Así es el debate sobre una ley de extradición en Honduras

nueva ley de extradición en Honduras

El pasado miércoles de ceniza –en el que los funcionarios de gobierno realizan el rito religioso como si fuera parte de la agenda estatal– la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel, se refirió a la posibilidad de reglamentar la extradición, que en el país funciona a través de un auto acordado. Fue el primer tema al que se refirió como titular de ese poder del Estado ante la prensa. La CSJ informó que están revisando 32 solicitudes de extradición que dejó la administración pasada; mientras tanto, algunos de los actuales congresistas están de acuerdo en discutir y aprobar una ley de extradición que sustituya el auto acordado, lo cual es visto por analistas como una jugada peligrosa de quienes están buscando protegerse.


Texto: Leonardo Aguilar
Con colaboración de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Apenas habían pasado seis días desde que Rebeca Ráquel había sido designada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando el pasado 22 de febrero, la alta magistrada se dirigió a la prensa junto a sus compañeros del pleno de la Corte. Luciendo una cruz de ceniza en su frente tras haber participado en el acto litúrgico del inicio de la Cuaresma, afirmó que «si se quiere reglamentar para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley, tendrán que tener ustedes un poquito de paciencia».

Lo anterior desató un debate que había estado enterrado desde la crisis producida por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, cuando el diputado Jorge Cálix del Partido Libre propuso crear una ley de extradición. Abrirlo ahora le parece incomprensible a personas como Hilda Caldera, socióloga venezolana y viuda de Alfredo Landaverde, destacado coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, quien fue asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa. Landaverde, antes de ser ejecutado, denunció públicamente que 14 empresarios de Honduras estaban lavando dinero del narcotráfico con la complicidad del Gobierno, agregaba además que esa información estaba en manos del fiscal general, del jefe de la Policía y de las FF. AA.

Más de una década después de asesinato de Landaverde, Hilda Caldera aseguró que simplemente no entiende que la intención de reglamentar la extradición sea uno de los primeros puntos en agenda de la alta magistrada, pues —según Hilda—, gracias al auto acordado, Honduras ha podido extraditar con éxito a 36 personas, la mayoría hondureños acusados por narcotráfico. 

Hilda agregó que antes del asesinato de su esposo «aquí se movía tranquilamente la droga y a nadie extraditaban, entonces, no sé cuál es el sentido oculto, ¿qué es lo que está detrás? [de la propuesta de hacer una ley de extradiciones]».

«No entiendo qué impedimento están teniendo las extradiciones con el auto acordado. A raíz de la muerte de mi esposo empezaron las extradiciones en el país. Alfredo Landaverde marcó un hito, porque enseguida lo asesinaron a él empezaron las extradiciones», añadió Caldera.

De la época de Matta Ballesteros al auto acordado

Las extradiciones de hondureños hacia los Estados Unidos no son nuevas, ni tampoco las discusiones sobre los marcos jurídicos que las regulan. El tema tuvo su mayor auge cuando, a mediados de los años 80, el narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros comenzó a hacerse notar y a influir impunemente en la política hondureña.

Informes de la época señalan que Ballesteros llegó a reunirse en fiestas con políticos hondureños, militares, altas autoridades de la Policía y Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se relacionó hasta con agencias de seguridad norteamericanas. No obstante, en abril de 1988 en Tegucigalpa y, sin tratado de extradición, Matta Ballesteros fue sacado del país y encarcelado en Estados Unidos (EE. UU.), acusado de secuestro, asesinato y narcotráfico.

Antes y después de Matta Ballesteros en Honduras no ha existido un marco jurídico ni una robusta institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico dentro del país. La alternativa de Honduras ha sido apegarse al auto acordado de extradición publicado el año 2013.

A pesar de lo anterior, operadores de justicia, como el Ministerio Público, Policía Nacional y Corte Suprema de Justicia, fueron medianamente fortalecidos a mediados de los años 90, pero estos esfuerzos se vinieron abajo tras el golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009). 

Tras el golpe de Estado de 2009, el poder político de entonces, representado por Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, otorgó un enorme protagonismo a las FF. AA., debilitó a los operadores de justicia y, según lo expresado por algunos fiscales estadounidenses durante juicios en aquel país, convirtió a Honduras en un narcoestado.

