La discusión de la Ley de Defensa y Seguridad está detenida y, a pesar de eso, algunos puntos críticos han sobresalido en el debate. En primer lugar, hay consenso entre las bancadas del PSH y Libre en que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no debe convocarse violentando la independencia de poderes del Estado. En segundo lugar, el Partido Liberal ha solicitado que altos mandos militares integren el Consejo con facultades para tomar decisiones y, finalmente, hay sectores que han expresado su preocupación de que la familia Zelaya coopte este espacio y gane protagonismo para beneficiar sus intereses particulares.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
El pasado jueves, 1 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro presidió la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La mandataria estuvo acompañada de su esposo, José Manuel Zelaya Rosales y de su hijo Héctor Zelaya. Además, en la reunión estuvo presente su sobrino político -el secretario de Defensa- José Manuel Zelaya Rosales, homónimo del expresidente. La mandataria aprovechó esa reunión para hacer cambios en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Antes de esa reunión, el 17 de agosto, el Ejecutivo envió la propuesta de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional que derogará la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una normativa que fue aprobada cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional en 2011 y que sirvió para cooptar los poderes Judicial y Legislativo. De esa forma, Hernández se convirtió en un autócrata.
La propuesta del Ejecutivo no ha podido ser aprobada debido a la oposición de las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Liberal, que consideran que se necesita mayor análisis. Por su lado, la bancada del Partido Nacional -aunque cuenta con más de 40 diputados-, se ha quejado de ser excluida de la construcción de la nueva ley y han hecho pública su oposición a la propuesta de ley, manifestando que atenta contra la libertad de expresión. El argumento para no incluir en el debate a la bancada nacionalista, es que varios de ellos, actualmente en el Congreso, participaron en 2011 en la aprobación de la ley vigente.
La norma vigente, que violenta la autonomía de poderes, estipula que el CNDS debe reunirse mensualmente o extraordinariamente cuando la presidenta lo considere necesario. Esta ley estipula que el Consejo debe estar integrado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien lo preside; el Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; el Presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta; el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla; el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón y el Secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales.
La reunión del 1 de septiembre fue la primera en ser presidida por Xiomara Castro en los ocho meses que van de su gestión. El primer intento de Xiomara Castro para reunir al CNDS fue el miércoles 24 de agosto, pero Luis Redondo, Rolando Argueta y Óscar Chinchilla se excusaron argumentando que tenían compromisos agendados, según informó en comparecencia de prensa la presidenta Castro.
«Yo había aconsejado la semana pasada a la presidenta no convocar con la ley vigente al Consejo, porque precisamente la propuesta de la nueva ley que ya ha enviado el Ejecutivo al Congreso Nacional [proyecto de ley] deja a entrever que efectivamente la ley vigente es inconstitucional», dijo a Contracorriente el diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional.
En la reunión del pasado jueves se hizo a puerta cerrada en Casa Presidencial y estuvo presente el pleno del Consejo. Pero no solo estuvieron presentes los requeridos por la ley como miembros de esa entidad. También estuvieron presentes el expresidente José Manuel Zelaya Rosales en su calidad de asesor presidencial y Héctor Zelaya, como secretario privado de la presidenta. Fueron convocados también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, José Jorge Fortín y el comisionado Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, ambos acompañando a los ministros de Defensa y Seguridad, respectivamente.
La propuesta de ley pasó dos debates en el Congreso Nacional, pero está estancada porque no hay acuerdos entre la bancada oficialista de Libre y las bancadas del PSH y Partido Liberal. De ser aprobada esta ley, cambiará la composición del CNDS, pues ya no lo integraría el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional y el Fiscal General de la República. Sin embargo, la nueva ley propone que ese vacío sea llenado por el Procurador General de la República, el Canciller de la República y el ministro de Gobernación.
Cuando Contracorriente consultó con diversas fuentes sobre cuál fue el motivo de la reunión urgente, las respuestas se han visto limitadas a señalar que existía la necesidad de hacer cambios o de actuar para lograr el funcionamiento de algunas instituciones que dependen del CNDS.
En la reunión del último Consejo se nombró al director y al subdirector adjunto de la DNII, los comisionados Raúl Mejía Erazo y Ángel Josué Luque, respectivamente.
El comisionado Mejía Erazo pasó a sustituir al comisionado Alex Edgardo Madrid Padilla en la dirección de la DNII. Madrid Padilla había sido juramentado a inicios de marzo del presente año -un mes después de la toma de posesión de la presidenta Castro- por el Secretario de Gobernación, Tomás Vaquero.
El comisionado Raúl Mejía Erazo se ha venido desempeñando como el jefe de Protección y Servicios Especiales de Casa Presidencial durante la nueva administración, pues a mediados de febrero fue designado en ese cargo por el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón.
El primer director de la DNII fue el general de las Fuerzas Armadas, Julián Pacheco Tinoco, quien fue nombrado en ese cargo por el CNDS en mayo de 2012, entonces presidido por el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Pacheco Tinocó pasó a controlar, como director de la DNII, la Unidad de Intervención de Comunicaciones (UIC), que ha estado compuesta, mayoritariamente, por personal militar.
