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«LIBRE tiene que permanecer en su denuncia a favor de la Madre Tierra»: Olivia Zúniga Cáceres sobre proyecto de ley de consulta previa

La aprobación del proyecto de ley de Consulta Previa e Informada (LCPI) pronto se estará discutiendo entre los legisladores del Congreso Nacional, después de dos años de permanecer en proceso de estructuración y socialización.

En 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entregó a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, a través de una conferencia de prensa, la iniciativa de anteproyecto de Ley sobre consulta previa libre e informada; que es la que actualmente entrará en debate.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ya habían hecho un anteproyecto de este tipo antes, sin embargo no se tomó en cuenta a la hora de constituir el actual.

Según una nota publicada por la página del Congreso Nacional, la LCPI tiene como objetivo «dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas y afro descendientes», además de brindarles espacios de participación.

Oscar Nájera, diputado del Partido Nacional que dirige la Comisión Especial que dictamina el anteproyecto, aseguró que por primera vez en la historia se logró un consenso con 10 pueblos indígenas, sin embargo días después de dar esas declaraciones, representantes de organizaciones de comunidades originarias, protestaron afuera del Congreso Nacional exigiendo que no se apruebe la propuesta de LCPI.

En los últimos años, el respeto y la regulación del Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido una demanda ante los conflictos socioambientales originados por la falta de consulta a comunidades cuando proyectos extractivistas son desarrollados. El caso más extremo fue el asesinato de Berta Cáceres, fundadora del Copinh, que se oponía a la instalación de una hidroeléctrica en territorio lenca.

Contra Corriente (CC) conversó con Olivia Zúniga Cáceres (OZC), hija de Berta Cáceres y ahora diputada en el Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Olivia forma parte de la Comisión de enlace con pueblos indígenas y afro hondureños del Congreso y desde allí se opone a un dictamen favorable porque considera que este proyecto de ley es inconsulto con los pueblos, corrupto e ilegítimo.

Olivia Zúniga Cáceres, diputada al Congreso Nacional por el departamento de Intibucá, durante la entrevista para Contracorriente, Tegucigalpa, 12 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: ¿Cuál es el panorama general de los proyectos extractivistas en el país actualmente?, ¿qué acciones legislativas deberían generarse para evitar problemas en las comunidades?

OZC: Se ha impuesto una política extractivista en función de los intereses de las grandes transnacionales, de los monopolios, de la empresa privada, de accionistas de políticos corruptos que se han prestado para ser funcionales al sistema extractivo y beneficiarse con las ganancias; porque ahora dedicarse a la explotación de recursos hídricos y energéticos es realmente uno de los negociazos más grandes en este país. El golpe de Estado se da precisamente para imponer ese modelo extractivista.

Aunque seamos minoría, aunque no seamos la principal fuerza en el Congreso tenemos que accionar: uno, a la hora de los debates, mostrando argumentos y dos, mostrando propuestas alternas a lo que ellos presentan. Me parece muy importante denunciar y visibilizar lo que está pasando ahí adentro, siento que muchas veces la gente no tiene idea del nivel de suciedad que es el tema de la imposición del modelo extractivo a nivel del Congreso Nacional.

Nuestro papel es contribuir para que el pueblo se informe, aunque vivamos en un cerco mediático, por ejemplo en mi caso, yo estoy super censurada en los medios de comunicación masivos en este país, por haber mencionado varias veces a los asesinos intelectuales en el caso del asesinato de Berta Cáceres que es mi mamá.

CC: Ha mencionado antes que con el asesinato de su madre, Berta Cáceres, incrementaron las intenciones de avalar a través de las leyes los proyectos de empresarios en zonas de comunidades indígenas, ¿cómo se ha ido desarrollando este proceso que mencionan?

OZC: Cuando surge el asesinato de Berta Cáceres, los ojos del mundo se ponen en Honduras, Juan Orlando inicia todo un proceso para lavar la cara a su gobierno que tenía una cara ensangrentada como un gobierno asesino de los líderes y lideresas ambientalistas de este país.

Juan Orlando toma una serie de medidas, acompañadas por los grupos empresariales, y los mismos organismos económicos e internacionales como la Unión Europea que respaldan todos estos procesos. Una de las cosas es este proyecto de ley, que es como para decirle al mundo «miren aquí vamos a poner este proyecto». El asesinato de Berta Cáceres paró proyectos y montón de financiamientos. A Honduras al gobierno le suspenden «ayudas» que se daban y la presión mundial es horrorosa.

