Este martes entró en vigencia el decreto que autorizó a policías y militares a ejecutar un plan que suspende garantías constitucionales en varios sectores del Distrito Central y San Pedro Sula. Esa situación ha desatado fuertes preocupaciones porque la Policía Nacional, la Policía Militar – creada por Juan Orlando Hernández – y las Fuerzas Armadas no han sido depuradas o reformadas exitosamente y tienen entre sus filas a agentes vinculados con violaciones de derechos humanos y redes del crimen organizado y narcotráfico.
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes de Allan Bu, Celia Pousset y Fernando Silva
Fotografías: Jorge Cabrera
Infografías: Daniel Fonseca
Mientras varios helicópteros sobrevolaban Tegucigalpa la mañana del martes 6 de diciembre, cerca de 600 agentes policiales se reunieron en la Plaza de la Libertad antes de su despliegue masivo para saturar barrios y colonias que la Policía Nacional considera como zonas controladas por maras y pandillas. A las 6 de la tarde de ese día, entró en vigencia el decreto ejecutivo que establece el estado de excepción que forma parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.
El agente Escoto, encargado de un grupo de siete hombres con uniformes del Instituto Técnico Policial (ITP), que es el centro de formación de la Policía Nacional, inauguró el proceso con un patrullaje en el mercado San Isidro, un lugar con alrededor de mil puestos de venta de frutas, ropa y adornos navideños que marcan la temporada. Allí, la policía ha dicho que sospecha que los vendedores son víctimas de extorsión.
«Vamos a pasar una navidad tranquila», dijo doña Suyapa, una vendedora de 60 años que acababa de enterarse de las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno. Ella lleva más de 40 años vendiendo en San Isidro y dijo que ha visto el mercado cambiar «para bien» desde hace tres años. «Antes sí había extorsión, los Chirizos cobraban 300 lempiras cada semana y si no teníamos la plata, pues se llevaban la ropa. Eso desapareció hace tres años cuando la MS-13 vino a poner orden. Los 13 echaron carrera a los Chirizos, los desaparecieron y ahora mandan aquí aunque no molesten, más bien nos cuidan».
La Mara Salvatrucha o MS-13, a la que se refiere doña Suyapa, es una organización criminal que vive principalmente de la extorsión y el control del microtráfico en barrios y colonias, así la perfiló recientemente Insight Crime, medio especializado en temas de crimen organizado. «Existe evidencia de que la pandilla participa en otras actividades criminales transnacionales más sofisticadas, entre las que se destacan redes internacionales de trata de personas y tráfico de drogas», refirió este medio.
Suyapa aseguró que los vendedores que viven en zonas controladas por la pandilla Barrio 18 no pueden trabajar en el mercado San Isidro. «Los sacan, igual si tienen familia de la [Barrio] 18, les está prohibido vender aquí». Por ahora, lo único que preocupa a doña Suyapa es la posibilidad de un toque de queda que le impediría ir a la iglesia, ella trabaja en el mercado supuestamente controlado por la MS-13 pero su barrio también es sospechoso de estar en manos de la misma mara.
Don Jesús, un carnicero del mercado, compartió la opinión de Suyapa. Apoya el decreto de estado de excepción aunque afirmó que él no siente temor ni en su colonia, controlada por la MS-13, ni en el mercado, porque «hace años los vendedores que estábamos hartos de pagar extorsión, cotizamos para pagar a vigilantes y armas. Ahora no hay problemas».
En el decreto que entró en vigencia este martes, el Gobierno argumentó que esta es una medida producida por la «grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas, incurriendo y consumando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros». Sin embargo, la Policía Nacional ha reportado una baja histórica de los homicidios; en el mes de octubre, aseguraron que en lo que va del año han habido 394 homicidios menos en comparación con el mismo período del año pasado.
Las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 fueron suspendidas por el Poder Ejecutivo en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula
Siguiendo el orden de los artículos antes mencionados, se suspendió la garantía de la libertad personal, de asociación y de reunión y, además, de circulación. Las suspensiones de estas garantías también permitirán a los agentes policiales y militares llevar a cabo arrestos y detenciones sin órdenes judiciales, así como retener a las personas en cárceles.
