rumbo a Estados Unidos. La última fue en el año 2020, ni la pandemia impidió que unos 7200  hondureños se juntan para salir del país. Fueron golpeados en Guatemala.

Ahora, de acuerdo con datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la migración aumentó con el ascenso al poder de Joe Biden en 2021. En febrero del año en curso, 100 mil personas cruzaron la frontera de forma ilegal. La mayoría mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. 

Esta vez, uno de esos tantos inmigrantes era el hijo de Aminta, que ha vivido en unas de las zonas de San Pedro Sula con más incidencia criminal. Zona de pandillas y balaceras. Ahí ha vivido y ha trabajado.

Aminta  tiene dos hijos, el menor estudia Hostelería y Turismo en la Universidad y su hijo mayor estudió mecánica automotriz. Fue él quien hizo la llamada a Aminta cuando sentía morir asfixiado en un contenedor. Para entender cómo llegó Alejandro al contenedor, hay que pasar por uno de los males de este país: la violencia endémica que genera la inseguridad.  

Pese a que el gobierno pregona su lucha contra la violencia e inseguridad, el país sigue siendo tierra fértil para el crimen. En enero 2021, 14 personas aparecieron encostaladas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tela y Choloma con leyendas sobre ellos que decían «extorsionador». «Este tipo de delito no es nuevo, la cantidad de personas que han aparecido es lo que nos llama la atención», dijo a la Agencia Efe, Jaír Meza, portavoz de la Policía Nacional. 

En el 2020, un año de pandemia donde hubo meses de total encierro y otros de un confinamiento controlado, la violencia no paró. Según datos de la Policía Nacional, en el año en cuestión hubo 3,289 homicidios.

Durante su administración, Juan Orlando Hernández, Honduras ha dedicado miles de millones de lempiras a la lucha contra la inseguridad. En el presupuesto para el año 2021 la Secretaría de Seguridad recibió un monto de 6,970 millones de lempiras (290 millones de dólares) y para la Secretaría de Defensa se aprobó 8,464 millones de lempiras (352 millones de dólares).

Pues bien, Alejandro tuvo que salir del país porque la violencia tocó su puerta. Había conseguido un empleo como mecánico en Roatán con una empresa reconocida, aunque él y su esposa vivían en Puerto Cortés. En ese trabajo, hubo conflicto entre el jefe y otro empleado, este fue despedido y amenazó a Alejandro con «echarle» una de las pandillas que han sembrado zozobra en el país.

Días después, el hijo de Aminta se dio cuenta que era vigilado. En dos ocasiones vio que el excompañero amenazador, acompañado de otros hombres, lo esperaba cerca de donde él tenía que bajarse o tomar el autobús. No lo dudó. Decidió renunciar a su trabajo y emprendió el viaje hacia Estados Unidos. 

Viajó sin informar a su madre, quien pensaba andaba en Guatemala cumpliendo encomiendas de su patrono. Aminta se enteró que su hijo se había ido «mojado» el día que llamó a la casa y su nieto le preguntó: «¿Abuela y es que usted no sabe que mi papá se fue para los Estados Unidos?», después de eso logró comunicarse con él.

—¿Hijo estás en el contenedor?, le preguntó producto de esas corazonadas que solo una madre puede tener. Mientras hablaban en la pantalla se miraba que patrullas de la policía mexicana llegaban al lugar. 

—Estoy dentro del contenedor mamá, le contestó Alejandro.  

—Llamá a la policía hijo, que te agarren, pero que te saquen, clamó la madre. 

Cuando la llamada terminó la angustia fue terrible. Minutos después la policía abrió la puerta del contenedor y ella observó en vivo, a cientos de kilómetros de distancia, como su hijo saltó del contenedor y se perdía en un matorral. «Ahí supe que mi hijo estaba vivo», nos dice Aminta. Cuándo volvió a recibir una llamada, su hijo le dijo que estaba en un monte, pero no sabía dónde. Lo acompañaban unas ocho personas y seguía en camino hacia el norte.