En enero de 2012, Honduras reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición, lo que activó el convenio entre Honduras y EE. UU. suscrito a principios del siglo XX. Eso permitió que 10 años después de la reforma constitucional —en abril de 2022—, una treintena de hondureños, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, se contaran entre los extraditados a EE.UU. por cargos de narcotráfico.

Los magistrados de las distintas administraciones de la Corte Suprema de Justicia procesan las extradiciones a través de un auto acordado, el cual consta de tres páginas y ocho puntos. Este fue publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial La Gaceta. El auto acordado, aprobado por la CSJ, detalla el procedimiento a seguir para las extradiciones.

El artículo 150 del Código Procesal Penal de Honduras resalta la importancia de los tratados internacionales suscritos, al indicar que la extradición «se regirá por lo establecido en los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país».

¿Quiénes se intentan proteger?

Hilda Caldera dijo que la Corte actual perfectamente puede enfocarse en otros temas importantes que afectan a la mayoría de la población, como la mora judicial, y no estar priorizando temas que preocupan a una minoría de políticos.

«No entiendo que esta haya sido una de las primeras acciones de la magistrada presidenta de la CSJ, yo creo que más bien ella debería revisar cuáles son los vacíos que tiene el sistema de Justicia, que son demasiados, la mora judicial es alta. Hay gente a la que hace falta procesar, creo que no están enfocándose en lo esencial sino en lo que le puede interesar a los actuales mandatarios, no sé a quién quieren cubrir o a quién le quieren dar algún tipo de protección, no lo sé», mencionó Caldera.

El 28 de febrero, seis días después de la conferencia de prensa de Rebeca Ráquel, el Pleno de Magistrados de la Corte designó a los magistrados que conocerán al menos 32 solicitudes de extradición que aún están pendientes de ejecución.

Diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión Especial de Extradición y también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso Nacional durante una sesión en el Congreso Nacional. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

El diputado nacionalista Francisco Lópezafirmó a Radio América esta semana que existen cinco diputados actuales pedidos en extradición por los EE. UU. —tres de los cuales, según él, pertenecen al Partido Libre—, al tiempo que señaló que esas solicitudes fueron entregadas a la Cancillería de Honduras dos días después de que llegó la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Hasta el momento, la Cancillería no ha reaccionado y el congresista oficialista Eliud Girón le pidió a López dar a conocer los nombres.

Por sus palabras el día de la conferencia de prensa, la presidenta Ráquel dejó entrever, que existe premura en algunas personas para que se apruebe una ley de extradición en Honduras. 

Sin embargo, ante lo mediático de sus palabras y el revuelo que esto ha causado, el pasado 6 de marzo, el Poder Judicial emitió un comunicado manifestando que la Corte actual «continuará tramitando los Procesos de Extradición de conformidad con la normativa vigente a la fecha, sin dilación y con responsabilidad».

Dos propuestas para «sustituir» el auto acordado mediante una ley

Existen dos propuestas para crear una ley de extradición. Una fue enviada por el posgrado de la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de su director Odir Fernández y la otra todavía no se conoce, pero está siendo trabajada por la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional.

Hay una tercera apuesta, pero no orientada a implementar una ley de extradición, sino a que los propios magistrados de la CSJ reformen el auto acordado. El Partido Nacional emitió un comunicado en el que rechazan que, en este momento, se implemente una ley o se reforme el auto acordado. 

Cabe señalar que los máximos exponentes del Partido Nacional han sido extraditados o procesados por corrupción y/o por narcotráfico en EE. UU., como el expresidente Juan Orlando y su hermano, exdiputado nacionalista, Antonio «Tony» Hernández. También fue procesado en aquel país, aunque en otro proceso, el expresidente ya fallecido Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).

El exfiscal general y actual Secretario de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, repudió la propuesta enviada por Odir Fernández y dijo que esta debió haber pasado por la Rectoría de la Unah y que no debió ser publicada en este momento tan delicado porque «no es conveniente» ya que «facilita a diputados delincuentes, criminales, que han estado dañando a este país[…] vinculados al narcotráfico» para que «manipulen» y «manoseen» ese proyecto de ley y que no lo aprueben tal y como ellos lo manden, expresó en el programa de debate 30/30, el cual se transmite por Televicentro.

