Muertes por COVID-19: San Antonio, la aldea mártir de Honduras

De enero a junio de 2021 no se reportó ningún muerto por COVID-19 en la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, zona norte de Honduras. Pero a partir de julio, los contagios y muertes aumentaron. Desde entonces han fallecido, en promedio, un total de seis personas a la semana, la mayoría en la aldea, a pesar de que esta solo cuenta con 7000 habitantes. 

 Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Edgar Hernández, Dania Mencía, Diario de San Antonio y portales de Gobierno


La calle principal de la aldea de San Antonio es de tierra color rojizo. Aunque generalmente luce despejada, cada cierto tiempo es surcada por motocicletas, autobuses, vehículos
pick-ups y camionetas que dejan a su paso nubes de polvo. 

En la aldea se respira un ambiente de calma, característico de comunidades rurales, en donde prima el sonido de los pájaros, reina la vegetación y el viento es fresco. En sus comienzos, la mayoría de casas fueron construidas con ladrillos de adobe, producidos con un barro —de arcilla y arena— mezclado con paja, pero con el tiempo, gracias a la migración de muchos habitantes a EE. UU., algunas viviendas contrastan por sus finos acabados.

Es frecuente encontrar en San Antonio a los adultos mayores usando sombreros, un símbolo distintivo que los identifica como campesinos hondureños, mientras que las mujeres mayores —la mayoría apegadas a la religión católica o evangélica— usualmente usan faldas.

La aldea San Antonio cuenta con aproximadamente 7000 habitantes y forma parte del municipio de Sulaco, que a su vez cuenta con 18,000 habitantes. Los hogares están compuestos por cinco y hasta diez miembros, muchos de estos se casan, tienen hijos y se instalan en el mismo solar. En las tardes, algunos jóvenes después de sus actividades (entre estas partidos de fútbol) llegan a visitar a sus abuelos.

Hasta julio de 2020, en esta tranquila aldea el panorama no había cambiado tan drásticamente, se registraron en esos primeros meses de pandemia apenas cuatro muertes por COVID-19. Dichos decesos, aunque generaron un poco de alarma, no asustaron a la comunidad.

¿Cómo comenzó todo en San Antonio?

Es 13 de julio de 2021, se respira calma en la aldea San Antonio a pesar de que hace dos días falleció por COVID-19 un hombre llamado Maro Reyes, en la aldea vecina Las Pilas.  Un grupo de pobladores planifica el primer aniversario de la Fundación Para el Desarrollo de San Antonio, que tendría lugar el 16 de julio. En la aldea, como en otras zonas del país, la gran mayoría ha olvidado el uso de mascarillas, gel y muchos no respetan las medidas de distanciamiento recomendadas para no contagiarse de COVID-19. Algunos aseguran que el coronavirus es cosa de las grandes ciudades.

Por otra parte, la Secretaría de Salud descuida a miles de personas de este grupo poblacional, muchos de los cuales viven en condiciones de pobreza y no cuentan con los recursos para abastecerse de mascarillas y gel, porque apenas les alcanza para llevar el pan a la mesa.

Pero el evento, programado para el 16 de julio, nunca se lleva a cabo, porque ese mismo 13 de julio, inesperadamente, explotan los casos de COVID-19 y se produce la primera muerte en la aldea San Antonio. En asamblea, la comunidad decide aplazar el evento.

Alba Rosa Mencía fue la primera en morir por COVID-19, durante el 2021, en la aldea San Antonio. Era la esposa de Diego Palma, quien días después también falleció. Tras la muerte de Alba, otras personas comenzaron a presentar fiebres altas, tos y comenzaron a correrse noticias de que había familias enteras con problemas respiratorios.

«Lo que ocurrió ya se venía venir, porque la gente andaba sin mascarillas, había eventos deportivos, celebración de cumpleaños, todo el mundo circulaba como si no pasara nada, las pulperías lucían llenas, las iglesias hacían cultos… la gente usaba la mascarilla solamente como un requisito. Si salían a un supermercado, se ponían la mascarilla en la puerta solo para el ingreso, lo mismo hacían si iban a un banco», dice Dania Mencía, habitante de la aldea San Antonio.