Comienzan a tomar algunas medidas y entre ellas es este proyecto de ley de consulta. Eso se agudiza inmediatamente después del asesinato de Berta Cáceres, el mismo Juan Orlando Hernández, habla de ello. «Hay que impulsar un proyecto de ley», pone a sus ministros y empiezan a trabajar con el COHEP, pero quien aprueba esto es el Congreso Nacional, entonces esto es como la última etapa.

CC: Se ha cuestionado la legitimidad de la representación indígena ante el gobierno con este proyecto de ley, ¿a quiénes se está tomando en cuenta y a quiénes no?

OZC: Hay Personas y organizaciones funcionales a los intereses de la narcodictadura, porque siempre hay una organización, por ejemplo CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras) que está avalando todo lo que el gobierno está haciendo y que prácticamente sus militantes son activistas del Partido Nacional. Ahora vienen de DINAFROH, que también era cachureca, a un lugar donde las personas que laboraron ahí, lastimosamente, ahora están en el Congreso; muchos son asistentes, otras son diputadas, como el caso de la doctora Ivana Bermúdez, que viene de esos espacios.

Ahí estuvo Gloria López – haciendo referencia al proceso de socialización – esta persona del Partido Nacional que ataca la memoria de Berta Cáceres de manera permanente, que es mandadera de Juan Orlando Hernández, junto con otro grupo de organizaciones que pecaban por ignorancia.
OFRANEH y el COPINH se manifestaron en los bajos del Congreso porque tampoco van a ir a hacerle el juego a Oscar Nájera, a salir en una foto, en un video, abrazándose con él y haciéndole la patarata.

La líder misquita, Marlene Zelaya, durante el chequeo por parte de la seguridad del Congreso Nacional de Honduras, previo a dejarla entrar a una reunión con la comisión de socialización de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, junto a representantes del COPINH, OFRANEH y líderes tolupanes, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: En una publicación de OXFAM se asegura que este proyecto tiene incongruencias jurídicas, ¿qué incongruencias son estas?

OZC: El proyecto tiene incongruencias jurídicas que están explicadas por la relatora de pueblos indígenas. Una de las más grandes es que ¿cómo usted va a tener un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada que violente un marco jurídico internacional que está en rango constitucional, como el convenio 169 de la OIT?

Este proyecto de ley contravendría el mismo convenio 169 y la Constitución de la República, hay un artículo de la Constitución que habla de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, sus bosques y sus recursos naturales (Art.346). No se puede aprobar en un Congreso Nacional un marco jurídico interno que violente un marco jurídico internacional en un rango constitucional.

CC: ¿Qué es lo que se violenta del Convenio 169 de la OIT?

OZC: Violenta el derecho al consentimiento, a la libre determinación de los pueblos. En este caso, es el hecho de que no puede ser no vinculante la decisión de una comunidad, no puede decidir el Estado por un pueblo indígena.

OFRANEH y COPINH ya habían trabajado en un proyecto de ley de Consulta Previa e Informada, que se presentó el periodo pasado a través del exdiputado Rafael Alegría, este era un proyecto que era más representativo de los pueblos indígenas y respetando el convenio 169, después de presentarse se engavetó de inmediato.

CC: Usted comentó a un medio de comunicación digital que asistió a reuniones de la comisión especial que analizará este proyecto de ley, ¿Qué observó durante esas reuniones?

OZC: Nosotros ya como diputados de LIBRE llevamos un planteamiento. Nos habíamos reunido con organizaciones de sociedad civil que estaban observando este proceso y que lo declaran como un proceso irregular, también nos habíamos reunido con la alta comisionada de las Naciones Unidas, Soledad Pazo; nosotros exigimos que estuviera la alta comisionada que había emitido informes pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley.

Pues me fui de metida y bueno, ellos decían que sí a todo. Escuché las opiniones de los diferentes diputados miembros de la comisión. Los diputados del Partido Nacional prácticamente no sabían nada, solo iban a decir sí a todo lo que decía Oscar Nájera que es el presidente; lógicamente él sí sabe muy bien lo que se está jugando, es una persona que ha trabajado para el despojo de los pueblos indígenas en la zona norte del país y que mantiene su poder político y económico gracias al apoyo de estos poderes fácticos que están detrás.

Lo que hizo la alta comisionada fue una intervención muy larga, donde ella expuso el porqué no debe de ser aprobada, por qué se debería suspender del Congreso Nacional la discusión de este dictamen y por qué debería ser anulado.

El presidente de la comisión, el diputado Oscar Nájera, le dijo sí a todo; no había pasado ni una semana cuando ellos iniciaron el proceso de socialización. (…) Se fueron a meter a La Mosquitia, a la costa norte, reunieron a activistas del Partido Nacional y a gente desinformada que seguramente no tenían ni idea de a qué iban; levantaron firmas y con eso dijeron que habían socializado.

