Los desalojos en tierras ocupadas por agrupaciones campesinas comenzaron días después de que la presidenta Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra a través de la cual se procederá a ejecutar órdenes de desalojo con carácter urgente. Mientras tanto, campesinos y organizaciones del pueblo garífuna se declararon en alerta. La empresa privada, por su parte, ve la creación de esta comisión como un «hito histórico hacia el desarrollo económico y social».
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Fernando Destephen
Los primeros desalojos atribuidos a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra se realizaron en una finca de palma africana ubicada en la aldea El Tumbador en Trujillo, Colón, propiedad de la empresa Dinant y en terrenos de la Azucarera del Norte S.A de C.V (Azunosa), en El Progreso, Yoro, informó el Gobierno a través de Canal 8, que comunicó que estos desalojos acontecieron «de manera pacífica».
Dinant es una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez quien está casado con Ana Facussé. Esta empresa tiene cultivadas con palma africana unas 13,300 hectáreas en los valles del Aguán y Lean pero su presencia abarca otras grandes extensiones de territorio en diferentes departamentos del país. A través de sus procesadoras exporta productos derivados de la palma como aceite vegetal, jabones y biocombustibles.
Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, dijo en una conferencia de prensa el viernes 16 de junio que están «realizando desalojos prácticamente a diario» en el norte del país. «Ayer realizamos seis capturas de personas involucradas en el robo de la fruta de palma africana. Hemos confirmado un equipo policial especializado para dar solución y tratamiento a la problemática agraria y ejecutar órdenes de desalojo» informó.
El pasado martes 6 de junio, a través de una cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro apareció rodeada de altos funcionarios, mandos de la Policía Nacional y de las FF. AA.
La cadena nacional se dio en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) —órgano que fue construido en el 2011 por Juan Orlando Hernández cuando éste era presidente del Legislativo; esa entidad fue un instrumento para romper la independencia de poderes en Honduras—.
Xiomara Castro aprovechó esta comparecencia para anunciar una resolución del CNDS con la que se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
Facultades de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
La comisión agraria tiene entre sus facultades investigar la legalidad de las tierras y sus antecedentes registrales, así como elaborar un decreto ejecutivo y un proyecto de ley para enviarlo al Congreso Nacional.
La presidenta dejó claro dos cosas: la primera es que hay un total de 36,451.17 manzanas de tierra que están tomadas por «distintos grupos de personas» y la segunda es que se procederá a ejecutar órdenes de desalojo de carácter urgente. La mandataria dijo que antes de ejecutar los desalojos se harían investigaciones de los antecedentes registrales de las propiedades y que los departamentos con mayor conflictividad de tierra son Atlántida y Colón.
Los desalojos ordenados por la presidenta Castro, que sean emitidos por el Poder Judicial, se ejecutarán, sobre todo, en propiedades del sector agropecuario, rubro que según Castro aporta el 12.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35 % de las exportaciones. Puntualmente, la presidenta hizo alusión a que los desalojos se harán en las fincas privadas ligadas a actividades de palma aceitera, caña de azúcar y bananeras. En ese sentido, la mandataria exhortó a estas empresas para que presenten toda la documentación sobre sus fincas.
Preocupación por el papel del Ministerio Público y tribunales en los desalojos
Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD), publicó un artículo en el que señaló que el anuncio de la creación de la comisión agraria «es una mezcla de medidas represivas y reformistas que apuntan a restituir en el plazo inmediato el control de algunas fincas a los poderosos agro-exportadores».
Igualmente —expuso Gustavo Irías— varios de los actores involucrados en la comisión, como Ministerio Público y Poder Judicial, presentan los mismos desafíos estructurales que los mostrados durante la administración de Juan Orlando Hernández.
«Todos los poderes del Estado concentrados en el CNDS y sin la independencia de actuación del Ministerio Público y de los tribunales, el acceso a la justicia proseguirá siendo una quimera para los y las campesinas ocupantes de tierra. Con el agravante que será el mismo marco jurídico criminalizante emitido por la narco dictadura (a favor de los agroexportadores y terratenientes), el que continuará aplicándose», indicó el director del CESPAD.