El artículo 33 de la Ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas establece que la Unidad de Intervención de Comunicaciones (UIC) «dependerá de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, dependencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, como órgano encargado de ejecutar a través de su personal especializado, la intervención de las comunicaciones que el órgano Jurisdiccional autorice».
El artículo 11 de dicha ley establece que durante el procedimiento se «escucha, capta, registra, guarda, graba u observa, por parte de la autoridad, sin el consentimiento de sus titulares o participantes, una comunicación que se efectúa durante cualquier tipo de transmisión, emisión o recepción de signos, símbolos, señales escritas, imágenes, sonidos, correos electrónicos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros medios, sistemas electromagnéticos, telefonía, radiocomunicación, telegrafía, medios informáticos o telemáticos, o de naturaleza similar o análogo».
El 2017, el general Pacheco Tinoco, para entonces ministro de Seguridad en el Gobierno del expresidente Hernández, fue señalado de colaborar con el narcotráfico por el exlíder del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Madariaga, quién también señaló al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a su hijo Fabio Lobo, este último preso en los EE. UU. por delitos de narcotráfico.
Durante varios años, ya sea al frente de la DNII o de la Secretaría de Seguridad, el general Julián Pacheco continuó fortaleciendo, con lógica militar, los sistemas de investigación e inteligencia policial.
"Consolidación de un sistema logístico de adiestramiento y avanzado en los sistemas de investigación e inteligencia policial con la dignificación de la carrera policial"
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) January 30, 2020
Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Seguridad Honduras#NuevaGeneraciónPolicial pic.twitter.com/ygwcS9doSd
El artículo 5 de la ley vigente del CNDS, numeral 4, facultó a la presidenta Xiomara Castro para nombrar, suspender y sustituir al director nacional y director nacional adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Sobre esto, Leticia Salomón expuso que «en el gobierno anterior y particularmente en el Consejo anterior, este organismo de seguridad de investigación e inteligencia tenía una marcada tendencia militarista. Entonces observamos –y parece un dato interesante de analizar– que las dos personas nombradas ahí no son militares, sino que son policías, en este sentido, algo está pasando, por ahí que habría que ver si eso se entiende como algo positivo o como algo negativo en el análisis de todo este tema que se está haciendo».
El nuevo dictamen define las instituciones especializadas para la producción de inteligencia. En primer lugar pone a las las Fuerzas Armadas, seguido de la Policía Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección de Marina Mercante, Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos.
Asimismo figuran la Dirección de Administración Aduanera de Honduras, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
Otro de los asuntos que han sido debatidos en el Congreso Nacional, es que el CNDS podrá autorizar los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Defensa y Seguridad Nacional.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por unanimidad, nombra al nuevo director y subdirector adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) September 1, 2022
🛑 Comisionado Mejia, Director
🛑 Comisionado Luque, Subdirector Adjunto pic.twitter.com/YXFEqqB09w
Las políticas de defensa y seguridad deben ser dictadas por civiles
La socióloga Leticia Salomón dijo a Contracorriente durante un Twitter space que es interesante todo el revuelo que se ha armado alrededor de la propuesta de una nueva ley del un Consejo, tomando en cuenta que, en el pasado, este fue totalmente nefasto para la vida del país cuando fue liderado por el expresidente Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado por narcotráfico en EE. UU.
Salomón distingue entre quiénes deben integrar formalmente el Consejo y quiénes deben ejecutar las decisiones del Consejo.
En ese sentido, la socióloga expresó que es importante diferenciar que en ese Consejo están reunidas instituciones del Estado encargadas directamente de dos funciones que son básicas: una de ellas es la defensa, que es ejecutada e implementada por los militares y la otra es la seguridad, que es una función de la policía.
Además agregó que los secretarios de seguridad y defensa, que integran el Consejo en cuestión y que dictan las políticas que deben ejecutarse, deben ser estrictamente civiles. «Los secretarios de defensa y seguridad tienen que ser civiles, pero superando la idea del pasado de que ponían a un civil y terminaba siendo un mandadero de los militares ante la presidencia de la República. El ministro de Defensa puede llevar a cualquiera, si se va a tratar un tema que tiene que ver con Fuerza Aérea, con Fuerza Naval o con el Ejército. Al igual que el secretario de Seguridad, que puede llevar a cualquiera de los jefes de policía cuando se va a tocar un tema que tiene que ver con sus potestades», señaló.
La diputada Ligia Ramos expuso que si bien es cierto la propuesta llegó del Gobierno del partido Libre, con el cual su partido Salvador de Honduras mantiene una alianza, su bancada consideró inconveniente aprobar esta ley sin hacer mayores análisis.
«Creemos que ellos tenían urgencia por algunos temas de seguridad, entendemos la urgencia que tenían, sin embargo, no podíamos ser irresponsables en venir y aprobar con dispensa de debates una ley que no conocíamos», sostuvo Ramos.
