El mismo año en que Ana García , primera dama de Honduras, dice haberse desvinculado de una sociedad investigada por corrupción, inscribió como la responsable legal a dos ONGs que hasta el momento han obtenido múltiples convenios con el Estado y son manejadas por personas allegadas a ella y su familia. Los expedientes de estas ongs, a pesar de seguir obteniendo contratos con el Estado, están extraviados.