En su análisis, Irías detalló que es preocupante el anuncio sobre «el uso que se hará de los “desalojos preventivos”; esta figura forma parte de las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 93-2021. Este Decreto es considerado como uno de los pactos de impunidad que, a más de 15 meses de gobierno, ya debió haber sido derogado, porque favorece la corrupción (con las reformas a ley de lavado de activos) y violenta abiertamente las libertades democráticas de asociación, asamblea y protesta».
El drama de familias sin vivienda en San Pedro Sula
Un día después de que la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de esta comisión agraria, la jueza ejecutora Roxana Mesto, en compañía de 280 miembros de la Policía Nacional y incluidos miembros de Operaciones Especiales, ejecutó una orden de desalojo contra unas 350 familias que viven en la colonia El Rodeo del sector Arenales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Mesto explicó que el terreno en donde vivían está registrado en el Instituto de la Propiedad (IP) a nombre de la empresa mercantil Héctor Córdova e Hijos S.A.
Pero decenas de personas se hicieron un solo nudo contra el desalojo, logrando impedir que la maquinaria derribara sus casas, construidas desde hace dos años con pedazos de madera y láminas de zinc.
Aunque el escenario se prestaba para una represión violenta, pues había tanquetas y policías antidisturbios, la jueza decidió otorgar dos días más a los habitantes, es decir, hasta el 9 de junio. Hasta ahora no ha habido otro intento de desalojo, pero los pobladores permanecen en zozobra.
Carmen, una vecina de esa colonia, afirmó a Contracorriente que la mayoría de las familias de la colonia El Rodeo se resisten a salir del lugar porque llegaron ahí tras las inundaciones provocadas por las tormentas tropicales Eta e Iota.
«Nos ubicamos en este terreno debido a su abandono. Pagamos 40,000 lempiras para rellenar las calles e instalar los postes del tendido eléctrico. No es justo que nos saquen así», explicó Carmen.
El déficit habitacional en la zona norte de Honduras es evidente, sobre todo en la zona del Valle de Sula.
En un texto publicado por Contracorriente en mayo de 2021, el Gobierno informó que las tormentas habían afectado a 4.5 millones de hondureños, casi la mitad de la población. Se indicó que en ese momento había 1,431 viviendas destruidas totalmente, 6,165 dañadas y 89,614 afectadas.
Desalojo de campesinos en El Progreso, Yoro
DESALOJO. Autoridades policiales proceden al desalojo de familias que mantenían un proceso de recuperación de tierras en el sector sur de El Progreso, Yoro, a la altura de la aldea La Guacamaya. pic.twitter.com/f7xYhQ8KvL
— Radio Progreso HN (@RadioProgresoHN) June 14, 2023
Quienes no recibieron prórrogas fueron los miembros de un grupo de familias campesinas de El Progreso, Yoro, quienes fueron desalojados el pasado miércoles 14 de junio. Los policías desmantelaron su proceso de recuperación de tierras que se estaba apenas desarrollando en el sector sur de El Progreso, Yoro, específicamente a la altura de la aldea La Guacamaya, según informó Radio Progreso.
Luis Fuentes, vocero del Movimiento de campesinos sin tierra del departamento de Yoro, dijo a Contracorriente que unos «80 campesinos» fueron desalojados en la aldea La Guacamaya y que estos pertenecen a la Federación Nacional Campesina Hondureña (FENACH). «Habían entrado a ese terreno hace tres meses y medio», manifestó.
«Los compañeros no son de nuestro grupo, pero ya desde que eso se da hay una latente amenaza contra nosotros», dijo Fuentes quien es primo del diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes.
Luis fuentes explicó que los terrenos de donde fueron desalojados los campesinos de la FENACH nunca fueron de la reforma agraria, sino que son propiedades privadas que le pertenecen a la compañía Azucarera del Norte S.A de C.V (Azunoza), una empresa que, según Fuentes, adquirió esos terrenos de manos de una familia de terratenientes de Honduras «descendientes de criollos españoles».
Se desarrolla en la sede del @PJdeHonduras la segunda reunión de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra con la participación de las instituciones relacionadas a la temática, hoy se exponen las líneas estratégicas de las acciones a seguir en los próximos dias. pic.twitter.com/cgS9eBRGFD
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 15, 2023
«Los compañeros están en tierras que siempre han sido de naturaleza jurídica privada», señaló Fuentes, en relación con los campesinos de la FENACH, pero reconoció que su grupo también está propenso a eso si se ejecuta un desalojo sin hacer antes una investigación. «Pero a nosotros nos da igual si hay desalojo o no, porque la gente está preparada para volver entrar en el mismo momento».