La diputada expresó que investigaron el proyecto de ley y revisaron otros consejos nacionales de seguridad y encontraron que la propuesta enviada por el Ejecutivo presenta una similitud de un 61% con la ley que tiene México. «Y no es que esté malo, ¿verdad?, sino que, si no adecuamos estas leyes a nuestra realidad, a nuestra Constitución, a nuestras instituciones, a nuestras leyes secundarias, entonces entraremos en choque y en conflicto».
Recordá que podrás participar con tus preguntas y comentarios. ¡Te esperamos! https://t.co/SctxjNady1
— Contracorriente (@ContraC_HN) September 2, 2022
Además, agregó que en Honduras hay infiltración del narcotráfico en las secretarías de seguridad y de defensa. «Hay una preocupación por la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado dentro de las instituciones, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero creemos que tiene que haber un mecanismo aparte para hacer una depuración en cuanto a esa situación, no podemos lesionar la parte técnica» dijo Ramos.
La diputada agregó que hay que estudiar si esta ley lesiona e interfiere con otras leyes ya establecidas y puso como ejemplo la parte de la clasificación de información que contiene la propuesta de la nueva Ley, que, según ella, debe analizarse porque puede vulnerar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
«Nosotros pensamos que no es conveniente duplicar esas funciones, se debe de preservar la ley de transparencia y acceso a la información y respetar los mecanismos», expuso.
Al respecto, la socióloga Leticia Salomón expresó que «debemos estar claros en un punto, que el desconocimiento que hay sobre el tema de defensa y seguridad hace que muchas personas opinen sin enterarse. Por ejemplo, hay muchos temas, muchos aspectos, relacionados con defensa y seguridad que tienen que ser cubiertos por una cuestión de confidencialidad y esto no significa entonces aplicación de ley secretos».
La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) hizo un análisis comparativo e indicó haber encontrado potenciales riesgos en el proyecto de Ley de Defensa y Seguridad Nacional y, por lo tanto, recomendó asesoría de expertos y de organismos especializados.
«Entre los riesgos identificados está el uso de términos ambiguos que pueden quedar a la libre interpretación según vaivenes políticos y otorgar intervención ilimitada al Poder Ejecutivo», indica el análisis de ASJ.
Al respecto, Leticia Salomón expresó que existe «un afán extraño, entre comillas, de buscarle similitud a esta ley con las leyes de otros países, pero no de cualquier país, específicamente de México, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Los consejos de defensa y seguridad están prácticamente en todos los países, o sea, no es una iniciativa de países de izquierda o países de una nueva izquierda o países comunistas».
La socióloga recalcó que el análisis de ASJ y la propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) han ofrecido al Congreso Nacional «asesores legales especiales, porque dicen que ellos han estudiado el mismo Consejo en México, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Entonces ven ustedes cómo se le salen los fantasmas que les recorre la mente a muchas personas con un anticomunismo ya desfasado y pensando que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un problema que compete directamente a países de izquierda y no a todos los países de la región».
Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), invocó el mandato constitucional del artículo 287 de la Constitución de la República, cuyo contenido expresamente manifiesta: «Créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; una ley especial regulará su organización y funcionamiento» (Resaltado en negrilla es nuestro).
Solórzano reconoció que es evidente que tiene que existir un CNDS, pero afirmó que ese artículo se limita a «crear una ley de organización y funcionamiento del Consejo, ¿cuál es el problema que existe con el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo?, que no es una ley de cómo se organiza y funciona el Consejo propiamente, lo incluye, es verdad, pero incorpora otros elementos que no pertenecen al mandato constitucional».
«Es ahí es donde se comienzan a incorporar aspectos de otras normativas, como por ejemplo, la de México, llamada Ley de Seguridad Nacional en donde se incorporan elementos ya no propiamente del funcionamiento de un órgano, sino que también nuevos elementos, como decimos nosotros los abogados, de carácter sustantivo o de nuevas normativas en materia de seguridad», explicó Solórzano.
«¿Qué quiere el Poder Ejecutivo? ¿Una nueva ley de seguridad que al mismo tiempo regule el funcionamiento del Consejo o regular el funcionamiento del Consejo?, porque el debate se ha concentrado en quiénes iban a integrar el Consejo, pero no nos fuimos a esta parte, que es en realidad lo toral, la incorporación de amenazas, por ejemplo, el tema de que el mismo Consejo tenga la capacidad de investigación y de incluso poder tomar decisiones que, por su naturaleza, le corresponden al Ministerio Público como competencia exclusiva de investigador y conocedor del ejercicio de la acción pública», agregó el asesor del Cohep.
En debate integración del CNDS: familiares de la presidenta y altos mandos de las FF. AA.
Durante el último Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, hubo tres familiares de la presidenta Xiomara Castro: su esposo, uno de sus hijos y su sobrino. De esos tres, solamente uno tiene rango de secretario de Estado, el abogado José Manuel Zelaya Rosales, quien fue nombrado como secretario de Defensa y está bajo las órdenes de la presidenta Xiomara Castro.
