El consultor argentino, un personaje excéntrico y provocador, irrumpió en la política sudamericana desde 2020 por su intervención en campañas electorales en medios digitales para la ultraderecha. Aunque su pasado es un misterio, Cerimedo se ha instalado con polémicas campañas que incluyeron desinformación en Chile y Brasil. Su próximo objetivo, convertir en Presidente de Argentina al diputado de extrema derecha Javier Milei.

Por Iván Ruiz (CLIP), Manuel Tarricone y Martín Slipczuk (Chequeado), Francisca Skoknic e Ignacia Velasco (LaBot), Alice Maciel y Laura Scofield (Agência Pública), Juliana dal Piva (CLIP/UOL Noticias) y Tomás Lawrence (Interpreta)

La derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas le abrió una oportunidad a Fernando Cerimedo: posicionarse como referente de la comunicación digital para la ultraderecha latinoamericana repitiendo el cuento de “la gran mentira”. “Este domingo, el mundo sabrá todo lo que está ocurriendo con las elecciones en Brasil. La censura y el fraude han silenciado a todo un país. #BrasilFueRobado”, escribió el consultor argentino en Twitter. Esa invitación sería la antesala del servicio que le prestó al bolsonarismo a finales del año pasado. Reunió a 400.000 personas en un “vivo” de YouTube para cuestionar, con información falsa, la legitimidad del triunfo de Lula da Silva.

Uno de los tuits con que Cerimedo acusaba fraude en las últimas elecciones presidenciales de Brasil.
Uno de los tuits con que Cerimedo acusaba fraude en las últimas elecciones presidenciales de Brasil.

La intervención de Cerimedo, que luego repitió en el Senado brasileño, fue combustible para las violentas manifestaciones que montaron fanáticos de Bolsonaro por todo Brasil y que culminarían, días después, con ataques al Congreso y al Palacio de Gobierno en Brasilia. La derecha brasileña circuló mensajes como los promocionados por el argentino, sembrando dudas sobre la legitimidad del sistema electoral brasileño, por canales como Telegram, entre otros. El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó la suspensión de la cuenta de la Derecha Diario en Twitter, de la cuenta de Cerimedo (que luego fue restituida) y también dio de baja el video de YouTube del consultor al entender que era desinformación. El propio Bolsonaro resultó inhabilitado a fines de junio para ocupar cargos públicos por ese mismo motivo.

La desinformación sobre el supuesto fraude electoral de Brasil fue el final para Bolsonaro, pero le sirvió de empujón a Cerimedo. “Soy un héroe para medio país. Me llaman el argentino más amado de Brasil” dice, orgulloso, el consultor. Con escalones semejantes en su ascendente carrera, el argentino pretende convertirse en referente para la derecha sudamericana luego de difundir mensajes basados en mentiras en Brasil, Argentina y Chile, según reconstruyó una alianza periodística de 20 medios, cinco organizaciones especializadas en investigación digital y estudiantes de una clase de maestría de la Universidad de Columbia coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP.

“Me apropié de este rol como consultor de la derecha latinoamericana porque todo el mundo tiene miedo de ponerse ese traje. Para mucha gente decir que sos de derecha es una mala palabra, pero para mí no”, desafía. Con esa misma soltura admite para este artículo que sí, que tiene trolls, refiriéndose a las cuentas falsas en redes sociales que interactúan con un libreto definido para falsear las conversaciones. Pero sostiene que no los utiliza para atacar adversarios políticos o para ponerle likes al contenido de sus candidatos, sino para engañar a los algoritmos y, de esa manera, darle un mejor posicionamiento al mensaje de sus clientes.

La aparición de Cerimedo fue fantasmagórica. De ser prácticamente un desconocido montó, en menos de cuatro años, un grupo empresarial con sede en Buenos Aires integrado por su agencia de publicidad, Numen SRL, y una academia que ofrece cursos de mercadeo digital y político, según fuentes oficiales consultadas por esta alianza. Él asegura que además maneja 30 pequeños sitios web, una empresa de seguridad privada y en total suma casi 200 empleados. Entre sus sitios web, desde 2018 es dueño del dominio de La Derecha Diario, un portal de noticias que creó para “influir” en ese sector ideológico, dirigido por Natalia Basil, su pareja. Cerimedo no figura formalmente como fundador de La Derecha Diario, pero sí está Basil, una ingeniera química que forma parte del grupo (es socia de Cerimedo en la agencia de publicidad y en la academia).

Las pruebas sobre las mentiras publicadas por La Derecha Diario están sobre la mesa, pero Cerimedo las niega. Discute una por una las acusaciones, emplea sus argumentos, en muchos casos, verdades a medias para salir indemne durante las dos horas de entrevista por videollamada. “Llamarnos desinformadores seriales por dos o tres boludeces es la única forma que tienen de pegarnos. Estoy en contra de las fake news”, asegura. Y le baja el precio a las desinformaciones que publica La Derecha Diario; las llama “chiquilinadas”, “boludeces”, “tonterías”. Pero no lo son.

“La Derecha Diario es el único de mis medios que hace travesuras”, concede. Como cuando publicó que el kirchnerismo sabía de antemano sobre el intento de asesinato contra Cristina Kirchner porque el canal de televisión C5N (afín a la vicepresidenta) había publicado una nota con fecha anterior al atentado, un error técnico debido a la diferencia horaria con un servidor, que fue aprovechado por la derecha para echar leña a un ambiente social ya enardecido. “Sí, fue una chiquilinada. Me avisaron que habíamos publicado eso al día siguiente y yo dije: ‘si fue armado nadie va a ser tan estúpido de publicar la noticia cinco horas antes’. Son boludeces’”, minimiza.

Cerimedo, 42 años, cae en sus contradicciones. Aunque ahora se autopercibe como un militante de la derecha, el consultor organizó hace apenas tres años la militancia digital de la Juventud Peronista en La Matanza, un distrito clave para el kirchnerismo. Cruzó de vereda, dice, por amor: “Mi mujer es fanática de Javier Milei”. Su exposición junto a los Bolsonaro le permitió acercarse a este diputado argentino que aspira a ser ganador en la carrera por la Presidencia en ese país este año. Ahora es jefe de comunicación de la campaña de Milei, pero también se encargará de cuidar sus votos. Como un deja vu brasileño, el consultor ya pidió información al gobierno argentino sobre el sistema electoral para evitar “irregularidades” en los comicios. Son los mismos ingredientes de la receta que usaron Bolsonaro y Trump para cuestionar los resultados de elecciones en las que perdieron.

De Obama al peronismo

A Cerimedo le encanta presentarse como un trotamundos que ha vivido más de una vida. Aquel estudiante de Derecho salió a los 19 años de su Mar del Plata, porque, relata, había sido becado por Harvard por sus habilidades deportivas para el triatlón. Pero no pudo estudiar en la prestigiosa universidad porque no sabía inglés, entonces se asentó en Puerto Rico. Su periplo norteamericano incluye un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense), para luego desembarcar, sostiene, en un doctorado en marketing en la Universidad de Phoenix. “Un día mi tutor de tesis me dijo que le encantaba lo que había presentado y me llevó a trabajar para la campaña de [Barack] Obama en las primarias del Partido Demócrata. Como ganamos, después dirigí equipos en la presidencial y entré a trabajar en la Casa Blanca. Estuve unos meses en la oficina de International Affairs. Después pasé a una agencia de seguridad gubernamental que me mandaba a distintos países de América Latina para ayudar a los políticos que despertaban interés en Estados Unidos”.

Una fuente cercana a la campaña de Obama y que trabajó en su gobierno dijo que no reconocía el nombre de Cerimedo ni el de su supuesto mentor. En la Casa Blanca no hay una oficina con el nombre de International Affairs.

Más allá de su relato salpicado de nombres importantes, el pasado de Cerimedo es un misterio. Su nombre recién empieza a hacerse público tras la creación de Numen en 2020. La historia laboral que se puede reconstruir con otras fuentes es bastante más terrenal. Cerimedo aparece como empleado de una empresa de taxis en Mar del Plata en 2014 (Mardeltax SRL), luego trabajó para una compañía de seguros en Buenos Aires (Europ Assitance Argentina SA), para un negocio de productos de computación (Sentey SA) y para una fábrica de plásticos (Alfavinil SA) en 2015, según la información que aparece en la base de datos privada Nosis. Fue director creativo de la agencia publicitaria McCann en Argentina hasta 2018. Ese mismo año, y luego en 2019, antes de fundar Numen, trabajó unos meses como docente de secundaria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

Cerimedo aseguró en la citada entrevista con esta alianza periodística que un curso en Harvard le abrió una oportunidad. “Hice un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard en 2010 y ahí lo conocí a Eduardo Bolsonaro. Éramos los dos latinos que hablábamos en portuñol. A Eduardo le gusta mucho todo lo vinculado a la policía y como yo tengo formación militar, entrené mucho tiempo con los Navy Seals, pegamos buena onda”. Este equipo periodístico preguntó a la Universidad de Harvard sobre este curso, pero desde la universidad dijeron que no se encontraron registros de “Eduardo Nantes Bolsonaro” ni de “Fernando Gabriel Cerimedo” como alumnos de la institución. Consultado luego por correo electrónico, Cerimedo aseguró que hizo cuatro cursos sueltos en esa universidad y que por eso no figura como alumno.

A pesar de su dudosa versión sobre cómo conoció a Bolsonaro, Cerimedo dice que trabajó en la campaña presidencial del ex presidente en 2018. “Entré en los últimos 40 días, cuando se había puesto todo muy áspero. Hicimos un trabajo en paralelo a la campaña oficial para convencer a los odiadores de Bolsonaro, como los homosexuales. También hicimos campaña de contraste, que es mostrar todo lo que el candidato rival no quiere que se sepa”. Una metodología que también puede ser conocida como campaña negativa.

Cerimedo era en ese momento un desconocido en la política argentina. Malvinas Argentinas, un municipio de la provincia de Buenos Aires, lo contrató en 2019. Le habían encargado un trabajo de “posicionamiento en redes sociales” para los comicios municipales que terminaron con la reelección del intendente peronista Leonardo Nardini, un dirigente que había sido asesor de Alicia Kirchner, la hermana del expresidente. Su buen desempeño le abrió la puerta al bastión electoral más fuerte del peronismo: el municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, el más poblado de Argentina. El peronismo nunca ha perdido en La Matanza desde que volvió la democracia a ese país en 1983. Cerimedo aportó su granito de arena para que el peronismo permaneciera en el poder en uno de los distritos más pobres del país.

“Éramos los campeones del mundo en ganar elecciones en la calle. Sabíamos tocar la puerta de los vecinos para convencerlos, pero no sabíamos nada del nuevo territorio que son las redes sociales, donde también hace falta militancia. Cerimedo inició al peronismo matancero en ese mundo desconocido”, recuerda una fuente kirchnerista. Sus consejos fueron clave para ordenar el trabajo que los militantes más jóvenes ya hacían en redes sociales: “Nos enseño cómo organizarnos, cómo funciona un algoritmo, cómo posicionar mejor un tema, cómo llegar a usuarios segmentados”. El intendente Fernando Espinoza fue reelecto en 2019. El kirchnerismo matancero todavía recuerda con cariño al “loco lindo” que, de un momento a otro, cruzó de vereda para irse al partido opósito.

El primer golpe que le dio protagonismo mediático a Cerimedo no ocurrió en Argentina, sino en Chile. El diario El Mercurio republicó en septiembre de 2020 una encuesta realizada por Numen que aseguraba que se estrechaban las diferencias entre el Apruebo y el Rechazo del plebiscito para decidir si se hacía una nueva Constitución en Chile. Era un resultado sorprendente porque todos los estudios que se conocían hasta ese momento pronosticaban un cómodo triunfo en favor de la nueva Carta Magna.

La empresa de Cerimedo decía haber hecho más de 18.000 encuestas online, un número insólito para un sondeo, que no suele superar los 3.000 entrevistados. El estudio, que había sido financiado por empresarios del Rechazo, fue utilizado luego en redes sociales por esos mismos sectores para intentar cambiar el ánimo electoral. En ese momento las urnas no avalaron el intento de manipulación: el “Apruebo” ganó con el 78% de los votos. Pero en la imaginación de la derecha quedó la idea de que se podía ganar. (Ver más detalles en historia de esta alianza periodística: El argentino que desinforma en Chile y su vínculo con uno de los árbitros de la constitución).

Cerimedo califica esa intervención como un “fracaso”. “El error estuvo en que analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, se justificó en una entrevista con La Tercera, donde atribuyó el error a un problema de presentación, obviando el hecho de que el voto era voluntario, que un 100% de participación era imposible y que incluso cuando se calculaba el votante probable sus estimaciones estaban sobredimensionadas y su metodología había sido cuestionada. En otras palabras, era una encuesta engañosa para favorecer la posición de los empresarios que la encargaron. Cerimedo argumentó además en esa entrevista con el diario chileno que “no somos una encuestadora, no somos una empresa de encuestas” (aunque en su página web las ofrecen) y dijo que las utilizan como insumo para diseñar un “plan de estrategia digital para el Rechazo”.

Ya con Gabriel Boric en la Casa de la Moneda, Cerimedo volvió a aparecer en Chile para el plebiscito que tenía que aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. “Hice toda la parte de la estrategia comunicacional y las agencias tradicionales me siguieron”, dice. Esta vez, el consultor se colgó la medalla por el triunfo en las urnas, pero dos personas del equipo que lideró la campaña oficial del Rechazo, en la que participaban todos los partidos de derecha, negaron a esta alianza periodística que Cerimedo haya participado. Una no lo conoce y la otra dice que su nombre “siempre está dando vuelta”, pero que él “trabaja muy desde la guerrilla de las redes”.

Después del triunfo electoral del Rechazo, La Derecha Diario hizo lo suyo: difundió una noticia que indicaba que el presidente Boric había tenido un “colapso nervioso” tras la derrota electoral. El gobierno chileno desmintió el hecho y también varios chequeadores de información, pero el rumor fue aprovechado por militantes de la ultraderecha. Un análisis de las redes sociales de la organización chilena Interpreta, aliada de esta investigación periodística Mercenarios Digitales, detectó que el hashtag #Boricinternado ya se estaba moviendo minutos antes de que la noticia se publicara en el sitio.

Su salto a la derecha

La pandemia encontró a Cerimedo en reuniones de Zoom con Patricia Bullrich, exministra de Mauricio Macri, que por esos momentos analizaba postularse como candidata a diputada en Argentina para las elecciones de 2021. “Es un encantador de serpientes. Un gran chanta que vende medias verdades que son imposibles de verificar. Por ejemplo: nos decía que trabajó para la campaña de (Donald) Trump y eso es tan amplio que nunca vamos a poder saberlo. También decía que tenía miles de bases de datos, pero nunca mostró nada”, relató uno de los que estuvieron en esas reuniones virtuales. “Cuando Bullrich decidió no ser candidata a diputada, se enojó, dijo que no teníamos sed de poder y desapareció”.

Cerimedo respondió con la misma vehemencia: “es el peor equipo con el que trabajé. Patricia es fanática de los trolls y gastaron muchísima plata en empresas que se los daban. Me fui corriendo por ese tipo de cosas”.

La pandemia también fue un buen momento para hacer política. La Derecha Diario atacaba al gobierno argentino, que aplicaba políticas sanitarias estrictas, opuestas a las liberales que quería imponer Bolsonaro en Brasil. En tiempos de dudas sobre el coronavirus, el sitio de Cerimedo difundió un mensaje con desinformación relacionada al Covid, una receta utilizada por la derecha en varios países durante este período. Publicaron que la entidad estatal argentina encargada de aprobar las vacunas había confirmado que las dosis contenían grafeno, una sustancia perjudicial para la salud, pero era un mentira que fue verificada por Chequeado.

Las últimas elecciones en Brasil harían más evidente su giro a la derecha. Cerimedo fue el anfitrión de Eduardo Bolsonaro en un viaje oficial realizado en octubre pasado a Buenos Aires, tras la derrota de su padre frente a Lula da Silva en la primera vuelta. La Derecha Diario difundió las recorridas del hijo de Bolsonaro, que mostraba a argentinos quejándose de la inflación y otros problemas económicos. Eduardo entró a un supermercado, abrió una heladera vacía y dijo: “eso es lo que hace el socialismo”, una referencia a las fake news sobre supermercados desabastecidos en Argentina.

“Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero eso no es una fake news. En ese momento había desabastecimiento de carne porque no había precios por la inflación. Eduardo lo usó para hacer publicidad en su campaña. Pero desinformar es otra cosa”, justifica Cerimedo en la entrevista. El consultor aprovechó las últimas horas del hijo de Bolsonaro en Buenos Aires para organizar un desayuno con Javier Milei, su nuevo cliente, el líder de los “libertarios” argentinos (ver más detalles en la historia de esta alianza periodística “Eduardo Bolsonaro viajó en misión oficial para reunirse con argentino que mintió sobre urnas”).

Cerimedo fue clave en ese viaje proselitista a Buenos Aires, aunque había elegido un papel de reparto frente a las cámaras. Pero eso cambió después de la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta, cuando el argentino convocó a un “live” en YouTube el 4 de noviembre de 2022 para difundir un estudio que le habían compartido entidades privadas sobre un supuesto fraude en Brasil. El directo, titulado «Brasil fue robado», fue compartido por políticos bolsonaristas y por influencers en medio de un caldeado clima postelectoral en Brasil que desembocó en los ataques golpistas del 8 de enero.

El argentino difundió mensajes con información falsa sobre el sistema electoral durante su “vivo”, que luego repitió en una audiencia pública en el Senado convocada por un legislador aliado, según verificaron Agência Lupa, Aos Fatos, EFE, AFP y Estadão. Tras ese video, los perfiles de La Derecha Diario Brasil en Twitter, Instagram y Telegram fueron suspendidos por el Tribunal Superior Electoral por difundir mentiras sobre el sistema electoral brasileño.

“Quedó judicialmente probado que yo no difundí desinformación. Me suspendieron las cuentas en noviembre y me desbloquearon cuando pasó lo del 8 de enero porque encontraron que no era responsable”, asegura Cerimedo. “Yo nunca decía que había habido fraude en Brasil, sino que había que investigarlo”, sostiene contra la evidencia. Y agrega que el bloqueo de las cuentas había sido una medida provisoria. Pudimos constatar que, por lo menos hasta el cierre de esta edición, la cuenta de Twitter de La Derecha Diario seguía bloqueada en Brasil.

 

La cuenta de La Derecha Diario continuaba suspendida en Brasil en julio de 2023

Además, dos comunicados emitidos por el TSE lo contradicen. El tribunal afirmó el pasado 9 de noviembre que «a diferencia de lo dicho [por Cerimedo], no es cierto que los modelos anteriores de máquinas de votación electrónica no se sometieran a procedimientos de auditoría e inspección». Días después, el TSE publicó otra nota sobre Cerimedo: «en una nueva transmisión en directo, realizada el 11 de diciembre, un canal argentino volvió a cuestionar el resultado de las urnas y a difundir mentiras sobre las elecciones brasileñas». A pesar de las sanciones, su experticia en confundir instaló a Cerimedo como un referente de la derecha en Sudamérica.

 

El cuidador del león

“Mi esposa siempre me insistía que tenía que conocer a Milei”, recuerda. Todo fue muy rápido, porque algunos meses después Cerimedo fue nombrado jefe de comunicación de su campaña presidencial. Es más: fue designado como responsable de toda la fiscalización de su partido político, de cuidar los votos tanto en las urnas como en el mundo digital. “Trabajo gratis para Milei. Yo hoy podría pedir el número que quiera, pero Javier no me podría pagar aunque le cobrara barato. La campaña no tiene esos recursos”. El diputado Milei ya armó su personaje: se hace llamar “el león” por su melena batida, un economista histriónico que acusa a “la casta”, la dirigencia política kirchnerista y macrista, para posicionarse como un outsider, la fórmula que le resultó exitosa a Bolsonaro hace cuatro años.

Un vocero de Milei definió a Cerimedo como “un trabajador” y respondió a esta alianza que no encuentran problemas éticos al tenerlo en su equipo porque las acusaciones en contra del consultor son infundadas. Acusó a agrupaciones de izquierda en Chile, como Acción Antifascita (Antifa), de dañarle su reputación y aseguró que las cuentas sancionadas en Brasil no eran suyas sino de homónimos, a pesar de las evidencias ya presentadas del TSE de ese país.

Cerimedo dice que puede trabajar gratis porque no vive de la política. Su grupo empresarial saca utilidades de sus actividades privadas, aclara el consultor. Los principales fondos se los pagan los clientes corporativos de su agencia de publicidad y se complementan con los beneficios de la Academia Numen, un espacio que ofrece cursos de formación en línea de marketing político, community manager y ciberseguridad, entre otros.

“Hoy la política representa un 10% de mis ingresos”. Esta alianza periodística no pudo comprobar estos datos porque los balances de sus cinco principales compañías no están disponibles en la Inspección General de Justicia. En cuatro de estas empresas, por tratarse de sociedades de responsabilidad limitada, no le exigen las normas presentar balances. Pero una de éstas es una sociedad anónima que sí está obligada a presentar esa documentación y no lo ha hecho, aseguraron desde el organismo. Cuestionado al respecto, Cerimedo asegura que todas sus cuentas fueron entregadas en tiempo y forma.

“¡Vení a formarte como dirigente para hacer Argentina grande otra vez!”, invita la página web de la Escuela de Conducción Política, un emprendimiento de Cerimedo. Milei es docente de este espacio y dicta la materia “Argentina y el crecimiento económico”. El consultor también es docente y tiene a cargo la asignatura “Campaña electoral”. La directora de este espacio llamado “Ciudadanos” es Camila Duro, asesora parlamentaria de Milei. Si alguien quiere inscribirse desde el exterior para hacer el curso en línea debe pagar 25 dólares.

Como la campaña electoral ya empezó en Argentina, Cerimedo ha puesto publicidad electoral en Google, en algunas provincias donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, presentó candidatos. También mantuvo, dice, largas reuniones en las oficinas de Meta de Buenos Aires, pero no figura como responsable de anuncios publicitarios en esta red. Este nuevo partido liberal, casi sin estructura territorial, sustenta la difusión de su mensaje por las redes sociales. La mira de Cerimedo está enfocada en absorber el descontento social para meter a Milei a la segunda vuelta de las elecciones argentinas.

Cerimedo mira a las elecciones en Estados Unidos del año próximo como el siguiente escalón de su carrera. La Derecha Diario le da cobertura a lo que ocurre en ese país, siempre bajo su lupa. Como cuando replicó el cuento conocido como “la gran mentira” sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2022, que denunciaron los seguidores del expresidente Donald Trump, a pesar de que decenas de funcionarios estatales y jueces locales no encontraron una sola evidencia. Fue una estrategia política trumpista para debilitar la fe en una institución central de la democracia, según lo han reiterado varios analistas. También difundió desinformación sobre la migración de latinos a Estados Unidos y hasta sobre la salud del presidente Joe Biden.

Cerimedo, por supuesto, le apuesta al triunfo republicano en 2024. Tuiteó una foto en marzo con un asesor del ex secretario de defensa de Trump. “Gran desayuno de trabajo. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años”, escribió. Siempre dispuesto a conversar con esta alianza periodística, el argentino eligió por primera vez el silencio para referirse a un posible trabajo con el fundador del populismo estadounidense. “No puedo compartir esa información”, respondió. Quizás este sea el próximo paso de Cerimedo, el consultor electoral de la nueva derecha latina, dispuesto a mentir para ganar.

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

Mercenarios Digitales

Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.

Un telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores muestra que el hijo de Jair Bolsonaro fue a Buenos Aires, en octubre de 2022, en un viaje oficial a pesar de que más bien pareció cumplir con una agenda electoral. Además, la campaña de reelección del diputado pagó a un empleado del consultor argentino Fernando Cerimedo.

Juliana Dal Piva (CLIP/UOL) y Alice Maciel y Laura Scofield (Agência Pública)

En medio de la disputada segunda vuelta de las elecciones de 2022, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizó una misión oficial a Buenos Aires para reunirse con el consultor político Fernando Cerimedo. Menos de tres semanas después, ante la derrota de Jair Bolsonaro (PL), el argentino hizo un video en Youtube con información falsa sobre las máquinas de votación electrónica, lo que ayudó a inflamar el clima postelectoral en Brasil. Cerimedo dice que actuó independientemente al colaborar con la campaña y que no recibió nada por ello. Pero Eduardo pagó a un empleado de una de las empresas de Cerimedo para trabajar en su campaña de reelección en el mismo período.

Así lo revela la investigación “Mercenarios Digitales”, que busca rastrear el negocio de la desinformación en América Latina, realizada en alianza entre Agência Pública, UOL, otros 18 medios latinoamericanos, cinco organizaciones especializadas en investigación digital y estudiantes de un curso de maestría de Universidad de Columbia, bajo el liderazgo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodistica (CLIP). Esta detalla el papel de Fernando Cerimedo en la difusión de noticias falsas en campañas de extrema derecha en el continente.

Eduardo Bolsonaro nunca informó públicamente del carácter oficial del viaje ni con quién fue a reunirse en el país vecino, ni los detalles aparecen en su rendición de cuentas en el portal de transparencia de la Cámara de Diputados. Asimismo, no se encontró en la Cámara ningún informe del viaje realizado por el diputado tras su regreso a Brasil, como es costumbre. Sin embargo, el documento de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, obtenido por esta alianza periodística, revela que este ministerio y la Cámara de Brasil brindaron apoyo institucional para el viaje, en medio de la campaña presidencial de 2022.

Eduardo Bolsonaro fue abordado a través de sus abogados y asesores y no respondió a las preguntas.

 

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Un telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la embajada de Brasil en Buenos Aires que ayude al diputado que se encontraba en un «viaje oficial». Eduardo Bolsonaro, sin embargo, hizo videos para la campaña de su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La visita de Eduardo Bolsonaro al país vecino fue comunicado en una carta enviada el 10 de octubre del año pasado por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (SERE) a la Embajada de Brasil en Argentina. Calificado como “muy urgente”, el documento informó sobre la misión oficial del hijo del entonces presidente Jair Bolsonaro a Buenos Aires “para participar del evento ‘Ciclo de Actividades para la Difusión de las Ideas de Libertad’, en el período del 12 al 15 de octubre”.

Según SERE, el viaje había sido informado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Cámara. Públicamente, sin embargo, Eduardo omitió información sobre la «misión oficial». Según información de la Legislatura Federal, Eduardo viajó a Argentina con el objetivo de “estrechar lazos para lograr un crecimiento económico sostenido (sic) en la Región”.

Pero eso no fue exactamente lo que hizo el diputado en el país vecino. Eduardo cumplió una agenda plenamente electoral. Según el reglamento del Legislativo Federal, los diputados viajan en misión oficial “para cumplir funciones inherentes al mandato”, pero la investigación apunta a que la agenda de Eduardo Bolsonaro en la capital argentina, organizada por el equipo de Fernando Cerimedo, cumplía objetivos estrictamente electorales.

Eduardo Bolsonaro viajó a Argentina acompañado de Giovanni Larosa, el corresponsal en Brasil del portal La Derecha Diario, medio que pertenece a Cerimedo. Este equipo periodístico identificó, en las cuentas rendidas al Tribunal Superior Electoral (TSE), que Larosa recibió dinero de la campaña de 2022 de Eduardo Bolsonaro. Fue posible identificar al menos 3.900 reales (unos 800 dólares) en pagos.

Copia del contrato de servicios de Giovani Larosa para la campaña de Eduardo Bolsonaro. Crédito: imagen Tribunal Superior Electoral de Brasil
Copia del contrato de servicios de Giovani Larosa para la campaña de Eduardo Bolsonaro. Crédito: imagen Tribunal Superior Electoral de Brasil

Fue también a través de La Derecha Diario que Cerimedo, el 4 de noviembre, después de la derrota de Jair Bolsonaro, transmitió un video en vivo, visto por más de 400.000 personas, en el que divulgó un supuesto dossier con datos mentirosos sobre las elecciones brasileñas. El video, desmentido por el TSE, después de diferentes auditorías en las urnas, fue ampliamente difundido entre los aliados del expresidente para levantar sospechas sobre los resultados electorales.

El material reforzó el discurso golpista de Jair Bolsonaro, quien a lo largo de su mandato intentó desacreditar el sistema electoral brasileño. El 30 de junio de 2023, el TSE declaró inhabilitado al expresidente por mal uso de los medios de comunicación al atacar sin pruebas el sistema electoral durante una reunión con embajadores realizada en julio de 2022.

Cerimedo ya había dicho en entrevistas a medios argentinos que había trabajado para la campaña de Jair Bolsonaro en 2018. Pero en el video del 4 de noviembre sostuvo que su participación en 2022 había sido espontánea, a pesar de que hacía parte de su trabajo.

