La falta de transparencia y la aplicación de secretividad en asuntos de interés público, agudizan la ininterrumpida de Honduras. La inversión de la Tasa de Seguridad figura en la lista de misterios sin resolver.
Texto: María Celeste Maradiaga
Foto de portada: Presidencia de la república
El Estado de Honduras compró 2,202 vehículos por la suma de 720 millones de Lempiras (29 millones de dólares) desde 2014 hasta mediados de 2021, según los administradores de la Tasa de Seguridad, los automóviles fueron destinados a diferentes operadores de justicia, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, sin embargo, varias fuentes expresaron a Contracorriente que esos vehículos -algunos de ellos blindados- en realidad han sido asignados a funcionarios allegados al gobierno de turno y no a los jueces y magistrados que se enfrentan a situaciones hostiles por el crimen organizado y narcotráfico.
El Poder Ejecutivo solicitó estas compras a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que es presidido por el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, bajo el argumento de ser adquisiciones dirigidas a fortalecer la operación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), el Ministerio Público y el Poder Judicial, según informó Radio Cadena Voces (RCV), que tuvo acceso a un informe.
La compra de la flota vehicular se hizo a través del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) de la Tasa de Seguridad, que está amparada en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, lo que impide conocer a ciencia cierta en manos de quiénes han ido a parar los vehículos.
De las 15 empresas dedicadas a la comercialización de automotores, según el informe en poder de RCV, tan solo a una se le compraron vehículos por la suma de 317 millones de Lempiras, siendo esta concesionaria la más beneficiada en un 44% conforme a las otras.
El (CTF) surge de la aprobación de la ley de Seguridad Poblacional en julio del 2011, la creación de la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad el 3 de diciembre 2011 y la creación del Comité de Administración y Adquisiciones en agosto 2012. El objetivo es «fortalecer el combate contra la delincuencia y la criminalidad».
Según la nota de RCV, en la compra se encuentran 932 vehículos pick up, 180 camionetas de mediana y alta gama, 28 buses pequeños, 18 buses grandes, 21 camiones, 8 cuatrimotos, 10 vehículos todo terreno, 3 camiones cisternas, 56 turismo, 4 grúas y 1,047 motocicletas de diverso cilindraje, entre otros. Se explica, en esta misma nota, que la compra de carros de alta gama no está justificada y que estos fueron repartidos a altos funcionarios del Estado de Honduras.
El artículo 3 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos «pueden ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional», en el caso de la flota vehícular, esta normativa impide conocer información precisa acerca de las unidades destinadas a cada institución pública y a los funcionarios que están haciendo uso de las mismas.
La ex jueza de sentencia, Gracia María Bertrand, dijo a Contracorriente que la compra de estas camionetas es exclusiva para magistrados de los circuitos de corrupción, extorsión y jurisdicción nacional, en vez de ser otorgadas a fiscales y jueces que verdaderamente manejan delitos o delincuencia organizada, refiriéndose Bertrand al riesgo que corren los mismos sin algún tipo de seguridad.
«Todos andan con su bus y han pedido que esto cambie a los diferentes coordinadores, por ejemplo, Reina Valerio que se desplaza en su propio automóvil, a la reunión de la comisión interinstitucional. Ellos no tienen ese tipo de privilegios, solamente son para altos funcionarios, que son ungidos o seleccionados de dedo por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», señala Bertrand, quien añade que cuando son allegados y de exclusiva confianza del presidente de la CSJ, Rolando Argueta, este les proporciona, además de la camioneta blindada, un bono de seguridad y una partida presupuestaria semanal de gasolina.
La ex jueza Gracia María Bertrand señala que algunas camionetas se asignan a magistrados en materia civil, en vez de ser otorgadas a jueces a cargo de delitos y asuntos de crimen organizado.
La abogada destaca que la Tasa de Seguridad no ha tenido ningún control por parte del Estado, siendo cómplice en este caso el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, puesto que este utiliza a discrecionalidad estos recursos para fichar a los magistrados o jueces afines a él. «Son beneficios o prebendas que se dan a discreción del presidente de la CSJ con el ánimo de tenerlos silenciados», asegura la ex jueza.
Bertrán aseguró a Contracorriente que algunos de los vehículos que debieron ser asignados a jueces y magistrados del Poder Judicial, están en manos de algunos miembros del Legislativo, incluyendo a algunos miembros de la junta directiva y al presidente Mauricio Oliva.
Señaló además que ocho magistrados de la Corte de Apelaciones en los circuitos de corrupción y extorsión, aparte de un sueldo base de 80 mil lempiras, han recibido camionetas blindadas y partida presupuestaria de gasolina semanal.
La Tasa de Seguridad Poblacional ha recaudado desde 2012 hasta abril del presente año un total de 19,439 millones de lempiras, sin embargo, dos instituciones han acaparado la mayoría de los fondos, por una parte, la Secretaría de Defensa se ha beneficiando con 10,194 millones de lempiras y la Secretaría de Seguridad con 4,252 millones de lempiras. Otras instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, entre otras, han sido menos beneficiadas.
El presupuesto asignado a la Secretaría de Defensa para el año en curso es de 8 mil millones de lempiras (348 millones de dólares), mientras que la Secretaría de Seguridad recibe unos 6 mil millones de lempiras (286 millones de dólares) en su presupuesto. Por otra parte, la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de lempiras (1,6 mil millones de dólares) y la Secretaría de Salud con unos 18 mil millones de lempiras (750 millones de dólares).
El doctor Nelson Ávila, analista económico y una figura política reconocida, le explicó a Contracorriente que la compra de esta flota vehicular representa una violación a la constitución, en donde se impone el abuso sobre la razón, y entonces se obtiene una estructura de poder que destruye los derechos de los pueblos y de la ciudadanía en el Estado de derecho.
