En noviembre de 2020 un total de 197 pobladores de El Progreso, Yoro recibieron otra cita para presentarse al juzgado por el delito de usurpación en perjuicio de la Alcaldía de El Progreso. Según los imputados, activistas de la propia Alcaldía —en el año 2011— los motivaron para ingresar en esos terrenos, mientras cruzaban los dedos para que no apareciera ningún familiar del alemán Bernan Gunter, quien había muerto en su vivienda ese mismo año. Finalmente, los familiares del alemán nunca aparecieron y la Alcaldía corrió a reclamar la propiedad en concepto de herencia. La Alcaldía negó estas acusaciones. Este caso y otros dos más, en El Progreso, Yoro son expuestos para evidenciar la instrumentalización de la necesidad de la vivienda con fines político electorales y el reducido interés en resolver la problemática.
Texto Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix y Tercer Piso
El alemán Bernan Gunter falleció en su vivienda el año 2011 en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras. Los vecinos de la localidad sintieron que de su vivienda provenía un mal olor, se acercaron y lo encontraron muerto. Lo llevaron a una morgue donde permaneció cuarenta días mientras localizaban a sus familiares en Europa.
Pero mientras —en otro continente— buscaban herederos por parentesco de Bernan Gunter, según los pobladores de esa comunidad la Alcaldía movió fichas en su tablero de ajedrez y utilizó a un grupo de personas con necesidad de vivienda para introducirlos en esos terrenos.
La gente en Honduras llama a estos eventos de tres formas: «invasión», dicho popularmente; «recuperación de tierras», desde los espacios de lucha, y, «usurpación», el delito establecido en el Código Penal.
Los pobladores fueron motivados a recuperar esas tierras un 19 de junio de 2011. Pasó el tiempo y los familiares en Europa de Bernan Gunter no aparecieron.
Los vecinos de la colonia Alemania 19 de Junio, como fue denominado el proyecto habitacional, recuerdan a Bernan como una persona que cuidaba de sus ovejos y gallinas en unas galeras que especialmente había construido para ese fin. Tenía además su predio bien cultivado y estaba equipado con carros en los que se desplazaba por su finca y la ciudad ribereña. Pero un día no se le vio más en su terreno de 119,682.90 V2, y los vecinos se preocuparon.
«Nosotros como comunidad vinimos a sacar al señor que se estaba pudriendo ahí en un colchón. La gente lo sacó y se lo llevaron. Estuvo cuarenta días en la morgue, y como nadie lo enterró (corriendo el riesgo de ser lanzado en una fosa común) la comunidad lo fue a enterrar», dice Raquel López, la presidenta de un patronato al que la Alcaldía se niega a reconocer.
«Fíjese que van a lotificar La Coquera, ¿no está interesada usted?», le dijo una excompañera de maquila a Raquel, de 46 años, que aceptó sin dudarlo, sin saber que casi diez años después estaría acusada de usurpación de tierras. Esta exobrera de maquila vive desde el año 2012 en la colonia Alemania, antes conocida como la hacienda La Coquera.
Raquel decidió adentrarse en el proceso de recuperación de tierras para fines de vivienda, porque, según su testimonio, activistas de la municipalidad de El Progreso le prometieron que el predio por el que lucharía sería suyo. No obstante, una década después la propia Alcaldía la tiene denunciada ante el Ministerio Público, junto a otras 196 personas, por el delito de usurpación.
Cuando la contactaron para llegar al lugar, en el año 2012, habitaba en una casa de alquiler junto a su familia en la comunidad de Guaymitas. «No perdí el tiempo cuando me dijeron que había una oportunidad. En aquellos días yo trabajaba en la maquila, pero no era suficiente lo que ganaba porque era una madre de seis hijos que eran pequeños», argumentó Raquel.
De acuerdo con un estudio denominado Barreras de Acceso a suelo para la vivienda social en Honduras realizado por Hábitat para la Humanidad Honduras, en 2016, el déficit habitacional en el país alcanzaba entonces un valor de 1,138, 018 unidades habitacionales. Además, el estudio indicaba que 11.5 % de las casas no tenían acceso a agua potable y el 23 % de las viviendas eran de pisos de tierra.