“Soy un héroe para la mitad del país. Me llaman el argentino más querido de Brasil”, dijo con orgullo Cerimedo durante una entrevista de dos horas concedida a esta alianza periodística por videollamada. El consultor político negó haber sido contratado por la campaña de Bolsonaro para hacer la transmisión en vivo.
Dijo que se le acercó un amigo “que es un erudito de Brasil y un fanático de Bolsonaro”, quien supuestamente sospechaba que había errores en el conteo de votos. “Ni los militares ni nadie del partido me contactó antes de la transmisión. Ni siquiera podía hablar con Eduardo”, señaló, a pesar de que habían estado juntos semanas antes. También negó haber recibido dinero para producir el video.


Promotor de desinformación

Pareciera que difundir noticias falsas es parte del papel de Fernando Cerimedo, aunque él mismo lo niegue. El portal de noticias La Derecha Diario, que forma parte del Grupo Madero Media, es una vía para ello. Esta investigación transnacional identificó que la consultora política utilizó estrategias similares a las utilizadas en Brasil, Argentina y Chile.

El argentino también es dueño de Numen Publicidad, que se define como una agencia de marketing digital que utiliza bots y «miles de trolls» para preparar campañas negativas contra sus opositores, según admitió el empresario en una entrevista con La Nación.

El sitio web de Numen informa que ha prestado servicios de consultoría política a 50 campañas electorales en América Latina y Estados Unidos «utilizando recursos tecnológicos exclusivos para el posicionamiento y comunicación de candidatos y gobiernos, gestión y lectura de la opinión pública». El sitio web de Numen dice, asimismo, que la empresa tiene oficinas en Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo. Esta alianza periodística, sin embargo, no identificó ninguna empresa a nombre de Cerimedo o de sus socios en Brasil.

Print de la página de la empresa argentina Numen en Facebook con apuntes a oficinas en otros países. Sin embargo, ellos no fueron identificados por el proyecto "Mercenarios Digitales". Crédito: reproducción de redes sociales de Numen
Print de la página de la empresa argentina Numen en Facebook con apuntes a oficinas en otros países. Sin embargo, ellos no fueron identificados por el proyecto "Mercenarios Digitales". Crédito: reproducción de redes sociales de Numen

A pesar de que las mentiras publicadas en La Derecha Diario fueron descubiertas, el consultor niega ser productor de fake news. “Llamándonos desinformadores en serie por dos o tres tonterías es la única forma en que pueden llegar a nosotros. Estoy en contra de las noticias falsas”, dijo a CLIP. «La Derecha Diario es el único de mis medios que hace travesuras», dice.


Viajes con fines disfrazados

Eduardo, “el hijo 03” del expresidente Jair Bolsonaro (PL) aterrizó en la capital argentina el 12 de octubre, donde permaneció hasta el día 15, dos semanas antes de las elecciones. Durante ese período, el diputado se reunió con líderes de la ultraderecha del país, concedió entrevistas a medios locales y grabó cuatro videos para la campaña de su padre, con el apoyo de Fernando Cerimedo. Todo fue registrado por La Derecha Diario.

Las imágenes en Buenos Aires muestran a Eduardo Bolsonaro entrevistando a personas en la calle que se quejan de la inflación y envían mensajes a favor de la reelección de Jair Bolsonaro. La estrategia fue llegar a los votantes indecisos con el discurso de que Brasil entraría en una crisis económica similar a la de Argentina (país que cerró 2022 con 94,8% de inflación) si Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fuese elegido. El presidente del país vecino, Alberto Fernández, es un aliado político del candidato del PT.

«¿Cómo sería Brasil si el presidente fuera del PT? Sería parecido a Argentina», escribió el diputado en el pie de foto de uno de los registros del viaje, compartido en su Instagram el 27 de octubre. Otros videos ya habían sido diseminados por el diputado en sus redes sociales los días 13, 15 y 16 y también fueron compartidos en las redes de La Derecha Diario.

Misión oficial “urgentisima”

Como ya se mencionó, Eduardo trató de ocultar la información de que viajó en una «misión oficial» como diputado de Brasil. Sin embargo, la agenda del diputado en la ciudad, ampliamente difundida por La Derecha Diario, fue más electoral.

El portal informó que Eduardo se reunió en la noche del 13 con dirigentes de derecha del país «con el objetivo de consolidar los diferentes espacios de la derecha y lograr un apoyo común al máximo líder de la derecha en la región: Jair Bolsonaro». El encuentro fue organizado por Fernando Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, directora de Madero Media.

En su último día en Argentina, el diputado brasileño tuvo un desayuno privado con el diputado y actual candidato presidencial argentino Javier Milei, la diputada Victoria Villarruel y Giovanni Larosa. Según La Derecha Diario, «hablaron de la importancia de que la derecha esté conectada a nivel regional y de lo vital que es que Bolsonaro sea reelegido.»

Eduardo Bolsonaro y el diputado y actual candidato presidencial argentino Javier Milei, la diputada Victoria Villarruel y Giovani Larosa en Buenos Aires. Crédito: reproducción instagram Giovani Larosa
Eduardo Bolsonaro y el diputado y actual candidato presidencial argentino Javier Milei, la diputada Victoria Villarruel y Giovani Larosa en Buenos Aires. Crédito: reproducción instagram Giovani Larosa

También, según la nota de La Derecha Diario, fue Cerimedo quien auspició el viaje de Eduardo al país vecino y el editor del portal y director ejecutivo de Numen Publicidad, Ezequiel Acuña, fue el encargado de acompañar y coordinar la agenda del político brasileño. Pero en una entrevista con CLIP lo negó: “nadie nos pagó ni nosotros pagamos nada”, dijo Cerimedo.

En su currículum, Acuña dice ser especialista en marketing político digital con experiencia en Argentina, Chile y Brasil.

Él y Cerimedo aparecen en uno de los videos publicados por Eduardo Bolsonaro en Buenos Aires haciendo campaña a favor de su padre. La imagen, compartida el 13 de octubre en las redes parlamentarias, los muestra a los tres caminando por las calles de Buenos Aires acompañados por un equipo de grabación.

En el video, Eduardo saluda a simpatizantes de Jair Bolsonaro y en un momento dado abre una nevera vacía en un supermercado y dice: «es lo que hace el socialismo». Dos días después, Eduardo Bolsonaro publicó otro video en Argentina, en el que aparece contando varios billetes de dinero en un restaurante. En el pie de foto, escribió: «pagando el almuerzo en Argentina. Si no quieres esto para Brasil, vota Bolsonaro 22 y consigue más votos».

En los posts que hizo en Buenos Aires, etiquetó los perfiles de Giovanni Larosa y La Derecha Diario.

A juicio de los abogados entrevistados para este informe, el uso de la misión oficial en un viaje para hacer campaña electoral puede constituir abuso de poder político.

Para la presidenta de la Comisión de Derecho Electoral de la OAB (Orden de Abogados de Brasil) de Minas Geráis, Isabela Damasceno, el episodio podría constituir un abuso de poder político, “dado que se había utilizado el cargo de elección popular, incluido un oficio que informaba que el diputado/agente público estaba en una misión institucional «, resaltó. “Cuando claramente no se localizan el hecho ni los actos al servicio de la patria que el diputado debió realizar, la misión institucional se muestra ficticia, con una clara desviación de su propósito”, agregó.

De acuerdo con el abogado Marcelo Weick, miembro de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep), además del abuso de poder político, el caso puede constituir una impropiedad administrativa, ya que hubo un uso de la máquina del Estado.


Publicista “imparcial”

Los perfiles de La Derecha Diario Brasil en Twitter, Instagram y Telegram fueron suspendidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por difundir mentiras sobre la seguridad de las elecciones, después de que Fernando Cerimedo divulgara el 4 de noviembre el directo a través del canal de Youtube de su página web, intentando impulsar la tesis falsa de que hubo fraude en las urnas. El video sigue disponible, de todas maneras, en la plataforma Rumble y en el canal de Cerimedo y en los de otros usuarios.

La información de la transmisión en vivo, titulada “Brasil Was Stolen”, fue compartida por políticos bolsonaristas e influencers para enardecer el clima postelectoral en Brasil, lo que desembocó en los ataques golpistas del 8 de enero.

Cerimedo en la transmisión en vivo, titulada “Brasil Was Stolen”. Crédito: reproducción
Cerimedo en la transmisión en vivo, titulada “Brasil Was Stolen”. Crédito: reproducción

En el video, Cerimedo presenta la tesis amañada de que hubo una diferencia de votos a favor de Lula entre las urnas que habrían sido auditadas y las más antiguas, que, según él, no pasaron por la auditoría. En realidad, todas las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones de 2022 fueron auditadas e inspeccionadas, como lo confirmó la Justicia Electoral.

En ese momento, Brasil registraba decenas de bloqueos en las calles, que comenzaron tras el resultado electoral del 31 de octubre. Las desinformaciones ayudaron a mantener a los militantes bolsonaristas en las calles y animaron a más personas a sumarse a los actos antidemocráticos pidiendo intervención federal, como fue el caso del ama de casa Luisa*.

Después de ver el directo del consultor político argentino, se puso la camiseta de la selección brasileña y salió a la carretera en Barra Velha, Santa Catarina, para protestar contra el resultado electoral.

«No creo todo lo que llega a mi Whatsapp, mis vecinos y yo nos juntamos y estuvimos ayer hasta altas horas de la noche analizando los datos que él (Fernando Cerimedo) presentó», justificó.

Motivada por las desinformaciones, Luisa salió de casa con sus tres hijas cuando el sol despuntaba en el cielo, llevó sillas, comida y agua suficientes para pasar el día en el acto. Habló para este reportaje el 5 de noviembre, bajo condición de anonimato.

Ante las cámaras, Fernando Cerimedo dijo que había recibido la información que corroboraba las mentiras «de entidades privadas». «Es importante aclarar que esta información no tiene nada que ver con la campaña de Bolsonaro ni con el Gobierno, esta información llegó a nuestras manos de entidades privadas», subrayó.

Mientras hacía el live, se presentó como un sujeto imparcial, omitiendo su relación con Eduardo Bolsonaro y la campaña del expresidente. Repitió las mentiras propagadas en el video durante una audiencia pública en la Cámara de Diputados convocada por Eduardo Girão (Podemos), diputado aliado del expresidente, el 30 de noviembre de 2022.


La campaña de Eduardo contrató a un empleado de Cerimedo

Esta alianza periodística también encontró pagos a Giovanni Larosa, quien coordinó acciones en la campaña de reelección de Eduardo en las ciudades del oeste de São Paulo del 12 al 30 de septiembre, según datos de la Justicia Electoral.

Además de ser corresponsal de La Derecha Diario en Brasil, Larosa es presentado en un artículo del portal como asesor de Eduardo para asuntos internacionales. En entrevista con CLIP, sin embargo, Cerimedo lo desmiente: “No fue cedido a La Derecha Diario ni a Eduardo [Bolsonaro]. Es un brasileño que viaja mucho y hace videos, se hizo amigo de Eduardo y lo llevaba a todos lados. Por nuestra parte, solo le dimos viáticos para que tomara notas sobre la campaña”.

En un video publicado por Eduardo Bolsonaro el 7 de octubre, Larosa aparece a su lado en un viaje a São Paulo. Suben al avión presidencial de la Fuerza Aérea Brasileña, en el que también viajaban Jair Bolsonaro y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

La relación de la familia Bolsonaro con Larosa es anterior al periodo electoral. En 2021, publicitó su visita al Palacio da Alvorada cuando le llevó el dulce típico argentino, el alfajor, al entonces presidente. Ese mismo año, Larosa cubrió para La Derecha Diario el CPAC, el congreso político periódico que se define como el «mayor evento conservador del país». En esa ocasión, hizo una entrevista exclusiva con Jair Bolsonaro.

Con 77.000 seguidores en Instagram, 26.000 en Twitter y 39.000 en TikTok, Larosa grabó varios videos con Bolsonaro durante la campaña y reprodujo ataques a Luiz Inácio Lula da Silva. También ayudó a difundir desinformación, compartió imágenes de la invasión del 8 de enero a los edificios de los tres poderes en Brasilia y escribió noticias favorables al expresidente para La Derecha Diario durante todo 2022.

En 2021, Giovanni Larosa también formó parte del equipo de Cerimedo que colaboró para la campaña de la argentina Patricia Bullrich, presidenta del partido derechista Propuesta Republicana. El mismo equipo trabaja hoy para Javier Milei, candidato presidencial de la ultraderecha argentina y aliado político de los Bolsonaro.

En paralelo, Cerimedo coquetea con la campaña de Donald Trump. El 22 de marzo publicó una foto en Twitter desayunando con personas vinculadas a Trump: «Gran desayuno de trabajo esta mañana con Carlos Diaz Rosillo, principal asesor del secretario de defensa en asuntos de seguridad internacional del gobierno de @realDonaldTrump«, escribió.

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

Mercenarios Digitales

Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.

A través de las empresas de NS Group, el uruguayo Carlos Ibáñez participó de operaciones de difamación e inteligencia para instituciones políticas y deportivas de España y América Latina.

Leandro Fernández y Javier Revetria, La Diaria

Poco se sabe de Carlos Ibáñez Constantino. A diferencia de otros en su rubro, él mantiene un bajo perfil. Tal vez el “Barçagate” haya sido el traspiés en el que por primera vez el público haya escuchado su nombre vinculado a campañas de desprestigio y conversación artificial en redes.

Pero este reportaje, parte de Mercenarios Digitales, una investigación en alianza con 20 medios, cinco organizaciones especialistas en investigación digital y estudiantes de maestría de Columbia University, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, revela que Ibáñez ha estado detrás de otras campañas inauténticas en redes sociales en varios países de América Latina y que los servicios tecnológicos que les ha vendido a gobiernos de la región han levantado sospechas por problemas que van desde la ineficiencia hasta el espionaje.

Barçagate

El 1 de marzo de 2021 los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, allanaron las oficinas del F.C. Barcelona y llevaron detenido a su entonces presidente, Josep María Bartomeu, junto a otros dirigentes del club. Entre la documentación incautada se encontraban los contratos donde se lo vinculaba a Ibáñez a operaciones en redes sociales.

Un año antes, en febrero de 2020 la cadena SER española informó que el Barça había contratado a la empresa I3 Ventures, parte del grupo Nicestream, propiedad de Ibáñez, para mejorar la imagen pública del club y sus autoridades. La publicación derivó en una investigación judicial surgida de una denuncia presentada por la asamblea de socios por el gasto de un millón de euros por este servicio. La irrupción de la policía en la sede del club fue una bomba mediática en España.

A pocos días de la elección en la que la directiva se jugaba la renovación de sus cargos, la policía halló los contratos que vinculan a I3 Ventures con otras empresas satélite. Según ese medio español, a pesar de que las facturas de pago a la empresa fueron trituradas previo a la llegada de los investigadores, se pudo demostrar con la documentación encontrada que el gasto fue dividido entre distintas dependencias en seis órdenes de compra con valor inferior a 200.000 euros, para que el egreso pasara desapercibido por la asamblea de socios, que debe autorizar todo tipo de gasto mayor a esa cifra. Todo este escándalo mediático sumado a la crisis deportiva por la que atravesaba el club derivó en la apresurada salida de Bartomeu de la presidencia meses más tarde para eludir una posible moción de censura.

La investigación policial apuntó a que lo que fue camuflado como un servicio de análisis de redes y opinión pública era en realidad un gran entramado de cuentas generadoras de contenido difamatorio cuyo papel era replicar la información. Los objetivos de estos ataques eran dirigentes opositores y jugadores del club, entre los que se encontraba Lionel Messi, lo que según especuló la prensa española habría sido uno de los motivos por el que el argentino decidió marcharse al París Saint Germain.

Ibáñez confesó ante la justicia española en 2021 que él y sus empresas habían estado detrás de esta operación. Incluso, declaró que “atacábamos a Guardiola [anterior entrenador del equipo] porque este atacaba al Barça”.

¿Qué se sabe de Carlos Ibáñez?

Sus rastros en prensa se remontan a 2002, cuando una nota de radio El Espectador presentaba a Ibáñez como el entonces flamante representante en Uruguay de Initiative Media, una multinacional que, en tiempos donde no existían las redes sociales, se dedicaba al “pautado de publicidad en medios”, según el artículo. Lo acompañaba el director para América Latina, Jean Christophe Petit. Petit e Ibáñez presentaron un novedoso software que, en base a datos cuantitativos, calculaba una estrategia de medios con la que aseguraba a los anunciantes que lograría una maximización de alcance publicitario al mejor costo-beneficio.

Luego, en 2007, ya como vicepresidente de negocios del grupo, fue designado presidente de la filial mexicana, integrada por las empresas Initiative, Initiative FCBm, Brand Connection, Emerging Media Consulting y Fastbridge.

En 2009, según el Linkedin de Ibáñez, fundó el grupo Nicestream (también conocido como NS Group o NSG Corp) con el cual, a través de empresas dependientes, se terminaría vinculando al argentino Gastón Douek e ingresaría al mercado de las campañas políticas. Douek, conocido por la prensa de su país como el “Señor de los Trolls”, admitió en entrevista con el diario La Nación haber generado 150.000 cuentas falsas durante la campaña electoral de 2012 en México. Además, fue asesor de Sergio Massa, en momentos en que el ahora candidato peronista estaba enfrentado al kirchnerismo. Más recientemente se lo señaló como asesor del político radical Facundo Manes y como responsable de difundir mentiras en contra de Horacio Rodríguez Larreta en momentos en que ambos precandidatos se enfrentaban en la interna del macrismo para competir por la legislatura porteña. Además, de acuerdo al registro de empresas de la Provincia de Buenos Aires, Douek es socio de Guillermo Seita, asesor de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a través de la empresa argentina Smart Consumers S.A., conocida por su marca Prosumia.

En 2019, Prosumia generó la web “donde.voto.ar”, que ofrecía a los votantes poder consultar el circuito correspondiente en las elecciones generales de octubre de ese año. Sin embargo, la web estaba colmada de publicidad del Frente de Todos, plataforma kirchnerista que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia. Este hecho fue revelado a través de Twitter por el periodista argentino Julio Ernesto López, quien además detalló que las oficinas de Prosumia coincidían con las de NS Group, empresa matriz que integra a Nicestream.

Igualmente, en ese momento, Carlos Ibáñez negó mantener relación con Douek, a pesar de que las empresas de ambos compartían entonces domicilio en Buenos Aires, ubicadas en la dirección Camacua 413 del barrio de Olivos.

Mismo rubro, distintas etiquetas

El NS Group está integrado por distintas marcas que manejan distintas carteras de negocios. Una de ellas, y la que vinculó directamente a Ibáñez con Douek, es Illuminati Lab, de la cual ambos empresarios son cofundadores. Se presentan como una empresa de análisis conversacional en redes y han publicado reportes de redes sobre diversos debates públicos tanto en Uruguay como en la región. Buena parte del material publicado en su sitio web fue dado de baja luego de la polémica del Barçagate, según puede constatarse a través de la web archive.org y que permite aún visualizar el contenido. Recién retomaron las publicaciones a partir de mayo de 2022 con un reporte sobre las últimas elecciones en Paraguay, en lo que pareciera un relanzamiento público de la empresa luego de pasada la polémica. Por ejemplo, el último informe publicado el pasado 30 de junio analiza el debate sobre la crisis hídrica que afecta a Uruguay. Entre los servicios estrella que ofrecen se encuentra Eyewatch, una plataforma de análisis de redes presentada como una “solución de big data para ecosistemas digitales”. De acuerdo a su web, el software permite un “análisis competitivo que permite evaluar contenidos y rendimiento”, así como “enriquecimiento inteligente de perfiles” y “automatización de perfiles, conversaciones e interacciones en Twitter”, entre otras virtudes.

Por último se encuentra la ya mencionada Nicestream, su marca comercial más conocida, y que manifiesta contar con la experiencia de más de “20 casos de gestión de crisis institucional y ambiental, imagen pública y gestión de problemas”. Además, en la propia web de la compañía afirman contar con “la mayor red de oficinas de Social Big Data a lo largo de Latinoamérica y España”.

De acuerdo a una exposición de Carlos Ibáñez en Panamá del año 2019, NS Group tenía entonces oficinas en cinco países y presencia en otros 21. Además, manifestó generar iniciativas que impactaron en 310 millones de personas y mantener un monitoreo de conversaciones respecto a 770 entidades que son clientas del grupo. Allí mismo anunció que estaba abocado a la apertura de sus oficinas en Panamá con miras al mercado centroamericano.

De acuerdo al registro mercantil de Panamá, NSG Panamá fue fundada en febrero de 2019 y, además de estar integrada por Ibáñez, tuvo en su directorio a Michelle Sitton, jefa de campaña del Partido Revolucionario Democrático, mientras que el registro de la empresa fue hecho por por María Fábregas, ex viceministra de la presidencia (2009-2012), a través de su firma Moreno & Fábrega. Asimismo, según el sitio de OpenCorporates, el apoderado de la empresa es Rodrigo Ziegner, quien de acuerdo a la prensa española fue integrante del departamento financiero del F.C. Barcelona.

Además, Sitton está registrada desde 2014 como presidente de la agencia de marketing TR3E S.A. en conjunto a Demetrio Papadimitriu, ex ministro de la presidencia de Panamá durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) al tiempo que Fábregas ocupó la vicepresidencia. Papadimitriu enfrentó acusaciones por el caso Odebrecht luego de que su madre, Maria Bagatelas, recibiera una transferencia de 2,1 millones de dólares por parte de la constructora a una cuenta en la Banca Privada de Andorra. A todas estas conexiones se suma que NS Group presenta como dirección la misma que TR3E Marketing, la Sortis Business Tower en Ciudad de Panamá, aunque en diferentes pisos.

Operaciones para el gobierno de Rafael Correa

En 2013 el grupo se vio relacionado en un caso que involucró a dos de sus marcas, Illuminati Lab y EyeWatch, además de Emerging Media Consulting de México, que en ese entonces era dirigida por Ibáñez. Emerging MC fue contratada por el gobierno de Rafael Correa a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia que, de acuerdo a un documento de febrero de 2013 firmado por su director, Pablo Romero, autorizó a Illuminati Lab a oficiar de intermediario como “representante e interlocutor exclusivo para la demostración, evaluación y contratación de servicios” entre el organismo y Hacking Team, una empresa de hackers rusos.

La información publicada entonces por el diario ecuatoriano El Universo afirmaba que el gobierno de Correa contrató a la empresa para atacar una web de contenido opositor, BananaLeaks, y logró dar de baja el contenido publicado en la red. El servicio incluyó además crear una web similar que confundiera a los lectores para que ingresaran a la página falsa. Un documento interno de la compañía explica la “Operación Walquiria”, como fue conocido el procedimiento, donde se detallan las distintas etapas, metodologías y grupos de trabajo que participaron de las tareas.

Ese mismo año, la compañía efectuó el “Operativo Goliat”, cuyo objetivo era lograr, a través de una campaña de desprestigio, la extradición de uno de los principales opositores de Correa, Galo Lara, quien se encontraba prófugo en Panamá acusado de homicidio. Por el servicio se abonaron 6,7 millones de dólares a Emerging MC S.A., una sociedad constituida en 2009 y cuyos titulares eran Ibáñez, Gastón Douek y otros dos socios.

Esta marca también efectuó servicios para PEMEX, la petrolera estatal mexicana, los cuales aparecen referenciados la web de Nicestream. De acuerdo al portal de transparencia del gobierno mexicano, esta sociedad cobró unos 2,6 millones de pesos mexicanos (unos 250.000 dólares actuales) por tres meses de servicio.

Tanto Douek como Ibáñez fueron contactados por CLIP respecto a los episodios relatados. Al momento de esta publicación Douek no había emitido respuesta. Ibáñez respondió por correo electrónico, pero aclaró que no podía responder las preguntas debido que el proceso judicial derivado del Barçagate sigue en curso y “no puede revelar información concerniente al mismo o que de alguna manera pueda interpretarse como una acción tendiente a perjudicar el proceso de investigación”, que de acuerdo a Ibáñez apoyó “desde el inicio”.

Sin embargo aclaró que “una vez finalizado el proceso, que esperamos que sea lo antes posible, con mucho gusto me podré extender en detalle sobre un tema en el cual—campañas de desinformación, juicios mediáticos, posición mediática dominante, etc,—es justamente parte de nuestro trabajo profesional”.

Clientes de renombre

A pesar de que buena parte de la información de la empresa fue dada de baja de las diversas webs que dependen del grupo, es posible reconstruir su vasto portafolio gracias a los rastros que quedaron en internet y en redes sociales.

A su labor para el F.C. Barcelona, en España se suman trabajos para las entidades bancarias Santander y Caixabank, así como también para el Partido Popular. Según informó El País de Madrid, Ibáñez fue al menos dos veces a la sede del partido en la calle Génova a ofrecer sus servicios con un costo de 1,4 millones de euros, propuesta que habría sido rechazada. Sin embargo, además de ser incluido en su portafolio web, es posible encontrar infografías que la empresa elaboró en la campaña de Mariano Rajoy de 2015. De hecho, en marzo de 2021 Emili Rousaud, quien fuera vicepresidente del club catalán durante el Barçagate, declaró en una radio catalana que la propuesta de contratar a I3 Ventures (filial española de Nicestream) llegó por parte de personas del entorno de Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno español durante el mandato de Rajoy.

Si bien Rousaud no precisa quién fue la persona que hizo el acercamiento, en un artículo de El Nacional de Cataluña insinúan que podría ser el empresario Jaime Malet, vinculado a la Societat Civil Catalana, una organización creada para rechazar el Procés de independencia y que también fuera cliente de los servicios de Nicestream.

Tanto I3 Ventures SL como NSG Social Science Ventures, ambas a nombre de Ibáñez, fueron registradas en España en mayo de 2015 y enero de 2019 respectivamente, previo al comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales de ese país. Además, ambas comparten domicilio fiscal con un estudio contable ubicado en el segundo piso de las oficinas de la calle Zurbano N°10 a escasos metros de la sede del Partido Popular en Madrid.

En México, sin especificar el servicio ofrecido, el grupo Nicestream trabajó para el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dominantes de la política mexicana hasta la victoria de Morena en 2018. Asimismo, como fue mencionado más arriba, Ibáñez trabajó para la estatal PEMEX. Cabe recordar que, de acuerdo a Douek, a través de Illuminati Lab se crearon miles de cuentas falsas en la campaña presidencial de 2012.

También afirman haber trabajado para la constructora brasileña Odebrecht, célebre por el caso del entramado de sobornos conocido como Lava Jato. De acuerdo a la web de la empresa, se manejó la crisis de imagen en un contexto de posibles cancelaciones de proyectos en curso. La estrategia consistió en generar un relato en que se presentaran las voces de los empleados como “víctimas del conflicto”, así como lograr que el público cambiara su punto de vista sobre el tema. Para ello se apuntó a cuatro públicos objetivos “sobre los cuales actuar”, integrados por la clase política, periodistas, audiencia en general y empleados. Asimismo, manifiestan haber efectuado más de 17.000 horas de monitoreo de la presencia de la empresa en medios y redes sociales. Luego de 12 meses de trabajo, según afirmó la empresa, las menciones favorables a la constructora habrían pasado de 1% a 35%.

En Chile, Nicestream recibió en 2017, a través de su filial NSG Chile SpA, un contrato con la Municipalidad de Providencia encabezada por Evelyn Matthei, ex candidata a la presidencia por la Unión Democrática Independiente (UDI). El documento establece un acuerdo de “gestión de redes sociales, aplicación de reporte ciudadano, y evaluación de servicios” por un plazo de cinco meses.

Para el acuerdo se creó una “unión temporal de proveedores” en donde a NSG Chile la acompañó Futuric SA, razón social de Nicestream en Uruguay, representada por el uruguayo Diego Barcia. Los titulares de NSG Chile son Felipe Morandé, ex ministro de telecomunicaciones de Sebastián Piñera, y su esposa Carola Zuñiga, dueña también de Zeta Comunicaciones. Morandé además fue jefe de programa de Matthei cuando era candidata a la presidencia.

De acuerdo al portal del gobierno de Chile, un representante de NSG Chile se reunió el 11 de julio de 2019 con Juan Pablo Longueira, asesor en el Ministerio de Obras Públicas, para presentarle “servicios para el análisis y levantamiento de bigdata e inteligencia social, y asesoría en comunicación digital”. El lobbista era Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador Jorge Pizarro, quien fuera procesado por el “Caso SQM” debido a la emisión de facturas falsas de servicios de comunicación que nunca brindó. Estas boletas eran emitidas por la Sociedad Química Minera de Chile para desviar fondos a financiamiento de campañas.

Barcia, por su parte, declaró en una entrevista con El País de Uruguay haber trabajado en relevamiento de redes sociales para la campaña de Piñera, servicio que no está destacado en ninguna de sus webs. Esto habría coincidido en tiempo con el contrato con la Comuna de Providencia, firmado por Matthei el 5 de septiembre de 2017, dos meses antes de la primera vuelta.