Odir Fernández —reconocido doctor en derecho, catedrático de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y exjefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)— hizo pública una propuesta. La puso incluso en su cuenta de Twitter.

La propuesta de Odir Fernández expone ocho casos en los que «no procede la extradición» según el artículo 5 de dicha propuesta, de los cuales se destaca dos, «cuando los delitos hayan sido cometidos en perjuicio del Estado de Honduras o en un lugar en donde éste ejerza su jurisdicción» y «cuando como consecuencia del proceso en que se juzgan los mismos, se haya dictado sentencia absolutoria, otorgado indulto, amnistía o se haya cumplido la condena impuesta». 

Algunos expertos coinciden y han cuestionado que esta propuesta pone plazos fatales, y períodos cortísimos que «benefician» únicamente a los extraditables, pues obligan a los estados requirentes y a la Policía Nacional a actuar a contrarreloj y en el caso de que uno de los términos no se cumpla en el plazo establecido, los extraditables pueden quedar libres aunque la extradición sea procedente.

En el Congreso Nacional existe desde el 2022 una Comisión Especial de Extradición presidida por el congresista Ramón Enrique Barrios. Esta comisión está integrada también por Maribel Espinoza, Jari Dixon, Silvia Ayala, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza.

Contracorriente contactó a la mayoría de estos congresistas, pero no obtuvimos respuesta. 

Sin embargo, estos diputados han dado a conocer en redes sociales que existen posiciones encontradas entre los que integran esta comisión sobre la posibilidad de implementar una ley de extradición. 

La diputada Maribel Espinoza exteriorizó su preocupación en su cuenta de Twitter afirmando que «manosear» la extradición sólo puede significar que existen «intereses para favorecer a posibles extraditables» y agregó que muchas extradiciones se han efectuado exitosamente con el auto acordado.

«En realidad, el procedimiento de extradición no es un juicio de juzgamiento», consideró Espinoza.

Congresistas del Partido Libre durante una sesión legislativa. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

«La extradición sólo está permitida de forma declarativa», Jorge Cálix

El diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, quien en enero del año pasado fue agredido física y verbalmente por sus correligionarios cuando asumió sin los consensos de su bancada, la presidencia de la Junta Directiva y fue nombrado presidente del Congreso Nacional, afirmó a Contracorriente estar de acuerdo con crear una ley de extradición, pero afirmó que de presentarse la moción en el Congreso Nacional no la apoyará, a menos de que sus compañeros se disculpen con él.

Jorge Cálix fue acusado en enero del año pasado de intentar bloquear las extradiciones desde el Congreso Nacional a través de una propuesta de ley.

No obstante, Jorge Cálix no ha cambiado de opinión sobre el proyecto en sí y expresó que, jurídicamente, existe la necesidad de implementar una ley de extradición, porque la extradición está permitida en la Constitución únicamente de «forma declarativa» después de que se reformara el artículo 102.

«Ahora bien —agregó Cálix— la Constitución dice que los hondureños tenemos derecho a acceder a los tribunales o que tenemos derecho a la defensa; cuando alguien me acusa tengo derecho a defenderme, pero eso no es suficiente para que yo me defienda, tiene que haber una ley procesal penal».

Cálix detalló que el auto acordado ha servido para extraditar a «más de 40 personas», pero tiene un problema y es que la Corte Suprema no puede establecer procesos judiciales. A criterio de este congresista, eso último solo lo puede hacer el Congreso.

«Si usted averigua, [el expresidente] Rafael Callejas, presentó, cuando estaba siendo solicitado en extradición, un recurso de inconstitucionalidad contra el auto acordado, precisamente porque no es ley, porque no pasa el procedimiento de ley, entonces lo que yo siempre he dicho es que el auto acordado debe de convertirse en una ley procesal para extraditar personas», manifestó.

