«El régimen de excepción en El Salvador tiene rostro de pobreza, y un enfoque de violencia de género»: entrevista a Zaira Navas de Cristosal

La muerte de 46 privadas de libertad en una cárcel de mujeres en Tegucigalpa y el asesinato de 13 personas en un bar del municipio de Choloma, ambos hechos días después de la reunión entre Marroquín y Héctor Zelaya, aceleraron la militarización en Honduras y acentuaron la implementación de políticas y narrativas al estilo Bukele. Ante este panorama, Contracorriente (CC) conversó con la abogada Zaira Navas (ZN), jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal en El salvador, institución que en un informe logró documentar que al menos 164 personas han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad pública en ese país durante la implementación del estado de excepción.

CC: Después de la tragedia en donde fallecieron 46 privadas de libertad en una cárcel hondureña, ¿qué piensa cuando ve fotografías de privados de libertad de Honduras expuestos de forma similar a la de El Salvador?

ZN: Quiero lamentar lo ocurrido en la cárcel para mujeres en Honduras. Hay que recordar que organismos de derechos humanos habían advertido a la administración penitenciaria sobre la necesidad de implementar medidas para superar las condiciones en las que se encontraban. Las normas nacionales e internacionales establecen con claridad qué es lo que los estados deben hacer para evitar que se vulneren los derechos de las privadas de libertad, para garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos.

Las respuestas de tipo punitiva y publicitarias no son efectivas. Lo que El Salvador ha vivido hasta estos momentos surge de la negociación entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas y del aparente hecho generador que fue la matanza que se produjo durante un fin de semana en marzo de 2022. Eso llevó al presidente Bukele a requerir a la Asamblea Legislativa para que aprobara un régimen de excepción, con muchas más restricciones que el régimen de excepción hondureño. A la fecha, en El Salvador se ha detenido a más de 64,400 personas. Esa es una cifra sumamente alta considerando que el país tiene a 6.5 millones de habitantes viviendo en El Salvador.

Lo más preocupante, y lo que debe llamar más la atención, es que esta medida forma parte de una estrategia de populismo punitivo. Esa estrategia implica presentar al Presidente de la República, que por cierto anunció su reelección hace poco, para generar aceptación de la población. Son respuestas inmediatistas.

El hecho de considerar que se va a meter a la cárcel a miles de personas sin seguir el debido proceso, sin investigaciones previas y sin garantías judiciales, y que estas personas van a estar detenidas sin juicio, es una respuesta eminentemente restrictiva y represiva, pero que no lleva al fondo del problema de la seguridad de nuestros países.

En la medida en que se investigue y se sancione a los que realmente cometen delitos, se estará garantizando que los responsables estén presos y que no haya miles de inocentes detenidos, como ocurre actualmente en El Salvador.

CC: ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que sucede en las cárceles de El Salvador?

ZN: Hemos presentado un informe que detalla ampliamente las torturas y los tratos crueles, incluso hasta llegar a poner choques eléctricos a las personas. Hay muertes ocurridas al interior del sistema, provocadas bajo responsabilidad estatal. El Gobierno no está promoviendo la investigación de estas muertes violentas. El Fiscal General de la República ha dicho que ha archivado 142 casos. Solo Cristosal ha registrado 164 casos de personas que han muerto en un año y tres meses de estado de excepción.

Las personas están siendo enterradas, a veces, en fosas clandestinas. No se da información a las familias de en dónde se encuentran detenidos sus familiares. Los capturados llevan 15 meses detenidos sin audiencia preliminar, es decir, sin ir a juicio.

Las audiencias iniciales ya no lo son, son audiencias de imposición de medidas. Todos los jueces mandan detención provisional. Se han producido además reformas a la legislación penal, en donde se están asegurando que estas personas permanezcan detenidas más allá de los dos años sin haber ido a una audiencia, sin que se establezca una investigación seria y real, y sin que se determine que los detenidos tienen un nivel de responsabilidad y se presenten pruebas contra ellos.

El mismo gobierno salvadoreño enuncia que a la fecha ha liberado a más de 5000 personas de las detenidas, y ellos lo llaman margen de error, pero eso significa que más de 5000 personas han vivido torturas y en cárceles salvadoreñas han perdido sus trabajos estos ejemplos no deben ser replicados en nuestros países vecinos, las respuestas deben ser las de implementar políticas integrales de seguridad, medidas para evitar que sigan sucediendo vulneraciones a los derechos.