Jugando de locatario

Nicestream trabaja en Uruguay bajo el paraguas de Futuric S.A., razón social registrada a finales de 2014 con Diego Barcia como administrador. Si bien Carlos Ibáñez no aparece en ninguna de las publicaciones de la empresa, a partir de mayo de 2020, luego de que explotara el Barçagate, pasa a estar registrado como presidente de la empresa pero con Barcia siendo la cara visible. Además, la hija de Ibáñez, contadora, es directora financiera de la empresa, cargo similar al que figura en la filial de Panamá.

De momento se desconocen en el país operaciones como las denunciadas en el exterior y la empresa cuenta con un amplio portafolio de clientes entre los que se destacan la Asociación Uruguaya de Football, Fábricas Nacionales de Cerveza, las intendencias de San José, Montevideo y Canelones y el Banco República. Además de haber trabajado en la campaña del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, en 2019, Ibáñez afirmó haber asesorado a José Mujica. De acuerdo a un trabajo de grado de la Universidad Católica referente al uso de big data en campañas políticas, la empresa se habría acercado a todos los comandos de campaña ofreciendo sus servicios, trabajando finalmente para los colorados.

Entre las licitaciones estatales más destacadas está la que ganó Futuric S.A. en la Intendencia de Canelones el 21 de diciembre de 2018, que la contrató para llevar adelante un “servicio técnico profesional para desarrollar y profundizar un proyecto de cercanía digital con la ciudadanía”. En el pliego, el gobierno departamental solicitó que ese servicio esté integrado por una “plataforma de articulación ciudadana” en la que los “vecinos” podrán comunicarse con la Intendencia para generar reportes con “reclamos, desperfectos, vandalismos, solicitudes, iniciativas y otros temas”.

Además, requirió una “plataforma de automatización de mensajes, que permita la comunicación con determinados grupos de vecinos con características similares, o afectados a determinadas obras del Gobierno Departamental”. En tercer lugar, el servicio también debía incluir “un servicio profesional que brinde conocimiento basado en su experiencia en la construcción de nuevas formas de comunicación con la ciudadanía en forma bidireccional, utilizando la información disponible en la organización”.

Luego de que compitieran tres empresas en el llamado, la Intendencia de Canelones designó a Futuric S.A. como ganadora y le pagó 216.903,50 dólares por el servicio requerido. Sin embargo, en una resolución del gobierno departamental del 8 de febrero de 2019, se puede ver que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, el órgano de control externo de Uruguay, observó el gasto que realizó el gobierno departamental, es decir que lo objetó.

El argumento es que el gasto no se ajusta a los dispuesto en el artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que dice que “no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”, con la excepción de que el motivo sea para cumplir con sentencias judiciales, laudos arbitrales o “situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República”. A pesar de la observación del TCR, la Intendencia resolvió reiterar el gasto bajo el argumento de que debe “cumplir con las obligaciones adquiridas por el Gobierno de Canelones”.

El servicio incluyó el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil bajo la marca “1828 Canelones”. Las plataformas, que fueron lanzadas en febrero de 2020 ya no se encuentran operativas al día de hoy. La web 1828canelones.uy no está disponible, así como las redes sociales, y la app no se actualiza desde su lanzamiento. Asimismo, en la página de Facebook se volcaron varias quejas de ciudadanos de Canelones debido a que no se atienden los reclamos cargados a la plataforma.

Resulta llamativo que la app se encuentre alojada en la biblioteca de APK Android del desarrollador Eyewatch.me, compañía mencionada en los operativos para el gobierno ecuatoriano. Allí se alojan también las apps desarrolladas para la comuna chilena de Providencia, la Intendencia de San José y el municipio CH de Montevideo.

Todas estas aplicaciones fueron elaboradas tomando como base la plataforma de Kit Urbano, presentado como un software de atención ciudadana y que pertenece a Gastón Douek. Kit Urbano ofrece en su biblioteca de Play Store más de 300 aplicaciones vinculadas a municipios y partidos políticos locales de todo Latinoamérica. En el caso de Uruguay tiene asignadas aplicaciones a la totalidad de las intendencias del país, a pesar de que no figuran registros de que las comunas hayan contratado la plataforma. Además, Douek tiene registrados al menos 102 dominios web a su nombre a través de un correo de la empresa que, en la mayoría de los casos, están asociados a municipios latinoamericanos y organizaciones políticas, como es el caso de al menos doce dominios creados en 2015 relacionados a Juntos por el Cambio de Argentina.

Además, en diciembre de 2019 Futuric S.A. recibió por parte del Banco República de Uruguay la adjudicación de un contrato bajo llamado licitación pública por un “servicio de agencia digital para el desarrollo integral de la estrategia de comunicación digital y campañas en medios digitales”. El monto, que de acuerdo a Barcia en entrevista con el diario El País fue la oferta más baja, ascendió a 54 millones de pesos (unos 1,8 millones de dólares) por dos años de servicio. Asimismo, el contrato fue renovado por igual período, tal como estaba posibilitado en el pliego.

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

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Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
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El consultor argentino Fernando Cerimedo, amigo de Milei y Bolsonaro, ha estado detrás de una serie de operaciones de desinformación: una encuesta sesgada, mentiras sobre el proyecto de constitución de la Convención e inventos sobre la salud de Boric. En Chile, Cerimedo es socio de Numen SpA. junto al abogado conservador Enrique José García Arancibia. García es uno de los 12 árbitros del Comité que debe decidir qué es admisible en la Nueva Constitución, hasta donde llegó apoyado por el Partido de la Gente.

Por Francisca Skoknic e Ignacia Velasco, LaBot

La primera vez que se tuvo noticias en Chile del argentino Fernando Cerimedo y de su empresa Numen fue el 6 de septiembre de 2020. Ese domingo el diario El Mercurio llevaba en portada un titular sobre el referéndum constitucional: “encuesta señala que se estrechan las diferencias entre el Apruebo y el Rechazo a dos meses del plebiscito”. El resultado del sondeo era sorprendente, pues hasta ese momento todos los estudios de opinión mostraban que más del 70% de los chilenos estaba a favor de la redacción de una nueva Constitución, mientras que Numen sólo anotaba un 42,3%. Más llamativo aún: cuando se incluía la opinión de quienes no pensaban votar en el plebiscito, ganaba el Rechazo.

La empresa aseguraba haber realizado más de 18.000 encuestas online, un número enorme si se compara con el resto de los sondeos del mercado (por esos días se publicaban resultados con entre 700 y 1.900 entrevistados), gracias a que las personas eran reclutadas a través de redes sociales y avisos pagados. En ese momento, al ser contactados por LaBot para saber si alguien había encargado el estudio de opinión, desde Numen en Argentina reconocieron que anteriormente habían hecho una encuesta para el Rechazo, pero en este caso era un cliente cuyo nombre no podían revelar. Con el paso de los días, Cerimedo terminó reconociendo en radio Duna que ese cliente eran empresarios pro Rechazo.

La encuesta fue utilizada por la Casa del Rechazo para intentar cambiar el ánimo electoral, pues a esas alturas el país tenía completamente asumido el triunfo del Apruebo. La estrategia era movilizar a los opositores al cambio constitucional con el argumento de que si iban a votar en masa ganaría el Rechazo. “Según última Encuesta 53% votaría rechazo y un 47% apruebo. Pero como los del Rechazo creen que van a perder, sólo un 22% iría a votar. En cambio un 53% de los del Apruebo irán a votar. Si revertimos esa falsa sensación de que gana el Apruebo, el Rechazo podría imponerse!”, tuiteó Gonzalo de la Carrera, dirigente de la Casa del Rechazo, el 5 de septiembre. Como prueba compartió las gráficas de Numen, incluyendo una en que se proyecta el escenario si todos van a votar en que el resultado sería estrecho a favor del Rechazo.

Gráfica de encuesta Numen de septiembre de 2020 compartida por Gonzalo de la Carrera en Twitter
Gráfica de encuesta Numen de septiembre de 2020 compartida por Gonzalo de la Carrera en Twitter

También circuló en redes un video hecho a partir de la encuesta Numen de octubre, en que se insistía en que si todos los que rechazaban la idea de una nueva constitución iban a votar, podía ganar esa opción. Una de las que lo compartió fue la ex diputada UDI y ex ministra de Educación de Piñera Marcela Cubillos, quien luego sería electa convencional.

¿El resultado real del plebiscito de octubre de 2020? 78% en favor del Apruebo. “Cuesta saber dónde estuvo el error”, salió a decir el empresario Gerardo Jofré, del comando de independientes y de la Casa del Rechazo, quien reconoció haber encargado la encuesta de Numen. “El error estuvo en que analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, se justificó Cerimedo en La Tercera, donde atribuyó el error a un problema de presentación, obviando el hecho de que el voto era voluntario, que un 100% de participación era imposible y que incluso cuando calculaba el votante probable sus estimaciones estaban sobredimensionadas y su metodología había sido cuestionada. En otras palabras, una encuesta engañosa fue utilizada para manipular la opinión por los mismos que la encargaron.

Cerimedo le dio una entrevista al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para esta investigación Mercenarios Digitales, de la que hace parte LaBot, junto otros 20 medios, cinco organizaciones especialistas en investigación digital y estudiantes de un curso de maestría la Universidad de Columbia. Consultado acerca de ese episodio, Cerimedo lo definió como “un error de muestra. Grave, pero error al fin”. Además insistió en que “la encuesta, con votante probable, da exactamente el resultado de la elección”. Sin embargo, incluso en el sondeo hecho en octubre, poco antes del plebiscito, se ve que en ese escenario el Apruebo obtenía 57,9%, 20 puntos porcentuales bajo el resultado final y lejos de todos los pronósticos a esa fecha.

Gráfica de la encuesta Numen de octubre de 2020 publicada por El Líbero
Gráfica de la encuesta Numen de octubre de 2020 publicada por El Líbero

Desde entonces no ha habido otras menciones en medios chilenos sobre el rol del consultor argentino en campañas políticas del vecino país, pese a que en Chile se publicaron numerosos artículos sobre los estrategas electorales, digitales y audiovisuales.

En los medios argentinos, en cambio, se le menciona como una pieza clave para el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, realizado dos años después, el 4 de septiembre de 2022. Cerimedo estaba en Santiago el día de la votación, como lo atestigua un video grabado por el medio mendocino Mdz, que tituló destacando “El rol crucial de un argentino para el Rechazo de la nueva Constitución”. En una calle donde se ve gente celebrando con banderas y se oyen bocinas, Cerimedo relata cómo se hizo la campaña y analiza el resultado. “En la campaña lo que hicimos fue informar, no vender un voto. La gente de Chile entendió que no era un buen texto, era un texto que le iba a hacer mal a Chile», dijo el empresario argentino.

Dos personas del equipo que lideró la campaña oficial del Rechazo, en la que participaban todos los partidos de derecha, descartan que Cerimedo haya participado. Una no lo conoce y la otra dice que su nombre “siempre está dando vuelta”, pero que él “trabaja muy desde la guerrilla de las redes”.

En su entrevista con el CLIP, Cerimedo aseguró que había sido contratado por un grupo de 52 organizaciones de la sociedad civil: “a mí me quiso contratar un grupo de empresarios, una especie de mesa de dinero, que me convenía económicamente. Pero tomamos otro camino para trabajar, que sea gente que tenga algún interés genuino en la Constitución. Logramos juntar 52 asociaciones civiles, les hicimos una propuesta de trabajo y ellos nos pagaron”.

El consultor asegura con confianza que su rol en el resultado del plebiscito fue determinante, aunque en Chile nadie le reconozca públicamente esa responsabilidad. El 6 de julio respondió a un meme que lo mostraba como el verdugo de la derecha en distintos países, diciendo “Chile, ganamos, Brasil 2018, ganamos… LLA (por La libertad avanza de Javier Milei) en agosto te cuento”.

En la citada entrevista, dijo haber trabajado en el primer plebiscito constitucional de 2020, en el que ganó el Apruebo, y atribuyó su fracaso a que veía todo desde su oficina de Las Condes, cuestión que corrigió en 2022. Más sorpresivo es que declaró haber trabajado con Sebastián Sichel en 2021, cuando se impuso en la primaria presidencial de la derecha tradicional. Luego, según él, se cambió de caballo y en la primera vuelta asegura haber trabajado con Franco Parisi. “Desde Zoom logramos tenerlo tercero”, se jactó el argentino, haciendo referencia a que Parisi nunca pisó Chile durante la campaña, que realizó desde su casa en Alabama. En el comando de Parisi le dijeron a esta alianza que no conocían a Cerimedo.

En el excomando de Sichel dicen que Cerimedo fue a ofrecer sus servicios, pero que no lo contrataron porque lo encontraron “chanta” (nombre coloquial para vendecuentos en varios países). Al preguntarle al coordinador de la campaña, Juan José Santa Cruz, en un principio ni siquiera sabía quién era Cerimedo y tuvo que consultarle a otros integrantes del equipo: “no me acordaba de él. Pregunté y dijeron que algo había tratado de ayudar, pero le dijeron chao por chanta”. Ante este desconocimiento, Cerimedo nombró a personas con las que trabajó, como Andrés Chadwick Costa, de la agencia Tregua!, pero no fue posible confirmar con ellos.

En los últimos meses Cerimedo ha dado varias entrevistas en su país a propósito de su rol como asesor del candidato libertario Javier Milei. Aunque niega las acusaciones de desinformación, sí reconoce el uso de tecnología para generar cuentas automatizadas de redes sociales con el fin de posicionar mensajes políticos, tanto en Argentina como en Chile. En una entrevista con La Nación de Argentina reconoció que tenía “miles” de trolls: “los generamos con máquinas, con inteligencia artificial. Contamos con operadores que dan las instrucciones y las variables para crearlos, y después dejamos pasar tres, cuatro meses, para que el algoritmo, al peinar la red, no los agarre”.

También admite hacer lo que denomina “campañas negativas”, que distingue de las campañas sucias, en que se recurre a las mentiras. En Perfil lo ejemplificó con su experiencia en la campaña de Bolsonaro en Brasil: “en la campaña del 2018 él había hablado muy feo de los gays. ¿Cómo hicimos para revertir eso? Por WhatsApp empezamos a mandar miles de mensajes de trolls diciendo: ‘Yo soy gay. Bolsonaro podrá ser un nazi, pero la economía está bien y vamos a vivir más seguros’. A partir de esa influencia, parte de la comunidad gay lo apoyó”. (VER más de su rol en Argentina y Brasil en NOTA “La opaca historia de Cerimedo, el consejero de la derecha trumpista sudamericana”).

Numen en Chile

Sólo dos días después de aparecer en la portada de El Mercurio con la encuesta fallida, el 8 de septiembre, el entonces desconocido abogado Enrique José García Arancibia creó en Santiago la empresa Numen SpA. Aunque en ese momento las 1.000 acciones de la sociedad quedaron en manos de García, la web de Numen Publicidad en Argentina lo identifica como Socio/Country Manager en Chile.

El abogado Enrique García es presentado como socio y country manager en Chile en la página web de Numen Publicidad
El abogado Enrique García es presentado como socio y country manager en Chile en la página web de Numen Publicidad

Los objetos definidos por Numen en Chile, según su inscripción en el Registro de Comercio, están vinculados a la publicidad, la realización de estudios de mercado y encuestas, así como asesorías comunicacionales. Una modificación societaria añadiría posteriormente las capacitaciones y enseñanza.

Pese a su constitución legal, en Chile no se habló de Numen hasta el siguiente plebiscito, el de septiembre de 2022, en el que la ciudadanía debía aprobar o rechazar la propuesta redactada por la Convención Constitucional. En medio de una campaña que estuvo plagada de mentiras y manipulación, en julio la exconvencional Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachú, denunció en redes sociales que en Puente Alto se estaba repartiendo un tríptico que imitaba la gráfica oficial de la Convención, pero contenía información falsa.

La foto posteada por Grandón en su cuenta de Twitter incluía un subtítulo que contenía una de las afirmaciones que más se repetía en la campaña del terror contra la propuesta constitucional: “El fin de la casa propia”. El texto explicaba que se consagraba el derecho a la vivienda digna “y no el de casa propia. La Convención rechazó todas las indicaciones sobre el acceso a la vivienda propia que se propusieron”. “¿Qué significa esto?”, preguntaba el documento: “la propuesta tiene letra chica, porque bastará con que el Estado te dé una vivienda en arriendo para que se cumpla con ese mandato. Esa casa será del Estado y su asignación dependerá de los políticos de turno”.

El folleto de Facilitadores Constitucionales que se repartió antes del plebiscito de septiembre de 2020 señalaba que la propuesta de la Convención significaba “El fin de la casa propia”, lo que era falso
El folleto de Facilitadores Constitucionales que se repartió antes del plebiscito de septiembre de 2020 señalaba que la propuesta de la Convención significaba “El fin de la casa propia”, lo que era falso

El folleto utilizaba una de las mentiras más sensibles para la población y fue verificada y aclarada por diversos medios y agencias de fact-checking con un resultado coincidente: la aprobación del texto constitucional no implicaba el fin de la casa propia.

Lo que la propuesta sí consagraba, por primera vez, era el derecho a la vivienda, agregando además que debía ser digna. La actual Constitución no dice nada sobre la vivienda, por lo tanto se trataba de un avance en materia de derechos sociales. Efectivamente, durante la tramitación del proyecto la derecha intentó en varias oportunidades, sin éxito, que se aprobara el derecho a la vivienda propia. Consagrar un derecho de ese tipo habría sido impracticable en un país con alto déficit habitacional como Chile. De hecho, actualmente junto a los subsidios para la compra de viviendas se entregan subsidios al arriendo y aun así resulta imposible cubrir la demanda.

Además del contenido, el folleto utilizaba la gráfica oficial de la Convención Constitucional y su autoría era atribuida a supuestos “Facilitadores Constitucionales”. A primera vista parecía un documento informativo institucional, al igual que la página web www.facilitadoresconstitucionales.cl. Por eso, un grupo de exconvencionales de izquierda y centro izquierda enviaron una carta a NIC Chile, que administra los dominios web en el país, pidiéndole que retirara el contenido de la web. El titular del dominio no era conocido públicamente, pues había sido inscrito por la empresa argentina de hosting Dattatec.

Al igual que los folletos, la página web de Facilitadores Constitucionales utilizaba los colores y logos de la Convención Constitucional
Al igual que los folletos, la página web de Facilitadores Constitucionales utilizaba los colores y logos de la Convención Constitucional

Los supuestos autores se identificaron en redes sociales como vecinos de Puente Alto en un video—con mascarillas y gorros resultaban irreconocibles—en el que negaron haber difundido información falsa y denunciaron haber recibido amenazas. Días después, un usuario anónimo de Twitter (@soy_nobita) acusó que quien estaba detrás de la información era Fernando Cerimedo, al descubrir que era él quien aparecía registrando el dominio www.facilitadoresconstitucionales.com en Estados Unidos, utilizando el correo fernando@numenpublicidad.com.

Cerimedo no tardó en responder: “falso. Revendemos hosting y soporte. Crearla es otra cosa. Esa sí es una Fakenews”, escribió en Twitter. Luego procedió a cambiar el nombre de inscripción del dominio en Estados Unidos y a reemplazarlo por Dattatec. La web de Facilitadores Constitucionales fue desactivada en las últimas semanas, aunque hasta hace poco todavía se puede descargar el PDF del polémico folleto, pero con un cambio en el subtítulo sobre el derecho a la vivienda, que ahora está como pregunta: “¿El fin de la casa propia?”.

En conversación con el CLIP, Cerimedo reconoció un vínculo con Facilitadores Constitucionales. Mencionó espontáneamente a la organización cuando hablaba de las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña: “tuve un enfrentamiento con el gobierno porque ellos decían que hacíamos una campaña de desinformación, pero en realidad lo que íbamos a decirle a la gente era: Mirá, acá donde dice vivienda digna, no es gratis, no te la están garantizando como deberían (…) Creamos un grupo que se llamaba Facilitadores Constitucionales, que lo que hacía era responder preguntas de la gente. Tuvieron que decir: No lo hagan igual que nosotros. No usen los colores”, relató. Luego, en un intercambio de correo electrónico, insistió en que sólo les vendió espacio y mantenimiento para la página web: “Más allá de esa contratación, en lo personal me pareció bueno y les di algunas líneas estratégicas, en especial en lo territorial, pero nada formal”.

Las acusaciones de @soy_nobita contra Cerimedo reflotaron en septiembre, después del plebiscito, cuando otro de los proyectos del publicista argentino inundó las redes sociales de desinformación. La Derecha Diario, uno de los medios de Cerimedo que se caracteriza por referirse al presidente chileno como “el comunista Boric”, tituló “Hay preocupación en La Moneda por la salud de Boric: Habría tenido un colapso nervioso tras la derrota del Apruebo”. Sin revelar fuentes ni entregar mayor detalle, el texto decía que Boric había recibido asistencia médica y que su ministra del interior intentó convencerlo de que renunciara.

Un análisis de redes sociales da cuenta de que antes de que La Derecha Diario publicara su nota había posteos en Twitter con el hashtag #boricinternado, que luego fue utilizado por más de 3.000 usuarios.

El gobierno desmintió el hecho, pero el rumor fue aprovechado por representantes de la ultraderecha, como el diputado Gonzalo de la Carrera, para sembrar la duda. “Como buena fake news, en la web no hay consenso de dónde se habría hospitalizado el Mandatario: mientras unos aseguran que fue en un recinto de la UC, otros apuntan a la Clínica Las Condes”, escribió radio Biobío en su web.

Pese al desmentido oficial, hoy Cerimedo insiste en que era cierto basándose en información falsa: “lo de la salud de Boric no fue desmentido, si de hecho salió de un parte médico del gobierno. No sé cómo llegó lo de Boric en La Derecha a Diario. Pero fue algo chiquito, una boludez que hicieron enorme porque me tenían mucha bronca”. Cerimedo no figura formalmente como fundador de La Derecha Diario pero sí está Natalia Belén Basil, una ingeniera química que forma parte del grupo y que figura como socia de Cerimedo en Numen Publicidad y Academia Numen.

Boric ha reconocido públicamente que sufre de trastorno obsesivo compulsivo y que estuvo internado en 2018, pero ha utilizado esa condición para abogar por mejorar las atenciones de salud mental en el país. Durante la campaña presidencial se publicó una ficha médica sobre un tratamiento de drogas que resultó tan falsa como el colapso.

El árbitro

Tras el segundo plebiscito, en el que el rechazo de la propuesta de nueva Constitución se impuso con un 62%, se inició un nuevo proceso, esta vez controlado por los partidos y con limitaciones a su contenido. Incluye 12 puntos que debe tener la nueva propuesta, que será elaborada por 50 consejeros electos en listas de partidos políticos a partir de un borrador redactado por expertos designados por los mismos partidos.

Además, el reglamento fue elaborado por el Congreso. Para salvaguardar que el texto final no sobrepase ninguna de las reglas acordadas, los partidos nombraron a 14 abogados que ejercerán como árbitros en un Comité Técnico de Admisibilidad. Su rol podría ser clave para el proceso en caso de que haya distintas interpretaciones del marco en que pueden moverse. Por ejemplo, las bases dicen que debe establecerse un Estado social de derecho, pero parte de la derecha, que tiene la mayoría para aprobar normas en el consejo, considera que eso es compatible con un Estado subsidiario, algo rechazado por la izquierda.

Es en ese grupo de abogados que en enero de 2023 emerge el nombre de Enrique García Arancibia, quien fue nombrado árbitro por el Partido de la Gente (PDG). Se trata de una nueva colectividad, creada para apoyar la candidatura del economista Franco Parisi y cuya ideología se acerca a la de una derecha populista. Desde un comienzo el PDG se ha opuesto a la necesidad de redactar una nueva Constitución. “Yo prefiero que (Boric) me arregle el narcoterrorismo que hay en el sur, la violencia y el descalabro económico que se viene y que se está viviendo en Chile antes que la discusión constitucional”, decía Parisi en octubre pasado. Aunque el PDG igual llevó candidatos al consejo y había expectativas respecto a su desempeño electoral, no obtuvo ningún escaño para redactar la nueva propuesta constitucional. En ese escenario, el rol de García se podría volver estratégico para el partido.

Abogado de la Universidad de los Andes, García también eligió la casa de estudios del Opus Dei para cursar un máster en derecho de la empresa y luego uno en derecho tributario. A sus 42 años es socio administrador del estudio Corral&García y posee el 50% de empresas de distintos ámbitos: Brainy Spa (tecnología), Easy Property Spa (corretaje de propiedades), García y Cía. (servicios jurídicos) y Managing Partners Ltda. (servicios de administración). Según su declaración de patrimonio también posee ese porcentaje de Numen SpA, lo que quiere decir que en el último año traspasó la mitad de la propiedad, pero por tratarse de una sociedad por acciones no es obligación hacer público quién la adquirió.

Hasta ahora el Comité Técnico de Admisibilidad no ha revisado cuestiones de fondo, pero se ha reunido para discutir cómo operará y difundirá su labor. Al revisar los videos de esas reuniones se ve que Enrique García se ha mostrado participativo y ha mantenido un tono técnico, pero se ha alineado con los árbitros de la derecha cuando ha habido discusiones un poco más álgidas, como cuando discutieron si la mesa debía ser paritaria o no. No ha dado entrevistas y ha mantenido un bajo perfil.

Cerimedo celebró el nombramiento de los árbitros en La Derecha Diario: “muy feliz de los miembros que van a integrar ese arbitraje, se trabajó para rechazar una constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, dijo el estratega. Ni el diario mencionó que Cerimedo era el propietario del medio, ni Cerimedo hizo ver que celebraba el nombramiento de uno de sus socios.

Antes del plebiscito de 2022 Enrique García estaba por rechazar el borrador redactado por la Convención Constitucional e incluso inscribió a la fundación Chile Unido Por Ti, que él preside, como una de las entidades que podían recibir donaciones y hacer campaña electoral por el Rechazo. Curiosamente él donó 4 millones de pesos a otra organización, Unidos Somos Más Fuertes, y su fundación no recibió ningún aporte. A diferencia del PDG, él era de los que creía que tras el rechazo de la propuesta debía iniciarse un nuevo proceso constituyente, según escribió en una columna publicada en El Líbero.

Su cara más política puede encontrarse en YouTube, plataforma en la que transmitía el programa Mesón Constituyente de El Baquedano, un medio que surgió tras el estallido social y que reivindica el nombre del héroe militar Manuel Baquedano, cuya escultura fue reiteradamente atacada por los manifestantes. Fue fundado por un excandidato del Partido Republicano que se denomina a sí mismo “patriota”, al igual que hacen los militantes de esa colectividad.

En su programa, García dialogaba con distintos dirigentes de derecha tradicional y ultraderecha sobre el proceso constitucional y política en general. Al escucharlo se nota su cercanía con el Partido Republicano y su mirada conservadora. En uno de los programas invitó al excandidato presidencial republicano José Antonio Kast, a quien se dirigía con expresiones como “José Antonio, quiero preguntarte en qué está nuestra gente…. Qué llamado le hacemos a nuestra gente”.

En el programa mostró su distancia de la derecha tradicional cuando calificó a candidatos de Evópoli como “peligrosos” y sus palabras iniciales denotaban una fuerte animadversión con los políticos de izquierda: “la izquierda se ha robado a los niños y trata de meterse en su cabeza de forma brutal, ¿cómo contenemos este afán de destruir su estructura mental que se está dando en los colegios y las universidades? Yo soy de la Universidad de Los Andes y lamentablemente hace poco me enteré de que la universidad tenía al Frente Amplio metido en la asociación de alumnos de la propia universidad. Vemos que de alguna forma la derecha ha abandonado muy lamentablemente a las bases, a los niños, que la izquierda los está tomando”.

No está claro cuándo dio el giro hacia el PDG, pero ahora se ha vuelto cercano a Franco Parisi. Una nota de La Tercera relataba en febrero que en una de sus visitas a Chile, Parisi organizó una cena de camaradería en casa de su hermana junto a su “círculo de hierro”. En la lista de invitados estaba García y, sorpresivamente, Francisco Javier Cuadra, el vocero de Pinochet que en los años 80 dominó con destreza el arte de distraer la atención de la ciudadanía.

No fue posible conversar con García para este reportaje. LaBot fue hasta las oficinas que registra Numen en Santiago, en un edificio de avenida Apoquindo, en Las Condes. La puerta de vidrio lleva inscrito el nombre de Corral&García, el estudio de abogados del que es socio. “Numen no opera en Chile”, fue la explicación de García, quien pidió que le enviaran un correo electrónico para solicitar la entrevista, pero luego no respondió los mensajes.