Sin embargo, el propio Cálix manifestó estar consciente de que existen peligros con el contenido que pueda tener una ley de extradición: «hay que advertirlo, aquí hay dos temas: la ley de extradición puede servir como una herramienta procesal efectiva tanto para quien solicita la extradición como para quien se defiende de ella o también puede ser un laberinto para evitarla y es ahí donde tenemos que tener cuidado».

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Fachada de la Corte Suprema de Justicia. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

Cálix subrayó que actualmente no existen plazos para resolver las extradiciones. «Si usted revisa, hubo uno [extraditable] que quiso presentar un recurso de apelación y una juez le dio un plazo de tres horas, eso está mal. No estoy defendiendo a los extraditados, solo estoy diciendo que la ley tiene que establecer los plazos de manera clara».

Cálix adelantó que, ante el vacío actual, en cualquier momento eso puede ser usado para poner trabas en una eventual solicitud de extradición. «Alguien lo va a usar, va a decir esto es inconstitucional». Agregó que «entonces negarán la extradición, aunque la Constitución lo diga […] Juan Orlando Hernández no lo usó porque tenía mucha presión».

Cálix reveló que cuando él, en enero pasado, propuso una ley de extradición, lo acusaron «de todo» y ahora «están proponiendo» lo mismo. «Siempre le dije a mi familia que el tiempo me daría la razón. Hable usted con cualquier abogado y le va a decir jurídicamente las mismas cosas que yo le estoy diciendo. Ahora yo no lo apoyo [a este posible proyecto] porque me atacaron tanto. Hicieron tantas valoraciones injustas y ahora no voy a apoyar a menos que se retracten».

Ramón Barrios, que preside la comisión de asuntos constitucionales en el Congreso y también la comisión de extradición,dijo en el programa de debate Frente a Frente que lo que se pretende hacer es «cambiar la técnica legislativa del procedimiento para las extradiciones» para, de ese modo, «superar» el auto acordado a través de la aprobación de una ley que deberá aprobarse «estrictamente» en el Congreso Nacional de la República. Barrios prometió en dicho programa que «la parte sustantiva de la extradición va a seguir funcionando tal y como está en la Constitución de la República».

María Luisa Borjas: «En los tres partidos hay extraditables»

María Luisa Borjas, comisionada de la Policía Nacional en condición de retiro y exdirectora de Asuntos Internos de la institución armada civil, dijo que el tema en el tapete de la discusión no se da por mera casualidad y afirmó que esa fue la esa razón por que se pusieron de acuerdo los diputados para elegir la actual Corte.

Borjas dijo que hubo un pacto entre el «lado oscuro» del Partido Nacional, el «lado oscuro» del Partido Liberal y el «lado oscuro» de Libre, porque hicieron a un lado a personas bien calificadas y «escogieron a las personas que iban a hacer lo que ellos les pidieran». Y salvo escasas excepciones, consideró Borjas, «esa Corte fue electa por el tripartidismo precisamente para bloquear la extradición».

María Luisa Borjas añadió que como «en los tres partidos hay extraditables, lo que ellos quieren es complicar la figura de la extradición, porque si 36 personas han sido ya extraditadas con el auto acordado, quiere decir que funciona, que no tiene problemas, pero lo que ellos quieren es obstaculizar».

Borjas dijo estar convencida de que lo que se busca es complicar y burocratizar los procesos de extradición a fin de que esas potenciales extradiciones se prolonguen «por quién sabe cuántos años y hasta se evite en algunos casos. Como digo, en los tres partidos hay extraditables que han sido mencionados, lo que están es guardándose las espaldas».

Borjas, que conoce de temas de seguridad, detalló que las cosas en materia de seguridad siguen igual en Honduras. «En Honduras siguen las avionetas cayendo, los radares siguen apagados, sigue el contubernio de los cuerpos de seguridad del Estado en el trasiego no solo de drogas, sino que, de armas, y ahora de personas, y como que aquí fuera la continuación de la narcodictadura».

El auto acordado «es suficiente»

Aunque no hay por ahora discusiones y mociones en el Congreso Nacional, las pláticas extra legislativas para una ley de extradición son una realidad. Hay congresistas, como la diputada Ligia Ramos, que ven esta propuesta con sospecha.

Ligia Ramos le dijo a Contracorriente que el auto acordado ha funcionado desde el 2012 y con este se ha logrado extraditar a un expresidente, a alcaldes y hasta ex diputados.