Los trabajadores de la municipalidad progreseña, según cuenta Raquel, hicieron los planos para estructurar la colonia y comenzaron a trazar las calles de la colonia Alemania 19 de Junio, lo cual consta en un plano que tiene firma y sello.
Raquel agrega que ante la incertidumbre de que aparecieran los familiares del alemán —y porque algunos terratenientes de la zona estaban solicitando que el terreno pasara a conformar parte de sus bienes—, desató la preocupación de la Alcaldía que usó de escudo la necesidad de más de doscientas familias, y les prometió que más adelante les ayudaría a conseguir títulos de propiedad.
No obstante, para el 8 de diciembre de 2011, el juzgado declaró como heredera a la Alcaldía mediante una sentencia definitiva. La comuna no informó inmediatamente de la resolución a la comunidad.
¿Quiénes conforman la colonia Alemania?
La colonia Alemania fue poblada por gente pobre que trabajaba al día. Por obreros de la maquila y trabajadoras domésticas. Ellos fundaron la comunidad. La colonia Alemania comenzó con 250 familias, de las cuales han permanecido 165 en lucha.
La mayoría de viviendas de la colonia Alemania están hechas de concreto. Los servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, han sido realizados por la propia comunidad, aunque oficialmente no responden a la Alcaldía ni al Estado de Honduras.
Muchas de las personas de la comunidad se encuentran sin empleo y muchos niños tienen casi una década de haberse radicado en la comunidad. Sus habitantes hicieron un esfuerzo para construir una escuela en el predio, sin embargo esta no está reconocida y los únicos que llegan a dar clases sobre valores cívicos y morales son miembros de la Policía Nacional.
«Hay un montón de gente que quedó sin vivienda por la pandemia y por los huracanes; muchos de estos han venido a la colonia a buscar refugiarse», expone Raquel, sacando a luz el enorme problema de falta de viviendas en el municipio.
En cuanto a las viviendas, un informe realizado por las Naciones Unidas mencionaba que 1200 viviendas fueron dañadas tras el paso de las tormentas de noviembre de 2020. Además, se echaron a perder: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12,415 de maíz y 21,238 de frijol, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura.
Municipalidad de El Progreso: «No enfrentamos un déficit habitacional marcado»
A pesar de que en El Progreso, Yoro, hay en la actualidad al menos cuatro procesos de recuperación de tierras desarrollándose simultáneamente, alrededor de mil familias están buscando una vivienda, desde la Corporación Municipal no ven que exista un problema de déficit de vivienda.
«Podría decirse que no existe un déficit habitacional marcado. No estamos en la franja roja o crítica en cuanto a la necesidad de ese bien humano. Obviamente tenemos necesidad en el rubro», dijo a Contracorriente el ingeniero Roberto Zelaya, Gerente General de la Alcaldía progreseña.
Sobre el conflicto en la colonia Alemania, el ingeniero Zelaya dijo que «el predio que usted menciona es propiedad de la municipalidad de El Progreso. El derecho vigente nacional así lo estimó y así se ejecutó. En un Consejo de Ministros realizado hace algunos años con la presencia de Juan Orlando Hernández se decidió que en esos predios se construiría un hospital regional».
Zelaya dice que para ellos no existe ningún litigio en la colonia Alemania y que la ley ha acreditado como dueña a la Alcaldía progreseña a través de un juzgado competente por medio del derecho de sucesión. El ingeniero también niega que hayan incentivado a las personas de la colonia Alemania a ingresar en esos terrenos: «Categóricamente manifestarle que desde ningún nivel municipal se ha promovido, ni siquiera sugerido, la participación en esa situación».
Proselitismo: ¿Qué papel jugó el alcalde Alexánder López en la colonia Alemania?