Luis Fuentes dijo que en el Movimiento de campesinos sin tierra de Yoro hay 1200 familias diseminadas en diferentes terrenos de El Progreso, Yoro. «Todos estamos luchando por recuperar tierras que siempre fueron de la reforma agraria y que ahora están en manos de Azunosa», señaló.
Pueblo garífuna en alerta ante posibles desalojos
ALERTA¡¡, representantes del INA junto con Policias y MP, realizan inspecciones en 8 sitios del territorio Garifuna de Trujillo, supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros para desalojar a los Garifunas que habitan esos sitios. Para eso quieren esa Comisión Agraria.
— Miriam Miranda (@baraudawaguchu) June 14, 2023
El viceministro del INA, Rafael Alegría, le dijo a Contracorriente que la decisión de Xiomara Castro es para que tengan acceso a la tierra «los pueblos indígenas, los campesinos y las mujeres» y que la comisión busca darle solución «a todos los problemas agrarios que hay en el país». Sin embargo, los pueblos originarios en resistencia ven a esta comisión agraria con desconfianza.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), no se confía de las intenciones del Ejecutivo. La lideresa afirmó en su cuenta de Twitter que los representantes del INA, la Policía y el Ministerio Público realizaron inspecciones «supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros, para desalojar a los Garífunas que habitan esos sitios».
«Para eso quieren esa Comisión Agraria», dijo Miriam, lo que contrasta con las palabras del viceministro del INA, Rafael Alegría, quien afirmó que «la compañera Xiomara Castro ha mandado a que se le busque solución por las vías del diálogo» el cual «se hará entre actores empresariales, campesinos, pueblos indígenas y mujeres».
Una comisión agraria sin participación de campesinos
Para Jerónimo Carranza, coordinador del área de Articulación Regional del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, es un error que se nombre a diversos actores y que no se integre a representantes del sector campesino.
Jerónimo reconoció que si bien es cierto existe una mala práctica en algunos campesinos que «buscan la tierra para tener su parcela y luego venderla», afirmó que en esa comisión agraria deberían estar actores relacionados con el tema de la tierra, tales como representantes de los campesinos.
«Debió haber participado un representante de las organizaciones campesinas, especialmente las involucradas en las recuperaciones para generar un diálogo y que no se procediera de la forma que están procediendo con los desalojos ahora. Porque los sacan de ahí y para dónde se van. ¿Quién está ofreciendo una alternativa? Nadie», expuso Jerónimo.
«El movimiento campesino está demasiado dividido. Yo pienso que después de la cadena de radio y televisión los campesinos debieron haber llamado a la presidenta a un diálogo. Pero no hubo reacción, al contrario, hubo silencio»: Jerónimo Carranza.
Jerónimo Carranza dijo que al ministro del INA, José Francisco Funes, nunca lo ha visto «haciendo acciones en favor de los campesinos y campesinas, entonces no podemos confiar en este señor porque él no está luchando por ayudar a los campesinos sino más bien impidiendo la posibilidad que haya recuperaciones de tierra».
Jerónimo lamentó que personas que tienen más de 10 años de tener posesión de las tierras están en una condición de ser potencialmente desalojadas. «Están en situación de desventaja; la ventaja la tienen quienes tienen el poder y quienes son dueños, legal o ilegalmente de las tierras. El sector más vulnerable son los campesinos y campesinas porque no tienen ni abogados que los puedan defender».
Satisfacción en la empresa privada hondureña vs. preocupación del sector campesino
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada desea expresar su agradecimiento a la presidenta Xiomara Castro por su acción valiente y decisiva en favor de los derechos de propiedad, la cual se marca hoy como un hito histórico hacia el progreso económico y social de nuestro país.…
— Mateo M Yibrin (@myibrin) June 6, 2023
Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), agradeció a la presidenta y a los que estuvieron en la reunión. «Presidenta @XiomaraCastroZ y demás miembros del CNSD reconocemos la trascendencia de la resolución que han tomado en torno a garantizar el derecho a la propiedad privada, como un pilar de la seguridad jurídica y el Estado de derecho; con esta decisión SÍ se muestra el compromiso de atraer inversiones, generar empleo y lograr soberanía alimentaria» publicó momentos en su cuenta de Twitter poco tiempo después de la cadena nacional de la presidenta Castro.