A diferencia de García, Cerimedo afirmó que no sólo opera en Chile, sino que además le va muy bien. “Enrique García es mi socio desde hace mucho. Tenemos Numen SpA, que es la empresa de Chile. Tenemos muchísimos clientes corporativos. La cuestión electoral en Chile fue redituable, pero es muy chiquita. Nuestro corazón en Chile son los clientes corporativos. Estoy soltando los clientes de Argentina porque pagan poco y exigen mucho”, afirmó Cerimedo, que dice viajar a Chile cada 15 o 20 días.

Análisis de redes sociales: Tomás Lawrence, director ejecutivo de Fundación Interpreta

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

Mercenarios Digitales

Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.

Este reportaje se reprodujo íntegro del medio Reporteros de Investigación quienes son los autores originales de la publicación y dieron su autorización para distribuirlo.

Un conductor de buses señala que una abogada, supuestamente ligada al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sería la clave como fundadora de una empresa exclusiva para trasladar migrantes, lo confirmaron tres fuentes distintas del sector transporte, consultadas en diferentes días y en un contexto variado. Ella sub contrata unidades del transporte y les cobra seis mil o siete mil dólares cada día, también tiene buses propios. Todos los pagos se hacen en efectivo sin dejar rastro. Solo ella puede hacer trámites de permiso para traslado de personas en transito por Honduras que entran por el oriente en la frontera con Nicaragua y recorren El Paraíso-Tatumbla-Copán (occidente), frontera con Guatemala. RI tiene audios de periodistas de la zona sur que están amedrentados por funcionarios en medio del conflicto centrado en el negocio de migrantes. «No me voy a tirar a que me maten», dice una periodista.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Eran 19 vidas llevadas dentro de un autobús no autorizado para trasladar migrantes por este país de América Central.

Esa noche cálida, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, cercana al Oceáno Pacífico — debajo del cielo que pareciera más estrellado cuando se le ve desde la orilla de una playa meridional— apareció alumbrada por las cámaras de televisión la delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el sur de Honduras, Elba Reyes.

La información que dio es que se trata de una red organizada para trasladar a mujeres y hombres que transitan sin documentos en busca de llegar a Estados Unidos. Cada una de las personas que ese 18 de julio era trasladada de manera irregular, había pagado más cinco mil lempiras para ser llevada por 600 kilómetros desde la aduana de Guasaule, en el sur, hasta llegar a noroccidente, a la zona fronteriza con Guatemala.

Les cobraron cuatro veces más el costo convencional de un viaje a la frontera entre Honduras y Guatemala. El decomiso hecho por la policía en el puesto de control de Pavana, Choluteca, es solo la «punta del iceberg». Esta es una industria que involucra a altos funcionarios del gobierno local de zonas fronterizas. La gente migrante es una industria en Honduras.

Todos parecen querer monopolizar esta nueva explotación. Hay una confabulación fríamente calculada desde mandos intermedios de la administración pública para hacer dinero y el sistema de transporte parece ser el corazón de este negocio.

La «multa por ingreso irregular al país» había generado “oportunidades de negocios”, basadas en la corrupción, mediante cobros ilegales y tráfico o falsificación. Cuando el nuevo gobierno de Honduras, que entró en 2022, otorgó una amnistía y dejó en suspenso la multa, el transporte se convirtió en la principal fuente de producción de dólares.

No es para menos, un reporte de Naciones Unidas señaló que en 2022 el número de migrantes se duplicó o triplicó «como consecuencia del flujo de personas de diferentes nacionalidades, entre los que destacan, Angola, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Venezuela, entre otras».

La masiva ola migratoria ha consolidado un negocio con acusaciones contra funcionarios por pertenecer “a una red de tráfico de indocumentados” con cobros ilegales, abusivos y extorsivos.

Es un negocio que tiene confrontadas a las autoridades locales en las zonas fronterizas y a las empresas de transporte con las autoridades estatales del gobierno central del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Es un negocio con denuncias y contradenuncias.

Por una parte, empresarias y empresarios del transporte señalan a funcionarios del gobierno central de querer quedarse con los dólares; por el contrario, las autoridades argumentan que están desbaratando operaciones irregulares de empresas privadas con el fin de generar rutas seguras y evitar sobrecostos en dólares.

Del otro lado, en Guasaule, El Triunfo y en el resto de Choluteca el proceso tiene confrontados entre sí a funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda y, al mismo tiempo, una facción de funcionarios de Libre pelean con políticos del opositor Partido Nacional, de derecha.

El primer escenario de disputa está en Choluteca, al sur de Honduras. Este departamento también comparte frontera con Nicaragua, acá están las fronteras de Guasaule y El Espino. El municipio de El Triunfo en Choluteca es un territorio clave.

Al oriente de Honduras

Los otros puntos fronterizos con Nicaragua con inmigración masiva es el departamento de El Paraíso, en la zona oriental.

Relief Web, un servicio de información humanitaria proporcionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), produjo a mediados de abril de 2022, el Informe misión de trabajo a los municipios de Trojes y Danlí, El Paraíso, para conocer la situación y necesidades de salud de los migrantes en tránsito por esos municipios.

Este informe cita: «Hay fuerte preocupaciones sobre abuso de parte de transportistas, policía y otros. Es importante darle seguimiento y tener más detalles para poder hacer incidencia con autoridades. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) estará apoyando con esto».

En respuesta a la presión, el gobierno creó un servicio de transporte seguro para trasladar de las zonas fronterizas, Las Manos y Trojes, a personas en transito que ingresan sin documentos legales. El sistema de transporte de Nicaragua trae a migrantes que transitaron por Sur América antes de llegar a Honduras.

Al llegar a Las Manos o Trojes son llevadas a Danlí, El Paraíso. Desde El Paraíso, una unidad autorizada las lleva por 90 kilómetros hacia Tatumbla, al este de Francisco Morazán.

En Tatumbla, otro sistema de buses les traslada por 426 kilómetros a Copán, en el occidente de Honduras. Solo las rutas autorizadas pueden trasladar migrantes «en transito irregular».

«Testaferros en Tatumbla»

El defensor de derechos humanos, Alex Rivera Mejía, dueño de una unidad de transporte, con su organización, estuvo hace unos días apoyando a los migrantes, pero el Instituto Hondureño de Transporte Terrrestre (IHTT) —dice— les quitó los permisos legales.

De acuerdo con su denuncia, mediante prestanombres o testaferros funcionarios del gobierno central crearon una empresa para el traslado de migrantes. Las empresas están inscritas con el nombre de otras personas. Estas compañías controladas por funcionarios dejan al margen a otros empresarios de la ruta del transporte seguro.

“Queremos responsabilizar directamente a la gente de transporte del inspector Leonel Rojas, que él es que está más empapado sobre este tema; al comisionado Rafael Barahona porque esta gente lo han tomado —como le explico— ellos, son ahora, ellos son dueños de unidades de transporte. No están a nombre de ellos porque tampoco se van a venir ‘a dar color’ (a evidenciar), pero sí sabemos que ellos tienen transporte, que son propios de ellos y están agarrándose dinero y parando una concesionaria que están legalmente constituida”.

Segun el denunciante, la ruta concesionaria entre varios socios y Ever Reyes actualmente la tienen parada hace más de dos meses. «Ellos (Ever y su concesionaria) tienen su documentación al día; ellos (funcionarios y funcionarias del IHTT) están confabulados con esta señora en Tatumbla en la empresa de transporte Uniendo Fronteras, el día de hoy no están constituidas y esta gente del transporte están abusando del derecho del migrante; están obligando a bajar al migrante para que ellos puedan pagar otra parte de dinero y esta gente los están obligando a abordar otra unidad de transporte».

Rivera Mejía sostiene que los funcionarios del IHTT crearon una empresa de transporte con la gente de Tatumbla. «Han hecho una empresa de transporte Uniendo Fronteras y están extorsionando a los migrantes”. El transportista Ever Reyes tiene parada su operación hace más de dos meses, aunque “ellos tienen su documentación al día”.

“No estamos operando formalmente para poder apoyar a los migrantes que andan pidiendo en las calles, que están en los semáforos. También tenemos bastante apoyo de la gente de la concesionaria de la zona oriente de fronterizos y también los tienen detenidos porque hay una gran corrupción por medio de transporte».

Esta denuncia fue interpuesta en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El ‘business’ en Guasaule

A 185 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital hondureña, en la frontera con Nicaragua, el origen de una de las disputas por el dinero es un centro de atención para personas migrantes. Está ubicado contiguo a la Aduana de Guasaule. Es propiedad de Alex Ventura, ex Alcalde del Partido Nacional en el municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.

Ventura tiene un permiso otorgado por autoridades del IHTT que le permite transportar migrantes hasta Agua Caliente, frontera con Guatemala, según el Oficio AG-094-2023. El ex alcalde ha puesto su propiedad para captación, acogida y traslado de migrantes bajo el argumento de que ellos deben descansar, hacer sus necesidades fisiológicas y bañarse.

Un oficio del Administrador de la Aduana de Guasaule, Marlon Varela, cuestiona el permiso de transporte dado a Ventura. Señala que hay una red de tráfico de indocumentados. En el Oficio AG-094-2023, le describe el hecho a Ilse Villatoro, gobernadora departamental, ambos son del Partido Libre. La gobernadora confirmó la autenticidad de este documento.

En unas declaraciones dadas a la prensa local, la gobernadora señala que se ha reunido con Cristian Castillo, actual alcalde del Partido Liberal del municipio de El Triunfo, Choluteca. De tal forma que es evidente que hay dos bandos en disputa.
En unas declaraciones dadas a la prensa local, la gobernadora señala que se ha reunido con Cristian Castillo, actual alcalde del Partido Liberal del municipio de El Triunfo, Choluteca. De tal forma que es evidente que hay dos bandos en disputa.
Las autoridades centrales del IHTT han establecido rutas exclusivas para el transporte de Migrantes, las autoridades locales han entrado en conflicto por este hecho pues ya no se puede trasladar a migrantes en cualquier unidad del transporte. Esto desató una disputa.
Las autoridades centrales del IHTT han establecido rutas exclusivas para el transporte de Migrantes, las autoridades locales han entrado en conflicto por este hecho pues ya no se puede trasladar a migrantes en cualquier unidad del transporte. Esto desató una disputa.

«Bandas con funcionarios locales»

Todo lo anterior, llevó al Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, a una contraofensiva y a denunciar que existen “bandas integradas por funcionarios locales” que se dedican al transporte ilegal de migrantes haciendo cobros sobrevalorados y en dólares. Se preguntó que si tienen interés en el tema que ¿Por qué no legalizan las empresas de transporte de migrantes? Anunció que hará las denuncias en el Ministerio Público.

Él da por hecho: tienen un aparente negocio de transporte de migrantes y él mismo llegó a la conclusión que no se legalizan porque quizás no van a poder seguir cobrando de manera desproporcionada por este servicio y porque el Estado ahora exige unidades que generen comodidad ya que son largas horas de viaje.

Como consecuencia, el Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, y el delegado regional del IHTT, Jairo López, están confrontados.

Se está regulando el transporte seguro de migrantes

@reporterosdeinv Rafael Barahona, comisionado prsidente del IHTT, sobre conflicto en Choluteca. #Honduras #Migración #MercadoHumano ♬ sonido original - www.reporterosdeinvestigacion.

Al respecto, el comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, declaró a través del canal Televida de Choluteca, que Leonel Rojas es superior a cualquier delegado regional. Advirtió que no seguirán tolerando faltas de respeto ni de funcionarios de otras instituciones ni de subalternos.

Este es un tema de derechos humanos por disposición de la presidencia de la república. La intención –dijo Barahona– es un traslado seguro sin lacerar su economía ni teniendo que llevarlos por puntos ciegos; sin que las personas sean llevadas por lugares peligrosos, sin saber en qué unidades de transporte se están trasladando. Esas situaciones irregulares son las que han estado pasando en el departamento de Choluteca.

Para el comisionado Presidente del IHTT, dieron permisos a concesionarios que trasladaran de manera segura a migrantes con el fin de evitar que transportistas sin regulación sigan cobrando 300 y 500 dólares estafandoles por llevarlos de Choluteca a la capital de Honduras, Tegucigalpa.

“Qué tiene que ver digo, yo, un administrador de Aduanas en el tema de transporte; qué tiene que ver la gobernadora en el tema del transporte, por qué se están involucrando en actividades que sencillamente no les compete”, preguntó el funcionario.

Barahona anunció que hablaría con el Director de Migración y de Aduanas porque las autoridades locales no son representantes legales y no están facultados para emitir comunicados. Además, Barahona pidió averiguar a estos funcionarios locales por las acciones que están llevando a cabo.

El titular de Migración a nivel local, Saúl Carranza, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha mantenido al margen del conflicto porque el director del INM, Allan Alvarenga, le prohibió participar de reuniones con los involucrados.

«La zona sur será regulada como se está regulando el corredor de oriente y se regulará que no se le cobre de manera excesiva a los migrantes. En cuanto al delegado regional del IHTT, Jairo López, la opinión del Comisionado Presidente del IHTT es que López no interactúa de manera adecuada con la Secretaría de Seguridad y con personas de otras instituciones.

“Vamos a aplicar todos los reglamentos que corresponden en materia de personal porque no podemos seguir permitiendo ninguna falta de respeto de ningún funcionario hacia otro del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre”, dijo en alusión a la confrontación que López mantiene con su superior jerárquico, el inspector de transporte.

«El delegado nuestro del IHTT ha cometido varias faltas administrativas que también van a ser sancionadas conforme lo establecen los reglamentos del IHTT», declaró el funcionario a TN5.

Barahona respondió que su compañero Jairo López que no ha estado conforme con la labor misma que él está haciendo allá y no ha tenido buena interacción con otras instituciones del Estado. «Entonces sacaron un comunicado ahí extraño entre tres funcionarios que no tenían la facultad para hacerlo», señaló Barahona.

«Hemos puesto orden»

“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”


Jairo López es periodista, fue en el gobierno pasado perseguido por sus denuncias contra la corrupción y por organizar protestas, ahora dice que un lado oscuro del transporte y del bipartidismo se ha confabulado contra él porque ha puesto orden y eso es lo que no les gusta.

Se solicitó una entrevista con López para dar el espacio que dé sus argumentos. Al cierre de edición, se seguía esperando que pueda dar a conocer su versión de los hechos. Como respuesta a las preguntas periodísticas del equipo, el servidor público accedió y dijo que venía reuniones a Tegucigalpa, pero luego no respondió.

En los medios locales del sur de Honduras, López ha dicho que si la gente tiene pruebas de corrupción que vayan al Ministerio Público a denunciarlo o que le reclamen a la presidenta.

“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”. Señaló ante estos medios que quienes le denuncian son “charlatanes” y sinvergüenzas que quieren mantener un monopolio y asegura que hay un lado oscuro del transporte que lo quiere afectar.

Como descargo ante las denuncias de diversas fuentes, López envío un vídeo que al intentar subirlo a las redes sociales muestra infracciones del copyright por el uso no autorizado de la música. Por eso no se pudo difundir.

Este vídeo tiene declaraciones de Wilson Herrera, ex director de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi luego llamada Insep y ahora, SIT) en Choluteca por el Partido Nacional; María Salgado, Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih) y de Ventura.

La línea argumental del vídeo cuestiona que el módelo de transporte seguro, implementado en el oriente, muestra que aunque hay tarifas de 10 dólares se le sigue cobrando lo que no es y que el mismo IHTT baja a las personas en Tatumbla y les obligan a tomar otro bus de Tatumba hacia la frontera con occidente y ni siquiera lo llevan hasta la frontera, según Salgado. Se le cobra a cada migrante hasta 50 dólares para llegar a la frontera de Agua Caliente. Es decir cada migrante paga 1200 lempiras por recorrer los 426 kilómetros desde Tatumbla hasta Copán, zona fronteriza.

En cambio, de Tegucigalpa a la zona fronteriza hay 422 kilómetros, a un costo en bus ejecutivo de la ruta interurbana normal de 840 lempiras y 1018 si se trata de un mejor servicio.

Pero estos buses tienen prohibido trasladar personas que transitan sin los documentos legales con que deben ingresar a Honduras.

En el video, enviado por López, además aparece un venezolano denunciando que una persona sin carné que trabaja en el IHTT le están cobrando un pasaje adicional porque pagaron hacia una terminal y los dejan en una gasolinera.

En este vídeo, Alex Ventura, ex director de INSEP, con el Partido Nacional y ex alcalde de El Triunfo, dice tener un permiso para llevar personas de Guasaule a Choluteca (45 kilómetros de distancia), se lo dieron por primera vez por un mes y señala que quien firmó esos permisos fue Barahona.

Pero la carta que el administrador de la Aduana de Guasaule envía a la gobernadora asegura que el permiso de Ventura es para trasladar personas desde Guasaule hasta la frontera con Guatemala (a unos 600 kilómetros de distancia).

Agresiones a la prensa en medio del conflicto

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) emitió la Alerta 055-2023 en la que advirtió a nivel internacional que el gremio de periodistas del Sur de Honduras fue amenazado por el delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Jairo López, “quien en las últimas horas es señalado como parte de una red de trata de personas en el departamento de Choluteca”.

«Si me toca llevarme de encuentro a unos cuantos periodistas me los llevo, me los llevo de encuentro también”, expresó este funcionario ante diversos periodistas y comunicadores sociales de la zona Sur quienes le consultaron sobre el señalamiento que le hacen las mismas autoridades del IHTT en Tegucigalpa, según trascendió en un noticiero de cobertura nacional», dice la alerta de C-Libre. En medio del conflicto, las personas con denuncias y contradenuncias amenazan con usar los delitos contra el honor ante los señalamientos de supuesta colusión que van y vienen.

El agente, Wilmer Varela, guía canino en Pavana, Choluteca por donde pasan los migrantes, Varela trabaja con su compañero agente canino Boy detectan droga, metanfetamina, clorhidrato de coca y marihuana. El agente canino ha facilitado seis decomisos en tres años.
El agente, Wilmer Varela, guía canino en Pavana, Choluteca por donde pasan los migrantes, Varela trabaja con su compañero agente canino Boy detectan droga, metanfetamina, clorhidrato de coca y marihuana. El agente canino ha facilitado seis decomisos en tres años.

Los síntomas

Es en todo este contexto descrito que las consecuencias de las irregularidades en el sector transporte se evidencian con decomisos. El 17 de julio pasado, la Policía Nacional decomisó un bus en el departamento de Copán, en la zona fronteriza con Guatemala. La unidad transportaba a 18 migrantes provenientes del punto fronterizo de Guasaule, en la frontera con Nicaragua.

Está unidad de transporte recorrió del sur del territorio al occidente de Honduras con un documento que tiene irregularidades en el uso de la firma de Rafael Barahona, de acuerdo con el testimonio de Leonel Rojas, Inspector General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.

La firma del Comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, para transportar migrantes la hace en físico y el jefe regional del IHTT, Jairo López, extendió la firma digital del comisionado presidente, por eso el código QR no funcionó. El conductor de la unidad — dijo Rojas — aseguró que fue Jairo López quien otorgó el permiso. Se han estado otorgando permisos para trasladar veraneantes y con estas autorizaciones han llevado migrantes como si se tratara de un documento que legaliza el transporte de extranjeros, de acuerdo con la descripción de Rojas.

El 18 de julio en Pavana, Elba Reyes de la regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Choluteca, denunció que decomisaron una unidad de transporte sin el permiso correspondiente, con 19 migrantes provenientes de Guasaule, las personas habían pagado hasta 260 dólares (Más de cinco mil lempiras).

Es una red organizada para trasladarlos de un bus a otro con sobrecostos, las autoridades deben investigar para detener el flagelo de la delincuencia para la trata de personas, declaró Reyes. A raíz de esto, la oficina del Conadeh inició una investigación de oficio tras las denuncias de violaciones a migrantes en la zona sur y pide a las autoridades esclarecer los hechos.

Injerencia de diputados en el Poder Ejecutivo

Isaac Fúnez era tramitador privado en la Aduana de Guasaule, pero el administrador de la Aduana, Marlon Varela, le dijo que ya no podía trabajar alrededor de la oficina. El motivo esto fue la disputa política entre Fúnez y Varela.

Fúnez tuvo represalias porque no quiso apoyar las aspiraciones prematuras de Varela para ser candidato a alcalde de El Triunfo.

El diputado de Libre, Mauricio Rivera, quiso hacer una reunion pública, como una especie de asamblea, para nombrar al titular de la Aduana de El Guasaule, pero a Funez y a los demás activistas de Libre no les pareció una buena idea ya que, a su juicio, eso le competía solo al partido en el poder y no a todo el publico. Al final quien influyó para imponer a Varela en ese puesto fue el diputado de Libre, Luis Ortega.

Fúnez denunció que Jairo López y Varela antes no eran amigos, pero cuando empezaron a pasar buses repletos con migrantes que venían desde Nicaragua entonces resolvieron sus diferencias y se alababan públicamente.

“Luego vemos a Jairo en la Aduana, con un grupo del IHTT pidiendo a los dueños de los buses los permisos para el traslado de migrantes. Entre Aduanas y el IHTT podría haber algo de compadre hablado porque cuando llegaba un bus desde Nicaragua, a los 40 minutos, ya estaban los del IHTT pidiendo los permisos de operación y ellos se preguntaban ¿será que Marlon (Varela) le pasa información a Jairo? Las personas hacían su trámite migratorio, pero no se podían movilizar porque estaban esperando a Jairo. Prácticamente (los migrantes) estaban como retenidos hasta que llegaban las autoridades de Transporte a otorgarles el permiso”.

Entre octubre, noviembre y diciembre estuvo pasando una gran cantidad de buses nicaragüenses con Migrantes, dijo Fúnez.

Reporteros de Investigación tiene audios de supuestos pagos hechos por transportistas, en la aduana. “De lo que sí tengo conocimiento y ha circulado en un audio es que estas personas le pagaban 20 dólares por unidad a la Aduana para el aseo”. Estos 20 dólares entran sin control, dijo Fúnez.

Cuando los transportistas no pagan estos 20 dólares deben pagar una multa. Hace poco decían que estaban cobrando hasta 200 dólares de multa.

Se solicitó una entrevista a Varela para que dé sus puntos de vistas y dos periodistas de RI fueron agredidos al intentar darle espacio. Al cierre de edición, sigue abierta la oportunidad para que dé su versión de los hechos y se está solicitando una entrevista al titular de la Dirección de Aduanas, Fausto Cálix. Más información sobre la situación de cobros en Gausaule será revelada en la segunda entrega de esta investigación periodística.

Funcionarios-transportistas

RI obtuvo tres bases de datos distintas para buscar el nombre de dueños de autobuses en Choluteca. Se descubrió que hay funcionarios con un evidente conflicto de interés pues les toca legislar para reordenar el tema de transporte y al ser servidores públicos también son empresarios del transporte en la misma ruta migratoria.

La política de Partido Nacional Adelinda Pavón aparece como dueña de seis unidades de Transportes San Benito que prestan su servicio entre Tegucigalpa, Choluteca y Orocuina; Rubén Vicente Ortíz, regidor de Marcovia Choluteca por el Partido Libertad y Refundación aparece como parte de la empresa Transportes Ortíz que recorre Choluteca y Cedeño.

Ademas, la alcaldesa del Partido Nacional del municipio de Concepción de María, Vilma Yamileth Ordóñez Corrales, aparece con cinco unidades a nombre de Transporte Ordóñez que recorren la ruta de Concepción de María en El Triunfo, Choluteca.

Funcionarios enjuiciados

Lo sensible de este tema es que hay funcionarios bajo investigación por tráfico de personas. De 2020 a 2022, cinco funcionarios públicos fueron enjuiciados. Un policía de investigación criminal fue acusado criminalmente el 11 de octubre de 2021 y recibió una carta de libertad provisional.

Entre 2017 y 2022 hubo más de 61 personas procesadas por tráfico de personas y por otros ilícitos relacionados. La mayor cantidad de causas se anotó en occidente. Mas no hubo registro del número de sentencias en el mismo periodo, refleja la respuesta a la solicitud de Información SOL-SSSS-1835-2024.

Ayuda humanitaria

En Choluteca está el Centro de Atención a Migrantes monseñor Guido Charbonneau. Un espacio fundado el primero de junio del año pasado, el 70 a 80 por ciento de extranjeros que atienden son venezolanos, según sus reportes.

En este albergue también atienden a venezolanos que están regresándose y están pidiendo el retorno voluntario; también atiende a personas hondureñas que están en construcción de alguna prótesis que por el viaje tuvieron algún problema y perdieron un miembro. Este centro les permite estar aproximadamente unos 10 días en el lugar sin ningún problema para poder brindarle las atenciones psicológicas, asesoría legal básica. Y en el caso que requieran protección, se buscan las organizaciones internacionales para brindar esta ayuda. También las organizaciones están trabajando, pues, son varias entre ellas el Consejo Noruego para Refugiados, ACNUR, Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Hondureña.

178,000 migrantes en transito

Entre enero y el 15 de diciembre del 2022 , más de 178,300 migrantes transitaron por Honduras en medio de abusos y violaciones a sus derechos humanos.

El camino para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) comenzó atropellado. La comisión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU )recientemente terminó su primera misión exploratoria en el país y su último día coincidió con el mensaje del gobierno en contra de la directora de país, Alice Shackelford, por haber acompañado a una organización de sociedad civil que denunció amenazas del gobierno. Pero ese no ha sido el único momento incómodo en el camino de la instalación de este mecanismo.  La participación de actores asociados con el sabotaje de la pasada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la falta de respuesta del gobierno sobre si ellos responden a la agenda gubernamental también genera dudas sobre las intenciones reales de instalar un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción en el país.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

 

Tras la llegada de la misión de tres expertos enviados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para colaborar en el proceso de instalación de una Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), diferentes instancias gubernamentales iniciaron diálogos para identificar las condiciones y reformas necesarias para concretar la llegada de dicho mecanismo.

En particular,  la tarde del 10 de julio la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el diputado Luis Redondo, se reunió con los expertos en un salón del hemiciclo legislativo; cada legislador se presentó, al igual que los miembros de la comitiva integrada por: el italiano Amerigo Incalcaterra, Ana Gabriela Contreras, de nacionalidad guatemalteca y el argentino Pedro Biscay. Finalmente, y entre las formalidades, también se presentó María Antonia Quiroz, secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Instalación de la CICIH.

La comisión de alto nivel nombrada por la presidenta incluye al canciller Eduardo Enrique Reina, la ministra de finanzas Rixi Moncada, y al ministro de Transparencia Edmundo Orellana; sin embargo, la inclusión de Quiroz generó revuelo algunas organizaciones de sociedad civil al señalar junto a Jacobo Domínguez, ex coordinador de la división político-electoral de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de haber contribuido al debilitamiento de la extinta misión.

Ante los cuestionamientos, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseguraron que no hay asesores internacionales trabajando en la Comisión de Alto Nivel; sin embargo, la presencia de Quiroz en las reuniones es evidente y se suma a la cercanía que Domínguez ha mostrado con algunos de los principales líderes políticos del oficialismo.

 

Quiroz y Domínguez: «los topos» de la Maccih

El 28 de junio el gobierno realizó el evento de inauguración del Museo de la Memoria que conmemora la convulsa historia hondureña y el Golpe de Estado de 2009; acudieron algunos titulares de las Secretarías de Estado, diputados del Partido Libre, e invitados especiales de otros países; entre ellos el expresidente ecuatoriano y asesor de este gobierno, Rafael Correa. Entre todos los invitados especiales, en la misma fila de asientos en la que se encontraba Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas, también estaban Jacobo Domínguez y Antonia Quiroz.

Un informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) relata que, según reportes periodísticos, en su natal México, Domínguez era hombre de confianza del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado y condenado a 9 años de prisión por actos de corrupción, y sobrino de la exsenadora de ese mismo Estado, Silvia Domínguez. En 2016, cuando se concretó la instalación de la MACCIH, Domínguez fue contratado para atender la línea de transparencia electoral; sin embargo, según testimonios de ex integrantes del mecanismo, desde el inicio fue evidente que respondía a otros intereses.

«Dominguez desde que llegó era claro que venía traído por personajes ligados a Almagro, venía a la misión básicamente a ser una especie de quinta columna», explicó a Contracorriente el abogado peruano Julio Arbizu, ex procurador de la MACCIH.

Arbizu aseguró que, aunque el trabajo de Domínguez era atender la línea de transparencia electoral, cuando en 2016 iniciaron el trabajo de construcción de una Ley de Política Limpia fueron el vocero Juan Jiménez Mayor y él mismo quienes asumieron la labor.

«Colocamos ciertas garantías para que la ley tuviera una aplicación efectiva y colocamos además ciertas sanciones para que algunas empresas que incurran en el financiamiento ilegal pues no volvieran a contratar en el Estado, pero nos sorprendió muchísimo que cuando Domínguez asistía al Congreso (para socializar la ley) tenía muchísima cercanía con casi todos los representantes del Partido Nacional y nos sorprendió mucho más cuando finalmente publicaron la ley y habían retirado estas sanciones que habíamos colocado», apuntó Arbizu.