Unos tres días después de ver aquella impactante escena en la televisión, Aminta estaba dando clases en la escuela cuando recibió una llamada. Pensó que era su hijo para ponerla al tanto de sus avances. Al contestar le dijeron: «Somos Los Zetas y le tenemos a su hijo, queremos ciento y pico de miles de lempiras y si no pues…», deja en suspenso y no termina de contarnos lo que seguramente fue una amenaza de muerte.

Le enviaron fotos y escuchó un par de palabras de su hijo. Ella pidió un poco de tiempo para conseguir el dinero: «Tiempo no tiene, muévase ya y cuidado le habla a la policía porque nosotros manejamos todo», la amenazaron.

Recuerda que al cortar el teléfono se quedó callada. Angustiada, pero confiada: «Tenía mis centavos en el banco», dice. Para alargar sus penas, cuando quiso hacer el envío a México no pudo. «El banco no me aceptaba mandar el total que me pidieron y con familiares hicimos envíos de “veinte en veinte”».

Los ahorros se agotaron, pero Aminta compró unos días de relativa tranquilidad. Armando siguió su camino. Ahora los que habían sido sus captores lo cuidaban con alimentación, ropa y un techo donde dormir.

Los movían de casa constantemente y siempre tenían que cumplir tareas. En una ocasión tuvieron que hacer un enorme agujero sin saber para qué. «Aquí no se pregunta», le dijo Alejandro un día. El celular se los prestaban por poco tiempo, aunque les daban ropa y comida. «Los que pagamos estamos tranquilos. A los que no lo hicieron no los hemos visto», le contaba su hijo.

Aminta cuenta la historia como si ella hubiera sido una espectadora omnipresente. Cuenta que cuando el grupo donde iba su hijo ya estaba en la frontera norte sus captores llenaron sus mochilas con una carga que ellos solo podían imaginar qué era. «Aquí no se pregunta», repetía con frecuencia Alejandro.

Muy probablemente lo que transportaban eran drogas, una industria que puede mover miles de  millones de dólares en los Estados Unidos. Según un estudio realizado por la Rand Corporation, los estadounidenses gastaron 150,000 millones de dólares en comprar drogas en el año 2016. La disputa por territorio de paso o venta de drogas ha incluido a Honduras, Guatemala, El Salvador y México en la lista de los países más violentos del mundo.

En Honduras, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue condenado por delitos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más 30 años. En el juicio el mandatario hondureño fue mencionado en reiteradas ocasiones como co conspirador. Lo mismos pasó en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, de quien la Fiscalía de Nueva York dijo era socio de Hernández.

***


Una vez en territorio estadounidense, con el «sueño americano» al alcance de la mano, Alejandro fue nuevamente secuestrado. Había pasado un poco más de un mes del secuestro anterior y ahora estaba en manos de los «Escorpiones Negros».

Dos jóvenes migrantes revisan un mapa de la ruta migratoria hacia Estados Unidos en la Casa del Migrante José. Esquipulas, Guatemala, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La única referencia a un cartel encontrado en medios mexicanos con el nombre de «Escorpiones», indica que estos son una facción armada del cartel del Golfo, que mantiene una sangrienta disputa en el estado de Tamaulipas con Los Zetas para controlar el paso de estupefacientes a Estados Unidos.

Cuando Aminta ya esperaba buenas noticias, cae una llamada y con ella vuelven las angustias, temores y amenazas. Su hijo estaba secuestrado nuevamente. «Me empezaron a pedir. Yo le dije: «Póngalo al teléfono, quiero oírlo. Ya vamos a negociar»», nos dice Aminta. Le pidieron 130,000 lempiras (5 416 dólares). 

«Me van a esperar», les dijo. Entonces comenzó una carrera contra el tiempo para conseguir pagar una segunda extorsión. «Siempre me fortalecí y siempre decía,  tengo que hacer todo por mi hijo, no es posible que se quede allá tirado, que no voy a volver a verlo. Dame fuerza señor», recuerda llorando. 

Esta vez no pudo conseguir la suma solicitada de inmediato. Tardó unos doce días y en ese lapso su hijo fue torturado. En una ocasión le hicieron una videollamada. La imagen le desgarró el corazón. Su hijo estaba amarrado a un árbol y los captores celebraban con un asado. Cada vez que volteaban la carne, ellos le colocaban el asador caliente en la espalda a Alejandro. «Ahí tiene las marcas», nos dice Aminta. 

