Pocas semanas han pasado desde que el COVID-19 levantó la mano y dijo presente. Ha sido tiempo suficiente para dejar al descubierto el descalabro en el sistema de salud pública que existe en la gran mayoría de los países del mundo. En algunos, sin lugar a duda, ese descalabro es mayor, como es el caso de Italia, España, Brasil, Estados Unidos y Chile, sólo por poner algunos ejemplos. Un sistema de salud pública responsable y sólido no es aquel que combate con eficacia una enfermedad, sino aquel que sabe prevenirla con sagacidad. Tal es el caso de la isla de Cuba, donde la ciencia médica ha encontrado tierra fértil. Cuestión que actualmente le permite a los médicos realizar más de 1,000 exámenes diarios para comprobar los contagios, al tiempo que se han desplazado brigadas médicas para auxiliar a países como Italia, Venezuela, Brasil y Nicaragua.

A España e Italia, en solo un mes, el COVID-19 los puso de rodillas. Y algunos países de América, incluyendo EE. UU., se quedaron como María Antonieta de Francia luego de la decapitación de su marido; viendo la masacre y esperando su hora.

En el caso de Estados Unidos, es importante decir que el sistema de salud con que cuenta es uno de los más excluyentes y cuestionables de la región. La historia de que en este país hay un «gran» sistema de salud es un mito. Primero porque la salud pública de calidad no existe. Segundo, si quieres salud de calidad tienes que matricularte con una aseguranza, y esto no es que sea malo, el problema es que este país es como una mesa, cuya pata principal está conformada por al menos 50 millones de migrantes de todo el mundo. Muchos de ellos ilegales que trabajan con horarios indefinidos con salarios muy bajos, por esto —entre otras razones—, no cotizan en el mercado de la salud.

El panorama, sobre todo para los pobres, resulta poco halagador. Para los migrantes de todo el mundo, especialmente los que residimos en Estados Unidos, aún menos esperanzador, porque nos enfrentamos a medidas de contención del virus poco claras, y a necesidades económicas y de seguridad más exigentes. Por otro lado, ante la crisis del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos se ha comportado de manera mediocre. No ha efectuado un confinamiento adecuado, no ha facilitado el método de las pruebas rápidas para la ciudadanía en general, no ha dado medidas claras sobre el comportamiento que debe adoptar las sociedad laboral ni mercantil, no ha proporcionado información contundente sobre las acciones empresariales.

Y, si bien es cierto que algunos Estados adoptaron medidas de contención del virus, en algunos de ellos estas medidas fueron, como dice el dicho «gallogallina». Esto permite que cada ciudadano haga su propia interpretación y aplicación de las medidas. El problema con este método es que el virus no entiende de interpretaciones o aplicaciones particulares en cuanto a las leyes, el COVID-19, en tres segundos que tiene de vida al aire libre, puede contagiar a todas las personas con que se encuentre, ya sea una o mil. Para reforzar este comentario, dejo por caso lo ocurrido en la ciudad de Austin, capital del Estado de Texas. Después de que se emitiera una orden de quedarse en casa, se emitió una aclaratoria de que dicha orden no era obligatoria. En un tuit, la ciudad posteó lo siguiente:

City of Austin

@austintexasgov

El Departamento de Policía de Austin ha recibido varias llamadas en referencia a la orden de Quedarse en casa/Trabajar Seguro. Es importante saber que esto no es un encierro mandatorio. La prioridad de APD es mantener al público seguro a través de educación y conciencia.

7:56 p. m. · 25 mar. 2020 https://twitter.com/austintexasgov/status/1242978609461112841

La trampa que encierra esta cuestión es que gran cantidad de personas viven de lo que ganan a diario, esto significa que la frase «Es importante saber que esto no es un encierro mandatorio» les da luz verde para salir cada mañana a buscar sus trabajos como si nada estuviera ocurriendo. Y a la vez, es una manera que tiene la ciudad de librarse de ciertas responsabilidades coyunturales. En esta ciudad, la orden de confinamiento entró en vigor el martes 24 de marzo a las 12 de la media noche, no obstante, el miércoles 25 de ese mes, las calles estaban igual de transitadas que el día anterior, porque para la población —sobre todo migrante—, la concienciación sobre el virus no traspasa la línea de «tendré cuidado», enfatizando la conjugación en futuro del verbo «tener».

A la fecha (27 de marzo) EEUU cuenta con más de 80 mil casos de contagios y alrededor de 1300 muertos y, como dicen los escrutiñadores electorales: «y subiendo». Hace solo 7 días (el 20 de marzo) se contabilizaban alrededor de 20 mil contagios y poco más de 200 fallecimientos. Vea usted el aumento en una semana.

Con medidas tan débiles como las adoptadas en Austin, el COVID-19 será como un tornado. Y más aún si le sumamos la incapacidad económica de gran parte de la población para pagar el tratamiento de esta pandemia. Como se mencionó anteriormente, en Estados Unidos, la salud está en manos privadas, lo que da lugar a que las aseguradoras hagan grandes negocios. Tal es el caso de Danni Askini, quien se recuperó del COVID-19 en un hospital de Boston, pero le llegó una factura de 34,927.43 dólares, porque no contaba con el respaldo de una aseguradora. Vea aquí la nota.

A estas alturas del COVID-19, los gobiernos del mundo deberían estar aglutinados en un sistema de abordamiento del problema de modo conjunto, no obstante, muchas naciones siguen, como dice el dicho «cada cual llevando agua para su propio molino». Una de las pocas luces que vemos al final del túnel es la utopía de que el COVID-19 pueda mutar a una versión menos mortífera, como ya lo sospecharon algunos científicos, no obstante, esto es como apostarle al póker: nunca sabes si vas a ganar o perder.

Fotografía de portada: Martín Cálix/ Contracorriente

Columna originalmente publicada en Revista Factum

Desde la gripe española, o gripe de 1918, el mundo no se veía en estas. 102 años en que ningún enemigo flotaba de forma masiva por el aire, adhiriéndose a las cosas, metiéndose en nosotros y postrándonos en cama o llevándose a los nuestros. 102 años en que la preocupación principal fuimos nosotros mismos y nuestra inagotable hambre de poseerlo todo.

Hasta el domingo 22 de marzo a las 3:00 de la tarde el virus había matado oficialmente a 14,632 personas e infectado, al menos, a otras 335,972. El virus ha hecho que la mayoría de fronteras del mundo se cierren y que los gobiernos pidan a su población quedarse en casa. Algunos de formas más severas que otros. Sin duda alguna, un mal terrible se cierne sobre nosotros. Pero es un mal extraño, parece no haber entendido la forma en la que funcionan las cosas en este mundo…

Este virus no ha seguido el patrón del cólera, la fiebre tifoidea, la malaria. No mordió primero, y casi exclusivamente, a los miserables del mundo. No comenzó, pues, en una chabola maloliente del barrio Kibera en Kenya, la favela Rocinha de Río de Janeiro o el barrio Rivera Hernández en Honduras. Comenzó en las vísceras de la potencia económica más formidable de la actualidad. Luego se esparció por Europa. Por la próspera y moderna Europa. De un momento a otro el mundo se invirtió, se volvió un lugar distinto.

En América Latina, como hacía ya 500 años que no sucedía, empezamos a desconfiar de los que venían del otro lado del mar. Por primera vez la clase media y alta son los sospechosos. En El Salvador, y en general en toda América Latina, las poblaciones pobres se cubren la boca y evitan darles la mano a los más acomodados, a los que viajan. En Uruguay, por ejemplo, el virus se coló a bordo de una diseñadora de modas, quien viajó desde España e infectó a decenas en un evento social en el exclusivo barrio Carrasco de Montevideo. Ahora, por primera vez, los sospechosos somos nosotros.

El 8 de marzo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele prohibió la entrada a territorio salvadoreño a italianos y alemanes. Algo sin precedentes. Al siguiente día, a las 7:00 de la noche, prohibió el ingreso de españoles. Los salvadoreños que venían de esos países tuvieron que ingresar a unos recintos improvisados en donde aún se encuentran. No son los primeros albergues que se organizan para situaciones catastróficas. Para los terremotos, inviernos y las violentas lluvias tropicales se habilitan siempre albergues temporales para aquellas familias que lo pierden todo. Son lugares muy incómodos que suelen improvisarse en escuelas o centros comunitarios, donde llegan madres solteras destilando aún la misma agua que les robó la casa, o ancianos sin hogar o campesinos sin cosecha. Ahora no. Esta vez a los albergues llegaron gentes con maletas y cubrebocas, con ropas de temporada y reclamando al Estado comida y atenciones de calidad. Como pingüinos en desierto se miran. Los albergues no son para ellos. Nunca han sido para ellos, pero este virus no entendió nada.

El día 15 de marzo sucedió algo histórico en El salvador. Nadie le ha parado mucha bola, pero es un evento sin precedente: El Salvador cierra sus fronteras, entre otros países, a los Estados Unidos de América. El gobierno del país más chiquito de América, del que su población brota como caudal torrentoso hacia las fronteras del norte, colándose por desiertos, por túneles, muriendo en balsas o deprimiéndose en las celdas «hieleras» cuando son capturados y esperan su deportación, le cerró la entrada a ciudadanos norteamericanos. Días después hicieron lo mismo Guatemala y Honduras, las Banana Republic. Un mes atrás, la posibilidad de que esto ocurriera era parte de un panorama imposible. Lo mismo ocurrió el 19 de marzo en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, cuando el gobierno le impidió el aterrizaje a varios aviones provenientes de España y otros países de Europa por temor al contagio. Definitivamente el virus no sabe de historia, ni de muros o deportaciones. No entiende que las fronteras se cierran allá, no acá. No al revés. No entiende nuestro mundo.

El virus se confundió. Si se hubiese informado con sus antecesores sabría que tenía que atacar primero el cuerpo de una prostituta marroquí o un migrante venezolano, saharaui o un niño palestino sin hogar. Pero en los tres meses que lleva su ofensiva, ya infectó a Tom Hanks y a su esposa, Rita Wilson. Enfermó también a varios jugadores de la NBA como Kevin Durant o futbolistas europeos como Danielle Ruani de la Juventus. Estos males entran siempre por abajo, nunca por arriba, así ha sido siempre, desde la peste negra. Pero este es quizá el hijo díscolo en su familia de enfermedades pandémicas. Este llevó sus fiebres y su tos seca al secretario de prensa del presidente derechista brasileño Jair Bolsonaro, quien por poco infecta a uno de los hombres más poderosos del mundo: Donald Trump.

En su repertorio de incongruencias, este virus disidente afecta a las grandes ciudades, dejando bastante tranquilos a los campesinos y gente de las afueras, quienes además contarán con suministros alimenticios mientras que en las grandes urbes la escasez se comienza a sentir. Y no solo en suministros como el papel de baño o el alcohol en gel. Empieza ya a ralentizarse la llegada de carne fresca, de granos básicos y de pastas. Es un verdadero reto, y lo será cada vez más, encontrar en las ciudades pescado o huevos. Pero esto no será así por mucho. Mientras más tiempo pase el virus entre nosotros más irá aprendiendo cómo son las cosas. Irá aprendiendo cómo somos los humanos. Lo iremos educando entre todos. Pronto llegará de lleno a América Latina y aprenderá a tratar a los pobres de la misma forma que lo hicieron sus antecesores. Con saña. Entrará de lleno a África y a las regiones más vulnerables de Asia y aprenderá, como la serpiente, a morder al descalzo.

Este virus aprende rápido, las clases pobres de todo el mundo están ya sintiendo sus estragos, y cambiará para siempre la forma en la que entendemos el mundo y las relaciones humanas. Así como el 11 de septiembre transformó la forma de viajar, y ahora a nadie se le ocurriría llevar un encendedor en un equipaje de manos, de acá en adelante, salvo en México o Nicaragua, falta mucho para que se organice un concierto o una marcha. La muchacha se lo pensará tres veces antes de besar al muchacho desconocido en un bar. Los viejos, los que nos queden, abrirán sus puertas con tapabocas y ojos desconfiados a sus nietos, sumiéndose aún más en la soledad en la que ya los confina el primer mundo.

Pero también dejará avances en salud. Dejará una capacidad instalada para afrontar con menos lentitud pandemias futuras, dejará la certeza en los gobiernos de que la salud necesita más presupuesto y, en los listos, dejará la sabiduría de que la felicidad no se mide en unos y ceros, sino en la posibilidad de estar con los que amás y tener con qué alimentarlos. Dejará la lección de que cuidar de tus viejos es un privilegio, nunca una carga. Yo, en lo personal, espero que también deje otra cosa: ahora que las clases más afortunadas sabemos lo que significa ser sospechosos y marginados, aunque sea por unos meses, tratemos con más empatía a los que sienten eso desde que nacen hasta que mueren.

En la Europa medieval, tan marcada por las diferencias entre nobles y plebe, entre los que tenían mucho y los que casi no tenían nada, había un solo momento en donde el mundo se invertía, donde los pobres podían comportarse como ricos y los ricos como pobres: el carnaval. No era un periodo muy largo. Duraba días o como mucho semanas, y en estos momentos especiales las burlas y la sátira eran para los amos. Pienso que si el virus, como un enemigo que espía a su víctima antes de la ofensiva, observó a los humanos para aprender de ellos, lo hizo en tiempos de carnaval. Cuando el mundo, por un momentito, se daba vuelta.

—¿Y qué piensan de la crisis?, ¿creen que se va a solucionar pronto?

—No, esto va para largo.

Karla y Obed están convencidos de que la actual crisis sanitaria provocada por la expansión mundial del COVID-19 se va a extender por mucho más tiempo, ¿cuánto? no quieren pensarlo. El gobierno ha dicho que, al menos, hasta el 12 de abril se va a extender el toque de queda que ha calificado de absoluto, aunque casi nadie lo ha cumplido, quizá porque la realidad hondureña no lo permite.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la pobreza en Honduras ronda el 62% de la población. Al cierre de 2019, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) indicaba que existía una tendencia hacia la alza del subempleo, la cifra se ubicó en 60.6%, y el desempleo en 5.7%, quizá estas sean las cifras que no permitan que las personas se guarden en casa y respeten el toque de queda absoluto. El contagio y la tasa de mortalidad en Honduras por COVID19 es alarmante, en dos semanas de 172 casos confirmados 10 personas fallecieron, y aun no conocemos el número exacto de pruebas con las que cuenta el estado hondureño para detectar la enfermedad a tiempo.

La calle principal del mercado de la colonia Kenedy permanece cerrada y custodiada por policías y militares bajo el argumento que las personas se aglomeran para comprar, pero los vendedores siguen trabajando en la cuadra de al lado, Tegucigalpa, 28 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Karla y Obed, casados hace poco más de 20 años, trabajan en el mercado de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, Karla «La Negra» vendiendo comida y Obed vendiendo pan. Pero después del estallido de la crisis sanitaria en el país a Karla no le ha quedado otra alternativa que ayudar a su esposo en la venta de pan, porque ahora ya no puede vender comida, porque no la dejan, porque cerraron los comedores del mercado. Los militares y la Policía Nacional también han cerrado la calle principal del mercado, «porque la gente se acumula mucho» explicaba un oficial de policía, aunque «cerrar» sea un eufemismo para decir que han sacado a los vendedores de sus lugares naturales de venta, quienes se han movido hacia la cuadra de al lado, porque deben seguir vendiendo.

—Y ustedes, ¿siguen vendiendo a precio normal?

—Sí… nosotros estamos vendiendo como para ganar un poco uno, y un poco el pulpero.

Antes de la crisis provocada por el coronavirus, Karla, vendía comida, ahora ayuda a su esposo en la venta de pan, Tegucigalpa, 28 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Este matrimonio de vendedores —como muchos vendedores que dependen de la venta diaria— no puede quedarse en casa, con tres hijos: dos en escuela (4to y 6to grado) y una en secundaria, las necesidades del hogar pasan por el sostén de los hijos y la seguridad de que estarán bien. Todas las mañanas llega un microbús a dejarles el pedido de pan. Para que esto suceda deben pagarlo desde el día anterior y asegurar de esta manera que van a seguir recibiendo el surtido diario. En mitad de la pandemia, la panificadora a la que le distribuyen el producto prioriza a los distribuidores que paguen anticipado, de otra manera Obed y Karla se quedarían sin vender, y esto es algo que no pueden permitirse. Las reglas han cambiado, antes era más sencillo, no tenían que pagar el producto con anticipación.

Quienes ahora han podido salir a comprar comida «son los que tienen un trabajo fijo», dice Obed, «los que reciben un salario mensual». Sin embargo, ese número de personas se ha reducido radicalmente en las semanas de distanciamiento social por la emergencia por COVID19 en Honduras luego de que al menos tres empresas maquiladoras en el norte del país suspendieran por 4 meses a sus empleados sin goce de salario, mientras que otras empresas, con el visto bueno de las autoridades estatales han arrebatado el derecho de vacaciones a sus empleados con tal de no despedirlos tras la paralización de labores.

Karla es más dura con lo que sucede, ella cree que la crisis se ha politizado, que los nacionalistas, simpatizantes del partido en el poder, únicamente apoyan a los suyos, y piensa que es injusto que les pidan quedarse en casa porque si no trabajan no podrán llevar comida a sus hogares. «La Negra» —como le dicen— se muestra molesta con el sistema de salud, dice que no sirve. Hace un tiempo a su esposo no le pudieron atender bien en el Hospital Escuela, por falta de medicamentos para la presión, y ella tuvo que comprarlos.

Obed atiende a un joven que se ha lacerado a su carro para comprar pan, Tegucigalpa, 28 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Por ahora en la colonia donde viven: Las Palmas, explica Obed que aún están abastecidas las pulperías, pronto esta situación podría cambiar, y lo primero que aceptan es que todo se ha encarecido. Incluso en el mercado donde trabajan, los precios se han disparado. Temen que haya saqueos, están seguros de que el hambre llevará a la gente a buscar opciones más violentas para resolver sus necesidades. Mientras el país se mueve en esa frontera entre la estabilidad de la crisis y la profundización hacia un estallido mucho más agudo en términos de protesta social y respuesta del gobierno, los vendedores del mercado de la colonia Kennedy —como los vendedores de todos los mercados— que dependen de sus ventas diarias, seguirán llegando a sus puestos de trabajo, exponiéndose al contagio.

—Si uno de ustedes dos se contagia ¿están preparados para asumir la enfermedad en casa?

—Pues sí aquí es estar encerrado, porque al hospital qué va a ir a hacer, a perder el tiempo.

«Ahorita todo es coronavirus», sigue explicando Obed, «ahorita ya no hay gripe, ya no hay tos, asma, dengue, no… coronavirus». Sobre el futuro, sobre si vamos a ser distintos cuando esto —aunque ahora parezca lejano— termine, Obed y Karla piensan que en Honduras solo habrá más desempleo, más pobreza.

Obed acaricia el pelo de su esposa Karla al pasar a su lado mientras esperan al próximo cliente en su puesto improvisado para vender pan durante la crisis sanitaria actual, Tegucigalpa, 28 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La ciudad abre un gran abanico de temas que podemos abordar desde la óptica espacial, social y sensorial. Como urbanistas, profundizamos en la observación cualitativa y análisis de datos cuantitativos en la categoría pública, semipública y privada; profundizamos en conceptos que no solo encierra el estado físico del sujeto, también el comportamental. Ahora, ¿cómo ha funcionado la ciudad en tiempos de la COVID-19?, ¿existe un exceso de información que nos ha vuelto paranoicos a todos?

En los últimos tres meses, el COVID-19 se ha desarrollado de manera rápida en casi todos los rincones del mundo. Se contabilizan alrededor de 192 países con casos confirmados hasta el pasado martes 31 de marzo de 2020, según los medios de comunicación. Hasta el momento ha causado más de 38,000 muertes y los números cada día crecen exponencialmente. Como medidas de seguridad, varios países del mundo están decretando distanciamiento social y cuarentenas para no propagar más el virus afectando en gran medida como experimentamos la urbe.

El arquitecto español Ildefons Cerda, utilizó por primera vez en 1859 las palabras urbanismo y urbanista. Dichas palabras surgieron por la necesidad de una comprensión propia de las ciudades. Las crisis económicas y los problemas en la salud pública llevaron a repensar la estructura de las ciudades, partiendo de que las enfermedades afectan tanto a ricos como pobres. Las pestes fueron grandes amenazas en las ciudades, por ejemplo, la Peste negra disminuyó un tercio de la población europea en la Edad Media. Los primeros urbanistas que intentaron enfrentar estos problemas de salud no fueron los médicos, fueron los ingenieros. La ingeniería civil no era solamente la construcción de puentes y edificios elegantes, su labor era de prevención al mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de la higienización del espacio.

Actualmente, desarrollo investigaciones psicogeográficas en el campo latinoamericano. La psicogeografía es un concepto que surgió en Francia después de la segunda guerra mundial y fue impulsado por el Movimiento Situacionista Internacional a mediados de los años 40, como una crítica hecha por artistas, revolucionarios e intelectuales hacia el nuevo urbanismo europeo, clasificado como monótono, capitalista y fragmentado. La psicogeografía se encarga de estudiar la ciudad con base en la experiencia del sujeto; liga el espacio, la emoción y el comportamiento en una misma cartografía. En la actualidad estoy realizando estudios a través de la semiótica en la imagen y memoria: la creación de The Kittynet (@thekittynet), una plataforma de intercambio multidisciplinar en mi kitnet o apartamento monoambiente con el uso de herramientas tecnológicas; y el estudio de cartografías emocionales en barrios y calles surgidos en la época moderna.

El pasado 4 de marzo cumplí 2 años viviendo en Brasil. A lo largo de este tiempo he viajado, observado y experimentado rutinas de la cultura brasileña. Hace menos de un mes, las calles se apoderaron del aclamado Carnaval, la mayor fiesta en Brasil y el mayor atractivo para turistas de todo el mundo. Se celebra desde el siglo XVI cuando los portugueses conquistaron el territorio suramericano. Para el siglo XX, la popularidad de la fiesta contribuyó al surgimiento de nuevas escuelas de baile y música, ya que estas instituciones juegan un papel indispensable en la preparación del Carnaval.

Con la apropiación de los espacios públicos: parques, calles y plazas, El Carnaval cumplió un importante rol en la economía, turismo y actividades sociales en todo Brasil. Idea semejante a los escritos del filósofo Henri Lefebvre, a finales de los años cincuenta, que retratan estos comportamientos lúdico-constructivos con lo que él llamaba La fête o la fiesta. La festividad funcionaba como un rechazo radical de la sociedad capitalista alias «el uso eminente de la ciudad», que elude toda lógica productiva, en la que todos puedan participar. Con esto surgió ese momento en el que las personas identifican la calle como casa, como oficina, como una extensión espacial de su día a día. Para el antropólogo norteamericano Geertz, «las calles sirven como referencias definitorias a los límites de un territorio, son unidades de gran importancia para quienes saben cómo reconocerlas […] Las calles forman un continente, mapean y organizan contenido de actividades. Una calle es un universo de múltiples eventos y relaciones».

Carnaval 2020, Rio de Janeiro, Brasil. Fotografía: Gabriela Zúniga Fu.

Según la Alcaldía de la ciudad de Río de Janeiro, se recibieron alrededor de 1.9 millones de turistas en el pasado Carnaval 2020. La fiesta recibió una inversión gubernamental de alrededor de 100 millones de Reales (aproximadamente 20 millones de dólares) que fueron destinados a tour operadoras, pago de blocos o desfiles y mejoramiento del espacio público y salubre. En menos de 3 semanas, lo que era descrito como fiesta, baile y libertad se convirtió en paranoia, sedentarismo y aislamiento. ¡Llegó el minuto 33 de la película, ese momento donde todo sale del control y la dinámica de nuestra vida cambia!

Para el 19 de marzo, los departamentos de salud estatales publicaron 534 casos confirmados de COVID-19 en 20 estados de Brasil, con 6 víctimas mortales. Se decretaron distanciamientos sociales a través del cierre de actividades escolares, comerciales y eventos deportivos, conciertos, ferias, manifestaciones, marchas, entre otros. Estos distanciamientos se establecieron con el fin de minimizar el contacto con las personas y mantener una distancia de al menos 2 metros entre uno y el otro. Lo anterior conllevó a evitar el transporte público, limitar los viajes, trabajar en casa. Esta estrategia salvó miles de vidas durante la pandemia de gripe española de 1918, de igual manera que en la Ciudad de México durante la pandemia de gripe de 2009. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 nos está haciendo reflexionar y especular sobre el futuro de las relaciones laborales y sociales en el mundo. Millones de personas se han visto obligadas a trabajar desde casa, uniéndose a un número reducido de personas que antes lo han hecho por elección o por conveniencia.

Los nuevos modelos de negocio, como el freelance o independiente, han beneficiado a miles de personas para poder movilizarse y agendar sus actividades con base en sus necesidades y tiempos. Sin embargo, es una economía incierta, ya que este modelo no permite contar con beneficios como los seguros de salud o un fondo de reserva monetario, entre otros. Si lo llevamos al campo de las artes: la música, la danza, pintura, fotografía y video, han sido algunas de las actividades capitalizadas en el espacio público (plazas, parques, calles) o semipúblicos (bares, restaurantes, centros comerciales). Con el surgimiento de la COVID-19, artistas, artesanos y otras economías independientes han sido brutalmente afectadas con la cancelación de sus actividades.

Por otro lado, la revolución tecnológica y la transformación de los medios de creación, han tenido un profundo impacto en nuestra forma de vida y relaciones laborales, causando cambios categóricos en la forma en que nos relacionamos. Construimos mundos virtuales para reemplazar un mundo físico en problemas. Cada día las herramientas digitales nos facilitan nuevas plataformas para la gestión de la información y procesamientos de grandes cantidades de datos. Además, ayudan a ofrecer nuevos servicios y comunicaciones en el entorno urbano. Sin embargo, el exceso de noticias e información ha llevado al ser humano a una falta de control e inseguridad. La difusión noticias falsas viraliza informaciones sensacionalistas que tienden a desestabilizar emocionalmente a quienes consumimos estas noticias.

Debido a este aislamiento, somos impedidos a realizar nuestras actividades exteriores y tener contacto directo con gran cantidad de personas, causando signos que van desde el aburrimiento hasta la soledad, incluidos ataques de ira, intolerancia y agresión. En este escenario pandémico, los arquitectos y creativos estamos siendo impulsados a buscar respuestas a nuevos desafíos, reinventando las tipologías tradicionales de espacios de vida y trabajo y cuestionamos la división espacial tradicional entre estas dos áreas. El manejo de recursos físicos y digitales abre puertas a nuevas políticas sociales, por lo que es necesario un soporte comunitario y multidisciplinar para que estas plataformas se sostengan.

LA VIDA EN INTERIOR

El humano debe estar integrado a la naturaleza, y provocar lugares dedicados al pensamiento.

Transformaciones de mi kitnet / monoambiente. Escenario de The Kittynet

Estudios han demostrado que pasamos alrededor del 87% de nuestras vidas en espacios interiores, ya sea en casa o en el trabajo. Si bien es cierto, los interiores agradables pueden influir positivamente en el estado de ánimo y el bienestar de sus ocupantes, los lugares poco iluminados e incómodos pueden producir efectos psicológicos desfavorables. Es por eso la importancia de espacios bien ventilados e iluminados, ya sea iluminación artificial o natural, uso de diferentes colores, texturas y materiales de construcción, integración de vegetación y otros aspectos que influyen en las sensaciones espaciales.

El diseño de viviendas es un problema que parece simple, pero es de los temas más antiguos desde la formación del ser humano. Es posible escribir la historia de la civilización, desde los inicios del hombre primitivo hasta la actualidad, analizando únicamente la evolución de las formas de vida. Para Le Corbusier, la arquitectura de residencia es el producto inmediato del instinto humano y cada día nuevas estructuras de convivencia son ejecutadas. La mala arquitectura, construcciones mediocres y situaciones de aislamiento en que vivimos en la actualidad ha elevado las tasas de depresión y suicidio, incluso en los nuevos y ordenados edificios. Los signos de desconexión social, individualismo y apatía son resultados de una mala planificación urbana y de una economía elitista. Además, la negligencia en relación con los ancianos y el abandono de los abuelos tomó tales proporciones que los gobiernos lo declararon un delito punible. Como urbanistas debemos ir a favor de la salud física-mental en nombre de la justicia.

En términos psicoanalíticos, la persona que está aislada quiere eliminar aquel sentimiento de vulnerabilidad y exposición. Pensar, sentir y habitar nunca es estático. El psicólogo William James y el filósofo Henri Bergson, pioneros de estudios de la consciencia, acreditan que los estados mentales no son bloques sólidos o imágenes fijas. La atención de individuo se disloca de manera constante saltando entre recuerdos y otros cuadros que son absorbidos sensorialmente por el cuerpo.

Los cambios urbanos, climáticos y salubres son en gran medida causados por la imprudencia humana. Correspondería aprovechar este tiempo de cuarentena para reflexionar y concientizar sobre una ética más humana, humilde y solidaria para evitar futuras crisis. En el griego antiguo, la palabra krisis significaba tomar una decisión cuando las situaciones llegaban a un punto que no podían ser evitadas. Los grandes pensadores, filósofos y meditadores fomentaban el hábito de la resiliencia para decidir con calma qué acciones tomar en momentos de histeria y terror. Con la resiliencia se promueve buscar la recuperación de las ciudades a través del arte de la reconfiguración.

La tarde del 20 de febrero de 2016 en la Plaza Cívica del municipio de San Francisco de Ojuera, Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista, encabezaba su última gran movilización en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En un comunicado emitido ese mismo día a través de la organización que lideraba: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denunciaba a quienes apoyaban este proyecto que buscaba explotar —para la producción de energía— el río Gualcarque (sagrado para el pueblo lenca). Doce días después de esa movilización, fue asesinada en su casa en el municipio de La Esperanza, Intibucá. Entre las instituciones y empresas que denunció estaba Castillo Torres Energy (Castor Energy), empresa que cuatro años después se encuentra en negociaciones para concretar la instalación de una hidroeléctrica en el río Güince, perteneciente al municipio de San Francisco de Ojuera y afluente con el río Gualcarque.

Ante la amenaza que representa la instalación de este proyecto extractivo, unos pocos pobladores de esa comunidad dicen extrañar el liderazgo de Berta Cáceres, sobre todo en estos momentos que se enfrentan no solo a la venta de sus recursos, sino que además tienen que sobreponerse al miedo que generó su asesinato. Aún el eco de su voz es escuchado por algunos que la recuerdan como una de las líderes indígenas más importantes de Latinoamérica.

La lucha inaccesible en San Francisco de Ojuera

Para llegar al casco urbano de San Francisco de Ojuera, los pobladores que regresan de sus trabajos, en municipios aledaños, tienen que esperar un aventón. Los cinco buses de entrada al municipio solo pasan dos veces al día y la llegada a pie desde el desvío de la carretera principal puede llevar horas sobre un camino de tierra. Algunos pobladores tienen motos y animales de carga, pero —ante la falta de oportunidades económicas— son una minoría. Después de adentrarse en la montaña y sortear todas las curvas del camino, se llega a San Francisco de Ojuera. La belleza del pueblo es notable, sus casas mantienen el estilo colonial, a pesar de la llegada aparente de las remesas desde Estados Unidos. Es un pueblo en el que sus habitantes sobreviven principalmente del cultivo de arroz, frijoles y maíz.

«San Francisco está rodeada de agua. Güince, Ulúa y Gualcarque redondean San Francisco con agua», señala Menchita, una mujer de 48 años que tiene una pequeña abarrotería y pertenece al pequeño grupo de personas que han decidido oponerse, de manera pública a la explotación de los ríos que le pertenecen a la comunidad. Menchita estuvo en 2016 cuando Berta se paró frente a la Alcaldía Municipal para explicar las consecuencias ambientales de la instalación de un proyecto hidroeléctrico; también escuchó cuando Plutarco Mejía, entonces vicealcalde del municipio, amenazó a la líder del COPINH. «Es triste que otras personas vengan a querer enriquecerse con lo poquito que tenemos y que vengan a destruirlo», dijo Menchita.

A pesar de que en 2017 se oficializó la suspensión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, los problemas para los habitantes de la comunidad, que se oponían a la venta de los ríos, no terminaron. La central hidroeléctrica El Molo, que pertenecía a la empresa Castor Energy, continuó trabajando —con el apoyo del alcalde Raúl Pineda— para cumplir con el contrato de producción de energía renovable que firmaron con la ENEE en 2012. Según dicho contrato, se tendrá una potencia de producción de energía instalada de 3.9 megavatios, considerablemente menor que los 21 megavatios de energía que se esperaban producir en el Gualcarque con la represa Agua Zarca de DESA. El proyecto hidroeléctrico El Molo aún espera ser instalado en el río Güince, que desemboca en el Gualcarque. El caudal del río Güince es bajo durante el verano, pero sigue siendo suficiente para los pobladores de la aldea Molo que se encuentra justo al lado y que lo utilizan para bañarse, lavar ropa y hacer algunos lempiras en Semana Santa, ya que lo adaptan para usarlo como balneario.

Un hombre camina junto a la Plaza Cívica Prof. Raúl Pineda P., nombrada así en honor al ex alcalde Raúl Pineda, San Francisco de Ojuera, 4 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Menchita recuerda que dos meses después que el alcalde Fredy Cabrera asumiera la dirección del municipio, convocaron a la comunidad a un cabildo abierto al que también asistieron representantes de Castor Energy. El grupo de defensores y defensoras del ambiente se quería quedar fuera del salón donde se llevaba a cabo el evento, pero funcionarios de la municipalidad les obligaron a entrar y firmar una lista de asistencia. Desde esa ocasión, Menchita, no volvió a asistir a una reunión convocada por la municipalidad. «Aquí, en este pueblo, han aprobado proyectos de mala manera y han agarrado la costumbre que con base en las firmas de asistencia aprueban los proyectos. Un representante de la empresa comenzó el cabildo y dijo: “creo que con esto es suficiente para aprobar el proyecto, suficientes firmas”», comenta, y mientras manifiesta su enojo le pide a su hija menor que atienda al cliente que ha llegado a comprar un refresco ante el fuerte calor.

La maquinaria de la planta hidroeléctrica El Molo, abrió caminos e instaló un plantel inicial donde guardaban sus equipo. No hubo proceso de consulta previa, libre e informada para la comunidad. La aprobación del proyecto de ley de Consulta Previa e Informada se encuentra en discusión después de que en 2018 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entregó a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, la iniciativa de anteproyecto. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el COPINH ya habían hecho un anteproyecto de este tipo, sin embargo no se tomó en cuenta a la hora de constituir el actual, por lo que se oponen a la regulación que intenta aprobarse desde el Congreso.

Instalaciones de una bodega en abandono de la empresa Castor Energy en la comunidad de Molo, San Francisco de Ojuera, 5 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Desde 2014 la corporación municipal de San Francisco de Ojuera tenía un opositor en su propia mesa: el regidor José Hernández. Chechito, como le dicen en la comunidad, cuenta que después de oponerse a la «corrupción» de Raúl Pineda, también confrontó al actual alcalde: «le dije: usted es bruto, mire el problema con el que viene Pineda por permitir esa represa de Agua Zarca y usted viene a vendernos el otro río, ¿es bruto o qué pasa?». Chechito, quien además es un empresario de la construcción, ganó popularidad entre los pobladores del municipio al oponerse al proyecto, que bajo falsos argumentos, pretendió engañar a una gran mayoría asegurando que llevaría empleo y proyectos sociales a esa lejana y olvidada comunidad. «No nos van a quitar lo que es de nosotros, no nos trae beneficio real en la parte económica y además nos deja daños ambientales», aseguró. José Hernández dijo no tener miedo y estar dispuesto a «rajarse la madre» con quien sea por defender el río Güince.

Según el testimonio de los pobladores de la comunidad, la construcción de la hidroeléctrica se paralizó a inicios de 2018. Los ingenieros a cargo del proyecto, dijeron que la causa era la falta de financiamiento ya que los bancos no querían meterse en problemas después del asesinato de Berta Cáceres.

Cuando en las oficinas de la Alcaldía Municipal se solicita información sobre el proyecto, todos parecen ponerse nerviosos. Dicen que no pueden dar declaraciones sin la autorización del alcalde que, justo en ese momento, se encuentra en Tegucigalpa realizando trámites de la municipalidad. En una llamada, el alcalde Fredy Cabrera le prohíbe a la secretaria dar información sobre la hidroeléctrica que, por cierto, desde hace unos meses ha prometido regresar pronto a la comunidad. La única dispuesta a dar una opinión sobre el proyecto es Eny Pineda, vicealcaldesa del mismo partido político del alcalde, quien manifiesta no estar a favor de la instalación de un proyecto que afecta los ríos y que rompe con la tradición en favor de los proyectos de energía renovable que lleva su partido. Como vicealcaldesa no tiene voto en las decisiones de la corporación municipal, por lo que su oposición se vuelve un asunto de convicciones: «Yo no quisiera que un río se tocara, yo lo que quisiera es que todos colaboráramos, reforestáramos y cuidáramos las cuencas. Yo no estoy de acuerdo ni en minería ni en hidroeléctrica ni nada de eso». Sin embargo, asegura que el proyecto ha cumplido con todo el proceso y documentación para volver a instalarse.

Para Menchita el retorno de Castor Energy, más allá de los empleos temporales que generará para unos cuantos hombres de la comunidad, es un engaño. «Ahorita disfrutamos bañando pero si logran privatizar ya no vamos a poder. Me duele en mi corazón saber que existan personas sin conciencia. ¿Quiénes van a sufrir? nosotros, ¿y quiénes van a beneficiarse? los dueños de la represa», concluye Menchita.

El río Güince es uno de tres ríos que rodean el municipio de San Francisco de Ojuera, los otros dos: el río Ulla y el río Gualcarque, San Francisco de Ojuera, 5 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Las conexiones de Castor

Lorena Cálix, subjefa de relaciones públicas en el Ministerio Público, dice que Berta Cáceres hizo más de 40 denuncias en esa instancia. Una fue en contra de la empresa Castillo Torres Energy S.A, la cual, según Cálix, ha desembocado en una investigación de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, que, cuatro años después del asesinato de la líder indígena, estaría por concluirse.

Castor Energy es una empresa constituida en San Pedro Sula en 2007. Su representante legal es Oscar Rene Castillo Torres, quien a su vez es el presidente de la junta directiva, de la que también son miembros sus hijos Daniel Castillo Sánchez y Oscar Castillo Sánchez. Según el registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Castillo Torres también funge como gerente general de Suministros Eléctricos S.A de C.V (SEL) constituida en 1983. Según su página web ha estado involucrada en la comercialización de productos eléctricos en proyectos públicos y privados, para el caso, el proyecto hidroeléctrico Patuca III y las operaciones de Minerales de Occidente S.A (MINOSA), en el municipio de Azacualpa, Copán, donde se ha desarrollado un conflicto por las intenciones de explotación minera en un cementerio de la comunidad.

Lea más en el reportaje Éxodo desde el espejismo minero

En términos de contratos con el Estado, solo en julio de 2015 Suministros Eléctricos recibió un pago por más de 2 millones de lempiras de la ENEE. Además, esta empresa ha sido patrocinadora del Club Deportivo Real España, uno de los equipos de fútbol más importantes del país. De esa empresa también se desprende en 2013 la constitución de SEL STORE S.A de C.V por parte de los hijos Óscar y Daniel. Según el portal Estrategia y Negocios, esta sociedad se especializa en la comercialización de equipo eléctrico, atención industrial de motores eléctricos y suplidora de materiales y equipos para proyectos de energía renovable. Han establecido tres tiendas a nivel nacional desde donde coordinan las ventas del equipo eléctrico.

En el contexto de las inversiones del Grupo SEL, en 2017 se generó una alianza con la multinacional alemana Siemens para la mejora y automatización de procesos industriales, así traería equipo de última generación para ofertar a los proyectos de energía renovable con los que ya trabajaban. En 2016 líderes del COPINH señalaron a Siemens como cómplice del asesinato de Berta Cáceres al participar como accionistas en el consorcio Voith Hydro que, según información del medio alemán Deutsche Welle, firmó en 2013 un contrato de suministro de turbinas, generadores y tecnología de automatización con DESA por un valor de 8 millones de euros.

En 2007 gobierno de Manuel Zelaya Rosales, aprobó la Ley de promoción a la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Desde entonces los conflictos en las comunidades, ante la falta de consulta y violaciones de derechos humanos, han dejado criminalización y muerte. Según la organización Global Witness, hasta 2017 más de 120 personas habían sido asesinadas por enfrentarse a empresas que acaparan la tierra y destruyen los bienes naturales. A pesar de todos los conflictos, organismos de financiamiento internacional siguen apoyando estos proyectos que tienen como premisa principal el desarrollo y trabajo que pueden llevar a comunidades olvidadas por el mismo gobierno.

Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, declaró a un medio nacional que la puesta en marcha de proyectos de energía son necesarios porque «necesitamos generar no solamente empleo urgente, sino empleo sostenible, y es donde nosotros venimos a aportar algo muy importante que es el empleo en las zonas remotas y rurales». En febrero de este año el Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo en favor de Paz, después de que la Fiscalía de Etnias del Ministerio Público la acusó del delito de discriminación en contra del pueblo Lenca. La consultora en proyectos de energía renovable dijo en un foro de televisión que la gente de las comunidades no piensa bien porque no come los tres tiempos. En Contracorriente solicitamos una entrevista a Paz pero no obtuvimos respuesta a las solicitudes.

En la aldea Molo, justo en la orilla del río Güince, las familias que fueron beneficiadas por la llegada de Castor Energy ahora añoran que el proyecto hidroeléctrico se reanude para que los hombres puedan regresar a sus trabajos temporales como guardias y las mujeres vender comida a los ingenieros, maquinistas y otros empleados. A corto plazo las comunidades cercanas a los proyectos son beneficiadas con las prebendas que las empresas otorgan a cambio de los recursos. Por ejemplo, Maynor Ordoñez y su familia solicitaron transporte para que los niños de la comunidad viajaran a la escuela, a cambio de dar permiso sobre una parte de su tierra para que la maquinaria de Castor Energy transite hacia la montaña.

Doña Doris limpia una mesa en su pequeña pulpería instalada en la sala de su casa, en la comunidad de Molo, una pequeña comunidad junto al río Güince, San Francisco de Ojuera, 5 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sentado en la sombra de una casa que vende golosinas y refrescos, Maynor dice que las personas de la comunidad que se oponen a la continuación del proyecto es porque seguramente tienen alguna forma de subsistir, pero para las familias de esa aldea los pocos lempiras que se ganan, a cambio de muchas horas bajo el sol trabajando en los potreros aledaños, no son suficientes. «Hay una esperanza de que ellos vuelvan, hace unos ochos días anduvieron los ingenieros inspeccionando», cuenta.

Mientras el río sigue fluyendo sin turbinas ni en función de la producción de energía, algunos jóvenes nadan en el río y una mujer se acerca para lavar ropa. El río es importante, sin duda, pero la necesidad de un empleo hace que para Maynor y su familia valga la pena arriesgar el recurso con el que siempre han convivido. «Hay cosas que afectan en lo ambiental y la libertad, pero también que nos benefician por el trabajo. No estoy de acuerdo con que se privatice el río, aquí somos libres, nadie nos prohíbe nada y nadie anda con temor», concluye.

Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Temor y memoria

La noche del 2 de marzo de este año en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, más de un centenar de indígenas lencas liderados por el COPINH, junto a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, marcharon con antorchas encendidas para exigir justicia en el caso de Berta Cáceres. Pararon frente a la Jefatura Departamental de la Policía Nacional y repitieron que Berta no murió, recordaron que se hizo millones.

Laura Zuniga Cáceres, hija menor de Berta, tenía 23 años cuando le avisaron que varios hombres armados habían llegado a casa de su madre para disparar y cambiar la vida de su familia para siempre. Cuatro años y muchos reclamos de justicia después, dice que «al hacer un repaso de este tiempo nos damos cuenta que se ha logrado mantener la lucha dentro de los territorios y dentro del Copinh. Hemos visto persecución, estigmatización y criminalización de los compañeros y compañeras pero la valentía y decisión de multiplicar a Berta ha persistido, entonces eso le da alegría a una, que en el momento de su asesinato lo que quiso es que el ejemplo de mi mami sirviera a otras luchas».

Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, posa junto al altar hecho en memoria de su madre en el 4to año de su muerte, lo que el COPINH resignificó como «La siembra de Berta» tras su entierro, La Esperanza, 3 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

En San Francisco de Ojuera su ejemplo sigue vigente. Un ejemplo es el pequeño grupo que, de manera pública, se opone a la construcción de la planta hidroeléctrica El Molo, a pesar de que la municipalidad emprendió una campaña de desprestigio en contra de la figura de la líder lenca.

Por otro lado, Menchita dice que apenas es una decena de personas la que en ocasiones se reúne para capacitarse en temas de defensa de derechos humanos y del ambiente. Asegura que muchos más son los que se oponen a la construcción del proyecto que podría tomar los recursos de uno de sus ríos, pero que no se atreven a manifestarse por el miedo que generó el asesinato de Cáceres. Para Menchita el ejemplo de Berta Cáceres ha pasado más allá de lo terrenal. «El corazón de Berta, el espíritu de Berta que vive en nosotros es como el poder de Dios», dice mientras mira una imagen de la virgen que tiene en la sala de su casa sobre el equipo de sonido en el que escucha la radio comunitaria. Ese espíritu es el que les ha dado fuerza después del 2 de marzo de 2016 cuando les quedó claro que todo aquel que se dedique a proteger el ambiente será perseguido y posiblemente asesinado. «Yo siento que me pueden venir a matar aquí a la casa», concluye.

«Menchita», retratada en su casa, es líder en la defensa del medio ambiente, San Francisco de Ojuera, 4 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La defensa del río Güince no está siendo liderada por organizaciones, sino por miembros de la comunidad que temen que ellos y sus hijos no vuelvan a disfrutar de las aguas que le pertenecen al pueblo. La única organización que se ha acercado en este proceso es el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) liderado por la ambientalista Betty Vásquez. «En las comunidades que están al margen del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, se ha tenido poca incidencia porque hay miedo a que pase lo que pasó con la compañera. Si mataron a una líder con perfil tan alto como el de ella, qué no pueden hacer», dice Betty, quien acompañó a Berta como amiga y compañera en múltiples luchas. Sobre El Molo, comenta que es un proyecto que han formulado muy bien en favor de los interesados, ya que la corporación municipal no ha divulgado información oficial sobre el proyecto: «Como organización eso nos limita a hacer un trabajo porque no tenemos la suficiente información que nos de la capacidad de divulgar, además ese es uno de los territorios más peligrosos para hacer resistencia porque no se sabe con quién se está hablando. El ejemplo es que a Berta Cáceres la criminalizaron el 20 de febrero y lo hicieron aunque ella había movido a gente de otros municipios», concluye.

La líder espiritual del COPINH, Pascualita, durante la ceremonia en honor a la vida de Berta Cáceres, La Esperanza, 3 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

A pesar de la fuerza que la memoria de Berta Cáceres genera en los defensores de San Francisco de Ojuera, el miedo, la falta de acceso a la información y las limitantes de las organizaciones para hacer incidencia siguen provocando que la instalación del proyecto hidroeléctrico se vuelva casi inevitable. A pesar de que la promesa en San Francisco de Ojuera es el desarrollo, Betty Vázquez apunta que este tipo de proyectos terminan sin cumplir las expectativas, ya que no generan la cantidad de empleo que prometen porque la mayoría de la gente que contratan es de afuera del municipio: «La gente se queda sin acceso al río, porque terminan poniendo mallas para cortar el paso. Las más afectadas son las mujeres, ya que para ellas no hay empleo temporal ni nada, y si se escasea el agua de las comunidades, ellas son las que tienen que conseguirla».

Maynor y su familia, en su casa en la orilla del río, siguen contando los días para el regreso de algo que para ellos representa empleo temporal. Sin embargo para Menchita y el pequeño grupo de pobladores que se oponen, sería una prueba de que en un país como Honduras se puede seguir construyendo un proyecto a pesar del asesinato de la líder indígena más reconocida del país.

Apelar a los artistas en momentos extremos no es nuevo, sucedió en tiempos de guerras y en calamidades naturales, cuando sentimos rota el alma por algo que nos supera, apelamos a aquello que nos hace sentir conectados, el arte.

«BocaLoba está en la cuerda floja en estos momentos», comienza explicando Mayra Oyuela, gerente de uno de los bares del casco histórico de Tegucigalpa.

A BocaLoba —un proyecto que funciona bajo la modalidad de casa cultural y bar— la alcaldía que preside Nasry Asfura no le ha otorgado el permiso de operaciones, bajo el argumento que en el plan de arbitrios municipal explica que no pueden funcionar locales que vendan bebidas alcohólicas cerca de iglesias, claro, esto en el casco histórico de Tegucigalpa donde hay tantas iglesias como cantinas. Solo a una cuadra de la Catedral de San Miguel Arcángel, la principal iglesia católica del casco, funciona otro recinto sagrado: el New Bar —Tito Aguacate, para los parroquianos— que funciona desde 1945.

La preocupación de Mayra, poeta y gestora cultural, es real, la crisis sanitaria le está pasando factura a todos los emprendimientos culturales del país. Los proyectos como BocaLoba, o Café Paradiso, que en el centro de Tegucigalpa son espacios para presentaciones de artistas y montaje de exposiciones, corren el riesgo de entrar en bancarrota porque el cierre de los espacios públicos debido al avance del coronavirus en el país se puede extender aún más, esto es vital si entendemos que los bares y restaurantes sobreviven de lo que hacen diariamente.

Debido al toque de queda decretado por el gobierno de Honduras en el marco de la crisis por el coronavirus el pasado 15 de marzo, no hay conciertos, no hay bares abiertos y los museos han cerrado totalmente, no hay librerías abiertas, no hay lecturas de poesía. Sin embargo, ahora que el virus ha tomado tanto territorio, el mundo parece necesitar más que nunca del arte, y de quienes lo producen, necesita salir de esto con el espíritu intacto, esa parece ser la sensación con tanta lectura de poesía, con tanto concierto de famosos por redes sociales.

Pero en las crisis —como suele pasar en todo, en casi todo— las desigualdades siguen siendo visibles, son más visibles. Ahora mismo, comunidades enteras tienen hambre, no de arte, sino de esa que te hace pequeño el estómago, de esa que solo se sacia comiendo.

«Si no hay venta no se puede operar, si no hay venta no pagas empleados, no pagas servicios, no podes pagar proveedores, es así de simple», explica Mayra. Aunque en BocaLoba están preocupados por el posible cierre, existe una comprensión de todo lo que sucede alrededor de la crisis por el coronavirus, las personas no podrán tan fácilmente volver a consumir a los espacios culturales porque el arte y la cultura no son productos de primera necesidad, antes se deberá solucionar la comida y la salud.

Mayra Oyuela, poeta y gestora cultural, retratada en BocaLoba, Tegucigalpa, 24 de abril de 2019. Foto: Martín Cálix.

De este espacio dependen seis personas, seis personas a las que se les ha podido garantizar el salario porque se dejó de pagar el alquiler donde opera, pero en tres meses —de extenderse a tanto la cuarentena— BocaLoba no tendría la capacidad de pagar los salarios y la renta, ni siquiera podrían elegir entre uno u otro, se verían obligados a cerrar. BocaLoba es un proyecto autofinanciado, y solo puede sobrevivir por el consumo cotidiano de los clientes, en ausencia de una cooperación internacional o gubernamental, proyectos como este solo puede sobrevivir porque la venta diaria sostiene los proyectos artísticos, el cobro de entradas para algunos conciertos termina financiando la microfonía y el técnico para la banda que toca, de otra manera es imposible.

En algunos países los gobiernos han destinado algo del presupuesto para combatir la crisis del coronavirus para amortiguar el impacto económico en la industria cultural y artística, en Honduras nadie de los entrevistados cree que algo de los más de 420 millones de dólares aprobados por el gobierno de Juan Orlando Hernández llegue a cultura o a los artistas. Para el año 2020, en el Presupuesto Nacional de la República para la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes se destinaron cerca de los 208 millones de lempiras.

«Sí, me ha impactado un montón, yo tengo mis obligaciones, tengo un préstamo, pago renta de apartamento, pago renta de local». Es la reflexión que hace David Santos, uno de los principales tatuadores de Honduras. Golosinas y más, el estudio de David, cerró el día uno. Para un estudio de tatuajes que agenda sus citas con mucha anticipación cerrar implicará en el mejor de los casos reprogramar las citas, esperar si cabe, que aquellas personas que tenían citas y habían pagado el adelanto que el estudio exige para poder reservar, no pidan la devolución y sigan con sus planes de tatuarse.

David Santos, durante una sesión de tatuado en su estudio Golosinas y más, Tegucigalpa, 26 de mayo de 2018. Foto: Martín Cálix.

En el caso más extremo, suponiendo que la crisis sanitaria provocada por el avance mundial del coronavirus se extienda a más de un mes, Golosinas y más, donde trabajan cuatro personas, tendrá que cerrar, no sobrevivirá a la crisis. En medio de todo, David quiere ser optimista, piensa que se puede salir de esto y replantearse cada uno la interacción con los demás. «En la medida que todos nos apoyemos, así como puedo estar en el día trabajando y en la noche veo que Pavelón —Café Guancasco— tiene un evento, asistir y pagar la entrada», explica, porque la solidaridad deberá superar la crisis también.

La medida más drástica a la que ha llamado la Organización Mundial de la Salud es la de quedarse en casa, la OMS llamó a todos los países a cerrar fronteras y hacer la cuarentena, una cuarentena que en el caso de Honduras no se ha cumplido del todo.

En la segunda semana de un toque de queda que pretende retener a las personas en sus casas para intentar evitar la propagación del virus, solo en Tegucigalpa se han reportado tomas de carreteras con quema de llantas, saqueos a supermercados y protestas en los barrios más pobres de la periferia capitalina, donde la gente tiene hambre y vive de lo que puede hacer a diario, ahí donde el llamado a quedarse en casa es un llamado en el vacío, la gente únicamente no puede porque no tiene ahorros, porque no tiene comida, porque no tuvo las condiciones para hacer la cuarentena. El gobierno ha respondido con gas lacrimógeno en las tomas y en el mercado del Zonal Belén, uno con mayor conglomeración de personas en una zona pobre de la capital de Honduras.

Los casos positivos han superado por mucho la frontera de los 32, donde apuntaba la Secretaría de Salud, el sistema hondureño comenzaría a colapsar, para la noche del 26 de marzo ya sumaban 67 casos positivos y 1 muerte.

Los balcones de BocaLoba lucen cerrados durante la segunda semana del toque de queda absoluto en todo el país decretado como medida para evitar la propagación del coronavirus, Tegucigalpa, 23 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Para la artista urbana Betán, la cuarentena la tomó un poco por sorpresa, todo al principio parecía de mentira, las personas con mascarillas, colapsando los mercados y los bancos. Cuando Betán arribó al país luego de un viaje al Perú se encuentra con un país en toque de queda y sus proyectos suspendidos.

Culturas vivas, el colectivo de artistas urbanos al que Betán pertenece, ha tenido que quedarse en casa e intentar hacer algunos trabajos desde ahí, elaborar propuestas confiando en que la crisis va a pasar pronto para retomar los espacios públicos donde el colectivo hacía graffiti y muralismo, el colectivo depende del espacio público, uno que en este momento no es una opción.

Artistas como Betán y su colectivo viven de lo que proyectos puntuales van dejando a diario, porque no tienen un salario mensual, un trabajo a largo plazo que les permita poder dedicarse a desarrollarlo ni siquiera durante un año, por lo que deben recurrir a presentar propuestas constantemente a organizaciones —que como bien explica ella, han tenido que entender con el tiempo que el trabajo de los artistas urbanos debe pagarse—, tampoco tienen seguridad médica. «Aquí tenés que pagar tu renta, no como en otros países que te dicen que tenés tres meses, aquí dicen tomar medidas de seguridad pero la verdad es que el gobierno no está ayudando». Cuestiona.

Para Betán está claro: «no todas las personas tenemos los privilegios de tener todo, de tener alimento, de tener el dinero para pagar la renta, hay personas que sobreviven día a día». A Ella le interesa reflexionar más allá del arte, más allá de los artistas.

El mítico Café Paradiso, también ha cerrado durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Tegucigalpa, 23 de marzo de 2020. Foto: Martín Calix.

La crisis sanitaria que implica la expansión del coronavirus en Honduras lleva a tomar ciertas medidas, usar mascarilla y gel, lavarse bien las manos con agua y jabón, pero la principal es quedarse en casa, sin embargo esta última para Bentán es un privilegio, y así como ella otros artistas están conscientes de este privilegio, uno que dudan se pueda sostener si la cuarentena se extiende por mucho más tiempo.

Marcela Lara, vocalista de la banda Puras Mujeres cree que quedarse en casa, por ahora, es un privilegio del que ella puede gozar, pero está consciente que de no encontrarse una solución pronto, el país entero va colapsar en puntos de inflexión vitales.

«Ninguna de nosotras vive exclusivamente de la música, o de Puras Mujeres». Explica Marcela la situación de ella y sus compañeras de banda.

En este momento, a la banda le comienza a pasar factura la falta de ensayos, Marcela no tiene reparo en explicar que las bandas existen de los ensayos y las tocadas en vivo. Pero todo está cerrado, ese público está en sus casas intentando lo mejor que puede no infectarse de coronavirus, ellas también, porque esto nos supera a todas las personas.

Los proyectos deben esperar para esta banda, que es la única banda en el país que es integrada solo por mujeres: canciones, ensayos, viajes, conciertos, todo ha pasado a segundo plano porque lo principal es la salud.

—El arte no lo vemos como una necesidad vital, y ahora estamos nada más preocupados por las necesidades vitales, que son comida y agua, el arte queda fuera de eso.

La banda espera sobrevivir a la crisis y reponerse componiendo canciones y volviendo poco a poco a los escenarios, volviendo a sus proyectos, los que afortunadamente para la banda están garantizados gracias a una subvención del Fondo Centroamericano de Mujeres, que les ayudará a producir sus próximas canciones, pero para esto deberán superar la crisis individualmente para que la banda también lo haga.

—¿Para qué sirve hacer arte en este momento de crisis en el país?

—Para tener un poquito de alegría, para tener un poquito de esperanza para la reflexión.

Si bien Marcela sabe que el quedarse en casa ha llevado a otras formas de expresarse y solidarizarse: subir contenido gratuito y dialogar con el público, que esto ayuda a reflexionar sobre la situación actual, también espera que el encierro haga crecer la expectativa por los proyectos y cuando por fin se retome la vida, medianamente como la conocíamos, que los conciertos se llenen, que la gente llegue.

Otros no son tan optimistas al respecto, y sospechan de todo: de que esta crisis —que cada día parece más profunda— haga cambiar la actitud del público respecto al arte, que si acaso tanto concierto online no es solo una manera de sobrellevar nuestro propio encierro, porque antes no los hubo, éste es el cuestionamiento de Héctor Flores, escritor, editor y librero en El Progreso.

Es escéptico a la idea de los famosos y sus conciertos por Facebook live y por Instagram live, para alguien que una vez por semana hace un en vivo, esta modalidad no parece tan novedosa, todos los jueves cierra su librería y transmite desde El acantilado, un programa dedicado a la poesía, a veces lo hace solo, otras con algo de suerte tiene quien lo acompañe. Y así, todos los jueves, durante una hora, Héctor habla de poesía en Facebook, no le impresionan los famosos y sus streaming.

Isla poesía, la librería de Héctor, opera en un espacio pequeño que la administración de una farmacia le ha facilitado sin cobro alguno, pero no es una farmacia que pertenezca a un consorcio farmacéutico, y explica que cuando esto pase, si a la farmacia no le ha ido bien, deberan comenzar a cobrar la renta del pequeño local y por tanto Isla poesía no sobreviviría».

—Yo tengo una librería, una librería que lleva lo que lleva la crisis, cerrada literalmente, y cuando digo cerrada literalmente es que nosotros no podemos ir y abrir las puertas porque hasta los libros pueden ser una condición de contagio, eso hace que yo me sienta incluso frustrado internamente, porque no le veo futuro, una semana después, lo que yo había logrado en estos meses, está caído. La dificultad —sigue contando— está en comenzar desde cero, porque la cuarentena se habrá llevado también el encanto por los espacios culturales.

El escritor y gestor cultural, Héctor Flores, retratado en su casa desde donde transmite «El acantilado», programa dedicado a la poesía que se emite todos los jueves por Facebook live, El Progreso, 15 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Isla poesía surgió por la necesidad de tener un punto de encuentro, para Héctor la librería no genera beneficios económicos pero había logrado que tampoco generara deudas, que no cerrarán los días en números rojos, ahora todo ese trabajo de convertir una librería café en un proyecto sostenible está echado atrás.

Héctor se dedica a otra cosa, trabaja haciendo consultorías para organizaciones, si cuando la cuarentena pase se encuentra con la decisión de tener que invertir más dinero en el proyecto de la librería, está claro que es algo que no podrá hacer, porque no podría poner en duda el futuro de la educación y salud de sus hijos. Pero más allá del costo económico de la crisis, Héctor cree que el primer impacto es emocional: no poder salir, no tomar un café con los amigos, no poder ni siquiera acceder al limitado abanico cultural que en un lugar como El Progreso se tiene.

Para cuando todo esto pase, porque ahora pensamos en ese futuro, Héctor tiene un plan: «Lo primero que haría —explica desde su escepticismo— sería agarrar el sonido que tengo, ir al parque e invitar a los artistas, a los músicos y celebrar que hay vida, abriría la librería para seguir soñando que es posible aunque la realidad me la pinte imposible».

Quizá otros proyectos editoriales atraviesan una situación similar a la de Isla poesía, pero para Guaymuras —editorial y librería—, esta crisis todavía no pone en duda su continuidad. Guillermo Brune, editor de la editorial Guaymuras, explica que un proyecto de 40 años de existencia que ha sobrevivido a muchas cosas y la ausencia total de apoyo gubernamental tiene el músculo necesario para sobrellevar la crisis actual.

Librería Guaymuras, ubicada en el Centro Histórico de la capital hondureña, permanece cerrada durante el toque de queda absoluto decretado por el gobierno como medida para evitar la propagación del coronavirus, Tegucigalpa, 23 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

«Guaymuras es un proyecto autosostenible», cuenta su editor, «la venta de los libros da para sostener una plantilla que ronda las 16 personas entre diseñadoras, gente en imprenta, editor, directora, y la librería. Esto se ha logrado a través de los años, consolidar alianzas y publicar libros que puedan venderse con facilidad —básicamente los clásicos de la literatura universal— que aporten el sostén económico para la plantilla y para plantearse títulos que están conscientes nos devolverán lo invertido en ellos. Estamos pensando qué se puede hacer, nosotros no vendemos pdf o e-book, los libros electrónicos, quizá ahora sea buen momento para comenzar a ver ese modelo de negocio».

La semana que recién terminó, la editorial española Anagrama puso a disposición en formato e-book, seis títulos de su vasta colección de narrativa, Guaymuras no puede hacerlo, aunque estén conscientes de lo que significa tener un libro en casa para poder pasar la cuarentena, porque ni siquiera tienen esa modalidad entre sus opciones al público.

Guillermo también piensa en el futuro, piensa que cuando esto pase el gremio editorial debe replantearse muchas cosas que hasta ahora no lo ha hecho, el cómo se trabaja, la relación con el público, el estándar de calidad en los trabajos que se publican, una feria del libro, son tantas que se debe comenzar por dialogar y desde ese diálogo construir algo que perdure.

El virus —ese del que todos hablamos en internet— parece superarnos en la vida real. Todos los días un poco más. Ahora para salvarnos del encierro solicitamos, agradecemos, que los artistas estén ahí y hagan sus streamings.

Hablamos con Marcela Arias del colectivo Somos Muchas de Honduras sobre la situación de las mujeres, ¿cómo vivimos las mujeres un estado de excepción por emergencia sanitaria? Honduras es un país con alta tasa de femicidios pero también que ha negado históricamente derechos a las mujeres: derecho a la vivienda, derechos sexuales y reproductivos, derecho a un empleo digno, acceso a la justicia.

Portada: Fotografía de Archivo Choloma, Cortés / Martín Cálix

Diferentes sectores han denunciado en las últimas horas, que empresas maquiladoras como Southern Apparel y New Holland, ubicadas en la zona norte del país, han dado autorización a que se suspenda a nueve mil empleados sin disfrute de sus sueldos, correspondientes a los próximos cuatro meses, esto a causa de la actual alerta roja que se ha declarado en el país por el COVID-19, dado que el gobierno ha decretado mediante PCM-021-2020 la suspensión de las garantías constitucionales y esto ha impedido que las empresas sigan operando.

Los trabajadores lamentan que esta suspensión sea por 120 días y que se les notificara por medio de las redes sociales. Fredi Carrasco, presidente del Sindicato Southern Apparel Contractors (SITRASOACON), dijo a Contracorriente que están pidiendo al ministro de trabajo, Carlos Madero, que «no vaya a avalar esa suspensión, que mejor haga su trabajo y llame a las empresas a buscar una salida a esta situación».

«Entre las dos empresas, se estarían quedando sin empleo, aproximadamente, unos nueve mil hondureños, entre ellos mujeres embarazadas y madres solteras, varios tienen más de 14 años de laborar para dichas empresas», así lo afirma Joel Almendares, dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), quien además condena esta suspensión laboral, ya que en la actualidad Honduras enfrenta una crisis sanitaria y esta acción por parte de la empresa maquiladora podría agudizar aún más la situación porque las «empresas de la industria maquiladoras textiles son las que más gozan de exoneraciones».

El economista Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo la semana pasada, en entrevista con Contracorriente, que Honduras es el país con el mayor gasto tributario de toda la región y esto ha imposibilitado que se pueda fortalecer el sistema sanitario del país. «En el caso de Honduras representa un 7% del producto interno bruto (PIB)», dijo.

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El martes en horas de la mañana, se llevó a cabo una reunión de la Asociación de Maquiladores de Honduras quienes se han comprometido con los dirigentes obreros a buscar la manera de hablar con dichas empresas de la zona norte y concertar un acercamiento entre las dos partes para solucionar el conflicto laboral.

Por su parte, Adolfo Facussé, miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), hace un llamado al gobierno de Juan Orlando Hernández para que «deje de gastar el dinero en más armas y cosas innecesarias e invierta en la gente, haga su tarea y deje de hacer política en medio de esta situación» y añadió, en una entrevista con nuestro medio, que una propuesta para reducir el impacto a la empresa privada podría ser la suspensión de pagos a los servicios estatales por tres meses, ya que el impacto económico es difícil contrarrestarlo cuando la producción está completamente parada.

Honduras cuenta con un código de trabajo

Con base en la ley, el empleador está en la obligación de avisar por escrito a los empleados 30 días antes de iniciada la suspensión, si no cumple con esto deberá indemnizar a los trabajadores con 30 días de salario. De igual manera deberá enviar copia del aviso a la Secretaría del Trabajo para que el ministro apruebe o no la suspensión. Ante esta situación intentamos comunicarnos con el ministro de trabajo Carlos Madero, pero no tuvimos una respuesta.

En Honduras, alrededor de dos millones de hondureños no cuentan con un empleo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, el 18% del producto interno bruto proviene de las remesas que se envían del extranjero.

«El estado de excepción que se vive en el país desde hace más de ocho días, ha creado la histeria en el sector empresarial, parece que le preocupa más sus pérdidas que la estabilidad de quienes le han dado su pulmón por años», culminó diciendo Almendarez, representante de la CUTH.

Texto y fotografía de Corie Welch

Artículo publicado originalmente en inglés por Witness for Peace/ Solidarity Collective

El sábado 21 de marzo por la tarde, estaba sentada en la mesa de la cocina en mi casa de El Progreso, Yoro, cuando recibí un mensaje de voz que decía: «tendrán un vuelo para sacarnos mañana», aún con mi incredulidad —después de la descorazonadora semana que había tenido mientras estuve atrapada en Honduras tratando de regresar a casa—, sentí que al menos me estaban dando la esperanza de salir.

Desde que las fronteras se cerraron el 15 de marzo por la emergencia del COVID19 decretada en Honduras, estuve trabajando con otro grupo de ciudadanos estadounidenses en El Progreso para encontrar una solución a nuestro predicamento. Alguien en este grupo de 12 ciudadanos logró contactarse con una mujer conectada con la Embajada de Estados Unidos en Honduras, quien nos puso en una lista para salir del aeropuerto de San Pedro Sula, el domingo 22 de marzo. Nos dieron instrucciones: llegar al Hotel Intercontinental en San Pedro Sula, llevar solo una maleta de 80 libras, calzar zapatos cerrados, estar listos para que nos tomaran la temperatura y empacar nuestros propios alimentos y agua.

La naturaleza de nuestro vuelo no se nos comunicó de manera directa por ningún oficial de la Embajada, solo sabíamos que no era un vuelo comercial y por eso no debíamos esperar que nos dieran agua o comida. Después de llegar a San Pedro Sula, los oficiales consulares y de la Embajada chequearon nuestros pasaportes y nos llevaron al aeropuerto donde nuestro vuelo fue programado para partir a las 11:00 a.m. Nos informaron que nuestro vuelo llegaría a Alexandria, Louisiana, y nada más.

Mientras esperábamos, logré entablar una conversación con Dana, un funcionario de la Embajada, que parecía estar a cargo. Le pregunté si el avión que llegaba por nosotros era un avión comercial vacío. Él respondió: «No, no es un vuelo comercial, pero sí está vacío, podría decirse».

Lo presioné preguntándole qué quería decir con «podría decirse», a lo que contestó: «son pasajeros de naturaleza involuntaria», «entonces, son deportados», respondí. Él replicó mientras se alejaba: «Nos gusta mejor referirnos a ellos como retornados».

El gobierno hondureño dejó de aceptar vuelos de deportados, desde México, el 10 de marzo, pero continuó aceptando deportados por tierra y por vía aérea desde Estados Unidos. De acuerdo a mis comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos después del cierre de las fronteras, aseguraron que no habría salida ni entrada al país por 7 días, sin excepciones. Si ese era el caso, las deportaciones se hubieran detenido mientras el gobierno hondureño no aceptara ningún vuelo en el país. Sin embargo, varios asistentes de congresistas de los Estados Unidos me comunicaron, que bajo la presión de representantes de los EE. UU. de llevar a sus hogares a ciudadanos estadounidenses atrapados en el extranjero (incluidos los de Honduras), comenzaron las negociaciones entre el Departamento de Estado y el gobierno hondureño para encontrar una solución con el fin de «rescatar» a estos ciudadanos hondureños.

El domingo en la mañana, el cierre oficial de fronteras fue levantado para dejar salir a 99 ciudadanos estadounidenses, incluyéndome, y enviarnos en un vuelo desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos. Personas en nuestro vuelo incluían agentes de ICE (vestidos con chaquetas en las que se leía ICE), así como personal del Departamento de Seguridad Nacional.

Nuestro avión particular era de marca Swift Airlines; una compañía privada ahora renombrada como iAero Airways, y que junto a World Atlantic Airlines son las dos compañías privadas que lideran las operaciones de la mayor parte de las deportaciones que ICE realiza hacia San Pedro Sula.

Un oficial de la Embajada de Estados Unidos, que esperaba con nosotros en la terminal, se jactó con uno de mis compañeros de viaje, explicando el ingenio de su decisión de cargar este avión que «ya estaba funcionando hasta diez veces por semana» con ciudadanos estadounidenses que estaban atrapados en Honduras.

El vuelo realiza viajes de ida y vuelta entre La Lima y Alexandria, Luisiana, aunque el vuelo de regreso no tiene muchos pasajeros. Específicamente, salen de la Instalación Alexandria Staging Facility, donde una corporación privada llamada GEO Group se encarga de un refugio de 72 horas que alberga a las personas antes de sus deportaciones. GEO Group es una compañía privada que posee prisiones y centros de detención, con 67 ubicaciones en los EE. UU. y 6 a nivel internacional.

Aunque se desconoce si reiniciar o no las deportaciones de hondureños de los Estados Unidos a Honduras fue parte de las negociaciones con el Departamento de Estado, funcionarios hondureños y estadounidenses siguen con la boca cerrada, indispuestos a revelar esta información. Lo que sí sabemos es que el avión que me devolvió a mí y a otros 98 ciudadanos estadounidenses a nuestro país de origen, primero dejó a 96 hondureños en San Pedro Sula provenientes de un centro de detención en Louisiana.

El legado continuo de la hegemonía estadounidense y violaciones de Derechos Humanos en Honduras

Incluso en medio de esta crisis sanitaria global, la relación entre Honduras y Estados Unidos sigue siendo la misma: una relación de dominación estadounidense que prioriza el capital sobre la vida humana. Antes de COVID-19, Honduras no podía recibir adecuadamente a los «retornados» de los Estados Unidos, pero la situación actual es mucho peor ya que existen casos confirmados de COVID-19 en centros de detención de migrantes en los EE. UU., lo que significa que a medida que continúan las deportaciones de personas, EE. UU. está deportando el virus junto con ellos. El sistema de salud hondureño no está equipado para manejar el brote.

A pesar de que el gobierno hondureño está luchando por contener casos de COVID-19 con un extenso bloqueo militarizado, el gobierno de los Estados Unidos continúa enviando deportados con sospecha de estar infectados con el virus. Esto aumentará la propagación y la probabilidad de una grave crisis sanitaria dentro de Honduras.

La aceptación de estas deportaciones por parte de Honduras, refleja los siglos de hegemonía de EE. UU. en la región, donde Honduras sirve como un peón geopolítico para ser controlado con el fin de promover los intereses estadounidenses. El apoyo inquebrantable al actual presidente, Juan Orlando Hernández, ante las acusaciones de corrupción y narcotráfico demuestra aún más el patrón histórico de los Estados Unidos de apuntalar regímenes en Honduras que cedan a sus disposiciones. Por ejemplo, los funcionarios de la Embajada nos dijeron de manera recurrente, durante la semana y en nuestro tiempo esperando en el aeropuerto, que «el gobierno de Honduras ha sido un gran amigo nuestro».

Estados Unidos ya tiene una importante presencia en Honduras con la base aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, ubicada en las afueras de Comayagua, y que fue utilizada como un punto estratégico para coordinar y lanzar operaciones contrarrevolucionarias en toda América Central en la década de 1980. La base aérea ha sido «reutilizada» para lanzar «misiones humanitarias». Entonces, ¿por qué no utilizaron esta base aérea para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Honduras? Los marines estadounidenses fueron enviados para proteger las plantaciones bananeras en la década de 1890, pero de alguna manera la vida de los ciudadanos estadounidenses atrapados no podía justificar el gasto de usar su ejército. Estados Unidos continúa demostrando que su presencia militar en Honduras no tiene nada que ver con proteger la vida humana, los ciudadanos hondureños o estadounidenses, sino que está allí para promover sus intereses políticos y económicos.

Exacerbación de la pandemia

Después de aterrizar en la pista de Alexandria, entregamos el formulario de aduana, y los funcionarios estadounidenses nos dejaron solos. Ni nuestras temperaturas ni nuestras maletas se registraron a la llegada, nos dejaron a la deriva para buscar un medio de transporte que nos llevara a casa. Todo esto, justo cuando Louisiana comenzaba las medidas de restricción de movimiento en el estado. Tuve menos de 24 horas para encontrar mi salida de Louisiana antes de quedar atrapada allí. En ningún momento recibí orientación a mi llegada.

Mientras tanto, en Honduras, al menos 50 deportados escaparon en el momento en el que eran trasladados hacia un lugar que el gobierno hondureño estableció para los deportados: un taller de mecánica en la 33 Calle, en el sector El Polvorín en San Pedro Sula. La cuarentena en la que los deportados deberán mantenerse durará 14 días. Ahora, con una orden de arresto, según la policía hondureña, todos los deportados que ese día escaparon serán capturados y enviados a la cárcel, lo que fomentará la criminalización de los deportados y exacerbará la propagación del virus.

En mis últimos momentos en el aeropuerto de San Pedro Sula, mientras 96 personas llegaban a su país luego de horas encadenadas en un avión —después de meses de abuso en el sistema de inmigración de Estados Unidos, en medio de una crisis sanitaria global, en un país sin un sistema de salud funcional y estropeado con un legado de abusos contra los derechos humanos—, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos suspiró y me dijo: «Rezo para que después de todo esto comencemos a amarnos y cuidarnos más».

En este espacio de análisis y reportes nos conectamos con Catherine Calderón quien ha estado siguiendo la situación de más de 80 personas deportadas de Estados Unidos que se encuentran en cuarentena en un predio de taller mecánico en San Pedro Sula. También hablamos con el abogado Alex Navas, consultor en temas de Derechos Humanos y Seguridad sobre las medidas como el estado de excepción para enfrentar la crisis por COVID19 en Honduras.

Honduras ha sido el primer país en restringir la libertad de expresión como parte de la suspensión de garantías constitucionales en el marco de la emergencia, Navas apunta que las medidas radicales son importantes para prevenir el contagio masivo y la saturación del sistema de salud pero que estas medidas no pueden ir en detrimento de los derechos humanos, sobre todo el de la libertad de expresión que en estos momentos es sumamente importante para ayudar a salvar vidas.

En este programa hablamos además del uso de las Fuerzas Armadas y la prioridad que hay hacia la militarización del país en esta emergencia sanitaria en la que se debe priorizar el personal médico y las medidas de salud así como el uso de la represión para contener un inevitable conflicto social por la carencia de lo básico para la sobrevivencia en medio de la emergencia.

Portada: Pixabay

Mi nombre es Héctor Pineda, soy médico neurólogo y este es un breve capítulo en mi vida.

Hace una semana ingresó a la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, una paciente con síntomas respiratorios; pese a la inminente tragedia que meses atrás se vislumbraba, a la información que nos llegaba por la prensa internacional, y a las múltiples banderas rojas que se agitaron de manera ferviente por el personal sanitario, la paciente (al igual que otra innumerable cantidad de pacientes) ingresó sin ningún tipo de medida, reflejando la vulnerabilidad y falencia de nuestros «protocolos de atención» frente a este implacable patógeno: el COVID-19.

La paciente permaneció cuatro días en Sala de Emergencias, sumergida entre diferentes equipos de personal sanitario (incluyéndome), ejércitos de familiares que todos los días y a diferentes horarios se exponían de manera «inocente»; y lo que es peor, pacientes con un sistema inmune comprometido por otras patologías. No podría describirse un mejor escenario para que este nuevo enemigo nos mostrase su capacidad letal masiva.

La paciente se aisló el día cinco, el diagnóstico demoró seis días en hacerse: tres días de sospecha clínica, un día para realizar la tomografía de tórax y obtener el patrón radiológico sugestivo que apoyó dicha sospecha, dos días para tomar la prueba y obtener el resultado confirmatorio (tiempos aproximados), ella era la paciente #17.

Estoy seguro que no es para nadie desconocido, el impacto que esto representa, este caso sólo evidencia lo que siempre hemos sabido: el sistema de salud hondureño no tiene capacidad de respuesta ante esta contingencia, sumado a eso, como factor de riesgo adicional, el comportamiento sociocultural e idiosincrasia que exhibe nuestra población se traduce en una ecuación letal.

Como les contaba al inicio, yo soy médico neurólogo y hasta hace dos meses, aún vivía en Tegucigalpa. Me mudé a San Pedro Sula después de recibir una llamada de la jefa del Departamento de Medicina Interna de un hospital en esa ciudad, quien me ofreció una oportunidad de empleo en la emergencia. Por alguna razón, se estaban quedando sin personal y necesitaban encontrar reemplazos ipso facto. Creo debieron estar urgidos, porque cuando pregunté cuándo podía presentarme respondieron: «si puede preséntese mañana», luego les expliqué que era foráneo y que tenía que mudarme antes. Decidí salir de mi zona de confort y emprender un viaje hacia una nueva experiencia laboral, con mucha incertidumbre, dudas y temores, pero también lleno de entusiasmo, ilusiones y aspiraciones.

Desde que inicié mis labores, me di cuenta de la gran mora asistencial que el hospital resentía con relación a la consulta neurológica, dada la celeridad de la situación, comencé a trabajar firmando sobre la efímera palabra de inescrupulosos oportunistas, desconociendo el ardid que tenían preparado. Pese a ser un duro campo de batalla, fui bien recibido por la mayoría del personal, pacientes y familiares.

No fue hasta al cabo de un mes que se presentó la primera piedra en el camino. Era jueves a media mañana cuando una colega interrumpe la visita médica diciendo: «doctor Pineda, hay un problema con nuestros contratos, vaya al Departamento de Recursos Humanos». Después de una tediosa espera y una infructuosa explicación, un alto mando del personal administrativo me dio la desagradable noticia que no podían pagarnos como especialistas, arguyendo que debíamos presentar nuestro título de posgrado. Pese a presentar toda la documentación pertinente: carta de egreso extendida por la universidad y certificación de médico especialista por el Colegio Médico (que son documentos extendidos precisamente para estos menesteres), entre otros, fueron intransigentes en su posición; debíamos esperar los anquilosados trámites administrativos de la universidad para poder recibir nuestro justo salario.

Obviamente esto causó mucho malestar, ya que estaban justificando una, de tantas, artimañas, en un argumento incoherente y ridículo. Varios colegas recién «contratados» decidieron abandonar el barco y creo era de esperarse. En ese entonces entendí porqué de la falta de médicos dispuestos a laborar en este escenario. Decidí darme ese fin de semana para meditarlo y tomar una decisión.

Fue bastante agobiante estar en una habitación, acompañado de la incertidumbre y la frustración de ser «un extraño en una tierra extraña». Me fue inevitable retomar hábitos perniciosos de mis tiempos de mocedad, 20 cigarrillos no eran suficientes al final del día. Y de minuto a minuto, llegó el momento de tomar una decisión, y para que sean más empáticos las implicaciones eran: continuar en un espinoso ambiente laboral, con la promesa (ya viciada por el escepticismo) de recibir un sueldo injusto, sin tener la certeza que este llegará algún día (hoy por hoy sigue sin llegar), técnicamente, trabajar ad honorem. Ese domingo cerré los ojos y en silencio dije: «Señor, te ofrezco mi trabajo».

Los días pasaron, unos plácidos, otros austeros, y de todas partes y por muchos medios llegaban los gritos enérgicos que anunciaban una pandemia inminente: una tragedia llamada COVID-19 se avecinaba. Así llegó la paciente #17 positiva para COVID-19 al hospital donde yo tenía mi trabajo.

Vimos claudicar los mejores sistemas de salud pública mundial y convulsionar a sociedades más educadas que la nuestra, pero al margen de eso, nuestras autoridades están llevando la situación de una forma bastante mediocre, han subestimado el poder destructivo de este ubicuo pero efectivo nuevo enemigo. Ni siquiera nos brindan las condiciones mínimas para desempeñarnos y salvaguardar la vida de los pacientes que pueden escapar a esta tragedia. Al momento no se ha tomado ninguna medida particular con los médicos expuestos, por varias razones, en mi caso particular, y cito textual: «usted no es un contacto directo, doctor».

Ante la incertidumbre y austeridad de la situación, el personal asistencial entre jocosos e irrisorios comentarios (al menos de la mayoría), rezaba así: «vendremos a trabajar hasta donde la enfermedad nos lo permita».

Exigimos compromiso y coherencia de las autoridades, y conciencia en la población. No buscamos aplausos, ni aceptación social, ni lástima, para esto nos formamos y es la oportunidad de demostrarlo.

A los colegas: ¡fuerza! caerán muchos pero habrán muchos más dispuestos a dar la vida por su trabajo (he sido testigo de ello). A la familia hondureña: aquí estamos, siempre hemos estado para ustedes, luchando encerrados en la clandestinidad de la falta de empatía que descubrió un nuevo enemigo. A Dios: te ofrecemos nuestro trabajo.

Sin duda la agenda informativa a nivel mundial se volcó a hablar del COVID19 un virus que ya ha infectado a una población de 373 mil personas en 178 países.

En Honduras se confirmaron hoy 24 de marzo 30 casos positivos de COVID19 pero son cientos de sospechosos, y estimamos porque el acceso a información precisa es uno de los grandes problemas que estamos teniendo como periodistas cubriendo esta emergencia. Las autoridades del instituto de información y transparencia no están trabajando, las autoridades no contestan las preguntas y hay hermetismo en el manejo de compras y donaciones en el marco de la crisis, además llevamos una semana con estado de excepción en el que varias garantías constitucionales fuerons suspendidas, entre ellas la libertad de expresión, la libre circulación y el debido proceso en detenciones.

En países como Honduras, el miedo al virus se mezcla con la incertidumbre de tener un sistema de salud colapsado, de sobrevivir con estas restricciones cuando la mayor parte de las personas viven del comercio informal y de no tener garantías en uno de los países más violentos de la región.

Cuando Estados como el hondureño toman medidas radicales para enfrentar la crisis, no deja de ser un tema de conversación la legitimidad que las autoridades tienen para contener a la gente, la confianza que tiene la gente en que sus autoridades no van a aprovechar el momento para cometer actos de corrupción e implementar medidas autoritarias.

En este podcast invitamos a Otto Argueta, investigador social en temas de conflicto, violencia y sistemas políticos en Centroamérica y Colombia para hablar sobre cómo esta pandemia puede generar escalamiento en el conflicto social en países como el nuestro.

Portada tomada de Pixabay

Desde hace cinco meses partí de casa, cinco meses de haber dejado las mañanas calurosas, el canto de los gallos del vecino, mi gato despertándome a las cuatro de la mañana para que le diera de comer, las pláticas con mi madre mientras tomábamos café —es que hasta el peor café te sabe a gloria cuando estás en casa—, ¿y ahora qué? solo puedo decir que el sueño europeo no es tan cool como lo ves en la televisión o en las fotografías de tus amigos y amigas, no es tan cool para las personas que venimos del otro lado del charco. La realidad es otra, el trato y las condiciones para los inmigrantes no siempre es lo que esperamos, lo que nos cuentan.

Llegué a Madrid huyendo de la extorsión. Vivía, junto a mi familia, en la colonia Céleo González de San Pedro Sula, pero nos vimos obligados a salir y cambiar de domicilio porque unos delincuentes nos pidieron dinero y amenazaron con matarnos si no cumplíamos con lo requerido.

Tuve la suerte de conseguir un empleo al mes de haber llegado a Madrid, sobre todo porque el trabajo que logré encontrar fue de «externa» (empleada del hogar que llega a trabajar y regresa, a diario, a dormir a su casa). Sin embargo, me enfrenté a esa realidad desconocida y experimenté los tres meses más agotadores —física y psicológicamente— de mi vida. La señora Ana, para quien trabajaba, era una persona con ideología racista y clasista. Me pagaba 800 euros al mes y trabajaba 46 horas a la semana, a pesar de que el salario mínimo, en España, por 40 horas laboradas es de 950 euros. Pero todo esto a nadie le importa, ser mujer inmigrante es venir a dejar la vida en una casa donde sufrís explotación, humillación, maltratos. Somos la otredad. No existe una ley que regule esta barbarie. Te pagan lo que se les ronca, mientras te cargan con todo el trabajo.

Un día decidí reclamar mis derechos laborales a doña Ana, le pedí un salario acorde a mis horas laboradas, un seguro médico, y lo que conseguí fue su despido. Al menos la pesadilla de lidiar con sus tratos inhumanos se acabó. Al mes siguiente, en febrero de 2020, me dediqué a andar por las calles buscando empleo, fui de parroquia en parroquia, ya que tienen bolsa de empleo donde te consiguen trabajo sin tener papeles, pero nada. No hay empleos, y ahora llevo más de un mes cargando con esta angustia en la espalda. Ojalá alguien me hubiese advertido de esta realidad, seguro lo hubiese pensado más de dos veces en venirme, no es lo mismo comer mierda en tu país que hacerlo en un país al que sos ajena. Extraño profundamente a mi familia y cada vez se me hace más difícil vivir un país en el que estoy sola y en el que soy víctima del racismo y el clasismo de parte de parte de muchas personas.

¡Taaaaaaaaan, explota el coronavirus señoras y señores! y ahora resulta que no puedo salir a buscar empleo, el país entero está paralizado, si te agarran en la calle sin razón válida te ganas una multa, que por razones obvias no puedo pagar. Se acerca el día en que debo pagar la renta ¡ay, mierda! ¿Y ahora qué hago? Van apenas ocho días de esta pesadilla y ya estoy agotada; quiero llorar, lo hago. Quisiera teletransportarme a Honduras y pasar la cuarentena con mi familia (pero esas ganas ahí se quedarán).

Actualmente vivo en un mini apartamento con seis personas más —cinco hondureños y un ecuatoriano—, todos inmigrantes. El hacinamiento no ayuda para nada, solo me dan ganas de salir corriendo, la encargada del apartamento no nos permite ni salir a la puerta y habla del COVID-19 las veinticuatro horas del día, ¿¡saben que se siente estar encerrada escuchando lo mismo todo el día!? Ni querrán saberlo. Las horas se hacen eternas, mi único consuelo en este momento son las palabras de mi madre: «ánimos hija, vos sos fuerte y pronto se va a terminar todo esto. Cuidate, te amo», esto es lo único que me ayuda a matizar la angustia.

Todo este caos tiene nublada mi mente. Pienso en que si llego a enfermar lo único que podré hacer es aislarme (más de lo que ya estoy) del resto de mis compañeros de apartamento. No cuento con un seguro médico, no tengo a mi familia —que podría auxiliarme—, no tengo dinero, mi estatus migratorio en este país es irregular. En noviembre de 2019 solicité asilo y se supone que en mayo podrían darme un permiso de trabajo, mientras tanto cuento con un documento que me dieron para poder circular porque mi período de permiso para estar en el país se venció hace dos meses . Los asilos los están negando y te dan la respuesta en dos o tres años, sin embargo el permiso de trabajo te sale a los seis meses de haber aplicado, ¿pero qué puedo hacer mientras tanto? Seguramente esperar y vivir el día a día, recordar mi vida en Honduras, pensar en la palabra de mi madre.

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizó como «pandemia» el brote de coronavirus COVID-19, esa misma noche las autoridades hondureñas reportaban los primeros dos casos de contagio. Nueve días después, el último reporte del gobierno de Honduras contabiliza 24 casos positivos; todo el país se mantiene en estado de excepción absoluto con suspensión de garantías constitucionales hasta el 29 de marzo que se anunciarán las nuevas medidas.

El miedo a la enfermedad se coloca en la balanza con el nivel de desconfianza que ha generado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a raíz de los diversos casos de corrupción dados en su gobierno. Entre la crisis sanitaria y social que ha creado la emergencia, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un comunicado en el que plantea que esta emergencia puede ser «la coyuntura perfecta» para actos de corrupción.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 13 de marzo más de 10 mil millones de lempiras ($420 millones) en la Ley especial de aceleración económica y protección social frente a los efectos del coronavirus, el mismo Congreso que mantiene a diputados en procesos judiciales por malversación de caudales públicos y que no permitió que el CNA se involucre en la veeduría de esos recursos.

El 15 de marzo hicimos solicitudes de información pública con respecto a los presupuestos aprobados, hoy reclamamos que el sistema no tomó las solicitudes y nos respondieron que se tomarán hasta que el personal vuelva a las oficinas, no tener un protocolo claro para el acceso a la información en estos momentos puede generar mayor desconfianza sobre el manejo de la crisis por parte del gobierno.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras en un retén policial en el bulevar Suyapa, la ciudad capital está sitiada por varios de estos operativos que intentan contener a las personas en sus hogares ante el temor de propagación del coronavirus, Tegucigalpa, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Presupuesto y compras

Desde que el 10 de febrero el gobierno decretó emergencia nacional por el COVID-19 las autoridades gubernamentales han aprobado una serie de paquetes económicos desde el Ejecutivo y Legislativo que en total suman 11,323 millones de lempiras para el manejo de la crisis; sin embargo, la Ley especial de aceleración económica y protección social frente a los efectos del coronavirus que se ha presentado como la principal medida de auxilio económico, no contempla el uso inmediato de la totalidad de los recursos para suplir las actuales deficiencias del sistema de salud en el país.

El dictamen de esta ley apunta una autorización especial de contratación directa de obras públicas, bienes y servicios, aunque no especifica cuántas contrataciones se harán ni el periodo de tiempo para ejecutarlas. Sin embargo, Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa, después de anunciar el tercer caso de contagio por el virus, agradeció a «una amplia mayoría» de diputados que aprobaron la ley que semanas atrás el Ejecutivo había enviado. De 128 diputados, 69 votaron y aprobaron dicho proyecto de ley.

«Con esto se van a generar alrededor de diez mil nuevos empleos en el sistema de salud para los próximos cinco años, esta red contempla la construcción de 11 hospitales, 17 policlínicos, 27 centros de salud y 40 unidades de atención primaria de salud en todo el país», apuntó Hernández.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), declaró a medios de comunicación que el objetivo de esta ley es establecer mecanismos para saltarse las pocas medidas de control que tiene el Estado: «No es necesario legislar para la contratación directa en un estado de emergencia puesto que ya existe para ello la ley de administración pública y la ley de contratación del estado en la que regula dicha modalidad de contratación», explicó Figueroa.

A pesar de que esta ley parece dar vía libre para cualquier tipo de compra o contratación sin regulación de otras instituciones, el 11 de marzo la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) emitió un comunicado en el que explica la creación de una herramienta para transparentar las compras según la declaración de emergencia emitida por el Poder Ejecutivo.

El Catálogo Electrónico De Emergencia PCM-005-2020 es la herramienta en la que empresas ya inscritas en el Registro de Proveedores pueden colocar sus productos para que las instituciones del Estado adquieran los insumos para afrontar esta crisis. El catálogo establecido por ONCAE y difundido por la plataforma Honducompras, consta de 53 productos que van desde mascarillas descartables hasta ventiladores mecánicos de alto flujo para que las empresas puedan adherirse como proveedores de los mismos. La plataforma de Honducompras también contiene las órdenes de compra obligatorias para todas las instituciones del Estado. Hasta el momento, se puede observar ciertas irregularidades en la compra de los insumos.

La Administración Aduanera de Honduras ejecutó una orden de compra para adquisición de 500 cajas que contienen seis galones de gel antibacterial por un monto total de 2.2 millones de lempiras. Cada galón de antibacterial le costó al Estado 750 lempiras aunque el gobierno mismo definió que 500 mililitros de gel deben tener un valor máximo de 80 lempiras, convirtiendo los valores el precio máximo del producto debería de ser 606 lempiras. En total se está pagando 432 mil lempiras más de lo estipulado.

Esta compra fue hecha por la Administración Aduanera a Supermercados YIP, un proveedor registrado que según la página de Honducompras está ofertando los productos sustancialmente más caros que el otro proveedor que vende la misma caja a 710 lempiras. Por otra parte, Aduana hizo una compra de 2 mil cajas de mascarillas descartables a Healthcare Products Centroamérica por un valor aproximado de 1.2 millones de lempiras. Cada caja contiene 50 mascarillas por lo que el valor que está pagando el Estado es de casi 12 lempiras por mascarilla descartable. El valor máximo antes de la crisis en las casas farmacéuticas del país era de hasta 3 lempiras por mascarilla.

Aunque el gobierno definió límites en los precios del gel antibacterial no lo hizo en otros insumos que han demostrado un aumento significativo para la población que en medio de la crisis sanitaria ha intentado conseguirlos. La designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, en conferencia de prensa declaró que se acordó establecer una determinación en el precio máximo de venta de productos, debido a la emergencia sanitaria y que los mismos «puedan ser usados por la población sin ser violentados sus derechos».

Los ventiladores que no se compraron

El secretario privado de la presidencia, Ricardo Cardona, declaró este lunes a medios de comunicación que el avión presidencial había salido hacia Estados Unidos para traer insumos para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, no especificó el tipo de insumo, el costo, ni el lugar donde se habían adquirido. Sin el conocimiento de la población, el avión presidencial aterrizó en la ciudad de Nueva York y permaneció en el aeropuerto New York Stewart International hasta el 18 de marzo.

Al solicitar información sobre el viaje y los objetivos del mismo a la oficial de comunicaciones de Casa Presidencial en primer lugar afirmó que no era el avión presidencial el que había salido del país, luego admitió no tener información sobre el viaje y finalmente dijo que el viaje se hizo para la compra de 140 ventiladores mecánicos, 140 respiradores y 90 succionadores mecánicos de flema.

Según las fotografías enviadas a la prensa por la oficina de comunicaciones de Casa Presidencial el ventilador que se compró es marca Breas modelo VIVO 65, con un precio aproximado en el mercado de 5 mil dólares, el cual según especialistas no sirve para el manejo de pacientes con COVID-19 en estado crítico que son quienes necesitan equipo de asistencia respiratoria.

El doctor Gaspar Rodríguez, especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social, explicó que los ventiladores necesarios son los que permiten una ventilación asistida total dirigida al manejo del pulmón rígido, especificaciones que no cumplen los adquiridos por el gobierno. Incluso la epidemióloga Roxana Araujo, vocera del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), admitió que se compró sin seguir las especificaciones de los ventiladores mecánicos que se necesitan y que la exministra de salud Elsa Palou ha informado que solo existen 100 en los centros asistenciales públicos y privados del país.

Contracorriente envió un correo a la oficina de la empresa distribuidora de los ventiladores para comprobar la compra realizada por el gobierno de Honduras; sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El Complejo Deportivo José Simón Azcona, popularmente conocido como Villa Olímpica, ha sido tomado por las autoridades de COPECO y agentes de la Policía Militar y la Policía Nacional Civil para acondicionar el espacio para atender a los enfermos por coronavirus, Tegucigalpa, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sobre esta compra de ventiladores que no son los adecuados para personas en estado crítico por Covid-19, el presidente Hernández dijo que la información es cierta y que todos los equipos que sirven para el estado más crítico están agotados en el mundo. «Me informaba la Secretaría de Salud que con el fideicomiso de Banco de Occidente habían planteado una orden de compra de respiradores para los que estén en el estado más crítico en cuidados intensivos y el proceso ha venido normal, pero todos los suplidores del mundo están diciendo: “miren, no podemos ahora porque hay gobiernos que los acapararon todos para sus países donde los elaboran”», dijo Hernández. Además aseguró que hay técnicos reparando varios que existían en el sistema de salud.

Hernández señaló que en la fase dos de la enfermedad, que significa que alguien con coronavirus leve puede migrar a estado crítico: «Es en esa etapa intermedia en que también estos aparatos pueden servir», además señaló que el avión de la Fuerza Aérea trajo 4,200 pruebas para la emergencia y que solicitaron a China-Taiwan la donación o compra de 100 mil pruebas más.

En el catálogo electrónico de ONCAE habilitado para la emergencia nacional, dos empresas ofertan ventiladores mecánicos para proveer a la institución que lo necesite. Estos productos fueron colocados en el catálogo electrónico después del 11 de marzo, dos días antes de la aprobación de 420 millones de dólares para esta crisis.

La avenida Miguel de Cervantes, una de las principales del Centro Histórico de Tegucigalpa, luce casi desierta en horas de la tarde del segundo día de toque de queda absoluto, una medida tomada ante el temor de propagación del coronavirus, esta medida incluye al Distrito Central, San Pedro Sula, Ceiba y Choluteca, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Situación en los hospitales

Medios internacionales reportaron que en Italia 2,629 médicos y enfermeras se contagiaron de coronavirus, más del doble en comparación de la cifra que registró China, además registran al menos 14 entre los profesionales de salud. Esto se debe en parte, a la escasez de dispositivos de protección personal a la que han tenido acceso.

Según el Índice Global de Seguridad Sanitaria elaborado por la Universidad Johns Hopkins, Honduras es uno de los países menos preparados para una pandemia en Latinoamérica, solo Venezuela tiene peores condiciones sanitarias según dicha escala.

La situación de Italia podría verse con mayor alarma en Honduras, a pesar de los presupuestos aprobados y las compras millonarias de gel antibacterial y mascarillas para evitar el contagio del COVID-19 en el interior de las instituciones gubernamentales, los médicos de los diversos centros asistenciales del país alegan que a la fecha no han recibido los insumos para atender la emergencia, y el martes pasado la Asociación Hondureña de Médicos Residentes (ASOHMER) y médicos del internado rotatorio mediante comunicado de prensa anunciaron su retiro de las salas de hospitalización de todos los hospitales del país.

En el comunicado señalan no tener acceso a mascarillas N95 aunque han atendido pacientes calificados como sospechosos: «No es no queramos dar atención al pueblo hondureño, porque sí la queremos dar, pero nosotros también tenemos familia, tenemos que proteger nuestras vidas», dijo Marco Elvir, coordinador del Servicio Social de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

De igual forma la Comisión de Estudiantes en Servicio Social de Microbiología de la UNAH emitieron un comunicado en el que exigían el abastecimiento de insumos en todas las áreas para poder cumplir con las prácticas de bioseguridad al ser quienes se encargan de tomar las muestras para enviarlas al Laboratorio Nacional de Virología y confirmar o desestimar los casos sospechosos por COVID-19. A ninguno de los dos grupos de estudiantes se les han cumplido las exigencias de protección e insumos hasta el momento.

Para los vecinos de la colonia Villa Olímpica, la decisión de utilizar el Complejo Deportivo José Simón Azcona como hospital improvisado para atender la crisis por el COVID19 es una decisión irresponsable que toma en cuenta las colonias que rodean las instalaciones deportivas, Tegucigalpa, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La doctora Ligia Ramos, miembro del Colegio Médico de Honduras (CMH), declaró que respalda a los jóvenes que han desertado de atender a la población ya que ellos reciben salarios bajos y no les ajusta para poder comprar sus propios equipos, «que nos den los insumos ya a los hospitales que tenemos, si no pueden con los que ya existen que nos van a estar construyendo, dejen de estar inventando que solo robar quieren, este problema ya lo tenemos encima y el sistema de salud hay que fortalecerlo», manifestó.

En el Hospital Escuela Universitario (HEU) se suspendieron las atenciones en consulta externa, pero los pacientes con patologías crónicas debidamente identificados pueden asistir a retirar su tratamiento. Los residentes e internos aún continúan atendiendo las salas de emergencia, luego de sostener una reunión con autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes prometieron que les proveerán todo el equipo necesario. Contracorriente intentó comunicarse con el doctor Jorge Valle, decano de la facultad, para hablar de cómo podrán contrarrestar esta situación, ya que los casos van en aumento y el personal médico es indispensable, pero fue imposible obtener una respuesta.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud designó como los centros de atención ante esta pandemia en el Distrito Central a la Clínica Periférica de El Hato y la de El Sitio, así como el Hospital Cardiopulmonar (conocido como el Tórax) y el Hospital de Especialidades San Felipe, por lo que toda persona con síntomas respiratorios agudos y fiebres deben presentarse únicamente a estos centros de atención.«Recordemos que el Presupuesto General del Estado no es distribuido equitativamente, ya que la mayor parte se lo lleva Defensa y Seguridad dejando a la salud y educación de lado», afirma Jorge Letona, presidente del Bloque Amplio Reivindicador de Medicina de la UNAH.

Manejo de la crisis

El pasado miércoles se difundió en las redes sociales un informe de situación realizado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), quienes publicaron en su página de Facebook que era falso, pero luego borraron esa misma publicación al ver que grandes medios de comunicación ya habían tomado la información. En dicho informe se señalaba que hasta el 18 de marzo habían 105 sospechosos en el país, de los cuales se habían atendido solamente 31.

Una estudiante de medicina en servicio social en el Hospital Cardiopulmonar, quien prefiere mantener su identidad anónima, menciona que no se han realizado pruebas por COVID-19 a todos los pacientes con síntomas ya que actualmente solo hay unas 50 pruebas disponibles y no se quieren agotar, por lo que se está priorizando a los pacientes con nexo epidemiológico.

COPECO informó que habilitaron una sala de aislamiento temporal en uno de los gimnasios de la Villa Olímpica. Esta sala atenderá a pacientes asintomáticos que han tenido contacto con personas confirmadas con el virus y no puedan auto aislarse en sus viviendas, para evitar un colapso en los centros asistenciales.

Ministro de #Copeco @gabrielrubip, muestra los avances de la instalación de la Sala de Aislamiento Temporal, que se habilitará para la atención de ciudadanos asintomáticos que necesiten estar bajo vigilancia y monitoreo por #COVID19 y que no puedan autoaislarse en sus viviendas. pic.twitter.com/a4joCKU7ey— COPECOHONDURAS (@COPECO_HONDURAS) March 18, 2020

Una mujer grita que frente al Complejo Deportivo José Simón Azcona hay un asilo de ancianos, los que podrían estar en peligro según los vecinos de la colonia Villa Olímpica ante la cercanía de casos graves por COVID19, Tegucigalpa, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Esta situación provocó que los vecinos de las colonias cercanas a la Villa Olímpica protestaran señalando que el recinto no reúne las condiciones sanitarias y que no fue construida para el fin y uso. Los vecinos creían que el complejo lo estaban convirtiendo en un hospital improvisado, sin embargo, el gerente de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas (CONAPID), Armando Váldez, señaló que los vecinos no debían temer porque en el albergue hasta el momento solo se encuentran 21 personas que ingresaron desde Nicaragua sin síntomas y están bajo vigilancia por si los llegan a presentar.

Sin embargo, esta medida es de reciente aplicación ya que el informe de COPECO indicaba que, al menos, hasta el 13 de marzo se recibieron 5 buses llenos de migrantes deportados desde México y tres vuelos desde Texas, Estados Unidos, con más de 300 hondureños y hondureñas, a ninguna de estas personas se mantuvo en aislamiento.

Un retén policial a la altura de la colonia Las Brisas en el bulevar Fuerzas Armadas en el segundo día de toque de queda absoluto para el Distrito Central, Tegucigalpa, 18 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Panorama incierto

La tarde del jueves, Juan Orlando Hernández anunció haber llegado a un acuerdo con las dos compañías telefónicas privadas del país, para que permitan a sus usuarios la navegación en ciertas páginas del gobierno con el objetivo de mantenerlos informados. Además, los usuarios tendrán diariamente 50 mensajes y 5 minutos de llamadas gratis. Un mensaje del gobierno difundido por estas compañías anuncia «TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO. Prohibida circulación. No hay entrada ni salida de la ciudad. El Coronavirus es mortal. QUÉDATE EN CASA».

Las autoridades hondureñas dicen que el término del toque de queda decretado, dependerá de la evolución en las próximas semanas y los análisis que los técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el equipo de SINAGER hagan, que por ahora no pueden asegurar que 14 días de aislamiento forzado serán suficientes para detener la propagación.«Esto tiene una dimensión que nunca se había esperado y cualquier medición o pronóstico que se hecho anteriormente no había previsto lo que ha ocurrido en otros países del mundo; por tanto, nosotros tenemos que partir del peor escenario que significa tener miles y miles de infectados y, lamentable, vamos a tener también personas que van a fallecer con esta enfermedad; es difícil, pero así es», aseguró Hernández en una declaración a medios de comunicación.

En todo el país, para la mayoría de los personas, son días de encierro por la cuarentena y las medidas dictadas por el gobierno ante la llegada del COVID-19 a Honduras. Por esta razón, toca quedarnos en casa, cuidarnos de manera recíproca con quienes convivimos, y prestarle mucha atención a la salud mental y a la gestión de nuestros tiempos y emociones. En Contracorriente hemos consultado con artistas hondureños sobre qué obras literarias y audiovisuales pueden acompañarnos en estos días de cuarentena. A continuación, les compartimos una selección de los títulos recomendados:

Cecilia Durán, 1980. Productora del Festival Ícaro Honduras, asistente de producción de Toque de queda (2012), publicista, comunicadora:

De Honduras, apuesto en esta oportunidad por cortos animados para toda la familia:

Oscuro Cardinal de Adrian Guerra:

Virus de Omar Carías:

Alberto Solo de Michael Baruch, para entender un poco a los padres en sus rutinas:

Solo Sebastián de René Pauck y Elizabeth Figueroa, para mayores de temple de acero en estos momentos:

Cuentos de carretera de Elizabeth Figueroa y Nolban Medrano

Recomiendo las siguientes plataformas para ver cine independiente sólo con registrarte de manera gratuita:

Retina latina, es una plataforma de registro gratuito con contenido latino propiamente. Para iniciar la cuarentena con toda la familia recomendaría de su colección de cortos para niños película animada Canicas de cuento. Dará un poco de nostalgia en padres al mostrar un juego tradicional, tal vez nos animamos a salir un rato al patio o de perdida aprender a dar ñoclas (lanzar las canicas para pegar en los dedos de otros) de castigo.

Por otra parte Casa Comal Guatemala, organizadora del Festival Internacional de Cine Ícaro ha puesto a disposición su plataforma , donde podremos ver cortometrajes realizados por exalumnos de la escuela.

Gustavo Campos, San Pedro Sula, 1984. Narrador, ensayista y crítico literario.

La vuelta al mundo en 31 escritores, es una lectura contra la fastidiosa obligación de leer. Esa intención ruin que puede matar al primerizo lector. Podría decirse que esta es otra versión de lectura de lo ya canonizado. Para que un libro sea debidamente aprovechado, primero debe estimular el gusto natural de la persona. Con el tiempo, con el ejercicio, esa persona seguirá buscando en ese «museo de cera al que son conducidos los escritores», como decía Piglia, literatura con otros temas y estilos literarios y otros enfoques de la vida tal como la conocemos o percibimos. Estimular imaginación, intelecto y placer, pero sin decírselos, sin que se note esa vil intención.
Un espejo roto: antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana, compilado por el Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, en 2014. Es hasta el momento la antología centroamericana que reúne las nuevas rutas de escritura de los escritores «más jóvenes» (nacidos después del 70, con dos o tres excepciones).

Venus Mejía, Tegucigalpa, 1979. Poeta, cantautora, docente.

Si tuviera que recomendar solo 5 libros (y ya eso se vuelve una agonía en mi cabeza) y que estos estuvieran al acceso de todas y todos en la red en estos días de encierro, pensaría en lecturas de alguna forma relacionadas (a veces evasivas) a la conmoción que vivimos en estos días en el mundo.
Pienso que también la lectura debería ser exigente, y, por qué no, extensa, ya que eso nos mantendrá entretenidos y ocupados mentalmente y nos alejará de las preocupaciones circundantes.

El Decamerón de Giovanni Boccaccio. Este libro es un clásico de la narrativa universal. Es una buena oportunidad para leerlo y para recordar las coincidencias históricas respecto a las pestes que asolaron gran parte de la Edad Media y que acabaron con un gran porcentaje de la población. Además, es una obra entretenida, divertida, ocurrente y picaresca, será bien recibida por el público.
Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Esta novela es tan vigente que da escalofrío. En estos mundos posibles que relata Saramago, nos podemos encontrar con lo más recóndito del alma humana, presa de una dinámica de poder subterránea que nos esclaviza la bondad.
Todos los fuegos el fuego de Julio Cortázar. Creo que todo tiempo es bueno para leer a Cortázar, un verdadero maestro de la sorpresa y de lo fantástico. Este libro lo recomiendo justo por uno de sus cuentos: la autopista del sur, una ocurrente exposición de la crisis de la edad moderna con sus urbes cada día más colapsadas.
La peste de Albert Camus. ¿Por qué no? Un libro que hable justamente de una peste exterminadora y sobre el sentido de la vida en un mundo sin muchas respuestas. Es bueno reflexionar en tiempos de crisis, no siempre se presentan estas oportunidades.
24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Quizá esta lectura no encaje en temática con las otras, pero para aquellas lectoras y lectores que deseen ahondar más en las relaciones amorosas moralmente censuradas, este libro les encantará. Además, atrapa de principio a fin.

Aparte de la narrativa, recomiendo que se lea de manera alterna algunos poemas. La poesía es la que nos mantiene vivos en tiempos de crisis. Hay revistas literarias muy buenas como Altazor en donde pueden encontrar poesía de latinoamericanos de todos los tiempos.

Abróchese los cinturones y disfruten el vuelo literario.

Contanos cómo vivís la cuarentena. Compartinos tus fotos, tus vídeos o tus crónicas explicándonos y mostrándonos cómo pasás el tiempo en casa y cómo vivís las medidas del estado de alarma. Ayúdanos a crear un gran muro con testimonios gráficos y vivenciales de este acontecimiento histórico. Envía tus documentos, con tus datos personales, a nuestro correo: info@contracorriente.red

En Honduras estamos en alerta roja por #COVID19 tras 12 casos confirmados (al momento del cierre de ese programa eran 9) y varios sospechosos, las medidas de estado de excepción absoluto se van tomando en las ciudades más importantes del país y ante esto la crisis económica, las personas más pobres que dependen del comercio informal son las más desprotegidas. Hablamos con Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) quien destacó varios puntos que hay que tomar en cuenta en materia económica:

1. A nivel mundial la caída de los precios del petróleo, a un nivel que no se había visto desde 1991, la proyección de crecimiento de la economía a niveles de la recesión de 2008, son indicadores para entender que a Centroamérica le irá peor.

2. En Honduras, alrededor del 80% de la población trabajadora está en el comercio informal, la medida de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID19 para esta población es la posibilidad de morir de hambre, estas personas necesitan garantías y un plan de reestructuración económica.

3. En países como Honduras, es necesario garantizar en estos momentos el abastecimiento de comida, medicinas y gasolina.

4. Es momento de priorizar en lo público, solo el sistema sanitario público puede enfrentarse a este tipo de pandemias, sin embargo Honduras ha venido en un proceso de privatización de facto. Honduras tiene el mayor gasto tributario de la región, este tipo de crisis deben hacernos crear un pacto fiscal, lo que el Estado deja de percibir en impuestos, lo notamos en emergencias como estas en las que vemos a un Estado desfinanciado.

5.Es necesario crear condiciones de crédito, tasas blandas, fondos de compensación económica y manejar bien la deuda pública para no caer en calamidad tras la crisis.

A seis días de que el gobierno de Honduras confirmara la presencia del virus COVID-19 en el territorio nacional, se decretó estado de excepción en La Ceiba, Tegucigalpa, Choluteca y San Pedro Sula, y en el resto del país con excepciones en la movilización por compras de alimentos, gasolina, trámites financieros y de salud. Ante el incremento en los casos confirmados (9 al momento del cierre de esta nota) y sospechosos (9 al momento del cierre de esta nota), depende del aislamiento, evitar que el coronavirus continúe propagándose.

Tegucigalpa es la ciudad más vulnerable ya que presenta, hasta el momento, 6 casos, 5 de ellos tuvieron contacto con el paciente cero: una mujer de 37 años procedente de España, otro corresponde a una mujer de 42 años que llegó de Suiza el 5 de marzo, otros dos casos con un ciudadano de 30 años —quien tuvo un nexo epidemiológico con una persona de origen oriental— y el último confirmado hace unos minutos de un hombre originario de Asia, procedente de Nueva York, detectado en San Pedro Sula.
El cierre de todas las fronteras y el tránsito de personas se hizo efectivo el 16 de marzo, se declaró toque de queda por siete días y cierre de las calles en las ciudades de Choluteca, La Ceiba y en el Distrito Central, esta ordenanza limita algunas garantías constitucionales.

El presidente Hernández dijo en una de sus últimas conferencias que la emergencia se declaró desde finales de febrero, sin embargo eso solo fue referente a la aprobación de un presupuesto de 210 millones de lempiras y otro aprobado a inicios de marzo de 643 millones de lempiras, para atender la emergencia (de ambos presupuestos seguimos sin conocer el detalle). Las medidas eficaces para detener el contagio se dieron muchos días después y aún hay denuncias desde los centros hospitalarios de no tener los recursos para seguir detectando el virus ni para atender pacientes con síntomas graves. El 13 de marzo del presente año, el Congreso Nacional, en su última sesión, aprobó 420 millones de dólares para la construcción de 94 hospitales en todo el país, un presupuesto que aún no han facilitado a la ciudadanía para saber el destino de la inversión, mientras tanto la epidemia se esparce.

Ante esta situación, en Contracorriente (CC) entrevistamos a la infectóloga y exministra de la Secretaría de Salud, Elsa Palou (EP) , quien responde esta entrevista en el momento de elevación de la curva de contagios, asegurando que no hay condiciones siquiera para diagnosticar más casos.

CC: El COVID-19 se encuentra en Honduras, ¿representa una gran amenaza?

EP: Por supuesto que sí, porque los 9 casos representan la punta del Iceberg, seguramente ya tenemos miles de casos en el país, simplemente no se han diagnosticado.

CC: ¿Si la población presenta síntomas, debería automedicarse?
EP: No deberían hacerlo, pero la mayoría de los casos se van a presentar como una gripe común, así que lo que se debe de hacer es lo siguiente: quedarse en la casa y tomar acetaminofén y líquidos abundantes para hidratarse y sobre todo aislarse, apartar todos sus utensilios de cocina y de cama, usar mascarilla y estar a más de un metro de distancia con cualquier persona.

CC: ¿Cómo cataloga la respuesta del gobierno ante la llegada del virus al país?
EP: Las medidas de distanciamiento social que se han dado son correctas, el tema está que se debió hacer cuando teníamos el primer caso ya que, probablemente, ahorita la gente tiene que esforzarse por cumplir esas medidas, porque la experiencia vivida en China, España y Francia nos está diciendo que si la gente no se queda en sus casas después viene una cantidad enorme de casos, lo que puede colapsar nuestro sistema de salud que es débil.

CC: ¿Tiene todos los insumos el laboratorio nacional de virología para realizar las pruebas de COVID-19?
EP: No creo que tengamos todas las muestras que el país necesita en este momento, ya que lo principal es determinar cuáles son todos los contactos de las personas que han dado positivo y así realizar todas las pruebas para confirmar o descartar los posibles contagios.

CC: ¿Cuál es su opinión ante los desembolsos económicos que se han realizado en los últimos días, por ejemplo 420 millones de dólares para la red hospitalaria?

EP: A mí lo de la red hospitalaria me parece incorrecto, es cierto, el país ocupa hospitales, pero no ahorita. Lo que se ocupa es que en este momento se equipe al sistema de salud con mascarillas N95, trajes de protección personal y de ventiladores mecánicos, porque eso se ocupa hoy, no en dos años. Esos hospitales se pueden construir después que salgamos de esta crisis porque en este momento ese dinero se necesita para equipar lo que ya tenemos.

CC: ¿Cien ventiladores con los que actualmente se cuentan, son suficientes?
EP: Totalmente insuficientes.

CC: ¿Qué pasa con los médicos que están denunciando que no hay insumos en los hospitales?
EP: Si no se les da el equipo necesario para protegerse, a los médicos y enfermeras, se van a enfermar y será un grave impacto ya que no habrá quien atienda a los pacientes que lleguen a los hospitales.

CC: ¿Cuál es su mensaje a la población hondureña?
EP: Guardemos la calma, mantengámonos en las casas. Aunque parezca exagerado, es la realidad y nuestro mayor ejemplo es Italia ya que ha reportado más de 300 muertes en un solo día, simplemente por no seguir las medidas.

«Evitemos la histeria y el pánico» fueron las palabras del presidente Juan Orlando Hernández, al finalizar la conferencia de prensa que se desarrolló el pasado 11 de marzo, en las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), luego de confirmar que existen dos casos de coronavirus (COVID-19) en Honduras. Hoy, en el Congreso Nacional, se aprobó mediante decreto legislativo la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19, que incluye el desembolso de 420 millones de dólares equivalentes a 10,500 millones de lempiras para la construcción de 94 centros hospitalarios y la adquisición de bienes y servicios para la denominada Red Pública de Servicios de Salud.

Ebal Díaz, ministro de la presidencia aseguró que esta emergencia se debe atender de manera inmediata y por esta razón se han aprobado estos decretos a favor de sostener la economía del país. Por su parte, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras afirmó que «el Congreso se comporta como una estructura criminal y que no les importa aprovecharse de una situación como la epidemia del coronavirus para aprobar desvíos de fondos públicos, para incentivar la terciarización de los servicios de salud como ya nosotros lo hemos denunciado».

Figueroa sostiene que el gobierno solo busca la privatización del sistema de salud: «Una cosa les digo a los diputados del Congreso Nacional, ¿ustedes creen que son inmortales? cuando hay una epidemia de estas, eso no admite fronteras, clases sociales y la vida les va a pasar la factura», finalizó Figueroa en una entrevista brindada al equipo de Contracorriente, tras la aprobación de esta ley que no fue socializada con el Colegio Médico de Honduras.

El COVID-19 es una enfermedad que ha afectado a más de cien países en el mundo. La cifra de personas contagiadas, hasta el momento, es de 127,863 siendo China el país más afectado a nivel mundial, según datos recopilados de la Universidad de Johns Hopkins. Sus principales síntomas son fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar.

Los dos primeros casos en Honduras corresponden a una mujer de 42 años de edad que se encuentra en estado de gestación, quien ingresó al país el 4 de marzo, en un vuelo procedente de España y el segundo caso se trata de una mujer de 37 años, quien ingresó al territorio el 5 de marzo vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza.

En la pantalla de monitoreo de COPECO se aprecian los primero dos casos positivos por coronavirus, Tegucigalpa, 11 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Ante esta emergencia, la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que se continúan realizando los protocolos de salud y que las pacientes se encuentran estables, mientras tanto la representante de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Piedad Huerta, afirmó que mediante la vigilancia epidemiológica se están identificando los posibles contactos de las personas contagiadas con el virus.

Minutos más tarde de la conferencia brindada por autoridades del gobierno de Honduras, la OMS declaró pandemia mundial y se declararon 7 casos sospechosos en las ciudades de Choluteca, Tegucigalpa e Intibucá, según las declaraciones de Edith Rodríguez, jefe del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud en el país.

Juan Orlando Hernández, presidente de la República y Gabriel Rubí, Ministro comisionado de COPECO dialogan al finalizar una conferencia de prensa donde se explicó que las instituciones están trabajando para responder a la crisis del COVID 19, Tegucigalpa, 11 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Por medio de la página web: www.covid19honduras.org habilitada por el gobierno de la República, se ha informado que los centros asistenciales a la disposición ante el coronavirus en el país son: Hospital Roatán en Islas de la Bahía, Hospital de Especialidades San Felipe, Instituto Nacional Cardiopulmonar, en Francisco Morazán; Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula; Leonardo Martínez, en Puerto Cortés; El hospital General del Sur, en Choluteca.

Por otra parte, el Consejo de Ministros determinó decretar emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, horas después de confirmarse los dos casos del virus en las dos principales ciudades del país. Por lo anterior, se han suspendido viajes a funcionarios públicos y se ha priorizado la realización de protocolos establecidos por la Secretaría de Salud a personas provenientes de China, Irán, España, Francia e Italia, entre otros. De igual manera, el gobierno ha recomendado a la población evitar viajes fuera del país y ha determinado suspender eventos musicales. Mientras tanto, los centros escolares cancelaron actividades por 14 y hasta 22 días, para evitar que el virus continúe propagándose.

Una empleada de aseo del Aeropuerto Internacional de Toncontín usa mascarilla como parte de las nuevas medidas que se cumplen de manera parcial en la principal terminal aérea hondureña, Tegucigalpa, 10 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Los millones del COVID-19

Ante esta emergencia, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, afirmó a inicios de esta semana que se destinarán 640 millones de lempiras para contratación de personal, instalación de hospitales móviles, compra de respiradores especiales (de los cuales ya han comprado 90) y equipos de protección al equipo médico. Sin embargo, muchos médicos cuestionan este presupuesto ya que afirman que se debió hacer un plan de prevención antes que un desembolso de tal magnitud, ya que en los aeropuertos ni siquiera se han colocado cámaras para detectar el calor, y en el país no hay guantes ni mascarillas.

Pero mucho antes que se confirmaran los casos, justo el 10 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Gaceta un decreto de emergencia en el que se autorizó la cantidad de 110 millones de lempiras para combatir el dengue y la llegada del coronavirus al territorio hondureño. En Contracorriente solicitamos a la Secretaría de Finanzas el desglose de ambos presupuestos y respondieron diciendo que los publicarían en su página web, hasta el momento no se ha publicado y tampoco hemos recibido una respuesta oficial a nuestra solicitud.

Ayer, mediante iniciativa de ley en el Congreso Nacional aprobó la exoneración de impuesto a 14 laboratorios acreditados en Honduras que abastecen de materia prima para la fabricación de productos de alcohol-gel para combatir el COVID-19, esta exoneración tendrá vigencia a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del presente año, 2020.

Algunos economistas sostienen que la grave preocupación por la llegada del virus a tierras hondureñas se debe a que la economía de este país es dependiente de las actividades externas: «Debemos tener paciencia y tomar las medidas de prevención, ya que las actividades económicas que han sido canceladas tienen un gran impacto en la economía nacional, pero esta situación se debe sobrellevar ya que si este virus no se prolonga por mucho tiempo se puede dinamizar de manera inmediata la economía en el país», expresó el economista Renan Barahona.

Juliette Handal, propietaria de MC Compañía Farmacéutica, asegura que en Honduras hay falta de materia prima; no hay sanitizante, mascarillas y se estaría contando con estos productos hasta la próxima semana, de tener suerte. Handal además agregó que el gobierno debe abastecer de agua sobre todo a la ciudad capital donde se vive una crisis de escasez. Según el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en los dos últimos años la sequía ha aumentado, afectando directamente la seguridad alimentaria, principalmente en el corredor seco.

Para enfrentar la crisis hoy se aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19. «La emergencia requiere medidas extraordinarias, lo importante es que con la red pública de salud vamos a lograr construir y generar empleos. Algunos hospitales van a estar listos en seis meses, otros en 12 meses y otros en 18 meses. El seguro social será parte de la administración de los nuevos hospitales. Este es un primer paquete, así que posiblemente volvamos», aseguró Ebal Díaz, ministro de la presidencia. Además, reafirmó que este decreto se ha aprobado a favor de sostener la economía del país, ya que se estarían generando 10 mil empleos solo en el sistema de salud, a través de contrataciones directas de empresas y de personal. Este tipo de modificaciones intentaron realizarlas antes con los decretos ejecutivos del año pasado, que conllevaron al país a una crisis de protestas por la educación y la salud.

El único parlamentario que usó mascarilla durante la sesión legislativa fue el diputado nacionalista Marco Handal, terminó quitándosela, Tegucigalpa, 13 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Luis Redondo, diputado del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU) asegura que este es un negocio para sacar fondos, porque van a beneficiar al sector privado a través de fideicomisos de donde sacarán un porcentaje por el manejo de los fondos, «así que esta es una especie de privatización», concluyó el diputado.

Por otro lado, Doris Gutiérrez, también miembro de esta misma bancada y del Frente de Transparencia del Congreso Nacional, alertó al Colegio Médico, Colegio de Economistas y centrales obreras de la intención del gobierno de tercerizar el sistema de salud, y que con el desembolso de los 420 millones de dólares que implicaría la inversión en la construcción de estos hospitales se pone en riesgo el fondo de pensiones del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La contratación directa de empresas constructoras, la ejecución y manejo de estos fondos serán auditados por la iniciativa de transparencia e infraestructura (COST) y el Fondo Nacional de Convergencia (FONAC) junto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), algo a lo que la bancada del PINU se opone en totalidad.

La desconfianza en la aprobación de fondos de emergencia tiene antecedentes. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado un total de 10 líneas de investigación en el sistema de salud, un total de 293 millones 557, 235 lempiras con 86 centavos en pérdidas entre los años 2015 y 2018, con una malversación de 426 millones 346 mil 925 lempiras con 79 centavos. En 2015, el desfalco al IHSS se calculó en 6 mil millones de lempiras de los cuales hasta 2018 solo se habían recuperado 19 millones.

El diputado por el Partido Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, levantó la mano para pedir su participación durante aproximadamente 45 minutos, su intervención fue interrumpida cuando se referiría al saqueo de las instituciones del Estado y al caso de Tony Hernández, Tegucigalpa, 13 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Desde hace 10 años se ha intentado la privatización de todas las instituciones gubernamentales y el sector salud no es la excepción, el doctor Marco Girón, miembro del Colegio Médico de Honduras, dice que la intención del gobierno actual es entregarle el sistema de salud a la banca nacional: «así como ya se paga agua, luz, vamos a dar una cuota mensual para obtener el servicio de salud y esta crisis es una manera de aprovecharse para lograrlo».

En la actualidad, el presupuesto destinado para el sector salud este año es de 15 mil 880 millones, insuficiente para solventar la demanda que existe en los centros asistenciales ya que más de 1.5 millones de hondureños no tienen acceso al sistema sanitario del país, según datos proporcionados por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).

Problemas endémicos

Cada año, Honduras enfrenta (con mayor precariedad cada vez) el brote de dengue, que en 2019 cobró 180 vidas y 9 en lo que va de 2020, con un total de aproximadamente 112.708 enfermos registrados en el país y una inversión de 1.5 millones de lempiras con la cual no se ha podido combatir de manera efectiva esta enfermedad ni prevenir para que el brote del año que viene no sea peor.

La doctora epidemióloga Roxana Araujo, nos ha recordado que hace mucho tiempo los hospitales del país se encuentran saturados de pacientes, es por esa razón que aumentarán sus esfuerzos para lograr tener salas para los porcentajes de pacientes que podrían ser hospitalizados por el COVID-19. «Se ha confirmado que de la totalidad de casos a nivel mundial, el 80% desarrolla un cuadro clínico leve, un resfriado común o una gripe, los cuales han sido tratados de manera ambulatoria y solamente el 20% se ha hospitalizado, mientras que la tasa de mortalidad está entre el 2% y 4%», explicó Araujo para no alarmar sobre una saturación del sistema de salud.

El uso del gel desinfectante es una de las medidas recomendadas para prevenir el coronavirus, Tegucigalpa, 11 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Referente a esta situación, empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar han informado a la población que el personal de atención no cuenta con el equipo médico e insumos necesarios, incluyendo el abastecimiento de agua en el centro asistencial, es por esta razón que exigen de manera inmediata la compra de todo el equipo necesario para garantizar la protección de sus empleados como de los pacientes. «En estos momentos en el país se vive una histeria colectiva porque los centros de salud no están preparados para contrarrestar el COVID-19 ya que se necesita un traje impermeable que tiene su gorro, mascarillas que tienen que ser obligatoriamente n95, guantes y botas especiales para el personal médico que atienda a los casos positivos. Hay que decirlo de la manera popular que esta enfermedad nos va agarrar al personal de salud y al gobierno con los calzones en la mano», agregó, por su parte, el doctor Girón del CMH.

Recomendaciones de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha girado recomendaciones ante la propagación del contagio del COVID-19. De igual manera, ha enfatizado que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando alguien infectado tose o exhala. También señala que el coronavirus es de una familia de virus y que gran parte de ellos no son peligrosos y se pueden contrarrestar de forma eficaz, siguiendo cada una de las directrices de lavarse las manos constantemente, con agua y jabón (de no poder hacerlo que se utilice un gel antibacterial), evitar el contacto con personas ya contagiadas, que proteja sus ojos, nariz y boca, esto con una mascarilla o un pañuelo.

Portada: Tomada de Pixabay

Doña Manuela; mujer, madre soltera, hija: trabajaba en una cocina, mejor dicho «caseta» de un colegio de Sabana Grande, Francisco Morazán. Tenía ya sus cuarenta y tantos años de edad, de tez trigueña, cabello corto y desarreglado; llena de sentimientos e intenciones hermosas que podían percibirse al entrar en contacto con su voz suave y dulce. Hace varios meses, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, sufrió de una extraña crisis que le impedía respirar, por lo que fue llevada e ingresada a la emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa. Mientras era asistida, comentaba que no era la primera vez, que ya llevaba un tiempo así, pero ya en esta ocasión, al no poder respirar sentía que era incapaz ,incluso, de hablar.

Asistí a doña Manuela cuando realicé mi servicio como médica interna en el Hospital Escuela. Aún puedo recordar que mientras le colocaba el oxígeno, en la sala de emergencia, me enteraba de que nuevamente no había mascarillas, así que tuve que improvisar una mascarilla conectada a un venoclisis ―que es una especie de manguerita que sirve para conectar el suero al catéter y no para pasar el oxígeno, pero en este caso tuve que utilizarlo―, ya que el hospital no contaba con el instrumento adecuado. Doña Manuela necesitaba la toma de rayos X, pero en el hospital tampoco había rayos X y le tocó esperar al siguiente día porque existía la probabilidad de que arreglaran la máquina; una vez tomados y analizados los exámenes, logramos estabilizarla y comenzó a sentirse mejor por lo que, junto a otros compañeros, tomamos la decisión de trasladarla a la sala de hospitalización ubicada en el sexto piso del hospital.

Doña Manuela permaneció conectada al tanque de oxígeno, día y noche. Continuamos estudiando su caso, se siguió sometiendo a exámenes básicos con los que contaba el hospital. Cada día se le indicaba un examen nuevo ya que era difícil identificar cuál era en realidad su padecimiento. Se le solicitó una tomografía, y como era de costumbre: el tomógrafo del hospital se encontraba en mal estado; sus familiares cotizaron en todos los hospitales privados, pero doña Manuela no tenía los medios económicos para pagarlo por lo que acudimos a hablar con el departamento de trabajo social y se logró llegar a un acuerdo de pago. Por fin logró realizarse la tomografía que reveló su lamentable y duro diagnóstico: fibrosis pulmonar, es decir que sus pulmones se habían endurecido y su tejido se había cicatrizado, y como consecuencia ya no podía respirar sin ayuda de oxígeno artificial. Esta enfermedad no tiene cura.

La Fibrosis Pulmonar es una forma específica de neumonía, ocurre fundamentalmente en adultos mayores, es progresiva, de curso crónico e irreversible. La incidencia de la enfermedad no se conoce con certeza. Diversos estudios han propuesto cifras entre 6.8 y 16.3 por 100.000 habitantes. Se trata de una enfermedad que invariablemente se asocia con mal pronóstico y que usualmente termina con la vida del paciente. El grado de dificultad respiratoria es un síntoma muy importante, ya que se relaciona con depresión, mala calidad de vida y mayor mortalidad.

La única solución para doña Manuela era que anduviera pegada a su tanque de oxígeno día y noche. Era estremecedor verla angustiada y sin parar de llorar. Con ayuda de su familia, cotizamos los tanques de oxígeno portátiles, y variaban entre 20 y 30 mil lempiras, cifras inalcanzables para esta mujer, se habló nuevamente con trabajo social para que tal vez pudieran aportar algo para la compra, pero la respuesta fue que el hospital no tenía presupuesto para este tipo de solicitudes.

Las únicas opciones para doña Manuela eran: vivir permanente en el hospital con el tanque de oxígeno de la sala o desconectarse y eventualmente morir de una parada respiratoria. Los días transcurrían, y durante la pasada de visita médica lo único de lo que hablaban los especialistas era sobre la posibilidad de doña Manuela para conseguir su tanque de oxígeno e irse. No se le realizaban más pruebas, no más exámenes, no más revisiones, solo estaba hospitalizada porque necesitaba oxígeno.

En el hospital sucede una situación muy peculiar: entre más rápido se puede dar de alta un paciente, mejor es, y eso sería lo ideal, sin embargo la prisa por darles de alta no va de la mano con su recuperación; lo que sucede es que el hospital no tiene los medios para seguir los tratamientos necesarios de muchas enfermedades y el paciente resulta una «carga» que ocupa una camilla más que podría ser ocupada por otra persona, que quizás, correrá con la misma suerte de no tener la asistencia médica acorde a su necesidad. Desde sala de emergencia, todos los días se hacen llamadas al sexto piso para saber si hay cupo en sala de hospitalización porque no hay sillas, no hay camillas, no hay personal para atender a tanta gente.