La finalidad de la Alcaldía no solo era en concepto de herencia, según los testimonios de los habitantes de la colonia Alemania, porque Alexander López llegó a ese mismo predio a realizar un acto de proselitismo. Prometió comida y dijo que apoyaría a la comunidad.
«Alexander López vino a hacer campaña para su reelección. Vino a hacer campaña», expresa Raquel.
«Don Baudilio Díaz era activista político de Alexánder López y también de Roberto Micheletti. Él regó la bulla que se iban a conseguir terrenos de la colonia Alemania porque el señor alcalde nos iba a ayudar a legalizar los terrenos», recuerda Raquel. El activista municipal Baudilio y Laura Reyes, exdirigentes del primer patronato, finalmente huyeron de la colonia Alemania tras ser acusados por la comunidad de haberlos estafado.
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El patronato de la colonia Alemania, cuando estaba constituido por activistas de la Alcaldía, fue reconocido en dos ocasiones. El 11 de febrero y el 26 de abril de 2013. Inscribiéndolo en las páginas nro. 275 y 287 del libro de patronatos comunales de El Progreso, Yoro, según está plasmado en un documento en poder de la comunidad. No obstante, ellos aseguran que la página del expediente en físico fue arrancada.
El gerente general de la Corporación Municipal niega que la Alcaldía haya reconocido dicho patronato: «Es totalmente falso, porque en los registros de la municipalidad, en este caso, específicamente en la gerencia de desarrollo social, no existe un expediente, como es costumbre y como manda la ley. Por lo tanto, conociendo el estatus de ese predio no puede existir porque le pertenece a la municipalidad de El Progreso».
Además Roberto Zelaya también negó que la Alcaldía haya mandado a hacer planos a ese terreno. «El Municipio no puede enviar personal de su dependencia a hacer labores que estarían en contraposición a lo que manda la ley». En el año 2016 se desarrollaron mesas de conciliación para llegar a un acuerdo entre pobladores y la municipalidad. Este mecanismo fue convocado por el Instituto de la Propiedad (IP).
Todo era una estafa
Los vecinos pronto se dieron cuenta que habían sido víctimas de una estafa. Los abogados que los representaban les cobraban una cuota mensual por conservar el derecho de sus lotes de terreno. Pero cuando algunos cayeron en mora, llegaron amenazas de desalojo por parte de sus propios abogados.
Ante el inminente desalojo, un grupo de mujeres de la comunidad decidió investigar en el IP cómo iba su proceso. Los pobladores descubrieron que no existían como patronato ni como comunidad el año 2014. Se enteraron que todos los documentos que su asesor legal les había entregado eran falsos y que la titularidad de la propiedad era en realidad de la Corporación Municipal.
«Pasamos tres años engañados. Nadie sabía nada. Nosotros estábamos dando dinero y dinero. El abogado que nosotros contratamos, lo único que hizo fue hacer talonarios para realizar cobros a cada poblador; el abogado José Cálix Urbina, cuando él hizo esos talonarios hubo gente que comenzó a deber hasta 700 lempiras», expresa Raquel.
«Decía el abogado que los cobros eran para un proceso legal de la tierra. Nosotros descubrimos que el abogado sí tenía un nexo con la alcaldía. Trabajaba para Alexánder López», asevera Raquel.
Las mujeres decidieron confrontar a su propio abogado. Viajaron a la ciudad de San Pedro Sula. Hubo golpes. «La última vez le pegamos una macaneada en la 105 Brigada de San Pedro Sula y le dijimos que no volviera. Nos fuimos a los golpes. Lo encerramos en un carro», agrega Raquel.
«Se llevó casi como 3 millones de lempiras, a través de venta de solares, cuotas mensuales que le cobraba a la gente. Le quitaba las cosas a la gente y vendía los terrenos en 80,000 y 90,000 lempiras», revela Raquel.
Pero las mujeres no desistieron de su lucha. Comenzó una batalla física en los portones de la colonia Alemania. «Los hombres que tenían el patronato solo estaban estafando a la gente, porque era controlado por la municipalidad. Nos tocaba agarrarnos a golpes contra los hombres», sostiene Raquel.