«El hecho de que esta nueva Corte, durante sus primeros temas de agenda, esté tocando la reglamentación de la extradición realmente deja mucho qué pensar, más cuando ahí en esa Corte hay personas que están ligadas a la representación de narcotraficantes, como Juan Orlando Hernández, Tony Hernández y otros más. Esta es la posición mía y no de la bancada del PSH», expresó Ligia Ramos.

Ramos detalló que hay cosas más importantes para priorizar en Honduras, como la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih) y aseguró que hay que dejar, por ahora, el tema de las extradiciones «porque si ese auto acordado funciona para qué lo va a cambiar». 

Luis Daniel León, Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, coincidió con Ligia Ramos y afirmó que el auto acordado ha sido suficiente y que con este no se han violado los derechos de ninguno de los extraditados.

«Creería que algunos políticos están buscando cuidarse y ponerle obstáculos a un proceso que ha funcionado —añadió León—, porque lo que se reglamenta es una ley y este es un auto acordado, un convenio internacional de cooperación en esa materia y entonces no creo que se pueda reglamentar».

«Estados Unidos pide [personas] por crimen organizado, narcotráfico y sus vínculos, y yo entiendo, que un gran porcentaje de políticos hondureños están involucrados en estos actos y se ha dicho mucho que muchos actuales políticos, diputados y funcionarios están siendo nombrados y señalados en cortes de Estados Unidos, entonces a mí me parece que esta es una medida para protegerse», concluyó León.

Opiniones jurídicas en torno a la construcción y aprobación de una nueva ley

El jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento —sobrino de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento— se dirige a los diputados en el Congreso Nacional. Foto de archivo CC/Jorge Cabrera

El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado, experto en derecho constitucional y excandidato a magistrado de la CSJ, dijo a Contracorriente que «ese proyecto que anda circulando» está diseñado para «enredar» la extradición. (Hasta el momento la única propuesta conocida es la de Odir Fernández).

«Hay un artículo que le dice que si en 15 días no se llevan a la persona que se solicitó en extradición debe ser puesta en libertad. Entonces eso permite que la Secretaría de Seguridad o la Policía puedan hacer atrasos para que se pase el período y, por ejemplo, se venzan los 15 días y pongan en libertad a una persona que la Corte haya decretado extraditable», explicó Raúl Alvarado.

El abogado Raúl Alvarado compartió con Contracorriente su análisis jurídico y explicó elementos esenciales para que se dé una extradición en el marco del tratado suscrito por Honduras.

El primero —indicó Raúl Pineda Alvarado— es que la extradición ocurre en el marco de la reciprocidad fundamentada por delitos de naturaleza común, es decir, que para que se dé una extradición deben acreditarse los siguientes puntos: la existencia de un tratado, que la nación reclamante tenga jurisdicción para conocer del juicio, que la infracción por su gravedad justifique la entrega, que las leyes de ese país autoricen la prisión, que el delito no haya prescrito, que el reclamado no haya sido condenado por ese mismo delito y que el delito no tenga como sanción la pena de muerte.

«Esa figura nace a finales del siglo XIV y es un acto de colaboración interestatal de carácter penal administrativo. Es un procedimiento de segundo grado donde el juez de extradición solo puede verificar si la solicitud del requirente reúne los requisitos formales previstos en el tratado. [El juez de extradición] no puede en ningún caso emitir un juicio de valor sobre la existencia del delito», explicó Raúl Pineda Alvarado.

Raúl Pineda Alvarado sostuvo que el procedimiento para la extradición no tiene como finalidad «ninguna hipótesis de culpabilidad ni imponer sanciones, sino solamente hacer posible el proceso penal en otro Estado». Agregó, además, que la extradición se fundamenta doctrinariamente en que «solo puede concederse por delitos cometidos [que estén] señalados en el tratado. Debe haber doble incriminación —estableció Raúl Pineda—, es decir, debe ser delito en ambos estados. Es prohibido [también] el doble juzgamiento, es prohibida para delitos políticos y conexos y, de acuerdo con el Código Internacional de Derecho Privado, se excluyen los delitos de orden militar».