La congresista Ligia Ramos dijo que existe una preocupación en toda la sociedad por el nombramiento de parientes en el Gobierno de Xiomara Castro. «La persona que está ahorita nombrada como secretario de defensa es el sobrino político de ella, y es el hijo del Secretario General del Congreso de la República [Carlos Zelaya] . Yo sé que es un tema sensible ese, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Tenemos también un retroceso en el nombramiento de los secretarios de Estado, que no son técnicos ni manejan el tema de seguridad ni defensa», dijo la diputada Ramos.
Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep, expuso que, desde el punto de vista constitucional, el tema de seguridad y defensa debe ser liderado por la presidenta de la República. Sin embargo, afirmó que no es correcto que quede «esa arbitrariedad para que se pueda estar llamando a cualquiera para que integre el Consejo. Debe quedar claramente estructurado quiénes lo pueden integrar, ya sea cualquier otro órgano e incluso otro poder del Estado, que puedan ser convocados con voz pero sin voto. Eso debe dejarse muy claro».
Solórzano añadió que quienes integren el Consejo deben también cumplir con requisitos y una serie de inhabilidades, porque «ahí se tratan temas de seguridad nacional, que no pueden filtrarse sino a través de los canales correspondientes».
«Entendemos la confianza que existe con el asesor presidencial [el expresidente Zelaya], con el hijo de la presidenta [Héctor Zelaya)], pero no es algo que se puede estar abriendo a todo el mundo. Son temas de Estado y hay que tratarlos de esta manera […] tienen que ser personas involucradas en esa temática de seguridad y si no está involucrado con esa temática no debería de participar» agregó el profesional del derecho.
Leticia Salomón, por su parte, afirmó que ella no defiende pero tampoco cuestiona al ministro de Defensa, pues para ella es un ministro como cualquier otro. «Si usted quiere, a mí no me gusta que sea pariente, aunque sea lejísimos de la presidenta de la República, pero en realidad es una potestad de la presidenta y es una decisión legal».
Además, Salomón expuso que hay que ponerle atención a un asunto de fondo: «Argumentar que hay que ponerle a un militar porque el ministro de Defensa no sabe nada sobre el tema, es un asunto sumamente peligroso y eso me huele a mí a puro argumento de los militares que están utilizando a sus peones dentro del Congreso nacional para que ellos sean los que planteen las cosas y ellos vuelvan a figurar en el centro de la actividad política en el país, de donde se pretende que salgan porque no es un asunto de su competencia», dijo.
El pasado 30 de agosto, dos días antes de que la presidenta Xiomara Castro se reuniera con el Consejo, el Partido Liberal –liderado por el expresidenciable Yani Rosenthal, quien estuvo tres años encarcelado en EE.UU. por lavado de activos derivados del narcotráfico- presentó una propuesta para introducirla en el Proyecto de Ley para la conformación del nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CDSN) y anunció que esperará el tercer debate de la iniciativa que se discute para introducir dichos cambios.
Entre los cambios propuestos por el Partido Liberal está que se incluya como integrante al jefe del Estado Mayor Conjunto en el nuevo CDSN, que se excluya al Procurador y se agreguen más requisitos para el Secretario Ejecutivo. Además pedirán que se introduzca una cláusula que prohíba el «espionaje político».
1/2 El @PLHonduras informó que terminó de elaborar un Proyecto de Ley para la conformación del nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CDSN) y explicó que esperará el tercer debate de la iniciativa que se discute en el @Congreso_HND para introducir los cambios. pic.twitter.com/2tvlgbyhi6
— Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) August 30, 2022
La socióloga Leticia Salomón afirmó que lo propuesto por el Partido Liberal es «sumamente peligroso para el país» y agregó que «es una cuestión tan descabellada que solamente puede explicarse por la ignorancia de muchos congresistas liberales con respecto a ese tema».
Ligia Ramos argumentó estar de acuerdo con Leticia Salomón en que involucrar al Ejército es un retroceso. «Más cuando hemos pasado por un golpe de Estado, por el irrespeto a los derechos humanos, violación a los derechos humanos, etcétera. Sin embargo, yo entiendo cómo está la ley actual, que el Consejo Nacional de seguridad precisamente es un órgano técnico consultivo de la presidenta y que ella es la que toma las decisiones. El problema es que tenemos también un retroceso en el nombramiento de los secretarios de Estado. No son técnicos ni manejan el tema de seguridad ni defensa».
La socióloga Leticia Salomón planteó que los ministros no tienen necesariamente que ser especialistas en defensa. «Con todo el perdón de la doctora Ligia, le voy a decir que ni en nuestro país ni en otro lado se colocan ministros que son expertos en los temas para los cuales los colocan ahí […] si Honduras tiene un problema de enfrentar amenazas a la soberanía e integridad territorial, no es poner al ministro para que él diseñe cuál es la estrategia para enfrentar una amenaza de El Salvador o de Nicaragua, o de donde sea, los ministros no están para eso, los ministros están para convocar a las personas y decirles: esto es lo que nos plantea la presidenta de la República, diseñen ustedes una estrategia militar para enfrentar esa amenaza, para que la podamos discutir».