Este cartel también utilizaba  a los migrantes para cruzar «cuestiones», pero nos cuenta que su hijo en una ocasión se puso rebelde y fue brutalmente golpeado con un bate. «Llegó un momento que mi hijo ya no les servía en la noche para cruzar eso. Cayó inconsciente porque comenzó a presentar problemas de riñones. Lo golpeaban y no bebía agua». 

Logró completar el dinero con la ayuda de la familia y un préstamo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Llevó grabaciones de llamadas y videos. «”Profe”, ya le vamos a dar ese dinero», le dijeron.

Cuando tuvo el dinero en sus manos y pudo enviarlo no supo más. Después se enteró que a su hijo lo tiraron en un bosque con árboles de espinas ya estando inconsciente. Fue encontrado por uno de los caninos que utiliza los miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fue recogido por oficiales y llevado a un hospital en Houston.

Le dieron un número para llamar e informarse de la salud de su hijo. Le prometieron enviarlo en un mejor estado pues en ese momento no podía permanecer de pie, estuvo internado aproximadamente dos meses y medio. «Yo lo vi vendado. En los Estados Unidos me lo trataron bien», expresó. 

El día que recibió una llamada del aeropuerto Ramón Villeda Morales ella sabía que su hijo venía. Lo vio en una silla de ruedas. Habían pasado más de cinco meses y a Alejandro lo deportaron. Es una mujer fuerte, pero llora otra vez. Las palabras se combinan con sollozos y nos dice, «ahí me volvió la vida, pero es bien difícil».

De acuerdo con cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras que recoge Diario Tiempo  en los primeros tres meses del 2021, 13 139 migrantes hondureños fueron retornados al país. La cifra es inferior al 2020 cuando regresaron a 17,331 en el mismo período. 

Además, entre 2017 y 2019, Estados Unidos resolvió 9000 solicitudes de asilo de hondureños. Este dato lo recoge el perfil migratorio del país realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La caravana migrante a su paso por el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, luego de viajar entre aventones y grandes tramos a pie, desde la Central Metropolitana de Buses en la ciudad de San Pedro Sula. Omoa, Cortés, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

 El periódico estadounidense Chicago Tribune, recoge que en 2018, más de 25,500 migrantes hondureños fueron remitidos a exámenes de temor creíble, la mayor cantidad de cualquier nacionalidad, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Solo el 9 % no pasó esta etapa inicial.

La mayoría de los solicitantes de asilo hondureños, asegura Chicago Tribune, pasan la entrevista de temor creíble, sin embargo poco menos del 11 % recibió asilo desde el año 2009 hasta 2018, según un análisis de los registros del tribunal de inmigración realizado por el Union-Tribune. Alrededor del 59 % fue deportado. Así como Alejandro fue deportado pese a que estaba amenazado en Honduras.

Pero a pesar de esto, son los migrantes quienes sostienen la economía hondureña. Las cifras del Banco Central de Honduras para 2020, un año de pandemia, indican que los hondureños en el exterior enviaron al país alrededor 5500 millones de dólares, que significa el 20 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Una vez en Honduras, su hijo necesitó ayuda psicológica. La profesora cuenta que pasaron varios días antes de que ellos pudieran sostener una plática: «No podíamos ni platicar porque tanto él como yo, solo éramos llanto y llanto. Viví momentos de tremenda angustia. Eso no se lo deseo a nadie. Es una de las cosas más crueles que le puede ocurrir a uno de madre».

Como si quisiera graficarnos la angustia que pasó nos dice que cuando le secuestraron a su hijo ella tenía 55 años, pero antes del evento su pelo todavía era negro. En los meses que su hijo Alejandro estuvo cautivo su cabeza se tiñó de blanco: «Fue el sufrimiento y usted no tiene idea de todo lo que me imaginaba. Pasaba pegada a Univisión»

Cuando retornó a Honduras, el sufrimiento no terminó para el hijo de Aminta: «No dormía, tenía miedo, si estaba dormido, gritaba. Ese tipo de cosas no solo le hacen daño al que las vive, nos pasa factura a todos». Con su hijo no hablan del tema, él le ha pedido que le dé vuelta a la página.

