Policías y militares ejecutan violento desalojo en comunidad garífuna de Islas de la Bahía

Afro-Hondurans desalojo en comunidad garífuna de Islas de la Bahía Melissa Martinez ofraneh

Un violento desalojo fue realizado este lunes por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en una comunidad garífuna ubicada en el departamento de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras informó que hay seis personas detenidas y varias heridas. El operativo se llevó a cabo por denuncias en contra de la comunidad por el supuesto delito de usurpación de tierras. 


Texto: Leonardo Aguilar
Con apoyo de Celia Pousset y Celeste Maradiaga
Fotografía tomada del twitter de Mirian Miranda de Ofraneh

Seis personas fueron detenidas este lunes en un violento desalojo ejecutado por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la comunidad garífuna Punta Gorda, localizada en el municipio José Santos Guardiola, que forma parte de la Isla de Roatán, una de las seis islas que conforman el departamento de Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras.

Entre los detenidos está la defensora Melissa Martínez, integrante de Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, quien dijo a Contracorriente que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras.

Melissa dijo que casi no podía hablar, porque en el momento de su detención en Punta Gorda la habían despojado de sus pertenencias, pero que –en el lugar donde permanecía privada de libertad- le habían regresado momentáneamente su teléfono.

 «Somos seis personas detenidas, tres compañeros hombres y tres mujeres; tenemos a dos compañeros golpeados, uno de ellos gravemente, y una compañera también fue agredida por un policía. Yo estoy golpeada en la pierna y un poco en el estómago» alcanzó a decir Melissa.

En un video difundido por Miriam Miranda, la coordinadora de Ofraneh, se observa el momento de la detención de Melissa. La lideresa garífuna eleva sus brazos para exponer a un grupo de policías –que la llevaban custodiada-, los cuales habían colocado esposas en sus manos mientras se encaminaba a una celda.

También fueron detenidos durante este desalojo Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahín Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la detención y las agresiones cometidas este día.

«Debemos recordar que esta es la primera comunidad garífuna que se conoce en Honduras, incluso antes de la Independencia (de España)», dijo a Contracorriente Carla García, coordinadora de relaciones internacionales de la Ofraneh.

García explicó que hace 20 años, el Gobierno de Honduras despojó a esta comunidad garífuna de los territorios en los que habitaban en la Isla de Roatán, argumentando que había un nuevo dueño en esas tierras.

La coordinadora de relaciones internacionales de Ofraneh explicó que los garífunas han habitado estos territorios durante más de 200 años y ahora están siendo asediados por quienes creen que tienen más derecho «porque tienen el dinero». García agregó que, en los últimos 30 años, los garífunas están siendo, poco a poco, desplazados de sus territorios, amenazados de muerte, asesinados y desaparecidos.

«Hace 100 años atrás se decía (despectivamente) que los zopes (ave carroñera conocida como zopilote rey), refiriéndose a los garífunas, podían quedarse a la orilla de la playa; hoy día nos están sacando. Porque hace 100 años no era interesante, porque no había toda esta maquinaria de turismo y narcotráfico que existe en Honduras. Obviamente no tenían la necesidad de estar a la orilla de la playa, hoy les estorbamos, pero nosotros vamos a seguir reclamando nuestro derecho», explicó García.

«Hace como tres o cuatro meses llegó ahí (a la comunidad de Punta Gorda) un grupo de hermanos de la Isla que no tienen dónde vivir, y decidieron recuperar una parte del territorio, bastante pequeña; única y exclusivamente para construir sus viviendas» reveló García, en referencia a los garífunas que este lunes fueron desalojados.

García le contó a Contracorriente que en septiembre pasado, algunos vecinos de Punta Gorda vieron con recelo la recuperación del territorio, pero, finalmente, «cuando vieron que la única necesidad de ellos era construir un techo -para ellos y sus familias- incluso les apoyaron para que se quedaran ahí».

García añadió que han escuchado hablar de que existe una mujer que reivindica ser dueña de ese terreno, pero que no conocen su nombre. «Entendemos que hubo una manipulación de documentos para finalmente encontrar un dueño que pudiera solicitar una orden de desalojo para los compañeros, a pesar de que hay un llamado al diálogo, a pesar de que hay un abogado que estaba viajando desde La Ceiba a Islas de la Bahía para poder presentar argumentos».