Consultamos al ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor, sobre las medidas que se tomarán y la situación de las cárceles hondureñas, a lo que respondió que «hay muchísimo trabajo que se está haciendo para mejorar las condiciones, nosotros no somos un gobierno que cree en profundizar exactamente la coerción, ni el aspecto punitivo del orden público, le apostamos a un modelo completamente diferente, pero estamos enfrentados a una situación corriente, una cosa es lo que quieres que sea y otra cosa es lo que es, transitar de lo que es a lo que nosotros queremos que sea pasa por un proceso y estamos inmersos en este proceso como sociedad, entonces seamos realistas, entendamos contra quienes estamos enfrentados, quienes dirigen estos círculos criminales, hasta dónde llegan estas fuerzas del crimen organizado en nuestro país».
El decreto establece, sin un plan previo de descongestionamiento de las cárceles que hasta ahora se conozca, que «en los centros de detención deberá llevarse un registro oficial de los detenidos conforme los estándares internacionales», según indica el artículo 4 del decreto ejecutivo.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en agosto de 2019, indicó que la ocupación de los centros penitenciarios – con capacidad para alojar 10,814 personas – superaba casi el doble de su capacidad real de alojamiento, con una tasa del 88 % de sobrepoblación.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), reportó en julio de 2018 que había un total de 20,356 personas privadas de libertad en Honduras. Estas personas se encontraban privadas en 29 centros de detención, entre los que se cuentan tres que funcionan al interior de tres batallones militares.
Otro estudio, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), publicado en el 2021, establece que, de acuerdo con datos del INP, el Sistema Penitenciario alberga 20,687 personas adultas privadas de libertad, aunque solo tiene capacidad para recibir a 14,780 personas, lo que representa una sobrepoblación de casi el 40%.
Justo en el momento en el que entraba en vigencia el estado de excepción parcial en el Distrito Central y en San Pedro Sula, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que el nuevo instrumento jurídico, en referencia al decreto de excepción, es justamente «para hacerle frente a la Pandilla 18 y a la MS-13, también a otras estructuras independientes y del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad».
«Nosotros vamos a iniciar las operaciones con blancos y objetivos bien específicos, previamente establecidos. El 99.9 % de la sociedad hondureña no será afectada, porque este estado de excepción afectará únicamente a los criminales». Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un comunicado llamando al Gobierno a revisar el contenido del decreto «a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» y a tomar medidas inmediatas de debida diligencia para mitigar los riesgos del estado de excepción además de adoptar respuestas integrales de abordaje a la criminalidad a partir de un enfoque de derechos humanos. Además, reiteró su disposición para acompañar técnicamente el proceso.
«El hecho que casi la totalidad de los 162 barrios intervenidos son zonas de especial vulnerabilidad social refleja además la necesidad de que el plan de seguridad sea complementado con políticas sociales consistentes y de largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia», establece el comunicado.
El lunes 5 de diciembre fueron publicados en el diario La Gaceta los nombres de los barrios y colonias de los municipios del Distrito Central y de San Pedro Sula que entran en estado de excepción, entre los cuales se encuentran, mayoritariamente, zonas con marcados índices de pobreza y pobreza extrema, lo que ha generado rechazo por considerar que este decreto criminaliza y estigmatiza la pobreza.
La socióloga Lucía Vijil, analista del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), explicó a Contracorriente el peligro que implica el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza que, a su criterio, ubica a los ladrones solamente en «barrios marginales» y en barrios que la misma estructura del Estado ha vulnerabilizado, en donde habitan niños, niñas y adultos en condiciones precarias a nivel educativo, sin empleo y sin acceso a educación de calidad. «Realmente lo que hacen es culpar al pobre, como se culpa también al campesino», explicó.
Lucía Vijil mostró preocupación también por los enfoques del Estado en materia de seguridad y democracia. «Me preocupa lo integral, meter preso a todo el mundo no es una forma de abordaje, es decir, ya no estamos en la década de los 80 y tampoco las experiencias centroamericanas han demostrado éxito en relación a eso.