Lastimosamente a esta pobre señora no solo la estaba matando su enfermedad como tal, sino su salud mental ya que iba decayendo cada día, ella misma sentía que en cualquier momento la corrían a la calle.
Un día la hija de doña Manuela se me acercó muy contenta: ¡doctora, doctora, hemos conseguido comprar un tanque de oxígeno, se lo mandarán de los Estados Unidos! Su felicidad era infinita, la esperanza de ver a su mamá nuevamente de pie y regresar a su casa no tenía precio. Como a los 15 días llegó el dichoso tanque, sus ojos estaban brillantes, llenos de alegría y esperanza. ¡Comenzamos a armarlo, lo conectamos y funcionó perfectamente!, sin embargo, resultó que el modelo que le lograron conseguir, no contaba con un sistema inalámbrico, por lo que tenía que permanecer conectado. Doña Manuela solo pudo bajar la cabeza después de mostrar su mirada triste que no pudo disimular.

Ese mismo día, el hospital le informó que no la podía mantener más tiempo hospitalizada por lo que fue llevada en ambulancia hasta su casa en Sabana Grande, la dejaron conectada con el nuevo tanque de oxígeno en su habitación, donde probablemente tendrá que permanecer encerrada el resto de sus días.

Como doña Manuela, al Hospital Escuela, frecuentemente llegan personas que presentan la misma complicación, lastimosamente no hay datos ni estudios (al menos yo no los he encontrado) que nos digan el porcentaje de hondureños que padecen de fibrosis pulmonar. Sin embargo pude presenciar muchos casos de pacientes que ni siquiera lograron sobrevivir durante su estadía en el hospital, otros que les fue imposible adquirir el tanque de oxígeno para continuar el tratamiento en sus domicilios y aun así fueron dados de alta y quedaron a la deriva sin el tratamiento necesario.

«De 2004 a 2020, múltiples organizaciones de narcotráfico trabajaron juntas para llevar cocaína hacia Estados Unidos vía aérea o marítima desde Colombia, pasando por Honduras gracias al apoyo de prominentes políticos y la complicidad de las fuerzas de seguridad del país». Así está escrito en el relato de un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la acusación en contra del hondureño Geovany Fuentes Ramírez, que ha sido capturado de manera reciente en Estados Unidos y acusado por conspiración para introducir cocaína, traficar armas y materiales explosivos a ese país. Fuentes Ramírez es un hilo más de la red que ha ido destapando el juicio en contra de Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente hondureño, condenado por los mismos delitos que le imputan a Geovany y con quien este último habría hecho tratos que involucran al presidente Juan Orlando Hernández. Casa Presidencial indicó en un tweet, a pocas horas de ser pública la acusación del Distrito Sur de Nueva York, que ese vínculo expuesto por un presunto narcotraficante también «es 100% falso».

Según los documentos del juicio contra Tony Hernández, en una corte federal estadounidense, desde el 2004 estuvo involucrado en producir y distribuir toneladas de cocaína. Usaba aviones, lanchas y, por lo menos en una ocasión, un submarino. Tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia. A veces proveía seguridad fuertemente armada a los narcotraficantes, la misma que, en repetidas ocasiones, era brindada por policías hondureños. Esto se repitió en la acusación contra Fuentes Ramírez tras su captura en Miami agregando que el testigo al que llaman CC4 (Tony Hernández) se habría reunido con Fuentes Ramírez para acordar el pago de 25 mil dólares a cambio de protección y dejar claro que su hermano (el presidente Hernández) era con quien debía reportarse para asuntos de traficar drogas. Aún se está a la espera de la sentencia de Tony Hernández en una corte de Estados Unidos.

En 2004, cuando el Gobierno Federal Estadounidense dice que el negocio ilícito de Tony iba tomando impulso, el presidente de Honduras era el nacionalista Ricardo Maduro, quien implementó la política de «mano dura» contra la delincuencia. Bajo su misma administración se creó la reforma al Código Penal que dio paso a la llamada Ley Antimaras. El ministro de seguridad era Óscar Álvarez quien a su vez tenía un policía de confianza en la zona norte del país: el comisionado Leonel Sauceda, recientemente capturado por lavado de activos.

Sauceda fue un hombre de confianza para Óscar Álvarez (ministro de seguridad en dos administraciones de 2002 a 2005 y de 2010 a 2011), tanto que tuvo la oferta de escoger el cargo que él quisiera conforme a su rango. Pero se negó a eso y continuó en su cargo, eso lo relató él mismo a medios de comunicación nacional. Ahora, Sauceda tiene dos semanas de estar en prisión acusado por lavado de activos por no poder justificar de 2006 a 2017 el manejo de más de 13 millones de lempiras (aprox. USD 500,000), en trece cuentas bancarias a su nombre.

Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, asegura ―ahora alejado de su partido― que esto obedece a la agudización del conflicto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional impulsado por Hernández para garantizarse la continuidad en el poder.

«Los militares se han tragado a la policía, entiendo que la posición de las Fuerzas Armadas es reducir la Policía a su mínima expresión y dirigirla de manera directa, para eso se ocupa primero una campaña de desprestigio y por eso este policía recluido (Leonel Sauceda) va preso, no tanto por lo que hizo sino porque es el oficial más mediático de la policía y si él es malo, toda la policía es mala», dijo Pineda, y agregó que la reelección para Juan Orlando es la opción de mantenerse impune ante cualquier posible acusación de Estados Unidos y para esto, requiere negociar con las Fuerzas Armadas.

Pero Sauceda no es una excepción. Desde antes, la Policía hondureña ha sido señalada por corrupción, asesinatos extrajudiciales y complicidad con narcotraficantes, tanto que en 2016 comenzó un proceso de depuración policial que no ha satisfecho las demandas de la sociedad civil.

En el artículo La depuración que triunfó, publicado en Contracorriente en febrero de 2020 se narra la cronología de la crisis policial:

«La Policía Nacional en Honduras, desde su creación a través de la ley orgánica en 1988, ha mantenido grietas institucionales que impidieron su consolidación y el desarrollo de la confianza ciudadana, al menos eso indican las valoraciones de un informe del Wilson Center presentado en mayo de 2019. Ese informe también identifica la crisis política de 2009 y la inclusión de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) ―institución militar en tareas policiales― como elementos que contribuyeron la debilidad institucional que llevó, entre otras razones, a que en 2012 los índices de confianza pública en la policía cayeran a un 28.7 por ciento. Ese mismo informe señala la infiltración de la policía por el crimen organizado.

El asesinato de dos jóvenes universitarios (uno de ellos hijo de la rectora de la UNAH en ese momento) en 2011 y los señalamientos de que altos mandos de la policía estuvieron involucrados en los asesinatos del ex asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde y el zar antidrogas, Julián Arístides González, impulsaron en el país un movimiento de diversas organizaciones de sociedad civil que, entre otras cosas, dio como resultado un proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional. En 2012 fue creada la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), la cual fue rápidamente disuelta para dar paso a una comisión depuradora, que según datos del excomisionado Omar Rivera, depuró hasta la actualidad aproximadamente a 6.500 policías».

Óscar Álvarez ofreciendo entrevista a los medios al finalizar una movilización del Partido Nacional en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 28 de noviembre de 2017. Foto: Martín Cálix.

Golpe a la democracia y paz al narco

En 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía un laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. En ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizarle la seguridad para su negocio. La Policía Nacional permitió la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado. El tráfico de drogas y violaciones a Derechos Humanos siguen impunes.

En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escribió en su reporte de Honduras que «como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos 7 personas. De acuerdo a la información recibida, no se observa que las investigaciones internas presenten avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de los responsables». El golpe de Estado distrajo las miradas permitiendo que el narcotráfico se intensificara.

Sin embargo, de 2009 a 2012 comenzaron los conflictos entre carteles, asesinatos de enemigos públicos: el zar antidrogas, Alfredo Landaverde, periodistas, y otros narcotraficantes no tan públicos con los que peleaban territorio. En ese periodo también se intensificaron las operaciones de la DEA en conjunto con las fuerzas de seguridad hondureñas. El programa de colaboración de la DEA con el Estado de Honduras en 2012 era conocido como el Foreign-deployed Advisory Support Team, o equipo de asesoría con despliegue en el extranjero. Sus integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de opio vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán, pero después se expandió a América Latina con el fin de combatir el narcotráfico trasnacional. Este programa fue conocido por provocar la masacre en la que murieron personas inocentes confundidas con narcotraficantes en la Moskitia hondureña.

La lucha contra el narcotráfico no ha sido buena medicina. Según Dana Frank, Profesora emérita de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, el Comando Sur continúa utilizando la retórica de «combatir a los narcotraficantes», mientras trabaja en estrecha colaboración con ellos para justificar sus presupuestos y competir con otros comandos regionales.

«El gobierno de los Estados Unidos, a niveles múltiples, incluido el Departamento de Estado, la Casa Blanca, la DEA y el Comando Sur de los EE. UU., conoce muy bien la evidencia que establece que el gobierno de Honduras está entrelazado con narcos. EEUU está eligiendo deliberadamente mirar hacia otro lado, al servicio de sus objetivos ideológicos y geopolíticos globales, utilizando a Juan Orlando Hernández para atacar a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, apoyar al régimen de derecha en Israel y luchar por nuevas guerras frías con China y Rusia, todos en servicio a las corporaciones transnacionales que dirigen la política exterior de los Estados Unidos. Si bien la prensa estadounidense ha presentado claramente la evidencia creciente y persuasiva de que el gobierno hondureño y sus fuerzas de seguridad están dirigidas por narcos, el liderazgo del Congreso de los EE. UU., especialmente del Senado, sigue apoyando en silencio la colaboración estadounidense con JOH. Hasta que el Congreso hable enérgicamente, la Administración Trump y el Comando Sur tienen un boleto libre para hacer lo que quieran», dijo.

Un agente de la Policía Nacional de Honduras lanza una bomba lacrimógena durante una enfrentamiento con manifestantes que exigen la renuncia de Juan Orlando Hernández luego del resultado del juicio en Nueva York de *Tony* Hernández por cargos relacionados con el narcotráfico, Tegucigalpa, 24 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En 2013, año de los comicios electorales que de alguna manera dejaban atrás la transición después del rompimiento constitucional, Tony Hernández aparece en el escenario criminal no solo como traficante sino como línea directa con el próximo presidente de Honduras, su hermano y el hombre con más poder político en el país que, aun sin ganar las elecciones, pero siendo presidente del Congreso Nacional, ya había modificado lo que le convenía, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. Juan Orlando Hernández iba a ser presidente y en su territorio toda actividad debía reportarse a él. Tony prometió seguridad a cambio de dinero.

De 2013 a 2017, la convulsión social fue provocada por la exposición pública de la corrupción, el desfalco al IHSS reveló la vinculación del presidente Juan Orlando en un acto repudiable por todos, sobre todo la clase media del país. El dinero producto de la corrupción llegó a la campaña electoral y la ciudadanía pidió una comisión internacional contra la corrupción, algo parecido a la CICIG. Esto demostró que la gente ya no confiaba en sus instituciones que, aunque la mancha del golpe de estado parecía haberse limpiado con las elecciones, la huella era más profunda. Juan Orlando Hernández respondió, con el apoyo de la OEA, instalando a la MACCIH. Hubo reducción de homicidios, y en ese periodo de movimiento cívico, pacífico y controlado, no hubo ni un muerto en las protestas, ni abusos policiales, ni violaciones a Derechos Humanos. Detrás del escenario político en el que un gobernante negocia la lucha anticorrupción como salida a la crisis, sucedían otras cosas: la caída del imperio Rosenthal, la entrega en Estados Unidos de los capos del cartel de Los Cachiros, la reducción del espacio de acción de una pandilla para la expansión de otra, la depuración policial en su apogeo.

Todas las piezas no fueron movidas en vano. En 2017 Juan Orlando Hernández se reeligió declarando inconstitucional la misma Constitución de la República, en unas elecciones denunciadas internacionalmente por ser fraudulentas. Esta vez el movimiento ciudadano no fue controlado, hubo más de 20 muertos durante las protestas postelectorales y cientos de personas en prisión. Hernández se mantuvo firme con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, al parecer a cambio de las aproximadamente 20 extradiciones que según recuento de medios de comunicación se han dado hasta 2018 y los acuerdos para frenar la migración.

Por su parte, Frank asegura que «el precedente establece que Estados Unidos no acusará a un presidente de turno hasta que deje el cargo. Se puede suponer que el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York ha compilado la evidencia necesaria para acusar a JOH una vez que deje el cargo. Pero esos fiscales sirven a voluntad del Fiscal General, que responde a Trump, o a su sucesor. Hay investigaciones sobre lavado de dinero ―por ejemplo, los Rosenthal y Tony Hernández― pero parece que no haber voluntad política para investigarlo de manera amplia y profunda».

El tráfico de drogas se estabilizó y el gobernante superó la crisis. La democracia, en cambio, no garantiza que los hondureños se queden en el país.

Los migrantes: una carta bajo la mesa

En un país donde la mayor entrada de divisas es el ingreso por remesas (22% del PIB), donde literalmente el mayor producto de exportación es la gente, las promesas de frenar la migración son vacías, aunque sean producto de la presión del gobierno de Estados Unidos.

Honduras firmó con Estados Unidos los Acuerdos de Cooperación y Asilo (ACA), popularmente llamados «Acuerdo del tercer país seguro» en el que los países se comprometen a frenar la ola de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos y apoyar a las autoridades estadounidenses con información biométrica del sistema nacional de migración, entre otros asuntos que siguen sin ser públicos ya que el acuerdo aún no ha sido ratificado. En respuesta a una solicitud de información que realizamos desde Contracorriente a la Cancillería, el gobierno aseguró haber firmado el acuerdo desde 2018 pero no es posible publicar su contenido ya que este se mantiene en negociación para su ratificación.

Para el analista Raúl Pineda, esa es la carta bajo la mesa, esos migrantes que garantizan la sobrevivencia económica del país, pero y que en Estados Unidos alimentan el discurso xenófobo del presidente Donald Trump: «Si me preguntan si el presidente puede ser defenestrado por esas denuncias donde se le pretende vincular en actividades inapropiadas, la respuesta sería que por eso no va a caer el gobierno. El problema tiene que ver más bien con el incumplimiento de ese compromiso que se ha hecho con Estados Unidos con respecto a la recepción de migrantes y que los gobiernos de Centroamérica han tratado de dilatar o evadir. Eso sí puede ser un detonante que desencadene otros acontecimientos que deriven en una inestabilidad del gobierno», explica Pineda y añade que la esperanza que se pone, desde Honduras, a que en Estados Unidos se defina el futuro de Hernández, a costa de lo que sea, es un reflejo de la desconfianza que hay en la institucionalidad hondureña, que aun con las declaraciones que incriminan al presidente, sigue sin actuar.

Entonces, ¿qué se gana enjuiciando a los narcos en Estados Unidos? Para la profesora Dana Frank, hay intereses y actores diferentes que debemos distinguir: «Los fiscales de Nueva York son (por ahora) independientes del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Creen en la lucha contra el narcotráfico, de manera fuerte, pero no se involucran en los temas de la política exterior ni de los procesos políticos adentro de Honduras u otros países. El Departamento de Estado y la Casa Blanca, por su parte, a veces usan acusaciones y extradiciones para intentar controlar y moldear el liderazgo y dinámicas de poder adentro de un país, a través de un proceso que podemos llamar “imperio por extradición”. Otros actores, por ejemplo, en el Congreso estadounidense, quieren luchar contra la “corrupción” de algunos individuos, pero no quieren cortar el apoyo de EEUU para el régimen de JOH», explicó.

Según el Monitoreo de la Cooperación de Estados Unidos a Centroamérica de la organización WOLA, Estados Unidos invirtió en 2017 $181,758,000 en diferentes rubros de apoyo para Honduras, siendo la prevención de violencia y el buen gobierno los dos con mayor apoyo. No es fácil que se frene el apoyo internacional cuando Honduras es un país que ha fracasado. Honduras tiene uno de los niveles de desarrollo humano más bajos de la región (solo por encima de Haití), escasa inversión extranjera directa, el 67.4% de la población vive en situación de pobreza, es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental y presenta los índices de riesgo más altos a catástrofes naturales. Además, uno de los más violentos del mundo.

«Si bien los principales medios de comunicación de EE. UU han informado bien sobre los lazos entre JOH y los narcos, en su mayor parte no lo han utilizado para atacar a Trump o criticar abiertamente la política de EE. UU. Por ejemplo, no discuten el financiamiento y el apoyo de los Estados Unidos a la policía y militares hondureños, aunque están claramente implicados. Ninguno de los candidatos demócratas a la presidencia ha desafiado a Trump en sus políticas sobre Honduras», añade por su parte Frank.

Raúl Pineda es de la opinión de que si el presidente Hernández no arregla el problema de los migrantes lo van a seguir presionando, sacándole personajes del mundo criminal que lo relacionen con esas actividades. «Los norteamericanos conocen quién es quién en este país y si no hacen las cosas es porque ellos juegan a sus intereses y no a los del pueblo hondureño. Los hondureños debemos dejar de creer en la infalibilidad de los norteamericanos, los hondureños debemos pensar en trabajar en la agenda nacional», culminó.

Por ahora, gana Trump y gana Hernández, mientras puedan. Solo un año pasó para que Tony Hernández fuera capturado y estuviéramos escribiendo sobre el «narco estado». Ahora, 2020 es el año de la estabilización antes de los nuevos comicios, la candidatura del Partido Nacional a cargo del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, fiel colaborador de Hernández, revive personajes como Oscar Álvarez, exministro de seguridad en 2004, cuando la narcoactividad tomó impulso, y levanta la promesa de hacer borrón y cuenta nueva. En el extremo de las posibilidades se proyecta la otra opción: la instauración de una dictadura.

A veces la llaman Margarita, cuando no la llaman Margareth o simplemente Sandoval, en la calle donde, según sus compañeros de trabajo, actualmente es la única mujer trabajando en las construcciones de las obras públicas de la ciudad de Tegucigalpa, subcontratada por una empresa.

Margarita Sandoval creció en el barrio Las Brisas de la ciudad de Tegucigalpa, y volver a su barrio es algo que ahora anhela, recuerda su barrio de infancia con ternura, a pesar que es un barrio controlado por las pandillas, uno de tantos en la capital hondureña.

Margarita piensa que el amor no es algo para ella, luego de que sus dos parejas, padres de sus hijos, la dejaran sola con la responsabilidad de sacar adelante a sus tres hijas y a su único hijo. Su segunda relación: matrimonio por lo civil y con la bendición del cura, duró solo dos meses. Por eso piensa que la mujeres debe cuidarse más que el hombre, “porque ella es la que queda con la responsabilidad de los hijos”, Margarita tiene cuatro, una nieta —que nace en marzo—, y su padre a quien debe ayudar también económicamente.

Margarita detiene el tráfico de vehículos para evitar accidentes con la maquinaria pesada que trabaja en la construcción del nuevo puente aéreo en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 27 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Una de las tareas de Margarita es recoger los conos al final de cada jornada, Tegucigalpa, 27 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Margarita no trabaja para la alcaldía, trabaja para Santos & Cía, la constructora que está a cargo del proyecto del puente aéreo que se construye sobre el bulevar Juan Pablo II, pero luego de seis meses, a Margarita no le han informado si su periodo de prueba terminó o si ya es trabajadora permanente para la constructora.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la tasa de participación laboral en Honduras es la más baja de la región de Centro América y la República Dominicana con el 57,3%. La participación laboral masculina es de 75.1% y la de mujeres de 41.4%. La brecha entre ambos sexos es de 33.7%. A Margarita le toca ser creativa para ganarse la vida en un país con escasas oportunidades y aún con muchas menos oportunidades para las mujeres.

Antes y durante este trabajo, Margarita lavó ropa, aseó casas, trabajó de conserje, hizo lo que podía con lo que iba saliendo, porque sus cuatro hijos eran la razón. Siguen siéndolo.

—¿Ha pensado en irse a los Estados Unidos?
—No. A veces me lo han propuesto pero si algo les pasa a mis hijos estando lejos, no lo soportaría. —Confiesa.

Al ser la única mujer en esta construcción, Margarita, hace todo tipo de tareas, entre ellas mantener cierto orden dentro del caos que implica proyectos como la construcción de un puente, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Margarita prepara un sticker para ser colocado en un pilón de concreto que sirve para que por la noche los conductores identifiquen los límites de la construcción, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

A los 15 años ya tenía su primera hija, fue madre adolescente y con el tiempo ha sido madre soltera, con 34 años de edad y con la secundaria incompleta, debe trabajar todos los días porque el dinero no ajusta.

En la construcción, Margarita da vía a los autos que se ven obligados a atravesar las obras, cuida que ningún carro atropelle a alguno de sus compañeros, coloca los stickers de señalización de límites para que por las noches ningún conductor caiga fuera del límite estrecho que por ahora debe transitar, vigila que sus compañeros cumplan con las normas de seguridad que su trabajo implica: llevar siempre el casco para proteger sus cabezas, usar el zapato adecuado, y siempre tener colocado el chaleco naranja que hace visibles a los trabajadores en medio de la maquinaria pesada y del tráfico ordinario de la ciudad. Pero cuando no está haciendo todas estas cosas a Margarita también le toca sumarse a las tareas más pesadas del trabajo: tomar una pala, llevar de un lado a otro materiales y herramientas, alguna vez también le ha tocado hacer mezcla de concreto junto a sus compañeros hombres.

Es, a grandes rasgos, el comodín de la obra, la madre de todos los obreros.

Los cuida, de eso no cabe duda, y a ella —parece- la respetan, la tratan como una de ellos, es una de ellos, y también es la madre de ellos, y esto a Margarita le gusta porque este trabajo también le gusta, tiene claro que trabajar aquí le permite en parte pagar las cuentas de su familia: de agua 2 mil lempiras cada quince días para que un camión cisterna la abastezca porque el barrio donde vive con su familia en la periferia capitalina es uno de los tantos barrios que no tiene servicio de agua potable, de renta paga 4 mil lempiras, más los gastos escolares, más comida, luz, y el transporte, que en algunos momento ha implicado pagar taxis porque las jornadas extendidas en la obra la obligan a salir a las 9 de la noche, cuando ya no hay un bus que la lleve a su casa.

Margarita trabaja por hora, una hora trabajada que no sabe o no tiene claro a cuánto se la paga la constructora para la que trabaja. Según la tabla de salario mínimo para 2020 los obreros de la construcción devengan un salario que ronda los 12 mil 29.76 lempiras, unos 400.99 lempiras por hora.

—Y de todas las construcciones, ¿usted es la única mujer?
—Soy la única mujer, y me siento orgullosa. La única mujer aquí, y con todos me llevo.

Lo más difícil —dice Margarita— de ser mujer trabajadora de la construcción es intentar estar al nivel de sus compañeros hombres.

Mantener el orden vial es una de las tareas importantes asignadas a Margarita, esto evita accidentes con la maquinaria pesada, Tegucigalpa, 27 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Margarita coloca una malla de plástico que ayuda a delimitar la construcción, 27 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Este puente aéreo sobre el bulevar Juan Pablo II es una de varias construcciones en la ciudad, y al menos ésta, según algunos trabajadores, podría terminar en agosto, quizá septiembre de 2020, para que esto sea posible los obreros deben trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y solo tomarse media hora para almorzar.

Para saber cuántas construcciones activas hay en la ciudad se solicitó una entrevista con el ingeniero Manuel Membreño, quien es el responsable de dar seguimiento a los contratos de infraestructura y la construcción de servicios y obras por parte del gobierno local, pero de Membreño —o su secretaria y el departamento de relaciones públicas de la municipalidad de Tegucigalpa— no hubo respuesta.

Margarita cree también, que las mujeres deben aprender a ahorrar su dinero para poder tener algo en la vida, «evitar comer cosas ricas» dice la mujer que ha trabajado durante seis meses sin tener certeza de si va a ser una empleada permanente o no, la que debe hacer otros trabajos por las noches o los fines de semana como lavar la ropa de otros, planchar la ropa de otros, cuidar los hijos de otros, limpiar las casas de otros, para poder sostener lo propio.

—Si yo le contara mi vida se quedaría admirado.
—Cuéntemela pues…
—Me da tristeza esa historia, es fea.

Y Margarita prefiere callar, no dice más.

Un obrero camina a un lado de Margarita, ella dice que aquí los hombres la respetan mucho y que una de sus tareas es también cuidar de ellos cuando están trabajando para que un conductor no los atropelle, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Margarita coloca un sticker en un pilón de señalización, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Administrar el tráfico para evitar accidentes con la maquinaria pesada es una de las tantas tareas que realiza Margarita, Tegucigalpa, 27 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Fotografía portada: Archivo/ Martín Cálix

Texto: Jennifer Avila

Wilson y Diana viven repartidos entre la realidad que los asfixia en Honduras y el sueño de su hijo Daniel que llegó a Estados Unidos hace 6 meses. Daniel con 22 años «se fue a tiempo», dice su padre. El desempleo y la violencia en Honduras simplemente engullen a los jóvenes. Pero Daniel se fue y les manda alrededor de $100 cada 15 días para aportar a la comida de la familia y sueña construir una casa, comprar un carro para su hermana y, quizá algún día, ahorrar para regresar cuando las cosas mejoren.

El informe Balance Preliminar de las economías de Centroamérica y República Dominicana y perspectivas para 2020 de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) estableció que el flujo de remesas en Honduras tuvo un aumento del 12.4% en el 2019 en relación a lo que se presentó en el 2018 (10,6%). De acuerdo a la CEPAL, como en el resto de la región de Centro América y República Dominicana, este crecimiento es tres veces superior al presentado por la inversión extranjera directa, que en Honduras presenta los niveles más bajos de la región, lo cual se atribuye a los incentivos fiscales otorgados a las empresas estadounidenses en país de origen y por la situación sociopolítica crítica que vive el país.

Wilson escucha con desdén esos datos que le doy como excusa por haberme ido a meter a su casa justo en el momento que estaban alistándose para ir a la iglesia con Diana. Muy serio me cuenta que él tiene un empleo en el que gana 11,000 lps ($441.77) y Diana trabaja como aseadora en un hospital en el que le pagan 5,000 lps ($200.10) cada mes.

Con el salario familiar pagan los gastos del consumo de su hogar. Por ejemplo, la renta: lps. 3000; energía eléctrica: entre lps. 800 y lps. 1000; agua potable y purificada: lps. 200; gastos de colegio de su hija menor: lps. 600; transporte: lps. 800; comida, lps.2000 y más gastos que no tienen calculados: el internet para poder llamar a Daniel todos los días o al menos recibir sus mensajes, las deudas que han adquirido con el tiempo en que estuvieron desempleados, las medicinas de Wilson que es diabético y actualmente está incapacitado por una úlcera en el pie (tiene que comprarlas porque en la farmacia del seguro social no hay), y los gastos de graduación de su hija que este año ya sale de la secundaria. Sus números son rojos y los 100 dólares que representan 2490 lempiras, son solo un aporte a la sobrevivencia.

«Yo he visto cómo la gente tiene mejor calidad de vida con las remesas, algunos hicieron casa, comen mejor, uno espera la ayuda de ellos aunque uno sabe que en el camino sufren», dice Wilson, y su rostro duro se ablanda y me dice que su hijo está vivo de milagro, que lo que pasó en el camino fue horrible y que él no durmió todo ese tiempo pensando que no volvería a verlo jamás.

De acuerdo al informe de la CEPAL, el contexto migratorio adverso en Estados Unidos y las políticas migratorias adoptadas por México no parecen haber mermado, en el corto plazo, la dinámica de remesas. Más que nuevas remesas, la dinámica económica en este rubro se preserva por los migrantes históricos que parecen haber aumentado el monto enviado a los países de origen. Honduras es el país que presenta el rubro más alto de envíos mensuales (alrededor de 500 mil dólares en total), esto explica la inserción laboral de los migrantes y su capacidad de resistencia en el país de destino.

El economista hondureño Claudio Salgado comenta que «las remesas son la expresión de la pobreza del país» y que no solamente se está recibiendo el dinero de los migrantes en Estados Unidos, también ha crecido el ingreso por México, Costa Rica, España e Italia. «El gobierno genera ilusiones sobre el retorno de los migrantes, pero eso es puro anuncio. La economía hondureña sin esos dólares no sobreviviría. Es el producto que más genera divisas, el segundo es el café, y aún no es comparable», explicó. De hecho, de acuerdo al informe de la CEPAL, las remesas son la principal fuente de divisas, incluso igual o por encima de las generadas por la inversión extranjera directa.

«En Honduras, las remesas representan el 22% del PIB, por encima de El Salvador (21%) y Guatemala (13.8%) y financian casi un tercio de las importaciones del país lo cual demuestra el alto nivel de dependencia de la economía en este rubro y los desequilibrios que genera en los patrones de consumo», indica la CEPAL en su informe, y añade que «factores asociados con la estructura productiva del país impiden la inversión de las remesas en actividades productivas. Por ejemplo, bajos niveles de apoyo para financiar proyectos productivos, escasas capacidades empresariales, baja rentabilidad de las inversiones locales, desconfianza en la estabilidad macroeconómica y la limitada oferta de servicios financieros para el tipo de hogares receptores de remesas. A eso habría que agregar el miedo y la extorsión de grupos delictivos que impera en muchos territorios del país. Sin embargo, el monto total de remesas reportadas aumentó de 3,650 millones de dólares en 2015 a 5,349 millones en 2019».

Salgado asegura que aunque algunos expertos alegan que el consumo activa la economía, el consumo que generan las remesas es consumo importado, y eso no es bueno para la economía. «Lo que nos reactivaría es la inversión en la agricultura y la construcción que son los rubros que más generan empleo», agregó, y a su vez explicó que la tendencia seguirá ya que migrar es la opción que tiene mucha gente para sobrevivir.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha puesto mucho de su discurso de desarrollo en un modelo económico basado en la actividad extractivista, pero los datos nos dicen que eso no se acerca ni un poquito a lo que los migrantes mandan para el sostén del país. La base de datos del Banco Mundial indica que el rubro de minería aportó el 0.5% al PIB en 2017 y de acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), entre 2000 y 2011 la minería apenas absorbió a un promedio de 0.2% de la población económicamente activa (PEA), equivalente a un promedio de 6,342 puestos de trabajo.

El sueño y la pesadilla

Daniel se graduó de Contaduría y Finanzas en la secundaria, y estuvo un par de años buscando trabajo en todos lados, cuenta su padre: «Conseguir trabajo en Honduras es muy difícil, solo hay que tener cuello para tener un puesto en el gobierno o en la empresa privada, a raíz de eso él se tuvo que ir y gracias a Dios él ayuda», Wilson no sabe que esa ayuda representa en Honduras el mayor ingreso de divisas para el país y es quizá el pilar que sostiene su economía.

La tasa de participación laboral en Honduras es la más baja de la región de Centro América y la de República Dominicana con el 57,3%. La participación laboral masculina es de 75.1% y la de mujeres de 41.4%. La brecha entre ambos sexos es de 33.7% siendo más baja que la que presenta Guatemala, la brecha más grande en la región (47.3), según la CEPAL.

Daniel se fue a la mano de dios, dice Wilson: «sufrió mucho», y baja la voz. Ahora agradecen que su hijo no sea de los muertos en México, de los secuestrados por los ZETAS, de los perdidos en el desierto. Pero pasar su cumpleaños y la navidad sin él, ha sido un golpe muy fuerte para esta familia que nunca se había separado.

En Estados Unidos, Daniel trabaja limpiando casas, y con el sueldo que gana debe pagar renta, comida, servicios básicos, lo poco que le queda lo envía. Con el dolor que les causa la separación, Wilson sueña que Daniel haga su vida allá, que encuentre a una buena compañera y cumpla sus sueños de mandarles ropa buena, construirles la casa, ahorrar dinero. Casi a diario platican por whatsapp y entre los «te extraño» y las advertencias a su hermana para que no salga sola a la calle porque es peligroso, Daniel pide que le saluden a sus amigos del colegio.

El rubro económico de mayor crecimiento en Honduras en 2019 fue la intermediación financiera, eso quiere decir que la gente además de ser sostenida por remesas para sobrevivir, tiene que endeudarse y pagar altas tasas de interés, porque sobrevivir es vivir al borde del precipicio. Las remesas son muchas y el Estado se beneficia de ellas a través de impuestos a las transacciones financieras. A pesar de eso, las remesadoras, como parte del rubro de intermediación financiera, obtienen ganancias muy grandes. Ellas y el Estado también se engordan del trabajo de los migrantes.

Foto portada: Martín Cálix

Texto: Guillermo Brune

En espiral hacia el Centro. Paso a paso. La multitud es el camino. Me gusta ser parte, pero también estar aparte. Entrar y salir a mi antojo. Da lo mismo ir a la izquierda o a la derecha. Ocioso. Anónimo. Fantasma sospechoso. Soy yo, y soy el otro. Espero la coyuntura: la historia. No interactúo. Contemplo. Paseo. La peatonal se abre: fuente sin agua, concha acústica, vendedores ambulantes, gritos, iglesia manchada, miradas, olores, sonidos, risas y árboles de liquidámbar, caleidoscopios que me muestran la multiplicidad de la vida.

Cuatro leonas cantan: «¡Olimpia, Olimpia de mi vida, danos la alegría, a mi corazón!». Una de ellas le pide dos lempiras a un águila que va pasando: «para entrar al campo, hoy juega el albo». El ave, apoyada en sus alas, responde sonriendo: «perro, no ando nada». Mientras, del otro extremo del parque, llega el corazón rojo y azul de una manada. Alzan el rezo: «¡Quiero, quiero poder verte, levantar la copa, la copa de campeón!».

Rosita Fresita, sonrisa sin asombro, da la bienvenida a la tienda. Atrás de ella dos estatuas multicolores con peinado afro. Un tipo entra cargando el peso del tejido desechado. Las visitas recorren laberintos en busca de viejos tesoros. Lo viejo es lo nuevo. Una caja llena de maravillas se abre: espejos, pinturas, oro, plata, guitarras, saleros, lámparas. Dios se escucha por lo altoparlantes, hasta que una voz chillona lo interrumpe para anunciar con júbilo: «¡A las siete en punto nos vamos hoy!».

Ella deja la cajita con dulces en el asiento de cemento. Su cuerpo es una cruz que da la bienvenida al muchacho agitado. El descanso no es opción: el tiempo es un correcaminos. Las ondas comienzan en la unión de sus comisuras. Las vibraciones se expanden por simpatía. Dibujan enteros sus cuerpos. Dos son una serpiente que baila. Entonces un grito desbarata el hechizo: deben separarse. El correcaminos se detiene. Antes de partir, él sugiere el trato (encubre la súplica): «Chichí, póngase viva».

Sentada en los pies de la Catedral, carga a una bebé que sueña. Un borracho se acerca y le ofrece un cigarro. Ella solo mira el humo del pequeño sol que él tiene entre sus dedos. El humo que se convierte en espejo. Ella mira su rostro, su pasado y su presente. Se pone de pie. «Esperate, agarrame la niña», le dice. Así, mientras el humo entra como una cascada por su garganta, su hija duerme tranquila en los brazos del arrullo.

Reconoce la esquina. Asegura el sonido. Comparte su alimento: «Hermanos, Jesucristo quiere cenar con ustedes; Apocalipsis 3, 20, dice: “si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo”». Las puertas abiertas se detienen. Caminan hacia adentro. Alimentan lo que creen: «Pero antes de cenar, Jesucristo limpia la casa: separa la codicia, la represalia y la ira». La mesa está servida. Las palabras afiladas. El destino espera: «¿Ah? ¿Entonces? ¿Disfrutarán hoy de la cena con Cristo?, ¿o van a seguir en la misma rutina? ¿Cuánto tiempo quieren para cambiar?».

Un teclado. Un güiro. La avispa. Dos parlantes. Dos tambores. Un árbol gigante. El premio. Tres cantantes. Ocho bailando. Dos borrachos. Un rottweiler. Negro. Kenzo. Como el perfume. La cadena en el cuello. Caricias. Un estuche para el pago. Verde fosforescente. Aplausos. Sombreros. Anteojos. Saludos. Para Luis. Para Carmen. Para el Chele. Ojos cerrados. Ojos abiertos. Vista al piso. Vista al cielo. Un micrófono. Cejas tatuadas. Dos aullidos. Tres zapateadas. Ritmo. Risas. Eclipse. Agrupación. El ambiente. Lo más importante.

Espera en la sombra del árbol. La llamada llega. Contesta. Cierran el trato. Se levanta, se ajusta la falda y camina hacia Cronos. Junto a la figura, espera de nuevo. Mira a las cuatro direcciones. Un lobo se acerca. La observa. Ella se escabulle, desaparece, pero al rato regresa. Otro lobo ronda. Esta vez no logra esconderse, pero se escapa por las palabras: queda sola de nuevo. Llegan más lobos. Sienten el perfume. Acechan. Por una ranura entran tres bendiciones. La liberan. Alza a la más pequeña y se alejan del tiempo.

Le quita el hambre, el frío y la vergüenza. Una botella amarilla, que fue negra, lo contiene. Del plástico pasa al cuerpo. Cada bocanada es un puente hasta los pulmones. Cuando llega al pecho la vida se enciende. El aquí y el ahora en brazos y piernas. Pero en la cumbre está la caída. La cotidianidad lo tira al suelo. Se arrastra a las esquinas vacías. A descansar. A nebulizarse. Se siente seguro: las sombras y las luces pasan sin mirarlo.

La pirámide comienza con la yuca. Vigas blancas en la base. Raíces que sostienen todo. El repollo cae desde el cielo. Retoño de planta. Cogollo que se desgaja. Juliana que cruje con sabor a tierra mojada. La frescura llega con las medias lunas rojas. El tomatl: ombligo de agua. Melocotón de lobo. En el vértice, gotas de perfume ácido, un poco de rocas comestibles y un hilo de fuego líquido. Cada pirámide a veinte lempiras. Veinte pirámides en una bandeja. Bandeja que es sombrero.

La quietud es la insignia de este poeta. El movimiento es su promesa. El silencio, su mantra. El aire, su asiento. Ropa azul. Cabello azul. Piel azul. Sus ojos son un secreto. Nadie le habla. Nadie lo toca. La multitud se detiene a observar sus detalles, que son la totalidad. La quietud es la totalidad. El movimiento nace de la quietud…. Un muchacho nervioso se acerca. Deposita su ofrenda. El poeta cumple su promesa: se mueve.

Texto: Fernando Silva

Fotografía de portada: Agentes formados durante su ascenso a oficiales de la Policía Nacional de Honduras, Tegucigalpa. /Archivo de la Policía Nacional de Honduras.

“Es para honrar y glorificar el nombre de Cristo”, dijo el Comisionado de Policía Leonel Sauceda, el domingo 9 de febrero, antes de bajar del escenario del Centro Cristiano Internacional (CCI) donde minutos antes el pastor evangélico y miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Alberto Solórzano, había dirigido una oración en su favor. Una semana antes, Sauceda había sido ascendido al grado de Comisionado General de la Policía Nacional.

Dos días después del acto religioso en que participó agradeciendo su ascenso a Dios junto con el depurador policial, fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependencia especializada del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos al no poder justificar un aproximado de 16 millones de lempiras contenidos en sus cuentas bancarias.

La captura de uno de los rostros más mediáticos de la Policía Nacional en el país, quien además ha sido catalogado como la reserva moral de esa institución, ha agudizado el debate sobre la efectividad de un proceso de depuración al que han señalado de responder a intereses políticos, separar a miembros de la policía sin justificación y liderar el descrédito que provoque la desaparición de la Policía Nacional hondureña.

La Policía Nacional en Honduras desde su creación a través de la ley orgánica en 1988, ha mantenido grietas institucionales que impidieron su consolidación absoluta y el desarrollo de la confianza ciudadana, al menos eso indican las valoraciones de un informe del Wilson Center presentado en mayo de 2019, en el que se describe a la crisis política de 2009 y la inclusión de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) -institución militar previa a la Policía Nacional- como elementos de contexto en la debilidad institucional que llevó a que en 2012 los índices de confianza pública en la policía cayeran a un 28.7 por ciento.

Ese mismo informe señala como factor la evidencia de infiltración de la policía por el crimen organizado.

En ese contexto, en agosto de 2013 un tribunal concluyó que los responsables de ejecutar a los universitarios Rafael Alejandro Vargas, y su amigo, Carlos Pineda en la madrugada del 22 de octubre de 2011 fueron cuatro miembros de la Policía Nacional. Rafael era hijo de Julieta Castellanos, en ese entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Este crimen y los señalamientos de que altos mandos de la policía estuvieron involucrados en los asesinatos de Alfredo Landaverde y el zar antidrogas Julián Arístides González potenciaron en el país un movimiento de diversas organizaciones de sociedad civil que impulsaron un proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional que daría como primer resultado la juramentación en 2012 de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP).

Josué Murillo, excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), explica que “previo a la comisión de depuración, logramos que se conformara una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, encargada de diseñar y planificar el proceso de transformación y reforma de la policía nacional, Ministerio Público y Poder Judicial”.

Murillo cuenta que la comisión trabajó en el periodo de Porfirio Lobo como presidente de la República y generó un paquete de reformas que se presentaron en el Congreso Nacional. Las reformas incluían la creación de una policía netamente civil, la despolitización de los cargos en el sistema de seguridad pública y quitarle poder a los diputados en la elección del Fiscal General.

“Cuando Juan Orlando vio que ellos eran independientes y estaban apuntando a las raíces del problema, los destituyó, anuló la comisión de reforma y conformó esta comisión depuradora”. En la última sesión de su legislatura como presidente del poder legislativo, Hernández se encargó de borrar del mapa a la comisión.

En ese momento la apuesta principal para la seguridad pública por parte de Hernández era la creación de la Policía Militar, que finalmente se oficializó mediante decreto legislativo en 2013. Una policía que muchos sectores han señalado como la guardia personal y represora del presidente que en 2017 sería inconstitucionalmente reelegido en unas elecciones con muchas irregularidades.

Finalmente, en 2016 es creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y nombrados como comisionados el pastor evangélico Alberto Solórzano, la abogada Vilma Morales, señalada en medios de comunicación por actos de corrupción en su mandato como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); y Omar Rivera, un cuestionado dirigente de sociedad civil que ahora ostenta el cargo director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

La creación de esta instancia y su ampliación en 2018 permitió la instalación de Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), encargada según su sitio web de “investigar todas las faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial y empleados de la Secretaría de Seguridad”.

Alan Argeñal, titular de la DIDADPOL, cuenta que ante los señalamientos a miembros de la policía que presuntamente estaban involucrados en el crimen organizado, surgieron una serie de preguntas, “¿qué hacer con la Policía Nacional? ¿Desaparecerla o fortalecerla?.”

Argeñal dice que finalmente se decidió crear un mecanismo para rescatar la institución conformando la comisión depuradora y posteriormente la DIDADPOL para investigar y separar a los culpables de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

“La mayor incidencia de faltas es por el abandono de servicio policial, por negligencia del servicio policial, conocimos un caso de paro ilegal, también por manifestar inconformidad en el servicio policial”, señala.
Sin embargo, mujeres policías han denunciado que algunas de sus compañeras que siempre han cumplido con los reglamentos reciben bajas repentinas, presumen a causa de las denuncias que ellas mismas han interpuesto por el acoso sexual y laboral que ejercen sus superiores.

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Según datos de la Comisión Depuradora proporcionados por Omar Rivera, se han depurado un aproximado de 6.500 elementos policiales y de ese total solo se han remitido un 33% al Ministerio Público.

Para Murillo, la Comisión Depuradora “se quedó muy corta” al no presionar a las instituciones u organizaciones que tenían que llevar los procesos de investigación de los oficiales que separaban de sus cargos.

“Lo que se hizo fue nutrir a los entes criminales, por eso yo siempre he criticado, porque desde su génesis tenía un error ya que la iglesia no tuvo que estar involucrada, la sociedad civil perdió su papel”, concluye.

Captura de Leonel Sauceda y depuración policial

El martes 11 de febrero de 2019, los medios de comunicación de todo el país, despertaron con la noticia de la captura del comisionado Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada acusados por la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) por el delito de lavado de activos.

Sauceda servía en la institución policial desde 1992 ocupando diversos cargos dentro de su estructura, mano derecha del exministro de seguridad Oscar Álvarez y un reconocido religioso que además formaba parte de organizaciones como la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ahora Sauceda guarda prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería.

María Luisa Borjas, comisionada retirada de policía y ex diputada de oposición, señaló que “la comisión depuradora quedó en evidencia con esta captura y el previo ascenso como Comisionado; además, a Sauceda se le había abierto expediente desde 2002 en la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad por vínculos con el narcotráfico cuando con otros oficiales bajaron una narcoavioneta en Choluteca”.

María Luisa Borjas asegura que la razón por la que durante todos estos años permitieron su ascenso en la institución es justamente por ser la mano derecha del exministro de seguridad y militante del Partido Nacional, Oscar Álvarez.

Según esta mujer que ha ganado y perdido batallas en su esfuerzo por cumplir el deber policial, la intención de crear esta comisión era destruir la principal institución de seguridad civil del Estado; dejar a los oficiales que estaban involucrados en actos ilícitos y expulsar de la institución a los honestos.

Borjas dice que “la comisión sacaba a los depurados de los listados que les daban oficiales corruptos, y depuraban a los policías que les estorbaban a los superiores para realizar las actividades delictivas”.

Por su parte, Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad, dice que “al ser la única institución del Estado que es evaluada, todas las actuaciones se vuelven transparentes”.

Sobre la captura del Comisionado General Leonel Sauceda y la efectividad de la depuración policial, apunta que la institución policial lleva el proceso de reestructuración desde hace cinco años por lo que todavía hay investigaciones pendientes que el Ministerio Público está llevando.

“Todos estamos sometidos a este proceso, así que no hay que asustarse”, asegura y recuerda que Sauceda puede reintegrarse a su puesto en cuanto el juzgado decida otorgarle una sentencia absolutoria.

Para Meza existe un claro antes y después en la operatividad de la corrupción dentro de la Policía Nacional, asegura que “había una policía abandonada totalmente y todo el Estado estaba permeado por el crimen organizado, principalmente el narcotráfico”.

Sin duda, las políticas de seguridad en Honduras tuvieron un punto de inflexión a partir de la llegada de Hernández a Casa Presidencial, y su ilegal enamoramiento con la titularidad de ese poder del Estado.

Por ejemplo, en diciembre de 2014 el gobierno de Juan Orlando Hernández nombró al general Julián Pacheco Tinoco como titular de la Secretaría de Seguridad. El primer militar activo en asumir ese cargo desde que la Policía Nacional pasó al poder civil en la década de los noventa.

Para María Luisa Borjas, como Juan Orlando Hernández no ha logrado elevar la Policía Militar a un rango constitucional, está acabando con la policía civil para que la Policía Militar ocupe su espacio. Después de más de seis años de gobierno las fuerzas militares han tomado la titularidad de sectores imposibles de imaginar que tomarían, como el discurso religioso, la educación en valores y el sector agrícola.

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Ramírez del Cid y filtraciones en el programa El Perro Amarillo

Siete días después de la captura de Leonel Sauceda, en el programa “El Perro Amarillo” transmitido a través de Facebook Live, un ex comisionado depurado de la Policía Nacional, entregaba en manos del comunicador social y sociólogo Milton Benítez, un disco duro con supuesta información que relaciona al gobierno de Juan Orlando Hernández y algunos de sus más cercanos colaboradores con el crimen organizado.

Ramírez del Cid fue cancelado por la Comisión Depuradora en 2016 después de que un reportaje del New York Times lo señala de haber organizado el asesinato del General Julián Arístides González, el zar antidrogas; y Alfredo Landaverde, político y asesor de seguridad en el Ministerio Público.

En el caso de Landaverde, un mes antes de su asesinato había nombrado a Ricardo Ramírez del Cid en un popular foro televisivo, en el que se refirió a él como “quien conoce a los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande”.

Landaverde señaló públicamente a los altos mandos de la Policía Nacional de servir al crimen organizado y un mes después fue acribillado en la ciudad de Tegucigalpa.

Según un documento oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga miembro del cartel de narcotráfico “Los Cachiros”, admitió estar involucrado en el asesinato de Landaverde y al menos 77 personas más.

Al consultarle a Milton Benítez, director del Perro Amarillo, sobre la fiabilidad de su fuente ante las menciones en el reportaje del New York Times, aseguró que tienen pruebas de que los informes de la Policía Nacional que se utilizaron para la pieza periodística tienen firmas falsas y seguirán en proceso de investigación; aunque aclaró que no lo hacen por defender a Ramírez del Cid.

“Ricardo Ramírez del Cid nos buscó a nosotros porque teníamos esta información hace un año, pero solo teníamos las transcripciones de los audios que ahora nos proporcionó”, y explica que lo que recibieron no es una filtración, ya que, según él, eran documentos que habían ocultado durante mucho tiempo pero habían sido investigados y archivados dentro de la Secretaría de Seguridad.

El programa de Milton Benítez es visto por miles de personas, y desde la entrega de la información su audiencia ha escuchado una serie de audios que, según él, selecciona su equipo de trabajo, y que presuntamente involucran las voces de testigos protegidos en diversos casos del crimen organizado e incluso contienen el audio que han identificado en este programa como el de Alexander Mendoza “alias El Porkis” que el 14 de febrero fue liberado ilegalmente en una operación ejecutada por personas vestidas de agentes policiales.

Aunque el vocero de la Secretaría de Seguridad no quiso referirse a la información vertida por Ramírez del Cid por no formar parte activa de la institución policial, mencionó que siempre están listos ante los requerimientos del Ministerio Público que se puedan emitir ante denuncias públicas o privadas de la ciudadanía, aun si les tocara hacer cumplir un requerimiento en contra del presidente.

La comisión depuradora seguirá en funciones hasta 2022, al preguntarle a Benítez sobre esto, afirma sin dudar que se cumplió la función para la que fue creada. “La depuradora fue muy bien pensada para desaparecer a la Policía Nacional y militarizar el país, ahora entregar a un policía como Leonel Sauceda es riquísimo porque así los militares son los buenos pero los policías son los malos”, concluye.

Según información de diversos medios de comunicación nacional con origen en el Ministerio Público, Leonel Sauceda era investigado desde 2002 cuando fungía como jefe regional de tránsito del departamento de Choluteca, donde se creó un expediente en el que se le señalaba de formar parte de un grupo criminal encargado de coordinar el aterrizaje de avionetas cargadas con droga.

Hasta que la comisión depuradora termine su mandato se espera que las capturas y cancelaciones de policías involucrados en ilegalidades continúen, aunque en muchas de esas separaciones no haya mayor investigación. De la misma forma se espera el seguimiento de la depuración de oficiales honestos, en función de una depuración que aparentemente ya ha logrado debilitar los cimientos del ente de seguridad civil en Honduras.

El muro atraviesa la ciudad, se mete por las montañas y un poco en el mar. Pero en realidad, el muro no es esa verja de alrededor de 8 metros, son las políticas migratorias que refuerzan el plan contra la inmigración ilegal que comenzó Bill Clinton en 1994 y el miedo a los «bad hombres» que, en Tijuana, son los migrantes centroamericanos. En el lado mexicano, ese cerco rojizo, oxidado, separa el destino de los refugiados de una sala de espera enorme. Cada día en El Chaparral, desde muy temprano, cientos de migrantes se acercan para saber cómo va su turno, se han apuntado en una lista para pedir asilo. En julio de 2019 la organización Al Otro Lado hablaba de más de 9 mil nombres en esa lista de la primera espera y ahora, con las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, estos migrantes, al ser llamados al fin para iniciar el trámite, podrían ser retornados a México a una segunda espera, para culminar su proceso de asilo.

Israel (Guatemala) y Sarahí (Honduras) se conocieron en la caravana migrante de octubre de 2018. «Fue amor de caravana», dice Israel, mientras carga a su bebé de 3 meses, el producto de ese amor, que ahora en México podría ayudarlos a comenzar un trámite para obtener algún documento que les permita quedarse allí, trabajar y avanzar tras la pausa que han hecho en su vida en ese país extraño. Pero ellos no están seguros, no han podido registrar a su bebé porque Sarahí no tiene un tan solo documento de identidad con ella. Sarahí tiene 15 años y es hondureña, huyó de su ciudad tras el asesinato de su hermano y su madre. Lo único que tiene en la vida es a Israel, a su bebé y la familia que hizo con otros migrantes de la caravana.

Las historias de Israel y Sarahí se encuentran en los nombres que le han puesto a su bebé, el primer nombre es el del hermano de Sarahí, asesinado hace tres años por miembros de una pandilla en Honduras, y el segundo nombre es el del hermano de Israel, asesinado en Guatemala también por miembros de una pandilla. Ninguno de ellos ha pensado en solicitar asilo, ahora viven en una casa que ellos llaman albergue, pero que es realmente una casa prestada donde viven migrantes, sin ninguna regulación. No han tenido tiempo de pensar en solicitar asilo.

Dice Israel que podemos pasar toda la tarde y la noche hablando de su historia larga de migración. Hace 9 años, cuando él tenía 16, salió de Retalhuleu, Guatemala siguiendo a un primo que había sido deportado de Estados Unidos y que iba de regreso. «Yo viajé de Guatemala para EEUU en 2010, monté 22 trenes para llegar a Piedras Negras, tenía 16 años», cuenta Israel mostrándome uno de sus tatuajes: es «la bestia», como le llaman al tren donde él mismo vio gente morir, caer y perder piernas o brazos, asaltos y actos de violencia que marcaron su vida. Aún se le llenan los ojos de lágrimas al recordarlo.

Israel llegó a Estados Unidos y trabajó allá durante 6 años hasta que cayó en una redada y fue deportado a Guatemala, acababan de asesinar a su hermano y él, por dolor y miedo, no quiso volver a su pueblo. A los pocos días se regresó para el norte desde Ciudad Guatemala, las cosas habían cambiado.

«Once balazos le metieron a mi hermano. Hubo un momento allí donde vivíamos que llegaron las pandillas que le inculcaban a los más morritos que se metieran, él se negó a meterse a cosas así, yo igual lo viví y siempre me aparté de eso. Ese día estaban jugando pelota con los amigos de la infancia, estaba lloviendo cuando comenzaron a disparar, ese día mataron a varias personas allí en Reu en esa área, fue como hace tres años —le pregunta a su esposa cuánto tiene de muerta su madre, porque fue casi al mismo tiempo—.

Cuando yo regresé me di cuenta que ya las cosas no eran como antes cuando yo viajé, ya miraba que caminaban tres personas en el tren, ya no miraba tanta gente y me dio miedo, comencé a llorar, no hallaba qué hacer, llamé a mi mamá y le dije que la quería mucho, que no sabía si la volvería a ver. Me regresé a Guatemala, me vine de pueblo en pueblo, charoleé (pedir limosna), luego compraba paletas y me subía a los transportes para venderlas», pero Israel se encontró en el sur de México un grupo de 900 personas que iban juntos, en caravana, hacia la frontera norte.

«Allí conocí a la gente de Pueblos sin fronteras y me preguntaron si iría con ellos. Así me vine».

Pueblos sin fronteras, desde 2011 ha acompañado a grupos de migrantes que encontraron una manera de migrar más seguros juntos. La antropóloga Amelia Frank Vitale asegura que desde aquella caminata inicial en 2011, miles de centroamericanos han participado en algún tipo de caravana. «Se corrió la voz. Las experiencias gemelas de seguridad en la visibilidad y abiertamente retando las leyes migratorias y violaciones de derechos humanos en masa en México han dado fruto. Algunos argumentan que no se debe de llamar caravana, en el sentido tradicional, sino un éxodo». Así lo escribió en su texto De caravana a éxodo, de migración a movimiento explicando el origen de las caravanas.

Israel llegó a Tijuana en una caravana que partió en 2017, comenzó a ir a talleres con organizaciones que atienden migrantes y a participar en manifestaciones exigiendo derechos y pidiendo un cese al racismo. Cuando salió el anuncio de la caravana que vendría de Honduras en octubre de 2018, decidió bajar al sur de México para ver cómo ayudaba.

De la caravana se ha dicho mucho, el mismo Donald Trump la catalogó como una invasión, el presidente municipal de Tijuana adoptó esa idea y los medios de comunicación hablaron de conspiraciones y de pagos a las personas para que trajeran el mar de gente, la mayoría con la idea de solicitar asilo en Estados Unidos. Dice Israel que a él le han acusado de haber recibido 10 mil dólares por ayudar a traer a los migrantes en la caravana, eso más o menos, le habría costado a Israel pagar un coyote para pasar al otro lado, pero ni siquiera puede costearse una renta en Tijuana.

Los murales en El parque la amistad, un lugar que en 2014 brevemente se convierte en espacio de encuentro entre familias separadas por el muro entre México y Estados Unidos. Foto: Jennifer Avila.

Sarahí escucha la historia de Israel mientras ve su celular y carga al bebé. Es una niña delgada que no tiene país. A los 13 años salió de Honduras porque se quedó sin madre y sin hermano (las personas que la protegían), dejó la escuela y se fue con su hermana de 23 años, con rumbo a Estados Unidos. Llegaron solas a Tapachula, Sarahí no cuenta detalles de cómo lo lograron. Estando en Tapachula se unieron a la caravana y se aferraron a los líderes, Sarahí llama papá a uno de ellos y el otro, Israel, es su pareja, el padre de su hijo.

«Mi mamá trabajó en un restaurante, en un asilo de ancianos limpiando a los señores solos, trabajó en una tienda de vender ropa formal, la planchaba. Cuando se quedaba sin trabajo lo que hacíamos era vender tortillas. Éramos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, el que mataron y uno que murió de diarrea antes que yo naciera. A mi hermano lo mataron primero y en 2017 mataron a mi mamá». Sarahí no pudo volver al cementerio después de enterrar a su madre, los que la mataron advirtieron que a quien se acercara le llovería balas.

«Tuvimos que hacer una misa en la iglesia, nunca fuimos al cementerio a verla. Yo no sé si me harían daño si regreso, pero igual me da miedo. No he hecho proceso de asilo, nunca lo he pensado y regresar no puedo porque me da miedo, sería tal vez como última opción», asegura. Sarahí pasó un infierno cuando tuvo a su bebé, como casi todas las mujeres en Latinoamérica vivió violencia obstétrica, pero ella siendo menor y además migrante indocumentada, la pasó peor. No tuvo suficiente información, poco supo de lo que le estaba pasando: de la aplicación de suero para hacerla dilatar, de las horas en un trabajo de parto que desde el inicio estaba condenado a terminar en una cesárea.

Al salir de eso, Sarahí ahora solo espera poder inscribir a su hijo en el registro de México con la identidad de ambos padres y con sus respectivas nacionalidades y comenzar un proceso para legalizarse. Ella sueña con tener pronto un trabajo para que junto con Israel puedan rentar un apartamento, también sueñan con comprar un carrito para vender elotes, que ese es buen negocio, les han dicho. Quizá un día se permitan pensar seguir su camino hacia donde alguna vez soñaron llegar.

Israel y Sarahí caminan por el centro de Tijuana. Foto: Jennifer Avila.

Encuentro Migrante

Volvamos a la lista y la sala de espera. Paulina Bejarano es una mujer joven que dirige la organización Encuentro Migrante, una organización de sociedad civil que surgió cuando llegó la migración haitiana a Tijuana, alrededor de 20 mil migrantes haitianos que buscaban asilo en Estados Unidos.

«Se vivió de una manera muy fuerte porque era la primera vez que recibíamos gente que no fuera de México y Centroamérica, eran del caribe, sobre todo familias que pasaron por aquí, y los albergues eran insuficientes», Bejarano explica que hubo hospitalidad por parte de la ciudad, abrieron varios centros comunitarios para enseñar español y apoyar a los refugiados haitianos, pero todo se complicó cuando en el gobierno de Barack Obama se puso un límite para las solicitudes de asilo, se debía dosificar, el sistema estaba colapsado.

«A nosotros dos cosas nos afectaron más, desde 2016 se creó una lista. Antes la gente venía a la puerta de Estados Unidos , pedía asilo, lo dejaban pasar y adentro llevaban su proceso, pero desde que llegaron los haitianos (como era tanta gente) EEUU comenzó a dosificar las peticiones de asilo con el apoyo de México. Se creó una lista informal, la gente llega y se apunta, eso hizo que Tijuana sea como un cuello de botella o una sala de espera», explica Bejarano.

Su organización es binacional y en Tijuana tiene un centro comunitario y un albergue donde caben 40 personas que pueden estar allí en esa espera, pero el tiempo se ha extendido tanto que ya no pueden atender mucha gente, porque las personas pueden estar varios meses yendo a ver cómo va su turno. La mayoría de las personas en su albergue son hondureñas y siguen llegando más.

El centro comunitario Encuentro Migrante tiene un espacio para niñas y niños migrantes. Foto: Jennifer Avila.

«Esto se presta para corrupción porque es una lista hecha a mano y nadie toma la responsabilidad de esto. Tanto el gobierno de México y el de EEUU niegan que ellos han hecho esa lista y se ha dicho que son los mismos migrantes que lo manejan, Grupo Beta resguarda la lista, así que ellos deben tomar esa responsabilidad. Por ejemplo, los menores no acompañados no pueden poner su nombre en la lista porque entonces Grupo Beta llama a la Dirección de Infancia y Familia (DIF), que son los que se encargan de la niñez y se los llevan a un albergue de ellos para después ser retornados sin tener acceso a ningún acompañamiento legal, ellos deberían ser los primeros en proteger, pero se les cierra la puerta».

Los funcionarios mexicanos de inmigración con Grupo Beta, la agencia encargada de la protección de los migrantes, se comunican con los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del lado estadounidense para determinar a cuántos números llamar. Ellos, junto a un grupo de voluntarios migrantes, son responsables de la lista. New York Times publicó un artículo donde detallan cómo funciona esta lista: «¿Qué pasa cuando les llega el turno para presentar sus casos? Las autoridades estadounidenses les informan a sus homólogos mexicanos cuántas personas serán entrevistadas cada día y los funcionarios mexicanos informan a los voluntarios que coordinan la lista. En las últimas semanas, la capacidad diaria para entrevistas ha oscilado entre cuarenta y cien».

Otra política que ha venido a cambiar dinámicas en esta ciudad fronteriza son los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que según la página web de Homeland Security «son parte de una acción del gobierno estadounidense para que ciertas personas extranjeras que ingresan, de manera ilegal o solicitan la admisión, sin la documentación adecuada a los EEUU desde México, sean devueltas a México y esperen desde allí sus procedimientos de inmigración. México les proporcionará todas las protecciones humanitarias apropiadas durante la duración de su estadía».

«Esto de remain in México quiere decir que después de esperar 3 o 6 meses en la lista los dejan entrar, se les hace una entrevista y son retornados a la frontera a esperar su proceso en México y eso hace que las familias que atendemos tengan que esperar de 8 a 10 meses, para nosotros es difícil porque quiere decir que nos quedamos sin espacio para la gente que sigue llegando. Cuando llegaron las caravanas comenzó un ambiente de xenofobia y racismo, sobre todo con los migrantes centroamericanos en Tijuana, cosa que nunca habíamos visto en la ciudad de manera abierta», explica Bejarano.

Los albergues que el gobierno mexicano ha habilitado en el marco de estos protocolos, como el Centro Integrador para el Migrante Carmen Serdán, son grandes y tiene buenas condiciones para que los peticionarios de asilo esperen, pero los migrantes no confían, están ubicados lejos de la ciudad y prefieren esperar en un lugar donde puedan trabajar e incluirse en la sociedad.

Israel cuenta que en el lugar donde está trabajando actualmente en Tijuana, sus compañeros mexicanos le han preguntado por qué no se regresa, por qué siguen llegando si en México no caben, no es su país.

«Yo les he respondido y ustedes ¿porqué siguen cruzando a Estados Unidos?».

Un hombre se ejercita en el Parque La Amistad, de espaldas al muro. Video: Jennifer Avila.

Tijuana, el límite entre México y Estados Unidos, ha visto décadas de flujos migratorios, es una frontera transitada a diario por mexicanos viviendo en Tijuana y trabajando a 20 minutos en San Diego o viceversa, se estima que actualmente hay alrededor de 3 millones de habitantes, pero su población «flotante» es incalculable. Y es Tijuana, una ciudad diversa, con un comercio enorme característico de ciudad fronteriza: una calle larga de prostíbulos, grandes hoteles y clubes nocturnos.

En «Tijuana en los cuentos de Luis Humberto Crosthwaite: el reto a la utopía de las culturas híbridas en la frontera» , Pilar Bellver Saez habla sobre la exageración de Tijuana y las narrativas alrededor de su transformación de «rancho fronterizo» a «metrópoli transnacional» y cita al ensayista tijuanense Heriberto Yépez en una idea que calzó con lo que sentí al estar en Tijuana:

«La frontera es la paradójica oportunidad para que nuestros males nacionales (la pobreza, la migración, el crimen) le ocurran a otros . . . Hablar de frontera desde el lado mexicano es la enorme oportunidad para tratar nuestro pan diario como platillo exótico; hablar de la discriminación y la desigualdad como si fuera un caso y no la realidad cotidiana . . . La frontera es donde todas las mentes nacionales se lavan las manos . . . ¡México no somos nosotros! ¡Toda la culpa la tiene Tijuana!»

Últimamente hay una hostilidad marcada contra los centroamericanos, sobre todo los hondureños que con las caravanas se atrevieron a romper una dinámica migratoria de la que generaciones en esta ciudad se han beneficiado.

«Yo soy de aquí de Baja California, cuando llegó la migración haitiana me sentí orgullosa de la hospitalidad de la comunidad, de la solidaridad de San Diego, Los Ángeles, de Tijuana. Y ahora es absurdo que una ciudad como Tijuana, construida a base de migrantes que todos los que somos de aquí de la frontera tenemos familiares allá, tengan esta actitud tiene que ver con las narrativas de los gobernantes y los medios de comunicación. Muchos migrantes nos han dicho que sienten que México es como una prisión, se les quiere obligar a pedir refugio aquí cuando lo que quieren es ir a EEUU, otra cosa es que hemos visto que les dan documentos que dicen que son apátridas y esto es para que se queden aquí y eventualmente se regresen, esos son los resultados de la presión de EEUU a México con el tema de los aranceles», añadió.

En mayo de 2019, la Casa Blanca anunció un plan para subir los derechos de aduana hasta el 25%, si México no frenaba la llegada de inmigrantes. Le torció el brazo al nuevo gobernante que había recibido a la caravana migrante de enero de 2019 con la promesa de libre tránsito por México. Un año después devolvió la última caravana con gas lacrimógeno y engaños al país del que huía.

Yo conocí Tijuana por un breve momento, presentamos una revista en vivo sobre migración con un grupo de periodistas y actrices centroamericanos, un proyecto de la productora El Intercambio, fue un evento de organizaciones de sociedad civil y donantes estadounidenses, el Encuentro Transnacional de organizaciones en solidaridad con la comunidad migrante y refugiada Géneros, Infancias y Juventudes en movimiento. De 8 albergues, Tijuana pasó a tener 30 en tres años y esto también atrajo la solidaridad de fundaciones e incluso asociaciones gremiales en Estados Unidos para apoyar a la sostenibilidad de estos espacios que ahora también se han diversificado: hay albergues, consultorios legales, atención a la salud y espacios lúdicos y de sanación mental.

En la calle, un par de veces en mi recorrido por la ciudad, algunas personas me preguntaron por qué mis compatriotas estaban llegando a Tijuana así, con «el relajo» de las caravanas. Las pláticas terminaban casi siempre en lo mismo: tenemos problemas similares, sabemos lo que es huir o simplemente migrar para estar mejor.

«Siempre hay voces críticas que dicen que porqué no ayudan a los nuestros, pero igual nosotros estamos acompañando a los deportados y también atendemos a muchos mexicanos siendo desplazados del crimen organizado. Este es un tema no solo de Centroamérica sino de México, y es esquizofrénico que México tome una postura así porque el mexicano es el prototipo de inmigrante ilegal para EEUU, el concepto de ilegal se creó para nosotros, entonces, ¿cómo ahora nosotros vamos a llamar ilegales a los otros migrantes?», termina diciendo Paulina Bejarano en ese espacio que se ha convertido en un encuentro migrante frente al muro.

Texto: Luis Lezama

Fotografía portada: Jessica Guifarro

Un 26 de febrero de 1962 nació Rommel Guillermo Anderson, conocido por todos los hondureños como Guillermo Anderson. Después de que en noviembre de 2015 se le diagnosticara cáncer, falleció un 16 de agosto del 2016 en la fragorosa ciudad de La Ceiba; ciudad que lo vio crecer y que él, entre canciones, actividades, conciertos, también hizo crecer.

Desde que nos dejara, Honduras se viene desbarrancando por la vida como quien ha perdido el amor más querido. A veces escucho por horas sus álbumes y creo, llevado por su música, que Guillermo Anderson fue el mejor hondureño de todos los tiempos. Por lo menos, eso sí no lo dudo, fue quien mejor supo atrapar la naturaleza melancólica y fabulosa de los personajes que pueblan toda la costa de este país incierto. Una muchacha que lava ropa ajena durante la semana y que los viernes se transforma en la reina del baile, un futbolista venido a menos que cuenta sus tiempos de gloria y pena por los bares abrazado a una botella, una mujer hermosa atrapada con un marido abusivo, un marinero enamorado, un capitán mítico, un jardín donde reina un pichete malvado. Uno tras otro, Anderson fue decodificando la realidad compleja del caribe hondureño para contarla llena de profundidad, con sus puntas más hirientes, en pequeñas cápsulas de cinco minutos. Más que un músico, era un cronista, un sociólogo, un cuentista con la maña de cantar y rasgar una guitarra.

«En mis conciertos lo que hago es presentar a un país más allá de los terribles estereotipos y titulares horrorosos que nos han creado la imagen que hoy tienen de nosotros esos países. Presentar un país con seres humanos que trabajan, luchan y esperan un país mejor. Un país con una riqueza increíble en recursos naturales y turísticos. El reto es presentar lo hermoso que puede ser un país sin perder el sentido crítico de su realidad. Al final un grupo de asistentes se levanta con carteles y banderas, peticiones y denuncias al gobierno. Han sido respetuosos de mi concierto y están en toda su libertad», esto escribía Guillermo Anderson en su blog después de un concierto en Barcelona en 2015, poco antes de morir.

Casi todas las canciones de Guillermo Anderson son momentos narrativos. Uno tiene la sensación de que las historias las canta in situ, usando como palanca nada más que su oído y su mirada. Parafraseando a Borges, diría que Anderson no fue ninguno de sus personajes, pero era todos ellos. Es difícil que algún hondureño pueda atravesar su discografía sin guardarse en el corazón por lo menos un disco completo suyo. Lo tenemos escondido del mundo, como me reclamó una amiga argentina que descubrió «Club Social la Gloria», esa canción hermosa, una especie de canción hermana de «Piano Man» de Billy Joel; pero también, creo, lo tenemos escondido de nosotros mismos. En las canciones de Anderson hay soluciones para la mitad de nuestros problemas: corrupción, incendios, sequías, machismo, deforestación, tantos otros. Pero, ¿quién se toma el tiempo de escucharlo y poner en práctica lo que él canta?

Como anécdota, para ilustrar lo que digo, me queda una madrugada en Buenos Aires, en la que llegaba a rematar la noche del sábado a la casa de unos amigos extranjeros. Después de saludar a los asistentes que ya conocía, un amigo me presentó a un joven músico panameño que tenía unos días de haber llegado a Argentina. La casa también era de un músico, así que una brillante guitarra acústica coqueteaba aquí y allá con los distintos invitados, que se la peleaban para tocar y cantar las de Rubén Blades, Cultura Profética, Rawayana. Me presenté con el panameño, que me sonrió alegre cuando le dije que era de Honduras.

—¿Honduras? —dijo—. La tierra del maestro.

No pude decirle nada, porque él ya había pedido que le pasaran la Fender acústica y se la cedieron de inmediato. Se la sentó en las piernas, tocó una cuerda, dos, ajustó un poco las clavijas y empezaron a sonar los acordes más dulces que yo jamás escuché.

«María Dolores, María Dolores, qué triste verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo te vi…», cantaba y los más de diez hondureños ahí lo escuchábamos, estupefactos, sin saber acompañarlo. Me hubiera gustado decir que todos cantamos y nos abrazamos y lloramos, pero ninguno se sabía aquella canción, aunque puedo asegurar que todos quedamos encantados por la voz del panameño y los acordes que rasgaba. Cuando terminó dijo:

—Qué grande Guillermo Anderson.

Y qué pequeños y qué grandes, a la vez, nos sentimos todos los hondureños cuando dijo eso. El panameño siguió y se tocó otras dos canciones más de su maestro. Cuando acabó, yo sentía la piel erizada y el corazón como descolocado, una especie de orgullosa vergüenza.

Desde entonces he escuchado toda la música de Guillermo Anderson; gracias a la cual siento que he conocido con más admiración a mi país: sus complejidades, sus bellezas, sus tragedias y, sobre todo, sus esperanzas.
Las canciones de Guillermo Anderson son la visualización de una Honduras más bella a través exclusivamente del sonido. Su país, ese país al cual él le toca, al cual él le canta y en el que él —todavía— vive, no es uno que pertenece a la simple y racional geografía; sino que es una Honduras mágica, fresca y esperanzadora, una Honduras que existe, tal vez, sólo en el territorio de la música. O en tal caso, un país al que sólo puede llegarse si seguimos ese camino trazado en un diapasón, entre tambores y ritmos garífunas, siguiendo las huellas que dejó Guillermo en la arena.

Hace dos días se estrenó en plataformas digitales su nuevo disco: «Guillermo Anderson, En vivo desde la Fortaleza de San Fernando», una remasterizada versión de uno de sus últimos conciertos en vida. Dijo José Martí que el viaje humano consistía en llegar al país que llevamos descrito en nuestro interior y que una voz constante nos promete. Guillermo Anderson, cuatro años después, sigue cantando y creando, tratando de llegar con su música, a esa Honduras prometida para todos. Donde el agua se cuida, donde los tapires se defienden, donde cortar un árbol es una tragedia digna de una canción. Por eso es nuestro deber escucharlo, porque él sigue creando; y si él sigue creando, nosotros no podemos menos que seguir creyendo.

Fotografía: Hondudiario

Cuando yo tenía 13 años, el 14 de febrero se convirtió en un día de horror en Honduras. A pesar de que a diario andamos cargando con la violencia, un día como ese todo mundo quiere olvidar la situación y celebrar el amor y la amistad. Pero el 14 de febrero de 2012, ocurrió un incendio en la granja penal en Comayagua. Siempre me consideré precoz en algunos temas cuando era pequeña, sin embargo apenas puedo recordar cuál fue mi pensamiento momentáneo al enterarme de esa noticia. Lo que sí tengo presente son los sentimientos que causó en mí y que hasta hoy continúan firmes. Para mí, la idea del amor en Honduras es imaginaria.

Mi mamá se ha dedicado casi toda su vida a la defensa de Derechos Humanos, por lo que desde su trabajo legal en el ERIC SJ, como abogada, estuvo muy de cerca con los familiares de las personas que perdieron su vida aquel 14 de febrero. Todavía guardo recuerdos de las familias, de las esposas que quedaron viudas, de las mamás y papás que perdieron a sus hijos. Fueron 361 las víctimas. Recuerdo haber acompañado, en varias ocasiones, a mi madre cuando ella viajaba para visitar a estas personas que fueron víctimas, al igual que sus familiares, de un sistema fallido que los violentó y asesinó. Un sistema y un Estado que los mantuvo en un centro penal en condiciones indignas y, que, a pesar de todas las recomendaciones brindadas por parte de organismos internacionales, nunca se ha interesado por cambiar esta situación tan grave que, por cierto, se sigue repitiendo, y lo podemos ver en los últimos asesinatos ocurridos dentro de cárceles de «máxima seguridad».

Han pasado ya varios años de esto y yo ahora estudio Derecho en la universidad, y he comprendido que estos gobiernos buscan aplicar lo que llamamos el «derecho penal del enemigo», un Estado que quiere tener más y más gente criminalizada para llenar las cárceles que construyen, pero rara vez se preocupan en el bienestar de sus privados de libertad. Un Estado que nos incita a ver a los presidiarios con odio y a sentir que lo que pasa en esas cárceles es lo que se merecen, incluso cuando sabemos que muchísimas de las víctimas del centro penal de Comayagua ni siquiera tenían una sentencia condenatoria. Me parece repulsivo ver cómo este sistema nos fomenta el odio hacia personas que igual que nosotros, son gente pobre y víctimas.

La percepción del amor ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y es que los seres humanos, también, hemos ido cambiando nuestras perspectivas de ver y entender su definición. Hace muchos años, el versículo bíblico que dice que «el amor todo lo puede y todo lo aguanta», me parecía romántico. Ahora releo y no puedo creer que esa sea una acertada definición de amor. Por suerte, no soy la única persona que piensa que el amor no es tal como nos enseñaron antes: sufrido, abnegado. Es muy difícil, incluso más para las mujeres, viviendo en un país con tanta romantización hacia lo doloroso, porque nos enseñaron que, si no nos duele en el alma lo que nos hagan, no es amor. Desde el amor romántico, nos enseñan a las mujeres que, si un hombre nos molesta y nos busca constantemente, hasta llegar al acoso, es porque ese hombre de verdad nos quiere.

El 14 de febrero se celebró a nivel mundial el día de San Valentín o como otros llaman el «día del amor y la amistad». A veces, me parece irónico que los medios intenten vendernos esta fecha en un país como Honduras donde lo que predomina es la violencia: la violencia militar, la violencia estatal, la violencia por parte del crimen organizado, la violencia en el espacio privado. Podría mencionar tantas cosas que me hacen creer que aquí es utópico: los femicidios, los asesinatos, las masacres. Y cuando escribo esto se viene a mi mente el video, que se hizo viral, de un asesinato a un aficionado de un equipo de fútbol en Tegucigalpa. No puedo dejar de pensar en la saña con la que lo mataron y también la tranquilidad de la gente al compartirlo sin el menor de los escrúpulos, a través de sus redes sociales.

Me resulta doloroso pensar que se puede festejar el amor cuando en apenas dos meses del 2020 se han reportado 35 femicidios. Es difícil seguir teniendo esperanza en la ternura y en ese amor distinto, en un lugar donde la violencia es nuestro diario vivir. Creo que es irrisorio celebrar el amor en cualquier forma que queramos celebrarlo, en un país donde solo en el primer mes del año hubo un total de 269 homicidios, y donde un día antes de celebrar a San Valentín, en los tribunales de justicia de El Progreso ocurrió un enfrentamiento armado a plena luz del día.

Honduras es un país al que, sobre todo, le falta esperanza. Vivimos a la defensiva, en un constante miedo por el que está a nuestro lado, temiendo de confiar en cualquier persona que se nos acerque, que sea amable. Y así nos ha tocado vivir: con enojo, con violencia e irritación, creyendo que nos pueden hacer daño en cualquier momento, muchas veces incluso perdiendo la empatía de lo que pueden sentir otras personas a nuestro alrededor.

Vivo en uno de los países más violentos de Latinoamérica, en el que se ha normalizado el odio: el odio hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBTI, hacia las personas privadas de libertad, hacia los pobres. Sin embargo, nos invitan a celebrar el amor todos los 14 de febrero y a mí me resulta contradictorio porque después del incendio del penal de Comayagua, esta fecha también tiene el significado de luto, dolor y violencia.

Suyapa de 58 años, y su hija Beatríz de 31 de la comunidad de El Pataste, una aldea en las montañas del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, intentaron viajar en la caravana migrante del 15 de enero de 2020, pero una complicación de salud a último momento evitó que salieran.

Madre e hija tenían la intención de llegar a los Estados Unidos para recuperar a sus hijas, quienes les fueron arrebatas a finales del año pasado por las autoridades migratorias estadounidenses, cuando Suyapa fue detenida con las menores en el estado de Texas luego de que el coyote que las llevaba las abandonara a su suerte.

Lo que Suyapa desea es que sus hijas sepan que ella no las abandonó y que quizá, lo mejor sea que estén lejos de Honduras, este país violento y sin oportunidades, aunque eso les haya roto su pequeño mundo.

Mónica Gálvez nos cuenta su historia.

En 2007 se aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables que autorizaba la compra directa de energía sin necesidad de licitaciones y la promoción de incentivos hacia las empresas generadoras. Desde entonces se han firmado más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales solo 90 han entrado en operación y están generando energía. La capacidad instalada de las generadoras renovables representa el 62% del total contratado en el país. Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), entre renovables y térmicas, se produce un promedio de 1600 megavatios de los 1670 que se necesitarán en 2020. Después de 13 años un gran porcentaje de los 70 mil millones de lempiras de deuda que mantiene la ENEE es a causa de los contratos que garantizaron un negocio redondo para los empresarios, pero significaron aumentos de tarifas y ninguna mejora para aproximadamente 1.6 millones de habitantes que no cuentan con electricidad en el país.

Cuando en 2011 la maquinaria de la empresa Energía Eólica de Honduras invadió la tranquilidad de los pobladores de los municipios de Santa Ana y San Buenaventura para instalar 51 aerogeneradores de 80 metros de altura, los pobladores de esa zona pagaban por mucho unos 100 lempiras (4 dólares) mensuales por consumo de energía eléctrica. Al menos eso cuenta doña Sandra, vicepresidenta del Consejo Indígena Lenca de Santa Ana.

Ahora doña Sandra no logra entender cómo en un solo año —entre febrero de 2019 y febrero de 2020— pasó de pagar 467 lempiras (19 dólares) a pagar 834 lempiras (34 dólares), a pesar de que su consumo de kilovatios/hora solo se ha incrementado la mitad de lo que le están cobrando.

Esta mujer de un poco más de 50 años se pregunta cómo a pesar de todas las promesas, mentiras y engaños que se pusieron en práctica, para que una gran parte de la comunidad aceptara la instalación de un proyecto de energía renovable en un territorio con título ancestral perteneciente a la población lenca, no han obtenido ni siquiera una reducción en los costos de la energía que consumen.

Este proyecto aprobado por el Estado de Honduras en 2008 durante la gestión de Manuel Zelaya Rosales mediante el decreto ejecutivo PCM-16-2008, es el punto que inició la puesta en marcha del cambio de matriz energética que permitió la contratación de cientos de proyectos de generación de energía renovable. Estos proyectos se han convertido en uno de los principales causantes del descalabro económico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y que a inicios de este año resultó en la instalación de una comisión interventora.

El parque eólico ha sido totalmente invasivo en la comunidad de Santa Ana, las torres metálicas se ven desde cualquier punto del pueblo, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Nueva interventora, viejas cuentas por pagar

«Es urgente que la deuda histórica que hoy suma más de 70 mil millones de lempiras pueda ser reestructurada debidamente, con base en las negociaciones transparentes que garanticen a la ENEE ahorros significativos», ese fue el mensaje que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dejó en un comunicado de prensa en diciembre de 2019. Unas semanas después el Consejo de Ministros anunciaba la instalación de una comisión interventora con el objetivo de «lograr la estabilización financiera de la empresa y la aplicación plena de la Ley General del Sector Eléctrico de Honduras».

La Ley General del Sector Eléctrico de Honduras entró en vigencia en 2014, pero hasta el día de hoy su implementación en el sector energético del país ha sido prácticamente nulo, provocando una ampliación de la crisis que se viene arrastrando desde que en los años 90, ante los racionamientos de casi doce horas en muchos departamentos del país, se declaró la crisis que conllevó a los primeros contratos con las generadoras térmicas privadas.

Estas generadoras tuvieron el monopolio de la venta de energía a la ENEE hasta que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se abanderó el cambio de matriz energética para pasar de la generación de energía «sucia», a través de las térmicas, hacia la generación de energía renovable aprovechando los bienes naturales del país. A partir de esa fecha, según informes de la Secretaría de Energía, hubo al menos 200 contratos firmados con empresas privadas.

Según Hugo Noé Pino, economista y miembro del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IIPP), una gran parte de la deuda que sostiene la ENEE es provocada por esos contratos. «Hasta los mismos empresarios han mencionado que son contratos sobrevalorados por encima de los precios en Centroamérica», apunta el economista y explica que el desastre ha sido sistemático e incluye también las pérdidas técnicas que no se redujeron y eran responsabilidad de la Empresa Energía Honduras (EEH), de capital mayoritariamente colombiano, con la que se firmó un contrato de fideicomiso por 360 millones de lempiras (14.5 millones de dólares).

EEH era la encargada de reducir las pérdidas por efectos de distribución en 17 puntos porcentuales. Sin embargo, no se logró y actualmente la cantidad de pérdidas en la ENEE asciende a una cantidad de 12,630 millones de lempiras (509 millones de dólares). «En esa carrera impulsada desde la presidencia de promover alianzas público privadas, no se analizó bien la compañía que se estaba contratando, ni si tenía la competencia adecuada. ¿Qué tipo de intereses económicos jugaron?, ¿por qué el sindicato se involucró?», apuntó Hugo Noé Pino. Una hipotética cancelación del contrato ante su incumplimiento podría significar un mayor perjuicio económico para el Estado ante una posible demanda por parte de EEH. Todo lo que rodea a la ENEE representa pérdidas.

Ahora la comisión interventora liderada por la abogada Miriam Guzmán, quien dirigía el Servicio de Administración de Rentas (SAR), es la encargada de poner en funcionamiento —en medio de la crisis— la Ley General de la Industria Eléctrica que tiene como plan básico la liberalización del mercado energético y la división de la empresa estatal en tres sociedades: Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (Egeco), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (Emeto) y Empresa de Comercialización y Distribución de Electricidad (Edco).

También se ha señalado la importancia de que esta interventora haga una renegociación de los contratos de energía renovable que se firmaron entre 2008 y 2019, en el marco de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que fue aprobada por el gobierno de Zelaya y reformada en 2013 en el Congreso Nacional mientras Juan Orlando Hernández era presidente del Legislativo.

Estos contratos de energía renovable no pasaban un proceso de licitación, simplemente eran ofertados a las empresas ante la junta directiva de la ENEE , la cual según ley estaba obligada a aceptar la propuesta de generación y luego se pasaba al Poder Legislativo para su aprobación definitiva. Las generadoras aprovecharon la ley para beneficiarse económicamente de un negocio con 0% de riesgos al obtener costos fijos por la potencia instalada, aunque la energía producida no sea constante en el caso de las eólicas, plantas solares e hidroeléctricas, porque dependen de las condiciones climáticas y los recursos naturales de donde generan la energía. Para Hugo Noé Pino lo que hará la interventora en este sentido es tomar algunas medidas paliativas y esconder actos indebidos del gobierno.

Una torre de energía eléctrica sobre las montañas de Santa Ana, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La ciudad de los vientos en Honduras

Santa Ana y San Buenaventura son dos municipios al sur de la capital de Honduras. En los últimos años se han convertido en un destino turístico de fin de semana por la atracción del parque eólico que fue cimentado en las montañas que le rodean, más precisamente en el Cerro de Hula. Un lugar que según el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) fue un volcán activo y que conserva los vestigios de las terrazas agrícolas prehispánicas más importantes de la región.

Doña Sandra ha vivido toda su vida en la zona y cuenta que ahora cuando ve a los turistas venir de la ciudad a tomarse fotos con las eólicas se siente triste y frustrada, la lucha para que respetaran las tierras de sus ancestros se acabó y nadie —casi nadie— escuchó sus reclamos.

El pueblo lenca de Santa Ana cuenta con un título ancestral que data de 1882, este título les da pleno derecho sobre sus tierras; además, como pueblo indígena están amparados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que ante la instalación de proyectos de cualquier índole sobre sus tierras, será obligatoria la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona de instalación. Sin embargo, en 2008 cuando empezaron a convocar a reuniones de socialización del proyecto, nadie les consultó si querían esa instalación en sus tierras, solo les dijeron que sería «lo mejor que podría pasarle a Santa Ana» y luego desaparecieron por un par de años.

Un grupo de vacas camina frente a la entrada principal del plantel de Energía de Honduras en Santa Ana, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Mercidia Lagos (46) hace tortillas en su hornilla, la vida —explica esta panadera y ama de casa— antes del las eólicas era distinto: silenciosa y sin sombras recorriendo sus hogares durante las tardes de todos los días, San Ana, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La empresa encargada del proyecto fue Energía Eólica de Honduras, una subsidiaria de la empresa Globeleq Mesoamérica Energy, con registro público en Las Bermudas, según un documento de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia al que tuvo acceso el medio centroamericano El Faro para uno de sus reportajes. En un principio este proyecto estaba destinado a tener una capacidad instalada o potencia máxima de 102 megavatios de energía y en ese contexto instaló 51 aerogeneradores en las montañas que rodean las tierras lencas, en 2013 se dio una ampliación en el tiempo del contrato y se instalaron 12 turbinas más para completar uno de los parques eólicos más grandes de Centroamérica con 126 megavatios de potencia instalada.

Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), en Honduras hay una potencia instalada de 2638 megavatios pero la reducción de la generación a causa del clima en las hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas, deja la potencia firme en 1600 megavatios. Esto supone 100 megavatios menos de lo que se necesita para la demanda de energía en el país. Esa fluctuación de energía no representa ninguna pérdida para los generadores que en los contratos firmaron garantías para que se les paguen costos fijos por la potencia instalada. Por ejemplo, en el contrato que firmaron Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la Honduras, y Jay Gallegos, representante de Globeleq Mesoamérica Energy se estipulaba que ante una posible privatización de la ENEE, el gobierno garantizaría el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, pasara lo que pasara.

Doña Sandra tiene otra perspectiva de las estrategias de las empresas de energía renovable y la forma en que aventajan cualquier situación. Las familias se han quejado por el ruido insoportable de las turbinas durante la noche, la sombra intermitente que se mete a las casas provocando dolores de cabeza y los cimientos de concreto de las torres que han provocado que el suelo se vuelva infértil para la siembra.

A solo unos metros de la zona de ampliación del parque eólico, en San Buenaventura, vive Bairon y su familia. Cuentan que les ha tocado acostumbrarse al desvelo provocado por el motor y aspas del monstruo productor de energía de 80 metros de altura, «uno se acostumbra», dice la mamá del joven mientras hace tortillas en el fogón de su cocina. Desde el aerogenerador más cercano al terreno familiar, donde se ubica su pequeña casa, se puede ver la totalidad del parque eólico instalado. Bairon señala los lugares donde jugaba cuando era niño, en los tiempos donde todo estaba lleno de árboles. «Hemos tenido reuniones donde hemos solicitado que ejecuten la reforestación que habían prometido. Solo prometen y nunca vienen».

Byron (30) muestra un recibo de energía eléctrica pagado por la suma de 875.79 lempiras, Santa Ana, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Energía de Honduras paga alquiler a quienes no vendieron sus propiedades, pero los impuestos al Servicio de Administración de Renta (SAR) lo cubren las personas y no la empresa, Santa Ana, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Mientras caminábamos por las periferias del hospital -en su ciudad, en su país- no pude evitar sorprenderme por todo lo que miraba a los alrededores: farmacias y laboratorios clínicos por doquier, un gimnasio, restaurantes y cafeterías, tiendas de ropa y utilidades, un parque comunitario, un cuartel de bomberos. Nada fuera de lo normal. En realidad se trataba de un complejo mío, de entristecerme recordando eso que veía yo en mi ciudad.

Ella, mujer, habría querido tener la posibilidad de tomarme de la mano para cruzar la calle, darme un beso que llevara un poco de lujuria un poco de encanto integrado; a mí, mujer, que a veces también quiero besarla en público y tocarle el trasero, y que de hecho a veces lo hago porque en realidad puede hacerse, aunque implique mil miradas encima. Miradas que a veces pueden dar igual, pero a veces dan asco, tanto asco que ya no siento ser yo el motivo del estorbo, sino ellos que están allí y que miran.

El 2019 cerró con la abrumadora cifra de más de 300 feminicidios. Para el 25 de enero del 2020, fecha que conmemora una de las primeras conquistas de las mujeres en Honduras, ya se habían reportado al menos 23 muertes de forma violenta de mujeres cuyas edades rondan entre los 15 y 35 años. Y si los impactos de la criminalidad en Honduras resultan devastadores por el hecho de ser mujer, ¿qué implica entonces ser mujer y lesbiana, sino una lucha constante por vivir?

A los diversos factores de riesgo que viven las mujeres, hay que sumar ahora las formas de discriminación, hostigamiento, marginación, estigmatización y violencia sistemática a las que son expuestas las lesbianas y toda la comunidad LGTTBI, tanto en el seno privado como en el público. Si bien las lesbianas aparentan ser el grupo menos afectado por la violencia extrema dentro de la comunidad, el Informe sobre muertes de la comunidad LGTTBI, 1994-2019 presentado por la Red Cattrachas, registra 38 casos de un total de 325 personas del movimiento LGTTBI asesinadas, que representan 38 compañeras que fueron víctimas tanto de ejecuciones, acribillamientos, violaciones, apuñalamientos, golpes, lapidaciones e incluso machetazos.

Más aún cuando el Estado ha sido el mayor responsable de restringir y coartar los espacios de empoderamiento de las distintas instituciones del movimiento LGTTBII bajo la fórmula del «estira y encoge». Para el caso, solo basta recordar lo ocurrido luego de que el Poder Ejecutivo otorgara reconocimiento legal a las asociaciones en el año 2004, y que tuvo por respuesta la reforma de los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República, para invalidar y prohibir el reconocimiento marital y de hecho, así como la adopción por parte de personas del mismo sexo. Todo lo anterior, con la finalidad de «proteger a la familia hondureña».

Proteger a la familia hondureña, ¿pero de quién? ¿de una oleada de personas, de mujeres, que solo buscan vivir y dejar vivir? Porque entienden que proteger es realmente obligar. Obligar a vivir como no vive el resto: en una situación de desigualdad, de incertidumbre tanto humana, como social y jurídica.

Miraba tratando de asimilar que, en realidad mi sorpresa no tenía ninguna razón, seguramente en cualquier parte del mundo ese tipo de negocios son los que se encuentran a las afueras de un hospital. Entonces, le pregunté:
-Adiviná qué se mira por todas partes cuando una sale del Hospital Escuela en Tegucigalpa.

-¿Farmacias? —preguntó.
-No —le dije—. Funerarias. Hay montón de funerarias y funerarias por todo ese bulevar. ¡Ja, ja! Es la marca país.
Me observó un momento y guardamos silencio.
Nada fuera de lo normal. Porque en Honduras, la muerte es el negocio más rentable.

Texto: Otto Argueta y Knut Walter*

Portada de: Voanoticias

Ahora que las cifras de homicidios en los tres países del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) dan muestras de una reducción, la subregión parece no dejarse perder en el olvido del tercer mundo. Honduras y Guatemala han sido escenarios de escándalos de corrupción que alcanzan a presidentes o a sus familiares cercanos y el narcotráfico es un factor determinante en las relaciones políticas en todos los niveles. En El Salvador, el país que parecía libre de crisis políticas, recientemente el presidente Nayib Bukele se encargó de hacer tambalear la institucionalidad al irrumpir en la Asamblea Legislativa rodeado de militares para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo millonario para impulsar las políticas de seguridad de su gobierno.

Los gobiernos de Honduras y Guatemala, apoyados por la clase política, algunos empresarios y grupos sociales, han resistido –hasta terminarlas– a las dos comisiones internacionales creadas para apoyar y fortalecer la investigación de la corrupción en los sistemas políticos. Honduras arrastra la crisis política heredada del golpe de Estado de 2009 y que se profundizó con la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández en 2017.

Desde 2015, Guatemala entró en una fase de regresión de los avances logrados en materia de reducción de la impunidad luego de que el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueran retirados de sus cargos por haber sido acusados de dirigir una extensa red de corrupción en el país. El gobierno de Jimmy Morales se encargó de liderar una cruzada contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, que unificó a diversos sectores que antes, si bien no simpatizaban, al menos no rechazaban la existencia de la comisión. El Salvador era el único país centroamericano – excepto, claro, Costa Rica, la eterna excepción – que había venido respetando (más o menos al pie de la letra) la receta de la democracia representativa, pluralista y civil, desde 1992, cuando terminó la guerra. Si bien asediado por las elevadas tasas de homicidio en ese país, la alternancia de gobiernos entre ARENA y el FMLN fue muestra de que la institucionalidad democrática, la formal y procedimental, no estaba en riesgo.

La toma de posesión de Nayib Bukele, de hecho, dio signos de que el sistema de partidos políticos en El Salvador, dominado tradicionalmente por partidos situados en los extremos del espectro ideológico, entraba en una fase de cambio. Bukele, anterior alcalde de la ciudad de San Salvador por el FMLN, del cual se desligó para postularse como presidente con un partido propio, Nuevas Ideas, en alianza con la GANA, partido del expresidente por ARENA, Elías Antonio Saca (2004-2009), alcanzó la presidencia con un 53 por ciento de los votos en primera vuelta. Pese a los vericuetos de su trayectoria política con partidos tradicionales, el triunfo de Bukele representa un rechazo al bipartidismo y una forma antisistema y polémica de hacer política.

Es así que, el 9 de febrero de 2020, a siete meses del inicio de su gestión, Nayib Bukele se presentó en la Asamblea Legislativa acompañado por militares fuertemente armados para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo millonario para continuar un plan de seguridad que es la explicación oficial de la disminución de homicidios en el país. Con grandes aspavientos, gestos dramáticos y frases explosivas, el presidente Bukele hizo alarde del apoyo popular y militar que goza -además de contar con el consejo político directo de Dios- y aludió al derecho a la insurrección establecido en la Constitución Política de la República.

¿Capricho o personalidad histriónica de un gobernante? ¿Acto desesperado por falta de apoyo político en la legislatura? ¿Crisis de legitimidad o capacidad política? ¿Reacción ante la posibilidad de que la impunidad sea combatida?

En cualquiera de los casos, el uso de los militares como mecanismo de presión política (operativa o simbólica) es posible porque existe la prerrogativa constitucional de hacerlo y porque existen, aún, fuerzas militares que en lugar de reducir su poder, lo han recuperado luego de unas reformas militares circunstanciales en la historia política de los tres países. El problema entonces es de mayor envergadura, ¿cómo sobrevive una democracia cuando son los militares los que saltan a la escena política en momentos de crisis y no las instancias políticas y estatales bajo dirección civil que supuestamente tienen la obligación de mantener el régimen constitucional?

Jimmy Morales, el anterior presidente de Guatemala, apareció el 31 de agosto de 2019 en cadena nacional de televisión y radio acompañado de la plana mayor del Ejército Nacional de Guatemala para anunciar la no renovación del acuerdo que permitía la existencia de la CICIG en el país. Posteriormente desfilaron vehículos militares frente a la sede de dicha comisión. El nuevo presidente Alejandro Giammattei, siguiendo el impulso de Morales, ha nombrado a importantes personajes militares en puestos del gabinete de gobierno que desde la firma de los Acuerdos de Paz habían estado bajo conducción civil. En Honduras, Juan Orlando Hernández ha entregado a las Fuerzas Armadas una cuota de responsabilidad por la seguridad pública a través de la creación de una Policía Militar; también se le ha encargado al Ministerio de Defensa la ejecución de una serie de programas educativos y agrícolas. Las constantes protestas sociales en Honduras, especialmente las derivadas por la reelección de Hernández, han sido reprimidas por fuerzas militares, con un saldo de 22 muertes y otras violaciones a los derechos humanos de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH.

La afrenta de Bukele a la independencia de los órganos del Estado -pilar fundamental del orden democrático- en El Salvador, despierta una preocupación histórica en los tres países y que parece ser el despertar centroamericano del dragón dormido: la participación de los militares en la política.

Fotografía tomada de Plaza Pública. 30 de agosto, día en que Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG.

Con conflicto armado o sin él: los militares sostienen el orden político

Honduras se ha excluido de los análisis del postconflicto centroamericano por el hecho de no haber tenido un conflicto armado interno como lo hubo en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, con la excepción de Costa Rica, que en 1948 disolvió su ejército, todos los estados de la región transitaron por la segunda mitad del siglo veinte bajo el amparo de sus fuerzas armadas. En Guatemala y El Salvador, fueron los militares quienes a través de una seguidilla de golpes de Estado controlaron la conducción política de los gobiernos en el marco de contrainsurgencia. En Honduras, los golpes militares estuvieron siempre en función de la competencia electoral de los dos partidos políticos tradicionales.

En El Salvador y en Guatemala hubo reformas militares promovidas en el marco de los Acuerdos de Paz y en Honduras, que no tuvo ese proceso con la misma formalidad, se hicieron reformas al Ejército durante el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) para reducir el poder la institución armada ese país. Estas reformas tuvieron diferentes resultados en cada país. La reforma militar en El Salvador fue la más prometedora en la región ya que el balance de fuerzas entre el gobierno y la guerrilla – y el peso de los Estados Unidos en esa negociación– logró reducir la injerencia de los militares en la transición a la democracia y darle a los civiles un mayor protagonismo. En Guatemala, el balance de la guerra fue favorable para que los militares postergaran por muchos años más las esperadas reformas (la reducción del número de efectivos militares se alcanzó, al menos formalmente, hasta el gobierno de Óscar Berger (2004-2008). El resultado fue una transición tutelada por militares que de forma cada vez menos explícita, ejercían una importante influencia en los partidos políticos o en puestos de asesoría en dependencias clave del Estado. En Honduras, las reformas fueron limitadas pero importantes en ausencia de un proceso formal de reforma al sector seguridad. Por ejemplo, se creó la Policía Nacional Civil separando esa función de los militares y se abolió el servicio militar obligatorio, además de que el país pasó a formar parte del Tratado Marco de Seguridad Democrática.

En los tres países, la reforma militar fue parte de una expectativa de cambio democrático, necesaria en vista de la larga historia de poder político que los militares ejercieron durante el siglo veinte. Pese a esos cambios, las fuerzas militares lograron preservar un rango constitucional que ha sido una de las fisuras más importantes en el diseño institucional de la democracia en estos países. La seguridad pública interior o el orden público (diferentes términos para referirse a lo mismo) es una función constitutiva de las fuerzas militares consagrada en los textos constitucionales de los tres países. Lo es también el que serán las fuerzas militares las encargadas de hacer valer el funcionamiento de los órganos del Estado cuando las circunstancias así lo ameriten (la redacción es diferente y ambigua en cada caso, pero al final, la posibilidad de injerencia es la misma). En los tres países, el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, algo que parecería normal si no fueran estos unos países con larga tradición caudillista y centralista que hacen del Ejecutivo, órgano del cual dependen las Fuerzas Armadas, la más importante instancia de poder político del Estado. Poco quieren estos países para que sus presidentes intenten sobrepasar sus funciones y hasta sus períodos de gobierno. El clientelismo y la política patrimonial hacen del Ejecutivo un centro de negociación para todos los asuntos relacionados con la corrupción y los partidos políticos, que tienen la representación en los órganos legislativos, son maquinarias de negocios que instalan en dicho órgano a un gerente más que a un presidente.

Ejércitos policías en países sin guerra

La participación de los militares en el control del orden público tiene una larga historia en esta región. Sin embargo, fue durante las décadas de 1940 y 1950 que se atribuyeron funciones específicas de orden público y otras de mantenimiento del orden constitucional a las Fuerzas Armadas. En el caso de El Salvador, los términos varían desde orden público y seguridad interna hasta paz interna. Todos son conceptos ambiguos que los textos constitucionales no definen con precisión pero que han justificado la función militar en materia de seguridad pública. De hecho, la misma función es delegada a la policía, la cual en algunas ocasiones fue suprimida, en otras condicionada a los militares o bien, inexistente hasta este momento como es el caso de Guatemala.

Con excepción de la guerra breve entre Honduras y El Salvador en 1969, los tres países no han enfrentado amenazas externas de orden bélico. Más bien, fueron los conflictos armados internos los que justificaron el crecimiento de los ejércitos durante la segunda mitad del siglo veinte acompañado por un proceso de cambios en su naturaleza y organización con miras a modernizarlas. En Guatemala la función de seguridad interior fue incluida en la constitución de 1945, pero ya desde antes las fuerzas militares eran las responsables del orden público. La misma situación ocurrió en Honduras en la Constitución de 1957, en la que se insertó un apartado especial para las Fuerzas Armadas a quienes se les delegó la función de orden público y se les obligó a acatar las órdenes del presidente de la República. Se estableció que la Policía sería civil y encargada del orden público y que el Ejecutivo podría someterla a un régimen militar cuando fuera preciso mantener el orden público y fuera necesaria la defensa de las instituciones democráticas (Art. 97). La Constitución de 1965, producto de un gobierno de facto, suprimió todos los artículos relacionados con la Policía y otorgó a las Fuerzas Armadas el control absoluto de las funciones de seguridad. Fue hasta la Constitución de 1982 que la Policía recobró su estatus constitucional. En El Salvador, desde 1950 se le delegó a la Fuerza Armada el mantenimiento del orden público, la seguridad y el cumplimiento de todas las garantías constitucionales, especialmente la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. En la Constitución de 1983 se separaron las funciones de defensa nacional y seguridad pública en ministerios diferentes. Después del Acuerdo de paz en 1992, la seguridad pública quedó adscrita a la Policía Nacional Civil, creada como institución independiente de la Fuerza Armada. Si bien la Constitución vigente de El Salvador no delega la función de seguridad pública en la Fuerza Armada, establece que el presidente puede disponer de ella para ese fin cuando los medios ordinarios se han agotado. Su uso será temporal y excepcional y la Asamblea Legislativa podrá disponer el cese de tales medidas excepcionales. En las reformas siguientes se introdujo el concepto de paz interna cuya garantía se delegó a la Fuerza Armada.

Una de las expectativas que generó la transición a la democracia fue la reducción del poder militar tanto en lo político como en el uso de la fuerza. Se puede entender que en el proceso de formación de estos estados, los militares tuvieran el control del orden público porque esos procesos fueron todo menos democráticos. Sin embargo, la transición a la democracia supuso la superación de esos legados. Las policías civiles fueron creadas para asumir las funciones de seguridad interna. Sin embargo, en los tres países la delegación constitucional de esa función siguió recayendo en última instancia en las fuerzas militares. En Guatemala, el artículo 244 de la Constitución, que determina que la seguridad interior del país es parte constitutiva de los fines del Ejército, fue uno de los sometidos a referéndum en 1999. También se incluyó darle un estatus constitucional a la Policía Nacional como el único cuerpo policial armado con competencia nacional encargado de mantener el orden público y la seguridad interna. Con solo un 18.6% de participación ciudadana, todas las reformas constitucionales fueron rechazadas. En El Salvador no hubo referéndum pero sí una serie de reformas constitucionales asociadas con el Acuerdo de paz de 1992, una de las cuales delegó en la Fuerza Armada el mantenimiento de la paz interna en situaciones excepcionales. En Honduras 21 reformas a la constitución desde 1982 no cambiaron la delegación del orden público a las Fuerzas Armadas.

Desde la década de 1990, la violencia social en los tres países fue escalando paulatinamente hasta alcanzar los niveles más altos del mundo mientras que las instituciones policiales nunca lograron asumir por sí mismas la función de seguridad interna sin depender de la presencia militar. Incluso en El Salvador, que llegó a tener la mejor institución policial de los tres países, los militares fueron desplegados como apoyo -transitorio- para la seguridad pública durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). En Guatemala los militares centraron sus recursos en la seguridad pública y en Honduras se ha llegado al extremo de crear una policía militar justificada por la cooptación de la Policía Nacional por el crimen organizado y a pesar de un proceso de depuración de dicha institución.

Son divergentes los resultados en materia de expectativas democráticas, especialmente cuando la seguridad pública ha sido presentada como el principal problema que explica la precariedad social y económica de la región. Los presidentes de los tres países han ocupado el cargo después de campañas que ofrecen «mano dura» para restituir la seguridad pública (léase más militares y policías a las calles), y también han justificado su fracaso aludiendo impedimentos políticos y económicos que no les permitieron ser lo suficientemente duros en la materia.

Fuerzas Armadas: la muleta de la democracia en el Triángulo Norte

La democracia se fundamenta sobre otra premisa básica: una democracia se controla y estabiliza con más democracia. Cuando un gobernante hace uso de los militares para hacer valer su poder frente a la sociedad o bien frente a otro órgano del Estado, no se construye democracia, al contrario, se debilita o se perpetúa lo que en términos centroamericanos se conoce como la democracia tutelada.

Además de la seguridad pública, los estados de estos tres países han reservado prerrogativas constitucionales para que sean los militares quienes, en última instancia, preserven el orden constitucional y democrático. Sin embargo, la definición de inestabilidad o transgresión del orden constitucional raras veces ha sido definida por órganos competentes e independientes como las cortes constitucionales. Las constituciones de Honduras y El Salvador (la de Guatemala no) incluyen el derecho a la insurrección del pueblo para defender la alternabilidad en la presidencia y el orden constitucional, pero han sido los militares, a través de sus golpes de Estado, quienes se han insurreccionado amparados en su mandato constitucional. Las guerrillas de la segunda mitad del siglo veinte se insurreccionaron en nombre del pueblo y fueron fuertemente combatidas -junto con el pueblo- por los militares.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras sale a dar conferencia de prensa para desligarse de acusaciones por narcotráfico, rodeado del ministro de Seguridad, el militar Julián Pacheco Tinoco y el ministro de Defensa, General Fredy Díaz. Agosto 2019.
Foto: Martín Cálix/Contracorriente.

En Honduras, el golpe de Estado de 2009 fue ejecutado por militares cuando se determinó que un intento por incluir una urna para decidir la posibilidad de reelección era un atentado al orden constitucional. Sin embargo, no hicieron lo mismo cuando se hizo la reelección del actual presidente en medio de una polémica sobre la legalidad de la misma. Los militares acuerparon al presidente Jimmy Morales de Guatemala cuando anunció el fin de la CICIG, situación que nadie había decretado como inconstitucional. Y ahora, el presidente Bukele fue acompañado por militares para presionar a otro órgano del Estado, acción que ya la Sala de lo Constitucional definió como incorrecta en términos constitucionales.

Los golpes de Estado militares se han amparado históricamente –ya sea de manera explícita o implícita– en los artículos constitucionales que dan derecho a la insurrección en El Salvador y Honduras. En Guatemala los militares no necesitaron ese aval para ejecutarlos. En la novísima era democrática de la región, es posible que los militares no vuelvan a usar ese recurso. Tal vez Dios o Estados Unidos les aconsejen a tiempo que no es conveniente. Sin embargo, son los gobernantes civiles quienes hacen uso de los militares en tiempos difíciles, debidamente amparados por las prerrogativas constitucionales que transitaron intactas a la era de la democratización.

Las Fuerzas Armadas han sido las instituciones más sólidas en los tres países al punto que sus funciones rebasan todo orden de carácter militar o de seguridad y asumen funciones que son propias de otras instituciones que, al contrario, han perpetuado su debilidad. En Honduras, la Constitución le permite a las Fuerzas Armadas asumir funciones que están fuera de todo orden militar, como la alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, viabilidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria si las instituciones destinadas para esos fines lo solicitan (Art. 274). Durante los últimos años, los militares hondureños han estado a cargo de extensos programas educativos y recientemente serán los encargados de desarrollar programas agrícolas para reactivar la economía en el campo.

Los textos constitucionales ambiguos también abren las puertas para la incursión de los militares en la política interna. La Constitución de 1983 en El Salvador intentó aclarar las disposiciones de las constituciones anteriores que le encargaban a la Fuerza Armada el cumplimiento de la ley, el mantenimiento del orden público y la garantía de los derechos constitucionales. Sin embargo, la situación terminó siendo aún más riesgosa en términos democráticos dado que la Constitución vigente dispone en el Art. 212 que «Los órganos fundamentales del Gobierno mencionados en el Art. 86 [legislativo, ejecutivo y judicial] podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado, dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia, para hacer cumplir esta Constitución». En esas circunstancias cada órgano puede hacer uso de la Fuerza Armada, pero ¿a quién responderá en última instancia cuando el conflicto sea entre dos órganos, como es el caso del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa de El Salvador? No es poca cosa el que el presidente es el comandante general de una Fuerza Armada, obediente y no deliberante, y que ésta depende del Ejecutivo tanto administrativa como financieramente. Habría que ver qué hace la Fuerza Armada si es el órgano judicial o el legislativo el que le ordena que haga cumplir al Ejecutivo sus funciones. Como se dijo antes, en países de tradición centralista, caudillista, personalista y clientelista es difícil que los presidentes enfrenten una situación así.

Obedientes y no deliberantes

Los militares en estos y en cualquier país latinoamericano respetan la Constitución Política. Otras leyes secundarias o normas internacionales, como las de derechos humanos, pueden ser reconsideradas si las circunstancias en tiempos difíciles así lo ameritan y si la orden deviene de la autoridad competente (el presidente de la República es comandante general de las Fuerzas Armadas) que se ampara en el texto constitucional.

Eso en El Salvador, Honduras y Guatemala es un arma de un solo filo. Los tres países están siempre en tiempos difíciles. La seguridad pública fue desde la transición a la democracia la mejor excusa para sostener instituciones armadas que superan en recursos y poder a otras instituciones que bien pudieron haber sido fortalecidas para atender las causas sociales de la delincuencia, la criminalidad e incluso el narcotráfico. La demagogia de las nuevas amenazas que dominó el debate en la década de 1990 sentó las bases para justificar la presencia militar en materia de seguridad pública. Como si se tratara de una tabula rasa, gobiernos, sociedad civil y comunidad internacional consideraron que luego de terminar los conflictos armados surgieron amenazas que antes no existían y que además eran producto del entorno global y no de los déficits estructurales no resueltos en cada país. La narrativa del carácter transnacional de los problemas de inseguridad continúa y cada vez más los gobernantes se aplauden entre sí considerando que sus esfuerzos son dignos de imitar. Alejandro Giammattei apoyó públicamente la acción de Nayib Bukele el 9 de febrero justificando que era necesario para combatir el problema común de las pandillas.

Los tres países están sorteando siempre la presión social que produce la precariedad de sus modelos económicos. El Salvador y Honduras (Guatemala en menor medida) se caracterizan por economías y sociedades abiertas al mundo, países importadores de grandes volúmenes (relativamente hablando) de bienes de consumo y energéticos así como exportadores de grandes contingentes (relativamente hablando) de personas, una emigración que alivia las presiones sociales internas y permite costear, a la vez, las importaciones de las cuales dependen tantas personas que se quedan en estos países. Pero los flujos migratorios se están reduciendo. El viaje a Estados Unidos por rutas informales cada vez más peligrosas ahora se ha vuelto prácticamente imposible gracias al endurecimiento de las políticas migratorias de Washington, que la Unión Europea también comenzará a imitar el año entrante. Si los frenos a la migración hacia Estados Unidos se mantienen después de 2021, los tres países tendrán que hacer lo imposible por diseñar e implementar políticas de desarrollo que efectivamente eleven la tasa de crecimiento económico y mejoren la distribución de ingresos y servicios en lo que ahora son sociedades de grandes desigualdades. En otras palabras, crear las condiciones y las oportunidades para que la ciudadanía sustituya las perspectivas asociadas con la emigración y el sueño americano por otras, más modestas pero seguras, que puedan concretarse en el país mismo.

Finalmente, se demostró que la corrupción, que hasta hace algunos años parecía estar blindada por la impunidad, no era imposible combatirla. Presidentes encarcelados o fugados, familiares de presidentes condenados por lavado de activos y narcotráfico, ministros civiles y militares en prisión y una amplia gama de funcionarios y empresarios enjuiciados y condenados por financiar partidos políticos y campañas electorales y obtener contratos con el Estado de forma anómala, todo esto ha abierto fisuras en el muro de la impunidad. La reacción ha sido la vuelta al antiguo régimen: terminar con las comisiones internacionales, hacer comisiones locales contra la corrupción de dudosa capacidad e independencia y, por supuesto, mostrar el músculo militar cuando ha sido necesario.

La presión social que se traduce en protestas e inestabilidad del orden público alude al mandato constitucional de que son las Fuerzas Armadas las llamada a preservarlo. Los gobernantes tienen sus propios problemas circunstanciales: Nayib Bukele debe mostrar resultados en el corto plazo si quiere conservar el apoyo de sus seguidores en redes sociales porque no cuenta con apoyos en el órgano legislativo y gobierna un país desfinanciado; Juan Orlando Hernández enfrenta la sombra de su relación (familiar) con el narcotráfico y la corrupción y la tentación de un tercer período presidencial, por inconstitucional que pueda ser y Alejandro Giammattei asumió el gobierno de un país que tiene los arañazos que la CICIG le dio al Leviatán de la corrupción guatemalteca y que ahora muestra su fuerza, un legado del expresidente Jimmy Morales.

El mayor riesgo para la democracia en estos países es la paradójica combinación de gobernantes electos a través de procedimientos democráticos pero carentes de legitimidad (suponiendo que la legitimidad no proviene únicamente del voto) y la existencia de poderosas Fuerzas Armadas, constitucionalmente obedientes y no deliberantes. Una paradoja que ocurre en contextos de crisis de gobernanza agravada por una reducción de la emigración que hasta ahora ha apuntalado la estabilidad económica y en donde son los militares el fiel de la balanza y la institución delegada para la defensa de la democracia y el orden constitucional. Esa combinación en nuestros contextos podría despertar al dragón dormido, ese que conduce a soluciones de corte autoritario y no democrático que ya hemos conocido ampliamente en la historia de estos de países. Que sea esta una situación cómoda o incómoda para las Fuerzas Armadas es algo que está por verse.

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* Knut Walter. Historiador. Ha sido docente en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Es autor de varios estudios monográficos de historia centroamericana moderna, especialmente de El Salvador y Nicaragua, y coordinó la elaboración de textos de historia salvadoreña y centroamericana.

La aprobación del proyecto de ley de Consulta Previa e Informada (LCPI) pronto se estará discutiendo entre los legisladores del Congreso Nacional, después de dos años de permanecer en proceso de estructuración y socialización.

En 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entregó a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, a través de una conferencia de prensa, la iniciativa de anteproyecto de Ley sobre consulta previa libre e informada; que es la que actualmente entrará en debate.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ya habían hecho un anteproyecto de este tipo antes, sin embargo no se tomó en cuenta a la hora de constituir el actual.

Según una nota publicada por la página del Congreso Nacional, la LCPI tiene como objetivo «dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas y afro descendientes», además de brindarles espacios de participación.

Oscar Nájera, diputado del Partido Nacional que dirige la Comisión Especial que dictamina el anteproyecto, aseguró que por primera vez en la historia se logró un consenso con 10 pueblos indígenas, sin embargo días después de dar esas declaraciones, representantes de organizaciones de comunidades originarias, protestaron afuera del Congreso Nacional exigiendo que no se apruebe la propuesta de LCPI.

En los últimos años, el respeto y la regulación del Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido una demanda ante los conflictos socioambientales originados por la falta de consulta a comunidades cuando proyectos extractivistas son desarrollados. El caso más extremo fue el asesinato de Berta Cáceres, fundadora del Copinh, que se oponía a la instalación de una hidroeléctrica en territorio lenca.

Contra Corriente (CC) conversó con Olivia Zúniga Cáceres (OZC), hija de Berta Cáceres y ahora diputada en el Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Olivia forma parte de la Comisión de enlace con pueblos indígenas y afro hondureños del Congreso y desde allí se opone a un dictamen favorable porque considera que este proyecto de ley es inconsulto con los pueblos, corrupto e ilegítimo.

Olivia Zúniga Cáceres, diputada al Congreso Nacional por el departamento de Intibucá, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 12 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: ¿Cuál es el panorama general de los proyectos extractivistas en el país actualmente?, ¿qué acciones legislativas deberían generarse para evitar problemas en las comunidades?

OZC: Se ha impuesto una política extractivista en función de los intereses de las grandes transnacionales, de los monopolios, de la empresa privada, de accionistas de políticos corruptos que se han prestado para ser funcionales al sistema extractivo y beneficiarse con las ganancias; porque ahora dedicarse a la explotación de recursos hídricos y energéticos es realmente uno de los negociazos más grandes en este país. El golpe de Estado se da precisamente para imponer ese modelo extractivista.

Aunque seamos minoría, aunque no seamos la principal fuerza en el Congreso tenemos que accionar: uno, a la hora de los debates, mostrando argumentos y dos, mostrando propuestas alternas a lo que ellos presentan. Me parece muy importante denunciar y visibilizar lo que está pasando ahí adentro, siento que muchas veces la gente no tiene idea del nivel de suciedad que es el tema de la imposición del modelo extractivo a nivel del Congreso Nacional.

Nuestro papel es contribuir para que el pueblo se informe, aunque vivamos en un cerco mediático, por ejemplo en mi caso, yo estoy super censurada en los medios de comunicación masivos en este país, por haber mencionado varias veces a los asesinos intelectuales en el caso del asesinato de Berta Cáceres que es mi mamá.

CC: Ha mencionado antes que con el asesinato de su madre, Berta Cáceres, incrementaron las intenciones de avalar a través de las leyes los proyectos de empresarios en zonas de comunidades indígenas, ¿cómo se ha ido desarrollando este proceso que mencionan?

OZC: Cuando surge el asesinato de Berta Cáceres, los ojos del mundo se ponen en Honduras, Juan Orlando inicia todo un proceso para lavar la cara a su gobierno que tenía una cara ensangrentada como un gobierno asesino de los líderes y lideresas ambientalistas de este país.

Juan Orlando toma una serie de medidas, acompañadas por los grupos empresariales, y los mismos organismos económicos e internacionales como la Unión Europea que respaldan todos estos procesos. Una de las cosas es este proyecto de ley, que es como para decirle al mundo «miren aquí vamos a poner este proyecto». El asesinato de Berta Cáceres paró proyectos y montón de financiamientos. A Honduras al gobierno le suspenden «ayudas» que se daban y la presión mundial es horrorosa.

Comienzan a tomar algunas medidas y entre ellas es este proyecto de ley de consulta. Eso se agudiza inmediatamente después del asesinato de Berta Cáceres, el mismo Juan Orlando Hernández, habla de ello. «Hay que impulsar un proyecto de ley», pone a sus ministros y empiezan a trabajar con el COHEP, pero quien aprueba esto es el Congreso Nacional, entonces esto es como la última etapa.

CC: Se ha cuestionado la legitimidad de la representación indígena ante el gobierno con este proyecto de ley, ¿a quiénes se está tomando en cuenta y a quiénes no?

OZC: Hay Personas y organizaciones funcionales a los intereses de la narcodictadura, porque siempre hay una organización, por ejemplo CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras) que está avalando todo lo que el gobierno está haciendo y que prácticamente sus militantes son activistas del Partido Nacional. Ahora vienen de DINAFROH, que también era cachureca, a un lugar donde las personas que laboraron ahí, lastimosamente, ahora están en el Congreso; muchos son asistentes, otras son diputadas, como el caso de la doctora Ivana Bermúdez, que viene de esos espacios.

Ahí estuvo Gloria López – haciendo referencia al proceso de socialización – esta persona del Partido Nacional que ataca la memoria de Berta Cáceres de manera permanente, que es mandadera de Juan Orlando Hernández, junto con otro grupo de organizaciones que pecaban por ignorancia.
OFRANEH y el COPINH se manifestaron en los bajos del Congreso porque tampoco van a ir a hacerle el juego a Oscar Nájera, a salir en una foto, en un video, abrazándose con él y haciéndole la patarata.

La líder misquita, Marlene Zelaya, durante el chequeo por parte de la seguridad del Congreso Nacional de Honduras, previo a dejarla entrar a una reunión con la comisión de socialización de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, junto a representantes del COPINH, OFRANEH y líderes tolupanes, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: En una publicación de OXFAM se asegura que este proyecto tiene incongruencias jurídicas, ¿qué incongruencias son estas?

OZC: El proyecto tiene incongruencias jurídicas que están explicadas por la relatora de pueblos indígenas. Una de las más grandes es que ¿cómo usted va a tener un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada que violente un marco jurídico internacional que está en rango constitucional, como el convenio 169 de la OIT?

Este proyecto de ley contravendría el mismo convenio 169 y la Constitución de la República, hay un artículo de la Constitución que habla de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, sus bosques y sus recursos naturales (Art.346). No se puede aprobar en un Congreso Nacional un marco jurídico interno que violente un marco jurídico internacional en un rango constitucional.

CC: ¿Qué es lo que se violenta del Convenio 169 de la OIT?

OZC: Violenta el derecho al consentimiento, a la libre determinación de los pueblos. En este caso, es el hecho de que no puede ser no vinculante la decisión de una comunidad, no puede decidir el Estado por un pueblo indígena.

OFRANEH y COPINH ya habían trabajado en un proyecto de ley de Consulta Previa e Informada, que se presentó el periodo pasado a través del exdiputado Rafael Alegría, este era un proyecto que era más representativo de los pueblos indígenas y respetando el convenio 169, después de presentarse se engavetó de inmediato.

CC: Usted comentó a un medio de comunicación digital que asistió a reuniones de la comisión especial que analizará este proyecto de ley, ¿Qué observó durante esas reuniones?

OZC: Nosotros ya como diputados de LIBRE llevamos un planteamiento. Nos habíamos reunido con organizaciones de sociedad civil que estaban observando este proceso y que lo declaran como un proceso irregular, también nos habíamos reunido con la alta comisionada de las Naciones Unidas, Soledad Pazo; nosotros exigimos que estuviera la alta comisionada que había emitido informes pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley.

Pues me fui de metida y bueno, ellos decían que sí a todo. Escuché las opiniones de los diferentes diputados miembros de la comisión. Los diputados del Partido Nacional prácticamente no sabían nada, solo iban a decir sí a todo lo que decía Oscar Nájera que es el presidente; lógicamente él sí sabe muy bien lo que se está jugando, es una persona que ha trabajado para el despojo de los pueblos indígenas en la zona norte del país y que mantiene su poder político y económico gracias al apoyo de estos poderes fácticos que están detrás.

Lo que hizo la alta comisionada fue una intervención muy larga, donde ella expuso el porqué no debe de ser aprobada, por qué se debería suspender del Congreso Nacional la discusión de este dictamen y por qué debería ser anulado.

El presidente de la comisión, el diputado Oscar Nájera, le dijo sí a todo; no había pasado ni una semana cuando ellos iniciaron el proceso de socialización. (…) Se fueron a meter a La Mosquitia, a la costa norte, reunieron a activistas del Partido Nacional y a gente desinformada que seguramente no tenían ni idea de a qué iban; levantaron firmas y con eso dijeron que habían socializado.

Bertha Zúniga —hija de Bertha Cáceres y líder del COPINH— sostiene en sus manos el documento con observaciones a la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, firmado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) presentado a la comisión de socialización de la ley por parte del Congreso Nacional, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: Han hecho referencia a que el Estado no está siguiendo las recomendaciones de la Relatora de Pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, ¿qué recomendaciones dio ella al respecto y de qué manera se están incumpliendo esas recomendaciones?

OZC: Una es que no se apruebe ese proyecto de ley, lo otro prácticamente es denuncia de los asesinatos y de persecución. Ella argumentaba que no se debe aprobar porque se estaba haciendo de manera viciada. Dice en su informe en la tercera página en los últimos párrafos, que la forma en la que se está realizando este proyecto de consulta es con activistas afines al gobierno que están firmando documentos.

Ella recomienda al Estado de Honduras que no se apruebe y que se suspenda de manera inmediata la discusión del proyecto de ley.

CC: ¿Qué transnacionales y empresas del país serían las beneficiadas tras la aprobación de este proyecto de ley?, ¿cree que están involucradas de alguna manera?

OZC: Salen beneficiadas todas las que quieran explotar los recursos. Aquí tenemos empresarios conocidos como Fredy Nasser y los Atala Zablah.

Las familias más poderosas de este país son las mismas que están vinculadas en actos ilícitos. No son una clase empresarial decente, son una clase empresarial que actúa como estructura criminal, como asociaciones ilícitas porque no les importa asesinar, destruir la cultura, poner sicarios, imponer el paramilitarismo, la militarización de nuestros territorios, amenazar a la gente, sobornar, dar dinero a cambio de voluntades, darle siete millones de dólares a un alcalde, por ejemplo, para que les apoye, hacerle mansiones, darle poder político y económico.

Hay un grupo empresarial multinacional que está interesado en el despojo, esto es algo grande, no es una lucha contra un diputado del Partido Nacional, es una lucha contra los mega poderes que operan en el mundo y que imponen el extractivismo bajo un modelo capitalista, racista y patriarcal, que cree que puede despojar de los derechos a los pueblos indígenas por ser indios o a los pueblos negros por ser negros, y no digamos el impacto que sufren la vida de las mujeres. Ellos están detrás, aquí verdaderamente la lucha es contra los poderes fácticos de este país.

CC: En un encuentro con organizaciones opositoras a este proyecto se habló sobre un plan estratégico de lucha desde el CN contra cualquier ley que pueda afectar a los pueblos y territorios del país ¿Qué acciones se han tomado para evitar que se apruebe la ley?

OZC: Nosotros, el próximo martes, tenemos una reunión para tratar precisamente este punto. Ya hicimos algunos aportes y hablamos de que parte de tomar esas acciones estratégicas es por la defensa ecológica de nuestros bienes naturales comunes y de nuestros pueblos originarios. No es un proceso fácil pero vemos que este proceso abre la ventana para crear un acercamiento entre las comunidades indígenas y que de esta manera se consolide un plan estratégico de lucha legislativa en defensa de nuestros bienes naturales. No es nada fácil, ya hay prácticas impuestas históricamente dentro del Congreso Nacional que no favorece este tipo de cosas. Ahí tenemos comisiones que botan el pisto, andan en todo Honduras, turisteando, gastando el dinero, andan en congresos móviles pero para esto – haciendo referencia a las capacitaciones- no hay presupuesto. Nosotros tenemos que gestionarnos solos.

Una de las cosas que hablábamos a finales del año pasado, es que los próximos meses teníamos que pensar seriamente en el tema ambiental. Libre tiene que permanecer en su demanda, en su proceso de protesta y denuncia a favor de la Madre Tierra y en contra de las amenazas neoliberales que se imponen en el Congreso a través de diputados que solo les interesa favorecerse económicamente.

CC: En las próximas semanas este proyecto de ley se someterá a discusión en el Congreso Nacional, ¿cuál cree que será el dictamen legislativo sobre su aprobación?

OZC: El pueblo sabe, el pueblo no es tonto, eso será aprobado. Nosotros como bancada, aunque tengamos toda la capacidad de protestar y toda la voluntad de estar en contra. Ellos aprueban lo que quieren porque tienen la mayoría de votos, tienen las presidencias y los puestos claves dentro de las comisiones; son los que estructuran las comisiones especiales, entonces la gente tiene claro que eso va a ser aprobado.

Ashanty Crisanto, diputada del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, escucha atenta a una mujer garífuna que desde el otro lado de la verja es parte del grupo de personas que protestaron contra la Ley de Consulta Libre Previa e Informada aprobada por el Congreso Nacional de la República, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Texto editado de Casi Literal

Estaría en el kínder cuando aquel niño blanco, gordito, de pelo azabache e hijo de la señora que vendía las tortillas ya me arrancaba profundos suspiros y me despertaba la más ingenua candidez. Y es que desde que tengo uso de razón me han gustado los niños. Con los años, a raíz de entender que la cultura y el entorno tenían un enorme peso sobre nuestro inconsciente, no tardé en cuestionarme si mi orientación sexual en realidad era decisión mía o más bien el resultado del aprendizaje cultural. Recordé aquel maestro que me enseñó que la calidad de mis decisiones y opiniones estarían mediadas por el conocimiento que tuviera. Mientras más formada e ilustrada estuviera al respecto, mis probabilidades de tener criterios propios y libres de manipulación serían más altas. Fue entonces cuando me di la oportunidad de regalarme espacios, tiempos, libros y, sobre todo, personas y experiencias diversas. Concluí que la orientación sexual no se aprende, ni se decide, ni se elige y menos se prefiere. Tan solo se siente.

La mayoría de los estudiantes con quienes he trabajado, si no es que todos, provienen de hogares conformados por parejas heteronormativas. Me entristezco al ver en muchos de sus comportamientos pequeñas acciones que de forma temprana van evidenciando la ausencia de bondad, solidaridad y ternura. Estoy convencida de que la heterosexualidad no es garantía de tener sentido ético y que no existe ninguna evidencia que muestre una escala de valores superior en este grupo de personas. Por el contrario, los sonados casos recientes de abusos a menores no han sido provocados precisamente por personas LGTBI sino por una de las instituciones que, paradójicamente, más se ha jactado de promover la moralidad y las buenas enseñanzas: la Iglesia.

Con frecuencia se utiliza una conducta reprochable para justificar un odio que no tiene que ver con la conducta en sí sino con quien lo hace. Basta hacer una entrevista callejera y en segundos sabremos quiénes son los acosadores número uno a nivel mundial: los hombres bien heterosexuales, cuyas prácticas no parecen ofuscar ni ofender tanto al resto. De igual manera, todos hemos visto el tratamiento «especial» que se ha dado a los sacerdotes pederastas dentro de la iglesia. ¿Crítica? La más suave. Pero, vamos, que si Juan le da un beso en la boca a Pedro en el parque es un atentado imperdonable a la moral —aparte de asqueroso y repulsivo— ¿Niños abusados sexualmente? «Bueno, eso no lo es tanto y además podemos discutirlo».

«Las odio Lahurita», me comentaba una mujer. «Es que usted no sabe lo que es ser acosada por una persona así. Cada día del colegio aquella mujer no me quitaba la mirada de encima. Estaba obsesionada conmigo y por eso las detesto». De esta forma justificaba su odio a las lesbianas. La entiendo porque he vivido una situación muy similar, pero a diferencia suya, a mí me ha ocurrido prácticamente toda la vida. Ya quisiera yo que hubieran sido miradas libidinosas, pero no. Cientos de hombres muy «normales» y «bien» heterosexuales se han dedicado a acosarme desde que tengo uso de razón y, siendo una niñita, el hijo de trece años del ejemplar matrimonio cristiano y muy heterosexual de la casa vecina ya me había requetetocado el culo mucho más de un par de veces; pero no: no odio a todos los hombres por eso.

Uno de los principales mitos homofóbicos para justificar que no se debe permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo es decir que los menores van a adquirir las orientaciones sexuales de sus padres. El mensaje que predomina en quienes piensan de esta forma es que la orientación sexual se aprende a partir del ejemplo y lo único que se me ocurre pensar es que esa opinión surge de la experiencia propia. Imagino que todas las personas que sostienen ese argumento vieron a sus padres ser heterosexuales y lo aprendieron. De ahí que les produzca tanto pánico convivir y entender a las personas LGTBI. ¡Menuda y voluble heterosexualidad de quienes piensan así! No es mi intención cuestionarles si así lo han vivido, pero me es imposible entenderles porque mi experiencia ha sido completamente diferente.

¿En qué momento el amor se convirtió en pecado? Que los prejuicios y fanatismos pretendan convencernos de que hay maldad en amar a otro ser humano es reírse un poco de nuestra capacidad de razonar. La orientación sexual es un estado que se siente y, para sorpresa de muchos, puede ir y venir a lo largo de la vida. La gran mayoría de los problemas en el mundo surgen por la falta de amor, no porque lo haya. Una realidad debe quedar clara: heterosexuales y homosexuales vivimos el amor casi de la misma manera. No hay mayores diferencias y, por suerte, todos tenemos la posibilidad de sentirlo.