Después de que se produjo la muerte de Alba, los reportes de las autoridades de salud contabilizaban diariamente los muertos por la COVID-19 en Sulaco. Con eso, creció la preocupación y los ciudadanos de este pueblo decidieron encerrarse en sus casas. «En las calles ahora no se ve ni un alma. Estamos encerrados. Nos toca comer lo poquito que hay en la refrigeradora para no salir a la pulpería. Estamos aquí encerrados. Llevamos 25 muertos en todo el municipio. Hay familias completas que han muerto. Estamos en zozobra. Lo peor es que aquí hay mucha gente pobre que no tiene acceso a comida y como no hay ambulancias, muchos de los pacientes enfermos son trasladados en buses del transporte público que circulan con personas sanas», agrega Dania Mencía.

Las calles de la aldea San Antonio lucen vacías. San Antonio, Sulaco, 6 de agosto de 2021. Fotografía: Dania Mencía.

Edgar Hernández, un maestro del municipio de Sulaco, le dijo a Contracorriente que lo acontecido en la aldea debería dar lugar a la llegada de la ministra de Salud: «Esta cantidad de muertes jamás se había visto. Hubo una comunidad de Sulaco en donde estuvieron llamando a las autoridades para trasladar un cadáver, pero jamás respondieron. Tuvo que llegar un señor que tiene un camión en el que jala arena para recoger el cuerpo. Siento que les hace falta un poquito más de conciencia a las autoridades», agrega.

A finales de julio, mientras las personas morían en la aldea San Antonio, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, celebraba en la capital de Honduras, con luces multicolores, junto al presidente Juan Orlando Hernández (ambos del Partido Nacional) por haber cumplido la meta de vacunar a 50,000 personas en el Distrito Central, el sector del país que alberga la mayor cantidad de electores, desatando críticas de quienes consideran que el Gobierno de turno está usando el programa Vacunatón con fines propagandísticos.

Contracorriente contactó al coordinador de Promoción de la Salud de Sulaco, el señor Donaldo Velásquez, quien reconoció que su municipio no cuenta con la infraestructura sanitaria básica apropiada y suficiente para albergar a todos los pacientes y personas que llegan con manifestaciones o síntomas de la COVID-19. «Cuando no hay una capacidad instalada, obviamente la población va a sufrir porque no hay personal que atienda y porque tampoco existe el equipamiento ni los medicamentos necesarios para dar respuesta», asegura Donaldo Velásquez.

personal de salud
Personal de Salud realiza una jornada sanitaria en el municipio de Sulaco a finales del mes de julio. Fotografía: Secretaría de Salud.

El pasado miércoles, Donaldo Velásquez le dijo a Contracorriente, que «para julio de 2020, solo había cuatro fallecidos en el municipio de Sulaco, pero este año, en la misma fecha, se han presentado 24 muertos».

El viernes 6 de agosto, las autoridades locales de salud de Sulaco informaron sobre la muerte de otra persona, aumentando la cifra a 25 fallecidos. Debido a la cantidad raquítica de pruebas, en Sulaco, los pocos test solo ayudan a conocer el nivel de positividad en la ciudad.

En el mes de julio, siete de cada diez personas que llegaban a hacerse la prueba daban positivo al virus, dice Donaldo Velásquez, quien indicó que, a pesar de no contar con suficientes pruebas, se identificaron a 350 personas positivas de COVID-19 en el municipio de Sulaco, lo que representa un 35 % de positividad total, pero si se a analiza por separado a la aldea de San Antonio, durante el mes de julio, esta incrementó su positividad al 70 %.

La doctora Suyapa Domínguez, Jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud del departamento de Yoro, le explicó a Contracorriente que en el departamento de Yoro, desde enero de 2021 hasta la semana número 30 (que comenzó el lunes 26 de julio), se presentaron 8717 casos de COVID-19. La mayor carga y el número de casos lo tuvieron las ciudades de El Progreso, Olanchito y la cabecera departamental Yoro.

La ayuda no llegó del Gobierno, sino de migrantes hondureños en Estados Unidos

Provisiones de comida gracias a los donativos de migrantes hondureños desde Estados Unidos. San Antonio, Sulaco, 31 de julio de 2021. Fotografía: Diario de San Antonio.