Alejandro consiguió un nuevo trabajo y vive con su familia, pero las secuelas aún hieren. Su madre hubiera querido vivir esa experiencia por él. «Hay alguna gente buena, pero hay gente muy mala. En ese camino todo es dinero. Los carteles piensan que los migrantes llevan dinero y nos les importa si llevan o no. Usted tiene que buscarlo».

Por Iveth Vega
 

Abril se preparó para ir a trabajar como todas las mañanas. Salió del edificio donde vivía repasando con detalle cada rincón del lugar porque sentía que había olvidado algo. Con la caminata tomó conciencia de que había perdido un recuerdo. Registró en los cincuenta y dos cajones de su cabeza tratando de buscar un recuerdo de cuya apariencia no estaba segura.

Las hojas bajo sus pies le daban la impresión de levedad. Caminó alrededor de cinco kilómetros, hasta que miró sobre un estante empolvado un ramito violeta. Lo tomó sin darle importancia al golpecito metálico en su cadera. Sonrió descansando la cabeza en un charquito viscoso y oscuro.

Por Perla Rivera

 
 Encuentran en unas macetas cadáveres de bebés que enfermera abortaba
(De un periódico en Estados Unidos) 

En el balcón de la casa el viento movía las Begonias. Cinco macetas sostenían con dificultad los manojos que colgaban desde la ventana del comedor.

Rubén se acercó a respirar el aroma y disfrutar el extraño encanto de aquellas flores. Cortó una de ellas para su aturdida esposa que le esperaba en el desayunador.

Ella abstraída y frotando sus manos con muchos nervios le dio la noticia; un nuevo bebé se gestaba. La esperanza de ser padre reapareció en Rubén y la abrazó conmovido.

Ella —pensativa y perturbada— pensó en comprar la sexta maceta.

La nueva Ley Electoral aprobada el pasado martes por el Congreso Nacional, no garantiza que se evite el fraude y la crisis política en las elecciones generales de noviembre de 2021, según el criterio de analistas y especialistas en el tema político.

Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix


Con mayoría calificada, 110 votos a favor y 6 en contra, se aprobó, en el Congreso Nacional el pasado martes, los últimos 6 capítulos de la nueva ley electoral que quedaban pendientes, tras los acuerdos alcanzados entre el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (Libre), sobre todo para acallar presiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.), no obstante, recomendaciones como el balotaje y una posición firme sobre la reelección presidencial (que hasta ahora queda abierta) no están contempladas en esta nueva normativa. 

El punto que tenía detenida la aprobación de esta nueva ley electoral era la conformación de las mesas electorales, que anteriormente eran conformadas por representantes de cada partido político, sin embargo, el artículo número 46 de la nueva ley, publicada el jueves en La Gaceta, establece que las juntas receptoras de votos en elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por su los partidos políticos. 

«La asignación de cada uno de los cargos de la junta receptora se determinará de la siguiente manera: un presidente, un secretario, un escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección primaria, con base en la propuesta de los mismos (que en este caso son el PN, PL y Libre), y dos (2) vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a propuesta de los demás partidos políticos en contienda (los restantes partidos políticos), los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de la junta receptora de votos del país», establece el artículo 46 de la nueva ley. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 14 partidos políticos para las elecciones del 28 de noviembre del 2021, y esta nueva ley deja abierta la participación de candidaturas independientes en los capítulos VI y VII.

Los partidos inscritos son: PL, PN, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU), Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Unificación democrática (UD), Partido Anticorrupción (PAC), Partido Alianza Patriótica Hondureña (Alianza), Libre, Partido Frente Amplio, Partido de Centro Social Cristino, Partido Nueva Ruta de Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido liberación democrática de Honduras, Partido Todos Somos Honduras

Blindaje para candidatos involucrados en casos de corrupción

La diputada del PINU, Doris Gutiérrez, dijo a Contracorriente que los diputados lo que hicieron fue blindarse entre ellos mismos, aprobando artículos en donde no se puede seguir el enjuiciamiento para los que van a cargos de elección popular y no se les puede inhabilitar hasta que tengan sentencia firme, aunque se sospeche que han incurrido en actos ilícitos.