A finales del mes pasado, se dio a conocer que el Poder Ejecutivo envió una propuesta de ley al Congreso Nacional, solicitando suprimir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), esto tras presentarse un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el que se indicó que la institución muestra insostenibilidad y falta de solvencia por no contar con los recursos mínimos de funcionamiento, y con ello la ninguna posibilidad de recuperación. Esta insolvencia tiene parte de sus raíces en la corrupción.

La Comisión alega que para salvar la institución se necesitan más de 3 mil millones de lempiras, y afirman que de los valores activos que se encontraron cuando comenzaron su gestión administrativa como interventores de la institución (alrededor de 6 mil millones de lempiras), solo el 47% representaba valores reales, el otro 57% no existía como consecuencia de malas prácticas bancarias.

La solicitud del presidente Juan Orlando Hernández se origina en medio de casos de corrupción millonarios dentro de BANADESA, y con cuestionamientos por parte de los productores primarios del país sobre el interés del gobernante de intentar cerrar el banco por segunda vez.

El primer intento: una fusión con Banhprovi

No es la primera vez que sale a la luz la inviabilidad de la institución, el 31 de agosto de 2016 la CNBS realizó un informe sobre la situación de BANADESA, en el que se estipulaba que el banco no tenía posibilidades de atender de manera sostenible al sector agrícola y productivo, por ende esa situación afectaba la protección de sus depositantes y acreedores.

Un mes después, surgió la primera intención por parte del Ejecutivo en desaparecer la institución, a través de una propuesta de ley enfocada en la fusión entre BANADESA y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). En la nota de prensa compartida a los medios por parte del Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial se aseguró que Hernández estaba solicitando que BANHPROVI absorbiera BANADESA, afirmando que «la primera entidad financiera se ha posicionado como una institución sólida y de prestigio, (…) mientras que la segunda en los últimos años ha requerido un saneamiento financiero».

La propuesta no consiguió la mayoría calificada requerida para ratificarse, sin embargo, se creó el Decreto Ejecutivo PCM 084-2016, donde se estipuló la creación de una comisión interventora, como la actual. Posteriormente la comisión sugirió «nombrar (…) responsable de la administración del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola al Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda», no se logró una fusión pero sí una alianza administrativa donde el Consejo Directivo de BANHPROVI se comprometió a tutelar el total de los pasivos y activos de BANADESA.

Jorge Lobo, presidente de la actual Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional dio declaraciones en un medio de comunicación nacional, en la que afirmó que los productores no fueron favorecidos ante esa decisión del Poder Legislativo y sigue trayendo consecuencias a los préstamos actuales para los productores. «Desde que BANHPROVI agarró la administración, le empezaron a cerrar los créditos a la cartera (…) a la buena le decían que ya no había fondos para prestarle. Al final quien empezó a cercenar las posibilidades que BANADESA siguiera operando fue el Poder Ejecutivo» comentó en el medio televisivo.

Mayra Falck, actual presidenta de BANHPROVI llegó a encabezar esta intervención, pero antes que ella llegara a la presidencia del Banco de Producción y Vivienda, fue nombrada por el presidente Juan Orlando Hernández como vicepresidenta del Banco Central de Honduras en el 2016.

A pesar de que el Consejo Directivo de BANHPROVI ya no maneja la parte administrativa de BANADESA debido a la nueva intervención de la CNBS en la institución, José Segovia, expresidente de BANADESA reveló que cree que, ante la posibilidad de cierre del Banco de Desarrollo, ahora se utilice a BANHPROVI para actos de corrupción «porque vienen las próximas elecciones y seguramente va a servir para el mismo propósito», dijo en el foro televisivo Frente a Frente.

Segunda intervención: los 4 mil millones a las FFAA habrían sido suficientes

En febrero de 2019, nuevamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros intervino a BANADESA colocando nuevos administradores: Marco Antonio Cano y Roberto Antonio Jerez, con el objetivo –como sucedió después de no ratificarse la fusión con BANHPROVI– de que estos determinaran la situación financiera de la institución, y a partir de ello sugerir la resolución adecuada basándose en los resultados que se encontraran. Los administradores fueron nombrados inicialmente por 120 días – lo que equivaldría a cuatro meses, teniendo entonces como finalización el mes junio del año pasado– sin embargo, se les hizo dos extensiones en la administración, una después de estos 120 días y otra en noviembre del año pasado y que continúa vigente hasta la fecha. Cano estará dejando la administración este mes.

Entre lo que se encontró durante el año en el que la Comisión manejó la institución, están cinco mil expedientes que no cuentan con documentos, los cuales representarían la pérdida de 800 millones de lempiras, asimismo se encontraron casos de fraude, mal uso de los recursos del Banco y otorgamiento de créditos sin cumplir requisitos.

Además de esto, aseguran que la mora encontrada dentro del banco alcanza el 72% debido a las deudas por préstamos que no se han pagado.

Evin Andrade, superintendente de la CNBS, dijo a Contra Corriente que en BANADESA no hubo un procedimiento adecuado a la hora de otorgar créditos, porque no existió un proceso integral que permitiese el seguimiento y recuperación del dinero prestado por el Banco. «Si usted presta y no le pagan es imposible que pueda cubrir sus obligaciones, entonces lo que se crea es un desfase, lo que afectaría en sus patrimonios. Un banco para operar necesita 800 millones como base de capital mínimo, en el caso de BANADESA para alcanzar ese mínimo necesita poner 3,400 millones de lempiras porque tiene capital negativo. El mismo Código de Comercio establece que una institución que ha consumido su capital en las tres cuartas partes, es una institución técnicamente quebrada», dijo Andrade.

Por otra parte, Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), expresó a este medio que los pequeños y medianos empresarios no son los que tienen en bancarrota la institución, puesto que estos no solicitan préstamos de más de cien mil lempiras. El productor explicó que hay 88 grandes créditos de más de 3 millones de lempiras que sumarían un total de 640 millones, lo que significa 121 millones menos que los que solicitan por debajo de los cien mil. A pesar de esto, quienes se han acercado a pagar han sido en su mayoría los pequeños productores.

Además de esas pérdidas, las seis condonaciones que se dieron entre 1992 y 2008, por decretos en el Congreso Nacional, llegan a los 401 millones de lempiras, dinero que según Medina no se ha retribuido al banco por parte del Estado. De estas condonaciones, Marco Cano, actual administrador de BANADESA, afirmó en un programa de televisión la semana pasada, que no se conoce quiénes fueron las personas beneficiadas durante ese periodo de tiempo, porque en el 2013 hubo un cambio de sistema en el que se excluyó esa información. «Necesitábamos averiguar una información (…) enlazar a unos deudores actuales, porque la ley dice que si usted ha sido beneficiado por una condonación, BANADESA no le puede otorgar un crédito (…) pero cuando fuimos al sistema a rastrear para cruzarlo, el sistema no los tenía», explicó Cano.

Contrario a estas declaraciones, Evin Andrade ha asegurado que sí tienen nombres y registros, y que en ningún momento en ese proyecto legislativo se dijo que al que condonara no se le podría otorgar otro crédito.
Con estos datos presentados por la CNBS y la propuesta de Ley dirigida al Congreso para la supresión del Banco, Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, creó la Comisión Especial para Socializar y Dictaminar el cierre de BANADESA; esta nace frente a la ya creada Comisión de Agricultura y Ganadería liderada por el diputado nacionalista Jorge Lobo, quien se opone a la desaparición del banco.

El diputado Enrique Yllescas, cuarto vicepresidente del Congreso Nacional y secretario de la comisión de finanzas, asegura que el objetivo es determinar a través de investigación y análisis si debe o no cerrarse BANADESA, posteriormente se debe presentar un informe al Congreso para que este dictamine lo que debe proceder. «La última decisión la tiene el Poder Legislativo, es el que va a analizar desde el punto de vista financiero, legal, administrativo y estructural, determinar si realmente BANADESA aún es sostenible o es mejor crear otro ente estatal con una reingeniería homologada en nueva tecnología», explicó el diputado.

Por su parte, el diputado Juan Ramón Flores, del partido Libertad y Refundación dijo en un medio de comunicación nacional que en la creación de esta reciente comisión estarían figurando los intereses del presidente de la República, porque no se tomó en cuenta a ningún miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por oponerse al cierre del banco. «Nombraron a una comisión especial que es un invento que tiene el presidente (…) porque hay que reconocerlo, Jorge Lobo como el presidente de la comisión –haciendo referencia a la del agro- también se opuso, más los miembros de otras bancadas (…) pero como ellos tienen una línea del gobierno para cerrar», declaró Flores.

Para que se apruebe la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo, se necesitaría mayoría calificada, al menos 86 votos para su ratificación. Paralela a esta propuesta surgió la creación de la Agencia de Desarrollo Nacional que vendría a cumplir las mismas funciones de BANADESA. Andrade de la CNBS expuso que este nuevo ente se podría capotalizar con alrededor de 2 mil millones de lempiras. «Los cuales lógicamente el Estado no puede ponerlos de un solo, sino que lo hará de forma gradual. En un primer año lo va hacer de 400 millones de lempiras y así sucesivamente hasta alcanzar los 2 mil millones de lempiras en un periodo de cinco años», comentó el superintendente.

En contraste con esta inversión a una nueva institución, además de los 4 mil millones que se le otorgó al sector agrícola a través de las Fuerzas Armadas, a BANADESA le hacen falta fondos. Al consultarle al miembro de la CNBS si podría llegar a salvarse BANADESA, dirigiendo inversión a la institución, Andrade aseguró que el banco tendría que priorizar sus obligaciones y luego ver si podría restablecerse.

«Tenemos, actualmente, alrededor de 700 millones de lempiras que son de depositantes que hay que regresarlos, esas obligaciones hay que honrarlas (…) Si usted invierte 3 mil millones para reactivar el banco, prácticamente ese dinero lo que va a servir es para pagar todas esas obligaciones que el banco tiene (…) tendría que invertir otra cantidad de dinero para poder reactivar el tema crediticio», explicó el representante de la CNBS. Sin embargo, para el ex ministro de Economía, Fernando García, 4 mil millones habrían superado cualquier problema financiero de BANADESA.

Más allá de los números en informes está la corrupción

La crisis financiera y administrativa de BANADESA no solo se originó de los datos oficiales presentados por la administración interventora actual. Varios casos de corrupción con cantidades millonarias en desvío de fondos habrían aportado a la insostenibilidad del banco, además de los procesos de privatización de servicios estatales.

En septiembre del año pasado la recién extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) señaló a varios exfuncionarios de BANADESA en la línea de Investigación «Corrupción sobre Ruedas», donde se les denunciaba por desvío de fondos provenientes del proyecto social «Bono 10 mil», el cual era manejado por el banco.

El coordinador del programa, junto con el gerente administrativo y el financiero se fueron acusados por abuso de autoridad, fraude y uso de documentos públicos falsos, dejando un gasto de poco más de 11 mil 400 millones de lempiras que se sustrajeron en 104 retiros entre julio de 2013 y mayo de 2014. Para este cometido, se realizó una firma de contratos con una empresa fachada – Servicios en Inversiones AID- en la que se solicitaba el arrendamiento de vehículos blindados para supuestamente brindarles seguridad a las personas de BANADESA que entregaban el bono, pero en realidad fueron utilizados para movilizar personas que trabajaban en la campaña electoral del entonces candidato a presidente Juan Orlando Hernández. Además, se utilizaron alrededor de 800 mil lempiras para consumo de alimentación en el Estadio Nacional el 27 de enero de 2014, día en el que se realizó la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández.

La MACCIH también explicó que AID recibió cheques para el hospedaje de miembros de un partido que asistieron a Comayagua a la convención «Todos por una Vida Mejor», evento organizado por el Partido Nacional en el que se esperaban «mil convencionales entre propietarios y suplentes de todo el país (…), también representantes del gabinete de gobierno, diputados y alcaldes».

El analista Fernando García cuenta que la corrupción pudo venir desde antes, que quizá se hayan utilizado fondos dados por el ALBA TCP con el que se constituyó un fideicomiso en BANADESA en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, para dar grandes financiamientos a un empresario de San Pedro Sula después del golpe de Estado en el 2009.

«El ALBA donó al Estado de Honduras 100 millones de dólares, que fueron ingresados a la Secretaría de Finanzas (…), hasta donde yo tengo conocimiento, antes del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 la Secretaría constituyó un fideicomiso en BANADESA, que era para los pequeños productores campesinos, la pequeña producción familiar, empresas asociativas y empresas cooperativas. Sin embargo el golpe de Estado trastocó esa iniciativa y por eso se conoce de un empresario muy fuerte de San Pedro Sula que solo en un financiamiento recibió 100 millones de lempiras, una cifra inaudita para un solo préstamo», explicó.

El economista considera que estas acciones son posibles porque existen normas jurídicas y políticas de financiamiento que no son precisas. «Provocan que haya discrecionalidad en el Ejecutivo como para favorecer el uso de su criterio, en función de intereses político partidarios y no de políticas del desarrollo del sector agrícola, ganadero y agropecuario», expresó García.

El expresidente de BANADESA, Jorge Segovia, manifestó que vio los documentos que utilizó un periodista para denunciar que diputados y miembros del gobierno estaban cambiando cheques en la institución provenientes de otros bancos entre 2013 y 2014. «Este gobierno lo quiere cerrar porque es el que ha cometido más corrupción (…) el cajero general de BANADESA renuncia porque ya no aguantaba la presión de Casa Presidencial cambiando cheques de banco a banco que es prohibido, entregando papeles y sacando dinero», aseguró Segovia, haciendo referencia a BANADESA, en un foro televisivo.

Por otra parte, para Jorge Lobo, no solo son los casos de corrupción los que generan esta intención de cerrar la institución, sino las intenciones de pasar la cartera de BANADESA a banca privada. García, explica que desde principios de los noventa – con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas – se estableció una comisión de modernización del Estado que comenzó a promover la privatización de activos estatales. «Desde ese momento el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, el Banco de los Trabajadores, el Banco del Café se pusieron en la mira del Gobierno, para ir promoviendo poco a poco un ambiente favorable a su privatización», declaró el ex ministro de economía.

Ante el panorama actual de la situación corrupción-privatización de los entes públicos, el futuro de BANADESA se tambalea frente al continuo esfuerzo del gobierno por su erradicación y la poca viabilidad de su rescate.

Texto y fotos: Martín Cálix

Los 200

—El día que pasamos nosotros todo bien, íbamos alegres porque creíamos que ya la habíamos hecho, ya íbamos cruzando, ya estábamos en México.

Narra con cierto desencanto un joven de 25 años que viajaba en la caravana migrante del 15 de enero, su nombre es Edwin. Luego de tres días en Tecún Umán esperando el mejor momento para poder cruzar, Edwin y el grupo con el que atravesó el río Suchiate que divide Guatemala y México, decidieron subir varios kilómetros hasta encontrar un punto ciego que les permitiera llegar a territorio mexicano. Ahí no había policías, no había agentes de migración, y pudieron avanzar tres horas cuando fueron interceptados y retenidos. La Policía Federal mexicana, explica Edwin, los apresó, incluso utilizando gas pimienta y después les engañó: los llevó hasta un punto migratorio para que firmaran unos documentos que les decían, posibilitaría obtener un permiso de tránsito por México; esto nunca se dio, finalmente fueron montados a un bus y enviados de regreso a Honduras.

Un grupo de personas que se unieron a la segunda caravana migrante de enero, descansa en la Terminal Metropolitana de Buses. San Pedro Sula, 30 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Madres y sus hijas e hijos, toman un breve descanso, al inicio del camino, en la salida al occidente del país. San Pedro Sula, 31 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Es la noche del 31 de enero, 15 días después este joven originario de San Esteban en el departamento de Olancho, está nuevamente donde empezó, retornado, y ve acumularse poco a poco a quienes han atendido la convocatoria de una nueva caravana: «la caravana del diablo», se presumía le habían nombrado a través de redes sociales.

Pero «la caravana del diablo» no sumaba ni 200 personas.

Edwin —como muchos— tomó la decisión de unirse a la caravana anterior por la falta de empleo, para este soldador no hay más trabajo en el pueblo de San Esteban, y alimentar a su familia, tres hijos y su esposa, se ha vuelto una tarea difícil. «Es complicado mirar que tenés hijos y los días van pasando y estás desempleado, lo que hace uno es agarrar esos caminos, arriesgar la vida», reflexiona.

—¿Te sentís derrotado?
—No, porque estamos con vida y con fuerzas para seguir adelante, vamos a tratar de regresar, vamos a tratar de regresar, pero ya con algo distinto.

Ese «algo distinto» del que habla Edwin es la visa mexicana, esta vez ya no en caravana.

Con una bandera de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, dos jóvenes encabezan un grupo que no superaba las 200 personas y que salió en la madrugada desde la Terminal Metropolitana de Buses de San Pedro Sula. 31 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

***

La noche del 31 de enero la Casa del Migrante en Ocotepeque estaba llena, había 60 personas que hacían turnos para comer un plato de frijoles con huevo y tortilla, café, bañarse y descansar. En el parque, del grupo que se dispersó para pasar la noche a la intemperie, dos chicas sentadas en una banca frente a los puestecitos de comida callejera se preguntan cómo le harán para convencer a las autoridades mexicanas de que ellas lo único que quieren es trabajar para poder sacar adelante a sus hijas. «Tenemos un problemita», dice una, «ella y yo somos pareja», explica. Se van porque el trabajo de cocina en un comedor solo les da 3 mil lempiras al mes (unos 120 dólares), pero también se van porque se han comprometido, quieren casarse y en Honduras no solo no se puede, sino que esconden su relación por miedo a que algo les pase. «Hay hombres que violan a mujeres como nosotras», explican.

Se enamoraron, vivieron un tiempo juntas, lejos de sus familias haciéndose pasar por amigas nada más, pero poco a poco el rumor de que son lesbianas, que son pareja, comienza a esparcirse entre sus círculos personales, y también el temor de ser separadas por sus padres. Prefieren no decir sus nombres y bromean con su anonimato, un poco para evadir la pregunta de cómo se llaman, un poco para intentar calmar la ansiedad que sienten porque al día siguiente retomarán camino, y la frontera de Tecún Umán —por donde han dicho van a intentar cruzar hacia México— estará más cerca.

Para el mediodía del 1 de febrero el grupo había pasado por Esquipulas, y del grupo más rezagado solo quedaban cerca de 20, hombres jóvenes todos, que se van porque no hay trabajo para ellos en Honduras, explican algunos, los pocos que hablan porque al ser un grupo pequeño se sienten expuestos y desprotegidos.

Dos jóvenes revisan la ruta que deben seguir en su camino hacia el norte en un mapa de la Casa del Migrante. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Un cubículo para que puedan pasar la noche y descansar quienes llegan a la Casa del Migrante José. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Santos, de 22 años, toma sus alimentos durante el almuerzo, este día descansa junto a su primo Lenin de 19 años en la Casa del Migrante José. Los dos primos han decidido migrar porque en Siguatepeque el desempleo no les permite tener mejores condiciones de vida. Esquipulas, 1 de febrero 2020. Foto: Martín Cálix.

En este grupo viajan Santos de 22 años y su primo Lenin de 19 años, dos jóvenes originarios de Siguatepeque en el departamento de Comayagua. Los dos primos han trabajado toda su vida en las plantaciones de café donde apenas ganaban entre 100 y 120 lempiras diarios. Lenin ahorró su última corta de café para poder hacer este viaje, parte de lo que ganó se lo dejó a su hija de 2 años y a la madre de esta, y con el resto tomó camino hacia el norte.

Para Santos hubo una oportunidad, una pequeña oportunidad fuera de las plantaciones de café: trabajó durante unos meses de cocinero en un restaurante, donde ganaba 3 mil lempiras al mes, eso significó un cambio para este chico que dice trabajar desde los 5 años en las plantaciones de café, pero aunque alejado de la explotación que viven los corteros de café su trabajo de cocinero no representaba abrir la puerta de una vida más digna, esa, espera encontrarla en Estados Unidos. Para alcanzar esta meta los dos primos piensan que trabajar en México durante un tiempo será lo mejor, y luego seguir al norte, tan al norte como puedan.

Santos y su primo Lenin solo pudieron asistir a la primaria, sus condiciones de postergación, como la de todos los jóvenes del área rural, en donde estudiar significa en muchos casos andar a pie durante horas para llegar al centro educativo más cercano, son parte de las condiciones que finalmente han orillado a los dos primos a emprender juntos el camino de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Atendieron el llamado, son dos de cerca de 200 personas, que ahora caminan con sus esperanzas de una vida mejor lejos de Honduras.

La tarde previa al día de salida de la caravana migrante, dos jóvenes se arreglan mutuamente el pelo con una gillette. San Pedro Sula, 30 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Este grupo que salió de la Terminal Metropolitana de Buses de la ciudad de San Pedro Sula en la madrugada del 31 de enero, en su mayoría, eran jóvenes y niños. De este grupo 8 menores que viajaban solos fueron retenidos por Migración y el Dinaf en Agua Caliente, 7 de ellos escaparon a la retención y seguramente avanzaron por puntos ciegos, un agente de la Policía Nacional y dos trabajadores del Dinaf fueron incapaces de mantener en retención a los adolescentes.

—¿Por qué te querés ir?
—Para ver si encuentro una vida mejor. —Con resignación y cabizbajo, responde Axel.

Axel tiene 15 años, es el menor de 7 hijos, su madre es madre soltera y para Axel, la aldea de Dos Caminos en Villanueva, Cortés, es un lugar aburrido y feo, donde lo único que hacía era aprender el oficio de soldadura en un taller. Axel es el único de los 8 adolescentes que no pudo escapar del cautiverio en el punto fronterizo de Agua Caliente, y mientras explica un poco su historia con desdén, enrola un cigarrillo de mentira con el papel aluminio que cubría el plato de comida que la Dinaf le ha dado para que almuerce.

—Y tu madre, ¿sabe que te ibas?
—Sí…
—¿Qué te dijo?
—Que tuviera cuidado, pero ya voy pa´ bajo.

A Axel, la Dinaf lo va a enviar a Centro Belén en San Pedro Sula, donde contactarán a su madre para que vaya por él, pero antes de entregárselo a la madre de Axel le espera una amonestación verbal por parte de la institución, y si Axel reincide en migrar solo antes de que cumpla los 18 años y es interceptado, entonces será separado de su madre y sus hermanos, para ser enviado a una casa hogar. Por ahora, el sueño de Axel por llegar a los Estados Unidos tendrá que esperar.

Las casas del migrante

Un voluntario de la Casa del Migrante José, muestra en su mano un boleto que entrega la casa a cada migrante, lo que les da derecho al menos a 3 noches de hospedaje, un desayuno, un almuerzo, una cena y una refacción (una merienda). Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

—Es algo que no podemos percibir: si van a seguir o no van a seguir. —Explica Judith de la Casa del Migrante José en Esquipulas, quienes la noche del 31 de enero recibieron a 45 personas de los casi 200 que salieron desde San Pedro Sula.

Judith Ramírez es la coordinadora del equipo de voluntarios en la Casa del Migrante José de Esquipulas. Desde hace 3 años trabajan por darle una atención digna a las personas que pasan por Esquipulas en su andar hacia el norte. En un principio ni siquiera tenían un terreno propio, atendían en la calle, luego pudieron alquilar un espacio para poder atender al «hermano migrante», explica Judith, una laica comprometida de la iglesia católica, y para ella las casas del migrante solo son posible desde el milagro del amor a los migrantes.

Ninguna casa del migrante ha recibido apoyo del gobierno guatemalteco, se sostienen por el apoyo incansable de la feligresía de las parroquias. Pero si el Gobierno de Guatemala le preguntara a Judith cuánto necesita para atender a los migrantes que recibe todos los días en Esquipulas, ella respondería que unos 4 mil dólares mensuales. En Honduras con la casa del migrante en Ocotepeque sucede los mismo, se sostiene desde el apoyo de la iglesia. Las personas que llegan a las casas del migrante, explica Judith, no han perdido la esperanza, son personas que salen de sus países buscando un futuro que no encuentran. Y para los caminantes de la ruta migratoria las casas del migrante se convierten en los oasis del camino: se detienen para bañarse y comer algo, pasar la noche bajo un techo, desayunar y luego poder seguir. Adelante hay otra casa refugio a donde llegar.

Judith Ramírez, coordinadora del equipo de voluntarios que atiende la Casa del Migrante José. Esquipulas, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

—En la primera caravana atendimos a 5 mil personas, les dimos dos platos de comida.

Para Judith esto solo puede ser explicado desde el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y es que en las casas del migrante deben hacer que todo se multiplique. «No solo es el camino, va más allá, estar lejos de tu familia en un lugar donde no te quieren ni te valoran», cuenta desde su experiencia. Judith estuvo 5 años en los Estados Unidos, al volver no pudo sino ayudar a quienes pasan por Esquipulass con la esperanza —que explica ella, no puede quitársele a los migrantes— de una vida mejor, distinta, a la que dejan atrás.

Los retornados: «el que es deportado o es retornado es un fracasado»

Una familia se abraza en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, luego de horas de espera por su familiar. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad de La Lima, Vicky de 24 años, espera a Olman de 26 años. Vicky y Olman tienen un hijo de 8 años.

Esta capitalina de la colonia El Pedregal lleva muchas horas esperando que su expareja salga del chequeo migratorio, y para entretenerse pela mangos verdes con el cuchillo que un vendedor de frutas le ha prestado. Olman decidió migrar luego de que asesinaran a sus dos hermanos, a uno por el impuesto de guerra y al otro porque salió corriendo luego de que lo detuvieran en una colonia de Tegucigalpa para preguntarle por los tatuajes de su cuerpo. Los tres hermanos trabajaban como choferes de unidades de transporte público, y Olman decidió migrar para pedir asilo político, pero el acuerdo firmado por Estados Unidos con los países de Centroamérica no le permitió acceder al asilo. Después de 7 meses esperando la respuesta a su solicitud, Olman debe volver a Honduras. Vicky cree que si el padre de su hijo continúa trabajando en el transporte público terminará muerto como sus hermanos, y reniega del gobierno y de sus programas que dicen mejorar la vida de los más pobres de Honduras.

Para el cierre de 2019, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) primero Fuerza Nacional Antiextorsión, creada por Juan Orlando Hernández, reportaba alrededor de 2 mil denuncias por extorsión en el país.

—La Honduras donde yo vivo cada vez está peor.
—¿Cómo podrías describir la Honduras donde vos vivís?
—Pues te voy a contar que la vez pasada iba para mi trabajo y ¿qué me dijo un ladrón? Vos hija de la tarantantarán, dame el celular sino te voy a pegar un tiro, y eso es cada día en la mañana, hasta madrugan los ladrones. —Cuenta, y dice que ha sido asaltada dos veces en el último año y la Policía jamás ha hecho algo.

Vicky de 24 años y vestida con camisa rosa, carga en brazos a una bebé mientras espera que su expareja y padre de su hijo de 8 años, salga del chequeo migratorio en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

En el barrio donde vive Vicky la Policía Nacional está ausente, el barrio es controlado por una de las maras o pandillas que controlan los barrios de la periferia de la ciudad. Y está bien para esta joven, «porque por lo menos ahí no asaltan», dice. Se sienten más seguros con la mara cuidando el barrio.

A veces, Vicky llama para decir que no va poder llegar a trabajar en la tienda donde labora desde 2014 en el centro de la ciudad. A veces no tiene dinero y se arriesga a perder el único trabajo que ha podido conseguir y con el que ha podido alimentar a su hijo y enviarlo a la escuela, la única entrada de dinero que ha tenido en los últimos 7 meses. El asilo político que se le negó a Olman era la única oportunidad que estos jóvenes tenían para ofrecerle a su hijo un futuro lejos de la violencia hondureña. Olman es uno de los más de 5 mil hondureños retornados que, según el Instituto Nacional de Migración, en su mayoría lo hacen de forma voluntaria. Pero a Olman lo detuvieron en Texas, y luego de 7 meses de cautiverio no pudo obtener el ansiado asilo que significaría para él y los suyos alejarse de la violencia que ya cobró dos vidas en su familia.

Según un post de Facebook en la página del Instituto Nacional de Migración de Honduras, todos los días Estados Unidos deporta más de 200 hondureños, los que llegan al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de La Lima, a 15 minutos de San Pedro Sula. —Hay estigma de que el que es deportado o es retornado es un fracasado. —Explica César Ramos, miembro del equipo técnico del programa de apoyo a migrantes retornados de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).

Gustavo Sánchez de 28 años, deportado desde Atlanta, Georgia, es originario de Baracoa, Cortés, vivía en Estados Unidos desde el año 2007 donde trabajaba en una llantera. Él es parte del grupo de deportados que llega al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. Gustavo dice que volverá a irse. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La organización CASM desde 2014 ha trabajado con los migrantes retornados a raíz de la emergencia que se decretó por la cantidad de menores no acompañados que fueron retornados en ese año, en ese momento se conformó junto a organizaciones estatales y de sociedad civil la atención de los retornados.

En total, 10,450 menores fueron retornados en 2014 según el Informe Estadístico de las Personas Repatriadas / Retornadas a Honduras Periodo Enero a Diez de Diciembre de 2014, un informe realizado por el Gobierno de Honduras. El retornado —explica César Ramos— necesita ayuda psicológica prioritaria, porque los migrantes cuando regresan son personas que no tienen nada, han perdido lo que tenían para apostarle al viaje hacia Estados Unidos y al volver no tienen nada, solo hambre. Regresan a sus entornos de violencia y desempleo.

El programa de atención a los retornados que la Comisión de Acción Social Menonita ayuda a los retornados que acceden a él para que puedan reincorporarse al país, algunos toman talleres de oficios y se les ayuda buscando empleo, aunque —reconoce, Ramos— a veces esto último resulta complicado si las empresas no pueden contratar a quienes en un primer instante se fueron del país por la falta de empleo, también alimentos, debido a que cuando regresan no tienen nada. —El gobierno en algún momento decidió sacarnos de estos centros de recibimiento de estos migrantes, el CAM-R en Omoa, el CAM-R en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y en el Centro Belén, donde llegan los niños. —Explica César Ramos.

Antes de que las autoridades hondureñas sacaran a las organizaciones de sociedad civil que atendían a los migrantes retornados, daban toda su atención en los centros de recibimiento, ahora lo hacen desde la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula. La atención que siempre ha estado a cargo de las organizaciones como Comisión de Acción Social Menonita y de Casa Alianza, fue solicitada por el gobierno de Honduras como requisito para continuar atendiendo a los retornados en las instalaciones del Estado.

—¿Hubo una justificación para expulsarlos de los centros?
—Creo que tiene que ver con la crítica de parte de las organizaciones de sociedad civil de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para dar respuesta a esta población cuando retorna.

El enfoque, explica Ramos, que el gobierno de Honduras tiene con respecto «a la migración irregular» viene en línea con las políticas anti migratorias de los Estados Unidos. Para CASM, la situación de los migrantes retornados es doblemente difícil «uno, la misma situación política, económica, y social del país, más difícil cada año, y dos, estas personas que se fueron tal vez empeñaron hasta su terreno, su casa, sacaron préstamos o tal vez si tenían su pequeño ahorro lo gastaron en este viaje», explica Ramos.

Los migrantes que retornan tienen una cosa en común: todos quieren volver a intentarlo. Edwin, el joven soldador de 25 años de San Esteban, Olancho, lo volverá a intentar porque no tiene empleo en su pueblo, Vicky está consciente que si Olman no lo intenta nuevamente en Tegucigalpa solo le espera la muerte, Axel de 15 años, el niño de la aldea Dos Caminos —una aldea controlada por las maras y las pandillas y por el capital de enclave de las maquilas— ni siquiera esperará a ser adulto para volver a intentarlo. Es lo único que ha quedado para quienes retornaron, volver a intentarlo cuantas veces necesiten hacerlo, a pesar de todo lo que la ruta migratoria implique, migrarán nuevamente.

Dos mujeres se abrazan y lloran durante su reencuentro en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. La Lima, 3 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

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El coronavirus 2019-nCoV aún no ha llegado a Honduras, al menos oficialmente, pero ¿es esta pandemia la mayor amenaza que tiene Honduras en materia de salud? La respuesta es relativa: Sí una amenaza, pero no la peor. Veamos.

La experiencia indica que los virus de este tipo no generan en Honduras un impacto tan catastrófico debido a que no se originan aquí. Los primeros países en ser afectados son los países desarrollados de occidente y oriente, tales como Estados Unidos, Europa y China, donde los procesos de control epidemiológicos son muy avanzados y el problema es controlado incluso antes de que se encuentre una vacuna.

«Si la historia se repitiera, tomaría meses o incluso años antes de que una vacuna estuviera disponible para tratar a los enfermos. En el caso del Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), la vacuna fue elaborada tras 20 meses y nunca se ha utilizado porque la epidemia ya se había erradicado. El MERS, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que apareció en 2012 y que ha desaparecido casi por completo, todavía no tiene vacuna». Cuando estas enfermedades desaparecen o cuando la vacuna aparece, los países de la periferia como Honduras se benefician de no sufrir la peor parte de las pandemias.

Valga como comparación lo que ocurrió con el virus de la Influenza que sigue un patrón similar al del coronavirus, por tratarse de un tipo de gripe muy grave. En 2018, cuando no se había encontrado una vacuna, la epidemia de la Influenza infectó a 456 personas en Honduras, de las cuales murieron 22, con una mortalidad de 4.82% de los pacientes. Pero en 2019, cuando fue descubierta la vacuna, el número de casos se redujo a 165 (hasta septiembre) y solo había fallecido un paciente . Algo similar pasó con el SRAS y MERS que ni siquiera llegaron a Honduras.

En el caso del coronavirus 2019-nCOV las posibilidades de encontrar una vacuna aumentan tanto por la similitud molecular entre este y su antecesor, el MERS, porque la tecnología y la cooperación científica es mucho mayor ahora que a principios de siglo. De manera que, a menos que surja un problema inesperado, es poco probable que esta pandemia sea el principal azote de salud en Honduras.

Supongamos que la vacuna tarda demasiado y la enfermedad llega y se expande en Honduras. Por supuesto, sería terrible. Sus principales víctimas serían las hondureñas y hondureños más vulnerables, o sea aquellas personas que por su edad o su condición de salud previa, son frágiles a las infecciones como la neumonía, como por ejemplo, los desnutridos. Por tanto, sería catastrófico, en especial para la niñez, en un país donde el 77% de nuestros niños y niñas sufren de desnutrición (UNICEF), y donde las infecciones respiratorias agudas (IRA) son la principal causa de muerte infantil.

Asumiendo que en un pico de la enfermedad se contagian, digamos, unas 200,000 personas, si asumimos que la mortalidad del coronavirus 2019-nCoV es del 3%, habría alrededor de 6,000 fallecidos. Terrible ¿no? Pues sí, pero no tanto si se le compara con los males que ya están causando estragos en nuestro país, a los cuales nos hemos acostumbrado y la prensa no dedica similar difusión que en el caso del coronavirus.

Las cifras hablan: En 2016 murieron 26,200 hondureños y hondureñas por enfermedades no transmisibles, según la siguiente distribución: El 25% por enfermedades cardiovasculares, el 14% por diferentes tipos de cáncer, 14%por afecciones transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, el 4% por enfermedades respiratorias crónicas, y el 2% por diabetes. En el caso de las Enfermedades Transmisibles la situación no es mejor. Por ejemplo, hoy en día más de 23,000 hondureños padecen VIH y el 40% no lo sabe, de los cuales la gran mayoría van a fallecer. Todas estas son enfermedades que con la inversión de recursos y educación son prevenibles.

El siguiente gráfico indica las principales causas de decesos en Honduras, según estadísticas de la OPS.

Fuente; OPS, “Salud en las Américas 2017”.

Como puede verse, el 47% de las causas de muertes tienen como causas afecciones perinatales (es decir, que afectan a bebés), enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. Básico ¿no?

¿Y qué decir de la violencia social? El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguró que «desde enero del año 2010 al 2018, se registran 26,403 muertes violentas de la niñez y juventud».

¿Para qué seguir?, ¿de qué emergencia estamos hablando si Honduras está en emergencia desde hace décadas? Sobre todo desde que la azota el peor de las plagas que ha sufrido nuestro país: el capitalismo neoliberal y la narco dictadura.

EL SISTEMA DE SALUD: VÍCTIMA DEL VIRUS DEL NEOLIBERALISMO

Un reciente estudio de CESPAD, sobre las condiciones del sistema de salud muestra que Honduras está en harapos en cuanto a infraestructura y logística sanitaria para atender a la población. «El país cuenta con un total de 6, 590 camas disponibles en el sistema hospitalario: 5, 059 pertenecen a la SESAL, 916 al IHSS, 40 al Hospital Militar y 575 al sector privado. Estos datos representan un número de 9.5 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. A nivel hospitalario existe una cobertura de 0.4 Hospitales por 100,000 habitantes, lo que ubica a Honduras en el penúltimo lugar en Centro América, solo superado por Guatemala». Y más adelante dice: «Ninguno de los 18 departamentos cumple con el indicador mínimo establecido por la meta regional de recursos humanos, que es de 25 médicos por cada 10,000 habitantes. En contrataste con el promedio de la región, persiste una brecha desigual ya que se establecen 20.8 médicos por 10,000 habitantes. Mientras, con las enfermeras, la cobertura es 2 por cada 10,000 habitantes, y ocho auxiliares de enfermería por cada 10,000 habitantes. Este es un indicador de los más bajos en comparación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 50 enfermeras por cada 10.000 habitantes».

Como lo han demostrado las revelaciones de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación, y del Consejo Nacional Anticorrupción, la causa de esta situación se debe a la terrible corrupción que azota al país, y de la cual el sistema de salud y seguridad social han sido sus víctimas preferidas. Solo en las últimas dos décadas de este siglo, el latrocinio en salud alcanza la estratosférica cifra de Lps. 700 mil millones (aproximadamente US$ 26,400 millones de dólares). De no ser por esos robos, Honduras tendría un sistema de salud del primer mundo. ¿Exageración? Una muestra de cómo la narco dictadura gestiona los problemas de salud del pueblo la vimos claramente en el caso de la reciente epidemia del dengue.

EL CASO DEL DENGUE

En 2019 la epidemia del Dengue afectó a un poco más de 3 millones de personas en Latinoamérica. De Centroamérica, el país con el mayor número de infectados fue Nicaragua, con 186,173 casos (2.87% respecto a la población), seguido de Honduras con 112,708 casos.

POBLACIÓN INFECTADA Y FALLECIDA POR DENGUE EN CENTROAMÉRICA (año 2019)

De la estadística disponible se ve claramente que el país con el mayor número absoluto y relativo de fallecidos de Centroamérica fue Honduras con 180 casos (0.16% respecto a su población infectada), ocupando el tercer lugar en Latinoamérica en porcentaje de decesos por causa de la epidemia, después de República Dominicana (0.26%) y Perú (0.22%).

En comparación, Guatemala con una población casi el doble de Honduras e igualmente empobrecido, tuvo 66 fallecimientos por esa causa (0.13%), tres veces menos que en nuestro país; y Nicaragua, donde hubo mayor número de infectados, tuvo una mortalidad de apenas 30 personas (0.02%), o sea, seis veces menos que en Honduras; sin hablar de Costa Rica y Belice, países igualmente tropicales donde el número de infectados fue de 9,400 y 8,302 respectivamente, con cero mortalidades. Pero esto no para ahí. En una reciente entrevista dada a la agencia EFE por el viceministro de salud de Honduras, Roberto Cosenza, reconoció que el país puede afrontar «una epidemia más grande que la de 2019». Esto significa que en 2020 la plaga del dengue azotará con más fuerza el país y que el número de fallecidos podría ser mucho mayor. De hecho, en el primer mes de este año ya han sido reportados 3,232 casos de dengue en Honduras.

Los números demuestran que Honduras es el país en mayor riesgo de mortalidad en el caso del dengue en Centroamérica y el tercero en Latinoamérica. Lo más grave es que las principales víctimas fueron niños y niñas en un 57% de los casos. Adicional a la pobre infraestructura y la corrupción, existe además un gobierno de ineptos que fueron incapaces de prevenir la epidemia cuando esta se veía venir el año pasado.

No podemos caer en la trampa mediática que nos quiere ocultar los verdaderos problemas de Honduras. La peor epidemia que padecemos es el gobierno de corruptos e ineptos que se ha entronizado en el poder y que nos está robando nuestro derecho a atención de salud pública. De manera que, si queremos sobrevivir, el verdadero virus que debemos erradicar de nuestro territorio no es el coronavirus sino la narco dictadura y su modelo neoliberal de subdesarrollo.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

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Era 2019 cuando me reincorporé a mi trabajo de maestra después de estar afuera, por motivos personales, durante dos años. Para ese entonces habían cambiado muchas cosas en mi vida y en mi entorno laboral, y muchos de mis antiguos compañeros, por diferentes motivos, ya no eran parte de la institución educativa que compartimos durante muchos años. Era tan nuevo todo que me costó conectarme otra vez.

En ese proceso conocí a Vanessa, quien llegó a cubrir una vacante temporal. Vanessa era una mujer con una hermosa y potente presencia, con una mirada fuerte y penetrante, con un impresionante don para enseñar matemáticas. Los jóvenes la recibían a diario con mucha algarabía, a la que ella respondía con mucha emoción y dulzura. Había desarrollado con sus estudiantes una empatía única en el salón de clases.

Vanessa era una mujer de pensamiento libertario, amante del fútbol, mamá de dos niñas, su esposo había migrado; así comencé a conocerla. Un día me contó cómo su historia de amor fue interrumpida por la precariedad de trabajos y la falta de oportunidades: con el dolor a cuestas de una separación forzada, su esposo tuvo que irse al país del norte, Estados Unidos. A partir de ese momento comenzaron los procesos para que Vanessa y sus hijas decidieran atravesar el camino de irse «mojadas» a Estados Unidos, el cual se vio frustrado porque no lograron llegar a su destino.

Para ese entonces, Vanessa apenas comenzaba a estudiar su licenciatura en matemáticas en la universidad, pero la necesidad de tener mejores condiciones de vida la obligó a interrumpir su sueño de tener una formación académica de nivel superior. Intentó emprender una vez más su viaje, acompañada de sus pequeñas hijas que a edades tan cortas (once y siete años) se dieron cuenta lo que significa salir de este país, y peor aun lo que significa transitar el camino de la discriminación, de la desesperación y la angustia. Ese segundo intento tampoco tuvo los frutos esperados y una vez más tuvieron que regresar a Honduras.

Durante su último año en la institución, ella llevaba muchos casos de jóvenes que tenían dificultades en matemáticas y siempre la escuché animando a sus estudiantes, y a padres y madres de familia, pese a la situación de inestabilidad que ella vivía. De vez en cuando platicaba de sus sueños, hablaba de su esposo ausente y de su anhelo por tener un trabajo permanente para el cual estaba preparada ella, mas no el sistema.

Un día de octubre del 2019, Vanessa dejó de llegar al trabajo. Al sentirse despojada de sus sueños y anhelos, emprendió por tercera vez su viaje hacia Estados Unidos, con ella se fueron, también, las ilusiones de sus hijas de crecer en un país que las merezca y que les brinde las oportunidades que aquí les fueron negadas, aunque eso sea una falacia. Vanessa es la representación de la mujer soñadora, trabajadora y profesional, pero que se encuentra inmersa en la desigualdad social que nos cobija.

Vanessa volvió después de estar con sus hijas en diferentes albergues de México, y pasar un sinfín de experiencias no gratas. Las autoridades migratorias le dijeron que tenía que regresar a su país, ella trató de explicar las razones de su viaje y de convencerlos para que la dejaran quedarse, sin embargo, la respuesta fue cruda y tajante: «a este lugar no perteneces».

Hasta hoy continúa desempleada, a pesar de las cualidades profesionales que posee. Todavía conserva su sonrisa y escrudiña cada día una oportunidad, por efímera que sea, y mientras tanto intenta tomar fuerzas de nuevo para volver a intentar cruzar hacia el lugar donde no pertenece.
Miles de mujeres emprenden la huida y muchas veces pensamos que el no tener una profesión las hace vulnerables, pero creo y siento que vulnerables estamos todas: profesionales y no profesionales.

Ante un gobierno que no nos brinda oportunidades y se roba nuestros sueños de crecer y vivir dignamente. Muchas prefieren emprender el camino hacia el norte, a pesar de saber muy bien todo lo que esto puede implicar.

Autor: Luis Alfredo Barahona Ayala
BIo- Ilustrador

«Hemos implementado una acción sin precedentes que abordará la urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Este enfoque humanitario ayudará a poner fin a la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración. Los Protocolos de Protección de Migrantes representan un enfoque metódico de sentido común, que ejerce una autoridad legal de larga data para ayudar a abordar la crisis en nuestra frontera sur» (Secretario de Seguridad Nacional Kirstjen M. Nielsen).

Según la página web de Homeland Security, los protocolos de protección a migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) son parte de una acción del gobierno estadounidense, para que ciertas personas extranjeras que ingresan de manera ilegal o solicitan la admisión sin la documentación adecuada a los EEUU desde México, sean devueltas a México y esperen desde allí sus procedimientos de inmigración. México les proporcionará todas las protecciones humanitarias apropiadas durante la duración de su estadía.

Las caravanas que han salido de Honduras este año se enfrentaron a la brutalidad del gobierno mexicano que intentó contener la marea de refugiados que huye de Centroamérica. Los que huyen no han recibido protección humanitaria y son desechados por estos países del norte.

Texto publicado originalmente en El blog de la Palabra Incómoda de Mónica Campos

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Tuve mi primera menstruación a los trece años. Siempre dolió mucho. Mes a mes, la hemorragia era cada vez más fuerte y lo que para todo el mundo era «normal», en mí se traducía en llanto y mucha sangre. Mientras me desmoronaba por dolor, tuve que escuchar frases como: «no seas exagerada» o «a mí me dolía más, pero tampoco me hacía la víctima».

¿Se imaginan crecer y pensar que sentir cuchilladas en el vientre, espalda, piernas y estómago, todos los meses, era normal? Intenté, por años, acostumbrarme a mi vida adolorida. En mi mente me repetía: «Fátima, así es la regla, ya se te pasará». En esos años comprendí que cuando las personas no se identifican con tu dolor, tu sufrimiento siempre es inoportuno, cansado y exagerado.

Una noche de mayo de 2017, sentí que iba a morir. Aún recuerdo ese frío temeroso que invadió mi cuerpo desde los pies hasta mi vientre. El estómago se me encogió de dolor y yo no podía siquiera hablar para pedir ayuda. Cada gota de sangre significó una tortura. Esa noche, junto a mi cama, me hinqué en posición fetal. Mi corazón galopó tan fuerte que lloré hasta agotar mis lágrimas. El dolor era insoportable. Por suerte, mi cuerpo inmerso en el cansancio, encontró un poco de sueño y descanso.

A lo largo de mi enfermedad nadie (o casi nadie) ha comprendido mi dolor, excepto mujeres que han pasado por esto. Aunque no lo crean, te llega dolor por todo: por el periodo, porque estás ovulando, porque hay frío o por cosas tan simples como tomar café. Sin embargo, con todo esto encima tu vida cotidiana te exige simplemente soportar.

Cuando mi cuerpo no pudo más, tuve que correr a pedir respuestas. Decenas de pruebas médicas, como endoscopias y ultrasonografías pélvicas, indicaban que me encontraba en perfecto estado. «El estómago le duele por estrés», dijo un gastroenterólogo. Ninguno de los cuatro médicos que me atendió (gastroenterólogos y ginecólogos) sospechó que podía padecer de endometriosis. Según los especialistas, esta es una enfermedad que tarda alrededor de siete años en ser diagnosticada, aproximadamente el tiempo que tardó en mi caso. Mientras yo sentía que mi vida se acababa, mis únicos amigos fueron analgésicos tales como el tramadol. Ya no recuerdo cuántas veces corrí a la farmacia a comprarlos o hice que mis amigos desviaran sus caminos para traer a mí un poco de alivio.

Mi diagnóstico llegó luego de un peculiar episodio que me obligó a insistirles a los médicos que mi dolor no era normal. Fue en septiembre de 2017, cuando en una cena con mis amigos descubrí que un chorro gigante de sangre se paseaba por mis piernas, hasta llegar a mis pies. Estábamos en un restaurante muy concurrido y en una sociedad donde la menstruación es un tabú, no podés ponerte de pie con un pantalón lleno de sangre sin que decenas de miradas te ataquen. Me pasó, me aterré e insistí que eso no era normal.

Siete días después, por medio de una ultrasonografía, la ginecóloga encontró un tumor de 9.6 centímetros en mi ovario. Sin saber qué era lo que tenía, entré al quirófano cinco días más tarde. El diagnóstico fue endometriosis severa.

La endometriosis es una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres. Este padecimiento hace que el tejido que normalmente reviste el interior del útero, crezca fuera del él. La endometriosis te lastima mucho de manera emocional y física. Lloré mucho y aún sigo llorando.

Luego de la cirugía, me sometí por dos años a un tratamiento que logró que a mis veinticinco años mi cuerpo tuviera la menopausia de manera temporal. No menstrué por veinticuatro meses. En ese proceso, nadie me explicó que mi peso subiría descontroladamente y que tendría un estado de ánimo depresivo. Tardé mucho tiempo en desintoxicar mi cuerpo, incluso, a veces creo que todavía no lo he logrado.

La enfermedad no tiene cura y solo se anida en tu cuerpo en edad fértil, para formar muros en el lugar donde se sienta más cómoda. En el 2020 todavía se desconocen las causas de este padecimiento. Lo que se sabe es que causa infertilidad en el 50% de mujeres que la poseen, origina problemas en los intestinos y vejiga, y lo único que aparentemente puede ayudar es comer alimentos que estén libres de hormonas y pesticidas.

Luego de tres años de haber sido diagnosticada, me he informado mucho acerca de la enfermedad y he hablado con mujeres maravillosas que todos los días luchan por salir adelante. Mujeres que inmersas en el internet, charlas y libros han logrado encontrar la cura (su cura) de este «cáncer benigno». Siempre digo que la endometriosis es la enfermedad de las mujeres solas, mujeres que transitan por una batalla que cuenta con muy poca información y con pocos ginecólogos que se dediquen al estudio profundo de la misma. Siempre me pregunto, ¿si esta enfermedad afectara a los hombres, ya habría cura? No lo sé. Pero sí sé que como las mujeres «soportamos todo», los estudios siguen estancados.

Estemos atentas, porque el dolor no es normal. Lo normal es estar bien y que tu periodo llegue mes a mes sin complicaciones. Las enfermedades ginecólogas son muchas y vale la pena chequearse y buscar respuestas hasta encontrarlas.

Mi batalla no termina. Mi batalla es diaria. Siempre agradezco encontrar luz en personas como mi esposo, familia y amigas más cercanas, que sin duda luchan a mi lado. Pero siempre hay algo que debemos recordar: no estamos solas, nos tenemos a nosotras, siempre.

Texto: Mónica Gálvez

Portada: Fernando Silva

Los representantes de los tres poderes del Estado – Rolando Argueta (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Juan Orlando Hernández (presidente del Poder Ejecutivo) y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional) – asistieron a la instalación de la Tercera Legislatura del periodo 2018 – 2022 en el Congreso Nacional la semana pasada, para exponer los logros y avances alcanzados hasta la fecha.

Los discursos hacen mención de «acciones históricas», apuntando a Honduras como referente en la región. Sin embargo, la situación del país no coincide con las desmesuradas afirmaciones sobre los resultados que se atribuyen.

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1. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia

«En el marco de la mora judicial, habiendo recibido un poco más de 182 mil expedientes en todas las materias, a través de la implementación de un Plan Nacional de erradicación de la mora judicial con 25 actividades, hemos logrado reducir esa mora judicial de ese grupo de expedientes en un 70.8%, que representan 132 mil expedientes. Teniendo un pendiente de 54 mil expedientes que encontramos en esa categoría de mora judicial»

Los datos dicen...

Verdad a medias: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras publicado en agosto del 2019, asegura que a pesar del desarrollo de ese Plan Nacional, se les informó que los juicios de primera instancia no han agilizado sus procesos de manera significativa, durando aproximadamente veinte meses.

Asimismo, se menciona que los procedimientos de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia los resuelven en un promedio de cuarenta y cinco días, lo cual, según CIDH «resulta dilatorio para un procedimiento concebido de emergencia y limita la eficacia de este recurso en la protección pronta y efectiva de derechos vulnerados».

A mediados de noviembre del año pasado, un grupo de personas de La Paz que laboran en los juzgados de esa ciudad, se tomaron las instalaciones en protesta a la mora judicial de la institución por no contar con suficiente personal para resolver los casos. Aseguraban que tenían un total de 850 expedientes pendientes y solo dos jueces para llevar a cabo las resoluciones. Por lo que los resultados mencionados en el discurso no se ven reflejados en el desarrollo de los procesos según lo publicado por la CIDH, ni en la situación de mora en el último semestre del año en el departamento de La Paz. Además que carecen de un punto de referencia.

2. «Nosotros hemos resuelto solo el año pasado 1,148 casos en materia penal, civil de violencia doméstica, que se agregan a los otros miles de casos resueltos entre el 2016 y 2019».

Una joven durante un plantón de protesta contra la violencia hacia la mujer, Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Los datos dicen...

Verdad a medias: Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en los últimos diez años el promedio anual de denuncias de violencia doméstica que ingresan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega a los 20,523 casos, lo que representaría la cantidad de 56 denuncias diarias.

Esto significa que solo se resolvió un promedio del 5.5% de los casos que fueron denunciados. Además, CDM también asegura que de las resoluciones de la Corte, sólo el 22% quedan en «denuncias con lugar», que son las que les proporcionan los mecanismos de protección a quienes denuncian, el otro porcentaje son las resoluciones «sin lugar», que son las caducadas y otras situaciones diferentes a las anteriormente mencionadas. Por lo tanto, no existe un verdadero avance en cuanto a las denuncias referentes a violencia doméstica en el país.

3. «En el marco del combate a la corrupción y la transparencia, el poder judicial se ha apuntado y sigue apuntando, en el despliegue de acciones que tienen que ver el combate a la corrupción y la impunidad»

Los datos dicen...

Verdad a medias: La tasa de impunidad en el país sobrepasa el 90%, las fases de enjuiciamiento llegan solamente 1 de cada 4 acusaciones, y el 75% de estas acusaciones son desestimadas o cerradas durante la etapa preliminar de las audiencias.

Dentro del mismo informe del CIDH, la comisión afirma que la sociedad civil les comunicó sobre una selectividad de los casos dentro de los organismos de justicia en el país, mencionando que «por un lado se actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».

Además de esto, la finalización de la MACCIH trajo consigo la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que investigaba -con la contribución y el apoyo de los expertos de la Misión- casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional. La salida de esta unidad y la creación de la UFERCO, instaurada hace una semana por el Ministerio Público, podría significar la limitación investigativa de casos de corrupción, lo que vendría a aumentar la impunidad en el país, ya que según Luis Javier Santos, actual jefe de la UFERCO y exfiscal de la UFECIC, están mucho más debilitados, por lo que se les dificultaría luchar contra la corrupción.

4. Juan Orlando Hernández, presidente de la República

«Si hemos logrado que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, reduciendo a la mitad las muertes por cada 100 mil habitantes, si hemos llegado a sacar a San Pedro Sula y Tegucigalpa de la lista de ciudades más peligrosas del mundo, yo sé, yo creo que somos capaces de alcanzar cualquier meta y darle a nuestra gente la calidad de vida que se merece».

Los datos dicen...

Engañoso: A pesar de las reducciones generales de la tasa de homicidios en los últimos seis años, se siguen superando los 40 asesinatos por cada mil habitantes, dejando a Honduras, según las Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en su estudio Global de Homicidios 2019, como uno de los países con la tasa de homicidios más alta.

El presidente Hernández tomó posesión en su primer mandato en 2014, recibiendo al país con una tasa de homicidios de 83 por cada 100 mil habitantes, ese año se redujo a 68 por cada cien mil. En 2015 la reducción fue a 60 y en 2016 a 59.1, en 2017 a 43.6 y en 2018 bajó a 41.4, lo que representaría la mitad de la tasa con la que recibió el país, sin embargo en 2019 volvió a subir a 42.8. Aunque casi habría llegado a la mitad en 2019 (41.5 por cada cien mil habitantes), la tendencia parece haberse revertido. Sin embargo, el enunciado es cuestionable porque la fórmula que se aplica para la determinación de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes necesita un dato actualizado de la población total del país, y en Honduras no se ha realizado un censo desde 2001.

Durante el 2019, aumentó en comparación al 2018, llegando a alcanzar los 3,996 asesinatos según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Lo mismo sucedió con el número de masacres, totalizando 71 eventos violentos –28 masacres más que en 2018- con 285 víctimas de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Esto evidencia que el Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad 2018-2022 del gobierno hondureño, no ha cumplido la reducción propuesta de disminuir 8 puntos por cada año, lo que proyectaría la reducción de 11 homicidios para 2021.

La primera mentira dicha por Hernández es que la reducción de violencia se basa en la disminución de homicidios. No es absoluta la correlación entre el descenso de los homicidios y el aumento de la calidad de vida de las personas cuando persiste una diversidad de formas de violencia que no acaban la vida de las personas, pero denigran su calidad de vida, por ejemplo, la violencia en el país, la que no se cuenta por no ser homicida, empeora las condiciones de vida de la población, que se ven forzados a desplazarse para huir de las amenazas que enfrentan. La Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) suma un total de 247,090 personas desplazadas en el interior del país -entre el 2004 y el 2018– afirmando que estas familias no reciben asistencia ni protección.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración de México retornó alrededor de 2,303 personas hondureñas después de que estas intentaran llegar a EEUU en la caravana migrante que salió de San Pedro Sula hace poco más de una semana.

5. «Con Ana, con un equipo muy sensible, construimos el programa social más grande y ambicioso que ha tenido Honduras: Vida Mejor. Es por primera vez una respuesta a esas miles de familias en todos los departamentos y ahora han podido mejorar poco a poco su condición de vida»

Los datos dicen...

Engañoso: Contracorriente investigó el programa durante el 2018, hablando con personas que testifican que no se les daba el pago por sus servicios como «guías de familia», los cuales recibían solo un ingreso de 4,000 lempiras por el trabajo. Además, se presenta el caso de una de las beneficiadas que explica que consiguió ser parte del proyecto «por ser nacionalista y asistir a las marchas» explicando que su casa, así como la de todos en Bella Vista –lugar en donde vive- fue reconstruida en dos periodos de tiempo: una parte antes de las últimas elecciones y la otra después de que estas se desarrollaran.

En el reportaje se hace mención del estudio Hacia una nueva estrategia de reducción de la pobreza, publicado por el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el cual explica que, del total de bonos que se entregan en el programa, el 34.1% de las personas beneficiadas no lo reciben por completo. Además sostiene que más del 58% de quienes están involucrados en el proyecto no salen de la pobreza, por lo que no habría tal mejoramiento de condiciones mencionado por el presidente.

Lee más al respecto aquí: Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres

6. «Hoy somos referente en el combate contra el narcotráfico, las maras y pandillas en la región»

Los datos dicen...

Desmesurado: Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) en su estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por violencia en Honduras 2004 – 2018, publicado el año pasado, la causa principal del desplazamiento de los hogares son las amenazas directas, siendo casi la mitad de los casos –en un 48%- provenientes de las maras y pandillas, a las que también se les vincula con los asesinatos, restricciones a la movilidad y las extorsiones.

Considerando los datos, no hay resultados significativos o efectivos en estos años referentes a la reducción de riesgos por amenazas de maras y pandillas.

Por otro lado, en octubre del año pasado, Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas –junto con otros tres cargos- en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante las declaraciones de los testigos en el caso, Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y narcotraficante confeso, afirmó que financió la campaña electoral de Juan Orlando Hernández con dinero proveniente de la narcoactividad en las elecciones del 2014.

La Asociación para una Sociedad más justa (ASJ), se pronunció ante las acusaciones al presidente, exigiendo que se creara una comisión especial encargada de investigar el financiamiento de todas las campañas presidenciales desde el 2004 hasta el 2017, sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna acción investigativa referente al tema.

En el comunicado de prensa de la ASJ aseguran que «la ausencia de una ética pública y la falta de voluntad y compromiso político, han facilitado la infiltración del dinero proveniente del narcotráfico, crimen organizado y corrupción en los gobiernos y en sus decisiones».

7. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional

«Hermanos hondureños, gran parte de nuestro tiempo y nuestras energías han estado enfocados en consolidar la gobernabilidad, el Estado de Derecho, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, las reforma del Estado y la modernización de nuestras instituciones y en todas esas acciones, el hilo conductor ha sido nuestra infinita paciencia para escuchar, para concertar y para incluir a todos los hondureños en la edificación del futuro por medio de leyes discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».

Miembros de OFRANEH y el COPINH protestan por la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, o lo que ellos llaman «la Ley Nájera», en alusión al diputado nacionalista Óscar Nájera, presidente de la comisión que ahora socializa la ley aprobada por el Congreso Nacional. Las organizaciones populares indígenas y garífunas cuestionan que no se les consultó para la realización de esta ley, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Los datos dicen...

Engañoso: Se han generado conflictos sociales por no priorizar desde la etapa inicial de los proyectos de ley la opinión de la ciudadanía y los sectores directamente involucrados en las decisiones.

El Congreso Nacional nunca concretó el desarrollo de las propuestas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual sugería la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos oficiales, por el contrario, se creó una Comisión Evaluadora que recomendó que no se extendiera el periodo de mandato de la Misión en el país, a pesar que la mayoría de los ciudadanos preferían la permanencia del mismo en Honduras, basado en encuesta del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

En el 2019 se produjo una crisis en el sector Salud y Educación, luego que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud, ocasionando protestas en las calles donde se exigía la derogación de los decretos PCM 026 Y PCM 027.

Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras, solicitó en agosto del año pasado que se eliminaran artículos del nuevo código penal por restringir la libertad de expresión y provocar la censura en los medios de comunicación.

Además, el Congreso Nacional, hace un par de años, presentó en el Diario Oficial la Gaceta una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, en el que no se leyó el texto completo que se publicaría en el momento de su aprobación. Tal reforma beneficiaría a varios involucrados en el caso de «Red de diputados» investigados por la MACCIH-UFECIC. Tras lo ocurrido, la Unidad Fiscal y la Misión denunciaron el intento como un «pacto de Impunidad». Actualmente los diputados Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano y Sara Medina -quienes estuvieron involucrados en el proceso de investigación– forman parte de la nueva junta directiva del Congreso Nacional.

Otra ley que está en proceso de socialización y no ha logrado consenso de todos los sectores es la Ley de Consulta Previa Libre e Informada que el diputado nacionalista Oscar Nájera lidera en una comisión. Grupos indígenas organizados, incluyendo el Consejo Nacional de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres quien fue asesinada por un conflicto relacionado a la consulta previa por proyectos extractivos, no avalan esta ley.

Con ello, la transparencia de los procesos legislativos queda imprecisa frente a la afirmación que las leyes son «discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».

8. «Logramos levantar nuevas instituciones para que diseñen, administren y supervisen los procesos electorales, que son medulares en nuestro sistema democrático».

Los datos dicen...

El Congreso Nacional aprobó un presupuesto general en el que se le brindan pocos recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambas nuevas instituciones que tienen como objetivo reemplazar y mejorar el trabajo de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Considerando que el actual año es preelectoral, al CNE se le proporcionó menos que lo establecido para TSE en el año previo a las últimas elecciones del 2017. Del mismo modo, el comisionado presidente del TSE, en una de las entrevistas proporcionadas para ContraCorriente, manifestó que no se les dio ni la mitad de lo solicitado para funcionar con los recursos necesarios, solo se les concedió 35 millones de los 90 millones requeridos.

A tan solo ocho días desde que se dio a conocer la no extensión del mandato de la la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el país, el Ministerio Público (MP) presentó, a través de un comunicado de prensa, la creación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO); institución que vendría a reemplazar a la UFECIC, la fiscalía que trabajaba con la ahora extinta Misión y que para algunos todavía tenía vigencia al ser una unidad independiente.

La Secretaría de los Estados Americanos aseguró que no existió consenso debido a la imposibilidad de la MACCIH de continuar acompañando y colaborando activamente a través de los equipos MACCIH-UFECIC.

En 2015, miles de hondureños salieron a las calles en diferentes partes del país exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG en Guatemala, se llamaron popularmente “marcha de las antorchas del movimiento indignado”; la cual surgió después de que se diera a conocer el uso de 3.6 millones de lempiras provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.

Tras semanas de protestas continuas, el gobierno hondureño accedió ante la presión ciudadana y la comunidad internacional, firmando un acuerdo en enero del 2016 con la Organización de los Estados Americanos (OEA) dando inicio a la instalación de la MACCIH; creando con ello la primera misión en la historia de esta organización que trabajaría con el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en un Estado miembro.

Después de 4 años de la firma de ese convenio, tras el apoyo continuo a UFECIC en la investigación de 13 casos – en los que están involucrados funcionarios públicos y se ha identificado la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado – la MACCIH ha finalizado su mandato en el país y el futuro de la nueva fiscalía, siempre al mando de Luis Javier Santos, el fiscal que encabezó las investigaciones de la UFECIC, es incierto.

Diversos sectores de la sociedad hondureña se han expresado en contra de la salida de la MACCIH del país, entre ellos el representante del sector privado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, quien expresó en medios de comunicación nacionales que: “…el gobierno de la República de Honduras ha demostrado que no está comprometido con eliminar la corrupción y la impunidad en nuestro país”, y además consideró que con acciones como está solo se ahuyenta la inversión extranjera en Honduras.

Protestas fueron convocadas a las calles esta semana, sin embargo la respuesta no ha sido masiva, y una campaña del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de colocar cintas negras en los vehículos para demostrar el descontento por la salida de la MACCIH, son muestras de un panorama desolador.

Juan Jiménez Mayor, quien ejercía como vocero de la Misión cuando se creó la UFECIC, mencionó en una entrevista realizada por un medio internacional de noticias, que estas negociaciones no demostraron interés por parte de la OEA de continuar en Honduras, puesto que no hubo insistencia de la Organización para lograr la permanencia en el país, ni claridad en lo que se habló durante las reuniones.

“No sería la primera vez que hay estas consideraciones de intervención entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras (…) fue precisamente la crisis que provocó nuestra salida” aseguró el ex vocero, quien renunció a su cargo en febrero del 2018.

El analista político Raúl Pineda, quien fue diputado en tres ocasiones por el Partido Nacional y ahora se dedica al litigio privado, considera que existieron intereses en las negociaciones, pero inclinadas a lo que Estados Unidos podría obtener del gobierno de Juan Orlando Hernández.

“La OEA es una expresión del poder político de los norteamericanos (…) toleraron la destrucción de la MACCIH, juegan en base a sus intereses; en este momento están enfocados en el tema migratorio y el tráfico de drogas. Si se les da eso, ellos hacen concesiones y parte de ellas son limitar su inconformidad con la disolución de la MACCIH a un simple comunicado”, explicó Pineda.

Además descarta la posibilidad que le den continuidad al trabajo de la UFECIC, que también se vio condicionado a las decisiones políticas del Fiscal General, algo que no cambiaría con la nueva UFERCO que será dependiente totalmente del Fiscal General.

Uno de los casos con mayor cantidad líneas de investigación a desprender es el «Caso Pandora» que llega hasta la primera dama, por su asociación con una de las organizaciones involucradas. Por este caso, el acusado Fernando Suárez, operador de organizaciones sin fines de lucro que sirvieron para drenar fondos de proyectos sociales probados en el Congreso Nacional, se encuentra con medidas cautelares, y un año y medio después de su entrega solo se ha presentado un caso más relacionado a esta investigación.

Con el fin de fundamentar las acusaciones, Suárez entregó miles de documentos, incluyendo cheques, recibos, estados de cuenta bancarios y más, relacionados con una red de organizaciones sin fines de lucro que, según él, se utilizaron en la malversación de fondos, principalmente del Fondo de Desarrollo Departamental, el programa 449 y Vida Mejor.

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Congreso Nacional legisla impunidad en el país

Mientras se acercaba la fecha estipulada para la finalización de la primera etapa de la MACCIH en el país – 19 de enero -, el Congreso Nacional, a través de una Comisión Evaluadora integrada en su mayoría por miembros del Partido Nacional, presentó un informe en diciembre del año pasado, donde se le propuso al Poder Ejecutivo darle fin al convenio.

Para Fátima Mena, quien fue miembro del Frente Parlamentario de Apoyo y de la Coalición para la Renovación de la MACCIH, este informe presentado por el CN carecía de legalidad y sirvió para disminuirle la responsabilidad al presidente de la República de posicionarse públicamente ante la renovación o no renovación del convenio.

“La ilegalidad de esta recomendación viene de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que los diputados deberán de abstenerse; es decir, no podrán votar ni decidir cuando exista un conflicto de interés (…) ¿Qué más conflicto de interés que las investigaciones presentadas por la UFECIC?” afirma Mena.

Entre los 13 casos presentados e investigados por la MACCIH-UFECIC, están mencionados exdiputados y diputados actuales, a los que se les involucra en malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

Después de presentarse estos casos, comenzaron a surgir una serie de leyes y reformas que frenaban el trabajo de las investigaciones, ocasionando el debilitamiento de la Unidad Fiscal y el apoyo que la MACCIH le estaba proporcionando.

Es el caso del intento de reforma a la Ley del Presupuesto, la cual se desarrolló luego que se denunciara la “Red de Diputados”, donde se desviaron 8.3 millones de lempiras a través de ONGs. La reforma consistió en la modificación de artículos de esa ley para que no fueran investigados los recursos invertidos en proyectos sociales durante dos periodos de gobierno, en los que no se les podría involucrar a ninguna acción judicial; el llamado “Pacto de Impunidad” también denunciado por la MACCIH.

A pesar de este intento fallido, se hizo una reforma a la Ley del Congreso Nacional, donde los diputados quedan inmunes ante posibles acusaciones por las legislaciones que hagan en la actualidad; esto a consecuencia de la denuncia que hizo la MACCIH por abuso de autoridad al intentar Reformar la ya mencionada Ley de Presupuesto; además lograron reactivar el Fondo Departamental y reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas, las cuáles limitan el conocimiento del uso de los fondos públicos.

Por el contrario, las propuestas dadas por la MACCIH, como la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos Oficiales nunca se concretaron.

Para Lester Ramírez, director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), estos cambios en las leyes fueron esfuerzos para limitar las acciones investigativas contra los miembros del mismo congreso, a los que no les convenía una renovación de convenio.

“Estos sectores corruptos se encontraron con una verdadera respuesta anticorrupción inesperada, (…) los diputados del Partido Nacional fueron los más amenazados por la MACCIH, por los procesos que se iniciaron contra ellos. Quienes realmente tomaron la decisión final, fueron los diputados” manifestó.

El pasado miércoles, 22 de enero, se realizó la primera sesión legislativa en el Congreso Nacional, donde varios diputados de oposición se manifestaron contra la decisión de no renovar el convenio, mientras los demás miembros definían la nueva Junta Directiva para el periodo 2020 – 2022, la cual terminó siendo integrada por varias personas involucradas en los casos de “Pacto de Impunidad” – Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano, Sara Medina – y “Arca Abierta” – Gladis López – todos mencionados por la MACCIH.

El diputado por el partido Libertad y Refundación Fabricio Sandoval, aseguró en la sesión, que desde el Congreso Nacional no se podría hacer nada ante la crisis de corrupción ya que “en su mayoría está integrado por delincuentes”.

Renace el FONAC frente a la UFERCO y el CNA

El 26 de diciembre del año pasado, en las semanas previas a la finalización de la MACCIH, se reactivó el Foro Nacional de Convergencias (FONAC), que según la Presidencia de la República vendría a “darle seguimiento al Plan de Nación y Visión de País, y ayudará a crear nuevos sistemas de transparencia y anticorrupción”.

Para Fátima Mena este resurgimiento del Foro levanta sospechas sobre las intenciones con las que reaparece la institución, ya que considera que lo que se busca con ello es debilitar a los demás entes que han denunciado casos de corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

“La reactivación del FONAC únicamente responde a la intención manifiesta de querer eliminar al CNA (…) entendemos que este es el próximo blanco que tendría la élite política corrupta del país, después de eliminar a la MACCIH” asegura la ex diputada del PAC.

Mena explicó que el Consejo nació a través de un decreto legislativo, por lo tanto los diputados tienen la capacidad de hacer cualquier tipo de reformas a la ley del CNA. “Por esa autoridad que ellos tienen (…) podrían atacar al CNA y justificar con un nuevo mecanismo – anticorrupción – al que se le estaría delegando algunas de las atribuciones que ejercita el CNA, apoyado desde el gobierno como organización de sociedad civil.

Por su parte, Oswaldo Canales, Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien fue coordinador del CNA y forma parte de los 22 miembros que integran el actual FONAC, aseguró en entrevista con este medio que no se está buscando debilitar a las instituciones de justicia, sin embargo considera que éstas deben fortalecerse.

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El desenlace de la MACCIH frente al panorama de corrupción en Honduras

La MACCIH aumentó la percepción de la ciudadanía sobre la realidad de corrupción que afecta el país, y el descontento se volvió manifiesto tras la explicación de cada caso presentado. Según la encuesta realizada el mes pasado a nuestra audiencia, la mayoría de personas afirmaron (90.36%) que la Misión era necesaria por la grave corrupción en el país.

Pineda asegura que esta escala va más allá de lo que se publica o aparece en los medios de comunicación y que está vinculada a los altos niveles de poder.

“El sistema está diseñado precisamente para permitir la corrupción; la Corte Suprema de Justicia es electa por políticos del Congreso, el Fiscal también, igual el Tribunal Superior de Cuentas (…) estos funcionarios tienen compromiso político con los que los eligieron” aseguró el analista político.

En Honduras, la percepción de Corrupción ha empeorado según Transparency International, subiendo de la posición 132 en el 2018, a la 146 el año pasado – mientras más cerca de la posición 180 se esté, más corrupto es considerado el país – colocándose dentro de la lista de lugares altamente corruptos.

Teniendo este panorama, el apoyo y acompañamiento de la Misión al MP representaba una amenaza a las redes de corrupción en el país, sin embargo para el abogado Pineda, la MACCIH estaba limitada por el Fiscal General Oscar Chinchilla; por lo que según él, la Misión pudo haber hecho más en el país .

“Yo creo que la MACCIH cometió un error, y fue no darle a la culebra en la cabeza. Un abogado dijo en un programa de televisión que UFECIC hizo un requerimiento contra el Presidente de la República. ¿Por qué no lo presentaron? – cuestionó – a la MACCIH no la sacan por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho”, finalizó.

Muchas y muchos tendremos memorias de visitar el mercado junto a nuestras madres, abuelas o tías. Entre ruidos, olores y colores aprendimos cómo comprar, qué cosas comprar, distinguir entre lo vital y el lujo, aprendimos que allí se construyen comunidades donde el sentido y respeto por la preservación de la vida son una expresión de amor. Los mercados son espacios de apropiación e identidad cultural que cohesionan a pobladores, son espacios con realidades dolorosas, espacios cargados de tradiciones e historias que permanecen.

El año pasado, el Colectivo Culturas Vivas, un equipo de graffiteros – muralistas de Tegucigalpa, intervino artísticamente en diferentes espacios en uno de los mercados urbanos más populares de Comayagüela: el «Mercado Mama Chepa».

Los murales retratan a las matriarcas en los mercados y la mirada de la niñez en estos espacios. El arte público construye un lenguaje en lugares donde lo que fue una pared en blanco, ahora representa la cotidianidad de nuestra gente en los mercados. El Colectivo Culturas Vivas reivindica a través del arte público los derechos ciudadanos y el cese a las represiones violentas, el hostigamiento y la incautación de bienes por parte de los entes de seguridad, todo en vías de crear espacios generosos para el trabajo digno de las y los comerciantes en los mercados.

Miles de mujeres hondureñas se despiertan desde las primeras horas del día, se preparan, ajustan su delantal a la altura de su cintura y salen de su vivienda con una sola finalidad: llegar al mercado y comercializar diferentes productos en búsqueda del sustento económico para ellas y su familia.

La mayoría de ellas empezaron como comerciantes en los mercados desde su infancia, algunas llegaron en su adolescencia, y existen otras que han llegado como comerciantes ambulantes en su adultez. Ya en el mercado, enfrentan los desafíos de Comayagüela: la sofocación por un espacio de trabajo en un lugar sobrepoblado y reducido que iguala a la lucha diaria por el sostenimiento de una vivienda, diversas agresiones con un rango elevado de violencia en todos los sentidos por parte de los transeúntes y demás vendedores. Estas mujeres son víctimas del olvido por parte del Estado hondureño ya que no existen políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los comerciantes en los mercados. Estas mujeres, en gran medida, tienen que enfrentarse solas a diferentes peligros y sobre todo a la tremenda carga que llevan sobre sus cestos: sobrevivir cada día.

La economía de nuestros mercados está en manos de mujeres, cuyos saberes pasan de madres y padres a hijas, hijos y allegados, provenientes de familias de aldeas y pueblos del interior del país, barrios urbanos de Tegucigalpa y Comayagüela. A pesar de la resistencia, tanto individual como colectiva, de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas de los mercados, no se puede subestimar el sufrimiento humano que deja como experiencia el empobrecimiento y la violencia económica.

En esta ocasión uno de los murales lleva el rostro de Doña Julieta, la antigua propietaria del Mercado Mamachepa. Según datos históricos adquirió este espacio entre los años 1940 y 1950. Muy poco se conoce de la historia de este espacio, fue construido en los años veinte del siglo pasado y remodelado hace unos pocos meses. En los murales, como simbología general, se empleó una fusión entre las popularmente conocidas «Flores de muerto» y los girasoles, como una representación del contraste de las realidades: nacer, florecer y morir.

Otro de los murales destaca el rol materno de las mujeres comerciantes que trabajan en los mercados, mujeres en condiciones de baja escolaridad, juventudes sin ningún conocimiento de educación sexual y por ende con dependencias económicas. En muchos casos, lamentablemente, son madres adolescentes, son mujeres que retan las normas sociales, los estereotipos de la maternidad y el trabajo, las desigualdades que estructuralmente e institucionalmente las han mantenido marginadas, son mujeres generadoras de su propio empleo, vendiendo en los espacios públicos a pesar de la exclusión social y discriminación que viven a diario. Especialmente se dedicó un mural en representación de todas las madres que luchan día a día en los mercados, por esas madres que desde estos contextos nos enseñan a ser con los otros, a luchar por un mundo más equitativo.

Las niñas y niños se ven obligados a trabajar en ocupaciones altamente peligrosas para su salud física y psicológica, estando en una situación de desprotección absoluta, todo esto ligado especialmente con el empobrecimiento en ascenso en los hogares de nuestro país.

«Pintando en el mercado, compartimos espacios de diálogo y pintura con los niños y niñas (hijos e hijas de vendedoras), niños que se dedican a la venta callejera. Los primeros acercamientos fueron momentos de inseguridad para ellos, luego de compartir saberes y pinturas, derribamos esa inseguridad de los primeros momentos, comenzaron a pintar con mayor confianza y entusiasmo. Las madres, los niños y algunos transeúntes nos comunicaron que hasta ese punto de vida no habían tenido interacción alguna con el arte. Algunas de las madres vendedoras deseaban obtener referencias de instituciones públicas en las que los niños y las niñas puedan asistir y ser educados a través del arte, y nuestra referencia más cercana fue Piloto 7/14, organización dedicada a la promoción artística educativa, cerca del teatro Manuel Bonilla», Colectivo Culturas Vivas.

El Colectivo artístico reivindica la exigencia y promoción de los derechos educacionales y culturales que el Estado hondureño ha mutilado a través de los años en nuestras realidades. La niñez es el grupo principal en la transmisión oral de la cultura popular. Estamos llamados a fomentar la comunicación y la relación entre ellos.

¿Te gusta contar historias a través de audio? En Contracorriente amamos dar voz a nuestra audiencia, pero también a esas historias que escribimos, es por eso que decidimos abrir la primera convocatoria para presentar podcast para nuestra plataforma.

La forma de hacerlo es sencilla, básicamente deben descargar los TDR de abajo y enviar una propuesta vía correo electrónico a info@contracorriente.red de acuerdo a nuestras líneas de investigación: migración y DDHH, violencia y juventud, derechos sexuales y reproductivos, estructuras de poder, medio ambiente y extractivismo.

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Mónica Gálvez 24 febrero, 2020 1 comentario

Texto: Otto Argueta Ramírez

Fotografía: Tomada de la página de Flickr del Gobierno de Guatemala

El 14 de enero de 2020, Alejandro Giammattei, médico de 63 años de edad, se convirtió en el presidente número 51 de Guatemala y en el séptimo presidente electo después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Llegó a la presidencia en medio de la crisis que dejó Jimmy Morales, considerado como uno de los peores presidentes del continente, pero que logró uno de sus principales objetivos, evitar la renovación del acuerdo para la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, (CICIG) y desmantelar muchos de los avances logrados en materia de investigación criminal y reformas políticas para luchar contra la corrupción.

No considero apropiado hacer el juego de las predicciones que tanto gusta a los analistas, sobre todo cuando se trata de una de las instituciones más visibles, pero que está lejos ser la única que determina la vida política de nuestros países, aunque ese sea su mandato: la presidencia de la república. En el mundo ideal de la teoría política, la presidencia del organismo Ejecutivo tiene el control de la política de gobierno de acuerdo al bien común plasmado en la Constitución Política de la República y demás normas nacionales e internacionales. Su gestión responde a políticas de Estado y es independiente de cualquier influencia guiada por intereses privados o sectoriales. Se apega a los principios democráticos de transparencia, respeto a la independencia de los órganos del Estado, Derechos Humanos y promueve un modelo económico que supere el lastre de pobreza y desigualdad que caracteriza a muchos de los países de la región.

Todo eso no ocurre en países como Guatemala y con seguridad en muchos de América Latina. Los presidentes son figuras públicas que representan intereses de financistas que rehúsan la transparencia, dependen de sectores poderosos como empresarios, militares e iglesias y se encargan de ser la cara pública de una maquinaria de poder y clientelismo que controla al Estado. La corrupción es solo el medio a través del cual se logra el objetivo de preservar un sistema político patrimonial, es decir, que compite por el acceso y control de lo público para el beneficio privado. Eso abarca desde élites económicas hasta grupos criminales. Cada cuatro años -a veces más en otros países- cambia el nombre del presidente, es decir, el nombre público de una institución política que garantiza la continuidad de un modelo de sociedad.

Por esas razones, las predicciones son ejercicios bastante inútiles, si no se toma en cuenta que la dinámica política de nuestros países requiere ver más allá del presidente y entender un sistema político que resiste fuertemente cualquier intento de reforma. Y las elecciones no son reformas, son actos formales, procedimientos de ese sistema, por eso, cuando todo cambia para que todo siga igual, la predicción pierde sentido.

Giammattei llegó a la presidencia con niveles bastante bajos de legitimidad. Consiguió 614 mil votos de los más de 5 millones votos válidos de las elecciones. Ese 14% hizo posible que pasara a la segunda vuelta frente a Sandra Torres, a quien venció con 1,907,767 votos de un padrón de casi ocho millones de votantes.

No fue su carrera política lo que hizo posible ganar las elecciones. La candidatura de Sandra Torres fue duramente confrontada por una campaña anti-Sandra, varios candidatos fueron inhabilitados junto con sus partidos por vínculos corruptos y el país se encontraba al borde de finalizar el nefasto período de Jimmy Morales.

Desde las elecciones de 2007, Giammattei buscó la presidencia del país. También trató de ser alcalde la Ciudad de Guatemala en dos ocasiones. Su carrera como candidato de elección popular fue siempre marginal, uno de esos candidatos que se consideran en los análisis políticos como el relleno de los partidos políticos, esos que acumulan unos votos en la primera vuelta electoral para negociar alianzas con los que pasan a segunda vuelta a cambio de puestos menores en la administración pública. Candidatos y partidos que sobreviven del clientelismo político.

En nuestros países se vota por descarte, por el «menos peor» y son esos los candidatos que en los últimos meses del proceso electoral obtienen repentinamente el apoyo de grupos poderosos porque carecen de fuerza propia, de proyecto político. Son ideales para preservar el procedimiento democrático y la continuidad de los grupos de poder. Eso ocurrió con Jimmy Morales, pero desde siempre en Guatemala y más visiblemente desde Otto Pérez Molina, que renunció a la presidencia en medio de las investigaciones de corrupción de la CICIG y el Ministerio Público, los presidentes han hecho ajustes a la maquinaria institucional del Estado sin cambiar su función patrimonial, sino al contrario, la aseguran más. Jimmy Morales llevó al extremo esa función de representar intereses corruptos y mafiosos al bloquear la trayectoria de reformas iniciada desde el 2010 con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG.

La lucha contra la corrupción generó problemas en Guatemala para los grupos más poderosos del país. Desenmascarar los mecanismos de políticos corruptos -incluido el presidente, vicepresidenta y varios ministros- está bien, aunque molesta, igual, otros llegarán a retomar la función. Pero, desenmascarar la participación, complicidad y beneficios que la corrupción genera para prominentes empresarios del país ya es peligroso. Otto Pérez Molina era ex militar y como sabemos, se puede dejar de estar activo en la institución, pero nunca se deja de ser militar, miembro leal de la corporación. A pesar de eso, los militares sabían que a su hermano en armas había que dejarlo caer, que no era posible defender nada sin comprometer seriamente a la gloriosa institución militar. Pero cuando dos ministros de defensa y otros funcionarios ex militares fueron encarcelados, las cosas cambiaron. Igual pasó con las iglesias, especialmente las evangélicas. Cuando se inició la investigación contra Cash Luna, venerado pastor evangélico, por su vínculo con la corrupción, las alertas ya estaban encendidas para los tres poderes del país: empresarios, militares e iglesias.

Como cuando se rompe una cañería y se empieza a inundar un edificio, Jimmy Morales se encargó de remendar los daños causados por la lucha contra la corrupción ¿podemos argumentar que Giammattei llega ahora a reparar la tubería para que siga fluyendo el vital líquido de la corrupción?

Gimmattei ganó notoriedad en 2006, cuando se hizo la Operación Pavo Real, una acción armada realizada en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón en la que participaron más de tres mil policías y militares y en la que un escuadrón de hombres armados (no policías ni militares, sino un cuerpo ilegal paralelo) y con rostros cubiertos y una «lista negra», ejecutaron extrajudicialmente a siete reos. La operación fue organizada y coordinada por el entonces Ministro de Gobernación Carlos Vielman y el jefe de la Policía Nacional, Erwin Sperisen. Vielman fue juzgado en España y dejado en libertad, pero Sperisen, quien usando su doble nacionalidad, se instaló en Suiza buscando impunidad luego de dejar el cargo, fue encontrado culpable por su complicidad en la ejecución extrajudicial de los reos. Fue sentenciado originalmente a cadena perpetua, la cual fue reducida a 15 años de prisión en Suiza.

Giammatei era el Director del Sistema Penitenciario del país y apareció en la escena de la operación horas después para relatar a los medios de comunicación la versión oficial del hecho: un fuerte enfrentamiento armado con los reos que dio lugar a la muerte de siete de ellos. La investigación que llevó al exjefe de la Policía a prisión en Suiza y la que llevó a cabo la CICIG, demostraron que no hubo tales enfrentamientos y que la operación no tuvo el objetivo de retomar el control del centro penal sino la estricta ejecución extrajudicial de los reos. Esa investigación condujo a que Giammattei pasara 10 meses en prisión y luego quedara en libertad por falta de pruebas.

La falta de pruebas no es sinónimo de inocencia, menos cuando algo así ocurre en la institución que la persona dirige. Demuestra, en todo caso, que su función en el hecho fue poner la cara ante la opinión pública y defender la versión oficial de los hechos, lo cual no lo incriminaba penalmente. Sin embargo -y para fines de este análisis- lo ocurrido en Pavón durante su gestión demuestra su función en el sistema político. Como les sucede a muchos funcionarios, puede ser que era conveniente que él ni supiera de la operación, sino hasta el momento indicado con el guion elaborado. Ya en medio de la poza, lo mejor es seguir nadando para no hundirse… diez meses de nado forzado.

La mecánica del patrimonialismo -o de la corrupción en términos más llanos- es que, desde el presidente hasta muchos funcionarios en puestos de dirección de instituciones menores, saben que predomina un pacto, una regla informal: los funcionarios dejan hacer a cambio de algo, por lo regular beneficios producto de la corrupción, pero en otros casos a cambio de no ser entregados al escrutinio público por su incompetencia o por acciones indebidas en el pasado. Algunos incluso llegan a afirmar que para poder hacer algo hay que dejar hacer mucho. En todo caso, cuando la corrupción es el patrón que domina la gestión pública, toda persona en un puesto de dirección técnica o política sabe que hay cosas que no se pueden tocar si quiere permanecer en el puesto, en el mejor de los casos, o ser encarcelado y hasta asesinado, en el peor de ellos.

A diferencia de Jimmy Morales, que parece haber pasado cuatro años en estado de ebriedad -en serio-, Giammattei es iracundo, habla y grita fuerte, es claramente autoritario y no escatima adjetivos para referirse a la necesidad urgente que tiene Guatemala de retomar las riendas (¿cuáles?) con la firmeza de un hombre recio y duro, que conoce la muerte de cerca (así lo dijo en su discurso de toma de posesión), que es portador de los valores más sagrados de la sociedad (Dios, por supuesto, no la Constitución Política, sobre la cual no hizo el juramento presidencial sino sobre una Biblia de edición gruesa y llamativa, algo que fue aclamado por las principales iglesias evangélicas del país).

Más allá de su personalidad, Giammattei ha dejado claro en sus primeros días de gobierno a quién referirse con solemnidad. En su discurso de toma de posesión, anunció que presentará una iniciativa de ley al Congreso de la República para declarar a las pandillas terroristas (eufórico aplauso en el auditorio) y que disolverá la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, SAAS, encargada de la seguridad del presidente para encargar dicha tarea a los militares, además de anunciar planes de reactivación económica y toda la retórica de rigor sobre el combate a la pobreza y demás males aparentemente menores ya que las pandillas fueron el primer punto de su discurso. También anunció la creación de una comisión para el combate contra la corrupción, integrada, entre otros, por la actual fiscal general, María Consuelo Porras, quien por su inactividad ha sido clave en el proceso de desmantelar los avances en la lucha contra la corrupción.

Lo de las pandillas recuerda a Otto Pérez Molina quien en su campaña electoral en 2011 ofreció «mano dura» y al final no pasó nada. Recurrir a las pandillas como el mal mayor de los países ha sido una estrategia usada también en Honduras y El Salvador -y con Trump en Estados Unidos. Está de más recordar que en los tres países ese discurso ha sido útil para alimentar el pánico social y posicionar a los mandatarios como una especie de súper héroes. En ninguno de los países, sin embargo, eso ha dado los resultados anunciados. El Salvador es el mejor ejemplo ya que en ese país el término terrorismo ha sido usado contra las pandillas en las leyes, en la política de seguridad y hasta en la declaración de guerra que hizo el anterior presidente Sánchez Cerén. Al final, las pandillas continúan y crecen al margen de ese tipo de política. Es en otro tipo de política, la informal, en donde se encuentran de mejor manera funcionarios y pandillas. Además, como otros problemas de estos países, las pandillas son la expresión de la desigualdad, la violencia como recurso para todo y, sobre todo, son resultado de un sistema político que, al contrario, depende de su existencia ¿qué harían estos presidentes sin ellas para tener a quien culpar de todos los males de los países?

La retórica del terrorismo para tratar un tema que mas bien tiene raíces sociales se hace aún más preocupante en términos democráticos cuando se acompaña de una serie de expresiones y acciones que demuestran el reposicionamiento formal de los militares en el Estado.

La cada vez más explícita dependencia de los gobiernos de posguerra en la institución armada va en detrimento de las expectativas que el proceso de democratización despertó en las sociedades centroamericanas. En El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996 se firmaron acuerdos de paz que incluyeron la reforma militar como un pilar fundamental de la democracia y la paz. En Honduras no hubo proceso de paz ni reforma militar sustancial, hubo cambios, pero no en las proporciones necesarias para garantizar el ajuste del sistema político a la ola de democratización en la que estaba embarcada la región.

Esas reformas incluyeron la reducción del presupuesto militar y de la cantidad de efectivos, además del desmantelamiento o limitación de una serie de estructuras institucionales de control (estados mayores, inteligencia militar) así como la reducción de prerrogativas que gozaban los miembros de las instituciones armadas (bancos, institutos de previsión militar, comisariatos, etc.).

Hubo avances significativos en ese proceso y las fuerzas militares en El Salvador y Guatemala apuntaban, al menos formalmente, a una transformación necesaria en términos democráticos. Sin embargo, paralelamente les fueron asignadas tareas que se alejaban no solo de los comprometido en los acuerdos de paz sino también de la función que una institución militar debe cumplir en una sociedad democrática, especialmente en países que no tienen amenazas bélicas externas que requieran el despliegue de fuerza militar. Los militares compensaron las reducciones producidas por la reforma militar con una creciente participación en la seguridad pública, en la protección de industrias extractivas y, más recientemente, en la reducción de la migración. Han logrado así justificar su existencia -y ahora su crecimiento- abarcando ámbitos que deberían ser competencia de otras instituciones, civiles y democráticas.

Lo anterior en el plano formal. Informalmente, la continuidad de lo militar en el sistema político ha ocurrido a través de los ex militares que participan de diversas formas en la política. En el caso de Guatemala, Otto Pérez Molina es la máxima representación de esa situación. No le fue bien. Con Jimmy Morales, numerosos exmilitares formaron parte del partido político que lo llevó a la presidencia, fueron diputados y asesores de diferentes instituciones. Y con Giammattei, los exmilitares vuelven a ocupar puestos importantes dentro de la administración pública o están emparentados con personas que ocupan dichos cargos.

El Ministro de Gobernación de la nueva administración es Edgar Godoy, militar compañero de promoción de Otto Pérez Molina y allegado al General Ortega Menaldo, un nombre que produce eco en los corredores tenebrosos de la historia de Guatemala. Godoy tuvo cargos que dentro de la dinámica militar y política del país fueron clave: subdirector de inteligencia militar durante el primero gobierno democrático en la transición, el de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991); fue sub jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Serrano Elías (el presidente del «auto golpe» en 1993). Ambos cargos fueron fundamentales en la lógica de la democracia tutelada: el gobierno de Cerezo Arévalo fue parte de una transición controlada por un ejército que se encontraba aún en guerra y el quiebre institucional de Serrano Elías estuvo fuertemente influenciado por las dinámicas internas del ejército en aquel entonces.

Godoy ha sido crítico de los procesos de democratización y reforma del Estado, especialmente en lo relacionado con la reforma militar. En sus columnas de opinión criticó fuertemente a la CICIG y antes de ocupar el cargo, fue contratista de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala dirigida por Álvaro Arzú, un férreo antagonista de la misma comisión.

Al frente del gabinete de seguridad e inteligencia está el general retirado Roy Dedet Casprowitz, un militar que ha estado presente en varios gobiernos desde la transición a la democracia como parte de una red, la de Ortega Menaldo, que representa la sección de más extrema derecha de los militares en el país y que se insertan en el partido político que más convenga para asegurar su permanencia en la administración del Estado.

La lista de exmilitares es larga en el gabinete de Giammattei y todos tienen algunos rasgos en común: fueron parte de la inteligencia militar, estuvieron en el Estado Mayor Presidencial, han sido vinculados a casos de corrupción y algunos fueron parte de intentos de golpes de Estado al primer gobierno de la fase democrática de este tiempo, otros han sido asesores de varios políticos antidemocráticos y hasta consultores para defender a Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Joyas de la corona autoritaria y antidemocrática del país.

De esas redes hay muchas y fueron la razón por la que originalmente se luchó por la CICIG que, en su versión original, debía investigar los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CICIACS). Sin embargo, en el 2006, cuando se creó la CICIG, esas redes estaban más preocupadas por las violaciones a los derechos humanos que por la corrupción, de la cual siempre se sintieron -y de hecho lo son- impunes. Su labor siempre fue doble: controlar el Estado y garantizar la corrupción. De lo primero había que rendir cuentas en materia de derechos humanos. Lo segundo siempre ocurrió en el subsuelo y especialmente durante la nueva democracia, que tenía a los civiles para ser la cara pública de las instituciones.

El 2015 fue el quiebre, cuando se demostró que esa impunidad, la de la corrupción, tal vez no podía ser absoluta. Los militares activos, los del Ministerio de la Defensa, acuerparon públicamente a Jimmy Morales en su lucha contra los que estaban en contra de la corrupción. Jimmy Morales estuvo rodeado -alcoholizado y bien pagado- por militares y exmilitares de tenebroso pasado y presente. Al salir de la presidencia se acabó la protección militar de Jimmy Morales pero le aseguraron el último beneficio de impunidad, el Parlacen. Giammattei está también rodeado, pero más explícitamente, del mismo tipo de militares y exmilitares. Su apuesta por ese apoyo es un avance en el retroceso de la tan accidentada democratización institucional del país.

En su discurso de toma de mando como Comandante General del Ejército, el pasado 16 de enero en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería «Mariscal Zabala» -lugar que fue utilizado como prisión de políticos y empresarios por casos de corrupción y en donde él estuvo diez meses privado de su libertad- Giammattei dijo que «Hoy mi compromiso con el Ejército es reforzarlo» y aludió a su plan de aumento del pie de fuerza, provisión de equipo y asesoría técnica por parte de las fuerzas militares de Colombia, país con una institución militar de más de 350,000 efectivos y una larga historia de conflictos y violencia política no resuelta. Las coincidencias con ese país van más allá de la función de sus ejércitos.

Al siguiente día, Giammattei anunció que dos municipios del departamento de Guatemala entraban en estado de emergencia y desplegó un fuerte contingente de militares y policías para combatir a las pandillas y el crimen organizado. San Juan Sacatepequez, uno de los municipios que junto con Mixco entraron en estado de emergencia, es ampliamente conocido por los conflictos derivados de la explotación de recursos naturales por parte de industrias extractivas, acciones de grupos de vigilantismo vinculados a militares y relacionados con esas industrias, altos niveles de pobreza e inseguridad. Y también pandillas. El mismo día anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada, algo que ya se había iniciado con Jimmy Morales.

Guatemala vivió un momento en el que se despertaron expectativas, cuando las investigaciones sobre corrupción lograron tocar los tres poderes reales del Estado: empresarios, militares y evangélicos y, por supuesto, a sus operadores, los políticos presidentes, ministros, directores y otros funcionarios.

Hacer predicciones sobre el nuevo presidente es un despropósito cuando toda la maquinaria patrimonial está en marcha, aceitada por el autoritarismo y el revestimiento de una democracia formal, incapaz de mejorarse con más democracia. Giammattei llega a la presidencia cuando la reparación de las fugas en las tuberías de ese sistema ya había iniciado y da los mensajes propios de un fontanero acreditado para permitir que los principales interesados hagan su trabajo. Honduras hace lo mismo al negar la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, que aunque con menos capacidades que la CICIG, logró demostrar que la impunidad es posible combatirla. En Colombia, los acuerdos de paz no han logrado generar cambios que indiquen una dirección diferente a la ya conocida. Iván Duque, presidente de Colombia y Juan Orlando Hernández fueron gratamente saludados por el entrante presidente Giammattei en su discurso inaugural.

Hay países insignia en la sofisticación del modelo patrimonial del sistema político en Latinoamérica. Un país aprende del otro y de eso se pueden extraer señales claras del presente que vivimos: los avances democráticos tuvieron su límite al tocar el fondo de las instituciones políticas que sostienen el modelo de acumulación de muchos países de la región y la complementariedad de intereses de los poderes más tradicionales. Militares, empresarios, iglesias y políticos, recuerdan la fortaleza de su vínculo histórico, ese que formó estos estados y que resiste su transformación.

¿Trae Giammattei algo diferente al país? Tenemos cuatro años para saberlo.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

El éxodo migratorio que inició su camino el miércoles 15 de enero de 2020 ya se encuentra en la frontera entre Guatemala y México. El primer grupo de aproximadamente 500 personas llegó este viernes y durmió en las aceras de la ciudad de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos. El sábado despertaron frente una reja de incertidumbres, forjada entre las promesas de empleo que esta semana dio el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y los acuerdos de “País Seguro” que el mismo México, Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el año pasado con el gobierno de Donald Trump para disminuir el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.

Ante la espera de que llegue todo el grupo, las miles de personas que salieron de Honduras en los últimos cuatro días y transitaron más de 500 kilómetros para llegar hasta este punto fronterizo dejan atrás un país que parece quebrarse entre la violencia y la corrupción de un gobierno cada vez más impune.

Anita ayuda a dar de comer a un bebé que acaba de conocer mientras espera junto a su madre que salga la Caravana Migrante en dirección a la frontera de Agua Caliente, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

Un camino recurrente

El martes por la tarde; mujeres, hombres, familias enteras y menores no acompañados de todo el país empezaron a llegar a la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula, el punto de reunión de todas las caravanas que han salido de Honduras desde octubre de 2018. Las aceras comenzaron a llenarse, los jóvenes llegaron con banderas sobre sus espaldas y las cámaras de los medios de comunicación nacionales e internacionales atiborraron la terminal.

Entre todos esos rostros estaba el de Ever Aceituno de 23 años, originario de Tegucigalpa, acompañado por su esposa Sandra de 35 años que tiene tres meses de embarazo, ambos huyen de la violencia. Ever trabajaba de ayudante de buses en la ruta Cerro Grande – Kennedy en la capital del país, un rubro que, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en 2019 contabilizó más de 100 trabajadores asesinados a causa del cobro de la extorsión que ejercen las pandillas.

Ever y Sandra se casaron hace algunos meses, se conocieron después de que él fue deportado de Estados Unidos cuando se fue en la primer Caravana Migrante de octubre de 2018 y ahora harán la ruta juntos, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva

“Tengo miedo de estar aquí, hace cinco meses me intentaron matar cuando seis jóvenes se subieron al bus, sacaron machetes y me golpearon a mi y al chofer”, cuenta Ever mientras señala la cicatriz que dejó uno de los golpes que le dieron en la cabeza. A su hermano lo mataron hace ocho años en un incidente también causado por la extorsión.

Esta no es la primera vez que emprende la ruta migratoria en un éxodo masivo; en 2018 estuvo sobre el puente que cruza el río Suchiate cuando la Policía Federal Mexicana lanzó gases lacrimógenos a los más de 3 mil centroamericanos que conformaron esa caravana que representó el inicio de una nueva forma de migración en la región. En esa ocasión logró llegar hasta Estados Unidos pero fue deportado, después de ser detenido mientras cenaba en un restaurante de Houston, Texas. Después de estar retenido en un centro de detención durante ocho meses fue deportado a Honduras con la seguridad de que no podría quedarse por mucho tiempo.

Según un informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras solo entre 2017 y 2019, la cantidad de deportaciones han aumentado en un 56.7 por ciento. Esta situación se da en el marco de la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández, el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y los acuerdos que ese gobierno ha firmado con los países de origen de la migración en Centroamérica.

Ahora Ever no está solo, después de su retorno conoció a Sandra, quien la noche del 14 de enero lo acompaña para esperar la salida pactada en las redes sociales para las 5 de la mañana del día siguiente.

Las largas distancias se hicieron en base de pedir aventones a camiones pequeños y grandes que pudiesen trasladar a grupos completos de la Caravana Migrante, Santa Rosa de Copán, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

La caravana de las dos rutas

Ante la formación de una nueva Caravana Migrante, el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, lamentó la decisión de los hondureños y hondureñas de salir del país y expresó su esperanza de que “antes de llegar a Corinto o Agua Caliente se arrepientan y regresen a nuestro país”.

Estas declaraciones no fueron atendidas por las casi mil personas que la noche del martes esperaban la salida de la primera caravana de 2020, aunque muchos no sabían exactamente que rumbo tomaría. Las opciones eran tomar un nuevo camino hacia la frontera de Corinto en Puerto Cortes, o la ruta ya conocida por la frontera de Agua Caliente en el occidente del país.

Después de un día largo de viaje, jóvenes migrantes descansan en el auditorio del Parque Central de Ocotepeque que esa noche alberga a unas 600 personas que saldrán por la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

Un grupo de amigos que emprendió el camino juntos en la Caravana Migrante se abrazan antes de salir del parque Central de Ocotepeque en dirección a la frontera de Agua Caliente para cruzar hacia Guatemala, Ocotepeque, 15 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva

Esa discusión por la ruta que tomarían causó un enfrentamiento entre un grupo de supuestos migrantes, que propusieron viajar por Corinto, y Bartolo Fuentes, el exdiputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) acusado de promover la caravana de octubre de 2018.

Al escuchar la propuesta de este grupo de irse por la frontera de Corinto, Bartolo junto a un periodista de UNE TV, un reconocido canal de televisión de oposición, señalaron a estas personas de ser traficantes de personas, los migrantes respondieron que ya no querían políticos en la caravana. Los gritos e insultos estuvieron a poca distancia de convertirse en golpes.

Dos horas después de ese confuso incidente, un grupo de 300 migrantes inició una primer vertiente de esta caravana hacia la frontera de Corinto, el grupo que quedó partió a las cuatro de la mañana rumbo al occidente, algunos salieron a pie y otros directamente en autobús.

En ese camino iba Luis Fernando Osorto originario del sector López Arellano, una de las zonas más peligrosas del norte del país ubicado en Choloma, Cortés.

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“He recibido insultos, maltratos, me han querido hasta matar; por eso yo decidí viajar y ahorita voy confiando en Dios, le pido fuerzas, que me abra puertas y mi deseo es llegar aunque sea hasta México”, dice Luis Fernando, un hombre gay que ha sufrido todas las formas posibles de discriminación en un país con la tasa más alta de crímenes de odio en la región, según el informe “El prejuicio no conoce fronteras” de la organización Diakonia.

La realidad para Luis Fernando continuará siendo peligrosa al llegar a México. En promedio, en ese país anualmente son asesinadas 79 personas de la comunidad LGTBI; sin embargo, será mucho más seguro. En enero de 2019 Luis Fernando también había salido con la caravana a causa de las cartas que la pandilla dejaba en su casa advirtiéndole que si no se iba del barrio lo iban a matar.

Luis Fernando huye de la violencia y la discriminación, dice que no entiende porque hay tanto odio y ahora solo piensa en no volver a Honduras, solo espera “trabajar, echarle ganas a la vida, apoyar a mi madre, y si es posible quedarme mucho tiempo fuera”, San Pedro Sula, 14 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva

Para este hombre de 34 años la única opción para vivir tranquilo es irse del país, ya que el gobierno no se interesa por su población, las políticas públicas están lejos de volverse inclusivas, no ha logrado conseguir trabajo en mucho tiempo y el acceso a derechos como el matrimonio igualitario parece casi imposible en una sociedad en la que el poder político es sustentado por el poder religioso.

“Ya no quiero volver a Honduras”, dice Luis Fernando quien llegó con el primer grupo de la caravana a la frontera de Agua Caliente y cruzó el mismo 15 de enero al municipio de Esquipulas en Guatemala.

Detrás de él quedo otro grupo de al menos 800 personas que durmió en el parque de la ciudad de Ocotepeque y salió el siguiente día a las 4 de la mañana después de orar y cantar el Himno Nacional a todo pulmón. Salieron en la oscuridad y llegaron a la frontera cuatro horas después con la bandera y sin hacer ningún registro, nadie pudo impedir su paso.

Países cárcel

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración entre el 15 y 16 de enero ingresaron a Guatemala un total de 3543 personas como parte de la caravana a través de las fronteras de Corinto y Agua Caliente. Los centroamericanos continuaron su camino a pesar de la advertencia del presidente guatemalteco entrante, Alejandro Giammattei, quien en una conferencia de prensa señaló que aunque los migrantes podrían cruzar el país sin problemas al contar con la documentación necesaria, en la frontera con México se toparían con un muro impenetrable.

Además, el pasado viernes el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, envió un mensaje en tono amenazante a través de las redes sociales, en donde advertía a los migrantes centroamericanos que “las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos han reforzado sus controles fronterizos, usted será detenido y retornado (…) no arriesgue su vida y la de sus parientes.”

Mensaje del #EmbArreaga sobre la #MigraciónIlegal pic.twitter.com/MMhczQkaoz
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) 18 de enero de 2020

Estas amenazas fueron de cierta manera diluidas por la hospitalidad que la caravana migrante recibió desde la aduana guatemalteca de Agua Caliente hasta su llegada a la ciudad de Tecún Umán en las diversas casas de migrantes en las que descansaron, recibieron atención médica y comida.

El director de la Casa del Migrante de Guatemala, el padre scalabriniano Mauro Verzeletti, aseguró que “la situación del norte de Centroamérica es demasiado compleja y prácticamente son narcoestados en los que las personas no tienen sus derechos, ellos siempre nos mencionan como principal causa de su desplazamiento la corrupción que se ha instaurado en Honduras y también que es un gobierno que esta tomado por el crimen organizado y no está interesado en la población”.

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Para Verzeletti ser nombrado “País seguro” es fácil en el papel pero en la práctica no solucionará el problema al ser una imposición de Estados Unidos.

En Honduras los acuerdos migratorios firmados en septiembre de 2019 son inciertos de manera oficial pero según un recurso de amparo presentado por integrantes de Comités de Familiares Desaparecidos implicarían deportaciones exprés desde Estados Unidos, intercambio de información biométrica y convertirse en un país de retención para migrantes de otros países que se dirigen hacia el norte.

La Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala acondicionó un espacio en donde albergó la noche del jueves a casi mil personas que viajaban como parte de la Caravana Migrante. Allí recibieron un lugar para descansar, comida y atención médica, Ciudad de Guatemala, 16 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

Una semana antes de que la caravana partiera de Honduras arribó al país Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, con el objetivo de definir la implementación de los acuerdos que permitirán que Honduras se convierta en un país de espera para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. La ironía rebasa los límites cuando se habla con alguno de los migrantes que pasó la noche en el refugio que habilitó la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, durmiendo bajo una carpa casi uno encima del otro por falta de capacidad, algunos dentro de una bolsa plástica para pasar el frío de la madrugada, todos concuerdan que en Honduras es imposible vivir.

El penúltimo tramo

Desde su salida la caravana que avanzó por la frontera de Agua Caliente se dividió en tres grupos que avanzaban uno detrás del otro, de la misma forma salieron de Ciudad de Guatemala hacia el paso de fronterizo entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo.

Si tienen suerte, y avanzan a través de aventones, a cada grupo le toma aproximadamente 15 horas poder llegar desde la capital guatemalteca hasta la frontera con México.

Algunos se quedan rezagados en el camino y se unen para pedir un aventón o ayuda para ajustar el pasaje del bus que los lleve hasta el destino. Ese es el caso de Kenia Cáceres, madre de dos adolescentes y originaria de Tocoa, Colón; quien lidera un grupo de 9 jóvenes que esperan un aventón en una gasolinera a 100 kilómetros de la frontera.

Kenia regresó a Honduras cuando se anunció la Caravana de Migrantes después de vivir varios meses en Tapachula con Andrea, su hija de 17 años; la razón del regreso fue su hija menor de 14 años quien fue secuestrada durante dos semanas y abusada sexualmente por miembros de una pandilla.

Kenia, sus dos hijas y un grupo de jóvenes que les acompañan, siguen el camino rumbo a Tecún Umán después de haber logrado que un bus llevara a dos de sus compañeros junto con las maletas del grupo, Guatemala, 17 de enero de 2020. Foto Fernando Silva

Cuando Kenia presentó su caso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) le dijeron que sí podían otorgarle el refugio pero tenía que regresar por su hija. Después de cuatro días de camino se sienten cada vez más seguras al alejarse de Honduras.

Finalmente el grupo logra que un bus les haga el favor de llevar sus maletas hasta Tecún Umán y que dos de los jóvenes también puedan irse. Kenia organiza rápidamente al grupo y elige quienes se irán, les recuerda que no olviden la maleta que lleva el nebulizador de Andrea y ayudan a subir todo al bus. El resto de los migrantes, liderados por Kenia, comienzan a caminar haciendo bromas y pidiendo que alguien más los lleve.

En los alrededores de la aduana guatemalteca de Tecún Umán duermen alrededor de 500 migrantes que esperan al grupo que viene desde Ciudad de Guatemala para cruzar la frontera mexicana que conecta con Ciudad Hidalgo, Tecún Umán, 17 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

Los mismos engaños de siempre

El viernes por la noche llegaron Ever y Luis Fernando a Tecún Umán, cada uno ha cursado su propio camino y sorteado diversas dificultades.

Ever llegó en calcetines ya que los zapatos que llevaba se le rompieron en el camino, una parte del tramo lo hizo descalzo y hasta ahora que llega a la ciudad logra conseguir unas sandalias. Sentado junto a Sandra en una banca del parque municipal cuenta que le duele una muela y que no tiene dinero para nada, ni para una bolsa con agua. Unos minutos después una policía llega con refrescos y comida para ambos. En este trayecto no se ha registrado ninguna hostilidad por parte de las autoridades guatemaltecas.

Por otro lado Luis Fernando es acompañado por un grupo de migrantes de la diversidad sexual que se han encontrado en el camino y ahora en grupo piden seguridad al gobierno Mexicano ante la violencia en Honduras.

Ninguno de los dos quiso participar en el grupo de migrantes que la mañana del sábado intentó cruzar la frontera y forcejeó con elementos de la Guardia Nacional mexicana para poder pasar sin hacer registro migratorio y continuar su camino hacia Estados Unidos. En el forcejeo los elementos de seguridad rociaron con gas pimienta a los migrantes, incluidos a los menores que eran cargados por sus madres.

El sábado por la mañana un grupo de aproximadamente 300 migrantes intentó cruzar sin registro la frontera mexicana, en el forcejeo los elementos de seguridad rosearon con gas pimienta a los migrantes y cerraron los portones de ingreso, Tecún Umán, 18 de enero de 2020. Foto: Fernando Silva.

Del lado de Ciudad Hidalgo, la Marina Mexicana vigila que ningún migrante de la caravana cruce por el río Suchiate, 18 de enero, Tecún Umán. Foto: Fernando Silva

Este enfrentamiento resultó en el cierre del paso y la autorización de un cruce “controlado” de grupos de 20 personas según las instrucciones del Instituto Nacional de Migración.

Los integrantes de la caravana que decidieron pasar fueron subidos en autobuses que según la información del periodista Alberto Pradilla, reportando para el medio mexicano Animal Político, serían llevados a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

Ahora la Caravana Migrante espera la llegada de todos sus integrantes para pasar juntos este lunes 20 de enero y seguir hacia Estados Unidos.

Honduras ha demostrado tener un Estado fuerte y servil para intereses extranjeros, de explotación de recursos ya sea para la industria extractiva o para la economía ilegal del narcotráfico. Una institucionalidad fuerte para servir a estos intereses y débil para generar bienestar para la población, inútil para combatir la corrupción. Sin embargo, el gobierno actual se cobija en los principios democráticos de separación de poderes y soberanía para no renovar el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) que a dos días de cumplirse su plazo de trabajo en Honduras, fue liquidada por la falta de consenso con la OEA, principalmente por su apoyo a la Unidad Fiscal Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC).

En 2015, miles de hondureños salieron a las calles a exigir una Comisión contra la impunidad parecida a la Cicig en Guatemala, liderada por la Organización de Naciones Unidas y que llegara con el fin de investigar el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, saqueado para financiar la primera campaña del actual presidente de la república. En 2016 se instaló la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA). En 4 años la Maccih presentó 14 casos que en total suman a 133 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar casi 400 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, lavado de activos del narcotráfico para financiar campañas políticas, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.

Los resultados de esta misión no fueron nunca suficientes, pero eran una especie de rendija, para ver a través de la puerta de la impunidad, cómo se estructuraba la red de corrupción en Honduras. La ciudadanía se cuestiona aún qué tanto poder tenía esta misión y qué tanta posibilidades había de que los culpables terminaran en la cárcel, pero de alguna manera generaba esperanza. Con el tiempo, la esperanza se ha ido apagando, las antorchas no iluminaron más y miles han salido juntos a las calles, pero para huir en caravana hacia Estados Unidos.

La MACCIH chocó, desde el principio, con la institucionalidad cooptada que investigó, porque esta misma es la que le permitía seguir en el país. La gente que huye pidiendo asilo en el norte, ha chocado siempre con esa institucionalidad que no la protege y que le ha quitado toda esperanza.

Los que legislan fueron acusados y los tres poderes del Estado, al unísono expresaron que la Maccih violaba la independencia de poderes, imponía un sistema de justicia punitivo y hasta denunciaron atropellos contra los acusados. Diferentes organizaciones de sociedad civil, congresistas norteamericanos y organizaciones internacionales pidieron y sugirieron al gobierno renovar la Maccih, la última palabra siempre la tuvieron quienes se sintieron perseguidos por ella.

La Maccih fue poco a poco debilitada hasta llegar a este punto de su terminación. El Congreso Nacional, que insistió hasta el último momento que la ratificación del convenio corría por su cuenta, aprobó una ley que le quita facultades al Ministerio Público para investigar la corrupción, dejándolo en manos del Tribunal Superior de Cuentas, bajo la concepción de que la corrupción es una falta administrativa y no debe ser evacuada vía penal. Los diputados se garantizaron inmunidad legislativa y los casos de la MACCIH que rozan a la familia presidencial están detenidos porque la Fiscalía no avanza en la investigación y no se presentan requerimientos fiscales contra los personajes de más alto nivel.

La MACCIH, sin duda, dio la oportunidad a los periodistas y la ciudadanía de tener información para explicar las redes de corrupción, abrió la caja de pandora, supuso una oportunidad que ahora puede dejar a ciegas al país entero, la puerta podría quedar totalmente cerrada.

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Tras un año sumergido en numerosas crisis sociales, el 2019 finalizó con la publicación del Presupuesto General de la República para el año actual, aprobando la suma de 282,335 millones 553,855 lempiras destinados a los diferentes gabinetes sectoriales de la nación. Suma que presenta un aumento en comparación con la estipulada para el 2019, pero que por las condiciones de su distribución, no refleja cambios significativos en la inversión social.

Al aprobarse oficialmente el proyecto en el Congreso Nacional, la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que el aumento del presupuesto es sostenible y que su estrategia está orientada principalmente a mantener la consolidación fiscal; sin embargo, según Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Honduras cuenta con un índice de deuda del 49.4%, lo que lo convierte en un país insostenible; además asegura que la consolidación fiscal busca aumentar los ingresos y reducir los gastos del país a costa de recortes en áreas importantes.

Es el caso del sector salud y educación. A pesar de haber un aumento de inversión en el Gabinete Social, que es donde pertenecen ambas instituciones, al sector salud no se le proporcionó el incremento que la Secretaría solicitó a Finanzas, el cual era equivalente a 4,300 millones, según declaraciones dadas por el viceministro de Salud, Nery Cerrato a un medio digital. Por otro lado, Educación también tiene un leve aumento, pero se le disminuyó la cantidad proveniente del Tesoro Nacional, que es la inversión procedente únicamente de los ingresos del Estado.

El panorama salud: aumento de presupuesto pero no de verdadera inversión

A la Secretaría de Salud se le destinó 15,880 millones 193,416 lempiras, representando un aumento del 7.72% en comparación al 2019; a pesar de esto, no hay nada que garantice que estos recursos sean utilizados en su totalidad. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, destaca que existen presupuestos que no son ejecutados dentro del Ministerio de Salud.

“La crisis ha sido casi continua, en los centros asistenciales no ha habido un crecimiento del personal de salud con respecto al crecimiento vegetativo de la población; se han cerrado centros asistenciales, tenemos un ministerio de salud que devuelve 300 millones de lempiras no ejecutados, habiendo tantas carencias por falta de insumos y atención oportuna” afirmó Figueroa, conocida además por liderar la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación durante las protestas de ambos sectores el año pasado.

Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Para Figueroa, una de las problemáticas que define cómo se encuentra actualmente el sistema de salud, es el alarmante número de casos por dengue; que según la Secretaría de Salud llegó a los 113,175 el año pasado, causando un total de 180 muertes.

Hemos estado como un barco a la deriva (…), no hemos podido tener un programa preventivo en tiempo y forma” manifestó.

La presidenta del CMH vincula esta deficiencia con la fragmentación del presupuesto a través de las redes prestadoras de servicios de salud privada, ya que al no ser la secretaría quien maneje por completo todos los recursos, no se pueden conocer los indicadores de resultados o de impacto que definan si se está invirtiendo bien el dinero.

El Reto en Educación

Por otro lado, el aumento en la cantidad del presupuesto en el sector educación proviene de los recursos propios del sector y las fuentes externas – que son la deuda y las donaciones extranjeras – el recorte se encuentra dentro del Tesoro Nacional, donde se observa una disminución de alrededor de 124 millones en comparación al 2019.

A Ricardo Castañeda, del ICEFI, le preocupa el manejo de la actual inversión presupuestaria para el sector educativo y las bajas tasas netas de matrícula.

“El recorte de la Secretaría de Educación contrasta con la gran cantidad de niños y niñas adolescentes que están afuera de las escuelas (…) las propias estimaciones de la Secretaría muestran que para 2018 casi 900 mil niños estaban fuera del sistema; la lógica diría que el presupuesto público debería de priorizar eso, pero no prioriza la educación” afirma el economista.

Una niña juega con un libro de sopa de letras en una de las salas destinadas a atender la emergencia del dengue en el Hospital Escuela Universitario (HEU). En el momento de esta fotografía tres salas destinadas a atender la emergencia se encontraban colapsadas, Tegucigalpa, 24 de julio de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

Honduras se encuentra dentro de los países con índice de desarrollo humano medio; la comparación de este porcentaje entre los datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2019, muestra que ha sufrido ligeras disminuciones en comparación con el año 2016 (0.625 en 2016, 0.623 en 2019) con un porcentaje más bajo en el 2018 (0.617); sin embargo no hay cambios porcentuales significativos. Para el PNUD la educación “es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” por lo que la inversión en educación sí debería estar entre las prioridades.

Pocos recursos para instituciones electorales

Actualmente Honduras se encuentra en un periodo preelectoral; la crisis del sistema democrático vivido durante las últimas elecciones, nos coloca en un panorama con retos concernientes a la renovación y fiscalización de un nuevo mecanismo electoral, que funcione de forma transparente e íntegra. Las nuevas instituciones electorales: El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) – que serán las encargadas de reemplazar las funciones de lo que fue el TSE – ya se visualizan dentro de los entes que a los que se asignará una suma del presupuesto.

Al CNE se le otorgó una cantidad cercana a los 113,400 millones de lempiras; mismo monto que se le proporcionaba al Tribunal Supremo Electoral antes de su desaparición. Si se comparan estas cifras con las que el TSE obtenía durante el 2016, también año previo a las elecciones, se encontrará una diferencia mayor a los 116 millones, siendo el año actual el que cuenta con menos recursos.

Fachada principal del Tribunal Supremo Electoral, Tegucigalpa, 7 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

Por otra parte al TJE se le estipuló un ingreso de 35 millones de lempiras, menos de la mitad de los 90 millones que habían solicitado para la institución.

“Primero se nos había dicho que solo se nos iba a dar 25 millones, hicimos algunas gestiones en el congreso para advertirles que con eso no íbamos a lograr funcionar y de alguna forma nos extendieron a 35”, explica Eduardo Enrique Reina, presidente del TJE.

Esta no es la primera vez que les disminuyen recursos al ente electoral. El artículo 43 de la “Ley Especial para la Selección y el nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones”, establece que la asignación presupuestaria para los gastos iniciales del TJE al crearse, debió ser de 10 millones de lempiras, sin embargo, Reina comenta que solo se les proporcionó 7 millones para esto.

El Presidente del Tribunal, asegura que la institución queda extremadamente limitada con lo que se les está entregando, por lo que buscarán resolver a través de una solicitud de ampliación del presupuesto o pedir apoyo a la cooperación internacional.

Eduardo Enrique Reina, Comisionado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Tegucigalpa, 7 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La inversión en seguridad y defensa

Agentes de la Policía Nacional de Honduras durante un enfrentamiento en el Casco Histórico de Tegucigalpa, en las jornadas de protestas del sector salud y educación, Tegucigalpa, 30 de abril de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

Al menos en los últimos siete años, los fondos públicos destinados a la Secretaría de Despacho de Defensa – Fuerzas Armadas – han ido aumentando significativamente.

Este despacho, junto con el de Seguridad – Policía Nacional – reciben el 79.9% del presupuesto destinado al Gabinete de Prevención, seguridad y Defensa (Juntos suman un total de más de 150 mil millones); dejando muy por debajo a instituciones como el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social que solo cuentan con alrededor de 8 millones de lempiras.

Según Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), esto sucede porque existe una tendencia a priorizar la inversión en el control y represión del delito, dejando de lado la prevención y la rehabilitación del privado de libertad.

A pesar de los incrementos anuales presupuestarios en este sector, la realidad nacional en cuanto a asuntos de seguridad ciudadana, no muestra resultados positivos. El 2019 finalizó con una tasa de homicidios que superó la del 2018 con un total de 3,996 casos contabilizados por el departamento de estadísticas de la SEPOL; además se perpetraron 28 masacres más que el 2018 – sumando un total de 71 con 285 víctimas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El director del CEDOH cree que actualmente es imposible tener el control y el conocimiento de la distribución del presupuesto militar.

El analista político, experto en temas de seguridad, Víctor Meza, retratado en las oficinas del Centro de Documentación de Honduras, Tegucigalpa, 8 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

El desconocimiento del uso de los fondos en materia de seguridad está respaldado por la “Ley de Secretos Oficiales”, aprobada en el Congreso Nacional en el 2014, la cual limita el acceso a la información de más de 20 instituciones del Estado, así mismo la “Ley de Seguridad de Tasa Poblacional” aprobada en el 2011 y con vigencia hasta el 2023.

A pesar que los efectos o resultados de estos fondos no se pueden medir por su confidencialidad, lo que sí es observable es la presencia militar que se ha apropiado de espacios en diferentes sectores; Juan Orlando Hernández desplegó en las calles a la Policía Militar de Orden Público, colocó el sistema penitenciario del país bajo el mando de las Fuerzas Armadas tras declarar estado de emergencia a final de año y además les cedió la administración para el Programa de Desarrollo Agrícola valorado en 4 mil millones de lempiras.

Sobre este último punto, Ricardo Castañeda afirmó que la cantidad destinada para este proyecto no se tomó en cuenta en la discusión del presupuesto, ya que aun no se había definido la realización del Programa; no obstante, al ser un fondo multianual, muchos de los recursos van a ser ejecutados en este 2020.

Un presupuesto discrecional para el Gobierno

En Honduras, los análisis previos que se realizan para establecer las condiciones económicas del país, y así, posteriormente, crear un proyecto de presupuesto de acuerdo a las circunstancias establecidas, podrían estar siendo desarrolladas con intereses de por medio.

El ICEFI ha identificado que se subestima el monto de recaudación tributaria en los porcentajes establecidos para los proyectos de presupuesto sin justificación. Para el presupuesto actual, se estableció que hubo una recaudación del 16.6%, cifra que está muy por debajo del 18% esperado para el cierre del 2019.

Esta reducción no tiene ninguna explicación o evidencia que demuestre que hubo un deterioro en esa recaudación, llega incluso a contradecirse con lo definido en la Estrategia Fiscal de mediano plazo de la Secretaría de Finanzas.

“De acuerdo al marco legal vigente, si se obtiene más recaudación de la que se había pronosticado, esa recaudación adicional no necesita tener un destino especifico aprobado por el Congreso Nacional, sino que como Presidencia de la República se puede utilizar de manera discrecional esos recursos” explicó Castañeda.

El Informe sobre El Análisis y las Recomendaciones para el Proyecto de Presupuesto 2020 del ICEFI, asegura que es algo que ha sucedido al menos los últimos cinco años y que tal acción va en contra de los estándares internacionales de transparencia.

La fotografías de esta galería —ubicadas por orden de publicación— intentan ser el testimonio de un año que ha estado lleno de vaivenes: comenzó con una caravana de migrantes que a su llegada a territorio mexicano la vimos perderse en el horizonte, contamos algunas de sus historias y contamos también la historia de los que volvieron de ella con la mirada de quien vuelve de la derrota al hastío, o de quien se queda, confiando que a sus familiares no les suceda nada en la ruta migratoria.

2019 fue un año marcado por el juicio en Nueva York a Tony Hernández, las protestas del sector salud y educación, los gases lacrimógenos y la bala viva como métodos de represión a los estudiantes universitarios y sus bombas molotov, el aumento en los crímenes de odio y los femicidios, la corrupción de quienes gobiernan y el programa militar Guardianes de la Patria, los asesinatos de jóvenes que protestan contra el gobierno, la violencia en los barrios controlados por la pandilla y la mara, los desaparecidos en la ruta migratoria.

Esta galería, a manera de resumen, es un breve vistazo fotográfico a algunas de las historias que en Contracorriente contamos en 2019.

Enero: La caravana migrante a su llegada al municipio guatemalteco de Ayutla con el objetivo de cruzar la frontera de Tecún Umán y entrar a territorio mexicano. Luego de cruzar el último punto migratorio entre Centroamérica y México, la caravana migrante llegó a superar las 5 mil personas. Ayutla, Guatemala, 17 de enero de 2019. Foto: Martín Cálix.

Febrero: En un condominio rodeado de guardaespaldas, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa pasa sus días entre diligencias legales por los casos contra sus familiares y entrevistas de periodistas. En esta fotografía, Lobo muestra las transferencias SIAFI como supuesta prueba para mostrar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recibe dinero del gobierno y que, por lo tanto, está parcializado. Contracorriente lo entrevistó sobre los casos de corrupción en los que se le involucra a él y a su familia, la renovación de cuadros dentro del Partido Nacional y la gestión del gobierno de Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, Honduras, 16 de febrero de 2019. Foto: Martín Cálix.

Marzo: Doña Blanca corta cebollas y zanahorias, sentada frente a la vitrina que mantiene caliente las carnes en su comedor. Esta foto forma parte de la galería «Las Dolores», publicada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tegucigalpa, Honduras, 1 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Abril: Los jóvenes del Club Deportivo Olimpia de la Liga Federico Fortín de Tercera División celebran la conquista del campeonato y el pase a la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol. La Liga Federico Fortín juega en la cancha de El Birichiche, cancha que entraba dentro del proyecto Semilleros del Futuro. En 2005 las autoridades del fútbol hondureño firmaron un acuerdo para empezar el proyecto Semilleros del Futuro que vendría a mejorar las condiciones del fútbol menor con canchas, uniformes y capacitaciones, un proyecto que fracasó por el mal manejo de los fondos, entre irregularidades en la contratación de empresas hasta pago por obras que nunca se realizaron y equipo que nunca fue entregado, Tegucigalpa, Honduras, 6 de abril de 2019. Foto: Martín Cálix.

Mayo: Un manifestante apila neumáticos para que se incendien frente a la entrada principal de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Al menos unas 700 personas llegaron a la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa luego de ser dispersadas de un grupo mayor en la represión policial y militar, lo que desató la ira de los manifestantes que decidieron quemar la entrada principal de la sede diplomática. Tegucigalpa, Honduras, 31 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Junio: Radiografía del brazo de un estudiante universitario con la esquirla de una bala luego de la represión del 24 de junio de 2019 donde el Ejército y la Policía Militar del Orden Público violentaron la autonomía universitaria al ingresar y reprimir a los estudiantes universitarios con gases lacrimógenos y bala viva. Tegucigalpa, Honduras, 27 de junio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Julio: Un niño con fiebre, producto de haber sido infectado con dengue, permanece conectado a una de las máquinas de medición de líquidos en la sala para cuidados de pacientes con dengue del Hospital Escuela Universitario (HEU) de la ciudad de Tegucigalpa. Esta sala con capacidad para 18 personas, es una de 3 salas que el HEU ha habilitado para atender la emergencia, al momento de esta fotografía estaban colapsadas y los pacientes continuaban llegando. Tegucigalpa, Honduras, 24 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Agosto: Una mujer quema una bengala de humo durante la Marcha del Orgullo en la 3ra Avenida de San Pedro Sula. En el momento de esta fotografía Honduras registraba 27 crímenes de odio en 2019. Al cierre de la década (2009-2019) el país registra una cifra de 336 asesinatos y 1 desaparición de personas LGTBIQ, según datos del Observatorio de muertes violentas de personas LGBTTI de la organización Cattrachas. San Pedro Sula, Honduras 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Septiembre: Sentada y con el retrato de Wilfredo en sus manos, doña Doris cuenta que esa era la cama donde dormía su hijo. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado. Choluteca, Honduras, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Octubre: Un agente de la Policía Nacional de Honduras lanza una bomba de gas lacrimógeno durante un enfrentamiento con manifestantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández luego del resultado del juicio por delitos de narcotráfico que enfrentaba su hermano, y también ex diputado del Congreso Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández, Tegucigalpa, Honduras, 24 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Noviembre: Niños son transportados en un camión del Ejército hondureño, esto sucede durante los actos de inauguración del periodo 2019 del programa Guardianes de la Patria de las Fuerzas Armadas de Honduras. Cada año, desde 2010, el programa Guardianes de la Patria, gradúa 28 mil niños y niñas. Tegucigalpa, Honduras, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.

Diciembre: Catalina, al centro, sostiene el retrato de su hija Julia Oneyda Velásquez, desaparecida en la ruta migratoria mientras intentaba llegar a los Estados Unidos, le acompañan en esta foto, sus dos nietos Wilmer y Génesis, a quienes Julia dejó al cuidado de su madre, Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Martín Cálix

Conviven con la violencia, abuso, pobreza, abandono gubernamental, dolor y soledad. Conviven y resisten, todo por no perder la esperanza de que un día dejarán de abrazar las fotografías enmarcadas y personalmente podrán volver a sentir la piel y escuchar la voz de sus desaparecidos.

Un informe de la Unión Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras registra desde la década de los 90, al menos 740 migrantes que han desaparecido después de emprender la ruta migratoria. El número sigue aumentando ya que según otros datos de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, mensualmente, en promedio, son cinco migrantes que dejan de comunicarse con sus familias después de salir del país.

Entre todas esas historias, hay tres familias en tres barrios controlados por las pandillas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, que también han puesto una pausa en la felicidad desde la última vez que hablaron con sus desaparecidos. Es diciembre cuando son entrevistados, pero ellos no piensan en las festividades de la temporada, ya no existe música ni árbol navideño, solo piensan en seguir buscando hasta el último día de sus vidas.

I

«No me gusta recordar el pasado», dice doña Catalina mientras habla en la pequeña sala de su casa en la colonia Obrera «porque hay que acostumbrarse a perder y ganar porque la vida así es».

Hace 8 años que doña Catalina no sabe nada de su hija, Julia Oneida Velásquez, quien en 2008 huyó en dirección a Estados Unidos a causa de las amenazas de muerte a las que se enfrentaba luego de que su compañero de hogar asesinó a un vecino. En venganza, la familia del joven amenazó con matar a Julia junto con sus dos hijas e hijo. Génesis, hija de Julia y fruto de otra relación previa, tiene 20 años y también cuenta que este mismo hombre golpeaba brutalmente a su madre y la amenazaba de muerte a ella cuando tenía solo ocho años.