Bertha Zúniga —hija de Bertha Cáceres y líder del COPINH— sostiene en sus manos el documento con observaciones a la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, firmado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) presentado a la comisión de socialización de la ley por parte del Congreso Nacional, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

CC: Han hecho referencia a que el Estado no está siguiendo las recomendaciones de la Relatora de Pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, ¿qué recomendaciones dio ella al respecto y de qué manera se están incumpliendo esas recomendaciones?

OZC: Una es que no se apruebe ese proyecto de ley, lo otro prácticamente es denuncia de los asesinatos y de persecución. Ella argumentaba que no se debe aprobar porque se estaba haciendo de manera viciada. Dice en su informe en la tercera página en los últimos párrafos, que la forma en la que se está realizando este proyecto de consulta es con activistas afines al gobierno que están firmando documentos.

Ella recomienda al Estado de Honduras que no se apruebe y que se suspenda de manera inmediata la discusión del proyecto de ley.

CC: ¿Qué transnacionales y empresas del país serían las beneficiadas tras la aprobación de este proyecto de ley?, ¿cree que están involucradas de alguna manera?

OZC: Salen beneficiadas todas las que quieran explotar los recursos. Aquí tenemos empresarios conocidos como Fredy Nasser y los Atala Zablah.

Las familias más poderosas de este país son las mismas que están vinculadas en actos ilícitos. No son una clase empresarial decente, son una clase empresarial que actúa como estructura criminal, como asociaciones ilícitas porque no les importa asesinar, destruir la cultura, poner sicarios, imponer el paramilitarismo, la militarización de nuestros territorios, amenazar a la gente, sobornar, dar dinero a cambio de voluntades, darle siete millones de dólares a un alcalde, por ejemplo, para que les apoye, hacerle mansiones, darle poder político y económico.

Hay un grupo empresarial multinacional que está interesado en el despojo, esto es algo grande, no es una lucha contra un diputado del Partido Nacional, es una lucha contra los mega poderes que operan en el mundo y que imponen el extractivismo bajo un modelo capitalista, racista y patriarcal, que cree que puede despojar de los derechos a los pueblos indígenas por ser indios o a los pueblos negros por ser negros, y no digamos el impacto que sufren la vida de las mujeres. Ellos están detrás, aquí verdaderamente la lucha es contra los poderes fácticos de este país.

CC: En un encuentro con organizaciones opositoras a este proyecto se habló sobre un plan estratégico de lucha desde el CN contra cualquier ley que pueda afectar a los pueblos y territorios del país ¿Qué acciones se han tomado para evitar que se apruebe la ley?


OZC:
Nosotros, el próximo martes, tenemos una reunión para tratar precisamente este punto. Ya hicimos algunos aportes y hablamos de que parte de tomar esas acciones estratégicas es por la defensa ecológica de nuestros bienes naturales comunes y de nuestros pueblos originarios. No es un proceso fácil pero vemos que este proceso abre la ventana para crear un acercamiento entre las comunidades indígenas y que de esta manera se consolide un plan estratégico de lucha legislativa en defensa de nuestros bienes naturales. No es nada fácil, ya hay prácticas impuestas históricamente dentro del Congreso Nacional que no favorece este tipo de cosas. Ahí tenemos comisiones que botan el pisto, andan en todo Honduras, turisteando, gastando el dinero, andan en congresos móviles pero para esto – haciendo referencia a las capacitaciones- no hay presupuesto. Nosotros tenemos que gestionarnos solos.

Una de las cosas que hablábamos a finales del año pasado, es que los próximos meses teníamos que pensar seriamente en el tema ambiental. Libre tiene que permanecer en su demanda, en su proceso de protesta y denuncia a favor de la Madre Tierra y en contra de las amenazas neoliberales que se imponen en el Congreso a través de diputados que solo les interesa favorecerse económicamente.

CC: En las próximas semanas este proyecto de ley se someterá a discusión en el Congreso Nacional, ¿cuál cree que será el dictamen legislativo sobre su aprobación?


OZC:
El pueblo sabe, el pueblo no es tonto, eso será aprobado. Nosotros como bancada, aunque tengamos toda la capacidad de protestar y toda la voluntad de estar en contra. Ellos aprueban lo que quieren porque tienen la mayoría de votos, tienen las presidencias y los puestos claves dentro de las comisiones; son los que estructuran las comisiones especiales, entonces la gente tiene claro que eso va a ser aprobado.

Ashanty Crisanto, diputada del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, escucha atenta a una mujer garífuna que desde el otro lado de la verja es parte del grupo de personas que protestaron contra la Ley de Consulta Libre Previa e Informada aprobada por el Congreso Nacional de la República, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.

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