La participación ciudadana es sumamente importante en este tipo de medidas; creo que si bien es cierto el presidente Bukele es muy popular y ha presentado el régimen de excepción y las capturas arbitrarias e ilegales masivas como un gran resultado, lo cierto es que cada vez más la población se está dando cuenta de que cualquier persona puede ser detenida, incluidos opositores, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, entre otros. Y todo eso está pasando a partir del régimen de excepción.

CC: ¿Cuáles son las diferencias, a partir de las medidas restrictivas, que usted puede identificar entre el estado de excepción hondureño y el estado de excepción salvadoreño?

ZN: Hasta antes de los últimos sucesos, habíamos visto que el sistema judicial hondureño no había procesado penalmente a aquellas personas que no habían sido objeto de una investigación previa, es decir, no se había procesado a personas que habían sufrido detenciones irregulares. Pero en El Salvador, todas las personas van detenidas, todas quedan detenidas. Por eso hablamos de 64 mil personas que están privadas de libertad. Esto es sumamente delicado.

Sin embargo, este tipo de medidas, como las que hemos visto en imágenes recientes en Honduras, nos hace pensar que se está intentando implementar un modelo similar al que está implementando Bukele que, como decía antes puede traer réditos políticos inmediatistas, sin embargo, todo esto pasa por violar sistemáticamente los derechos de toda la población, porque el tema aquí es que cualquier persona puede ser detenida si se deja al arbitrio de militares, o de funcionarios de seguridad la detención, sin investigación seria, y eso es un riesgo muy grave.

CC: Ante las muertes ocurridas en El Salvador bajo la responsabilidad de las autoridades y fuerzas de seguridad salvadoreñas ¿cuál es la posición de la ciudadanía de El Salvador?

ZN: El Salvador es un país en donde tenemos cooptados a los medios de comunicación. El Ejecutivo tiene cooptado al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa. No hay instituciones como la Defensoría del pueblo en Honduras (que es la Procuraduría de derechos humanos en El Salvador y en Honduras sería el Conadeh), para que investigue y denuncie este tipo de hechos y, por otra parte, el presidente Bukele tiene un control muy grande de los medios de comunicación. Todo eso es pagado con los impuestos de todos los salvadoreños. Se ve mucha actividad en redes sociales, en la televisión, etc. Eso hace que el discurso de represión cale en el imaginario colectivo. Es decir, las personas creen que es cierto que se está combatiendo la delincuencia y eso explica sus niveles de popularidad, pero en la medida que una persona conoce del caso de otra persona que ha sido detenida injustamente, ha ido variando su percepción sobre la popularidad.

Una encuesta que fue presentada este día por la universidad centroamericana José Simeón Cañas (UCA), revela que al menos el 30 % [de la población] conoce a alguien que está detenido por el régimen de excepción y tiene temor a sufrir lo mismo. Poco a poco, la población se va dando cuenta pese a esta campaña publicitaria tan grande que ha llegado a otros países, haciendo que la población de otros países pida o demande que se imite este modelo. Ya le llaman modelo Bukele, pero déjeme decirle que no es nada nuevo, en otros países como en el de ustedes, en Guatemala, incluso en algunos de Suramérica, se ha implementado en el pasado de maneras muy similares.

El riesgo de esto ya lo estamos viendo en El Salvador. La Fuerza Armada ha sustituido el protagonismo que debería tener la policía nacional civil y el presupuesto hacia la fuerza armada se ha incrementado y eso último va de la mano con otro tipo de intereses políticos que tiene el presidente de la república, Nayib Bukele.

CC: Eso iba a consultarle ¿cuál ha sido el rol de las fuerzas de seguridad pública del Estado salvadoreño durante la implementación del estado de excepción? específicamente ¿cuál ha sido el papel del Ejército de ese país?

ZN: Nuestra constitución establece de manera expresa que es la policía nacional civil la responsable de garantizar el orden y la paz pública y que la fuerza armada solo tiene facultades para cuidar el territorio nacional, las fronteras, etc., y que deben estar adscritas a ministerios distintos, esto fue el resultado de los Acuerdos de Paz luego de la guerra que vivimos en El Salvador; es decir, ahí se le quitó el rol de seguridad pública a la fuerza armada, precisamente por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la guerra y previo a la guerra en El Salvador; ahora, este presidente le ha ido dando facultades a la fuerza armada y un protagonismo mediático.