Pero no solo los diputados. El candidato a la presidencia por el PN, Nasry «Tito» Asfura (también conocido como «Papi a la Orden»), tiene dos solicitudes judiciales abiertas. Por esa razón, uno de los puntos más controversiales es la interpretación de un artículo que no deja del todo claro si este puede o no ser inhabilitado. 

Asfura, quien actualmente es el alcalde de Tegucigalpa, enfrenta procesos de antejuicios por parte del Ministerio Público que lo considera responsable de los delitos de lavado de activos, malversacion de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y fraude.

Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, dijo a Contracorriente que el PN tiene a «“Papi a la Orden” de testaferro» al que en cualquier momento van a acusar cuando lo estimen necesario para sacarlo del proceso electoral, porque «a Juan Orlando Hernández ya le dijeron los gringos que el día que salga del poder, él va preso».

Nasralla expuso que con las reformas electorales: «todo el que ha cometido robo, asesinato, tráfico y lavado de dinero queda habilitado. Las reformas solo favorecen al crimen organizado y al narcotráfico, que ahora tiene todo el campo abierto para meter más disputados narcotraficantes y ladrones».

El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jerez, por su parte argumentó que el artículo 311 de la nueva ley, acerca de la inhabilitación por procesos judiciales, está dirigido a favorecer a los tres partidos que promovieron la reforma: PN, PL y Libre «cuyos dirigentes están involucrados en algunos procesos judiciales. Esto solo promueve la impunidad y pone en peligro el buen funcionamiento de la administración pública».

Pero para el director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), Luis Daniel León, esta nueva ley no blinda funcionarios. «Si vemos la ley vieja, en el artículo que habla de que cualquier candidato pueda participar mientras no sea condenado, el artículo es el mismo. Ejemplo de esto es que el candidato del PN está en un proceso judicial y sigue siendo candidato, significa que cualquiera puede participar hasta que se le declare culpable», sostuvo, en alusión al artículo 311, y dijo que esto no es un tema de impunidad, ni es nada nuevo, porque así ha estado funcionando en el pasado. 

La abogada Gracia María Bertrand, experta en derecho penal y jueza de un tribunal de sentencia, dijo a Contracorriente que «la nueva ley favorece a los candidatos que tienen señalamientos por actos constitutivos de delito, ya que no los inhabilita para participar en el proceso, sino que exige un proceso penal con sentencia condenatoria firme».

El artículo 311 puntualiza que «las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de  inscripción hasta la declaratoria de las  elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si esta fuese el objeto principal de pretensión y recayera sentencia firme condenatoria al efecto o resultaren de la comisión de un delito o la violacion de la Constitución de la República».

En ese sentido, Bertrand, quien también es vicepresidenta del Capítulo del Norte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), estimó que «la nueva ley electoral no crea certidumbre en un proceso amañado que sigue beneficiando a los mismos partidos mayoritarios, representados por diputados que se prestaron desde sus curules a favorecer a sus partidos, anteponiendo sus intereses sobre la democracia participativa».

Transmisión de resultados

La congresista Doris Gutiérrez advirtió que todo el proceso, tanto en los consejos municipales como en los departamentales, va a ser manejado por tres partidos que también tienen representación en el CNE, del que, sostuvo: «no se puede esperar mucho en cuanto a transparencia y transmisión objetiva de resultados».

Lamentó que el PN, PL y Libre son responsables de haber creado una ley que es excluyente y, que «de alguna forma, es antidemocrática», por lo que seguramente los partidos emergentes van a reaccionar con recursos de inconstitucionalidad, que posiblemente no se los acepten. Por otro lado agregó que «es excluyendo a estos partidos, que se hacen las cosas», y que la Corte es manejada por el PNl.

Sin embargo, para Jerez, la ley tiene como cosa positiva, la regulación del sistema de transmisión de resultados, que obligará al CNE a contratar con antelación un sistema que permita actualizar los resultados el mismo día de la elección. 