Arbizu recordó que en ese momento increparon a Domínguez, sin embargo, el daño ya estaba hecho y que, a pesar de los reclamos, Domínguez mantuvo una «cercanía especial» con el Partido Nacional y el expresidente Juan Orlando Hernández.

«Nos pareció que era una especie de topo dentro de la misión, era un sujeto muy lambiscón que además trataba de colgarse por los espacios de poder, pero finalmente el mismo Almagro, pese a que era su representante en la misión, tuvo que promover su salida porque fue partícipe de una conversación en tono racista y clasista hablando específicamente de los hondureños y hondureñas. Un sujeto que se expresó de la manera en que se expresó de los hondureños no puede estar legitimado para el diseño de una misión», concluyó Arbizu.

El fiscal peruano se refiere a los audios que salieron a luz pública en 2018 donde se escuchaba a Domínguez y dos personas más que eran parte de la misión decir que preferían los países de Sudamérica ya que ahí no había indígenas o personas negras. Tras la filtración de los audios el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó que no renovarían el contrato de Domínguez.

Sin embargo, los comportamientos cuestionables de Domínguez no terminarían en ese momento. Por ejemplo, en 2021 en una entrevista que dio al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad de Oaxaca, le preguntaron sobre la postulación de dos candidatos indígenas que por primera vez iban a participar en las elecciones de ese Estado mexicano, a lo que contestó que «la pregunta es que si esas minorías tienen la respuesta a los problemas de las mayorías, si nuestro problema político es un problema que las minorías pueden solucionar, (…) hay otras minorías que dicen no, yo lo que voy hacer es actuar como una minoría desde el poder, con las mayorías, caso peruano por ejemplo, y este presidente que recorrió́ el país con un lápiz de plástico, lo que hace es llevar su planteamiento ideológico minoritario y con eso gobernar a las mayorías».

A pesar de que Domínguez en el pasado fue vinculado con algunas de las principales figuras políticas del Partido Nacional, tanto él como Quiroz no ocultan su simpatía y cercanía con los principales líderes del gobierno actual de Xiomara Castro. En Twitter constantemente interactúa con el expresidente y asesor Manuel Zelaya, con la titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) Rixi Moncada, y ha publicado varias fotos de sus encuentros tanto con Zelaya como con el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina.

Rixi Moncada y Eduardo Enrique Reina fueron designados por la presidenta para formar parte de la Comisión de Alto Nivel para la instalación de la CICIH.

 

Arbizu aseguró que no le sorprende que Domínguez haya regresado a Honduras e ingresara a los círculos de poder ya que era lo que mejor hacía cuando fue parte de la MACCIH.

«Ya se confabuló con el Partido Nacional cuando tenían todo el poder, promovió incluso que esta ley que iba a beneficiar la lucha contra la corrupción en Honduras se mutilara, él fue el responsable de tal manera que si hay una persona precisamente que no está capacitada para ejercer un cargo en la formación de un nuevo mecanismo es él», concluyó Arbizu.

Sobre Antonia Quiroz, el fiscal peruano apuntó que ella era la asistente de Domínguez y «aliada incondicional», y que «con estos personajes no se puede construir nada serio, porque si de verdad este sujeto es encargado de la exploración de la posibilidad de llegada de una misión, la misión está destinada al fracaso». Además, en redes sociales Quiroz ha dicho que, bajo el liderazgo de Domínguez, participó en la promulgación de la trastocada Ley de Política Limpia.

Tanto Antonia Quiroz como Jacobo Domínguez también publicaron en sus redes sociales que en las elecciones de noviembre de 2021 fueron observadores internacionales del Consejo Nacional Electoral que entonces lideraba la ahora ministra de la SEFIN, Rixi Moncada.

La doctora Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras (PSH) que forma parte del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH dijo a Contracorriente que el Poder Ejecutivo está enviando mensajes contradictorios sobre sus intenciones de que se instale el mecanismo anticorrupción en el país.

«Por un lado vemos la firmeza de la presidenta de venir y firmar el memorando de entendimiento, vemos la firmeza de de venir y ayer precisamente de hacer su declaratoria y de pedir celeridad para firmar el convenio, pero por otro lado vemos estas personas que no son personajes confiables para la ciudadanía, entonces eso es un poquito como contradictorio», apunta la diputada.

Justamente el 13 de julio tras una reunión entre los enviados de la ONU para la instalación de la CICIH, la presidenta Xiomara Castro anunció que solicitó que el convenio para la instalación del mecanismo debe estar listo y firmado en los próximos meses.

Los enviados de la ONU para la instalación de la CICIH hablan ante los medios de comunicación durante su visita a Casa Presidencial. Foto CC/Fernando Destephen
Los enviados de la ONU para la instalación de la CICIH hablan ante los medios de comunicación durante su visita a Casa Presidencial. Foto CC/Fernando Destephen

Por otro lado, Ligia Ramos aseguró que les gustaría que sea público desde cuándo están asesorando al gobierno y quién tomó la decisión de contratarlos como asesores, además pidió que si la ciudadanía está en contra de que estos actores sean parte de la asesoría para traer a la misión deben ser removidos de su cargo.

«Yo no sé, quienes los contrataron, sé que es el Ejecutivo, pero quién hizo la contratación no sé, no sé si fue la presidenta, no sé si fue de la unidad técnica que nombró la presidenta que conforma la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario de transparencia. Y pues, como le digo, ellos tienen que dar cuenta, porque lo que sí sabemos, porque hubo un pronunciamiento de parte de la misión exploratoria, es que no son personajes que traen las Naciones Unidas», apuntó la diputada Ramos.

Contracorriente contactó vía redes sociales a Antonia Quiroz sobre sus apariciones como secretaria técnica de la Comisión; sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta. De igual forma contactamos a la ministra Rixi Moncada y a su oficial de comunicaciones en la SEFIN y no obtuvimos respuesta.

En las páginas de transparencia de las tres Secretarías de Estado involucradas en la Comisión de Alto Nivel en el apartado de contratos de los últimos meses tampoco hay información sobre la contratación de estos personajes por parte del Estado. Ante las denuncias en redes sociales sobre la contratación de estos personajes la Secretaría de Prensa publicó un comunicado en el que aseguraron que el Gobierno no tienen asesores internacionales para la instalación de la CICIH pero también afirmaron que «después de firmar el documento que regula el mecanismo, no tenemos duda que serán necesarios los asesores internacionales en el programa de combate a la corrupción e impunidad».

 

El conflicto gubernamental ante las exigencias para instalación de la CICIH

 

Tras la llegada y reuniones del grupo de expertos de la ONU la exigencia ciudadana por la instalación de la CICIH sufrió su punto más álgido en lo que va del actual gobierno cuando el CESPAD convocó vía redes sociales a una marcha para exigir la pronta instalación del mecanismo; tras esa convocatoria, el coordinador del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial Manuel Zelaya junto con la presidenta Castro, convocaron a los activistas y empleados de gobierno a una marcha en la misma fecha, hora y lugar que la convocada por la sociedad civil.

Los objetivos de la marcha convocada por el gobierno eran que se apruebe la Ley de justicia tributaria, un proyecto que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno de Castro; apoyar la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, que sumió al Congreso Nacional en una confrontación entre bancadas políticas; y, además, exigir la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

Finalmente, el CESPAD decidió cancelar la movilización para evitar confrontaciones con los activistas de Libre convocados. «Nos alarma en sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y derecho a disentir», indicaron.

Miembros del Partido Libertad y Refundación cargan una pancarta exigiendo la llegada de la CICIH a Honduras, durante una marcha multitudinaria. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros del Partido Libertad y Refundación cargan una pancarta exigiendo la llegada de la CICIH a Honduras, durante una marcha multitudinaria. Foto CC/Jorge Cabrera

Tras este conflicto entre sociedad civil y el gobierno surgió otra convocatoria del movimiento ciudadano Una sola voz por Honduras quienes convocaron a otra marcha para el viernes 21 de julio, que finalmente resultó en ataques físicos de parte de activistas del Partido Libre que acudieron al mismo lugar en contra de los participantes de este movimiento y otros ciudadanos que se encontraban en el lugar.

La tensión y los ataques generados desde el Gobierno también alcanzaron a la máxima representación de la ONU en el país. 

El 20 de julio, el mismo día en que los representantes de la misión enviada por la ONU para la instalación de la CICIH se reunieron con la presidenta Castro, desde las cuentas de redes sociales de la mandataria, su asesor y esposo Manuel Zelaya, y algunos de sus principales funcionarios, iniciaron  una serie de ataques contra Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Honduras. Esto ocurrió porque Shackelford había sostenido una conferencia de prensa en la que acompañó a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien regresó al país tras una serie de ataques originados desde el Gobierno con quienes ha mantenido un conflicto desde hace varios meses.

La relación entre el gobierno y la ONU se tensionó y finalmente el conflicto resultó en un comunicado en el que Shackelford lamentó que su apoyo al CNA molestara al gobierno.



Una masacre de 13 personas en un billar de la colonia Victoria en el sector López Arellano de Choloma, al norte de Honduras, justificó un toque de queda en esa ciudad como medida para contrarrestar la ola violencia. Pese al hecho sangriento y las medidas restrictivas, en la ciudad sigue la vida con normalidad; incluso en el barrio donde ocurrieron las muertes, la rutina no parece interrumpirse. El 18 de julio, después de 23 días de estar vigente el toque de queda, el gobierno decidió levantar la medida aduciendo una reducción de homicidios. Ese día se registró otro homicidio múltiple.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre

A un lado de la entrada principal, en una de las paredes de ese billar, hay un pequeño rótulo pintado en letras rojas y negras en el que se lee una frase tan corta como contundente: No armas. Aquello no deja de ser un contraste trágico ante el hecho de que en ese lugar recientemente murieron acribilladas a balazos 13 personas.

Detrás de los barrotes que protegen el interior del edificio, como testigos mudos, hay cajas y envases de cervezas regados por doquier.

A pocos metros de ahí, en los alrededores, los días han pasado y el olor a muerte ha sido olvidado por los vecinos. Todo se veía con aparente normalidad. En una pulpería cercana alguien compraba arroz, otro un refresco y una mujer pedía huevos. Todos se conocían y sonreían. Nada hacía pensar que ahí, hace un mes, la ola de violencia que azota al país había cobrado 13 vidas. Todo era normal entre ellos hasta que se percataron de la presencia de un pequeño vehículo y tres personas extrañas al lugar. Entonces las risas cesaron, bajaron la mirada y en la atmósfera se respiró lo que supusimos era el recuerdo del día en que en la colonia Victoria de Choloma, ciudad en el norte de Honduras, un grupo de hombres armados se bajó de un vehículo para perpetrar una masacre.

«Ahí fue», nos contestaron cuando preguntamos por el lugar en el que operaba el billar donde sucedió la masacre. Fue la única referencia obtenida. Alguien señaló el amplio local, ubicado a unos 100 metros del bulevar que une a San Pedro Sula y Choloma. El billar tenía aproximadamente unos cinco meses operando y no ha vuelto abrir desde aquel sábado 24 de junio.

Un habitante de la comunidad que pidió proteger su identidad, aseguró que en ese sector no «pasa nada» pero consideró que al exponerse hablando con medios puede haber gente vigilando y ser delatada. Realizó esta aseveración aunque aclaró que ese no es un territorio controlado por las pandillas o al menos no que se sepa.

Hizo memoria y solo encontró un antecedente de violencia antes de la masacre, un muerto hace cinco años. En sus recuerdos tampoco identificó muchos rastros de delincuencia común, quizá la vez que a una conocida suya le robaron los electrodomésticos de su casa. Esta persona aseguró que sale a la pulpería o donde sus familiares y nunca se ha sentido amenazada. Agregó que tampoco su sector está estigmatizado socialmente y que no se percibe un control territorial de ningún grupo delictivo, pues a ella en muchas ocasiones la han ido a dejar a su casa sin inconvenientes. «Ahí no es como en esos lugares donde dicen que los mareros controlan y no cualquiera entra. A mí me han ido a dejar de noche sin problemas», dijo después de tomar un poco de agua.

La persona aseguró que no conocía a ninguna de las 13 personas asesinadas en el lugar y que al día siguiente la mayoría de las personas de la comunidad regresaron a sus tareas con normalidad, «nada de eso de meterse temprano a casa», dijo y agregó que la Policía visita casi todos los días el barrio Victoria y que no tiene caso sentir miedo porque un hecho como la masacre no volverá a ocurrir.

Según datos oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea(SEPOL), en el 2022, en Choloma ocurrieron 116 homicidios, 54 menos respecto al 2021 y 45 menos en comparación al 2020. En el 2019, se registraron 263 homicidios. En todos los años mencionados, esta ciudad fue el tercer municipio con más homicidios del país, solo detrás de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La tendencia a la reducción de homicidios ha sido un comportamiento a nivel nacional en los últimos cuatro años. En 2019, el registro anual de homicidios en Honduras llegó a 4,051. Al año siguiente, el confinamiento por la pandemia redujo los homicidios a 3,623, pero en el 2021 aumentaron a 3,897. Para el 2022, en el país hubo 3,439 homicidios, equivalentes a una tasa de 35 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para tener una idea, en el 2013, Honduras cerró con 6,431 homicidios.

Para el analista en temas de seguridad, Leonardo Pineda, la reducción de homicidios es innegable hasta mayo de 2023, pero sostuvo que a finales de mayo y en junio del presente año, hubo picos de violencia.

Pineda explicó que la tendencia a la baja ya se estaba experimentando desde el segundo período de Juan Orlando Hernández, «la curva venía bajando, de tres años para aquí lo que ha hecho es sostenerse, esto obedece a una política que ya se estancó, hay que tomar otras medidas, pero estas ya no deben responder con la represión, sino a la raíz del problema».

El analista aconsejó que en los intentos por reducir la criminalidad hay que hacer uso de la inteligencia, pero en el país no hay señales de hacer eso y esto lo ejemplifica diciendo que tras las incautaciones de armas realizadas en los centros penales, en lugar de hacer las investigaciones respectivas, las armas fueron destruidas, «ya no se puede investigar a quién pertenecían esas armas y si fueron utilizadas para cometer crímenes fuera de las prisiones», dijo.

Imagen general de un barrio en Choloma donde semanas atrás murieron acribilladas a balazos 13 personas en el interior de un billar. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Imagen general de un barrio en Choloma donde semanas atrás murieron acribilladas a balazos 13 personas en el interior de un billar. Foto CC/Amílcar Izaguirre

De las 13 víctimas en el billar, cinco eran empleados de la maquila Gildan San Miguel, tres de ellos eran sindicalistas, ahí estaba la presidenta del sindicato de dicha maquila, Xiomara Cocas. Antes de estos asesinatos, la empresa había anunciado el cierre de operaciones y el despido de unos 2,000 trabajadores.

La afiliación sindical de la mayoría de los fallecidos es precisamente uno de los elementos que llama la atención al analista Leonardo Pineda, quien sostuvo que ese hecho en Choloma «tiene un montón de matices». Aseguró que le llamó la atención el perfil de las personas en el billar, «que hayan sido asesinados tres dirigentes sindicales, ahí tiene que haber algo más. Habría que investigar más, obviamente la mara sirve como brazo armado. Hay que ver el trasfondo».

La Policía Nacional detuvo a cinco supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 a quienes acusó de haber perpetrado la masacre, pero evidentemente eso no explica el hecho, pues no fue un ataque entre pandilleros. Leonardo Pineda indicó que las pandillas hace mucho no cometían un hecho que no tuviera una explicación clara y el último que recuerda fue la masacre en la colonia Ebenezer de Chamelecón durante el Gobierno de Ricardo Maduro, cuando 28 personas fueron acribilladas en un autobús el 23 de diciembre de 2004 en un ataque perpetrado por la pandilla Barrio 18.

El subcomisionado Ramón Ramos, jefe de la Policía Nacional en Choloma, aseguró que la Policía tiene un móvil del crimen y a eso se debe la captura de cinco supuestos asesinos. «Lo hay [un móvil], es de conocimiento público, se capturaron cinco miembros de las estructuras criminales, que participaron en el hecho, eso refleja que el caso no quedó impune, hubo una reacción de la Policía. El móvil lo tenemos nosotros, pero es confidencial», dijo.

No obstante, según el diario La Prensa, hasta el 6 de julio no había imputados por la masacre en Choloma. Este medio mencionó que, según una consulta realizada en los juzgados sampedranos, los detenidos están siendo imputados por tráfico de drogas, portación ilegal de armas y uso indebido de equipo policial y militar, pero no figura el homicidio múltiple. Una fuente le mencionó a Contracorriente que los detenidos no han podido ser vinculados de forma científica al lugar de los hechos.

La masacre en la colonia Victoria ocurrió cuatro días después de la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en un sangriento ataque que supuestamente fue planificado y ejecutado por integrantes del Barrio 18 en contra de sus rivales de la MS-13. Esa misma semana, dos días después de las muertes en la PNFAS y dos días antes de la masacre en Choloma, fue asesinada en un panadería de San Pedro Sula, Ericka Julissa Bandy, esposa de Nery López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza, quien supuestamente poseía libretas con los nombres de JOH y Tony Hernández y quien fue brutalmente asesinado en octubre de 2019 en la cárcel El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.

Para responder a una semana sangrienta (entre el 19 y el 25 de junio) en la que hubo 141 homicidios a nivel nacional, la mayoría de estos en Francisco Morazán y Cortés, el Gobierno encabezado por Xiomara Castro decretó un toque de queda en Choloma y San Pedro Sula entre las 9:00 pm y las 4:00 am. En Choloma, el decreto entró en vigencia el 25 de junio, un día después de las 13 muertes, pero en San Pedro Sula inició hasta el 4 de julio, días después de la feria patronal. La medida fue suspendida abruptamente en ambas ciudades el 18 de julio.

Antes de decretar estos toques de queda, Honduras ya estaba bajo un estado de excepción que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022 y que desde entonces ha sido prolongado en cinco ocasiones. La última extensión fue anunciada el 19 de julio por 45 días más.

El cuatro de julio, el día que inició el toque de queda en San Pedro Sula, el parque central estuvo desolado y en la tercera avenida solo algunos negocios informales permanecían abiertos. Foto CC/Amílcar Izaguirre
El cuatro de julio, el día que inició el toque de queda en San Pedro Sula, el parque central estuvo desolado y en la tercera avenida solo algunos negocios informales permanecían abiertos. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Antes de la suspensión del toque de queda, el jefe de la Policía Nacional en Choloma, Ramón Ramos Rodríguez, le dijo a Contracorriente que la percepción de la gente hacia el estado de excepción y el toque de queda era positiva porque la población «ve a la Policía por todos lados».

Sostuvo que en esa ciudad la vida nocturna es menos activa que en San Pedro Sula y que la mayoría de los negocios cierra a las 10:00 p.m., por lo tanto no fueron afectados por el toque de queda. Sostuvo que tampoco afectaba a los trabajadores de la empresa privada pues si estos acreditaban que andaban trabajando, se les dejaba pasar para llegar ya sea a su trabajo o de regreso a casa.

No obstante, en la alcaldía municipal, cuyo edificio está al lado de las instalaciones de la Policía, el alcalde Gustavo Mejía manifestó que no estaba de acuerdo con medidas restrictivas como el toque de queda y que lo que se necesita en Choloma es más policías pues, hasta ahora, la ciudad solamente tiene asignados 120 policías pese a ser la tercera con mayor población en el país, con aproximadamente medio millón de habitantes.

«Aquí ha habido un toque de queda casi permanente pues la gente por miedo se encierra por el problema de la extorsión, que viene proveniente no solamente de la mara» dijo el alcalde, pero no se refirió a otros grupos criminales que según él se dedican a la extorsión.

El alcalde también manifestó que el toque de queda no es la medida más adecuada para su municipio aunque aclaró que no es porque afecte la vida nocturna de la ciudad, que es «mínima», sino porque afecta a los trabajadores que deben movilizarse pues aseguró que Choloma es una ciudad de tránsito por la que se mueven unas 250 mil personas que no residen ahí. «El problema nuestro son los trabajadores. Hay una percepción de que es un municipio violento, y estamos de acuerdo, pero al final, nosotros lo que necesitamos es la permanencia de Policía, ese es el reclamo y exigencia. Necesitamos unos 600 policías. Es la conclusión que hemos llegado, pero los toques de queda no son ninguna alternativa», dijo el edil días antes de que fuera suspendido el toque de queda.

Además, Gustavo Mejía expresó su preocupación por el problema de inseguridad del municipio y lo contrastó con las posibilidades de que lleguen más inversiones, «necesitamos detener la delincuencia porque hay empresarios que quieren invertir. Viene una fábrica de capital chino que se instalará y son siete mil empleos, también está creciendo el rubro de las urbanizadoras, pero para eso tiene que haber un clima de bastante paz, entonces el policía debe permanecer, deben haber [en Choloma] por lo menos 250 policías».

El municipio de Choloma es conocido en Honduras por su actividad maquilera; hasta el 2022, unas 86 empresas maquiladoras operaban en ese municipio, pero a esta fecha ya hubo cierre total de plantas y también reducción de plazas por el contexto internacional desfavorable. El alcalde Mejía dijo que, según las estimaciones gubernamentales, la actividad económica en Choloma genera arriba del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El alcalde, además del aumento de oficiales de la policía en su municipio, dijo que hay otras medidas que se pueden echar a andar, como por ejemplo, la instalación y funcionalidad de cámaras del 911 en diferentes sectores del municipio, medida que debe estar acompañada de la mejorara de la iluminación en las calles.

Un homicidio en 16 días

El miércoles 12 de julio, dos semanas después del homicidio múltiple en la Colonia Victoria, el subcomisionado Ramón Ramos dijo, con cierta satisfacción, que durante el toque de queda solo se había registrado un homicidio en Choloma. Al día siguiente de sus declaraciones, tres personas fueron asesinadas en la colonia Ruby, una de las zonas que un fotógrafo en el centro de Choloma nos señaló como parte del cordón de violencia de la ciudad. El día 18 de julio, cuando fue suspendido el toque de queda, fue asesinada una jovencita en la colonia Brisas de Choloma.

«La ciudadanía no ve los resultados positivos que tenemos o no los quieren manejar algunos medios de comunicación», se quejó Ramos. Destacó que bajo su gestión, que inició en el 2022, ha habido una reducción de homicidios.

Mientras la Policía habla de reducción de homicidios y sus intentos por controlar la criminalidad, la ciudadanía cholomeña tiene distintas percepciones sobre lo que está pasando en las comunidades. En el parque, hablamos con un fotógrafo que contó que vivía en una de las colonias señaladas como violentas en el sector. «Ahí está lo mero, mero, pero a mí me cubren desde arriba», dijo el señor mientras señalaba con una mano hacia el cielo. Después comentó que fue sastre, zapatero y que actualmente estaba aprendiendo barbería. A él el toque de queda no lo afectó. «Yo a las 5:00 pm ya estoy en mi casa. A mí no me afecta. Y puedo salir a la hora que sea, pero ¿a qué voy a salir?», dijo.

Un padre y su hijo caminan por la calle principal en la colonia Monterrey, ubicada en lo bajo de Choloma, algunos vecinos comentaron que en esta colonia la violencia no es un problema, pero sí les preocupa el desempleo. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Un padre y su hijo caminan por la calle principal en la colonia Monterrey, ubicada en lo bajo de Choloma, algunos vecinos comentaron que en esta colonia la violencia no es un problema, pero sí les preocupa el desempleo. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Para el fotógrafo, la situación de inseguridad en Choloma es caótica . Nos mencionó el caso de una niña de 13 años que estaba desaparecida pero fue encontrada con vida dos días después y el de otro joven que mataron después que habló con él. «Y viene peor, esto es el cumplimiento de la palabra del Señor y mire, viene una hambruna para someternos», agregó.

En Monterrey, la principal aldea de los denominados Bajos de Choloma, la vida transcurre con tranquilidad. En la polvorienta calle principal estaban dos hombres, quienes aseguraron que ahí no tienen problemas de violencia e inseguridad. Que todos se conocen. «Aquí no pasa nada», concluyó uno de ellos. Incluso, el toque de queda lo ven innecesario pero al final se preguntaron «¿qué podría andar haciendo una persona a las 11:00pm?»

Los Bajos de Choloma es un grupo de comunidades cuya mayor preocupación es la vulnerabilidad a las inundaciones provocadas por las lluvias. El hombre que vende golosinas y también combustible por litro nos dijo que también ahora preocupa a la comunidad la pérdida de empleos por el cierre de las maquilas. Recorrer Monterrey fue distinto a caminar por las calles de La Victoria, las personas no nos vieron con desconfianza. Hay casas vacías, la mayoría de la gente ha emigrado por falta de oportunidades. En la zona norte del país se estima que se han perdido unos 30 mil empleos del sector maquilero con el cierre de empresas en El Progreso, Villanueva y Choloma. Incluso la Central General de Trabajadores (CGT) ha hecho un llamado a conformar una mesa anticrisis para evitar más pérdidas de empleos.

En la Policía, el subcomisionado Ramos manifestó que están apostando a la participación comunitaria, que están conformando mesas ciudadanas, que es un programa que Xiomara Castro lanzó en Santa Bárbara en marzo del 2023, pero que su aplicación y funcionamiento ha sido muy limitado. Ramos explicó que ellos no pretenden que la gente tome un fusil para acompañarlos en el combate a la delincuencia pero se pretenden generar pequeños proyectos en los que los policías puedan cooperar y con esto se pueda «generar confianza en la Policía», dijo.

El alcalde Gustavo Mejía mencionó otras formas de violencia que han alcanzado y siguen alcanzando a la población cholomeña. Contó que, en el último mes, al menos cuatro empleados de la alcaldía de Choloma han renunciado a su trabajo porque han sido amenazados; «es uno de los casos mataron el hermano de una empleada y ella tuvo que irse, hoy [el 13 de julio] una persona que trabaja en Aguas de Choloma me dijo que se iba. Esa extorsión es permanente y ese problema no lo están viendo allá [en el Gobierno central]. Solo esta semana tengo cuatro empleados que han tenido que irse y les dijeron “se van o se mueren”», dijo.

El alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, dijo que en este municipio se necesita detener la delincuencia porque hay empresarios que quieren llegar a invertir a la zona, pero para eso se necesita un clima de paz. Foto CC/Amilcar Izaguirre
El alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, dijo que en este municipio se necesita detener la delincuencia porque hay empresarios que quieren llegar a invertir a la zona, pero para eso se necesita un clima de paz. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Según el informe de la Mesa Técnica de Criminalidad: Policía Nacional/Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Crimen Organizado DIPAMPCO, Sub Secretaría de Seguridad en Asuntos Policiales y la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional, para 2022 los municipios con mayor número de denuncias por extorsión son el Distrito Central y San Pedro Sula que juntos acumulan el 62% de la incidencia a nivel nacional. Choloma aparece solamente con un 3% de incidencia según las denuncias por este delito.

El subcomisionado Ramos mencionó a Contracorriente sobre la posibilidad de fortalecer la fuerza policial en el municipio hasta llegar a 300 policías. Agregó que durante su gestión se logró desarticular a la Banda del Negro y el grupo los Iluminatti, que extorsionaban y delinquían en la ciudad. Ahora, según el jefe policial, en el ecosistema delictivo cholomeño quedan disputándose territorio la Pandilla 18 y la MS-13.

Leonardo Pineda, analista en temas de seguridad, mencionó que le ha llegado información de que hay miembros de la banda Los Aguacates que operan en un sector de lo más hondo de la colonia López Arellano, Jucutuma y Lomas del Carmen y algunos residuos del grupo delictivo La Rumba en el sector comercial de la ciudad, pero además esta banda también tiene presencia y cobra extorsión en San Pedro Sula y Puerto Cortés, según la Policía Nacional.

Se suspende el toque de queda

El 18 de julio, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció el final del toque de queda en San Pedro Sula y Choloma después de lograr la «reducción de un 74 % de los homicidios», según cifras de la Policía Nacional. Prometió que en ambas ciudades serán asignados 500 policías, que se unirán a la fuerza ya existente. «Nosotros, como Secretaría de Seguridad, estamos listos para desarrollar e implementar todas las medidas. Es complicado porque si se toman medidas hay quejas, si no se toman también hay quejas», manifestó el funcionario.

Sánchez se refiere a que varios sectores se quejaron por la implementación del toque de queda. En San Pedro Sula hubo protestas por parte de los dueños de bares y discotecas, quienes aseguraron que la medida los orillaba a la bancarrota. Justo el día antes de que fuera suspendido el toque de queda, el alcalde sampedrano, Roberto Contreras, publicó vídeos defendiendo a los emprendedores y solicitando a la presidenta Xiomara Castro que suspendiera la medida. En uno de los vídeos, el alcalde aseguró «que San Pedro Sula no quería saber de políticos».