#ActualidadCC | Hoy a las 6:00 p.m. entró en vigencia el estado de excepción en algunos barrios del Distrito Central. Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y la Dirección Antimaras y Pandillas realizaron operativos en El Hoyo, Colonia Calpules de Tegucigalpa. pic.twitter.com/5q4ff7nPi2
— Contracorriente (@ContraC_HN) December 7, 2022
También ha generado preocupación la discrecionalidad e interpretación que tendrá la Secretaría de Seguridad para invocar «las causales» que usarán para detener a las personas que ellos estimen son delincuentes.
«A la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Pública, a través de la Policía Nacional Preventiva […] se le faculta para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones, en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este Decreto, en los sectores de los municipios del Distrito Central y de San Pedro Sula», indica la última parte del artículo 1 del decreto.
El decreto no menciona la investigación ni tampoco los procesos judiciales previos, tampoco se explican con claridad los motivos que se usarán para llevar a cabo las detenciones, solamente se establece que «la libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en las zonas descritas en el presente Decreto y solo podrá ser restringida por las causales aquí descritas». Las causales a las que se refiere este párrafo, tienen que ver con la facultad otorgada a la Policía Nacional Preventiva de «determinar» y «considerar» quiénes son los supuestos responsables de los delitos perseguidos.
El artículo 3 del decreto establece que la Secretaría de Seguridad ejecutará estos estados de excepción a través de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), lo cual pone en entredicho la promesa del Ejecutivo de desmilitarizar la sociedad y la seguridad pública.
«Las fuerzas militares y policiales siempre han actuado bajo discrecionalidad, todo lo que han hecho ha estado protegido por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD), entonces hay un elemento importante acá que resaltar y es el tipo de información que vamos a obtener nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en relación a quiénes son los perfiles que se están buscando», sostuvo Vijil.
La socióloga del CESPAD dijo que con la sola presencia policial y militar, teniendo en cuenta los antecedentes de ambas instituciones en la última década, genera miedo en ciertos sectores de la población.
«Cómo vas a poder transitar a las ocho de la noche si todo va a estar rodeado de militares y policías, tenemos antecedentes importantes, de mujeres que son llevadas a postas y a las que las mata la Policía. ¿Qué seguridad tenés en relación a que te lleven detenida y podás demostrar que venías de trabajar? Significa que podés aparecer muerta y dicen que te suicidaste en una posta policial», dijo @LuciavijilS
Lo anterior está ligado al caso, aún no resuelto, de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial en el departamento de Intibucá, zona occidente de Honduras, después de haber sido detenida en la noche del 6 de febrero supuestamente por incumplir un toque de queda. Una nota previa de Contracorriente, constató que la versión que dio la Policía Nacional es que la joven se había suicidado, no obstante, Medicina Forense determinó que fue asesinada y se inició un proceso de investigación que por ahora no ha dado resultados concretos.
María Luisa Borjas, comisionada de la Policía Nacional en condición de retiro y exjefa de asuntos internos de esa institución y que investigó casos de oficiales involucrados en narcoactividad, dijo a Contracorriente que el estado de excepción propuesto por el Gobierno «es puro show» porque lo que se busca es «imitar a Bukele».
Borjas consideró que, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele actuó contra algunas de las cúpulas criminales; sin embargo, afirmó que en Honduras «no irán a las cabezas, porque todos los sectores están contaminados, tanto públicos como privados».
«En esa situación de la extorsión hay empresarios, militares, policías y hasta fiscales involucrados, entonces ninguno de ellos va a hacer nada que evite reducir esos ingresos que ellos perciben por ese flagelo», dijo María Luisa Borjas.
La comisionada Borjas consideró que mientras los que se lucran de la extorsión «tengan los padrinos en las más altas esferas, tanto del sistema privado como del Gobierno, es imposible que se pueda erradicar la extorsión y, más bien, por eso se ha incrementado, por la impunidad que campea en el país. Tenemos una impunidad del 95 %, entonces eso es caldo de cultivo para que más personas se involucren en actos ilícitos».
