Honduras busca instalar una Mesa Nacional de Participación Ciudadana

Mesa Nacional de Participación Ciudadana congreso nacional

El Gobierno remitió un proyecto de ley denominado Mesa Nacional de Participación Ciudadana, el cual consta de nueve artículos y contempla cerrar algunos espacios de participación y abrir otros. El partido de Gobierno ha negado que esto sea la antesala de un proceso constituyente como lo han advertido diputados del Partido Nacional, sino justifica que es para eliminar al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que se identificó significativamente con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen

El director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León, dijo a Contracorriente que en los últimos 15 años, la reducción de los espacios cívicos y democráticos ha sido evidente en Honduras, primero, por la cooptación del Estado hacia la sociedad civil y, segundo, porque cada vez más se privan espacios para que la sociedad pueda verdaderamente expresarse y, sobre todo, proponer.

El pasado 21 de septiembre, en la cuenta oficial de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), se informó que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso Nacional un proyecto de Ley denominado «Mesa Nacional de Participación Ciudadana», por lo que se nombró una Comisión Especial de Dictamen encabezada por el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento.

Según la propuesta de ley, la Mesa Nacional de Participación Ciudadana está planteada como una «instancia nacional de diálogo abierto, participación, y concertación entre los diversos sectores de la sociedad, que servirá de apoyo con carácter indicativo para la elaboración y ejecución de las políticas públicas y las acciones del Gobierno de la República».

Esta mesa estará conformada por dependencias e instituciones del Estado, representantes de las organizaciones sociales, gremiales, populares, organismos no gubernamentales, sector privado, partidos políticos e «invitados de especial relevancia en la temática concreta a tratar».

El proyecto de ley tiene dos aspectos que han abierto el debate, ambos plasmados en el artículo 6. El primer aspecto es que la ley manda a eliminar al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), un organismo que, a criterio de varias fuentes consultadas por Contracorriente, jugó un papel cuestionable al haber sido instrumentalizado por el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico. El segundo aspecto es la introducción de un representante del Ejecutivo en la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El artículo 6 ordena suprimir al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y, en consecuencia, transfiere todas las atribuciones, competencias y facultades legales que le corresponden a la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. No obstante, dentro del Congreso Nacional hay bancadas que no están de acuerdo con esa propuesta.

La última parte del artículo 6 establece que «La Presidenta de la República instruirá al Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica como Coordinador de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, para que designe en representación de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, un representante propietario y un suplente, que integrarán la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), así como cualquier otro espacio de representación, en sustitución de los representantes del Foro Nacional de Convergencia (FONAC)».

«Pareciera que lo que le quieren poner al CNA es una especie de chip, ese tipo de control no lo vemos positivo», dijo a Contracorriente el coordinador de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el abogado Cesar Espinal, quien ve peligroso que el Gobierno de Xiomara Castro busque ejercer control sobre la sociedad civil.

Espinal agregó que el FONAC ha venido desempeñado un papel muy diferente al del CNA, sin embargo, afirmó que eso no es justificación para que el Gobierno pretenda ingresar a la asamblea del CNA. «¿Por qué quieren hacerlo? Este organismo que se quiere crear, denominado Mesa de Participación Ciudadana, se conformará principalmente por diferentes sectores, el mismo estará coordinado por un secretario de Estado que cumplirá instrucciones de la Presidenta, tal y como lo establece el texto, y que durante los días finales de la semana pasada se expresaron situaciones de pretender ejercer control sobre la sociedad civil».

«Han establecido que no hay ninguna intención de cerrar al CNA y que la ley trata solamente del FONAC, pero al mismo tiempo dejan una puerta abierta sobre cuál será la representación de la mesa de participación y sabemos que las líneas y directrices las emprenderá el Gobierno», subrayó Espinal.

Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), expresó a Contracorriente que, desafortunadamente, a lo largo de la historia, en Honduras ha habido desde el Estado diversas iniciativas que han buscado la participación de la ciudadanía, especialmente en algunos momentos que han marcado crisis en el país.

Irías recordó las mesas de diálogo nacional convocadas en el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y afirmó que luego vinieron procesos bastante intensos sobre planes estratégicos que se unieron al grupo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. «Sabemos que en el Gobierno de Mel Zelaya (2006-2009) existían las mesas del Poder Ciudadano, locales y regionales», explicó.