Ese toque de queda se había iniciado en la «Ciudad Industrial» el 4 de julio. Ese día, después de escuchar una oración a Dios, el ministro Gustavo Sánchez, le ordenó a unos 300 policías y militares desplegarse a distintos puntos de la ciudad. Para ese entonces, Choloma ya tenía nueve días en toque de queda.

Al menos 400 militares se integraron a la Operación Candado, implementada en el Valle de Sula para bajar los índice de violencia según dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.Foto CC/Amilcar Izaguirre
Al menos 400 militares se integraron a la Operación Candado, implementada en el Valle de Sula para bajar los índice de violencia según dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.Foto CC/Amilcar Izaguirre

Aún sin el toque de queda continúa el estado de excepción, que desde la mirada de Leonardo Pineda, en las comunidades «prácticamente no existe» y la vida pasa con normalidad. Relató que en visitas que él ha realizado a sectores como Rivera Hernández y Chamelecón no se ha visto una diferencia operativa «no lo he percibido en muchas comunidades, la vida sigue normal», manifestó.

Pineda opinó que el Gobierno quiere crear «la percepción de que se está haciendo algo» con la implementación de estas medidas. Incluso mencionó que el estado de excepción respondió a una ola de amenazas de extorsión pero, desde su punto de vista, este delito se sigue cometiendo igual; «hay muy pocos detenidos por extorsión y todavía menos condenas», manifestó.

En Choloma, la ciudad sacudida por la masacre de 13 personas, parece que la vida ha vuelto a la normalidad. El toque de queda fue suspendido el 18 de julio, pero quedará también el recuerdo del hecho violento en la Victoria, donde el billar permanece cerrado y la gente se alarma cuando ve desconocidos. Seguramente habrá una estigmatización de la colonia, aunque la vecina con la que hablamos diga que es un hecho aislado, «ahora los taxis van a querer cobrar el doble», dijo.

Falta menos de un mes para que el Congreso Nacional conozca a los cinco postulantes seleccionados como candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto por parte de la Junta Proponente. Rebeca Lizette Ráquel Obando —presidenta de la Junta y máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—, tiene vínculos familiares y de afinidad política con dos de los postulantes, uno de ellos formó parte de la junta proponente que la favoreció en la elección de la CSJ y con el otro tiene lazos familiares.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

La semana pasada, en la sesión de junta proponente del 11 de julio, la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, se excusó de conocer las tachas interpuestas en contra del postulante Yuri Melara Berloiz. Ese día, la presidenta de la Junta Proponente argumentó que, «aunque no me comprende ninguna causal objetiva de excusa tanto en el grado de parentesco con respecto a la afinidad» no conocería las denuncias ni tachas en contra de este postulante amparándose en la transparencia.

José Luis Melara, esposo de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, es tío de Juan Carlos Melara, esposo de Zoé Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales.

En esta misma sesión se conoció que cuatro tachas y denuncias fueron presentadas en contra del abogado Melara Berlioz, de las cuales una fue descartada por la secretaría técnica de la Junta Proponente (la denuncia TD-10-JPFGA-2023-10) debido a que el denunciante no presentó los medios de prueba para sustentar la denuncia. Sin embargo, esta y otras tres denuncias que no cumplieron los requisitos según la secretaría técnica, fueron admitidas nuevamente por decisión de los miembros de la Junta Proponente.

Aunque todavía se desconocen las tachas y denuncias en contra del postulante Yuri Melara Berlioz, los miembros de la Junta Proponente votaron a favor de que la presidenta de la Junta se excusara de conocer y participar en la deliberación de estas denuncias.

Pero este no es el único conflicto de interés que enfrenta Rebeca Ráquel en su gestión como máxima autoridad de la Junta Proponente. En la carrera para convertirse en fiscal general o fiscal adjunto también está el abogado Mario Urquía, quien fungió como presidente de la Junta Nominadora que entregó al Congreso Nacional la lista de los candidatos y candidatas mejor evaluados para ser magistrados y magistradas de la república. Dentro de esa lista figuró Rebeca Ráquel.

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, atiende una conferencia de prensa convocada por la Junta Proponente. Foto CC/Fernando Destephen
La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, atiende una conferencia de prensa convocada por la Junta Proponente. Foto CC/Fernando Destephen

Urquía, quien ha sido juez de letras del Poder Judicial y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, fue uno de los primeros en autopostularse para ser fiscal general o fiscal general adjunto, y de los pocos que no tuvo que subsanar su expediente. Sin embargo, este postulante enfrenta cuatro tachas y denuncias en su contra.

Aunque su gestión como presidente de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lo inhabilita para postularse para fiscal general o fiscal general adjunto según la Ley de la Junta Nominadora —aprobada en julio de 2022—, esto sí representa un conflicto de interés no solo para Rebeca Raquel sino también para Wagner Vallecillo, magistrado de la CSJ y actual secretario de la Junta Proponente.

Aparte de seleccionar a Rebeca Ráquel (quien tiene afinidad con el Partido Libre) como candidata a magistrada mientras fue presidente de la Junta Nominadora, los vínculos del postulante Mario Roberto Urquía con este partido político han sido más directos, ya que también se desempeñó como presidente del Consejo Departamental Electoral de Cortés en representación del partido Libre.

Además, medios de comunicación aseguran que ha sido coordinador departamental del movimiento Fuerza y Refundación integrado por militantes del partido Libre.

En el caso del abogado Yuri Melara Berlioz —quien fue fiscal adjunto de la República entre el 2004 y 2005—, además de tener vínculos familiares con la presidenta de la CSJ, también su afinidad al Partido Liberal ha sido conocida. En el Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya fue consultor legal externo del Ministerio de la Presidencia de la República desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2006.

Osiris Payes, abogada e integrante del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) explicó a Contracorriente que al ser el Ministerio Público una institución independiente tanto financiera como administrativamente, esta no se encuentra contemplada dentro de los tres poderes del Estado, y la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» solo inhabilita de ejercer cargos públicos a los miembros de la Junta Nominadora en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

«Ahora, aquí lo que sí podría resultar preocupante es el hecho de que a mi me están calificando en cierta parte dos de las personas que yo ya puse en ese puesto [Rebeca Ráquel y Wagner Vallecillo]. Ahí es cuando nosotros vemos la necesidad de reforma en los procesos de elección de altos funcionarios públicos en general, porque ese mismo cuestionamiento existe en la elección de magistrados», explicó la abogada Osiris.

Lo mismo opinó el abogado constitucionalista Raúl Pineda Alvarado, quien aseguró a Contracorriente que el abogado Urquía debería de estar fuera del esquema de postulantes por este conflicto de interés y además destacó la falta de confiabilidad en las juntas nominadoras debido a que en estas el interés partidario siempre predomina.

«Al final, el propósito de una propuesta independiente, imparcial y objetiva con base a méritos no se ha logrado en los casos que recientemente se han dado en Honduras. Lo que hay que ver en el caso del Ministerio Público es que la transformación de la plataforma esté organizada, no solamente la elección fiscal», destacó el abogado Pineda, y al igual que Osiris Payes señaló la necesidad de implementar un modelo de elección de funcionarios distinto al que se tiene en Honduras.

Puedes ver otros conflictos de interés y señalamientos a los demás postulantes en esta tabla:

Derogación del «pacto de impunidad»: ¿Parte de las negociaciones para la elección del fiscal o incentivo para limpiar la imagen del Congreso?

En la noche del 12 de julio —después de casi dos me0ses en los que el Congreso Nacional no sesionó—, parlamentarios de todas las bancadas votaron a favor de derogar los decretos 57-2020 y 93-2021, también denominados como «pacto de impunidad». De 120 parlamentarios presentes ese día, 111 votaron a favor de un dictamen que deroga estos decretos.

Ocho de esos nueve congresistas pertenecen al Partido Nacional, y son: Merary Díaz, Mario Pérez, Francisco López, Gonzalo Rivera, Rosa Pavón, César Madrid, Gustavo González. El único liberal fue el diputado Jorge Díaz.

El decreto 57-2020 limita las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentos y objetos relacionados a un hecho ilícito, y el 93-2021 reforma artículos de la Ley de Lavado de Activos y del Código Penal con la finalidad de ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos de lavado de activos.

Aunque este movimiento pueda parecer una acción clave para lograr consenso y las negociaciones dentro del legislativo para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, el abogado y analista Raúl Pineda opinó que esto es solo un incentivo para querer borrar la mala imagen que está teniendo el Congreso actual.

Antes de que la mayoría de los congresistas votara por la aprobación del dictamen para derogar el «pacto de impunidad», el Poder Legislativo llevaba casi dos meses de no legislar debido a un período de receso y a la falta de consensos en la aprobación del acta de sesión del 16 de mayo.

Fachada del Congreso Nacional. Foto CC/Fernando Destephen
Fachada del Congreso Nacional. Foto CC/Fernando Destephen

En esta sesión se discutió y votó simultáneamente por la adhesión de Honduras a la Cooperación Andina de Fomento (CAF). Después de esto, el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) presentó los fundamentos de la necesidad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, proyecto que aún no ha sido sometido a discusión en el Congreso. Esta exposición generó que unos parlamentarios mostraran su apoyo y otros salieron del hemiciclo mostrando su rechazo a la iniciativa.

Finalmente, el acta de la sesión número 11 fue sometida a votación, la cual resultó en 77 votos en contra de su ratificación. Aún así, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo que enviaría al Ejecutivo esta iniciativa.

«Para quitar un poco de presión al asunto y para desviar la atención del debate se tomaron estas decisiones que indudablemente son relativamente positivas, pero el tema que tiene que ver con el pacto de impunidad que también significa el tema de la Ley de Amnistía no se tocó», indicó el analista Raúl Pineda.

El decreto de amnistía política aprobado en febrero de 2022 permite que funcionarios de la administración del expresidente y ahora asesor presidencial, José Manuel Zelaya, no solo sean absueltos por crímenes que les fueron señalados debido a persecución política, sino que otorga cartas de libertad a funcionarios que cometieron delitos en esta administración. Además, este decreto fue señalado de ser utilizado para desestimar casos de corrupción según un informe del Departamento de Estados de Estados Unidos.

Pero en el debate para aprobar el dictamen que deroga el «pacto de impunidad», el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, sugirió integrar al dictamen la derogación del artículo 4 de este decreto, y así revocar las cartas de libertad extendidas a funcionarios del gobierno 2006-2009; sin embargo, tal sugerencia no fue admitida por la comisión de dictamen.

«Todavía no hay negociaciones porque seguramente están esperando la propuesta de la Junta Proponente, que seguro será una copia de lo que pasó en la Corte Suprema», destacó el abogado Raúl Pineda refiriéndose al acuerdo tripartito al que llegaron las tres fuerzas partidarias para el nombramiento de los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, coincidió con el abogado Pineda en la necesidad de derogar el decreto de amnistía para garantizar que ya no existan los pactos de impunidad, sin embargo, opinó que la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021 sí forma parte de las negociaciones entre las distintas bancadas para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.

«Lógicamente esto lo hicieron a pedido de la misión de Naciones Unidas, porque la lucha contra la corrupción no puede prosperar con decretos de esa naturaleza, pero ahí falta que deroguen y reformen totalmente el Código Penal y falta que deroguen la amnistía», aseguró a Contracorriente el abogado Juan Carlos Barrientos.

Luis Javier Santos, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presenta su postulación para fiscal general de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera
Luis Javier Santos, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presenta su postulación para fiscal general de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

El papel del fiscal general ante la posible instalación de la CICIH

El 9 de julio llegó a Honduras la misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para estudiar las condiciones para la posible instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). En su visita, el equipo de expertos se reunió con la presidenta Xiomara Castro, el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH y la Junta Directiva del Congreso Nacional, entre otros.

Para Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) es «sumamente relevante» que se elija un nuevo fiscal general para que la CICIH opere de forma correcta en Honduras.

«La Cicih inicialmente trabaja con dos instituciones: con el Ministerio Público, con una unidad fiscal especializada para desenredar casos de corrupción, que en este caso esperaría que sea la Uferco, y con el Poder Judicial para dar procesos de formación a los jueces que sean independientes para tener sentencias apegadas a ley», explicó a Contracorriente la congresista.

Mena descartó que la falta de avances en la discusión de proyectos de ley en el Congreso Nacional sea con la finalidad de dilatar el proceso para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, misma que debe finalizar antes del 1 de septiembre del presente año. Además señaló que para la misión de expertos de la ONU será motivo de análisis la elección del nuevo fiscal general.

«Se debe de cumplir con los términos que se establecen [para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto] y se necesitan 86 votos —recordó Fátima Mena— y para eso debemos de tener diálogo político, acuerdos y consensos».

Yahvé Sabillón, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró a Contracorriente que hasta el momento no existen consensos dentro del Congreso Nacional para la elección de las autoridades del Ministerio Público y que esto se debe a las solicitudes que ha realizado el Partido Nacional.

«El Partido Nacional quiere poner ciertas condiciones que son innegociables, no le puedo decir en este momento, probablemente estas se filtren luego porque estas negociaciones se están dando al más alto nivel, pero hasta este momento no hay fiscal general, ojalá que nos manden cinco personas que sean de la más alta investidura», manifestó el congresista a este medio.

Para Jari Dixon, congresista de Libre, el acuerdo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias para la elección de las autoridades del Ministerio Público ya está dado, aunque califica como un «error» la posibilidad de que no sea Libre el que controle la dirección de fiscales.

«Sería un error entregar la dirección de fiscalías a otro partido porque la dirección de fiscalías es prácticamente el corazón del Ministerio Público si se tiene la voluntad de que este responda a los intereses de la sociedad tal cual lo establece su Ley orgánica», señaló el congresista.

El abogado Raúl Pineda apuntó que, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, de no elegirse nuevas autoridades del Ministerio Público en tiempo y forma, las autoridades actuales continúan en el cargo, algo que él considera poco probable que ocurra con el fiscal Oscar Chinchilla.

«El abogado Chinchilla fue nombrado magistrado de la Corte Centroamericana, su periodo no ha concluido y en todo caso el proyecto de él es trasladarse de oficina de la fiscalía a la Corte de Managua, esto sí va a ser objeto de negociaciones», indicó Pineda.

Además, Pineda señaló que el fiscal Chinchilla «no representa una amenaza para nadie» y que por esa razón no lo ve ocupando el cargo de fiscal general por tercera vez.

Durante varios meses del 2023, los empleados del Ministerio Público exigieron una nivelación de salarios, situación que afectó a la población que demandaba que sus procesos judiciales fueran atendidos. Foto CC/Fernando Destephen
Durante varios meses del 2023, los empleados del Ministerio Público exigieron una nivelación de salarios, situación que afectó a la población que demandaba que sus procesos judiciales fueran atendidos. Foto CC/Fernando Destephen

Solo 4 de 21 postulantes a fiscal general son mujeres

El reglamento de la Junta Proponente incluye un principio de la equidad de género en el proceso, el cual establece que al menos dos de los cinco candidatos y candidatas en la lista que presentarán al Congreso Nacional deben de ser abogadas; sin embargo, menos de la cuarta parte de los postulantes al fiscal general y fiscal general adjunto son mujeres.

Osiris Payes, abogada y analista del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), explica que esto se debe a la brecha de género y a la falta de mujeres en posiciones de liderazgo en Honduras.

«La representación de estos modelos o la existencia de estas mujeres en posiciones de liderazgo es muy importante porque sirven como referentes femeninos tanto en la política como en la administración pública», afirmó la abogada Payes.

La analista del Cespad también señaló que esto no solo debe de quedar en la paridad de género que se establece en los reglamentos o leyes, sino en reformas sustanciales que verdaderamente garanticen una equidad de género real en el país y que de esta forma las mujeres se vean más motivadas a participar en estos procesos.

Previo a que iniciara la fase de tachas y denuncias, tres mujeres postulantes ya habían salido del proceso para ser fiscal general o fiscal general adjunto. Ellas son Sarahí Cerna, actual ministra del Trabajo, quien renunció a su postulación; Sobeyda Andino, exdiputada por el Partido Liberal y quien fue excluida del proceso al no cumplir con el requisito de estar colegiada por al menos 10 años en el Colegio de Abogados de Honduras; y Karen Alicia Motiño, exgerente legislativa del Congreso Nacional en 2016 quien fue excluida por la Junta Proponente después de que no presentara una constancia de evaluación médica. Estas tres postulantes representaban tres fuerzas partidarias: partido Libre, partido Liberal y partido Nacional.

Ahora, en la carrera a fiscal general y fiscal general adjunto quedan las abogadas Rita Ondina Núñez, Olga Yaneth Flores, Jenny Almendares Flores y Reyna Teresa Valerio.

Sobre el plano general de la elección de las autoridades al Ministerio Público, Osiris Payes opinó que este proceso está lleno de expectativas de la ciudadanía, tomando en cuenta el proceso anterior en el que arbitrariamente se eligió a alguien que no estaba dentro de la lista presentada al Congreso Nacional, en este caso, el fiscal Oscar Chinchilla, quien ya estaba desempeñando ese cargo.

«Los intereses políticos son más fuertes y pesan más que un procedimiento desarrollado y creo yo que en un Congreso Nacional, así como está de polarizado, los consensos son cada vez más difíciles», cuestionó la abogada Osiris Payes.

Para finalizar, la abogada Payes mencionó la importancia del fiscal general en el monopolio de la acción penal y en la persecución de las personas corruptas. En este sentido, es cada vez más necesario garantizar un Ministerio Público independiente para poder perseguir, procesar y judicializar a las y los corruptos y que de esta forma no se protejan sus intereses.

Texto: Otto Argueta
Portada: Persy Cabrera

Nadie lo vio venir. Ni las encuestas, ni los expertos, ni los estrategas políticos, ni la población, nadie. Estábamos abatidos, como suele suceder cuando la oscuridad nubla el horizonte de las esperanzas. Esperábamos lo peor, dos candidatas de partidos integrados por personas cuestionables, algunas abiertamente mafiosas. Esperábamos también que las instituciones de control fallaran en favor de lo que aprendimos a llamar «el pacto de corruptos» y que no es más que la culminación de un Estado cooptado por criminales y oportunistas, una élite política sin ningún respeto por la democracia, voraz en su apetito de poder y negocios. No veíamos contrapesos, ni en los partidos políticos, la sociedad civil o la comunidad internacional.

Nos enfrascábamos en discusiones pesimistas sobre «quién es el “menos peor”», sabiendo que el proceso electoral parecía ser una contienda entre grupos criminales que se enfrentaban con las armas que proveen las instituciones, unos en la Corte Suprema de Justicia, otros en la Corte de Constitucionalidad, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Ministerio Público, en el Ejecutivo, en todas. Y las élites económicas, como siempre, le apostaban a las que parecían ser las cabezas más adelantadas en este hipódromo electoral. Era la desolación, saber que cualquier opción nos llevaba a cuatro años más de lo mismo, o tal vez peor, a una dictadura consolidada o a una cleptocracia descentralizada. Daba igual.

Tampoco lo vio venir Bernardo y su partido, Semilla. El mejor escenario era asegurar al menos la misma cantidad de diputaciones. Semilla es un partido que nació tras el impulso que dejaron las protestas del 2015, fundado por un grupo de académicos y consultores expertos, representantes de sociedad civil de la vieja guardia y unos pocos jóvenes inspirados por el respeto que algunos de los fundadores del movimiento infundían. Desde una modesta bancada en un Congreso Nacional dominado por bandidos, fueron demostrando, lenta pero consistentemente, que valía la pena decir «no todos en el Congreso son corruptos y mafiosos». Desplegaron una campaña electoral creativa que cautivó especialmente a los jóvenes urbanos de clase media, estudiantes universitarios muchos de ellos. Resonó poco a poco un discurso democrático que confrontó al poder. «¡El improbable resultado de la combinación entre la convicción y la constancia!», me dijo Bernardo aún sorprendido días después del resultado de la primera vuelta electoral en un intercambio de mensajes. Lo define bien, tres palabras clave de alguien que tiene los pies en la tierra y la ética en la estratosfera: improbabilidad, convicción y constancia.

Tampoco lo vio venir el «pacto de corruptos» que se debatía en una batalla entre ellos. Su desconcierto se hizo evidente con sus reacciones desesperadas e ilegales.

La sorpresa fue llegando poco a poco, un lento e incrédulo levantar de cejas. Guatemala es un país con muchas sombras, nos cuesta mucho creer que después de la tormenta viene la calma, un arcoíris o un cielo azul, porque las tormentas han durado mucho y han dejado dolorosas marcas que silenciosamente transmitimos con nuestras miradas, con nuestro pesimismo, con el humor ácido, negro, sarcástico y fúnebre que nos caracteriza; con el silencio y la desconfianza disimuladas por nuestra amabilidad y cortesía: «no tenga pena», «con mucho gusto».

Al siguiente día de ese 25 de junio, la incredulidad tomó forma: «¿qué putas muchá? ¡Pasó Semilla a la segunda vuelta electoral!»

Bernardo Arévalo no carga la sombra sino el orgullo de ser uno de los hijos de Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente de la década democrática que se inició en 1944 después de que un movimiento cívico —o revolución, dependiendo del entusiasmo del historiador— derrocara al dictador Jorge Ubico. En cuatro años de gobierno, Arévalo modernizó el precario Estado de Guatemala con medidas puntuales pero fundamentales: creó el Código de Trabajo, el Seguro Social, inició la profesionalización del Ejército, sentó las bases para diversificar la economía y superar el lastre de monocultivos de exportación como el café y el banano, entre otras decisiones que hasta hoy perduran. Jacobo Árbenz, el segundo presidente de esa década, radicalizó esas reformas con la emisión del polémico decreto 900, una reforma agraria que rebasó la tolerancia de las élites económicas y militares del país. En su libro «Revoluciones sin cambios revolucionarios» el fundador de Semilla, Edelberto Torres Rivas, definió esa década no como una revolución, sino como una reforma que ajustó las agujas del reloj de Guatemala a los tiempos del capitalismo de la época. Pero eso en Guatemala fue demasiado, también lo fue para la United Fruit Company y para el gobierno de los Estados Unidos. La democracia no era rentable para el negocio de sostener el estatus quo y, como ahora, todo lo que atenta contra eso representa una amenaza, en ese momento, apellidada comunista.

Arbez fue derrocado violentamente en 1954 por un sector del Ejército que él mismo modernizó, por las élites oligárquicas amenazadas por la radicalidad de las transformaciones, por la iglesia católica conservadora y por los Estados Unidos, cegados por la paranoia del anticomunismo y la guerra fría y por la protección de sus negocios en el hemisferio. «La esperanza rota» es el título del libro de Piero Gleijeses sobre esa década y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el derrocamiento de Árbenz: el horror que —otra vez—Edelberto Torres Rivas definió como un suicidio colectivo.

Pero en julio de 2023, unos 9.36 millones de Guatemaltecos conformaban el padrón electoral, de los cuales emitieron el voto 5.57 millones, equivalentes al 59.45%, 2.4% menos que las elecciones pasadas. Ese lunes, 69 años después de haber sido interrumpida la década democrática de Guatemala, nadie podía dar crédito de que Bernardo Arévalo, con el partido Semilla, había obtenido el 11.77% de los votos y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el 15.86%. Sí, Bernardo pasó a la segunda vuelta electoral con un bajo porcentaje de votos en su primera participación como candidato presidencial, algo inusual en la historia electoral de Guatemala.

De las cejas arqueadas por la incredulidad, pasamos al ceño fruncido que produce las preguntas, buscando que todo esto tuviera algún sentido, una lógica dentro de nuestros cerrados esquemas de análisis. Pero no la tiene, no dentro de esos esquemas.

Debemos aceptar que los científicos sociales somos pésimos predictores. Las herramientas teóricas que tenemos han sido diseñadas para analizar lo pasado, no lo por venir, eso nadie debería tratar de hacerlo en su sano juicio. Nos encerramos en observaciones que una vez que son constantes asumimos inmutables. Caemos fácilmente en los determinismos, si no históricos, al menos fatalistas, porque las predicciones que de ahí emanan reafirman las observaciones sobre las cuales nos sentimos seguros. Si volvemos humildemente al lugar que nos corresponde, es decir, a la observación de lo pasado, veremos que existe algo que marca los hitos de la historia, hechos que hacen que las grandes preguntas de los historiadores se repitan por generaciones, esto es la contingencia, es decir, la combinación de suerte y oportunidad, lo imprevisto e inesperado.

El sociólogo Niklas Luhmann definió la contingencia como lo que no es necesario y no es imposible. Básicamente, se trata de aquello que no es previsto porque está fuera del campo de nuestras observaciones, o bien, lo hemos puesto fuera de lo que consideramos como la trayectoria inevitable de un proceso social porque nos cerramos solo en ver lo que alimenta esa trayectoria. Esos hechos, que parecen casuales, en realidad plagan la historia de las naciones y su acumulación es lo que hace posible el cambio de las sociedades.

Aquí viene la sacudida. El partido Semilla estaba descartado de toda posibilidad según las encuestas y analistas (me incluyo). Se consideraba como un partido honesto, pequeño y sin los grandes recursos financieros que los otros partidos logran a través de pactos con las élites económicas y las mafias. Zuri Ríos, la hija del general Efraín Ríos Montt, al igual que Sandra Torres, contaba con esos recursos; pero no Bernardo Arévalo. El candidato de Semilla era muy conocido en el ámbito académico nacional e internacional, un exdiplomático que profesa un refinado lenguaje para expresar sus arraigados valores éticos, democráticos y conciliadores. Se ganó el respeto de más personas gracias a su desempeño como diputado de la pequeña bancada de Semilla en el Congreso Nacional.

Acostumbrados a observar que las elecciones se ganan con poderosas maquinarias propagandísticas, la campaña de Semilla no solo parecía minúscula, sino hasta ingenua: ¿quién, en un país hundido en la cleptocracia, abandera valores democráticos y éticos para ganar una elección? Un partido así no es necesario para la reproducción del sistema mafioso que domina el Estado de Guatemala, pensamos. Pero tampoco es imposible, ya que, dada una combinación de efectos inesperados, una contingencia puede abrir una nueva trayectoria.

Recordemos que antes de las elecciones era evidente que las mafias enquistadas en las instituciones de control se enfrentaban entre sí. Se canceló la participación de tres partidos muy diferentes y con justificaciones que dejaron entrever esa pugna entre políticos mafiosos. Esos tres partidos desacreditaron al Tribunal Supremo Electoral e, indignados y molestos, llamaron al voto nulo masivo. A eso se pudo haber sumado el cansancio de la sociedad, que solemos ver como indiferencia porque esperamos que la ciudadanía salga a las calles como en el 2015. Pero precisamente porque es cansancio, hartazgo y desconfianza, el momento oportuno para expresarlo fue justamente el día de las elecciones. No entiendo por qué insistimos en predecir elecciones, cuando éstas son la suma de miles de individualidades, emociones que solo son ciertas dentro de la psiquis de cada persona, imposible de conocer a cabalidad desde afuera y por anticipado. Ahora que ya pasaron, podemos decir que tal vez hubo un gesto ciudadano de rechazo al sistema político corrupto y el que haya sido expresado en las urnas demuestra, con un débil latido, que la democracia no ha muerto en Guatemala. No esperábamos eso, pero resultó que un 17.38% de los votos fueron nulos, por encima de lo que logró Sandra Torres.

No podemos saber cuántos de los votos que recibió Semilla fueron de esos que se justificaron con «no voy a regalar mi voto, mejor se lo doy al único candidato que es honrado, aunque sé que no va a ganar, porque todos los otros son más de lo mismo». Es decir, corruptos o cargados de un discurso de odio conservador que ha hecho mucho daño. Lo que sí podemos saber es que fue suficiente para que Semilla pasara a la segunda vuelta electoral y también para que el resto de los candidatos quedara, esperemos, sepultado en el cementerio político de Guatemala.

Lo que ha pasado en las semanas siguientes a la elección podría ser evidencia de dos situaciones: por una parte, la necesidad de los grupos mafiosos de corregir la trayectoria afectada por el evento contingente de que Semilla haya pasado a la segunda vuelta electoral. Lo hacen a través de diferentes argucias para judicializar el proceso electoral, entrampándolo en una red de operadores de justicia corrupta y, por otra, el efecto de válvula de escape al hartazgo social que produjo ver a Semilla en este lugar del proceso electoral. De mera contingencia, Semilla se convirtió en posibilidad.

En Guatemala, siempre bélicos en nuestras referencias, cuando hacemos algo y no sale como queremos decimos que «nos salió el tiro por la culata». Las acciones orientadas a desacreditar a Semilla y sacar a Bernardo Arévalo de la contienda electoral han producido que el apoyo de la ciudadanía hacia él aumente, que su carácter de posibilidad crezca aceleradamente.

Falta un mes para la segunda vuelta electoral y muchas cosas pueden pasar, no sabemos qué, pero sí sabemos que lo ocurrido con Semilla fue una contingencia que ahora podría convertirse en una nueva trayectoria, una que nos permita volver a creer que la democracia es posible.

