Ante las irregularidades del último proceso electoral, el Congreso Nacional (CN) ha planteado reformas para las próximas elecciones, estas van desde la creación de nuevos entes que regulen las próximas elecciones hasta un proceso de modernización en el Registro Nacional de las Personas (RNP), una de las instituciones más cuestionadas por la falta de un censo electoral actualizado y la poca seguridad en las tarjetas de identidad de los votantes.
Esta semana se realizarán las audiencias públicas para la elección de los entes encargados de las elecciones, aunque 97 personas se postularon para los cargos solo 45 avanzarán a la etapa de audiencias públicas. Para el Registro Nacional de las Personas (RNP) se maneja una lista de 10 postulantes de los cuales tres son los miembros de la Junta Interventora actual; para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también 10 personas y, para el Consejo Nacional Electoral (CNE) serán 25 postulantes.
El RNP será dirigido por una comisión permanente integrada por tres comisionados propietarios y dos suplentes y la Junta Interventora creada a finales de septiembre de 2018 dejará de existir.
Para el diputado Jari Dixon del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y miembro de la comisión multipartidaria encargada de esta elección, el nombramiento de autoridades de los órganos electorales, “es un primer paso para que la gente tenga un nivel de garantía que su voto no será robado y será contado, que se vea reflejado en el resultado final de un proceso electoral pero falta todavía más”. Dixon señala que aún se debe trabajar por la segunda vuelta y el voto electrónico.
Hasta el momento, el único avance en las reformas electorales había sido la junta interventora del RNP que “surge como un nuevo acuerdo de la clase política para trasladar lo que en el pasado era un pacto bajo la mesa en un acuerdo institucional en el Congreso para depurar y arreglar el censo electoral y emitir una nueva tarjeta de identidad” manifestó Rolando Kattán, presidente de la junta.
Uno de los cuestionamientos que más enfrenta la institución es que en el censo electoral aun hay personas fallecidas desde hace varios años en la lista de votantes, algunos sectores aseguran que esto permite que se utilicen sus votos. Otro problema que se cuestiona es qué tan segura es la tarjeta de identidad y el proceso para confirmar que la persona que vota con ella es realmente la dueña de la tarjeta.
Según el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, las reformas dentro del RNP son importantes para la seguridad nacional “nos dará la certeza que realmente quien porte la tarjeta de identidad, es quien es” mencionó.
El Sistema de Identificación Nacional se trabajará en el proyecto “Identifícate” con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de emitir un nuevo documento de identificación a las personas mayores de 16 años en el 2020, este documento dejará de conocerse como tarjeta de identidad y pasará a tener llamarse Documento de Identificación Nacional (DNI).
La primera etapa de este proceso iniciará con el proceso de enrolamiento que consiste en el registro masivo y actualización de datos. Para esto se contratarán alrededor de 3,400 personas que visitarán los barrios y colonias del país para recoger huellas dactilares, fotografías y firmas que pretende identificar a ocho millones de hondureños incluyendo a menores de entre cinco y 17 años.
“Lo que buscamos es convertir el tema de identificación nacional, poder interoperar con las demás instituciones y que el registro no sea una institución aislada y que pase a ser el centro y razón de toda la administración pública” añadió Kattán. Para la realización de este proyecto se firmó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de más de mil millones de lempiras (63,587 millones de dólares).
Este no es el primer movimiento financiero realizado para reformar al RNP, en mayo el Congreso Nacional aprobó el contrato entre la empresa estadounidense de datos Oracle, acción que fue cuestionada debido a que se hizo una compra directa en lugar de una licitación, requisito esencial que se exige en la Ley de Contratación del Estado. El contrato está valorado en 185 millones de lempiras (7,6 millones de dólares) destinados a adquirir licencias para instalar la nueva base de datos.
Este contrato fue aprobado en medio de una insurrección legislativa a finales de mayo por parte de la bancada de LIBRE que protestaba con pitos y cohetes, posteriormente la bancada de diputados liberales también denunció que no hubo quorum para realizar la sesión. Ese día además modificaron el presupuesto de seguridad para contratar más personal y aprobaron una contraparte pública de fondos adicionales por más de 3 mil millones de lempiras (46 millones de dólares) para financiar el aeropuerto de Palmerola.
De acuerdo con el presidente de la Junta Interventora, se hizo una compra directa con la empresa para evitar que el proceso de identificación entrara en un desfase debido a que se terminaba el año fiscal de la empresa Oracle y tendrían que volver a trabajar un nuevo contrato.
En aquel momento la Plataforma Social Ciudadana por Honduras remitió una carta al presidente de la compañía Oracle informándole que todo se dio en “una sesión vergonzosa, que no reunía el quórum de diputados exigido por la Constitución, en la que no contabilizaron los votos emitidos, en donde no se celebraron los debates requeridos, por lo que, como es de su conocimiento, dicho contrato es nulo y no reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación”, no se conoce una respuesta pública de la empresa ante esta situación.
El contrato que tiene una vigencia de 3 años, señala que la empresa Oracle no pagará impuestos al Estado por los ingresos obtenidos, además queda exenta de pagar impuestos por material que ingrese al país y tampoco requerirá de permisos de operación u otros similares por parte de municipalidades del país ni inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Mientras tanto, el panorama para las próximas elecciones es aún confuso. Hace un par de semanas se reveló en documentos públicos de la Corte de Nueva York que el presidente Juan Orlando Hernández utilizó $1.5 millones provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial en 2013 lo que provocó una ola de protestas a favor y en contra del gobierno de Hernández.
Hasta el momento existen al menos tres movimientos que dentro del Partido Nacional se encuentran en campaña política, uno liderado por el vicepresidente y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez, otro por el diputado David Chávez y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva ya oficializó su candidatura. Mientras tanto Jorge Cálix, diputado de LIBRE, es el candidato oficial del partido de oposición hasta el momento.
Sin embargo, según el diputado Dixon todavía faltan reformas para hablar de elecciones trasparentes como exigir que exista una segunda vuelta y los votos electrónicos, “hay que ver cómo se reduce el tráfico de credenciales, evitar que los alcaldes abusen de los traslados electorales, pero aún queda mucho camino por recorrer para que el pueblo diga estoy seguro de que no me van a robar el voto y que la persona que quede de presidente, diputado o alcalde sea por quien votó el pueblo” concluyó.