Irías recordó que el FONAC, en alguna medida, surgió como una «superestructura» que buscaba representación de organizaciones de sociedad civil con una lógica de tener un espacio para el diálogo y poder cosechar demandas desde la ciudadanía. No obstante, está de acuerdo en la cancelación del FONAC en tanto que, según él, este no cumplió con el propósito inicial. «Estaba pensado como un interlocutor de sociedad civil entre la ciudadanía y el Estado para construir políticas públicas que lucharían y velarían por los intereses de la ciudadanía. Pero terminaron con un carácter sectario y presidencialista».

«No recuerdo ninguna iniciativa surgida del FONAC que se convirtiera en política pública. En este último término que fue reactivado [durante el segundo Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022)], su intención fue ser funcional al poder del régimen autoritario, no pudimos ver ejercicios de auditorías a los hospitales móviles ni a las compras de equipo de hospitales móviles», añadió Irías.

Sobre el CNA, Irías afirmó que este no siempre ha tenido una historia honrosa, como sí lo tuvo en la última coyuntura. «En el CNA, su asamblea es bastante limitada y la constituyen básicamente iglesias y organizaciones de sociedad civil muy conservadoras, pero hay que recordar que como instancia de seguimiento a la lucha contra la corrupción, en los últimos años, jugaron un rol relevante en cuanto a poner en descubierto el manejo irregular de recursos públicos, muchas veces en el marco de la pandemia, en donde se profundizó y se escarbó en la corrupción del régimen autoritario de Juan Orlando Hernández».

Por otro lado, Irías estima que no hay peligros en la eliminación del CNA mediante esta propuesta de ley. «No hay ningún articulado que nos pueda sugerir que el CNA pueda ser afectado por la misma, el propósito es eliminar la normativa que ha dado funcionamiento al FONAC», expresa.

Aunque Irías está de acuerdo con la eliminación del FONAC, manifiestó tener una posición crítica frente a la propuesta de la Mesa Nacional, porque a su criterio, otros gobiernos han abierto espacios de consulta local o regional sin que haya sido necesaria una norma que regule esa iniciativa. 

«Me parece que aquí el desafío debería estar puesto en avanzar hacia la democratización del Estado y habilitar espacios más efectivos de la participación de la ciudadanía. Lo cual implicaría una reforma muy sustancial en un Estado que es altamente sectarista, en el cual apenas existen dos niveles: el nivel regional o el central y los niveles locales o municipales. Y ya días se viene hablando de la necesidad de los espacios más intermedios, que lógicamente deben de contar con la legitimidad política», apuntó Irías.

Irías agregó que los niveles históricos de fragmentación social imposibilitan la labor de la ciudadanía. Agregó que para presionar al poder a que cumpla sus promesas de campaña electoral, de anticorrupción, agrarias, ambientales o sobre los derechos de las mujeres, «la experiencia nos dice que estos procesos no se desarrollarán automáticamente desde el Estado, sino que se dan desde la presión social, desde abajo».

El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado y analista político, dijo que, lamentablemente, la participación ciudadana en la toma de decisiones de Gobierno no ha sido consistente, básicamente porque los espacios no han sido amplios y porque la sociedad ha mantenido una actitud indolente con respecto a grandes temas nacionales.

Para Alvarado, la propuesta del Gobierno de la Mesa Ciudadana simplemente busca desaparecer a un organismo que se identificó con el Gobierno anterior, pero que fuera de esto, habiendo figuras de consultas como el plebiscito, la participación que gira a través de estos organismos como las mesas ciudadanas no van a florecer mucho ni van a incidir en las grandes decisiones que se van a tomar en el país.

«Este proyecto procura objetivos muy claros, uno de ellos es deshacerse de una persona que les resulta antipática dentro del Gobierno, el señor Omar Rivera. En segundo lugar, abrir un espacio de democracia controlada, y, en tercer lugar, ganar un representante en el CNA, al cual todos los Gobiernos -en lugar de verlo como aliado- lo ven como enemigo», expone Pineda.

El jefe de bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, dijo a Contracorriente que están en contra de cerrar plataformas como el FONAC. «Al suprimir a esta plataforma de la sociedad civil se vulnera el derecho a la organización que desde hace 28 años está vigente. Antes fue contra el CNA y la ASJ, ahora es contra el FONAC, está claro que en este gobierno se avanza hacia un achicamiento del espacio cívico y a generar un clima hostil para las organizaciones de la sociedad civil», indicó Zambrano.