En el año 2014 el patronato conformado por activistas municipales se armó con machetes, en presencia de la Policía Nacional, intentaron desalojar por la fuerza a las mujeres de la comunidad, que estaban acompañadas por algunos de sus esposos. «Pero logramos quitar a los activistas del patronato y con apoyo de otras autoridades, viendo la barbaridad de amenazas de muerte, nos otorgaron medidas de protección. Y la misma Policía después era la encargada de cuidarnos», explica Raquel.
El nuevo patronato envió dos escritos a la municipalidad en el año 2017, uno para que se les reconozca y otro para pasar a ser titulares de sus predios. Ambos fueron rechazados: «Lo que salió como contestación fue un requerimiento contra 197 pobladores por el delito de usurpación. Ya por la vía penal. Eso fue en el año 2018», aseguró Raquel.
Raquel agrega que han llegado nuevos citatorios para presentarse a la audiencia de declaración de imputado, después de las inundaciones de noviembre de 2020, para que desalojen la comunidad de la Alemania.
El abogado Omar Menjívar, experto en derecho penal, aseguró a Contracorriente que no logra entender la forma en que actúa la Alcaldía de El Progreso: «Fue gente de la Alcaldía la que identificó a un grupo de personas con problemas de vivienda, que no tienen posibilidades económicas de tener un terreno y construir una casa, y fueron activistas de Alexander López que —de cierto modo— entusiasmaron para que se tomaran estas propiedades y estos terrenos. Se formó una directiva de los ocupantes de estos predios y esta fue reconocida por la Alcaldía», revela Menjívar.
Menjívar establece que la Alcaldía se escuda en el hecho de que no puede hacer nada porque la ley le impone que los bienes deben estar destinados a la construcción de obras públicas. «Pero, ¿qué más obras públicas pueden ser, destinar esos bienes a quienes los necesitan? Y sobre todo cuando fue la propia Alcaldía la que los incitó a tomar ese lugar», establece.
Explica que aún no se ha podido ni ejecutar la audiencia de declaración de imputado por varias razones, entre estas, porque no se citan a todos los imputados o porque alguna de las partes solicita un aplazamiento. El abogado añade que, en cierto momento, un abogado de la Alcaldía propuso que el Congreso Nacional emitiera un decreto para exonerar de la obligación de construir ese hospital. Sin embargo, todo se quedó en palabras.
Agrega que la otra forma de salir de la problemática es enfrentar el proceso penal para salvarlos de la acusación, aunque esto implica un alto riesgo. «Con frecuencia se obtienen sentencias arbitrarias. El juzgado puede ordenar un desalojo de esta gente. Y no solamente esto, sino la destrucción de las viviendas».
«Desde la perspectiva estrictamente legal no existe el delito de usurpación. Porque requiere el ingreso a un bien inmueble ajeno mediante la violencia y eso no fue así», explicó Menjívar.
El abogado Menjívar dice que el ingreso de estas personas fue organizado y pacífico, e inducido por la Alcaldía, cuando la Alcaldía no era titular del derecho: «La Alcaldía se declaró heredera posteriormente. No existe el delito de usurpación», explica Menjívar.
Argumenta que si transcurren seis años el delito prescribe, porque tiene una pena máxima de cuatro años, si nos basamos en los criterios del Código Penal anterior. O prescribe o se soluciona enfrentando el proceso.
«Esa tierra no tenía dueño, no le hicieron daño a nadie. Lo hicieron cuando murió la persona, que no tenía heredero, y nadie se había declarado heredero. Este caso es bastante peculiar, porque yo honestamente no he podido entender, porque al parecer la Alcaldía ha hecho lo mismo con otras personas, en otros sitios y otras ocasiones», subraya Menjívar.
Amenazas por luchar por una vivienda
«Cuando comencé esta lucha tuve bastantes amenazas y ahorita tengo el problema de que las maras y pandillas me están amenazando», cuenta Raquel.