Estoy hablando de que ha habido campañas publicitarias para promover la imagen de la fuerza armada, se ha reforzado su presupuesto, y aunque todos los gobiernos usaron a las fuerzas armadas para acompañar el rol de seguridad, ahora es la fuerza armada la que deambula impunemente realizando capturas arbitrarias, y eso afecta a la población salvadoreña. Es muy preocupante porque la fuerza armada no está preparada para labores de seguridad. Es muy peligroso, además, por los presidentes que tienen nuestros países, el tema de los golpes de estado o de la utilización de la fuerza armada para mantenerse en el poder, entre otras situaciones graves que han sucedido en nuestros países.

CC: ¿Cuál es el perfil de las víctimas del estado de excepción ahora mismo en El Salvador?

ZN: Precisamente el informe que Cristosal emitió hace un mes destaca que se trata de la población activa económicamente, es decir, de personas jóvenes que en su mayoría tienen entre los 18 y 38 años, seguido de las personas de 38 a 48 años. El régimen de excepción en El Salvador tiene rostro de pobreza, y un enfoque de violencia de género.

Por lo general son personas campesinas, vendedores ambulantes, obreros y personas que trabajan en el ámbito informal las que son detenidas porque se recibió una llamada telefónica. Es decir, el régimen de excepción ha sido usado para detener a personas que no tienen empleos formales. Se les acusa de ser colaboradores de las pandillas.

El número de personas a las que se les acusa de ser miembros activos de pandillas no representa ni el 10 % del total de personas detenidas y eso nos dice con claridad que no se está persiguiendo —por falta de investigación— de manera directa a estas estructuras delincuenciales, sino que es la población salvadoreña, que ya había sufrido la violencia que provocaron las pandillas, la que ahora está sufriendo la violencia estatal.

CC: En Honduras tuvimos dos gobiernos que implementaron políticas de seguridad similares a través del discurso de la «mano dura» o «puño firme». Le hablo de Ricardo Maduro, que gobernó del 2002 al 2006 y de Porfirio Lobo Sosa, que gobernó de 2010 al 2014. En estos gobiernos, coincidentemente, hubo muchísimas muertes en cárceles hondureñas. Y ahora vemos que el estado de excepción en El Salvador despierta mucha simpatía como la que despertaba esta política en el Gobierno de Ricardo Maduro. Eso me lleva a hacerle esta pregunta, ¿qué análisis hace Cristosal del porqué es tan popular la implementación de las políticas de mano dura?

ZN: Usted lo dijo muy bien. En El Salvador, en los mismos años, se implementó el plan «mano dura», luego vino el plan «súper mano dura», luego «una mano extendida», todas fueron medidas represivas y estamos hablando de que todo eso ocurrió del año 2001 para acá.

Estos grupos delincuenciales, que ahora son crimen organizado, iniciaron siendo pequeñas estructuras de jóvenes que cometían delitos, hurtos y robos, y en la medida de que la represión contra ellos fue incrementando, la violencia de estas estructuras también se incrementó; es decir, nuestros países ya probaron que la mano dura y la represión directa no genera que se detenga el fenómeno, sino que crece todavía más, estas estructuras se fueron además especializando.

Y a todo eso se suma la corrupción que ha existido dentro de los cuerpos de seguridad; para el caso la Policía Nacional Civil, esto significa que la población acepta estas políticas de mano dura porque quiere respuestas inmediatas. Y es que hay que reconocerlo, nuestras poblaciones han sido víctimas de estas estructuras, familias han muerto, hijos e hijas, las jovencitas por lo general han sido utilizadas como esclavas sexuales, han sido abusadas, y entonces la población necesita respuestas. Y las respuestas inmediatistas que le dicen a la gente, que se va a resolver todo, y que todos se van a ir a la cárcel y que ahí van a sufrir, son populares. Es comprensible que la población lo acepte, porque la población está cansada de sufrir.

Pero un análisis más de fondo indica que, aunque a la población le guste que haya efectividad aparente en la percepción de la delincuencia, cuando la población se entera de que realmente no se detiene a los delincuentes, en El Salvador, algo que hemos constatado no solo por las investigaciones periodísticas sino porque además han salido libres los principales cabecillas de esas estructuras, algunos ya detenidos en México, y otros ya están en Estados Unidos, notamos que no es cierta la mano dura o este tipo de políticas.

En el caso de Nayib Bukele, éste ha negociado la reducción de homicidios. Realmente esta política de mano dura se ejerce contra la población que ya sufrió la violencia de las pandillas, se detiene a cualquier persona. En el caso de El Salvador se ha seguido negociando con estas estructuras delincuenciales. Por eso es necesario que medios alternativos, que no dependen del gobierno, informen para que conozcan lo que realmente sucede con este tipo de medidas.