Yibrín agregó que en el sector privado existe la disposición de participar en las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra con el objetivo de promover espacios de diálogo y consenso para reducir los niveles de conflictividad social y garantizar el derecho a la propiedad.
Para el abogado Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios por la Dignidad (BED), desde que tomó posesión la administración de Xiomara Castro «ha habido una reacción muy fuerte, muy feroz, del sector terrateniente agroindustrial por pretender forzar a la administración del Gobierno para que asuma un comportamiento represivo que favorezca al sector agroindustrial terrateniente del país».
Fernández dijo el pasado viernes 9 de junio, durante un Twitter Space de Contracorriente, que algunos ministros que ahora están en el poder, a pesar de haber surgido del movimiento popular, ahora entienden los problemas del agro como un asunto de defensa y seguridad. «Por eso hay una alerta del sector campesino, porque honestamente la violencia en el agro es un tema de derechos humanos y el enfoque que se pretende imponer es el de seguridad y de defensa», dijo Fernández.
«Por eso los agroindustriales muestran una especie de satisfacción, porque también entienden que lo que debe iniciar de inmediato es una operación de desalojos a lo largo y ancho del país», sostuvo Fernández, quien agregó que el enfoque de defensa y seguridad tiende a favorecer a «las élites agroindustriales terratenientes que históricamente no han sido afectadas porque son las que han hecho el despojo y la apropiación indebida de las tierras».
«No hay solo espacios de crisis en el Bajo Aguán sino en todo el territorio nacional, porque todo el territorio nacional ha sido ocupado violenta, ilegal e ilegítimamente por un sector terrateniente agroindustrial caracterizado por ser violento y cruel con las familias campesinas, no solo porque matan a la gente en los territorios y porque la desplazan, sino porque también, cuando hay reivindicaciones de campesinos, entonces acuden al expediente de la criminalización», expuso Fernández.
Fernández manifestó que en la resolución del CNDS se establece como prioridad el desalojo en aquellos territorios que se presentan como afectaciones al sector agroindustrial palmero, bananero y azucarero. «Eso te marca una tendencia de esto sobre lo que nosotros debemos mostrar alarma», subrayó el abogado.
ESCUCHAR SPACE:
Conversaremos con Víctor Fernández, del MADJ y con Yoni Rivas, de la Plataforma Agraria.
— Contracorriente (@ContraC_HN) June 9, 2023
Moderado por @nandosilvacz y @CeliaPousset. Podrás participar con tus preguntas y comentarios.https://t.co/YaPPhOmEKA
¿Quiénes son los tres funcionarios claves de la comisión agraria?
Reunión de trabajo hoy con la Directora Ejecutiva del @ip_hond, en mi condición de presidente del Consejo Directivo.
— José Carlos Cardona Erazo (@jcardonaerazo) June 15, 2023
Estamos listos para sumarnos, por instrucciones de la Presidenta @XiomaraCastroZ, al trabajo de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
Las… pic.twitter.com/4GPWHP7h32
Hay tres funcionarios que serán clave en la comisión: el primero es quien presidirá la comisión que es el director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes, quien es cercano al expresidente Manuel Zelaya en el Valle del Aguán; el segundo es el presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad (IP), José Carlos Cardona, quien a su vez es ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y, el tercero es el secretario de Desarrollo Económico, recientemente nombrado en ese cargo, Fredis Cerrato, este último fue ministro durante la administración del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).
Además de los anteriormente señalados, la comisión estará conformada por otros cinco servidores públicos: un fiscal especial, un juez de Jurisdicción Nacional, un comisionado de Policía, un oficial de las FF. AA. y un diputado del Congreso Nacional.