Raquel expresa que antes de llegar al patronato de las mujeres, hubo mucha gente muerta en la colonia Alemania. «Más de once muertos y no dejaban que las autoridades vinieran, no había bulla. Nosotros mirábamos hombres armados en la comunidad, nosotros decíamos, ¿por qué esos hombres andan tan armados y nadie les dice nada? Cuando ya nosotros llegamos al patronato ellos comenzaron a retroceder y esconder las armas. Pero yo tuve que salir de la comunidad por cuatro meses, en el año 2015. Me sacaron la orden de captura y me observaban para matarme. Descansé hasta cuando fue asesinado el hombre que me amenazaba», sostiene Raquel.
«A los mareros los trae la municipalidad», refiere Raquel, quien agrega que lo que más le ha molestado a la Alcaldía es que «le quitamos un montón de dinero que le estaban quitando a la gente, ya hoy ya no se los sacan».
Contracorriente le consultó al Gerente General de la Alcaldía progreseña, si desde la comuna se están propiciando espacios que pongan en riesgo la vida de Raquel y de sus pobladores. El ingeniero Zelaya, dijo que no.
«No tenemos absolutamente ninguna instrucción que vaya en el sentido de que se quiera provocar o generar condiciones adversas a la armonía. Evidentemente nosotros, todo el equipo municipal, desde el empleado uno estamos instruidos por el señor Alcalde de evitar cualquier relación que menoscabe la buena relación con los ciudadanos de nuestro municipio, ahí no hay ninguna actividad promovida por la municipalidad».
Agregó que una de las recomendaciones recibidas es «evitar al máximo conflictos de cualquier tipo con los ciudadanos que están en ese predio. Es más, la no participación en ninguna actividad que se pueda creer que es de intimidación o que genere alguna percepción diferente».
No obstante, Raquel dice que el negocio de la Alcaldía era «sacar dinero». «Se había declarado heredera la Alcaldía, pero lo hizo en silencio, porque no había ningún proceso legal para tomar posesión del bien. El alcalde dijo el año pasado que quería enviarnos a juicio. Quiere sacar la orden de desalojo. Si viene un desalojo nos botarán nuestras casas», expone.
En ese sentido, el Gerente General de la municipalidad de El Progreso dice que los expedientes legales que se hayan incoado en su momento, tendrán que continuar su curso y de nuevo será autoridad competente la que dictamine una u otra decisión. «Las personas y las familias que llegaron a construir unilateralmente corrieron un riesgo y eso es imputable solo a ellos. Reiterar que el predio es propiedad municipal y tiene un objetivo que en un corto o mediano plazo pueda hacerse realidad», añade Zelaya.
La lucha por una vivienda se agudiza en Honduras
Un estudio de Hábitat para la Humanidad, publicado en octubre de 2019, revela que en el Valle de Sula lograron identificar 133 asentamientos irregulares. Específicamente familias en riesgo que habitan en bordos en la orilla de los ríos. No obstante, los huracanes y las tormentas han ocasionado que al menos 800,000 viviendas se dañaran o se perdieran en la zona norte del país, según urbanizadores.
En El Progreso, Yoro, salida a Santa Rita, se han ubicado más de 500 familias que tienen necesidad de vivienda en un lugar en donde históricamente se ha sembrado caña de azúcar, pero que está en medio de una zona urbanizada. Hasta ahora estas personas no han recibido amenazas de desalojo en este terreno, de aproximadamente cinco manzanas, ubicado entre las colonias Los Castaños y Alameda.
José Israel Montoya, más conocido como «Chavelo», es miembro de un proceso de recuperación de tierras para fines agrícolas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Él asegura que el proceso de recuperación de tierras para fines de vivienda ubicado en la salida a Santa Rita está siendo permitido en estos momentos con fines político-electorales.
«Siempre cuando se avecinan campañas políticas se aprovechan de la humildad y necesidad. En esta ocasión hay miles y miles de personas que necesitan una vivienda. En este caso sabemos que es un terreno valorado en millones de lempiras, y no es posible que a una persona humilde le van a decir, así como así: “este solar es tuyo”. ¡Eso es una farsa! Están jugando con la necesidad del mismo pueblo», dice Chavelo.