Según datos del Ministerio Público, al año, son más de 9 mil mujeres las que denuncian violencia doméstica en sus hogares. «Yo así chiquita me decía: “¿sabes qué? yo no te mato ni a vos ni a tu papá porque no valen nada, no me pagan las balas”», recuerda Génesis a pesar del tiempo. Después de muchos años de violencia y ante las amenazas causadas por las acciones de este hombre, Julia encontró la ruta de supervivencia en la migración hacia el norte. Llegó hasta Monterrey en México y vivió allí durante casi cuatro años, se casó con un ciudadano mexicano, envió dinero tres o cuatros veces y mantuvo comunicación con su familia hasta el 17 de agosto de 2012.

Ese día Maribel, hermana de Julia, encontró a su hijo Jeffry Abel Velásquez de 23 años, decapitado y dentro de un saco. Desde ese episodio de terror, la familia dice que ella no es la misma, que tiene problemas mentales. Maribel merodea el patio exterior de la casa, pero cuando escucha que están comentando la historia del asesinato de su hijo ingresa a la sala y muestra una foto enmarcada de Jeffrey, quien luce casi como una copia de ella misma, y explica que la pandilla lo dejó irreconocible.

La colonia Obrera fue declarada inhabitable por la Alcaldía Municipal en 2010 a causa de las lluvias que levantaron techos de casas, inundaron por completo las habitaciones y partieron la calle en dos. Sin embargo, la vulnerabilidad estructural de este barrio de Tegucigalpa no es la única razón por la que podría calificarse como inhabitable. El control de las pandillas y el tráfico de drogas alcanza con violencia a una gran parte de las familias que se han establecido en estos lugares, viven allí porque el dinero no les alcanza para vivir en barrios medianamente seguros. Estos barrios repletos de violencia también están llenos de familias que tienen uno o varios migrantes.

El 17 de agosto Génesis llamó a Monterrey para avisar del terrible hallazgo, pero el hombre con el que su mamá se había casado en México le dijo que ella no estaba porque había tenido que ir a un turno de trabajo. «Le volví a llamar el siguiente día, le seguí llamando y nunca me volvieron a contestar. No volvimos a saber nada de ella desde hace 8 años», cuenta Génesis mientras abraza a su pequeña hija de seis años e intenta limpiarse las lágrimas que ya rodaron por sus mejillas.

Después de haber perdido comunicación con Julia, toda la familia tuvo que salir del barrio y dejar su casa porque estaban amenazándoles de muerte. Regresaron hace cuatro años cuando los pandilleros que les amenazaban también murieron. Convivir con la ausencia en este contexto también ha significado recordar a diario la violencia que impulsó a Julia a emprender la ruta.

En 2018, el entonces Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó a los jueces de inmigración desestimar los pedidos de asilo por violencia doméstica y pandillas, causando el rechazo de diversas organizaciones de derechos humanos. El Centro de Estudios de Género y Refugiados y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron una demanda ante la orden, logrando que un juez de Distrito de EE.UU. dictaminara que la administración no podía imponer dicha prohibición y que las personas que alegan ser víctimas de violencia doméstica deben tener una oportunidad para poder solicitar asilo. Sin embargo, a pesar de esa decisión, hasta que no se revoque la decisión de Sessions, miles de mujeres que son víctimas de violencia doméstica se enfrentan a mayores dificultades para poder obtener asilo.

Génesis mira a su mamá en cada testimonio de las mujeres que han emprendido la ruta migratoria, los testimonios de violencia que cuentan en el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras «Amor y Fe», la aterrorizan. Hace ocho años que no sabe de ella, pensar en lo que puede estarle pasando solo la impulsa a seguir buscando a su mamá. En noviembre estaba lista para acompañar a las integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas que viajan hasta la frontera sur en México para buscar durante quince días a sus familiares desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos, pero su papá no la dejó ir.

Génesis actualmente cursa el penúltimo año de secundaria y aunque ha buscado incansablemente trabajo, no ha logrado encontrarlo. El único sustento económico de ella y sus hijos es su padre, quien le prohíbe participar de cualquier actividad que pueda ayudar a encontrar a Julia. La única forma de buscarla es con la complicidad de doña Catalina quien la cubre cuando hay actividades en el Comité. «Cuando vivíamos con ella se hacían cosas para las navidades, ahora nos hemos hecho poquitos», en ese momento se rompe en llanto y habla con mucha dificultad, «la ausencia de una madre nos afecta mucho en la adolescencia y luego en la maternidad porque yo tuve mis dos hijos y no estaba una madre conmigo», finaliza.

Mientras va a sus clases en el colegio o asiste a las actividades del Comité, es la abuela de Génesis quien también se encarga de cuidar a los pequeños que saltan y juegan por toda la casa junto a un gato de color blanco y gris al que le asignaron el nombre de Don Toño. Julia no sabe que ellos existen. «Me hace falta para todo, para darle un abrazo a las doce de la noche en noche buena, para un consejo. La amamos mucho y la esperamos, yo siempre la voy a esperar», dice Génesis entre lágrimas, y termina asegurando que, en esa casa, desde hace 8 años, ya no existe la navidad.

«En este país hay mucho dolor, mucha muerte», finaliza doña Catalina.

II

Don Miguel es un hombre robusto de 55 años, trabaja desde hace quince años en el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ubicado en la colonia Divanna, un barrio controlado por las pandillas en Tegucigalpa, y vive en la colonia Buenas Nuevas, también controlada por pandillas. La comunidad acude a él cada vez que hay un problema con el servicio de administración de agua, situación que es constante desde hace mucho tiempo en Tegucigalpa. Su liderazgo y carácter parece firme, pero también es notable su profunda amabilidad.

«Para mí no hay alegría», dice don Miguel cuando nos recibe en su casa e intenta controlar el llanto que comenzó al recordar a su hijo Miguel de Jesús Caballero, quien emprendió la ruta migratoria hace ocho años y del que no sabe nada desde ese entonces. Don Miguel cuenta que desde que sus dos hijos, Miguel de Jesús y Antonio eran unos niños, se esforzó por suplir al menos sus necesidades básicas, pero con el pasar de los años esta tarea se fue complicando ante la temprana paternidad de ambos, con lo que ellos empezaron a buscar opciones para darle un futuro mejor a sus propias familias.

Miguel de Jesús trabajaba en todo lo que le generara algún ingreso para suplir a su familia. Apenas había cursado la secundaria, pero no se dejaba vencer ante las pocas oportunidades de empleo en el país. Trabajó descargando camiones, bolsas de cemento, halando bloques, arena y grava, pero de todo ese esfuerzo apenas obtenía algunos lempiras. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de Población Económicamente Activa que trabaja más de ocho horas diarias sin recibir al menos el salario mínimo es de 48.6%, la cifra más alta en toda Latinoamérica.

En ese contexto, Miguel de Jesús le comentó a su padre que tenía las intenciones de irse a vivir a otro país, pero don Miguel tenía un mal presentimiento. «Yo le dije que no, que esa ruta es muy peligrosa, aquí no le hacía falta un bocado de comida y tenía lo básico, con lo poquito que se le podía comprar a la hija que tuvo. Pero él quería tenerla en mejores condiciones», don Miguel intentó convencerle, pero finalmente el 2 de agosto de 2011 partió rumbo a Estados Unidos. Diez días después de que su hijo saliera de Honduras, don Miguel no tenía ninguna información sobre él, temió lo peor y decidió salir en su búsqueda para llevarlo de vuelta a Honduras. Pidió permiso en su trabajo y viajó desde la colonia Buenas Nuevas en Tegucigalpa hasta la ciudad de Tecún Umán, fronteriza entre Guatemala y México.

En el camino visitó Casas de Migrantes, pegó afiches por todos lados, acudió a la morgue en Guatemala y verificó en decenas de cadáveres. En el municipio de Esquipulas algunas personas de la comunidad le aseguraron haberlo visto dormir debajo de una iglesia, don Miguel pasó día y noche esperándolo hasta que llegó un joven muy parecido a su hijo. Finalmente, no logró obtener ninguna pista de su paradero. Después de quince días tuvo que regresar a Honduras porque tenía que reincorporarse a su trabajo. Semanas después recibió noticias de su hijo a través de una supuesta llamada de Los Zetas, uno de los carteles criminales más peligrosos de México, quienes aseguraron que tenían secuestrado a Miguel de Jesús.

Don Miguel cuenta que le pidieron 200 mil lempiras, una cifra inalcanzable para él por lo que les explicó que pudo recolectar 100 mil lempiras que le prestaron en su trabajo, ellos aceptaron, pero la única condición del padre era poder hablar con su hijo antes de enviarles el dinero. El hombre de acento mexicano que se comunicó con él, prometió llamarlo el día siguiente para que hablaran. El 15 de septiembre de 2011 fue el día más largo de su vida esperando esa llamada, pero nunca volvieron a comunicarse con él. Don Miguel piensa que quizá eran personas que habían visto los afiches que pegó y quisieron aprovecharse de su desgracia.

Desde ese día, la vida le ha golpeado en reiteradas ocasiones, su hijo menor que quedaba en Honduras murió en un accidente automovilístico en 2013, su madre murió en 2017 y su esposa migró a España hace tres meses en búsqueda de oportunidades a las que no podría acceder en Honduras. A raíz de estas situaciones, don Miguel ha recibido tratamiento psiquiátrico y toma medicamentos para la depresión y ansiedad.

«Recuerdo su sonrisa, su amor, su cariño», se rompe en llanto mientras uno de los perros de su casa se le acerca para intentar consolarlo, «y la verdad es que no tengo nada que reprocharle», además recuerda que este 22 de diciembre Miguel de Jesús cumplió 27 años y lo que antes era una navidad llena de felicidad ahora no existe. El día de la entrevista don Miguel soñó con sus hijos como cuando eran unos niños, se despertó llorando y se arrodilló para pedirle algo que le pide a Dios todos los días desde hace ocho años: saber dónde está Miguel de Jesús, vivo o muerto.

III

«Mi mayor ilusión es que mi hijo esté vivo y que no le hayan hecho nada, uno tiene que aceptar las dos cosas: que esté vivo o muerto», dice Yohana García de 40 años quien busca a su hijo Jeffry Adonis desde hace quince meses. Jeffry es el hijo de en medio entre los seis que tuvo esta madre soltera que se dedica a moler maíz, vender tortillas y atender una pequeña pulpería en la colonia Villa Cristina de Tegucigalpa.

La presencia de las pandillas en este barrio es fuerte y alcanza una gran parte de los adolescentes, aun en contra de su voluntad. Ese fue el caso de Jeffry a quien le pidieron que se uniera para recoger el pago de extorsión en las pulperías de la zona, al negarse lo golpearon y amenazaron.
Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) hasta agosto de 2019 han sido detenidos 19,696 menores no acompañados, dos mil niños y niñas más en comparación con la crisis de menores migrantes no acompañados de 2014. Un gran porcentaje de ellos están huyendo de la violencia en sus comunidades.

El día siguiente a la golpiza, Jeffry pasó encerrado en su cuarto llorando con la cara inflamada, cuando salió pidió llamar a su papá que vivía en la frontera entre México y Estados Unidos para que le ayudara a escapar de la muerte a la que se exponía en su barrio. El papá de Jeffry vivía en Nuevo Laredo, México y se encargaba de cruzar personas desde la frontera hasta la ciudad de San Antonio en Texas.

Yohana cuenta que «era tanta la desconfianza que yo lo fui a dejar a Guatemala, pero cuando íbamos en el bus yo sentía aquello feo y le pregunté si de verdad quería irse», ante esa preocupación Jeffry se molestó y le pidió que no llorara, que no le diera mala suerte. Jeffry llegó a Nuevo Laredo el 12 de mayo del 2018 y fue recibido por un tío paterno, lo llevaron a comer y le tomaron fotos para enviarle a Yohana. Desde un cuarto en el que lo colocó su papá, mantuvo comunicación constante con Yohana durante tres meses, en uno de los mensajes le prometió que al llegar a Estados Unidos iba a trabajar para mantenerla como una reina.

El 4 de agosto Jeffry escribió que se sentía con fiebre, dolor de cabeza y estómago; además, contó que en el lugar donde estaba llegaba gente extraña a drogarse, que no podía dormir. Tres días después Yohana recibió la llamada de otro familiar en la zona para contarle que su hijo había sido golpeado hasta dejarlo inconsciente, y que luego lo habían llevado en la parte de atrás de un carro. «Solo me dijo que fueron los del Golfo que son los que cuidan el río, seguramente tenían algún problema con el papá», cuenta Yohana y recuerda que el 10 de agosto también reportaron la desaparición del padre de Jeffry.

Desde que esto ocurrió acudieron a la Cancillería, Interpol, Secretaría de Derechos Humanos y todas las instancias que creyó podían ayudarle a encontrar a su hijo, pero nadie se solidarizó con ella. La única atención que recibió fue del Cónsul de Honduras en México que la llamaba cada cierto tiempo para preguntarle si ya había encontrado a su hijo, dice Yohana que lo que ella quería es que la ayudaran a buscarlo y no que le preguntaran sobre su propia búsqueda. «Ya ha pasado un año y las autoridades nunca se han preocupado por mi caso, aquí en este país cada quien mira por su pellejo», asegura.

Yohana no se siente igual desde la desaparición, dice que este proceso la está matando lentamente, sus hijas mayores ya no quieren visitarla porque dicen que llora todo el tiempo, pero ella dice que no entienden su dolor y nunca podrán entenderlo. Yohana se encarga de limpiar constantemente el cuarto donde dormía su hijo, aunque sea un ritual profundamente doloroso, allí aguardan su regreso las camisas, gorras y un uniforme de futbol color rojo y blanco que usaba los fines de semana para jugar en la cancha del barrio.

«Tengo muchos sueños con él y yo lo miro delgado, mojado, que anda desnudo. La otra vez lo soñé que venía renqueando, desnudo, delgado y me dijo: “sí mami, soy yo, pero lléveme para la casa que no aguanto el frío”», algo le dice a Yohana que el niño bromista y juguetón que le pedía dinero para un jugo todas las mañanas sigue esperando que lo encuentren. La única esperanza que recibió durante estos meses ha sido del Comité Amor y Fe quienes le ayudaron a viajar en noviembre en la Caravana de Madres Centroamericanas para buscar a su hijo, aunque no logró obtener pistas de su ubicación en parte porque las autoridades mexicanas no les dejaron entrar a Nuevo Laredo por el peligro que representa esa zona.

«Para mí la navidad ya no existe porque en esta fecha era cuando mi hijo se emocionaba», dice Yohana y recuerda la insistencia de su hijo para que le comprara ropa, las torrejas que le encantaban y las risas que compartía con sus hermanos y hermanas.

Para Jeffrey migrar no era una posibilidad hasta que la pandilla quiso utilizarlo, pero Yohana dice que este es un problema del país, que hay una crisis política en la que les interesa más el poder que el pueblo, y señala hacia las gradas que conectan desde su casa con la calle principal del barrio. «Solo allí han matado a 31 personas», aseguró.

¿Qué nos dejó el año viejo? Aquí el equipo de Contracorriente les cuentan cómo lo vivieron contando Honduras.

Se estima que la cosecha hondureña de café 2018-2019 sea de 10 millones de quintales, lo que se traduciría en $1,500 millones para los productores de café —los dueños de las fincas de mejor calidad que tasan su producto en mercados europeos y asiáticos—, explica la Agencia EFE, en un artículo publicado en junio de 2019. El café es el segundo rubro de la economía según el PIB hondureño, solo superada por la industria textil (maquilas), dejando en 2017 1,17 mil millones de dólares, según the Observatory of Economic Complexity. A pesar que el café se ha convertido en el principal producto de exportación con cifras que han ido en ascenso en los últimos diez años, las mujeres que trabajan en las fincas de café en Honduras apenas ganan 1 lempira por cada libra de café en uva que cortan —es decir, la fruta del café—, lo que se traduce en un rango que ronda entre los 80 y 100 lempiras diarios. Los éxitos económicos de la gran industria del café no significan mayor cosa en las pobres economías familiares de las mujeres que se dedican a cosecharlo durante la temporada de la corte.

Fotoensayo por: Martín Cálix

Los éxitos económicos de la gran industria del café no significan mayor cosa en las pobres economías familiares de las mujeres que se dedican a cosecharlo durante la temporada de la corte.

Cuando se suele preguntar de dónde proviene el mejor café de Honduras, parece que hay cierto consenso —a veces más, a veces menos—, el café de mejor calidad se produce en el departamento de La Paz, y ahí, el mejor café lo cortan las mujeres de Chinacla —un municipio a 15 o 20 minutos del centro de Marcala, una de las principales ciudades del departamento de La Paz.

La Paz, en un país como Honduras, es una mentira a medias. La Policía Nacional reportó en su servicio de estadísticas 49 homicidios en 2018, desde 2015 una cifra en ascenso en este lugar que ha dejado de ser pacífico. No se puede comparar con las ciudades más violentas: San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero la violencia ocurre a puerta cerrada y a veces se desangra en la calle. El 13 de diciembre ingresaba a la morgue de Tegucigalpa Johana Lizet Guitiérrez de 17 años, asesinada en una finca de café en Tutule, departamento de La Paz. Johana, originaria de la comunidad de El Zancudo en Nahuaterique, se convirtió en el femicidio 358 de 2019. Murió luego de que atacaran la finca donde trabajaba con su familia- Además de su muerte, dos de sus hermanas resultaron heridas y le sobrevive a Johana una hija de 4 años.

Dentro de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Marcala, una mujer reza frente al altar. Esta iglesia fue construida entre los años 1886 y 1889, 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Fidelina Ávila, de la Red Contra la Violencia, explica que las mujeres del departamento de La Paz trabajan en las fincas de café porque suele ser la única opción para muchas de ellas, otras buscan trabajar en los supermercados, o hacen pan, o tamales, o cualquier cosa que les sirva para subsistir.

Mientras el café es nuevo en la economía del país, el modelo de trabajo con el que ha alcanzado ese lugar es, al contrario, antiguo, y muy conocido por haber condenado a otros países a la pobreza en las regiones en donde se produce el mejor café de exportación.

Fidelina insiste en el hecho de que no hay más opciones. Entonces, cuando las opciones se agotan o cuando las mujeres se agotan de esas opciones, cuando el lugar se hace invivible, migran.

Mientras las mujeres de la corta en las fincas de café ganan 1 lempira por libra cortada, las mujeres que trabajan en la selección del café para exportación en la plantas procesadoras, pueden llegar a ganar entre 170 y 200 lempiras diarios en jornadas de 12 horas, Chinacla 9 de de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una taza de café capuchino en Marcala cuesta 40 lempiras, en Tegucigalpa, ese mismo café puede llegar a los 60 lempiras, lo que equivale a medio jornal de trabajo de una cortadora de café de las fincas del departamento de La Paz. 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

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Belkis emigró desde las montañas del departamento de La Paz. Cuenta que de niña vivía en una casa pequeña con toda su familia, pero cuando tenía 24 años decidió buscar mejores opciones de vida, en Marcala no las iba a encontrar y solo después de muchas gestiones una cooperativa le otorgó un préstamo con el que pudo viajar a España. Necesitó 90 mil lempiras que tuvo que pagar —más intereses por préstamo— en un año. La falta de oportunidades de empleo, de educación, las pocas posibilidades de tener una mejor vida con lo poco que entonces hacía su familia son los detonantes para que decidiera migrar.

Se fue con un objetivo: el de quedarse en España únicamente tres años. Belkis tenía claro que ese tiempo era suficiente para mejorar sus condiciones. En España trabajó al cuidado de una anciana, que la trató bien, cuenta Belkis, que incluso le tomó cariño. Con lo que ganaba cuidando a esa otra mujer que no era su madre, pero que tenía la edad para serlo, le sirvió para poder comprar un terreno donde construir su casa, primero hizo eso, después pudo comprar algo de tierras donde ahora siembra maíz, café y tiene una vaca.

Belkis, retratada en su casa de la comunidad de La Flor, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Belkis es la cuarta de seis hermanos, y a pesar de ser dueña de la finca que trabaja con su esposo —con quien ahora tiene un hijo—, no le garantiza más que la subsistencia. Los intermediarios no pagan mucho por el café que produce en la montaña, apenas alcanza para la gasolina y para echar andar la nueva cosecha.

Ella se refiere a la montaña como suya: «mi montaña», dice cuando habla del porqué regresó de Europa. Hace énfasis en la familia, en lo cercana que es con su gente, arriba en la montaña donde desaparece la señal telefónica y el frío entra hasta los huesos.

En la cocina de su casa, Belkis sirve un vaso de limonada. La casa fue lo primero que pudo construir con lo que ganada en España, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En Europa a Belkis le tocó ver el sufrimiento de otras mujeres que como ella buscaron tener algo más que ilusiones, y que al hacerlo dejaron atrás a sus hijos, la lejanía las entristecía, dice.

«¿Por qué uno deja su país? Porque aquí el gobierno no se preocupa por la juventud», concluye, luego de enumerar las razones, ahora tiene 30 años, y se pregunta dónde va a estudiar su hijo porque en las montañas de La Paz las posibilidades de estudio son escasas.

Belkis revisa una planta de café de su finca que aún no ha madurado, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En las montañas, la pobreza es todo lo que conocen las mujeres desde que nacen. Fidelina explica que «las niñas viven en pobreza en sus hogares, además de eso están expuestas a que las mañoseen en el mismo hogar, a veces también por el lugar donde están durmiendo, hay hogares donde están durmiendo siempre todos juntos, en hacinamiento».

En el año 2017 el departamento de La Paz reportó 595 partos en adolescentes, según el informe «Violencia sexual en Honduras» del Centro de Derechos de la Mujer. En 2018, según los datos del Ministerio Público, el departamento de La Paz reportó 67 casos de delitos sexuales, 31 de estos son menores de 15 años.

Una joven carga a su hija en brazos mientras descansa en una banca frente a la iglesia católica de San Miguel Arcángel de Marcala. El departamento de La Paz tuvo una incidencia de embarazo adolescente de 595 en 2017, la cifra a nivel nacional para 2018 fue de 20, 516 partos en menos entre los 10 y 18 años de edad según datos del CDM, Marcala, 11 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

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En su primer intento, Erly solo pudo llegar hasta Chiapas. Aquella primera vez viajaba con cuatro jóvenes, y al atravesar un bosque —cuenta ella— los asaltaron. Esto la desmotivó de continuar su viaje hacia Estados Unidos. Luego de una semana en una casa decidió volver. En su segundo intento, Erly se acompañó de una cuñada, «nos fuimos a la deriva», explica. No tenían claro cómo llegar, qué rutas tomar, hacia dónde ir primero para comenzar a subir, aún así, las dos llegaron hasta Tenosique, aquí, el miedo a subirse en el tren que los migrantes llaman “la bestia” las detuvo, y buscaron ayuda en familiares que vivían en los Estados Unidos.

«Les llamamos, les pedimos que nos pusieran un coyote», explica. En 2005 logró cruzar la frontera sur, esquivando las embestidas de la migra y atravesando con sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico por el Río Grande. Para poder irse, Erly vendió lo que tenía, una finca de café.

Erly, retratada en su casa, Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

La razón por la que Erly decidió tomar la ruta migratoria fue porque sus seis hijos ya estaban en edad escolar y ella quería ofrecerles un mejor futuro, uno que ella no había tenido, aunque para eso, tuvo que dejarlos al cuidado de la abuela —la madre de Erly— durante un tiempo. Sus hijos tuvieron que asumir que se había ido, y como pudieron se cuidaron. Como su madre, Erly también fue madre soltera, su pareja los abandonó a los siete: a Erly y sus seis hijos.

De niña, cuenta, le tocó caminar hasta dos horas desde Chinacla hasta Marcala para poder estudiar la primaria y la secundaria, ella y sus hermanos. A los 10 años cortaba café en las plantaciones durante la temporada de corta y en Estados Unidos, Erly, hizo trabajos de limpieza en casas y universidades, con el tiempo pagó coyote para dos de sus hijos.

Erly, su hija Madeline y su esposo, trabajan en la empresa familiar, una tostadora, trilladora y empacadora de café que han instalado en casa de Erly, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Volvió en 2009: «no fue que me deportaron ni nada, sino que me vine voluntariamente porque mis niñas estaban grandes, ya eran señoritas y tenía que venirlas a cuidar».

Ahora habla de volverse a ir, que necesita trabajar, en Estados Unidos, sus hijos allá, le insisten que no se vaya, que para eso ellos le ayudan pero la respuesta de Erly sigue siendo la misma, desea volver a Estados Unidos para por segunda vez, intentar tener una vida mejor.

Erly ahora tiene 54 años y trabaja en su empresa familiar, una tostadora y empacadora de café que ha puesto solo porque pudo acceder a un préstamo. Cada mes, ella y su familia, pagan cerca de 20 mil lempiras al banco que les hizo el préstamo, una cifra que pagaran por cinco años.

Madeline es hija de Erly, y las dos trabajan en su empresa de tostado y empacado de café. Para poder montar esta empresa la familia se ha endeudado con un préstamo bancario por el que pagan aproximadamente 20 mil lempiras mensuales, durante 5 años, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Fidelina explica que la razón por la que las mujeres se van del departamento de La Paz es por la falta de oportunidades, dice que «tienen que salir del municipio, jovencitas, salen para otro lugar, emigran para Tegucigalpa, para San Pedro (Sula), para Siguatepeque, y también se van hacia Estados Unidos, España también, porque no hay trabajo, algunas se gradúan y ahí siguen, tal vez de trabajadoras domésticas, entonces no es fácil el empleo en estos lados, es bien difícil el empleo para las mujeres, entonces por eso están migrando hacia otros países y también en el mismo Honduras».

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para 2018 en el país la pobreza era del 61.85%, y la población rural era de 4 millones 97 mil 796. En 2017, el Índice de Desarrollo Humano en La Paz era equivalente al de Pakistán (0.567).

Una familia baja de la cosecha de café y se dirige a su hogar cargando trozos de leña seca para la hornilla, Chinacla, 10 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

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Más de 318 mil desplazados internos entre Honduras y El Salvador en 2019, reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En las plantaciones de café de Chinacla en el Departamento de La Paz —un departamento fronterizo con El Salvador—, hay mujeres que se han desplazado hasta ahí para poder trabajar y ganar 1 lempira por cada libra de café que cortan. La libra de café de esa región ya comercializado puede llegar a costar hasta 250 lempiras. Según la organización El Paraíso Café aproximadamente 90% de todo el café hondureño es comercializado a través de intermediarios independientes y agentes de casas exportadoras, 10% se comercializa directamente o a través de cooperativas.

July nació en el sur hondureño, es la mayor de diez hermanos, hijos de una madre soltera. Allá hacía casi de todo: trabajó siempre, desde los diez años haciendo de niñera de sus primos a cambio de ayuda para sus estudios, con el tiempo hizo trabajos secretariales, fue voluntaria de la Cruz Roja, trabajó en las camaroneras, y en el estudio fotográfico de un tío suyo ayudando a hacer restauraciones y las fotos de graduación de los chicos de secundaria. Cuando quiso comprar su propia cámara, le tocó la difícil elección: gastarse 20 mil lempiras en lo que podría haber sido su instrumento de trabajo o ayudar con ese dinero a su madre y hermanos. Optó por lo segundo.

July es originaria de Valle, luego de que conociera a su esposo, los dos se mudaron a Chinacla, su hijo ahora tiene 3 años de edad. 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Hace cinco años —narra con el acento pausado del sur— conoció a su esposo mientras colaboraba con la Cruz Roja en los proyectos de microempresas, «al principio me caía mal», dice y se ríe. Ahora tienen un hijo de tres años que juega a su lado mientras ella corta café en una plantación en el municipio Chinacla.

Para July, mudarse significó dejar atrás el calor de Valle y a su familia, hace dos años se mudó para vivir en medio del frío y construir su propia familia. Allá, como acá, también lucha contra las dificultades que implica tener una vida con pocas oportunidades laborales. Las mujeres tienen pocas posibilidades de adquirir independencia económica cortando café.

En promedio, July, puede llegar a cortar entre 50 y 80 libras de café, lo que significa para ella apenas entre 50 y 80 lempiras diarios. Su trabajo en la plantación lo intercala con el trabajo doméstico y el cuidado de su hijo. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Cuando no está cortando café, July ofrece sus servicios secretariales en casa a estudiantes que buscan transcribir sus tareas y enseña matemáticas de forma gratuita. Por vocación, explica, aunque no está interesada en ser maestra, se preocupa por los niños que la buscan. Hace diseños de tarjetas, de bodas y cumpleaños, explica. En el sur pudo sacar la secundaria y dejó una carrera universitaria por terminar, desde que se mudó busca, cuando puede, sacar algún curso por internet.

El trabajo en esta finca de café, donde July trabaja junto a sus cuñadas, comienza a las 8 de la mañana, pero para July, el trabajo comienza dos horas antes, debe levantarse muy temprano para hacer el desayuno para su hijo y para esposo que trabaja en una empresa coreana de instalación de energía renovable, y para uno de sus hermanos que se ha mudado con ella, y que trabaja también cortando café. Al medio día, hará una pausa para hacer el almuerzo para ella, su hermano, su hijo y su esposo. En la tarde noche, la escena se repite en la cocina, en los quehaceres domésticos.

Las manos de Tránsito cortan cuidadosamente el café, esta joven originaria de Ocotepeque puede cortar en promedio 150 libras de café en uva, lo que significa 150 lempiras diarios. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Tránsito, originaria del departamento de Ocotepeque, ahora vive y trabaja en Chinacla. A sus 27 años, cuenta que ha trabajado cortando café desde niña, ahora tiene un hija. Chinacla, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

July —como todas las mujeres en las fincas de café— no puede descuidar el trabajo de la casa por el trabajo en la finca de café. Hace los dos. Se encarga —como lo hacen las mujeres de La Paz— de hacer que la maquinaria del hogar no pare. «El mayor reto es ser ama de casa porque no me gusta», explica, y aún así hará todo eso aunque no le guste.

Sobre su futuro solo sabe que es incierto. Ahora que su esposo está finalizando el contrato con la empresa con la que trabaja y que la corta de café termine, July valora la posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos. El café que enorgullece a Honduras, el que se exporta también a Estados Unidos es de segunda importancia, las personas que expulsa Honduras, al final son las que sostienen la economía nacional cuando están lejos de su tierra.

Vista de las montañas de la sierra de Vallecillos, Planes de Marcala, 9 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Por: José Antonio Silva, coordinador de proyecto de MSF en Tegucigalpa

El acuerdo entre Estados Unidos y Honduras, que obliga a este último a retener a los migrantes referidos, va en contra de los derechos de las personas vulneradas. Hablar de seguridad en un país como Honduras es una contradicción.

La idea del “Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección” es una estrategia para reclutar gobiernos en la región a que asuman las responsabilidades de asilo y protección de los Estados Unidos. Este documento, en pocas palabras, busca retener en un país -que en 2018 tuvo un promedio diario de 10,05 homicidios, según la SEPOL – a migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Sudamérica y otros países trasatlánticos.

Resulta absurdo preguntarse ¿cómo garantizarles la vida a migrantes en un lugar que en 2010 fue considerado como el país sin guerra más violento del mundo1? Si bien, la tasa de homicidios ha mostrado algunas disminuciones en los últimos años, esta cifra aún duplica la tasa regional y quintuplica el promedio mundial.

Es precisamente esta situación de violencia la que enmarca las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras, que desde 2011 desarrolla un proyecto de atención humanitaria para dar atención médica, de salud mental y trabajo social a la población víctima de la violencia y sobreviviente de violencia sexual en la ciudad de Tegucigalpa.

Entre 2016 hasta mediados de 2019, los equipos de MSF atendieron a 2.048 pacientes víctimas de violencia sexual. De estas personas, el 70% son sobrevivientes de violación y de este porcentaje, el 51% son menores de edad. En este mismo periodo, MSF realizó un total de 10.309 consultas de salud mental a 4.942 pacientes que han sufrido violencia sexual u otras situaciones de violencia. Sus principales diagnósticos se asocian al estrés post-traumático (25.6%), la depresión (23.5%) y la ansiedad (16.7%).

Es evidente que el país centroamericano no tiene la capacidad de garantizarles seguridad física, salud y alimentación a los migrantes, teniendo en cuenta que difícilmente lo puede hacer con sus propios ciudadanos. Tampoco tiene la capacidad económica ni las condiciones físicas para albergar y atender por tiempo indefinido a extranjeros que ingresen a su país en su ruta hacia EEUU.

Precisamente por su extrema violencia y debilidad institucional, Honduras ha sido un país expulsor. La situación ha empuja a miles de personas a movilizarse de manera forzada dentro y fuera de Honduras. Según OCHA-RELAC, entre 2014 y 2017 el incremento de personas que se desplazaron a causa de la violencia fue casi siete veces más. De un registro de 29.000 (2014) pasó a uno de 190.000 (2017).

El fenómeno de las caravanas demuestra que las personas buscan salir de Honduras como sea. Según la encuesta de ACNUR, entre 12.000 y 14.000 migraron en las caravanas de octubre de 2018 hacia Estados Unidos. Aproximadamente el 75% eran de nacionalidad hondureña (otras de El Salvador y Guatemala). Y del total de estas, el 63% afirmó que su motivación para migrar estuvo relacionada con situaciones de violencia directa (amenazas, reclutamiento forzado, asesinato de familiares, entre otras).

El desplazamiento interno no se queda atrás. Entre 2004 y 2019, un aproximado de 247.000 personas tuvieron que movilizarse de manera forzada por causas asociadas a la violencia, según la Caracterización del desplazamiento interno en Honduras (2015) realizado por la Comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por la violencia, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadistica – INE, ACNUR, Joint IDP ProfilingService – JIPS y la Compañía de Jesús. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos cinco años, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia4 .

En este contexto de violencia estructural, un acuerdo como el que propuso Estados Unidos viola los derechos de las víctimas de la violencia y las expone de nuevo a situaciones de peligros que podrían costarles la vida. Honduras, en definitiva, no es un lugar seguro para alguien que busca protección.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

Los periodistas somos seres humanos. Sentimos, tenemos creencias, los códigos con los que crecimos quedan plasmados en lo que escribimos; en nuestro trabajo hacemos llamados a la acción, implícitos o explícitos. Los hacemos. Y sí, es verdad, tenemos contradicciones, debates internos, crisis existenciales, tenemos posiciones políticas e individualmente nos ponemos etiquetas, nos asumimos como actores políticos, pero ¿podés ser periodista y activista al mismo tiempo?, ¿qué nos suena mal en la pregunta?

En Contracorriente somos un equipo pequeño y diverso, individualmente cada quien se asume como quiere y participa en actividades fuera del horario laboral que refuerzan el compromiso que ha adquirido, siempre y cuando no transgredan los principios éticos. Sin embargo, como medio contamos con una política de conflicto de interés, cada quien lo sabe y aunque debatimos enfoques, posiciones y análisis sobre lo que reporteamos, lidiamos con esas contradicciones cuestionándonos y aferrándonos al mandato principal de nuestro oficio: verificar, apegarse a los hechos, cuestionar.

Comenzamos este texto con esta reflexión por las recientes acusaciones contra Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Nómada de Guatemala, un medio con el que hemos compartido espacios de periodismo independiente y también temas comunes. Además de condenar las acciones de acoso que denunciaron colegas en contra de Rodríguez en una investigación de la escritora Catalina Ruiz Navarro, editora de la revista Volcánica, esto nos hace interpelar nuestro papel como periodistas independientes con una agenda muy comprometida con los derechos humanos, sobre todo con los derechos de las mujeres y la población LGTBI.

Los testimonios recogidos por Ruiz Navarro indican acciones graves contra mujeres que no solo eran colegas sino, en algunos casos empleadas o exempleadas de Rodríguez. Siendo el respeto a los derechos de las mujeres un principio ético de Nómada, la falta a este representa lo que en otros medios, por ejemplo, sería romper la regla de no recibir dádivas de funcionarios, negociar con la noticia o falsear información. Sin embargo, este caso va más allá, porque el periódico fue fundado como feminista por el director, Martín Rodríguez, quien se proclama como tal.

Si ya ha causado molestias que los hombres que están en un proceso de construcción de nuevas relaciones interpersonales, conscientes de sus privilegios patriarcales, se asuman feministas o aliados, de alguna manera también causa molestia que los periodistas pretendan apropiarse de ese papel solamente porque se coloca en un plan de cobertura una cuota de género o porque le da una imagen fresca al medio, open mind.

En 2014, Martín Rodríguez en una entrevista con la DW, en el marco de una conferencia llamada «Informantes, activistas, periodistas: ¿es el periodismo de apología el periodismo de la era digital?», habló de cómo había salido de su antiguo trabajo como director del periódico digital Plaza Pública de la Universidad Rafael Landívar y estaba creando un nuevo medio (Nómada) con el gran reto de demostrar que aún se puede hacer periodismo con rigor «nosotros que somos explícitos sobre nuestra ideología».

«El periodismo a pesar de ser explícito con sus visiones de mundo, debe diferenciar del activismo en las cuestiones básicas del oficio, el periodismo es escéptico y quiere contar la vida y la sociedad. El activismo es cambiar el mundo y ambos deben estar separados aunque se necesiten el uno al otro», dijo entre otras cosas.

Nómada fue anunciado en su web como: «Y somos feministas, pues activamos por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres».

Ese mismo año, Emma Watson, nombrada embajadora de buena voluntad para ONU Mujeres, hacía famosa la campaña #HeForShe, que empoderaba a los hombres a tener un discurso y acciones de igualdad con las mujeres, a pensarse también como víctimas del patriarcado y buscar una reconstrucción de sus actitudes de vida machistas. Sin duda, esto generó una especie de moda en la que muchos hombres se asumieron feministas sin cambiar sus actitudes, pero perfeccionando un discurso que los acercaba cada vez más a puestos de poder, incluso en espacios por los cuales las mujeres han peleado toda la vida. Hombres apropiándose de la lucha feminista y aprovechándose de sus privilegios, depredando. La caricatura que surgió poco después: Nacho progre, satiriza perfectamente esta situación.

El periódico Nómada está formado por un equipo de periodistas talentosos, hombres y mujeres que han investigado la violencia sexual y que han revelado corrupción en el Estado, que han hecho un periodismo necesario para el país y la región. Pero ahora, con estas acusaciones, no es solo Martín Rodríguez el que paga, también el medio entero por el hecho de haberlo construido sobre una base de activismo que simplemente resultó ser un trampolín para captar audiencias y entrar en la dinámica de campaña que organismos internacionales apoyan incondicionalmente, algo que se centralizó en la figura de su director, como principal representante del medio, su cara pública más reconocida y su principal activista.

La incoherencia del director terminó golpeando al medio porque el medio se asumió institucionalmente como estandarte de ese activismo. Martín Rodríguez podía haberse declarado activista, no el medio, también pudo haberse declarado feminista y, sin aprovecharse de su privilegio, haber hecho lo que la carta abierta a los hombres feministas publicada en Pikara Magazine dice: «Parar, Retroceder, Callar, Hablar con otros hombres. Ser coherente».

En una consulta a través del Consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la periodista Mónica Gonzáles, defensora del lector del periódico digital El Faro de El Salvador, respondía a la pregunta sobre qué tan ético es ser activista y periodista diciendo que:

«Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en nuestros países son tan masivas y dramáticas, que se hace difícil mantener la debida distancia que debemos establecer como periodistas frente a hechos de esa naturaleza y magnitud. Más complejo aún mantener a raya nuestras emociones. No obstante, y precisamente por la enorme tarea que implica mostrar a los ojos de todos a los responsables de esas violaciones y cómo se expresa en el plano humano el balance de muerte y destrucción que dejan en las personas, es imprescindible hacer un esfuerzo mayor y chequear esas informaciones con una cuota doble de rigor… Distinto es lo que cada periodista podrá hacer como individuo, en el plano estrictamente personal o cuando expresa su opinión en una columna en que queda meridianamente claro que lo que allí se expresa es su opinión personal».

Los periodistas que vivimos en los países que reporteamos, sin duda somos golpeados emocionalmente por lo que cubrimos. Las mujeres periodistas que además reporteamos en medio del acoso de nuestras propias fuentes, colegas, compañeros de redacción, jefes o subalternos, funcionarios públicos, policías y militares, nos podemos llenar de ira, pero buscamos mecanismos para sacarla y seguir haciendo el trabajo porque ese es nuestro aporte. Las personas que se dedican al activismo son una fuente muy importante para quienes hacemos periodismo con una agenda de derechos humanos, los buscamos, los entrevistamos y hasta los cuestionamos, y respetamos su trabajo, su apuesta de vida, ¿por qué querríamos suplantarlos?

En Contracorriente publicamos un reportaje sobre violencia sexual en organizaciones de derechos humanos el mes pasado, pero meses anteriores hicimos también lo mismo con la Policía Nacional. A nosotros nos toca revelar esto esperando que sirva para la reflexión, para crear políticas y protocolos, esperamos eso porque sí, tenemos deseos, pero no nos toca más que revelarlo. No somos protagonistas, no queremos ser el Yo en una crónica periodística, ni los personajes de una historia que solo nos toca escribir, contar, ¿vale la pena poner en riesgo nuestro oficio por ese protagonismo?

Texto: Vienna Herrera

Encuesta: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

La mesa evaluadora de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) constituida por el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó prorrogar el convenio de la MACCIH que vence el 19 de enero. Días atrás el Congreso Nacional (CN) manifestó al Ejecutivo que no debe renovar el convenio al aprobar un informe que una comisión de diputados realizaron en 5 días para evaluar su desempeño. El futuro de la misión en el país ahora sólo espera la decisión final del presidente, Juan Orlando Hernández.

Hace un mes, el Poder Ejecutivo instaló una mesa de evaluación de la MACCIH constituida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la OEA. Hernández dijo que esperaba la resolución del informe para tomar una decisión sobre la renovación, a la vez que señaló que el Congreso Nacional podía opinar abiertamente debido a su función contralora.

La MACCIH se crea en el país luego de manifestaciones semanales en septiembre de 2015, exigiendo la renuncia del presidente y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de que se conociera que Juan Orlando Hernández admitió haber utilizado 3.6 millones de lempiras ($147 mil dólares) del dinero malversado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar su campaña electoral en 2014.

La MACCIH impulsó la creación de una Unidad Fiscal Contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC) del Ministerio Público y en conjunto han presentado 11 casos judicializados, tres aseguramientos de bienes con 112 personas procesadas, de los cuales 80 son funcionarios públicos y 44 son particulares. Además, detectó un daño al patrimonio del Estado por un valor de casi 310 millones de lempiras ($12,891 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como un Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.

El convenio establece que su permanencia en el país será de cuatro años y cumplido ese plazo la extensión de su mandato podrá prorrogarse mediante el canje de notas entre la OEA y el gobierno hondureño. Sin embargo, si deciden hacer cambios en el convenio se deberá regresar al Congreso Nacional para su aprobación en donde 71 de los 128 diputados votaron en respaldo a un informe que solicita la no renovación del convenio.

La comisión del CN que evaluó el informe se nombró 5 días antes de presentarlo y entre las conclusiones denuncian que la UFECIC filtró información a medios de comunicación internacionales, señalando directamente a UNIVISIÓN. Ante esta situación, Jeff Ernst, periodista que publicó el trabajo mencionado en el informe, dijo que la MACCIH-UFECIC no fue la fuente de la información, sino que los documentos forman parte de expedientes públicos de los casos de corrupción judicializados: “Por ser juicio oral y público, cualquier persona puede acceder a dichos expedientes. El gobierno lo sabe porque se lo dijimos. Hay pruebas” mencionó en un tweet.

Durante una de las sesiones, el diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU) Luis Redondo, presentó un documento con las refutaciones a cada aseveración hecha por el informe del CN y consiguió 34 firmas (30 de Libertad y Refundación, 4 de PINU) para que el CN solicite la continuidad de la MACCIH.

El informe del CN denunciaba que la MACCIH dio conferencias de prensa sobre los casos incluso mencionando personas que estaban en proceso de investigación en el que ponen de ejemplo cuando el primer vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor dijo que estaban investigando al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Oliva declaró antes de que se conociera el informe del Congreso Nacional que la MACCIH “es un matrimonio con el Poder Ejecutivo, si deciden seguir casados, que me lo envíen al Congreso Nacional y aquí decido si lo santifico o no”, una vez publicado el informe del CN, Oliva declaró estar de acuerdo con el resultado.

“Si alguien cree que esto puede traer consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, démosle para delante ¿cuál es el problema?” Oliva añadió que el informe no va dirigido al convenio sino a la ejecución de este “todo mundo cree que tiene el derecho de decir lo que quiera y piensa al Congreso Nacional, con libre opinión. Pero tener libre opinión a tener la razón, hay una enorme distancia, mucho menos que venga un organismo internacional a decirle al Congreso lo que tiene que hacer” añadió Oliva.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es actualmente el candidato oficial para la reelección en el puesto de secretario general que en 2020 se elegirá en la OEA. En twitter ha agradecido a la comisión evaluadora por tomar en cuenta sus observaciones en la evaluación de la MACCIH.

Reformas y leyes aprobadas para debilitar a la MACCIH

El informe realizado entre la OEA y el gobierno de Honduras señala que el Congreso Nacional ha modificado ciertos aspectos de las leyes presentadas de un modo que la MACCIH considera que podrían afectar los esfuerzos del combate a la corrupción. Además de presentar proyectos de ley como el de Colaboración Eficaz y la derogación y reforma de la Ley de Secretos Oficiales, no se ha tenido respuesta desde el Congreso Nacional.

El informe además denuncia que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos cambiando la propuesta técnica de la MACCIH acerca de la estructura de la unidad fiscalizadora. Después de una reunión, el Congreso aceptó las diferencias y publicó una fe de erratas. Esta situación no fue única, en 2018 el CN aprobó una reforma a la Ley del Presupuesto sin discutirla públicamente, los diputados involucrados dijeron que todo se trató de un error y presentaron otra fe de erratas.

La reforma señalaba que el Tribunal Superior de Cuentas tenía tres años para realizar auditorías en recursos invertidos en proyectos sociales y mientras se realizaban “no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal”. La reforma se aprobó después de conocer el primer caso de la MACCIH denominado Red de Diputados en el que se acusó a cinco exdiputados acusados de desviar 8.3 millones de lempiras ($340,000 dólares) a través de ONG’s.

La Corte Suprema de Justicia terminó archivando el caso, pero el Pacto de Impunidad generó una crisis interna en la MACCIH que culminó con la renuncia de Jiménez Mayor, el fiscal Julio Arbizu y el juez Daniel Urrutia denunciando que habían recibido amenazas, que no se sentían respaldados por la OEA y que había irregularidades dentro de la misma institución.

En enero, la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales las reformas realizadas a la Ley del Presupuesto. Por la aprobación de esta ley sin discusión previa en el pleno, la MACCIH presentó el caso Pacto de Impunidad en el que denunció a Antonio Rivera Callejas, secretario del Congreso Nacional así como a los diputados nacionalistas Sara Medina y Román Villeda.

Rivera Callejas fue absuelto de los cargos, a Medina y a Villeda se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Medina intentó conciliar, pero no fue aceptada y aún se espera saber si la causa se eleva a juicio oral y público, mientras que a Villeda ya se le decretó auto de apertura al juicio y se espera por la fecha.

Debido a los procesos judiciales que enfrentaron los diputados con el “Pacto de Impunidad”, el Congreso Nacional aprobó en noviembre durante una sesión legislativa nocturna una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para conceder inmunidad a los diputados mientras estén en el ejercicio legislativo.

“La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados que participan en dicho proceso parlamentario” dice la reforma.

En esa misma sesión, el Congreso Nacional aprobó una ley que reactiva la cuestionada partida del Fondo Departamental que, por su mal manejo, la MACCIH ha presentado tres casos contra diputados acusados por malversación de fondos. La nueva ley permite liquidar proyectos pasados, además de negociar en casos donde se encuentren irregularidades permitiendo la devolución de los fondos más el 2% de intereses.

La MACCIH denunció que estas acciones del Congreso Nacional “no demuestran un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad” y que, con esa reforma, afectaría a los tres casos de corrupción que tienen procesos judiciales contra más de 20 diputados están acusados de malversar 309 millones de lempiras para usarlos en campañas políticas y gastos personales.

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), manifiesta que el Fondo Departamental es utilizado para hacer proselitismo. “Los diputados lo han reconocido y volvemos a caer en el problema central que tiene este país que es cómo se financia la política y la manera histórica en Honduras es comprando votos de los pobres y para eso van a ocupar ese dinero”.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), además señaló que el manejo de fondos públicos no está entre las 12 atribuciones que tiene el CN en la Constitución de la República y por lo tanto, denuncian que es un mecanismo con fines clientelistas para asegurar la vigencia de quienes están en el CN.

Además, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra este decreto que reactiva el fondo departamental, denuncian que la ley imposibilita la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios. Aún se espera la resolución a este recurso.

Lester Ramírez, dice que esta resolución puede estar esperando la decisión del Poder Ejecutivo sobre el convenio de la MACCIH “uno de los posibles escenarios es si Juan Orlando acuerda intercambiar notas para renovar el convenio lo que hacen es que aprueban las leyes, salen los recursos de inconstitucionalidad en la CSJ favoreciendo al CN y de esa manera se blindan,” añadió.

El Congreso Nacional también aprobó hace menos de un mes un paquete de reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la que señalan que los auditores no podrán entregar información a otras instancias que no sea el TSC y eso excluye a otros operadores de justicia como el MP-UFECIC que ahora dependerán de los informes del TSC.

Las reformas además establecen en el artículo 77 que solo los órganos jurisdiccionales, previo procedimiento legal (orden judicial), podrán tener acceso a los registros del TSC lo que afecta directamente la independencia del Ministerio Público de solicitar información, acceder a auditorías, declaraciones patrimoniales y pliegos de responsabilidades.

Ante esta última reforma, el magistrado del TSC, Roy Pineda, dijo que considera absolutamente innecesaria la reforma al artículo 77 del TSC porque ya existe una coordinación que funciona con el Ministerio Público y esta reforma limita el accionar de las instituciones para combatir la corrupción.

Consideramos que es importante realizar reformas a la Ley Orgánica del #TSC para modernizar el Estado de #Honduras pero es innecesario reformar el artículo #77 porque limita el accionar de las instituciones para combatir la #Corrupcion https://t.co/PdRlv1Syop pic.twitter.com/ahfJptAvUW
— Roy Pineda Castro (@RoyPinedaCastr1) November 27, 2019

Sumado a esto, el Congreso Nacional aprobó ayer una reforma a la ley para que los auditores internos puedan ser “licenciados en contaduría, bachilleres en administración y contaduría, técnicos universitarios con previa capacitación del TSC” en la sesión se cuestionó si una persona con grado de bachillerato tenía la capacidad de realizar auditorías en el sistema público, de igual manera la reforma fue aprobada.

Para Fátima Mena, el Congreso Nacional ha ido respondiendo a los casos de corrupción que ha presentado la MACCIH. “Este es un Congreso de contrarreforma, es como la fábrica personalizada que tienen los grupos de poder de este país corrupto para poder generar sus herramientas de blindaje,” añadió.

La MACCIH evaluada por la población

Lester Ramírez, de la ASJ, señaló que uno de los mayores problemas del informe del Congreso Nacional fue que no hubo consulta a la población sobre el tema. “Está sesgado, le pregunta a las instituciones públicas especialmente que tienen una vinculación política muy fuerte con el sector del gobierno, el informe no le pregunta a la población y como representantes del pueblo deben de preguntarle. Muy carente de democracia” añadió.

De acuerdo con una encuesta de percepción ciudadana realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) señala que un 65% de la población encuestada apoya la extensión de la MACCIH. Mientras tanto, que una consulta realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras https://blogs.unah.edu.hn/assets/Uploads/Pronunciamiento-MACCIH-IUDPAS-20112019.pdf señala que el 75% de la ciudadanía opina que la MACCIH debe seguir trabajando en el país.

En Contracorriente también encuestamos a nuestra audiencia que en un 46% evaluó el trabajo de la MACCIH como satisfactorio, mientras que casi un 20% lo considera deficiente. Entre los aspectos que la ciudadanía destaca de los logros de la MACCIH es la creación de la UFECIC y el aspecto que destacan con menor puntaje es la apertura ante denuncias ciudadanas.

Evaluación MACCIH
Infogram

Dentro del convenio, uno de los objetivos de la MACCIH es la recepción de denuncias (sean públicas, anónimas o confidenciales) por medio de las instancias gubernamentales competentes, sin embargo, la ciudadanía encuestada calificó con mayor porcentaje la afirmación de que la MACCIH debe abrir un espacio para recibir denuncias ciudadanas, esto podría explicar el débil respaldo ciudadano que la Misión ha tenido en su tiempo en Honduras y podría interpretarse como una falta de confianza a la institucionalidad hondureña ya que la MACCIH recibe denucnias pero a través de instancias gubernamentales.

Uno de las mayores críticas que recibió la MACCIH estos años, es no tener investigaciones contra el presidente a pesar de que se han dado a conocer públicamente varias irregularidades. Cuando el primer vocero de la misión renunció, denunció que intentaron investigar al presidente Hernández y a la primera dama y eso los frenó.

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Los encuestados por Contracorriente señalaron que la MACCIH debe priorizar investigaciones a las ONG’s y empresas cercanas al presidente y el caso de narco política. Esto, a pesar de que la MACCIH llegó al país por el caso del IHSS, lo que muestra que los casos que la MACCIH presentó en línea con corrupción en ONG’s tuvieron un impacto en la percepción de la ciudadanía con respecto a los casos de corrupción en el país que se conocían anteriormente.

Los encuestados además creen que de no renovarse se envía un mensaje claro en contra de la lucha contra la corrupción debido al miedo que hay por parte de las autoridades a ser investigadas sumado un poco con el desinterés de la ciudadanía sobre el tema. Señalaron que de no renovarse la MACCIH la mayoría opina que el presidente no quiere que lo investiguen y que el Congreso Nacional tampoco.

Mauricio Villeda, diputado liberal, señaló durante una sesión legislativa que una de sus mayores críticas hacia la misión es no haber investigado la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que permitió una resolución de la CSJ para darle paso a la reelección de Hernández y que ese debía ser el primer caso que debió investigar la MACCIH.

Para Andrés Pérez, doctor en Derechos Humanos, en el caso de que la MACCIH sea renovada aún le queda por fortalecer a la UFECIC y los tribunales anticorrupción. “Eso implica que se siga vigilando que la selección del personal sea siempre por concurso, que haya vigilancias externas y segundo debe concentrarse también la MACCIH ahora en esta agenda legislativa que permita que los nuevos órganos anticorrupción tengan los instrumentos necesarios para realizar su trabajo”.

Pérez señala que la MACCIH debe impulsar la Ley de Colaboración Eficaz pero también revisar el procedimiento de enjuiciamiento de los altos funcionarios, además de la rebaja de penas en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2020, también presionar por la revisión de la Ley de Secretos Oficiales y una serie de medidas como la revisión de la regulación del enriquecimiento ilícito y el rol que tiene el Tribunal Superior de Cuentas.

“Pienso que la UFECIC ha sido capaz de realizar la labor que ha realizado hasta el momento por que ha tenido el respaldo de una misión internacional, incluso creo que el fiscal General se siente respaldado ante las presiones que tiene de otros órganos del gobierno a apoyar a UFECIC. Si la MACCIH sale quedaría muy débil la institucionalidad” añadió Pérez.

El nueve de diciembre la Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado solicitando la renovación de la MACCIH ya que “ha fortalecido a las instituciones hondureñas, afrontando la corrupción que socava la seguridad y prosperidad que todos los hondureños anhelan”.

Al día siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional manifestó este martes que la renovación o no del convenio de la MACCIH es una facultad soberana del gobierno y que esto dependerá de los resultados de la evaluación. Además, calificó como “innecesarias e inconvenientes” las manifestaciones públicas en el tema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, expresó que “nos sentimos contentos por el avance que hemos tenido y nos falta mucho por recorrer la respuesta judicial a tiempo, la calidad en las resoluciones, la objetividad e independencia temas que son de todos los días en lo que nosotros consideramos que hemos avanzado sustancialmente, nos falta camino por recorrer” finalizó diciendo que si la Maccih no se renueva “nosotros caminamos solos perfectamente”.

Hasta el momento aún se espera la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la renovación del convenio en donde la mesa evaluadora de la OEA y el gobierno piden la extensión del convenio y el Congreso Nacional exige que no se renueve. Mientras tanto, ni la MACCIH ni la UFECIC han dado declaraciones al respecto.

Para Lester Ramírez, la posibilidad de que el ejecutivo renueve el convenio está relacionada con que el presidente Hernández tenga una forma de blindarse de investigaciones una vez que salga del gobierno. “Me parece que él quiere mantener a ese sector del Partido Nacional contento y además como todo político hondureño histórico quiere continuar en el poder y no necesariamente quedándose como presidente, sino que puede tener sus tentáculos de poder a través de diputados, de magistrados en la CSJ”. Ramírez agregó que renovar el convenio podría confrontarlo con su propio partido político, un partido que ya dijo a través del Congreso Nacional que no quería una renovación.

Texto: Catalina Ruiz-Navarro

Este reportaje fue publicado originalmente en la revista Medium

El 13 de noviembre a las 3:55 de la tarde, una cuenta anónima (@metooguatemala) publicó una grave acusación contra el reconocido periodista guatemalteco, Martín Rodríguez Pellecer, de 36 años, fundador y director de Nómada, un medio digital independiente que ha sido reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción.

El tuit decía lo siguiente:

“A propósito del Foro de la @IniciativaIDEA que se está llevando hoy en Antigua, sería bueno mencionar que Martín Rodríguez ha acosado sexualmente a varias de las participante en distintos países, ofreciéndoles tragos en su cuarto de hotel, alejándose del grupo. (½)” y un segundo tuit que dice: “valiéndose de su reputación de ‘aliado’, aprovechando que está en otro país en actividades de periodismo, derechos sexuales, etc. Ojo ahí @revolufashion que todas hablamos entre nosotras y esto ya es un secreto a voces. #MeTooGuatemala #Metoo #PremioIdea”.

El “Foro Idea” es un espacio para celebrar y motivar la innovación en las estrategias para el avance de los derechos sexuales y reproductivos en la región, y en ese momento transcurría en Antigua, Guatemala. Este espacio ha reunido a varias periodistas feministas de la región, publicistas feministas e innovadoras en temas de tecnología y derechos sexuales y reproductivos. Fui invitada al Foro como ponente este año y estuve también en su primera edición, en Quito, Ecuador, en noviembre de 2017. También fui la moderadora del panel de apertura del Foro, en el que Rodríguez Pellecer era panelista, y cuando lo llamé a pasar a la tarima lo presenté como “mi jefe”, porque técnicamente lo es.

En noviembre de 2017 Rodríguez Pellecer me convocó para que lo ayudara a crear una revista feminista para Nómada, así que nos reunimos junto con Andrea Gómez y Loren Giordano, del equipo de Nómada, para crear Volcánica, una revista digital, feminista y latinoamericana, en donde hemos publicado a feministas diversas (periodistas, escritoras, activistas) que pertenecen al abanico multicolor de los feminismos de la región (afrofeminismo, feminismo indígena, transfeminismo) y temas como feminismo y discapacidad, trabajo sexual, economía, maternidad, entre muchos otros. Comencé como editora general de la revista y este mes pasé a asumirme como directora, luego de buscar a una editora y community manager para armar un pequeño equipo editorial y poder dedicarme a buscarle financiación a la revista y hacerla sostenible. Todo esto fue acordado de forma verbal y sin contrato. Volcánica es un proyecto del que he aprendido muchísimo y del que estoy muy orgullosa y, por transparencia, me parece muy importante contar quién soy y cuáles son mis vínculos profesionales con Rodríguez Pellecer y Nómada.

Fue debido a esos vínculos profesionales que unas horas luego de que se publicó el tuit busqué personalmente a Rodríguez Pellecer para pedirle explicaciones. Estaba reunido con varias publicistas en uno de los restaurantes del hotel, aislado de la conferencia. Le pedí que habláramos en la terraza, alejados de las demás y, al sentarnos, él tomó mi celular, lo apago y lo puso en su asiento. Me dijo que el tuit se debía a una “campaña en su contra”, y que estaban aprovechando su visibilidad en el Foro (Nómada participó además como co-organizador del evento) para atacarlo.
Le pregunté si había alguna situación que pudiera entenderse como acoso sexual y me contestó que hace unos meses se había armado un chisme que lo acusaba de haber acosado a M., una ex-periodista de Nómada. Rodríguez Pellecer me explicó que M. había salido “en malos términos” de Nómada y que meses después, cuando a él le llegó este “chisme” la buscó y la sentó frente a una periodista muy reputada de Guatemala para confrontarla y que M. lo había negado. Luego Rodríguez Pellecer me dijo que citó al Comité Anti-Acoso al interior de Nómada para que hablaran con ella, y que el resultado de esa conversación fue un audio en el que M. negaba todo. Me dijo que citaría de nuevo al Comité Anti-Acoso para investigar el tuit y me invitó a hacer parte del comité. Yo contesté que prefería hacer una investigación independiente y que por eso cortaríamos comunicación.

He documentado cientos de casos de acoso en los últimos 14 años de mi trabajo y por eso considero que investigar estas acusaciones, y hacer públicos mis hallazgos si estos llegan a ser de interés público, es mi responsabilidad como feminista y como periodista.

Lo que presento en este texto son los resultados de dicha investigación: los testimonios de cinco periodistas jóvenes que han sido acosadas en diferentes niveles de gravedad por Rodríguez Pellecer en los últimos dos años (2017-2019), durante eventos feministas y de periodismo internacionales a los que él fue invitado como aliado. Los casos incluyen incómodas conversaciones con insinuaciones sexuales, invitaciones a su cuarto, lo que en inglés se conoce como “sexual misconduct” o malas prácticas sexuales y en uno de los casos se rompe de manera explícita la barrera del consentimiento y por eso puede ser considerado abuso.

Los testimonios han sido editados en este reportaje para garantizar legibilidad, pero son el resultado de entrevistas directas y cuentan con grabaciones de soporte que están protegidas por el derecho profesional. Los nombres de las víctimas han sido cambiados para respetar su privacidad y evitar represalias, y acogen sus identidades a la protección de fuentes.

Más allá de la discusión sobre si estas conductas son punibles, es clarísimo que no son éticas, y mucho menos ético es recibir dinero y prestigio por decirse aliado feminista y luego usar ese mismo prestigio para acosar a las periodistas feministas latinoamericanas de la nueva generación.

M.

Martin era muy coqueto y él siempre decía que éramos amigos, pero era una amistad incómoda. De repente bailaba mucho contigo, e incomodaba porque bailando, se pegaba tanto que uno le sentía el pene, pero pensás: “es mi amigo”.

Y cuando fuimos a Colombia, en octubre de 2018, él siempre estaba hablando de sexo. Es incómodo, vas sola con él en un avión y va hablando de cómo se cogió a alguien en un avión, y luego te pregunta si con tu novio tienes la regla de que “fuera del país puede pasar algo con otra persona”. Ya estando en Medellín me dijo que él conocía un lugar que era súper alegre, fuimos solos los dos y cuando llegamos era un centro cultural y no había fiesta, así que nos fuimos a otro bar. Yo no tenía wifi y tuvimos que regresar en taxi. Martín me dijo que él conocía Medellín y el taxi se metió por unas calles que según él eran muy feas, -yo no sé porque no conozco Medellín-, pero cuando pasamos por ahí me agarró la mano y yo pensé “bueno, debe ser que tiene miedo o cree que yo tengo miedo”. Y no me la soltó el resto del camino.

Llegamos a su hotel porque yo había dejado la mochila en su cuarto, me dijo que tomáramos otro Gin, y yo le dije que no, que tenía cosas que hacer. Entonces me dijo “¿no te quieres quedar a dormir acá?” y yo le dije “no, porque solo hay una cama” y me dijo “bueno, ponemos almohadas en el medio, ¿o te incomoda?” Y le dije “sí, me incomoda”. Además yo había pagado un Airbnb que quedaba muy cerca. Y me fui.

Honestamente no sentí que la relación entre nosotros haya cambiado después, pero sí es verdad que nos peleábamos más. Luego yo renuncié a Nómada porque la relación estaba desgastada. Hablamos después porque él me pedía productos que yo no había podido entregar. Y luego en mayo quedamos en tomar un café. Ese día me dijo que la reunión iba a ser hasta el siguiente día y a otra hora, en Capistrano en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, y que le había pedido a Ana Carolina, que fuera testigo de la conversación. Todo esto me pareció muy raro.

Cuando llegamos me dice: “Este era un café amigable, pero eso fue antes de enterarme de algunas cosas, entonces necesito que me expliques, por qué estás diciendo que te acosé sexualmente cuando tú sabes que es una mentira y no sé cómo puedes mandarme mensajes en redes sociales de los lindos que están mis hijos, cuando estás haciendo todo lo posible para destruirme. ¿Cómo puedes querer destruir Nómada si te formaste ahí? Te voy a demandar por difamación». Yo le contesté que no había dicho nada, y era verdad, yo no le había contado a nadie sobre lo que pasó en Medellín, porque yo ni siquiera pensaba que eso había sido acoso.

Me pareció raro lo que pasó en Medellín, pero pensé “Martín es raro”. Es como ese amigo raro que siempre va a intentar y siempre lo vas a batear. Yo, el día de la confrontación lloraba, porque pensaba que alguien me estaba usando para atacar a Martín. Luego fui a la psicóloga y ella me hizo caer en cuenta de que esa reunión con Martín y Ana Carolina era una amenaza, él no me preguntó si me sentía incómoda, llegó con los tacos por delante a dañar mi reputación.

Esto fue el miércoles, el viernes en la mañana me llamó Javier, de Nómada, y me preguntó si era verdad. Yo le dije que yo no había dicho nada y que además no sabía si esto que había hecho Martín era acoso. Yo no sentí que mi trabajo estuviera en peligro, no pensé que me fuera a violar, solo me pareció que sus preguntas eran incómodas y como indecentes. A la semana siguiente le dije al comité contra el acoso que yo nunca había dicho que Martín me hubiera acosado y esto quedó registrado en una grabación. Me prometieron que esto era lo último que yo iba a saber de él.

Ana Carolina Alpírez

La reunión sí ocurrió. Fue en Capistrano, nos juntamos ahí los tres. Martín le dijo a M. que ella había comenzado una campaña en su contra y que eso no era cierto y que si ella lo había dicho, porque según Martín dos personas habían asegurado que M. lo había dicho. M. dijo que no. Y la reacción de M. fue muy auténtica también, le dijo: “las dos persona que usted menciona, sí he hablado con ellas, pero no de estos temas». Él dijo que iba a romper toda comunicación con M.

M. dice que ella nunca inició un rumor de acoso en contra de Rodríguez Pellecer, pues ella ni siquiera había caído en cuenta de que esa invitación inapropiada a subir a su habitación podía entenderse como acoso. A juzgar por los testimonios quien creyó que sí era acoso fue Rodríguez Pellecer, y por eso asumió que M. había iniciado el rumor, pero parece que hizo mal sus cálculos y terminó por intimidar a la víctima equivocada. En este testimonio también es notable como Rodríguez Pellecer intimida a la periodista con una demanda por difamación e intenta crearle una mala reputación.

C.

La primera vez fue en un país en Suramérica, en 2017. Fue para un foro de derechos sexuales y reproductivos en donde yo gané en una de las categorías y él fue jurado de los premios. La cosa es que estábamos en una fiesta y yo no tenía datos en el celular, entonces él ofreció llevarme a su hotel y hacerme un masaje tántrico. Eso me lo ofreció después de la premiación, cuando fuimos a bailar. Tú estabas.

Yo llegué tarde al bar de salsa porque estaba en una cena, llegué con maleta porque en unas horas me iba al aeropuerto. Antes de ir al aeropuerto tenía que dejar a mi amigo Roberto en su hotel, y Martín venía con nosotros. Luego de dejar a Martín le dije a Roberto, “este wey me acaba de ofrecer un masaje tántrico”.

En ese momento yo no lo registré como acoso, él ya no era mi jefe, pero había sido jurado del premio que yo acababa de ganar, estábamos bailando y se me acercó y me dijo que acababa de aprender unos cursos de masaje tántrico y que si yo quería uno. Yo creo que ya estaba peda, acababa de ganar 15 mil dólares, claro que estaba peda. Todavía lo pensé un par de veces pero dije “¡no, si Martín es mi amigo!”. Es más: Martín me llevó a buscar retrovirales después de una fiesta de Nómada que sufrí un abuso y él me llevó a tres hospitales y a poner la denuncia, obviamente iba a confiar cien por ciento en que Martín no me iba a hacer daño.

En 2018, en junio, en Brasil, estaba en una fiesta de un encuentro de periodismo y tecnología [organizado por una red feminista] y Martín estaba ahí. Yo no hablo portugués y tampoco tenía datos, entonces unas chicas de Ecuador dijeron “¡vamos a bailar!”, y Martín dijo “¡yo!”. Y yo dije, bueno ese wey habla portugués, ya ha estado acá antes, sabe a dónde ir a bailar, ¡vamos todas con él! Martín pidió un Uber, me abrió la puerta, me subo y él se sube y cierra la puerta tras de sí, y yo le digo “pero, ¿y ellas no van?” Y me dijo “no te preocupes, les voy a mandar la ubicación y se van en otro Uber. Además, yo quiero que nos vayamos solos porque te quería pedir perdón, por no valorar el trabajo que tú hiciste en Nómada, yo pensé que iba poder reemplazarte con facilidad, pero han pasado años y no he encontrado a alguien que pueda llenar tus zapatos”.

Llegamos al lugar pero estaba lleno. Estuvimos dizque bailando, hasta que me aburrí, porque yo no bailo y yo dije “¡ya vamonos!”, y no tenía cómo pedir un Uber, me acuerdo que traté de pedirle internet a una persona en la calle, pero yo no sabía portugués, así que me monté en un taxi con Martín, y otra vez me volvió a ofrecer el masaje tántrico. Entonces yo dije “este wey no va a parar”. Fuimos a su hotel para conectarme a internet y así pedir un Uber para mí. Al llegar al hotel me decía “¡sube, sube!”.

Finamente yo subí. Me imagino que podrás intuir pero esta parte es la que me cuesta.
Subimos al cuarto de hotel y me dió el masaje tántrico. Después de eso le pedí que me pidiera un Uber a mi hotel y regresé asqueada y avergonzada. Y al día siguiente me dice: “lo mejor de esto es que yo sé que tú no vas a decir nada».

Luego en 2019 me enteré del caso de M. porque ella me llamó a contarme que Martín la había amenazado con demandarla. Y le dije “¿pero tu no te acuerdas de lo que me pasó con Martín?” Y me dijo que no, y entonces me di cuenta de que a M. no le había contado nada.

Roberto Buendía

Fue la noche de la premiación, habíamos quedado de encontrarnos en este lugar para bailar, inclusive estabas vos ahí, y cuando llegamos él empezó a bailar bastante pegado a ella, y ella como que se opuso en varias ocasiones, pero el maje estaba como necio. Después ella y él se tenían que ir al aeropuerto porque salían muy temprano, ella se tenía que ir más temprano con él, ella lo que hizo fue decirme Roberto no me dejés sola, acompañame hasta donde podás, y yo fui con ella al hotel de él como para que él sacara sus maletas y yo pedir mi carro ahí desde el hotel, y de esa manera ella no se tenía que bajar a acompañarlo. Durante la noche como que el maje le ofreció masaje tántrico. Nosotros nos bajamos al lobby, y en el lobby el maje le volvió a decir que subiera con él, y ella me agarró, inclusive mentimos, le dijimos que éramos novios para que el maje no siguiera jodiendo.

El caso de C. puede ser catalogado como “sexual misconduct”, lo cual en sí mismo es una gran falla ética, un gran abuso de confianza, si tienes que insistir tanto y usar tantas artimañas para que alguien tenga algún tipo de intimidad sexual contigo, quizás no deberías estar intimando. Pero además de esto hay que señalar que el primero de estos avances se dio luego de que la periodista ganara un premio en el que Rodríguez Pellecer fue jurado, y que seis meses después y en otro país su insistencia para tener intimidad sexual continuaba. Ser jurado de dicho premio, estar en una ciudad desconocida que él dice conocer bien, tener datos en el celular cuando las periodistas no, son factores que ponen siempre a Rodríguez Pellecer en una posición de control de la situación que él parece -dada su reincidencia- buscar de forma deliberada.

Al testimonio de C. a mi me gustaría añadir dos cosas: primero, que como cuentan C. y Roberto Buendía, yo estaba en efecto en el mismo bar de salsa en Ecuador, cuando ocurrieron estos hechos, que en ese entonces para mí pasaron desapercibidos; y que durante una visita de Rodríguez Pellecer a CDMX en 2018 -no recuerdo el mes- también me contó a mí que había aprendido a hacer masajes tántricos, no me lo ofreció, solo me dijo que había aprendido a hacerlos, algo que a mí me pareció inapropiado pero a lo que no le vi malas intenciones por la misma razón que las periodistas que han aportado estos testimonios: era mi amigo. Lo cuento porque me parece que el detalle del “masaje tántrico” es algo muy específico. También porque esto muestra claramente cómo las diferencias de poder en materia de acoso sí importan, cuando como yo, una mujer está en una situación más balanceada de poder, puede rechazar los avances sin problema, pero a medida que la brecha de poder se agranda esa desigualdad permite el acoso o el abuso, como ocurre en el testimonio aportado por una periodista, década y media menor que él.

A.

Fue en una ciudad fuera de Latinoamérica en una conferencia de periodismo. F. y yo estábamos ahí y nos lo encontramos en una fiesta que hubo en el primer día de la conferencia. Fue en 2019. Yo no lo conocía. Llegó a saludar, nos dijo que sabía quiénes éramos y mencionó los proyectos de periodismo en los que trabajamos. Dijo que nos admiraba un montón, que votó por nosotras cuando fue jurado de un concurso. Y nada, terminó esa fiesta y todos los latinos querían seguir la fiesta. Él se fue a comprar vino, cerveza, todo, y nos fuimos todos los latinos, argentinos, mexicanos, estuvimos tomando y él pasó como toda la noche con nosotras, con F. y conmigo. De repente decía cosas raras, no sé, le encantaba hablar de que la ciudad en la que estábamos le gustaba porque hay muchos lugares para hacer nudismo y yo mencioné que a mí no me gusta eso porque las mujeres en ese país son muy delgadas y no tienen mucho pecho, y yo dije que eso me incomodaba, y me dijo “¿por qué? ¿tenés miedo de que alguien se enamore de ti?”

Todo el mundo estaba muy borracho, pero ya todos se querían ir menos F., Martín y yo, que queríamos seguir bailando y pusimos reggaetón en su celular. A F. le habían dado todo un piso en el hotel, un cuarto en el que cabían como cuatro personas y ella nos invitó a seguir allá la fiesta. Nos fuimos caminando, pero era todo muy amistoso, así que no pensé nada, cuando llegamos al cuarto él dijo: “bueno hay que jugar algo”, y lo que quería jugar era “verdad o reto”. La primera que jugó fue F. y eligió verdad. Martín le pregunto cuál era su fantasía sexual. Pero luego de contestar salió corriendo al baño a vomitar, y nos quedamos solos un buen rato Martín y yo. Me dijo: “bueno, te toca a vos”, y dije “reto”, y entonces me dijo “¡bailemos bachata!”, y empezamos a bailar muy pegado, y sí, la bachata se baila pegado, pero estaba metiéndome la rodilla entre las piernas, y sí, pues sentí… no precisamente como una erección, pero sí su pene ahí. Luego F. salió del baño y dijo que se sentía muy mal, “ya no juguemos, ya no puedo”.

Había dos camas extra, y yo dije “bueno, voy a dormir en la otra cama, así que yo me puse una camiseta grande de F. y me metí en la otra cama. Martin también se metió en la cama, y ahí me empezó a tocar la espalda, porque yo duermo boca abajo. Me dijo “¿está bien que haga esto? ¿te puedo tocar así?” Y yo le dije “ok”. Luego me dijo “¿te puedo besar?”, y yo le dije “no”. Y entonces se empezó a reír y me dijo, “¡no puedo no puedo creer que esté acá con A., y que te conocí y ahora estoy durmiendo al lado tuyo!” Luego F. se despertó y nos dijo que nos fuéramos, a mí me susurró al oído “por favor no dejes que Martín se quede solo conmigo”. Martín me dijo que su hotel quedaba al otro lado de la ciudad y el taxi era muy caro, así que nos fuimos a mi cuarto.

Mi cuarto no era tan grande como el de F., mi cama era muy pequeña. Yo sé que me acosté y me hice como muy pequeña a la orilla de la cama y ahí me siguió tocando y tocando, sé que en algún punto yo le dije a Martín que sentía el anillo, y le dije “Martín estás casado, ni te estás quitando el anillo para estarme tocando”, y me dijo no que “el matrimonio es una institución súper patriarcal”, que “hay un súper documental de Netflix con Vox sobre eso”, y yo le dije “ya lo vi, pero no quiere decir que esté de acuerdo”, y le pregunté: “bueno, ¿tu tienes una relación abierta?”, y me dijo que justo antes de ese viaje le había propuesto a su esposa que tuvieran una relación abierta y que él, de tonto, no lo había concretado. Luego, no sé si me lo dijo en broma, pero me dijo “¡emancípate!”, y me puse a reír y le dije que “era lo más feministo que me habían dicho en la vida”. Le dije que otras personas podrían sentirse mal por esto y me dijo: “por eso no se van a enterar».

Por la noche me estuvo tocando, yo sé que le di la espalda mucho tiempo. En la madrugada me levanté a vomitar, no sé si de la borrachera o del asco. Me tiraba cumplidos todo el tiempo, “me encanta tu pelo”, “me encanta como olés”, “me encanta la ropa que traes puesta”, me encanta todo, yo decía algo y me decía “¡me encanta!”. Otra cosa importante es que yo me sentía muy culpable, pero me daba mucho miedo caerle mal. Yo no quería caerle mal porque él fue jurado de ese premio, es el director de Nómada… En algún punto le dije “no quiero, pero no quiero caerte mal”, y en un punto no me acuerdo si lloré o no lloré y él me dijo: “no, no tenés que sentirte mal, nunca me vas a caer mal, para nada”.

Ahí no nos besamos, porque yo no quería besarlo, sentía que si lo besaba eso lo hacía real, pero si solo me estaba tocando la espalda no era real del todo. A la mañana siguiente dije “bueno, ¡ya todo se fue a la mierda!” y lo besé, pero me dio mucho asco porque sentía que me estaba comiendo la cara. A la mañana siguiente pasó más. Y sí, fui más activa, algunas cosas sí se sintieron bien. Pero yo le dije: “no me toques debajo de la ropa interior”, yo se lo repetía cuando veía que se estaba acercando, y en un momento solo metió la mano en mi calzón. Me asusté, me fui para atrás y le dije “¿que nos sos feminista? ¡Te dije que no!”. Pero a él no le pareció grave evidentemente y me dijo “los seres humanos estamos llenos de contradicciones”.

En el testimonio de A. se puede observar coincidencias: usar la adulación y el trago, una insistencia en hablar de sexo y de ponerse en situaciones cargadas sexualmente, la ruptura del espacio personal (a nadie se le debe sentir el pito cuando está bailando si no hay consentimiento de pareja de baile), la insistencia reiterada en sus avances sexuales a pesar de negativas gestuales, y verbales, tácitas y explícitas, el abuso del poder que le da su prestigio (en el caso de A. ella teme rechazarlo, intimidada por su prestigio profesional), y la manipulación emocional para mantener en secreto sus actos. Debido a que en varias ocasiones Rodríguez Pellecer infringe varias negativas explícitas a sus avances este testimonio puede ser catalogado como abuso.

D.

Me fuí de Nómada porque estaba sufriendo del famoso “burnout”, era demasiado trabajo y por razones de mi salud mental dije: no puedo. Me ofrecieron un aumento de sueldo y yo dije que no quería dinero, quería un equipo para hacer el trabajo, y me dijeron que no. Cuando me fuí me dijeron que yo tenía la puerta abierta en Nómada y podía asistir a todas las fiestas. Fuí a una de las fiestas de Halloween, se llamaba “Hotel Siniestro”, me topé con ex compañeros de trabajo, estuvimos platicando, bailando bebiendo y ahí pasó un incidente extraño con Martín que yo considero fuera de lugar. Estábamos bailando, era perreo, obviamente eso significa que uno baja y sube, baja y sube, y él empezó a pasar su mano de mi tobillo a la rodilla y me dijo en tono amable “lo único bueno de que no trabajes para mí es que ahora puedo hacer esto”.

R.

En dos ocasiones me ofreció masajes tántricos. En 2017, cuando acababa de regresar de un viaje de Brasil me ofreció un masaje tántrico. Lo que pasa es que en ese momento, sí recuerdo la sensación de incomodidad, aunque entonces ya no era mi jefe yo tenía una buena relación con él. Me invitó a cenar, estábamos solos, y me estaba contando de su viaje a Brasil, me contó que había descubierto el tantra y que me lo recomendaba, que si no quería practicar para “mejorar su técnica”. Recuerdo que me lo dijo y asumí que era porque él es muy entusiasta con las cosas que le gustan, y yo dije: “bueno, igual no está dimensionando lo que eso significa”. Yo en esa época no sabía en realidad qué era un masaje tántrico, no lo había practicado, hoy sí, pero entonces no sabía realmente lo que me estaba ofreciendo. La segunda vez fui de visita a la oficina de Nómada, bajé por un cigarro y me dijo “si querés te acompaño” y eso me pareció raro porque él no soporta a la gente que fuma. Bajamos y volvió con el tema del masaje. Las dos veces me sentí super violentada porque era una persona con la que no quería nada sexual, pero tenía una relación, ya no laboral, pero hacía cosas para Nómada y he tenido una buena relación con él, al punto que hace unos meses pensé en pasar a decirle, en buena onda, que eso no estaba bien y que era incómodo.

El Comité-Anti Acoso

En el panel de apertura del Foro Idea le pregunté a Rodríguez Pellecer cómo era que un medio podía asumirse feminista cuando tenía en su cabeza a un hombre. Rodríguez Pellecer contó que hubo un caso de acoso en Nómada y que en ese momento me llamaron a mí para pedir asesoría y se activó un Comité Anti-Acoso que se había creado al interior de Nómada y explicó que él no hacía parte del comité pues es la persona que más poder tiene en Nómada. Efectivamente, Rodríguez Pellecer es dueño del 51% de las acciones, es el director y el editor general.

Al día siguiente, cuando confronté a Rodríguez Pellecer por la acusación anónima, me contó un segundo caso que llevó el Comité, el caso de M. y me dijo que él tenía la grabación en la que M. niega haberlo acusado de acoso. ¿Cómo llegó a conocer y obtuvo Rodríguez Pellecer esta grabación? ¿Cómo se guardan y registran las investigaciones del Comité Anti-Acoso? ¿Qué alcance y dientes tiene este Comité cuando el investigado es la persona con más poder en Nómada?

El miércoles 4 de diciembre tuve una entrevista con el Comité para hacer estas preguntas. Hoy el comité está conformado por Lucía Menéndez, Clara Manosalva, Javier Estrada, Andrea Ponce y Diego Orellana. Al comenzar la entrevista me contaron que el 3 de diciembre decidieron frenar la investigación porque varias de las mujeres contactadas durante la investigación decidieron no dar sus testimonios porque les preocupaba que todos los y las integrantes fueran empleadas de Rodríguez Pellecer. El Comité me comunicó, entonces, que habiendo agotado el conducto regular interno, buscarían a una entidad externa para hacer la investigación. A continuación presento nuestra conversación:

¿Cuándo se formó y cómo está conformado el Comité?
El comité se formó en septiembre de 2018, está conformado por cinco personas, seleccionadas por la anterior directora institucional, quien es la persona encargada de velar por la línea feminista y de derechos humanos de Nómada. Se buscó que cada persona fuera de un área diferente, con edades y experiencia profesional diferentes, y mayoría de mujeres. Desde que empezó el Comité dos integrantes se han ido de Nómada entonces han cambiado dos personas.

Yo fui asesora de un caso que llevó el Comité que terminó en un despido, ¿cómo fue ese caso?
Hubo un caso de acoso, el Comité investigó, impuso unas medidas de reparación, no se cumplieron y como se incumplieron se tomaron medidas, en este caso un despido. No podemos dar más detalles para salvaguardar la confidencialidad.

¿Por qué dice Rodríguez Pellecer que tiene una grabación de M. exculpando?
Nunca se le ha dado acceso a un audio del comité y no sabemos por qué dijo eso.

Pero por lo menos tuvo que tener conocimiento de que el audio existía…
No sabemos cómo tuvo conocimiento porque no se le dijo.

¿Por qué decidieron que el Comité no puede hacer esta investigación?
Porque en este caso identificamos que por ser personas que dependemos laboralmente de la persona denunciada, y esta persona tiene una situación de poder sobre nosotros también. Aunque nos comprometimos a trabajar de forma independiente y profesional, entendemos que desde afuera se perciba como que hay un conflicto de interés entonces decidimos que no somos las personas para realizar esta investigación.

Martín Rodríguez Pellecer

El miércoles 4 de diciembre a las 4:00 pm me comuniqué vía Whatsapp con Martín Rodríguez Pellecer, le informé de esta investigación y que sería publicada a las 9:00 pm del mismo día (5 horas después). Rodríguez Pellecer dijo que tenía reuniones de trabajo hasta las 7:00 pm, a las 7:11 pm le envié las preguntas por escrito y él me envió sus respuestas a las 8:26 pm. Las reproduzco a continuación sin edición:

“Catalina: Quisiera agradecer porque me hayas dado al menos una hora para responder a estas preguntas para tu texto. Desconozco al momento de responder cuales son las acusaciones que publicarás.

En primer lugar quisiera pedirte que no me cites como director de Nómada, pues he comunicado por escrito al Consejo de Administración que me retiro del cargo de director de Nómada mientras dure la investigación externa, que contratarán a solicitud del Comité Anti Acoso de Nómada.

Aquí están mis respuestas por número.

¿Le has hecho, de manera reiterada, invitaciones inapropiadas y con connotaciones sexuales a colegas o subalternas en espacios laborales o conferencias, foros o encuentros de trabajo?

No.

¿Has ofrecido en repetidas ocasiones a diversas mujeres “masajes tántricos” y has seguido insistiendo a pesar de sus negativas?

Todas mis relaciones y sus detalles han sido consensuados.

¿Has tenido acceso a los procesos de deliberación del Comité Anti-Acoso, a los resultados o a los materiales y testimonios que han recopilado anteriormente?

No. No he tenido acceso a los procesos de deliberación, entrevistas o materiales del Comité Anti Acoso de Nómada.

¿Por qué me dijiste a mí el 13 de noviembre que conocías una grabación en la que una ex empleada niega haberte acusado de acoso?

No es cierto que te dijera el 13 de noviembre que había tenido acceso a un audio del Comité Anti Acoso. Ese día me pediste hablar tras el tuit en mi contra y tú me dijiste que en chats de whatsapp estaban diciendo que tú me protegías. Me preguntaste que de dónde creía yo que venía este tuit y te respondí que yo tenía conocimiento que hace unos seis meses el Comité Anti Acoso de Nómada había tenido una reunión con una extrabajadora ante unos rumores de que se había ido por acoso, y que en grabación -como es el protocolo del Comité- ella lo había negado. Me lo informaron después del procedimiento cuando lo comunicamos a un donante. No he tenido acceso a ningún documento ni deliberación del Comité Anti Acoso de Nómada. La única comunicación desde el 14 de noviembre ha sido por escrito y cuando me citaron, que está grabado también. No he tenido acceso a ningún documento.

¿Has roto la barrera del consentimiento con alguna mujer? ¿Has tocado a alguna mujer de una manera en la que ella explícitamente te ha dicho que no quiere que la toques?

Nunca he roto la barrera de consentimiento. Todas mis relaciones han sido consensuadas.

¿Has utilizado tu posición de poder como director de Nómada o tu posición como reconocido aliado feminista para realizar avances sexuales a periodistas jóvenes, en espacios de trabajo que deberían ser seguros?

Nunca lo he hecho.

A partir de estos testimonios, y desde mi experiencia como periodista, feminista y mujer, hago la siguiente valoración:

Es por su -falsa- etiqueta de “aliado” que Rodríguez Pellecer conoce de sobra y a fondo la conversación sobre acoso sexual y las olas de denuncias públicas e informales que se han dado en los últimos años en Latinoamérica. Conoce los tecnicismos de cómo definimos el consentimiento, ningún avance sexual se puede hacer sin antes pedir permiso, pero también entiende el punto más profundo de estas denuncias: que es violento forzar la voluntad de otra persona y más aún si para hacerlo se echa mano del poder, status social y/o profesional o los privilegios que uno tiene.

“Avances sexuales que no son bienvenidos, pedido de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que afectan de manera implícita o explícita la condición laboral de una persona, o interfiere con su rendimiento laboral o crea un clima laboral intimidante u hostil”, esta es la definición que hace la Equal Employment Opportunity Commission de Estados Unidos. Según la Academia Nacional de Ciencias hay tres tipos de acoso sexual: El acoso por género, es decir, acosar a una trabajadora por ser mujer; la atención sexual no pedida, avances o invitaciones sexuales por medios físicos o verbales, incluyendo el abuso sexual) y la coerción sexual, cuando se ofrece un tratamiento favorable, en el campo educativo o profesional, condicionado a la actividad sexual. Los casos que se narran en este artículo se ubican en la segunda categoría.

Los manuales corporativos para atender casos de acoso sexual también hacen una taxonomía de las estrategias de los acosadores, algunas de las cuales se pueden observar claramente en estas historias: Está el “acosador serial” quien “cuidadosamente construyen una imagen tal que a las personas les cueste trabajo creer que sea capaz de hacerle daño a alguien”. Planean su acercamiento con cuidado y actúan en privado, usualmente contra un o una subordinada. Está también el “iniciador pasivo” quien “pone especial atención a la persona subordinada con comentarios halagadores” y luego acusan a su víctima de haber tomado la iniciativa (aunque el agresor perfectamente puede declinarla). Otra estrategia consiste en “cambiar el entorno para minimizar los efectos inhibidores de los espacios de trabajo o institución educativa, como por ejemplo reuniones privadas, salidas de campo o conferencias, Un empleador o profesor que saca provecho de las salidas en grupo a otra ciudad es un ejemplo clásico”. Otros acosadores “comparten experiencias íntimas de su vida e invitan a él o la subalterna a hacer lo mismo, y de esta forma, y aparentemente por mutuo acuerdo, la relación se mueve a un plano íntimo.”

Otra estrategia de acoso que es de interés particular para estos casos la del “activista sexual” quien “racionaliza el acoso y lo presenta como una forma de empoderamiento sexual”. Por otro lado, las investigadoras Kathryn J. Holland y Lilia M. Cortina en el artículo When sexism and Feminism Collide: The Sexual Harassment of Feminist Working Women (Cuando el sexismo y el feminismo chocan: el acoso sexual a trabajadoras feministas), encuentran que “las mujeres que se identifican como feministas viven menos acoso por su género” pero que si hacen, además, activismo feminista “el acoso por género y el acoso sexual aumentan”, aunque “el activismo sirve como atenuante para algunas de las consecuencias negativas del acoso”.

Los testimonios presentados en este artículo muestran coincidencias en el estilo de Rodríguez Pellecer: aprovechar los encuentros feministas internacionales para llevar -con la excusa de bailar salsa- a jóvenes periodistas a situaciones en donde quedan incomunicadas y apartadas del grupo y han tomado grandes cantidades de alcohol. Luego les insiste para subir al cuarto de hotel (suyo o de ellas) para hacer avances sexuales. En algunos casos las periodistas han podido decir que no, en otros Rodríguez Pellecer logra, insistiendo incluso a pesar de las negativas, que acepten sus avances a regañadientes, y confundidas por su discurso feminista. Esto es lo que en inglés se llama “sexual misconduct” (mala conducta sexual). En uno de los casos Rodríguez Pellecer ignora de manera reiterada las negativas de una periodista década y media menor que él, quien se siente intimidada por su prestigio, y la toca de formas a las que ella se ha negado de forma explícita.

Este patrón evidencia dos cosas importantes: primero que no se trata de coqueteos ocasionales, ni de enamoramientos repentinos, o una química sexual “irresistible” con otra persona, sino de un comportamiento reiterado y en ambientes laborales en donde Rodríguez Pellecer tiene más poder por su reputación como periodista. La segunda es que Rodríguez Pellecer usa los espacios seguros de eventos feministas internacionales para hacerle avances sexuales y acosar a jóvenes periodistas, ocultando sus intenciones en la ambigüedad de su discurso, que sigue a pie juntillas el lenguaje feminista, a pesar de que sus acciones lo muestran siguiendo un patrón de predador recurrente.

Si esta conducta reiterada estuviese motivada por “ganas de coger”, habría sido más fácil para Rodríguez Pellecer abrirse un Tinder y buscar un encuentro consentido con alguna mujer que no perteneciera al cerrado gremio del periodismo latinoamericano. Pero es que hay una gran diferencia: para las mujeres de Tinder, en un país ajeno, Rodríguez Pellecer es un cualquiera, pero para las jóvenes periodistas es un referente reconocido por su trabajo contra la corrupción en Guatemala y por la excelente labor que todo el equipo de Nómada ha hecho por la libertad de expresión y por el derecho a la información en temas de derechos sexuales y reproductivos. El acoso siempre es un abuso de poder.

Lastimosamente, comportamiento predatorio, sistemático, y poco ético de Martín Rodríguez Pellecer, afecta, primero a las periodistas que han sido acosadas, y luego a quienes hemos trabajado con él y con Nómada, en donde muchas personas éticas y talentosas han hecho muy buen periodismo. Esto nos lleva a hacer unas preguntas urgentes para otros medios independientes latinoamericanos: ¿Qué pasa cuando el medio gira en torno a una persona que es su fundador, director, editor general y accionista mayoritario? ¿Cómo garantizar que los organismos internos para investigar el acoso puedan ser realmente independientes de una figura con tanto poder? ¿Cómo garantizar que estas investigaciones sean justas para las víctimas y no se usen para encubrir a los acosadores? ¿Cómo garantizar un balance de poder al interior de los medios, de manera que las fallas éticas individuales no afecten el trabajo de todo el equipo? ¿Qué debe cambiar en los contextos laborales de medios y periodismo para que no se den patrones de acoso sistemáticos y para evitar su escalamiento?

El acoso, incluso cuando no hay contacto físico, tiene un impacto en las vidas y las carreras profesionales de las mujeres (especialmente), y tiene más impacto cuando somos más jóvenes. La nueva generación de periodistas latinoamericanas merece espacios seguros, en donde puedan trabajar, aliarse, y aprender de sus colegas sin tener que estar esquivando propuestas insistentes y sexualmente cargadas por parte de quienes deberían ser sus mentores. Crear estos espacios seguros es responsabildiad de todas las personas que conformamos el gremio.

Por otro lado, tendremos que problematizar -de nuevo- qué es lo que pasa cuando un hombre se nombra aliado feminista como si fuera una etiqueta vitalicia o un cheque en blanco. Ser un aliado es una acción constante, —verbo, no sustantivo, como dice otro célebre guatemalteco. ¡Qué coincidencia! Ese también autonombraba paladín de las mujeres y terminó siendo un agresor. Pero es que quizás, más que aliados hombres, ávidos de reconocimiento y aplausos, lo que neceistamos es hombres dispuestos a perder, una y otra vez, a morder la mano que les da de comer, a ser traidores permanentes del patriarcado.

Texto: Jennifer Avila y Fernando Silva

Fotografía: Martín Cálix

La unión «Dios y Patria» en Honduras se materializa en el programa Guardianes de la Patria. En los últimos 20 años, los gobiernos nacionalistas impulsaron la incursión de las Fuerzas Armadas en el manejo de la seguridad pública, primero como elemento disuasivo de la criminalidad y, con el paso de los años, en tareas de ataque al crimen organizado y prevención de violencia en barrios conflictivos. De verlos resguardando buses públicos pasamos a verlos en tareas como la formación cívica y ética de niños y niñas. En 2010 estas acciones se oficializaron a través de un programa llamado Guardianes de la Patria, en el que por 4 años llevaron a los niños de las escuelas a los batallones para darles clases cívico religiosas. De 2014 a 2019 el programa ha tenido algunos cambios y ahora, a través de enlaces civiles, Guardianes de la patria funciona en escuelas públicas a nivel nacional. A lo largo de 17 años, el programa ha abarcado aproximadamente el 12% de la población infantil de Honduras. De la sociedad civil quienes más acompañan son las iglesias, cabe mencionar que la Confraternidad Evangélica de Honduras es una de sus socias principales. Las Fuerzas Armadas de Honduras han logrado garantizar su existencia y su poder limpiando sus acciones violentas en la crisis política de los últimos 15 años, las iglesias, por su lado, han logrado intervenir directamente en el sistema educativo, mientras las comunidades continúan sumergidas en la violencia. Lo que esto le cuesta al Estado es reservado.

El 15 de febrero de 2019, cientos de niños y niñas con camisetas del Programa Guardianes de la Patria llegan en buses y camiones militares al Campo de Parada Marte, un «Megaparque para una Vida Mejor» inaugurado por el gobierno de Juan Orlando Hernández en 2017. Al entrar, lo primero que ven estos pequeños es un submarino azul que fue incautado en 2011 con 7.5 toneladas de cocaína y que ahora se exhibe como trofeo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Antes de empezar los actos de inauguración, mientras los niños y niñas esperan impacientes, hace su entrada el Jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce Fonseca. Con una sonrisa saluda a cada niño o niña que se encuentra, a uno de ellos que lleva la gorra hacia atrás se la coloca de frente y le dice que así es la forma correcta de usarla. Los pequeños no saben quién es, pero hay respeto, temor ante el hombre de armas.
Estos actos de inauguración dan paso a un primer periodo de tres meses en el que niños, niñas y adolescentes de casi 50 escuelas a nivel nacional estarán recibiendo clases enfocadas en valores cívicos y morales, arte, deportes y formación religiosa.La formación espiritual o religiosa es el tema principal en la currícula del programa, por eso es que el pastor Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), también asiste a la inauguración y da un discurso en el que destaca la importancia de trabajar para no dejar que los antivalores se apoderen de la sociedad.

Ante las críticas al programa que lo responsabilizan de fomentar la cultura de las armas en niños y niñas, el pastor Canales asegura que «están equivocados, el ejército tiene valores y eso es esencial. Es una responsabilidad de la casa, pero si en la casa no se hace, entonces otras organizaciones tienen que venir a hacerlo».

Según información de la página web de la Secretaría de Defensa Nacional, en junio de 2018 se firmó un convenio de cooperación con la organización internacional Christian Broadcasting Network (CBN), con el objetivo de «fortalecer los principios bíblicos en los niños para difundir un mensaje de fe y esperanza para las nuevas generaciones». Según una solicitud de información hecha por Contracorriente en julio del presente año, el convenio finalizó y no hubo renovación del mismo.

El pastor evangélico Oswaldo Canales y Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, oran durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una oración es lo primero en la inauguración donde los altos mandos de las Fuerzas Armadas presencian un acto de exhibición y agradecimiento con Dios, la patria y el presidente. En las camisas de los niños se puede leer un versículo de la Biblia: Proverbios 22:6 «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él»».

Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) el 54.5% de las muertes violentas en Honduras son niños, niñas y jóvenes.

En una entrevista dada a Contracorriente el pastor Canales confirmó que existe un acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la CEH ya que ambas instituciones «tienen un compromiso social en el que se preocupan por los niños y niñas».

Las iglesias evangélicas y las fuerzas militares han establecido alianzas cada vez más fuertes en los últimos años. Para el caso, el apoyo mutuo que mostraron ante el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel, en donde las Fuerzas Armadas de Honduras firmaron un acuerdo por un total aproximado de 5 mil millones de lempiras ($206 millones) dirigido a «potenciar las capacidades de defensa y seguridad», mientras que la CEH se sentó a negociar el apoyo de esta institución con el embajador de Israel en Guatemala, concurrente para Honduras y Nicaragua, ofreciendo becas de estudio universitario y teológico para pastores.

Un niño es observado por sus compañeros mientras el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Orlando Ponce Fonseca, le ubica la gorra con la visera hacia enfrente, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.

En ese mismo evento también se encuentra doña Reyna, madre de familia de la Escuela Álvaro Contreras del municipio de Sabana Grande al sur de Tegucigalpa, quien está feliz con el programa pues dice que han recibido donaciones que han servido para arreglar las escuelas, además de proveerles transporte y alimentación. Aunque doña Reyna confiesa que ella y otros padres de familia tenían miedo de dejar que sus hijos asistieran al Programa, dice que le gustaría que David, su hijo de trece años, decida ser militar para ayudar a la patria. «Es lo primero que nos dicen, que los niños conozcan del sistema y si les gusta les dicen que tal vez algún día ellos quieran venir y formar parte de los militares», finaliza.

Según datos del Latinobarómetro de 2018, Honduras está entre los países de América Latina con menos confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas (35%), mientras que se encuentra entre los países que más confianza tiene en las iglesias (75%). Esa falta de confianza en las Fuerzas Armadas ha intentado resolverse con el respaldo que, al menos, 149 instituciones y organizaciones de sociedad civil le han otorgado al Programa en el 2019.

Judith Matamoros es estudiante de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una de las instituciones que están apoyando al Programa, y dice que dan gracias porque en este proyecto se abre el espacio a estudiantes universitarios para que los puedan acompañar en escuelas en zonas de riesgo. Escuelas a las que no tienen acceso normalmente. «Es bueno que se vayan incluyendo los militares en las escuelas en zonas de riesgo, es importante que acompañen a los niños. Aquí la vida es muy compleja y los hondureños vamos aprendiendo poco a poco con la sabiduría divina», afirma Judith.

En los actos de inauguración del primer periodo de Guardianes de la Patria, destaca una demostración de la disciplina aprendida en la que un pequeño de ocho años da órdenes de trotar, hacer sentadillas y pechadas a diez niños y niñas. Cada niño grita «presente» cuando el pequeño líder menciona los valores aprendidos: honor, honradez, orden, patriotismo, puntualidad y respeto. Cada niño grita y alza su puño al aire en señal de batalla.

Cada año, el programa Guardianes de la Patria, gradúa 28 mil niños y niñas, la más reciente generación clausuró su año escolar como miembros del programa en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una justificación para seguir existiendo

Las Fuerzas Armadas en Honduras, tras la transición de la época de golpes de Estado militares, vivieron un momento de sombras. En el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, cuando se abolió el servicio militar obligatorio, los militares volvieron a sus cuarteles y es en 2002 cuando salen de nuevo a las calles.

La periodista Thelma Mejía, en su artículo «Desmilitarización del Estado», del libro Conducción civil de la defensa en Honduras: retos y desafíos del Centro de Estudios y Documentación de Honduras (CEDOH), explica esta transición: «Las reformas impulsadas por el gobierno del expresidente Reina, fueron parte de una fuerte proclama ciudadana que pedía cambios en las relaciones cívico militares, en particular lo vinculado a los reclutamientos forzosos de jóvenes para ejercer el servicio militar. A la presión interna ciudadana se suma el reacomodo de fuerzas internacionales como parte del fin de la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional, dejando atrás los conflictos político ideológicos este-oeste. América Central, a su vez, había entrado a la ruta de los acuerdos de paz que dieron fin a las guerras internas en varios de sus países. Comenzaba así la época de la desmilitarización en Honduras, un país con raíces fuertemente autoritarias. Los registros de la época indican que el proceso de desmilitarización del Estado y de la sociedad no fue fácil. El régimen de Reina eliminó también el otrora poderoso Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y en 1998 se elimina el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mismo que recayó en la Presidencia de la República».

La coordinadora del CEDOH y analista en temas de defensa y seguridad, Leticia Salomón, asegura, por su parte, que el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro es el que da impulso a las Fuerzas Armadas para tomar de nuevo el poder, el golpe de Estado solo lo acelera más.

Maduro recibe a Honduras con las consecuencias que dejó la catástrofe del huracán Mitch y la miseria en la que proliferaron las maras y pandillas. La mano dura era la mejor campaña.

Juan Orlando Hernández, conversa con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, durante los actos de conmemoración del día del soldado, Tegucigalpa, 29 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

«Se va produciendo una división del trabajo, los militares dedicados al combate al narcotráfico y la policía a la delincuencia común. En esta división se dan cuenta que la delincuencia desborda a la policía y crean iniciativas gubernamentales como la de Ricardo Maduro del programa «Honduras Segura» en donde mete a los militares en su papel de disuasión, pone un militar en la entrada de un autobús y en la salida. Era intimidante para un ladronzuelo, pero ineficiente e insuficiente porque sacar a los militares a las calles también fue siempre una cosa muy onerosa para el Estado. Cada vez que sale un militar a las calles, le cobran cantidades increíbles al gobierno por salir, porque esas no son sus funciones. Cuando aparecieron las maras y pandillas, los policías trataban de entrar a una zona y al rato venían corriendo porque los mareros estaban organizados y los perseguían, se demostraron incapaces de combatir las maras y pandillas entonces los militares llegaron a proteger a los policías mientras hacían lo suyo, no era directa la intervención. Esta situación también llegó a desbordar cuando aumentaba la delincuencia y el narcotráfico, Los militares preferían estar en el combate al narcotráfico porque les daba más ganancia, además el militar rechaza que lo vean como policía porque los ven de menos», explica Salomón.

Juan Orlando Hernández, sin embargo, tiene un interés mayor en las Fuerzas Armadas, él mismo estudió en el Liceo Militar y uno de sus hermanos, José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado. Hernández intentó en su primer mandato elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos de la Constitución que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la seguridad pública. La reforma no pasó pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen control de la seguridad en Honduras.

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Poner a los militares en tareas de seguridad pública no le dio buenas calificaciones a Honduras ante las organizaciones de Derechos Humanos en el mundo. En 2016, la entonces Viceministra de Derechos Humanos, Karla Cuevas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, anunció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que Honduras retiraría los militares de las calles. Esto no sucedió, pero demostró que el gobierno estaba perdiendo algunos apoyos económicos.

«Hernández desde que era presidente del Congreso Nacional conducía el tema de seguridad desde el Congreso, son 10 años de militarización. Juan Orlando estaba claro en que a los militares nunca les iban a dar presupuesto para tareas de seguridad, por eso ese invento de la tasa de seguridad, es el tema de inteligencia e investigación, cuerpos especializados dependen de este fondo y este fondo depende del presidente. Entonces, por ellos (las FFAA) que este presidente siga 50 años, la posibilidad que se desbarate la estructura militar en apoyo al presidente está muy difícil», agrega Salomón.

Costa Rica no tiene ejército y es el país con la tasa más baja de homicidios en la región y las tasas más altas de desarrollo humano. Desde hace más de cien años no hay conflictos bélicos significativos entre los países centroamericanos (el enfrentamiento armado entre Honduras y El Salvador en 1969 y el conflicto por el Golfo de Fonseca no justifican hoy acciones bélicas de gran escala). Si ya terminaron los conflictos territoriales o marítimos con otros países ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Dice Salomón que las Fuerzas Armadas aplican el dicho: «mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas».

Un soldado permanece formado en su pelotón durante los actos de celebración del día del soldado hondureño, Tegucigalpa, 29 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Renacer como Fuerzas Armadas

Bajo el entendido de que si un niño se interviene muy pequeño, en 10 o 15 años no será pandillero, las Fuerzas Armadas han unido esfuerzos con iglesias tanto evangélicas como católicas, maestros, líderes comunitarios y organizaciones de sociedad civil para graduar cada año 25 mil niños y niñas del programa Guardianes de la Patria, su lema: «Líderes con valores».

Desde 2011, Guardianes de la Patria graduó 191,105 niños y niñas, según lo que dijeron los encargados en la ceremonia de clausura. Los datos que solicitamos a la Secretaría de Defensa son incompletos, se cuentan 172,605 solo en los años 2011 y de 2014 a 2019. De 2012 y 2013 no hay datos. De 2002 a 2011 tampoco hay datos, el coronel Saúl Coca, encargado en ese momento, dice que al menos 10 mil niños era el promedio de graduados en esos años.

En Honduras, para 2017, la población infantil superaba el 39% de la población total, unos 3,493,181. Si tomamos como promedio la meta de graduados (25,000) de 2002 a 2019, Guardianes de la Patria habría graduado 425 mil niños y niñas, el 12% de la población infantil del país. Pero esto no lo sabemos a ciencia cierta y la Secretaría de Defensa, tras varios intentos, sigue sin darnos información precisa. De los datos que tenemos, desde 2014 hasta la fecha, la cantidad de niños graduados supera la meta, sin embargo, el dato es exactamente igual de 2016 a 2019.

En marzo de 2019, Contracorriente solicitó a la Secretaría de Defensa la currícula completa, el manual de contenidos y el listado de escuelas intervenidas por el programa. Después de solicitar prórroga, la Secretaría resolvió brindarnos información parcial en la que se estipula que las clases que se dan son: Formación espiritual (11 horas) y el resto de horas distribuida una por una en temas de: familia, habilidades para la vida, prevención de violencia, prevención de VIH/SIDA y ETS, arte, cultura y deporte, nomofobia, tolerancia, primeros auxilios escolares, acoso virtual, pánico escénico, medioambiente, la valentía, el bullying, la dignidad, creatividad, civismo, higiene bucal, autoestima, derechos de los niños. Sin embargo, no enviaron el manual de contenidos solicitado.

Realizamos dos intentos más en el año, cuando solicitamos el presupuesto del programa, la currícula, el manual, el listado de organizaciones de sociedad civil socias y el listado de las escuelas intervenidas. Contestaron a todo, menos al presupuesto sin justificar si es reservado o no. Después de dos prórrogas seguimos sin respuesta oficial, aunque el jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Orlando Ponce Fonseca, nos dijo que la información es abierta al público, que siempre nos atienden como medio y que la volvamos a pedir. Ni la tercera petición fue la vencida.

«Donde come un soldado come un niño», contestó el coronel en retiro Saúl Coca, creador del programa en 2002, cuando le preguntamos sobre esta reserva de información. Y agregó que era como la multiplicación de los peces y panes de Jesucristo «el programa se sostiene por gracia de Dios». Sin embargo, la gracia de Dios se legisla en el Congreso Nacional.

En el análisis del presupuesto 2020 que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) realizó el mes pasado, se apunta que dentro de las reducciones por el plan de ajuste de contracción del gasto público, se destacan significativamente las disminuciones a las transferencias a instituciones sin fines de lucro que reportan una contracción del 60.0%. Las transferencias a las universidades públicas se reducen en 23.1% (adicionalmente se reducen 20.6% las transferencias de capital), las asignaciones a becas nacionales disminuyen un 27.5% y las becas externas un 37.5%.

En general, esta dinámica se presenta en muchos de los rubros destinados al apoyo social, los cuales presentan fuertes contracciones en las asignaciones para 2020. En los gastos de capital o de inversión en activos, se reducen las asignaciones en 33.5% para bienes capitalizables, 38.5% para maquinaria y equipo y 34.6% en construcciones. En sentido contrario, en este rubro, destaca el aumento del 39.6% en inversión para equipo militar y de seguridad.

Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto, juega con los niños del programa Guardianes de la Patria, custodiado de jóvenes militares fuertemente armados, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.

El dinero del programa sale del presupuesto general de la república destinado a la Secretaría de Defensa, que cada año aumenta en detrimento de los programas de atención a sectores vulnerables de la población y al sector educación.

Según las solicitudes de acceso a la información pública que sí fueron resueltas por la Secretaría de Defensa, se puede observar que las iglesias no son el único acompañante del proyecto. Son 149 instituciones y organizaciones de sociedad civil que integran la red de apoyo al programa Guardianes de la Patria en las diferentes zonas del país, entre las que se encuentran diversas iglesias evangélicas y parroquias católicas, universidades públicas y privadas, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la Cruz Roja Hondureña y hasta una organización que en la lista aparece como «Casa Magnolia, Honorable Diputada Gladys Aurora López».

El programa Guardianes de la Patria se divide en el año en tres periodos de tres meses cada uno, en el último periodo de 2019 llegaron a 48 escuelas, centros de educación básica y colegios en 17 departamentos del país donde los instructores impartieron charlas educativas y religiosas a más de 28 mil niños, niñas y adolescentes. El departamento de mayor incidencia del programa en ese periodo fue Francisco Morazán, en el que se intervinieron 15 centros educativos del área rural y urbana con casi 3 mil menores que el 23 de noviembre se graduaron de Guardianes de la Patria. Según datos del ONV-UNAH, Francisco Morazán ocupó el segundo lugar de muertes violentas registradas en 2018.

Zonas de influencia del programa en 2019

Guardianes de la Patria es un programa que funciona los sábados de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, en 2019 funcionó en escuelas donde juntan niños y niñas de comunidades aledañas. Para iniciar hay una hora de oración, luego se divide en charlas que normalmente realizan estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de las carreras de Psicología, Pedagogía y Trabajo Social. Los militares con sus uniformes del programa merodean el lugar, resguardan la escuela y vigilan las aulas.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras aporta al programa con estudiantes de las carreras de psicología, pedagogía y trabajo social, esto a través de su proyecto de vinculación universidad-sociedad. Cuando quisimos consultar a los coordinadores de las carreras de psicología y pedagogía sobre las implicaciones de esta participación, no quisieron dar declaraciones y solo mencionaron que no están plenamente informados de todas las actividades en que cada docente involucra a sus estudiantes.
En el Centro Básico José Trinidad Cabañas, la directora Blanca Nolasco cuenta que desde hace tres años participan como escuela en el programa Guardianes de la Patria, varios de sus alumnos se ganaron beca para seguir estudiando la secundaria por parte del Grupo Intur, empresa de comidas rápidas de Honduras. Nolasco cuenta que cada año se va descuidando el Programa, que hay más deserción porque aunque el Programa es bueno, la creatividad no es su fuerte y ahora a los niños y niñas se les debe incentivar para que lleguen. Un problema que afecta la asistencia al programa, según Nolasco, es que los sábados hay algunas familias que se dedican a trabajar y llevan a los niños, ya sea en la agricultura o en la venta de alimentos.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestran que en 2019 más de 40 mil niños entre 5 y 17 años trabajan en Honduras. «La mayoría de niños aquí son pobres, sus padres viven de siembras y las madres trabajan de lavar ropa o asear. Vienen bastantes alumnos de la zona baja donde siembran culantro, y el año pasado tuvimos un caso de trabajo infantil en el que el niño era obligado a vender tajaditas. Nosotros conocemos varios casos de familias que eran papá y mamá que ahora están separados por infidelidades entonces los niños tienen problemas también», explica la maestra de esta escuela rural a 5 kilómetros de Tegucigalpa. Otra razón por la que podría estarse dando la deserción, según la maestra, es que la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas ha aumentado desde la crisis política que vive el país.

José Antonio Molina de 11 años, es el niño con mejor índice académico del programa Guardianes de la Patria, por lo que el programa lo ha becado de por vida. José y su familia viven en la Col. Australia y asiste a la Escuela Doctor David Corea Sánchez, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Según la Directora, esa no es una escuela donde el riesgo mayor sea que un niño entre en pandillas, sin embargo, la pobreza ha hecho que algunos jóvenes se involucren en delincuencia común. «Hemos aprendido sobre la honestidad y la tolerancia y sobre la nomofobia (miedo irracional a salir de casa sin el celular)», dicen cinco niños que nos rodean para hablar del programa Guardianes de la patria. Hablan tímidamente y en pocas palabras dicen que les gusta ir al Programa para aprender.

Luego es el turno de las niñas, la maestra Nolasco ha organizado que el grupo hable del Programa y nos cuenta que ya varios han dado entrevistas al programa televisivo de las Fuerzas Armadas. Las niñas también hablan de la nomofobia, que el celular es una especie de amenaza que quiebra las familias. Son casi doce sábados que han estado en el Programa, pronto se van a graduar y aseguran que se han divertido, pero que quizá sería mejor estar más tiempo y dicen que las charlas son repetitivas, que podrían tener charlas más diversas y que les gustaría hablar sobre los suicidios.
«Donde yo vivo sí hubo un suicidio, se mató porque se había peleado con su familia. Deberíamos hablar de esto porque no hablamos mucho con los padres de lo que nos pasa en la adolescencia. Los militares son formales y educados, ellos nos dan mucha seguridad aquí, ellos dicen que hace poco hubo mareros aquí entonces nos dan seguridad», dicen dos niñas de esta aldea, ambas sueñan con seguir estudiando y poder tener una oportunidad de trabajo al salir del colegio.

Anthony de 10 años, reside en la Col. El Durazno y va a la Escuela José Trinidad Cabañas, quiere ser cantante cuando sea grande, Anthony es uno de los 28 mil niños que las Fuerzas Armadas de Honduras graduaron en 2019 como parte del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En la ciudad, en el barrio El Guanabano, en las faldas del crematorio municipal, dos jóvenes a quienes llamaremos Kevin y Josué, de 17 y 14 años, nos cuentan que se graduaron de Guardianes de la Patria el trimestre pasado. Los jóvenes nos esperan en una esquina de su barrio, calles angostas de tierra y piedras, perros callejeros y miradas desconfiadas. Allí hay otros jóvenes más, en la esquina pasando un sábado bajo el sol como mirando hacia la nada, o mejor dicho, hacia el botadero del que vive la mayoría de familias, de su comunidad. De la basura de la ciudad comen varias comunidades que rodean el sector, que además es controlado por la mara.

En la escuela de esta comunidad estudian alrededor de 200 jóvenes dice Kevin, y recuerda que en el programa Guardianes de la Patria les hablaron de las drogas y les ayudaron a sembrar árboles. En esta comunidad los militares sí dieron las clases, cuentan los jóvenes que eran ellos quienes les hablaban de valores y de Dios. «Nos preguntaban cómo vivíamos y yo les decía que normal», cuenta Kevin mientras Josué solo sonríe, se ve distraído, desde la esquina nos escuchan, hablan cada vez más bajo. «Yo tenía pensado en meterme a la policía, pero no sé, hay que pasar el examen de admisión», cuenta Kevin. A su barrio no llega ni la Policía Nacional ni la Policía Militar para patrullar y una pequeña posta con dos policías es inútil. «Si vuelven sería bueno porque los jóvenes usan mucho las drogas y quizá con esto, los jóvenes aprendan lo que es bueno y lo que es malo». Kevin ha visto a varios jóvenes de su barrio irse, huyendo de la pobreza en su comunidad, su hermano tiene tres meses de estar buscando trabajo y no lo logra, él cree que en la policía habrá trabajo fijo.

La analista Leticia Salomón asegura que este programa tiene una falla de origen y esto no parece ser evaluado dentro de las Fuerzas Armadas. «Les dan charlas, intervienen iglesias les meten a los niños que no vayan a ser ladrones, mareros, etc, pero después de esas horas esos niños vuelven al mismo medio en donde viven llenos de privaciones, exclusión social, padres ausentes, se quedan encerrados en casa, esos seis días y medio destruyen lo que en ese día del programa hacen. Es el medio el que condiciona que un niño se meta a delincuente, no los inhibe que un militar o un pastor les diga que robar es malo. La propia debilidad de la sociedad civil hace que los militares hagan estas barbaridades y que nadie proteste. Hay en el fondo y sobre todo en las comunidades de escasos recursos esa idea de que los niños lo que ocupan es mano dura, la gente dice: “yo no sé porqué quitaron el servicio militar, yo hubiera puesto a estos cipotes allí para que se compongan”. Esa visión hace que muchas personas aplaudan ese tipo de iniciativas y que sean precisamente los padres de familia los que aplaudan y lleven a sus niños al programa Guardianes de la patria para que los disciplinen», concluye.

Niños son transportados en un camión de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.

En la colonia Kennedy de Tegucigalpa, existen ocho centros educativos públicos, entre ellos la escuela Roberto Sosa, donde casi toda la matrícula es de niños y niñas que no viven en la zona. Todas las mañanas las aulas de clase se llenan con menores originarios de colonias controladas por pandillas como la Villanueva, Los Pinos y Las Palmas. Esta escuela representa una zona neutral para el acceso del Programa Guardianes de la Patria.

Desde octubre de este año, 200 niños y niñas de esta escuela recibieron clases en valores cívicos y formación espiritual de parte de instructores militares. Según Jenny Álvarez, quien es la subdirectora de este centro educativo, no hubo enlaces civiles en este lugar mientras duró el programa. «Siento que es un proyecto productivo para los centros educativos, como tienen esa disciplina de militares son muy atentos a asistirnos en la colaboración que les solicitamos», dice Álvarez cuando nos recibe en su oficina. Durante los tres meses que el programa se mantuvo en la escuela, recibieron donaciones de piñatas para la celebración del día del niño y la clausura de clases.

Muchos de los niños y niñas que asisten a esta escuela vienen de hogares en los que pueden pasar un día completo sin comer, por eso la merienda que los militares llevaron cada sábado fue esencial para ganarse a docentes, padres de familia y alumnos. «Los niños de quinto y sexto grado estuvieron interesados en poder ser militares en el futuro por la admiración que les tienen, si usted pregunta en un aula de clases ¿qué quiere ser cuando sea grande?, algunos le van a contestar que quieren ser policía o militar», asegura Álvarez.

Una niña espera junto a sus compañeras que inicien los actos de clausura del Programa Guardianes de la Patria en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Rosa es madre de una de las niñas que participó del Programa en la escuela Roberto Sosa. Viven en la colonia Villanueva, una zona de la capital que hasta 2017, el último registro estadístico del ONV-UNAH, se encontraba entre los 10 barrios y colonias con mayor incidencia de homicidios en la capital. Rosa dice que no tienen miedo de los militares y que hay respeto mutuo; además, asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas es constante, especialmente los fines de semana cuando patrullan en los alrededores de la colonia y preguntan a las personas en la calle si han visto algo sospechoso. «Nosotros averiguamos primero lo que les van a enseñar y depende de eso nosotros los mandamos», dice Rosa quien es madre soltera y mientras nos responde intenta controlar a un pequeño de tres años que también es su hijo. Ante la posibilidad de que en este programa se les de entrenamiento militar, dice que si el niño está dispuesto a esforzarse a ella le parece bien. Además, piensa que cuando estos niños y niñas crezcan es mejor que ingresen a la academia militar y no que «se pierdan o terminen muertos».

En esta escuela no solo los niños se interesaron en las actividades militares, la Subdirectora cuenta que algunos docentes preguntaron a los militares sobre un diplomado de seis meses en las Fuerzas Armadas que les permite egresar con un rango de subteniente. El interés en este tipo de programas por parte de docentes y alumnos se vuelve una solución a sus necesidades, porque al salir pueden obtener un trabajo permanente dentro de la estructura militar.

Al otro lado de la ciudad, en la colonia Divino Paraíso, en la premiación de los niños y niñas de excelencia académica de la escuela República de Honduras, un militar encargado del Programa Guardianes de la Patria comparte la mesa principal con las autoridades de la escuela. Gracias al apoyo económico del programa se está desarrollando esta premiación por primera vez en la historia del centro educativo y se le está entregando una medalla a los estudiantes. Los militares cargan con sus armas de reglamento mientras reparten arroz con pollo a los asistentes del evento. Ante la petición de una entrevista mencionan que no tienen autorización para concederla. Sin embargo, durante el desarrollo de la premiación, una joven militar se dirige a los menores para motivarlos a seguir esforzándose, pero antes que todo, recordarles el temor a Dios que se les ha enseñado durante tres meses de clases sabatinas.

«Creo que el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas a través de estos programas ayudan mucho a los niños y les va sembrando esa semilla de querer ser como ellos», dice la profesora Mayra Sosa, directora de la escuela, quien también asegura que muchos niños y niñas de su escuela sueñan con la academia militar. Esta es la segunda ocasión que Guardianes de la Patria interviene en la escuela República de Honduras, y su directora espera que en 2020 vuelvan a apoyarles. «Mejor que estén en el ejército siendo productivos, ayudando al país, en lugar de que los recluten las maras o el narcotráfico», finaliza.

Como invitados de honor, dos militares del US Army, asistieron a la ceremonia de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un programa criticado

Un informe de investigación sobre el Programa Guardianes de la Patria elaborado en 2014 por el licenciado Carlos Del Cid, en ese entonces coordinador del Programa Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señalaba que no es una tarea constitucional de las Fuerzas Armadas la formación de menores de edad en principios y valores, tampoco la formación de líderes comunitarios ni mucho menos el rescate de menores en riesgo social.

En este informe, Del Cid apuntaba que desde septiembre de 2010 niños, niñas y jóvenes identificados por estar en peligro «de desviar sus vidas», asistían semanalmente a las unidades militares para recibir charlas de fortalecimiento de valores. La cifra aproximada de menores participantes llegó hasta 10 mil en 17 unidades militares hasta septiembre de 2011, según una nota de diario La Prensa citada en el informe. Para poder evaluar los resultados del Programa en la ejecución de su periodo entre 2011 y 2013, Del Cid solicitó al coronel Gustavo Amador, quien era coordinador del Programa, una serie de informes, presupuestos y listado de instructores civiles y militares que impartían las charlas. Dicha solicitud no fue resuelta hasta la fecha de entrega del informe en mayo de 2014.
Después de esta primer fase, que arroja más dudas que datos concretos en su ejecución, el 29 de marzo de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández hizo el relanzamiento del Programa en el Campo de Parada Marte en la ciudad de Tegucigalpa. A partir de ese año Guardianes de la Patria quedaría completamente institucionalizado.

Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN), dice que «una vez que vieron que el programa podía ser efectivo entonces le dieron mayor publicidad y más a partir del momento en que entra Juan Orlando a la presidencia, que es cuando cobraron mayor fuerza porque contaron con mayores recursos logísticos y financieros».

La red COIPRODEN, y su aglutinación de más de 30 organizaciones que trabajan con niñez y juventud en todo el país, fue consultada en el informe elaborado por Del Cid en 2014 donde demandó al presidente «girar instrucciones al Secretario de Defensa y al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que suspendan, de inmediato, la implementación y expansión del programa “Guardianes de la Patria”».

Algunas de las preocupaciones que expresa el informe son la exposición a la cultura de las armas y la guerra a una edad en la que sus mentes no están lo suficientemente maduras para entenderlo. Además, se expone el enfoque excluyente del proyecto que solo incluye a niños, niñas y jóvenes de zonas en riesgo exponiéndose a consecuencias o represalias de maras y pandillas. En el informe también se describe como una fortaleza del programa que «para la población adolescente de 15 a 18 años que vive en poblaciones marginadas, conocer las oportunidades de formación, capacitación y hasta empleo que ofrecen las FFAA es un poderoso atractivo para querer superarse a través de las mismas».

«Honduras necesita de programas de prevención como “Guardianes de la Patria”, solo que con un nombre diferente y con un ejecutor a la cabeza que no sean las FFAA», concluye el informe.

Un grupo de niños y de niñas, durante la inauguración del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 15 de febrero de 2019. Foto: Fernando Silva.

De esto, el CONADEH hizo una pequeña mención en su informe anual y cuando solicitamos a esta instancia el informe realizado por Del Cid, la respuesta era que lo único que había con respecto al Programa era esa mención en el informe publicado en su página web que dice: «En relación con la situación del programa “Guardianes de la Patria”, en todas las condiciones relativas a los servicios que ofrece, debe prevalecer el interés superior del niño y las leyes vigentes que garanticen su cuidado y protección. El CONADEH siempre ha mantenido invitación abierta a buscar arreglos para mejorar beneficios, pues las condiciones de descuido de nuestra niñez requiere el concurso de todos. Su bienestar depende de lo que hagamos los adultos, conforme a la normativa que obliga a sujetarse a lo que indican las leyes vigentes. De acuerdo a la edad de niños y adolescentes que participan en el programa se debe cumplir con su educación formal, desde el preescolar hasta el noveno grado de manera obligatoria y gratuita, y tener acceso a los servicios de salud previstos así como al resto de sus derechos. Ya que la base legal de las Fuerzas Armadas no contempla expresamente el trabajo con niños que se encuentran en lo que antes se conocía como situación de “riesgo social”: debería en todo caso, asegurarse que no se violenten normas, se respeten e integren apoyos con la participación formal de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud y de otras instancias, para que sean intervenciones conjuntas y no solamente del personal militar. En la práctica se dan estas colaboraciones pero no de manera formal. En relación con lo anterior, el 13 de octubre de 2014, el CONADEH reiteró sus recomendaciones al Gobierno de promover un diálogo con instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil concernidas por la situación de la niñez en Honduras, y que mientras ello ocurría, que la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social aseguren el acompañamiento y seguimiento de dicho Programa, sin perjuicio de la supervisión que efectúa el CONADEH».

Por su parte, UNICEF, en su informe de situación sobre derechos de la niñez y adolescencia en Honduras alertó sobre el programa Guardianes de la Patria, «en el que se da adiestramiento a niños, niñas y adolescentes de comunidades marginadas, 25,000 niños, niñas y adolescentes con fusiles y toda la indumentaria militar». Este programa, según los informantes que UNICEF consultó, existe desde hace más de diez años y su justificación es que la niñez en riesgo social debe incorporar a su vida los valores de las Fuerzas Armadas, sustituyendo en alguna medida las acciones que ejecutan las escuelas, las ONG y la iglesia.

Origen y camino a la institucionalización

Saúl Orlando Coca, General en condición de retiro, fundador del programa Guardianes de la Patria, recibe un reconocimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Orlando Ponce Fonseca, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Según la página web oficial de la Secretaría de Defensa Nacional, el Programa inicia en el año 2002 en las instalaciones del Cuarto Grupo Logístico (G.R.L.) de Naco, Cortés, como un proyecto piloto por iniciativa del Coronel en materia de guerra, Saúl Orlando Coca Cantarero.
El coronel Coca, ahora director nacional de Intervención Social y coordinador de Recreo Vías a nivel nacional, asegura que el Programa «funcionaba bien porque había sociedad con las iglesias y se recogía a los niños en la mañana en los camiones militares para trasladarlos a los batallones donde las iglesias trabajaban con ellos». Explica que desde ese entonces se les daba desayuno, merienda y almuerzo a los niños y niñas que asistían; jugaban y se regresaban a sus casas en la tarde. Habían voluntarios, padres de familia y pastores trabajando en el proyecto.

«Lo que hicimos fue diseñar un programa que nos diera respuesta a la incidencia de menores siendo reclutados por maras y pandillas en barrios donde encontrábamos a niños de 13 o 14 años con una metralleta en la mano. Entonces diseñamos un programa con pilares donde están el arte, deporte, valores y fortalecimiento espiritual», dice el coronel Coca y recuerda que la primera lección de la Biblia que se les enseña es el temor a Dios.

Es hasta el año 2011, cuando el programa se traslada a Tegucigalpa en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras (CALFFAA) y la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (IMFFAA) beneficiando, según datos brindados por la Oficina de Acceso a la Información Pública, a más de 10 mil niños, niñas y adolescentes hasta 2014.

A partir de 2011, el programa empieza un proceso de institucionalización asignando al departamento que maneja todo el programa a nivel nacional, el presidente Juan Orlando Hernández asigna un presupuesto al Ministerio de Defensa y envían la orden a comandantes de fuerza y unidades de graduar una nueva promoción de Guardianes de la Patria cada tres meses.

Sobre los señalamientos de militarizar a la niñez que ha recibido el programa, el Coronel Coca responde que «hay un manual para el programa hecho por pedagogos, así que tratamos de que aquellos que no hacen nada y lo único que saben es señalar porque nunca han hecho nada por el país, vengan y vean el manual para ver dónde dice que estamos militarizando. Las Fuerzas Armadas no necesitan militarizar a esos niños, porque la oferta de trabajo hoy le permite tener todos sus cuadros llenos», enfatiza el Coronel Coca. Contracorriente quiso acceder a dicho manual, pero la solicitud de información no obtuvo respuesta y se limitaron a enviar un cuadro con la carga académica de las clases sabatinas.

Linzi de 8 años y su madre, Nelsy, posan para la foto durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte. Linzi asiste a la Escuela Rómulo Durón de la Aldea Mateo, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Wilmer Vásquez, director ejecutivo de COIPRODEN, manifiesta que este programa surge en su trasfondo justamente como una estrategia de las Fuerzas Armadas después de que se eliminó el servicio militar obligatorio en el país, y que también justifica la entrada de más presupuesto a la institución. «Nos preocupa no solo por lo riesgoso que es que los militares estén formando a los niños y jóvenes, sino también nos preocupa porque las Fuerzas Armadas no tienen dentro de sus funciones la formación en valores, esto quiere decir que están sustituyendo la responsabilidad que tienen otras instituciones del Estado», apunta Vásquez.

También dice que la justificación principal de las Fuerzas Armadas ha radicado en el incremento en el número de miembros de las pandillas supuestamente provocado por la ausencia del servicio militar obligatorio que habría generado mayor simpatía de la niñez y juventud en el crimen organizado.

El Servicio Militar Obligatorio fue abolido el 18 de mayo de 1994, durante la presidencia de Carlos Roberto Reina, como resultado de una lucha emprendida por organizaciones de derechos humanos y la instalación de una huelga de hambre para lograr la aprobación del servicio voluntario. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2019 en una sesión del Congreso Nacional, el diputado nacionalista David Chávez presentó una moción para que se apruebe el retorno al servicio obligatorio. En ese sentido, el abogado Fernando Anduray, exprecandidato presidencial y activista del Partido Nacional, señala que hay una «cortina histórica» que separa a la juventud que tenía que prestar servicio obligatorio y las generaciones posteriores que asegura «han venido perdiendo valores cívicos y han permitido la aparición de las pandillas».

«Se perdió el control del proceso de formación de jóvenes», apunta Anduray y dice que si se asocia con el resultado del concurso nacional docente realizado por la Secretaría de Educación hace algunas semanas, se puede diagnosticar que los maestros «tienen muy poca capacidad transformadora y formadora de jóvenes». A partir del concurso docente se esperaba cubrir más de 5 mil plazas para maestros en el sistema público nacional; sin embargo, de 22 mil aplicantes apenas 2400 aprobaron el examen con la nota mínima de 75 por ciento. «Y si tampoco tenemos servicio militar obligatorio y hay fuertes procesos políticos de la izquierda internacional para tratar de destruir los valores de formación de la conciencia de los hondureños en materia religiosa, tenemos una sociedad con una juventud que puede ser una bomba a punto de explotar», finaliza Anduray.

Por otro lado, para Wilmer Vásquez no es cierto que los niños, adolescentes y jóvenes son los responsables de la violencia en el país sino que «es el Estado que ha generado las condiciones y los verdaderos responsables del control que ejercen maras y pandillas han sido altos oficiales del ejército y algunos políticos en el país». Según los datos de COIPRODEN, la incidencia de menores infractores no ha aumentado ni se ha reducido porque se esté implementando este programa, y actualmente hay más de un millón de niñas y niños entre 5 y 17 años fuera del sistema educativo nacional, más de 500 mil menores trabajando, y más del 55% de muertes violentas en Honduras son adolescentes y jóvenes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró, en sus observaciones preliminares dadas en la visita que realizó en agosto de 2018, su preocupación por este programa, donde apuntan que «no es adecuado a los objetivos que debe perseguir la educación, ya que impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales».
Para el Coronel Saúl Orlando Coca, el problema de los que critican el programa es que «son capaces de ver un punto negro en una pizarra blanca. El programa ha tenido críticas a lo largo de su existencia, lo llevaron a Naciones Unidas y lo colocaron en informes de derechos humanos pero el programa sigue porque nosotros los hondureños estamos claros que necesitamos que más instituciones se sumen a este proceso», finaliza el Coronel en condición de retiro.