Contracorriente le consultó a Solórzano si ve correcta la propuesta del Partido Liberal de integrar al jefe del Estado Mayor Conjunto con voz y voto dentro del Consejo. Solórzano respondió que sí, pues a su juicio el Jefe de Estado Mayor Conjunto forma parte de la seguridad y defensa porque recibe instrucciones directas del comandante en jefe de las FF. AA, en este caso ahora doña Xiomara, quien ejerce la titularidad del Ejecutivo.
«Nosotros lo vemos acertado [la inclusión de las FF. AA. en el Consejo]. Si vamos a tener a la gente de la Secretaría de Seguridad, si vamos a tener al ministro de Defensa, que en este momento es un civil, sería importante también conocer la perspectiva del representante de las FF. AA., si no se le incorpora se le puede estar convocando para que sea voz también dentro del Consejo, pero ya esa va a ser una decisión del Poder Legislativo, pero hay que tener claro de que la atribución en cuanto a la seguridad y la defensa la tiene el Poder Ejecutivo y se complementa, en algunos casos, con el Congreso Nacional», expresó Solórzano.
Las potestades que tendrá el Secretario Ejecutivo en el CNDS
La nueva propuesta propone retirar del Consejo a los presidentes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, pues la ley vigente le da amplios poderes al Ejecutivo y subordina a los poderes Legislativo y Judicial, además coopta al Ministerio Público.
De aprobarse la ley tal y como está propuesta, el Consejo seguirá siendo presidido por la presidenta Xiomara Castro, sin embargo, se establece que ella será «asistida por un Secretario Ejecutivo y su Secretario Adjunto».
«El Secretario Ejecutivo del Consejo y el Secretario Adjunto del mismo, serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo, dependerán directamente de ella, contarán con un equipo técnico especializado y un presupuesto asignado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República», explica el dictamen.
El abogado Joaquín Mejía hizo énfasis, durante el Space de Contracorriente, en que es necesario –aparte de los ministros que integran el Consejo- que existan requisitos mínimos para contar con personas que se acerquen a un perfil ideal para integrar el Consejo Nacional. Esto porque la ley a aprobarse introduce las figuras de Secretario Ejecutivo y Secretario Adjunto para que acompañen a la Presidencia.
«Lo anterior, particularmente en lo que respecta con la persona que ejerce la Secretaría Ejecutiva del Consejo y también de la Secretaría Adjunta, porque cuando uno ve la ley uno se da cuenta que tiene una serie de atribuciones que son bastante importantes, lo hace bajo el mandato del Consejo y particularmente a la presidente de la República», expuso.
El diputado Ramón Barrios afirmó que «hay consenso, hasta donde van las pláticas, en que vamos a recortar algunas funciones que tiene el Secretario General, que ya han tenido controversia».
Según la propuesta del Ejecutivo para una nueva ley, el Consejo quedaría integrado por la presidenta Xiomara Castro, quien lo presidirá acompañada de dos secretarios (que todavía no se designan); por el ministro de Defensa, su sobrino, Manuel Zelaya; el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón; las secretarías que serán novedad dentro del Consejo están representadas por el ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; el de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina y, finalmente, el Procurador General de la República (PGR), Manuel Antonio Díaz Galeas.
Leticia Salomón argumentó que el Secretario Ejecutivo debe ser «estrictamente técnico, tramitador, instancia que canaliza las propuestas de los que integran el Consejo ante la presidencia de la República. No debe de tener poder político la persona que ocupe ese cargo».
«En ese cargo no debe estar una persona con poder ni capaz de decidir al interior del Consejo al que entra, sobre la agenda, porque se le antojó a él. Esos son temas que deben decidir los integrantes del Consejo, que son los ministros. El secretario de ese Consejo no tiene rango de ministro, por lo tanto, es una persona que debe estar allí como instancia de trámite, de organización, de seguimiento de comunicación», agregó la socióloga.
El abogado Solórzano, por su parte, subrayó que es llamativo que para el nombramiento del Secretario Ejecutivo no hay requisitos que deban cumplir las personas que sean nombradas, como por ejemplo «ser expertos en materia de seguridad, ser alguien con cierto nivel de experiencia o acreditar conocimientos en la temática. No existe ningún tipo de título o inhabilidades, de que posiblemente hayan sido acusados de algo. Todos estos aspectos nos llaman la atención».
El Secretario Ejecutivo, aparte de las 17 funciones que le otorga el artículo 13 de la propuesta de Ley, también cumple con otras asignaciones, entre las que destacan lo estipulado en el artículo 10, que señala que «acuerdos de Nombramiento serán refrendados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad».
