Entre litigios y asesinatos: la Bahía de Tela en Honduras sigue bajo asedio

El pasado 18 de julio se cumplieron tres años de la desaparición forzada de varios miembros de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Las víctimas estaban pidiendo que se ejecutara una sentencia de la Corte IDH que le ordena al Estado de Honduras demarcar las tierras propiedad colectiva a favor de la comunidad. Sin embargo, en lo que va del 2023 se han reportado dos nuevos asesinatos, las víctimas también estaban exigiendo que se cumpliera la sentencia del Triunfo de la Cruz. Mientras el entorno de desapariciones y asesinatos continúa, hay otra comunidad garífuna en la Bahía de Tela que está a la expectativa de una nueva sentencia: la comunidad de San Juan.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Amilcar Izaguirre

A finales de mayo de 2023, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llegaron a Honduras para llevar a cabo una diligencia in situ en el marco del caso «Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Vs. Honduras». La visita de la Corte IDH incluyó una reunión con varios sectores, entre estos, la municipalidad de Tela, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), empresarios locales, vecinos de dicha comunidad y representantes de los patronatos.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), representante de la comunidad garífuna de San Juan Tela, le informó a Contracorriente que decidió no participar en estas reuniones de la Corte IDH. El dirigente de la Ofraneh, Rony Castillo, explicó que no aceptaron la visita porque no quieren que «la Corte IDH y el Estado legitimen a terceros que son los que están violentando los derechos de la comunidad», afirmó Rony. Entre esos terceros a los que se refiere Rony, está el Cohep.

El caso de San Juan Tela está avanzado, ya hubo –según explicó Rony– una audiencia en abril de 2022 ante la Corte IDH y ahora están esperando la sentencia. Rony dijo que la visita in situ de la Corte IDH obedeció a una solicitud del Estado de Honduras.

«El Estado quiere quedar bien con las comunidades y con los empresarios. El Estado es el tramitador ahora, no quiere quedar mal con nosotros porque hay un discurso de derechos humanos de la presidenta Xiomara Castro y entonces buscan una forma de violentar derechos, pero de forma sutil, vienen y entonces juegan este papel lamentable y muy poco decoroso. En aquel tiempo era la dictadura [de Juan Orlando Hernández], ahora como que este modelo sigue vigente pero administrado por el nuevo Gobierno», concluyó Rony Castillo.

Y es que las sentencias dictadas por la Corte IDH en tiempos anteriores siempre le han dado la razón al pueblo garífuna. Se ha demostrado que este pueblo ha sido despojado injustamente por empresarios en contubernio con el Estado.

Hay dos sentencias que explican esto. La primera es la sentencia sobre el Triunfo de la Cruz, la cual fue notificada el 8 de octubre de 2015. En esta sentencia se ordenó al Estado de Honduras a que dentro de un plazo de dos años procediera a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad de Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación.

Desde entonces, el pueblo garífuna del Triunfo de la Cruz se ha organizado para que le devuelvan las tierras y le han exigido al Estado que les ayude. Sin embargo, este año, dos de sus miembros han sido asesinados y hace exactamente tres años varios miembros de su comunidad que exigían el cumplimiento de esta sentencia, fueron secuestrados.

La segunda sentencia es sobre la comunidad Punta Piedra. Dicha sentencia fue emitida también el 8 de octubre de 2015 en la que se condenó al Estado de Honduras como «responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana».

Dictámenes oficiales sobre San Juan Tela revelan que se construyeron proyectos ilegalmente

Hay documentos oficiales del Estado que dan cuenta del daño ambiental producido por los proyectos turísticos en San Juan Tela. Por ejemplo, un dictamen técnico realizado en abril de 2013 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) reveló que el proyecto Honduras Shores Plantation, que buscaba la ampliación de un hotel con 16 habitaciones, no era viable.

Y no solo eso. El informe técnico No. 528/2013, realizado el 11 de abril de 2013, encontró también que el proyecto Honduras Shores Plantation, está ubicado en el área protegida Blanca Yeannette Kawas. Por lo tanto, la Serna, puso en conocimiento de esa situación al Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y le pidió que estudiara el caso y emitiera una opinión sobre la factibilidad ambiental de esos proyectos.

En otro dictamen técnico, el OFL-Tela 042-2012, emitido por el ICF, se «concluyó que ese proyecto no era factible», ya que no cumplía con la ley forestal.