En la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, asegura el doctor Ávila, la Tasa de Seguridad utiliza el dinero bajo deducciones sin control y al mismo tiempo demuestra la irracionalidad conjunta de quien toma esas decisiones. «Hasta ahora conocemos qué es lo que se ha hecho con ese dinero al comprar vehículos blindados, pero esta compra representa un abuso sin precedentes, no les basta con utilizar el presupuesto normal de la nación, sino también instrumentos antidemocráticos, es este caso por medio de la Tasa de Seguridad, y también, la puesta en ejecución de leyes antinacionales como la Ley de Escuchas».
Juan Ramón Molina, director de la Tasa de Seguridad, reconoció en un comunicado que, en efecto, esa cantidad de vehículos se ha adquirido a través de los años, y los mismos han sido asignados a entes y personas encargadas de impartir justicia en el país. Molina agregó que dentro de la compra también hay ambulancias para el Sistema Nacional de Emergencia 911. Respecto a los vehículos blindados, asegura que están debidamente asignados a jueces y fiscales en todo Honduras, para que los mismos no corran ningún riesgo por las labores que realizan. Detalló que se están recuperando de la caída de aproximadamente un 40% en la recaudación de la Tasa de Seguridad durante los primeros meses del 2020.
Pero el doctor Ávila explica que la Tasa de Seguridad es un impuesto, pagado por instituciones y empresas, que forma parte como un porcentaje de las operaciones activas. En ese sentido, el doctor indica que es ahí en donde entran las tasas impositivas sin transparencia y que generan mayor inequidad, esto porque, en vez de invertir en educación y salud, se utiliza para perpetuar el tipo de decisiones en materia de seguridad.
Respecto a las declaraciones de Juan Ramón Molina, director de la Tasa de Seguridad, Nelson Ávila asegura que, como no hay transparencia, no hay certeza de que verdaderamente hubo una caída del 40% en la recaudación de la Tasa de Seguridad.
Ian Carlos Waimin, director ejecutivo de la Tasa de Seguridad, explicó al periodico Proceso Digital que estos carros están relacionados a tareas con el cuerpo de seguridad del Estado y que la inversión asciende apenas al 3% de la totalidad de los recursos. «Muchos de los vehículos blindados son para protección de periodistas, ambientalistas, fiscales y jueces a nivel nacional», dijo a ese medio.
Por su parte, el empresario Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó indignación en su cuenta de twitter: «¿Para lujos de los funcionarios nos cobran la Tasa de Seguridad? Habiendo tantas necesidades en el país! Eliminen la Ley de Secretos, todos tenemos derecho a saber en qué malgastan nuestro dinero. ¡Sin vergüenzas!»
En repetidas ocasiones, Barquero ha expresado que la falta de transparencia en el manejo de la tasa de seguridad es algo que ha incomodado al empresariado en el norte del país y que han exigido que se derogue la ley de secretos y que rindan cuentas sobre el impuesto que grava a todas las empresas para invertirlo en seguridad.
El Comité de Administraciones y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional indicó en un comunicado que las inversiones en flota vehicular fueron con el propósito de combatir las estructuras criminales en el país, y, de igual manera, negó la asignación de vehículos a funcionarios que no son beneficiarios de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Contracorriente consultó por estas adquisiciones al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien sostuvo que en el 2014 se dio un primer lote de 59 vehículos, todos pick-up, distribuidos a nivel nacional en ese poder del Estado.
En estos últimos años, en cuanto a adquisición vehículos, Duarte asegura que se recibió un segundo lote en la presente administración de 35 vehículos, de los cuales 15 son camionetas que facilitaron para los magistrados de suprema corte, y el resto son pick-up. Dentro de ese mismo lote dos son camiones, uno para acarrear agua (carro cisterna) y otro camión para traslado de privados de libertad. «Todo según la necesidad que trae planteada la Tasa de Seguridad, porque esto funciona con los proyectos que se presentan de la misma institución, y todas fueron distribuidas según lo acordado», indicó.
Por su parte, María Luisa Borjas, comisionada en condición de retiro y ex diputada señaló a Contracorriente que la inversión de los fondos de la Tasa de Seguridad es desconocida, en vista de que está inscrita en el régimen de información confidencial, es por esto que nunca se ha rendido cuentas ni se ha podido auditar.
La ex coordinadora de Asuntos Internos de la Policía Nacional establece que, ahora que sale a la luz la compra de estos vehículos de lujo y otros gastos, es cuando se disparan las alarmas y muchos centran su atención en los procedimientos de esta unidad.
«La policía está retrocediendo, pues antes tenían sus propios vehículos y taller de mantenimiento, hoy no, ahora son alquilados porque ahí está el negocio para alguna persona en especial», expone la comisionada, apuntando a los dueños de rentadoras de vehículos y el posible negocio que tengan con las autoridades.
María Luisa también hizo hincapié en la necesidad que hay de saber en qué se invierte el dinero de la Tasa de Seguridad, ya que a través de transacciones bancarias se destina una parte a estos fondos, formando esto parte de los impuestos que pagan día a día los hondureños. «Estos vehículos blindados se les asignan a las familias o allegados del presidente, aparte de la seguridad y combustible, pagando el pueblo toda la protección a este grupo. Esa es malversación de caudales públicos», indicó Borjas.
1 comentario en “Vehículos comprados con Tasa de Seguridad, en poder de funcionarios de élite”
Aunque somos más hondureños honestos que corruptos en el país,la situación no cambia pues cargamos con las acciones negativas de realizan los segundos y estos viven a sus anchas sin una pizca de remordimiento y sin intención de querer formar parte de los hondureños honestos.
Y nuestros descontentos y reclamos se quedan ahogados pues no está en muestras manos corregir lo que esta mal.