El caso de Sulaco cobró notoriedad en Honduras. Acaparó espacios televisivos, radiales, páginas de diarios impresos y publicaciones en diarios digitales. Eso provocó que algunos funcionarios de Salud prometieran ayuda, pero no cumplieron.

Darío Palma, el director de un instituto de la comunidad y uno de los líderes de Sulaco, le dice a Contracorriente que la ayuda en realidad ha venido de los migrantes que están en Estados Unidos. Agrega que lo que más necesita el municipio son pruebas y tratamientos: «Para comer, la gente que ha migrado a Estados Unidos ha estado proveyendo y también han mandado para comprar materiales de bioseguridad».

El subsecretario de Salud, Nerys Cerrato, prometió en cadenas de prensa y ante medios radiales enviar ayuda a través del jefe regional de Salud en Yoro, Josué Murillo, para testear con pruebas para COVID-19 y aplicar tratamientos a los pacientes. No obstante, Darío Palma manifiesta indignado que la Secretaría de Salud apenas entregó cuarenta pruebas y cuarenta tratamientos. Y por esa razón permanece cerrado el triaje de Sulaco y el centro de salud.

Darío Palma asegura que todo Sulaco está siendo afectado por la pandemia. Las seis aldeas que lo conforman, el casco urbano y más de cincuenta caseríos: «Estamos ubicados justo en el centro de Honduras, en la calle central que está justo en deuda de pavimentarse, a 60 km de la cabecera departamental de Yoro, con salidas a Comayagua y Francisco Morazán. Estamos a cuatro horas de San Pedro Sula y cuatro horas de Tegucigalpa».

Sulaco es de los municipios del sur del departamento de Yoro, en donde hay zonas postergadas, olvidadas y con niveles de pobreza alarmantes, incluso hay casos de extrema pobreza, lo que afecta la parte alimentaria y educacional, según explica Palma. «Las condiciones de trabajo son mínimas, algunas veces se encuentra trabajo con 150 lempiras al día y la familia tiene que sostenerse a la semana con tres o cuatro días de trabajo. Y hay lugares con una mamá soltera y con seis hijos», agrega.

Pero diputados del Partido Nacional aprovecharon esta crisis para hacer campaña política. El sitio Gobernación Yoro, una instancia de gobierno indicó que varios diputados nacionalistas entregaron alimentos. Y publicaron fotografías. «Hoy (jueves 5 de agosto) por instrucciones del Presidente Juan Orlando Hernández y con el apoyo de la Ministra de Sedis, Zoila Cruz, el gobernador Juan Carlos Molina junto a los diputados Milton Puerto, Omar Emilio Rivera y Lídia Casco junto con la Lic. Mauren Meléndez en el marco de la Operación #𝐍𝐨𝐄𝐬𝐭á𝐧𝐒𝐨𝐥𝐨𝐬 entregaron 2000 raciones de alimento solidario al alcalde de Sulaco, Edy Chacón, atendiendo, el llamado de emergencia sanitaria por los casos de COVID-19 en el Municipio», indica el texto publicado en su página de Facebook.

Activistas y diputados nacionalistas de Yoro son fotografiados mientras hacían entrega de alimentos. San Antonio, Sulaco, 5 de agosto de 2021. Fotografía: Gobernación de Yoro

Los fallecidos por COVID-19 de San Antonio

Darío Palma dice que en San Antonio se estuvo atendiendo muy bien el proceso de vacunación, en donde los adultos mayores y personas de 30 años en adelante estuvieron siendo vacunadas, sin embargo, detalló que no toda la comunidad ha sido inmunizada.

«Todos los muertos en San Antonio oscilan en edades de 60 y 90 años. Por ejemplo, fallecieron los esposos Alba Rosa Mencía y Diego Palma, y también Natividad Hernández y Guadalupe Hernández, y entiendo que don Natividad Hernández ya tenía las dos dosis, pero casi todos tenían enfermedades de base», dice Darío Palma.