Chavelo agrega que están usando a estas personas para obtener votos en las elecciones generales, sin embargo, una vez que estas pasen «serán gaseados, desalojados y burlados, porque los políticos juegan con la necesidad del mismo pueblo. Ya sea un alcalde, un diputado o cualquier otro político que quiere llegar a un cargo público, identifican a un grupo de gente y un terreno que está en litigio, los introducen y luego les dan una patada de desalojo», dice.
Chavelo sostiene que, si un alcalde es el mandatario del municipio, es la persona idónea para apoyar: «pero no que juegue con el pueblo y que no los engañe. Porque ese engaño se volverá contra él porque el pueblo está despertando».
Doña Consuelo, una de las mujeres que busca un lote de terreno en ese campamento en la salida a Santa Rita, aseguró a Contracorriente que se quedó sin vivienda y sus hijos se quedaron sin empleo: «Estamos aquí a ver si podemos conseguir estas tierras, aquí hay mucha gente que queremos tener una vivienda digna»
«Necesitamos que nos ayuden con los servicios básicos en este lugar. Sufrimos bastante, dormimos en el suelo, no tenemos agua ni luz. El sereno nos afecta por las noches. Necesitamos que nos traigan alimentos», agregó Consuelo.
En la zona se puede observar a madres con niños pequeños en casas de lámina y nylon. El campamento está lleno de niños pequeños. Hay madres allí hasta con tres o cuatro niños. En ocasiones, las iglesias les ayudan llevando comida.
«La esperanza es recuperar estas tierras, porque la mayoría anda alquilando. Este Gobierno la verdad que a uno lo tiene matado. No nos da empleo y a los que tenían empleo los botaron de los trabajos», expresa por su parte Nidia Sánchez, de 37 años, quien dice que se ha ido a buscar un terreno porque no tiene dónde vivir, y agrega: «Esto me ha hecho venirme aquí para esta recuperación de esta tierra. No me importa sufrir porque lo que me interesa es dónde vivir con mis hijos. Yo estaba viviendo en la invasión San Isidro, arrimada con mi suegro. Ya llevamos más de cuatro meses aquí».
El ingeniero Roberto Zelaya estableció, con relación a la ocupación del predio salida hacia Santa Rita, que la Alcaldía es respetuosa al derecho a la propiedad privada e hizo un llamado a estas personas a que «sean respetuosas de la propiedad privada». Agregó que la Alcaldía dejará que sea un juzgado el que se encargue de este grupo poblacional.
Al ser consultado si estos terrenos son ejidales o agrícolas, el ingeniero Roberto Zelaya dijo que ninguno de los dos. Sino que este es un terreno de propiedad privada. «Tenemos catastrado el 100 % del área urbana y evidentemente ahí hay un propietario privado. De igual manera, si existe una pretensión de cualquier organización social tendrán que acreditar ante la autoridad judicial. Nosotros como gobierno local tenemos registrados y catastrados todas esas propiedades y si en su momento se nos solicita una certificación por autoridad competente, vamos a colaborar».
Contracorriente le consultó al ingeniero Roberto Zelaya a quién le pertenece el predio ocupado, a lo que él respondió: «No podemos brindar información confidencial porque ya la Ley de Acceso a la Información Pública nos lo impide. Cualquier persona natural o jurídica tiene ese derecho. Y nosotros como institución no podemos decirlo. Sin embargo, puedo decirle que en esa franja, a ambos costados desde el centro de nuestra ciudad hasta Santa Rita la mayoría son terrenos privados y los ciudadanos pueden acreditar con sus respectivos testimonios públicos el estatus que ostenta cada uno de esa tierra».
Agregó que como municipalidad no han recibido ni una sola solicitud con fines que busquen el desalojo de estas personas: «En el sentido de que se pretenda que la municipalidad participe en ese tipo de situaciones, no he recibido ninguna solicitud. Si están en algún sitio lo hacen de hecho y a su propio riesgo», explicó Roberto Zelaya.
