El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa y en día de visita conyugal, se registraron enfrentamientos armados en cuatro centros penitenciarios del país, dos de ellos cárceles de máxima seguridad. El Instituto Penitenciario asegura que ha tomado el control de los centros y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado vía twitter una intervención «enérgica» y con «mano dura» del sistema penitenciario, mientras en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo», continúan los tiroteos.
Texto: Jennifer Avila
Fotografía de archivo Jorge Cabrera
Decenas de videos filmados desde el interior de las cárceles de Honduras circularon y se hicieron virales el pasado sábado 8 de abril. Videos propios de una guerra tomados desde diversos ángulos, desde quien tiraba un cartucho de municiones a su compañero y desde el cual se veía su respuesta con un fusil de grueso calibre ante el ataque de otros presos. Circuló también un video desde afuera, «lleve chaleco Comandante, váyase agachado que ahí es balacera» le dice un policía que filma con su celular a otro que corre buscando refugio de las explosiones que salen del interior de la prisión. Fueron cuatro centros penales del país los que entraron en guerra mientras afuera se hacían virales los videos.
En la Penitenciaría Nacional de Támara, una cárcel con una población penitenciaria de más de seis mil privados de libertad, el altercado se dio en el módulo que llaman «Casa blanca» en donde hay un poco más de mil privados de libertad entre los que están miembros de crimen organizado, miembros en «diagnóstico» y «retirados». Un interno aseguró a este medio que la MS-13 atacó este módulo mientras estaban en visita conyugal «no llegaron porque aquí les respondimos», contó, en condición de anonimato.
Una mujer que estaba en la visita conyugal llamó a un canal de televisión contando esa misma versión, que miembros de la MS-13 atacaron a «Casa Blanca» y las visitas como ella tuvieron que salir huyendo en medio de la balacera.
Ese mismo sábado, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó a través de un comunicado que se había recuperado el control de los centros penales; sin embargo, fuentes al interior del penal en Támara confirmaron hasta la mañana del domingo que no habían llegado policías a la zona en donde había ocurrido el altercado y que el fuego había cesado porque la MS-13 se había retirado después de que en «Casa Blanca» les respondieron con sus propias armas.
«Este es un asunto de control, la MS-13 ha logrado el control de varios módulos que antes no eran de ellos, ahora quieren controlar aquí, pero aquí vamos a defendernos solos. Esto no es porque hacen falta kits de limpieza, porque esos los da el gobierno, esto es porque ellos quieren control», dijo este preso en reacción a un audio que también circuló, atribuido a otro privado de libertad, que se quejaba de las condiciones de hacinamiento y amenazaba con que iban a matar a cualquier nuevo interno que enviaran a los centros penales.
El domingo, la vocera del INP, Digna Aguilar, aseguró que alrededor de 400 agentes del INP y miembros de la Policía nacional se movilizaron a los centros penales en crisis, pero en ese momento estaban enfocados en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, la cárcel de máxima seguridad conocida como «El Pozo» porque se había «reactivado» el altercado. También dijo que solamente la Policía Nacional y los agentes penitenciarios están atendiendo los centros penales ahora, las Fuerzas Armadas no están interviniendo.
«Lo que importa son los resultados»
El domingo 9 de abril, a través de su cuenta de twitter, la presidenta Xiomara Castro, quien en todo su mandato no ha brindado una sola conferencia de prensa, anunció una intervención del sistema penitenciario con estas palabras:
«Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales. 12 años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses. Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta trasformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado. La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo. Mañana 10 de abril, anunciaré los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados.»
Esta no es la primera intervención de una institución pública durante su mandato, recientemente también intervino el sistema de emergencia 911 después de que su gobierno incumpliera los contratos con los proveedores de comunicaciones y cámaras de seguridad desde septiembre del año pasado. También la presidenta nombró intervenciones en la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, y en el servicio civil después de presentarse casos de mala administración de bienes incautados y conflictos por empleos y tráfico de influencias.
Al inicio de su mandato, Castro informó de un proceso de traspaso de mando del Sistema Penitenciario a la Policía Nacional que buscaba concluir en la formación de una Policía Penitenciaria independiente de las FF. AA. y de la Policía Nacional, apoyándose en una Policía Comunitaria. Estas medidas, incluyendo la de la Policía Comunitaria, siguen sin concretarse.
Otra medida radical del gobierno de Castro fue el estado de excepción decretado en diciembre de 2022 y que se ha extendido a todo el territorio nacional y prolongado hasta este momento, a pesar de que el discurso oficial es que los homicidios han experimentado una baja importante. Este estado de excepción incluía medidas especiales en los centros penitenciarios para evitar que desde su interior se siguieran controlando delitos como la extorsión y los homicidios; sin embargo, esta serie de amotinamientos coordinados demuestra que las cárceles están bajo el control de los presos.
Por su parte, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos crueles Inhumanos o Degradantes, MNP- Conaprev exigió a través de un comunicado que se depure al personal a cargo de las cárceles, se fortalezcan las capacidades del INP y se tomen medidas de reubicación según la peligrosidad de algunos privados de libertad en ciertos centros penales y que las medidas que se tomen para abordar esta crisis vayan en consonancia con el respeto a los derechos humanos y la vida tanto de los privados de libertad como de sus familias.
Según un reportaje publicado en este medio con respecto al estado de excepción, hasta el 31 de enero pasado, el INP reportó un total de 19,477 privados de libertad en las 25 cárceles del país.
Según la fuente que informó desde el interior de Támara, hasta el domingo no había llegado personal de la Policía Nacional ni de las FFAA a ese centro penal y dijo que ante la posibilidad de que los ataques continúen «aquí defenderemos nosotros solos porque los policías se fueron, no hay nadie».