No obstante, Jerez cree que la nueva ley electoral no responde a la realidad del país, lo que ha provocado que  muchos actores descalifiquen el proceso y «esto a la larga trae un resultado, no solo de desconocer los resultados electorales, sino de protestas sociales, muertos, heridos y una mala imagen del país internacionalmente». 

Jerez añade que las reformas no responden a las demandas sociales porque de ser así, los diputados hubiesen aprobado la segunda vuelta, misma que debió ser aprobada desde el año pasado porque debía ser ratificada en una nueva legislatura. «Esto respondería a la demanda de la población si todas las reformas necesarias hubieran sido aprobadas», sostiene.

El caso Salvador Nasralla

Salvador Nasralla, quien convocó el pasado miércoles en sus redes sociales a una «gran caravana vehicular», que debió desarrollarse el pasado jueves y que no tuvo impacto, exigió representación en la totalidad de las mesas electorales y amenazó con no participar como candidato del Partido Salvador de Honduras. «Todo está dado para que el narcotráfico siga gobernando, ahora más a sus anchas sin oposición. Porque la oposición verdadera era yo, y con esto me eliminan de las mesas», dijo a Contracorriente.

Para Jerez, el candidato del PN, Nasry Asfura, tiene posibilidades muy altas de ganar, por su estructura y su red de clientelismo político y, considera, que si no participa Salvador Nasralla, eso será más ventaja para el oficialismo.

Para el sociólogo Eugenio Sosa, Salvador Nasralla es un «antisistema de partido, no antisistema capitalista, porque él arrasa con todo mundo en su crítica». Afirmó que el retiro de Nasralla podría favorecer más a Libre y al PL, «porque es un opositor menos y el voto de Nasralla no va a sumar a los cachurecos, el voto de Nasralla va a ser inclinado en su mayoría al partido Libre y una mínima parte a los liberales».

Para Sosa —quien es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)— si Nasralla no participa en las próximas elecciones, se espera un panorama más competitivo entre las tres fuerzas. «Muy probablemente la disputa va a estar entre Partido Nacional y Libre», adelantó.

Sosa añade que esta nueva ley viene a equilibrar un poco las fuerzas, porque el PN, que tenía demasiado control, ahora estará más controlado: «Este control se mueve ahora de manera más equitativa entre los tres partidos políticos, lo que pasa con Libre es que es una oposición sistémica y por lo tanto ellos negocian, y acuerdan dentro del sistema, Libre es oposición en algunos temas, pero a la hora de tomar acuerdos que le favorecen los toma sin ningún problema, pactando con el partido de gobierno y con el PL», sostuvo.

Sosa considera que estas reformas electorales no son profundas sino «ajustes» para consolidar el tripartidismo (PN, PL y Libre) en el que Salvador Nasralla resultó  perdedor. Sosa agrega que la ley derogada «funcionaba muy bien para el bipartidismo», pero estas reformas vienen a ser «un cambio para la estabilidad del país».

El sociólogo reconoce que Salvador Nasralla, contrario a otros partidos minoritarios, sí resultó perjudicado, “porque si somos honestos, él tiene un caudal importante de votos, muy diferente a los partidos de maletín». Sosa considera que la ley deja a Salvador Nasralla con apenas el 25% de probabilidades de tener representación en la mesa y, en ese sentido, “la ley no es totalmente democrática, excluye a las otras fuerzas, porque detrás de estas reformas lo que hay son acuerdos, una nueva forma de estabilidad en el país que favorece a los tres partidos políticos”.

Luis Daniel León, dijo a Contracorriente que la ley vigente es un acuerdo político, porque después de casi cuatro años lo que refleja es que los institutos políticos mayoritarios quieren evitar un conflicto poselectoral en noviembre.

León considera que esta nueva ley lo es solo en la teoría, porque en la práctica es solo una ley reformada, sin embargo, la composición de las mesas electorales evitará el «tráfico de credenciales, tráfico de votos y manipulación de actas».

Añade que cinco representantes en mesas receptoras, en lugar de catorce, ayudarán de cierta forma a controlar el proceso, aunque tampoco garantizan que no harán fraude.