Suyapa Domínguez, por su parte, explica que en el departamento de Yoro se han reportado en total 412 fallecidos, de los cuales, solo 288 han sido certeramente comprobados porque los demás han fallecido en sus casas. «Ha habido una mala percepción de la vacunación. Mucha gente cree que si ya está vacunada no se va a infectar, pero ese es un error. La vacuna lo que va a hacer es protegernos de ir a un hospital, presentar una infección grave, pero podemos infectarnos y propagar el virus», explica Suyapa Dominguez.

Suyapa Domínguez explica que el mayor número de infectados del departamento de Yoro oscila entre las edades de 20 a 30 años, seguido de los de 30 a 40 años. «Probablemente estas personas sean asintomáticas y presentan infecciones leves, pero quienes pagan las consecuencias son las personas mayores con comorbilidades», agrega.

El hospital de Yoro es el único centro cercano al que las personas de escasos recursos de Sulaco pueden llegar para buscar atención, pero Suyapa Domíguez da un dato escalofriante al que se enfrentan las aldeas rurales cercanas a la ciudad de Yoro: «El nivel de ocupación del hospital de Yoro es superior al 100 %. Se han readecuado espacios para poder atender a más pacientes. La mayoría de los pacientes hospitalizados provienen de municipios aledaños».

La Secretaría de Salud y las Alcaldías han descuidado el uso de pruebas en el departamento de Yoro, tal y como lo contamos anteriormente en una nota en Contracorriente. Y es que Honduras ha cerrado un tercio de los trajes a nivel nacional a pesar de que los contagios y muertes van en aumento en muchas zonas.

Una persona adulta mayor es vacunada en el municipio de Sulaco. Sulaco, julio de 2021. Fotografía: Diario de San Antonio.

«Los triajes deberían de estar en todos los municipios. Hay cuatro municipios del departamento de Yoro que no tienen triajes. Los triajes son los que hacen las labores de contención. Los municipios sin triajes son Yorito, Jocón, Olanchito y Sulaco, en este último aunque se abrió uno, funciona a medias», asegura Suyapa Domínguez.

En las redes sociales, muchos habitantes de San Antonio de Sulaco han criticado el papel timorato del alcalde de su ciudad. No entienden cómo solo ha podido conseguir cuarenta pruebas y cuarenta tratamientos, pero sí ha realizado recorridos para tomar fotografías entregando comida justo a días de que se realicen las elecciones generales en donde él busca la reelección por cuarto período consecutivo.

Un ciudadano de Sulaco, que pidió no revelar su nombre, manifestó que el alcalde Edy Chacón, en medio de esta crisis, instaló una carpa y llegó con catorce personas a repartir comida. Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con el alcalde de Sulaco, pero este no respondió al llamado.

A clases a pesar de la crisis

Un rótulo da la bienvenida al casco urbano del municipio de Sulaco, ubicado en el sur del departamento de Yoro. Sulaco, 2021. Fotografía tomada el 5 de agosto de 2021: Edgar Hernández

Darío Palma es el director del Centro de Educación Básica en Sulaco, en donde estudian más de 350 alumnos. «Ahorita estamos parados y desatendidos. Hay abuelos y padres de maestros que están afectados con covid. Yo no puedo exigir que atendamos porque ni siquiera pueden atender a nivel virtual, porque están atendiendo a sus familiares», afirma.

El titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, dijo el pasado 30 de julio, que el próximo lunes 16 de agosto se iniciará el retorno a clases semipresenciales de manera voluntaria en los centros educativos privados. Además, señaló que el lunes 26 de agosto, se retomarán las clases en los centros públicos. «Asusta que el ministro de Educación esté diciendo que el 26 de agosto regresaremos a clases y que eso incluye a San Antonio de Sulaco, esto implica que tiene poco conocimiento de la realidad de la zona, dice» Darío Palma.

Los pobladores de Sulaco, aparte del olvido que viven en su comunidad y la falta de consideración de las autoridades educativas y sanitarias, han sentido discriminación cuando salen de sus aldeas para abastecerse de alimentos. «Nos preguntan en la ciudad de Yoro si somos de Sulaco, porque nos tienen miedo», dice Darío Palma.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Periodista argentino radicado en Honduras y dedicado sobretodo a lo audiovisual, con más de diez años como corresponsal en la región para diversos medios internacionales y organizaciones locales.
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