Los polémicos nuevos miembros del Consejo: Canciller, ministro de Gobernación y titular de la PGR
El diputado Barrios agregó que él mismo tiene algunas observaciones e interrogantes sobre la nueva integración del CNDS. «A mí todavía nadie me explica ¿por qué la figura del Procurador General de la República es importante que esté en esa nueva Ley del Consejo?» cuestionó.
Barrios enfatizó en que la figura del Procurador General de la República es la de ser el asesor legal del Estado: «no le encuentro una función, no la explica muy bien [el dictamen de] la ley, ¿por qué tiene que ser parte del Consejo Nacional de Defensa? Si llego a tener una respuesta favorable no lo voy a seguir cuestionando».
El titular de la PGR no está bajo las órdenes de la presidenta Xiomara Castro, pues este no es un funcionario nombrado por ella, ni ella tiene potestad para removerlo. En Honduras, este cargo es responsabilidad del Congreso Nacional, que lo escoge siguiendo un protocolo similar a la selección del Fiscal General.
En febrero del presente año, el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas fue escogido por el actual Congreso que preside Luis Redondo violentando la Constitución de la República, pues este no cumplía (ni tampoco el subprocurador Tomás Andrade Rodas), con el requisito constitucional de ser notario debidamente colegiado.
Además, tanto el nombramiento del procurador como el del subprocurador se hicieron cuatro meses antes de que la procuradora Estela Cardona terminara su período en el mes de junio.
El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, recibió la visita de cortesía del Embajador de Guatemala en Honduras, Eduardo Antonio Escobedo Sanabria, quienes mostraron su disposición por fortalecer los lazos de hermandad. pic.twitter.com/aAUSqmSb7o
— Gobernación, Justicia y Descentralización (@sgjd_honduras) August 30, 2022
El procurador general nombrado por el nuevo gobierno, Manuel Antonio Díaz Galeas, formó parte del bufete privado del abogado Rassel Tomé, uno de los hombres más leales al partido Libre, quien es el actual vicepresidente del Congreso Nacional y que está incluido en la Lista Engel de los Estados Unidos.
Sobre la inclusión de los secretarios de Gobernación y Justicia, así como del Canciller de la República, el diputado Barrios argumentó que en ambos casos lo ve correcto. El primero, porque «Gobernación y Justicia ejecuta programas de emergencia que tienen que ver con la seguridad al interior, es el equivalente en otros países al secretario de interior».
En cuanto al papel que cumple el Canciller hondureño, que en los últimos años ha jugado un papel relevante al recibir las solicitudes de extradición del Gobierno de Estados Unidos, Barrios dijo que «Es correcto, si va a estar el secretario del interior, que es el equivalente a Gobernación y Justicia, también tiene que estar el secretario de relaciones exteriores, ¿por qué?, porque hay decisiones que hay que tomar. Ellos ejecutan la política de seguridad y de defensa con los demás países. A mí me gusta que esté el secretario de exteriores».
El abogado Joaquín Mejía afirmó que en ese Consejo podrían estar aquellos órganos que tienen alguna vinculación con defensa y seguridad del Estado. «Hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que maneja, por ejemplo, las relaciones en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos a través de un convenio. Ahora el tema de las relaciones exteriores es un asunto de seguridad nacional, un asunto toral, sobre todo después de septiembre 11».
Los cancilleres en Honduras juegan un papel esencial en materia de defensa y seguridad pues son los primeros en enterarse de las solicitudes de extradición de hondureños hacia otros países.
Eduardo Enrique Reina, el 27 de enero pasado, el día de la toma de posesión de Xiomara Castro, renunció a su cargo como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para asumir el cargo como Canciller de la República.
Semanas más tarde, la Cancillería de Honduras a cargo de Reina informó que había remitido a la Corte Suprema de Justicia comunicación oficial de la Embajada de los EEUU en donde se solicitaba formalmente el arresto provisional de «un político hondureño» para ser extraditado a Estados Unidos. Horas después se oficializó que ese político era el expresidente Juan Orlando Hernández.
Aunque Mejía dijo no ver con extrañeza la integración de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Consejo, sí cuestionó la razón de la inclusión del Procurador General porque, a su criterio, «hay que recordar que, a diferencia de otros países, en Honduras está el fiscal General del Estado, que es el que representa los intereses de la sociedad y, por el otro lado, está la Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado».
«Errores» y más puntos polémicos del dictamen enviado por el Ejecutivo
El artículo 10 de la propuesta de Ley es visto con preocupación por algunos sectores de las FF. AA. Y es que dicho artículo, a criterio de algunos oficiales militares en condición de retiro, subordina a todos los órganos de defensa y seguridad, no solamente a la Presidenta (como constitucionalmente es aceptado) sino que también los somete al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
La primera parte del artículo 10 establece que «todos los órganos y entidades de defensa y seguridad del Estado, están bajo subordinación del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad» (Resaltado en negrilla es nuestro).
El general en condición de retiro de las FF. AA, Isaías Barahona, dijo a la radiodifusora HRN que la comandante de las FF. AA es la presidenta, pero que en la propuesta de ley le condicionan a la propia presidenta esa autoridad y se la comparten con el CNDS.