Warren Ochoa, psicólogo y catedrático de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Warren Ochoa, psicólogo y docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la UNAH, apunta que una de las mayores implicaciones de este programa en la mente de los niños y niñas que participan, es el fenómeno de la maduración cognitiva. «Las personas que son beneficiarias de este programa no tienen ni las capacidades cognitivas, ni las estructuras cerebrales ni el desarrollo de capacidades mentales superiores que le permitan tener un juicio adecuado de qué es lo que se le están enseñando», apunta Ochoa y recuerda que, según la corriente psicológica del conductismo, se dice que se puede moldear a un niño para convertirlo en una buena persona o un criminal.

Sobre la alianza entre la religión y este programa, Ochoa menciona que es la fórmula perfecta para fomentar la violencia ya que es en esta clase de pensamientos donde se ve marcado el estilo de establecer un pensamiento único o modelo de persona, el que es diferente se vuelve parte del «exogrupo», causando división que luego pasa a ser polarización en la sociedad. Este psicólogo asegura que la mejor forma de control social es imponer un discurso en la mente de las personas a través de la educación. Las autoridades del Programa Guardianes de la Patria lo habrían entendido bien.

«Guardianes de la Patria es lo mismo que las juventudes formadas en las guerras. Es una doctrina fundamentada en valores, religión, cultura militarista que está fundamentada en el no pensar porque van a programar qué es lo que tiene que pensar, sentir o hacer», concluye.

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Suena música variada, Black Eyed Peas y algún regueatón de moda. El Parque de Parada Marte está decorado con banners de Guardianes de la Patria. Frente a frente, los niños beneficiarios y los miembros distinguidos de las Fuerzas Armadas, un par de soldados del US Army de invitados especiales, secretarios de Estado y el director de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Oswaldo Canales. Hay bajo la carpa un grupo de madres y padres que esperan que comiencen los actos o al menos que les den desayuno a sus hijos que llevan un par de horas en las graderías, jugueteando, esperando que empiece todo.

Un joven soldado toma a una niña de los hombros, la suspende y la coloca en su lugar, hace calor y los niños ya desesperados comienzan a desobedecer. El himno nacional ejecutado por la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas de Honduras da la pauta de que todo ha comenzado y lo que sigue es una oración. Dan gracias a Dios y al presidente Juan Orlando Hernández. El Campo de Parada Marte se ha convertido en un espacio de congregación y un parque de diversiones, para muchos de estos niños de comunidades empobrecidas, esto es un sueño.

«Al sacar estos jóvenes de sus barrios y acompañarlos entre las FFAA, las escuelas, varias instituciones, los padres de familia, les damos la oportunidad de salir de estas dinámicas de conflicto que hay allí y contrarrestarlas con enseñanzas de ética, identidad de patria, identidad de familia. Algunos ya han tenido la oportunidad de ir a academias militares, escuelas técnicas. Este es un programa que tiene el apoyo de la casa de gobierno y de Grupo Intur. Las Fuerzas Armadas dan acompañamiento, pero son muchas las organizaciones que participan», da una entrevista el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán de navío, José Domingo Meza.

Actos de clausura del programa Guardianes de la Patria en Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Los actos de graduación transcurren entre bailes folklóricos en los que la Sopa de Caracol emociona al público, mezcla de orgullo patrio y ritmo pegajoso. Tres adolescentes freestylers que con música underground le dicen a las Fuerzas Armadas que son su refugio, la presentación de un niño de al menos 9 años, corte militar y oratoria de pastor evangélico explicando las bondades del Programa, la plegaria de una madre de familia pidiendo protección divina para el presidente Juan Orlando Hernández y las palabras del pastor Oswaldo Canales, el Ministro de Defensa, general Freddy Díaz Zelaya y el Ministro de Educación Arnaldo Bueso.

Entre los niños presentes destacan los estudiantes internos de la Villa de los niños, una escuela católica que beca durante la secundaria a alrededor de 500 niños de escasos recursos. La Fundación Aloysius de Guatemala y registrada en Honduras por religiosa Jum Soon Chung de origen coreano, ha llevado a sus alumnos al programa Guardianes de la Patria por 3 años consecutivos. Los niños de la Villa hacen presentación de Taekwon- Do y un pequeño concierto con su banda musical, las presentaciones son precisas, los niños se mueven a un mismo tiempo. Mientras la gente rodea la banda musical que toca música de los Ángeles Azules, la hermana Aracely explica que en el programa Guardianes los niños suplementan los valores de la patria y así pueden entender los riesgos que hay en la sociedad. «Ellos pueden ver a niños en riesgo social, así ellos practican sus valores y ven las consecuencias que hay porque estos niños están internos todo el año con nosotras», explica. Para los niños, Guardianes es su polo a tierra, el programa que llevan con las religiosas es permanente.

Un grupo de niños del centro de internado la Villa de los Niños, realiza una demostración de artes marciales durante los actos de clausura del programa Guardianes de la Patria, Tegucigalpa, 24 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Informe de Fundación Aloysius ante Secretaría de Gobernación y Justicia.

Guardianes de la patria seguirá en 2020, las Fuerzas Armadas estarán próximas a cumplir veinte años de intervenir niños y niñas en Honduras. El general René Orlando Ponce Fonseca a pocos días de dejar su cargo e irse al retiro, da gracias a Dios por ver el desborde de talento de los niños graduándose del programa. «Es un momento importante para dedicar el trabajo que hacemos a Dios y seguir creyendo que una institución como la nuestra va a seguir trabajando para la sociedad, el presupuesto es de los recursos que como Fuerzas Armadas tenemos, pero lo importante es el amor, el cariño, la dedicación de nuestros soldados junto a otro grupo de otros profesionales que se han sumado, que a través de los programas que el presidente de la república tiene vamos a seguir trabajando. En una sociedad se puede ver el bien y el mal, mientras hay unos que se dedican a la apología del odio habemos otros que estamos del lado del bien contribuyendo en principios y valores, no nos van a hacer cambiar de mentalidad».«En lo que va del año van alrededor de 61 masacres, general»- interrumpe un periodista de televisión.

«Desafortunadamente lo lamentamos, pero los responsables somos toda la sociedad, por eso sigamos creyendo que al reforzar valores vamos a construir un mejor país. El programa seguirá mejorando, esto servirá para contestar esta pregunta, fortaleciendo los valores, implementando becas, vamos a evitar que estos niños estén metidos en maras o pandillas u otras organizaciones que nada más traen luto y dolor. Los resultados no serían 61 masacres sino 500 si no hubiera voluntad para trabajar todos juntos».
El general Ponce Fonseca termina de hablar diciendo que esto es bíblico, que Dios ha dicho que instruir a un niño es como ver el futuro, y cierra diciendo: «”Dejad que los niños vengan a mí”, dijo nuestro señor Jesucristo en su filosofía cuando estuvo predicando en los desiertos, hoy pregonemos lo mismo».

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Fotografía de portada: Pixabay.com

En 1998, hace exactamente 21 años, a Honduras la devastó el fenómeno natural de mayor impacto en la historia reciente del país, las cifras oficiales, aunque no estemos acostumbrados a creer en ellas, son irremediablemente frías: 5.657 muertos, 8.058 desaparecidos, 12.272 heridos, 1,5 millones de damnificados, 285.000 personas que perdieron sus viviendas tuvieron que refugiarse en más de 1375 albergues temporales. El Mitch arrastró a Honduras hacia un panorama de incertidumbre absoluta.

El Mitch marcó el punto de partida de nuevas emergencias en el país, un país que ya venía mostrando signos de deterioro en los tejidos sociales. La migración hacia los Estados Unidos se profundizó porque quienes sobrevivieron al huracán en su mayoría no tenían hogares a los
cuales retornar, en muchos casos, fueron barrios enteros los que el huracán hizo desparecer.

Esta es la historia de un barrio de refugiados que terminaron huyendo a otro país para refugiarse de una consecuencia mayor.

Texto: Javier SanVicente

Fotografía de archivo: Martín Cálix

El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha afectado a todos los poderes del Estado.

Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia supervivencia de la UFECIC.

El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.

En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto y Rodolfo Irias Navas.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del Congreso

Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.

Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido del voto de los diputados.

La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático del Poder Legislativo.

«Pacto de Gobernabilidad»

Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un «pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.

Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya, este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18 de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional, que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014 Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.

Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas, destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió 100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.

La Diarrea Legislativa

Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente ni siquiera votadas en el hemiciclo.

Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores entre miembros del Congreso.

Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora», mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.

La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016

En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente. Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso. No fue el caso.

En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8 diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.

Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia. Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por el Partido Nacional.

Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron 5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron 20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía depurado con vínculos con el cartel de los Cachiros.

En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido Nacional en las elecciones de 2017.

En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016, diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.

Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos diputados se apropiaron de los recursos públicos.

La Institución 449 es un fondo manejado por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450 millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un entramado de ONG´s dirigidas por diputados, que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva.

El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Legislativo.

Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido cometer.

Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017, que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en curso.

En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será clave para lograr su mantenimiento.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

La comunidad de Vallecito, considerada el último santuario garífuna, es también pensada como el primer territorio libre de un pueblo que debe enfrentarse todos los días a las amenazas que implica coexistir en una zona fértil para el monocultivo de palma aceitera y el narcotráfico.

Ubicada en el municipio de Limón, este territorio ancestral garífuna fue ocupado durante un tiempo por Reinaldo Villalobos, un terrateniente que había construido la finca «El Dorado» donde una pista de aterrizaje, que según pobladores de la zona, era usada para el narcotráfico. Hoy, esa pista es la plantación de cocos y yuca de la comunidad. Villalobos, —cuenta Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)— murió mientras iba a recoger un cargamento de droga a mar abierto, su embarcación naufragó y del susto murió de un paro cardíaco, y no fue hasta después de su muerte que llegaron los militares a dinamitar la pista del narco.

En 1991 se reinicia el proceso de ocupación, y no es hasta 1994 que la comunidad conquista la titulación de sus tierras. En aquel primer momento, Miriam Miranda fue la única mujer del grupo que volvía a este territorio, con el tiempo, otras mujeres siguieron su ejemplo, en la actualidad se construyen viviendas para más de 50 familias y son las mujeres las beneficiarias directas de este proyecto, son ellas a quienes la comunidad les adjudica las casas. Vallecito es la comunidad donde muchos garífunas —y algunos mestizos y algunos indígenas— tienen un lugar donde vivir.

Vallecito se ha construido desde la solidaridad, pero sobre todo desde la sororidad de sus mujeres. Sus habitantes, hoy sueñan con proyectos necesarios, urgentes, tanto como los que hicieron de Vallecito una comunidad fuerte, proyectos como el acceso a la salud integral, una que tenga un vínculo estrecho y respeto de los conocimientos ancestrales de la medicina garífuna, también sueña este pueblo con una universidad garífuna, donde la educación no esté regida por «preconcepciones eurocentristas» pero que construya un vínculo con otros saberes y formas de pensamiento.

Como una especie de verso que rima con el anterior, a Miriam Miranda, quien en la actualidad es el rostro visible del pueblo garífuna, se le ha otorgado el Premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert 2019 en Alemania, la comparación con el Premio Goldman a Berta Cáceres quizá se vuelva imposible de evitar, ambas se consideraban hermanas, y a Miranda se le quiebra la voz cada que habla de ella.

Miriam es custodiada por cuatro militares, cuatro jóvenes que no superan los 20 años pero que visten de militar y cargan armas de grueso calibre para resguardar a una mujer que solo sueña con el día en que su vida y la de su pueblo no corra el peligro que corre en la actualidad. En 2014, a Miriam la secuestró un grupo de hombres armados en medio de la disputa con narcotraficantes, ahora esos grupos criminales no acechan de cerca Vallecito pero Honduras es un país controlado por carteles de narcotráfico, solo en lo que va de 2019 al menos 6 líderes garífunas han sido asesinados, muertes que si bien se vinculan a la defensa de sus territorios ancestrales, tienen que ver con la violencia del contexto. Miranda prefiere no decir un dato exacto de esta situación que agrava aún más las ya precarias condiciones en las que vive el pueblo garífuna.

La danza es vital para la comunidad de Vallecito, es uno de los elementos culturales más fuertes de la vida cotidiana de las comunidades garífunas, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Dos hombres pasan en motocicleta frente al Centro comunitario de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un hombre trabaja en el vivero de cocos que la comunidad de Vallecito ha elaborado, luego los cocos son transplantados, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un grupo de niños junto a su maestra de la escuela primaria de la comunidad de Vallecito, siembran cocos en tierras que antes fueron una narco pista, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Con la leyenda «Universidad Garífuna Faya» escrita en su puerta, la universidad garífuna aún es un sueño, el edificio aún no se utiliza para la educación superior que sueña la comunidad garífuna de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un niño toma apuntes de la pizarra en la escuela primaria de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Aurelia Arzú «Patrona» una de las líderes de la comunidad de Vallecito, revisa su teléfono celular en el porche de una casa construida en el primer asentamiento de la comunidad, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una mujer camina frente a los baños comunitarios de la comunidad de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un grupo de mujeres camina por una calle en medio de la comunidad de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRANEH, canta, baila y danza frente a dos jóvenes que tocan los tambores, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una mujer se sienta en medio de una calle que atraviesa una plantación de palma aceitera, la tierra donde está la palma africana es una tierra que la comunidad de Vallecito aún tiene que defender de una cooperativa que ha invadido el territorio colectivo de los habitantes de la comunidad, 22 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una joven cuida el fuego encendido encima del horno donde la comunidad cocina el pan de coco para la cena, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Cocina comunitaria de la comunidad de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una joven atiza el fuego de una hornilla de barro en la cocina comunitaria de Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Miriam Miranda camina de regreso de la playa de Vallecito luego de dar una caminata matutina, por razones de seguridad, la líder garífuna explica que es algo que hace muy poco, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Junto a uno de sus cuatro custodios militares y hombres de la comunidad, Miriam Miranda, atraviesa en una balsa la laguna que separa la playa de la comunidad, Vallecito 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un grupo de mujeres escucha atentas mientras Miriam Miranda habla para ellas, Vallecito, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Patrona, retratada en el interior de su casa en la comunidad de Vallecito, 22 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En el campo de fútbol de la comunidad de Vallecito, un niño corre tras el balón con los últimos rayos de luz del día, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Atardecer en la comunidad garífuna de Vallecito, 20 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En la casa, en su trabajo, en la policía, en los juzgados, en organizaciones de Derechos Humanos.

Las mujeres han denunciado hostigamiento y violencia sexual en todos los espacios, las cifras señalan que la mayoría de los agresores conocen a sus víctimas. Menos de la mitad de las denuncias que llegan al Ministerio Público en Honduras entran a un proceso judicial, y de las que sí lo hacen, apenas la mitad recibe sentencia condenatoria. En ese contexto en que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia de género, no hay espacio seguro. Incluso las organizaciones de derechos humanos, esas que deberían velar cuando el Estado falla, no están exentas de esto.

Texto: Vienna Herrera

Ilustraciones: Ambar Nicté

Análisis de datos: Jennifer Avila y Otto Argueta

En mayo de 2019, Wilfredo Méndez, director por ocho años del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue denunciado públicamente por nueve instituciones defensoras de mujeres y de derechos humanos por acosar laboral y sexualmente a empleadas de la organización.

Las organizaciones hicieron la aparición pública en una conferencia de prensa después de que Méndez elaborara y enviara una carta al director regional de la organización sueca DIAKONIA interponiendo una denuncia: «Contra la representación de DIAKONIA Honduras, por atentar contra la oficina que represento y por impulsar una campaña de desprestigio en mi contra, que tengo una larga y respetable trayectoria como defensor de derechos humanos». En la carta, Méndez denunciaba a Reina Rivera Joya por «utilizar sus influencias para impulsar múltiples acciones para destruir mi imagen y atentar contra la estabilidad de nuestra oficina», Méndez hizo la acción pública a través del programa En la Plaza, de Radio Globo.

Durante la conferencia de prensa la directora del Movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure, señaló: «Si esto lo sacamos a la luz pública es porque hoy Wilfredo Méndez empezó a ponerlo en el escenario público», añadió que en su organización tienen dos denuncias y afirmó que su carta solo refleja «desesperación por tapar las denuncias en su contra».

Berta Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), dijo que el país se enfrentaba a uno de los peores momentos desde el Golpe de Estado: «Tenemos la información, inclusive cómo han venido trabajando desde inteligencia militar para ir socavando las agencias de cooperación, y teníamos también nombres de las agencias de cooperación que eran y son blancos. Esto no es casualidad porque el fondo es exhibir y demandar que se vaya una agencia que ha hecho historia en el tema de Derechos Humanos como es DIAKONIA».

Por su parte, el secretario general de DIAKONIA, Georg Andrén, firmó una aclaración pública en la que rechazaban las declaraciones y acusaciones; señaló que «el acompañamiento de las denuncias sobre acoso y violencia sexual se ha realizado desde la posición de Reina Rivera Joya como asambleísta de CIPRODEH y no como representante de DIAKONIA».

Meses después de que este caso se publicara y ya cuando los debates han ido pasando al ámbito más privado, Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil (GSC), nos recibió en su oficina para una entrevista. Ella fue la primera en recibir las denuncias de los empleados de CIPRODEH, dijo haber recibido amenazas de querellas por dar acompañamiento: «Uno lo espera de un militar, de la policía, pero de un defensor de derechos humanos, nunca», añade.

En ese momento ya se hablaba de querellas, entonces el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, ofreció su apoyo legal al considerar que se trataba de un tema de libertad de expresión: «Porque hemos escuchado a Wilfredo decir que va a proceder legalmente y lo que podemos hacer es acompañar estos casos contra la libertad de expresión y creo que es un reto muy importante para las organizaciones fortalecer los mecanismos internos para darle trámite a las denuncias».

En su declaraciones a medios, Méndez dijo que todo se trataba de una campaña de desprestigio y una persecución política, que demandaría a quien tuviera que demandar: «Yo ahora tengo que replantearme muchísimo, estoy replanteándome porque siempre he sido abanderado del feminismo».

Sánchez cuenta que cuando una de las empleadas de la organización, que Méndez lideraba, le confesó que fue víctima de violencia sexual, ella recordó un encuentro que tuvo con él en un espacio: «Cuando yo lo confronto y le digo que es un misógino y un violador de Derechos Humanos me dijo “eso conmigo no va a funcionar porque a mí las feministas me aman”, entonces era un tipo que era aceptado en ciertos círculos de organizaciones feministas».

Las víctimas le comentaron a Sánchez que por esa razón acudían a ella y no a una organización de mujeres porque Méndez les había dicho que tenía pactos con ellas. Sánchez, tiempo después, fue a comprobar la información y estas le respondieron que no era así: «El tipo armó una red, de tal manera que ellas desconfiaban de todo el mundo, de las organizaciones de mujeres y de las sociales, entonces fue una cosa bien construida, es literalmente como una araña chiquitita que van tejiendo redes y envuelven a mucha gente».

Pero esto no es un caso aisaldo. Sánchez comenzó a recibir más denuncias. Si en Honduras no ha estallado aún un #MeToo, esto podía desatarlo.

El patrón: los agresores cuentan con una red de cómplices dentro de sus organizaciones. «Hay un patrón. Algunos casos fueron en el marco de un viaje de equipo, él llevaba dos personas que custodiaban y justifican diciendo que a ella le gustaba o quería pasar una noche».

De acuerdo con estudios de diferentes universidades estadounidenses publicados en el New York Times, este tipo de conductas no son extrañas entre abusadores: «Pueden asociarse con otros que también cometen abuso sexual. Por lo general niegan que han violado mujeres, incluso a pesar de admitir que se trató de sexo no consensuado».

Las investigaciones señalan que generalmente hay una desconexión para entender la violación. «Al preguntarles a los agresores si las habían penetrado sin su consentimiento los individuos respondían que sí. Al preguntarles si habían cometido un acto “parecido a una violación”, la respuesta era casi siempre negativa». Los expertos además revelaron que algunas características que comparten los hombres que han violado es que ellos no creen ser el problema, tener grupos de amigos que utilizan lenguaje hostil para describir a las mujeres, la presión social para tener sexo y los mitos de violación como la idea de que «no» significa «sí».

Wilfredo Méndez salió de CIPRODEH a finales de mayo y no tuvo repercusiones dentro de la organización por las denuncias.

La información oficial del Ministerio Público señala que existe una denuncia por violencia sexual en los últimos 10 años donde el agresor es una persona de una organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos, la denuncia fue ingresada en 2019 y aún se encuentra en proceso de investigación.

Encuesta

Con el objetivo de generar información sobre las acciones asociadas a la violencia sexual, y basada en género, en las organizaciones sociales especializadas en derechos humanos en Honduras, Contracorriente realizó una encuesta, para que sumado a las entrevistas y testimonios, se revelen no solo situaciones relacionadas a la violencia sexual en estos espacios, sino también las respuestas formales e informales por parte de las organizaciones a tales situaciones. El análisis de los datos se hace desde una perspectiva de género que abarca, además de las expresiones violentas, una amplia gama de prácticas e imaginarios que reproducen y justifican relaciones sociales basadas en la inequidad, desigualdad, discriminación, injusticia y estigmatización por razones de género. En el centro de ese análisis están las relaciones de poder que tienen, entre otras, una expresión a través de la violencia sexual.

El universo de la encuesta es la sociedad civil hondureña. Se utiliza aquí un concepto limitado de sociedad civil en el que se incluye a las expresiones organizadas de la misma. Se excluye de esta definición a las expresiones de la sociedad civil no organizadas o informales.

De ese universo, la investigación se centra en una población de personas que laboraban (independientemente del tipo de contratación) en una organización de sociedad civil formal en el momento en que la encuesta se realizó.

Todas las preguntas del cuestionario indagan sobre información que es, o debería de ser, pública. Las personas fueron contactadas a título personal y se obtuvo su consentimiento para aplicar el instrumento. Los datos de identificación de las personas encuestadas son confidenciales así como los datos sobre las organizaciones seleccionadas. No se consultó sobre personas beneficiarias de las organizaciones como se puede ver en el cuestionario utilizado. La selección de organizaciones se hizo de acuerdo a una serie de criterios que incluyen el carácter formal de la organización, su acción pública en materia de derechos humanos y el tiempo de existencia como organización formal. Para seleccionar a las personas de cada organización se usó un criterio de proporcionalidad de género (50-50% hombres y mujeres) y se buscó abarcar la mayoría de opiniones de acuerdo a la estructura estándar de las organizaciones que abarca desde puestos de dirección hasta puestos de servicio y apoyo técnico.

Los resultados tienen un alcance delimitado y no pretenden dar cuenta de tendencias ni generalizaciones. Son indicios de situaciones que podrían dar lugar a más preguntas e investigación.

A QUIENES ENTREVISTAMOS (LA MUESTRA)

Se escogieron 17 organizaciones de las cuales se encuestaron un máximo de 8 personas y un mínimo de 4, según el tamaño de la organización y tomando en cuenta que el 50% de la muestra debía ser femenino y 50% masculino

Encuestados
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Tres organizaciones de las seleccionadas solicitaron que el personal de Recursos Humanos viera el instrumento primero, y que dicho departamento eligiera quienes llenarían la encuesta. En esos casos, la encuesta no fue realizada dado que un condicionamiento de ese tipo rompe el principio de anonimato y condiciona los resultados ya que desde ese departamento se deriva la evaluación del personal y podría implicar consecuencias laborales para los encuestados. Eso impidió que se realizara la encuesta en una organización en su totalidad y, en las otras dos, a los miembros de la dirección. De esta manera la muestra se vio reducida.

Casa Alianza se encontraba en la muestra inicial. De las tres organizaciones fue la única que dio respuesta de manera institucional a la petición y explicación enviada por correo electrónico en la que se le indicaba que al no aceptar la encuesta podía brindar una entrevista para aclarar la respuesta negativa. La organización no permitió hacer la encuesta porque sus protocolos internos dicen que el personal de recursos humanos debe revisar el instrumento «con el propósito de que no se vaya a someter al personal, de manera innecesaria, a estrés».

El método de aplicación de la encuesta considera el anonimato como un principio fundamental en este tipo de recursos de investigación. En ese sentido, cualquier condicionamiento proveniente de las organizaciones encuestadas (selección de las personas por parte de algún directivo o personal administrativo) distorsiona los resultados y la calidad del estudio, además que expone a la persona y condiciona sus respuestas.

Eso implica que una selección hecha por el personal de Recursos Humanos que solicitó Casa Alianza introduciría un sesgo inevitable por el hecho de que es de ahí de donde proviene la evaluación de desempeño que sustenta la contratación de las personas. Casa Alianza señaló en una entrevista sí tener una política de género, pero que están conscientes que debe ser actualizada debido a que fue concebida desde una perspectiva de mayor acceso a trabajos y oportunidades, pero no incluye igualdad y equidad en información, toma de decisiones, de protección, promoción de la igualdad.

En el caso del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) que solicitaron una carta de parte del medio, vía correo electrónico, al cierre de este texto, seguían sin enviar su respuesta.

POLÍTICA DE GÉNERO

Se les preguntó a las encuestadas y los encuestados sobre las políticas y protocolos con los que su organización cuenta para la prevención y tratamiento de la violencia basada en género. Las mujeres, en su mayoría, dijeron conocer la política de género, a diferencia de los hombres. Los hombres que dijeron sí conocerla apuntaron haberlo hecho a través de inducción al trabajo. Las mujeres, en su mayoría dijeron haber conocido la política porque participaron en su elaboración. La participación desigual de hombres y mujeres afecta la vigencia de la política de género, partiendo de que por ser política debe ser pública y bien conocida por las personas impactadas por ella, en este caso las empleadas y empleados de la organización.

Sabe si hay política de género
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En este punto las mujeres dijeron conocer sobre un reglamento de aplicación de la política de género, a diferencia de los hombres, de los cuales más del 50% respondió no saber sobre un reglamento. Sin embargo, una tercera parte de las mujeres contestó que la política de su organización no cuenta con reglamento, lo que denota un vacío en la forma de aplicar la política.

EL 90% de las personas que contestaron no conocer la política de género dijeron que sí es necesaria y apuntaron que las razones por las cuales debería haber una política de género son:

1. Porque hay muchas cosas que pasan en la organización que se resolverían con una política de género.

2. Porque es una vergüenza no tener política de género siendo organización de derechos humanos

QUÉ TANTO CONOCE LA POLÍTICA DE GÉNERO
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COHERENCIA

En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la utilidad de la política de género los números entre hombres y mujeres no varían, es claro que las personas encuestadas hablan desde su posición en la organización, sin embargo cuando se habla de conductas, comportamientos y dinámicas sociales, las respuestas varían y va poco a poco desmenuzando la realidad que el discurso suele rodear.

En esta organización la política de género rige todos los ámbitos de relaciones entre todas las personas
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Argumentos política de género
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Entrevistas

Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos

«Los hombres debemos de tener el valor de enfrentar a otros hombres y señalar qué es lo que estamos haciendo mal, no es suficiente con quedarnos callados y decir: «Yo no digo esto, no cuento chistes homofóbicos». No, tenemos que dar el paso y decirlo».

Mejía señala que en las organizaciones, para que los protocolos funcionen deben ser políticas institucionales que vayan a la par de un proceso de formación y concientización hacia los hombres: «Creo que es sumamente fundamental entender que lo personal es político porque no podemos exigir la democratización del país si en lo privado somos unos pequeños dictadores en el hogar, en las relaciones laborales y en las organizaciones, y eso implica renunciar a privilegios»

Jessica Sánchez, Grupo de Sociedad civil.

«Sabemos que el sistema judicial no va a estar de nuestra parte, sabemos que es una lucha desigual, pero vamos a seguir. Estamos ante un monstruo que no solo es el sistema, es el patriarcado porque tienen pactos entre ellos. Sabemos que estas cosas se dan en las organizaciones y todo el mundo las calla, todo el mundo las piensa mejor. Esto debe aceptarse, tiene que parar y debemos tener protocolos».

Jessica Sánchez dice que estas políticas no deben ser únicamente requisitos solicitados por la cooperación: «Estos tipos que hacen acoso, violencia sexual, que tienen relaciones con sus empleadas (que no debería ser porque es una cuestión de poder), son muy apoyados por algún tipo de cooperación. Yo no sé si saben, pero sí creo que los cooperantes deben tener un código de ética sobre acoso y violencia sexual para que las organizaciones que trabajen con ello y reciban sus fondos se comprometan a no hacer ciertas cosas».

POLÍTICA CONTRA EL ACOSO

Aunque la mayoría de las personas encuestadas sabía de una política de género en su organización, en el caso de una política específica contra el acoso sexual, la mitad dijo saber y la otra mitad no saberlo, sin distinción de género. Cuando hablamos del tema de acoso sexual, desde la percepción hasta conocimiento de casos, frecuencia y probabilidad de que ocurra en la organización, los hombres se mostraron más renuentes a hablar sobre acoso y las mujeres más abiertas para hacerlo.

Sabe si hay política contra el acoso sexual
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COHERENCIA

En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la aceptación del acoso sexual como algo normal y quizá ahora tomado de manera «exagerada», los hombres manifestaron estar de acuerdo, a diferencia de las mujeres que se mostraron intolerantes a cualquier justificación para el acoso sexual.

Argumentos sobre el acoso sexual
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Para abordar el tema de acoso sexual se preguntó sobre conocimiento de casos, frecuencia en que estos suelen suceder dentro de la organización y acciones que se realizan institucionalmente o que se adoptan como colectivo para enfrentar la situación.

ACOSO SEXUAL

Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de acoso en su organización, sin embargo, el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía tanto en el cumplimiento de labores, como en los espacios fuera del ambiente laboral y contra personas que son externas a la organización. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo acoso y cómo se abordó, la mayoría dijo que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo». Un porcentaje que marcó «otro» y especificó que no hubo casos, esto fue solo el 15%, el 85% dijo que no se supo, en un porcentaje menor que se aplicó la política y en otro que se llevó a los tribunales el caso.

Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría se abstuvo de contestar, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder. Esto se cruza con el hecho de que la mayoría dijo de que ante un caso de acoso no hay acciones para resolverlo y se intenta, al contrario, esconder el hecho.

¿Sabe usted de situaciones en la organización que puedan ser consideradas como acoso sexual cuando las personas están en el trabajo o en otro lugar pero cumpliendo sus labores?
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Cuando a las personas se les coloca frente una serie de argumentos sobre si el acoso ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.

La percepción general de las personas encuestadas, sin embargo, es que las mujeres son en su mayoría las víctimas de acoso y los hombres, los acosadores. Aceptando un patrón social que va más allá de lo institucional

Copy: ¿Sabe usted de situaciones en la organización que puedan ser consideradas como acoso sexual cuando las personas están en el trabajo o en otro lugar pero cumpliendo sus labores?
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VIOLACIÓN SEXUAL

Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de violación sexual en su organización, sin embargo el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía entre personas que no trabajan juntas. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo violación y cómo se abordó, la mayoría dijo que no ocurrió nada y que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo».

Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría dijo que no tenían relación de trabajo, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder.

Copy: ¿Sabe usted de situaciones en la organización que puedan ser consideradas como acoso sexual cuando las personas están en el trabajo o en otro lugar pero cumpliendo sus labores?
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Cuando a las personas se les coloca frente a una serie de afirmaciones (técnica de afirmaciones hipotéticas) sobre si la violación ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.

Cuando preguntamos de violación sexual y la percepción sobre víctimas y victimarios, las mujeres respondieron que las mujeres no suelen ser víctimas de violación y los hombres, al contrario, las ubican como potenciales víctimas. La negación de las mujeres ante esto refuerza su respuesta con respecto al conocimiento de casos. Los hombres admiten más conocer casos y que esto es probable, frecuente, las mujeres no.

Copy: FRECUENCIA
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TESTIMONIOS

LUISA

Luisa llevaba años trabajando en una organización de derechos humanos, había normalizado muchas cosas: trabajar todo el día y los fines de semana, los pleitos por protagonismo e incluso los malos tratos. Pero algo le incomodaba constantemente, sentía que su jefe en varias ocasiones la besaba muy cerca de la boca o le tocaba los pechos. Luisa llora al contar su historia, dice no entender por qué no pudo controlar la situación «uno debe pasar y decirle “bueno y a usted ¿qué le pasa?” se lo dije a una compañera una vez y ella me dijo que había sentido algo similar» cuenta Luisa.

«Fue una cosa en la que uno misma trata de pensar que no es así, que de repente es cariñoso o que tal vez malentendió las cosas porque una es cariñosa» Luisa cuenta que sus intenciones quedaron claras cuando él comenzó a enviarle mensajes diciendo que ella no había entendido que la quería de otra forma y le pedía verla a solas para hablar. Aunque ella le respondió recordándole que él era su jefe, él insistía.

Desde ese entonces la vida laboral de Luisa cambió para siempre «lo que hacía era nunca estar a sola, nunca encontrármelo a solas y como siempre he sido en mis trabajos: trataba de no convivir mucho más que como jefe-empleada». Luisa llegó a sentirse acosada constantemente, incluso cuando su jefe buscaba verla a sola en viajes de trabajo.

Luisa dice que cuando su jefe comprendió que no iba a acceder, comenzó a ejercer acoso laboral en su contra. En ese momento ella se preguntaba por qué después de tantos años para él ya no era buena empleada, ya no hacía bien su trabajo, «él percibía que no me estaba dejando, no me gustaba, lo estaba repeliendo y siempre que podía en espacios públicos hablaba duramente sobre el hostigamiento sexual» toda la situación le produjo ansiedad y ahora tiene que vivir dependiente de medicamentos. Aunque Luisa amaba y necesitaba su trabajo, decidió renunciar.

Aunque Luisa quisiera hablarlo públicamente, la detiene ver las respuestas que han tenido contra las mujeres que han hecho sus casos más públicos, no quiere que cuestionen por qué no habló en su momento. Luisa perdió su celular hace poco con las pruebas del acoso, «ahora siento que tengo nada más que mi palabra» sentencia.

***

ANA

Ana comenzó a trabajar en una organización de derechos humanos al hacer entrevista y ganar un concurso. Al poco tiempo de estar en la organización fue víctima de abuso sexual por una persona con un puesto jerárquicamente mayor al de ella. Ana pasó en negación durante mucho tiempo y siguió su trabajo, sin contarle a nadie.

Con el paso del tiempo su vida laboral se fue volviendo cada vez más difícil. Su agresor se acercaba a ella y cuando podía le recordaba: «Todo lo que usted diga puede hacer crecer o destruir su carrera». Ana dice que vivió años de humillación, hostigamiento, silencio y dolor.

«Fue terrible porque ni siquiera recordaba lo que había hecho, eso había quedado guardado en mi subconsciente y salía cuando menos lo esperaba». Ana al principio se sentía culpable, se cuidaba mucho de no quedarse sola con él y cuando no pudo con la carga decidió contarle a una de sus compañeras de trabajo, pero ella le comentó a su agresor, entonces los ataques directos empezaron.

Ana dice el ambiente laboral se volvió muy difícil, otros compañeros se enteraron y comenzaron a tener represalias. «Probablemente se sintieron aludidos o cayeron en el nivel de manipulación que tiene, él decía que yo hacía esto para destruir a la institución y no porque yo tenía necesidad».

«Sé que no es fácil ahora y no va a ser fácil la cuestión es que no solo son compañeros que están en las organizaciones, sino que son otros directores de sociedad civil que se han apoyado entre sí. Son como grupos de machos que realizan estas prácticas de abusar de personas y ellos siguen operando, tienen contactos en todas partes y son como una pequeña red de corrupción».

Ana tuvo que renunciar a su trabajo, dice que durante el tiempo que intentó mantenerse en la organización le era difícil hacer su trabajo, concentrarse y sentirse bien con sus compañeros. «Sigo cargando con todo esto mientras mi agresor sigue por ahí intentando limpiar su cara. Sé que muchas otras mujeres en la misma organización han pasado por situaciones similares o peores, pero que no se atreven a denunciar porque también denunciar a un tipo como este significa que te bloqueen por completo en la sociedad civil».

RESPUESTA INSTITUCIONAL

A las personas se les preguntó qué tan probable es la violación sexual, el acoso sexual, el hostigamiento por denunciar o el apoyo por denunciar. Si tomamos los extremos, «nada» como referencia a cero probabilidad y «poco», «algo» y «mucho» como la probabilidad de que las cosas sucedan en diferente escala de percepción, tenemos un 60% de probabilidad que estos hechos ocurran. En ese sentido, la respuesta institucional debe ser tal que genere una percepción de ser fuerte, intolerante, sin embargo, las encuestadas y encuestados mostraron puntos en los que los protocolos se pueden ajustar para brindar mejor respuesta y leves problemas de coherencia sobre la cultura machista arraigada a pesar del discurso de defensa de derechos de las mujeres.

Respuesta institucional
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La encuesta permitió observar que muros culturales, políticos e ideológicos y miedos generados por relaciones de poder en el ámbito laboral persisten incluso en espacios en donde eso está llamado a ser superado. Si bien hay porcentajes que denotan la existencia de procedimientos formales (políticas), hay también porcentajes que denotan sus fracturas y que estas son, en algunos casos, minimizadas ante la prioridad otorgada a la acción política, al discurso o a una cultura generalizada que no otorga importancia a estos hechos. Así como los derechos humanos son dicotómicos (se cumple o no, sin términos medios) la coherencia respecto del discurso y las prácticas en materia de violencia basada en género también debería serlo. La encuesta en su totalidad denota que esto aún es un campo con márgenes borrosos en donde existe la probabilidad de ocurrencia de la violencia basada en género y la revictimización, por lo tanto, es posible.

Betty Vásquez coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)

«Aún queda esa gran deuda sobre el respeto de nuestros cuerpos, a pesar de que se llamen compañeros, siempre están pensando en que las mujeres debemos aceptar piropos y no exigir respeto, que las mujeres deben someterse o sentirse halagadas por hombres mayores, aunque a quienes estén halagando, que en realidad es acoso, sean menores».

La coordinadora del MAS asegura que además el patriarcado es algo que alimenta al sistema capitalista por el que luchan los movimientos y las organizaciones. «El patriarcado es una cosa que al sistema capitalista le conviene mantenerlo y el machismo es un ingrediente fundamental para la opresión, represión y manipulación, no solamente de nuestras conciencias sino para la manipulación del acceso y la toma de decisiones para el poder».

Helen Ocampo, Centro de Derechos de la Mujer (CDM)

«Por eso es importante que dentro de las organizaciones existan políticas y reglamentos internos funcionales que aborden la desigualdad, que puede ser desde salarios, acceso a puestos de trabajo porque normalmente las mujeres no suelen ser recomendadas para altos puestos de trabajo por el machismo¿cómo podemos tratar de defender eso a lo externo de la organización si no lo hacemos a lo interno?».

Ocampo añade que no importa el cargo que ostente el agresor o agresora sexual, «tienen que tomarse cartas en el asunto y tomar la denuncia y acompañar a la sobreviviente de violencia sexual de la forma en que requiera porque cada caso es distinto».

«No tengo más que mi palabra»

Romper el silencio tiene consecuencias negativas para quienes denuncian, las víctimas a las que Contracorriente tuvo acceso aseguraron que lo que las detiene de denunciar o hablar públicamente es el estigma que recae sobre ellas. Las mujeres, incluso si deciden someterse a un proceso judicial, son juzgadas en el proceso y fuera de él sobre si son ciertas sus historias o si ellas permitieron que sucedieran.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras, la revictimización en las instituciones es una causa del silencio de las víctimas. «En la mayoría de casos por agresión sexual, indirectamente conlleva a que la víctima sea revictimizada por los operadores jurídicos, exponiéndose a sufrir un mayor daño que el proporcionado por el delito en sí», manifiesta el documento.

A las víctimas el sistema judicial, policial y hasta el de defensores de derechos humanos parece condenarlas al silencio, la vergüenza y a la impunidad de sus agresores. La legislación no contempla los procesos de las víctimas y cómo a muchas les cuesta años entender que lo que les sucedió fue una violación. Tampoco parece que el sistema se esté enfocando en desarrollar métodos investigativos para comprobar las violaciones y hostigamiento sexual que en la mayoría de los casos se dan sin testigos presenciales.

El panorama judicial para las víctimas de hostigamiento o violencia sexual luce más desolador, el nuevo Código Penal reduce las penas. Los casos de hostigamiento sexual serán penados entre 1 a 2 años de reclusión, un año menos que antes, la pena sigue siendo conmutable y los agresores pueden seguir en libertad.

La mayoría de los casos de hostigamiento sexual no llegan a juicio, de acuerdo con la base de datos del Ministerio Público del 2016 a 2018 recibieron 415 denuncias por hostigamiento sexual de las cuales apenas cinco ingresaron a la Corte Suprema de Justicia y solo cuatro tuvieron resolución, tres sentencias condenatorias y un sobreseimiento.

En los casos de violencia sexual el Ministerio Público registró que entre 2016 y 2018 se registraron 2952 denuncias mientras que en la Corte Suprema de Justicia solo ingresaron 890, ni siquiera la mitad de los casos. De estos casos el 50% de los casos fueron resoluciones absolutorias.

En los casos de violencia sexual la situación ha sido denunciada en muchas ocasiones. El nuevo Código Penal rebaja las penas a los violadores al no especificar agravantes y encerrar a todos en penas de 9 a 13 años, la única excepción es si la víctima es menor a 14 años. El antiguo Código Penal contemplaba una pena mayor para quien «intencionalmente drogue o embriague a una persona con el fin de violarla». Mientras la nueva legislación no especifica el uso de drogas o estupefacientes, deja un margen más amplio en el tema y no añade años de reclusión.

La situación procesal y judicial para las víctimas es difícil, pero las consecuencias que tiene en salud mental incluso si no denuncian son graves, según Médicos Sin Fronteras (MSF). En los últimos tres años en MSF atendieron a 2,048 pacientes que presentaron diferentes afecciones psicológicas: trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, estrés agudo, más de la mitad de las sobrevivientes de violencia sexual asistieron después de las 72 horas, en un 28% fue por desconocimiento de un tratamiento y un 22% por afectación emocional.

Edgar Boquín, psicólogo y gestor de salud mental en Médicos Sin Fronteras (MSF), dice que en los casos de violencia sexual se debe buscar un tratamiento integral que evite la revictimización «que es cuando hablan en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas sobre lo mismo que les pasó y expone mucho a las personas a evidenciar nuevamente los traumas, a sentirse juzgadas cada vez que lo cuentan».

El estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras dice que los profesionales encargados de recibir las denuncias de estos delitos «no asumen la mejor actitud hacia la víctima siendo indiferentes a su dolor, no demostrando consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se encuentran, al parecer, se han sistematizado a tal punto, de llegar a la deshumanización».

Boquín señala que el estigma impide a las víctimas buscar apoyo porque genera estigma el hacerle creer a las víctimas que ellas se expusieron a que esto les sucediera: «Creo que somos conscientes de que nadie anda en la calle buscando que alguien le asalte o agreda sexualmente, es una situación que ya depende del momento de quien agrede y su condición emocional y de salud mental».

Además asegura que la revictimización genera consecuencias graves en la salud mental de las sobrevivientes: «El estigma también genera mucha sensación de tristeza y de separación de los vínculos de confianza en los pacientes que no sienten la facilidad para contarlo con alguien, ni siquiera en su círculo de confianza, por el temor a ser juzgados, estigmatizados frente a esta situación y que esto se vuelva algo público, del comentario boca a boca de que lo que le paso a la persona».

Dalila Flores del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla señala que en su organización reciben al menos un caso cada dos meses por hostigamiento sexual. «Han llegado muchos casos y pocos han podido llevarse a juicio porque no hay suficientes elementos de prueba. La prueba cae en quien denuncia, es quien se tiene que preparar para demostrar que efectivamente lo que está diciendo es verdad», además asegura tener denuncias registradas contra personas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre los casos que involucran a organizaciones de derechos humanos, a los que Contracorriente tuvo acceso, las víctimas señalaban tener miedo del cuestionamiento público que se les haría y el tener que confrontar a sus agresores, personas que tienen muchos seguidores. Es su palabra contra la palabra de sus agresores, admirados y escuchados por sus propuestas de cambio social. La coherencia de las organizaciones que defienden derechos humanos parte de la premisa de que los derechos son innegociables y no tienen matices, en esto incluido los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir en un espacio libre de acoso y violencia, si esta no existe en las organizaciones que señalan un sistema, cuyos datos nos dicen, es revictimizante. ¿Quién defiende a las víctimas de violencia sexual y quien defiende a las que defienden?

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El 1 de septiembre de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández posó ante las cámaras, sonriente, en la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. A su lado también sonreía uno de sus aliados políticos y militares más importantes en los últimos años, Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Detrás de cámaras, una pequeña comitiva de periodistas hondureños registraba todo para enviar informes a algunos de los medios de comunicación con mayor cercanía al discurso oficial en el país.

Según información otorgada a Contracorriente por la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo gastó 366 mil lempiras (15 mil dólares) en viáticos para miembros de la Oficina de Estrategia del Gobierno y periodistas de diversos medios de comunicación que acompañaron a Juan Orlando Hernández en la apertura de la extensión de su embajada en Tel-Aviv, paso previo de su traslado definitivo a Jerusalén.

Un video que se hizo viral en redes sociales mostraba a periodistas de La Prensa, Hable como Habla, Televicentro, Televisión Nacional de Honduras, HRN y prensa oficial de Casa Presidencial en un bus ejecutivo cantando y celebrando el cumpleaños de uno de los periodistas que viajó para cubrir el evento oficial del gobierno.

Contracorriente solicitó el listado íntegro de la comitiva e invitados del gobierno hondureño a la apertura de la Oficina de Comercio; sin embargo, no obtuvimos respuesta a dicha información por lo que no se puede confirmar el número exacto de periodistas que viajaron a Jerusalén para la cobertura. Según los videos difundidos por los mismos periodistas y medios, serían al menos diez comunicadores.

Casa Presidencial pagó pasajes aéreos, transporte y alimentación a los asignados de cada medio que cubrió el evento, según confirmó uno de los mismos periodistas que viajó a Israel. El pasaje aéreo individual en vuelo comercial en clase económica cuesta alrededor de 46 mil lempiras (1900 dólares); por lo que en total habrían gastado un aproximado de 465 mil lempiras (19 mil dólares) solamente en vuelos, cantidad que no coincide con la información proporcionada por la OIAP de Casa Presidencial. Esto quiere decir que la información es incorrecta o incompleta.

En el caso de diario La Prensa la asignada para este viaje fue la periodista Lisseth García, quien además es presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras en el capítulo norte. La cobertura que dio este diario a la apertura de la Oficina Comercial, fue enfocada en las opciones de cooperación que podrían derivarse de la apertura de esta oficina. En especial destacaron las intenciones de Juan Orlando Hernández de potenciar el sector agrícola en Honduras a través de la experiencia de Israel en el rubro.

Una de las notas realizadas por La Prensa recoge una de las declaraciones de Hernández en la que asegura que «tenemos que aprender mucho de Israel, más hoy que se nos acaba el agua en muchas regiones del país, pero que cae estrepitosamente en muchos meses del año».

Según la nota se estaba gestionando una propuesta orientada a financiar la preparación académica para que los jóvenes tengan la oportunidad estudiar temas vinculados con la tecnología agrícola en Israel.

A pesar de estas declaraciones, cuatro días después, el 5 de septiembre se aprobó un decreto ejecutivo en el que se oficializa el nacimiento del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que contará con un financiamiento de casi 4 mil millones de lempiras (163 millones de dólares) provenientes en parte del Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.

La Prensa también enfocó su cobertura en la agenda de reuniones y visitas turísticas que tuvo el presidente en Israel, destacando sus encuentros en temáticas de ciberseguridad, tecnología e innovación.

La periodista Lisseth García, mencionó que es común que los presidentes paguen viajes a los medios de comunicación, “todos los presidentes han tenido eso, ¿es el primero que lleva prensa pues?, por eso a mi me extraña”, dice cuando se le pregunta sobre esta cobertura en Jerusalén.

Por su parte, Hable Como Habla (HCH), uno de los canales de televisión con mayor recepción entre la población del país, envió a Ariela Cáceres que en 2018 ganó el premio Froylan Turcios otorgado por el Congreso Nacional que reconoce la trayectoria de los periodistas en Honduras desde un poder del Estado.

Este medio de comunicación, con cobertura a nivel nacional, anunció una “Cobertura Especial desde Israel” a sus televidentes. En uno de los últimos enlaces que la periodista emitió desde Israel aseguró que la “misión se cumplió” y dijo que en septiembre se instalaría una Oficina Comercial de Israel en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa. Dicha representación diplomática no ha llegado al país hasta la fecha de publicación de esta nota.

En otro de los videos que se difundió, se observa que entre la comitiva de periodistas nacionales que cubrieron la apertura de la Oficina de Comercio se encontraba Mayra Navarro, quien se describe en su página web como “periodista internacional y ganadora de un Premio Emmy”, sus informes noticiosos registrados en su propia página web indican que copió los tweets de las cuentas del presidente y la primera dama para una de sus notas, y en otra copió el contenido íntegro de las notas de prensa emitidas por la Oficina de Comunicaciones de Casa Presidencial.

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Toda la información positiva sobre la apertura de esta representación diplomática aparentemente no dio espacio para que los periodistas también informaran que, según The Time of Israel, el inmueble donde se ubicarían las oficinas reales no estaban listas a tiempo para la ceremonia de inauguración y tuvieron que utilizarse las de un despacho de abogados. Los letreros en la puerta del bufete de abogados fueron reemplazados con rótulos de la Cámara de Comercio de Honduras y luego todo regresó a la normalidad.

Sin acceso real a la información

El 8 de octubre Contracorriente solicitó a la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial una copia del listado de la comitiva e invitados del gobierno hondureño a la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén, copia de viáticos y gastos de viaje asignados por persona y copia íntegra del programa cumplido por representantes del gobierno en su visita a Israel; de estas tres preguntas ninguna fue resuelta a cabalidad y dicha oficina se limitó a enviar un correo con los supuestos gastos generales en los que incurrió cada comitiva.

Según dicho correo además de los supuestos 366 mil lempiras en viáticos que gastó por la prensa invitada y la oficina de Estrategia Presidencial y Comunicaciones de Gobierno; la comitiva de Despacho Presidencial gastó 34 mil lempiras.

Esta comitiva fue integrada por el presidente, Ana García de Hernández, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz; de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Lisandro Rosales; y de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo.

El hotel en que se hospedó esta comitiva fue el David Citadel Hotel en el que cada noche en habitación básica para dos personas cuesta alrededor de 14 mil lempiras (570 dólares); según el registro de vuelo del avión privado presidencial fueron cuatro noches en Jerusalén por lo que en total habrían gastado 56 mil lempiras (2 mil dólares) solo en la pareja presidencial. A menos que los costos de viaje hayan sido pagados por el gobierno de Israel, la información proporcionada por la OAIP es incorrecta.

Ante esta inexactitud y falta de información de acuerdo a la solicitud realizada, Contracorriente ingresó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que la información se complete.

Esta no es la primera vez que la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial no completa o evade información solicitada por Contracorriente; el 25 de junio de 2019 se solicitó la agenda desarrollada en la reunión que el 15 de marzo sostuvieron el Consejo de Secretarios de Estado con el pastor Miguel Muñoz de la organización religiosa internacional Capitol Ministries, dicha instancia de información contestó, después de haber interpuesto un recurso de revisión, que no tenían registros de actividades con Capitol Ministries.

Sin embargo, una publicación en Facebook de la primera dama, Ana García, confirma la existencia de la reunión.

Relaciones entre poderes

El pastor evangélico Miguel Muñoz es el representante en Honduras de Capitol Ministries y desde septiembre es director de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. Foto tomada de Diario La Prensa.

Además de los periodistas y miembros del gabinete que acompañaron a Juan Orlando Hernández, también hubo una comitiva de al menos quince pastores evangélicos que viajaron para presenciar la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. Entre esos pastores estaba Miguel Muñoz, representante de Capitol Ministries en Honduras.

Capitol Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, incluido Honduras; teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí, su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo.
Miguel Muñoz fue elegido por Drollinger como representante de la organización en Honduras después de las elecciones de 2017, las mismas que dieron como resultado la reelección inconstitucional del actual presidente Juan Orlando Hernández.

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La influencia que ha tenido la relación entre organizaciones religiosas cercanas a Casa Blanca y el presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron claves para la apertura de la oficina comercial y gracias a esas mismas conexiones Miguel Muñoz ahora es director de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén.

Muñoz también fue director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), institución que entre enero y febrero de este año mantuvo reuniones con una delegación del Consejo Nacional Palestino y con el embajador de Israel en Guatemala concurrente para Honduras y Nicaragua quienes llegaron a sus oficinas para negociar su apoyo, según el propio testimonio de Miguel Muñoz, ofreciendo becas de estudio universitario y teológico para pastores.

La cobertura de los periodistas a los que se les pagaron viáticos también incluyó a Miguel Muñoz como una de las fuentes importantes al representar el apoyo ante esta decisión de la iglesia evangélica hondureña, uno de los sustentos más importantes del actual gobierno.

En una declaración a diario La Prensa, Muñoz aseguró que la apertura de dicha oficina “traspasa el conocimiento teológico y bíblico hasta la experiencia social de ver por nuestro pueblo, crecer y desarrollarse”.

La vida de las mujeres en Honduras no es ajena al negocio de drogas y crimen organizado que gobierna el país: forman parte de la dinámica como objetos de satisfacción del narco, como fuerza de trabajo indispensable para sostenerlo y expandirlo al asumir las tareas del hogar para que el narco trabaje e incluso resistiendo las violencias de género que derivan del crimen organizado. Este análisis realizado por el colectivo feminista Luchemos, se da después de que se conociera la culpabilidad del hermano del presidente de Honduras, Antonio “Tony” Hernández, por cuatro delitos, entre ellos el de conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.

Los personajes involucrados en el narcotráfico incluyen a funcionarios públicos, políticos y expolicías acusados en Estados Unidos, pero también hablan de una relación con la policía y los militares. En sus declaraciones, Emil Bove, fiscal del caso, menciona que “a partir del 2010 el presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el tráfico de drogas” además de que obtenían información de los radares militares, así como de las bases y movimientos con el fin de cuidar los cargamentos de drogas.

Aunque la relación de los militares en el narcotráfico fue cuestionada durante el juicio, un mes antes el presidente Hernández había aprobado mediante decreto ejecutivo un Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras que será administrado por las Fuerzas Armadas de Honduras, esto significaría que los militares estarán encargados de administrar no sólo la seguridad pública como el mismo presidente lo determinó al crear fuerzas policiales militarizadas, sino también la seguridad alimentaria.

El programa tendrá un presupuesto de 4 mil millones de lempiras (163 millones dólares) que se ejecutarán entre 2019 y 2025, acción que para diversos sectores viene a fortalecer la militarización del país. La organización «Luchemos» tuvo acceso al plan agrícola y han denunciado que tiene como foco los departamentos donde hay más conflictos territoriales por proyectos extractivos, también territorios para la ruta del narcotráfico.

Contracorriente (CC) habló con Andrea Nuila (AN), miembro del colectivo feminista Luchemos, sobre la situación de violencia en los conflictos territoriales, incluyendo el narcotráfico, y cómo esto recrudece la violencia contra las mujeres.

CC: ¿Cómo ven la situación de violencia contra la mujer en Honduras?
AN: Los femicidios han subido, la violencia doméstica e intrafamiliar es una situación que permanece y no ha mejorado porque tiene que ver con situaciones estructurales que van más allá de hacer políticas públicas superficiales que solo pretenden que van dirigidas a responder el problema de la violencia o del sexismo pero que en realidad no responden a las realidades de la mayor parte de las mujeres. Nosotras estamos interesadas en entender cómo una violencia generalizada, que es parte de la producción de la droga en este país está, está relacionada también con la vida de las mujeres.

CC: Según los análisis que han hecho como organización ¿Qué relación encuentran entre la violencia contra las mujeres y el narcotráfico?
AN: Las compañeras mexicanas que han tenido más tiempo para poder analizar de una forma conceptual lo que está pasando y cómo afecta a las mujeres el narcotráfico usan diferentes categorías, no es para designar el rol moral que cumplen las mujeres sino para entender cómo estamos en ese sistema.

Hablan sobre las mujeres como parte de la producción de la droga, así como pasa en el narcotráfico pasa en cualquier ámbito de la economía, las mujeres toman los trabajos menos pagados, más peligrosos, el trabajo está altamente sexualizado, tiene que ver con el género y cómo a las mujeres se les impone que tienen que utilizar su cuerpo de cierta forma para que la producción y la acumulación del narco siga existiendo. En términos más conservadores: es el narco utilizando los cuerpos de las mujeres para acumular capital.

Por otra parte, las mujeres como víctimas de la violencia: víctimas de trata, las que viven en ese entorno donde la resolución de conflictos pasa por las armas, eso significa generalmente que las mujeres están en una posición de vulnerabilidad porque se utilizan también como trofeo. Todo esto fue interesante para entender lo que está pasando en Honduras que es como un inframundo, porque no hay datos.

CC: ¿Qué análisis hay detrás de cómo los narcotraficantes se refieren a las mujeres?
AN: En medio del juicio de Tony Hernández tanto los periódicos, los analistas invitados a los programas, las personas que estaban escribiendo sobre esto eran hombres: el análisis siempre desde su mirada, desde la política de los hombres, el problema pero también la solución. Nosotras somos parte de la oposición y nos sentimos bastante alarmadas de ver que la solución también sin que la agenda feminista se viera como una contribución. A lo largo del juicio la única referencia a cómo afecta a las mujeres el narcotráfico la hizo el mismo acusado, ni siquiera en el juicio, sino en el vídeo que se hizo viral cuando la DEA lo interroga y él hace alusión a las mujeres que están en las fiestas como diciendo “las cosas, los accesorios” y nos volvimos como un accesorio no sólo de esa escena sino de la discusión en general y por eso nuestra apuesta fue entrar a la discusión otra vez.

Plantón de las organizaciones feministas contra la militarización del país frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

CC: En el caso del movimiento social ¿creen que el tema de los derechos de las mujeres es una segunda agenda?
AN: Sí, yo creo que eso ha sido una lucha del movimiento feminista en general y no solo en Honduras. A nivel de organizaciones mixtas siempre es un reto que las mujeres tengan estos puestos de liderazgo, que las mujeres participen en la elaboración de estrategias políticas, que las mujeres estén al frente de las organizaciones. Es difícil por muchas razones y aún más es difícil que en los partidos u organizaciones que le apuestan a este poder institucional, para las mujeres poder combatir esta doble moral que existe en la sociedad en general ¿cómo una mujer llega a ser diputada? tiene que combatir no solo las políticas machistas y sexistas de su propio partido, sino que cuando sale a combatir las estructuras de este país también tiene que ser atacada o está expuesta a ser atacada, no por sus convicciones políticas, sino por cómo se ve y lo que hace en términos privados.

CC: ¿Cuál sería una posible solución a estas situaciones?
AN: Entonces entendemos que ese es un reto real y es una relación complicada, pero no creemos que la solución sea optar por el éxodo, salir de la política sino seguir luchando desde adentro, desde todas las organizaciones para poder combatir y contrarrestar estos estereotipos e ir repensando formas distintas de hacer política, un poco para interrumpir esa dicotomía entre que las feministas somos enemigas de nuestros compañeros hombres cuando se trata de poner la agenda y la cosa es que hay que transformar la agenda completa, no es solo de añadir una colita, una perspectiva de género sino transformar toda la agenda política.

CC: Los análisis que han hecho señalan que las cifras de violencia hacia las mujeres eran más altas en los tiempos en que Los Cachiros tuvieron su mayor espacio de actividad violenta ¿Cómo lo relacionan?
AN: Nos pareció interesante ver que en este plazo en que se estaba consolidando el narco en estos lugares para apoyar la candidatura de Juan Orlando, justo en ese momento es cuando tenemos un aumento de femicidios de manera significativa. Pero ¿cómo se mide esto para poder decir con seguridad que está relacionado al narcotráfico? Es difícil, pero por lo mismo tenemos que ver el contexto en general y para nosotras es más que evidente que en esos lugares donde más violencia hay y en ese momento donde los femicidios escalan, tienen que ver por una lucha por territorio.

Pero es solo una superficie de lo que realmente podríamos encontrar si al Estado le importara indagar un poco más, si existieran los recursos para poder hacerlo, si existiera el acceso.

Andrea Nuila Herrmannsdorfer, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 14 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

CC: ¿Qué relación encuentran entre este plan agrícola y los lugares del país con mayores proyectos extractivos? que, según su información, son puntos de foco del plan
AN: Obtuvimos información sobre los departamentos donde se están haciendo preparaciones, no porque hay un documento público que nos permitió acceder a eso, sino que tuvimos acceso a un plan oficial de parte de las personas que estaban participando en la elaboración. Nos pareció que es claro que en Choluteca donde se están pensando hacer las Ciudades Modelo es uno de los lugares donde están priorizando militarizar la producción agroalimentaria, es complicado pensar que los militares están yendo a Colón (por ejemplo) a emprender procesos de formación con las organizaciones campesinas sin pensar que bajo eso también están ejerciendo tipo de control con las organizaciones sobre las dinámicas, estrategias, objetivos políticos que puedan tener y eso es altamente sospechoso.

CC: Mencionaban también que la aprobación viene con un mensaje de instrumentalización de la mujer para justificar el plan agrícola, ¿cómo es la realidad de las mujeres agrícolas según conocen ustedes y en qué debería enfocarse el Estado?
AN: Considerando la lucha que las compañeras campesinas han emprendido en el país, entiendo que CREDIMUJER hace 5 años fue aprobado y todavía no es ejecutado. Sin embargo, deciden otorgar 4 mil millones al Estado Mayor Conjunto para que sean ellos los que administren la agricultura, la lucha de territorios ¿qué rol juegan las mujeres en ese espacio? ¿qué relación tienen los militares en los territorios donde ellas están produciendo? En la fundamentación del decreto ejecutivo para la creación del plan agrícola está fortalecer los planes o políticas públicas inclinadas a asegurar la equidad de género en el campo y la soberanía alimentaria y me parece interesante porque las mujeres que están en los territorios de conflictos sufren una violencia de género distinta a la de los hombres, sobre todo cuando son agredidas por militares.

Las personas que nos involucramos después del Golpe de Estado en la investigación de casos, tuvimos conocimiento de que muchas de las mujeres atacadas por militares eran violadas o les introducían objetos a sus vaginas y hay militares que fueron juzgados por eso, me atrevo a decir y no creo que ellas se sientan más seguras con la presencia de los militares ahí y tampoco creo que necesitan hombres con armas para poder producir y emprender sus proyectos, lo que necesitan es que el Estado asuma la responsabilidad que le toca, ejecute los fondos que prometió y que cumpla con las demandas del movimiento campesino: acceso a tierras, redistribución de los recursos, todo el trabajo que hacen las mujeres que no es reconocido y no es valorado que sea remunerado. Sería ideal pensar en vez de utilizar a las Fuerzas Armadas como una vía para canalizar fondos, pensar de qué forma se le puede asegurar la vida a estas mujeres que hacen trabajo en el campo pero que no tienen acceso a crédito, a las titulaciones de tierras, pero que todos los días se levantan a las 4 de la mañana para que el trabajador salga al campo o hacer el trabajo necesario en la casa para que los hijos y las hijas salgan al campo, pero eso no es una prioridad.

CC: ¿Qué significa para las mujeres mayor militarización?
AN: Para mí simplemente poder o control, no creo que las mujeres tengamos una buena relación con las Fuerzas Armadas en este país, la historia lo dice y no veo cómo eso puede ser una herramienta de emancipación para nuestra condición.

Imaginen a un presidente que dice ser ungido por Dios y que controla todo el poder del Estado (de los tres organismos que supuestamente son independientes). Un presidente que ha dado a las Fuerzas Armadas acceso, potestad y presupuesto para desarrollar proyectos sociales en el sistema educativo y en la producción agrícola (además de la seguridad pública, lo que es inconstitucional, y de obras permanentes de infraestructura en momentos de crisis). Un poder, que bajo bendición, le ha dado a los militares para tener control del campo, donde se pueden detener el descontento de la mayor parte de la población en un país eminentemente rural, donde se puede generar una reserva que le permita tener relevos, una base que pelee para defender el orden establecido.

«Fusiles y frijoles» se llamó en Guatemala en 1982, quizá a ustedes que se lo imaginaron les pareció muy local y actual. Este programa de control social fue implementado por el dictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en Guatemala, como estrategia contrainsurgente. Los militares y el Ministerio de Defensa, manejaban los fondos agrícolas, porque el hambre también puede conducir a muchos a defender un gobierno ilegítimo. Esta es una lección cercana que aprendió el actual gobierno hondureño o tal vez, sin saberlo, emuló.

El decreto ejecutivo número PCM 052-2019 que el periódico de circulación nacional, El Heraldo, dio a conocer esta semana, donde manda a crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ha generado debate sobre el poder de las Fuerzas Armadas en el contexto de inestabilidad que vive Honduras actualmente. El juicio de Nueva York, los casos por corrupción de funcionarios públicos, las huelgas policiales, las especulaciones sobre golpe de Estado o intervención militar ante una posible interrupción del mandato presidencial, han generado una crisis política que se arregla como todo en ese medio: más dinero para mitigar la mayor amenaza, la que representa tener al aliado más poderoso de tu lado. Un PCM es la mejor manera de hacerlo en un orden de cosas: la legislación desde el presidente, las decisiones unilaterales, la voz del mandamás.

Que las Fuerzas Armadas manejen fondos para alimentación ha generado escándalo en las voces opositoras, aunque no sería algo muy nuevo que los militares hagan no solo las tareas para las cuales son entrenados. Desde hace ya casi 10 años, las Fuerzas Armadas manejan fondos de manera secreta para un programa social llamado Guardianes de la patria, que se ha infiltrado en el sistema educativo y que es imposible de auditar, ya que tanto su currícula como su presupuesto es información reservada*. Un programa educativo determinado como información reservada contradice todo principio democrático.

Cada año son 25 mil niños beneficiarios de este programa que bien podría funcionar desde la Universidad Nacional, porque son voluntarios de esta universidad quienes dan las charlas, o desde la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia porque se trata de niñas y niños en «riesgo social», o desde la Secretaría de Educación porque se realiza en los centros de educación pública. Sin embargo, lo manejan las Fuerzas Armadas, y para 2020 el presupuesto nacional de la república ha reducido en el gasto público las transferencias a las instituciones que arriba mencionamos para engrosar el presupuesto de gastos militares.

Hace 10 años, cuando ocurrió el golpe de Estado, se aceleró el proceso de militarización del país, y no hablamos solo de los militares en las calles, reprimiendo protestas, realizando acciones policiales, dirigiendo fuerzas de seguridad contra el crimen organizado, sino que también hablamos de los militares involucrados en lo más cotidiano: realizando jornadas de oración, haciendo trabajos sociales que les permite limpiar su imagen ante la ciudadanía y sobre todo que a nivel internacional no se hable de una dictadura militar, que se diga que Honduras es siempre democrática y hasta cristiana y con valores, aunque todo indique lo contrario. Aunque ya el país no retenga a su gente. Aunque el terror diario impere. Aunque los fusiles y los frijoles se junten para tutelar una democracia enferma y mantener a la sociedad controlada, en la ficción de que aprende a volar dentro de una jaula.

*Al cierre de este editorial, esperamos respuesta del recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre las razones de la reserva de información solicitada.

Entrevista: Vienna Herrera

Portada: Foto de archivo/ Martín Cálix

El Congreso Nacional aprobó una ley que reactiva el Fondo Departamental, una partida que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones y por su mal manejo existen tres casos presentados por la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH) en la que diputados están acusados por malversación de fondos. En esa misma sesión nocturna, también modificó la Ley Orgánica del Congreso Nacional para que le conceda inmunidad a los diputados mientras estén en el ejercicio legislativo.

La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos para Proyectos Sociales, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta la semana pasada y permite liquidar proyectos pasados, además de negociar en casos donde se encuentren irregularidades para permitir la devolución de los fondos más el 2% de intereses.

La Maccih manifestó que estas leyes afectarán los casos que han presentado: Pandora, Arca Abierta y Red de diputados donde más de 20 diputados están acusados de malversar 309 millones de lempiras. La MACCIH está a tres meses de que venza su convenio firmado por tres años y denuncian que estas acciones del Congreso Nacional «no demuestran un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad».

Por su parte, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), ha emitido un documento en el que cuestiona la publicación de esta ley explicando que revivir el fondo departamental, responde a un mecanismo de instrumentalización o proselitismo político con fines clientelistas.

«Entre las 12 funciones que la Constitución de la República de Honduras le atribuye al Congreso nacional en el artículo No. 205, no existe la atribución del manejo de fondos públicos por parte de los Diputados. Por tanto, manifestamos que el resurgimiento de este nuevo “Fondo” está principalmente orientado a financiar actividades proselitistas partidarias para asegurar la vigencia de quienes están sentados actualmente en el Congreso Nacional».

El Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto que reactiva el fondo departamental, en un comunicado señalan que esta ley le imposibilita en «el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios».

De igual manera, la bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que concede inmunidad legislativa.

De los 128 diputados que tiene el Congreso Nacional, 60 fueron reelectos en las últimas elecciones, entre ellos se encuentra Doris Gutiérrez, diputada del PINU, quien tiene 13 años de ser diputada. Contracorriente (CC) habló con Gutiérrez sobre qué significa la aprobación del Fondo Departamental, la inmunidad legislativa y el futuro de la MACCIH en Honduras.

CC: ¿En qué consiste la Ley Especial para la Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos aprobada recientemente en el Congreso Nacional?
DG: Esta Ley está orientada a reactivar el Fondo Departamental que se había cancelado en el pasado en vista de que muchos diputados habían mal utilizado dichos fondos, o sea que ese fondo ya existía porque se creó más o menos en 2008. Sin embargo, muchos hicieron mal uso de los fondos y por esa razón fueron requeridos para el caso Pandora y Arca Abierta.

Entonces ese fondo fue reactivado y nosotros nos opusimos porque los diputados no tenemos que ejecutar proyectos, sino que nuestra función principal es legislar. Lo malo de es que esa ley es que le quita funciones al Ministerio Público para investigar el uso de estos y se los pasa al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

CC: ¿Cómo ha sido el trabajo del Tribunal Superior de Cuentas hasta ahora y por qué esto podría retrasar otras investigaciones?
DG: Creemos nosotros que lamentablemente es un tribunal politizado, las personas ahí son nombradas por negociaciones entre partidos y también lamentar que ellos lo que van a hacer es proteger a los militantes de su partido, si el TSC hubiera sido bueno y hubiera cumplido su función no habría sido necesario llamar a la MACCIH. Además, muchos casos que tienen se quedan resguardados y engavetados para proteger a ciertos personajes.

Lamentablemente, si se llamó a la MACCIH es porque no hay institucionalidad aquí y en la falta de institucionalidad entran todos los organismos contralores entre ellos el TSC.

CC: Ante esta nueva legislación ¿cómo quedaría los casos de la MACCIH que involucran a los diputados en desvío de fondos a través de organizaciones no gubernamentales?
DG: Francamente los casos que están todavía en proceso judicial prácticamente no les van a hacer nada, van a quedar libres porque son leyes en materia penal y tienen efecto retroactivo cuando favorecen al reo entonces prácticamente con la aprobación de estas leyes estas personas quedan completamente exentas de cualquier responsabilidad.

CC: Ese mismo día también se aprobó la inmunidad parlamentaria ¿en qué consiste?
DG: También existía la impunidad parlamentaria anteriormente en la Constitución de la República, pero fue derogada precisamente en vista de los excesos que se hacen en el uso de esta inmunidad. Inclusive algunos diputados hasta agredían personas, se habló de alguno que hasta le quitó la vida a otra y no le hicieron nada por la inmunidad parlamentaria. Ahora como la MACCIH los está investigando nuevamente se está reactivando, pero sobre todo es la desesperación y temor de que puedan ser requeridos por la MACCIH y la UFECIC.

Como bancada de PINU nos hicimos presentes a la Corte Suprema de Justicia y presentamos un recurso de inconstitucionalidad porque es un privilegio y todos somos iguales ante la ley.

CC: Estas leyes ya están publicadas en La Gaceta ¿qué se puede hacer al respecto?
DG: Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad, esperamos que la Sala de lo Constitucional le dé el trámite correspondiente y que se puedan declarar nulos porque es violatorio a la Constitución de la República y algunas leyes secundarias.

CC: ¿Por qué cree que se reactiva este fondo, tiene alguna relación con que se aproximan las campañas electorales?
DG: Por supuesto, ese fondo es más de 4 millones de lempiras por diputado entonces definitivamente ellos están viendo no solamente protegerse de cualquier requerimiento, sino que también conseguir dinero para ser reelectos lo cual consideramos que es un clientelismo abierto e inmoral.

CC: ¿Cómo ha sido el manejo del fondo departamental? ¿Qué ha visto usted dentro del Congreso Nacional?
DG: Eso se creó desde 2008, los cheques no salían a nombre de los diputados sino de las comunidades. En el periodo anterior fueron trasladados a ciertas ONG’s que se convirtieron en cómplices de lavado de dinero y de poder manejar fondos que no les correspondían. Nosotros votamos en contra de este y esperamos que nuestro recurso sea admitido y resuelto favorablemente porque el dinero que está utilizado ahí es suyo, mío y de todos, no es un dinero privado, sino que obtenido por los impuestos de todos.

CC: Esta inmunidad también se aprueba dos días antes del veredicto del juicio al hermano del presidente, Tony Hernández, en un contexto donde además hemos escuchado nombres de diputados y exdiputados en las declaraciones de ese juicio ¿En qué posición deja al Congreso Nacional todo lo que ha sucedido?
DG: Esto coloca al CN como un ente que se presta para proteger la impunidad, para proteger la corrupción, para blindar a aquellas personas que han sido señaladas y están vinculadas a un mal uso de fondos públicos entonces definitivamente el mensaje que se manda es negativo. En vez de que el Congreso Nacional legisle para beneficiar a las mayorías, entonces legisla a favor de unos pocos que lamentablemente no han cumplido su función para la cual han sido nombrados.

CC: ¿Cómo analiza usted que se encuentra la posible o no renovación del convenio de la MACCIH?
DG: La MACCIH se puede renovar sin necesidad de que vaya al Congreso Nacional con un simple intercambio de cartas entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, vemos que se está creando desfavorable para que ese convenio no sea aprobado y definitivamente lamentamos que la clase política, alguna agrupada con los corruptos, pueda apoyar iniciativas que contribuyen a que no haya cumplimiento de la ley y sobre todo a que las personas queden totalmente protegidas para que no vayan a los juzgados ni puedan deducirse responsabilidades.

El estallido de la crisis social en el país que lideró el crecimiento económico de América Latina durante 14 años, tiene perplejo al mundo. Pensiones, salud, educación y salarios son las fisuras en un sistema que concentra la riqueza y que ha convertido a Chile en referente de uno de los problemas estructurales de la región: la inequidad.

Por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere

Publicada originalmente en CONNECTAS

Foto portada: Claudio Caiozzi @caiozzama / Ruta 35

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

LA ESTACIÓN DE METRO SAN PABLO ES UNA DE 20 QUE FUERON INCENDIADAS DURANTE LAS PROTESTAS MASIVAS EN CHILE. FAMILIAS ENTERAS LLEGARON VOLUNTARIAMENTE A LIMPIAR PARA INTENTAR ACELERAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA, A DIARIO, MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile.

Las protestas en el país sudamericano estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 4 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

“SOY COMERCIANTE DE LA FERIA. YO SOY CRIADA Y NACIDA AQUÍ. YO VI CUANDO EL METRO SE HIZO, YO VIVÍ TODO ESTO. TENGO 53 AÑOS, SOY LOPRADINA DE TODA UNA VIDA Y MIRA, ESTO ES TRISTE, ES TRISTE, ¿PERO SABES POR QUÉ ESO PASA O NO? PORQUE ESTOS INFELICES NO DEJAN QUE LA GENTE HABLE Y TIENEN QUE PASAR ESTAS WEAS PARA QUE ESTOS HIJOS DE PERRA ABRAN LOS OJOS DE QUE CHILE NO ESTÁ DORMIDO; ESTAMOS DESPIERTOS SIEMPRE, PERO ELLOS SON LOS LADRONES Y SINVERGÜENZAS”.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

“Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer”, cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

El presidente Sebastián Piñera en un restaurante la noche que estallaron las protestas
Crédito: Imagen de redes sociales.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional – que implica reducción de libertades de tránsito y reunión -, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Walmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

MÁS DE 100 SUPERMERCADOS HAN SIDO OBJETO DE INCENDIOS Y SAQUEOS EN TODO CHILE.

Ya va una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. “Como que quisieron empoderarse de algo”, dice, y “se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano”. Es que “fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más”, intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. “La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto”, lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos.

Hasta el jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3.500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5.300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Policía lanza bombas lacrimógenas a manifestantes en Providencia

“Una mierda la salud aquí en Chile, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza”, dice Gladys con rabia. “La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón”, reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

“ESTÁBAMOS CANSADOS DE HACER TUTO”: “Una mierda la salud aquí en Chile, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza. La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera, por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos… Despertó Chile Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón”.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado “milagro” de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la “Chicago School of Economics” con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados “Chicago Boys”, hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

“Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie”, reclama Gladys.

“Y ÉL A QUÉ HORA SE LEVANTA EL VIEJO DESGRACIADO? ÉL ANDA EN AUTITO CON CHOFER Y NOSOTROS LOS CHILENOS A PATITA. ESTO ES NUESTRO TRANSPORTE. ESTO”.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, sólo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 por ciento del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 por ciento más rico de la población.

Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano

Fotos: Alberto Arellano

“Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una “invasión alienígena”.

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

“A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera”, cuenta.

Sentada en el patio de su casa, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. “Pero fue peor”, lamenta. “Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas”, alega.

Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.
Crédito: Archivo personal de Gladys Zuñiga.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 por ciento.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero “no alcanza”, dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

“Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa”, dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. “La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas”, asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial “Corona” y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. “No se puede”, dice.

FOTO “GLADYS CON SUS NIETAS”
Pie de foto: Gladys con sus nietas Lia (10 años) y Mily (3).
Crédito: María José Díaz.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la “gratuidad” aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 por ciento de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

Chile es uno de los países más prósperos y desiguales de la región

#CHILE #SANTIAGO Miles de personas han salido a las calles desde el domingo hasta el día de hoy martes 22 de octubre en las jornada de protestas en Santiago de Chile y otras ciudades del país. Las concentraciones más grande han tenido lugar en la emblemática plaza Italia (plaza Baquedano), donde la gran mayoría de los manifestantes marcharon de forma pacífica hasta ser reprimidos por la policía . Foto: Víctor Ruiz Caballero/ Ruta 35

Foto: Daniel Barahona/ Colectivo fotográfico Kintu

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4,1 por ciento y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga”.

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

“SABEN QUÉ, USTEDES LOS POLÍTICOS SON UNA FRASE DE PURA PORQUERÍA. USTEDES, IZQUIERDA Y DERECHISTA SON LA MISMA MIERDA. POR USTEDES YO NO VOTO. NI IZQUIERDA NI DERECHA PORQUE USTEDES NO VALEN NADA. USTEDES NO MÁS SE ARREGLAN LOS BOLSILLOS. MIREN NOSOTROS AQUÍ LIMPIANDO, LIMPIANDO. SABEN POR QUÉ? PORQUE ESTO NOS SIRVE”.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

Gladys es diabética y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 por ciento de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 por ciento de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 por ciento de los dineros de los futuros pensionados, más de 124.336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: “La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile”

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

“Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés”, dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17,7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Es martes en la noche, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la “falta de visión” de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 por ciento a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner “un techo al gasto de salud de las familias”, un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 por ciento más de impuestos para las rentas superiores a 11.000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

“Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué”, dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. “Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva”, lamenta.

*Colaboración audiovisual de María José Díaz.

«Má, ya vuelvo», fue lo último que Carlos Rivera dijo al salir de su casa en la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, antes de migrar rumbo a Estados Unidos. Nunca llegó a su destino.

Carlos Rivera, Mauricio Sosa, Enrique Velásquez y Heber Gonzales eran un grupo de amigos que se reunían por las tardes a platicar. Un día se dieron cuenta que con poco acceso a la salud y educación, sin agua potable y escasas oportunidades de trabajo, la comunidad no le daba a sus familias la oportunidad de vivir dignamente. La situación tenía que mejorar y la única salida era migrar hacia Estados Unidos.

A finales de abril de 2012, algunos de ellos sin decirle a nadie que se iban, emprendieron el camino. Los rumores de que este grupo de amigos había dejado la Villa de San Antonio no tardaron en llegar a sus familias. No había nada que hacer más que apoyarlos. Durante los días siguientes se comunicaron con sus madres, hermanas e hijos, y el 5 de mayo fue la última vez que llamaron desde México.

Dos niños de la comunidad Los Coquitos regresan a su hogar luego de su jornada laboral, Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El 13 de mayo, en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, encontraron los cuerpos decapitados y desmembrados de 49 personas. Ocho de ellos eran hondureños y cuatro eran los amigos de la Villa de San Antonio, un lugar que en 2021 albergará un aeropuerto de donde saldrán los aviones hacia todo el mundo, las autoridades aseguran que se convertirá en el «Centro Logístico de las Américas».

Las madres y hermanas de los migrantes asesinados no saben si el anuncio del nuevo aeropuerto representará mejoría para sus familias, pero de lo que sí están seguras es que si hace siete años las condiciones de vida en su comunidad hubiesen sido mejores, la tragedia de Cadereyta nunca las hubiera alcanzado.

La Zona de Desarrollo Económico Palmerola

Una bandera nacional con el color turquesa original ondea frente al edificio de la alcaldía municipal de Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Para viajar entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, hay que recorrer gran parte de la carretera CA-5, una vía terrestre que atraviesa el país de norte a sur y que, aunque fue construida por el Estado, tiene una concesión para su administración que se otorgó en 2014 a la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) para que se encargue de su reparación y mantenimiento a cambio del cobro de peaje.

Casi a la mitad de esa carretera, en el Valle de Comayagua, hay otra concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Esta obra se realiza en los predios de la Base Aérea Soto Cano donde también está instalada una base militar de Estados Unidos desde los años 80, en aquel entonces con el objetivo de coordinar las acciones de contrarrevolución en Centroamérica, y que ahora compartirá espacio con un aeropuerto civil que representa el proyecto de infraestructura más ambicioso para el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.

Esta concesión fue adjudicada en diciembre de 2015 a favor de la Empresa Inversiones EMCO S.A. de C.V., quienes constituyeron la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport para la ejecución del contrato de concesión. Ambas empresas relacionadas con Lenir Pérez, empresario hondureño y yerno del fallecido Miguel Facussé, un empresario muy influyente en Honduras.

Entrada principal hacia la comunidad de Los Coquitos, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Al lado de la carretera, frente a la construcción del nuevo aeropuerto, está instalado un rótulo en el que se puede leer: «Palmerola International Airport – Centro de las Américas». La proyección del gobierno es que la zona de influencia del proyecto se convierta en una base de uso agro industrial, logístico-tecnológico y de exportación para la región.
Para que se cumpla el desarrollo que el gobierno ha proyectado se construyó el Plan Maestro de Palmerola, donde han definido que las municipalidades de Comayagua y la Villa de San Antonio formarán parte de la Zona de Desarrollo Económico de Palmerola. La primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron aprobadas en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional. La Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados con oficina en Estados Unidos, concluyó en un informe que «son enclaves favorables a los inversionistas, gobernados por sus propias leyes, tribunales y sistemas de impuestos».

Sin embargo, el ingeniero José Reyes, coordinador del plan maestro de Palmerola en la Dirección Ejecutiva de Plan de Nación aclara que «no es una ZEDE, sino un territorio de los dos municipios. Las industrias siempre van a tener que pagar bienes inmuebles y lo que se hace es que se fortalece las áreas de catastro de las municipalidades para que en esta nueva zona se defina qué uso del suelo es permitido».

Según el documento de diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en Comayagua y la Villa de San Antonio actualmente hay una gran demanda de terrenos por parte de empresarios locales y extranjeros, incluso se ha mencionado que la compañía de comercio electrónico Amazon estaría interesada en comprar 100 hectáreas de tierra en la zona aledaña a la Villa de San Antonio.

Una familia camina por el parque central de Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

«Palmerola pasa a ser una infraestructura de competencia internacional, muchos en Centroamérica quedaron sin estas zonas de desarrollo económico y quedaron limitados, pero la tecnología que va a tener Palmerola será de última generación y tendrá ventaja sobre otros aeropuertos en la región. Algunas de las empresas de exportación van a elegir Palmerola sobre otros aeropuertos», asegura Reyes.

En el límite sur de la construcción de este aeropuerto, en el casco urbano de la Villa de San Antonio, la esperanza de mejores condiciones de vida se han despertado gracias al proyecto. Erick Macías, jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario de la alcaldía de la Villa de San Antonio, asegura que «va a ser de mucha ayuda, habrá bastante trabajo, generará desarrollo y tendremos más demanda de productos. Hasta el momento creo que nos estamos preparando porque ya estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial para organizar hacia donde crecerán las comunidades».

La zona de Palmerola, en donde se encuentra la Villa de San Antonio, actualmente tiene índices de desarrollo decadentes. Según los datos del diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en los doce municipios que comprenden la región de influencia del proyecto, el 85% de la población mayor de 15 años es analfabeta, además, la cantidad de maestros resulta insuficiente para la población estudiantil existente. En promedio cada maestro imparte clases a 97 alumnos.

En relación al acceso a la salud en la zona, este mismo diagnóstico indica que la Villa de San Antonio no cuenta con un hospital público y los habitantes aseguran que los cuatro centros de salud en la zona no tienen los medicamentos y atención necesaria.

En la Villa de San Antonio ninguna autoridad del gobierno preguntó si la población permitiría la llegada de un aeropuerto internacional que cambiaría la forma en que viven e incluso la cantidad de habitantes que hay en su comunidad, pero ahora que están construyendo las instalaciones y no hay vuelta atrás, la mayoría espera que al convertirse en uno de los focos económicos más importantes del país, el olvido al que se han enfrentado termine y las condiciones de vida mejoren.

Dos religiosas de la orden de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada caminan por el parque central de Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una de las voces más escépticas sobre las posibles mejoras en la comunidad es la del sacerdote católico Germán Cálix, responsable de la parroquia de San Antonio y director de Cáritas en Honduras. Para el padre Cálix, quizá podrán beneficiarse de algunos impuestos del aeropuerto y algunas fábricas cercanas, pero la expectativa que está generando el gobierno ante el proyecto es sobredimensionada y asegura que «no será el centro de las Américas, aquí solo tendremos seis mangas de acceso en comparación a las ochenta del aeropuerto en Panamá».

«Es una necesidad el aeropuerto, pero las obras de infraestructura son instrumentos que le pueden servir a un país para el desarrollo, y un aeropuerto con una población circundante enferma es un fracaso», dice el padre Cálix, quien también asegura que no es cierto el discurso del gobierno de que Honduras sea un país que está atrayendo inversiones. «Hay más inversión en el país por las remesas de los hondureños que por las inversiones que están haciendo los extranjeros», finaliza.

Según datos del Banco Central de Honduras las remesas doblan los ingresos por exportación de mercancías superando los 3 mil millones de dólares y representan el 18% del Producto Interno Bruto del país.

Buscando el sueño de oportunidades

Ana Dolores Carvajal Velásquez, posa junto al retrato de su esposo, Mauricio Francisco Suazo, quien fue asesinado junto a sus amigos en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, mientras intentaba atravesar la ruta migratoria en 2012 hacia Estados Unidos, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

«Negra, casémonos por la iglesia», y Ana Carvajal soltó una carcajada fuerte porque pensó que su esposo estaba bromeando como siempre, pero Mauricio hablaba en serio, aunque legalmente ya eran un matrimonio, quería formalizar su compromiso ante la iglesia. Se casaron un 27 de diciembre en un evento de bodas grupales. Ana recuerda que lo conoció porque unas vecinas eran primas de él y la invitaban a bailar en La Paz, un departamento cercano a la Villa de San Antonio, entre esas invitaciones se conocieron, se hicieron novios y se casaron. Este año estarían cumpliendo 15 años de matrimonio civil.

«Me invitaba a comer cuando cumplíamos años de boda», recuerda. Mauricio tenía 40 años y ya había migrado hacia Estados Unidos, pero después de cinco años trabajando y enviando remesas a su familia, lo deportaron. Al regresar a la Villa de San Antonio abrió una barbería que en un principio le funcionó, pero poco a poco fue decayendo ante la apertura de más negocios de este tipo en la zona.

Un día antes de emprender el viaje junto a los otros tres jóvenes, Mauricio le dijo a Ana que iba a dormir en la barbería. El día siguiente por la mañana, Ana fue con su hijo de 6 años para ver si ya había despertado, al llegar tocaron la puerta en repetidas ocasiones pero nadie abrió. Ana pensó que como él era originario de La Paz había decidido ir a visitar a su mamá.

Cuando una vecina le dijo que su esposo se había ido junto al grupo de amigos en dirección a Estados Unidos, entró en pánico y pensó en el día antes cuando Mauricio pasó toda la tarde corriendo y jugando con su hijo, ahora entendía que ese juego era una despedida. «Él se fue porque quería una mejor vida, como todo migrante llevaba un sueño, por eso le dicen el sueño americano y bueno, nunca llegó a los Estados», dice Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Cuando en octubre del 2018 miles de hondureños salieron en caravana escapando de la violencia, corrupción y pobreza que gobierna en el país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quienes integraban ese mar de personas eran «delincuentes y desconocidos de Oriente Medio».

Ante esas afirmaciones, doña Adela, mamá de Enrique Velásquez, cada vez que puede le recuerda a las personas que su hijo no era un delincuente ni desocupado. «Todos los que se fueron en ese grupo de amigos eran profesionales. Mi hijo era maestro y había estudiado en Bellas Artes», afirma. Doña Adela cree que como a su hijo le gustaba leer, había logrado interpretar lo que se venía para el magisterio, por eso en una ocasión le dijo que en Honduras ya no habían condiciones para ser docente.

Adela Zelaya y su hija Carla Ninoska Zelaya, posan junto al retrato de José Enrique Velásquez. Las mujeres se han organizado en un comité que ayuda a otras personas que han perdido a sus familiares en la ruta migratoria, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Según estimaciones del Ministerio de Educación actualmente hay más de 28 mil docentes desempleados a nivel nacional, ante esta situación el gobierno recientemente ha anunciado concurso público solo para 5 mil plazas en el sistema educativo público nacional.

En mayo de este año el gremio magisterial junto al Colegio Médico de Honduras salieron a las calles para exigir la derogación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud, aprobada mediante decreto ejecutivo. Esta ley facultaba a los ministros de cada secretaría para poder realizar despidos masivos. El país fue paralizado por diversos sectores de la sociedad hondureña y los decretos fueron eliminados.

«Por eso la gente se va a otro lado, porque no tiene oportunidades aquí de un empleo o de mejores oportunidades, él quería darle mejor vida a sus hijos y esposa», dice doña Adela. Enrique vivía con su esposa, hijo e hija, pero tampoco les dijo que había decidido irse a Estados Unidos. Nadie en la familia quería creer que realmente se había ido sin despedirse hasta que él mismo les llamó en el camino. «Le dijo a la niña que se iba porque quería celebrarle unos quince años muy preciosos», dice doña Adela mientras su voz fuerte se quiebra y lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. «El año pasado cumplió quince años la niña», y termina de quebrarse.

Base militar y expulsión en Coquito

Los helicópteros de la base militar estadounidense de Palmerola sobre vuelan los techos de la comunidad de Los Coquitos por su cercanía con la base, Villa de San Antonio, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En la Base Aérea José Enrique Soto Cano se instaló desde 1983 la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, una misión de militares estadounidenses enviados durante el gobierno de Ronald Reagan en tiempos de la guerra fría, para funcionar como base de operaciones e inteligencia de la contrarrevolución centroamericana ante lo que Estados Unidos apuntó como «la amenaza comunista» en la región.

Mirta, ha vivido toda su vida en la Villa de San Antonio y recuerda cómo la instalación de la base militar de Estados Unidos al norte de su pueblo le cambió la vida a todos. «Al inicio en el municipio no aceptábamos, pero como fue impuesto no había de otra», dice Mirta quien trabaja en el casco urbano en una fábrica de rosquillas fundada por su madre de 85 años, y agrega que «todo mundo estaba fascinado porque no habíamos visto gringos y las chicas iban a buscarlos hasta la base».

Keith A. McKinley, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, escribió en la revista oficial del Comando Sur de los Estados Unidos que el trabajo de esta misión «es promover la cooperación y la seguridad regional en Centroamérica», y apuntó que las actividades de esta fuerza se basan en cuatro principios: derechos humanos, integración de género, profesionalización de suboficiales y operaciones conjuntas.

Ninguno de esos principios es recordado o mencionado por Mirta, pero sí tiene claro el impacto más grande que dejó la llegada de esta misión a la Villa de San Antonio. «La contaminación de las enfermedades venéreas, eso fue lo más grande que nos vinieron a dejar con la base militar. Cuando hablaron de sida nadie sabía qué era el sida», finaliza.

Sumado a las enfermedades, hace 36 años cuando se instalaron al norte de la Villa de San Antonio, varias personas fueron reubicadas sin que les dieran oportunidad de elegir hacia donde querían irse. Mirta recuerda que a sus conocidos de la zona les dijeron: «aquí habrá una base y se tiene que ir. Vamos a darles el predio, la construcción de su casa y ya». No los dejaron opinar, se tenían que ir.

Maricela enciende el horno para cocinar en él rosquillas y tustacas. En la rosquillería Abuela Chepita han intentado contratar hombres para el trabajo —que consideran estas mujeres es pesado— de hornear, las bandejas llenas de producto y mantener el horno en su punto de cocción es un trabajo que también hacen estas mujeres, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Dulce María —nieta de doña Chepita— pone dulce de rapadura a las tustacas, luego de eso irán al horno, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

osefa Bonilla «doña Chepita», nació en el lejano 1932, en la comunidad de Lemaní de Comayagua. Cumplirá 87 años el 7 de octubre, y a su edad continúa trabajando en la rosquillería que fundó para criar a sus hijos. Rosquillería Abuela Chepita es una micro empresa sostenida por las mujeres que trabajan en ella, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Al pasar de los años, los militares estadounidenses que habitan esta base militar han realizado diversas actividades en la zona como la celebración anual del Día del Niño, la Independencia de Honduras y brigadas médicas. Estas actividades han hecho que algunas de las personas de la Villa de San Antonio ya no sientan el miedo y ansiedad que les generaba escuchar los helicópteros sobrevolando su pueblo y tener fuerzas militares extranjeras en la vecindad.

Pero en la aldea de Coquito, unos kilómetros al norte del casco urbano, el miedo parece seguir intacto. «Se habla de guerras entre los países y eso nos da temor. Sumado al descontrol que tiene el país, y así como está el presidente ahorita que hablan de que se va a hacer reuniones a otros países y que tiene alianzas con el presidente de Estados Unidos, todo eso lo pone a pensar a uno», dice Elsa Marina, presidenta del patronato de Coquito. Elsa se refiere a la relación que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández con el de Donald Trump, firmando acuerdos para ser parte de su frontera, aun cuando en Estados Unidos una corte del Distrito Sur de Nueva York haya mencionado que el Estado de Honduras patrocina el narcotráfico. Lo del juicio, lo del tratado, lo del espaldarazo del gobierno estadounidense al de Hernández, se escucha de lejos en El Coquito.

En Coquito, no hay fuentes de agua, ni para consumo humano ni agrícola, no hay red de alcantarillado, la calle de tierra que atraviesa la aldea no es arreglada desde la década de los 80, hay una sola escuela en la que tres maestras se encargan de dar clases a seis grados y no hay centros de salud. «Estas comunidades que rodean la base son comunidades pobres y nadie nos ha traído beneficios. La carencia que hay en la región es terrible, por eso el gobierno debería preocuparse en solucionarnos y no traer un aeropuerto», afirma Elsa.

Un grupo de vacas camina por la calle principal de la comunidad Los Coquitos, los habitantes de la comunidad han estado gestionando la pavimentación de esta calle desde el gobierno de Roberto Suazo Córdoba en 1982, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

La situación en Coquito es mucho más crítica que en el casco urbano, aunque se encuentra casi en la frontera del Aeropuerto Internacional Palmerola. Aun así, parece que va a empeorar para todas estas familias a las que desde ya planean desplazar de la zona para ampliar el aeropuerto que no ha sido finalizado en su primera etapa. La Zona de Desarrollo Económico de Palmerola comprende una zona de reserva para logística y expansión del aeropuerto que, según el diagnóstico del Plan Maestro, consta de un kilómetro desde el muro. Dentro de esa zona se encuentra la aldea El Coquito, habitada por decenas de familias que desconocen totalmente su futuro.

German Cálix, sacerdote católico, párroco de la Iglesia San Antonio de Padua y director nacional de Cáritas, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El padre Cálix se siente preocupado por la situación y dice que en la medida en que crezcan los servicios del aeropuerto y que la zona se convierta en una zona urbana e industrial, puede ser que se les vaya comprando los terrenos que tienen, «pero no lo van a hacer a la fuerza, puede que hayan engaños y que el gobierno no les de lo que corresponde», finaliza.

En julio de este año el alcalde de la Villa de San Antonio, Nestor Mendoza, les dijo que próximamente les iba a avisar si van a ser desplazados o no, pero según la información del ingeniero Rafael Valladares, consultor de ordenamiento territorial en el municipio, hay una probabilidad muy alta de que El Coquito sea reubicada entre 2025 y 2027. «Aunque nos paguen no sé qué beneficio vamos a tener, a saber dónde nos llevarían. Nosotros de pobres no tendremos beneficio del aeropuerto», dice Elsa, y recuerda que hay familias desplazadas de cuando se instaló la base militar que todavía están esperando el pago por las tierras. «El gobierno debería pensar mejor las cosas para el pobre. Con eso de la vida mejor no nos soluciona nada».

Ampliación irregular del presupuesto y negocios de Lenir Pérez

La construcción de el nuevo aeropuerto de Palmerola en Comayagua se prevé esté concluida para el 2021, Comayagua, 16 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El Aeropuerto Internacional Palmerola es un proyecto anunciado oficialmente por el gobierno en 2012 cuando se emitieron las bases para la licitación y concesión de la construcción del área civil dentro de la base aérea militar. En ese momento fue adjudicada a la empresa hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S.A. (Saisa), del Grupo Terra, quien presentó su oferta luego de haber sido precalificada junto con el consorcio de origen colombiano Concay.

Finalmente el consorcio colombiano no presentó la oferta y Saisa quedó como único oferente y ganador de la licitación por un monto de $107 millones de dólares, un 50% menos de lo que actualmente se está pagando por la construcción del aeropuerto. En 2014 el contrato de concesión fue anulado, supuestamente por un cambio en las condiciones de seguridad del nuevo aeropuerto. El nuevo proceso de alianza público-privada fue abierto y finalmente adjudicado a la empresa EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.

La compañía alemana se encargará del asesoramiento en la construcción y operación del aeropuerto y según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), “lo apoya desde la planificación del aeropuerto hasta la operación y brindando las capacitaciones al personal local para que posteriormente puede retirarse o continuar con el operador pero esa es una decisión de negocios”. El monto por el que Emco contrató a la operadora alemana no es de conocimiento público.

El 31 de marzo de 2016 cuando el empresario Lenir Pérez y el presidente Juan Orlando Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión era de $163 millones de dólares y el concesionario aportaba a la inversión $12 millones de dólares más que el concedente.

El 29 de mayo de este año dicho presupuesto sufrió una modificación mediante una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional por parte de los diputados de oposición. En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en $46.2 millones de dólares. Este proyecto se está pagando mediante tres fuentes de financiamiento: fondos del concesionario (USD $87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España ( USD $53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de $22.2 millones de dólares y ahora es de $68.4 millones de dólares.

Según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la ampliación del presupuesto para el proyecto no fue una decisión legislativa sino una necesidad de cumplimiento contractual. «Al tener una investigación de detalle y para cumplir con las especificaciones de acuerdo a contrato, se determina que los fondos no iban a ser suficientes para cumplir con todas las obras que el contrato le asigna al Estado. No son obras adicionales, son fondos adicionales para las mismas obras», asegura Mencías.

Ante la falta de transparencia en el proceso de aprobación de esta ampliación presupuestaria el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación hacia el proyecto. En ese sentido, al cuestionar al licenciado Alfredo Cantarero, comisionado presidencial de transparencia, sobre el proceso que se llevó para la aprobación de dicha ampliación del presupuesto, se limitó a decir que no pueden opinar sobre la forma en que el Congreso Nacional procede. En la Villa de San Antonio, el padre Cálix asegura que «es ridículo, en otros lugares nunca se hace eso, usted tiene el presupuesto y sabe que con eso va a concluir la obra porque si no entonces uno se pregunta qué tipo de contratistas hicieron las estimaciones». Las condiciones en que se hicieron los préstamos y se creó la empresa son otros aspectos dudosos para el religioso.

Para llevar a cabo este proyecto se fundó en enero de 2016 la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport (PIA), concesionaria de la terminal, la cual fue constituida con menos de un millón de dólares por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez. Según el acta de constitución de PIA, Lenir Pérez solo tiene el 1% de las acciones mientras que EMCO cuenta con el 99%. Lenir Pérez también tiene un gran porcentaje de las acciones en EMCO Inversiones y es el actual presidente ejecutivo de la empresa.

Lenir Pérez es un empresario hondureño conocido por ser el yerno del fallecido Miguel Facussé, uno de los hombres con mayor poder económico en la historia de Honduras, terrateniente productor de palma africana involucrado en el conflicto agrario del Aguán. Pérez también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, y presidente de la junta directiva de Inversiones Los Pinares, una empresa minera que tiene una concesión en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Este parque fue declarado área protegida en 2012 pero el año siguiente el Congreso Nacional redujo su zona núcleo permitiendo que las hectáreas pasaran a la concesión otorgada a la empresa de Lenir Pérez.

Las comunidades aledañas al Parque Nacional Carlos Escaleras han mantenido una lucha en defensa del río Guapinol y San Pedro, fuentes de agua que serían afectadas con el proyecto. Este conflicto generó que siete personas fueran acusadas de robo, incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio del Estado y de la empresa; ahora estos defensores del territorio están recluidos ilegalmente en La Tolva desde hace casi cuatros meses, una cárcel de máxima seguridad inaugurada por el gobierno de Hernández, a pesar de que la juez dictó que la prisión preventiva la cumplirían en la Centro Penal de Olanchito, Yoro.

La repatriación de los cuerpos

María Cristina Rivera Valladres hermana de Carlos Ruiz Rivera, posa junto al retrato de su hermano, asesinado en 2012 en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, mientras intentaba llegar a Estados Unidos haciendo la ruta migratoria por territorio mexicano, Villa de San Antonio, 21 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El 11 de mayo de 2012, María Rivera, hermana de Carlos Rivera, se dio cuenta que en las noticias internacionales estaban anunciando el hallazgo de 49 cuerpos decapitados y desmembrados en Nuevo León, México, y existían posibilidades que fueran de migrantes centroamericanos.

En los días posteriores a la noticia, las familias del resto de los migrantes empezaron a buscar ayuda para saber si los cuerpos encontrados en la orilla de la carretera en Cadereyta pertenecían a sus esposos, hijos y hermanos. Todas las familias estaban en la búsqueda, menos la familia de Carlos que se resistía a creer que ya no volverían a verlo y que además había sufrido una muerte tan dolorosa.

En el proceso de identificación de los cuerpos, las familias acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde les dijeron que «iban a ver» si podían hacerles los exámenes y que en todo caso, la repatriación del cuerpo les costaría entre 40 mil y 50 mil lempiras (USD $2 mil). «El gobierno hondureño no nos ayudó en nada, en nada», lamenta doña Adela, además, Carla, su hija y hermana de Enrique, recuerdan que fueron un grupo de antropólogas argentinas quienes les ayudaron a identificar los cuerpos y para la repatriación fue la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de México quien facilitó el proceso.

Después de dos años de lucha para que sus familiares regresaran a Honduras para una sepultura digna, las familias lograron que Enrique, Mauricio, Heber y Carlos fueran repatriados. Incluso, a pesar de la negación inicial, la familia de Carlos decidió hacer el examen de ADN y fue el mismo día que entregaron los cuerpos en Honduras que se les notificó el parentesco.María dice que «en el momento de la entrega de nuestros familiares, cuando estábamos en la morgue, querían entregarlos como que eran vacas como que eran unos animales, querían meterlos en unos camiones», y recuerda cómo Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, solo llegó a tomarse fotos.

Finalmente una organización de derechos humanos les ayudó a trasladar los cuerpos a la Villa de San Antonio, y aunque todavía esperaban solidaridad de parte del gobierno de Honduras, nunca llegó.

Ante el abandono, los sentimientos de tristeza y dolor se convirtieron en enojo el día que repatriaron los cuerpos. Doña Adela recuerda que «Cancillería dijo que no tenía dinero y lo que dio fueron tres mil lempiras a cada madre».

Para Carla, el único responsable de lo que vivieron es el gobierno al no brindar seguridad ni fuentes de trabajo a las personas que viven en Honduras. «El gobierno es el autor intelectual de la migración, es algo ilógico que Honduras haya firmado el acuerdo de tercer país seguro», asegura.

Este grupo de mujeres ahora forma parte de un comité en La Paz con las demás familias que sufrieron una pérdida en esa tragedia. El Comité de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) que surgió del dolor de las familias y el apoyo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO). Actualmente están trabajando para ayudar a otras familias que viven la misma situación que un día ellas atravesaron. Porque todos los días se escucha en el pueblo que alguien salió rumbo al sueño de la libertad en el norte. Familias enteras están huyendo del olvido en la Villa de San Antonio.

Sobre la esperanza que el gobierno ha proyectado en el Aeropuerto Internacional Palmerola, María dice que «se supone que va a venir más empleo y fuentes de trabajo pero esas personas que vienen a trabajar ya están, seguramente. Como comunidad es un desarrollo pero nosotros como familias no aspiramos a que un familiar pueda trabajar allí», concluye.

Con 23 años, Torcido vive atado a una piedra que arrastra, cual Sísifo, sin llegar a destino alguno. Desplazado interno por la violencia, inmigrante en Estados Unidos, retornado a Honduras. Vive en La Esperanza, un municipio pacífico que registra la tasa de recepción de deportados más alta del país desde 2015. La seguridad en la que vive no evita que languidezca atrapado en el deseo de morir. Su libertad no se parece a un derecho que ejercer y todo gobierno y plan fracasan en su intento de ayudarle.

POR: Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO: Oliver de Ros / El Intercambio
EDICIÓN DE VÍDEO: Gerardo del Valle / El Intercambio
EDICIÓN: Alberto Arce / El Intercambio

EL AMOR

—¿Torcido?
—Torcido.

“Estoy trabajando cuando de repente veo los tombos [policías] ahí adentro. ‘¡Diablo!, pero ¿ahora qué pasó?’, digo yo. Y ya me empiezan a hacer preguntas y me piden mi teléfono. ‘¿Y para qué les voy a dar mi teléfono yo? Acaso que ustedes me lo compraron’, les dije. Lo primerito que me quedaron viendo fue esto: los tatuajes, los tatuajes… Me quitaron el teléfono. Entonces me pidieron clave, se la tuve que dar. No tenía nada que esconder. Nada más que es caro. Entonces, se llevaron el teléfono. Se fueron. Y luego regresaron, me dijeron que ya no me querían ver en ese sitio. Las once del día eran”.

La vida de Torcido es como un poema de Miguel Hernández: Las tres heridas. La del amor, la de la muerte y la de la vida. Platica en marzo de 2019. Cuando ya pasó más de un año desde que se quedara sin aquel celular. Este hondureño de 23 años, atlético y de mirada desafiante, recuerda la última vez que tuvo que rodar de nuevo cuesta abajo arrastrado por su piedra, como Sísifo en el eterno retorno. Porque sus violentas heridas de amor le quebraron hasta llevarle de regreso desde el país en el que no fue capaz de quedarse al país que odia. Una infidelidad derivó en su deportación de Estados Unidos. No supo dejarse ayudar por una ex novia devota que incluso le pagaba el abogado. Y su madre, ausente como testigo en su juicio de deportación, insertó el último clavo en su féretro mental.

Pero eso lo contará luego. Ahora está sentado sobre la moto de su tío, frente a la casa de concreto de sus abuelos en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en Honduras. Habla como si fuera a encender el motor e irse. Muy lejos. De regreso a Lawrence, , Kansas, donde vivió seis años. A 4,023 kilómetros de distancia en moto. Si es que pudiera irse en moto. Que no puede. Torcido vive ahora en una entre un puñado de casas de una planta rodeadas de amarillos campos de pasto para vacas. Su barrio difiere mucho de la colorida postal turística del casco antiguo que ofrece como reclamo una iglesia enclavada en una montaña, dejando para las afueras la paleta del gris.

La Esperanza es el lugar donde fue asesinada en 2016 Berta Cáceres, líder por los derechos lencas y activista medioambiental hondureña.

El departamento de Intibucá está entre los cinco menos homicidas del país: 65 asesinatos en 2018. Uno cada 6 días. Eso, en Honduras, significa paz. Pura ensoñación enclavada en un país ultra violento. En el mismo centro del pueblo, algunas pintas en las paredes recuerdan que acá fue asesinada la activista ambiental Berta Cáceres. Y para sorpresa de las autoridades locales y muchos vecinos, es un lugar cuyo perfil sociológico está sometido a una transformación profunda: es el municipio hondureño que más deportados recibió desde Estados Unidos en los últimos cuatro años. Torcido es uno de esos deportados que habita La Esperanza.

En 2018 hubo 2 homicidios en La Esperanza.

Para cortar el ciclo migración-deportación-migración y así evitar que centroamericanos, como Torcido, trataran de llegar a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama ideó en 2015 un plan de inversión económica que fracasó. Lo denominó Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN). El gasto fluyó a través de agencias y contratistas estadounidenses. Pero los gobiernos de la región nunca se implicaron. Hubo un compromiso de Honduras, Guatemala y El Salvador de invertir 5,400 millones de dólares. Pero no trajo consigo un aumento presupuestario, sólo cambios en los nombres de los programas. El PAPTN fue cancelado en 2019 por el gobierno de Donald Trump. Ni redujo la migración ni mejoró las condiciones de vida de los centroamericanos. En la Esperanza, Intibucá, el plan no propició cambios sociales.

Es una sociedad que muta. Las autoridades no tienen en cuenta que en numerosas colonias de las afueras de la Esperanza viven cada vez más personas huidas a lo largo de los últimos veinte años de otras zonas del país: Del sur del departamento de Intibucá y del norte de Honduras. Los del paupérrimo sur se mudaron a la cabecera gracias a las remesas enviadas por sus familiares migrantes en Estados Unidos, que les han permitido comprar parcelas. Al tiempo también llegaron vecinos del norte del país. Torcido —al que apodamos así por su seguridad— no es oriundo del pueblo. Como no lo son tampoco las . tres lágrimas negras tatuadas que bordean su pómulo derecho. Como tampoco lo es el resto de la familia. Dejaron el norteño Yoro buscando refugio en una tranquila cabecera departamental donde en marzo el viento corre frío y el sol aplasta. Desplazados internos por la violencia estructural, él salió rumbo a Estados Unidos, ellos, recalaron directamente en La Esperanza. La familia que el destino separó vuelve a estar unida.

A Torcido le irrita revivir el momento en que la policía irrumpió en su puesto de trabajo y le quitó el celular y lo llevó a la comisaría. El momento que marca el comienzo de su viaje de regreso forzado a Honduras. Sentado sobre la moto, no mira apenas a los ojos, clava la vista en el infinito y la cabeza sobre sus codos. Habla con desconcertada rabia. Recuerda que ese día se fue a casa sin trabajo, sin celular y sin entender nada. Al entrar al apartamento no quiso besar a su novia, como hacía cada día al regresar del empleo temporal en la construcción que tuviera. Se metió, bravo, en su cuarto. Su pareja le pidió que le explicara. Le dijo que regresara por el teléfono a la comisaría. “Por el maldito teléfono”. El celular escondía algo sobre ella. “Tenía videos estúpidos”. Sexuales.

Regresó y en ese regreso cayó preso. En la corte federal, uno de los policías dijo que Torcido tenía relaciones virtuales con una menor estadounidense de 17 años. Se habían conocido por Facebook. Si hubieran tenido relaciones sexuales, hubiera sido violación. Él no piensa en esas cosas. Admite la relación, pero está enojado con cómo fue todo a partir de ese día. Hasta llegar donde está. Era un hondureño sin permiso de residencia en Estados Unidos.

Sus heridas se habían abierto mucho antes.

En 2012, se fue a EEUU. Tenía 16 años y una buena razón para que su mamá —que vivía en New Jersey— le pagase un coyote de emergencia. De la razón hablará después. Pero le enoja recordar a esa mujer que lo dejó con su abuela cuando él tenía 7 años. Al llegar a EEUU, convivió con su mamá menos de seis meses. Sentía que le trataba mal. El desencadenante para dejar de hablarle, cuando le pidió que testificara en su juicio de deportación. New Jersey y Lawrence están a 46 kilómetros. Pero a ella le dio miedo ir a un tribunal por si también acababa deportada. Así que no fue. “Yo esperaba a mi mamá […] Yo se lo he dicho a mi viejita [abuela], que CITA: “por esa mujer el día que se muera, pues que se muera, una cita>lágrima por ella yo no la boto. `Por usted sí la puedo botar’, le digo yo…”.

Toña, la abuela, no entiende tanto coraje hacía la mujer que lo mantuvo en la distancia. Sentada en su oscura cocina de rojas paredes, serena, como si no acabara de preparar pollo con arroz para diez personas, no comprende a su nieto.

“Todo el tiempo yo les decía: su mamá se fue por salir adelante con ustedes. Desde el momento que ella los mandó a traer [a él y a su hermano] era para darle un futuro a ellos, también después de dárselos aquí con todo porque ella en ropa, en comida, nunca se ha quedado atrás […] Pero él no quiere entender, no sé qué es lo que le pasa a este niño”.

Toña, la abuela de Torcido, es la encargada —todos los días— de preparar la comida para su familia.

Torcido dice que su mamá le golpeaba a él y a sus tres hermanos, que no supo quererlos. Por eso, llama mamá a su abuela. Aunque su abuela y su abuelo también le pegaban. “No les voy a mentir, a mí me gustaba agarrar lo ajeno cuando yo estaba chamaquito, pero se daban cuenta en la casa. Me metían las manos al fuego y después me daban pija con una vara de tamarindo y el tamarindo es fino y ¡puta madre!, cuando me sacaban los brazos del fuego, todos quemados”. Hay violencias aceptadas. Tan similares a las que se rechazan que al violentado le resultan distintas. Para algunos, la vida consiste sólo en elegir el infierno en el que arder.

Torcido es un niño infeliz. Desde la moto amenaza a su sobrino de tres años con golpearle con una hierba seca que ha recogido del piso. Lo hace todo el tiempo. O cuando se aburre, que es muchas veces. “Sáquese la pija de acá”, le dice para que deje de rondarle. Luego se ríe. El niño llora. Ambos buscan atención. Recuerda sus últimos meses en EEUU y el apoyo de su novia, que era la dueña del apartamento donde vivía. Ella resistió la relación tóxica y le pagó un abogado aunque sabía que le era infiel. Él no es consciente del machismo que descargan muchas de sus palabras sobre la única persona que le visitó en la cárcel.

“Yo nunca en mi puta vida había llorado por una mujer, pero yo estaba enamorado de esa mujer, yo solo la miraba y se me hacía un nudo que ni hablar podía… […] Todos los días le ponía visita yo. Ya después me cansé, cogía mucho estrés, botaba hasta el pelo en la cárcel del estrés, cuando uno se levanta de ese pedazo de metal que le dan a uno ahí, la cama esa, un colchón… ¿Como así?, ¡n’hombre!, ni dormir puede uno. Ya después dejé de ponerle tanta visita, porque eso me estaba matando, me metía mucha mierda en la cabeza, a veces con ganas de matarme ahí adentro…”.

Él ya no le habla. Más soledad.

Es ansioso, pero se ha quedado clavado en un momento de su vida del que no logra salir. Y esa energía que no consume, lo consume a él. En casi tres horas no se baja de la moto. Saluda vigilante, levantando la mirada bajo su gorra plana a los adolescentes que pasan por la calle de tierra donde está la casa de sus abuelos. Ha integrado las supuestas reglas de lo que significa ser hombre. Y aquí, en Honduras, eso pasa por estar siempre vigilante. Se hace el interesante para contar algunas cosas. Dice que está viéndose con una vecina casada de 38 años. “Es que las mujeres mayores son más macizas, más tuanis, lo atienden bien a uno, lo cuidan a uno […] Hay mucha gente que piensa que es para que lo mantengan a uno, pero no…”. En los últimos meses, también estuvo viéndose con una de 12, pero la madre le amenazó con denunciarlo. Torcido, dice su abuela Toña, necesitaría un psicólogo.

Las afueras de La Esperanza son calles de tierra, casas de block y techos de lámina. Es ahí donde viven los desplazados internos.

Antes de ser detenido en Lawrence, Kansas, Torcido y la adolescente estadounidense de 17 años llevaban tres días mandándose fotos por Facebook Messenger y llamándose. La madre de la joven lo había descubierto. Y lo había denunciado. “Uno es tan hijo de la gran puta, tan estúpido, después de estar bien… ¡Imagínese ahora como estoy! […] Tenía diecisiete años, pero allá usted sabe que las mujeres desarrollan de volada, la güirra [niña] parecía que tenía como veinte años. Por eso, se miraba tremenda yegua y teniendo mujer yo…”.

LA MUERTE

—Quisiera que la calaca me llevara; estar vivo vale pija, mejor estar abajo.
Torcido prefiere estar abajo. Enterrado con 23 años. Desafía en cada acto la posibilidad del amor. Y esa soledad que siente le hace hablar como un anciano harto de todo. Cuando fue deportado, en marzo de 2018, su abuela lo recogió entre lágrimas en el aeropuerto de San Pedro Sula y lo llevó a un lugar que no existía para él. Torcido llegó a La Esperanza, pero antes de huir a New Jersey y luego a Lawrence, ya había vivido en San Pedro Sula, en Yoro y en El Progreso, en el norte de Honduras. En cuál de todos los lugares por los que pasó se perdió, no lo sabe ni él. Por eso está desubicado en este pueblo de interior.

Un portón oxidado y olvidado resguarda un terreno baldío en uno de los barrios de La Esperanza.

Primero tenemos que visitar la Unidad Municipal de Atención Al Retornado (Umar) de La Esperanza, abierta en 2018 con fondos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y gestionada por el gobierno de Honduras. La Umar se resume en una mujer encargada, en una mesa, en una oficina compartida, en la Casa de Cultura. Ella tiene acceso a la Ficha Integral del Migrante Retornado que llenan los hondureños deportados una vez que atraviesan una de las fronteras y aeropuertos que los encierran de nuevo en su país. En 2018, la edad media de esos deportados, en La Esperanza, era de 21 años. Revisando las fichas de los retornados de esa edad aparece Torcido, en el barrio con más deportados de La Esperanza y había puesto el teléfono de su tía en el formulario. Explicarle cómo dimos con él, nos devuelve su mirada más confusa. No entiende porqué su historia es importante.

Accede a platicar cuando le preguntamos si alguna vez ha hablado sobre cómo se siente. Asiente y nos mira. Torcido es desconfiado. Sobre todo se siente solo. Dos fotos en su casa ahondan en esa soledad. Una es de su de tío Selvin. La otra de su tío Juanito. Ambos eran pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en San Pedro. Fueron asesinados: Selvin por pretender salirse de la pandilla y Juanito, con quien convivió toda su preadolescencia, por hurtar a espaldas de la pandilla.

Con Juanito pasaba el tiempo robando. Delinquieron muchas veces. Presenció, sentado a su lado, su muerte. Solo le quedó huir, escondiéndose durante semanas hasta salir de Honduras. La herida de esta muerte es transversal al desarraigo en el que vive. Torcido quisiera estar muerto también. Pero recuerda lo que le dice su abuela: el que desea la muerte, nunca se muere. “Mejor no desearla para morirse rápido”, le suele responde él.

Aunque su familia es de Yoro, el departamento más homicida del país en 2018, él vivió mucho tiempo en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo en 2015. La abuela —la viejita, le dice el nieto rebelde— le crió hasta la adolescencia y ahora, simbólicamente, vuelve a criarlo. Torcido no era pandillero. De niño, con Juanito como referente, le encantaba el ambiente, la ropa, los tatuajes. Sobre todo los tatuajes de lágrimas, que pueden significar haber matado o tener familiares muertos. “A mí siempre me han gustado, siempre he alucinado estas lágrimas y también alucino con los ojos, de repente me los tatúo. Mire, yo hice muchas estupideces aquí, sí que anduve [con la pandilla], pero solo con el chamaco [Juanito] que era pandillero, nunca me llamaba la atención de brincarme aquí”.

En Yoro, en 2018 asesinaron a 58 personas de cada 100 mil habitantes.

Brincarse a la MS13 significa recibir una paliza de 13 segundos para incorporarse a sus filas. La misma pandilla que admiraba, que mató a sus tíos y le obligó a dejar su país para no ser asesinado, le convenció de brincarse al cruzar la frontera. Fue en New Jersey, —no en Honduras—, donde se unió a la MS13. Al preguntarle con insistencia por qué se unió a quienes querían matarlo, revela cómo la violencia sustituye su idea deforme del amor: “El diablo en vivo es ahí, es que eso es bueno. Mire, es mejor tener a la familia de pandilleros que tener a familia así; los pandilleros, eso si es familia para uno, que dan la vida por uno”, dice sentado en el bosque de pinos que queda encima de la famosa Gruta, una iglesia enclavada en una roca.

PIE DE FOTO: El rosario de Torcido cuelga de una planta en la entrada de su casa (arriba izq), Torcido esconde su identidad bajo la gran visera de su gorra (arriba dcha.), Torcido saluda desde lejos ondeando su gorra (abajo izq.), Con una cerveza en una mano y un encendedor en la otra, enciende un cigarrillo en un desierto parque para niños cerca de su barrio (abajo dcha.)

Por pobreza, hambre o muerte, tres tragedias que son una, cientos de miles de centroamericanos como Torcido huyen a EEUU, un país que sólo el último año ha detenido a casi un millón de personas, muchas de ellas centroamericanas, tratando de cruzar ilegalmente su frontera. El problema dista de ser nuevo. Desde los sesenta, con Kennedy, ha habido muchos planes para el progreso de Centroamérica. El PAPTN era el enésimo. El penúltimo de una larga lista que continuará creciendo.

La palabra Prosperidad es un eufemismo por no admitir que el objetivo siempre ha sido evitar que los migrantes huyan a Estados Unidos. El plan fue suspendido por Gobierno de Donald Trump en 2019. El dinero estadounidense no llegó a los gobiernos centroamericanos. Los tres países se comprometieron a gastar dinero de sus presupuestos. Pero solo cambiaron el nombre a programas ya existentes para hacerlos parte del acuerdo.

En 2017, la Secretaría de Finanzas de Honduras, eligió ocho departamentos para ejecutar el primer presupuesto del PAPTN. Sólo valoró que tuvieran una tasa de homicidios más alta de la media, que estuvieran cerca de una carretera principal o zona franca y menor empleabilidad que el promedio nacional. Torcido no cabía en ninguna de las categorías.

En 2018, el plan llegó all departamento de Intibucá, del que es cabecera el pueblo donde vive Torcido ahora. El foco se puso en las Secretarías departamentales de Educación y Salud. Pero solo sobre el papel. El presupuesto no aumentó. Se puso una etiqueta del PAPTN en gastos que ya existían en anteriores presupuestos. Lo confirman en entrevista los secretarios de ambas instituciones y los presupuestos detallados de los últimos dos años.

Pero entonces, Estados Unidos convirtió a México en su frontera sur. Externalizó la contención del flujo migratorio centroamericano y abandonó un PAPTN fracasado. El siguiente plan aún no tiene nombre. Sólo se ha anunciado que, el foco pasa de lo regional a lo bilateral. México, que contiene y gestiona, será quien reciba dinero ahora. Diferente frontera, mismo muro.

El Gobierno de Trump no cambió la realidad de Torcido ni sus ganas de regresar a Estados Unidos. Torcido no vio nada, no oyó de ningún plan. Sólo vive obsesionado con que la piedra que carga, le caiga encima. Es un Sísifo suicida.

—Después de todo esto, ¿cómo te sientes?
—¿Cómo me siento yo? Con ganas de morirme, esa es la respuesta que les doy yo. Pero, pues, de tanto que deseo la muerte, la calaca se me aleja más bien. Yo sufrí mucho y si yo me metiera a pedos [problemas] y en contarles toda mi fucking historia y… ¿Me entienden? … No terminamos hoy… ¿ya?

LA VIDA

—Y ahora mil quinientos pesos que le debes a la jura [policía] para recuperar tu moto.
—Mil quinientos, vale pija.

Torcido está en un billar del centro histórico de La Esperanza, pero no juega. Suele pasar el tiempo en este lugar amplio y maloliente. Se sienta. Bebe cerveza, fuma. Nos presenta a un amigo que recién conoció. Es de San Pedro Sula y huyó a La Esperanza cuando lo empezaron a extorsionar. Cuenta que él extorsionaba también, que era colaborador de la pandilla Barrio 18, la enemiga de la MS13. Sus relaciones sociales, parece, se limitan a problemas. Torcido no habla con él, prefiere platicarnos a nosotras. No tiene casi amigos en La Esperanza. Pasa dos horas sentado, con su letanía de la muerte. La herida que no cierra es la de su vida inerte. A las 8 de la noche nos vamos, él se queda solo, en medio de una hilera de sillas contra la pared, con la compañía de su quinta cerveza. Nos vemos mañana para almorzar en su casa, nos recuerda.

“Hola. Me kitaron la moto”. Es un mensaje de la una de la madrugada. Luego dos llamadas perdidas. Cuando le llamamos por la mañana, tiene el celular apagado. Probamos con su joven tía: Torcido no llegó a dormir. No tenía casi gasolina para la moto, pero no quiso irse del billar. Llega cerca de las dos de la tarde a casa, con cara de sueño. Parece que iba borracho, la policía le detuvo y le quitó la moto. Se quedó sin trabajo esta noche. Ya no vende tambos de gas y debe 1,500 lempiras (US$60) a la dueña del negocio, que pagó la multa de la policía. No dice dónde durmió. Torcido no da explicaciones.

No hay prosperidad para Torcido. Entre muchas razones, porque el modelo del Gobierno hondureño cuando hablaba de aquella Prosperidad en mayúsculas, la de su impulso al capital humano, incluyó la creación de la Unidad de Atención al Retornado (Umar), una institución vacía. En La Esperanza tuvo que ser un organismo externo, internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, la que detectara el aumento de deportados y la que pagara una oficina local para que el Gobierno delegue en una sola persona la responsabilidad de buscar soluciones de futuro para los que retornan.

Eso explica en parte que la institución sea una desconocida en el municipio. En 2014, La Esperanza recibió 307 deportados: dos de cada 100 personas de La Esperanza estaban en Estados Unidos o en tránsito hacia allá. Que esas 307 personas sean deportadas significa que dejan de enviar remesas desde Estados Unidos o tienen deudas que pagar por el viaje que no completaron para llegar al Norte. Pero a Torcido ninguna cifra le importa.

A ninguna tragedia con nombre propio le importa ser parte de un indicador mayúsculo. La Esperanza tiene casi catorce mil habitantes,169 de ellos fueron deportados en 2018. El hombre de las tres lágrimas es uno de esos 169. La cifra no suena impactante si Honduras, ese año, recibió 21,993 deportados. En relación con su número de habitantes, La Esperanza es quien se lleva la peor parte.

Torcido se sacude la grama de la ropa y se levanta a observar la panorámica de La Esperanza desde encima de la Gruta. El día es fresco y azul. Mira con perspectiva el pueblo donde no quiere estar. A Torcido la Unidad de Atención no le suena de nada. No le importa que hace un año el gobierno abriera la oficina de la Umar como parte del PAPTN. La responsable de la Umar carece de fondos para poder ayudar a los 17 de cada 1,000 habitantes del lugar que han sido deportados desde Estados Unidos. Apenas ha podido apoyar a una docena, dice, gracias a empresarios locales que necesitaban contratar gente.

Torcido, ni sabiendo de la existencia de una oficina piensa ir a pedir ayuda para conseguir trabajo o para que la encargada le informe de si existe algún programa para retirar tatuajes, ahora que dice que no es pandillero. Como si él pudiera decidir por sí solo. Como si no resultara mortalmente complicado salir de una pandilla. Para no parecer lo que es, le gustaría quitarse las tres lágrimas de la cara. Pero, como si fuera su castigo, es la marca eterna de este Sísifo centroamericano.

Dice que solo se atrevería a viajar a buscar un centro para quitarse el tatuaje si es con su abuela, porque cree que lo matarían en el camino. Pero en Honduras, no existen centros gratuitos para eliminar tatuajes, espacios que sí había hace años, cuando el antepenúltimo plan financió a un contratista que disponía de la máquina y tenía fondos para pagar al empleado que sabía usarla. En alguno de los informes de alguno de los programas y alguna reformulación de planes se eliminó el borrado de tatuajes. Eso sí, la prensa internacional la filmó al menos tantas veces como tatuajes pudo borrar.

Torcido miente a veces. Pero avisa cuando lo hace. Tras decirnos que sus tres lágrimas son por la muerte de tres familiares, le preguntamos que quién es el tercero, después de sus tíos Selvin y Juanito. “No, la verdad les voy a decir una cosa, no es de familiares, son cosas de la vieja escuela”. No aclara si son asesinatos cometidos por él.

Se queja de vivir en La Esperanza. Pero no tiene donde ir y lo sabe. Quiere regresar a Estados Unidos, el país que no lo quiere a él. Qué hace en este tranquilo municipio, se pregunta, vestido con la ropa fancy de pandillero que compró en Estados Unidos. Todos los días tiene que madrugar, obligado por el ritmo familiar. Muy a su disgusto, se levanta en la misma habitación que sus dos sobrinos pequeños, para luego desayunar tortillas, huevos y frijoles. Todas las semanas, ayuda a su abuelo campesino a pasear a sus quince vacas. Ya nada de marihuana o alcohol bueno, comida rápida, ropa cara, o lentes de contacto azules, como antes. Torcido no se adapta. Pero difícilmente será por esta lista de carencias materiales.

—Una última pregunta y es una en concreto.
—Me cago en el diablo, ¡coño!

El presente equivale al vacío. No hay Estado para Torcido. Este deportado de 23 años dice que ya no quiere pelear. Pero su familia lo ha maltratado y él actúa con los mismos códigos. Torcido se violenta a sí mismo. Nadie le va a ayudar a buscar un psicólogo, aunque en teoría la Unidad de Atención al Retornado debería brindarle ese servicio. Al menos ese. Le pedimos que se imagine un futuro. Elije la idea de una descendencia que le redima de sus tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Quizá, piensa, pueda volver a empezar.

Una vez los deportados de La Esperanza regresan a Honduras, provenientes de Estados Unidos, son trasladados hasta la central de buses de Intibucá desde San Pedro Sula.

“Yo lo que quiero es buscarme una mujer y aunque sea pegarle un hijo, para que el día de mañana cuando muera que quede la pinta ahí, porque, imagínese, se muere uno y sin tener hijos. Ando sobre dos mujeres yo, una tiene 31 y la otra, 32. Los maridos están en Estados Unidos. Una tiene dos hijos y la otra tiene tres. Pero me vale pija [no importa]. Como dice el dicho: quién quiere la gallina, también tiene que querer los pollitos ¿no? “.

Este reportaje forma parte del proyecto periodístico Retorno elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno

Luego de que el jurado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York declarara culpable de los cuatro delitos que se le acusaba a Juan Antonio «Tony» Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, al mediodía de este 18 de octubre, la dirigencia del Partido Libertad y Refundación en conferencia de prensa, convocó a manifestación permanente y como primer punto de encuentro, Manuel Zelaya —coordinador general de Libre—, llamó a las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa.

«Nadie puede hacer pausa en este momento de lucha», es la frase con la que cerró la conferencia en la sede de Libre.

Esta primera jornada, acuerpada en su mayoría por estudiantes universitarios, terminó en enfrentamiento con la Policía Militar, quienes respondieron con gases lacrimógenos a los discursos de Zelaya y su hija, quienes llegaron para agitar la exigencia de que Juan Orlando Hernández debe renunciar de manera inmediata de su cargo de presidente de Honduras y se debe llamar a elecciones extraordinarias.

Durante la noche de este 18 de octubre se reportan tomas en distintos puntos de la ciudad capital, y en otros municipios del país. En Tegucigalpa los saqueos y la quema de un camión militar a la altura del Hospital Escuela Universitario son parte del saldo que comienza a dejar las protestas contra el gobierno de Hernández.

Un Policía Militar ajusta las cadenas que amarran la valla metálica para cerrar el acceso a la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Quema de llantas durante la primera jornada de protestas convocada por Libre en las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Dos manifestantes se abrazan durante el inicio de la primera jornada de protestas convocada por Libre a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El ex presidente Manuel Zelaya durante el motín en las inmediaciones de la antigua Casa Presidencial, donde Libre convocó para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una joven sostiene un rótulo con la leyenda «¡Culpable!» En alusión al juicio de Tony Hernández en Nueva York, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un manifestante devuelve una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un manifestante patea una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento entre la Policía Militar y simpatizantes de Libre en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un grupo de jóvenes se resguardan detrás de barriles de basura durante el enfrentamiento con la Policía Militar a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

La Policía Militar detrás de la valla metálica que separó en todo momento a los manifestantes del acceso a la antigua Casa Presidencial a la altura del bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un manifestante atiza el fuego de una llanta en llamas durante la primera jornada de protesta tras el resultado del juicio de Juan Antonio Hernández en Nueva York, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Manifestantes cierran el paso en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un manifestante encapuchado pasa frente a una quema de una valla y restos de madera durante la primera jornada de protestas luego del resultado del juicio por narcotráfico a Juan Antonio Hernández, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un vendedor de algodón de azúcar pasa junto al fuego de una valla incendiada en el bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 18 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

A pesar de que muchos en Honduras lo dijeron, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde, el capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, los jóvenes que llenaron de grafiti muros y calles con la palabra compuesta: narcodictadura. Lo dijeron muchos, por años, Landaverde fue asesinado, el capitán dado de baja, muchos jóvenes asesinados en la crisis postelectoral, otros encarcelados, otros decidieron irse en caravanas. Lo dijeron muchos, pero parecía no importar, lo tenía que decir Estados Unidos.

Cuatro fueron los delitos por los que un jurado de Nueva York declaró culpable al hermano del presidente de Honduras y también exdiputado del Partido Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández. Cuatro eran también los años extra que Juan Orlando Hernández pedía estar en el poder, durante su campaña política de 2017. Lo logró…gracias a que transgredió la Constitución y gracias al financiamiento proveniente del narcotráfico.