El congresista agregó que este es un modelo importado de Venezuela y de Nicaragua. «Tiene como guión hostigar a las organizaciones de la sociedad civil y neutralizar a su dirigencia, para luego seguir contra la iglesia y los sacerdotes y pastores, los medios de comunicación y los periodistas, y otras organizaciones legítimas de liderazgo ciudadano».

«Libre tiene una hoja de ruta que conduce a quebrar el orden institucional a través de una asamblea nacional constituyente y necesitan quién les valide esa iniciativa y por eso están intentando desmantelar a estructuras de la sociedad civil para crear otras a su medida», expuso el congresista.

Contracorriente intentó comunicarse con algunos diputados de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Salvador de Honduras, PSH, entre estos Maribel Espinoza, Ramón Barrios, Silvia Ayala y Rafael Sarmiento, para conocer a profundidad este proyecto de Ley pero no hubo respuesta de ninguno de ellos.

Sobre la postura del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, acerca de que las organizaciones de sociedad civil no deben ser financiadas desde el Estado porque las vuelve cómplices, Raúl Pineda explicó que está de acuerdo con la tesis de Carlos Zelaya, en que no deberían de recibir recursos del Estado, pero, a su juicio, el mero hecho de que el CNA reciba recursos no lo contamina.

«Eso va a estar determinado por la calidad de las personas que los dirigen, en consecuencia, hay que reconocer que el Gobierno de Estados Unidos tiene mucha influencia en el CNA. Cuando quiso ser destruido por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, entiendo que se les facilitó el presupuesto para el funcionamiento de cinco años y si el Gobierno actual le quiere quitar el financiamiento, solamente sería una decisión unilateral de Gobierno», dijo Pineda.

«Esta nueva ley no va a obtener ningún provecho significativo, excepto lograr una pequeña victoria política en un escenario como el Congreso Nacional. Si se rompe una alianza con el PSH, a Libre no le queda más que hacer una alianza con el Partido Liberal», explicó Alvarado.

El abogado Espinal del CNA afirmó que las relaciones con el Gobierno han tenido altas y bajas este 2022. «De nuestra parte ha habido siempre apertura, pero cuando nosotros quisimos ingresar al Congreso Nacional para hacer una evaluación y mostrar cuáles eran las inquietudes de la ciudadanía, para generar espacios de participación ciudadana dentro del Congreso, en el Legislativo se nos cerraron las puertas».

Sobre la postura de Carlos Zelaya acerca del financiamiento estatal, Espinal dijo que la complicidad ocurre cuando de parte del financiador se busca insertar a personas afines a los intereses político partidistas. «En esos momentos es cuando las diferentes organizaciones se pliegan a esos intereses y pierden la independencia. Pero si él [Carlos Zelaya] quiere hacer referencia con eso al CNA, debería pensarlo un poco más y tener asertividad en sus comentarios. El CNA no nació en este Gobierno».

Para Luis Daniel León, las organizaciones de sociedad civil son creadas para hacer auditoria y veeduría social, seguimiento, denuncia y demanda en relación con las fallas de un Estado, lastimosamente –expresó- a lo largo de los años algunas organizaciones se han prestado a juegos.

«Debe replantearse la forma en cómo la sociedad civil se organiza, creo que ese también es otro drama, porque la sociedad civil no se elige representativamente, sino que se acreditan desde el Estado mediante mecanismos legales a través de la Secretaría de Estado, entonces me parece que es importante abrir los espacios a la ciudadanía, no cerrar los existentes sino fortalecerlos y crear nuevos espacios», expuso León.

«El CNA, después de su reforma e intervención allá por el año 2013 y que quedó con el liderazgo de Gabriela Castellanos, se le ha visto realmente haciendo demanda social, interpelación y señalamiento a los gobiernos anteriores y al actual, yo creo que al final ese es el rol de la sociedad civil. Porque una sociedad civil que se pliega a los intereses del Estado al final no es sociedad civil», afirmó León.

«Haciendo un recuento de los últimos 40 años, siempre ha habido un interés importante de los partidos políticos y de los Gobiernos de permear a la sociedad civil, primero porque son fuente de votantes, segundo porque son fuente de credibilidad y validación, y tercero porque al final pueden jugar un rol a favor o en contra de la balanza», concluyó León.

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Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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