Semilla puede capitalizar toda esta crisis y pasar de ser válvula de escape a oportunidad de cambio. La oportunidad llegó para Semilla por haber estado en el lugar correcto en donde confluyeron eventos no relacionados entre sí. Convicción y constancia, como dijo Bernardo. Ese fue el principal logro de Semilla en ese momento. Lo que sigue es aprovechar la válvula de escape, la oportunidad ya será responsabilidad del partido y de todos los demás, convencidos y convertidos gracias a Semilla y a esta coyuntura. Nos toca pasar de la mesa de carambola a la mesa de billar, en donde ciertos cálculos se pueden anticipar.

Podemos esperar también que los grupos mafiosos sigan tratando de regresar a la trayectoria que les favorece, que se fortalezcan, se unan y radicalicen. O bien, empiecen a buscar su lugar impune en el nuevo orden del juego, experiencia para eso tienen, y mucha.

Poco sabemos del paso que como sociedad estamos dando, es un campo minado. De aquí al 20 de agosto, fecha de la segunda vuelta electoral, pueden pasar muchas cosas, hay muchos futuros posibles, y uno de ellos es que Bernardo Arévalo sea electo presidente de Guatemala. Semilla puede apostar por alianzas estratégicas y fortalecer su campaña alegre y entusiasta, oxigenada; ya logró algo muy valioso, nos ha devuelto la esperanza de que tal vez la democracia sí es una salida del laberinto.

El pasado 18 de julio se cumplieron tres años de la desaparición forzada de varios miembros de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Las víctimas estaban pidiendo que se ejecutara una sentencia de la Corte IDH que le ordena al Estado de Honduras demarcar las tierras propiedad colectiva a favor de la comunidad. Sin embargo, en lo que va del 2023 se han reportado dos nuevos asesinatos, las víctimas también estaban exigiendo que se cumpliera la sentencia del Triunfo de la Cruz. Mientras el entorno de desapariciones y asesinatos continúa, hay otra comunidad garífuna en la Bahía de Tela que está a la expectativa de una nueva sentencia: la comunidad de San Juan.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Amilcar Izaguirre

A finales de mayo de 2023, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llegaron a Honduras para llevar a cabo una diligencia in situ en el marco del caso «Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Vs. Honduras». La visita de la Corte IDH incluyó una reunión con varios sectores, entre estos, la municipalidad de Tela, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), empresarios locales, vecinos de dicha comunidad y representantes de los patronatos.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), representante de la comunidad garífuna de San Juan Tela, le informó a Contracorriente que decidió no participar en estas reuniones de la Corte IDH. El dirigente de la Ofraneh, Rony Castillo, explicó que no aceptaron la visita porque no quieren que «la Corte IDH y el Estado legitimen a terceros que son los que están violentando los derechos de la comunidad», afirmó Rony. Entre esos terceros a los que se refiere Rony, está el Cohep.

El caso de San Juan Tela está avanzado, ya hubo –según explicó Rony– una audiencia en abril de 2022 ante la Corte IDH y ahora están esperando la sentencia. Rony dijo que la visita in situ de la Corte IDH obedeció a una solicitud del Estado de Honduras.

«El Estado quiere quedar bien con las comunidades y con los empresarios. El Estado es el tramitador ahora, no quiere quedar mal con nosotros porque hay un discurso de derechos humanos de la presidenta Xiomara Castro y entonces buscan una forma de violentar derechos, pero de forma sutil, vienen y entonces juegan este papel lamentable y muy poco decoroso. En aquel tiempo era la dictadura [de Juan Orlando Hernández], ahora como que este modelo sigue vigente pero administrado por el nuevo Gobierno», concluyó Rony Castillo.

Y es que las sentencias dictadas por la Corte IDH en tiempos anteriores siempre le han dado la razón al pueblo garífuna. Se ha demostrado que este pueblo ha sido despojado injustamente por empresarios en contubernio con el Estado.

Hay dos sentencias que explican esto. La primera es la sentencia sobre el Triunfo de la Cruz, la cual fue notificada el 8 de octubre de 2015. En esta sentencia se ordenó al Estado de Honduras a que dentro de un plazo de dos años procediera a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad de Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación.

Desde entonces, el pueblo garífuna del Triunfo de la Cruz se ha organizado para que le devuelvan las tierras y le han exigido al Estado que les ayude. Sin embargo, este año, dos de sus miembros han sido asesinados y hace exactamente tres años varios miembros de su comunidad que exigían el cumplimiento de esta sentencia, fueron secuestrados.

La segunda sentencia es sobre la comunidad Punta Piedra. Dicha sentencia fue emitida también el 8 de octubre de 2015 en la que se condenó al Estado de Honduras como «responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana».

Dictámenes oficiales sobre San Juan Tela revelan que se construyeron proyectos ilegalmente

Hay documentos oficiales del Estado que dan cuenta del daño ambiental producido por los proyectos turísticos en San Juan Tela. Por ejemplo, un dictamen técnico realizado en abril de 2013 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) reveló que el proyecto Honduras Shores Plantation, que buscaba la ampliación de un hotel con 16 habitaciones, no era viable.

Y no solo eso. El informe técnico No. 528/2013, realizado el 11 de abril de 2013, encontró también que el proyecto Honduras Shores Plantation, está ubicado en el área protegida Blanca Yeannette Kawas. Por lo tanto, la Serna, puso en conocimiento de esa situación al Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y le pidió que estudiara el caso y emitiera una opinión sobre la factibilidad ambiental de esos proyectos.

En otro dictamen técnico, el OFL-Tela 042-2012, emitido por el ICF, se «concluyó que ese proyecto no era factible», ya que no cumplía con la ley forestal.

La Serna reconoció en ese momento que, por tratarse de una zona protegida, el plan de manejo no permite ninguna construcción de cemento ni de duración permanente y que el hotel se encontraba a 45 metros de la marea más alta y no a 100 como lo pide la ley forestal, que además prohíbe no cortar, dañar, quemar, destruir árboles o bosques en general. «La Serna deberá aplicar la ley y la normativa ya que el proyecto se construyó sin contar con la licencia ambiental respectiva», según se indicó en el dictamen No. 528/2013.

Contracorriente contactó a dos abogados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para conversar sobre este tema; sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria para plasmar la visión de este sector.

Para Rony Castillo, existe temor en los empresarios de San Juan Tela de que ocurra lo mismo que con la sentencia del Triunfo de la Cruz y que se le ordene a estos empresarios detener sus proyectos y entregárselo a las comunidades.

«Los empresarios que están ahí aprendieron de lo del Triunfo de la Cruz. Quieren evitar que pase lo mismo en San Juan, a través del Cohep, que es el nuevo actor y que antes no intervino en el Triunfo de la Cruz. Lo que buscan es que se les permita continuar a estos grupos ahí con sus complejos turísticos sin ser tocados. Que sigan dentro de la comunidad. Buscan que la Corte les deje un espacio y les titule sus espacios, para que queden ellos en una especie de ZEDE, con un apartheid, como una isla dentro de la comunidad», explicó Castillo.

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El dirigente de la Ofraneh agregó que, en el caso de la comunidad del Triunfo de la Cruz, los proyectos de Marbella y Playa Escondida son las principales manzanas de la discordia. «Estos complejos más grandes tienen que ser devueltos a las comunidades. Ahí no entró el Cohep en aquel momento y la Corte falló para que sean devueltos a la comunidad; lo que quiere evitar el Cohep en contubernio con el Estado es que no ocurra lo mismo en San Juan».

Rony Castillo estableció que la Bahía de Tela, que comprende a San Juan y al Triunfo de la Cruz, está sujeta a los mismos grupos de interés.

Asesinatos y desaparecidos

El pasado 18 de julio se cumplieron tres años de la desaparición forzada de Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía Calix, Miltón Joel Martínez y Gerardo Roche Calix, quienes fueron secuestrados de sus casas por hombres vestidos como miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Y este 2023, la Ofraneh denunció los asesinatos de Ricardo Arnaúl Montero y Martín Morales.


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Martín Morales fue reportado muerto el 28 de mayo. Era un defensor del territorio garífuna que había sido reportado como desaparecido por sus familiares el 27 de mayo. Según la Ofraneh, Martín era miembro de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz y colaboraba con el Comité de Defensa de Tierra de su comunidad. El cuerpo de Martín fue encontrado en el Río Gama, el mismo lugar en donde encontraron a Ricardo Arnaúl Montero el 28 de enero de este año. Por lo anterior, la Ofraneh estableció en un comunicado que este sector del Río Gama se ha convertido en el «botadero de los cuerpos de los defensores del territorio de Triunfo de la Cruz».

«El incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, a favor de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, no solo evidencia la falta de voluntad del Estado para reconocer los derechos históricos del pueblo Garífuna, sino que ha puesto en peligro permanente a los miembros de la comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona», indicó la Ofraneh en un comunicado.

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El último asesinato denunciado por la Ofraneh, se registró justo en los días en que la Corte IDH visitaba Honduras para conocer la situación de la comunidad de San Juan Tela.

«El mensaje ha sido muy claro, prácticamente están diciendo que no les importa la visita de la Corte, porque mientras la Corte recorría la comunidad de San Juan, al otro lado los familiares estaban llorando el cadáver con el compañero, es una cosa increíble, triste, hay una directa relación con el cumplimiento de la sentencia y la lucha por el territorio», expuso Castillo.

Rony explicó que las agresiones en San Juan Tela son las mismas que en el Triunfo de la Cruz, con la diferencia de que en el Triunfo de la Cruz ya hay una sentencia que ordena que las propiedades sean entregadas a la comunidad. «Los agresores en el Triunfo de la Cruz están luchando para que la comunidad no siga exigiendo el cumplimiento de la sentencia», dijo.

Texto y fotografía: Fernando Destephen

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su músculo político este 18 de julio 2023 a través de una convocatoria hecha en primera instancia por el expresidente y actual Asesor político Manuel Zelaya. La movilización inició en los puentes de La Guadalupe en el bulevar Morazán hasta llegar al Congreso Nacional; varios activistas y empleados de los ministerios acompañados de algunos funcionarios se unieron en puntos claves del recorrido.

Bajo el resguardo de guardaespaldas y activistas del partido LIBRE, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se unió a la marcha llegando al estadio Chelato Ucles, acompañado de la diputada Angelica Smith.

Algunos de los cientos de empleados del Centro Cívico Gubernamental que asistieron a la marcha mencionaron a este medio que fueron convocados a salir en apoyo a la manifestación por lo que tenían que cerrar operaciones a las 3:25 de la tarde.

«Nos toca participar, cada gobierno hace lo mismo y si no participamos podemos perder el trabajo, así que a sonreir y gritar consignas aunque no las sepamos» dijo un empleado de gobierno.

El pasado 16 de julio, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) convocó a una movilización diciendo que «Retomamos las antorchas contra la corrupción» en un intento de activar el movimiento de las antorchas. Habían convocado a iniciar la marcha en los puentes de la Guadalupe para el 18 de julio 2023

Sin embargo, horas después del mismo 16 de julio, el Coordinador General de Libertad y Refundación y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, convocó vía Twitter a las bases de su partido a movilizarse en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria, la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Zelaya Rosales convocó la marcha para la misma hora, fecha y lugar de la previa convocatoria de la sociedad civil.

A su vez, la Presidenta de Honduras Xiomara Castro, secundó el twitter de su esposo y asesor político, invitando a unirse a la movilización del partido en gobierno. Ante esa convocatoria, el Cespad llamó a conferencia de prensa el 17 de julio, donde dieron a conocer su descontento y postura.

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«Desafortunadamente, con la convocatoria del Gobierno esto se ha politizado partidariamente y por eso desistimos del llamado a esta protesta», dijo Gustavo Irías, director del Cespad.

En medio de fuegos artificiales, música y gritos de alegría, la marcha recorrió las calles de Tegucigalpa hasta llegar al Congreso Nacional; una vez más, Libertad y Refundación se tomó las calles tal como lo hizo durante la crisis del 2021 cuando la presidenta electa, aún sin tomar posesión, llamó a las bases a tomarse el Congreso Nacional mientras allí se elegía la Junta Directiva.

«Estamos aquí apoyandote Xiomara» gritaban los manifestantes.

Multitudinaria marcha convocada por el partido de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Fernando Destephen
Multitudinaria marcha convocada por el partido de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Fernando Destephen

Vestidos de rojo y negro, un mar de gente recorrió las avenidas gritando consignas en contra del Partido Nacional y el sector privado y exaltando la figura del expresidente Zelaya, quien quedó atrapado en su vehículo una cuadra antes del Congreso Nacional, donde dio un discurso ante sus seguidores.

«Pueblo Hondureño tú que me conoces, desde las entrañas de nuestra nación , sabes que hemos dado los pasos certeros, nadie esperaba que volviera la resistencia» declamó Zelaya.

Cargando imágenes de la presidenta Castro, los seguidores se mantenían expectantes del discurso del ex presidente Zelaya, quien reavivó la consigna «¡Fuera JOH, fuera JOH!».

«Yo respeto las organizaciones de sociedad civil, pero hay algunas que apoyaron el Golpe de Estado, guardaron silencio en los crímenes, guardaron silencio en los fraudes, guardaron silencio en los asesinatos, guardaron silencio en la reelección ilegal del tirano que vino a oprimir este pueblo y ahora salen como reivindicadores de la democracia», dijo Manuel Zelaya Rosales.

En el Congreso Nacional, los diputados de la bancada del Partido Nacional sonaron silbatos exigiendo el inicio de la sesión, en la que no se discutió ninguno de los temas por los que se movilizó parte del Gobierno a las calles.

Osiris Payes, abogada del Cespad, dijo que cuando exista un «escenario adecuado» se volverá a convocar a movilización para exigir la instalación de la CICIH en Honduras.

La tarde del martes 18 de julio, miles de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron desde el Bulevar Morazán en Tegucigalpa hacia el Congreso Nacional para presionar a la oposición en ese poder del Estado para que aprueben la Ley de justicia tributaria, la adhesión al CAF y para acelerar la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). La presidenta Xiomara Castro convocó a esta marcha a la misma hora y en el mismo lugar en que organizaciones de sociedad civil habían convocado para marchar contra la corrupción. Esa movilización fue cancelada para evitar posibles confrontaciones.

Texto: Jennifer Avila y Leonardo Aguilar
Con reportes de Daniel Fonseca y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Con una marcha que hizo recordar lo sucedido en enero de 2022, cuando se registró la crisis en el Legislativo, el Gobierno de Honduras desarrolló este martes una movilización que fue liderada por funcionarios del Ejecutivo, diputados del partido gobernante y por asesores influyentes de Casa Presidencial, entre estos el coordinador general del partido Libre, esposo de la presidenta y principal asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. También estuvo presente el asesor y exfuncionario del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, este último beneficiado con un decreto de amnistía a inicios del año pasado.

La manifestación de este día inició a eso de las 4:00 p.m. frente a la Iglesia Guadalupe en el bulevar Morazán y llegó hasta los bajos del Congreso Nacional. La actividad fue convocada por la presidenta Xiomara Castro y públicamente tuvo tres objetivos: que se apruebe la Ley de justicia tributaria, un proyecto de ley que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno de Castro; apoyar la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, y además, exigir la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

El expresidente Zelaya se presentó en su vehículo acompañado por el ministro asesor en comunicaciones, Milton Benítez. En el mismo automóvil iban saludando a la militancia la diputada Hortensia Zelaya, hija de la pareja presidencial; el hermano de Mel Zelaya y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya y el asesor Enrique Flores Lanza.

La movilización pintó de rojo y negro las calles del centro de Tegucigalpa y la algarabía aumentó con las consignas en contra del Partido Nacional «No volverán», «el que no salta es cachureco» y las que iban en contra de personajes que son considerados infiltrados dentro del mismo partido «fuera los mapaches».

¿Por qué es necesario ahora una muestra de popularidad de este tipo? El ministro de Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, dijo que esto no tiene de fondo el tema electoral pero sí es una clara manifestación del apoyo que tiene la agenda de la presidenta Xiomara Castro.

La manifestación llegó hasta los bajos del Congreso Nacional apoyada por varios ministros. Foto CC/Jorge Cabrera
La manifestación llegó hasta los bajos del Congreso Nacional apoyada por varios ministros. Foto CC/Jorge Cabrera

El Congreso Nacional, un dolor de cabeza para el partido de Gobierno

Esta no es la primera vez que los militantes del partido de Gobierno son convocados a los bajos del Congreso Nacional en búsqueda de apoyo popular. El 23 enero de 2022, antes de ser juramentada como presidenta de Honduras, Xiomara Castro convocó a las bases del partido Libre a los bajos del Congreso Nacional e instaló una vigilia en ese lugar rechazando la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, que había escogido con más de 70 votos como presidente a Jorge Cálix, un diputado del partido Libre que fue acusado por Xiomara Castro de «alta traición». Días después, aunque Libre no alcanzó los votos suficientes, logró imponer por la fuerza a una Junta Directiva con militantes de su partido dentro del Legislativo.

El diputado de Libre, Ramón Barrios, dijo este martes en la marcha que esta es «la naturaleza» del Partido Libre, la movilización en las calles. El congresista reconoció que el ambiente en el Congreso Nacional es complicado, pues el Libre apenas cuenta con 50 votos que son insuficientes para lograr la mayoría simple (66) y mucho menos la mayoría calificada (86) y sobre todo para generar consensos en temas como la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria o la elección del Fiscal General.

La marcha de este martes surgió como una reacción del Gobierno de la presidenta Castro a otra marcha convocada por la sociedad civil, que había anunciado una manifestación para exigir al Gobierno que acelere la llegada de la CICIH. El Gobierno de Castro respondió a eso convocando una marcha paralela, a la misma hora y en el mismo lugar. El Centro de Estudio por la Democracia (Cespad) que convocó la marcha de la sociedad civil, decidió ayer lunes cancelar la movilización para evitar una confrontación. Esta decisión pudo estar influida por el hecho de que la convocatoria de Castro se dirigió explícitamente a los colectivos del partido Libre que han protagonizado acciones confrontativas en contra de protestas contra el gobierno actual.

En una conferencia de prensa, miembros de Cespad expresaron que estaban alarmados por la acción del Gobierno. «Nos alarma en sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y derecho a disentir», indicaron.

Una manifestación multitudinaria se llevó a cabo con muchas imágenes de la presidenta Xiomara Castro luego de la convocatoria para exigir la CICIH y la Aprobación de la Ley tributaria. Foto CC/Fernando Destephen
Una manifestación multitudinaria se llevó a cabo con muchas imágenes de la presidenta Xiomara Castro luego de la convocatoria para exigir la CICIH y la Aprobación de la Ley tributaria. Foto CC/Fernando Destephen

El congresista Ramón Barrios, presidente de la comisión de asuntos constitucionales, aseguró a Contracorriente que para la elección del Fiscal General del Ministerio Público —que deberá estar concluída el próximo 1 de septiembre— «lamentablemente tendrán que conversar y pactar con el Partido Nacional». Por otro lado, reveló que la Ley de Justicia Tributaria está siendo usada como una carta de negociación por las bancadas de oposición.

Mientras tanto, algunos simpatizantes del partido de Gobierno expresaron la motivación de salir a la calle este martes. «Apoyamos a nuestra presidenta. A los cachurecos no los dejaremos respirar, no permitiremos que boicoteen nuestro gobierno. Hoy estamos aquí para decirle a la presidenta que aquí estamos para apoyarla», dijo Doris Trejos, una militante de Libre.

Aunque la marcha del Gobierno buscó presionar al Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y la llegada de la CICIH, en la agenda del Legislativo de este día no figuró ninguno de esos dos temas. En su lugar, en la agenda se anunció discutir temas económicos y de seguridad, entre otros.
El ministro Marlon Ochoa, quien fue acusado por diputados de la oposición de haber exacerbado los ánimos en el Congreso Nacional al socializar la Ley de Justicia Tributaria, dijo a Contracorriente que con la movilización envían el mensaje de que «no tienen alianzas con corruptos, narcotraficantes ni con las élites» y remarcó que las negociaciones con otros partidos no serán afectadas negativamente a raíz de estas acciones.

En marzo de este año, el ministro Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el entonces ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, presentaron al sector privado el proyecto Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley se eliminaría al menos una decena de regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país con el objetivo, según el Gobierno, de combatir la evasión fiscal.

El Congreso Nacional de Honduras no pudo ratificar el pasado miércoles la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, también conocido como Corporación Andina de Fomento, que había sido aprobada en mayo con 66 votos. La falta de consenso fue atribuida a un discurso del ministro del SAR, Marlon Ochoa, en el que tildó de corruptos a congresistas de la oposición.

El ministro Ochoa dijo durante la manifestación de hoy que «no se debió cancelar» la movilización convocada por el Cespad ya que «en esencia lo que hicimos fue sumarnos a la exigencia que estaban planteando» y aseguró que el gobierno también tiene interés en que la CICIH se instale cuanto antes.

La manifestación convocada por el Gobierno se dio luego de la llegada de una misión de expertos de la ONU que arribó al país la semana pasada con el objetivo de ilustrar al Gobierno hondureño sobre la posible instalación de una CICIH. Esto se da después de que el Gobierno de Castro y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento. De momento, la ONU estudia las condiciones para la instalación de dicha Comisión. Un aspecto importante es que en Honduras existan garantías normativas, entre estas, la derogación de decretos que han blindado a congresistas y la supresión de pactos de impunidad.

Manuel Zelaya, ex presidente y actual asesor presidencial, habla ante sus seguidores durante la marcha convocada por el Gobierno. Foto CC/Jorge Cabrera
Manuel Zelaya, ex presidente y actual asesor presidencial, habla ante sus seguidores durante la marcha convocada por el Gobierno. Foto CC/Jorge Cabrera

Mel Zelaya, un protagonista de la marcha del Gobierno de Libre

La movilización llegó al Congreso Nacional con la canción «Viene Mel, urge Mel» y Mel Zelaya dio un discurso recordando cómo «las fuerzas represivas del Estado» lo sacaron en pijama hace catorce años en un golpe de Estado, además dijo que el gobierno de Xiomara Castro está sufriendo un boicot para que no se instale la CICIH ni se aprueben los puntos importantes de su agenda política.

Zelaya fue quien convocó primero vía twitter a que la gente se movilizara el mismo día y la misma hora de la convocatoria lanzada por el CESPAD para exigir celeridad en la instalación de una CICIH independiente.

Dentro del Congreso Nacional, y escuchando la algarabía de la gente afuera del Legislativo, la diputada Fatima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH) le dijo a Contracorriente que el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación a la misma hora y al mismo lugar de la movilización de sociedad civil le pareció «confrontativo el que ellos movilicen su músculo».

La diputada Fátima Mena agregó que en instituciones como el Centro Cívico Gubernamental la gente no trabajó porque les dijeron que tenían que asistir a la movilización. «Me parece más de lo mismo», consideró la diputada y agregó que la convocatoria del partido oficialista produce más polarización en el país, y que activistas del Gobierno también se han encargado de replicar esto en sus discursos.

Con pancartas marcharon miles de seguidores del partido de Gobierno. Foto CC/Jorge Cabrera
Con pancartas marcharon miles de seguidores del partido de Gobierno. Foto CC/Jorge Cabrera

En contra de la empresa privada

Varias pancartas que fueron repartidas a los manifestantes decían «el que no apoye la justicia tributaria comete traición y debe ir a prisión», y muchas señalaban al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Pero esto no solo sucede en la repartición de volantes, pues influyentes congresistas del oficialismo, como el diputado Ramon Barrios, han reiterado que es la empresa privada, especialmente aglutinada en el Cohep, la principal opositora a esta ley.

El Gobierno del partido Libre ha mostrado también «su músculo» en contra de la empresa privada antes. El pasado 11 de mayo, dos días después de que cientos de manifestantes se tomaron las calles de Choluteca contra la Ley de Justicia Tributaria, el Gobierno del partido Libre convocó en Casa Presidencial al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para ordenar una investigación contra los promotores de dicha marcha, a quienes el gobierno señaló que podrían ser empresarios de la zona sur del país. Sin embargo, la policía y fiscalías indicaron que no hubo ningún indicio de delito por ejercer una protesta.

Al terminar la movilización, el Congreso sesionó y discutió cuatro decretos. El primero fue un contrato de préstamo para la municipalidad de Santa Rosa de Copán, zona del occidente de Honduras. El segundo decreto discutido fue sobre la aprobación de un contrato de préstamo a suscribirse entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado de Honduras por 50 millones de dólares, con el cual se busca el fortalecimiento de la administración aduanera. El tercer decreto discutido en su primer debate es para la aprobación de otro contrato de préstamo entre el BID y el Gobierno de Honduras por más de 75 millones de dólares para la ejecución de un «Programa de apoyo al sistema integral de protección social II».

Además, el Congreso también discutió en su primer debate un decreto para la redefinición de los límites del Parque Nacional Azul Meambar (PANACAM) para consolidar la zona de amortiguamiento del parque.
Este poder del Estado finalizó la sesión ordinaria número 16 con la discusión de la «Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones», la cual se discutió hasta el artículo 10.

Mientras se vaciaban los alrededores del Congreso Nacional, el ministro de la SAR, Marlon Ochoa twitteó «Ley contra la corrupción tributaria 🫡» haciendo referencia a que ese será el nombre de la Ley de Justicia Tributaria que aún el Congreso sigue sin agendar para discutir y aprobar.

ntes de que iniciara el toque de queda en San Pedro Sula, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, dijo que la violencia había bajado en un 80% en el Valle de Sula; aún así, él mismo inició con una oración a Dios el 4 de julio en el parque central de esta ciudad, los operativos nocturnos en el marco de esta medida que restringe la movilidad en las calles de las 11:00 p.m a 4:00 a.m. Empresarios y personas que sobreviven del comercio informal consideran que la medida es innecesaria y que las autoridades debieron buscar alternativas para combatir la violencia ya que esto agudiza uno de los más grandes problemas que enfrenta la ciudadanía en el país: la pobreza y la falta de empleo.

Texto y fotografía: Amilcar Izaguirre

El toque de queda obligó a Gisel Alfaro a dormir en un viejo colchón en su puesto de trabajo ubicado en la tercera avenida de San Pedro Sula. Gisel trabaja en uno de los cinco puestos de venta de baleadas y otras comidas donde atiende las 24 horas los 7 días de la semana. Antes de que la presidenta Xiomara Castro, impusiera esta medida en Choloma y en San Pedro Sula, el horario de trabajo de Gisel era desde las 5.00 p.m. hasta las seis de la mañana.

Con el estado de excepción, y ahora con el toque de queda, Gisel y sus compañeros acordaron nuevos horarios con el dueño del negocio, ahora inician a las 3:00 p.m. y cierran a las once de la noche cuando comienza el toque de queda; pero no pueden salir hacia sus casas porque podrían ser capturados, entonces, han improvisado un pequeño cuarto dentro del negocio para esperar a que amanezca y termine la restricción.

En el negocio de comida de Nelson Inestroza, trabajan unas catorce personas incluyendo a Gisel, ocho laboran por la noche y seis durante el día, pero con el toque de queda ha tenido que suspender la mitad del personal ya que, según nos dijo, las ventas han bajado en un 60% y no puede pagarles a todos. «Estoy trabajando con un 35% de la cantidad de alimento que acostumbro a tener, no puedo hacer más porque en hora y media comienza el toque de queda y ya no habrá quien la compre y sería más pérdida», dijo Ineztroza, cuando faltaba un cuarto para las diez de la noche.

Cada día, al final de la jornada de trabajo, los empleados de Nelson reciben 400 lempiras de salario, por lo tanto, cuando no trabajan un día tampoco reciben ingresos. Para que el impacto no recaiga del todo en la mitad del personal, Nelson rota los horarios para que cada empleado trabaje tres días a la semana, de esa manera distribuye entre todos el poco trabajo que les ha dejado el toque de queda. «Con esta medida perdemos todos, ahí estamos viendo cómo nos organizamos para salir adelante, me ha tocado llevar a dormir en mi casa parte del personal porque no nos queda de otra», dijo Nelson.

En la tercera avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula, funcionan cinco puestos de venta de baleadas que atendían las 24 horas del día y que ahora están siendo afectados por el toque de queda. Fotos CC/Amílcar Izaguirre
En la tercera avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula, funcionan cinco puestos de venta de baleadas que atendían las 24 horas del día y que ahora están siendo afectados por el toque de queda. Fotos CC/Amílcar Izaguirre

Según el Foro Latinoamericano de Seguridad, en el 2011 San Pedro Sula se convirtió en la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 159 muertos por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en los últimos años, a pesar de seguir siendo una de las más violentas del país, esta ciudad pasó al puesto 42 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

Nelson Inestroza dijo que la situación de violencia en San Pedro Sula no es tan mala como en los sectores aledaños y que la medida debería ser para esos sectores. «Lo único violento que pasó acá es la muerte de tres personas en una panadería, esta medida solo viene a afectar el turismo y a las personas que trabajan en los negocios nocturnos» comentó.