Presidenta @XiomaraCastroZ anuncia en Cadena Nacional que en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. pic.twitter.com/vBOVeN9wWR
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) June 6, 2023
Xiomara Castro dijo que la comisión trabajará en un decreto ejecutivo para resolver la mora agraria, pues desde 2010 apenas ha habido 40 resoluciones de 1,100 solicitudes de tierras presentadas. Por su parte, el IP, con apoyo del INA, tendrá que investigar los antecedentes de las propiedades para comprobar que estas hayan sido adquiridas en el marco legal.
Aparte del decreto ejecutivo, la comisión tiene como misión elaborar un proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso Nacional. Este estará orientado a la «conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008» para asegurar la titularidad de la tierra, castigar la ociosidad, así como fomentar y proteger la función productiva.
Jerónimo Carranza dijo que se puede «percibir la presión hacia el Ejecutivo de quienes tienen en su poder las tierras y como el Gobierno no tiene todo el respaldo de los otros dos poderes del Estado entonces tiene que ceder y en este caso tomar la decisión de expropiar a los campesinos y campesinas que están ocupando tierras».
Jerónimo expresó que la presidenta Castro, «a su manera de expresarse», dijo que eran «tierras privadas», pero a juicio del analista «la presidenta debe tener más apoyo para hacer que las tierras que han sido ocupadas por terratenientes, las tierras nacionales, sean recuperadas».
¿Qué pasará con las tierras en manos de narcotraficantes?
“Hay un sector que no forma parte de la reforma agraria y que tampoco es del sector empresarial, que ha ocupado tierras, especialmente en el Bajo Aguán, de manera hasta ilícita, entonces ahí hay que actuar de manera diferenciada”: Rafael Alegría.
Contracorriente le consultó al viceministro Alegría qué va a pasar con las tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) las cuales estaban en posesión de narcotraficantes.
«Sí, hay muchas tierras que están incautadas, y que está conociendo la OABI, también serán objeto de la comisión esas tierras que ya han o tienen sentencia firme por parte del Estado, o sea, que la solución será de forma integral», contestó el viceministro, quien inmediatamente procedió a despedirse manifestando que tenía otra entrevista pendiente.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán, dijo a Contracorriente —cuando apenas se conocía la conformación de esta plataforma— que «cuando hablamos de justicia agraria, primero tenemos que determinar qué tipo de justicia es la que se tiene que aplicar».
Rivas afirmó que no se sienten cómodos con los adjetivos usados por el Ejecutivo para hacer referencia al tema del agro.
«Es importante mejorar algunos tipos de lenguaje cuando se habla de invasión o se les llama invasores a hondureños netos y se les llama propietarios a agroindustriales de origen extranjero»: Yoni Rivas.
Yoni Rivas aseguró que en Honduras hay terratenientes que tienen en su posesión tierras que superan el techo establecido por el marco jurídico hondureño y, en contraste, existen millones de personas «sin una cuarta de tierra».
Yoni, al ser consultado sobre que esta decisión haya salido del CNDS, dijo que «es bien difícil poder decir que vamos a confiar en las Fuerzas Armadas, cuando Elías Melgar, el viceministro de Defensa y Seguridad, ha estado involucrado al servicio de empresas de seguridad puestas al servicio de los agroindustriales, en el caso del Valle del Aguán».
«Elías Melgar dirigió empresas de seguridad en el sector del Aguán al servicio de Corporación Dinant y hoy es el viceministro de Defensa y Seguridad. Eso es un riesgo para nosotros en el Aguán que una persona como Elías Melgar esté ocupando un cargo con instituciones que tienen que ver con la seguridad y que están relacionados con este tema de justicia para el agro hondureño», apuntó Rivas.
Sobre los campesinos asesinados en 2023, Yoni le dijo a Contracorriente que no conocen investigaciones sobre los autores materiales e intelectuales «de los últimos ocho asesinatos que han ocurrido en el Aguán. Eso nos mantiene siempre muy preocupados, porque la impunidad sigue reinando en el Aguán a pesar de los avisos y anuncios que hemos realizado de todas las amenazas y los atentados y en realidad eso nos preocupa».
Mientras el trabajo de la comisión agraria avanza, los primeros desalojos ocurren en las tierras de empresas que históricamente han tenido conflictos con el sector campesino en Honduras. A eso se suman los desalojos a pobladores que no tienen vivienda, lo cual abre un panorama de drama en el país. Mientras tanto, el sector indígena, poblaciones garífunas y campesinos se declaran en alerta.