La fiscalía estadounidense pudo comprobar ante un jurado que Tony Hernández hizo millones de dólares provenientes del narcotráfico y que canalizó varios millones de estos a las campañas del Partido Nacional para influir en las elecciones presidenciales en 2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y hasta 2013 al menos, uno de los co-conspiradores principales de Hernández fue el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias «El Chapo». El líder del cartel que sigue poniendo de rodillas no solo a la sociedad mexicana, sino a su gobierno, le dio 1 millón de dólares a Tony para la campaña del actual presidente de Honduras.

A pesar de lo anterior, Honduras ha sido un aliado destacado por el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y su apoyo para la reducción de violencia ha sido evidente en la inyección de dinero para la Policía Nacional y las FFAA de Honduras, ambas instituciones exhibidas en este juicio por estar coludidas y ser utilizadas como instrumentos al servicio del crimen organizado para perpetrar asesinatos y proteger cargamento de drogas y armas.

Se ha hablado de «narco estado» desde que comenzaron los juicios de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y en este juicio contra Hernández el fiscal lo dijo: «Tráfico de drogas patrocinado por el Estado». El gobierno, el mismo Juan Orlando Hernández, el canciller y el secretario de Estado, han solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos que se aclare que la condena no es contra el Estado de Honduras, ni contra su gobierno, sino contra un individuo. Se le pasa por alto a un presidente que ha concentrado todo el poder del Estado en sus manos, que en Estados Unidos el Departamento de Estado no tendrá nada que decirle al fiscal de una corte del distrito sur de Nueva York sobre sus conclusiones en un juicio.

La agente especial de la DEA, Charge Wendy C. Woolcock, dijo: «Esta declaración sirve como una advertencia para todos aquellos que trafican drogas ilegales a nuestro país con total desprecio por la vida humana. Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque obtener ganancias a través de la violencia y la corrupción. La DEA continuará apoyando a sus socios para buscar justicia independientemente de su estatus social. Nadie está exento de rendir cuentas por actividades delictivas depredadoras».

En el Congreso de Estados Unidos algunas voces ya comienzan a pedir que Trump retire el apoyo militar a Honduras por las evidencias que mostró este juicio de la utilización de estas como escudo para el narcotráfico.

Los Representantes Jan Schakowsky, Hank Johnson, Pramila Jayapal y Mark Pocan declararon: «La Administración Trump debe poner fin a su apoyo al represivo y corrupto régimen hondureño de Juan Orlando Hernández. Un prominente narcotraficante testificó que Tony Hernández sobornó al actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien supervisa a la policía. Otro testificó que pagó sobornos para asegurarse de que un presunto miembro del escuadrón de la muerte, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, fuera colocado en un alto cargo bajo los presidentes Lobo y Hernández a petición de Hernández y describió un asesinato que Bonilla cometió a petición de éstos. A pesar de las pruebas de que era un líder documentado del escuadrón de la muerte, la Embajada de los Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con Bonilla durante todo su mandato. La Administración Trump debe dejar de financiar inmediatamente instituciones policiales y militares hondureñas y dejar de celebrar al presidente Hernández como un aliado amistoso y socio en la guerra contra las drogas».

Pero los mensajes en las redes sociales y en las manifestaciones de protestas en Honduras, parecen provenir de una relación tóxica entre Estados Unidos y Honduras. En las protestas contra la reelección de Juan Orlando Hernández, más de una vez, los manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos en rechazo al espaldarazo que este gobierno le daba a Hernández. Hoy muchos piden intervención estadounidense porque están «limpiando» la institucionalidad hondureña desde Nueva York.

La líder de la Plataforma en defensa de la salud y educación, Suyapa Figueroa, decía en su twitter hoy: «que venga el portaviones y se los lleve a todos». Y se espera, sin duda, la transición negociada y pacífica que pueda empujarse desde la Embajada de Estados Unidos si Juan Orlando Hernández se pone a disposición de la justicia estadounidense y nos quedamos sin presidente en el país.

Honduras, geográficamente, es un paso para la droga que se produce en el sur de América y es consumida por millones de personas en los Estados Unidos. Honduras ha sido el portaviones de Estados Unidos para aplacar insurgencias y para controlar las democracias que nunca dejaron de ser un feto enfermo en el vientre de la precariedad y el autoritarismo. Honduras -se dice del país- es un narcoestado, y quizá eso suene ahora en todos los rincones, aunque no entendamos el concepto ni cómo llegamos a ser clasificados así. Si el juicio contra Tony es suficiente para determinarlo y si en el mundo hay otros como nosotros o si se nos dice así para sentar un precedente.

Mientras tanto, en Honduras la gente solo intenta sobrevivir, o quizá intenta tomar la decisión clave de su vida: «¿me voy para Estados Unidos a buscar una mejor vida o me quedo aquí para luchar o morir?». De no cambiar las cosas en este país, y de llegar el portaviones que la doctora Suyapa clama, regresaría a Estados Unidos no con políticos involucrados en el narcotráfico sino con millones de hondureños desesperados.

Recomendamos: Tiempo de crímenes: un juicio sobre el control narco en Honduras

Main photograph: Juan Orlando Hernández giving a speech after a demostration in the street in his support, Tegucigalpa, october 9, 2019. Photo by: Martín Cálix.

Text by: Danielle Mackey and Jennifer Avila

This article has been amended since its original publication to reflect changing news.

Tony Hernández is a former congressman from Honduras’ ruling National Party and the brother of the sitting president. Since 2004, Tony Hernández has also helped produce and distribute 220 tons of cocaine headed for the United States, according to U.S. federal prosecutors in the Southern District of New York. To do so, he used planes and helicopters, boats and a submarine. He used cocaine laboratories in Honduras and Colombia. He provided security to cartels in the form of men, often Honduran police, armed with M-16s, AK-47s and Bazookas. Sometimes Tony provided security using his government’s radar technology, which is supposed to intercept drug planes, but which Tony used for the opposite purpose: to observe the helicopters he rented to cartels as they flew their illicit cargo, to ensure no one interfered.

On Friday October 18, 2019, Tony Hernández was found guilty of large-scale drug and weapons trafficking. Years of corruption led to the trial. Some of the powerful people who allegedly enabled and collaborated with him remain in office — including, according to court testimony, his brother, President Juan Orlando Hernández.

Both Hernández brothers have denied all accusations. According to President Hernández, what was said in his brother’s trial is an act of vengeance by criminals, people quashed in the drug war his administration has conducted alongside the U.S. government.

But U.S. federal prosecutors arrested Tony, in part, because they are investigating Juan Orlando. Since 2013, the Southern District of New York has dug into a ring of people who consolidated power after a 2009 coup and may have trafficked drugs and laundered money. The investigation remains active, and, while some have been prosecuted, the others remain at the helm of the Honduran government. They include Juan Orlando and his late sister Hilda Hernández; the current Secretary of State, Ebal Díaz; and the current Minister of Defense, Julián Pacheco Tinoco. Also on the list were various members of the Rosenthal family, who owned a conglomerate called Grupo Continental, but they have been prosecuted and are now incarcerated in the U.S.

The Crimes

In September 2009, according to court documents, a shipment of Tony’s cocaine was stolen while en route to the buyer, a Mexican cartel. The cocaine was made in one of Tony’s labs in Colombia, and the shipment was in collaboration with a Honduran cartel, the Valle Valles. But a band of eight Guatemalan thieves hijacked the load as it neared the border. Tony uncovered their identities and hired a hitman to murder them.

Tony participated in at least two additional planned murders, according to trial testimony from former mayor and narcotrafficker Alexander Ardón, who turned himself in to U.S. authorities in March and is currently incarcerated. As mayor, Ardón represented the Honduran department of Copán and the same political party as the Hernández brothers, the National Party.

In his testimony, Ardón said that in 2011, Tony called the police chief of Copán, an infamous official named Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, to order the murder of a Guatemalan narco. The police chief dutifully committed the murder, Ardón said.

In 2013, when the Honduran police arrested «Chino,» a security worker with the Cachiros cartel, Tony said that he must be killed because he was «the only one who knew everything about the helicopters» that belonged to Tony, said Ardón. He was also murdered.

The helicopter information was vital because it was Tony’s self-protection strategy. In 2012, Tony told Ardón he would run for congress and his brother Juan Orlando would try for the presidency, Ardón said in court. Tony said he would leave all involvement in narcotrafficking, with two exceptions: he’d rent out his helicopters to cartels so they could move drug shipments, and he’d provide security for those shipments. He also supplied the pilots. And since Tony had access to the Honduran government’s drug war radar technology, he provided oversight during the flights to ensure no one intercepted his helicopters. Tony charged cartels $50,000 per flight, according to Ardón.

Juan Orlando Hernández giving a speech after a demostration in the street in his support, Tegucigalpa, october 9, 2019. Photo by: Martín Cálix.

That same year, El Chapo Guzmán shows up in the story. Ardón testified that El Chapo, the former leader of the Mexican Sinaloa cartel, asked a favor Porfirio Lobo, who was then the president of Honduras: Help in protecting the border between Honduras and Guatemala from a narco competitor. President Lobo sent two trucks of soldiers, approximately 120 men total, and they stayed for two months. They won back the border for El Chapo, Ardón said.

The following year, Ardón testified, two remarkable meetings took place. One involved Juan Orlando Hernández; the other was between El Chapo Guzmán, the Valle cartel and Tony Hernández.

At that time, Juan Orlando was congressional president and Ardón was mayor of Copán. Rumors that Ardón was a narco had evolved into news articles. Hernández met with Ardón and told him not to run for Office again. He warned him he would no longer protect him against narcotrafficking accusations. But if Ardón would «finance» the department of Copán in the next elections, bribing whoever he must, then Hernández would name Ardón’s brother Hugo as campaign coordinator. (Hugo was also a narco but wasn’t yet publicacly known for it.) In his testimony, Ardón said he did what Hernández asked: He did not run again, and he spent $1.6 million in bribes with his drug money.

Later that year, Ardón and his brother attended a group meeting with El Chapo on an estate owned by the Valle cartel in El Espíritu, Copán. Tony was also there, Ardón testified, along with another narco-mayor named Mario José Cálix and two Guatemalan brothers who worked with El Chapo.

That day, according to Ardón, El Chapo asked Tony to provide security for his cocaine shipments as they passed through Honduras. Tony responded that if his brother Juan Orlando won the presidential elections, El Chapo would have his security. El Chapo also requested a guarantee that Ardón and the Valles would not be extradited to the U.S. or prosecuted in Honduras, to which Tony responded again that he could guarantee it if Juan Orlando won.

This was the moment when El Chapo offered one million dollars for Juan Orlando’s campaign, according to Ardón. Tony said he’d consider the offer. Three days later, Tony told Ardón that Juan Orlando had authorized the bribe. In the next meeting, El Chapo handed Tony the money, partitioned into plastic-wrapped bundles of $50,000 and $100,000.

Licencias para portar armas registradas a Tony que incautaron el dia de arrestarlo.Presentadas como prueba or parte de los fiscales EEUU

Such pacts between narcos and politicians led to bloody days in Honduras.

In 2012, the country’s homicide rate was the highest in the world. A wave of children left for the United States alone and on foot, in desperate search of survival. They fled a country where nearly 3,000 kids under 17 years old were murdered between 2000 and 2014, according to the organization Casa Alianza. The children arrived to the U.S. en masse, where detention centers and courts swelled to contain them.

Meanwhile in Honduras, Tony was diverting public money into the coffers of narcotraffickers, U.S. federal prosecutors allege.

In February 2014, he met at a Denny’s restaurant with Devis Leonel Rivera Maradiaga, a leader of the Cachiros cartel, and they made a deal: Tony would pressure state agencies to pay debts to Cachiro front companies, which the cartel used to launder money, and Maradiaga would pay Tony about $50,000.

What Tony didn’t know was that the DEA had flipped Maradiaga. He covertly recorded the meeting with a wristwatch camera.

But despite the dark acts in which Tony was engaged — allegedly with the help of his brother, the president — the U.S. government remained close with the Hernández administration. Hernández pursued above-board policies that the U.S. favored, particularly anti-crime and anti-narco programs, and attempts to curb immigration. He created elite units in the police and public prosecutor’s offices with U.S. money. His administration purged the police, trained the Attorney General and conducted rural poverty reduction programs.

Those steps demonstrated values that the Obama administration shared, says Lisa Kubiske, the U.S. Ambassador to Honduras from 2011 to 2014. In an interview with Contra Corriente, Kubiske also said that she was unaware that her own government was investigating Hernández, and that this is normal.

«Juan Orlando had policies while I was there that had many aspects that were very compatible with what the U.S. hoped Honduras would achieve,» she said. «Did I know the DEA was pursuing anyone involved in narcotrafficking in general? Yes, I knew in general. Did I need to know all of the details? No,» Kubiske said. «Maybe I’ll be proven wrong, but if there had been a lot of concrete dirt on President Hernández, somebody may have said, ‘Be careful.'»

Kubiske added that although more should be known about the accusations involving the president, the current trial is not about him. «It’s not a trial about whether he accepted the money from El Chapo, although it would be important to know that. This trial is about charging Tony Hernández.»

But in the federal court in New York, Juan Orlando’s name was spoken almost as frequently as Tony’s.

Ardón testified that at least once more, in 2015, Juan Orlando summoned him to solicit campaign bribes for himself and the National Party. He promised continued protection for Ardón’s narcotrafficking.

Throughout the years, every time Ardón expressed concern to Tony about the high-level crimes in which they were engaged, Tony assured him they would not be investigated by Honduran authorities nor extradited to the United States as long as the National Party was in power.

They committed a long list of crimes behind that shield.

Tony sold weapons to the Valle cartel, and they sent them to the FARC guerrillas in Colombia, according to court documents. He also sold weapons to a witness identified only as «CW-5,» who then sold them to the Sinaloa cartel.

In October 2016, a Honduran Air Force captain named Santos Rodriguez Orellana publicacly called out Tony by publishing a photo of one of his helicopters. That same month, the DEA informed Juan Orlando that they were investigating his brother, after which Tony showed up voluntarily in Washington to give an interview. That time, the DEA let him go.

The Arrest

In his speech, Juan Orlando Hernández, once again highlighted the achievements of his government in the fight against drug trafficking, in a political plant in front of the Presidential House, while in New York, his brother, Tony Hernández is being tried for related crimes with drug trafficking, Tegucigalpa, October 9, 2019. Photo: Martín Cálix.

President Hernández enjoyed legitimacy with the Obama administration and a warm welcome by the Trump administration. On June 15, 2017, Vice President Mike Pence tweeted a photo of him smiling next to Hernández in a meeting about business and economic development.

But people isolated from the trappings of power were drowning in violence and corruption. In October 2018, the first migrant caravan left Honduras.

They walked toward the United States to solicit asylum. President Trump described them as «an invasion of our country» by «Many Gang Members» and «unknown Middle Easterners.» The Hernández administration scrambled to please the U.S., to stop migrants before they could escape their burning homeland.

In this context, the Southern District of New York issued formal charges against Tony, including an arrest warrant. On Friday, November 23, 2018 a DEA agent named Sandalio González met up with a group of U.S. agents in the Miami airport. They knew Tony had flown out of Houston that morning on American Airlines flight 1347 — a Tegucigalpa destination with a Miami layover. They settled into Terminal D, Gate 2. They waited.

They saw him walk out of the jetbridge accompanied by a colleague, with whom he had traveled to Nebraska to check out a Ford pickup for sale, and then to Houston to meet the family of a Mexican man they’d just met and whose last name he couldn’t remember, Tony would tell the DEA a few hours later.

The agents saw Tony note their presence. They saw him disappear into the bathroom. He didn’t come out, so González went in after him. Tony walked out and was approached by González’s fellow federal agents, who were from Border Patrol — the very agency that has arrested thousands of Hondurans fleeing the conditions created by people like Tony.

And that is how La Migra arrested Tony Hernández.

Hooded students during the confrontation with the National Police in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.

A group of women shout slogans in support of Juan Orlando Hernández during a mobilization in support of the Honduran president and his government during the development in the United States of the trial of Antonio Hernández, former deputy and also brother of the president, Tegucigalpa, October 9, 2019 Photo: Martín Cálix.

The interview

A couple of hours later, Agent González sat across from Tony at a small table. González wore a baseball cap and a longsleeve black shirt. Tony, in a blue polo shirt, spoke with the gravely voice of someone who woke up early and was having a bad day.

González asked Tony how long he had been a drug trafficker. Tony responded that he is not one; that yes, he knows some of them, and even some of his best friends had unfortunately fallen from the high road, but he doesn’t judge them. Yes, he said, he heard there were rumors that he was in the business, but those were pure fantasies by narcos angry with him because his brother, the president, was cooperating so effectively with the U.S. government in the drug war.

«I want to show you something,» González said to Tony.

On his cell phone screen, he pulled up a photo of a white brick inscribed with the letters, «TH.»

Tony peered at it. His face didn’t change. He remained silent for a moment. Then he responded: «It’s a ‘T’ and an ‘H.'»

«Yeah, for what?» González asked calmly. Tony smiled. «Supposedly it’s ‘Tony Hernandez.'» «Supposedly?» the agent asked.

Tony shifted in his chair and let out a small laugh. He stuttered. Then he asked how they could think he would stamp his own initials on something so delicate.

But no one had said what the white brick was. And that detail caught González’s attention. «But what is this?» he asked.

Once again, Tony stuttered. «Supposedly, drugs,» he finally said.

The Analysis

A hooded student rests next to a fence on Suyapa Boulevard in front of the National Autonomous University of Honduras, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.

Agent González and the prosecutors of the Southern District of New York represent the same U.S. government that has closely collaborated with the administration of Juan Orlando Hernández. The oddity begs an explanation.

Christopher Sabatini is a lecturer at the School of International and Public Affairs at Columbia University and the founder of Global Americans, a Latin America research organization. He diagnoses this as a cyclical paradox. «Imagine a president who used to be a close associate of the U.S., who was involved with narcotrafficking and then stole an election. Who am I talking about?» Sabatini asked. He wasn’t speaking of Hernández, but instead of the Panamenian dictator Manuel Noriega, who was a U.S. ally for years until the U.S. deposed him. «Noriega fell because he lived in a time when democracy was on the march, and that was his downfall. But that’s no longer the context. Democracy doesn’t matter as much,» Sabatini said.

Steven Levitzki and Daniel Ziblatt, in their book How Democracies Die, opened a debate also applicable to Honduras. «Many government efforts to subvert democracy are ‘legal,’ in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts,» they wrote. «The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assasins use the very institutions of democracy — gradually, subtly, and even legally — to kill it.» This might as faithfully describe what happened in Honduras during the coup in 2009 as the electoral crisis of 2017, in which President Hernández declared the constitution unconstitutional to enable himself to run for a second term, and was named victor after an internationally-questioned election.

But Hernández’s flagrant defiance of democracy has not eroded the legitimacy he holds in some U.S. circles, Sabatini pointed out. «JOH plays the good cop, even though he’s not,» he said. He added that the specific support from some congressional Republicans is rooted in a tendency to view everything through the lens of Venezuela. «In 2009 with the coup, Republicans and conservatives in particular doubled down on the National Party. They presented this as a black-and-white issue: Zelaya bad, in bed with narcotrafffickers, and National Party good, anti-Chavistas,» said Sabatini. «But the State Department was tracking drug flights with the arrival of Micheletti [the leader of the coup government.] They knew it, but this was such an ideological issue of pro-Chavez vs. anti-Chavez that they ignored it.»

Hernández appears to know how to pander to those Republicans. His «well-advised discourse has been that any and all protest is by ‘communists’ and ‘allies of Maduro in Venezuela,'» said Honduran security analyst Leticia Salomón, an investigator at the Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).

For the U.S., a central contradiction is this: part of the government just proved Honduras to be under the control of narcos. Another part is supporting the ruling administration, while arguing that the Honduran immigrants who are fleeing do not qualify for asylum in the United States.

It’s an incoherence that may not matter. The priority of the Trump administration when it comes to Central America is clear, according to a U.S. congressional source not authorized to speak on the record. «If Juan Orlando promises to stop immigration, that’s all Trump wants,» the source said. «It’s also the case that Donald Trump admires dictators. Juan Orlando, of the three presidents in the Northern Triangle, is by far the most likely to do what Trump wants, which is to set up the military and shoot anyone who wants to try to leave.»

The witnesses

Gustavo Armijo, holding and waving a flag of the National Party, he has reached the Kuwait Boulevard to join the mobilization in support of Juan Orlando Hernández, says he has arrived in gratitude for giving him work in the government, Tegucigalpa, October 9 of 2019. Photo: Martín Cálix.

A policeman holds a tear pump during the confrontation between university students and the National Police in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.

On October 10, 2019, in the courtroom in the Southern District of New York, Tony Hernández listens while someone else answers questions from U.S. authorities: the former Director of Operations of the Honduran police, Giovani Rodriguez, currently incarcerated in Manhattan for drug trafficking. Rodriguez is a witness in this trial, and he declares that he worked with other narcos and they all were protected by Tony.

There are no seats left in the courtroom and there are people outside who want to come in. Among them are Honduran immigrants who fled violence and corruption and have awaited truths like these for a long time. But they are recent immigrants in the United States; if they’re lucky enough to have jobs, they certainly can’t ask for an entire week off to be a spectator at a trial. So they rush here after work, and the only open seats are in the overflow room — an empty courtroom with a screen at the front that projects what’s happening in the trial, a few doors down.

Sitting in the overflow room is a middle-aged engineer who left Honduras less than one year ago, when his car was stolen by a criminal group. It turned out the robbers worked with the police, so he began to receive death threats after reporting the theft and had to escape, leaving his wife and children. He looked overwhelmed after hearing a former police official explain in detail how public security serves the will of criminal organizations. «We live in savagery,» he said.

Another immigrant witnessing the testimonies is a man whose nephew is a lieutenant assigned to the remote Mosquitia region of Honduras, a hot zone drug corridor. A friend sits beside him, a graduate of the Honduran military academy. Both are concerned by the revelations about the political elite sending the army to do narcos’ bidding. They had heard rumors, but it’s different to hear it from the mouth of cartel leaders in a U.S. courtroom. Thinking about his lieutenant nephew, the man said, «I just tell him to be careful.»

Every afternoon at around 2:00 p.m., a tall, thin teenager appears after finishing his shift as a bicycle deliveryman. One afternoon three years ago in his hometown, San Pedro Sula, he witnessed his older brother’s murder. Thieves killed his brother while trying to take the laptop he used as a medical student. The young man was standing beside his brother at the time and thus witnessed the killing, so he had to flee Honduras immediately. He is attending the trial although he sees it as a mere step toward another end. «What’s really best for the people is for Juan Orlando Hernández to fall,» he said.

On Friday, October 11, the immigrants witnessed the testimony of Devis Leonel Maradiaga. Imprisoned in the U.S. for leading the Cachiro cartel, Maradiaga took the stand and told the story of the $50,000 bribe to Tony Hernández that he filmed in Denny’s on his spy watch. He also said he bribed Juan Orlando with $250,000, and that his cartel financially supported Hernández’s campaign and the National Party.

The spectators in the court are supposed to be quiet, but sometimes they can’t contain their gasps. In the overflow room, what they’re watching on the screen is like a soap opera, a tragicomic movie about why so many people emigrate. It is the story they cannot leave behind no matter how far they flee.

It is so mind-boggling, in fact, that people in the crowd are laughing.

They laugh when Tony’s lawyer tells Maradiaga it’s obvious he has no respect for authority, and Maradiaga responds: «Both the one who offers the bribe and the one who accepts it are corrupt, sir.»

They laugh when Tony’s lawyer asks Maradiaga what he did with the millions of dollars he made through narcotrafficking, and he responds: «I already told you, sir, we invested that money in bribing the defendant [Tony], and Juan Orlando Hernández, and the army, and Tinoco Pacheco — we also bribed him, sir.» The last name referred to the sitting Minister of Security, Julián Pacheco Tinoco, and it was information that had not yet been introduced to the court, information Tony’s lawyer perhaps did not mean to introduce.

They laugh when Maradiaga explains to Tony’s lawyer how he withdrew money from his bank account when the U.S. government put him on a list of terrorists and organized criminal groups, the OFAC list, which demands immediate freezing of all accounts. «The president of Banco Continental warned me that they were going to freeze my accounts,» said Maradiaga. «I withdrew it all in cash because I was a great friend of the bank president, Jaime Rosenthal, and he gave me the cash.»

But as Maradiaga’s accusations continue, laughter fades. There is an occasional whispered, «Wow.» People slowly shake their heads. Silence rolls over the spectators like fog.

Maradiaga is just one more witness who, by the end of the trial, will have declared under oath that Honduras is a place where presidents solicit millionaire bribes from narcotraffickers and promise not to prosecute them. That Honduras is a place where the political elite perverts democracy and sends the police and army to shield narcos and execute their rivals. That Honduras is trapped in a criminal age.

A university student returns a tear gas bomb launched by the National Police during a confrontation in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, October 7, 2019. Photo: Martín Cálix.

Post Script

Seven months before the trial began, on March 1, 2019, the DEA tweeted photos of one of President Hernández’s visits to Washington. It celebrated the «continued partnership» between the agency and the president, through which they «work jointly to combat drug trafficking.»

There was a cascade of incredulous responses: «Is this a joke?» «This is a parallel universe!» «You should have captured him then and there.» Then, this observation: «Typical work by the DEA, working with some narcos to capture others. But sooner or later this one will fall.»

On the last day of the second week of the trial against Tony Hernández, when proceedings had ended and the crowd had exited, the teenager from San Pedro Sula stood outside the Southern District of New York. He waved goodbye, gestured toward the courthouse and said, «See you again when they bring Juan Orlando.»

Foto de portada: Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Texto: Danielle Mackey y Jennifer Avila

El juicio contra el ex diputado del Partido Nacional Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha exhibido la forma en que la política está ligada al crimen organizado en este país. Hernández fue acusado por traficar cocaína y armas en gran escala a EEUU y está siendo enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (una corte federal estadounidense) ante la mirada de los medios internacionales, pero también de los migrantes que huyeron de Honduras por la violencia y la corrupción. En Honduras la población está expectante, lo que se dice en la Corte de Nueva York podría tener impacto en el gobierno de Hernández, en crisis de legitimidad.

Los crímenes

Según los documentos del juicio de una corte federal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, desde el 2004, Tony Hernández ha estado involucrado en producir y distribuir toneladas de cocaína. Usaba aviones, lanchas y, por lo menos en una ocasión, un submarino. Tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia. A veces proveía seguridad fuertemente armada a los narcotraficantes, la misma que, en repetidas ocasiones, era brindada por policías hondureños.

Ese mismo año, cuando el gobierno federal estadounidense dice que el negocio ilícito de Tony iba tomando impulso, el presidente de Honduras era el nacionalista Ricardo Maduro, quien implementó la política de «mano dura» contra la delincuencia. Bajo su misma administración se creó la reforma al Código Penal que dio paso a la llamada Ley Antimaras que legitimó la encarcelación de miles de hombres jóvenes de los barrios marginales a lo largo de todos estos años.

Tony no era una figura conocida, lo que le permitió permanecer libre en ese período y hacer sobornos a la seguridad estatal para facilitar el paso de las drogas, según los documentos del juicio. Pero a través de los años llegó a ser tan importante en el bajo mundo, que también recibió sobornos grandes de narcotraficantes, como fue el caso del millón de dólares que el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa de México, que de manera personal presuntamente le entregó para la campaña de Juan Orlando Hernández, su hermano, quien en ese momento era diputado en el Congreso Nacional y cuadro del Partido Nacional para ser presidente de Honduras.

Tony Hernández y su hermano Juan Orlando han negado todas las acusaciones. El presidente respondió que lo que se ha dicho en el tribunal es venganza por parte de delincuentes dolidos por la guerra contra las drogas que ha emprendido su administración con el apoyo de ciertas partes del gobierno estadounidense.

Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Otra parte del gobierno estadounidense (la fiscalía de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York) argumenta que un momento clave para la consolidación del poder de esta supuesta red élite criminal fue el año 2009 con el golpe de Estado en Honduras. El expresidente, derrocado en ese golpe, Manuel Zelaya Rosales, indicó que en ese momento, el narcotráfico permeó la institucionalidad hondureña, vulnerada y quebrada.

A partir de ese momento, se instaló en el Estado un grupo de personas que, de manera posterior, serían investigadas por el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de la importación de la cocaína a los EEUU, nos referimos a Juan Orlando Hernández e Hilda Hernández, Ebal Díaz quien es el actual secretario de la presidencia, varios miembros de una familia de la élite empresarial hondureña, la familia Rosenthal, y el militar y actual ministro de Defensa Julián Pacheco Tinoco. Según los documentos de la corte federal estadounidense, la investigación de esas personas que comenzó en 2013, sigue activa y ha desembocado en el juicio actual, entre otros, como los juicios en los que se condenaron en la corte neoyorquina a la familia Rosenthal, a los carteles Cachiros y Valle Valle, y a la operación narco de Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, tras el golpe de Estado.

Anécdotas macabras han salido de esa Corte estos días.

Para septiembre de 2009, según los documentos del juicio, Tony y el cartel Valle Valle iban a vender la cocaína que habían producido en el laboratorio de Colombia controlado por Tony y un socio, al cartel Mexicano que iba a importar la droga a los EEUU. Pero en el tránsito, cerca de la frontera de Guatemala con México, el hombre encargado de transportarlo fue asaltado por una banda guatemalteca. El hombre, ahora un testigo criteriado por la corte federal a quien solo se conoce como CW-2, dijo que una semana después Tony y un representante de los Valle se reunieron con él. Tony le dijo al ahora criteriado, que le daría un mes para pagarle la deuda de lo que había perdido, también le dijo que él mismo iba a averiguar quién les había robado. La investigación que se realizó reveló a ocho personas implicadas, incluido un policía de Guatemala. Parte del reembolso que le terminó haciendo el criteriado a Tony fue de 300,000 dólares para pagar a un sicario y matarlos, lo cual se cumplió.

Este fue solo uno de, por lo menos, dos actos más de asesinato planificados en los cuales estuvo involucrado Tony, según el testimonio del exalcalde Alexander Ardón, también miembro del Partido Nacional.

En el 2011, Tony llamó al jefe policial de Copán de ese entonces, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, para ordenar el asesinato del narcotraficante guatemalteco Franklin Arita Mata, lo cual el jefe policial cumplió, según Ardón.

Y cuando en el 2013, la policía hondureña arrestó a «Chino», un trabajador de seguridad del cartel de los Cachiros, el hermano del presidente dijo que había que asesinarlo porque «era el único que sabía todo sobre los helicópteros» de Tony, según Ardón. Ese asesinato también se cumplió.

Licencias para portar armas registradas a Tony que incautaron el dia de arrestarlo.Presentadas como prueba por parte de los fiscales EEUU.

La información de los helicópteros fue particularmente vital, según su testimonio, porque fue la estrategia de autoprotección de Tony. En el 2012, Tony le dijo a Ardón que se iba a postular para ser diputado en el Congreso y que su hermano Juan Orlando iba para la presidencia, y que a partir de ese momento, para no ser extraditado a los EEUU, iba a dejar cualquier cosa que lo involucrara en el narcotráfico más allá de prestar dos servicios: el alquiler de sus helicópteros para mover los cargamentos y la seguridad para el transporte de los mismos. El alquiler de los helicópteros incluía los pilotos, y también, como Tony tenía acceso a los radares que tiene el gobierno hondureño para la lucha antinarco, le aseguró que habría vigilancia durante los vuelos para que no fueran interceptados. Cada vuelo tenía un costo de 50,000 dólares, según Ardón.

También en el 2012, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa mandó dos camiones de soldados para proteger la frontera de un narco guatemalteco, a petición del Chapo Guzmán. Según Ardón, el Chapo temía que el guatemalteco les quitara el control de la frontera, pero con el apoyo de aproximadamente ciento veinte soldados hondureños, quienes se quedaron durante dos meses, lograron afianzar dicho control.

La especialista en temas de seguridad en el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, asegura que ha sido y siempre será nefasto que se involucren a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, el deterioro de la imagen del Ejército que eso supuso en México por estar involucrada la alta jerarquía con el narcotráfico es un claro ejemplo.

Leticia Salomón, socióloga y analista política, durante la entrevista para Contracorriente en las oficinas del Centro de Documentación, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

«Es indudable que las Fuerzas Armadas con el control que tienen del territorio nacional tienen que saber lo que está pasando en el territorio, dónde están las pistas clandestinas, a quién pertenecen los aviones, y quién da la orden para que los aviones aterricen y salgan. En ese sentido, esa estructura puede ser que se filtre en el futuro inmediato, yo tengo la esperanza que saldrán nombres de altos oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados como cómplices o jefes de cualquier tipo de actividad de narcotráfico,» dijo en entrevista con Contra Corriente. «Las Fuerzas Armadas no son monolíticas, hay sectores preocupados por la senda donde los ha conducido este presidente.»

Pero hasta ahora los posibles detractores dentro de las Fuerzas Armadas permanecen en silencio. Así ha sido durante años, por muy descarado que haya sido el comportamiento supuesto de elementos del liderazgo nacional, incluyendo a los hermanos Hernández.

Hacia el arresto

En su discurso, Juan Orlando Hernández, volvió a resaltar los logros de su gobierno en materia de combate al narcotráfico, en un plantón político frente a Casa Presidencial, mientras en Nueva York, su hermano, Tony Hernández está siendo juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El año después de que las tropas hondureñas fueron asignadas a luchar contra el narcotráfico, en 2013, hubo dos reuniones claves, según el testimonio de Ardón: por un lado, un encuentro con Juan Orlando Hernández, y por otro, con el Chapo Guzmán, en conjunto con el cartel Valle Valle y Tony Hernández.

En ese entonces, Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional y Ardón el alcalde de Copán. El congresista le pidió una reunión al alcalde para decirle de que no se relanzara porque ya era demasiado conocido como narco, y si lo hacía, ya no le iba a proteger su narcoactividad. Pero que si Ardón le financiaba el departamento de Copán con sobornos, Juan Orlando nombraría a su hermano Hugo Ardón, también narcotraficante pero aun no señalado públicamente como tal, a la coordinación de la campaña electoral. El alcalde no se relanzó y terminó dando 1.6 millones de dólares en sobornos de dinero proveniente del narcotráfico, testificó.

Más tarde ese año, hubo una reunión con El Chapo en una finca de los Valle en El Espíritu, Copán, testificó Ardón. El estuvo presente junto con su hermano Hugo, Tony Hernández, Mario Cálix, y dos hermanos guatemaltecos. En esa reunión, el Chapo le pidió a Tony que diera seguridad a sus cargamentos de cocaína cuando iban pasando por Honduras. Tony le contestó que si su hermano Juan Orlando ganaba las elecciones el Chapo tendría su seguridad. El Chapo también pidió protección para los Valle y Ardón, que no fueran ni judicializados en Honduras ni extraditados a los EEUU, a lo que Tony le contestó de nuevo que si ganaba Juan Orlando lo tenía garantizado. Fue en ese momento que el Chapo le ofreció 1 millón de dólares para la campaña presidencial de Juan Orlando y, según Ardón, Tony dijo que lo pensaría. Tres días después, Tony dijo a Ardón que Juan Orlando había autorizado el soborno y, en una segunda reunión, el Chapo entregó de manera personal el dinero a Tony.

Ese supuesto pacto entre narcos y políticos pasó a un contexto nacional sangriento. En noviembre de 2011, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico en la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde, dijo en un medio de comunicación de Honduras que el director de la Policía Nacional, en ese entonces Ricardo Ramírez Del Cid, sabía de estas estructuras criminales, que los asesores y hasta la gente común sabían quién era el jefe del narcotráfico en su ciudad, y que los políticos y narcos se reunían en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Tocoa, que todos estos compraban policías y a las Fuerzas Armadas, que el dinero del narcotráfico infiltró políticos, el sistema de justicia y la empresa privada. Landaverde fue asesinado un mes después de esas declaraciones y su crimen sigue aún en la impunidad, sin embargo, en la Corte de Nueva York se están presentando las evidencias de lo que él dijo sobre las reuniones que se dieron en esos años.

En el 2012, la cifra de homicidios en Honduras fue la más alta del mundo, allí obtuvo el apellido de «país más violento del mundo» en los medios de comunicación, hoy sustituido por «narcoestado». La violencia se mantuvo tan omnipresente en los siguientes años que se desató una ola de migrantes menores de edad, que viajaban sin acompañamiento de sus padres, hacia los EEUU, un acto desesperado en búsqueda de la sobrevivencia en un país donde entre los años 2000 y 2014 fueron asesinados alrededor de tres mil niños menores de diecisiete años, según cifras de la ONG Casa Alianza.

Mientras los niños llegaban en masa a los EEUU, donde fueron interceptados por centros de detención y cortes hacinados, en Honduras Tony estaba desviando fondos públicos a las manos de narcotraficantes. En febrero del 2014, según los fiscales estadounidenses, se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel de los Cachiros e hicieron un arreglo: Tony iba a presionar a las agencias del Estado que debían dinero a las empresas fachadas de los Cachiros, y Rivera Maradiaga le iba a pagar a Tony aproximadamente 50,000 dólares. Lo que no sabía Tony era que la DEA había convencido al Cachiro para hacer grabaciones y recolectar información que pudiera ayudar en sus investigaciones, por lo que estuvo grabando la reunión, incluso el momento cuando entrega los millones al hermano del presidente.

Pero aunque una parte del gobierno federal estadounidense estaba investigando lo que estaba haciendo en la oscuridad, otra parte estaba muy contenta con las políticas que estaba pasando la administración Hernández a la luz del día.

Los pasos más fuertes que tomó la administración fueron bajo las banderas de la lucha anticrimen y antinarco, y para frenar la ola de migración irregular. Creó unidades élite de la policía y la fiscalía, gracias a dinero y capacitación estadounidense. Depuró la policía y fortaleció al Ministerio Público.

Estudiantes encapuchados durante el enfrentamiento con la Policía Nacional en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un grupo de mujeres gritan consignas en apoyo a Juan Orlando Hernández durante una movilización en apoyo al presidente hondureño y su gobierno durante el desarrollo en Estados Unidos del juicio de Antonio Hernández, ex diputado y también hermano del mandatario, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Lisa Kubiske fue embajadora de los EEUU en Honduras entre 2011 y 2014. Kubiske, dijo en entrevista con Contra Corriente que la colaboración entre los gobiernos se debía a algunos valores compartidos entre la administración Obama y Hernández. También aseguró que no sabía que parte de su mismo gobierno estaba investigando al presidente del país en el cual estaba destacada, y que eso es normal.

«Cuando estuve yo, Juan Orlando tenía unas políticas que tenían muchos aspectos muy compatibles con lo que los Estados Unidos esperaba que Honduras lograra. ¿Sabía yo en general que la DEA estaba persiguiendo a gente involucrada en el narcotráfico? Sí, lo sabía en términos generales. ¿Necesitaba saber todos los detalles? No, no necesitaba saberlos», dijo. «Quizá me van a mostrar equivocada, pero si hubiera habido mucha información oscura y concreta sobre el presidente Hernández, quizá alguien me hubiera dicho: “ten cuidado”».

Kubiske agregó que aunque sea importante saber más sobre las acusaciones que involucran a Juan Orlando Hernández, el juicio actual no se trata de él. «No es un juicio para saber si aceptó el dinero del Chapo, aunque sería importante saberlo», dijo la exembajadora. «Este juicio es sobre cargos en contra de Tony Hernández».

Pero en la Corte Federal en Nueva York, el nombre de Juan Orlando suena con casi tanta frecuencia como el nombre de Tony.

Según el testimonio de Ardón, en 2015 el exalcalde se reunió con Roberto Ordóñez, el arquitecto de la campaña política del Partido Nacional y en ese entonces el ministro de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Ordóñez le tenía un mensaje de Juan Orlando: Hugo Ardón, el hermano del exalcalde y el entonces director del Fondo Vial, necesitaba dejar el puesto porque los medios andaban revelando que era narcotraficante, a pesar de que Juan Orlando le había regalado a Hugo la dirección del Fondo a cambio de sobornos millonarios, según el testimonio de su hermano, Alexander Ardón. Pero ya que era pública la afiliación criminal de los hermanos era necesario que dejaran por completo el escenario público.

Si los Ardón le ganaban el departamento de Copán para Juan Orlando — lo cual se entendió que iba a ser a través de dar sobornos a los alcaldes locales — el presidente seguiría protegiendo a su negocio de narcotráfico, según el testimonio de Ardón. Entonces el narco gastó más millones para mantener a Juan Orlando en el poder.

Durante todos estos años, cada vez que Ardón expresaba preocupación a Tony por el alto nivel de crímenes en los cuales estuvieron metidos, Tony le aseguraba que no le iba a pasar nada – ni sería investigado por la Fiscalía hondureña ni extraditado a los EEUU – mientras el Partido Nacional estuviera en el poder, testificó Ardón.

La lista de crímenes alegados en los documentos del juicio parece interminable. En estos años, Tony también vendió armamento al cartel de los Valle, y ellos las mandaron a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según los documentos. También vendió armamento a un tercero, identificado en los documentos del juicio como «CW-5», quien las vendió después al cartel Sinaloa.

En octubre del 2016, el capitán de las FFAA, Santos Rodríguez Orellana, señaló de manera pública a Tony Hernández con publicar la foto de uno de sus helicópteros en el que transportaba drogas. Ese mismo mes, la DEA le informó al presidente que le estaban investigando a su hermano, por lo que Tony se presentó de manera voluntaria en Washington para dar una entrevista. Esa vez lo dejaron ir.

Durante todo ese tiempo, Juan Orlando seguía viajando a los EEUU, y disfrutaba de una legitimidad con la administración Obama y una bienvenida muy calurosa por parte de la administration Trump. El 15 de junio del 2017, el vicepresidente Mike Pence tuiteó una foto en la que sonriente acompaña a Juan Orlando Hernández en una reunión sobre desarrollo en negocio y economía.

Pero los que no disfrutaban del poder sufrían por la violencia y la corrupción. En octubre del 2018, salió de Honduras la primera caravana migrante. Iban hacia los EEUU, a solicitar asilo. El Presidente Trump los describió como «una invasión a nuestro país» por parte de «muchos pandilleros» y «gente desconocida del medio oriente». La administración Hernández salió en desbandada para complacer a los EEUU, a frenar a la gente antes de que se escapara del país en llamas.

Mientras tanto, otra parte del gobierno federal estadounidense quería evitar que se escapara un hombre en particular.

El 22 de noviembre de 2018, un agente de la DEA, Sandalio González, tomó un vuelo para Miami. Iba detrás de Tony Hernandez.

La mañana del siguiente día, el viernes 23 de noviembre, el agente González se encontró en el aeropuerto de Miami con varios agentes más de las autoridades federales estadounidenses. El Distrito Sur de Nueva York ya había acusado de manera formal a Tony por el tráfico de drogas y armas a gran escala, entonces necesitaban cumplir con la orden de arresto. Sabían que esa mañana Tony había salido en el vuelo American Airlines 1347, de Houston con rumbo a Tegucigalpa y con escala aquí en Miami.

Se instalaron en el Vestíbulo D, Puerta de Embarque 2, a esperarlo. Los agentes lo vieron cuando salió del puente de desembarque acompañado de su socio, Marlon Pacheco Morales, con quien había viajado a Nebraska para revisar un pickup Ford a la venta, y después a Houston para conocer a la familia de un mexicano a quien también acababan de conocer, cuyo apellido no sabía, explicaría Tony a la DEA unas horas más tarde.

Los agentes vieron cuando Tony notó su presencia. Lo vieron entrar al baño. Se tardó. El agente González entró a buscarlo. Al ver entrar al agente, Tony salió y se encontró con los compañeros de González, unos agentes de la Patrulla Fronteriza. Esa misma fuerza que ha arrestado a miles de hondureños en su huida. Y así fue como «la migra» arrestó a Tony Hernández.

La entrevista

Kilo de cocaina con las iniciales TH. presentado como prueba el dia 3 de octubre, por parte de los fiscales en EEUU.

El agente González y sus compañeros llevaron a Tony a su oficina para entrevistarlo de nuevo. González tenía puesta una gorra de béisbol y una camisa negra manga larga. Tony también portaba una gorra de beisbol marca Under Armour, pero la dejó sobre la mesa. Tenía puesta una camisa polo azul y una sonrisa leve, con el codo del brazo derecho colocado sobre la mesa y su bicep saliente de la manga. Quizá estuvo nervioso pero queriendo aparentar tranquilidad. Habló con la voz áspera como la de alguien que se madrugó y que tenía claro que ese no iba a ser un buen día.

El agente González le preguntó a Tony cuánto tiempo tenía de ser narcotraficante. Tony le respondió que no lo es, que sí conoce a varios, incluso algunos de sus mejores amigos que por desgracia se perdieron por el mal camino, pero tampoco los juzga. Que sí, supo que por ahí andaban unos rumores que él estaba metido en el negocio, pero que esos fueron puros inventos por parte de los narcos, enojados con él porque su hermano, el presidente, estuvo cooperando de manera tan eficaz con el gobierno estadounidense en la lucha antinarco.

«Quiero mostrarte algo», le dijo el agente González a Tony Hernandez. Con la pantalla de su celular, le mostró una foto de un ladrillo blanco que lleva las iniciales TH. Al mirar, el rostro de Tony no cambió. Quedó en silencio un momento.

-«Es un T y una H», dijo.
-Respondió tranquilo el agente: «Mju. ¿De qué?»
-Tony sonrió: «Supuestamente es Tony Hernandez»
-«¿Supuestamente?» preguntó el agente.

Se incomodó Tony, se movió en la silla y le brotó una risa nerviosa. Tartamudeó. Después logró preguntar que cómo pueden pensar que estamparía sus propias iniciales en algo tan delicado.
Pero nadie había dicho qué era el ladrillo blanco. Y ese detalle le llamó la atención al agente González.
-«¿Pero qué es esto?», le preguntó.

De nuevo Tony tartamudeó: «Supuesta droga», por fin contestó.

El análisis

Un estudiante encapuchado descansa junto a una valla del bulevar Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El agente González y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York representan el mismo gobierno estadounidense que ha colaborado de manera muy estrecha con la administración de Juan Orlando Hernández. Puede ser confuso. Pero hay gente que se dedica a estudiar la relación entre estos países y tiene suposiciones.

Christopher Sabatini, un profesor estadounidense de la Columbia University y fundador de Global Americans, una organización de investigación sobre latinoamérica, dice que parece ser parte de una paradoja histórica: «Imagina un presidente quien antes era un socio cercano de los EEUU, involucrado con el narcotráfico y que después se robó una elección, ¿de quién estoy hablando?», preguntó Sabatini: no estaba hablando de Hernández, sino del ex general y dictador panameño Manuel Noriega, aliado de los EEUU durante años hasta perder su apoyo, y los EEUU lo derrocó. «Noriega cayó porque vivía en un tiempo cuando la democracia iba avanzando, y eso fue su perdición. Pero ya no es así. La democracia ya no importa tanto», dice Sabatini.

Y hay literatura que ha abierto el debate sobre el declive de las democracias, por ejemplo, Steven Levitzki y Daniel Ziblatt en su libro «Cómo mueren las democracias» inician con la idea de que «las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder». Esto podría suscribirse íntegro con lo que pasó en Honduras en el 2009 o lo que sucedió en el 2017 tras ser declarada inconstitucional la misma Constitución de la República para permitir la reelección de Juan Orlando Hernández. Sabatini dice de manera simple que un presidente que se robó las elecciones, pero los procedimientos democráticos que usó Hernández vuelven más complejo incluso llamar dictadura, al gobierno de Hernández.

«JOH se hace el “policía bueno”, aunque no lo sea», dice Sabatini. Y cita textualmente una frase histórica entre los círculos políticos estadounidenses: «Quizá sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta», refiriéndose a lo que dijo el presidente Roosevelt sobre el General Somoza en Nicaragua, y una postura que está entre las pocas explicaciones que pueden dar sentido a la bipolaridad del gobierno estadounidense actual, según lo expone Sabatini.

Por otra parte, el apoyo para la administración Hernández que perdura entre algunos republicanos congresistas estadounidenses tiene raíz en la tendencia a ver todo a través del lente de Venezuela, dice Sabatini. «En 2009, con el golpe, cuando Mel Zelaya fue derrocado, los republicanos y los conservadores en particular redoblaron el apoyo para el Partido Nacional. Presentaron el asunto como blanco y negro, Zelaya malo, socio de narcotraficantes. Partido Nacional bueno, anti Chávista», dice Sabatini. «Pero el Departamento del Estado estaba monitoreando los narcoaviones con la llegada de Micheletti. Y ellos lo tenían claro, pero por ser un asunto percibido como pro Chávez vs. anti Chávez, ignoraron todo».

En Honduras, Leticia Salomón complementa este análisis. «Todo esto que está ocurriendo es una especie de papa caliente para el Poder Ejecutivo y la embajada de los EEUU,» dijo. «Sin embargo, ellos funcionan en condición de socios y ellos han tenido socios de todo tipo, los dictadores más feroces han sido socios de los EEUU. El discurso del presidente Hernández, bien asesorado, es que en todo tipo de protesta él saca que son los comunistas, los aliados de Maduro en Venezuela los que están sacando estos elementos para exhibirlo a él por ser el adalid de la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica», explicó.

La contradicción central para los EEUU es el hecho que una parte del gobierno está actualmente argumentando que Honduras está en manos de una red violenta de corrupción que utiliza los componentes del Estado, como la fiscalía y la policía, para fortalecer el narcotráfico. Mientras otra parte ha argumentado en reiteradas ocasiones, a través de varias políticas migratorias, que los migrantes hondureños no califican para el asilo en los EEUU, que no vienen buscando el refugio tras huir de un agresor real.

Al final quizá no importa la incoherencia, porque la prioridad estadounidense actual parece ser la migración, según una fuente del congreso EEUU quien pidió anonimato: «Si JOH detiene la migración, eso es todo lo que Trump quiere. También aquí se suma el hecho de que Trump admira a los dictadores. De los presidentes del Triángulo Norte, Juan Orlando es por mucho el más apto y disponible para hacer lo que Trump quiere, que es colocar a los militares y disparar a quien intente salir del país con rumbo a los Estados Unidos.»

Los testigos

Gustavo Armijo, sostiene y ondea una bandera del Partido Nacional, él ha llegado hasta el bulevar Kuwait para sumarse a la movilización en apoyo a Juan Orlando Hernández, dice que ha llegado en agradecimiento por haberle dado trabajo en el gobierno, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un policía sostiene una bomba lacrimógena durante el enfrentamiento entre estudiantes universitarios y Policía Nacional en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

El jueves 10 de octubre en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández escucha mientras alguien más responde a preguntas de las autoridades estadounidenses: el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Giovani Rodriguez, condenado ya por tráfico de drogas y encarcelado en Manhattan. Hoy es testigo en el juicio actual, y declara que trabajaba con Tony a través de un tercero, Mauricio Hernández, quien daba protección y seguridad para los cargamentos de droga del Victor Hugo Diaz Morales, alias «Rojo». Ambos operaban bajo la protección de Tony, dice el exagente.

Como Ramírez tenía acceso a información sobre los operativos y retenes de la policía, la filtraba a sus socios narcos. En el 2009, casi le agarraron, dice: fue arrestado por robar drogas, pero los dos abogados que le representaron eran socios suyos del narcotráfico y se anuló la sentencia cuando el agente soborno al juez.

«Al salir, volvió a traficar la cocaína?» le pregunta el fiscal.
«Sí», responde el expolicía.
«¿Qué tan rápido?»
«Inmediatamente».

Ya no quedan asientos en el tribunal y hay más público que quisiera entrar, entre ellos migrantes hondureños que huyeron de la violencia y la corrupción, y que han esperado estas verdades durante mucho tiempo. Pero los trabajos alcanzables para la mayoría de los migrantes hondureños no dejan que uno pida una semana entera para asistir a un juicio. Entonces al llegar corriendo después de la jornada, la opción que les queda es el cuarto de rebalse que es el espacio acondicionado con una pantalla para ver lo que sucede en la sala de juicios.

En ese cuarto hay un ingeniero de mediana edad que partió de Honduras hace menos de un año, cuando le robaron el carro. La banda delincuencial que le atacó trabajaba con la policía, entonces al poner la denuncia comenzó a recibir amenazas y tuvo que salir del país, dejando atrás la familia entera. Lleva una cara agobiada después de escuchar a un exlíder policial explicar con detalle cómo la seguridad pública sirve la voluntad de los narcotraficantes. «Vivimos en el salvajismo», dice.

Entre los migrantes presentes también hay un graduado de la academia militar y otro que tiene un sobrino que en la actualidad es teniente destacado en La Mosquitia hondureña. Ambos están decepcionados y preocupados por lo que se está revelando sobre la manera en la que la élite política manda al ejército a servir los intereses de los narcotraficantes. Aunque se sabía como secreto a voces desde antes, es otra cosa escucharlo de la boca de los narcotraficantes en una corte federal estadounidense. «Yo solo le digo que tenga cuidado», dice el señor sobre su sobrino teniente. Es lo único que puede hacer.

Un adolescente alto y flaco aparece a diario poco después de las 2:00 p.m. porque en su trabajo como bicimensajero le toca entrar de madrugada, entonces sale pasadito al mediodía. Tiene tres años viviendo en Nueva York, ciudad que le acogió después de que asesinaron a su hermano mayor quien era estudiante de medicina y vivía en San Pedro Sula. Una tarde cuando iban caminando juntos, los interceptaron unos asaltantes que querían la computadora de su hermano, pero de manera violenta, terminaron también llevándose su vida. Como testigo de la muerte, el joven se tuvo que ir de inmediato, y ya que ahora vive en esta ciudad no dudó en asistir al juicio, aunque lo vea apenas como el primer paso hacia otro fin: «Al pueblo lo que en realidad le interesa es que caiga Juan Orlando Hernández», dijo.

Leer transcripción de este video aquí

El viernes 11 de octubre, le toca testificar a Devis Leonel Maradiaga alias «Cachiro», encarcelado en los EEUU por ser líder de un cartel. Dice en la corte que dio un soborno de 50,000 dólares a Tony Hernández, para que hiciera que el Estado le pagara una deuda a su empresa fachada. Que dio un soborno de 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y que cuando le aseguró que no existía un complot para matarlo de parte de su cartel, le recordó que más bien le apoyaron para llegar a la presidencia a través de diputados y alcaldes de su partido en varios departamentos del país.

«Primero le dije hola a Juan Orlando. Y dije primero: “Juan Orlando, ¿cómo estás?. Líder, le llamo para aclarar esta situación sobre algunos rumores y chismes”. Le dije que no cayera en eso que la gente anda diciendo porque mi hermano y yo no hemos intentado planificar matarlo».

«¿Dijo algo más durante esa llamada?»
«Sí, señor»
«¿Qué dijo?»
«Yo dije: “ líder, a pesar de eso, mi hermano Javier Rivera y yo hemos estado apoyándolo en convertirse en presidente a través de Milton Puerto en Olanchito, a través, en Yoro de Arnaldo Urbina, el alcalde, en Cortés a través de Ekonomo, en Atlántida a través de Carmen Rivera Muñoz y en Colón a través de Oscar Nájera. Líder, no crea esos chismes y rumores de que nosotros hemos intentado asesinarlo”» .

Se exige el silencio en la corte, pero entre el público, de repente se escapan soplidos sobre las respuestas descaradamente honestas de parte del Cachiro y los otros testigos. Esta información es como una telenovela, una película tragicómica sobre porqué tanta gente se ve forzada irse de Honduras y ahora se ve proyectada en este cuarto extra. Lo que ven es la historia que no pueden dejar atrás aunque ya no vivan en su país.
De hecho, la historia es tan abrumadora que provoca mucha risa. Como cuando el abogado de Tony le dice al Cachiro que, dado el recorrido de su vida se nota que no respeta la autoridad, y este le responde: «Tanto el que soborna como el que agarra son corruptos, señor». También hay risas cuando el abogado de Tony pregunta qué hizo con los millones de dólares que ganó a través del narcotráfico, y el Cachiro responde, «Ya le dije, señor, invertimos ese dinero en sobornar al acusado (Tony), y a Juan Orlando Hernández, y al ejército, y a Tinoco Pacheco, también le sobornamos a él, señor», este último refiriéndose al actual ministro de defensa, Julián Pacheco Tinoco.

Hay risas cuando el Cachiro explica al abogado de Tony cómo logró sacar su dinero de su cuenta bancaria cuando el gobierno estadounidense lo puso en una lista de terroristas y bandas de crimen organizado, la lista OFAC, una designación que exige el congelamiento inmediato de las cuentas de los designados. «El presidente del Banco Continental me avisó que me iban a congelar las cuentas», dijo el Cachiro. «Lo retiré en cash porque yo era gran amigo del presidente del banco, Jaime Rosenthal, y él me dio el efectivo».

Pero a medida de que va creciendo la lista de alegaciones del Cachiro, se comienza a callar esa risa aliviante. Sale uno que otro «guau» incontenible, hay movimiento de cabezas asintiendo o negando, silencio de asombro, de susto.

El Cachiro se suma a la lista de personas que al terminar el juicio, habrán declarado bajo juramento, que en Honduras, el presidente pide sobornos millonarios de personas que sabe que son narcotraficantes. Promete proteger sus negocios y no judicializarles. Que Honduras es un país donde la élite política interfiere en las elecciones democráticas y regala cargos públicos a miembros del crimen organizado. Donde se utiliza los cuerpos de seguridad estatales para proteger a los narcos mientras la gente sufre, huye. Que Honduras es un país atrapado en un tiempo de crímenes.

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Un estudiante universitario devuelve una bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional durante un enfrentamiento en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Siete meses antes del arranque del juicio, el 1 de marzo de 2019, salió un tweet desde la sede de la DEA con unas fotos de Juan Orlando Hernández en una visita a Washington. Los tweets celebraron la «relación continua» entre la agencia y el presidente hondureño, a través de la cual trabajan «en conjunto para combatir al narcotráfico».

Entre la lluvia de respuestas incrédulas — «¿Es broma?», «¡Este es un universo paralelo!», «Ahí nomás lo hubieran enchachado» — un usuario contestó: «Típico trabajo de la DEA, trabajar con narcos para capturar a otros. Pero tarde o temprano caerá este».

Al cerrar la segunda semana del juicio, en las gradas frente a la Corte, se despide el adolescente sampedrano que huyó a Nueva York después de ver el asesinato de su hermano. Gesticula hacia la corte y dice: «Nos vemos aquí de nuevo cuando traigan a Juan Orlando».

Recomendamos nuestro editorial: No es por narco

Proyecto Multimedia de Médicos Sin Fronteras

Animación: German Andino.

Para Gloria pensar que puede hablar sobre «eso» es un gran avance. Cuando dice «eso» se refiere a lo que dirá muchas veces más adelante: «eso que me pasó», pero que en realidad quiere decir eso que le hicieron. Eso a lo que todavía no puede poner nombre sin romperse de nuevo.

Hablar frente a una grabadora, frente a otra persona además de la psicóloga Mayner Rodríguez a quien ha visitado 4 veces en el último mes, es un acto de valentía que la superará, pero significa haber salido de las profundidades del dolor. Aunque esté equivocada y todavía no sea hora de hablarlo con nadie más.

Gloria ya no quiere suicidarse. El tratamiento psicológico que le brinda Médicos Sin Fronteras —y no el propio Estado hondureño— está funcionando.

Gloria empieza a hablar y deja ver una sonrisa rápida, una mueca ladeada que parece un espasmo de su mejilla, mientras va ajustando su postura en el sofá, clavando las escápulas en el respaldo acolchado, en busca del hueco con la forma de su espalda. El mismo que ha ocupado cada vez que viene a terapia psicológica a este centro de atención para supervivientes de violencia sexual en Tegucigalpa.

Antes —hace unas semanas—, dice Gloria, no sabía qué hacer. No sabía si «eso» había sido su culpa, ni por qué le sucedió a ella, o si habría podido hacer más para evitarlo.

—Es increíble que esas cosas le pasen a uno, ¿verdad? Parece mentira, como de telenovela, dice. Sujetando con ambas manos un pañuelo de papel que sacó de su cartera.
Para las mujeres hondureñas, las telenovelas son más que el entretenimiento matutino, para Gloria, el espejo de sus propias tragedias.

—No puedo creer lo que me pasó. Me sentía dentro de una pesadilla. Quería morirme, matarme yo, porque no hallaba qué hacer, no sé. Me gustaría vivir como antes, sentirme como antes.

Los números son genuinamente difíciles de contextualizar: En Tegucigalpa, durante el año 2018, Médicos Sin Fronteras atendió a 878 personas por situaciones de diversas violencias, de las cuales el 76% son mujeres. 592 fueron casos de violencia sexual. 420 de esos son casos de violaciones.

Números que dan para una y a veces dos violaciones por día durante un año. Hablamos de una sola ciudad de un país que tiene más de 400.

—Sigo pensando en eso que me hicieron. No sé si vuelva a sentirme normal. Es muy difícil. Dice Gloria.

En plural. Hombres. Gloria. Sola.

Ella y varios agresores ejerciendo su poder destructivo en el terreno de lo íntimo, lo sexual: el poder que confiere la sociedad hondureña a los hombres, incluso desde antes de nacer. De forma tan natural como que el azul es de niños y el rosa es de niñas.

Gloria dice hombres, dice violaciones, dice secuelas.

—¡No podía dejar de pensar en eso! No podía dormir. Creo que las actividades que hacía antes no las podía hacer. No podía dormir, no podía comer… Uno ni puede estar con la gente que uno quiere porque está pensando en ese momento.

La psicóloga le acerca la caja de pañuelos y un vasito de papel con agua. Marca con un gesto el final de la entrevista.

Gloria no está lista para recordar «eso». Hoy ha vuelto a la oscuridad a la que la psicóloga Rodríguez llama «recuerdos intrusivos».

Si bien no hay un dato exacto sobre la cantidad de violaciones sexuales en el país, según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias en los últimos diez años aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2017 se contabilizaron 2761.

Todas estas cifras alarmantes de violencia sexual hacia las mujeres en Honduras se dan en un contexto donde no existe un protócolo de atención a víctimas por violencia sexual y las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) tienen una prohibición en su uso, venta y distribución desde 2009, hace casi 10 años.

Y Honduras es también un país con altos índices de femicidios. Según el Observatorio de derechos humanos de las mujeres, un total de 4,742 mujeres y niñas murieron de manera violenta en los últimos 10 años en Honduras, mujeres con edades entre 20 a 29 años en su mayoría. Mientras que en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solo en 2018 se recibieron 2200 denuncias de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica que en su mayoría acuden a esta instancia porque no han recibido respuesta de las demás autoridades.

Animación: German Andino.

Irene.

Para Irene las violaciones empezaban al llegar la oscuridad. Ahora se reconoce a sí misma fuera del dolor y la angustia, de las torturas. De la violencia sexual. Un estado posterior al de Gloria en el proceso de tratamiento psicológico.

Quizá, porque sabe hasta qué punto va a sumergirse en su memoria —y lo que va a encontrar ahí— Irene busca un asidero: sus manos atenazan los reposabrazos metálicos de su silla y da gracias a Dios por todo cada poco tiempo.

Desde hace dos años viene con la esperanza de conseguir atención en salud mental al Centro de Atención Prioritaria de Médicos Sin Fronteras en la colonia Nueva Capital, en Comayagüela, la que llaman la ciudad gemela de Tegucigalpa. Viene Irene y también trae a una de sus hijas de seis años.

A pesar del ambiente reluciente y aséptico del despacho del centro de atención, a Irene no le cuesta demasiado evocar cuando estaba sumergida en aquellas tinieblas: relata aquella parte de su infancia con el rictus vacío, como el de las personas ciegas que escuchan algo con atención; los ojos negrísimos, abiertos como platos, intentando encontrar el brillo que entraba por las resquebraduras de las ventanas del cuarto que compartía con su madre. Con 11 años, la pequeña Irene buscaba algo que pusiera al descubierto la silueta del músico sigiloso de 19 años que la violó.

—En mi casa vivían muchos… mi papi era músico, en la casa pasaban un montón de hombres. Al principio no sabía quién me tocaba.

Con muy poca edad Irene fue llevada por su madre a casa de su padre en la aldea Jutiquile, tierra de vacas, de maíz, café, frijol, arroz y tomate. Ubicada en medio de montañas en el departamento más grande de Honduras: Olancho, donde las actividades económicas principales son la ganadería, la agricultura y el narcotráfico. Por esta última, entre otras razones, Olancho está en el top ten de los departamentos más violentos del país. Irene ha sufrido una de esas otras, de las razones que también dejan muchas muertas: la violencia machista. Un problema regional. De países. Institucional. Y vivir en una aldea en el interior de Honduras no le supuso mucha diferencia a vivir en la capital.

El sector cinco de La Nueva Capital, donde ahora vive Irene con su hija, está a media hora de cuesta empinada del centro de atención y tiene el mismo aire bucólico de Jutiquile, pero sin huertas y menos vacas. En verano el paisaje aquí es marrón, de cerros secos; las casas se cubren de polvo. Pero en temporada de lluvia las callejuelas se transforman en ríos, vuelve el verde, como en la aldea de su infancia.

La esperanza de «La Nueva Capital» llegó después del huracán Mitch a finales de 1998, cuando las personas damnificadas por el desastre, invadieron terrenos ejidales y construyeron aquí sus chozas, sus nuevos hogares endebles: el cerro donde se impuso la Nueva Capital tenía viruela de colores. Las casitas crecían forradas con plásticos de tonos llamativos, con madera, cartón o lo que fuera. «La Nueva Capital» en los márgenes de Comayagüela, en una parte de la ciudad considerada de alto riesgo debido a los desastres naturales. Y actualmente, también por la violencia.

Con intensidad muy variable, sin llegar nunca a parar por completo, la violencia en Honduras lo sacude todo. En la superficie de la sociedad la violencia —en todas sus manifestaciones— es un temblor general, leve, soportable. El cadáver bajo una caja de cartón, el autobús en llamas por no pagar a tiempo el cuasi institucional “impuesto de guerra”, el asalto, las violaciones, los feminicidios, la violencia policial, institucional, el marido o novio maltratador, el plano de los niños jugando alrededor de la cinta amarilla en la escena del crimen… Ya son clásicos de los documentales que exhiben a uno de los países más violentos y pobres del mundo. Esta última descripción —la que convierte a Honduras en un escenario trepidante, una guerra de trincheras y bombas y no una guerra de baja intensidad, una tortura a cuenta gotas— casi es obligatoria actualmente para captar la atención del lector ávido de tweets, al que hay que situar en un escenario de Hollywood para que preste atención y entienda que merece la pena leer lo que viene.

Aquí la superficie y las honduras se sacuden a diario por la violencia, colisionando con una sociedad que parece soportar casi de todo y seguir adelante pese al reguero de sangre y el malestar general. Es eso o la locura.

Honduras es un equilibrio latinoamericano, hermoso y macabro.

Poco a poco la violencia se vuelve específica —aquí es donde el temblor sacude los cimientos, te desconecta y te deja en la profunda oscuridad del miedo, del dolor—, se cierra sobre las personas. La violencia busca y, finalmente, encuentra con sus propios criterios de discriminación. Mujer, hombre, joven, mayor, migrante, deportado, de izquierdas, de derechas, estudiante, maestro, homosexual, transexual, niño, niña… Tiene un criterio de búsqueda para todas las personas.

Eventualmente llega la oscuridad. Y en Honduras tiene más formas de encontrarte si sos mujer. A Gloria e Irene les encontró en forma de violencia sexual, entre otras.

—Ella me deja cita hecha aquí(la psicóloga que acompaña a Irene en la entrevista), pero hay veces que vengo dos veces a la semana o también viene mi hija mayor. Entonces me ha servido de mucho. Siento que cuando me he sentido mal, pues… Aquí estoy.
—Cuénteme de qué forma se ha ido sintiendo mejor usted en todo este proceso.
— En tomar mejor las decisiones. Creo que he pensado más.
—¿Qué cosas ha pensado más?
—En tratar de cambiar mis maneras de pensar, sacar todo lo que tengo por dentro, porque a veces uno guarda tanta cosa… En tanto año, creo que hasta hace poco, le decía a la psicóloga, mi familia algo sabe de mi vida. Porque ellos no han sido una familia de “¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó?”. Y ahorita hablo un poco con más libertad las cosas, creo que sí, vamos avanzando.

Este es el primer paso del protocolo de tratamiento según la psicóloga Sharon Jiménez, asignada por Médicos Sin Fronteras al mejoramiento de la salud mental de Irene. Que las supervivientes puedan hablar con libertad. Al menos ese debería ser el primer paso hacia el tratamiento psicológico y médico de los casos de violencia sexual al igual que en otros tipos de violencia contra las mujeres. Pero no es así. Según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian, quienes no denuncian es debido a que «la misma sociedad a través de sus instituciones, refuerzan y reproducen la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», dice el informe.

Paradójicamente muchas veces, Honduras, garante en el papel de los derechos de sus ciudadanas, se posiciona del lado de la violencia machista. O no se posiciona: no existe un protocolo de tratamiento para casos de violencia sexual en el sistema de salud pública. Ni siquiera se estudia uno teórico en la carrera de psicología de la Universidad Nacional. Irene y Gloria estarían solas sin los centros de atención prioritaria.

Irene entendió lo que era un embarazo a la hora del recreo, jugando, mientras cursaba el cuarto grado en una escuela de Jutiquile. Tenía poco más de diez años.

El juego infantil de “Las Cebollitas” empieza generalmente en un poste o un árbol que simboliza la raíz de las cebollitas. La primera persona —la primera cebollita— que participa, abraza con fuerza el poste y tiene que impedir que le arranquen de la raíz para que no acabe el juego. Una detrás de otra se van uniendo las cebollitas, formando una fila, agarradas por la cintura. La última en unirse tira con fuerza y va probando si logra romper la cadena de tubérculos. Si no se suelta nadie se une otra cebollita y así sucesivamente. Irene cuenta que a ella nunca la arrancaban del poste, hasta ese día.

—Todo el mundo se dio cuenta porque yo jugaba a “Las cebollitas”… que antes se jugaba. y a mí me gustaba ser la del poste, a mí nadie me arrancaba. Y me acuerdo que ese día empecé a sentir un dolor bien fuerte y sangré y yo le decía a la maestra “fíjese que me vino la menstruación”. Porque yo asustada… Cuando me llevaron al centro de salud la doctora platicó conmigo y me dice: “quítese la ropa” y yo no quise porque yo nunca había ido a un lugar así… y me revisó, me revisó la barriga… ella me dijo: “vos estás embarazada” y yo así: “¡no! ¡no!”.
—¿Usted no notó cambios en su cuerpo hasta ese momento?
—Yo sentía que se me movía(el feto), y yo le decía a mi mami: “mami se me mueve algo”, pero yo no le decía lo que estaba pasando. Y me dijo: “de seguro son parásitos. Le voy a comprar algo para desparasitar”. Pero nunca me lo compró.
Ella me decía(la doctora): “querés escuchar el corazón?” y yo: “¡No! yo no tengo nada”. Me aferré a eso pues, porque no lo creía yo. En mi mente no sabía yo, que al meterse con un hombre iba a salir embarazada una mujer. Yo le dije a ella: “usted tiene que hacer algo y sacármelo porque no quiero niños, yo no quiero tener hijos, porque yo he venido de una vida muy dura también…”. Dato aqui.

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) señala que en 2017 más de 800 niñas menores de 14 años salieron embarazadas producto de violaciones sexuales. Honduras es el segundo país con más alta tasa de embarazo adolescente en Centroamérica. Y en Honduras, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia está prohibida y el aborto bajo cualquier circunstancia es penalizado. Una mujer puede ir 10 años a la cárcel por el delito de aborto y aunque diversas organizaciones feministas y de mujeres pretendieron hacer incidencia en el Congreso Nacional para que se modificara en el Código Penal y permitir tres causales para el aborto, en noviembre entra en vigencia la nueva legislación penal con el mismo delito de aborto que no considera ni las violaciones sexuales, ni la enfermedad de la madre ni la inviabilidad del feto.

Pues él(el músico) me molestaba, pero igual yo era una cipota, cipota pues… uno de 11 años creo que no tiene uso de razón en esas áreas… y él empezó a molestarme y yo siempre trataba de capiarme(esquivarle), yo creo que uno cipote no está pensando en eso… Pero al tiempo él empezó a levantarse en la noche, a tocarme.Yo al principio: “¡Mamí!”, que prendiera la luz. Y yo así como que asustada, yo ni sabía… De tanto hombre que había ahí no sabía cuál era. ¿va? Uno empieza así: “qué raro…”.

El mejor recurso con que la niña contaba para evitar que el músico apareciera, era la luz: pedía a su madre que dejara encendida la lámpara del cuarto. Y así fue durante un tiempo. Al cabo de una temporada —suficiente tiempo, según su madre, para que una niña entienda que no pasa nada al dormir con la luz apagada— el músico volvió a su habitación durante la noche cuando todos dormían.

—Entonces, creo que uno como que, no sé, en esa edad empiezan sus hormonas y cosas. De ahí, como que a mí ya no me fue ofendiendo, ¿va? Pero yo siempre con la molestia… Dije yo, que raro. Ya me sentí un poco incómoda, yo ya sabía quién era. De ahí yo salí embarazada, pero yo no sabía. Yo estaba en la escuela en cuarto grado y así iba a la escuela, porque no sabía yo que estaba embarazada.

Según Jiménez, en psicoterapia infantil se usan los muñecos sexuados para explicar a menores de edad, especialmente a niñas pequeñas, temas como la llegada de la menstruación, problemas de control de esfínteres, identidad de género, detección y prevención de los abusos sexuales, etc. Después de aquel juego de Las Cebollitas, Irene pasó de sus juguetes de niña a jugar con muñecos terapéuticos para niña embarazada.

—Una psicóloga, me acuerdo, empezó: estuvo toda la tarde diciéndome: “mirá, que vas a tener una muñeca, que te va a decir mamá, y va a crecer…”. Como uno de cipote la mente rapidito se la hacen cambiar, pues yo me hice ideas: “pero no le diga a nadie ¡A nadie, nadie!” Sin pensar también que eso me iba a crecer, pues. La gente se iba a dar cuenta. “¿Y quién es el papá? —Preguntó la psicóloga. —“¡No, no les voy a decir!” Yo no les dije nada…

Por decisión de las autoridades escolares Irene tuvo que abandonar la escuela, perder su beca de estudios y dedicarse a la que sería su nueva vida de niña-madre.

—Otro día: me voy para la escuela, yo ya sabía, y la maestra me despachó, me dijo que ya no podía ir y yo lloré y lloré porque yo quería seguir estudiando, yo tenía beca. Y la maestra llorando conmigo: “vos ya no podés, estás embarazada, aquí solo hay niñas…”.

Violencia institucional justo después de la sexual.

Irene —en pleno proceso de afinamiento de las múltiples violencias que estaba viviendo— por miedo a que su padre la matara al enterarse del embarazo, y por recomendación de su madre que estaba de acuerdo con ella, buscó la forma de salir de casa.

Otro padre, el del músico que la violó, se presentó en casa de Irene en Jutiquile, como si pudiera asumir responsabilidad por el violador que en esos días había desaparecido de la faz de la tierra. Irene fue llevada a Catacamas, cabecera del mismo departamento de Olancho. La salvaron del parricidio, pero acabó siendo entregada por completo a una la violencia machista más enferma. Una oscuridad aún más profunda.

En aquella pequeña habitación maloliente ya no habían hendiduras que dejaban entrar hilos de luz, ni hacía falta descubrir al agresor en la oscuridad. Quizá las ventanas podían abrirse, pero «la puerta sí estaba cerrada con llave». Recuerda Irene. Este era el segundo método de control de aquella prisión machista que se mantuvo durante dos meses pero que dejó marcas que persisten en el tiempo.

El primero, llamémosle método de control igualmente, fue que el músico escogió violentar a una menor de 11 años.

Irene. Una bacinilla. Y un colchón. 60 días de encierro.

Una celda de la invención del músico que pasó de violarla a intentar convertirla en un objeto de su propiedad. Irene ya no tenía ropa propia, el tercer método de control del agresor fue despojarle de toda propiedad para que, aunque pudiera, no saliera de la casa: el día que entró en aquella habitación quemó la ropa de Irene y le dio una de sus camisas, nada más.

Misoginia rabiosa.

—Era muy celoso. Explica Irene. Casi justificándole, con los resquicios de sumisión que todavía lleva consigo.
Gloria e Irene están en etapas distintas de su proceso de recuperación de trauma. Ante la mirada orgullosa de la psicóloga Sharon, Irene no tiene la intención de dejar caer una lágrima más y sigue rígida —incluso suelta alguna risa, a la usanza hondureña, sino latinoamericana, de reír para quitarle peso a la adversidad—, hablando todavía sujeta a los reposabrazos de la silla con un estoicismo que solo puede venir de una mujer dispuesta a recuperarse a sí misma. Convencida, sin aspavientos, ante la grabadora, de que ni ella ni sus hijas pasarán de nuevo por lo mismo.

El siguiente paso en el largo proceso evolutivo de su tratamiento psicológico sería convertirse a sí misma en portavoz de las supervivientes, una guía para sus hijas, y para otras mujeres que han pasado por situaciones similares. En el futuro quizá lo será. Por eso accedió a contar esta parte de su historia.

Ander.

—Esta es como la tercera vez que sufro violación. Antes de venir aquí pasaba amargado, lloraba a cada rato y no quería ni hacer música. Cuando lo hacía era para insultar. Todas esas letras están en la basura, ya las boté. Ahora me desenvuelvo mejor con la gente.
Cuando no puedo venir aquí me voy a los buses a cantar para distraerme y no pasar solo en el cuarto. Eso me hace sentir bien porque ya no me siento inseguro al hablar.
—¿Podrías decirme tu nombre y edad?
—Pero…

El nombre de Ander, tiene un pero. Instintivamente ofrece una explicación antes de decirlo.

— Soy chico trans. Tengo 20 años, voy a cumplir 21 y soy rapero.

En lo que va del año Honduras registra 27 crímenes de odio contra personas LGTTBI, apenas 3 de estos han logrado ser judicializados, según datos arrojados por el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI de la organización lésbica Cattrachas, el único observatorio que monitorea crímenes de odio en el país. La violencia más invisible suele ser la de los hombres trans.

Ander conoce sus propios procesos de duelo y recuperación. También tiene mucha experiencia confrontando a extraños con su discurso musical y sabe modificarlo para reforzar su bienestar. Una posición envidiable desde la perspectiva de las supervivientes de la violencia sexual.

Ander ya es un portavoz.

Su canción se llama Stop Femicidios.

Entrevista por Fernando Silva

Edwin Róbelo Espinal se ha enfrentado a todo -casi todo- lo que se puede enfrentar una persona que nació y vive en Honduras. Creció y vivió en un barrio controlado por las pandillas, migró hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y regresó, perdió a su novia Wendy Ávila quien murió a causa de los gases lacrimógenos lanzados por la policía en una represión durante las protestas contra el golpe de Estado en 2009; y fue encarcelado en la cárcel de máxima seguridad en 2017.

El liderazgo comunitario y activismo de Edwin en favor del movimiento social se fortaleció, y fue perseguido por la policía en reiteradas ocasiones hasta que el 19 de enero de 2018 fue capturado y acusado por daños agravados e incendio agravado contra grupo Intur y el Hotel Marriot en el marco de los daños a dichos establecimientos en una protesta previa a la toma de posesión de Juan Orlando Hernández; además, según informes de medios de comunicación, la policía lo acusó de “entrenar y coordinar a menores de edad para cometer actos vandálicos así como de proveer explosivos a grupos de desestabilización social”.

Edwin fue encarcelado con el argumento de que su motocicleta personal tenía las mismas características de la de alguien que estuvo en los disturbios, y aunque mantenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue encerrado en una de las cárceles de máxima seguridad que ha inaugurado el gobierno de Juan Orlando Hernández, “La Tolva”.

Durante los diecinueve meses de encarcelamiento algo cambió en Edwin Espinal (EE), y ahora que está defendiéndose en libertad, Contracorriente (CC) le entrevistó sobre ese periodo de tortura y soledad, pero también sobre sus perspectivas a futuro después de que le quitaron todo -casi todo- lo que tenía.

CC: ¿Hace cuánto iniciaste en el activismo social?
EE: Desde muy joven empezó a formarse en mí una conciencia social debido al lugar donde vivía, yo vengo de estos barrios y colonias donde hay mucha discriminación, mucha represión en contra de la población a causa de los diferentes niveles de exclusión creados por los gobiernos liberales y cachurecos (nacionalistas) que han pasado por el gobierno. En ese contexto de exclusión social crecí y me fue desarrollando, entonces cuando se da el golpe de Estado en 2009 es cuando me doy cuenta de la falsa sociedad en la que vivimos, de la hipocresía política en la que vivimos siempre.

Fue muy fuerte cuando me di cuenta que el presidente que habíamos escogido fue sacado por los grupos fácticos y económicos del país que sacaron las garras, se quitaron las máscaras y dieron el golpe de Estado en frente de todo un pueblo que fue el que eligió a esta persona.

Los grupos de poder en Honduras no estaban dispuestos a tolerar que alguien viniera a quitarles los privilegios que han tenido como clase dominante, y por eso se deciden a removerlo del poder. A nosotros como hondureños nos dolió saber que esa falsa democracia había sido siempre una ilusión.

Indignados no nos quedaba más que salir a las calles en defensa del pueblo. Allí vimos la necesidad de organizarnos como pueblo. Allí es cuando se organiza la resistencia popular en Tegucigalpa.

CC: En 2017 se genera una nueva crisis política con el fraude electoral, ¿Qué ocurrió en esa crisis que llevó a tu captura?
EE: Esta crisis política es la misma que se viene arrastrando desde 2009. La débil institucionalidad evidenció que el Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, Corte Suprema de Justicia y Congreso Nacional siempre se han prestado para los diferentes fraudes electorales para poner a los candidatos que benefician a los diferentes grupos de poder en Honduras. También hubo un fraude en 2010, en ese entonces no participamos como pueblo en esas elecciones, allí fue electo Pepe Lobo que es un nefasto personaje para el país ya que usó el poder para hacer sus negocios de familia. Pasaron esos 4 años sin pena ni gloria, pero en 2013 se inicia un nuevo proceso electoral con Xiomara Castro como candidata de LIBRE (Partido Libertad y Refundación). Ya esperábamos que se iba a dar otro fraude electoral.

Para ese entonces mi casa fue desalojada por la Policía Militar. Llegaron y allanaron mi casa con ordenes sin fundamento, como excusa dijeron que buscaban drogas y armas de guerra. Yo jamás he tenido armas, mucho menos drogas. Yo no tengo antecedentes criminales, pero llegaron a mi casa y destruyeron puertas y ventanas, le dieron vuelta a toda mi casa incluso se perdieron objetos personales y nadie respondió por eso. Nosotros interpusimos la denuncia en la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, y justo cuando estaban investigando ese allanamiento llegó la misma Policía Militar y secuestró los documentos de la fiscalía donde se había interpuesto la denuncia.

Luego nosotros investigamos y nos dimos cuenta que ese allanamiento lo habían coordinado los dirigentes cachurecos de esa zona donde yo residía en la colonia Flor del Campo. Esto se dio dos meses antes de las elecciones de 2013, antes del fraude electoral.

Cuando llegamos a las elecciones, se dieron muchas protestas en rechazo al fraude. Así pasaron esos nefastos y represivos cuatro años de corrupción y actividades ilícitas del gobierno de Juan Orlando Hernández. Fue duro porque muchos de nuestros compañeros fueron asesinados, otros están en el exilio, otros presos y fueron judicializados por estar en defensa de la madre tierra.

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Llegamos al 2017 con un nuevo proceso electoral y teníamos las esperanzas de que pudiéramos superar el fraude que podía darse, porque sabemos cómo opera el crimen organizado que ha secuestrado la institucionalidad en Honduras. Así como lo esperábamos se dio otro fraude electoral en 2017. Y fue lamentable porque creíamos que lo íbamos a superar, de hecho lo superamos, pero no pudimos superar el descaro de Juan Orlando Hernández porque sabemos que compró las urnas, actas y funcionarios para llevar a cabo el fraude electoral.

Después del fraude comenzaron las protestas, la expresión del pueblo en rechazo a ese fraude electoral. A raíz de ello yo fui perseguido nuevamente y judicializado. Ya la seguridad del Estado andaba detrás de mí, yo me di cuenta por información que tenían mis compañeros que mis teléfonos estaban intervenidos, mi familia estaba siendo vigilada y que me andaban persiguiendo. Yo ya no estaba en mi casa, pero yo sabía que no iba a poder esconderme siempre, y me capturaron en un momento en que iba saliendo. Sin orden de captura, solo me dijeron que para efectos de investigación me iban a llevar a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), yo accedí por temor porque era de noche y eran 6 personas con el rostro cubierto con pasamontañas y armas de alto calibre, así me dijeron que “por favor acompañenos a las oficinas de la DPI” y no me permitieron ni siquiera hacer una llamada.

Ya estando en la DPI me esposaron y me dijeron que estaba siendo investigado por los daños en el Hotel Marriot y de allí comienza todo el proceso de judicialización en mi contra.

https://youtu.be/V23AlhU-LdE?list=PLun0Zj9ctMYtTiJi-5aC2WMSvWUSdPuox

CC: ¿Qué condiciones tuvo en la prisión?
EE: Era una celdita pequeña entonces había un colchoncito allí adentro. No hay un inodoro para las necesidades fisiológicas de uno, no hay agua, no hay nada allí.

Después de 15 días yo empecé a cuestionar mucho más fuerte y empecé a golpear la puerta y a pedir una explicación del porqué me tenían allí, me seguían ignorando y hasta esa fecha ni el director ni ninguna autoridad me habían dado una explicación del porqué yo estaba allí.

Pasó un mes y yo estaba allí en ropa interior, solo con mi bóxer nada más, desnudo. Después de todo ese tiempo yo seguía golpeando la puerta y ya cuando vieron que los golpes eran cada vez más fuertes y eso afectaba a todas las personas que estaban afuera porque estaban cerca las oficinas; en ese momento decidieron sacarme de allí.

Pasé un mes en esas condiciones de tortura, un trato cruel, inhumano y degradante, más tratándose de mí que no soy una persona con perfil criminal, no soy una persona con antecedentes criminales. No soy alguien peligroso para la sociedad. Siempre me preguntaba por qué me trataron de esa forma y luego caí en la razón de que mi perfil era político, yo soy un perseguido político.

CC: ¿Cómo fue física y anímicamente estar en una cárcel de máxima seguridad todos esos meses?
EE: Los entes de seguridad cuando me judicializan y me envían a esta prisión, ellos están logrando el objetivo de sacarme de las calles, neutralizar mi activismo político social, intimidarme, llenarme de miedo y por esa razón es que me envían a La Tolva, porque me pudieron enviar a Tamara, un presidio abierto, pero el objetivo era amedrentarme y llenarme de miedo.

https://youtu.be/NEOqMhV8GJg?list=PLun0Zj9ctMYtTiJi-5aC2WMSvWUSdPuox

Las condiciones en esa cárcel son tanto de tortura psicológica, emocional y física cuando yo ingreso a esa cárcel apenas tenía como diez meses de ser inaugurada, las condiciones dentro son de extrema represión porque la construyeron con ese propósito, porque déjenme decirles que este modelo de cárceles de máxima seguridad que se están construyendo en Honduras, en infraestructura no esta tan mala, se encuentran mejor que las cárceles tradicionales que hemos tenido, pero el gobierno de Juan Orlando Hernández no está utilizando toda la infraestructura para beneficiar a los privados de libertad.

Las violaciones a los derechos humanos se siguen practicando dentro de las cárceles desde el momento en que les quitan a los reclusos el beneficio constitucional de darles espacio y oportunidad de ser rehabilitados, y este gobierno está quitando ese derecho. Pero quien paga las consecuencias somos nosotros como sociedad porque cuando esos privados de libertad cumplen su condena y salen a la sociedad vienen mucho más violentos y con más preparación. Salen como delincuentes profesionales porque se relacionaron con otras personas del crimen organizado y estas personas dieron clases de cómo llevar a cabo otros crímenes al estar libres en la sociedad.

El gobierno de Juan Orlando Hernández le está negando la oportunidad a los presos para que trabajen, para que vayan a la escuela, aprendan un oficio y en las cárceles de máxima seguridad los privados de libertad no tienen estas opciones, aunque la infraestructura allí esta. Ahora hay que preguntarse por qué el gobierno no utiliza esa infraestructura.

Al gobierno de Juan Orlando Hernández no le importa que las personas que están pagando allí regresen a la libertad y sean personas mucho más violentas y peligrosas. Entonces allí tenemos una bomba de tiempo. Todas las cárceles de máxima seguridad son bombas de tiempo.

CC: ¿Cuáles son las condiciones de alimentación, acceso a salud, descanso y recreación en La Tolva?
EE: De todo eso, no existe nada, condiciones de salud no existen porque los privados de libertad convivíamos con personas con tuberculosis y no hay medidas de prevención contra el contagio. Compartíamos 170 personas en un espacio muy reducido y 20 de ellas tenían tuberculosis, a esas personas les están dando tratamiento, pero mientas se lo dan, otras personas se están contagiando.

Sobre el acceso a la salud, si en los hospitales públicos no hay medicinas, no podemos esperar mucho de una cárcel de máxima seguridad. No hay medicamentos en las clínicas y solo hay un doctor que atiende aproximadamente 500 privados de libertad al día. Hay una pastilla que dan allí que le decíamos: “TEVA” te va a curar el dolor de cabeza, te va a curar el dolor de estómago, te va a curar de la fiebre, te va a curar de una amigdalitis, te va a curar de una tos. Solo hay una pastilla y esa misma pastilla les dan a todas las personas sin importar el padecimiento, la asistencia médica allí es muy precaria.

Las condiciones de alimentación son muy deficientes, cuando yo llegué en los primeros dos meses creo que perdí aproximadamente 25 libras, bajé de peso muy rápido. La alimentación es arroz, frijoles y cuatro tortillas en cada tiempo, tres tiempos al día y eso no es suficiente para mantener tu sistema de defensa fortalecido para contrarrestar algunas enfermedades que están dentro de los módulos.

CC: ¿En qué se basaba la fiscalía para acusarte de los daños al hotel?
EE: Tenían fotos que tomaron a mis espaldas. Los mismos infiltrados que estaban ese día 12 de enero frente al Hotel Marriot, los que iniciaron la destrucción en el hotel también andaban cámaras y equipo de filmación para grabar y tomar fotos de ciertas personas y ese fue mi caso que me tomaron fotos y hay videos, donde solo estoy con las demás personas, no estoy haciendo ningún acto de destrucción, no estoy haciendo nada y simplemente estoy en el grupo de personas que estábamos en la manifestación frente al hotel.

Con eso ellos comprueban que yo estaba frente al hotel Marriot y es cierto es un hecho, yo en ningún momento he negado eso, yo estaba en la manifestación pero ellos no tienen pruebas de que yo haya cometido algún daño o iniciado algún incendio porque los delitos que a mí se me imputan es daño agravado, incendio agravado y uso y manejo de material explosivo de fabricación artesanal; sin embargo, en ningún momento me encontraron algún artefacto explosivo, no estoy iniciando algún incendio y no hay videos ni fotografías de eso.

Me relacionan con el sobrino de Mel Zelaya de nombre Josué Manuel Zelaya, dicen que él era mi contacto y que nosotros tenemos una organización que le proveemos material incendiario y explosivo a los estudiantes de la universidad, por ejemplo, esos son los argumentos que ellos presentaron ante el juez, pero no tienen prueba de todo ello. Incluso el día de mi arresto me decomisaron mi motocicleta la cual no tiene nada que ver, ellos argumentan que era un medio de prueba, ¿en qué pude haber yo involucrado mi vehículo de transporte personal?

Me decomisaron la motocicleta y hasta la fecha no me la han entregado, incluso después de que en la última audiencia de presentación de medios de prueba, la jueza determinó que la motocicleta no era un medio de prueba por lo tanto la fiscalía debió habérmela entregado pero la intención de ellos es perjudicarme lo más que puedan, y por eso no me la han entregado.

La jueza también determinó que la información que colocaron de mis redes sociales no eran medios de prueba que la fiscalía debería manejar en mi contra. La jueza determinó eliminar esos medios de prueba, pero la fiscalía apeló para que no fueran descalificados.

CC: ¿Qué encontraron en las redes sociales?
EE: Fotos en las protestas. Yo soy una persona pública y todo mundo sabe que vamos a las protestas y que estamos en contra de un gobierno corrupto, y nos manifestamos visiblemente, tenemos que manifestarnos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esas son las fotos que descargaron de las redes sociales para usarlas en mi contra, es absurdo, yo todavía me sigo preguntando cómo pasé en la cárcel 19 meses en condiciones de tortura y en condiciones de peligro con estas pruebas en mi contra que no son bien fundamentadas para privarme de mi libertad.

CC: ¿Por qué perseguir y encarcelar a Edwin Espinal y otras personas que no son parte de la estructura política como candidatos?
EE: La razón es que todos sabemos que los entes de seguridad del Estado tienen sus cuerpos de inteligencia, ellos saben el perfil de cada persona entonces a mí me perfilaron desde el 2009 y saben que he sido una persona constantemente en actividad tanto organizativa como en las diferentes protestas que se dieron después del golpe de Estado. Y claro, es muy cierto que no he sido muy mediático por la razón de que yo no persigo un interés político partidario, para mí el único interés ha sido siempre la organización dentro del movimiento social, he estado apoyando bastante a las organizaciones campesinas, pueblos indígenas, movimientos sociales de barrios y colonias sin ningún interés personal; con el único interés de que se fortalezca la organización social dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Es que a veces nos exponemos en el sentido de que estamos conscientes de que para que haya cambios y se logren los objetivos dentro de la lucha a veces tienen que haber sacrificios y esos sacrificios implican asumir riesgos y yo sé que todos en el movimiento social y político en Honduras lo sabemos, pero a veces nos cuesta asumir esos riesgos porque sabemos que el costo es muy grande.

CC: ¿Sentías el apoyo de los líderes políticos por los que luchabas en las calles?
EE: Sí, siempre tuve el respaldo del movimiento social y el respaldo del partido político también solo que no había comunicación allí dentro, no había forma de que yo me comunicara con nadie y no había acceso. Allí solo mi familia podía ingresar y mi esposa Karen Spring.

Yo sé que muchas personas trataron de ir a visitarme y ofrecerme su apoyo, pero jamás pudieron ingresar por las medidas estrictas que tienen para que nadie más que tu familia ingrese. No hay teléfono así que no puedes comunicarte al exterior ni con tu familia, aunque sea una emergencia no hay forma, no se puede enviar una carta, no hay forma de que se pueda enviar un papelito por pequeño que sea.

No dudamos de que siempre recibimos la solidaridad de todas las organizaciones, gremios, movimiento social y político partidario.

CC: Te quitaron tu libertad durante 19 meses, te quitaron tu motocicleta ¿Qué más le quitó este gobierno a Edwin Espinal?
EE: Este gobierno me privó de mis proyectos personales y afectó mi economía porque yo he sido una persona económicamente independiente y en este proceso de encarcelamiento no tuve acceso a todas mis actividades. Ahora estoy pagando las consecuencias de todos mis proyectos que fueron paralizados y afectados.

CC: ¿Qué cosas han cambiado en tu interior?
EE: Ya no veo el mundo desde la misma perspectiva, a estos gobiernos corruptos ya no los veo de la misma manera, ahora siento que la lucha debe radicalizarse, ahora siento que no podemos mantener esta lucha con medias tintas, tenemos que ir con todos los recursos que tenemos. Ya no nos podemos relajar, es necesario continuar organizándonos y es la forma en que ahora veo la lucha.

CC: ¿Cómo resumirías estos diez años desde el golpe de Estado?
EE: Han sido diez años de persecución muy fuertes que han dejado secuelas no solo a mí, sino que han afectado a toda mi familia y mis amistades.

CC: ¿Qué esperas en tu vida de ahora en adelante?
EE: El futuro para mí, en términos económicos, siento que no tengo futuro. Todas mis actividades económicas han sido afectadas por toda esta represión, al menos la independencia económica no me la han quitado, no dependo de una chambita y no tengo que ir a mendigarle al gobierno o partidos políticos para poder subsistir.

Lo único que puedo visualizar es mi futuro familiar y continuar fortaleciendo a mi familia. Tengo a mis hermanas, sobrinos y una esposa a la que deseo cuidar y con la que espero en un futuro tener hijos y educarlos para que puedan ser parte de nuestras luchas y continuar en contra de las injusticias sociales de este país.

En cuanto al futuro político no tengo ninguna aspiración político-partidaria, sabemos que muchas personas militan en estos partidos políticos es para poder garantizarse su futuro, yo no soy de ese tipo de persona y por eso quizá no he sido tan mediático y por eso quizá no busco el protagonismo. Si aspiro a mantener el protagonismo en cuanto a organización dentro de los movimientos sociales para seguirlo fortaleciendo y continuar luchando. Ese es el único futuro que puedo visualizar en mí.

https://youtu.be/rjsnLGjoyD8?list=PLun0Zj9ctMYtTiJi-5aC2WMSvWUSdPuox

CC: ¿Cuál es el siguiente paso en tu proceso judicial?
EE: Tengo que ir a firmar una vez por semana e incluso al salir de aquí creo que tengo que pasar por la Corte Suprema de Justicia y firmar porque trato de ir a inicios de la semana para dejar un precedente y que las autoridades vean que tenemos la buena intención de continuar en el proceso, para que se nos respete el debido proceso y se nos permita seguir defendiéndonos en libertad, habló en plural por mis demás compañeros como el caso de Romel Herrera que sigue preso en La Tolva y en el caso de Gustavo Cáceres que está en El Progreso y Raúl Álvarez que también está defendiéndose en libertad; y los ocho compañeros que están siendo judicializados por defender la comunidad de Guapinol en Colón.

Queremos demostrarles a las autoridades que no tenemos nada que temer. Raúl Álvarez y yo tenemos fecha para el 14 de mayo para inicio del juicio oral y público.

Lo más importante que la gente sepa de nuestra lucha y del encarcelamiento, es que sepan que tenemos que participar y unirnos a este proceso de lucha, ya no podemos ser indiferentes.

Fotografía en portada: Pixbay.com

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, pero no necesariamente solo por su tasa de homicidios. Poco se habla de los sobrevivientes de violencia que se quedan en el país sufriendo una discapacidad, en el país que no tiene datos sobre su población con discapacidad.

Jorge Andino nos cuenta las historias y reflexiona sobre esta parte que poco se cuenta.

El sur de Honduras sufre una crisis que expulsa a su gente y por otra parte la impulsa a quedarse a pelear. Pero eso no es nuevo. La crisis política que desató protestas permanentes durante más de un año, la sequía que afecta los cultivos locales, los proyectos de energía solar que han sembrado conflicto, son los detonantes de una crisis que expulsa a los que se van hacia Estados Unidos, en caravanas o solos, y que impulsa a los más jóvenes a quedarse a luchar. Aquí las historias de lo que pasa en esta región empobrecida y ahora también violenta del país.

Textos: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

Esa noche se fue la luz. La energía se interrumpió en el momento en que Wilfredo estaba siendo atendido en el Hospital del Sur en Choluteca luego de recibir un disparo por la espalda. Su madre, sus amigos, sus primos recuerdan con indignación ese momento. Quizá 5, quizá 10 minutos pasaron sin energía, se enfurecen cuando lo cuentan. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado.

Lea historia completa:

La llama de Bastión del sur

Honduras comenzó en 2013 el camino hacia el cambio de matriz energética, actualmente, según datos recopilados por el Foro Social para la Deuda Externa (FOSDEH) , existe poco más de 300 proyectos de generación de energía, de los cuales solo el 24.31% se encuentran facturando energía, es decir, vendiéndole su generación a la ENEE. Para el caso de Valle y Choluteca, ambos departamentos concentran un total de 74 proyectos de generación, de los cuales Choluteca tiene 16 facturando (1 Eólico; 2 Biomasa; 5 Térmicos; 8 Solares) y Valle concentra 2 proyectos de generación de energía facturando (1 hidroeléctrico y 1 solar). Pero en esta zona, la crisis energética ha reventado en protestas, conflictos comunitarios y violencia.

Continúe el recorrido:

Corrupción en proyectos fotovoltaicos expulsa gente del sur

En Honduras, la juventud es la etapa más difícil de superar, no solo por la pubertad y los cambios que se experimentan sino porque podés ser víctima mortal de la violencia. Durante el año 2018 la mayor incidencia de víctimas de homicidios se concentró entre los 15 y 39 años (70.4% del total de homicidios). Pero si a ser joven le agregas que sos artista, viene otra dificultad porque económicamente no resulta sostenible y si practicas Hip Hop puede ser un agravante por la estigmatización que se tiene de las disciplinas relacionadas.

En el año 2011 recién conformamos un club de baile o como se conoce en el Hiphop una crew de Breaking (Break Dance). Después del golpe de Estado de 2009, el movimiento del Hiphop hondureño también sufrió las consecuencias, ya no se veían tantas competencias como se venían gestando porque la cooperación internacional se retiró del país siendo casi los únicos en apostarle a estas acciones. Al no haber fondos lo primero que hacen las organizaciones es eliminar las actividades culturales por ser consideradas solo un adorno, así fueron disminuyendo este tipo de eventos en la escena, por eso, al enterarnos que pronto habría una competencia en el sector López Arellano de Choloma no dudamos en decir presente.

Llegando al centro comunal de ese sector supe que había extrañado estos eventos y el sector Chamelecón de San Pedro Sula por primera vez estaba representado en un evento de breaking.

En ese tiempo me decían “Chino”; y al organizador del evento también le decían así a pesar que su nombre artístico era Ross One. Yo tenía la opción de pedirle batalla y que el ganador conservara el nombre, pero era seguro que yo iba a perder, entonces supe que debía cambiarme el nombre. Yovin Villanueva fue el motivo por el que me cambié de nombre artístico, también fue el motivo por el que conocí a la mayoría de bailarines de breaking de la zona y pude acceder a la cultura, un derecho que debe tener toda la juventud.

Como grupo estábamos decididos a aprender a bailar así que vendiendo donas logramos ajustar lo suficiente para invitar a Ross One y otros bailarines a darnos talleres de los que aprendimos no solo a bailar sino filosofía y los principios del Hiphop, tanto así que el día que decidimos llamarnos Warriors, él estuvo presente.

Me gustaba mucho bailar con Ross porque él entendía mi sentir y no hacía falta abrir la boca para comunicarnos, lo hacíamos en el Cypher (un círculo en cuyo interior pasa una persona a la vez y hace los pasos que más disfruta) allí es un compartir de energía, en ese espacio todos somos iguales y queremos expresar lo que sentimos con movimientos de baile; el cypher es una ceremonia que se lleva a cabo sin planificarse. En ese momento puedo honrar la memoria de mis amigos que ya no están haciendo los pasos de baile que aprendí de ellos, en ese instante todos somos eternos y Ross siempre era el alma del Cypher.

Cuando recibí la llamada me pareció una broma de mal gusto, no era posible lo que escuchaba, hace una semana habíamos practicado un show juntos. Hasta ver una foto sin censura me convencí, a Ross One lo habían asesinado. Con algunos amigos fuimos al darle el último adiós al velorio, “él no se metía con nadie, todo mundo lo quería, ¿Por qué? ¿Por qué?” se escuchaba entre sollozos. Nada más desgarrador que escuchar los gritos de una madre al lado de una mesa donde yace su único hijo varón. Ross siempre quiso tener un collar de Zulu (nuestra organización), saqué el mío de la mochila y hablándole como si me escuchara le dije que debí ponérselo en el cuello no en su ataúd.

No era un mototaxista como dice la prensa, él trabajaba con una moto taxi para subsistir y ayudar a su familia, pero realmente era un promotor de los derechos de la juventud; era un joven que motivaba el cambio y no se quedaba esperando las oportunidades, sino que salía y creaba las oportunidades para todo aquel que necesitara, era un artista bailarín de Breaking, era mi amigo, era un apóstol del Hiphop en Honduras. El estado de Honduras fue incapaz de garantizar sus derechos y por amenazas, un año atrás había emigrado a los Estados Unidos donde pidió asilo que le fue negado, al regresar pasaron solo unos meses para que de nuevo el estado de Honduras fuera incapaz de garantizar su derecho a la vida.

Casi la mitad de las personas que estaban en el velorio eran bailarines, muchos querían, pero no podían estar allí desde muchos lugares de Honduras y de distintos países, nunca vamos a olvidar lo que aprendimos de él y mientras sigamos enseñando lo que nos enseñó seguirá vivo; Ross por siempre.

Quiero que todo mundo sepa quién era el maestro Yovin Villanueva; mis amistades no se sorprendan si me pasa lo mismo porque soy consciente que por ser como soy, por hacer lo que hago también puedo ser asesinado, el día que me pase quisiera que me recuerden como yo recuerdo a Ross, un joven artista de Hiphop en Honduras.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

Fotografía tomada de reporte de CNN en Español

En mayo de 2018 el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue invitado a participar en la ceremonia celebrada en Jerusalén en honor al 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Hernández canceló su participación a último momento, como resultado de las críticas a su llegada en la opinión pública y por ende el temor de manifestaciones en Israel que le resultaran en daño político en Honduras.

La semana pasada llegó Hernández a Israel para participar en la ceremonia de apertura de la oficina comercial hondureña en Jerusalén. Quise organizar una manifestación contra él durante la ceremonia, por la responsabilidad personal de Hernández en la represión, la violencia y corrupción en Honduras, pero no pude por falta de información sobre cuándo sería la visita. A pesar de que el primer ministro Netanyahu insiste en que Hernández es uno de sus mejores amigos políticos en el mundo, parece que se avergüenza de sus vínculos con él, y no hubo posibilidad alguna de recibir información de las autoridades israelíes respecto del día y la hora de la ceremonia de inauguración de la oficina comercial.

Se trata de un comportamiento sumamente irregular. Por lo general, cuando viene a Israel un mandatario extranjero, el ministerio de Relaciones Exteriores publica un itinerario de la visita y como mínimo lo distribuye a los medios de comunicación. Pero la visita de Hernández y su participación en la ceremonia se convirtieron en una especie de operación secreta cuyo propósito era evitar críticas públicas y manifestaciones en su contra. Netanyahu trató a Hernández como si fuera un criminal prófugo que hay que hacer entrar al país furtivamente y ocultarlo del público.

Posteriormente se reveló que no inauguró ninguna oficina comercial, y que la ceremonia se llevó a cabo en la entrada de un estudio legal privado de Jerusalén. Durante la duración de la ceremonia fueron sustituidos los letreros a la entrada del estudio por letreros pseudo oficiales del gobierno de Honduras. En resumen, falsas relaciones diplomáticas y falsa oficina comercial.

Este bochornoso comportamiento representa perfectamente la naturaleza de las relaciones entre Netanyahu y Hernández. Netanyahu necesita a Hernández para reforzar su fuerza política como líder que logra conseguir el reconocimiento internacional de Jerusalén como capital de Israel, incluida la sección Oriental ocupada en forma unilateral y evitando negociar con los palestinos. Hernández necesita a Netanyahu para obtener equipos, know-how y servicios militares de Israel, a fin de ayudarlo en su política de represión y violencia en Honduras.

Hernández oprime al pueblo hondureño como Netanyahu oprime al pueblo palestino en los territorios ocupados. A tal fin, a partir de 2016, Netanyahu le vendió a Hernández entrenamiento militar y de contrainsurgencia, fusiles Tabor, equipos para dispersar manifestaciones, reacondicionamiento de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, un buque patrullero con pista de aterrizaje para helicópteros, sistemas de comunicaciones para la infantería, seis aviones sin piloto, sistemas de seguimiento para el servicio secreto hondureño, y asistencia en la creación de un Centro Gubernamental de Operaciones de Seguridad.

En última instancia, tanto Netanyahu como Hernández son dos hombres y gobernantes débiles y corruptos. Hernández necesita equipo militar masivo para imponerse al pueblo hondureño. Hernández le teme a las críticas y las manifestaciones en el extranjero, y visitó Israel a escondidas. Sin fusiles no tiene ninguna fuerza. Netanyahu necesita una oficina falsa de Honduras para obtener apoyo político del partido Likud, que encabeza.

Ambos son difíciles de derrocar, porque han desmantelado y corrompido las instituciones estatales, el Parlamento, las fuerzas de seguridad, la prensa y los sistemas judiciales de sus países. Hasta que eso pase, es importante que el pueblo hondureño sepa que hay numerosos ciudadanos y ciudadanas israelíes que se solidarizan con él, que se oponen a la represión militar en Honduras, y que actúan para detener las ventas de armamentos de Israel al régimen de Hernández.

Estos proyectos concentran alrededor de 33,238 millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. 4,583 millones de Lempiras en Impuesto Sobre la Venta y la Renta y 28,700 Millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. Dinero que deja de percibir el Estado de Honduras y que representa el 12.72% del Presupuesto General de la República de 2019.

Exoneraciones que no son justificadas puesto que información adquirida a través de los cortes programados por EEH demuestran que solo en 2017 los hondureños pasaron 6,310 horas sin energía y en lugares como Ceiba, Olancho, El Bajo Aguan o Comayagua pueden pasar hasta 12 horas sin energía eléctrica.

El gobierno de Hernández además ha aprobado un plan llamado «La hora del sur», en el que estos proyectos más la infraestructura en carretera construida por el corredor seco mejoraría el comercio en esta zona y habilitaría el puerto del golfo de Fonseca, todo unido a su plan de Zonas Especiales de Desarrollo en Valle y Choluteca.

«Esta infraestructura tiene el sentido de resolvernos un problema, ese conflicto eterno que hemos tenido en el Golfo de Fonseca, porque el desarrollo económico de los pueblos va a superar las diferencias políticas entre los países, porque al final se trata de empleo y desarrollo», Hernández habla de la eterna disputa de territorio entre El Salvador y Honduras, por el cual la Isla Conejo pasa resguardada por miembros de la Fuerza Naval y las Fuerzas Armadas de manera permanente.

«A esta infraestructura vial que estamos construyendo viene a unirse el programa Honduras 20/20 para generación de empleo, con el que pretendemos reforzar y repotenciar el aparato productivo del país en áreas como el servicio de industria, turismo, maquila textil, maquila de autopartes en el área automotriz, vivienda, call center y agroindustria», explica Hernández su plan en la página oficial del gobierno.

Sin embargo, el sur se ha vuelto más conflictivo, no solo por las protestas ininterrumpidas del Bastión del sur en Choluteca, también en el último año, Choluteca y Valle se han convertido en departamentos más violentos, aumentando su tasa de homicidios.

Un abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) en la oficina central de Tegucigalpa habló con nosotros en condición de anonimato, y nos mostró un mapa en el que Choluteca y Valle progresivamente fueron cambiando de verde a amarillo y a rojo, poco a poco aumentando la incidencia de delitos como la extorsión y el homicidio.

«En la zona sur en orden de peligrosidad hemos identificado que la principal amenaza la genera la Mara Salvatrucha. Por su capacidad organizativa y su evolución se enfoca en dos aspectos que generan muchos daños como los homicidios múltiples: el interés de ellos por ocupar los espacios de los narcotraficantes, los que llegaron a ser hasta carteles aquí en Honduras, y la otra situación es el concepto de lavado de activos, ellos miran estos grupos poblacionales, estas zonas del país donde hay actividad económica significativa entonces pretenden ir allí a lavar el dinero y cometer sus actos ilícitos, ese es uno de los principales motivos de la incidencia significativa de peligrosidad.

Uno, hoy mira la ciudad de Nacaome y uno se sorprende de ver la actividad económica que ya hay tanto turística como agroindustrial, actividad comercial independiente, no se ven grandes cadenas pero sí muchos mercaditos, tiendas de electrodomésticos», explicó.

Ese es el desarrollo que se ve en el sur, la migración de las estructuras criminales, su expansión. Y ante esto, los asesinatos. El día que llegamos a Nacaome el ambiente estaba tenso, el día anterior hubo un asesinato, un joven conductor de mototaxis fue tiroteado frente a su casa, frente a su madre. En marzo de 2019 también hubo un asesinato de alto impacto, el de Gabriel Hernández, periodista local, según varias personas cercanas, crítico del gobierno local y de los proyectos solares.

Un hombre al que llamaremos José, por seguridad, nos recibió en su casa, nervioso, con delirios de persecución. José es el custodio civil que el Mecanismo de Protección asignó a la viuda de Gabriel. Intentó irse en la caravana migrante también y regresó voluntariamente, pero José antes ya había estado en el norte y había regresado en 2002. Se relaja contando que le pintó una vez la casa al periodista Fernando del Rincón y que lo regañaba de vez en cuando por ser tan derechista.

«En la caravana, ya en Tijuana, me preguntaron qué pedía y yo pedía asilo para todos, tenía los pies llagados, les decía yo que en el país de nosotros estaba todo malo porque los mismos gringos habían puesto a JOH, yo estuve cuando se hicieron las demandas de la caravana a la embajada, la salida de JOH, la salida de los gringos de Palmerola y 50 mil dólares para la gente», cuenta y ve nervioso un vehículo que se ha estacionado en la esquina de su casa.

«Mire, acaba de salir una caravana de Choluteca, yo anduve antier por allá y dicen que va a salir otra y gente huyendo de Nacaome, de aquí se fueron al menos unas 33 personas en esa primera caravana, algunos están en México, solo 5 he visto de regreso aquí. Yo me regresé porque yo solo fui a ayudar a organizar la caravana, yo hablé con Bartolo y yo como era tramitador en el Amatillo, entonces por eso me llamaron. No me he regresado por no dejar sola a la viuda de Gabriel y a mi mamá», explica.

José cuenta que estaba en su casa, viendo en la televisión un partido de fútbol cuando escuchó los tiros. Recién había regresado de la caravana.

—Bum bum bum
—Me llama la muchacha y me dice: vaya a ver si es cierto que es a Gabriel que lo balearon.

Siempre hay un ojo, ya a él ya se la habían cantado, él fue a los DDHH y no le quisieron ayudar. El hechor solo busca a la persona, cuando él viene, le dispara un cipote en bicicleta, dicen que los agarraron pero no. Aquí está pasando esto, aquí está fea la cosa, solo dios que anda con uno, hace poco mataron a un muchacho en mototaxi aquí. En la caravana uno se quita el estrés, es peor estar aquí.

Gabriel acudió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos pero no hizo denuncia formal ni allí ni en la policía, tampoco pidió ayuda en el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas, según corroboró Danilo Morales del Mecanismo.

En Nacaome nadie quiere hablar, ni el alcalde, a quien buscamos cuatro veces y nunca estaba en la alcaldía. Víctor Flores, es un alcalde del Partido Liberal que ya lleva 3 periodos en el poder. Afuera de la alcaldía había algo de concurrencia, gente que llega de las comunidades más pobres de Nacaome a pedir ayuda o a reunirse con el alcalde porque forman parte de alguna comisión. Allí afuera nos encontramos a Edy, una señora de una aldea que se llama Juancho (ella se rió cuando nos dijo el nombre de la aldea donde nació y de donde nunca ha salido). Es una aldea de 40 casas más o menos, las que están habitadas, porque muchas ya están vacías porque la gente se ha ido. La gente vive de la agricultura, en realidad de jornalear en milpas ganando 100 lempiras diarios. Ella tiene a su hermano preso en Estados Unidos porque se fue y lo agarraron en frontera y cuenta que a diario se va la gente, con coyote o sin coyote. Estaba esperando al alcalde porque quiere pedir una ayuda para otro hermano que tiene una discapacidad y no se da abasto para mantener.

Nacaome es la ciudad más violenta de Valle, se dice así de un pueblo donde hubo en 2017 menos de 40 homicidios pero que para su tamaño y su tradición de ser «pacífico» es alarmante.

Pero Nacaome también ha sido noticia en los últimos años porque a apenas 10 minutos del pueblo está la planta solar más grande de Centroamérica: COHERSSA y Pacific Solar. En ninguna de las dos plantas aceptaron hablar con nosotros ni cuando lo solicitamos presencialmente ni cuando enviamos el correo electrónico de manera formal. Ambas empresas tienen contratos muy beneficiosos con el Estado de Honduras quien les paga de incentivo casi 200 millones de lempiras anuales más el contrato por compra de energía, lo que hace que esta fuente aunque sea renovable, sea mucho más cara para el Estado.

Actualmente estos proyectos siguen ampliándose y están generando 100 MWH. En 2015 tuvieron resistencia por parte del movimiento ambientalista MAS VIDA por la deforestación que significó para la zona la instalación de este parque solar. Los socios fundadores de COHERSSA son Joanne Pellman Callis cuyos socios también son dueños de la empresa IRESA constituida en Honduras y en Panamá, además de una empresa minera llamada Minerales y Agregados de Honduras también constituida en San Pedro Sula.

Nadie vincula la escalada de violencia con la instalación de este parque solar, sin embargo sí generó críticas y la gente en el pueblo no se siente beneficiada.

En Nacaome no hay trabajo y la migración es algo común, algo que desde siempre ha sido parte de la dinámica de la zona. No hay trabajo, pero sí hay remesas y lo que se dinamiza es la economía ilegal, la venta de droga. En este pueblo apenas y hay agua potable, el servicio de energía es caro y precario y la institucionalidad no funciona, la ley del más fuerte, del cartel que gobierne, es la que vale. En el pueblo hay 4 radios locales y 3 canales de televisión, la gente se informa de lo que pasa allí en su vecindad pero nadie afuera de allí sabe qué pasa, nadie sabe que quizá allí hay una tasa de homicidios que ya le hará competencia a San Pedro Sula y a nadie le importa un pueblo que no produce nada.

La Fiscalía cuenta apenas con 6 fiscales para todo el departamento de Valle y el norte de Choluteca. La situación empeoró cuando se capturó a uno de los mayores distribuidores de drogas en la zona en mayo de 2018, a partir de allí comenzó la guerra por la plaza y por la ruta. De mayo a octubre de ese año los homicidios aumentaron y cambiaron de ser los comunes por la «idiosincrasia de los pueblos», nos dice un fiscal en el anonimato, habla de rencillas familiares y asesinatos de machete en aldeas, ahora se habla de sicariato. Cuando sucedió el asesinato de Gabriel, su fiscalía apenas y participó en el levantamiento cadavérico y en algunas cosas logísticas apoyando a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad de Alto Impacto que venía de Tegucigalpa, y no conocen nada del caso. Esta oficina de 6 fiscales ya ha pedido apoyo de agentes de la lucha contra el narcotráfico y tienen la esperanza que nombren más fiscales este año ya que la situación empeora y ellos trabajan con el riesgo y sin los recursos necesarios para sobrevivir al trabajo.

Farah Flores de la Unidad Municipal de Atención al retornado en Nacaome que funciona en la oficina de gobernación, nos contó que de Valle, es en Langue y Alianza donde hay más incidencia de jóvenes retornados y que de Nacaome han atendido en su oficina a 45 de los cuales 6 ya se volvieron a ir. En Langue y Alianza cuenta Farah, hay altos niveles de deserción escolar por la migración y son municipios que se están quedando vacíos, esos que han sido prometidos para las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo.

El asesinato de Gabriel consternó a todo el pueblo, nunca habían asesinado a un comunicador y activista político de su perfil, aunque en Nacaome hay activistas desplazados por riesgo, es el caso de German Chirinos, coordinador del movimiento MAS VIDA.

German es coordinador del movimiento desde 2015, su organización ha analizado el plan de las ZEDE, y trabaja con comunidades en defensa de territorios, y acompaña casos de ambientalistas criminalizados, que en la zona sur ya suman más de 80.

«El Banco Mundial nos vendió a nosotros la falsa idea con una campaña que al implementar estos proyectos tendríamos energía más barata, energía de calidad, generación de empleo, desarrollo comunitario. Con el pasar de los años, porque desde 2013 los tenemos, ya podemos decir que no es cierto lo que nos vendieron. Energía de calidad, mentira, apenas cae la lluvia y se nos va la luz; energía mas barata, no es cierto, tenemos la más cara del país; que tenemos generación de empleos no es verdad, se contrataron unas dos mil personas durante el proceso de construcción pero una vez construido no hay», explica German y menciona que los proyectos son corruptos y arrastran violencia, menciona lo que meses después se publicaría en el informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo.

David Castillo está siendo procesado judicialmente por ser autor del asesinato de Berta Cáceres en 2017. Empresario hondureño, ex funcionario público y oficial de inteligencia militar en condición de retiro vinculado a la empresa de energía fotovoltaíca PRODERSSA que a su vez tiene supuestas conexiones con la organización narcotraficante denominada Los Cachiros, actualmente en proceso de investigación en Estados Unidos.

El informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo establece que en agosto de 2014, la compañía de Castillo PEMSA (Panamá) y el propio Castillo se convirtieron en los únicos accionistas de la compañía de energía Producción de Energía Solar y Demás Renovables SA de CV (PRODERSSA), concesionaria del proyecto Agua Fría II en Nacaome que terminó en manos de de accionistas extranjeros, KLP Norfund Investments y Scatec Solar, y se aumentó el capital de la compañía.

PRODERSSA celebró acuerdos de financiación con Export Credit Norway (Eksportkreditt Norge) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI). La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco Mundial, tenía una inversión de capital de $10 millones cuando CIFI aprobó una línea de crédito a PRODERSSA y firmó una hipoteca con Castillo en febrero de 2015. En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada «Los Cachiros». En 2019, luego del arresto de Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo.

El 5 de marzo de 2018, la Fiscalía hondureña anunció que había arrestado a varias personas, ejecutado 58 redadas y confiscado numerosas empresas relacionadas con el lavado de dinero por parte de los hermanos Rivera Maradiaga. PRODERSSA fue fundada como una empresa de energía solar por Roberto Arturo Mejía Salgado en sociedad con la empresa Inversiones Agroindustriales del Pacífico SA de CV en abril de 2013. El padre de Mejía Salgado, Francisco Arturo Mejía, fue el notario que creó el documento legal que funda la empresa, lo cual es prohibido por la ley hondureña. El 18 de marzo de 2019, la Fiscalía hondureña, con el apoyo de la MACCIH, presentó cargos contra Roberto Arturo Mejía Salgado por soborno doméstico y contra Francisco Arturo Mejía por soborno y fraude doméstico como parte de la Colusión y Corrupción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, acusándolos de ser parte de una red de corrupción que supuestamente defraudó al Estado de Honduras utilizando la Unidad Especial para Proyectos de Energía Renovable. Según la Fiscalía de Honduras, sirvieron como representantes de la familia Rivera Maradiaga.

German dice que todo está coludido, este nuevo informe ahora lo respalda. Por hablar así antes, a German casi lo matan.

«Mi primer atentado fue un secuestro que tuve el 6 de enero del año pasado, estaba en mi lugar de trabajo cuando llegaron tres hombres fuertemente armados y me llevaron, en ese momento la intención era asesinarme, me sacaron de la zona, me tuvieron no por mucho tiempo, a eso de las 9pm me dejaron en libertad, lo que querían era información del quehacer nuestro, al final creo yo que tuvieron compasión. El Estado de Honduras hizo sus análisis y mi situación es bastante riesgosa, obtuve medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también tuve que salir del país por seguridad, fui beneficiario de Shelter City de los países bajos y ellos han presionado para que el Estado reconozca que mi seguridad depende de él. A pesar que yo he tenido apoyos, mi familia no. Nosotros no estamos luchando contra cualquier cosa, es contra el poder donde se están perdiendo millones de dólares», contó.

Según la organización inglesa Global Witness, Honduras es el país más peligroso para la defensa del medioambiente con más de 120 asesinatos de ambientalistas desde 2010. Después del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2017, esta situación se ha vuelto más visible y ha empeorado.

«De Nacaome, líderes que estaban en lucha se fueron en la caravana, no hay que juzgarlos, cualquiera tiene miedo, del MAS VIDA del departamento (Valle) se nos han ido 7 personas hombres y mujeres por el miedo, las amenazas y todo eso», concluye German.

El parque solar que no se construye aún

Isis Ondina Velásquez, habla conmigo por whatsapp, actualmente vive en Estados Unidos. Ella decidió huir de Namasigüe, un municipio de Choluteca, en 2016 después que con su comunidad organizada lograron que no se construyera el proyecto fotovoltaico Los Prados II. Su aldea, tiene alrededor de 700 personas adultas, el municipio cuenta con alrededor de 30 mil habitantes, eminentemente rural.

A la comunidad San Jerónimo, también llamada Los Prados se llega por una calle de tierra y hay que avisar al patronato antes de llegar de sorpresa, la desconfianza es grande y cuidado se confunden los carros con los de la EEH.

Isis dice que huyó de un proyecto que les estaba quitando la poca tierra que tienen, las pocas posibilidades de sobrevivir de una agricultura cada vez más golpeada por la sequía. Tambié huyó de la corrupción.

En noviembre de 2018, el periódico digital Revistazo realizó la investigación «Quemados» usando datos de fuentes abiertas de información para descubrir que casi todas las empresas contratadas por la ENEE en enero de 2014 para generar energía fotovoltaica, fueron constituidas para hacer un gran negocio, no para generar energía. Comprobaron que de 21 empresas, con contratos y concesiones en Nacaome y Choluteca, 17 habían existido por apenas un año o menos antes de firmar contratos con el Estado. Asimismo, 15 meses después de la firma de los contratos, 17 de las 21 empresas ya habían sido vendidas en su totalidad a socios distintos a los que fundaron las empresas.

«Las seis empresas creadas por Liana María Bueso y Jim Eloy Muñoz constituyen el ejemplo más extremo: tras constituirse en agosto de 2013, solo pasaron entre 5 y 7 meses antes que estos fundadores habían vendido sus acciones, presuntamente ganando una gran cantidad de dinero con poco esfuerzo mediante este proceso», explica Revistazo.

Una de estas empresas es Fotovoltaica Los Prados S.A. y la otra empresa es Energías Solares S.A. que terminaron en manos de Scatec Solar de Noruega, justo con el mismo procedimiento de las empresas de David Castillo en Nacaome.

Entre los socios de estas empresas, figuran el yerno de un ex presidente, una ex candidata a diputada por Francisco Morazán, el esposo de una ex candidata a vicealcaldesa de San Pedro Sula, y un notario ligado a Los Cachiros.

Visité las instalaciones que aparecen en los contratos de la ENEE, en el parque industrial Los Delfines en San Pedro Sula, las empresas fotovoltaicas no existen y lo que hay es una empresa local, del mismo empresario Jim Eloy Muñoz llamada Noble, que se dedica a importar artículos para la reventa. El empresario evadió nuestras llamadas a través de su asistente.

Isis dice que es la empresa noruega la responsable de su decisión forzada de migrar. Los noruegos y las autoridades locales. «Comenzamos el pleito con el alcalde en diciembre de 2015 y en enero de 2016 sacamos las máquinas. El alcalde se reía de todo lo que decíamos. Nosotros escuchamos de la lucha de Berta por su asesinato y supimos que ella se defendía de estos proyectos, entonces fuimos a Vía Campesina para que nos conectara con los representantes de su organización. Era la primera vez que yo participaba en algo así y no sabíamos dónde acudir. El alcalde miraba que yo era la que iba a las reuniones y me oponía a los proyectos. En ese tiempo, un hombre en moto me robó el celular y me dijo que dejara en paz el proyecto, que ya sabía que yo era la que le decía a la gente que se opusiera, los vecinos me decían que hombres extraños en motocicleta rodeaban mi casa, todo mundo nos conocemos en la comunidad y esos eran hombres extraños», cuenta Isis, quien con un amigo que conocía el camino llegó hasta México donde perdió a su guía que fue capturado y pidió apoyo en un albergue para migrantes. Pasó la frontera de Estados Unidos después de un mes en México y está actualmente en solicitud de asilo. Mientras tanto porta un grillete que no le permite sacar permiso de trabajo y vive del apoyo de algunas personas que a pesar de la restricción le dan trabajos temporales en limpieza de casas.

«Antes del proyecto, la comunidad era tranquila, vivíamos bien, yo trabajaba cuidando los niños de mi hermana que estaba en EEUU en ese tiempo». Isis es una de cinco hermanas, de las cuales solamente una ha quedado ya en la comunidad, Elva quien se quedó cuidando de su padre y los 12 niños que suman sus sobrinos.

En 2017, la organización no gubernamental C-Libre contabilizó al menos 14 pobladores y pobladoras de seis comunidades del municipio de Namasigüe enfrentando un proceso penal por oponerse a la instalación de la empresa fotovoltaica.

«En Los Prados hasta presos hubo por oponerse al proyecto. Yo decía que nunca me iba a ir de mi comunidad, que no iba a dejar a mis niños porque yo miraba a mis sobrinos que sufrían, yo decía que nunca iba a huir del país. Me hace falta todo, pienso en mis niños, en mi familia, en la gente que lucha, me preocupo. Hace poco, una sobrina que yo dejé metida en la lucha se vino en caravana pero aun no sé nada de ella, otro compañero que estuvo conmigo oponiéndose al proyecto también salió», sigue hablando Isis.

Armando Amador, actualmente presidente del patronato de Namasigüe nos recibe en una champa que tienen aun como campamento vigilante para que no lleguen máquinas, esto después de 3 años.

«Pues aquí apareció una empresa con el nombre de Scatec Solar, parece que han ido negociando y cambiando nombres, ahora aparece una mentada FotoSol, han ido haciendo negocios, la primera le vendió a otra y así, siempre para estarlo chingando a uno aquí», explica. Armando anda acompañado de un hombre armado, teme por su vida. Ese día iba de camino a los Juzgados en Choluteca para firmar por las medidas sustitutivas que obtuvo después de ser acusado por daños contra la empresa.

Armando teme por su vida porque de este conflicto ya resultó una persona asesinada. Su compañero de lucha Reynaldo Reyes. La gente en la aldea habla con mucho miedo de este tema. Apenas sucedió a finales del año pasado y la situación se torna más confusa con la división que ahora reina en ese lugar tan pequeño y olvidado.

A Reynaldo lo encontraron muerto. Todos coinciden en que ya había dejado la lucha y que había comenzado a aceptar el proyecto, incluso que aceptó dinero de la empresa para desarrollar proyectos locales, también coinciden en que su familia culpa a la gente que se oponía al proyecto. La impunidad en este caso solo genera más terror.

Una mujer interrumpe la conversación sobre el dinero entregado por la empresa para proyectos.

—Él era de acá, él se nos había salido, él andaba con la otra gente por las regalías que daba la empresa. Le habían ordenado que nos quitara la bandera, él sabía que le iba a doler porque la comunidad se iba a enojar, entonces no lo hizo.

Habla de Reynaldo

—Sí, hay un 30% de la gente que se ha sometido a tener problemas con los que no queremos esos paneles solares. Conflictos con la comunidad, división. Fue por esto. Mucha regalía dio esa empresa. Aquí nos golpeamos, aquí había gente que nos vigiaba y nos insultaba, pero no nos hemos corrido, vivimos cerca de las playas y también vivimos del pescado, al otro lado es una cañera que hay que también nos dañan con los insecticidas y luego vienen a dañarnos también la vida esas plantas solares, quedamos en medio, no es justo.

El problema que se repite en las comunidades con proyectos de este tipo, confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y más confusión.

—Reynaldo estaba criminalizado cuando lo mataron, ahorita solo he quedado yo así, la empresa lo endulzó haciéndole ofertas, lo intimidó: aliate a nosotros y te vamos a quitar esa demanda. Habíamos veintialgo y de esos solo hemos quedado como 9 u 8 que no hemos querido aceptar el chantaje para conciliar con ellos. Eso es mentira porque la demanda no se la retiran, de nada sirve hacer un convenio y que sea mandadero de ellos al final, ellos me dirían que desintegre el movimiento aquí.

—Tanta gente que se ha ido en la caravana, y no es que a EEUU la gente va a nada, se va a trabajar porque nadie le regala nada a uno. Es la única opción que tiene uno en este país tan comido de mierda que vivimos, le interrumpe la más joven del grupo.

Elva Vásquez, la hermana de Isis Ondina se queja: «una vez a mi me salió un recibo de la luz por 26 mil lempiras, tuve que pelear, porque de dónde me iba a salir eso si mi casa es pequeña».

La casa de Elva, donde vive con sus sobrinos, que han quedado a su cuidado, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

El padre de Elva toca la guitarra mientras descansa en su hamaca, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Elva y sus sobrinos en el patio de su casa, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

El alcalde de Namasigüe, Douglas DaVicente cumple ya su cuarto periodo consecutivo administrando el municipio. Él no habla bien del proyecto, dice que los incentivos aprobados por el Congreso Nacional para empresas de energía renovable han afectado los municipios quienes se han quedado sin los impuestos que estas empresas deberían generar por operar en sus territorios. Ratifica, no hay tampoco trabajo ni beneficios, solo conflictos.

«La gente migra porque no hay oportunidades es difícil conseguir trabajo, las pocas empresas que hay no han crecido no siguen haciendo mayor inversión, la gente vive de los trabajos en las meloneras, piñeras, ocra, camaroneras, y de sus cultivos temporales: maíz, frijol, maicillo en poca escala por la enfermedad del pulgón amarillo después de eso ha bajado la siembra y la gente tiene temor, la gente ya no quiere arriesgar, hay plantaciones de marañón. Namaigue es el que mas marañon tiene, mango de diferente tipo, de eso vive la gente temporalmente y de las remesas, aquí un promedio de jóvenes que se han ido, 90% envía semanalmente a sus familiares».

Sin embargo, DaVicente culpa a las ongs defensoras del medioambiente por sembrar el conflicto en las comunidades con proyectos. En otros municipios estas ongs incluso han sido declaradas non gratas, como en La Unión, Copán, donde opera una minera extractora de oro y plata.

«El problema de Los Prados es cuando llega gente ajena a la comunidad y la gente se deja manipular, la ultima reunión que tuve, que logré conciliar con ellos, personas de Los Prados que quizá se expresaban mal de mí por desinformación, una vez que nos sentamos y dialogamos y fui explicándoles paso por paso las cosas hasta se disculparon, cuando nos sentamos las dos partes es cuando descubrimos realmente la verdad, entonces lo que ha sucedido es que llegaron personas de ong´s que tienen una agenda que desarrollar y quizá esa no es la agenda de la gente, cuando llega eso se dividen las comunidades», explica.

Pero también se contradice y cuenta que el problema se da a raíz de que la empresa no le da trabajo a la comunidad, se suscribe un convenio y no se cumple entonces la gente protesta y luego llega esa gente y se vuelve todo intolerable.

«Yo hablé con los demás alcaldes para conseguir algo a las comunidades y propusimos una tasa de socialización, solicitamos 10 millones y se nos aprobaron 5 y a cada municipalidad se nos dio 1 millón 250 mil para 4 comunidades impactadas, fueron tres desembolsos, la comunidad recibió, el proyecto se construyó y la comunidad siguió dividida».

Los proyectos solares se aprobaron en 2013, y el alcalde dice que a su municipio se presentaron dos tipos de propuestas, fotovoltaicas y energía térmica. «Yo hice los reclamos en la AMONH porque estas empresas están exoneradas de permisos de operación. Al momento de cambiar la matriz energética en qué cabeza cabe que el precio va a bajar, todo va a ser concertado pero eso solo lo conocen el Ejecutivo y el Legislativo, aquí cada quien hala agua para su molino y vivimos en una mentira permanente», para DaVicente todas las partes mienten, miente el gobierno diciendo que habrá beneficios en el cambio de la matriz energética para las comunidades sin acceso a la energía y mienten las ongs diciendo que estos proyectos afectan el ambiente.

