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Impunidad: the only game in town

En cadena nacional de televisión, rodeado por la cúpula de las Fuerzas Armadas del país en uniforme de combate y con el pabellón nacional de fondo, el Presidente Jimmy Morales anunció el 30 de agosto de 2018 que el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, no sería renovado por su gobierno. Esa acción fue seguida del despliegue de vehículos militares frente a la sede de la CICIG. Meses después, en enero de 2019, el Presidente Morales desplegó más de cien elementos de policía al aeropuerto internacional La Aurora, cerrado para evitar el ingreso de un investigador de la Comisión al país. Todo esto en abierto desacato a la Corte de Constitucionalidad que había ordenado el ingreso de los investigadores luego de que su visa no fuera renovada por órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores. Estos hechos se suman a una larga lista de acciones provenientes de fundaciones, empresarios y políticos latinoamericanos y de los Estados Unidos adversarios a la continuidad de la CICIG. La lucha contra la CICIG inició desde el momento en que ésta entró en funcionamiento en el 2007.

Para muchos guatemaltecos, la imagen del Presidente Morales rodeado de militares en cadena nacional hizo recordar las angustiosas cadenas radiales matutinas de los años 70 y 80 del siglo pasado, con música de marimba o con el himno nacional, en donde se anunciaba un nuevo golpe de Estado y un nuevo General del Ejército al mando del gobierno. Ahora es un civil electo a través de procedimientos democráticos el que nos recordó el poder de los símbolos, de la memoria viva, de que el poder se tiene para ser usado.

Más que una desesperada lucha por evitar el escrutinio penal y administrativo puesto de manifiesto por la CICIG y el Ministerio Público sobre su participación en asuntos corruptos, las acciones que el Presidente Morales encabeza demuestran algo aún más preocupante: la vitalidad del autoritarismo como mecanismos de defensa de un sistema político.

Exceptuando Costa Rica, los países centroamericanos vivieron dobles transiciones: de la guerra (o el conflicto armado, como se le quiera llamar) a la paz y del autoritarismo a la democracia. De los conflictos armados a la paz se transitó vía negociaciones y acuerdos políticos que buscaron sentar las bases de ambiciosas reformas sociales, económicas e institucionales que, en principio, harían posible superar los déficits que dieron lugar a los enfrentamientos armados. Paralelamente, se hicieron reformas institucionales para cada país superara los legados del autoritarismo, expresado en la mayoría de los casos en gobiernos cuya burocracia estaba dominada por militares o bien, cuyos gobernantes eran el resultado de brutales golpes de Estado. El autoritarismo estaba asociado a lo militar, a la imposición y control vertical del Estado a través de la figura de generales gobernantes.

Sin embargo, ningún régimen burocrático militar era posible sin una amplia gama de funcionarios civiles que hacían posible que la maquinaria del Estado funcionara cotidianamente. Civiles que no solo se identificaban ideológicamente con la contrainsurgencia, la causa fundamental que justificaba el régimen autoritario, sino también se beneficiaban de uno de los principales atributos de un régimen autoritario: la impunidad.

Se suele decir que la corrupción “defrauda” al Estado, que lo coopta, que lo secuestra. Sin embargo, esto supone que el Estado (sus instituciones, normas, procedimientos, símbolos) se encuentra en una situación libre de corrupción y que ésta llega a través de personas que antes no eran parte de la burocracia del Estado. Otra cosa diferente es que el concepto de corrupción se empezó a utilizar desde los años 90 del siglo pasado como una forma de evidenciar las causas de la falta de eficiencia del Estado. La corrupción no es en sí misma un delito. Es una conducta moral y éticamente reprochable y que, en la mayoría de los casos, es posible luego de la comisión de diferentes delitos. Es hasta hace muy poco que este tipo de prácticas empezaron a ser reprochables nacional e internacionalmente y fueron consideradas como una de las causas de la perpetuación del subdesarrollo en que estos países están sumergidos.

Un modesto viaje retrospectivo nos da cuenta de que esa situación no ha existido en los países centroamericanos durante los últimos 150 años. El uso de los recursos públicos y del poder del Estado para el beneficio privado ha sido parte esencial de la formación de los Estados centroamericanos. La política patrimonial configuró el tipo de Estado existente y definió sus límites.

El autoritarismo que hizo posible la impunidad con la que los dictadores de la primera mitad del siglo XX, Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y los Somoza en Nicaragua, modelaron sociedades estancadas en el tiempo pero generadoras de grandes riquezas para una reducida élite compuesta por pocas familias locales y que entregaron grandes extensiones de territorio y recursos a empresas internacionales en la lógica del enclave económico es, al final de cuentas, el mismo que en la segunda mitad del siglo llevó la contrainsurgencia a extremos de violencia y terror para miles de personas.

Nos hemos fijado en la idea de que el autoritarismo (dictatorial o burocrático militar) tenía fines políticos estrictamente, la defensa de régimen ante la amenaza ideológica. Sin embargo, la impunidad que hizo posible sociedades represivas también hizo posible sociedades corruptas. El sistema político es, al final de cuentas, el mismo.

Con las reformas institucionales que dieron paso a la democracia, o precisamente, a algunos procedimientos democráticos empezamos a medir y esperar que la democracia aumentara y con ello se superaran los legados del autoritarismo en lo político. Las elecciones fueron libres, con procedimientos cada vez más sofisticados, la libertad de expresión ya no fue abiertamente reprimida, los poderes del Estado alcanzaron, al menos formalmente, mayores niveles de independencia y ningún presidente estaba dispuesto a atropellar la alternancia en el poder.