«No hay duda de que existe un quebrantamiento del orden constitucional así como está propuesto, porque, según leo, en el artículo 10, está poniendo al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como parte de la autoridad de la Presidenta y no es cierto. Ya están condicionando la autoridad del Presidente de la República frente al Consejo. El Consejo no tiene autoridad ejecutiva, en ningún caso, en ningún caso, solo tiene la coordinación para ser asesores, pero la toma de decisiones sigue siendo exclusiva de la figura del Presidente de la República directamente a través de los Secretarios de Estado o [de la Presidenta] directamente a través del Jefe de Estado Mayor Conjunto, que es quien la va a ejecutar. En el caso de la Policía es el mismo esquema», expresó el general Isaías Barahona.
El pasado jueves, mientras el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa se reunía a puerta cerrada, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza –beneficiado por una amnistía que lo liberó de la responsabilidad por el saqueo de 40 millones de lempiras en efectivo del Banco Central de Honduras- afirmó en conferencia de prensa que la conformación de este Consejo traerá seguridad a la población hondureña.
«Había unos errores y situaciones que eran necesarias socializar. No tenemos duda de que, luego de que el Congreso Nacional escuchara las observaciones y aportes, esa Ley va a ser finalmente aprobada», afirmó Enrique Flores Lanza sobre la propuesta de Ley de Seguridad.
#ActualidadCC | Mientras el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa se reúne a puerta cerrada, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza asegura que la conformación de este Consejo traerá seguridad a la población hondureña. pic.twitter.com/OXoJfdUfjJ
— Contracorriente (@ContraC_HN) September 1, 2022
Ramón Barrios explicó que el dictamen enviado por el Ejecutivo contenía «errores en algunas situaciones como la línea de sucesión de la Policía Nacional».
El dictamen de la ley, entre otras cosas, deroga el artículo 12 de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que el Director Nacional y Director Nacional Adjunto de la DNII «durarán en sus cargos por un período de 5 años, pudiendo ser reelectos por el CNDS».
El dictamen también deroga el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, el cual hace referencia a que el «Director y Subdirector General de la Policía Nacional son seleccionados tomando en consideración la antigüedad en el grado, tiempo de servicio y los méritos profesionales, que son calificados en base a las competencias demostrables y pueden desempeñarse en el cargo hasta tres (3) años».
Además se pidió derogar el artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Emergencia (911), publicada en el Diario Oficial La Gaceta el lunes 2 de agosto de 2021, el cual hace referencia a las facultades que ostenta la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias.
El asesor del Cohep, Solórzano, se mostró en contra de estas reformas porque, según él, es negativo que se quiten «los requisitos para ser Director Nacional de la Policía, Director Nacional de Inteligencia, contrainteligencia, que quiten al representante del 911, entre otros casos que son importantes también. Nosotros en esos casos no estamos de acuerdo, porque para poder ocupar estos cargos tan delicados las personas tienen que acreditar conocimientos, experiencia y también una trayectoria intachable que no genere ningún tipo de inhabilidades al respecto».
Y es que el artículo 10, ampliamente cuestionado, también establece que los titulares de los siguientes órganos «serán de libre nombramiento y remoción del titular de Poder Ejecutivo» y que sus acuerdos de nombramiento serán refrendados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Resaltado en negrilla es nuestro):
- Director y Director adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
- Director General y Sub-Director de la Policía Nacional
- Director General y Sub-Director de la Policía Militar y del Orden Público
- Director y Sub-Director del Sistema Nacional de Emergencia 911
- Director y Sub-Director del Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI).
El proceso de desmilitarización y el CNDS
Para el abogado, Joaquín Mejía, es necesario desarticular de manera inmediata a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) que él define como el brazo operativo del CNDS en los territorios.
«Fusina es coordinada por un militar y, bajo ese militar, operan policías militares, policías nacionales, fiscales de jurisdicción nacional y jueces de jurisdicción nacional y lo peor, es que el Poder Legislativo y el Ministerio Público quedaron totalmente subordinados a él», aseguró Mejía.
Para Mejía es preocupante que el CNDS -como fue utilizado durante la administración de Juan Orlando Hernández- representa el espacio de poder de decisión sobre temas vinculados a defensa y seguridad y además «decidían sobre muchísimas otras cosas que impactan negativamente en los derechos y libertades fundamentales».
Una de las promesas de Xiomara Castro, en sus inicios de participación en política partidaria, fue que, de ser presidenta, iba a ordenar el retorno de los militares a sus cuarteles. Sin embargo, los operativos de la Policía Militar del Orden Público continúan desarrollándose en las calles.
Hace algunos meses, el secretario de Defensa, Manuel Zelaya, dijo que la PMOP iba a ser reformada con el fin de combatir el narcotráfico: «Es oportuno cambiar y dejar atrás esas épocas que una dictadura nos dejó en 12 años, pasar de la guardia pretoriana a estar al servicio del pueblo», sostuvo.