CC: ¿Cómo está la institucionalidad salvadoreña? porque vemos que mientras crece la popularidad de Bukele, los demás poderes del Estado parecen someterse cada vez más al mandatario. ¿Cuál cree usted que es el límite de Bukele en El Salvador?

ZN: El Salvador dejó de tener democracia hace un año y medio o más.

En el 2021, el presidente Nayib Bukele y su partido ganaron las elecciones en la Asamblea Legislativa, tienen una mayoría arrasadora, mayoría calificada, eso significa que dos terceras parte de la asamblea están en manos del gobierno, es decir que ahí se toman decisiones a partir de lo que el presidente les ordena.

En 2021, cuando ganaron las elecciones legislativas, lo primero que hizo esa Asamblea Legislativa fue destituir a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República y poner a personas sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución.

No tenemos independencia judicial en estos momentos y los tres poderes del Estado dependen del Ejecutivo. Esto es un grave atentado a la democracia. Tenemos todos los componentes de un régimen dictatorial. Es algo muy grave.

Han pasado apenas 30 años después de que terminó la guerra en El Salvador y las cosas se están revirtiendo. Un presidente que se hace acompañar de las Fuerzas Armadas y que toma los tres poderes del Estado y que oculta información.

En El Salvador ninguna información es pública, toda la información ha sido declarada como reservada, es decir, no hay controles para el Ejecutivo, ni en la ejecución de presupuesto ni en otras políticas que se adoptan. Se maneja como una dictadura y eso es muy preocupante porque se ha puesto en riesgo no solo la democracia sino la vida de muchos salvadoreños y salvadoreñas.

El Gobierno de El Salvador presenta que ya no hay violencia homicida en el país, pero oculta las cifras, incluso llega al grado de no registrar homicidios, de no dar datos de las extorsiones, de no dar información de los hurtos, de los robos, etc., así es fácil decir que vivimos en un país libre de violencia porque la población no sabe lo que está viviendo, ya que el Gobierno oculta la información.

CC: Si hacemos a un lado el tema de la seguridad en El Salvador y pensamos en otra gama de problemas, como la crisis económica, por ejemplo, ¿cómo está El Salvador en ese sentido? ¿Por dónde pasa la popularidad de un Bukele que ya anunció su candidatura para su reelección inconstitucional?

ZN: El presidente Bukele maneja una cantidad inmensa de propaganda a través de la contratación de redes sociales, youtubers, personas en tiktok, gente que genera opinión […] es una campaña mediática que trasciende a países como el de ustedes y que llega a países incluso de Sudamérica en donde Bukele es muy popular.

La popularidad de Bukele está basada en la propaganda. Es decir, esta propaganda presenta una realidad que no existe, oculta la situación grave que tenemos en el ámbito económico, oculta la pobreza, que en lugar de reducirse se ha incrementado y que oculta que el valor adquisitivo ha disminuido. Sin embargo, esta información no le llega a la población que, aunque siente y percibe que tiene menor capacidad adquisitiva, todos los días recibe información que le dice que el presidente es maravilloso y que nos va a resolver todos esos problemas.

Ese populismo punitivo de Bukele es lo que hace que la población todavía crea que va a resolver todo tipo de problemas. Es muy peligroso, porque Bukele ha comenzado a adoptar medidas que son inconstitucionales. La población aún no percibe todo esto porque existe una campaña mediática. Eso es de reconocerlo.

Bukele cuenta con un equipo de asesores venezolanos que antes trabajaban con Guaidó y otra gente de la oposición de Venezuela, y otros que también colaboraron con el Gobierno actual de Venezuela. Todos estos forman parte de toda una estrategia comunicacional de Bukele. Por eso él deja de lado todos los problemas sociales que tiene El Salvador y vende la imagen de que tenemos un país seguro, la imagen de soluciones y proyectos que no existen.

Bukele se comprometió hace cuatro años, teniendo préstamos aprobados, a hacer dos hospitales y a la fecha no están construidos. Han inaugurado tres veces el inicio de obras del principal hospital de San Salvador, y ahora nos están diciendo que será dentro de dos años que estos proyectos estarán concluidos. Lo mismo pasa con otros proyectos como El tren del pacífico, Ciudad Bitcoin, y otros grandes proyectos que son grandes ilusiones, pero que la gente cree porque le muestran imágenes de que van a realizarse.

Hay toda una estrategia publicitaria que evalúa los intereses de la población. Este país ha sufrido mucho y tenía fijada su principal preocupación en la violencia, ahora el presidente se sigue manteniendo en grandes niveles de popularidad, y esta es una explicación de porqué.