El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras realizó una denuncia en contra del contrato del Estado con la Central Térmica Brassavola, que ya está generando energía a base de diesel. Según esta organización, el contrato representa una presión financiera insostenible para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), superior a los 10,185 millones de lempiras, el 35 % del presupuesto para compras de energía de la estatal. La central Brassavola emergió en los últimos años, mientras se renegociaba un contrato aprobado con irregularidades en el gobierno de Manuel Zelaya en 2008, cuando la ministra de la ENEE era la actual precandidata presidencial Rixi Moncada. Con el gobierno de Xiomara Castro y su familia, el contrato, que estuvo en proceso de cancelación en 2014, fue renegociado sin la aprobación del Congreso y opacidad con respecto a su licencia ambiental.
Texto: Jennifer Ávila
Con reportes de María Celeste Maradiaga y Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen.
Honduras es un país en crisis energética contínua. En cada gobierno se decreta emergencia por esta causa, se facilitan los contratos de energía a generadores que se aprovechan de las debilidades institucionales, y el problema no se soluciona. Un ciclo de opacidad.
Así fue en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, en el que se decretó emergencia en el sector energía y se realizaron contratos directos de generación, como el otorgado en 2008 a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S. A. (Cechsa) por 150 MW a base de carbón. Según una denuncia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, «a pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial».
Según la denuncia, el contrato con Cechsa —que según el TSC tenía un exceso de 1,560 millones de dólares—, en 2014, durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, entró en proceso de cancelación mientras se declaraba una nueva emergencia energética, esta vez beneficiando a cientos de generadores de energía renovable. Muchos de esos generadores terminaron estafando al Estado.
Ahora, las autoridades de la estatal eléctrica renegociaron el antiguo contrato con Cechsa para la instalación de la planta de generación de energía Brassavola. El nuevo contrato, al que tuvo acceso Contracorriente, tiene una duración de 18 años y se ha modificado su fuente de generación y su tamaño. Originalmente, esta planta iba a generar energía a base de carbón mineral, pero ahora genera energía a base de diesel mientras hace una transición a una generación menos nociva para el ambiente, a base de gas natural. Sin embargo, hasta el momento Honduras no tiene regulación para este tipo de generación de energía.
Ante las irregularidades, la ASJ instó al TSC «a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a Cechsa y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y a la ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos. De igual forma, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE».
Los socios
Las personas que han figurado en la empresa han sido cercanas al expresidente Manuel Zelaya y actualmente al gobierno de Xiomara Castro; por ejemplo, el abogado Rafael Virgilio Padilla, actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que emitió los términos de referencia en diciembre de 2022 para la generación de 450 megawatts, fue miembro del consejo de Cechsa. Padilla se convirtió en militante del Partido Libre en 2022.
Este conflicto de interés fue descubierto por este medio en junio de 2023. En ese momento, la planta de energía estaba en construcción, con una inversión de 156 millones de dólares, y el ministro de la ENEE, Erick Tejada, quien ahora defiende el proyecto, decía públicamente que no conocía nada sobre la instalación de esta generadora de energía. En diciembre de 2023 el contrato con el Estado, que ahora tiene una vigencia de 18 años, quedó renegociado y la planta comenzó a operar, generando 30 megas de energía en abril de 2024, como estaba previsto.
Pero en los años anteriores hubo movimientos empresariales que llamaron la atención. En un reportaje previo explicamos que Cechsa es una sociedad creada el 17 de mayo de 2007 por el guatemalteco Leonel López Rodas y la hondureña María Luisa Martínez. López Rodas fue ministro de Energía en el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), justamente cuando se privatizó el rubro de la energía en ese país.
También figuraron otros personajes, como Roberto Brevé Reyes, quien ahora es magistrado del Registro Nacional de las Personas (RNP) en representación del Partido Liberal. Brevé confirió al empresario Víctor Elías Bendeck Ramírez el poder general de administración de sociedad, que lo facultaba para realizar cualquier trámite o gestión en Honduras. Bendeck Ramírez fue mencionado en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos.
Después de varios cambios, finalmente la posesión de la empresa terminó en un holding offshore en Panamá. Leonel López Rodas, el guatemalteco que comenzó la sociedad en 2007, aparece desligado de esta en el 2020, cuando vendió sus acciones a Energía y Mercadeo S. A., que quedó en posesión del 99.9 % de la sociedad. En marzo del mismo año, Energía y Mercadeo S. A. traspasó sus acciones a Génesis Energía S. A. que desde entonces quedó como socia mayoritaria con el 99.9 % de acciones, mientras que el ciudadano argentino Martín Guillermo Azcárate quedó en posesión de una acción.
El 7 de febrero de 2023, según un oficio registrado con número 3415827, el consejo de Cechsa autorizó la venta de las acciones de Génesis Energía S.A. a la sociedad Carapa Trade Corp, que se encuentra registrada en Panamá desde noviembre de 2001, según el sitio Opencorporates. José Reyes, consultor de Cechsa en Honduras, confirmó que Carapa Trade Corp. es una empresa holding del grupo, pero no dio más detalles a este medio, cuando se le entrevistó en junio de 2023 acerca de su registro en Panamá.
«Son datos falsos», responde ministro de la ENEE
El ministro de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, organizó una conferencia de prensa para reaccionar ante el informe de ASJ, en la que dijo que esta organización fue cómplice de las irregularidades cometidas en el gobierno de Juan Orlando Hernández, y que él y su equipo habían encontrado «más de 18 mentiras en dicho informe, el 95 % de los datos están manipulados o de plano son falsos, y eso desvirtúa su mínimo rigor investigativo».
Agregó que una de las «mentiras» es que se haya extinguido la licitación por 450 megas de generación, ya que el gobierno está licitando a nivel internacional la compra de 1,500 megas de potencia para suplir la necesidad de Honduras.
«Interpretamos este informe como un ataque directo a la ENEE y al gobierno de la presidenta; no es la primera vez. Le pedimos que haga balance, que hay cosas buenas que se están haciendo, se está mejorando poco a poco la atención», dijo.
Este medio preguntó al ministro por qué el contrato no fue aprobado por el Congreso Nacional, dado que fue cancelado en 2014. El ministro se limitó a responder que el proceso ha sido correcto y «ha seguido una ruta procesal porque el contrato y sus modificaciones fueron publicados en La Gaceta». Le preguntamos además sobre la regulación para la generación por gas natural, y si la empresa cuenta con la licencia ambiental correspondiente, a lo que contestó que dicho requisito pasó a segundo plano en la renegociación de este contrato.
«Todas las renegociaciones que se han hecho han ido en función del interés público, en ahorro de las arcas del Estado», dijo a Contracorriente el ministro, quien finalmente no respondió a la consulta sobre las implicaciones que podría tener la extracción de gas natural en las comunidades.
«Cuando uno está en una mesa de negociación, uno cede algo y exige algo, y varios contratos en el contexto de la negociación han cambiado de tecnología. En la aprobación de junta directiva [de la ENEE] ya hay antecedentes de contratos que han entrado en operación sin tener necesariamente la aprobación del Congreso; en este caso las adendas van [posteriormente] al Congreso y se van a aprobar», aseguró el ministro.
El titular de la SEN negó a este medio que se estén realizando prácticas similares a las del gobierno anterior con el inicio de operaciones de la planta termoeléctrica Brassavola, a pesar de que finalmente el contrato de renegociación no fue aprobado previamente por el Congreso Nacional, siendo este uno de los requisitos que como autoridades habían definido.