Roatán es el lugar donde el experimento libertario de las Zonas Especiales de Desarrollo se ha llevado a cabo con cierto éxito. El nuevo secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero informó el pasado 3 de noviembre, que la Zede Próspera, ubicada en Roatán, está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras porque el pasado 20 de abril de 2022 fue derogada la Ley Orgánica que les dio vigencia, como parte del cumplimiento de una promesa de campaña del nuevo gobierno, esto deja sin validez el marco jurídico en el que operan las ZEDE y las obliga a inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras, sin embargo en Roatán, el proyecto no da marcha atrás. 

El pueblo garífuna ha manifestado que, a finales de este mes, esperan la llegada de una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) quienes harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades garífunas en conflicto por su territorio, porque así como en Punta Gorda, esto está pasando también en comunidades de Tela como San Juan y Triunfo de la Cruz. 

En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitió sentencias en el caso de las comunidades Triunfo de la Cruz yPunta Piedra, en donde se encontró al Estado de Honduras responsable por violación de varios derechos de la comunidad garífuna. Una de las resoluciones determinó que el Estado de Honduras permitió la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que incumplió en delimitar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993.

En abril de este año, el Gobierno de Honduras, en el portal de la Secretaría de Derechos Humanos,informó que «el Estado de Honduras mostró su interés a comenzar a cumplir con las sentencias definitivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de octubre del año 2015 fecha en el que organismo de forma unánime condenó al Estado responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva en prejuicio de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz».

«A nosotros nos sorprende este desalojo; la Ofraneh no esperaba una reacción de este tipo hacia un grupo tan pequeño de personas, no estamos hablando de gente peligrosa para el país sino personas que aportan. Hace algunos días yo preguntaba al Gobierno cómo se puede gobernar sin justicia, se lo preguntaba al ministro Edmundo Orellana, él nos decía que se tenía que escoger a una buena Corte Suprema y a un buen Fiscal General para que no nos persiguieran más, porque de lo contrario íbamos a continuar siendo detenidos, desaparecidos y asesinados. Al mismo tiempo decía, que a la clase política y a la clase media alta a la que ellos pertenecen, ese tipo de cosas no les pasaría nunca, él (el ministro Orellana) también dijo que lo único que les pasa a ellos es, quizá, la persecución política; pero ahora resulta que no solo se trata de escoger a una buena Corte Suprema o a un buen Fiscal General, sino que también el Gobierno (el Ejecutivo liderado por la presidenta Xiomara Castro) está involucrando en estas acciones, previo a cualquier tipo de diálogo», sostuvo García.

La Ofraneh ha exigido en reiteradas ocasiones que se cumplan las sentencias que hubo en el 2015, han solicitado además que se investigue las desapariciones y los asesinatos sufridos en otras comunidades garífunas.

Información brindada por Ofraneh indica que las personas que estaban a cargo del operativo les dieron solamente una hora para que llegara su abogado, antes de efectuar el desalojo.

Contracorriente intentó contactarse con la abogada Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), pero no hubo respuesta ni tampoco ha emitido un comunicado al respecto. También intentamos contactar a Rafael Alegría, del Instituto Nacional Agrario, no obstante, no hubo respuesta. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, tampoco se ha pronunciado.

Contracorriente contactó a la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque, quien no atendió llamadas, y a través de un mensaje de texto envió un comunicado -que no condena la brutalidad policial y militar- y en el que manifiestan «preocupación por el desalojo forzoso de la comunidad garífuna de Punta Gorda, establecida hace 225 años en ese mismo territorio, antes que Honduras fuera Estado independiente, por lo que les asisten derechos ancestrales, mismos que son reconocido por el Estado de Honduras mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT». 

«El desalojo ordenado por instancias judiciales debió cumplir con las garantías y estándares mínimos de Derechos Humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (…) responsabilizamos al Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de Derechos Humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto», indica un fragmento del comunicado.

La coordinadora de relaciones internacionales de Ofraneh concluyó que a pesar de que existe un discurso de que en las zonas del litoral Atlántico y en el Caribe de Honduras lo que busca es incentivar el turismo y atraer inversión extranjera, « yo podría decirle a usted que la realidad es completamente diferente, nuestras comunidades han sido inundadas de droga y narcomenudeo para dañar a nuestras juventudes, todo eso provoca que nuestros espacios vayan siendo abandonados poco a poco, ya sea por muerte, por drogadicción o porque nuestra gente toma la decisión de salir de las zonas simplemente porque se vuelven demasiado conflictivas o demasiado peligrosas», dijo.

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Editor de actualidad y reportero en Contracorriente. Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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