Luego del denominado autogolpe de Serrano Elías en Guatemala en 1993, la transición a la democracia iniciada en 1986 parecía no tener ningún obstáculo. La cooperación internacional asumió la tarea de financiar múltiples ajustes al funcionamiento de las instituciones a través de una ingeniería burocrática expresada en nuevas leyes, políticas públicas, sistemas de medición cada vez más sofisticados y se estimuló una sociedad civil cada vez más especializada en lo técnico. Los Estados eran cada vez más abiertos al escrutinio internacional en materia de transparencia y derechos humanos.

La diversidad de problemas sociales que seguían llamando la atención internacional como la pobreza y la violencia social en todas sus expresiones deberían quedar superados si la eficiencia del Estado aumentaba a través de procedimientos más acelerados, tecnificados y modernos. Si la inversión nacional e internacional no encontraba obstáculos provenientes de la ineficiencia.

La forma en que Jimmy Morales ha liderado una cruzada contra la CICIG nos recuerda que la impunidad es posible cuando en las venas de la sociedad aún corre el autoritarismo que los abuelos enseñaron durante el siglo XX.

Dos acontecimientos, relativamente simultáneos, son evidencias de cómo en poco más de una década, la cáscara procedimental de la democracia centroamericana se quiebra para mostrar el núcleo autoritario de estos países.

En el año 2007 entró en funcionamiento la CICIG que, como ya se dijo, dejó expuesta la impunidad que nutre la corrupción. La respuesta encabezada por Jimmy Morales recurre a acciones autoritarias (desacato a los fallos de la Corte de Constitucionalidad, uso de los militares como demostración de poder, uso arbitrario de la Policía Nacional para amedrentar funcionarios nacionales e internacionales, uso arbitrario de instituciones de extranjería y cancillería). No es un presidente fuera de control, es un sistema político en función de autopreservación. Un sistema que beneficia tanto a quienes están dentro de lo público como en lo privado.

¿Tiene eso algo de diferente de lo que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en Honduras a través de diversos casos de corrupción? No. Los nombres cambian, pero el funcionamiento del sistema es el mismo. No es casualidad que sea en Honduras en donde se creó, con profundas diferencias y limitaciones, una comisión internacional contra la corrupción.

El segundo acontecimiento ocurrió en el año 2009, cuando una violenta ruptura institucional, golpe de Estado, recordó que en Honduras no hubo conflicto armado interno porque se evitó a través de un Estado contrainsurgente. Honduras, equivocadamente no considerado como post-conflicto, experimentó altísimos niveles de represión y violaciones a derechos humanos que quedaron en el silencio de una memoria inexistente. Fuerzas armadas sin reformas y partidos políticos cimentados en un anquilosado estilo finquero de hacer política, quedaron expuestos en su más desnuda precariedad democrática luego de acomodarse al nuevo escenario autoritario promovido por el golpe de Estado.

No existe un término para definir una fiesta en la que en lugar de ponerse un disfraz el gozo sea, al contrario, quitárselo. Sin embargo, el clímax de esa fiesta fue el atropello institucional producido por la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández quien, sin ningún pudor, gobierna sobre la base de una demostrada inconstitucionalidad.

Ambos acontecimientos, aparentemente inconexos, se funden en la impunidad como elemento común. La CICIG evidenció la corrupción como un sistema, como la certeza de que un entramado institucional formal hace posible que cualquier red, debidamente organizada en un partido político, tenga acceso a los beneficios de la impunidad. El golpe de Estado del 2009 en Honduras evidenció que, manejando hábilmente las fortalezas que devienen de las debilidades del Estado, se puede transgredir la institucionalidad sin mayores consecuencias.

Ambas lecciones han sido aprendidas de diversas formas por los gobernantes centroamericanos. En El Salvador, las violaciones a los derechos humanos, justificadas por la necesidad de acabar con el mal de las pandillas se suman a una corrupción sistémica en el FMLN que en poco o nada se diferencia de su antagonista electoral ARENA. En Nicaragua, Daniel Ortega ha dado una lección de cómo el autoritarismo no solo blinda la corrupción sino también el sistema centralizado de gobierno familiar, de acuerdo con la vieja escuela somocista que tanto combatió.

Al final de cuentas, la democracia centroamericana cumplió su promesa durante mas o menos dos décadas: procedimientos y normas aceptables, democracias en mejora. La sentencia de la democracia como the only game in town seguirá siendo una promesa para Centroamérica. Una ilusión perdida si no volvemos la mirada, sin ningún empacho conceptual, a entender la vitalidad del persistente autoritarismo que empodera a los gobernantes a transgredir la débil democracia y heredar su talento a través de su principal fruto: la impunidad.

Author Details
Historiador y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Investigador asociado del GIGA-Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. Sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación del Estado. En materia de construcción de paz, se enfoca en la práctica reflexiva de procesos de cambio social fundamentados en el estudio de los conflictos y su relación con los contextos socio-políticos como base para el aprendizaje institucional. Su libro aborda el tema de la seguridad privada en Guatemala y tiene como título Private Security in Guatemala: Pathway to Its Proliferation.
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