En el Complejo de #PMOP se llevo a cabo la incineración de 1,780 paquetes de clorhidrato de cocaína decomisados en nueve operaciones contra el narcotráfico realizadas por FFAA en coordinación con la ATIC en los años 2021 y 2022. pic.twitter.com/YVSrgmKBXh
— Policía Militar de Honduras (@PMOPHN) August 29, 2022
En un artículo del historiador Otto Argueta y Knut Walter, titulado: «Una institución para todo: la función política de las FF. AA. en Honduras», se establece que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) —el brazo policial de las FF. AA.— fue parte de la fuerza de choque frente a diferentes manifestaciones de descontento de la población, sobre todo protestas por hambre. «Adicionalmente, las FF. AA. han tenido un rol protagónico en asuntos de atención de la pandemia, por ejemplo, un general de brigada es la cabeza de la junta interventora más importante en estos momentos, tras los escándalos de corrupción de la institución de Gobierno con más presupuesto ejecutado en la emergencia sanitaria».
El artículo antes mencionado también detalla que »la política interagencial de seguridad se profundizó en el segundo período de Juan Orlando Hernández. En 2018 fue reformada la Fuerza Nacional Antiextorsión que pasó a ser la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, FNAMP, la cual forma parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Una de las características de esa política es la compartimentación administrativa que se traduce en un complejo entramado burocrático que imposibilita cualquier esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas sobre los fondos públicos utilizados y las responsabilidades legales que esas fuerzas tienen».
Juan Orlando Hernández y la instrumentalización del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
Durante la administración de Juan Orlando Hernández hubo cinco leyes que fueron instrumentalizadas al servicio de una autocracia y que, durante su campaña, la presidenta Castro prometió derogar: la ley del CNDS, la ley de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la Ley de Escuchas Telefónicas, la Ley de la Tasa de Seguridad y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, también conocida como La Ley de Secretos.
Actualmente, solamente la Ley de secretos ha sido derogada por el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo.
En el pasado, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad fue utilizado por el expresidente Juan Orlando Hernández para convocar de forma extraordinaria e interferir en asuntos judiciales.
Honduras fue convertido en un narcoestado por el expresidente Hernández, quien involucró a una red de militares, policías, empresarios y funcionarios de su propio Gobierno en la narcoactividad, esto según acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
En una ocasión, el exmandatario Hernández, quien ahora es juzgado en Nueva York por delitos de narcotráfico, convocó a una reunión de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para mostrarles su preocupación ante la «posibilidad» de que el Gobierno de Honduras pudiera perder la cooperación de Estados Unidos.
"Como parte de esta lucha por la paz, en Consejo de Defensa y Seguridad designamos a Hezbolá como grupo terrorista internacional"
— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) January 25, 2020
Presidente de la República Juan Orlando Hernández pic.twitter.com/3zPIjgdSHF
Hernández estaba preocupado debido a los testimonios y la presión de senadores estadounidenses que lo acusaban a él, como persona natural, de ser un narcotraficante a gran escala.
El expresidente Hernández buscó en ese Consejo hacer creer que las acusaciones contra él eran también contra el Estado de Honduras. La presión internacional –por ejemplo la que ejerció la congresista Norma Torres– logró que, una vez fuera del poder, el expresidente fuera extraditado a los Estados Unidos.
El Consejo Nacional de Defensa fue puesto en marcha por primera vez tras aprobarse el Decreto núm. 239-2011, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, amparándose en el artículo 287 de la Constitución de la República.
Las experiencias de tener en este Consejo a actores claves, como el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y el presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, ambos acusados de ser aliados de Juan Orlando Hernández, han sido desastrosas.
El Fiscal General –presente durante la reunión del jueves con Xiomara Castro- nunca presentó acusaciones en contra del expresidente Hernández, ni siquiera para interrogarlo por las acusaciones de narcotráfico y tampoco lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, también presente en la reunión con Xiomara.
Horas antes de que Rolando Argueta Pérez atendiera la segunda convocatoria de Xiomara Castro y confirmara su participación, este dejó entrever su postura ante una eventual instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH).
«Los acompañamientos extranjeros son válidos e importantes, pero no para que vengan a infringir la soberanía, independencia y autodeterminación, porque aquí solo falta que venga otro presidente; para eso mejor entreguemos el país»,reveló Argueta Pérez a Radio América.
Rolando Argueta, en una ocasión, permitió que Juan Orlando Hernández, cuando estaba en la audiencia de extradición, se sentara en la silla de Magistrado Presidente para grabar un video justificándose y despidiéndose de su gente.
Ramón Barrios opinó que por esa razón es necesario aprobar la nueva ley: «Estamos discutiendo en este momento y la virtud principal que tiene esta ley es precisamente que elimina a otros poderes del Estado, así como la figura del Fiscal General, ya no estará ni el Presidente del Congreso Nacional ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia».
«La ley vigente viola la separación de poderes. Por eso yo había aconsejado a Xiomara Castro que no lo hiciera, que no se reuniera [convocando con ley actual]», agregó Barrios.