«Con el tema de la fotovoltaica aquí vinieron los inversionistas a preguntar cuánto era que iban a pagar pero ya aparece un abogado y dice que la ley exonera, pero el inversionista viene con deseo de pagar, la alcaldía perdió más de 100 millones de lempiras solo por permisos de construcción, nosotros perdimos el desarrollo, el Estado nos dio 9 años de atraso», y asegura que las ongs ambientalistas lo presionan porque no quiso declarar el municipio libre de minería porque para eso se necesita hacer una consulta vinculante, no es algo que como corporación puede decidir él, asegura.

«Porque aquí hay gente atravesada y como el gobernante solo quiere más problemas, aquí no hay nada que hacer», agrega, y dice que toda la conflictividad política del sur de Honduras estalla con las elecciones, la gente está harta que no la escuchen.

«Si se va a los molotes que hay en todas partes de Honduras siempre hay un sureño, los sureños somos los más revoltosos, aquí convivimos permanentemente con un sol radiante, nuestra mente está más activa, vaya donde sea y encontrará un líder que es sureño, la ciudadanía está insatisfecha porque no hay oportunidades además de trabajo, la canasta básica y servicios públicos cada vez más elevados, entonces la gente migra, quienes se dedican a delinquir es quizá el 1%, un gratuito nos tiene en zozobra a nosotros. Es bien difícil la situación del país, pero qué se puede hacer», termina resignado.

Un niño juega con sus mables en una calle frente a su casa en la comunidad de Namasigüe, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un niño juega con un trompo, Namasigüe 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

“En Honduras dejó de ser realmente cierto el dicho «quien no la debe no la teme» porque acá personas inocentes que no tienen nada que ver, muchas veces, terminan pagando lo que no deben y sus muertes quedan en impunidad” dice -con voz entrecortada- Oscar Hendrix el primo de Héctor Donaire Escalante, asesinado hace unas semanas en la Residencial La Victoria en el sector sur de Choloma.

Héctor es una de las víctimas que ha puesto en alerta el sector sur de Choloma, esta ciudad en el norte de Honduras que solo en tres meses al inicio de este año reportó 61 muertes violentas, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH. Esta situación ha hecho que las autoridades locales giren una ordenanza municipal que declara un toque de queda e instruye a todos los actores de seguridad brindar el seguimiento y cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social, en cuanto a la vagancia en todo horario, especialmente en horas nocturnas después de las 9 de la noche.

Esta es la primer ordenanza municipal que socializan en el sector sur de Choloma, firmada el 21 de agosto de 2019

En zonas como esta, hacer lo que hizo Héctor siempre tiene la amenaza de ser condena de muerte. Él salió de noche a comprar comida en una cuadra que ya había sido escenario de balaceras, allí era donde él vivía y desde el incremento de masacres y homicidios en la zona, había decidido no salir por la noche ni siquiera para ir a comprar comida en el establecimiento que fue asesinado.

En los últimos meses Choloma, municipio de Cortés ha sido protagonista de titulares de nota roja en los medios de comunicación hondureños. Según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia, de enero a marzo de 2019, en esta ciudad se registraron 61 homicidios de los cuales el 84% ocurrieron en el sector sur, mientras que en 2018 se registraron en todo el año 202 homicidios. El sector sur de la ciudad alberga el 50% del total de habitantes (300 mil) en una zona conocida como “López Arellano”.

“En Choloma hay mucho movimiento económico, mucho circulante pero también paradójicamente, ha tenido un crecimiento desordenado socialmente, ciertos sectores prácticamente han crecido como pequeñas favelas. Es complicado realizar operaciones tradicionales por lo cual hace dos meses en esta comandancia hicimos diferentes propuestas de dinamizar la operatividad policial debido a los altos índices de homicidios en lo que va de 2019” expresa el subcomisionado Jasser Ramos de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 10 en Choloma.

La propuesta a la que se refiere, se basa en realizar operativos con las distintas unidades de seguridad, además de la ordenanza municipal antes mencionada que también prohíbe: 1. No autorizar más permisos de operación para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 2. La venta y consumo de bebidas alcohólicas únicamente de lunes a viernes en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche.

Choloma es un municipio pequeño que se ha ido construyendo desde el espejismo de la prosperidad, algunos de sus habitantes suelen llamarle el pequeño Estados Unidos, refiriéndose a la cantidad de empleos que genera la Zona Libre, sus empresas textileras y su cercanía con uno de los puertos más importantes de Centroamérica. Podía decirse hace algunos años que Choloma era receptor de migrantes, gente que huía de la pobreza en la zona rural se iba a la zona industrial de Choloma. Sin embargo, también en los últimos años la criminalidad ha aumentado y con ello también los nombres para referirse a la ciudad de acuerdo a referencias internacionales como “el pequeño Colombia”, “Cholombia” o “la Ciudad Juárez hondureña”; esto como anécdota jocosa de lo que realmente pasa: la gente está huyendo de Choloma por la violencia.

Oscar, el sobrino de Héctor también vio a primos, otros familiares huir de esta ciudad por el riesgo que corrían de ser asesinados.

A Héctor lo asesinaron mientras compraba comida cerca de su casa de habitación, según relata su familia, él había ido a comprar y justo cuando iba de regreso a su casa, alrededor de 6 a 8 jóvenes se bajaron de un carro e iniciaron a disparar con el objetivo aparente de asesinar a Mario Escobar su amigo quien era prestamista y estaba por irse del establecimiento en su carro. Se habían encontrado en ese lugar y allí les cayeron las balas, Héctor intentó correr pero no lo logró, 20 impactos de bala en su cuerpo y 40 en el de su amigo cuentan la magnitud de un operativo de sicariato en este sector.

“Realmente dicen que fue una tirazón, que tiraban a todo e incluso muchas de las casas cercanas recibieron impactos de bala, mi tío solo estaba en el lugar equivocado el día equivocado. Las esquinas en las que uno creció jugando fútbol se han convertido en esquinas de la muerte” dice con nostalgia Oscar, quien hace años se fue de allí y miraba con orgullo el trabajo que realizaba su tío quien coordinaba las ligas de fútbol juvenil en su comunidad, una colonia frente a la López Arellano, de las pocas con calles adoquinadas, gracias a la organización de vecinos.

Eso era lo que le apasionaba a Héctor, trabajar con jóvenes organizando ligas de fútbol juvenil, a pesar de que su trabajo era ser el gerente comercial de Aguas de Choloma. Este trabajo comunitario de un tiempo acá empezó a verse como amenaza para los nuevos grupos delictivos que se instalaron en la zona. “Los nuevos actores que entraban en escena, en la dinámica Cholomeña, no querían ver que llegaran otros jóvenes de otros lados a jugar a fútbol en La Victoria, se lo habían prohibido y de hecho en una ocasión tuvieron que cancelar el partido que estaba a punto de iniciar por esa razón” Hendrix se refiere a las fronteras invisibles que marcan los territorios de las maras, pandillas u otros grupos delictivos. Y aunque estaban estas advertencias, su familia descarta que haya sido un motivo para su asesinato.

En más de alguna ocasión Héctor había sido advertido por sus familiares, amigos y jefes que lo mejor era mudarse de zona, ya que en La Victoria, su colonia, el cruce de fuego y masacres eran lo cotidiano. Tan cotidiano como ir por la carne o el pollo frito a la tienda más popular del vecindario. Ahora que Héctor ha sido asesinado, su esposa embarazada y su hija se han desplazado internamente en el país, huyendo de la violencia y los tiroteos constantes, de lo que alguna vez fue su hogar.

Las fronteras en estos barrios, si bien son invisibles, para la comunidad, para quienes viven en estas colonias, están bien marcadas y establecidas. Según varios pobladores de Choloma en especial los que viven al sur, si bien ya había grupos delictivos operando en esa zona, las peleas de territorio empezaron hasta hace unos meses y que se ve reflejado en la cantidad de masacres y homicidios que han ocurrido.

“A mí no me gusta hablar de peleas de territorio, porque estamos en un Estado de derecho un Estado donde sus autoridades están constituidas y establecidas, ellos lo que pelean es la venta de drogas, las plazas de extorsión de los territorios. Las fuerzas del Estado se han establecido de forma permanente, eso de las peleas por territorio es un dicho popular, cuando en realidad lo que buscan es obtener las plazas de venta de droga y extorsión, generan terror e intranquilidad en las comunidades” indicó el subcomisionado Ramos.

“No, hay cuarteles instalados, lo que hay es una estrategia dinámica de venir, operar, quedarse, volver de tal forma para confundir a estos grupos criminales. Estamos colocando como dicen popularmente, toda la carne en el asador, a fin de generar paz y tranquilidad en Choloma, tenemos buenas prácticas ya establecidas como en la Colonia España en Tegucigalpa que puso todas las unidades de seguridad en ella,” concluye.

Para la abogada Dunia Pérez, especialista en Derechos Humanos, la ordenanza que se ha girado es solo una muestra de esa mano dura en contra de los jóvenes que se ha venido promoviendo desde campañas políticas y acciones de los últimos gobiernos. Considera que si bien es cierto la Municipalidad tiene el deber de dar respuesta a la ola de delincuencia y violencia en la ciudad, la medida específicamente que indica “Instruir a todos los actores de Seguridad (Policía Nacional), Municipal, FUSINA y Policía Militar y otro), brindar seguimiento y cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social” es una medida desproporcionada.

“Para empezar, esta ordenanza municipal quien debería estar aplicándola es la policía municipal, eso es parte de sus funciones esencialmente, no obstante al dar apertura a que otros actores como la Policía Militar y FUSINA actúen en contra de los jóvenes, dan pie también a violaciones de de Derechos Humanos. Las ordenanzas no deben ir en detrimento de otras garantías constitucionales, como el derecho a la educación (refiriéndose a quienes estudian por la noche), además el uso de la palabra -vagancia- si bien es cierto es una figura que existe y está contemplada en la Ley de Policía y Convivencia Social, no está estipulada en el artículo 104 que la ordenanza indica” puntualiza la abogada Pérez.

ARTÍCULO 104.- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes, se abrirán a las cuatro de la tarde y se cerrarán a las diez de la noche en los días de trabajo; y en los festivos podrán estar abiertos desde las siete de la mañana, sin pasar tampoco de las diez de al noche. En ellos no se consentirán menores de edad ni ninguna otra clase de juego.
Ley de Policía y Convivencia Social

«La forma en que ha sido redactada esta notificación, deja en arbitrio de las autoridades el proceder o interpretar el capítulo que se refiere a la vagancia en el capítulo noveno, con esa ordenanza no están dando una respuesta al conflicto, van a reprimir a la juventud. Van a poner la mano dura contra los jóvenes” reflexiona la abogada Pérez.

A pesar de que se puede justificar un toque de queda y la presencia militar como acciones en materia de seguridad, el sector de Choloma, se convierte cada vez en un lugar solitario donde se ven familias huyendo en caravanas hacia Estados Unidos o a otros sectores del país.

En los últimos 4 años, según el Centro Nacional de Información Social (CENISS) alrededor de 14,222 habitantes de Choloma han retornado a Honduras luego haber migrado hacia Estados Unidos.

De la deportación al asesinato

Yovin Villanueva, tenía 28 años cuando fue asesinado. Él era un joven reconocido por ser gestor cultural de la zona, organizaba eventos de breaking y era mejor conocido como Bboy Ross One. Esa era su pasión, su trabajo era uno de los más riesgosos en el sector: tenía su mototaxi para transportar gente en Choloma.

Luego de recibir amenazas de uno de los grupos delictivos que operan en su zona, huyó del país en 2018 con un coyote a quien le pagó luego de vender su mototaxi.

Yovin salió de día junto con sus dos sobrinos de 11 y 9 años, a quienes entregaría en migración al llegar a la frontera de Estados Unidos. “Ellos salieron de día, se fueron para San Pedro, ahí se quedaron a dormir, los niños cayeron en migración y él también, con los papeles que llevaba de aquí, las mentadas cartas que probarían porqué se fue de Honduras, cartas que decían que se iba con amenazas y todo eso, lo logró presentar y al parecer no lo escucharon, lo tuvieron preso 6 meses para decirle que no lo aceptaban y que se regresara” relata la madre de Yovin, Marixza Villanueva quien vivía con su hijo y su demás familia en la Colonia Las Torres, al sur de Choloma.

Un año después de su deportación y su intento por buscar asilo en Estados Unidos, a Yovin lo asesinan cerca de su casa.

Al ser uno de los propulsores de eventos de Hip Hop en la zona norte del país y maestro de muchos bailarines de breaking, a Yovin lo despidieron por última vez en el centro comunal de La López Arellano con un cypher (un círculo de bailarines que sirve para conectarse a través del baile y música con el entorno).

Su madre relata entre lágrimas, que cuando él regresó siguió trabajando en la mototaxi a pesar de las amenazas de que no podía trabajar en ciertas zonas. Marixza recuerda que cuando hablaban del tema y ella le decía que lo apoyaba si tenía que dejar esa estabilidad económica, él siempre respondía que no tenía por qué dejarlo, sí él no le debía nada a nadie.

Reconocimientos por participaciones artísticas de Yovin Villanueva brindadas por USAID.

“Y bueno sí a mi hijo lo mataron sin razón alguna, sin deberle nada a nadie y por no ceder a lo que le decían (se refiere a la posible extorsión que empezaban a cobrarle en la zona) me siento hasta orgullosa de él, porque siempre fue fiel a sus creencias y a él mismo. Él solo quería superarse, ser alguien en esta vida” expresa la madre de este joven que intentó ser alguien diferente a pesar su contexto.

Yovin fue artista porque estaba convencido que el arte salvaba vidas, quiso tener su propia mototaxi, porque quería ser independiente y no ser solo un operario en la maquila, huyó al norte para salvar su vida tras las amenazas y lo deportaron. Lo deportaron y fue asesinado, ahora su familia se desplaza internamente sabiendo que en Honduras puede ser que no haya sitio seguro.

Para Marixza y su familia, dejar su casa propia no fue fácil, una vez que enterraron a Yovin en el cementerio de la López Arellano, cuenta que llegó, empacó y se fueron. No recuerda muy bien de dónde sacó la fuerza para vaciar la casa ubicada en una colina de las Torres, solo recuerda el vacío que el asesinato de su hijo le dejó.

Obituario de Yovin Villanuevo colgado en el comedor de la nueva casa donde vive su madre Marixza y su familia.

Crisis política y violencia

En Honduras durante 2018 un total de 7,094 personas murieron por lesiones de causa externa. Los homicidios acumularon el 52.6% de los casos y una reducción del 3.5% en comparación del 2017. Los suicidios y las muertes no intencionales mantuvieron un 2.0% y 1.5%, respectivamente.

Las muertes indeterminadas o de intencionalidad desconocida acumularon 654 víctimas, 9.7% más en comparación a 2017 y es la mayor alza registrada durante el período. De ese total, las pendientes de investigación policial sumaron 81.2%, las que están en estudio 11.3% y las indeterminadas 7.5% según el boletín Enero – diciembre 2018 del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV).

Choloma registraba 202 homicidios, 24 muertes indeterminadas y 6 suicidios, según informes de la SEPOL (Sistema Estadístico Policial en Línea). Para el Movimiento de mujeres organizadas de la López Arellano (MOMUCLA) la situación se ha encrudecido desde la llegada de todas las unidades de seguridad que el subcomisionado Ramos mencionaba anteriormente.

Melania Reyes, muestra el libro donde llevan el registro de las mujeres asesinadas en el municipio, cuantos hijos dejan y la forma en qué las mataron.

“Nosotras llevamos un registro de los femicidios que han ocurrido en el municipio de Choloma. Solo en el mes de agosto 6 mujeres fueron asesinadas, las matan como si nada, a veces en un día dos mujeres son asesinadas violentamente y no hay justicia para ellas y sus familias” indica Melania Reyes, coordinadora de MOMUCLA, mientras muestra el registro que llevan en un cuaderno de tamaño oficio que además de registrar las muertes de las mujeres, registra si deja familia, hijos e hijas huérfanos.

Para ella y sus compañeras, la ola de violencia inició en 2010 luego del golpe de Estado, no obstante, destacan que también durante estos 9 años la violencia con la que han aprendido a vivir, se ha ido convirtiendo en una cotidianidad con algunas variables, como los nuevos elementos de seguridad que, según ellas en vez de proteger, delinquen y extorsionan a la población.

“Para nosotras no es fácil, nos sentimos en constante persecución por cuidar a nuestra comunidad y tampoco es fácil hacer nuestro trabajo, siendo víctimas y sobrevivientes de masacres en el sector, hemos tenido que buscar atención psicológica para poder continuar luego de ver tanta muerte y hasta aprender a preparar muertos, porque hasta eso nos toca acá cuando de apoyar a la comunidad se trata” indica Melania Reyes.
Varios pobladores del sector destacan que, a partir del 2017, después de las protestas que se realizaron en noviembre de ese año en contra de Juan Orlando Hernández, las diferentes unidades del orden público como Policía Militar empezaron a llegar y establecerse cambiando la dinámica de la comunidad. Según la SEPOL en 2017 se registraron 10 manifestaciones pacíficas y 1 violenta.

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Las personas que estuvieron en esas protestas, en su mayoría jóvenes, describen como tenebroso el escenario y la persecución de las unidades policiales en las angostas calles empinadas del lugar. Y aseguran que, en ese entonces, las fronteras invisibles no eran tan mortales como ahora.

“Se están haciendo labores para dar respuesta a la ola de violencia que hay en Choloma, es un trabajo en equipo. Porque recuerde que, en materia de seguridad, debe haber autoridad política, clase empresarial, iglesias, oenegés, patronatos haciendo sinergia con las instancias policiales y en ese sentido se ha realizado una ordenanza municipal, para poder regular y educar a nuestro pueblo. Esta ordenanza viene a brindar una herramienta legal para que todos los actores de seguridad y defensa, llámese Policía Nacional o Fuerzas Armadas actúen bajo la Ley de Convivencia Social” puntualiza el subcomisionado Ramos y además considera que programas como GREAT y Ciudad Mujer vienen a fortalecer estas acciones.

Ante esta afirmación consultamos sobre el estatus del programa GREAT debido a las declaraciones de hace 10 meses del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que indicaba suspender los programas que fuesen relacionados a la prevención de violencia.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

“El programa GREAT está, y cada día se están intensificando las acciones, es un aliado estratégico de nuestra policía nacional y Choloma no es la excepción, cada día sentimos el apoyo y el espaldarazo que nos da ánimo para decir que tenemos que seguir luchando y sabemos que el programa GREAT llega hasta el último lugar donde tenga que llegar para generar un ambiente de paz y convivencia acá en Choloma” rectifica el subcomisionado quien menciona que gracias a estas acciones mediante la ordenanza municipal se ha logrado reducir a 3 homicidios en el sector López Arellano, aunque hayan aumentado en otros sectores como Bajos de Choloma.

El programa GREAT en El Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés) es un programa nacional e internacional de prevención el cual tiene el propósito de ser un inmunizador contra la delincuencia, la violencia juvenil y la asociación con las pandillas. Está diseñado para estudiantes que se encuentran en las edades previas a las que regularmente se inician en las pandillas y las conductas delictivas.

Casos como los de Yovin y Héctor, dos jóvenes líderes en su comunidad que buscaban otras estrategias de prevención de violencia para la juventud, no fueron apoyadas desde la institucionalidad.

Recuerdo de la madre de Marixa, abuela de Yovin, asesinada.

Estos jóvenes fueron asesinados violentamente en medio de las sinergias estratégicas de los entes antes mencionados que dieron prioridad a la represión y prohibición antes que el fortalecimiento de espacios de arte, cultura y deporte que ambos impulsaban.

Para estas familias, poner la denuncia o dar seguimiento al caso, no tiene sentido, sienten que no vale la pena, que todo quedará en la impunidad. “Para mí es un golpe duro, porque a mi hijo lo mataron horrible al igual que a mi madre hace 5 años, a él con disparos y a ella con arma blanca, la degollaron” solloza Marixza Villanueva madre de Yovin, la violencia es su principio y su fin.

Esa noche se fue la luz, como suele pasar en Choluteca.

Un manifestante intenta tirar una piedra a la tanqueta de la Policía Nacional de Honduras durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías durante las protestas magisteriales y del sector salud, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

29 de mayo de 2019: vuelve la represión

Un vehículo de la empresa Energía Honduras (EEH) se consume en llamas. Los medios locales de Choluteca rodean la escena en la que el Cuerpo de Bomberos apaga el fuego del armatoste que ha quedado después de que un grupo de manifestantes pasaran, vieran el vehículo estacionado en un habitual chequeo de medidores en el centro de la ciudad, advirtieran al conductor que se fuera y quemaran el carro de la empresa con todo y cables, escaleras y papeles.

Honduras entero estaba ardiendo en protestas ese día, la Plataforma en Defensa de la salud y educación pública que aglutinaba al Colegio Médico de Honduras (CMH) y a varios colegios magisteriales le habían devuelto a las calles el «Fuera Joh». Esta plataforma exigía la derogación de decretos que llamaban a una emergencia nacional que buscaba despedir cientos de maestros y médicos del sistema público y comprar de manera directa insumos para ambos rubros, algo que los líderes de este movimiento dijeron podía conllevar a más actos de corrupción. Pero en Choluteca ese día, quienes lideraban la movilización de maestros, enfermeras y médicos era el grupo Bastión del sur, los que nacieron el día en que Hernández se declaró ganador de las elecciones en 2017 y que han puesto varios descontentos como consigna de su lucha, uno de ellos es el mal servicio de la EEH. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del colegio de médicos nos dijo en una entrevista en ese entonces que Honduras era un pasto seco, cualquier chispa lo incendiaba, no hay mejor analogía que esa en el árido sur.

Las protestas en Choluteca tienen tres chispas: piden la renuncia del presidente, exigen justicia por Wilfredo, joven asesinado por supuestos policías y sacan el enojo contra la EEH por los altos costos de un servicio de energía deficiente.

Un bombero trabaja apagando el fuego que consumió en su totalidad un Pick up de la Empresa Energía Honduras, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Cuando Bastión del sur lidera las movilizaciones, un vehículo de venta de agua carga no solo largas mangueras para abastecer a las personas que pagan por la escasez en la ciudad, sino también a un grupo de muchachos encapuchados con hondas, piedras y morteros. Allí anduvo Wilfredo varios meses, antes de ser asesinado.

«La quema del carro de la EEH no nos afecta porque sabemos que a todos nos está dañando el bolsillo», dice indignada una enfermera que camina a paso ligero dejando el carro quemado atrás. Han dicho que llega ya la policía a reprimir.

La Empresa Energía Honduras (EEH) fue contratada por el Estado aprobada la concesión para reducción de las pérdidas técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) calculadas en 12 % y las no técnicas para un total de 17 % en disminución de la mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que asciende a 19.5% dejando de percibir alrededor de 8,838 millones de lempiras anuales. Nuevas inversiones en un plazo de 7 años para expandir las redes de distribución y por ende, elevar la capacidad de distribución y condiciones de competitividad del país. Un proceso de tercerización de servicios que se ha vuelto muy común en Honduras, sobre todo porque es la base del modelo económico promovido por el gobierno de Hernández desde que fue presidente del Congreso Nacional después del golpe de Estado. Algo parecido de lo que se pretende hacer con el sistema de salud pública.

Los integrantes del consorcio son las empresas colombianas: ELÉCTRICA DE MEDELLIN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. / UNIÓN ELÉCTRICA S.A ENTERPRISE CONSULTING S.A.

El encarecimiento de la energía ha generado quejas en todo el país, por esto en junio de 2019 el mismo Juan Orlando Hernández amenazó incluso con cancelar el contrato a esta empresa, la inestabilidad que ha causado genera nerviosismo.

El pasado julio, Alejandro Kafatti, del Foro Social por la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) dijo al periódico digital Diario Tiempo, que el gobierno mantiene obsoleto el sistema de energía en el país. Kafatti concluye esto porque los informes anuales de la Secretaría de Finanzas indican que la inversión anual según destinos de la inversión central representó cerca de 15,883 millones, pero de esa cifra, al sector energético solo se le asignó 1.4% de la inversión real de la administración central, es decir 22 millones de lempiras.

Pero así como la maraña de cables de energía que adornan tétricamente las ciudades de Honduras, es la maraña de concesiones y contratos que derivan de la crisis energética y termina impactando en la vida de millones de hondureños.

Leer reportaje: Corrupción en proyectos fotovoltaicos expulsa a la gente del sur

Un día antes del incendio al carro de la EEH, nos reunimos con tres líderes de Bastión del sur en un negocio de comida de alguien de su confianza, a mediodía tratando de vencer la fatiga que puede provocar estar en una temperatura de 40 grados centígrados sin aire acondicionado.

Allí estaban Aleida, Juan Manuel y Daniel, quienes se unieron a las protestas cuando a Hernández lo declararon ganador. Choluteca ha sido históricamente una ciudad nacionalista, cuna del presidente actual del Congreso Nacional y posible candidato nacionalista a la presidencia en las próximas elecciones, Mauricio Oliva. Esta vez la gente votó por Salvador Nasralla, cuenta Aleida, y Hernández se impuso. Desde ese entonces han aprendido a sortear amenazas, gas lacrimógeno, allanamientos a sus casas, acusaciones por daño, robo y hasta narcotráfico y ahora con el peso de un muchacho de 17 años muerto, asesinado presuntamente por un agente de la Policía Nacional. A pesar de todo lo que ha ocurrido en alrededor de 200 protestas a un ritmo de dos veces por semana, los miembros con los que hablamos cuentan las cosas con mucha naturalidad, normalizando todo, incluso cuando cuentan sus más íntimos impulsos para seguir en la lucha.

Juan Manuel, dirigente de Bastión del Sur durante la entrevista con Contracorriente, Choluteca, 28 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Aleida se dedicaba a hacer tortillas para vender, era muy conocida en la ciudad por esto, pero la vida le cambió cuando murió su primera nieta, en 2014. A los 10 meses la niña dejó de crecer, no aumentaba de peso, con 21 meses pesaba 17 libras. Comenzó un tratamiento en el sistema público de salud, tomaba la cuarta parte de una pastilla cuyo nombre, Aleida, ya se olvidó. Cuando la niña tenía como 16 meses la pastilla no le estaba ayudando.

Esto pasó en 2014, cuando se hablaba de «las pastillas de harina», Aleida está convencida que su nieta es víctima de los casos de corrupción que implicaron en su momento a la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, absuelta por el caso Astropharma en el que se acusaba a su laboratorio de vender placebos al sistema de salud pública. La herida de Aleida es la herida de un país sin acceso a la salud y con redes de corrupción impunes.

«Nosotros sabemos que ese tratamiento no estaba bueno. Por eso yo tengo rencor y por eso no he tenido miedo», dice Aleida y se le quiebra la voz cuando nos muestra en su celular la fotografía de la niña. Y dice que no tiene miedo, que en una protesta le hicieron disparos y que no se hizo a un lado, no corrió, enfrentó al agresor y le dijo: dame en el pecho. Todos cayeron al suelo, un par de jóvenes trataron de defenderla tirando piedras con sus hondas.

Juan Manuel la apoya, le consuela: tu nieta fue víctima de las pastillas de harina. Aleida perdió a su nieta y también a su hija quien no encontró más camino que el de irse indocumentada a otro país.

Aleida, Juan Manuel y Daniel nos hablaron de un movimiento autónomo que a pesar que tiene un tinte político muy fuerte, por ser su principal demanda la renuncia de JOH, tiene un detonante que varía de las protestas en el resto del país: el descontento por el servicio de energía eléctrica que en el sur de Honduras se ha vuelto todo un tema. Esta zona la de mayor cantidad de proyectos de energía renovable, los que ahora están cambiando la matriz energética y que forman parte fundamental del plan de desarrollo del actual gobierno para el sur de Honduras.

Paralelamente a esa implementación del plan con el concesionamiento del territorio para la minería y la generación de energía solar, se abrieron nuevas rutas del narcotráfico que influyeron en el aumento de la violencia en la zona. Mucho pasa en el sur, pero poco importa, al menos eso es con lo que venimos los que nos trasladamos desde el norte o el centro del país, que el sur de Honduras siempre se ha parecido más a otro país.

Eso arrastra a la gente a las calles en Choluteca, un pariente asesinado, un ser amado muerto sin acceso a la salud, una factura de energía impagable, un voto esperanzador tirado a la basura.

Una mujer camina por una acera frente a una pared que está manchada con distintas pintas, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Daniel interrumpe.

—El gran incremento de dinero para las Fuerzas Armadas y nada para la salud, es otro punto, somos un país además gobernado por ladrones, los que tienen las mejores prevendas son las Fuerzas Armadas.

Daniel tiene unos treinta años, tiene ya varios meses sin trabajo y sus antecedentes penales manchados por haber sido acusado por disturbios en medio de una protesta.

«Estaba trabajando en un restaurante y me pidieron los antecedentes policiales, para no perder inicié sin eso, me hice el tonto como que no había escuchado nada, a los 5 meses me los volvieron a pedir, ni modo tuve que afrontar, le expliqué yo y les mostré mis documentos de audiencia, así empieza uno a estorbar», cuenta y dice que a veces le dan ganas de irse, algunos primos suyos lo han intentado también. «Se organizan para ponernos como delincuentes, vándalos, nos excluyen», dice Daniel, pero él ha encontrado un propósito en las calles de Choluteca.

Según la coordinadora de la Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, en una entrevista para Radio Progreso, en los dos últimos años, explicaba que 86 personas han sido criminalizadas por manifestarse en contra de los abusos y violaciones a los derechos humanos. Estas personas han sido acusadas por daños contra la EEH, contra los proyectos fotovoltaicos y contra algunos comercios de Choluteca por protestas que terminaron en saqueos.

La Policía Nacional persigue a los manifestantes por cada calle del centro de Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Juan Manuel es el mayor de todos en Bastión del sur, el dueño de la cisterna de agua que vende a los pobladores de Choluteca cada semana ante la escasez, pero los miércoles y los sábados se convierte en el transporte de los más jóvenes que van a la protesta. Juan Manuel se fue en la caravana que en octubre de 2018 se organizó para pedir asilo en Estados Unidos y regresó voluntariamente, dice que ya sabe cómo es dar entrevistas porque en esos días habló con muchos periodistas y hasta les cantó un par de canciones de protesta, porque él antes de cualquier cosa es músico.

«Después de las elecciones se decía que hay gente que nos financia las armas, pero no les paramos bola porque las FFAA tienen sus grupos de inteligencia y uno tiene que estar atento», explica. Juan Manuel ha sido agredido múltiples veces en las protestas, perseguido, golpeado hasta quedar inconsciente, y frente a él han golpeado o llevado detenidos a sus muchachos, a los que él lleva en su cisterna.

En Bastión del sur, en cada protesta hay algunos que llevan las tortillas, unas señoras hacen tamales, y hay quienes recolectan los cartuchos de bomba lacrimógena que quedan después de cada enfrentamiento y venden el aluminio para sostenerse y aportar al grupo.

«Los jóvenes anduvieron este fin de semana trabajando en limpieza de calles para levantar el perfil de Bastión del sur, los habían estigmatizado tanto de que eran mareros, que eran los que mataban por cuestiones de droga. Esto pasó porque se les salió de las manos las represiones, nosotros ya en los últimos combates estábamos pensando en armarnos, todo eso trae otras cosas, pero gracias al acercamiento de Quintín que logró que quitaran la policía de las protestas ya son 5 semanas sin gas», cuenta Juan Manuel, el último día quizá de ese pacto que entre el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano y el director departamental de la policía hicieron para calmar un poco el ambiente en la ciudad.

El 29 de mayo la policía reprimió, asaltó la protesta que Bastión del sur acompañaba pero que realmente iba con las demandas de la plataforma de salud y educación. La movilización había dejado el carro de la EEH en llamas atrás y continuaba caminando por el centro de Choluteca. La Policía Nacional aceleró con su tanqueta negra detrás de la gente, a los que se habían quedado en la cola de la marcha les fue peor y eran las señoras maestras y enfermeras que no podían correr. La tanqueta avanzaba rápido y todo se nubló con el gas. Los jóvenes de Bastión al frente se bajaron de la cisterna con sus morteros y hondas, directo a enfrentar a los policías.

La batalla duró varias horas, los dueños de negocios en el centro han logrado una estrategia de cierre rápido de sus tiendas cuando hay represiones, tienen práctica y tienen sus formas de apoyar a la gente que se ahoga con el gas, comparten agua, llevan a los más vulnerables a lugares seguros, aconsejan hacia dónde correr para que el gas pegue menos.

Este día se reanudaron las batallas entre Bastión y la Policía. Sin diálogo, sin plazo para desalojar, la policía atacó por la espalda, Bastión contraatacó dispersándose, tomándose las entradas y salidas de la ciudad. Humo negro y humo blanco se ven al mismo tiempo en Choluteca.

Dos jóvenes caminan frente a una pared manchada con una pinta en alusión al asesinato de Wilfredo Moncada, Choluteca, 28 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Wilfredo y los jóvenes de Bastión

30 de mayo: queman vehículo de la EEH

A lo lejos se ve humo negro, otro carro de la EEH quemado. No habían llegado ni siquiera los bomberos, quizá por el pesar de gastar la poca agua que hay en la ciudad para apagar esos fuegos. La ciudad de Choluteca está sitiada por jóvenes quemando llantas, encapuchados, ya la policía está cansada de perseguirlos.

Choluteca estaba tomada pero en el parque frente a la Policía Nacional, estaba doña Doris, la madre de Wilfredo. En el parque y en las protestas la gente hablaba de Juan Orlando Hernández y los señalamientos sobre su aparición en una lista de investigados por la DEA, de cómo ya le queda poco tiempo en la presidencia y de que no se van a cansar hasta que deje la silla que no se ganó.

Mientras tanto en las entradas y salidas de Choluteca, los chicos del Bastión, niños de entre 12 y 17 años, con guantes, capuchas y lanza morteros artesanales, se iban de frente contra los policías, los maestros, médicos y demás salían corriendo.

Un pick-up de la Empresa Energía Honduras (EEH) fue incendiado durante el primer día del Paro Cívico en Choluteca, el día anterior, otro vehículo de la misma empresa fue quemado en el centro de la ciudad, los altos costos de la energía eléctrica y el exceso de proyectos de generación de energía que afectan todo el departamento de Choluteca ha provocado un mayor repudio hacia la empresa de energía, 30 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Doña Doris, la madre de Wilfredo, venía del lado donde salían los refuerzos policiales y nos dijo que escuchó cuando les dijeron por la radio que llevaran más gas y las escopetas. Se preocupó por sus sobrinos y los demás chicos del barrio que Wilfredo dejó en la lucha. Yo le dije que vi niños muy pequeños con guantes, listos para regresarles las bombas lacrimógenas a los policías, ella me dijo: «esa fue escuela que les dejó Wilfredo, mi hijo me llegaba con las manos todas llagadas porque agarraba las bombas así con la viva mano y se las tiraba a los policías»:

En esos días, el comisario Marcos Nahín Andara, que apenas había sido trasladado de Santa Bárbara a Choluteca hace tres semanas nos atendió en su oficina de la Dirección Policial de Investigación. «El director me mandó porque estaban subiendo los delitos contra la integridad como el homicidio, al parecer casi todas las muertes son generadas por pelea de territorios por narcomenudeo, nosotros cubrimos toda la zona sur, Valle y Choluteca.

Nosotros manejamos un promedio de denuncias de robo a celulares, a viviendas en un promedio entre 15 y 20 denuncias diarias, de todo tenemos, de Choluteca, Marcovia, robos en motocicletas y violencia doméstica», contextualiza el policía.

Doña Doris cuenta que una vez se enfrentó a él en una reunión en la que se dijo que los oficiales de policía no andaban armas en las represiones a protestas. Doña Doris hizo ponerse de pie al comisario de la DPI y le preguntó al resto de personas allí si él andaba o no su arma de reglamento. Él la andaba en la cintura, es su instrumento de trabajo, nos dijo doña Doris indignada. Los policías se ponen nerviosos cuando hablan del caso de Wilfredo.

Sentada y con el retrato de Wilfredo en sus manos, doña Doris cuenta que ésa era la cama donde dormía su hijo, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

«El caso de Wilfredo está en proceso de investigación, desde que yo vine aquí hace tres semanas, no se han hecho protestas violentas hasta el día de ayer y hoy que incendiaron un vehículo de la EEH que ahora estamos investigando a los hechores. Ayer se dio un enfrentamiento con nosotros cuando se niegan a desalojar las carreteras que se toman y nosotros como autoridad tenemos como obligación que la circulación de personas y vehículos se de normal, que no se dañe el patrimonio mas que todo del estado y de las empresas privadas, esa es la obligación de nosotros.

Nos mantenemos al margen cuando alguien de la policía está involucrado en los hechos delictivos. Las denuncias por lo general las lleva DIDADPOL para tranquilidad de los familiares y de la gente es mejor que las denuncias las lleve el MP, la ATIC, e instituciones que no tienen nada que ver con nosotros, no es por falta de transparencia sino por tranquilidad», explica el comisario.

«Ningún policía va con la intención de dar muerte a un ciudadano porque nosotros solo vamos a cumplir nuestra labor de mantener la paz, la libre circulación de las personas. Ahora nosotros estamos filmando porque ahora filma todo mundo menos nosotros y ahora lo hacemos para garantizar que estamos llevando todo a cabalidad para este tipo de casos. En la manifestación de hoy no nos dieron oportunidad de acercarnos sino que comenzaron a agredir, ya vienen predispuestos y sin más ni más le prendieron fuego a un vehículo que no tiene nada que ver», explica y se justifica. Ese día en la manifestación un policía pegó una patada a un observador de una ong de Derechos Humanos, hubo balazos y muchas personas afectadas por el gas lacrimógeno

Jóvenes encapuchados, miembros de Bastión del Sur, durante una toma del puente sobre el Río Choluteca, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Y asegura que en el movimiento Bastión del sur siempre hay gente infiltrada, gente que va con la intención de cometer el delito no de protestar.

Doña Doris trata de contener el odio contra los policías, ella está segura que un uniformado le quitó a su hijo. Pero lo que más le duele a doña Doris es que Wilfredo estaba a dos semanas de irse para Estados Unidos, un amigo había prometido ayudarle para irse, porque en Honduras no tenía futuro. Dos semanas nada más, Wilfredo no lo logró.

Los apagones son presagios de crisis en Honduras, el apagón que ocurrió en las elecciones -así le llamaron, apagón- en el momento que cambiaron drásticamente la tendencia en la que Salvador Nasralla iba ganando por 5 puntos a Juan Orlando Hernández la presidencia. Ese apagón, dice doña Doris que fue el inicio de la indignación. Comenzaron los cacerolazos y Wilfredo le llevaba las ollas para la calle, y hacían bulla con sus vecinos, de la misma edad, todos tan jóvenes que ni siquiera fueron a votar, encontraron un sentido a sus días con esto.

Doña Doris —madre de Wilfredo— muestra la publicación de un periódico nacional con la noticia del asesinato de su hijo, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

«Para empezar la lista, aquí la gente está enojada por la energía, mi hijo me dijo que él trabajaba solo para pagar la energía, este viejo tal por cual, ¿qué piensa de dónde voy a comer yo?», cuenta doña Doris y la interrumpe un primo de Wilfredo que está allí escuchando la plática, le ayuda a doña Doris a traer todos los papeles y fotografías de cuando a Wilfredo lo asesinaron.

«Ese día él se fue solo, cambiándonos quedamos, él se adelantó. No había comenzado la marcha, los chepos llegaron a gasear y disparar, lo matan a las 5 y a las 6 quitan la luz. Cuando él estaba en el hospital quitaron la luz como 10 minutos allí nos dijeron que él estaba muerto», dice el jovencito y siente culpa. Ese día él estuvo en la calle enfrentándose a los policías, andaba sus manos negras por las llantas quemadas.

A Wilfredo en realidad lo declaran muerto en Tegucigalpa, después de trasladarlo al Hospital Escuela Universitario. Doris se ahoga en llanto mostrándonos los recortes de periódico donde hablan de la muerte de Wilfredo y recuerda sostener su cabeza hasta el último momento en el que el doctor le dice que no hay nada que hacer.

«Yo le dije, ya no te quiero ver en la calle Wilfredo, y él me contestó que ya solo le quedaban dos semanas en este país, que ya pronto iría a un mejor lugar» y Doña Doris llora más, con rabia cuando dice que en algún momento escuchó que dijeron que Wilfredo era jefe de una mara en Choluteca, y nos invita a pasar a la casa, un solo cajón donde vive con sus dos hijos, su madre, su sobrino que tiene allí a su pareja —ambos adolescentes— embarazada, y lo hace para demostrarnos que no son mareros, que los muchachos son «normales».

«Así como nos ve aquí, nosotras, mi madre y yo, que soy madre soltera los crecí a mis hijos trabajando, mi mamá me los cuidaba cuando yo me iba a trabajar».

Cuatro meses de embarazo carga la chica de 19 años allí sentada en una de las tres camas que apenas caben en la casa. Acaba de llegar de la protesta y cuenta que se les corrió a los policías.

«Supuestamente nosotros quebramos todas las cosas del banco Ficohsa», recuerda la chica con voz baja y Doris explica que ella habla del día del entierro de Wilfredo, que la caravana fúnebre fue gaseada y hubo enfrentamiento y disturbios en el centro de la ciudad. Ni muerto dejó de estar rodeado de gas lacrimógeno Wilfredo, dice Doris.

—¿Les tienen miedo? —Le pregunto a la chica que solo sonríe.
El día que mataron a Wilfredo él no nos esperó, completa.

—La gente nos trata de vándalos, drogos. Así trataron a mi hijo. ¿Ha visto usted alguna anormalidad aquí con ellos?- pregunta Doris quien cuenta que en febrero fue allanada su casa en busca de drogas y armas, al final, sin encontrar nada.

La casa de doña Doris, es una casa pequeña, aquí vive ella y toda su familia, Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

El abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) que nos recibió en Tegucigalpa y habló bajo condición de anonimato nos dice que ellos son objetivos, y desmarcan el tema de seguridad del tema político.

«Nosotros no reflejamos que somos la espada de este gobierno para defender esto. Usted puede ver ese diario, la zona sur aparecía amarilla y verde, incidencia media y baja, a inicios de este año Choluteca pasó a rojo y Valle a amarillo, y esto fue en el marco de que la regional comenzó a judicializar toda la actividad criminal», explica y asegura que no vinculan la organización política en la zona con el crimen organizado y que todos los allanamientos se han dado respetando las leyes y los derechos de las personas.

Personas afectadas por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional a los manifestantes durante un enfrentamiento en el centro de Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto: Martín Cálix.

19 de junio: huelga de policías

La Policía Nacional junto con la Fuerza Especial Cobras se van a huelga a nivel nacional. Dicen que dejan de reprimir y tienen su pliego de peticiones, sobre todo mejoramiento salarial.

Ese día Choluteca estaba sitiada, cerradas entradas y salidas. Por la noche los jóvenes seguían quemando llantas, confiados que la policía estaba en huelga. En efecto, no hubo represión. Esa fue la medida de presión para un gobierno que intenta sostenerse a punta de gas lacrimógeno.

La protesta comenzó frente a un centro comercial, salida a Guasaule a las 5:30 pm, allí estaba don Juan Manuel quien comenzó relatando la última golpiza que le propinó la policía hace un par de semanas. Lo acompañaban dos muchachos, uno de 17 y otro de 19, amigos de Wilfredo.

José dice que tiene casi un año y medio de estar en las calles, Wilfredo era su amigo, y dice que ahora mismo seguro está alegre de verlo que sigue en la calle. José tiene 17 años y solo estudió la escuela primaria, dice que Hernández mantiene a los jóvenes así, sin oportunidades.

«De Wilfredo aprendí muchas cosas, era un varón valiente, él no decía no a las cosas, decía siempre adelante, nunca se echó para atrás, siempre luchando, Juan Orlando Hernández va a salir con las manos arriba, y no me da miedo morir por mi pueblo. Mi familia no está de acuerdo, pero a uno de joven, el corazón lo llama», dice José con su rostro manchado del negro de las llantas quemadas, se emociona al punto de retener el llanto y se calma cuando comienza a contar sus enfrentamientos con la policía, que ahora mismo está en huelga pero que ellos no creen que la policía tenga la intención de dejar de reprimir, de tener cierta consciencia.

Jaziel, quien lo acompaña, tiene 19 años, dice que él siente que estudió para nada porque terminó la secundaria y no puede seguir la universidad y que tampoco encuentra trabajo. Jaziel trabaja con Juan Manuel vendiendo agua, pero no le ajusta para sostener a su familia y estudiar al mismo tiempo.

«Mi sueño es ser ingeniero agrónomo, pero no se puede porque en este país mientras no saquemos a este presidente siempre vamos a estar para atrás, miedo no me da pero uno siempre se acuerda de la familia y yo me encomiendo a las manos de dios», recuerda y se va corriendo porque lo requieren en el punto de la toma.

Ya es de noche y los policías están acuartelados, unos pocos oficiales vigilan la esquina de la posta policial. Nos contaron que ellos sufren por el estigma que recae sobre ellos, porque la gente cuando los ve es como si vieran la cara del gobernante, eso sienten.

«Somos el enemigo público», dicen con desconfianza.

Uno de los oficiales estuvo antes asignado a la posta de Pimienta en Cortés y contó que vivió horrores cuando la incendiaron y a él le tocó huir por la cañera. Ahora, en Choluteca admite que están sobrepasados y cansados porque las protestas en esta ciudad no han parado durante un año y ahora ellos son recibidos con mucha hostilidad en los barrios, en cualquier lado, incluso nos enseñaron en la esquina varias piedras allí tiradas, señas de los enfrentamientos que se dan justo a las puertas de sus oficinas.

Cerca de la posta policial está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dirigido por la abogada Lili López, una oficina en la que trabajan tres personas, dos en el campo y un conductor. La abogada asegura que no se dan abasto, trabajan con algunas organizaciones que sirven de observadoras cuando hay protestas como ACI Participa o el Observatorio Ecuménico por los Derechos Humanos.

«Nosotros recibimos un promedio mensual de 60 quejas, se denuncia contra autoridades y contra particulares, se da contra la Policía civil, a nadie le gusta que si anda vencida la licencia les pongan una esquela. Por lo general es contra la Policía Nacional y la policía contra maras y pandillas, de abuso en allanamientos, a nadie le gusta que les toquen la puerta a las seis de la mañana pero nosotros las investigamos y hemos constatado que todos los allanamientos se han dado con órdenes competentes, siempre tenemos reuniones interinstitucionales», justifica.

La abogada del Conadeh dice que son grupos de jóvenes los que hacen disturbios en las protestas que se refugian en mujeres y señores que andan manifestándose. «Eso pasó cuando casi destruyeron el hospital público, eso hablábamos con el comisionado de policía, porque ellos saben que la policía no puede tirar bombas por las personas que están internos, entonces ellos hacen eso», dice segura a pesar que luego confirma que no pueden observar las protestas porque ni correr pueden, andar en carro del Estado también los pone en peligro.

«El comisionado me decía que de nada sirve negociar y qué bonito hablar si la situación como que se descontrola cuando empiezan a quemar llantas y a tirar cosas, hoy me dijeron que quemaron un carro, en un abrir y cerrar de ojos, se descontrola todo. Solo un milagro de dios puede cambiar esta situación», dice la abogada casi en súplica.

Daniel, de Bastión del sur, dice que hay menores agredidos en cada protesta, el caso de Wilfredo llevó todo al extremo, pero nadie confía en la institucionalidad, por miedo la gente no denuncia ni acude al CONADEH.

«Nosotros ya perdimos el temor de platicar con periodistas u organizaciones de DDHH, y ongs, porque ya nos han estigmatizado de una forma a otra y no tenemos nada que perder, ya visiblemente nos han puesto como delincuentes, saqueadores, quemadores de ambulancias, cuando sucede esto que se sale del control todo entonces nos tapamos, entonces empieza la difamación. A mi primo, cuando la muerte de Wilfredo, la quema del vehículo y la quiebra de vidrio de varios bancos a él le pusieron que era jefe de la MS que venía de San Pedro Sula y que venía a hacer caos, y todos los que lo conocemos sabemos que es falso», explica.

No tienen nada que perder, ese es el sentimiento general, el de José, el de Jaziel, el de los primos y vecinos de Wilfredo, el que tenía Wilfredo. Nada que perder aun cuando se pierda la vida.

20 de junio: No tienen nada que perder

Estamos en casa de doña Doris, hay protestas en todo Choluteca. Esperamos a los muchachos del barrio pero están en la calle. De repente llega uno sudado, huyendo. Ingresa precipitado en su bicicleta hasta el fondo del solar, tarda un poco y sale bañado y con ropa limpia.

Nos han dicho que capturaron a Juan Manuel y que están buscándolo en las postas policiales, pero en poco tiempo Juan Manuel llega a la casa de doña Doris, en su motocicleta, sudado, sucio, la ropa llena de mozote. Logró escapar entrando por las rutas que ya conoce entre solares baldíos.

Juan Manuel llega donde doña Doris como si todo esto se lo debe a ella, como si su vida de alguna manera puede pagar la deuda que siente con ella tras el asesinato de Wilfredo. Él habla como que tampoco tiene nada que perder.

«Él trabajaba conmigo, y me decía que su sueño era ver este país libre, todos con trabajo, acceso a una vivienda, ayudar a su mamá. A mí me dolió la muerte de ese cipote, él trabajaba conmigo de halar agua pero los miércoles y los sábados era una situación religiosa, él no faltaba, los esperaba. Uno en la calle se quiere como hermanos, queremos lo mismo, queremos justicia, queremos paz, queremos sobrevivir porque, ¿cómo va a estar uno con el estomago vacío deseando paz?».

Juan Manuel terminó de hablar, se levantó sacudiéndose el mozote del pantalón para irse en su motocicleta a cantar rancheras a un cumpleaños, porque ante todo, Juan Manuel es músico.

Fotografía de portada: Martín Cálix/ 15 de septiembre 2019

En septiembre, cada año, los centroamericanos celebran las fiestas patrias por la firma de la independencia del reino de España. Esto sirve para llenar de bulla las calles y sostener una idea de patriotismo que nada tiene que ver con la realidad, con la forma en que estos países se gobiernan y la vida de sus habitantes. Sirve para alimentar un sentimiento iluso en países donde una palabra del gobierno de Estados Unidos basta para botar o legitimar a un presidente, unir ejércitos contra sus propios habitantes, vender pedazos de país al mejor postor o poner muros para evitar que la gente siga subiendo al norte huyendo de las desgracias, muchas de ellas, patrocinadas por sus intereses.

La escena del buque Tacoma sigue repitiéndose en un bucle sin fin, un eterno dejavú. Casi cien años después de la firma del acta de independencia, los países centroamericanos, que estando separados ya presentaban muchos problemas entre ellos y necesitaban la intervención del hermano mayor para resolverlos, firmaron un tratado. En 1922 las repúblicas de Nicaragua, El Salvador y Honduras a instancias del gobierno de EEUU y bajo la supervisión de los embajadores de este en dichos países, celebraron una serie de conferencias a bordo del barco de guerra norteamericano USS Tacoma, en aguas del Golfo de Fonseca. Allí, en ese barco, acordaron, por ejemplo, que ninguno de los países centroamericanos aceptaría un gobierno surgido de un golpe de Estado y también Estados Unidos prometió aceptar esto, allí se sentaron las bases para las siguientes conferencias centroamericanas a celebrarse un año más tarde. Las primeras habían tenido lugar en Washington en 1907.

Después de ese tratado en el buque Tacoma, ocurrieron guerras civiles, invasiones de marines, golpes de Estado, insurgencias y contrainsurgencias, peleas por el golfo de Fonseca, más guerras, acuerdos de paz, más tratados centroamericanos; con Estados Unidos siempre somatando la mesa cuando había uno que otro dictador queriéndose pasar de astuto haciendo tratos con otras potencias o haciendo negocios con el enemigo público de moda (ese recorrido histórico que va desde el comunismo, al narcotráfico, el terrorismo, las pandillas y los migrantes).

Este septiembre, la emoción patriota se vuelve aun más absurda con las negociaciones de los países del «triángulo norte» con Estados Unidos para convertirse en «países seguros», significando esto realmente países aduana de EEUU para aliviar el sistema migratorio de ese país de la masiva ola de peticiones de asilo de los centroamericanos que huyen justamente de la inseguridad. Guatemala ya firmó, El Salvador creó su propia patrulla fronteriza y Honduras ya negoció las deportaciones «express». Guatemala y Honduras con gobernantes totalmente serviles del gobierno de Estados Unidos que le temen a ser enjuiciados por tener vínculos con el narcotráfico y El Salvador con un gobernante que tiene miedo de «ser medido con la misma vara que el triángulo norte».

Las firmas de tratados internacionales como este solo son actos simbólicos, porque la dinámica entre estos gobiernos ha sido siempre la misma y la gente que huye no será detenida por un documento o una patrulla fronteriza; la gente corre el riesgo porque es peor quedarse. La huida masiva que ha sufrido Centroamérica en los últimos treinta años es la muestra clara de la inviabilidad de estos países y este tipo de tratados solo lo ratifican.

Honduras es un país inviable, no se puede sostener económicamente sin las remesas de los que se van hacia Estados Unidos y no puede ni intentar resolver sus problemas de corrupción sin una misión internacional, no puede ni hacer el intento de prevenir violencia sin programas financiados por Estados Unidos, ni contener la protesta social sin bombas de gas lacrimógeno hechas en Pennsylvania. No puede sacar a un presidente en pijamas ni legitimar un fraude electoral sin el visto bueno del Departamento de Estado. Honduras no puede pedir independencia en las calles sin esperar que en Estados Unidos se enjuicie a su presidente. Y sí, los hondureños no pueden invertir mejor los 7 mil dólares que le pagan a un coyote para cruzar la frontera porque si no los extorsiona alguna pandilla, el Estado los exprime con impuestos de los cuales nunca obtendrán beneficios.

Los tambores suenan en las calles de Honduras y con eso se recibe a los cientos de deportados de Estados Unidos, mientras el presidente negocia la utopía de soberanía que solo existe en un papel en el que se sobre escribió que no podemos con nosotros mismos como países, ese día en las aguas del golfo de Fonseca en el buque de guerra Tacoma.

Han pasado 10 años desde que se prohibió la venta, uso y distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) bajo un acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud en Honduras. A partir de 2014, Médicos Sin Fronteras junto con otras organizaciones ha participado en la mesa de trabajo para la aprobación de un protocolo de atención integral, dedicado a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras. Su aprobación está pendiente desde octubre de 2017 debido a que la PAE sigue prohibida y es parte esencial del protocolo.

El acuerdo ministerial fue aprobado por Dr. Noe Villafranca señalando como un medicamento abortivo, Villafranca es actualmente diputado del Congreso Nacional (CN) y recientemente manifestó durante una sesión legislativa que esos datos son incorrectos y debe revisarse su aprobación. De igual manera, el Dr. Dennis Castro Bobadilla, presidente de la Comisión de Salud del CN, instó a la Secretaría de Salud a que eliminará su prohibición y se implemente su distribución gratuita en todos los centros asistenciales del país, sin embargo, sigue sin haber una respuesta desde esta institución del Estado.

Según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias por violencia sexual en los últimos diez años aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2018 se contabilizaron 2598, todos los casos sin un protocolo de atención y sin un método para prevenir un embarazo.

Entre 2016 y junio de 2019, MSF atendió a 2,048 pacientes sobrevivientes de violencia sexual en Tegucigalpa: 51% menores de edad, 86% mujeres y 70% víctimas de violación. Según el Observatorio de Violencia de la UNAH entre 2009 y 2018, cada día en promedio 5 mujeres denunciaron violencia sexual.

Contracorriente (CC) habló con el doctor Rafael Contreras (RC), referente de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras sobre la atención que brindan a sobrevivientes de violencia sexual a través del servicio prioritario, así como de la urgencia que tienen por aprobar un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual que incluya la PAE como método de prevención de embarazo.

CC: ¿Cuántos casos de violencia sexual han atendido desde 2016?
RC: Hasta el momento desde enero 2016 hasta junio de 2019 hemos atendido a 2048 pacientes sobrevivientes de violencia sexual. Tenemos un registro de 116 mujeres que estaban embarazadas, esto solo son mujeres que han llegado y al momento de la atención ya estaban embarazadas, de estas el 81% han manifestado que ese embarazo ha sido producto de la violación y hay algunas que estaban embarazadas y fueron violadas estando embarazadas.

CC: ¿Cómo es la atención integral que reciben las víctimas de violencia sexual que han atendido?
RC: Generalmente lo que hacemos es una atención integral: la parte médica, salud mental y el apoyo en trabajo social, en esta última parte entra el componente de seguridad, dar asesoría para hacer la denuncia en caso de que quiera realizarla y dónde la puede hacer. Esta parte es muy importante porque es escuchar a la persona, evaluar los riesgos y ofrecerle alternativas para minimizar los riesgos, lo otro es que si el riesgo es muy alto hay que identificar qué red se tiene para la referencia a estos casos.

En el componente médico hay varias cosas, entre ellas asegurar que no vaya a tener una infección de transmisión sexual (ITS) o el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), prevenir el embarazo y algunas infecciones como el Hepatitis B y el Tétano. En la parte de salud mental es dar primeros auxilios psicológicos, no en todas las víctimas es necesario que continúe un proceso terapéutico, pero en las víctimas que si lo necesitan que identifican que hay alteración o riesgo empezamos un proceso con nuestros psicólogos o sino solamente los primeros auxilios psicológicos.

CC: ¿Cuáles son algunos de los diagnósticos que han detectado en pacientes víctimas de violencia sexual?
RC: Generalmente se identifican trastornos de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, depresión son las principales cosas que hemos identificado como consecuencia en el tema de salud mental en relación con la violencia sexual.

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CC: Cuando hay embarazos no deseados producto de violaciones ¿qué consecuencias psicológicas han detectado en las mujeres?
RC: Hay que hacer una diferencia clara si los trastornos en salud mental están asociados exclusivamente al embarazo o a la violación porque son dos cosas muy grandes para ellas a las que se tienen que enfrentar. En la mayoría de los casos son embarazos no deseados y lo que uno identifica son trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad que no podemos tener claramente identificado si el problema es solamente la violación o si es el embarazo o si aumenta más un trastorno en salud mental en las mujeres que han sido víctima de violación y que adicionalmente quedan embarazadas.

CC: En el caso de cómo prevenir un embarazo ¿qué métodos pueden utilizar entendiendo que la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia sigue prohibida en el país?
RC: Desafortunadamente no hay muchas opciones, la única pero que es muy poco efectiva es el método YUZPE que consiste en utilizar anticonceptivos orales comunes y corrientes, dependiendo de la marca y de la concentración de las hormonas que tiene. Usamos uno que se llama mycrogynon en las que damos antes de las 120 horas, 4 tabletas y otras 4 doce horas después. No es tan efectiva, pero es algo que se puede hacer mientras se logra que la Secretaría de Salud quite la prohibición que tiene desde el 2009.

CC: El presidente de la Comisión de Salud dentro del Congreso Nacional hace algunas semanas instó a la Secretaría de Salud a que eliminara la prohibición de la PAE ¿qué opinan al respecto?
RC: Totalmente de acuerdo, nosotros precisamente estuvimos reunidos desde el año pasado con el Dr. Noe Villafranca (presidente de la Comisión de Salud del CN en 2018) que fue el mismo ministro de salud que la había prohibido en el 2009, en ese momento él había indicado cuáles son los motivos por los que él había prohibido la PAE, pero también era consciente que ya ante la nueva evidencia científica es un tema que se tiene que tocar nuevamente y quitar la prohibición.

Después nos reunimos nuevamente con la Comisión de Salud, ahora liderada por el Dr. Castro Bobadilla, y lo que identificamos también es que él cómo médico identifica que es una prohibición que no tiene razón científica porque anteriormente hablaban de unos estudios en los que la FDA (agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) indicaba que uno de los mecanismos de acción era abortivo, pero se ha demostrado que no es así, la FDA posteriormente quitó esa indicación y ahorita no hay sustento científico que indique que la PAE es abortiva simplemente hay algunas fracciones o grupos que están en contra de la PAE, pero no por un sustento científico sino más por cuestiones políticas y religiosas que por una evidencia científica.

CC: ¿Cuál es el funcionamiento de la PAE?
RC: Básicamente tiene dos mecanismos de acción: la inhibición de la ovulación o retarda la ovulación, estamos hablando del levonolgestrel porque actualmente hay otros tipos de medicamentos que no están prohibidos, pero tampoco están permitidos para su importación como el acetato de ulipristal que aparentemente es más efectivo, de acuerdo con los estudios, para prevenir un embarazo.

CC: Las mujeres que reciben atención por ser víctimas de violencia sexual ¿qué tanto conocimiento tiene para prevenir un embarazo, en salud reproductiva y anticonceptivos?
RC: En general creo que no tienen mucho conocimiento sobre métodos de planificación, sobre todo las adolescentes de pronto no porque no hay una política clara de educación sexual. El 51% de todos los casos que hemos atendido desde 2016 son menores de 18 años, entonces esta población no buscaba tener relaciones sexuales y fue víctima de violencia sexual, pero aparte de eso no tiene el conocimiento y no va a estar planificando, por lo tanto, no va a saber que hacer después de enfrentar una relación sexual consentida o no consentida y al no ser consentida no tiene una alternativa porque el gobierno no permite que se pueda implementar la PAE, simplemente tendrían que tener un conocimiento más avanzado del método YUZPE que generalmente lo van a saber médicos y es muy poco probable que una persona común sepa que puede prevenir un embarazo de esta forma aunque la efectividad es mucho menor al levonolgestrel y al acetato de ulipristal.

CC: En cuanto a la creación de un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual ¿cómo va el proceso?
RC: No va tan bien como nos gustaría, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Salud y a lo interno de varias organizaciones precisamente que estamos interesadas en que se arme un protocolo de atención integral que desafortunadamente con la Secretaría de Salud el problema es la prohibición que tiene actualmente la PAE. Como alguna gente sabe, el protocolo se finalizó hace dos años en octubre de 2017 que se trabajó casi durante dos años y desde ahí ha estado quieto, está en manos de la Secretaría de Salud en el área de normalización, son ellos quienes tienen que dar el visto simplemente para que se empiece su impresión. En este momento lo que sabemos es que tienen dos protocolos: uno que todas las organizaciones a nivel internacional validaron y presentaron donde se incluye la prevención del embarazo incluyendo la PAE mientras que hay otro donde quitan todo el componente de prevención de embarazo, cuando uno revisa este segundo borrador que tienen aunque en los objetivos claramente está identificado que una de las acciones es prevenir el embarazo, dentro del mismo documento no tiene ninguna forma de prevención, eso lo que indica es que cualquier mujer víctima de violencia sexual si tiene el riesgo va a quedar embarazada con los consecuentes riegos que eso conlleva.

CC: Dentro de este protocolo que han trabajado ¿cómo se daría la atención a las víctimas de violencia sexual, en qué lugares se implementaría?
RC: Eso falta definir, depende de cada contexto, por ejemplo, en un sitio como Tegucigalpa habrá algunos centros que tengan la facilidad de dar la atención. Actualmente en la capital el Hospital Escuela Universitario es el único que puede asegurar una atención integral porque está 24 horas abierto, tiene los medicamentos y el personal que en su medida está capacitado mientras que otros sitios podrán tener personal capacitado, pero no tiene los medicamentos de forma permanente. Los puntos donde podrían dar la atención son los Centros de Atención Integral que es para población con VIH y cuentan con antirretrovirales que podrían asegurar una atención integral, pero en este momento al menos en Tegucigalpa sería únicamente el Hospital Escuela.

A nivel nacional habría que ver cómo se va a implementar esto porque como mencionaba la idea es que haya varias cosas las primeras 72 horas: antirretrovirales, antibióticos, medicamento para prevención del embarazo y todo eso toca implementarlo en cada una de las regiones de acuerdo con la disponibilidad que se tenga de estructuras de salud.

CC: De acuerdo con este protocolo ¿qué cosas han identificado que deben mejorarse en la atención a las víctimas de violencia sexual?
RC: Primero que todo es el conocimiento de las personas que deberían saber que tienen la opción de ira una estructura de salud para la atención médica. Generalmente cuando hacemos la atención preguntamos cuál es el motivo por el cuál llegó tarde para la atención y la idea poder captar a las víctimas, sobre todo de violación, en las primeras 72 horas para poder prevenir infecciones. Alrededor del 30-40% manifiesta que no acuden a la atención al principio por el desconocimiento, simplemente no sabía que podía ir a un centro de salud a recibir atención médica y es una de las principales cosas que el gobierno debe de trabajar para que la gente sepa que en casos de ser víctimas de violencia sexual puedan ir a cualquier centro de salud para recibir una atención integral.

La segunda cosa es tener el personal capacitado porque de nada sirve que la gente sepa y tenga los insumos, pero que el personal no sepa cómo debe ser la atención. Lo otro es asegurar que los centros de salud donde está el personal capacitado tengan los medicamentos y los insumos para una atención integral, eso es en salud.

Lo otro es asegurar que también haya suficiente personal para la atención en salud mental, desafortunadamente una de las falencias más grandes que surgió en una reunión con la Secretaría de Salud es que hay alrededor de 50 psicólogos a nivel nacional en el sector público, 50 personas para atender a toda la población de Honduras, eso es muy poco. La idea es que exista la capacidad técnica, que haya más psicólogos que puedan dar la atención a los que lo necesitan.

Y finalmente lo otro es que contamos con muy poca protección para la atención de las víctimas ya sea un hombre, una mujer, un niño o niñas, existe muy pocas estructuras para atender esta situación. Desafortunadamente en Tegucigalpa apenas hay un refugio, todas esas personas que necesitan un sitio para permanecer no tienen donde hacerlo. Entonces hay muchas cosas que afinar y que mejorar para poder asegurar una atención integral.

Una jornada de protestas en contra de la construcción del proyecto habitacional Bosques de Santamaría, ubicado en la zona de la reserva natural Parque Nacional La Tigra, concluyó con la suspensión temporal del proyecto. La decisión tomada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los desarrolladores del proyecto no parece satisfacer a las comunidades que exigen una cancelación total de las construcciones y la reforestación de las áreas afectadas.

Las protestas que se registraron en tres tomas de carreteras: El Hatillo, El Chimbo y salida de Tegucigalpa hacia Olancho, todas entradas al Parque Nacional La Tigra, las realizaron habitantes de las aldeas cercanas para exigir la cancelación del proyecto habitacional que aseguran dejará sin agua a sus comunidades. Además, demandaron mayor suministro de agua potable en sus sectores.

Toma a la altura de El Chimbo, en protesta por la construcción del complejo habitacional Santa María, Santa Lucía, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Las tomas comenzaron desde las 5 de la mañana y duraron hasta horas de la noche, durante este transcurso, la Policía Nacional de Honduras (PNH) usó gases lacrimógenos en varias ocasiones y una tanqueta que arroja agua para dispersar a los manifestantes. El portavoz de la PNH, Jair Meza, negó que los agentes de seguridad anduvieran armas de fuego durante los desalojos. Sin embargo, en la zona de El Hatillo y la salida a Olancho se registraron enfrentamientos con bala viva. De acuerdo con un vídeo publicado en el medio televisivo La Tribuna TV, los disparos fueron realizados por La Policía Nacional.

Una cortina de gas lacrimógeno dividía a manifestantes y Policía Nacional en un enfrentamiento que terminó con disparos de bala viva hechos por agentes de la Policía Nacional contra los manifestantes de El Hatillo, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Ante la situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un comunicado en el que solicitan a las autoridades a respetar el derecho a la expresión y a reunión pacífica de todos, incluyendo de las personas que rechazan el proyecto “Las autoridades deben encontrar una solución pacífica que garantice el derecho a participación, así como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano”, señaló.

Las familias detrás del proyecto Bosques de Santa María

El proyecto habitacional Bosques de Santa María fue aprobado por el despacho del ministerio de MiAmbiente y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Nasry Asfura, alcalde capitalino, señala que el proyecto se aprobó debido a una demanda de más de 150 mil viviendas en la ciudad. Sin embargo, la construcción residencial es privada, beneficiará a quien pueda pagar por la compra de una casa en un circuito exclusivo de la ciudad.

La empresa encargada de la construcción del proyecto es Santos y Compañía, propiedad del diputado liberal Elvin Santos que aún enfrenta un proceso judicial por el delito de lavado de activos en modalidad de encubrimiento en el Caso Pandora. Mientras tanto, el proyecto habitacional pertenece a la familia Midence-Soto-Pierrefeu, quienes tienen un proceso de gentrificación del centro de Tegucigalpa detrás de la iniciativa Vuelve al Centro.

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La familia Midence-Soto-Pierrefeu además tiene vínculos con la familia presidencial, de acuerdo con el Registro Público de Panamá, manejan dos empresas panameñas junto con Francois de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández hermana de Juan Orlando. Una de las empresas se encuentra bajo el nombre Wedgewood Holdings que dirige junto a Carlos Fiallos Soto, quien también forma parte de otra empresa denominada Holdings. S,A que dirige con el actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, y con Carlos Midence Laínez, empresarios que lideran el grupo inmobiliario Midence Soto.

El proyecto inmobiliario Bosques de Santa María contempla una extensión de 500 hectáreas e incluye tres vecindarios: Bosques de Santa María, Pinares de Santa María y Prados de Santa María con un total de 2300 viviendas, el colegio Liceo Franco-hondureño, desarrollos comerciales, un racket club y otro de equitación, una iglesia, una estación de bomberos, un lago para actividades acuáticas; áreas boscosas protegidas, así como áreas de recreación y esparcimiento.

Mientras un señor corre, un joven se acerca para devolver la bomba de gas lacrimógeno que agentes de la Policía Nacional dispararon hacia los manifestantes más cercanos a ellos durante el enfrentamiento en El Hatillo, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

De acuerdo con la información de los desarrolladores, este proyecto consta de tres etapas a un plazo de 20 años en el que inicialmente se invertirá un monto estimado de 1,300 millones de lempiras. Aunque el terreno donde se planea desarrollar el proyecto tiene una extensión de 499.72 hectáreas, 96.21 se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

El ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames, aseguró en diferentes medios de comunicación que el único sector al que se le dio licencia ambiental fue al vecindario central (Sector S-3) el cual se encuentra a una distancia de 393 metros del límite de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra y que, aunque 96.21 se encuentran en la zona de amortiguamiento del parque, no se le otorgaron permisos.

“Desde el inicio de la planificación, el SANAA dejó claro que no podría suministrar agua para este desarrollo. Por lo tanto, se trabajó para buscar soluciones alternas perforando pozos que están a 1070 MSNM a kilómetros abajo de La Tigra y que no afectan” señaló Guy Pierrefeu, desarrollador del proyecto en una entrevista a la página Dinerohn.

Según la información de los desarrolladores del proyecto, este sería “autosuficiente en agua potable, tratamiento de aguas servidas, redes de riego y combate a incendios y que asegura un desarrollo ambientalmente amigable, mediante el uso de energía solar y efluentes de aguas tratadas” detalla en su página oficial.

Tania Erazo miembro del Comité Ecológico de la Aldea Suyapa, el sábado 7 de septiembre realizó un plantón pacífico en la entrada del proyecto a la altura de El Chimbo. Tania señala oponerse al proyecto porque aunque la construcción no esté en la zona de amortiguamiento, el problema central es el impacto ambiental que va a tener en el uso del agua, la cantidad de gente y los vehículos, “en La Tigra ya no hay ríos, están secos, se ve como han talado para meter tubos y crear una represa para este complejo habitacional”, señaló.

Jóvenes se manifestaron contra la construcción del complejo habitacional Santa María ubicado en las cercanías de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, Santa Lucía, 7 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Jorge Luis Palma, director técnico de Fundación AMITIGRA, detalla que al principio los desarrolladores del proyecto pretendían construir dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra, pero no se les dio el permiso. Además, añade que AMITIGRA no tiene potestad legal para aprobar permisos de construcción fuera de la zona protegida “hacemos un dictamen técnico ambiental en base al marco legal de las áreas protegidas del país. La competencia de nosotros, nuestro dictamen pesa y es tomado en cuenta solamente dentro del área protegida”, aseguró.

Aunque el proyecto tiene varias etapas, hasta ahora solamente una está aprobada “cada etapa nueva que quieran empezar del proyecto debe solicitar una nueva licencia por cada etapa y es claro que en la parte del parque nos vamos a seguir oponiendo y decir que no, estamos pensando que ahora va a ser más restrictivo nuestro dictamen viendo como la sociedad se ha unido a este tema de conservación”, mencionó Palma.

Sin embargo, para Tania Erazo la construcción interferiría con su proyecto de declarar zona de reserva forestal la zona de Triquilapa, “además queremos hacer un corredor biológico que comprende la Tigra, el Cerro Triquilapa y la reserva biológica Uyuca, esto es una tranca a ese proyecto”, añadió.

Palma coincide en que el proyecto generará un impacto, un efecto de borde y cortará un corredor biológico y que es producto de los vacíos que la ley permite al no prever estas situaciones, “Como ambientalista, más allá del tema legal, todo lo que hagamos alrededor de La Tigra va a generar un problema por la radiación lumínica, mayor calor, más vehículos. Tener una ciudad tan grande que cada vez se pega más al parque hace lo mismo y que todo el que tenga una propiedad alrededor de La Tigra puede hacer lo mismo que este proyecto,” Palma menciona que el parque enfrenta muchos problemas que amenazan su existencia.

La crisis por la última fuente de agua cercana a Tegucigalpa

El bosque de pino de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra fue afectado por el gorgojo descortezador en un brote que se salió de control hace tres años, Santa Lucía, 7 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Entre los años 2013 y 2017 se registró una plaga de gorgojo descortezador de pinos que afectó más de 500 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, según datos oficiales. De estos, 5 mil hectáreas pertenecen a La Tigra, un terreno de hectáreas, que ahora son matorrales. La pérdida de tantos árboles de pino genera un impacto, ya no se mantienen los microclimas de esos espacios y el agua deja de quedarse superficialmente en las raíces. Los expertos señalan que la sequía y el cambio climático tienen un impacto más grave debido a tantas hectáreas de bosques perdidos.

En el caso de La Tigra, las autoridades del parque señalan que muchos de estos lugares que el gorgojo descombró se están convirtiendo en maizales o zonas de cultivo “tenemos poblaciones pobres que encuentran una alternativa en los bosques y la situación es que entre menos cobertura boscosa tenemos vamos a tener mayor impacto” señala Jorge Palma.

La situación actual de La Tigra es crítica, es una de las últimas zonas boscosas cerca de Tegucigalpa y eso implica una mayor carga porque la deja aislada. Según investigaciones de AMITIGRA, muchas especies desaparecerán en pocos años, una de ellas son los pumas porque se perdieron los flujos genéticos de los corredores biológicos desde El Picacho y Comayagua.

A esto se le suma las comunidades que viven y crecen dentro del parque, la contaminación causada porque el tren de aseo no cubre ese sector y los incendios forestales. Las cifras oficiales detallan que en 2019 los 37 incendios registrados afectaron 1,200 hectáreas del parque, estos incendios tienen una correlación con los lugares donde viven poblaciones que de alguna manera impactan al bosque.

La Tigra representa el 25% de la demanda de agua de la capital, las otras fuentes de presentan niveles críticos para la capital que atraviesa una de sus peores crisis por falta de agua, según los datos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) la represa Los Laureles con un 34% de su capacidad mientras que Concepción tiene apenas un 19%, ambas represas abastecen aproximadamente a un 80% de la ciudad.

“El tema del agua lo queremos ver como algo reciente y no es así, la última obra de agua se hizo para la zona central fue en el 92, ha pasado una cantidad enorme de años creyendo que vamos a poder abastecer a una ciudad que creció con las mismas obras de agua que además es una ciudad que no tiene un plan de ordenamiento territorial ni cómo va a crecer ni para donde”, añadió Palma.

Los pobladores que protestaron en El Hatillo colocaron piedras, trozos de madera, y cualquier cosa que sirviera para obstaculizar el paso en la carretera al Parque Nacional La Tigra, Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Las soluciones que ha planteado el alcalde capitalino son la construcción de una mini represa en la zona de El Hatillo, a la altura de la Academia Los Pinares cuyo proceso de licitación comenzará el 15 de noviembre, la represa constará de 4 millones de metros cúbicos. De igual manera planea construir las represas San José y Jiniguare para las cuales iniciaran un proceso de licitación en marzo del 2020.

Por ahora, uno de los planes en camino que tiene la AMDC es el traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal, algo que se denomina municipalización del agua y que en otras zonas del país ha representado la posterior privatización del servicio.

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Sin embargo, ante la crisis actual de agua la única propuesta de Asfura es orar y esperar que llueva “Me persigno y le pido a Dios que nos mande agua, nunca en más de 30 años había bajado tanto los niveles de las represas y lo que es preocupante es que si no llueve lo suficiente vamos a tener crisis en el próximo verano en 2020” señaló el alcalde.

De acuerdo con los expertos, la única forma de que se recuperen los níveles de las represas sería con lluvias focalizadas donde se ubican las cuentas y que sean constantes. Hasta el momento las autoridades aseguran que habrá suministro de agua hasta los primeros días de octubre, pero si no aparecen las lluvias los racionamientos serán cada vez más severos, hasta el momento las colonias que se abastecen de Concepción y Los Laureles reciben agua potable cada 5 días.

Para el personal de AMITIGRA una de las mayores preocupaciones es lo que parece una inminente lucha por el agua de La Tigra “está claro que todos quieren vivir ahí, es casi de los últimos lugares donde hay agua… La ciudad va a ir sobre el parque nacional porque es donde queda recurso disponible” finalizó Palma.

No hablo. Tan sólo escupo guijarros en el agua inmóvil del río.
[He aquí el lenguaje y su misterio].
-Balam Rodrigo

—¿Podés imaginar el sonido de mi voz?
—Tendría que tocar tu garganta para saber cómo es. —Me explica, con paciencia, Patricia —traductor mediante— y al final se lleva la mano a su garganta como para que entienda.

Patricia y yo no hablamos el mismo lenguaje, ella se comunica a través del lenguaje de señas, es sorda, nació sorda. Con el tiempo únicamente ha podido escuchar sonidos fuertes, ruido básicamente, porque los aparatos que le podrían ayudar a escuchar, le producen estática, no le gustan, la desorientan. No hay mayor referencia del sonido en su vida, y sin embargo, ella puede hacerse una idea de la intensidad que produce el sonido de mi voz al sentir la vibración de las cuerdas vocales a través de mi garganta, pone su mano y se hace una idea de cómo vibra mi voz a través del tacto.

Este método ha servido para ayudar a otras personas sordas a construir su propio rango de referencia del sonido, a vocalizar palabras básicas: mamá, papá, agua, hola. Lo enseñan —unos a otros, como se enseñaron siempre los saberes comunes— en la escuela donde Patricia enseña. Saber hacerlo ayuda también a que las personas sordas aprendan a leer los labios. Patricia me lee los labios y responde sin que el profesor Óscar interprete para ella lo que yo acabo de preguntar.

La ausencia total no existe, ahora se sabe. De alguna manera todo espacio es ocupado por un cuerpo, y en su ausencia otro vendrá para suplantarlo. Lo mismo sucede con el lenguaje.

Amor en Acción —la escuela donde trabajan Patricia y Óscar— fue fundada hace 30 años, es una institución privada, una asociación que lleva el mismo nombre que la escuela, que cobra una matrícula simbólica de 70 lempiras, a cambio, los alumnos reciben 40 lempiras para el transporte cada semana. Debido a su política de ser una escuela inclusiva, Amor en Acción hoy en día atiende a niños y niñas sordas —de entre los 7 y 23 años— y con discapacidad intelectual. Es decir, que en Amor en Acción conviven niños que escuchan y hablan español con niños sordos que solo pueden comunicarse a través del lenguaje de señas. Ambos lenguajes se funden en la interacción cotidiana.

El ser humano se puede llegar a sentir superior cuando otros seres no lo entienden, encuentra en su incapacidad para comunicarse con otras especies los motivos de su superioridad. Lo hemos visto con los safaris para cazadores en África, lo vemos en la forma en la que hemos construido la arquitectura de nuestras sociedades, con arrogancia y sin planes, sin opciones, sin siquiera pensar en aquellas personas —otros seres humanos, sí— que viven con una discapacidad.

Wilfredo Molina, del Programa de Servicios a Estudiantes con Necesidades Especiales, PROSENE, de la UNAH —alguien que sabe lo que significa vivir en Honduras con una discapacidad luego de que una parálisis cerebral infantil por asfixia neo natal lo confinara a una silla de ruedas—, me explica que las personas con mayor índice de reprobación de la prueba de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son las personas sordas. La prueba que permite el ingreso al principal centro de estudios del país no está adaptada al lenguaje de señas. Lo que dificulta que los estudiantes de Patricia en la escuela Amor en Acción puedan algún día acceder a la educación superior.

A pesar de esta deficiencia del sistema educativo hondureño, en la UNAH se graduaron 5 personas sordas en 2018, según los datos PROSENE, lugar donde trabaja Wilfredo. Lo anterior es un cuadro que podría mejorarse si el acceso a la educación superior, los planes de estudios, y la universidad en su totalidad contemplara la posibilidad de que la población hondureña tiene necesidades en una gama mucho más amplia de la que actualmente cubre.

Patricia se encontró con este tipo de dificultades en su época de estudiante, pero logró ganarse una beca para estudiar en Estados Unidos Aplicación de computación y negocios en el Mount Aloysius College de Pennsylvania, y volvió para educar a niños que como ella, tienen que aprender a sobrevivir en un país que está lejos de tener las condiciones mínimas para hacerlos parte del conjunto diverso de personas.

—Los sordos si van a una escuela regular, ¿de qué forma se van a comunicar? —Es la reflexión en la que recae Leeybi Chávez, directora y administradora de la escuela Amor en Acción.

En la ciudad de Tegucigalpa existen únicamente cuatro centros educativos dedicados a las personas con discapacidad auditiva, de estos, únicamente uno es totalmente público, los demás son iniciativas privadas.

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Óscar me cuenta que uno de sus alumnos es medallista —olímpico, dice—. Josslin ha ganado seis veces el maratón paralímpico nacional de 10.5 kilómetros organizado por el Comité Paralímpico Hondureño. El último de esos seis maratones lo ganó recién este 1 de septiembre.

Josslin nació en 1991, sus discapacidades —auditiva y parálisis cerebral— han estado con él desde su nacimiento, y si en su comunidad hubiese una escuela con las características de Amor en Acción él no se vería obligado a viajar al menos dos horas diarias, ida y vuelta en transporte público, desde un barrio de la periferia de Tegucigalpa ubicado en las faldas de El Picacho para tomar sus clases de primer grado con la profesora Ana. De toda la escuela, Josslin es el mayor, aunque es difícil saber si lo percibe, la mayoría de sus compañeros de aula no superan los 12 años.

En el taller, Josslin ha estado trabajando una pieza de madera con papel lija, cuando cree que ha terminado con ella se la entrega a Óscar para que se la apruebe. Me la muestra, los dos llegamos a la conclusión de que Josslin podría ganarse la vida haciendo esto, pero el profe Óscar —como le dicen sus alumnos— se lamenta explicándome que nadie va a contratar a Josslin por su discapacidad, nadie le va a dar la oportunidad al seis veces campeón paralímpico nacional de los 10.5 kilómetros de ganarse la vida con su oficio. De esto habla Leeybi, preocupada por el futuro incierto de los alumnos de la escuela que administra.

—Lo más difícil es la búsqueda de trabajo. —Sigue narrando Patricia, y explica que esta es una historia que se repite en cada persona sorda. —Primero piensan que el sordo está enfermo, lo que piensan los empresarios es que el sordo está enfermo, dicen que necesita un doctor para que lo revise y solo es que está sordo, ¿y el curriculum?, sí, sí, sí, lo aceptan pero después cuando el sordo se va, a la basura. —Es la respuesta que da Patricia al preguntarle qué es lo más difícil de ser sorda.

Una ex alumna de la escuela, que pasa medio tiempo ayudando a los maestros, pasa el resto de su tiempo en un supermercado. Hace poco fue contratada por una cadena de súpercados que le ha dado la oportunidad de atender caja. Leeybi dice, con tono de alegría y orgullo en su voz, que el reto es para sus clientes, y entiendo que lo que Leeybi quiere decirme es que Marjorie no tiene que demostrarle nada a nadie.

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El silencio posee la memoria de las cosas que alguna vez estuvieron, los niños, las niñas, lo intuyen desde el misterio de su lenguaje. El tacto, la mirada interactuando con otras miradas. Ellos —y ellas, claro— gritan, saltan, se empujan, se pelean y se ríen, a veces cómplices, a veces porque la broma se salió de control, y raya el término moderno del bullying, y entonces se llenan de nervios, a fin de cuentas son niños. Cualquier ingenuo creería que una escuela para niños sordos es silenciosa y solo estaría lejos de la verdad: que estos niños, estas niñas, conjugan el verbo existir en todas sus formas. Habitan el silencio, sí, pero el lenguaje y su memoria les confiere sueños, les codifica un mundo que nos les pertenece, se los hemos negado.

Una estudiante de la escuela Amor en Acción juega con una máscara de papel durante una visita realizada al centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Durante las clases, los alumnos reciben clases de lenguaje de señas, de esto depende en gran medida que los alumnos sordos puedan comprender el resto de las clases, Tegucigalpa, 19 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Edward, durante una clase de lenguaje de señas impartida por Patricia, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2019. Foto: Martín Cálix.

Patricia imparte clases para niños de dos grados, 5to y 6to, en la misma aula, imparte simultáneamente dos clases, Tegucigalpa, 21 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Meylin durante la clase de educación física, corre en las instalaciones de un parque de Vida Mejor contiguo a la Antigua Casa Presidencial en el centro histórico de Tegucigalpa, 20 de marzo de 2019. Foto: Martín Cálix.

Alvaro, estudiante de 4to grado en la escuela Amor en Acción, observa cuidadosamente un examen antes de comenzar a resolverlo. Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Gabriela ríe y juega con sus compañeras más grandes, con quienes no comparte grado pero sí un lenguaje construido desde la ternura, Tegucigalpa, 20 de febrero de 2019.

Andrea y David ensayan para el baile de danza folclórica durante los actos cívicos del día de Lempira, ellos no escuchan la música, pero siguen la coreografía ensayada alternando mirada con sus compañeros oyentes, Tegucigalpa, 18 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Nazareth hace una seña con su mano derecha, es la seña que los niños le han asignado a su directora, la profesora Leeybi, Tegucigalpa, 19 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Héctor —desenfocado en primer plano— y Josslin —riendo al fondo de la imagen— bromean y se apoyan cuando aprenden algo nuevo, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Sofía atiende a Zoila en la clínica dental de la escuela Amor en Acción, donde los alumnos tienen atención gratuita, Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Brianna, durante una visita a la antigua Casa Presidencial, ubicada en el casco histórico de la ciudad, Tegucigalpa, 20 de marzo de 2019.

Durante una visita al centro Chiminike, Josslin, juega a armar el rompecabezas del mapa de Honduras, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Héctor se viste de Lempira para los actos de celebración del día de Lempira. 19 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Jaffeth y Cristián ensayan el himno nacional de Honduras en lenguaje de señas, los dos son oyentes, Tegucigalpa, 16 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Brianna juega sola mientras espera a la profesora Débora, a quien ha seguido hasta la puerta del baño para profesaras. Tegucigalpa, 2 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

La profesora Débora enseña diferentes tipos de peinados durante el taller de belleza a sus alumnas, en esta foto ensaya un nuevo peinado utilizando como modelo a Brandy bajo la mirada atenta de Zoila, Tegucigalpa, 17 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Milagros observa su reloj mientras conversa con sus compañeras dentro de un vagón de tren durante una visita al centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

El profesor Óscar interpreta para sus alumnos las instrucciones de la guía durante un recorrido por el centro Chiminike, Tegucigalpa, 4 de julio de 2019. Foto: Martín Cálix.

Jimy juega con Sofía a pintarle la nariz con un pincel durante un taller de pintura impartido por voluntarios de Mujeres en las Artes, organización aliada de la escuela Amor en Acción, Tegucigalpa, 16 de agosto de 2019.

Patuca es uno de los municipios con menos electricidad de Honduras. Con más de ochenta caseríos sin luz, una nueva hidroeléctrica estatal en la zona tampoco asegura su conexión. En el país con menos electricidad de Centroamérica, los contratos de proyectos renovables sin construir dibujan un escenario de especulación energética.

POR: Elsa Cabria y Ximena Villagrán

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO: Oliver de Ros

EDICIÓN DE VÍDEO: Gerardo del Valle

EDICIÓN: Ricardo Vaquerano

ESTE TEXTO PERTENECE AL ESPECIAL “CENTROAMÉRICA DESCONECTADA” DE EL INTERCAMBIO

En uno de los municipios con menos electricidad de Honduras, un confiado alcalde dice sin matices que hay luz. Sentado en la rústica oficina de administración de la alcaldía de Patuca, Avelino Betancourt encorva su estrecha espalda y posa sus manos sobre la panza. Al oír que el municipio tiene cero cobertura eléctrica, según la información que maneja la Secretaría de Energía del gobierno, el flaco Betancourt frunce el bigote: “Con toda seguridad, lo han hecho aproximadamente”, dice. El gobierno de Honduras ni siquiera tiene información confiable sobre dónde están los desconectados del país. Los datos oficiales más recientes marcan 24 municipios sin electricidad en el país, y Patuca es el más grande de esta lista. Y aunque la mayoría de su centenar de remotos caseríos carece de luz, es un hecho que casi toda la cabecera sí tiene el servicio.

Los 24 municipios del 0%

Honduras es el país con peor cobertura eléctrica del norte de Centroamérica. Fuente: ENEE 017.

La aislada Patuca, en el oriente de Honduras, queda más cerca de Nicaragua que de la capital, Tegucigalpa. Siempre ha gobernado el Partido Nacional, el del presidente Juan Orlando Hernández, el del cálculo aproximado, según un alcalde que lleva cinco mandatos consecutivos. A este lugar de Olancho llegaron en 1973 familias agricultoras del sureño departamento de Choluteca. Buscaban terrenos para cultivar. Apoyadas por sacerdotes católicos —que pertenecían a la entonces potente Unión Nacional de Campesinos (UNC)— fundaron Nueva Palestina. El nombre fue elegido por consenso. Simbolizaba la tierra prometida.

Hasta 1992, Nueva Palestina no recibió la categoría de municipio. Pero el gobierno le cambió el nombre. Le puso el del río más cercano, Patuca, el más largo de Honduras. Desde 2011, sobre sus aguas, una empresa china construye Patuca III, la segunda mayor hidroeléctrica de Honduras (103 MW), propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, la obra tendría que haberse terminado en 2014, ya dobló el monto de la inversión, aún se deben US$35 millones a 60 vecinos por la expropiación de sus parcelas a inundar, y está paralizada por los reclamos de habitantes que reclaman sus pagos. Patuca III es un caso de inoperancia estatal. Solo su nombre da una pista: Patuca I y II fueron anunciadas hace años, pero hasta ahora siguen siendo solo una idea en la mente, pues no existen ni en diseño. Honduras empezó su mayor proyecto hidroeléctrico por el final.

Patuca es un retrato de un país con apenas un 75% de cobertura eléctrica, que sufre desde hace 25 años constantes apagones y que apenas hace ocho años le apostó a la hidroelectricidad para dizque solucionar sus problemas. Hasta ahora, este camino solo ha servido para dos cosas: para crear un enorme pantano de especulación en proyectos renovables privados sin construir y para mantener un festival de la burocracia porque se hunden millones de dólares de fondos públicos en obras sin fin, como Patuca III.

La gigante central eléctrica queda a veinte minutos por camino de terracería de la cabecera del municipio. Un proyecto sobre el que el alcalde Betancourt no está seguro de si dará a Patuca algo de la energía que producirá. Espera que sí.

En esta Honduras de precariedad energética, el conformismo es un tipo de respuesta institucional. La evasiva es otra. Y la desinformación, en este caso sobre la hidroeléctrica, es otra más. Cuando al alcalde se le cuestiona sobre las zonas de su municipio sin electrificar, lo niega, y para eso recurre al eufemismo extremo: “Patuca está electrificado”, asegura, “pero hay algunos barrios que ocupan mejoramiento”.

¿Mejoramiento? A este municipio, la electricidad empezó a llegar en 2005, pero hay mucha gente sin luz. En un barrio, por ejemplo, la ENEE cobra la factura, aunque los postes y el cableado los pusieron los vecinos, que se conectaron por sí mismos a la red nacional, hartos de esperar. La ENEE solo llegó, después, a instalar los medidores. Y, en al menos dos de los catorce barrios de la cabecera y en la mayoría de sus 110 remotos caseríos, hay gente que usa paneles, sigue usando candiles o hurta abiertamente la energía de la red formal. A esa práctica de procurarse la electricidad por sus propios medios, independientemente de si son ilegales, es a lo que el alcalde llama “mejoramiento”.

Al solicitar la lista de lugares sin luz a la asistente del alcalde, la respuesta fue un documento con más de ochenta caseríos subrayados con marcador amarillo fosforescente. El alcalde, al parecer, está en desacuerdo con esa lista. Pero quizá son más los lugares a oscuras: al menos dos de los que supuestamente tienen, no tienen. La alcaldía no sabe con precisión dónde están sus desconectados ni tiene un registro preciso de la electrificación del municipio.

Patuca simboliza los problemas eléctricos de Honduras: conexiones ilegales y zonas sin cobertura. Y un municipio donde se ejecuta un proyecto hidroeléctrico cuyo embalse inundará las tierras de centenares de personas, pero sobre el cual no hay certeza alguna de que vaya a resolver la desconexión de sus habitantes.

A solo tres cuadras de la calle de asfalto donde queda la alcaldía, no hay electrificación. O, por lo menos, la formal, la legal. Ahí, en el barrio Nueva Jerusalén, los caminos son de barro y palmeras. Hay una maraña de cables enganchados al poste de la última casa con conexión oficial. Del otro lado de esa vivienda, tras cruzar como trapecista un riachuelo de aguas negras, se encuentra a las 65 familias de Nueva Jerusalén.

Es mayo de 2019. Nueve meses atrás, los vecinos de Nueva Jerusalén compraron 240 metros de cable y 19 postes de bambú para acabar con su oscuridad. Decidieron hurtar luz del transformador más cercano. Fue su sistema alternativo, clandestino, después de siete años esperando una reacción del alcalde. Tuvieron luz por seis meses sin pagarla. Después, la ENEE no solo no botó el tendido, sino que puso sus contadores en las casas y empezó a cobrar por el servicio.

De ese barrio, a solo doscientos metros de la alcaldía, Betancourt dice que “ocupa mejoramiento”.

Betancourt tiene sus esperanzas puestas en la nueva hidroeléctrica estatal, un proyecto anunciado como la solución mayúscula a los problemas eléctricos de Olancho y de Honduras. Pero es difícil estimar cuándo Nueva Palestina tendrá luz. Lleva siete años en un proceso de lentísimas decisiones que tejen una historia de condicionales. Que si los vecinos tienen un estudio de electrificación de la ENEE desde 2012. Que si tuvieron nueve reuniones con Betancourt. Que si Betancourt revisó sus fondos municipales, pero como no tenía fondos pidió materiales al Fondo Social de Electrificación (Fosode), ente estatal encargado de las zonas rurales. Que si en 2019 el Fosode pidió autorización a la ENEE. Que si todo concluyó en que había otros barrios y caseríos en Patuca que tendrían prioridad.

La instalación eléctrica fue costeada e instalada por los vecinos.

Mientras tanto, el gobierno anuncia con frecuencia que la obra casi termina y que solo falta inundar las 12,000 manzanas de tierra que compró a unos 400 vecinos. Pero no sucede. Mientras el país muta de la generación eléctrica térmica a la renovable, la inmensa mayoría de contratos para proyectos hidráulicos están sin desarrollar.

La burocracia se llama Honduras.

Ocho años de promesas sin cumplir.
Son unas cincuenta personas sin pancartas paradas a la orilla de un camino de terracería. Rodean silenciosas una mesa de madera, bajo la escasa sombra de dos árboles, en medio de un seco pedregal. Su presencia retrasa la inundación del lugar donde están paradas. Pero el objetivo de la protesta es precisamente su ubicación: impiden que se construya un puente que comunicará algunos caseríos cuando el embalse de Patuca III inunde la zona.

El grupo está a 840 metros del río Guayambre, un afluente del Patuca, a media hora de la cabecera del municipio y a casi tres horas de Juticalpa, la cabecera de Olancho. El bloqueo es el recurso que usan contra Patuca III, el mayor proyecto hidroeléctrico estatal de los últimos treinta años. Es un método de presión, coordinado por Miguel Navarro, un exdiputado de Libre, el principal partido opositor. Todos en el grupo están a favor de la hidroeléctrica, pero todos están en contra de las promesas incumplidas. Hoy hace treinta días que iniciaron la toma, pero ya llevan ocho años de bloqueos, desde que empezaron las promesas y los incumplimientos.

En 2007, Honduras tenía solo un 57% de cobertura eléctrica. El entonces presidente Mel Zelaya se convirtió en el adalid para que Honduras dejara de depender de la importación de combustibles fósiles, para evitar las fluctuaciones de precios del mercado.

Durante el gobierno de Zelaya, el Congreso aprobó la primera ley de promoción de incentivos a la inversión en energías renovables. Así, los precios de la energía que produjeran las hidroeléctricas, eólicas o plantas solares no serían producto de la competitividad, sino de los cálculos políticos del gobierno. Empezó entonces una fiesta de los contratos: ahora mismo hay más de 190 aprobados, pero la mayoría de proyectos de generación no están en funcionamiento.

Zelaya accede a hablar en la sede de Libre, en Tegucigalpa. Como si fuera una broma, pero sin serlo, Zelaya mira a la izquierda. Dice muy serio que tiene dificultades para hablar mirando hacia la derecha. Con la camisa abierta, repantingado en un sofá, asegura que en su gobierno luchó contra el modelo económico neoliberal, y recurre varias veces al concepto “energía limpia” —muy usado por empresas renovables y partidos neocon— . Lo usa para hablar de una lenta transformación energética paralizada por el golpe de Estado que le dieron en 2009.

Originario de Olancho, afirma que no tuvo encontronazos con las poderosas familias detrás de las empresas térmicas de Honduras, cuando planteó Patuca III sobre el papel. “No tengo enemigos”, afirma el hombre que tuvo que huir por dos años de Honduras tras el golpe. Repite el concepto de “energía limpia”, pero rechaza cuando se le cuestiona por las políticas asistencialistas como la que determinó los precios de la energía. Dice que es un concepto “burgués”.

Y es que Zelaya implementó un subsidio que dejó casi sin pagar por el servicio a los usuarios que consumieran menos de 100 kW/hora al mes. Solo estuvo vigente durante su gobierno. Por esto fue señalado de aumentar la gigantesca deuda que acumula hoy la ENEE. El maltrecho estado económico de la ENEE tiene otro por qué: el gobierno paga a las generadoras por lo que producen, no por el consumo real de los usuarios. Todo y pese a que existen altas pérdidas de energía por el pésimo estado del sistema de distribución eléctrica del país, además de los robos de energía, en conjunto pueden significar el 32% de la energía que se produce. Y desde hace años la ENEE no invierte en mejorar la red, porque está en quiebra. En mayo de 2019, la empresa estatal debía casi $US 565 millones, en su gran mayoría a los generadores privados (sobre todo a los renovables), por atrasos en el pago de la compra de energía.

La ENEE no tiene dinero para invertir en centrales de generación eléctrica de ningún tipo. Por eso, en 2010, el gobierno de Porfirio Lobo pidió un préstamo al banco chino ICBC para pagar a Sinohydro, una constructora china, para la construcción de Patuca III.

El 16 de mayo de 2011, el entonces presidente Lobo puso la primera piedra de Patuca III. La estimación inicial del costo de la represa era de US$350 millones de dólares, incluido el pago por las tierras inundables. El gobierno calculó que necesitaría US$ 49 millones para pagar indemnizaciones a los cerca de 400 propietarios de parcelas -en general, cultivables- que iban a quedar inundadas por el embalse. Pero ese dinero no fue suficiente. Además, en la mayoría de los casos, no tenían títulos de propiedad y eso complicó el proceso. Acordó reubicar a los que vivieran en tierras afectadas por la represa, construir carreteras alternas y puentes. Todo en un plazo máximo de ocho meses desde el inicio del proyecto. Así consta en el acuerdo publicado en La Gaceta, el diario oficial de Honduras.

El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras emitió un durísimo informe en 2016 contra la ejecución de Patuca III. Advirtió de que los atrasos eran producto de una mala planificación, por no definir correctamente los costos de una hidroeléctrica que tenía que funcionar en 2014.

Ahora, el gobierno espera que sea en 2020. Hace tres años, duplicó el costo de su inversión inicial. Hasta 2016, Patuca III había costado ya US$531 millones en préstamos del banco que el Estado aún no ha empezado a pagar. Y aparte del agigantamiento del costo de la obra y del retraso injustificado, ya hay otro tipo de señalamientos: el año pasado, hubo una sonada denuncia por corrupción en la asignación de los contratos para construir las viviendas de los trabajadores en la construcción de la central.
Recientemente la ENEE dijo que va a necesitar un nuevo préstamo de más de US$35 millones para cubrir 60 indemnizaciones pendientes. No ha finalizado los puentes ni las carreteras alternas. Hay 15 familias, que están en la ruta de los nuevos caminos, pendientes de reubicar a un lugar con agua y energía.

El gobierno anunció varias veces que va a empezar con las inundación de las tierras que compró para la hidoeléctrica. En las comunidades tienen miedo de quedarse aislados, no saben si al menos tendrán electricidad, ni mucho menos cuándo podría ser. Por todo este aparente silencio administrativo, llegaron las cincuenta personas a bloquear la construcción del puente en medio de la nada, porque esa obstrucción era la única forma que encontraron de llamar, sin éxito, la atención. Ni periodistas ni gobernantes les prestan atención.

Tampoco tiene idea el alcalde de Patuca cuándo Patuca III estará funcionando. Calcula un año. O dos. Betancourt cree que la hidroeléctrica dará luz al pueblo, pero nunca ha pedido a la ENEE un compromiso por escrito. Él, dice, confía en el diálogo. Más le preocupa que las parcelas que se inundarán sean las más valiosas del lugar, por estar en la ribera del río, pero así lo aceptaron los vecinos que vendieron: “Yo creo que ese proyecto ha tenido miles de problemas. Hubiera sido mejor que Honduras hubiera desarrollado otros, eólicos, con paneles solares, y producir energía barata”.

A falta de certezas, la central se ha convertido en un rosario de compromisos atrasados. En realidad, la obra física está concluida. Betancourt asegura que la gente ha sido puntualmente informada, pero le lleva la contraria y hace el mea culpa Leonardo Deras, ex viceministro de Energía y nuevo gerente de la ENEE, en su oficina de Tegucigalpa. “El problema de Patuca III fue la socialización”. Se refiere a que no se informó adecuadamente a la población.

De quienes se han instalado alrededor de la mesa para impedir la construcción del puente, la mayoría son vecinos de El Ocotillal, un remoto caserío sin electrificar, que será en parte inundado. Su protesta coincide con las manifestaciones de maestros y médicos en las principales ciudades de Honduras, que rechazan intentos de privatización en el Congreso. La protesta contra Patuca III será más noticiosa cuando acabe, tras cincuenta días.

El coordinador de la protesta, el exdiputado Miguel Navarro, está involucrado en las negociaciones con el gobierno desde 2011. Con su sombrero y sus botas de vaquero, platica como si tuviera un micrófono, pero sin tenerlo. Los que están ya saben lo que dice, pero escuchan con atención. Tiene un sinfín de documentos firmados de recibido por la ENEE en los que se plasma los compromisos asumidos e incuplidos. Siempre ha estado al frente de los bloqueos, por eso el alcalde no quiere ni mentar su nombre. Por eso también recibió tres demandas del gobierno.

Olancho es una tierra con zonas remotas que facilitan el narcotráfico. Pero dice Navarro que a nivel local nunca tuvo problemas por protestar. El exdiputado juega al estilo del cantante Juan Gabriel: lo que se ve —o se intuye—, no se pregunta. Como en buena tierra de narcos. “No negocio con nadie, me mantengo al margen de familias que son poderosas en Olancho, con respeto hacia ellos, y he tenido la suerte de que ellos han respetado mis luchas, no han sido luchas en contra de ellos”, dirá días después en Juticalpa, donde vive. En esa lucha de la que habla, elige dirigir la conversación hacia sus sospechas por obras sobrevaloradas en Patuca III. Tres gobiernos después, Navarro solo saca una conclusión: “Nosotros somos víctimas de la corrupción, porque hubiese habido dinero para solventar el pago de tierras”.

De la sequía a la especulación
Honduras lleva meses y años con manifestaciones por intentos de privatización, por incumplimientos en la construcción de represas y por los racionamientos eléctricos. El país produce menos energía de la que demanda. Solo en mayo, un apagón duró una semana entera y dejó sin electricidad a unos dos millones de personas en cuatro departamentos. Aunque la central Patuca III entrase a funcionar en 2020, las soluciones no llegarán pronto. Patuca III es una apuesta estatal a largo plazo para reducir los constantes apagones de Honduras, sobre todo en Olancho y en La Ceiba, producidos no solo por la escasez de energía, sino también por los fallos en la red eléctrica y por un sinnúmero de conexiones ilegales. Pero el sobrecosto de la hidroeléctrica, los retrasos y los señalamientos de corrupción dificultan la proyección de futuro energético.

Para entender la situación, hay que hacer un salto al pasado. Históricamente, el sector eléctrico fue público. La ENEE era el generador, transmisor y distribuidor de energía. El punto de inflexión fue en 1994, cuando la generación dependía casi por completo de la hidroeléctrica estatal Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Ese año, la sequía provocada por el fenómeno cíclico de El Niño hizo que el embalse se secara y empezaran los racionamientos de electricidad.

Hubo cortes diarios de hasta 12 horas por un período de ocho meses. Esto obligó a repensar el modelo, con una nueva Ley del Subsector Eléctrico que permitió la entrada de generadores privados, sobre todo térmicos, tras 40 años de control estatal. Era el inicio de la privatización del sector energético, pero no sirvió para acabar con los cortes de energía.

Mientras la generación privada térmica se consolidaba, la mejora de la distribución eléctrica quedaba en un segundo plano. En 2002, el gobierno desarrolló un plan por el que Honduras pasó de 47% a 68% de conexión en 10 años. Pero la normalizada visión a favor de los empresarios, en lugar de los consumidores, quedó reflejada en el plan: “Será útil tener una idea del monto de subsidio a la inversión que el gobierno podría conceder a la empresa privada para que esta esté en la posición de obtener una tasa de rentabilidad financiera aceptable”.

El problema, con el paso del tiempo, fue la dependencia del petróleo. En 2013, Honduras allanó el camino de la industria renovable frente a la ya poderosa térmica. Ese año, hubo una reforma a aquella ley de 2007 que buscaba aupar el negocio llamado limpio. Solo que los nuevos beneficios fiscales eran extraordinariamente generosos. Hoy el gobierno es crítico de este modelo que reforzó sin que sirviera para aumentar la generación. “De unos 198 contratos, han entrado en operación 14, encontramos un altísimo grado de especulación y fue precisamente por haber abierto bajo esas reglas”, dice Leonardo Deras, viceministro de Energía al momento de la entrevista.

Deras cuestiona el modelo de impulso descontrolado de las renovables, pero el Ejecutivo va a facilitar que la mayoría de proyectos de generación sí se desarrollen. Si Honduras no produce más electricidad seguirá en la crisis que inició en 1994. La apuesta personal de Deras, nuevo gerente de la ENEE, es el gas natural. Hoy, la Empresa Nacional de Energía es cuestionada por el efecto de su monopolio sobre la transmisión y distribución de electricidad sin hacer mayor presión a los productores de energía.

En Patuca, la transición de la generación térmica a la renovable es invisible. Los barrios desconectados no existen para el alcalde. No es sólo Nueva Jerusalén. A las afueras de la cabecera, Lázaro Boras, un hombre que participa en el bloqueo contra la central eléctrica ilumina sus pasos con una linterna. Vive en el barrio La Guadalupe con su mujer e hijos. Es de los pocos que protestan contra Patuca III que viven en el centro y no en un caserío. Este agricultor lleva años en la lucha junto a Miguel Navarro. Como en la suya, en La Guadalupe, no hay luz en muchas casas.

En este barrio que se enloda con facilidad, algunos vecinos tienen un panel solar y muchos hurtan energía de postes cercanos, y los hay que se enganchan de mutuo acuerdo a la conexión de una vecina. A otros como Boras, agricultor de 60 años, solo les queda confiar en el valor de la protesta. Aunque lo que más ilumine su vivienda esta noche de mayo sean los rayos de la tormenta. No tiene dinero ni parcela donde cultivar. Su lucha, desde 2011, es conseguir luz, carreteras y empleo para personas de Patuca en la obra de la hidroeléctrica, tal como se comprometió el presidente Lobo hace ocho años. “Somos gente pobre, necesitamos el empleo, estamos en un olvido”, dice.

En la oscuridad de su austero pasillo, el sonido de la lluvia es ensordecedor. La larga espera de este hombre no solo depende de los compromisos del gobierno, sino también de la alcaldía. Junto con el centenar de vecinos de La Guadalupe, hace años que pagaron cerca de US$ 700 para pagar el estudio de electrificación del barrio. El acuerdo fue que la municipalidad daría el dinero para el alumbrado del barrio, pero esta promesa tampoco se cumplió. Betancourt, como dicen varios de los vecinos, dice a todo que sí, pero La Guadalupe no tiene luz.

En el caserío El Ocotillal, un lugar donde las casas están pintadas de vivos colores, los postes de madera tienen tanto moho que parecen podridos. Dennis Arquín, vecino de la aldea desde que hace 22 años se trasladó desde Choluteca, muestra los materiales que los lugareños compraron con ayuda de un diputado de Libre. El político usó los fondos departamentales que asigna el Congreso para comprar parte de lo que necesitan para poner luz. Están ahí tirados desde hace tanto tiempo que los postes, instalados por los hombres de la comunidad, ya se tornaron verdes. El alcalde, que tiene una parcela para sembrar en El Ocotillal, también les dijo que les ayudaría con la electrificación.

Pero todo es cuestión de prioridades. A la gente del caserío que lidera la toma de Patuca III en este mayo de 2019 les preocupa hasta dónde va a llegar el agua con la inundación del embalse y si va a haber una carretera alterna al municipio de Catacamas. La luz, esperan, ya llegará. En la parcela que Dennis Arquín vendió a la hidroeléctrica hay una marca amarilla en un árbol alto. Está a unos 300 metros del río Patuca. Sabe que será zona inundada, pero no sabe cuándo. La suya, como tantas, es de las tierras más fértiles de la zona, como bien sabe el alcalde.

-Atención, último momento, concluye la toma que hace no días, ¡meses!, 50 días. Imagínese cómo el país retrasa su capacidad productiva. Pero, ¡gracias a Dios!, se decide entregar allá la toma del proyecto de Patuca III…

Tras cincuenta días, el bloqueo en Patuca tuvo atención mediática. Es 18 de junio de 2019. El anuncio del fin de la protesta se oye en el popular programa hondureño de televisión “Hable como habla”. El presentador entrevista a Miguel Navarro, el líder de la protesta. Están contentos, se han firmado compromisos con la ENEE. El Ocotillal va a tener luz, es uno de los nuevos acuerdos. El resto son compromisos que vienen de 2011, de La Gaceta de Honduras, de cuatro presidentes, de varios gerentes de la Empresa Eléctrica, de la confianza ciega del alcalde, que lleva 20 años en el cargo.

El gobierno plantea a la gente de los caseríos afectados buscar un futuro alternativo a la agricultura, siguiendo el ejemplo de los vecinos de la represa El Cajón, la primera de Honduras, que hoy se dedican en muchos casos a la piscicultura. La expectativa está puesta en la central Patuca III, que quizá esté en marcha en 2020. Para 2022, el objetivo gubernamental es que las renovables equivalgan al 70% de la demanda. A tres años vista, La Guadalupe, Nueva Jerusalén y El Ocotillal ilustran la falta de voluntad estatal y municipal de responder a un problema de país de sobra identificado.

El alcalde Avelino Betancourt siempre pensó que el bloqueo era una pésima idea, porque la gente eligió vender sus tierras. En un inesperado giro en esta tragicomedia eléctrica de largo recorrido, admite que cambiaría de opinión si el gobierno al final no electrifica Patuca.

-Si no tiene ningún documento de compromiso, ¿cómo haría para convencer a la ENEE?

-Por último, sí haríamos alguna acción de protesta. Pero ya con todo el pueblo, no solo un par de comunidades, sino con todo el municipio.

Ante las irregularidades del último proceso electoral, el Congreso Nacional (CN) ha planteado reformas para las próximas elecciones, estas van desde la creación de nuevos entes que regulen las próximas elecciones hasta un proceso de modernización en el Registro Nacional de las Personas (RNP), una de las instituciones más cuestionadas por la falta de un censo electoral actualizado y la poca seguridad en las tarjetas de identidad de los votantes.

Esta semana se realizarán las audiencias públicas para la elección de los entes encargados de las elecciones, aunque 97 personas se postularon para los cargos solo 45 avanzarán a la etapa de audiencias públicas. Para el Registro Nacional de las Personas (RNP) se maneja una lista de 10 postulantes de los cuales tres son los miembros de la Junta Interventora actual; para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también 10 personas y, para el Consejo Nacional Electoral (CNE) serán 25 postulantes.

El RNP será dirigido por una comisión permanente integrada por tres comisionados propietarios y dos suplentes y la Junta Interventora creada a finales de septiembre de 2018 dejará de existir.

Para el diputado Jari Dixon del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y miembro de la comisión multipartidaria encargada de esta elección, el nombramiento de autoridades de los órganos electorales, “es un primer paso para que la gente tenga un nivel de garantía que su voto no será robado y será contado, que se vea reflejado en el resultado final de un proceso electoral pero falta todavía más”. Dixon señala que aún se debe trabajar por la segunda vuelta y el voto electrónico.

Hasta el momento, el único avance en las reformas electorales había sido la junta interventora del RNP que “surge como un nuevo acuerdo de la clase política para trasladar lo que en el pasado era un pacto bajo la mesa en un acuerdo institucional en el Congreso para depurar y arreglar el censo electoral y emitir una nueva tarjeta de identidad” manifestó Rolando Kattán, presidente de la junta.

Uno de los cuestionamientos que más enfrenta la institución es que en el censo electoral aun hay personas fallecidas desde hace varios años en la lista de votantes, algunos sectores aseguran que esto permite que se utilicen sus votos. Otro problema que se cuestiona es qué tan segura es la tarjeta de identidad y el proceso para confirmar que la persona que vota con ella es realmente la dueña de la tarjeta.

Según el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, las reformas dentro del RNP son importantes para la seguridad nacional “nos dará la certeza que realmente quien porte la tarjeta de identidad, es quien es” mencionó.

El Sistema de Identificación Nacional se trabajará en el proyecto “Identifícate” con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de emitir un nuevo documento de identificación a las personas mayores de 16 años en el 2020, este documento dejará de conocerse como tarjeta de identidad y pasará a tener llamarse Documento de Identificación Nacional (DNI).

La primera etapa de este proceso iniciará con el proceso de enrolamiento que consiste en el registro masivo y actualización de datos. Para esto se contratarán alrededor de 3,400 personas que visitarán los barrios y colonias del país para recoger huellas dactilares, fotografías y firmas que pretende identificar a ocho millones de hondureños incluyendo a menores de entre cinco y 17 años.

“Lo que buscamos es convertir el tema de identificación nacional, poder interoperar con las demás instituciones y que el registro no sea una institución aislada y que pase a ser el centro y razón de toda la administración pública” añadió Kattán. Para la realización de este proyecto se firmó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de más de mil millones de lempiras (63,587 millones de dólares).

Rolando Kattán de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Foto: Martín Cálix, Tegucigalpa, 29 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Este no es el primer movimiento financiero realizado para reformar al RNP, en mayo el Congreso Nacional aprobó el contrato entre la empresa estadounidense de datos Oracle, acción que fue cuestionada debido a que se hizo una compra directa en lugar de una licitación, requisito esencial que se exige en la Ley de Contratación del Estado. El contrato está valorado en 185 millones de lempiras (7,6 millones de dólares) destinados a adquirir licencias para instalar la nueva base de datos.

Este contrato fue aprobado en medio de una insurrección legislativa a finales de mayo por parte de la bancada de LIBRE que protestaba con pitos y cohetes, posteriormente la bancada de diputados liberales también denunció que no hubo quorum para realizar la sesión. Ese día además modificaron el presupuesto de seguridad para contratar más personal y aprobaron una contraparte pública de fondos adicionales por más de 3 mil millones de lempiras (46 millones de dólares) para financiar el aeropuerto de Palmerola.

De acuerdo con el presidente de la Junta Interventora, se hizo una compra directa con la empresa para evitar que el proceso de identificación entrara en un desfase debido a que se terminaba el año fiscal de la empresa Oracle y tendrían que volver a trabajar un nuevo contrato.

En aquel momento la Plataforma Social Ciudadana por Honduras remitió una carta al presidente de la compañía Oracle informándole que todo se dio en “una sesión vergonzosa, que no reunía el quórum de diputados exigido por la Constitución, en la que no contabilizaron los votos emitidos, en donde no se celebraron los debates requeridos, por lo que, como es de su conocimiento, dicho contrato es nulo y no reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación”, no se conoce una respuesta pública de la empresa ante esta situación.

El contrato que tiene una vigencia de 3 años, señala que la empresa Oracle no pagará impuestos al Estado por los ingresos obtenidos, además queda exenta de pagar impuestos por material que ingrese al país y tampoco requerirá de permisos de operación u otros similares por parte de municipalidades del país ni inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Mientras tanto, el panorama para las próximas elecciones es aún confuso. Hace un par de semanas se reveló en documentos públicos de la Corte de Nueva York que el presidente Juan Orlando Hernández utilizó $1.5 millones provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial en 2013 lo que provocó una ola de protestas a favor y en contra del gobierno de Hernández.

Hasta el momento existen al menos tres movimientos que dentro del Partido Nacional se encuentran en campaña política, uno liderado por el vicepresidente y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez, otro por el diputado David Chávez y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva ya oficializó su candidatura. Mientras tanto Jorge Cálix, diputado de LIBRE, es el candidato oficial del partido de oposición hasta el momento.

Sin embargo, según el diputado Dixon todavía faltan reformas para hablar de elecciones trasparentes como exigir que exista una segunda vuelta y los votos electrónicos, “hay que ver cómo se reduce el tráfico de credenciales, evitar que los alcaldes abusen de los traslados electorales, pero aún queda mucho camino por recorrer para que el pueblo diga estoy seguro de que no me van a robar el voto y que la persona que quede de presidente, diputado o alcalde sea por quien votó el pueblo” concluyó.

Llegaron todas, todos. El tiempo —escribió Einstein, en una carta a su hermana— es una ilusión. Quizá por ello, a ellas el tiempo no les interesa, no ejerce presión alguna. Entonces, decía, llegaron todas las personas que nacieron el día —ese día— que el mundo se creó.

Hasta la semana que recién pasó, Honduras registra 27 crímenes de odio en este año, apenas 3 de estos han logrado ser judicializados, estos son datos arrojados por el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI de la organización lésbica Cattrachas, el único observatorio que monitorea crímenes de odio en el país.

Si bien, la alegría de seguir existiendo, de anhelar que de una buena vez, la sociedad hondureña entienda —y acepte—que es diversa, que ser distintos siempre fue normal, esta alegría de continuar vivas, vivos, no deja de ser una alegría con algo de tristeza. La marcha del Orgullo no solo sirve para ser feliz, también para reivindicar la vida de quienes ya no están, arrebatadas, llevados por la violencia que gobierna y somete al país, eso es lo que se expresó en la calle el sábado 24 de agosto en las calles de la ciudad de San Pedro Sula, con su apellido de: la ciudad más violenta.

Esta galería registra distintos momentos de esta alegría que de a ratos parece desbordada, pero también registra, quiero creer, los rostros de las personas que podrían ser víctimas de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, de la intolerancia en su estado puro.

La capitana del grupo de palillonas de la Asociación Feminista Trans (AFET), Ariadne Orellana, se mantiene al frente del grupo, las demás siguen sus movimientos, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Dos jóvenes se hacen una foto durante el inicio de la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

La sensación de fiesta, de carnaval, de alegría, invadió las calles sampedranas por unas horas, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Jóvenes de la Asociación Arcoíris de la ciudad de Tegucigalpa sobre una carroza en la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Algunos jóvenes con banderas de la diversidad sexual en la 3ra Avenida de la ciudad de San Pedro Sula, durante la Marcha del Orgullo LGBTI, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una mujer quema una bengala de humo durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una niña utiliza una bandera de la diversidad sexual como capa de súper héroe, salta y se ríe, ayer tarde durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Mojiganagas del Movimiento de Diversidad en Resistencia, MDR, durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Angélica, de 41 años, pertenece a la Asociación Feminista Trans, y posa para este retrato en la 1ra Calle de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Dos jóvenes se abrazan y juegan durante la Marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una mujer camina con una niña en brazos, ayer tarde, durante la marcha del Orgullo LGBTI, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Vienna, sostiene en brazos una bandera trans, ella fue candidata a diputada por el Partido Libre, nunca logró que el Tribunal Supremo Electoral la reconociera como mujer, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Yacser López, de la Asociación Arcoíris de Tegucigalpa, sostiene una bandera de la diversidad sexual durante la Marcha del Orgullo, San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Jóvenes de la Asociación Arcoríris al finalizar la Marcha del Orgullo LGBTI en la ciudad de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una joven ondea una bandera, cuando la Marcha del Orgullo LGBTI terminaba frente al Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contracorriente.

Fotografía Archivo: Martín Cálix

El sábado 17 de agosto se debió celebrar el clásico del fútbol hondureño, Olimpia versus Motagua. En su lugar, cuatro personas fallecieron y decenas más resultaron heridas por una trifulca o por la nube de gas lacrimógeno que intoxicó a centenares de personas dentro del estadio nacional Tiburcio Carías Andino de la ciudad de Tegucigalpa. Una vez más, la violencia y el caos se apoderó del evento mediático y social más importante de Honduras, el fútbol.

En las múltiples declaraciones que invaden los medios de comunicación durante y después de estos lamentables hechos, no faltan las que argumentan que estas cosas ocurren en muchos países. Si bien eso es cierto, hay dos reacciones que es inevitable expresar. La primera es que el dolor de las familias de las víctimas no será jamás superado sabiendo que en otros inimaginables países “estas cosas también pasan”. Pasó aquí, pasó ese día y cobró la vida de un ser amado, y eso hace que lo ocurrido sea excepcional para su familia, así suceda en otros países.

La segunda es que cuando estos hechos son repetitivos, como ocurre en Honduras, dejan de ser justificables al compararse con otras latitudes. No son -y nunca lo fueron- asuntos de fútbol ni de barras. Son el resultado de la negligencia.

Para entender que la negligencia causa la violencia en los eventos de fútbol en Honduras, debemos superar las explicaciones simplistas e inmediatas que buscan encontrar en los detalles, las causas de los problemas: un joven armado, un bus apedreado, un partido cancelado, barras y aficionados eufóricos y agresivos. Eso, sí ocurre en otros países y no causa repetitivamente la muerte y el caos en los estadios. Tampoco es suficiente reducir lo sucedido -o tantas veces sucedido- a conspiraciones de terroristas o mareros infiltrados con fines políticos de desestabilización.

¿De qué está hecha la mezcla que detona la violencia en los estadios de Honduras? Hay cinco particularidades que son cíclicas y que hacen de Honduras una excepción que bota cualquier comparación. La primera particularidad es que el problema es siempre atribuido a los efectos y no a las causas de la violencia generalizada en el país. No hace falta repetir que Honduras es uno de los países más violentos del mundo. A pesar de una inexplicable baja en los indicadores de homicidio, el país no deja de ser violento. Los indicadores están un poco más bajos que otros años, pero aún así, siguen estando por encima de la media latinoamericana y mundial. Por otro lado, un indicador como el de homicidios, nada informa sobre la violencia en la vida diaria, en las relaciones sociales, en la conducta y predisposición de las personas, en el miedo y en el odio.

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Entonces ¿Porqué esa violencia no tendría que invadir un evento deportivo masivo, como el clásico futbolístico hondureño? Que además ocurre en un estadio vetusto que se convirtió en el ombligo de una ciudad que creció desordenadamente alrededor, no de sus paredes, sino prácticamente de la gramilla de su cancha.

La segunda particularidad es que pareciera que con olvidar lo ocurrido días o semanas atrás, las cosas serán diferentes en el partido del próximo fin de semana. La noticia sobre la muerte y el caos en el partido del sábado se olvida el lunes. Rápidamente los medios de comunicación, los cronistas y expertos en fútbol, se dedicarán a rehacer sus análisis y pronósticos sobre el resultado del encuentro postergado. Todo vuelve a esa normalidad de euforia y expectativa deportiva que alimentará la próxima venta de taquilla.

La tercera particularidad es que los clubes asegurarán a la afición, al país completo, que su equipo no los defraudará, que están más preparados que nunca, que “vamos con más ganas”. En un país en donde los hechos trágicos son el pronóstico más seguro ¿Están completamente libres de esa responsabilidad los clubes deportivos? Si no es legal la responsabilidad, será al menos moral. Esa pregunta se extiende a las empresas patrocinadoras. El argumento de responsabilidad empresarial de que se apoya al deporte nacional es el humo de una hoguera que arde con los beneficios económicos que ese patrocinio genera. Es cierto que en todos los países los clubes y empresas han hecho del fútbol un gran negocio, pero no en todos se desligan públicamente o ignoran con un silencio absoluto su responsabilidad frente al caos y violencia que acompaña sus réditos.

Cuarta particularidad. La respuesta del Estado hondureño es policía y mucho gas lacrimógeno, cuando el problema amerita un tratamiento preventivo, no de un día antes, sino del tipo de prevención que requiere una política social orientada a la transformación de conductas violentas, tanto de la población como de sus propias fuerzas de seguridad.

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Cualquier policía en el mundo puede hacer un buen trabajo cuando tiene las condiciones adecuadas. La Policía Nacional de Honduras no las tiene por muchas razones. Por un lado, el hecho de que los partidos de fútbol son eventos privados en instalaciones públicas lleva a que se trate a la institución como un servicio pagado del cual solo se esperan resultados sin permitir una planificación seria desde el punto de vista de la seguridad. Se exige que haya más policías en los estadios, que tengan especialización en el manejo de eventos deportivos, que tengan más armas e incluso, que sea el Ejército el que tome el control, que se haga mejor inteligencia y que se trate el tema como terrorismo, crimen organizado o conspiraciones políticas de desestabilización. Se niega el hecho comprobado de que más policías no significa más seguridad. Al contrario -y especialmente en eventos masivos-la presencia de más policías aumenta el riesgo de confrontaciones. La combinación de armas largas y masas enardecidas solo se traduce en altas posibilidades de muchas personas muertas y, consecuentemente, violaciones a los derechos humanos. Tal como se comprueba una y otra vez, lanzar gas lacrimógeno dentro de un estadio es una violación de protocolos que cualquier academia de policía enseña en el curso básico de sus cadetes. El caos y descontrol que eso genera pone en riesgo la vida de las personas y esfuma cualquier posibilidad de controlar la situación.

La noticia sobre la muerte y el caos en el partido del sábado se olvida el lunes. Rápidamente los medios de comunicación, los cronistas y expertos en fútbol, se dedicarán a rehacer sus análisis y pronósticos sobre el resultado del encuentro postergado. Todo vuelve a esa normalidad de euforia y expectativa deportiva que alimentará la próxima venta de taquilla.

Muchos policías asignados a los estadios saben que van en condiciones desfavorables para hacer un buen trabajo. La presión que ejercen sobre ellos es política, su carrera está en juego. Otros, son cadetes recién ingresados que, atemorizados por su inexperiencia, solo pueden responder con violencia ante cualquier provocación, normal en el fútbol. Otros son unidades especializadas en control de disturbios cuya presencia es una invitación a la violencia en un país en donde, lejos de intimidar, representan la cara de una represión generalizada, el blanco de un descontento social que encuentra en la puerta del estadio el símbolo de un Estado que ha sido sistemáticamente confrontado en las calles. Los protocolos internacionales dictan que las unidades de choque, los grupos élite antidisturbios, no son para exhibir o para disuadir, son para actuar una vez que todos los mecanismos no violentos han sido agotados. No se muestran, porque su presencia es sinónimo de uso de la fuerza y eso, en un país en donde la violencia se premia, es una invitación que no se rechaza. Pensar que con una tanqueta de agua se controla una multitud enardecida en la puerta de un estadio solo puede ser resultado de la inexperiencia, del miedo o de la idea de que la represión irracional acumula méritos. El anuncio de que el Estado pegará más fuerte ante cualquier provocación es la banda sonora del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos.

Con un poco de holgura democrática y menos expectativa de represión, la Policía podría manejar mejor la situación ya que conocen el comportamiento de la población en esos eventos, de los aficionados, de las barras. Hay muchos policías que saben que los tiempos de entrada y salida de las barras deben ser diferentes y amplios, que no se puede revolver a esos grupos, que pueden entablar diálogo con los líderes y respetar los acuerdos, que los anillos de seguridad no se instalan unas horas antes. Sin embargo, muchos acontecimientos lamentables han ocurrido porque lo planificado es cambiado a última hora, porque se presiona la salida de las barras porque hay que apagar la luz de estadio, porque no le dan condiciones favorables a los policías por las horas a las que terminan los partidos, porque cambiaron al último comisario que sí sabía cómo lidiar con la situación, porque llegó alguien que quiere demostrar que con la fuerza se logra todo, porque no aparece la persona que tiene la llave los portones, porque el lunes hay manifestación y toca otra vez salir a controlar masas con los mismos policías cansados, porque no hay gasolina, carros patrulla, suficientes policías o voluntad para prevenir la violencia en los desplazamientos de los barristas entre las ciudades los días de partido.

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Una fuerza policial democrática conversa, escucha, atiende y previene; privilegia la seguridad de todos los ciudadanos por encima del rédito que genera el evento privado, sin importar si son aficionados, barristas, directivos de clubes o jugadores. No se puede esperar que la policía haga bien su trabajo si lo que se espera de ella es que los partidos de fútbol en Honduras sean eventos excepcionales de armonía social cuando el país ha estado inmerso en la violencia y la inestabilidad; que resguarden las mallas que dividen la cancha de los aficionados como si éstas fueran velos sagrados que sentencian a lapidación a quien se atreva tocarlos; que den la cara explicando lo sucedido cuando no han tenido las condiciones adecuadas para evitarlo.

Con un poco de holgura democrática y menos expectativa de represión, la Policía podría manejar mejor la situación ya que conocen el comportamiento de la población en esos eventos, de los aficionados, de las barras.

Finalmente, la quinta consideración alude a las barras. Sí, hay barras en otros países, pero un entendimiento más profundo de éstas demuestra que ellas son la expresión de la sociedad en la que existen. Las barras en Honduras han sido recurrentemente la excusa para explicar problemas sociales de forma simplista. ¿Qué las hace diferentes de otras barras en otros países?

La pasión de los miembros de las barras de Honduras por sus equipos está acompañada de la precariedad social y violencia generalizada en la que vive la mayoría de sus miembros. Son jóvenes que provienen de barrios y comunidades en donde la educación no ofrece una mejor opción de vida; jóvenes para los que el mercado laboral está cerrado, porque eso le pasa a la mayoría de jóvenes en el país. Jóvenes que encuentran en la barra una identidad de grupo, una solidaridad y compañerismo que genera unas relaciones afectivas que de alguna manera llena los vacíos que producen entornos familiares violentos. También son jóvenes que desde la infancia han tenido que aprender a sobrevivir en barrios extremadamente violentos, controlados, reprimidos, en los que saben que la vida es corta, muy corta, y que no hay futuro, solo un presente que es mejor vivirlo con intensidad. Son jóvenes como cualquier otro joven de los barrios duros de Honduras -que son casi todos- con sueños que se diluyen en un día a día marcado por la precariedad. En ese contexto, la violencia, las drogas, el alcoholismo, la violencia de género, la pobreza y el desempleo se traducen en un ímpetu que no mide riesgos, que busca defender lo único que se posee, la identidad colectiva, el color del equipo y la memoria de muchos otros, iguales que ellos, que dejaron la vida en la vorágine de un sábado como el pasado 17 de Agosto.

En las barras también se reproduce la violencia generalizada en el país. Una violencia que ha marcado a las personas desde su infancia y que no diferencia de quien la ejerce individual o colectivamente, quien la ejerce contra la mujer y los niños y niñas. Hay algo que anda muy mal en una sociedad cuando centenares de jóvenes están dispuestos a dar o quitar la vida por un color, una consigna, un nombre o una calle. La violencia que reproducen las barras no es diferente a la violencia que existe en toda la sociedad, porque las barras son la sociedad y sentenciar simplistamente eso como terrorismo es condenar a una sociedad completa, o al menos, a un buen grupo de su juventud.

Pocas personas saben -y algunas aunque lo sepan lo niegan- que las barras hacen enormes esfuerzos por planificar la seguridad en los eventos deportivos, por establecer el diálogo, por llevar la mayor cantidad de jóvenes a los escasos proyectos de prevención que incluyen a este tipo de población. Las barras en Honduras son organismos vivos que se nutren de jóvenes en busca de sentido de pertenencia, de inclusión, en una sociedad que al contrario excluye y margina. El esfuerzo de las barras ha sido transformar el que la violencia sea parte de esa identidad, sin embargo, el muro de indiferencia y estigmatización al que se enfrentan solo refuerza la tendencia a defender con agresividad lo único que se tiene, el grupo mismo.

Hay altos niveles de violencia en las barras, no por el hecho de ser barras, sino porque son barras en Honduras. Comprender esto requiere acercarse a las barras desde una perspectiva social, humana y contextualizada. La salida más fácil ha sido aplicar etiquetas que despiertan el desprecio social sobre las barras y que justifican la represión como única salida al problema. No se resuelve el problema escalando la categoría con que se les define: de antisociales a delincuentes, a criminales organizados, a terroristas ¿Qué seguirá después?

Alguien dijo (ya se sabe que no fue A. Einstein) que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Aquí le hemos llamado negligencia. Cuando una comisión de disciplina sanciona a un equipo prohibiéndole que su afición entre al estadio durante los partidos, especialmente si hay un clásico, es negligente. Las consecuencias de ese tipo de sanciones están lejos de ser solamente jurídicas, son sociales. Ese tipo de comisiones debe ver más allá del futbol y prever las consecuencias que sus decisiones tienen sin importar sobre cuál equipo recae la sanción. No es suficiente desligarse de la responsabilidad y dejar el problema en manos, por ejemplo, de la policía. Si una sanción produce tantos problemas, sería lógico preguntar si son adecuados los criterios a partir de los cuales la comisión toma sus decisiones. La disciplina por supuesto que es necesaria y debe ser bien calculada para que sea formativa y constructiva. Si produce lo contrario, como sucedió en esta ocasión, la respuesta no debe ser tomar medidas más drásticas, sino más inteligentes, adecuadas al contexto y previsoras de las consecuencias que produce.