La Serna reconoció en ese momento que, por tratarse de una zona protegida, el plan de manejo no permite ninguna construcción de cemento ni de duración permanente y que el hotel se encontraba a 45 metros de la marea más alta y no a 100 como lo pide la ley forestal, que además prohíbe no cortar, dañar, quemar, destruir árboles o bosques en general. «La Serna deberá aplicar la ley y la normativa ya que el proyecto se construyó sin contar con la licencia ambiental respectiva», según se indicó en el dictamen No. 528/2013.

Contracorriente contactó a dos abogados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para conversar sobre este tema; sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria para plasmar la visión de este sector.

Para Rony Castillo, existe temor en los empresarios de San Juan Tela de que ocurra lo mismo que con la sentencia del Triunfo de la Cruz y que se le ordene a estos empresarios detener sus proyectos y entregárselo a las comunidades.

«Los empresarios que están ahí aprendieron de lo del Triunfo de la Cruz. Quieren evitar que pase lo mismo en San Juan, a través del Cohep, que es el nuevo actor y que antes no intervino en el Triunfo de la Cruz. Lo que buscan es que se les permita continuar a estos grupos ahí con sus complejos turísticos sin ser tocados. Que sigan dentro de la comunidad. Buscan que la Corte les deje un espacio y les titule sus espacios, para que queden ellos en una especie de ZEDE, con un apartheid, como una isla dentro de la comunidad», explicó Castillo.

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El dirigente de la Ofraneh agregó que, en el caso de la comunidad del Triunfo de la Cruz, los proyectos de Marbella y Playa Escondida son las principales manzanas de la discordia. «Estos complejos más grandes tienen que ser devueltos a las comunidades. Ahí no entró el Cohep en aquel momento y la Corte falló para que sean devueltos a la comunidad; lo que quiere evitar el Cohep en contubernio con el Estado es que no ocurra lo mismo en San Juan».

Rony Castillo estableció que la Bahía de Tela, que comprende a San Juan y al Triunfo de la Cruz, está sujeta a los mismos grupos de interés.

Asesinatos y desaparecidos

El pasado 18 de julio se cumplieron tres años de la desaparición forzada de Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía Calix, Miltón Joel Martínez y Gerardo Roche Calix, quienes fueron secuestrados de sus casas por hombres vestidos como miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Y este 2023, la Ofraneh denunció los asesinatos de Ricardo Arnaúl Montero y Martín Morales.


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Martín Morales fue reportado muerto el 28 de mayo. Era un defensor del territorio garífuna que había sido reportado como desaparecido por sus familiares el 27 de mayo. Según la Ofraneh, Martín era miembro de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz y colaboraba con el Comité de Defensa de Tierra de su comunidad. El cuerpo de Martín fue encontrado en el Río Gama, el mismo lugar en donde encontraron a Ricardo Arnaúl Montero el 28 de enero de este año. Por lo anterior, la Ofraneh estableció en un comunicado que este sector del Río Gama se ha convertido en el «botadero de los cuerpos de los defensores del territorio de Triunfo de la Cruz».

«El incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, a favor de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, no solo evidencia la falta de voluntad del Estado para reconocer los derechos históricos del pueblo Garífuna, sino que ha puesto en peligro permanente a los miembros de la comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona», indicó la Ofraneh en un comunicado.

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El último asesinato denunciado por la Ofraneh, se registró justo en los días en que la Corte IDH visitaba Honduras para conocer la situación de la comunidad de San Juan Tela.

«El mensaje ha sido muy claro, prácticamente están diciendo que no les importa la visita de la Corte, porque mientras la Corte recorría la comunidad de San Juan, al otro lado los familiares estaban llorando el cadáver con el compañero, es una cosa increíble, triste, hay una directa relación con el cumplimiento de la sentencia y la lucha por el territorio», expuso Castillo.

Rony explicó que las agresiones en San Juan Tela son las mismas que en el Triunfo de la Cruz, con la diferencia de que en el Triunfo de la Cruz ya hay una sentencia que ordena que las propiedades sean entregadas a la comunidad. «Los agresores en el Triunfo de la Cruz están luchando para que la comunidad no siga exigiendo el cumplimiento de la sentencia», dijo.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Nació en 1985 en el municipio de Trojes, El Paraíso. Es licenciado en Periodismo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Ha trabajado 15 Años como reportero gráfico en distintos temas y medios escritos en Honduras.
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