Raúl Pineda aseguró que «en el caso particular de Honduras [la extradición] solo es aplicable a delitos cometidos después del 27 de febrero de 2012 cuando entra en vigencia la trigésima segunda reforma constitucional que modifica parcialmente el artículo 102 de la Constitución de la República que mantenía el principio de no extradición de los hondureños».

El abogado René Altamirano, profesional del derecho, quien ha defendido a varios hondureños solicitados en extradición, entre los que figuran Fredy Mármol y José Miguel «Chepe» Handal, expresó a Contracorriente que lo que regula actualmente la extradición es un auto acordado que a su juicio «es ilegal porque eso solo puede hacerse con una ley procesal para la tramitación del proceso, y las leyes solo la pueden crear en el Congreso Nacional, de manera que sí creo que para efectos del Estado de Derecho es importante crear y aprobar una ley de extradición».

«El problema» con el auto acordado —dijo René Altamirano— es que es una figura para «regular actividades de orden administrativo y organizativo del Poder Judicial, pero ya para regular el procedimiento durante el proceso de un juicio solo puede ser a través de una ley procesal, que es a lo que le están llamando Ley de Extradición y eso solo lo puede aprobar el Congreso. Creo que sería un error seguir usando ese auto acordado, sobre todo porque algunas personas que salen bien libradas en Estados Unidos pueden eventualmente terminar demandando al Estado de Honduras por haberlos entregado a otro Estado de manera ilegal».

Altamirano también afirmó que existe «indefensión» durante las audiencias de extradición en Honduras ya que «Ahí hay varios problemas, en la práctica, cuando me ha tocado afrontar estas audiencias de extradición el Estado requirente, en este caso los Estados Unidos, no comparece a la audiencia, es decir, la defensa no tiene contraparte para realizar su argumentación. ¿Contra quién litiga entonces hasta este momento un defensor?, contra el juez, y nadie le gana a un juez, ahí se origina entonces una indefensión porque no hay manera de controvertir las solicitudes de extradición en las audiencias».

Altamirano agregó que hasta este momento no hay plazos «porque no hay una ley procedimental que regule la forma en cómo se va a ejecutar el proceso de extradición, de manera que hasta este momento los magistrados han estado poniendo los plazos a su gusto o de manera arbitraria».

«No tenemos ninguna controversia con el hecho de que hay un tratado, que está en vigencia y que la Constitución habilita la posibilidad de la extradición. La indefensión que se sucede es que no existe una regulación procesal para realizar los procesos de extradición y entonces el Estado de Honduras está entregando a sus ciudadanos a otro país sin verificar si el argumento es legítimo; por ejemplo, si una persona por el mismo hecho que lo pretenden enjuiciar en otro país ya fue enjuiciada aquí, en Honduras, ahí podría alegarse que no cabe la extradición», argumentó Altamirano.

El verdadero tema aquí —dijo Altamirano— es que existe temor de que se hagan «procesos largos y complicados de extradición, pero para eso entonces se requiere que haya plazos fatales en la regulación procesal y, lo principal, que los jueces cumplan los plazos, porque por ejemplo en el caso de Honduras los plazos se hacen largos no por los abogados sino por los jueces y magistrados que no cumplen los plazos».

En medio de un debate sobre la extradición hay un hecho llamativo sobre las capturas de extraditables y es que ha sido cuestionada por actores políticos la continuidad del actual Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, a quien incluso la presidenta le ha pedido resultados.

Sabillón es conocido por capturar, cuando era Director de la Policía, a los miembros del cartel Valle Valle en contra de la voluntad del expresidente Hernández, lo que le valió que permaneciera fuera de Honduras y regresara tras la entrada del nuevo Gobierno como Secretario de Seguridad. El año pasado fue él mismo quien detuvo al expresidente Juan Orlando Hernández.

Actualmente, Sabillón está siendo fuertemente cuestionado porque durante este 2023 se han registrado 9 homicidios múltiples —durante las dos últimas masacres, 16 personas han sido ejecutadas—. Esos hechos se registran a pesar de que en el país existen varios sectores con las garantías constitucionales suspendidas a través de un estado de excepción.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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Directora de Contra Corriente Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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