León recordó que la nueva ley evitará el incremento masivo de partidos políticos que no aportan nada electoralmente. «Se reduce en más de ocho millones de lempiras el aporte de la deuda política y los partidos mayoritarios aumentan su nivel de ingreso», explicó.

El director del NIMD lamentó que en Honduras, muchos de los negocios han sido crear partidos para adquirir una deuda política y de esa forma obtener recursos o cuotas de poder a través de las credenciales, pero no porque quieran ganar.

Presiones de organismos internacionales y de Estados Unidos

«La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre», posteó en un Twitter la embajada de EE. UU., mientras que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, indicaba por esta misma vía que «cuando logramos consensos por mayoría significa que corregimos y avanzamos como democracia, sociedad y país».

Días antes de que la nueva ley electoral se aprobara, el diputado Mario Pérez, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, había manifestado que «no eran papos (tontos)» para realizar las reformas tal y como las querían el PL y Libre. Sin embargo, después de que se aprobó una reforma para acelerar la implementación de las ZEDE en Honduras, que quita soberanía territorial al Estado de Honduras, sorpresivamente los diputados nacionalistas, con 61 de los 128 diputados, accedieron a aprobar las reformas electorales.

El abogado Rafael Jerez resaltó que EE. UU. ha sido un factor importante en cuanto a influir para que se creara esta nueva ley, aunque considera que la comunidad internacional no ha estado del todo enterada de muchos artículos que se aprobaron, porque de haberse socializado algunas de estas reformas, muchos miembros de la comunidad internacional no hubieran estado de acuerdo.

En ese sentido, Luis Daniel León manifestó que su organización recomendó mayor representación en las mesas electorales: «Nosotros no creíamos que este consenso se iba a dar porque la comunidad internacional lo viene pidiendo. Desde el 2017 la OEA lo dijo en su informe, la Unión Europea la dijo en su informe, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, el pueblo. Pero esto es lo que se pudo lograr y algo es peor que nada», remarcó.

A juicio de Nasralla, las verdaderas reformas electorales eran la segunda vuelta, ciudadanización de las mesas electorales y el voto hondureño en el exterior, pero no ninguna de estas fue aprobada. 

Cuando se le preguntó sobre la publicación de la embajada de EE. UU. en Honduras,  Salvador comentó que «EE. UU. desconoce los problemas de nosotros, ignora muchas cosas, ellos tienen problemas mayores en su país, miran a Honduras como quien mira una bodega llena de basura. Ir a elecciones con esta nueva ley significa que en las mesas van a estar representados los narcotraficantes y los ladrones, la democracia de Honduras no existe, esto es una orden que viene del cártel de Sinaloa, que es el que gobierna nuestro país, ellos (los narcos) tienen a Hernandez aquí y los demás les hacen el juego para que el pueblo crea que hay democracia, Libre y el Partido Liberal son partidos que les hacen el juego al PN. Me voy a retirar de la política, el partido va a continuar, pero sin mí. Voy a hacer alianzas siempre y cuando me permitan tener presencia en las mesas electorales, solo así estoy dispuesto, por eso tenemos una avanzada plática con el PINU,  pero si no nos dan representantes en las mesas no tiene sentido», afirmó.

El PN ya no controlará toda la institucionalidad electoral

Eugenio Sosa cree que el PN está sufriendo mucho desgaste, mucha agresión, sobre todo porque ha perdido el favor que tenía de los organismos electorales. «Todo esto hace que de alguna manera el Partido Nacional pueda llegar a perder las elecciones», pronosticó. Sosa cree que en las reformas electorales los más favorecidos son los de Libre, que después de estar totalmente fuera en las elecciones de 2013 y 2017, ahora juegan un papel importante dentro de la institucionalidad electoral.

El investigador de la UNAH agregó que Asfura tiene una lucha competitiva y menos ventajosa que la que han tenido antes los candidatos nacionalistas, porque ahora ya no tendrá el control de toda la institucionalidad electoral: «Asfura es un candidato que tiene carisma de manera rara pero no mucho en el campo, él es un hombre que tiene poca palabra y de alguna forma esto lo hace derrotable». 


*Al cierre de esta nota, Salvador Nasralla estaba contemplando alianzas con actores políticos de oposición, sin embargo, estas no se habían concretado.

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