Borjas, quien conoce muy bien a la Policía Nacional, dijo que es necesario hacer un verdadero proceso de depuración, «no la farsa que se hizo con Juan Orlando Hernández», agregó que lo mismo debe hacerse en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
«Hay jueces, fiscales, policías y militares beneficiándose de la extorsión. Las personas ya vieron que aquí no se persigue la ley, las cárceles están llenas de personas de escasos recursos económicos y sobre todo de chivos expiatorios», expuso y agregó que estas medidas son «una farsa, nos están dando más circo, no tenemos la capacidad para recluir a tantas personas en los centros penales. Cuando usted le declara la guerra a alguien o a un grupo, no lo anuncia, la sorpresa es uno de los principios de la guerra».
La socióloga Lucía Vijil, coincide con Borjas en que existe una red de narcotráfico y crimen organizado que está activa. Una estructura que fue instalada durante los últimos años y que tenía como cabeza visible al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. bajo cargos de narcotráfico.
«¿Quién nos asegura que realmente estos policías estén realizando un trabajo real y oportuno, en relación a la identificación de perfiles?, ¿o realmente se puede consolidar una estrategia para solamente suprimir a las bandas que son contrarias?», se preguntó Vijil.
La socióloga del CESPAD también mencionó que la Policía Nacional en Honduras es mal vista por un buen grupo poblacional: «¿la gente qué es lo que te dice?, que es la misma Policía la que cobra la extorsión, dicen y se quejan de que los policías no capturan a los que tienen que capturar, entonces todavía habría que limpiar a lo interno de la Policía a algún personal para poder realmente asegurar que realmente se están haciendo efectivas las órdenes de detención».
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Proceso de desmilitarización propuesto por Xiomara Castro
Pero no solo hay críticas hacia una Policía Nacional que aún no pasa por un verdadero proceso de depuración policial, también hay críticas hacia los modelos militaristas.
Para Lucía Vijil, no vamos a poder avanzar en las mínimas garantías democráticas de un país si no se le quita el poder o se anula la composición de élites que tienen los militares en nuestra sociedad.
´Es decir, ¿qué enfoque te da el militarismo?, planes de limpieza social, dictaduras, represión a sectores organizados de este país, es decir, la historia nos ha contado que cuando las cosas están en manos de militares no vamos a avanzar en las mismas condiciones democráticas», expresó la socióloga.
QUÉ PENA VOLVER, EN ESTOS TIEMPOS, A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN. HE ENTENDIDO QUE COMBATIR EL CRIMEN ES UN ASUNTO DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA, NO DE LIMITACIÓN DE DERECHOS. Los toques de queda son el mejor alimento para el abuso y son prueba de fracaso en la admon del Estado. pic.twitter.com/Hvs2iWhOM5
— Víctor Fernández (@VictorFerG) December 3, 2022
Entre las justificaciones del Ejecutivo plasmadas en el decreto, para suspender garantías constitucionales se establece que «el crimen organizado ha tenido un incremento relacionado con el tráfico de drogas y armas, asesinatos, extorsión y robos» y que «el pueblo hondureño sigue siendo víctima de la violencia desenfrenada que afecta en particular a través del delito de extorsión, por lo que se hace necesario tomar todas las medidas que lleven al restablecimiento de la paz y el orden».
El comisario Carlos Eduardo Rojas, jefe metropolitano de Chamelecón, dijo a Contracorriente que «aquellos barrios y colonias en donde las incidencias se disparen van a ser objeto de intervención».
Al cuestionar al comisario Rojas sobre la línea delgada que hay entre aplicar la ley y llegar al abuso, el oficial afirmó que su actuación girará en el marco legal que se les dicte para poder actuar «sin llegar a a traspasar esa línea delgada que usted menciona en violar los derechos humanos».
¿Desde la Policía Nacional cómo se explica el aumento en las prácticas extorsivas?, se le preguntó al jefe policial de Chamelecón, quien respondió que «las estadísticas de cada barrio y colonia nos arrojan cuáles tienen más incidencia de hechos delictivos», aseguró Rojas, quien afirmó que la gente ahora «confía más en la Policía», porque desde que se lanzó Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) «las capturas han sido cuatro o cinco diarias, significa que la ciudadanía está confiando».
«Chamelecón va en disminución de hechos delictivos, pero sí tenemos presencia de maras y pandillas y tenemos mucho narcomenudeo. Ya se tienen identificadas ciertas colonias que van a entrar a estado de excepción, pero no todo el sector», sostuvo Rojas.