Es negligencia esperar que la policía contenga, vía represión, un descontento que solo tendrá un desenlace fatal. Lo es también explicarle a la población que todo es producto de “terroristas”, “pandilleros infiltrados” o “delincuentes individuales”, tal como fue comunicado por el Presidente. El problema tiene raíces profundas en una sociedad violenta que se niega a sí misma, esperando que en el próximo partido será todo diferente, aunque se haga exactamente lo mismo. No se hace nada diferente al anunciar que el problema será tratado como la conspiración de un terrorismo que intencionadamente busca fines políticos y con eso pretender reafirmar una legitimidad cuestionada. Tampoco ayuda incentivar la estigmatización al decir que se debe castigar a «barras criminales» como lo djjo un representante de la iglesia católica que, en lugar de buscar la paz, clama por un tratamiento al estilo de la inquisión del medioevo.

Desde hace tiempo no se está proponiendo algo diferente a lo que ya se ha hecho antes, es decir, se repite la respuesta de reducir el problema a una conducta violenta y desordenada de aficionados y barras que será tratado con medidas extremas de demostración de fuerza, de represión.

Esta situación amerita hacer algo diferente, entender que la violencia en un estadio es solo la punta de un iceberg social que involucra a clubes deportivos, comisiones, anunciantes, empresas de venta de boletos, policía, barras, la liga nacional y los medios de comunicación. De parte del Estado la responsabilidad es mucho más amplia: políticas de seguridad que no se centren únicamente en la demostración de fuerza sino en la comprensión social de los problemas que generan la inseguridad, la corrupción (incluida aquí aquella que puede estar vinculada al fútbol), el descontento y la violencia social generalizada.

El presidente anunció en un comunicado que “Los estadios deben ser espacios de sana convivencia entre gente civilizada, en familia, entre amigos.” Algo diferente, que evite que los hechos del 17 de agosto no se repitan, será lograr que más que los estadios, sea la sociedad, Honduras, lo que deba ser un espacio de sana convivencia entre gente civilizada, en familia, entre amigos. Lo contrario será hacer lo mismo, la negligencia.

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La semana pasada Honduras revivió de nuevo la crisis constante en la que vive, esta vez el escenario de protestas en contra y a favor del gobierno de Juan Orlando Hernández se dio tras la publicación de dos artículos de la cadena estadounidense Univisión que revelaban un posible financiamiento del narcotráfico en las dos campañas presidenciales de Hernández, mientras que otro reveló el involucramiento de su familia en una red de corrupción a través de organizaciones no gubernamentales.

Estos acontecimientos mantienen una inestabilidad ante la que se plantean distintos escenarios, Contracorriente (CC) conversó con el ex presidente Manuel Zelaya (MZ) sobre la situación actual de país, los señalamientos de políticos hondureños que financiaron campañas con dinero del narcotráfico y los posibles escenarios que se podrían dar ante este contexto.

Zelaya es un personaje que pasó a la historia por ser el presidente derrocado por un golpe de Estado institucionalizado, visiblemente no militar pero bien orquestado para legitimar un sistema de corrupción que ahora sigue desgobernando el país. En el aniversario del golpe, una década después Zelaya estrena su libro Golpe 28J, donde cuenta su experiencia. Ahora, líder del único partido de oposición que quedó tras la crisis postelectoral, sigue siendo un personaje de escándalo, su partido lidera una insurrección en el Congreso Nacional —una insurrección que hoy cesó pero que puede reanudarse en cualquier momento— y desmiente en redes sociales los bulos publicados que lo vinculan con el narcotráfico. Así nos contestó en su oficina, sede del Partido LIBRE.

CC: Ante los recientes señalamientos de vínculos entre Juan Orlando Hernández y el narcotráfico y las manifestaciones de los últimos días ¿cómo analiza la situación actual?
MZ: Esto es más que una crisis, es una terrible contradicción en la que está nuestro país. El primer ciudadano debe ser el cúmulo de méritos y de reconocimientos, no de desprestigio ni de rechazos. Demasiadas ilegalidades, demasiadas indicaciones en asuntos de corrupción, saqueo del Estado, Golpe de Estado militar, fraudes electorales, violación a la Constitución, a los Derechos Humanos y ahora implicaciones en el tráfico de drogas que es algo totalmente ilegal. Sumado a eso los niveles de pobreza del país, los niveles de reclamos de la empresa privada por grandes impuestos. Lo primero que debería hacer es reconocer sus errores y retirarse.

CC: ¿Cuál cree que debe ser la respuesta de las autoridades hondureñas ante estos señalamientos contra Hernández?
MZ: Las autoridades del país están cooptadas por las organizaciones políticas que están dirigiendo el país, Honduras está siendo víctima de una dictadura cívico-militar, que tiene apariencia de ley, no hay autoridades en las que podamos confiar en este momento.

CC Hay un entramado de corrupción que involucra a exdiputados, diputados actuales y algunos casos se dieron durante su periodo como diputado, incluso con diputados de LIBRE acusados. En la investigación reciente de Univisión mencionan cómo filtraban dinero desde el Fondo Departamental para la compra de votos en momentos cruciales, ¿ustedes conocían de casos abiertamente?
MZ: El fondo departamental es una organización presupuestaria que se creó cuando tu servidor fue jefe de Estado, presidente de la República. Es un fondo que se manejó de manera transparente. Se hacían las solicitudes en el Congreso Nacional que luego las remitía al Ministerio de Finanzas y este hacía las evaluaciones, emitía pagos y cheques, que se publicaban y se entregaban públicamente. Hasta ahí era una propuesta transparente, nunca hemos tenido ni rechazo ni reclamo por eso.

Entiendo yo que en estas administraciones ese fondo desaparece, se dice que pasó a Casa Presidencial y a través de ahí se empezó a hacer absolutamente todo ya en el gobierno del Partido Nacional. Las críticas que están haciendo es específicamente a eso, que les dieron a proyectos que no existían, que se le dieron a organizaciones que no tenían nada que ver con lo que decía la solicitud, nació Pandora que es un caso que lo lleva directamente la fiscalía del Estado con la organización de UFECIC-MACCIH. Claro que es sumamente lamentable que un fondo que podía ser un ejemplo de transparencia para ayudar a las comunidades, se convierta de esta forma en una aberración monstruosa de corrupción.

El ex presidente Zelaya junto a su hija, Xiomara Zelaya, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

CC: Dentro de las declaraciones de Hernández y otros personajes de gobierno en los últimos días, él lo ha señalado directamente a usted y a Salvador Nasralla, acusándolos de tener vínculos con el crimen organizado, ¿cuál es su respuesta a estas acusaciones?
MZ: No es nuevo, a mí me señalan desde que empecé a tratar de hacer cambios en este país, desde hace 14 años. Yo llegué a la presidencia siendo partido de oposición, el gobierno quien lo dirigía era Juan Orlando, Porfirio Lobo y Ricardo Maduro, yo era de oposición y llegué luchando. En el ejercicio de la presidencia, como hice y propuse cambios, tuve serios conflictos con la élite del país, yo nunca tuve conflictos con el pueblo porque nunca usé guardaespaldas, no tenía cápsulas de seguridad blindadas incluso me iba a comer a los restaurantes como cualquier ciudadano, no tenía conflictos de ninguna manera.

Pero como toqué intereses de los grandes, especialmente de las petroleras norteamericanas y Europa, traje a Chávez y el petróleo de Venezuela entonces comenzaron los cuestionamientos especialmente de la oligarquía que maneja los medios de comunicación y de los centros de capital hegemónico que operan desde Washington que empezaron a atacarme fuertemente: a decir que tenía vinculaciones de corrupción, que se había perdido la estrategia de reducción de la pobreza, ¿se ha fijado que nunca volvieron a mencionar la estrategia?, decían que se había ido Suecia por la alta corrupción del país, que las avionetas caían como avispas en Honduras llenas de droga, algo totalmente fuera de contexto porque los radares los manejaba Estados Unidos, el espacio aéreo lo manejaba la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas.

Cuando dan la orden, que esa orden se da directamente de los círculos de poder económico de los halcones de Washington, se empieza a preparar el ambiente del Golpe de Estado y empiezan a inventar todas las mentiras y calumnias que usted pueda imaginarse. Yo en ese momento soy presidente y empiezan a decir barbaridades, no solo implicaciones en narcotráfico, quererme meter en absolutamente todo y me invaden la casa, me allanan, asaltan, secuestran y me expulsan de este país, eso sucedió hace 10 años y desde ese tiempo ellos tienen todo el poder, lo tiene Estados Unidos y yo no tengo ningún poder.

Desde ese tiempo están no solo investigando, sino que haciendo todo lo que quieran: metiéndome a juicios, embargándome la casa. Entonces esto que hacen lo han hecho siempre, no es raro, pues tratar de implicarme lo han hecho siempre.

CC: En los documentos liberados por la Corte de Nueva York también en las declaraciones del narcotraficante Don H se menciona su nombre ¿qué tiene que decir ante estos señalamientos?
MZ: En algún momento sale. Ese Don H que yo no sé quién es, dijo que negaba que hubiera participado en un soborno. La Prensa sí me vinculó en un titular, pero esa es una noticia periodística. Él, un narcotraficante, a quien no tengo porqué creerle o no creerle porque es un narcotraficante, negó absolutamente eso. Ahora La Prensa aquí lo manipula.

Manuel Zelaya durante su discurso en la concha acústica del parque centr al de Tegucigalpa, explicaba que él no es narco, que no tuvo nunca nada con narcos, que no es él el señalado por la Fiscalía de Nueva York, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

CC: ¿Cree que de alguna manera el narco ya gobernaba el país desde su gobierno? ¿cómo pueden asegurar que no estaba inserto en los partidos políticos?
MZ: Primero, ya han pasado 10 años ¿no cree que ya hubiera salido algo en 10 años? Nadie acusa a mi gobierno de haber creado un cartel de narcotráfico para mandar droga a los Estados Unidos, simple y sencillamente las investigaciones han continuado y más bien en este tiempo el Departamento de Estado norteamericano todos los años publica un informe, los años que publicó informes 2006, 2007, 2008 que son los años que me tocó gobernar, todos tienen altísimos reconocimientos para el gobierno del Poder Ciudadano. Le invito a que lea el último informe, el de 2010 cuando ya me había sacado, que dice a partir del Golpe de Estado de la salida del presidente Zelaya Honduras se convirtió en un paraíso de la droga y además los narcotraficantes encontraron su mejor lugar para vivir después del Golpe de Estado.

CC: ¿Por qué cree eso?
MZ: Yo tengo mis explicaciones: los militares tomaron el poder y manejaban los retenes, manejaban los departamentos, absolutamente todo. Entonces había una razón, el control era tan estricto que era mucho más fácil el traspaso de la droga, eso es lo que puedo decir.

CC: En aquel tiempo ¿cómo eran las negociaciones para financiamiento de las campañas políticas? ¿Cómo garantizaban que el dinero no viniera del crimen?
MZ: Yo tengo una carrera política que duró 25 años para poder llegar a la presidencia, en 25 años, ¿creen que no lo investigan para llegar a diputado, a ministro, primero a precandidato, luego a candidato? Yo perdí las elecciones una vez y después volví a participar y gané. Mi vida es totalmente pública y no tengo nada que ocultar de mi vida política, en la privada, en mi vida de negocio, de empresario.

¿Usted cree que no me han investigado en este tiempo? Además, tengo procesos y demandas. Nosotros no tenemos ningún temor absolutamente a nada, que tenemos adversarios y enemigos que utilizan medios como el de ustedes para atacarme es cierto, ellos son el poder, tienen dinero, pueden pagar páginas, comprar periodistas.

Yo no tengo ningún periodista a sueldo como ellos y el gobierno como me considera enemigo del sistema usa todos los sistemas para atacarme, con alguna rara ocasión un periodista se atreve a decir «mire, es injusto lo que está diciendo, es una manipulación», como muchas de las preguntas que usted me ha hecho son manipuladas.

CC: Entonces, ¿cómo cree que entra el financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas?
MZ: Esa pregunta es sumamente importante y por eso doy la entrevista, a mí me interesa aclarar las cosas. Primero, el narcotráfico siempre ha existido, pero en Estados Unidos el consumo cada vez es mayor entonces la producción de cocaína en Colombia cada vez es mayor. En Estados Unidos hay 60 millones de consumidores y pasan por Honduras 100 millones de toneladas por aire, por tierra, por mar según dicen los informes del Departamento de Estado. Ahora, quien se quiera meter en eso es problema de él: lo van a matar, lo van a implicar, es parte de una sociedad oscura que vive al par de la sociedad honesta, eso no lo pueden desconocer.

Nadie nos ha acusado de tener un cartel de narcotráfico como están acusando al gobierno actual, las críticas que hay es eso es el financiamiento de campañas. Por ejemplo, un partido político normalmente tiene un promedio de 3 mil personas de departamento que se multiplican por el número de corrientes, LIBRE ahora presentó 10 corrientes con 2 mil personas cada una, es decir 20 mil personas, ¿cómo vas a controlar como líder político lo que hacen 2 mil personas en el país?

¿Qué hicimos nosotros? Ya en este periodo se creó una Ley de Fiscalización de Partidos Políticos y de candidatos que ahora tienen que llevar las cuentas de cada uno de los candidatos y de cada una de las personas, esa ley tienen que investigar a cada una de las personas pero un candidato no puede hacerlo, no podes verificar que hacen las personas de tu planilla y cada quien es responsable de sus actos, yo lo he dicho: no soy narco, no tengo negocios con narco y por tanto no tengo porque darme por aludido cuando están hablando estos temas y tampoco voy a asumir responsabilidades de otras personas.

La DEA sabe exactamente qué es lo que ha pasado en Honduras estos años, ese caso de Tony Hernández dice que desde 2004 que yo estaba en campaña política, ¿quién era el secretario del Congreso Nacional? Juan Orlando ¿Quién era el presidente del CN? Porfirio Lobo ¿el de la República? Ricardo Maduro, desde 2004 lo estaban investigando, ya sabían que estaba metido y que era parte del engranaje, yo estaba en campaña política en oposición a ellos.

A nosotros no nos están acusando de crear un cartel ni de tener organizaciones narcotraficantes, podrán decir lo que dicen en asuntos que cada uno tiene que responder en sus pueblos, eso es lo que podría decir al respecto.

CC: El artículo publicado en Univisión recientemente dice en el último párrafo que de ser ciertas las declaraciones de los narcotraficantes, al menos los últimos tres presidentes habrían recibido financiamiento, queda un poco ambiguo porque en realidad hemos tenido cuatro presidentes al menos
MZ: Es importantísimo ver fechas porque el presidente actual, yo considero que no es, pero está ejerciendo el cargo, se llama Juan Orlando Hernández, el anterior fue él mismo y ahí ya llevamos dos presidentes, el anterior es Porfirio Lobo Sosa, el anterior período, de facto también, es Roberto Micheletti Baín y el anterior es el de tu servidor que no me dejaron estar y me sacaron con un Golpe de Estado.

Entonces si dices tres presidentes en este caso soy el quinto y no tengo problema que me investiguen, me han investigado, yo creo que la persona más investigada después de William Assange (se refiere a Julian Assange de Wiki Leaks) es Mel Zelaya en Honduras.

CC: Después de las irregularidades en el último proceso electoral, ¿ustedes confían en la institucionalidad, creen que las reformas harían algún cambio?
MZ: La confianza se pierde por las conductas de las personas, la clase política hondureña responde a los intereses de la clase económica, la clase dominante de Honduras que es de origen extranjero tiene gran parte de sus intereses en Estados Unidos por eso para la clase dominante de Honduras que maneja a la clase política lo que dice Estados Unidos es sacramento, aunque sea en contra de Honduras, ¿quién ha protegido la dictadura de Juan Orlando? Estados Unidos, ¿quién le ha dado aval para golpes de Estado, para fraudes, para incluso saqueo de instituciones? Estados Unidos calla cuando aquí hay violaciones a los derechos humanos sin embargo señala a cualquier otro país menos a Honduras, entonces ellos son lo que los tienen ahí y las Fuerzas Armadas.

La clase dominante de Honduras es una clase que no tiene patriotismo, no tienen identidad, no quieren a su país. La mayor parte de sus recursos los tienen en Estados Unidos, por eso Estados Unidos manda aquí, ellos han tenido esta dictadura 10 años desde el Golpe de Estado y ahora viene un fiscal y lo señalan que han organizado un cartel entonces.

El mejor aliado de ellos ahora lo señala, pero no lo señalan como un explotador que ha privatizado el costo de la luz, el de los combustibles, de la carretera, del transporte, eso no le importa a Estados Unidos, no le importa que aquí haya 70% de niveles de pobreza, pero si le importa porque es un acto ilegal para ellos que esté metiendo droga a los Estados Unidos pero ¿por el saqueo del Seguro Social y por el saqueo a las instituciones, por el caso Pandora? No hay específicamente un interés por los derechos humanos, por la muerte de Berta Cáceres o por las más de 350 personas que han sido asesinadas aquí militantes de LIBRE en 10 años y que no hay un solo caso, una denuncia. A mí me sacaron a balazos como perro de aquí y no hay un militar denunciado porque no aceptan las denuncias en la fiscalía.

Entonces, ¿cómo resolver esta situación? LIBRE plantea una refundación nacional, una nueva Constitución de la República, un nuevo diálogo nacional para crear una nueva clase política que se haga respetar con patriotismo e independencia y no una clase apátrida que vende todo a los intereses de los extranjeros y además corroída gravemente como lo dicen las denuncias que se plantean, eso no lo queremos. Queremos democracia en Honduras, estamos luchando por reformas electorales hace diez años, por elecciones trasparentes, pero cuando un político habla de elecciones dicen que lo que está buscando son chambas porque la clase dominante sabe que el día que haya soberanía y elecciones limpias dejan ellos de mandar para que mande el pueblo. Honduras tiene que cambiar y para eso necesita una nueva constitución.

Luego de una movilización masiva que terminó en un mitin político y concierto, Manuel Zelaya, acompañado de su hija, Xiomara Zelaya, habló durante al menos media hora para sus seguidores, Tegucigalpa 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

CC. El llamado a las calles ahora tiene claramente dos líderes, Libre y la Plataforma entre estos dos podría salir un candidato en caso de tener un gobierno de transición o elecciones adelantadas, ¿qué escenario visualiza en este caso?
MZ: Bueno, ya esa es labor de Walter Mercado porque es de agarrar una chibolita y ver que va a pasar, yo te hablo de lo que está pasando hoy, lo que pasará mañana solo Dios sabe.

CC: La pregunta va en el marco del escenario político actual ¿Cuáles serían las perspectivas de cara a un posible adelanto de elecciones o si eso es siquiera posible?
MZ: Lo que estamos pidiendo es que salga la dictadura para poder hacer elecciones, ya nos ha tocado dos veces, ¿por qué nosotros no podemos adelantar lo que va a pasar? Porque dependerá de las decisiones que se tomen hoy, supone que la dictadura salga, así como lo demanda el pueblo, no sería correcto que viniera otra o que viniera otra peor. Los problemas de la civilización se van a resolver preguntándole a la gente, este es uno de los pocos países del mundo que se niega a la consulta.

Entonces, ¿qué viene si cae la dictadura? Si dejan que Estados Unidos tome la decisión viene otra dictadura, si dejan que la clase dominante de Honduras vende patria que vive en Miami, vendrá una dictadura más represiva.

CC: ¿Y si se hace lo que dice la constitución quién sería el sucesor legalmente?
MZ: Según la constitución de la República un presidente, en este caso hablamos de un presidente de facto, solo puede salir porque se terminó su período, porque le metieron una demanda, lo acusaron, está incriminado, está condenado y debe de salir porque la Corte le quitó su categoría de ciudadano o porque el Congreso considera que ha perdido el juicio y le hacen un juicio político, lo botan y tiene que salir, esas son las formas constitucionales.

Siguiendo la constitución lo sucede un designado, si los designados renuncian lo sucede el presidente del Congreso Nacional y sino el de la Corte, entonces, ¿quién maneja la Corte, la directiva del Congreso, la Fiscalía, los militares? Juan Orlando, aliado de Estados Unidos, ¿de qué institucionalidad hablamos? Todo está cooptado por una tiranía, nosotros confiamos en el soberano que debe hacer los cambios en él, en sus manos está el futuro.

El pueblo debe identificar sus objetivos, luego trazar una meta para alcanzarlos: queremos democracia, elecciones libres y que el pueblo sea consultado de las cosas importantes, un presidente no puede tomar decisiones en cosas sustanciales de la vida del hondureño.

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, necesitó en esencia de su contrincante, Sandra Torres, para poder ser electo. Tras 20 años de intentarlo, una serie de contratiempos electorales lo hizo ascender y lograr esquivar a otros candidatos. Ha sido elegido administrador de Guatemala.

Texto: Oswaldo J. Hernández

Foto de portada: Dafne Pérez

Publicada originalmente en No-Ficción

Alejandro Giammattei Falla, el presidente electo de Guatemala, parece que ha estado ahí desde siempre. Una sombra electoral, aparentemente anodina, a la que le han acompañado resultados poco relevantes. Su apellido es sinónimo de elecciones: lo ha intentado demasiadas veces. Desde hace 20 años, su nombre y su rostro han aparecido en las boletas electorales cada cuatro años: dos veces postulado como alcalde de la ciudad de Guatemala (1999 y 2003), y cuatro como candidato a la presidencia (2007-2011-2015 y 2019).

Es casi parte de un imaginario colectivo. Regresa siempre adoptado por un partido diferente. Y esta última vez, obstinado, por fin lo ha conseguido con un partido creado alrededor de su figura. Circunstancialmente lo ha conseguido. Más de una década después de su paso como director del Sistema Penitenciario es recordado sobre todo por ser acusado de ejecuciones de reos de las cuales fue absuelto.

Ha sido electo presidente no por la simpatía o la estructura del partido que representa (VAMOS, la sexta organización en su carrera con apenas tres años de formación), tampoco por su propuesta política, y quizás su personalidad no haya sido un aspecto determinante.

El contexto, su historia, la no inscripción de dos candidatas importantes (Zury Ríos del partido Valor con prohibición constitucional por ser hija del dictador Efraín Ríos Montt, y Thelma Aldana la ex fiscal general postulada por Semilla que no obtuvo su finiquito), aunado al antivoto y pragmatismo de la derecha conservadora de Guatemala, configuraron el camino de Giammattei en busca de la presidencia.

El exjefe de las prisiones que más tarde fue uno de los primeros residentes de la cárcel militar, Mariscal Zavala, hoy centro de detención de numerosos integrantes de la clase política, triunfó luego de un intrincado proceso de eliminación de contrincantes.

“Mire lo que me han hecho en todo este tiempo. Me han acusado injustamente en los tribunales. He estado en la cárcel durante 10 meses. He tenido que estar en un Hospital. Ha sido una lucha constante de 12 años”, decía ya como presidente electo, caminando ataviado con sus muletas, un Giammattei rodeado de un enjambre de cámaras y micrófonos, en busca de la entrada al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde le esperaban los últimos resultados de la segunda ronda para la elección de presidente de Guatemala.

A esa hora, cerca de las 10 de la noche, con el 95 por ciento de mesas electorales contabilizadas, las pantallas de resultados le otorgaban 1 millón 857 mil votos a favor, más de 17 puntos porcentuales por encima de su contrincante, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que intentaba la presidencia por segunda ocasión. El abstencionismo, con un padrón de casi 8 millones de personas, fue cercano a los 5 millones de votantes.

Giammattei, durante todo el día, lanzó frases al aire como candidato. “No seré un mandatario, sino un servidor para el pueblo”, y entonces avanzaba entre los periodistas, de una conferencia de prensa a otra. “Hay que bajar las banderas e ideologías y centrarnos únicamente en la lucha de una Guatemala diferente”, decía, intentando no tropezar. “Acabaremos con la corrupción”, repetía.

Si se le cuestionaba sobre “la suerte” de haber llegado a la segunda vuelta electoral como candidato, se enfocaba en responder que se debía a largos años de lucha, de insistir e insistir, de tener una actitud perseverante. De lograr tener una cuarta oportunidad para ir por la presidencia.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, emite su voto en el Liceo Guatemala. Foto: Dafne Pérez.

Giammattei en su circunstancia

“Giammattei no debería haber llegado hasta acá”, dice el sociólogo y analista político Gustavo Berganza, “es producto de una serie de eventos que le beneficiaron”. Como candidato le antecede una historia de pérdida, de acusaciones y también redenciones. De poco caudal electoral. De representar una fuerza conservadora, capaz de unirse ante la elaboración de enemigos en común cuando lo piensan necesario. En este caso en concreto necesitó de su contrincante. Quién era… y la forma en que el electorado entendió el escenario de las elecciones. Y entonces decidir.

Sin Sandra Torres, Giammattei nunca hubiera alcanzado el poder.

El analista José Carlos Sanabria intuye que Guatemala vive una paradoja dentro del seno de su sistema de partidos políticos. “¿Cómo es posible entender que la mejor estructura partidaria que hemos tenido en los últimos años, la UNE, pierda la presidencia?”, pregunta. Un partido, en efecto, con 106 alcaldes electos de 340 municipios. Un partido con 52 diputados para el nuevo Congreso de la República de Guatemala. Un partido así debería tener suficiente control territorial para elegir un presidente.

Pero no. La UNE no creció. Tras las últimas elecciones presidenciales, su intención de voto se mantuvo dentro de una cifra similar. Cuando Sandra Torres se lanzó como candidata a la presidencia por primera vez en 2015, obtuvo un segundo lugar contra Jimmy Morales al recibir 1 millón 261 mil 607 votos.

En 2011, cuando Torres no pudo participar por la presidencia debido a que la Corte de Constitucionalidad la consideró como familiar del entonces presidente Álvaro Colom, pese a divorciarse meses antes del mandatario, y por tanto con prohibición constitucional, ella apeló ante los magistrados indicando que “1 millón 300 mil votos exigían que fuera candidata”. Esa cifra, tan específica, correspondía al número de personas beneficiadas por los programas sociales que ella implementó cuando fue primera dama durante el gobierno de la UNE (2008-2012).

Y es casi el mismo número con el que vuelve a perder. Esta vez contra Giammattei.

“No hay más”, dice Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). “Ese es el caudal máximo de la UNE. Su falla ha sido la de buscar alianzas en busca de aparentar lo que no es. Intentar incorporar grandes empresarios dentro de sus filas. Y obviar alianzas con partidos de izquierda. Porque en esencia, el voto urbano, ha estigmatizado a la UNE como un partido social demócrata, y a Sandra Torres la ven como socialista”, añade.

Y otro factor, como describe Sanabria, radica en la articulación de una derecha conservadora. Una derecha que se articula pragmáticamente. “Que es un caudal que en la primera vuelta estaba dividido. Que fue un voto repartido entre varios partidos como Humanista, CREO, PAN-Podemos, VIVA… Y que en segunda vuelta se articuló en VAMOS”. Y Giammattei resultó ganador.

La candidata Sandra Torres, de la UNE, emite su voto en la segunda vuelta electoral 2019. Foto Josué Decavele.

Otro acontecimiento, fue la salida de algunas candidaturas que estaban estadísticamente encima de Alejandro Giammattei. Según los expertos, el presidente electo estaba destinado a repetir su historia otra vez. Es decir, perder. Quedar en las sombras de las elecciones. Pero algo sucedió.

Berganza dice que “en un proceso normal, sin judicialización de la política, el panorama hubiera sido distinto”. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, decidió invalidar las inscripciones de la ex fiscal General Thelma Aldana, por el partido Semilla, y Zury Rios, por Valor, ambas candidatas a la presidencia en el proceso electoral de 2019. “Con ellas fuera de la contienda, quizá de forma natural, quizás por sus múltiples intentos de buscar el poder y estar presente en el electorado, el que ascendió fue Alejandro Giammattei”, dice Berganza.

El triunfo de VAMOS deja una sensación de resabio artificial.

Un electorado que, sin más opción, buscó entre las propuestas y decidió que un doctor, de 63 años, con cierta cercanía laboral al ex presidente fallecido Álvaro Arzú, que trabajó en la municipalidad de Guatemala a cargo de la Empresa de Agua (EMPAGUA), que fue jefe de microcréditos en el desaparecido Bancafé, que estuvo acusado de ejecuciones extrajudiciales como jefe de presidios durante el gobierno de la GANA (2004-2008), absuelto después de 10 meses en prisión, y candidato permanente durante 20 años, podía ser presidente de Guatemala.

El retorno de antiguos poderes

A cada paso de la jornada de la segunda vuelta electoral, a Giammattei le acompañaron dos de sus hombres de confianza: El ex candidato a alcalde de VAMOS, Pedro Brolo Vila, anunciado como el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores a partir de enero de 2020; y el vicepresidente electo Guillermo Castillo Reyes, un abogado originario de Huehuetenango, ex directivo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que fue Viceministro de Trabajo durante el mismo gobierno de la GANA que contrató a Giammattei como responsable de las cárceles del país. En ellos ha recaído, como informan fuentes del partido, la coordinación de la transición de mandato, que durará cerca de cinco meses.

Es decir, según los analistas consultados, es el regreso de algunas estructuras políticas relacionadas al ex presidente Berger.

Y según una investigación de elPeriódico, se trata del retorno a ciertas organizaciones y fraternidades que se encargaban de la Seguridad del Estado: “Cercanos al candidato se encuentran varios militares en situación de retiro, entre ellos los hermanos Dedet Casprowitz, uno de ellos es Camilo, quien trabajó como asesor del Ministerio de Gobernación con los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales”.

Camilo Dedet fue electo diputado al Parlamento Centroamericano en la casilla uno el pasado 16 de junio de 2019.

Roy Stuardo, otro de los hermanos, como continúa la investigación de elPeriódico, “fungió como encargado de compras del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Álvaro Arzú, y también fue jefe del departamento administrativo (G-4) del Estado Mayor Presidencial del ex presidente Alfonso Portillo”.

Roy Dedet, como señalan algunas fuentes dentro de VAMOS, es parte del equipo de campaña de Giammattei.

Dentro de las candidaturas de VAMOS, para la segunda casilla del listado de distrito central, también figuró Luis Enrique Ortega Arana, hijo del general Francisco Ortega Menaldo, ex jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Arzú (1996-2000).

Transitar entre presidentes

Giammattei, en su romería por distintos medios de comunicación dentro del centro de cómputo del TSE este domingo 11 de agosto, anunció que el traspaso de poder no será algo improvisado. “Nos interesa hablar con el presidente Jimmy Morales. Nos interesa ver qué ha hecho, y si hay que mejorar algunos proyectos o en definitiva cambiarlos desde cero”, explicaba en una entrevista a Guatevisión.

El vicepresidente electo, Castillo Reyes, cuestionado sobre cómo lograr la transición de gobierno, hablaba de entablar diálogos con el actual pleno de diputados en Congreso de la República. “Abandonar las diferencias y buscar la aprobación de un adecuado presupuesto”, decía.

–¿Significa hablar con la bancada de oposición, la UNE?

–Sí. No hay que ver enemigos, sino aliados.

–¿Y es posible llevarlo a cabo si VAMOS todavía no tiene un solo diputado?

–En la transición tendremos tiempo, tiempo de hablar con ellos– indicaba brevemente el vicepresidente electo.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 corresponde a un monto de Q 87 mil 715 millones. El Ejecutivo de Jimmy Morales debe enviar una propuesta presupuestaria para el año 2020 a principios de septiembre. Y el Congreso tendrá hasta noviembre de este año para discutirlo y aprobarlo. Es decir, dos meses antes de que asuma el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei, además de la dificultad de no contar con diputados para negociar un adecuado presupuesto.

El gobierno de VAMOS podría tener un primer año complicado de quedar desfinanciado para lo que propone.

El plan de gobierno de VAMOS es un libro de 222 páginas que algunos miembros del partido cargan bajo el brazo, a manera de predicadores. No obstante, Giammattei no suele mencionarlo demasiado. Se llama Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020 -2023 y se fundamenta en cinco pilares: 1) Economía, competitividad y prosperidad. 2) Desarrollo Social. 3) Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo. 4) Estado Transparente y Responsable. Y 5) Relaciones con el mundo. El partido VAMOS habla de inversión en Pymes, resolver la conflictividad social en torno a megaproyectos, mantener diálogos con los pueblos originarios, y buscar formas de analizar las migraciones.

El problema es poder ponerlo en marcha. Y cómo.

En la agenda política del Congreso, además, se encuentra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, una decisión que recae en última instancia en el Legislativo y que requerirá una negociación política previa a la toma de posesión de VAMOS. Una debate en donde el perdedor partido UNE aún tiene un peso importante con la segunda bancada del Congreso y donde la oficialista de FCN-Nación tiene muchos intereses y nada que perder frente a la ciudadanía.

“No vamos a fallar. No podemos fallar”, repetía Giammattei en cada oportunidad ante sus simpatizantes. Así durante todo el día.

La gente lo observaba. Había aplausos. Felicitaciones. Luces de cámaras. Selfies, Saludos. Abrazos, besos y manos estrechadas. (También los reporteros, asfixiando) Cada vez que Giammattei daba un paso, ocurría lo mismo. Y de vez en cuando, entre los saludos y la algarabía, era inevitable que alguno de los ciudadanos exclamara: “Voté por usted, pero no nos falle”. Y en ello se debatía su circunstancia.

Texto: Gianina Segnini y Mónica Cordero

Nota publicada originalmente en CLIP y Univisión

Un grupo de líderes evangélicos fundamentalistas vinculados a la Casa Blanca han extendido sus ministerios a varios países latinoamericanos y han establecido relaciones con cuestionados presidentes tales como Daniel Ortega en Nicaragua, Jimmy Morales en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras. Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 15 medios de investigación también documentaron cómo estos líderes han influenciado mandatarios y políticas frente a Israel en varios países de la región.

Una tormenta de críticas contra el presidente Donald Trump por su política de separar a familias migrantes en la frontera estaba en su pico más alto cuando el presidente del segundo país que expulsa más migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos, el hondureño Juan Orlando Hernández, fue recibido como aliado estratégico en la Casa Blanca, en junio del año pasado.

Los comunicados oficiales de esa visita documentaron reuniones con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en las que discutieron, una y otra vez, la crisis migratoria y la situación de los hondureños indocumentados.

Ninguno de los recuentos oficiales ventiló las conversaciones paralelas que Pence, Pompeo y un pequeño grupo de líderes evangélicos fundamentalistas tenían coordinadas para Hernández, y que pretendían persuadirlo de tomar decisiones de Estado basadas en sus interpretaciones literales de la Biblia.

Por un lado, Pence y Pompeo -ambos cristianos evangélicos- aprovecharon la visita oficial para convencer a Hernández de instaurar, en Honduras, los estudios bíblicos liderados por Capitol Ministries, una organización religiosa que los dos altos funcionarios del gobierno Trump patrocinan desde la Casa Blanca y que se dedica a evangelizar a “líderes políticos del mundo” con el fin de que legislen según sus principios bíblicos.

La efectividad de esa influencia se destaca en un comunicado que el mismo Capitol Ministries publicó cuando su fundador Ralph Kim Drollinger inauguró los estudios bíblicos en el Congreso de Honduras junto con Hernández, cinco meses después de la visita del presidente hondureño a Washington (Ver nota de Honduras publicado por Contracorriente). Otro documento de Capital Ministries confirma que ambos miembros del gabinete estadounidense le “sugirieron al presidente Hernández que iniciara un ministerio como el que ambos atienden todas las semanas y el Presidente Hernández tomó en serio la sugerencia”.

El presidente de Honduras, su esposa Ana García Carías, Danielle Drollinger y su esposo el pastor del gabinete de Trump, Ralph Drollinger, durante la inauguración del ministerio de Capitol Ministries en noviembre, en Honduras.

Drollinger, mentor espiritual de Pence y Pompeo, lidera los estudios bíblicos en la Casa Blanca desde que el vicepresidente Pence lo invitó a instalarse allí, a inicios de la administración de Donald Trump.

Durante la misma visita a Washington el presidente Hernández también se reunió con cinco influyentes líderes evangélicos estadounidenses que forman parte de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca (OFCB). El propósito de la reunión era persuadir al presidente hondureño de que cambiara la embajada de su país de la capital israelí de Tel Aviv a Jerusalén, disputado como el centro de la vida religiosa en Israel. Ese propósito, que incluía reconocer a Jerusalén como el centro de gobierno de Israel, fue confirmado por el organizador de la reunión Mario Bramnick en entrevista con Columbia Journalism Investigations (CJI).

Mario Bramnick es un pastor estadounidense de origen cubano y fundador de Latino Coalition for Israel (LCI), una organización cristiana sionista, con sede en Miami, que moviliza a líderes políticos y religiosos latinoamericanos para apoyar el reconocimiento de Jerusalén como el centro de la actividad política y religiosa de Israel.

Desde 1947, las Naciones Unidas ha emitido numerosas resoluciones, adoptadas por la mayoría de los países del mundo, que reconocen el estatus internacional de la ciudad de Jerusalén y la necesidad de crear dos estados separados para israelíes y palestinos, quienes mantienen un conflicto por el control del territorio. Por eso, todos los países del mundo tenían sus embajadas ante Israel en Tel Aviv, una tradición que duró hasta que Trump pasó la sede de Estados Unidos a Jerusalén, en mayo del 2018.

La reubicación de la embajada estadounidense había sido una promesa de campaña que Trump les hizo a los líderes evangélicos ya en su campaña presidencial de 2016, según Bramnick. “El presidente Trump nos lo prometió y lo cumplió”, dijo.

El pastor asegura que durante la campaña trabajó directamente con el enviado de la Casa Blanca para el Medio Oriente, Jason Greenblatt, y el actual embajador de Estados Unidos ante Israel, David Freedman, para definir la política exterior estadounidense frente a Israel. “Desde que los nombraron, yo me reuní con ellos y empezamos a trabajar el tema de la plataforma republicana para Israel”, dijo.

Para los líderes evangélicos, afirma Bramnick, el trabajo que realizan está inspirado en principios espirituales. “Lidiamos con gobiernos al punto de que el mundo lo ve como si estamos controlando la política, pero para nosotros es espiritual, no político. La Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido, y nosotros leemos la Biblia literalmente. La Biblia dice que Jerusalén es la capital eterna de Israel y que Dios le dio esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob”, agregó.

Los encuentros de los religiosos rindieron frutos. En marzo el presidente Juan Orlando Hernández anunció el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de su oficina comercial a esa ciudad.

Bramnick y los cuatro líderes evangélicos que participaron en la reunión con Hernández son miembros de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, un despacho creado por Donald Trump mediante un decreto ejecutivo de mayo del año pasado.

En mayo del año pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que oficializó la creación de la Oficina de la Fe y de la Oportunidad.

“El presidente firmó una orden ejecutiva para establecer una Oficina de la Fe en la Casa Blanca donde invitan a líderes de fe nacionales para que participen en diferentes eventos como cenas, reuniones, oraciones y briefings con el presidente Trump o el vicepresidente Pence, según los temas”, explicó el pastor.

El pastor insistió en que el encuentro con el presidente hondureño lo organizó en su capacidad de presidente de Latino Coalition for Israel y no en nombre de la Casa Blanca, pero el día de la reunión publicó una foto con el presidente Hernández, en su perfil de Facebook, en la que identificó a la delegación que lideraba como de la Casa Blanca (Bramnick borró el texto de su publicación en Facebook después de la entrevista con CJI, pero CJI guardó una copia de su versión original).

El 16 de mayo de 2018, 55 palestinos murieron en las protestas en Gaza, mientras que la hija y el yerno de Trump, Ivanka Trump y Jared Kushner, lideraban la acelerada inauguración de la sede diplomática estadounidense en Jerusalén. Los acompañaban el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, líderes de la Oficina de la Fe y de la Oportunidad de la Casa Blanca y sus esposas.

Desde la creación de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca, Trump y los líderes evangélicos han mantenido la iniciativa en un perfil muy bajo y se han negado a responder consultas de la prensa y organizaciones civiles sobre su operación, presupuesto y nombramientos.

Esta investigación colaborativa revisó publicaciones en redes sociales, vídeos y boletines informativos de los líderes que integraban el comité asesor evangélico de Donald Trump durante su campaña electoral y de sus organizaciones. Al menos 18 de ellos, todos evangélicos, se han identificado a sí mismos como miembros de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca desde mayo pasado durante múltiples eventos públicos en diferentes partes del mundo. El evangelismo representa solo a una minoría entre el abanico de creencias que se practican en Estados Unidos y que la primera enmienda de la Constitución defiende.

El grupo representa distintas corrientes dentro de la comunidad evangélica, aunque algunos de sus miembros pertenecen a más de una de ellas. Unos predican la “teología de la prosperidad”, que ve el crecimiento económico y el buen estado de salud como bendiciones que Dios otorga si el creyente se comporta de acuerdo a las normas y paga el diezmo. Otros son evangélicos sionistas que creen en las profecías apocalípticas del retorno de Jesús a la Tierra en Israel; y un tercer grupo representa a líderes de la Convención Bautista del Sur, que aglutina a más de 50.000 iglesias bautistas en Estados Unidos. Esa congregación se opone firmemente al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Capitol Ministries, la Oficina de la Fe de la Casa Blanca y otros influyentes líderes evangélicos estadounidenses, de acuerdo con los católicos más conservadores, han cultivado estrechas alianzas con líderes políticos en países con grandes poblaciones de la fe evangélica, como Guatemala, Honduras y Brasil. Esas alianzas se extienden a políticos locales que han logrado conquistar significativas cuotas de poder y de influencia política en sus países.

Para entender esas alianzas y sus efectos, Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 15 medios latinoamericanos, investigaron las actividades del grupo de líderes y cómo han conseguido un respaldo particularmente fuerte de organizaciones evangélicas vinculadas a la administración Trump para promover legislación y políticas fundamentalistas cristianas en los más altos círculos de poder político en Latinoamérica.

«Él [Trump] es el presidente más –según mucha gente ha dicho– más amigo de la fe que han conocido en su vida”, dijo Paula White, la consejera espiritual personal de Trump y líder de la Oficina de la Fe y Oportunidad de la Casa Blanca al Christian Broadcasting Network durante la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Los líderes evangélicos comprometieron su apoyo político a Trump desde el inicio de la campaña presidencial del 2016, a cambio de promesas de favores políticos como nombramientos de jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia estadounidense, políticas públicas contra el aborto y los derechos LGBTIQ y una gran influencia en la definición de la política exterior estadounidense con respecto a Israel.

Gracias a sus lazos con la Casa Blanca algunos de estos líderes también han logrado expandir sus ministerios en Latinoamérica y construir alianzas con presidentes con pasados lejos de ser perfectos.

Uno de ellos es el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien no ha sido acusado pero fue investigado por la agencia estadounidense antidrogas (DEA) por los delitos de tráfico internacional de cocaína “a gran escala” y lavado de dinero, según figura en un documento del 2015 recientemente desclasificado.

El pasado 2 de agosto, una Corte federal en Nueva York publicó otro documento que identifica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández como cómplice en un caso de tráfico de drogas internacional contra su hermano Tony Hernández. El mandatario no figura como acusado en el caso, pero los fiscales dijeron que $1,5 millones de dólares de utilidades del negocio de la droga se usaron para ayudar a elegirlo en 2013.

En un comunicado de prensa la presidencia hondureña dijo que el presidente es enemigo de los traficantes, que buscan cobrar venganza en su contra.

Un documento presentado el pasado 2 de agosto en la Corte Federal de Nueva York asegura que la campaña presidencial del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (identificado como CC-4) recibió el apoyo de $1,5 millones provenientes del trasiego de cocaína de su hermano, Tony Hernández, quien está acusado en la causa. El presidente no figura como acusado en la investigación criminal.

La exportación de misiones fundamentalistas estadounidenses a Latinoamérica, con la bendición del gobierno federal, viola los principios de separación de Estado e Iglesia establecida en la Constitución de Estados Unidos, según confirmó Katherine Franke, profesora de derecho y estudios sobre género y sexualidad en la Universidad de Columbia en Nueva York. Franke dirige el Centro de Género y Sexualidad de la Universidad y es la directora de la Facultad del Proyecto de Ley, derecho y religión.

Franke afirmó que estas actividades violan la Constitución al patrocinar oficialmente una religión y promover creencias particulares: “El gobierno está promoviendo religión como un proyecto oficial del gobierno y eso claramente viola una de las cláusulas de la Constitución”, dijo. “Aún más que eso, el gobierno está promoviendo una visión particular de la religión, sin hacerlo de manera imparcial, y ese es un segundo tipo de violación”, dijo la experta.

“Usando dinero público y con el nombre de los Estados Unidos detrás, el gobierno ha emprendido una promoción particular de la religión y eso es una clara violación de la cláusula de establecimiento”, dijo Franke.

En diciembre del 2018, un mes luego de la elección presidencial en Brasil en la que resultó elegido Jair Bolsonaro, Mario Bramnick se reunió con el recién electo presidente para hablar del posible traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén, según confirmó Bramnick.

Los líderes religiosos también han apoyado a presidentes ultra conservadores como Jair Bolsonaro en Brasil, quien recientemente criticó una decisión de la Corte Suprema de Brasil que criminalizó la homofobia. La Corte dictaminó en junio que la homofobia es un delito equiparable al racismo. El presidente Bolsonaro dijo que la Corte está “completamente equivocada”. En declaraciones a Agencia Brasil -la agencia de noticias del Estado-, el presidente dijo que el dictamen va a perjudicar a los homosexuales porque “un empresario va a pensarlo dos veces para contratarlos por temor a ser llevado a la Corte por hacer una broma”.

Bolsonaro añadió que “si hubiera habido un juez evangélico en la Corte la decisión no hubiera pasado”.

Solo en São Paulo, Brasil, los crímenes contra personas homosexuales o transgénero se incrementaron en un 75% entre agosto y octubre de 2018 durante la campaña electoral de Bolsonaro, según reportó el diario Folha de São Paulo con base en registros de la policía del estado.

El pasado 31 de julio, CJI envió diversos correos con preguntas para este reportaje a Pence, Pompeo, Drollinger y el presidente Juan Orlando Hernández. Ninguno de ellos respondió.

El pastor del gabinete americano

Capitol Ministries era una organización en total decadencia en el verano del 2009. Cinco de los miembros de su junta directiva habían renunciado a sus puestos y acusaban al fundador de la organización, Ralph Drollinger, de actitudes antiéticas, de liderazgo “autocrático”, de irregularidades financieras y de “utilizar pasajes de la Biblia fuera de contexto para justificar sus posiciones”.

Los alegatos son parte de un proceso legal por uso ilegal de marca comercial interpuesto en 2011 contra Capitol Ministries ante la Corte del Distrito Federal en el Distrito Este de Carolina del Norte por la organización Capitol Commission, fundada por los antiguos directores de Capitol Ministries. Los exdirectores alegaban que Capitol Ministries estaba haciendo uso ilegal de su marca. El caso se resolvió en un acuerdo privado en el 2014.

Drollinger no respondió a un cuestionario que CJI le envió sobre el litigio, pero durante el proceso negó los cargos en contra de su organización e incluso acusó a sus excolaboradores de haber tenido acceso ilegal a sus comunicaciones personales.

Luego de una investigación interna de 2009 Drollinger fue expulsado de su propia iglesia, la Grace Community Church en Sun Valley California. Treinta líderes de la iglesia concluyeron que Drollinger está “descalificado espiritualmente para liderar un ministerio” y unánimemente retiraron su apoyo y afiliación a Capitol Ministries.

El golpe más significativo vino cuando 16 de sus 19 directores regionales se distanciaron de él y también renunciaron a inicios de octubre del 2009 para luego fundar Capitol Commission.

Ralph Kim Drollinger fue expulsado de su propia iglesia Grace Community Church en octubre del 2009. Los líderes religiosos concluyeron que Drollinger no está capacitado para liderar un ministerio espiritual según consta en documentos ventilados en una Corte de Carolina del Norte.

Debilitado por la debacle interna, Drollinger viajó a Argentina en noviembre del 2009 para abrir su primer ministerio en el exterior, desde donde reclutó a líderes de otros ocho países latinoamericanos. El proyecto no funcionó y el grupo se independizó del pastor estadounidense.

Pero la suerte de Drollinger estaba a punto de cambiar en el 2016 con la llegada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Jeff Sessions, quien pronto sería nombrado fiscal general de Estados Unidos y quien había sido su pupilo espiritual en el Senado, presentó por correo a Drollinger con el entonces candidato republicano Donald Trump y el pastor empezó a enviarle sus estudios de Biblia al actual presidente. “El ha estado escribiéndome notas de vuelta desde entonces, en una forma muy positiva. A él le gusta la lealtad. Yo lo apoyé desde inicios de su campaña”, recordó Drollinger en una entrevista con el medio alemán Die Welt, en el 2017.

Un día después de que Trump ganó la elección primaria como candidato republicano, en julio del 2016, Drollinger llamó a los evangélicos estadounidenses a votar por él en un programa de radio en California. “Creo que Dios debe de estar respondiendo a nuestras oraciones y levantando a un gran líder en Donald Trump. Lo estamos eligiendo a él para que sea el líder del Estado, no de la iglesia”, dijo Drollinger después de minimizar los deslices sexuales del presidente.

Drollinger y su esposa Danielle asistieron como invitados de Trump a su inauguración como presidente e inmediatamente empezaron a trabajar para instaurar los estudios bíblicos en el seno de la Casa Blanca.

El resto de la historia la explicó mejor el mismo Drollinger en febrero de este año, cuando alardeó sobre su expansión actual en un reporte de su ministerio publicado en CM en agosto de año pasado: “Capitol Ministries estableció los estudios bíblicos semanales justo después de que la actual administración empezó a hacer sus primeros nombramientos, a inicios del 2017. Eso volcó el foco de la atención mundial al trabajo y a la misión de Capitol Ministries”.

“De acuerdo con sus designios, esa oportunidad le ha garantizado una enorme credibilidad a Capitol Ministries y le ha abierto puertas en el mundo entero y en un periodo muy corto. Yo no tenía idea, hace dos años, de qué tan rápida iba a ser nuestra expansión internacional como resultado de todo esto”, dijo Drollinger.

En los estudios que él mismo escribe y que se traducen a seis idiomas, Drollinger sustenta con pasajes bíblicos que el ambientalismo radical es una “religión falsa”, que criminalizar a los inmigrantes ilegales y la pena de muerte tienen sustento bíblico y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un asunto que “despierta la ira de Dios”.

Con la ayuda del Instituto de Religión, Cultura y Vida Pública de la Universidad de Columbia, CJI buscó una interpretación profesional sobre los estudios de Capitol Ministries.

James S. Bielo, antropólogo profesor de la Universidad de Miami y experto en cristianismo global, analizó los textos de Capitol Ministries con la misión de entender sus orígenes y la teología que representan.

“Sus elementos discursivos claramente los marcan como protestantes fundamentalistas -explicó Bielo-. Ellos arguyen que la Biblia debe interpretarse literalmente y que debemos de derivar los principios para gobernarnos de acuerdo con esa lectura literal”, dijo Bielo.

Según Bielo, el argumento va aún más allá: “creen que cualquiera que vaya en contra de esos principios es su enemigo teológico y un enemigo político, confundido por el liberalismo moderno o por una lectura hereje y no literal de las escrituras”, agregó.

Uno de los elementos más característicos de los estudios, según Bielo, es que busca promover un discurso alrededor del temor, de la lectura literal de la Biblia y de la creación de términos como “los humanistas seculares” o los “cristianos liberales” a quienes piden a sus seguidores oponer.

Drollinger no respondió las preguntas que se le enviaron para conocer su opinión sobre las creencias que predica.

Explosiva expansión en Latinoamérica

En mayo del 2017, tres meses después de asumir como pastor de los estudios bíblicos de la Casa Blanca, Drollinger nombró al peruano Óscar Zamora como director de Capitol Ministries para América Latina y creó una versión en español de sus estudios bíblicos en su página web.

Desde entonces, Capitol Ministries ha abierto ministerios en ocho países de la región: México, Honduras, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica y anunció la apertura de Panamá en octubre. El mismo Drollinger viajó a algunos de estos países para inaugurar oficialmente su operación y reunirse con líderes políticos locales. (Lea las notas de que los aliados en México, Brasil, Honduras, Costa Rica y Paraguay escribieron sobre el trabajo que Capitol Ministries desarrolla en cada país).

Su más reciente anuncio de expansión es, sin duda, el más inusual. El pasado 18 de julio, Drollinger viajó a Nicaragua tras ser invitado personalmente por el presidente Daniel Ortega y por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para que instaure un ministerio en su gobierno en Managua. La pareja presidencial también invitó a Drollinger para que compartiera escenario con ellos en la celebración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista.

En un comunicado de prensa, Capitol Ministries explicó que fue Ortega quien envió una carta a Drollinger invitándolo a abrir un ministerio en su gobierno. En la carta publicada por CM, Ortega declaró: “sabemos que si las personas a quienes Dios ha confiado el destino de una nación nacen de nuevo, nuestros diputados legislarán de acuerdo con la biblia”.

Mientras Ortega profesaba su fe, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que «la acción represiva del Estado en Nicaragua», había dejado «hasta junio de 2018, al menos, 212 personas muertas, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad. Para agosto de ese año, el conteo de la CIDH ya iba en 322 muertos, la mayoría de ellos jóvenes que estaban protestando por los abusos y la corrupción del gobierno. Ortega criticó duramente a la Comisión por este informe, pero reconoció 128 personas caídas en las protestas ciudadanas.

A pesar de este récord en violaciones a los derechos humanos, Drollinger aceptó la invitación de Ortega con entusiasmo, sin hacer mención de la crisis de derechos humanos. En el acto de conmemoración de la revolución sandinista dijo: “Queremos agradecer al Presidente y a la Vicepresidente por esta oportunidad que nos abre para ver la posibilidad de también sembrar la palabra de Dios aquí, y empezar sembrando este Ministerio de Capitol en medio de la comunidad de los políticos”. Cerró recordándoles a los presentes su cercanía con el alto gobierno estadounidense:

“En nombre de los estudiantes de estudios bíblicos de la Casa Blanca, en nombre de los estudiantes de Biblia del Senado de Estados Unidos, en nombre de los Representantes de la Cámara Baja que estudian la Biblia, traemos a ustedes nuestra paz y nuestra bendición”.

Usando el nombre de la Casa Blanca en sus intervenciones públicas, Capitol Ministries también ha expandido el nivel de su influencia política. CM está presente en siete parlamentos latinoamericanos y en marzo de este año inauguró su primer ministerio dentro de un gabinete presidencial, en Honduras. La organización anunció que también tendrá un ministerio en el gabinete presidencial en Managua.

El Congreso hondureño inauguró su ministerio desde noviembre pasado en un acto con el presidente Hernández y su esposa. Durante la ceremonia, Óscar Zamora, el director latinoamericano de CM, recordó el origen de la iniciativa. “El presidente Hernández estaba tan impresionado de la consistencia entre las creencias y los principios bíblicos de los estudios de Capitol Ministries -en la Casa Blanca- que pidió tener un estudio idéntico para su gabinete (que se inauguró en marzo). Como yo siempre digo, ¡esto solo se hace a través de Dios! ¡Alabado sea el Señor que sigue abriendo puertas para Capitol Ministries en América Latina!”, dijo.

Honduras es el segundo país centroamericano que más migrantes expulsa a Estados Unidos y se estima que el 41% de su población cree en el cristianismo evangélico (la tasa más alta de la región junto con Guatemala). El presidente Hernández acogió el ministerio de Drollinger a pesar de que el pastor estadounidense afirma que “a Dios se le frunce el ceño con los inmigrantes ilegales”, que los inmigrantes ilegales “merecen ser arrestados y enfrentar todo el peso de la ley” y ser excluidos de las escuelas públicas en Estados Unidos.

CJI y el medio hondureño independiente Contracorriente entrevistaron al pastor Miguel Muñoz, quien fue escogido por Zamora para dirigir el ministerio en Honduras. Consultado sobre cómo concilia el sufrimiento de sus compatriotas migrantes con las creencias de la organización que representa el pastor, respondió: “Es que todavía no me ha tocado llegar a ese estudio, porque vamos por semanas, y aún no lo he leído”.

Diplomacia sionista

Mientras Capitol Ministries expandía sus ministerios en los parlamentos latinoamericanos, los miembros de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca trabajaban activamente para alinear a políticos de la región con la agenda de Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para el Medio Oriente.

Bramnick y otros miembros de la OFCB iniciaron su recorrido en Latinoamérica con una visita a Guatemala, en enero de 2018. La misión consistía en honrar y premiar al presidente de ese país, Jimmy Morales, por haber anunciado un mes antes su decisión de trasladar la embajada de su país a Jerusalén.

El Latino Coalition for Israel (LCI) cuyo fundador es Bramnick, trasladó a Guatemala a 23 de sus miembros directivos. “Esa noche yo pude ver cómo en los Estados Unidos, el señor está usando a la iglesia en un rol muy importante”, recordó. El pastor se refería al “testimonio” que escuchó, de primera mano, sobre cómo el presidente Morales tomó la decisión, a última hora, de trasladar la sede diplomática después de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en diciembre.

Según Bramnick, Morales había coordinado una llamada con Netanyahu y le pidió a una pastora local que le sirviera de traductora del inglés. El presidente, explicó, había decidido de antemano rechazar la solicitud de Netanyahu para mover la sede y así se lo había comunicado al todo su equipo de gobierno que se encontraba en la sala.

“La llamada viene y se corta, viene y se corta”, dijo Bramnick y que mientras esperaban, la pastora leyó unas citas bíblicas con él y le dijo al presidente: “si Dios te puso en esta oficina es para cambiar la historia de Guatemala”. Al final de la llamada, según Bramnick, Morales había cambiado de opinión y había decidido mover la embajada y convertirse en el segundo país en hacerlo, después de Estados Unidos. Ambas sedes se trasladaron a Jerusalén en mayo del 2018, con dos días de diferencia.

En enero del 2018, Mario Bramnick y otros líderes evangélicos vinculados con la Casa Blanca visitaron Guatemala para honrar al presidente Jimmy Morales por la decisión que había tomaron un mes atrás de trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén.

Justo un año después del homenaje de los líderes evangélicos, Jimmy Morales dio por finalizado el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas, que había sido creada por un acuerdo de la ONU y del gobierno de ese país en 2006, originalmente para desvertebrar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos criminales que cometen delitos y afectan los derechos humanos. El mandato de la CICIG, que desbarató varias estructuras criminales ligadas a las más alta esferas del poder, fue prorrogado varias veces, la última por petición del mismo Morales en septiembre de 2017.

Pero para enero de este año, el presidente guatemalteco había cambiado de opinión. Le dio un plazo de 24 horas al personal de la Comisión que todavía permanecía en el país para abandonar el territorio.

Desde agosto, Morales había declarado persona non-grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, quien aún dirige la CICIG desde el extranjero y prepara su cierre definitivo en septiembre. Morales anunció la medida en televisión y rodeado de militares, mientras jeeps militares cercaron las instalaciones de la CICIG en la ciudad.

La CICIG había investigado al presidente Morales por financiamiento ilegal electoral. También abrió investigaciones contra su hijo y su hermano, quienes están acusados de haber estafado al Estado creando y remunerando empleados fantasmas en el Registro General de la Propiedad.

En agosto del 2017, la Fiscalía guatemalteca y la CICIG cerraron su primera investigación contra el presidente Morales y su partido por presunta financiación ilegal de la campaña. Los fiscales estimaron que Morales y su partido político omitieron declarar Q15 millones -unos $2 millones– en contribuciones a su campaña política.

El 25 de agosto, los fiscales y la CICIG presentaron ante el Congreso guatemalteco el primero de varios antejuicios contra Morales y solicitaron que se le removiera su inmunidad para continuar las investigaciones penales contra el mandatario, con el fin de obligarlo a comparecer y seguir indagando sobre su involucramiento en los presuntos crímenes. Las causas fueron archivadas en octubre del año pasado luego de que el Congreso votó en tres oportunidades en favor de mantener intacta la inmunidad de Morales. En relación con los cargos, el presidente Morales respondió con una frase que fue también su eslogan en campaña: “ni corrupto, ni ladrón”.

El gobierno de Barack Obama, y de todos los presidentes anteriores, habían apoyado incondicionalmente a la CICIG y la habían defendido en tiempos de ataques. La administración Trump inició garantizándole total apoyo, pero gradualmente adoptó un perfil más bajo y un discurso alineado al de Morales, de apoyar a una CICIG “reformada”.

En julio del 2018, la cadena de periódicos Maclatchy publicó una historia en la que citó a una fuente estadounidense “con conocimiento directo de las conversaciones” sobre la CICIG en Washington DC. “La única razón por la que Estados Unidos hace esto [dejar de apoyar la labor de la CICIG] es porque está feliz de que Guatemala haya trasladado su embajada a Jerusalén. Sólo porque el presidente [Morales] está molesto de que la CICIG investigue a algunos de sus familiares toma la decisión [de mudar la embajada a Jerusalén] para destacarse ante el gobierno de Trump, y entonces la dice a Trump: ‘Ayúdeme con la CICIG’”.

La publicación no fue desmentida ni confirmada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense.

CJI, CLIP y los aliados periodísticos Nómada y Plaza Pública en Guatemala entrevistaron a dos fuentes con acceso al gobierno guatemalteco quienes coinciden con la fuente citada por el diario estadounidense. Según ellos, el presidente Morales vio la oportunidad perfecta para conseguir apoyo de los estadounidenses y sacar a la CICIG de Guatemala, a cambio del traslado de la embajada.

Luego del viaje a Guatemala, cinco líderes de la OFCB se reunieron con el presidente de Honduras durante su visita a Washington en junio del 2018. En esa reunión, explicó Bramnick, “le preguntamos al presidente cómo podíamos ayudarle a guiar su decisión -sobre la embajada- y nos volvimos a reunir con él dos veces más el los siguientes meses”.

Además de Bramnick, otra líder de la Oficina de la Fe ha tenido protagonismo en encuentros con políticos en Latinoamérica. Michele Bachmann, excongresista estadounidense y fundadora de la Camarilla del Tea Party en la Cámara de Representantes, es una de las más activas en la OFCB y una de las dos únicas mujeres que forman parte del masculino grupo.

Es, también, la más conectada. Integra la junta directiva de Capitol Ministries y dirige personalmente un ministerio en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, desde donde evangeliza a líderes mundiales y promueve una visión de Israel según el Antiguo Testamento.

En agosto del año pasado, dos meses antes de la elección en Brasil, la excandidata a la presidencia de Estados Unidos grabó un video instando a los brasileños a votar por un candidato que esté dispuesto a trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Bolsonaro prometió mudar la sede diplomática durante su campaña electoral. Bachmann no mencionó el nombre de Bolsonaro y se identificó como ex congresista y ex candidata presidencial en Estados Unidos.

“Por 3.500 años Dios ha designado a Jerusalén como la capital de Israel, es un hecho (…) Queremos que Brasil sea bendecida, queremos que prospere, así que asegúrese de votar por un candidato que mueva la embajada de Brasil a Jerusalén”, dijo Bachmann.

Días antes, Bachmann y Mario Bramnick habían participado en la celebración de los 70 años de la creación del estado de Israel, en una mega iglesia en Belo Horizonte, Brasil, en donde Bramnick aseguró que el próximo presidente brasileño movería la embajada del país a Jerusalén, sin mencionar el nombre de Bolsonaro. El evento, donde estuvo presente el hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, terminó convertido en un acto de apoyo al entonces candidato presidencial, según reportó el aliado periodístico en Brasil, Agência Publica (Ver nota publicada por Agência Publica) . La legislación brasileña prohíbe a los religiosos hacer propaganda electoral y también prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos electorales. Ni Bramnick ni Bachmann mencionaron explícitamente el nombre de Bolsonaro durante sus intervenciones públicas.

Según confirmó Jane Silva, la pastora organizadora de la celebración, a Agência Publica, el ex tesorero de la campaña de Bolsonaro ayudó a pagar la celebración. La iglesia que celebró el culto es la misma a la que pertenece la ministra brasileña de Derechos Humanos y de las Mujeres, Damares Alves, quien ha dicho que las mujeres deben usar ropa rosa y los hombres azul.

Bramnick volvió a Brasil en diciembre, junto con otra delegación de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. Allí también se reunió de nuevo con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y congresista y quien ha sido anunciado como el próximo embajador de Brasil en Washington. “Eduardo Bolsonaro me invitó a traer una delegación más pequeña a Río -de Janeiro- para hablar con el papá, el presidente Bolsonaro, sobre el tema de mover la embajada”, recordó el pastor, quien también asistió a la toma de posesión del presidente brasileño.

A finales de marzo pasado, el presidente Bolsonaro anunció que mudará una oficina de negocios a Jerusalén, en vez de la sede diplomática, como había prometido en campaña. “Él todavía sigue abierto a mover la embajada, obviamente esa decisión no era nada fácil”, dijo Bramnick.

Eduardo Bolsonaro también había prometido a la pastora Jane Silva que el gobierno de su padre mudaría la embajada a Jerusalén. En una reunión en noviembre de 2018 Silva dijo que trató del tema com Jared Kushner y dijo a la prensa que el yerno de Trump ayudaría a planear el cambio de la embajada .

El presidente Bolsonaro, quien recientemente convocó a las fuerzas armadas para celebrar el aniversario del inicio de la dictadura militar que gobernó el país por 21 años, no respondió a las preguntas que CJI le envió el 31 de julio pasado en relación con este artículo.

Los acercamientos de los líderes de la Oficina de la Fe son cada vez más estratégicos. En mayo pasado, Bramnick se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de que asumiera el poder (Vea la nota publicada por El Faro). “La semana del 22 de julio vamos de nuevo para El Salvador para reunirnos otra vez con el presidente Bukele y lanzar una reunión de pastores de la nación y de ahí viajaremos a Honduras para honrar al presidente Hernández por su decisión de mover la oficina diplomática”, adelantó el pastor, quien también incluyó a Costa Rica en la gira.

Consultado sobre cómo tiene acceso a tantos líderes mundiales, el líder religioso explicó que depende del país. “Si no es alguien en el gobierno, es un pastor con relaciones o un congresista, o el asesor de un congresista”.

En relación con el discurso que presentan ante los líderes, Bramnick explicó que también depende del líder. “Si son cristianos, y entienden el ámbito espiritual, les hablamos de una forma y, si no, les hablamos de uno de los puntos más importantes para nosotros. Ahora hay un proyecto, desde Israel y Estados Unidos y los países árabes, para ayudarles financieramente a los palestinos, trayendo dinero y negocios, pero fuera de la Autoridad Palestina, que es corrupta”.

El pastor se refiere al plan Paz y Prosperidad que promueve el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, en el Medio Oriente y que presentó en Bahrain el 25 de junio pasado. La propuesta, a la que Trump llamó “el negocio del siglo”, evade mencionar la creación de un estado palestino y se centra en recaudar 50 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en Gaza.

Bramnick explicó que los líderes de la fe también se reúnen con empresarios e inversionistas para promover el proyecto de Kushner. “Nosotros les presentamos lo que está sucediendo ahora a los presidentes y les decimos que no es solamente bendecir a Israel y a los judíos, como dice la Biblia, pero también a los árabes y a los hijos de Israel con los proyectos que ya se están trabajando ahora”.

Esta investigación colaborativa desveló que los líderes de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca no solo viajan en grupos para influir a presidentes latinoamericanos. También encontró que entre diciembre del 2017 y finales del 2018, numerosas delegaciones de sus miembros han tenido acceso a líderes mundiales cercanos a la administración Trump, como el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a quien visitaron un mes después del asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi para hablar de libertad religiosa. El pasado 19 de junio las Naciones Unidas publicaron un informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que concluía que existen pruebas contundentes y merecedoras de ulteriores investigaciones, en contra de funcionarios de alto nivel sin acusaciones penales actuales, en especial Saud al-Qahtani y el príncipe Mohamed bin Salmán. No se ha llegado a ninguna conclusión sobre su culpabilidad.

También han discutido asuntos relativos al Medio Oriente con el príncipe de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan y con el rey de Jordania, Abdullah II.

El primer ministro Netanyahu, también investigado por corrupción, es sin duda el más agradecido con el trabajo de los evangélicos, con quienes se reúne frecuentemente para coordinar a “cuáles países evangélicos” influenciar para que apoyen la expansión del estado de Israel en Jerusalén, según cuentan los mismos asesores de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca.

En marzo pasado, según el diario israelí Haaretz, Netanyahu le dijo a uno de sus asesores: “Ya no necesitamos a AIPAC” -Comité de Asuntos Públicos Americano Israelí- “En Estados Unidos tenemos suficiente apoyo con los evangélicos”. AIPAC es una poderosa organización que invierte millones de dólares en cabildeo a favor de Israel en Estados Unidos.

Trump, Netanyahu, Bolsonaro y los presidentes latinoamericanos que negocian apoyo electoral y político con los grupos cristianos son parte de una tendencia global de inmiscuir a la religión en asuntos públicos.

La estrategia no es nueva, pero la versión documentada por esta colaboración periodística pone a la luz redes transfronterizas que mientras defienden la moral cristiana, optan por aliarse públicamente con gobiernos sobre los que pesan serios cuestionamientos morales.

Créditos: Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).

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Desde las decisiones más importantes del país, hasta las calles más empobrecidas, la iglesia evangélica tiene poder. En el centro de Tegucigalpa se traduce a lo cotidiano ese poder, el de mantener a una población desesperanzada y arañando lo poco que puede para sobrevivir, en un éxtasis que lo hace creer que en lo alto se encuentra su salvación. Esto luego se traduce en la aceptación de las decisiones que la alta cúpula de la iglesia impulsa a tomar a gobernantes tan cuestionados como Juan Orlando Hernández.

A veces —no tantas, pero a veces— pienso en esos evangelistas que según Juan Carlos Mestre fueron resucitados por Lêdo Ivo en Cavalo Morto, todos los que conocemos la historia sabemos bien que Cavalo Morto no existe.

Sin embargo, Cavalo Morto es la plaza central de Tegucigalpa, es el lugar donde mueren los evangelistas, donde reviven los evangelistas, donde cantan a su dios, el único y verdadero, el dios de los evangelistas. Él está allá arriba, pero no tan arriba dicen algunos, pero mucho más dicen los que saben dónde vive el único, el verdadero, el dios que vino de Israel. A ese mismo dios lo han visto cruzar el mar —partir el mar, narran las escrituras— para llegar hasta el nuevo continente, que todos sabemos no era tan nuevo, y ya habían otros dioses, menos poderosos, más tendenciosos. El único y verdadero con buen marketing convenció a los del nuevo mundo que él era el único y verdadero y que los demás no eran tan únicos ni eran verdaderos. Rompió así con los ciclos, hizo que todos creyeran en él como el todo, de antes y de lo que estará después.

—¿Te gusta cantar?
—Sí. —Ricardito es un niño de pocas palabras, al menos cuando habla, pero sonríe mucho.

Ricardo Travieso, hijo de mariachi, hermano de mariachis, canta por aquello que la gente quiera darle. Para un niño de 11 años que canta música ranchera cristiana, la plaza de Tegucigalpa es un escenario raro. Los hombres, algunos borrachos, se le abalanzan para tirarle unos lempiras en su sombrero o en su caja o en su canasto. Canta y la gente le paga por aquellas alabanzas al dios único y verdadero.

Pero Ricardo no es el único que canta en la plaza. Isaac es otro cantante de rancheras cristianas, tiene 6 años y viaja con su familia desde Perú. Su misión, explica don Abraham —padre de Isaac, y jefe indio de esta familia nómada— es llevar la palabra de dios por todo el continente. Abraham se viste como dakota, el penacho, la ropa, pero su música es andina, una variante taki de lo que secularmente se conoce como música indígena de los andes. Así, tanto la música tradicional del sur como la del norte, son instrumentos para multiplicar el mensaje del único y verdadero, el dios que vino desde Israel con escala en Europa, hace no mucho, unos cuantos siglos, recién.

La plaza de dios es la plaza de los megáfonos, de los alto parlantes, de las jóvenes que danzan y ven al cielo con mirada hierática, pero también es la plaza de los conversos, de los delincuentes que dejaron de ser delincuentes gracias al llamado del celeste, gracias al milagro de la misericordia y al bautizo que hizo de su lamento un gozo que nunca se apaga, porque el dios de los judíos es el fuego que hará arder el pecado, o eso dicen sus emisarios.

En la ciudad de Tegucigalpa, desde el año 2014 una reforma al plan de arbitrios municipal hace posible el cobro excesivo a los eventos culturales, pero esta tasa no se aplica si el evento es para adorar a dios. El abismo es un manera de aceptar lo que parece difícil de comprender, pero la plaza es controlada por dios.

Los evangelistas de la plaza dicen —casi al unísono— que lo que ellos, y a veces ellas, hacen no lo hacen por la fama, sino porque el llamado de dios es a predicar el evangelio. Y sí, algo de eso hay en la biblia, algo de eso dicen que se dijo hace más de dos mil años en algún lugar de Asia.

En Cavalo Morto, nos dice Mestre, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Lêdo Ivo lo sabía, y por eso quizá un día ya no pudo ser resucitado por el sastre de las mariposas. Este relato fantástico donde un hombre puede ser resucitado y vuelto a morir, donde las cosas son y no, es superado por la narrativa desarrollada con paciencia, con esmero, con la dedicación y con la certeza si a caso, de que solo quien es fiel encontrará la salvación más allá de sus días en esta tierra. Cavalo Morto es la plaza de Tegucigalpa, pero advierte el evangelista, que Cavalo Morto no existe.

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Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Silva, Martín Cálix y Vienna Herrera
Edición y montaje: Jennifer Avila

En Honduras, la llegada de Capitol Ministries, una organización religiosa patrocinada por líderes políticos en el gobierno de Donald Trump, le da un empujón a una iglesia evangélica que ya tenía gran influencia en diversas instituciones del Estado hondureño y ahora fortalece su poder de decisión en la política pública y en las relaciones internacionales con Israel.

El 8 de noviembre de 2018, en el Salón de los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo.

Capitol Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí, su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. .

Miguel Muñoz fue elegido por Drollinger como representante de la organización en Honduras después de las elecciones de 2017, las mismas que dieron como resultado la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández, quien violentó el artículo 4 de la Constitución hondureña que manda la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Después de la reunión con el fundador de la organización y la crisis política dada en Honduras a raíz de la reelección inconstitucional, Muñoz se tomó algunos meses de pláticas con diputados y finalmente logró pactar el inicio oficial del grupo de estudio bíblico para el 8 de noviembre de 2018.

«Fue mi interés que fuera en ese salón porque entre los retratados está mi bisabuelo que fue presidente del Congreso Nacional hace muchos años», dice Muñoz en una entrevista otorgada a Contracorriente y Columbia Journalism Investigations (CJI) de la Universidad de Columbia. Su bisabuelo, Plutarco Muñoz, fue titular del Poder Legislativo entre 1939 y 1948 y fue uno de los tres encargados de redactar la reforma al artículo constitucional que permitió la dictadura militar de Tiburcio Carías Andino. Ahora su descendiente es el embajador en el país de una organización que se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes.

El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de CM. Este respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado.

***

«Estar en Capitol Ministries y conocer la visión que Dios tiene nos sirve para reflexionar —asegura el diputado del Partido Nacional, Manuel Márquez— cuando tenemos una ley enfrente ya no solo pensamos en política sino que pensamos a la luz de la palabra de Dios».

Márquez es diputado por el departamento de Intibucá y ha sido miembro de las comisiones de la nueva Ley Electoral, Ley de Armas y Ley de Enmiendas al Tribunal Superior de Cuentas. Ahora asegura que, desde que asisten cada 15 días a los estudios bíblicos de Capitol Ministries, la forma en que legislan está «evolucionando» y que ahora toman decisiones según las enseñanzas de la Biblia.

En ese sentido asegura que la Biblia resume predicaciones de «hombres y mujeres de Dios» a políticos de la historia que fueron influenciados por sus palabras. Asegura que aunque dentro del estudio no se tratan temas como el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos, cuando presentan una propuesta en el Congreso, ahora buscan agradar primeramente a Dios, buscando lo que dice la Biblia acerca del tema.
Aunque Muñoz asegura que la premisa principal del estudio es enseñar que los cristianos han sido constituidos «como sal de la tierra y luz del mundo» y que el primer compromiso es sustentar principios bíblicos y valores en la vida personal, reconoce que hay un momento en que se empieza a trabajar para que los legisladores coloquen a la Biblia como una fuente confiable de argumentos.

Primer estudio bíblico de Capitol Ministries realizado en el Congreso Nacional el 7 de septiembre del 2018, antes del lanzamiento oficial de la organización en noviembre de ese año. Foto archivo: Capitol Ministries

Sobre estos temas Muñoz dice que «la iglesia se opondría en general pero en ningún momento es un tema particular de ataque dentro de las reuniones».

Uno de los estudios bíblicos elaborados por Drollinger cita, en su traducción al español, que «legalizar las ceremonias del mismo sexo en cualquier Estado es un asunto muy serio a los ojos de Dios, y a la luz de Génesis 19, tal pensamiento progresista eventualmente evoca su ira».
Esto es parte del discurso en contra de lo que llaman «ideología de género» que Capitol Ministries imparte en muchos congresos de Latinoamérica, no necesariamente por la efectividad de su discurso sino por el patrocinio de políticos y líderes evangélicos del gobierno de Donald Trump.

Las investigaciones realizadas por Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y 15 medios de investigación latinoamericanos, incluido Contracorriente, indican que el ministerio de Ralph Drollinger ascendió rápidamente a partir de la llegada de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Leer: Líderes evangélicos amparados por la Casa Blanca exportan agenda fundamentalista a América Latina

Ese vínculo con la presidencia de los Estados Unidos ha facilitado el acceso de Capitol Ministries a gobernantes de diversos países de Latinoamérica. Ese es el caso de Juan Orlando Hernández, quien en junio de 2018 se reunió con Mike Pence y Mike Pompeo, con el objetivo de tratar los temas migratorios de ese momento que incluían la separación de las familias en las frontera y la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero además, según un comunicado emitido por Capitol Ministries, los funcionarios de Trump aprovecharon esas reuniones para convencer al presidente hondureño de que trajera el ministerio al país.

Según ese mismo comunicado, Juan Orlando Hernández dijo después de esa reunión que «estaba impresionado con la forma en que sus principios y valores bíblicos se fortalecen a través del estudio bíblico de Capitol Ministries», por lo que pidió tener un estudio idéntico para su gobierno.
El testimonio de Roy Santos, un pastor evangélico muy cercano a la pareja presidencial, asegura que él mismo había comenzado a crear un enlace entre «el licenciado Mike», como llama a Miguel Muñoz, y el secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano.

La pareja presidencial, Juan Orlando Hernández y Ana García de Hernández en la visita que le hizo en noviembre del 2018 el pastor Ralph Drollinger, fundador de Capitol Ministries en Estados Unidos y su esposa Danielle Drollinger. Foto archivo: Capitol Ministries.

«Cuando yo me presenté la primera vez fue con el diputado Tomás Zambrano, que es el secretario del Congreso, y en una segunda visita se invitó al diputado Wilmer Velásquez y al diputado Marcos Velásquez. Esto fue en abril del año pasado. Capitol Ministries me pidió que iniciara estos acercamientos desde hace casi dos años», asegura de su parte Muñoz.

En ese mismo periodo de tiempo, en mayo de 2018, el diputado Zambrano fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.
Contracorriente solicitó durante seis meses, en reiteradas ocasiones, una entrevista con los diputados Zambrano y Velásquez para preguntar sobre su relación con Capitol Ministries, sin obtener respuesta concreta alguna.

Durante un congreso organizado por la iglesia de Roy Santos, el diputado Zambrano pasó al escenario principal entre aplausos de la feligresía evangélica a dar un discurso en el que en un tono muy similar a la prédica de un ministro religioso dijo que «en el Congreso Dios ha empezado a trabajar de una manera sobrenatural (…), está cumpliendo palabras proféticas que dio el apóstol y otros profetas de que Dios iba a trabajar con las personas que estuvieran gobernando el país».

Cuatro meses después de la primera reunión entre Muñoz y Zambrano, Ralph Drollinger se reunió en Casa Presidencial con Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García Carías para presentarles la organización.

A pesar de que esta organización se encuentra operando oficialmente en Honduras desde noviembre de 2018, no hay comprobante de inscripción en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) por lo que no han reportado ninguna de sus actividades. Esto a pesar de que Capitol Ministries en Estados Unidos envía recursos económicos para suplir los gastos logísticos en los que incurre el estudio bíblico, según asegura el propio Muñoz.

La DIRRSAC es una unidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), encargada de desarrollar un registro y dar seguimiento a toda asociación, institución u organización para que cumplan con los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas y autorizadas.

Por este registro deben pasar organizaciones no gubernamentales de carácter nacional, juntas comunitarias, iglesias y organizaciones constituidas en el extranjero. Según documentos oficiales otorgados por la unidad de transparencia de esta secretaría, hasta el momento CM no ha realizado el trámite legal correspondiente.

El secretario de Estado para esta instancia es el ingeniero Héctor Leonel Ayala, quien según el pastor Muñoz, es un amigo de la infancia y actualmente asiste a la misma iglesia.

***

—Nosotros no tenemos ningún beneficio en el asunto económico.
Responde Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), al preguntarle cuál es el beneficio de tener a diputados y secretarios de Estado abiertamente evangélicos.

Canales es pastor del Centro Evangélico Cuadrangular de la quinta avenida de Comayagüela en la capital del país y dirige por segunda vez la organización más representativa de la iglesia evangélica en Honduras. La última vez que había estado en ese cargo fue en 2009 cuando cerraba su gestión y en Honduras se dio el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales.

Canales dice que integra aproximadamente veinte comisiones gubernamentales y no gubernamentales, pero solo menciona dos: la Comisión de Salud que se derogó vía decreto ejecutivo hace algunas semanas y la comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de la cual dice que hace parte porque «queremos transparencia».

En una investigación especial realizada en 2014 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se indica que entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, el pastor Canales recibió un pago mensual de 50 mil lempiras como parte de un contrato como Asesor para la Elaboración de Políticas Públicas y Descentralización, parte del Programa de Apoyo a la Descentralización en Honduras (PROADES). En total se le pagaron 750 mil lempiras ($30 mil dólares). Según el informe, no presentó evidencia alguna de su trabajo ni registro del cumplimiento de las horas estipuladas en el contrato. PROADES fue un programa financiado por la Unión Europea y adscrito a la Secretaría del Interior y Población (SEIP).

Sumado a eso, en el contrato firmado entre Oswaldo Canales y Carlos Áfrico Madrid, en ese entonces titular de dicha secretaría, se establece que el pastor es abogado, pero la investigación del TSC encontró que en el pago del mes de noviembre de 2011 se le titula como licenciado en Ciencias Comerciales egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

El informe indica que posteriormente se comprobó que Canales no es egresado de Ciencias Comerciales y solo logró aprobar tres clases en 1983 dentro de la carrera de Profesorado de Educación Media en Educación Comercial.

Además, hasta 2018 Canales tenía un reporte de la Secretaría de Finanzas que lo mantenía como un usuario bloqueado debido a la omisión de la declaración de renta en 2012, el mismo año en el que ganó 700 mil lempiras con un contrato del Estado.

El informe de investigación especial fue entregado en noviembre de 2017 a Leonel Ayala, Secretario de Estado y militante evangélico, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso. Contracorriente entregó una carta solicitando una entrevista con Ayala pero una oficial de comunicación de dicha secretaría dijo que «el ministro pasa muy ocupado» y no entregó ninguna respuesta oficial. .

En el informe de la investigación del TSC, Canales dijo que su trabajo solo era dar asesoramiento al ministro por lo que no se le requería la presentación de informes mensuales.

Por otra parte, en 2018 Canales firmó como representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras un convenio marco de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), que no se ha hecho público. Entre los objetivos del convenio está: «beneficiar a la población en condiciones de pobreza, extrema pobreza identificada por los miembros de la confraternidad», así como el establecimiento de relaciones de cooperación entre la institución del Estado y la organización religiosa.

Según Yoni Arias, oficial de Acceso a la Información Pública de esa secretaría, el convenio firmado entre los pastores Oswaldo Canales, Alberto Solórzano y el ministro Reynaldo Sánchez, implica un trabajo de veeduría para que los programas sociales del gobierno lleguen a la población y no el manejo de fondos para la ejecución de dichos programas.

«Dentro del mismo convenio se establece que cualquier proyecto de ejecución de asistencia social a las comunidades donde están las iglesias debe ser guiado a través de la junta directiva de la confraternidad», explica Arias sobre el convenio 178-SEDIS-2018.

A partir de ese convenio se centralizan las solicitudes que puedan hacer las iglesias para ayudar a las comunidades. Solamente organizaciones que estén dentro de los más de 380 miembros de la asamblea de la CEH podrán acceder al beneficio con facilidad. Las iglesias fuera de esta organización tienen la opción de llevar un proceso mucho más largo o afiliarse a la Confraternidad Evangélica de Honduras por 3 mil lempiras anuales.
A raíz de ese convenio la doctora Reyna Durón renunció como vocal de la CEH y apuntó en una carta dirigida a la junta directiva que la organización «no tiene la capacidad ni los recursos para vigilancia de la transparencia que un convenio así requiere».

La doctora Durón es médico especialista y dirige la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Asumió el cargo de vocal de la CEH en mayo de 2018 como parte de la Fundación Lucas para la Salud, una iniciativa de acceso a la salud con principios evangélicos.

Apunta que «al firmarse ese convenio, el pastor Oswaldo cometió un acto de autoritarismo y abuso a sus atribuciones ya que la decisión de firmar no fue consultada a la asamblea ni a la directiva de la confraternidad».
«No necesitamos los cristianos firmar convenios para que el Estado ayude en programas sociales, es deber del Estado ayudar al pueblo», afirma Durón, y agrega que la Constitución deja claro que debe haber separación entre el Estado y la iglesia.

Cuando se le pregunta a Yoni Arias de SEDIS sobre las implicaciones del mandato de Estado laico en este convenio, guarda silencio durante algunos segundos, traga saliva y responde que «el objetivo principal es promover las políticas de inclusión, sí existe la ley laica, pero nosotros hemos incluido a la Confraternidad porque consideramos puede ser de apoyo».
«Honestamente no le podría decir qué consecuencias legales podría tener esto», finaliza Arias.

La «ley laica» a la que se refiere Arias es el artículo 77 de la Constitución de la República que define que «Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo».

La abogada Tirza Flores, abogada y magistrada en la ciudad de San Pedro Sula, dice que los principios de igualdad de derechos y no discriminación se están violentando a través de este tipo de acuerdos en los que se prioriza a un grupo religioso para que reciba beneficios del Estado.

En ese sentido el pastor Canales afirma que participar de convenios y estar en comisiones de gobierno no es una violación al Estado laico y dice que «hay que definir bien qué es el Estado laico, el Estado laico es el gobierno, los hondureños tenemos libertad y la Constitución misma dice que nosotros podemos elegir y ser electos. La iglesia participa sin ningún interés y pagamos el precio de la crítica y el cuestionamiento».

Sobre la participación de pastores en comisiones gubernamentales, afirma que «si el pastor tiene el talento para ir a una comisión puede hacerlo, pero no a nombre de la confraternidad y aunque no le paguen debe renunciar a su cargo porque se va a convertir en un funcionario del gobierno».

En agosto de 2018 el pastor Oswaldo Canales fue anunciado por el presidente Juan Orlando Hernández como miembro de la Comisión Especial de Transformación del Sector Salud. Esta inclusión de un ministro evangélico en comisiones del Estado se sumaba a las participaciones del pastor Alberto Solórzano en la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y la Comisión para la Transformación del Sector Educativo.

La doctora Durón asegura que «los dos pastores aceptaron estar en comisiones de transformación nombrados por el presidente sin ser autorizados y, aunque dicen que aceptaron a título personal, terminan hablando a nombre de la organización. Ese es un abuso de autoridad».
Diversos sectores de la sociedad se han opuesto a la participación de estos ministros evangélicos en comisiones del Estado. Entre las organizaciones que se han pronunciado está la Red Lésbica Cattrachas, que en diciembre de 2018 interpuso una acción constitucional de amparo contra el presidente Juan Orlando Hernández por el nombramiento del pastor Alberto Solórzano.

Solórzano es pastor evangélico del Centro Cristiano Internacional (CCI), una de las congregaciones más grandes del país que además cuenta con 512 sucursales en todo el mundo y fue presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras entre 2010 y 2018.

El recurso de amparo presentado por la organización de defensa de derechos humanos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cita que «el nombramiento de un ministro religioso en una comisión sobre educación pública vulnera principios y derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, que garantizan la libertad de religión, la igualdad ante la ley y el principio del Estado laico —corolario de la libertad religiosa— que debe guiar todas las actuaciones de las autoridades de gobierno».

El recurso también apunta que la distancia entre el Estado y la iglesia hace que no exista lugar a confusiones en las que el Estado asuma funciones de las confesiones religiosas y viceversa.

Por su lado, Solórzano dice que «el tema del laicismo es un tema que ya deberían cambiar un poco porque es un argumento gastado».
Solórzano le dio una entrevista a Contracorriente en su oficina del CCI, un lugar con muchos relojes y reconocimientos colgados en la pared, algunos por su colaboración en actividades gubernamentales.

Para Solórzano, el acercarse al gobierno no es acercarse a un partido político ni violentar el territorio laico. Dice que hay un derecho asumido a partir de que la población de Honduras en su mayoría es cristiana y esa población es la que elige a los que gobiernan.

Según estadísticas de la organización Pew Research Center, en 2014 un 41 por ciento de la población era evangélica, el mayor porcentaje de evangélicos en Latinoamérica al igual que Guatemala. Según proyecciones de la Confraternidad Evangélica de Honduras, en 2016 ya llegaban al 48 por ciento y superaban a los feligreses católicos.

Sobre la toma de decisiones siguiendo principios religiosos, Solórzano dice que «la aspiración de quienes elegimos no es que los políticos cuando ya están gobernando tomen decisiones en contra de los principios que nosotros tenemos. Al contrario, por las convicciones que la gente tiene, busca que a la hora de gobernar lo hagan basados en los principios religiosos».

El pastor deja claro que su cercanía con el gobierno es estratégica y no forma parte de ningún hecho espontáneo, y que ellos han provocado ese acercamiento a raíz de temas como el matrimonio igualitario y el aborto.
Según Solórzano, «la iglesia busca esos espacios porque allí se toman decisiones que nos van a afectar como ciudadanos, de dónde se paga la educación de este país, de los impuestos que nosotros pagamos entonces nosotros tenemos el derecho de solicitar que a la hora de educar se eduque correctamente según nuestras convicciones».

«Nosotros hemos visto venir esos temas desde hace tiempo atrás y nos movemos obviamente para estar en esos ambientes», finaliza el ministro evangélico.

La abogada Flores dice que esta influencia produce que el Estado sea autoritario, excluyente e incluso discriminativo.

“El objetivo principal del estado es garantizar el goce de derechos y establece que el fin supremo del estado es la persona humana y no la persona humana que pertenece a la iglesia evangélica, si el estado es así no puede ser controlado por una determinada religión o ideología”, apunta.

Según explica la abogada, para garantizar la libertad de religiones y cultos, el artículo 77 de la Constitución dice expresamente que los ministros de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer propaganda política valiéndose como medio de las creencias religiosas del pueblo; sin embrago, si el propósito fundamental es influir al Estado con la religión, se violenta totalmente ese principio.

La doctora Durón explica que «algunos creen que la ganancia de estar cerca del poder es detener al izquierdismo, detener al comunismo, evitar el matrimonio gay y evitar el aborto. Muchos evangélicos creen que apoyando partidos o políticos de derecha que supuestamente defienden la familia y la vida esa es una buena incidencia. No se puede irrespetar la separación iglesia-Estado».

Las comisiones de transformación del sector salud y educación fueron derogadas en junio de este año a raíz de una serie de manifestaciones de los gremios médico y magisterial, que las acusaban de estar llevando un proceso de privatización a esos sectores.

Sumado a la inclusión de estos pastores en el gobierno, según la doctora Durón «hay testimonios de muchos eventos que han sido pagados con fondos del gobierno, del Congreso Nacional y de la Presidencia. Les tocan el ego del poder, la tentación de poder es algo que vence a muchos».

Continúe la historia AQUÍ y conozca sobre las relaciones del gobierno hondureño con Israel en Bendición y poder militar

Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).

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Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Silva y Martín Cálix

Edición y montaje: Jennifer Avila

Juan Orlando Hernández anunció el 24 de marzo a través de su cuenta de Twitter la apertura de una oficina de negocios en la ciudad deJerusalén en Israel, esta oficina sería una extensión de la embajada de Honduras ubicada en Tel-Aviv . Esta acción era el primer paso importante del mandatario después de que en diciembre de 2017 Honduras se colocó del lado de Estados Unidos ante una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenaba la decisión del gobierno de Donald Trump de
reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

La apertura de la embajada de negocios también daba respuesta a la solicitud que en reiteradas ocasiones había hecho la Confraternidad Evangélica de Honduras al gobierno de Hernández para el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén. Para una parte de los cristianos evangélicos, el apoyo al Estado de Israel no solo es una posición política, sino teológica.

En un comunicado emitido en 2018, la CEH aplaudió la decisión de Honduras de ponerse del lado del gobierno de Estados Unidos ante la resolución de la ONU, solicitó al presidente Hernández el traslado de la embajada a Jerusalén y celebró la aprobación de una moción del
diputado Tomás Zambrano que tenía como objetivo enviar una nota exhortativa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que considere el traslado de la representación diplomática.

Zambrano como diputado y secretario del Congreso Nacional, siguiendo sus creencias evangélicas, ha sido clave para introducir en el Legislativo temas de la agenda de la CEH con la moción que presentó para dictaminar la lectura de la Biblia en las escuelas.

«Tenemos que guiar al país por buen camino. Inculcarles la fe, aunque la Constitución establece que la educación es laica, pero consideramos que es importante», apuntó en su momento el diputado Zambrano.

Gracias a su estrecha relación con el apóstol y líder de esa iglesia, Roy Santos, Zambrano fue invitado principal en un evento organizado por la iglesia Manantial de la Mies el pasado 25 de julio. En ese evento coincidió con Mario Bramnick, un pastor cubano-estadounidense y fundador de la Coalición Latina por Israel (LCI), una organización evangélica sionista que busca movilizar líderes y políticos religiosos en América Latina para que más países reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel y trasladen sus sedes diplomáticas a esa ciudad.

La primera dama, Ana García reunida con el pastor Roy Santos, Mario Bramnick y secretarios de Estado. Foto de archivo.

Cuando Trump resultó ganador, Bramnick permaneció con él a través de la Iniciativa de la Fe y la Oportunidad, una oficina establecida en la Casa Blanca por decreto presidencial. Miembros de esta oficina organizaron una reunión con el presidente hondureño en junio de 2018, un día antes de que Pence y Pompeo conversaran con Hernández sobre la apertura de Capitol
Ministries en el país.

Las acciones posteriores del gobierno de Honduras con la apertura de su oficina de negocios en Jerusalén parece indicar que los cabildeos funcionaron.

No obstante, en el cuarto país con mayor tasa de homicidios en Latinoamérica, sumado a su constante inestabilidad política y social, se abrieron otros acuerdos con implicaciones más profundas.

Omar Ulloa, miembro del grupo de alabanza del Centro Cristiano Internacional. Foto: Martín Cálix.

En diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de cooperación entre Honduras e Israel dirigido a «potenciar las capacidades de defensa y seguridad» a través de las Fuerzas Armadas. Este es un acuerdo que implica que Honduras tendrá que pagar un total aproximado de 5 mil millones
de lempiras ($206 millones) en cuotas anuales hasta el 2026.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fueron testigos de honor en la firma de ese acuerdo, que incluye el fortalecimiento de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, en donde se creará un sistema informático de ciberseguridad del Estado «para la
protección de instituciones gubernamentales».

«Lo que hoy hemos firmado repotencia las capacidades de seguridad de Honduras, en defensa, con nueva tecnología, nuevos equipos, transferencia de conocimientos. Esto será algo que va a ayudar a la región centroamericana, particularmente en el Triángulo Norte», dijo Hernández al firmar el acuerdo.

Según un comunicado de la Secretaría de Defensa, el acuerdo también implica que el Ministerio de Defensa de Israel suscribirá contratos con empresas israelíes para brinda servicios de equipamiento y mantenimiento de los bienes adquiridos.

Información del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) indica que, además de lo contemplado en este acuerdo, Honduras ya había acordado la compra de tres radares a Israel por el costo de 25 millones de dólares.

En enero de este año el presidente Hernández anunció la creación de un nuevo tratado entre Honduras, Israel y Estados Unidos enfocado en fortalecer la seguridad y potenciar el desarrollo.

Cuando Contracorriente y CIJ le preguntaron al representante de Capitol Ministries en Honduras, Miguel Muñoz, sobre los acuerdos entre Israel y Honduras, dijo que en los estudios no se aborda la temática, pero que desde su posición en la CEH podría afirmar que existe un «fervoroso» deseo porque Honduras e Israel intercambien embajadas.

Ante las negociaciones que implican acuerdos militares y armamentísticos, Muñoz dice que como iglesia se limitan a hablar sobre lo que «sienten bien» y que no están reconociendo ningún tema bélico.

Los directivos de la CEH se reunieron entre enero y febrero de este año con una delegación del Consejo Nacional Palestino y con el embajador de Israel en Guatemala concurrente para Honduras y Nicaragua quienes han llegado a sus oficinas a negociar su apoyo, según el propio testimonio de Miguel Muñoz, han ofrecido becas de estudio universitario y teológico para
pastores.

Al preguntarle si no es contradictorio que guarden silencio ante el tema militar que incluyen las relaciones entre Honduras e Israel, se mantiene en silencio durante algunos segundos y contesta que «no es contradictorio porque nosotros hemos respaldado por ejemplo la depuración de la policía, hemos respaldado la reducción de la tasa de homicidios, son las líneas
que tienen que ver con este tipo de carrera armamentista pero son líneas de paz y de pacificación».

Finalmente Muñoz hace una analogía entre la justicia, bienestar y paz como pilares del Sermón del monte de la Biblia y las políticas de seguridad gubernamental que han apoyado. «Entre los discípulos habían unos más armamentistas y el Señor tenía que calmarlos y a la vez tenía que respetar el uso correcto del arma, como lo hace con Pablo», concluye.

El presidente elegido por Dios

—¡Mi amado pastor!

Ana García de Hernández acaba de aterrizar en helicóptero en las instalaciones del Hotel Copantl, uno de los más importantes de la ciudad de San Pedro Sula en el norte del país y ahora está saludando al pastor Roy Santos frente a las puertas del Salón Emperador en el centro de convenciones de dicho complejo. Ya es tarde así que solo le da un abrazo a su «amado pastor», se toma algunas fotografías con las encargadas de logística y entra a la reunión privada donde también están Tomás Zambrano y Mario Bramnick.

La primera dama fue acompañada a esa reunión del 25 de julio por Luis Mata, ministro para la Promoción de Inversiones, Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, y Arnaldo Castillo, ministro de Desarrollo Económico. Todos ellos sostuvieron otra reunión más cerrada en un salón pequeño donde supuestamente se hablaron temas de inversión para el país con el equipo de Bramnick.

Esta no es la primera vez en que Ana García asiste a la invitación de Roy Santos para que participe en un evento evangélico de «liderazgo». La relación entre el ministro evangélico que se denomina así mismo como «profeta» y la pareja presidencial es cercana, y nace aparentemente de lo sobrenatural.

Roy Santos era un niño de ocho años cuando, en una aldea del departamento de El Paraíso en la zona oriental del país, Dios iluminó su espalda con un rayo de luz y le dijo «búscame».

Esa experiencia desconocida llevó a ese niño a convertirse al cristianismo evangélico y posteriormente a trabajar liderando la iglesia Manantial de la Mies en San Pedro Sula. Después de algunos años de servicio dentro de la iglesia, Santos recibió la profecía de un pastor que le dijo: «Te llegará el momento en que vas a guiar a un presidente y gobernante de tu nación,
serás consejero».

Los años pasaron y las profecías también, incluida la caída de un gobierno cumplida en 2009 con Manuel Zelaya Rosales. Fue hasta 2012 cuando Roy Santos obtuvo de Dios lo que había esperado desde hace mucho tiempo.

«Estoy en mi casa almorzando y estoy viendo el desenlace que tendría la entrega de un partido político a Mel Zelaya, preocupado por aquello me fui a orar para preguntarle al señor qué iba a pasar», y explica que Dios le dijo que aunque el partido de oposición fundado por el expresidente derrocado sería fuerte, le daría la llave del gobierno a Juan Orlando Hernández o
Mauricio Villeda. La presidencia sería, explica el ministro evangélico, de quien se acercara primero a Dios.

Según Santos, algunas semanas después Juan Orlando Hernández llegaría a su oficina para orar ante la preocupación porque su contendiente directo en las elecciones internas de su partido era más popular. Mientras oraban, continúa el pastor, Dios le reveló que el próximo presidente de Honduras sería Hernández, se lo dijo a éste y el que en ese entonces era presidente del
Congreso Nacional se fue convencido de la profecía.

Aunque Roy Santos asegura que no se podría condicionar una profecía a cambio de un beneficio, en octubre de 2014 Roy Santos recibió un cheque del fondo de la Tasa de Seguridad por 970 mil lempiras para la ejecución de la Cruzada Nacional Niños a Una Voz, un evento anual que su iglesia realiza en un estadio de la ciudad sampedrana con la presencia de líderes
políticos y religiosos de todo el país.

A partir de las profecías del pastor Roy en 2012, las visitas de la primera dama a los eventos de la iglesia Manantial de la Mies se han vuelto constantes cada año y las profecías que parecen respaldar al presidente también han aumentado.

En 2015, antes de que se hablara de la reelección de Hernández como una posibilidad real, el pastor Roy Santos ya profetizaba la extensión de su mandato. Ese segundo período también es, según el ministro evangélico, fruto de un designio celestial.

Según este profeta evangélico, la razón por la que Hernández se encuentra en el poder es porque es el elegido por Dios para romper la maldición que cayó sobre Honduras en 1947, cuando la dictadura de Tiburcio Carías Andino decidió abstener su voto ante la ONU para la creación del Estado de Israel.

«Según la Biblia, para romper una maldición, es necesario que la redención exista por un personaje del mismo linaje de quien comete el error», dice Roy Santos refiriéndose a la primera dama Ana García Carías, descendiente por el lado materno del exdictador, quien según su visión ocupa el titular del ejecutivo junto a su esposo.

«Dios le estaba entregando a Juan Orlando Hernández y la primera dama el nuevo gobierno para que tuviese el tiempo de poder establecer la embajada y así Honduras ser redimida de una maldición que se había obtenido por haber negado el reconocimiento al Estado de Israel», finaliza el pastor evangélico.

Sin embargo, la incidencia que ha generado Roy Santos hacia la promoción de Jerusalén como capital de Israel no solo se debe a sus creencias religiosas.

Roy Santos pertenece desde hace algunos meses a la Coalición Latina por Israel, dirigida por Bramnick y anteriormente ha sido parte del Parlamento Iberoamericano por Israel, otra organización que promueve el intercambio de cooperación político, religioso y económico entre Israel y América Latina.

Para la doctora Reyna Durón, «la idolatría hacia Israel hace que los evangélicos sigan cualquier acción que creen beneficia a ese pueblo. Se manipula mucho esto para fines geopolíticos. La idolatría hacia Israel hace que apoyemos cosas que a veces no sabemos».

«Roy Santos está patrocinado por el gobierno, le dan 24 horas continuas de transmisión en el gobierno, usted suma todo, es más de un millón de lempiras. Hay comida, bolsas solidarias, se habla de eso por los pastores que han participado», dice Durón.

«No sé si le pagarán por profecía», finaliza.

El pastor Roy Santos recibió un cheque por parte del presidene Juan Orlando Hernández en 2014 para realizar un evento de oración con niños y niñas en San Pedro Sula. Foto archivo.

En su oficina, Roy Santos tiene muchos de los reconocimientos que le han otorgado iglesias y el gobierno. En la parte más alta de ellos se encuentra enmarcado el decreto legislativo 105- 2018 que declara que el último sábado de octubre es el Día de la Cruzada Niños a Una Voz.

Este decreto exonera de impuestos y cualquier tipo de carga tributaria a las donaciones recibidas como parte del evento promovido por la iglesia del ministro religioso.

«Nosotros no teníamos voz, lo que vino con este presidente fue una apertura donde se nos valoró nuestra posición y lo que nosotros hicimos fue aprovechar ese momento para dar nuestro aporte», explica Roy Santos.

Según el testimonio del pastor, ellos reciben apoyo anual de una partida de la Tasa de Seguridad para financiar el evento. Aunque esta información se intentó corroborar ante el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, no hubo respuesta a la solicitud de información que se envió ni al recurso de revisión que se interpuso ante la ausencia de una respuesta.

Los eventos que la iglesia de Roy Santos organiza siguen la idea del pastor, que indica que «un Estado de derecho debe estar basado en la ley de Dios a través de la Biblia, donde el derecho humano sea conforme al diseño de Dios y no conforme al capricho de los seres humanos».

En ese sentido, sobre el Estado laico, el consejero espiritual de Juan Orlando Hernández opina que «es una idea humana, una estrategia de Satanás».

El pasado 1 de agosto se anunció la inauguración del «Ministerio Cristiano Policial de Honduras» y, según las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook de la Policía Nacional de Honduras, hubo un acto con música religiosa interpretada por los mismos agentes de seguridad.

El salón donde se realizaron sus reuniones fue inaugurado por Julián Pacheco Tinoco, actual Secretario de Seguridad, quien ha sido señalado en el juicio en contra de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de narcotráfico Los Cachiros. Devis dijo en la Corte de Nueva York que Pacheco Tinoco pertenecía a una red de protección que permitía el paso de drogas por Honduras durante el periodo presidencial de Porfirio Lobo entre 2010 y 2014, período en que era asesor de seguridad del gobierno.

Este nuevo ministerio dentro de una institución del Estado, se suma a la progresiva expansión que han tenido las iglesias evangélicas con estudios bíblicos y jornadas de oración. Iglesias que se han multiplicado al tiempo que aumentan su poder e incidencia en las decisiones estatales al respaldar a un gobierno rechazado por diversos sectores de la sociedad y las gestiones de un presidente mencionado en documentos de la fiscalía de la corte de Nueva York por supuestamenteos haber recibido $1.5 millones de dólares para su campaña política en 2013.

Cada vez que hay una situación de crisis en el país, la Confraternidad Evangélica de Honduras se pronuncia respaldando las acciones del gobierno, ese es el caso de la reunión entre pastores y la pareja presidencial del 26 de junio de este año en la que oraron por «la paz y el bienestar»
de Honduras a pocos días de que se finalizara en el país una jornada de protestas violentamente reprimidas en defensa de la salud y educación pública.

Esta relación de respaldo también se expresa en lo privado. Desde el 15 de marzo Capitol Ministries está impartiendo sus estudios bíblicos en Casa Presidencial con el Consejo de Secretarios de Estado. Actualmente esta organización se encuentra en otros seis países de la región: Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica. Honduras es el primer y único
país de Latinoamérica en el que ha logrado hasta llegar al Ejecutivo. El primer tema impartido por el pastor Muñoz fue «¿Es tan importante estudiar la Biblia en el gabinete?».

La plaza de dios

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Esta nota es parte del proyecto Transnacionales de la Fe, una colaboración de 15 medios, bajo el liderazgo investigativo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los aliados periodísticos: Agência Pública (Brasil); CIPER (Chile); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Univisión (Estados Unidos); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); El País (Uruguay), Armando.info (Venezuela) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

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Un grupo de líderes evangélicos fundamentalistas vinculado a la Casa Blanca ha logrado influir en mandatarios y en la política exterior frente a Israel de varios países latinoamericanos.

En este especial revelamos el poder que impulsa al gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde la intromisión de representantes de un sector muy poderoso de la iglesia evangélica en el proceso de legislación del país, hasta la toma de decisiones con respecto a la salud, la educación y la seguridad de Honduras.

Los profetas del presidente

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Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 16 medios de investigación revelamos cómo estos grupos evangélicos fundamentalistas han expandido sus ministerios por la región y han hecho tratos que han fortalecido a presidentes cuestionados, desde Juan Orlando Hernández en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, pasando por Jimmy Morales en Guatemala y hasta Jair Bolsonaro en Brasil.

Líderes evangélicos amparados por la Casa Blanca exportan agenda fundamentalista a América Latina

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El presidente Juan Orlando Hernández anunció el 24 de marzo la apertura de una oficina de negocios en Jerusalén, como extensión de la embajada de Honduras ubicada en Tel-Aviv y un guiño a la política de Trump en Medio Oriente. Los sectores evangélicos han promovido esa idea. El anuncio diplomático fue seguido por otros en temas de defensa con Israel.

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Bendición y poder militar

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Este especial hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).

Ilustración: Lorena Barrios de El Surtidor (Paraguay)

Autor: Fernando Silva Cruz @nando.silvacz

La semana que recién terminó fue escenario de protestas en contra y en favor del gobierno hondureño, sobre todo de Juan Orlando Hernández. Una serie de artículos en la cadena estadounidense Univisión revelò que la Fiscalía del Estado de Nueva York vincula el financiamiento del narcotráfico en las campañas presidenciales de 2013 y 2017 de Juan Orlando Hernández, a esto se sumó el involucramiento de la primera dama, Ana García y el mismo Juan Orlando Hernámdez en una red de corrupción que funciona en el Congreso Nacional y que ha desfalcado diferentes instituciones del Estado. Estos elementos han sido el asidero para que el Partido Nacional y la oposición midieran fuerza en las calles con movilizaciones masivas, unas en medio de la represión policial y las otras bajo la custodia de la Policía Nacional.

En esta semana también se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, presos en La Tolva, la cárcel de máxima seguridad ubicada en El Paraíso tras la crisis postelectoral. El jurado compuesto por tres mujeres dio con lugar la solicitud de la defensa, lo que concluyó con el levantamiento de la prisión preventiva y dándoles la oportunidad a Espinal y a Álvarez de defenderse en libertad. A continuación te contamos la semana en 20 fotografías a manera de resumen gráfico.

Quema de llantas en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una simpatizante del Partido Nacional señala en su camiseta la leyenda «lo bueno debe continuar», eslogan utilizado durante la campaña presidencial que llevó a Juan Orlando Hernández a reelegirse en las elecciones de noviembre de 2017, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una tanqueta de la Policía Nacional de Honduras dispara un chorro de agua con gas pimienta a manifestantes en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Enfrentamiento entre policías y manifestantes en colonia Las Colinas, Tegucigalpa. Fotografía: Martín Cálix

En la parte de atrás de la camiseta de un simpatizante del Partido Nacional se puede leer la leyenda «nuestra actitud marca la diferencia», Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Salvador Nasralla, ex candidato presidencial por la Alianza de Oposición, dio una conferencia de prensa donde ratificó que para él la única forma en que Juan Orlando Hernández salga de la presidencia será con el pueblo en las calles, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Agentes de la Policía Nacional disparan gas lacrimógeno hacia estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en un enfrentamiento que duró unas 6 horas, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un estudiante encapuchado devuelve bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una pareja camina en una acera del bulevar Suyapa tapándose sus rostros, visiblemente afectados por el gas lacrimógeno lanzado por la Policía Nacional, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Nacionalistas posan delante de una bandera del Partido Nacional al finalizar una masiva movilización convocada en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un manifestante encapuchado se prepara para lanzar una piedra a la Policía Nacional durante un enfrentamiento en el bulevar Suyapa a la altura de Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Una bomba molotov estalla cerca de los agentes de la Policía Nacional quienes respondieron a las piedras y las molotov de los estudiantes con gas lacrimógeno y balas de goma, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Un agente de la Policía Nacional terminó con su escudo quebrado por una piedra lanzada por los manifestantes durante el enfrentamiento en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 7 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Con su brazo izquierdo en alto, el campesino Emérito Alvarado de 77 años, canta el himno nacional de Honduras frente al Ministerio Público, es originario de Colomoncagua en el departamento de Intibucá y ha llegado hasta aquí junto con otros compañeros suyos de COPINH para protestar contra el gobierno y exigir la liberación de los presos políticos, Tegucigalpa 8 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix

Mientras en las calles de todo el país se llevaban a cabo manifestaciones en contra y en favor del gobierno de Juan Orlando Hernández, Karen Spring, esposa de Edwin Espinal, preso en la cárcel de máxima seguridad desde el 20 de enero de 2018, durante la crisis poselectoral, recibía la noticia de que su esposo podrá defenderse en libertad, luego de que un tribunal admitiera con lugar la revisión de medidas interpuesta por la defensa, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

En la concha acústica de la plaza central Francisco Morazán del casco histórico de Tegucigalpa, el ex presidente, Manuel Zelaya, dio un discurso donde llamó a continuar en las calles hasta que Juan Orlando Hernández deje el poder, y afirmó no tener nexos con el narcotráfico, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Cubriéndose del sol con la bandera del Partido Nacional un joven camina por el bulevar Suyapa en una manifestación convocada en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

En su calidad de Primera Dama, esposa de Juan Orlando Hernández y militante del Partido Nacional, Ana García Carías llegó al cierre de una manifestación masiva convocada en apoyo a su esposo, donde resaltó que los principios cristianos rigen la vida política de Honduras, que hay dos caminos, el camino bueno y el camino malo, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Nacionalistas pasan frente a una valla de concreto pintada con la leyenda «no más narcodictadura» en el bulevar Suyapa, al finalizar la movilización convocada por el Partido Nacional en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix

Sobre la estatua de Francisco Morazán en la plaza central de Tegucigalpa, jóvenes encapuchados sostienen la bandera nacional y la bandera de Libre al finalizar una masiva movilización contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 9 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

El presidente Juan Orlando Hernández se enfrenta ahora a una nueva ola de protestas que exigen su renuncia y enjuiciamiento. Las declaraciones de un narcotraficante, exalcalde miembro de su partido político, lo pusieron de nuevo frente al descontento popular y ratificaron lo que hace ya varios años se dice de Honduras: que es un “narcoestado”.

Sin embargo, que Hernández posiblemente haya financiado su campaña con dinero del narcotráfico no pareciera ser el detonante principal de las protestas en las calles de Honduras, aunque sí parece ser la excusa para que la comunidad internacional lo vea y lo reconozca como un presidente ilegítimo, criminal. La sociedad hondureña ha sido bastante tolerante con el crimen del narcotráfico, de hecho, en algunas zonas de influencia de carteles de tráfico de drogas, las comunidades han coexistido con ellos, sea bajo presión o a través de un complejo sistema de tolerancia mutua. El control de la vida cotidiana y de las decisiones políticas en esos territorios no ha sido motivo de protestas, al contrario, parece ser un sistema normativo que funciona allí donde el Estado ha sido el gran ausente.

En zonas como el Bajo Aguán, cuando el cartel que allí controlaba se entregó a la justicia estadounidense, la población se vio afectada por la caída en la economía y hasta manifestaciones por cierre de empresas y baja en los empleos se dieron.

Esta situación no es exclusiva de la Honduras de hoy. Hay que recordar la imagen que se guarda en la memoria de muchas personas, la del famoso capo Ramón Mata Ballesteros.

Ser narco en Latinoamérica es símbolo de éxito, de riesgo, una especie de “Pablo Robin Hood Escobar” que transgrede todas las normas y usa la violencia para favorecerse de un sistema corrupto y que, además, es benefactor de quienes le rinden admiración o le temen. Por esto, nunca se ha visto en Honduras una protesta contra narcotraficantes o una estrategia de autodefensa contra narcos.

¿Qué es entonces lo que irrita e indigna a la sociedad hondureña, esa que está en las calles diciendo que Hernández debe dimitir?

Muchos representantes de las élites políticas y empresariales también aceptan al narco, lo protegen porque protege, lo apoyan porque financia. Tanto así, que no se sabe al final que fue primero, si el narco o el político. Pero eso también se tolera. De hecho, los reeligen una y otra vez.

Sin embargo, hay una línea que esa sociedad que protesta no está dispuesta a aceptar que se cruce. A esas personas, les resulta imperdonable el saqueo del sistema de salud y de educación y aun más, la reelección fraudulenta que mantiene en el poder a uno, de tantos, que está bien que sea lo que sea, pero que se vaya después de sus cuatro años. Estos son los verdaderos detonantes.

Hernández rompió la dinámica de que cada cuatro años el presidente (que la sociedad ya asume corrupto, quizá guapo, bonachón, útil, “el menos peor”) le entrega el poder a otro, uno elegido en las urnas (tal vez igual pero al menos con diferente color y nombre).

Por si eso no fuera ya suficiente, Hernández también privatizó el servicio de cobro de energía eléctrica, concentró el poder del Estado y legisló desde la presidencia para privatizar los servicios de salud y educación, para tener un fondo millonario para usar a discreción, para aumentar presupuesto de seguridad y defensa y para ser el jefe de toda fuerza especial híbrida militar y civil que se le ocurriera (por más inconstitucional que sea). Y aunque Hernández no logró controlar del todo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), todavía es ilusorio que en Honduras al presidente se le juzgue, aunque sea por reelegirse inconstitucionalmente o por estar implicado en actos de corrupción. Él tiene control sobre la Corte Suprema de Justicia, y no se puede olvidar que el director del Ministerio Público fue su único aliado en la Corte de Constitucionalidad cuando quería elevar a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público.

El presidente Hernández ha dicho que todo es una confabulación de los narcos, porque él mismo aprobó la extradición, porque él mismo ha luchado contra ellos y porque el éxito de su gobierno, según su publicidad pagada por el Estado, es la reducción de homicidios, el ataque al crimen organizado. Pero la violencia en las calles sigue produciendo éxodo masivo, solo en lo que va del año, según el último boletín del IUDPAS, se ejecutaron 41 masacres, esto dobla la cantidad de víctimas por homicidios múltiples del año pasado, la mayoría son vinculadas al crimen organizado. Justo en medio de esta crisis política, la semana pasada hubo un hecho violento de esta magnitud en el velorio de una persona en pleno cementerio de San Pedro Sula.

El Fuera JOH, en este momento, es posible solamente si la justicia estadounidense actúa. Las protestas de la crisis postelectoral se apagaron cuando la Embajada de Estados Unidos sacó su comunicado avalando el triunfo de Hernández, hoy se alaba al fiscal de New York porque es la única esperanza de que el presidente sea enjuiciado. No aquí, donde ya no hay esperanza, sino allá, donde están puestas las esperanzas de miles de hondureños y hondureñas que cada día emprenden camino. Este es el reflejo de la ética hondureña y su esperanza, lo que es inaceptable para ella y la única vía que ve como salida a la crisis del momento.

Texto: Cesia Garay

Fotografía de Pixabay

La red social Facebook cerró 181 cuentas y 1488 páginas falsas en Honduras el pasado 25 de julio, según informó el jefe de política de seguridad cibernética de Facebook, Nathaniel Gleicher, a través del blog oficial de esta trasnacional de las comunicaciones. Estos perfiles eran fraudulentos y se dedicaban a mentir sobre quiénes eran y a qué se dedicaban, páginas y perfiles falsos que comentaban y amplificaban mensajes positivos sobre Juan Orlando Hernández, el presidente peor evaluado en popularidad por la encuestadora Cid Gallup desde que Honduras retornó a la democracia en 1980.

El cierre de cuentas falsas en Facebook no solo sucedió en Honduras —aunque fue el más castigado— en Rusia y Ucrania se eliminaron cuentas de perfiles falsos que eran utilizadas para suplantar la identidad de militares y periodistas con el fin de criticar al gobierno ucraniano. En Tailandia usaron los perfiles de personajes ficticios para influir en el discurso sobre la relación de Estados Unidos con China, por otro lado hacían críticas contra los activistas de la democracia en Tailandia y las protestas en Hong Kong contra la ley de extradición.

En 181 cuentas falsas y 1488 páginas falsas, los creadores pagaron 23 mil dólares en anuncios. Pero esta no es la primera vez que se ve la proliferación de perfiles y páginas falsas en Honduras. En 2015, cuando salió a las calles el movimiento «indignado» autoconvocado desde las redes sociales, se vio la primera ola de lo que algunos ciberactivistas llamaron «johbots», miles de cuentas falsas que actuaban en coordinación, para simular un apoyo de base al presidente Juan Orlando Hernández, a quien este movimiento pedía la renuncia por estar implicado en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En esta campaña de gestión de crisis, se creaban más de 100 cuentas de Twitter falsas diariamente, y eran usadas para amplificar el contenido positivo de Hernández y atacar a opositores y activistas, difundiendo narrativas afines al gobierno, tratando de opacar el famoso “Fuera JOH”.

Archivo: La falsa popularidad y manipulación de opinión pública en Twitter

En una primera investigación de agosto de 2015, realizada por el colectivo Tierra Catracha a través de SinMetadata, se descubrió que esta estrategia de bots tardó un año para conseguir que se hiciera un hueco en la prensa nacional, porque era importante que la comunidad hondureña supiera lo que estaba ocurriendo, llegando a encontrar más de 5,000 bots haciendo una visualización de 2,800 datos. Sin embargo, a nivel internacional lograron colocar a Hernández como personaje destacado en redes sociales en la revista Forbes.

Las redes sociales como armas

Para el informático y representante del colectivo de migrantes hondureños en España “Tierra Catracha”, Aldo Salgado, este tipo de estrategias son el resultado de la aplicación de la doctrina militar en el ámbito de la política y la comunicación.

«Se les conoce como “operaciones de información”, y dentro de ellas se incluyen las “psyops”, operaciones psicológicas, que tienen como objetivo desmoralizar al enemigo, distraer, distorsionar y desmayar, desalentar y hasta espantar», asegura este ciberactivista.

Las empresas que realizan psyops, ofrecen por ejemplo, desprestigiar a los 10 colaboradores más próximos de la persona objetivo. Esto después de una cuidadosa recolección de información por todos los métodos posibles.

«Cambiar la realidad con los deseos del cliente», esta era la promesa realizada por Archimedes Group, una empresa de origen israelí que fue vetada por Facebook. Realizaba operaciones en todo el mundo, pero su foco en América Latina era Honduras, con páginas que simulaban ser portales de noticias y perfiles falsos en Facebook, que difundían mensajes positivos en favor del presidente hondureño, y en consecuencia atacaban a la oposición.

Salgado y su colectivo se han dedicado a monitorear estas páginas y estrategias de bots en redes sociales en los últimos dos años y han ubicado páginas de desinformación como: Prensa del Istmo, Dios me hizo libre, DiarioHN, La Verdad Desnuda, Nuestro Presidente JOH y RídiculosHn. La mayoría de estas siguen activas y continúan realizando posts como estos de RídiculosHn: 1. Cancelan la visa a miembros del Colegio Médico por apoyar actos terroristas contra la Embajada Americana, 2.Corazones les manda a decir Jorge Cálix que son un bulto de haraganes los hondureños, que solo él y su papi Mel trabajan (esto por un tweet de Cálix), 3. Los vagos de Libre que iban a manifestarse en la Cerro Grande (colonia de Tegucigalpa) encendieron llantas y las tiraron a una zacatera y se hizo un incendio inmenso quemando miles de árboles y varias casas 4. Si sale a protestar mañana, despídase de sus familiares y nos vemos en el infierno perros.

Al igual que RídiculosHn, están las páginas: Cómo te pones a creer vos , Política viral , Soy Chuy Ramos , Que alguien me explique . Todas estas páginas sostienen la misma narrativa y pagan publicidad en algunas de sus notas, en las más recientes que abarcan el período comprendido entre el 6 y el 13 de julio de este año, dirigían su contenido contra Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y Olivia Zúniga Cáceres.

«En la narrativa implementada para los diferentes afectados está el “consumo de drogas” en el caso del expresidente Zelaya, “amigo de las maras” refiriéndose a Nasralla, e insultos machistas en contra de la diputada de Libre por el departamento de Intibucá, Olivia Zúniga Cáceres».

Salgado apunta también que el gobierno de Hernández no solo paga publicidad a Facebook y crea diferentes perfiles falsos, también se encarga de pagar consultorías para elevar el nivel de proyectos creados por su gobierno.

Por ejemplo, el 24 de junio se empezó un contrato con una nueva empresa: CYPARIS. La persona al frente de esa empresa, Andrés Lucas Silva Wood, trabajaba en la anterior agencia de publicidad del gobierno: Burson Marsteller, afirmando Wood a través de su cuenta de LikedIn en la información de su perfil que Burson Marsteller fue quien estuvo detrás de la idea de Marca País.

Marca País tuvo un contrato de Consultoría de Relaciones Públicas con la empresa CYPARIS, siendo su representante legal, Andrés Lucas Silva Wood de origen chileno, y que recibió un monto de 40 mil dólares mensuales durante 6 meses, afirma Salgado.

Además, las páginas de las instituciones estatales como la de Marca País, Policía Nacional, Secretaría de Salud y hasta de la Primera Dama de la república están siendo administradas en dos países: Honduras y Colombia.

Mientras los señalamientos contra Juan Orlando Hernández han escalado de su ilegitimidad como presidente reelecto hasta sus implicaciones con el narcotráfico, las redes sociales contienen el descontento popular que no logra contrarrestar la publicidad estatal tanto oficial como a través de cuentas falsas o bots.

Fotografía tomada de El País HN

La primera dama Ana García Carías, ha sido cuestionada los últimos días debido a que aparece como socia de una sociedad mercantil involucrada en el Caso Pandora. A pesar de que asegura que no tiene relación con ningún proceso legal, esta no es la primera vez que se le vincula a irregularidades con empresas u ONG’s.

En su cuenta de twitter, la primera dama ha hecho una aclaración pública: «Las acciones van dirigidas en contra de una SOCIEDAD, de la que me desligué desde su constitución formal hace 13 años, en 2006».

Ante las noticias circuladas este día hago la siguiente aclaración pública: pic.twitter.com/AGgafhiF2q
— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) August 2, 2019

Pero ese mismo año, Ana García era la responsable legal de dos ONGs recién creadas y que hasta el momento han obtenido múltiples convenios con el Estado. De acuerdo con una consulta avanzada en el sistema de expedientes de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), Ana García es la responsable de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH) que se inscribieron a su nombre en 2006.

Estas ONG’s manejan casi todo el programa Vida Mejor, FUNDEIH actualmente se encarga de proyectos para ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos mejorados y capacitaciones para la niñez y las personas con discapacidad. Mientras que FUNDEIMH se dedica a las microempresas de alimento y capacitaciones para mujeres.

El programa Vida Mejor ha sido un pilar fundamental en el proyecto político de la familia Hernández, una biografía de Ana García publicada en el portal de la presidencia indica que lo inició junto a Juan Orlando Hernández en el 2006. El 9 de enero de ese mismo año FUNDEIH y FUNDEIMH fueron inscritas en la URSAC.

FUNDEIH ha recibido al menos 2 mil 800 millones de lempiras (116 millones de dólares) entre 2014 y 2017 a través de convenios con fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). A través de una solicitud de información a los registros de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de Honduras (DIRRSAC) se verificó que el expediente de esta ONG no se encuentra a disposición a pesar de que esta información debe ser pública.

“Por ser expedientes generados antes de la implementación del sistema de geolocalización de expedientes, estos no se encuentran escaneados y actualmente siguen buscándolos caso contrario se procederá a su reconstrucción” aseguran en una respuesta oficial desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SDGJD) de la que DIRRSAC es parte.

Mientras tanto, FUNDEIMH recibió entre 2014 y 2017 al menos 318 millones de lempiras (12 millones de dólares) desde SEDIS y su expediente fue decomisado por la UFECIC en marzo de este año. Debido a esta situación no es posible verificar qué cambios hubo desde 2006 y si Ana García es parte de la junta directiva de alguna de las ONG’s actualmente.

Sin embargo, en la información de los convenios entre la SEDIS y FUNDEIH al menos hasta 2017 aparece como directora ejecutiva Eva Yakeline Collier, hija de Danne Chavez quien en 2014 también firmó convenios y adendums bajo el cargo de presidenta de la fundación, cargo que ocupó al menos desde 2011, fecha en que se tienen otros registros públicos de su existencia y lo hizo hasta la firma de los contratos en 2014.

Ese mismo año que Danne Chávez firma como presidente de FUNDEIH con SEDIS, comienza a laborar como Gerente de la Unidad de Proyección Social y Asuntos Comunitarios en Casa Presidencial que se dedica a “recepcionar, evaluar y aprobar las solicitudes de ayuda social que hubieran sido sometidos a la Presidencia de la República”. Además, la oficina de Danne se encarga de gestionar con SEDIS y cualquier otra Secretaría de Estado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y cualquier otras de carácter público o privado, las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes.

Tanto Danne como Eva tienen una relación muy cercana con la primera dama, esto lo demostraron públicamente durante la boda de Eva Collier en 2015 donde Ana García fue la designada para dar un discurso durante el brindis, según las revistas sociales, esto debido a que Eva la considera como una tía.

En el caso de FUNDEIMH, hasta 2017 la mamá de Ana García, Carlota (Lotty) Carías se dedicó a la ONG públicamente y al menos hasta 2016 asistía a eventos como una representante de FUNDEIMH.

De igual manera, aunque Rebeca Andrea Tercero Lizano aparece como representante legal y directora ejecutiva de FUNDEIMH, este poder fue acreditado por Victoria Isabel Madisson de Chávez, madre del diputado David Chávez, el 16 de febrero de 2016 en condición de presidenta de FUNDEIMH.

Aunque nunca se ha revelado en cuánto se encuentra valorado un ecofogón, coordinadores del programa en declaraciones a medios de comunicación dicen que se encuentra entre los 1,500 y 2,000 lempiras (entre 60 y 81 dólares) mientras que en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud en 2016 se refiere a aproximadamente 4600 (190$).

Este último dato se acerca más a la información de los convenios con FUNDEIH de 2015 a 2017; durante 2014 los ecofogones estaban valorados en alrededor de 9,500 lempiras.

De acuerdo a los estudios del Foro de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) este tipo de programas asistencialistas no funcionan pues los terminan financiando los mismos pobres. El aumento del 3% al Impuesto sobre Ventas decretado en diciembre de 2013 se destina directamente al programa Vida Mejor “este programa no ha dado resultados esperados, y en especial no ha servido para reducir la pobreza (…) este programa no debería existir como parte de un cobro adicional, ya que dentro de las líneas presupuestarias está el compromiso de pago para financiar programas de reducción de la pobreza” señalan en sus publicaciones.

Contracorriente ha intentado tener acceso a entrevistas con autoridades de SEDIS en varias ocasiones, pero estas no han dado respuestas. La última vez consultada accedieron a darla a través del oficial de Acceso a la Información Pública, una persona que no está facultada para responder por la institución.

Cuando se le consultó sobre la cercanía de Ana García con las fundaciones que más reciben dinero del programa Vida Mejor dijo no tener acceso a ese tipo de información: “Sinceramente yo no sé cómo se está manejando, sé que ellos reciben un primer desembolso del 40% y así. Sé que si después de que hacen una liquidación de ese 40% encuentran no conformidad por situaciones de corrupción el convenio se cancela. No le voy a decir que nunca ha habido, seguramente sí, pero las cosas se están haciendo diferente. Y sé que muchas fundaciones ya no califican porque en otros años han pasado situaciones” respondió Yoni Arias, oficial de acceso a la información pública de SEDIS.

La red de ONG’s para desviar dinero del Estado

Hasta el momento, la MACCIH en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (UFECIC) han develado en varias investigaciones la existencia de un sistema de corrupción que utiliza las ONG’s. En los casos Pandora, Arca Abierta y la Red de Diputados lo hicieron solicitando fondos para proyectos sociales que una vez depositados en las cuentas de las fundaciones se emitían cheques a favor de los diputados y diputadas involucradas, así como familiares y personas cercanas.

De acuerdo a una investigación previa realizada por Contracorriente, la aprobación de todos los fondos destinados a ONG’s que desde la MACCIH-UFECIC han encontrado irregularidades tuvo que haber sido aprobado por el presidente del ejecutivo, Juan Orlando Hernández.

Lea más aquí: Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres

Cuando Hernández era presidente del Congreso Nacional en 2011 reforman la Ley del Presupuesto General de la República con el fin de autorizar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central para crear un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.

En diciembre de ese mismo año se realiza una nueva reforma, y el artículo 185 agrega que se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos.

Este fondo es administrado por el presidente, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales deben pasar primero por el presidente del Poder Ejecutivo.

Esta semana la MACCIH y la UFECIC solicitaron la privación definitiva de los bienes de los acusados en el “Caso Pandora”. La solicitud incluye cuentas corrientes y bienes inmuebles como las sedes centrales de los Partidos Nacional y Liberal, entre las sociedades mercantiles aparece Asesores Especializados en Desarrollo Integral (ASEDI) en la que Ana García es socia.

A pesar de la aclaración pública de la primera dama, esta información ya había sido verificada por Contracorriente y según la información del Registro Mercantil, desde su creación no hay cambios legales en los socios de ASEDIS.

Esta no es la primera vez que la MACCIH ha mencionado a la familia presidencial en sus investigaciones, la cercanía que tienen con las ONG’s que reciben fondos del proyecto Vida Mejor fue uno de los cuestionamientos que realizaron al intentar investigar por desviación de fondos a ésta y otras Organizaciones No Gubernamentales en el caso denominado Red de Diputados.

Cuando el primer jefe y vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, junto con otros fiscales intentó investigar a FUNDEIH y FUNDEIMH se generó una crisis interna que concluyó con la renuncia de Jiménez Mayor y el juez Daniel Urrutia.

En aquel momento, Urrutia declaró en una entrevista con CNN la existencia de un pacto de impunidad entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Juan Orlando Hernández, esto mismo lo ha denunciado el expresidente Porfirio Lobo en varias ocasiones debido a que en seis años del gobierno de Hernández no hay investigaciones en su contra.

“La selectividad en las acciones evidencia que lo hay, no son las palabras sino los hechos que dicen que aquí hay una muralla que no se pasa que es 2014” mencionó Lobo durante una entrevista a Contracorriente.

Mientras tanto, el convenio con la MACCIH vence en enero del próximo año y para renovarlo, la misión primero será evaluada y de esos resultados dependerá su permanencia. Hasta el momento su mayor logro es la estructuración de la UFECIC que ha presentado 12 casos que en total suman a 123 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar alrededor de 450 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción.

Incluso si la MACCIH renueva su convenio aún quedan retos para su funcionamiento, hasta el momento no se ha requerido a la primera dama a pesar de estar mencionada en uno de los casos y las investigaciones llegan hasta esa frontera. Igualmente, aún se espera la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que incluye la derogación de la Ley de Secretos Oficiales que impide que los casos avancen hasta la cúspide de las estructuras corruptas.

Indocumentada en su propio país, así sortea la vida Brianna, en medio no solo del estigma y el rechazo de una sociedad con fobia a la diversidad, sino con la falta de garantía que formalmente le daría un documento si viviera en un estado de derecho. Pero Brianna es una mujer trans, indocumentada en Honduras, un país donde la discriminación y la violación de derechos humanos es el pan de cada día.

Escuche este podcast sobre los esfuerzos de la población LGTBI organizada para crear una ley de identidad que les permita ser identificadas legalmente con su nombre y género asumido.