Politización en la entrega de viviendas en la aldea Las Minas
En la aldea Las Minas de la ciudad de El Progreso, también salida a Santa Rita, se ubica un terreno con 296 casas que fueron construidas en el año 1981 por un sindicato de trabajadores, sin embargo, por un tema bancario y de litigios las casas no fueron habitadas hasta el año 2021, después que los huracanes Eta y Iota.
Estas casas, la mayoría evidentemente deterioradas, fueron entregadas a un grupo de personas por el propio presidente Juan Orlando Hernández, quien días atrás había sido acusado de no ayudar a poblaciones sin vivienda tras los huracanes Eta y Iota. Mientras tanto, las redes sociales estaban vitoreando a Nayib Bukele, quien había presentado un proyecto habitacional de casas nuevas destinado a un sector de la población salvadoreña.
«Ahí construyeron el programa Vida Mejor. Les dieron viviendas a varios activistas del Gobierno», dice a Contracorriente Fausto René Matute, de 61 años. No obstante, el Gobierno también entregó cincuenta viviendas a un grupo de pobladores de la comunidad de Río Blanco, San Pedro Sula, después de que un policía municipal sampedrano le disparara en el rostro a uno de sus habitantes, asesinándolo en medio de un desalojo violento.
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Fausto Matute es miembro de un campamento de recuperación de la CNTC denominado Dagoberto Padilla. Es habitante de la finca 11 del sector sur de El Progreso, Yoro, que se inundó a nivel de techos en noviembre de 2020. Él asegura que actualmente no tiene un lugar donde vivir junto a su familia porque el sector sur de El Progreso, cada vez que llueve, se inunda debido a la ausencia de bordos de contención.
«En enero, después de las tormentas, fuimos a ver cómo estaba la situación para que nos dieran una casa en el sector de Las Minas, investigamos, pero esas casas ya estaban comprometidas», aseguró Fausto.
Según indicó el exdiputado hondureño por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, las casas donadas por el Gobierno en la aldea Las Minas, que están ubicadas a unos 8 km de El Progreso, no fueron construidas por ningún Gobierno: «Las 51 familias beneficiadas no son de El Progreso. No son damnificados Eta o Iota. Son personas que habitaban en los bordos de Río Blanco en San Pedro Sula. A 50 km de las casas entregadas. En verdad son personas pobres que necesitan una casa. Las viviendas se las están regalando».
«Pero las casas no las construyó el Gobierno de Juan Orlando Hernández, ni el de José Manuel Zelaya Rosales, ni Ricardo Maduro. Tampoco fueron hechas para damnificados del huracán Mitch. El proyecto se hizo en 1980, hace 40 años, y no fue por el Gobierno. Esa colonia fue hecha por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola Ganadera de Sula (Sitracoags) que presidía Dagoberto Padilla. A Dagoberto y otros tres compañeros los asesinaron los militares el 29 de marzo de 1983. La colonia ya estaba construida, pero nunca fue habitada. Destruyeron el sindicato y la colonia terminó en posesión de un banco», aseguró el exdiputado Bartolo Fuentes.
Finalmente, expuso Bartolo, las casas quedaron en poder del estatal Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi): «Desde hace cuatro años el Gobierno está con el plan de traer familias pobres de los bordos de río Blanco porque los complejos habitacionales y comerciales que han levantado en el sector no los quieren tener de vecinos».
Fausto Matute aseguró a Contracorriente que un grupo de familias vulnerables del sector sur de El Progreso están en otro proceso de recuperación de tierras para que les otorguen una parcela de terreno en la aldea El Bálsamo, porque una ONG les prometió construirles una vivienda si ellos consiguen el terreno.
«Nos hemos instalado, tenemos la documentación respectiva, hemos platicado con el ingeniero de la municipalidad de El Progreso, Roberto Zelaya. Él entregará los documentos a un arquitecto Sin embargo, hemos visto bastante negligencia de parte del ingeniero Zelaya y por eso el proceso se encuentra detenido», expone Matute.
En El Progreso, Yoro, se encuentran otros procesos de recuperación de tierra con fines habitacionales, entre ellos está el denominado Berta Cáceres, cercano al que está ubicado en la salida hacia Santa Rita.
Por su parte, el gerente general de la alcaldía de El Progreso Roberto Zelaya aseguró a Contracorriente que el proyecto de vivienda residencial Las Minas geográficamente está dentro del territorio del municipio de El Progreso, Yoro, sin embargo, la titularidad de todas esas tierras es propiedad del Gobierno Central, es decir del Estado: «La génesis de ese proyecto es que originalmente fue financiado por dos instituciones bancarias, hubo alrededor de quince a veinte años de litigio y en definitiva, cuando se liquidaron esas dos instituciones bancarias, el gobierno central se vio en la necesidad de comprar ese proyecto que era tierra y vivienda», explica.
Zelaya agrega que el gobierno central, para la reubicación o reasentamiento humano contrató recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque se contempló el reasentamiento de sampedranos para dicho proyecto, lo que al final de cuentas «es legal».
«Lo que sí es cierto, es que ningún ciudadano del municipio se le asignó una vivienda en dicho proyecto, a pesar de que la institución Convivienda que es la patrocinadora de este proyecto… se hicieron las solicitudes en reiteradas ocasiones para que se adjudicara alguna de esas viviendas a ciudadanos del municipio», explica Zelaya.
Campesinos sin tierra
Por su parte, Chavelo, quien tiene 30 años, en un proceso de recuperación en tres lugares: Amistad, Dagoberto Padilla y Nuevo Esfuerzo, asegura que esos tres procesos significan un total de 1400 hectáreas de terreno.
En Honduras hay al menos 300,000 familias campesinas sin tierra, según datos de organizaciones de campesinos en Honduras.
Chavelo le dijo a Contracorriente que no existe ningún tipo de apoyo para los campesinos en nuestro país. «Hay miles y miles de áreas de terrenos que han sido confiscadas a los narcos. ¿Y esas tierras quién cree usted que las tiene?, son los empresarios. Vivimos en un gran caos de falta de granos básicos. Tenemos que traer granos básicos de otros países para el sustento diario y aquí tal vez la libra de frijoles la tenemos carísima porque no tenemos dónde trabajar. Con esta gran crisis de los huracanes tuvimos que salirnos de nuestras casas, cerca de cinco o seis meses. Volvimos a nuestras tierras y tuvimos que salir ahorita en junio por nuevas inundaciones», asegura.
Chavelo afirma que en las zonas de recuperar que él participa «hay casas de concreto, inversiones, ahí hay cultivos de palma africana, siembra de plátano, maíz frijol y yuca. Somos 120 socios, unas 900 personas, más los que llegan a trabajar de otros lugares».
Los problemas habitacionales no son exclusivos de la ciudad de El Progreso, Yoro, con una población aproximada de 450,000 habitantes y con una extensión territorial de 547.5 km2, de los cuales 70.43 km2 es área urbana y 477.07 km2, área rural. Mientras tanto, la población hondureña a nivel nacional se enfrenta al desempleo y consecuentemente se enfrentan a la incapacidad financiera para adquirir un bien inmueble.
A pesar de que la municipalidad dice que en El Progreso, Yoro, no existe un conflicto de viviendas alarmante y expresan su negativa de entregarle el terreno de la Alemania a un grupo de doscientas familias, la Corporación dice estar interesada en proyectos sociales para beneficiar a familias pobres.
«Hay un proyecto de vivienda social, que estamos finalizando su diseño en instalaciones en un predio propiedad municipal. Mediante mandato de la corporación se trasladó este proyecto, son 10 manzanas de terreno, que están al costado sur de las instalaciones de Proniño. Ahí vía donación 100 % reubicaremos alrededor de 400 familias», dijo a Contracorriente Roberto Zelaya.