Óscar Rodriguez, vicepresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Vida Nocturna (Asobares), dijo que en San Pedro Sula hay unos 800 negocios nocturnos entre bares, restaurantes, discotecas y gente que se dedica a la música. «San pedro Sula, es como una pequeña New York que palpita día y noche, en ese sentido las pérdidas son grandísimas, nosotros calculamos que solo en la primera semana hemos perdido entre 10 millones de lempiras, es fácil sacar la cuenta si solo un bar en Río de Piedras, vende entre 450 a 600 mil lempiras semanales», dijo Rodríguez.

Los representantes de los negocios nocturnos creen que la presidenta Castro impuso el toque de queda con buenas intenciones pero sin consultar con ellos y culpan a sus asesores en materia de seguridad porque creen que hay otras opciones que no requieran cerrar los negocios nocturnos, por eso piden sentarse a dialogar sobre esa situación para buscar soluciones.

Óscar Rodriguez dijo que el argumento que presentan las autoridades para justificar el toque de queda es que no hay suficientes policías aún, incluso sumando a los militares, por lo tanto, recomiendan como estrategia utilizar a guardias de seguridad; «Gautama Fonseca organizó las empresas de seguridad a finales de los años 90, ahí está la Dirección de Control de Empresas de Seguridad Privada que maneja la Policía Nacional, y son más de mil empresas registradas en el país ¿por qué no operan con ellos como lo hacen en en Guatemala? ese sería un gran paliativo», comentó Rodríguez.

En cuanto a la recomendación hecha por el presidente de Asobares, sobre utilizar la seguridad privada como alternativa contra la violencia, el analista Leonardo Pineda opinó que eso no sería nada nuevo porque ese tipo de negocios ya cuentan con cuatro o cinco guardias, por otro lado, el uso de la fuerza es competencia exclusiva de la Policía Nacional. «Para eso se tendría que legislar porque sería un problema porque el uso de la fuerza es un monopolio del Estado», dijo Pineda.

Según Peneda en Honduras existen entre 100 a 120 mil guardias de seguridad, que prácticamente quintuplica la cantidad de efectivos de la policía, pero no dan respuesta al tipo de violencia que estamos viendo, «un guardia de seguridad no se va a enfrentar con las maras o el crimen organizado, una por que no tiene el entrenamiento necesario y otra porque no es su competencia, yo no veo que sea una medida razonable e iríamos en sentido contrario privatizando más la seguridad», comentó.

Para el analista el toque de queda tampoco tiene sentido porque esa hora lo que pueden encontrar son personas en estado de ebriedad, además el crimen organizado se mueve a plena luz del dia y no andan esperando la noche para delinquir y según su punto de vista para resolver el tema de seguridad debe existir un proceso largo porque aún estamos en pañales en cuanto a inteligencia, logística, investigación y las instituciones de seguridad siguen infiltradas por el crimen organizado. «Muchas de esas cosas se saben y no hacen nada, primero deben limpiar la casa para después ver de adentro hacia afuera», concluyó.

El lunes 10 de julio, dueños y empleados de negocios nocturnos salieron a protestar en la primera calle de San Pedro Sula para exigir que se suspenda el toque de queda. «¿Quién va a pagar la escuela de mis hijos y el alquiler del negocio?» decía una de las pancartas de los manifestantes.

Ante el toque de queda ordenado por la presidenta Xiomara, algunos empleados que trabajan en los puestos de venta de baleadas en la tercera avenida del centro de San Pedro Sula, deben dormir en colchones de forma improvisada en sus negocios. Fotos CC/Amílcar Izaguirre.
Ante el toque de queda ordenado por la presidenta Xiomara, algunos empleados que trabajan en los puestos de venta de baleadas en la tercera avenida del centro de San Pedro Sula, deben dormir en colchones de forma improvisada en sus negocios. Fotos CC/Amílcar Izaguirre.

Gisel permanece 15 horas en su puesto de trabajo aunque solo trabaja tres días a las semana; ella es consciente de que están viviendo un momento atípico, por eso dice que trabajar en esas circunstancias es una manera de conservar su empleo y solidarizarse con el dueño del negocio. «No soy experta haciendo baleadas y hoy me toca reemplazar a la persona que las hace, pude quedarme en casa y no venir a trabajar pero ocupo el dinero y debo apoyar al dueño del negocio», comentó Gisel.

Gisel vive con su esposo y su hija de dos años en la colonia San Jorge, en Cofradía, a unos 26 kilómetros del centro de San Pedro Sula; con el cambio de horario le ha tocado trabajar en el turno de la noche mientras su esposo cuida de su hija por las noches, durante el día le paga a una persona 150 lempiras para que le cuide a la menor. «Ya no se puede vivir con un salario, por eso mi esposo y yo trabajamos para pagar los gastos del hogar, espero que solo este mes estemos en esta situación», comentó.

Entre los gastos de transporte y el cuidado de su hija, Gisel invierte 200 lempiras diarios lo que representa el 50% de lo que gana en ese trabajo; en los tres días que trabajará a la semana apenas podrá obtener unos 600 lempiras. Dijo que está preocupada porque paga 2000 lempiras de alquiler en la casa en que vive; «Vamos a tener que comprar sólo lo necesario y evitar comprar comida en la calle para que nos ajuste el dinero», comentó.

El lunes 10 de julio dueños y empleados de bares y restaurantes salieron a protestar en la primera calle de San Pedro Sula, para exigir a la presidenta Xiomara Castro que suspenda el toque de queda en esta ciudad. Fotos CC/Amílcar Izaguirre.
El lunes 10 de julio dueños y empleados de bares y restaurantes salieron a protestar en la primera calle de San Pedro Sula, para exigir a la presidenta Xiomara Castro que suspenda el toque de queda en esta ciudad. Fotos CC/Amílcar Izaguirre.

El alcalde sampedrano, Roberto Contreras, quien desde el principio estuvo en desacuerdo con el toque de queda y que también se considera un emprendedor afectado con esta medida, acompañó la marcha sosteniendo un cartel que decía «Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar» y hasta tomó un megáfono para exponer a los manifestantes su apoyo y el rechazo a las medidas tomadas por la presidenta Xiomara Castro.

Contreras dijo que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánches, le dijo que estaban trabajando en un informe sobre la baja de la violencia en la ciudad. «Hay que pagar planillas, renta de locales, luz e impuestos, si cerramos cómo vamos a pagar, las pérdidas ya suman más de 100 millones en la industria nocturna, lo que quiere decir que el impacto también será grande para la municipalidad y al gobierno central», comentó Contreras.

Regresa La Ciudad Oscura a la Casa del Teatro Memorias, una obra inspirada por un intento fallido de golpe de Estado en España. Adaptada al contexto histórico hondureño por Tito Ochoa, cofundador del Teatro Memorias y director de la obra, La Ciudad Oscura presenta un origen para los golpes de Estado en el país, uno en el que Honduras ha sido parte de un juego que le supera y que se repite cada cierto tiempo.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

Sentado en una de las sillas rojas de la Casa del Teatro Memorias, Tito Ochoa, cofundador de esta casa teatral y director de «La Ciudad Oscura», define esta obra como un «análisis sobre la historia, la política y los actores que participan en lo que está sucediendo actualmente». «La Ciudad Oscura» es una obra escrita por el español, Antonio Rojano, a la que Ochoa hizo una adaptación para que tenga el contexto histórico hondureño.

La obra fue concebida por Rojano teniendo como inspiración el intento de golpe de Estado de 1981 en España, también conocido como 23F. Más o menos a las seis de la tarde de un 23 de febrero de 1981, en Madrid, un coronel —con pistola en mano— junto a un grupo de guardias civiles interrumpieron la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno y secuestraron a las personas presentes en el Palacio de las Cortes. Al final fue un intento fallido de golpe de Estado, en el que intervino el rey Juan Carlos I defendiendo la constitución.

El historiador español, Juan Francisco Fuentes, en su libro 23 de febrero: El golpe que acabó con todos los golpes (Taurus, 2020) escribió: «El estrepitoso fracaso del golpe trajo consigo la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza». En Honduras se espera que el último, el de 2009, haya sido el golpe que acabó con todos los golpes.

Tito Ochoa dice que la historia de Honduras en el siglo XX es «la historia de los golpes de Estado» y que el único periodo de «relativa paz» fue de 1982 a 2009 y agrega que «…desde el 82 para atrás usted está hablando siempre que hay de golpes de Estado y de una constante militarización. Militarización, golpes, conspiraciones, «golpes de barraca» también entre ellos mismos o liberales que no se ponen de acuerdo, fraudes electorales, las «elecciones estilo Honduras”».

Esta adaptación de «La Ciudad Oscura» condensa esta historia llena de golpes. Narrada a través de la «dramaturgia del abismo», una de las últimas innovaciones en el teatro según Ochoa, esta obra se desarrolla en varias líneas argumentales, un padre y una hija debaten sobre la creación literaria, dos policías investigan el sospechoso suicidio de un jockey que acaba de ganar una carrera de caballos y por último, un grupo de personas enmascaradas, utilizando ropa militar emergen desde la oscuridad para orquestar los sucesos de sus personajes y de la historia de Honduras.

El nombre de «dramaturgia del abismo» toma sentido al final de la obra pues, todas estas líneas argumentales, «todas las piezas del rompecabezas» como prefiere ejemplificar Ochoa, se juntan para mostrar una imagen final: «la historia se volverá a repetir», como dice uno de los personajes de «La Ciudad Oscura».

Esta adaptación de «La Ciudad Oscura» tiene unas 2 horas de duración. FotoCC/ Fernando Destephen
Esta adaptación de «La Ciudad Oscura» tiene unas 2 horas de duración. FotoCC/ Fernando Destephen

1956, 1963, 1972, 1978 en el siglo y el 2009 en el XXI, son los años que albergaron casi todos los golpes de Estado en el país. Todos coinciden en provenir de militares, desembocaron en mandatos dictatoriales y golpearon la democracia en el país.

En Honduras, la historia de militarización es como un bucle, en pleno 2023 las fuerzas militares tienen más protagonismo a pesar de la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro en 2021 de «desmilitarizar la seguridad ciudadana», ahora tomaron el control de centros penales y han sido instruidos para trabajar junto a la Policía Nacional en el contexto de un estado de excepción que se extiende desde diciembre de 2022 y, toques de queda anunciados en Choloma y San Pedro Sula.

Tito Ochoa expresa que «La Ciudad Oscura» alerta sobre las crecientes narrativas ultraconservadoras y ultranacionalistas en España, por ejemplo con el partido político VOX. Citando a Antonio Gramsci, Ochoa además explica que estos resurgimientos narrativos se dan como resultado de una «…revolución fallida».

Traducido al contexto centroamericano, el director de «La Ciudad Oscura» explica que es el surgimiento de outsiders, o sea políticos que nunca han tenido ningún cargo en el estado, realizan campañas alejadas de la estructura tradicional de los partidos y que pueden considerarse una respuesta al deseo de cambio.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele implementó el estado de excepción —estrategia que Honduras sigue— e inició un proceso en el que se redujo de manera histórica la tasa de homicidios, y respondió al deseo de cambio de todo un país pero en el camino, organizaciones de defensoras de derechos humanos y medios de comunicación continúan denunciando detenciones arbitrarias y señales de tratos inhumanos dentro de los centros penales.

Ochoa menciona que estos outsiders dicen «»ni izquierda ni derecha» pero en realidad es un derecha facho».

Tito Ochoa resalta que esta adaptación resultó de un taller impartido por Antonio Rojano en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) en 2019. FotoCC/Fernando Destephen
Tito Ochoa resalta que esta adaptación resultó de un taller impartido por Antonio Rojano en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) en 2019. FotoCC/Fernando Destephen

«La Ciudad Oscura» de Antonio Rojano también está inspirada en Dark City (1998), una película que se perdió en la marea de estrenos a finales del siglo pasado y que con el tiempo se ha convertido en una obra de culto. En ella, un hombre que perdió la memoria es acusado de asesinatos y al investigar por su cuenta, descubre que todo lo que ocurre en la ciudad que habita es orquestado por unos seres llamados «Los Ocultos».

Esta adaptación de «La Ciudad Oscura» también presenta su versión de «Los Ocultos» y pone la mirada en los Estados Unidos. Parte de esta época llena de golpes de estado, fue una en la que se convivió con compañías bananeras como la Cuyamel Fruit Company o la United Fruit Company que de la mano de Samuel Zemurray —apodado como «Sam» o «The Banana Man»— se convirtieron en fuerzas políticas decisivas capaces de patrocinar golpes de Estado y avivar la corrupción en Honduras.

Tito Ochoa recuerda que esta obra se hizo durante la pandemia y resalta que fue la primera obra hondureña en aparecer en un artículo del New York Times, una que define como una advertencia porque «no queremos más golpes de Estado en Honduras» y que también precisa hablar de la constante militarización, una historia que se sigue repitiendo.

Desde 2021, el desmantelamiento del sistema de justicia guatemalteco llevó al despido, traslado o criminalización de 32 fiscales, abogados y jueces que alguna vez acercaron a las víctimas a conseguir justicia. Esto dejó casos de alto impacto en la impunidad, la revictimización de las personas afectadas y más víctimas. Los procesos de al menos 100 sindicados fueron cerrados parcial o totalmente.

Por: Jody García, Regina Pérez, Alexander Valdéz, José David López, Gilberto Escobar
Edición: Julie López

Parece haber nada en común entre el caso Diario Militar, que guarda los registros de 183 personas desaparecidas durante la guerra interna en Guatemala; el caso Libramiento de Chimaltenango, con al menos 100 familias afectadas, y un Estado defraudado; y el caso Asalto al Ministerio de Salud, donde una red de sobornos y el robo de dinero de la construcción de hospitales dejó al menos a 70 familias sin atención médica vital. Sin embargo, un hilo los une.

En los tres casos hay un fiscal o juez destituido, exiliado o perseguido por hacer su trabajo. Con sus salidas, los procesos no llegaron a juicio. Los sindicados (entre quienes se cuentan 15 exmilitares y expolicías, 22 exfuncionarios del Ejecutivo y empresarios, un exdiputado y un diputado) fueron beneficiados con libertad condicional. Ninguna persona de alto rango ha sido procesada hasta el momento.

En el camino hacia la justicia, quedaron dos hombres que creían que los culpables de la desaparición de su padre pagarían por lo que hicieron, un grupo de agricultores que esperó en vano un resarcimiento porque una obra estatal afectó los terrenos agrícolas de los que dependía su subsistencia, y una aldea para la cual la corrupción mantiene distante su acceso a servicios de salud, que para algunos es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el exilio y frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Miguel Ángel Gálvez, exjuez de Mayor Riesgo B quien estuvo a cargo del caso del Diario Militar, y uno de los operadores de justicia perseguidos, dijo en marzo pasado que con su salida hacia el exilio muchos acusados empezarían a gozar de libertad. Y así fue. “Guatemala está diseñada para la impunidad”, agregaría el exjuez en una entrevista en esos días.

En los siguientes tres casos, una condena no hubiera revertido las injusticias, pero habría castigado a los responsables. En cambio, la impunidad ha empeorado la vida de algunas víctimas y alejado aún más la posibilidad de obtener justicia.

Diario Militar: cuatro décadas de injusticia

“Hace 39 años estabas en mi casa poniéndome una pistola”, dijo Néstor Villatoro con firmeza al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, apuntándole con su dedo índice derecho, para que no tuviera duda de que se refería a él. Los separaban unos cinco metros, en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Era el 1 de febrero de 2023. El juez Rudy Bautista recién había dictado arresto domiciliario para Salán Sánchez y otro acusado. El coronel es señalado de ser uno de los responsables de la desaparición forzada del padre de Néstor, Amancio Samuel Villatoro, el 30 de enero de 1984.

Néstor tiene 56 años. En aquel entonces tenía 17. La mañana de ese lunes había visto a su padre salir hacia una reunión sindical en la zona 1, en el centro de la capital, donde desapareció llevado a la fuerza, como otras víctimas en este caso. Por la tarde, sin saber lo ocurrido, su hermano Samuel de 7 años acompañó a la madre, María del Rosario Bran de Villatoro, a esperarlo en la parada del autobús a tres cuadras de su casa en la colonia 1ro. de Julio, en Mixco, en la salida occidente de la ciudad. Mientras esperaban, su mamá vio a varios hombres encapuchados dentro de una panel blanca, un tipo de vehículo asociado con las desapariciones en la Ciudad de Guatemala durante el conflicto armado.

El coronel Jacobo Salán Sánchez sale del juzgado el 1 de febrero de 2023, cuando fue beneficiado con arresto domiciliario. Foto: Juan Rosales.
El coronel Jacobo Salán Sánchez sale del juzgado el 1 de febrero de 2023, cuando fue beneficiado con arresto domiciliario. Foto: Juan Rosales.

La madre tomó a Samuel de la mano y corrieron hacia su casa entre los callejones peatonales. Al llegar, se encontraron con unos diez sujetos —entre ellos, los que habían visto en la panel— que asaltaban la pequeña librería que la familia tenía en la entrada de la vivienda y donde no había nada de valor, ni grandes cantidades de dinero. Samuel todavía recuerda aquel asalto como ridículo. Los sujetos después entraron a la fuerza a la casa, patearon y encañonaron a Néstor. Todo fue presenciado por sus otros hermanos, Sergio, de 18 años, y Norma, de 6, además de su madre María del Rosario, y la abuela paterna, Felipa Villatoro.

En la audiencia de febrero pasado, Néstor reconoció a Salán Sánchez como el hombre que lo encañonó. La madre, aferrada al brazo de su hijo, también lo identificó. Cuando salían de la sala, lo llamó con rabia “maldito desgraciado”.

Para algunos familiares de las víctimas, esa audiencia fue la primera vez que se vieron cara a cara con dos de los acusados, casi 40 años después de las desapariciones forzadas.

Samuel Villatoro, cuyo padre fue víctima de desaparición forzada el 30 de enero de 1984, recuerda que el coronel retirado Salán Sánchez llegó a su casa y le encañonó con una pistola el mismo día. Foto: Plaza Pública.
Samuel Villatoro, cuyo padre fue víctima de desaparición forzada el 30 de enero de 1984, recuerda que el coronel retirado Salán Sánchez llegó a su casa y le encañonó con una pistola el mismo día. Foto: Plaza Pública.

Amancio Villatoro nunca volvió a casa. El sindicalista fue una de las 183 víctimas en el caso Diario Militar, un documento elaborado por militares que registra la desaparición forzada, la tortura, y/o la ejecución extrajudicial de personas consideradas enemigas del Estado. Los crímenes se cometieron entre 1983 y 1985. En 1999, el documento llegó como una filtración de una fuente militar al National Security Archives (Archivo de Seguridad Nacional), un centro de investigación y documentación de la Universidad George Washington, en EE. UU., que constató que se trataba de un documento original. Fue el primer documento de este tipo divulgado al público que retrataba metódicamente crímenes de lesa humanidad, donde junto al nombre de cada víctima aparecía la fotografía del documento de identificación que portaba previo a su desaparición.

A Samuel le ha costado mucho tiempo aceptar lo que sucedió a su familia. Meses después del secuestro de su padre, todos salieron al exilio. Habían esperado 39 años para ver de cerca a sus verdugos. “Uno se imagina a demonios, que sólo con verlos daría miedo, porque esa es la imagen que tengo en el subconsciente por todo el dolor que causaron. Ahora son tigres de papel”, dice.

Justicia de vida corta

Las familias de las víctimas del Diario Militar nunca estuvieron más cerca de la verdad y de obtener justicia que en 2021. Hace 13 años, la fiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014) empezó a procesar a poderosos narcotraficantes y a militares de alto rango vinculados a crímenes de guerra. En paralelo, el Organismo Judicial creó los juzgados y tribunales de mayor riesgo para procesar los casos de alto impacto, en los que están acusados personajes poderosos, como políticos, narcotraficantes, militares y líderes pandilleros.

Así llegó a las manos del juez Miguel Ángel Gálvez el caso del Diario Militar, en cuyo inicio solo había nueve militares y expolicías detenidos. Seis más fueron capturados posteriormente. La justicia por las desapariciones llegó tarde. Algunos de los acusados, antes temidos por las víctimas, hoy son ancianos en sillas de ruedas que apenas logran escuchar los señalamientos de la Fiscalía. Durante el curso de este proceso penal han muerto dos: Mavilio Castañeda Bethancourt, exmiembro de la Policía Militar Ambulante (PMA), fallecido el 26 de marzo de 2022, y el general retirado y exministro de Defensa, Marco Antonio González Taracena, quien murió el 14 de junio de 2022.

El caso comenzó a retroceder cuando Gálvez envió a juicio a nueve acusados en mayo de 2022. La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización conservadora de ultraderecha que está detrás de la persecución penal de operadores de justicia, denunció al juez en un caso no relacionado con el Diario Militar, pero que tuvo un impacto irreversible en el mismo. A través de esa querella se solicitó que el juez Gálvez perdiera la inmunidad para procesarlo. La FCT fue fundada por Ricardo Méndez Ruiz (hijo de un militar procesado por Gálvez por crímenes de lesa humanidad), cuando en 2013 el general retirado Efraín Ríos Montt enfrentaba un juicio por genocidio.

Desde entonces, la Fundación ha solicitado el retiro de la inmunidad a varios fiscales y jueces que llevaban casos de corrupción que fueron abiertos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), como lo hizo con la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, o el juez Carlos Ruano; o quienes, como Gálvez, llevaban procesos contra exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Como titular del juzgado de Mayor Riesgo B, Gálvez envió a juicio a Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, y ordenó en 2015 el proecesamiento por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Para el 15 de noviembre de 2022, el juez había denunciado que se violentó el proceso del Diario Militar, había salido del país y anunciado su renuncia. Desde el exilio, el exjuez dijo al periódico digital El Faro que se están desmontando todos los procesos que él llevaba, incluyendo el Diario Militar, y se está arriesgando a los sobrevivientes y testigos con las medidas sustitutivas otorgadas a los militares procesados. Gálvez sostuvo que con este caso entendió que Guatemala está diseñada para la impunidad.

Criminalización de operadores de justicia

El caso del exjuez no es único. Desde el 23 de julio de 2021, cuando fue destituido ilegalmente Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, hasta abril de 2023, un total de 32 operadores de justicia han salido al exilio (incluyendo a Sandoval y Gálvez). Otros diez han sido procesados y una, Virgina Laparra, exjefa de una subsede de la FECI, enfrenta una condena de cuatro años de cárcel.

El impacto inmediato fue una estela de decisiones que otorgaron a al menos 100 sindicados el beneficio de salidas de la cárcel por arresto domiciliario y el cierre parcial o total de sus casos. Se trata de beneficios para el 7 % de las 1,500 personas que la CICIG logró procesar en sus últimos seis años de funcionamiento.

En noviembre de 2022, cuando Gálvez salió al exilio y renunció, también comenzaron las medidas favorables para los sindicados. Ganaron amparos y lograron salir de la cárcel. Además, Elena Sut Ren, la fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos encargada desde 2016 del expediente del Diario Militar, fue trasladada en abril de 2023 a otra fiscalía por una recomendación del Departamento de Seguridad de la institución, luego de hacer un análisis de riesgo que Sut solicitó.

Una resolución de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca del caso, cita a los representantes de las víctimas indicando que “‘Sut ha señalado que no (tenía) interés’ en ser objeto de un traslado de fiscalía”, aunque solicitó ese análisis por los riesgos que corría con el caso del Diario Militar, y por también llevar los casos Bámaca Velásquez (un guerrillero torturado y víctima de desaparición forzada en 1992 a manos del Ejército) y Plan de Sánchez (una masacre de 268 personas, a manos de patrulleros civiles y fuerzas estatales en 1982, durante el conflicto armado interno, en Rabinal, Baja Verapaz, a 88 kilómetros al norte de la capital guatemalteca).

Los querellantes en el caso Diario Militar (familiares de las víctimas) revelaron que, en abril y mayo de 2022 (durante las audiencias de etapa intermedia), Sut se sentía amenazada porque hombres desconocidos la seguían a bordo de un vehículo hacia su vivienda y trabajo. Además, la fiscal fue blanco de varias denuncias penales por los casos que llevaba.

En noviembre del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala otorgar medidas urgentes de protección a la fiscal, a petición de las familias de las víctimas.

Origen de la persecución

Entre 2007 y 2019, la CICIG abrió la mayoría de casos que actualmente son afectados por la persecución judicial. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales confirmó que no renovaría la extensión del mandato de la Comisión Internacional. Mientras funcionó, la impunidad bajó de un 98 % a un 94.2 %, según un estudio de la Fundación Myrna Mack. Su cierre supuso la agudización de la persecución de fiscales y jueces que llevaban sus casos. Eso incluyó personal de la FECI, cuyo actual jefe, Rafael Curruchiche (sucesor de Sandoval), fue incluido en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores antidemocráticos o corruptos. Curruchiche es acusado en esa lista de boicotear la investigación de posibles sobornos al presidente Giammattei y de otros posibles actos de corrupción de altos funcionarios y empresarios.

Para febrero de 2022, con Sandoval afuera y el retiro de la inmunidad de Gálvez en curso, la fiscal general Consuelo Porras negó que se criminalizaba a los operadores de justicia. La funcionaria aseguró que sólo se cumplía con cuanto “establece la ley”, aunque las consecuencias en los procesos eran visibles.

“La presencia del juez Gálvez en el Caso Diario Militar era una garantía de acceso a la justicia para las víctimas, y a su salida vemos sindicados que obtuvieron beneficios carcelarios que en otro momento no fueron considerados”, dice la abogada Jovita Tzul, especialista en derechos humanos y representante de Samuel Villatoro y otros querellantes en el proceso. El 30 de noviembre de 2022, ocho organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunciaron que el caso tuvo retrocesos tras la salida de Gálvez. Citaron como ejemplos la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó en libertad al exmilitar Toribio Acevedo, uno de los acusados; y también el amparo otorgado a favor de Salán Sánchez.

El 1 de febrero de 2023, el juez suplente Rudy Bautista (quien sustituyó temporalmente a Gálvez, luego sucedido en el cargo por la jueza Eva Recinos) concedió arresto domiciliario a dos acusados en el caso: el exmilitar Salán Sánchez y el expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo. Luego, Acevedo también recibió la medida, pero la Sala Primera de Mayor Riesgo la revocó el 14 de abril. Ese exmilitar debió atender una audiencia el 17 de abril y nunca llegó.

Para entonces, la esperanza que los familiares de las víctimas tenían al inicio del proceso del Diario Militar se había convertido en frustración. Eso incluía a los Villatoro.

Amancio Villatoro, el padre de Néstor y Samuel, es una de las seis víctimas que fueron localizadas entre las 183 personas que aparecen en el Diario Militar. Sus restos fueron ubicados en 2003 en una fosa común en una antigua base militar en Comalapa, Chimaltenango (49 kilómetros al occidente de donde desapareció). Sin embargo, fue identificado hasta 2011. La investigación determinó que lo retuvieron y torturaron durante dos meses antes de matarlo. Su madre, Felipa, murió a los 90 años sin saber qué sucedió a su hijo. Otras 177 víctimas siguen desaparecidas.

Paulo Estrada, uno de los querellantes, contó que no se pronunciaron como víctimas sino hasta la salida del juez Gálvez del país. Estrada escribió una columna denunciando cómo Gálvez fue víctima de un sistema de justicia cooptado.

Los querellantes anunciaron el pasado 16 de mayo que las audiencias se retomarán y que aún confían en el sistema de justicia, porque consideran que el caso está bien fundamentado.

No obstante, la jueza del caso argumentó que el amparo otorgado a Salán Sánchez dejaba en suspenso el fallo que envió a juicio a los nueve acusados, y suspendió una audiencia del 17 de mayo para presentar pruebas. Los querellantes apelaron el amparo, y el recurso está pendiente de un amparo definitivo en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Mientras el caso Diario Militar se caía tras la salida de Gálvez, a pocos metros de ese juzgado, en la misma Torre de Tribunales, ocurría otro colapso en un proceso más reciente, que llevó a la persecución de un fiscal y donde la corrupción afectó a al menos 100 familias.

Carretera y corrupción que matan y empobrecen

En abril de 2019, con la CICIG expulsada del país, la administración del entonces presidente Jimmy Morales inauguró el Libramiento de Chimaltenango, un tramo alterno para liberar de tránsito la ruta principal hacia el occidente del país. Morales la llamó una obra de infraestructura sin precedentes en la región. Unas semanas después, los muros que flanqueaban la carretera se empezaron a desplomar. Para octubre, Morales se aferraba a la idea de que aquella era una megaobra, y ante preguntas de la prensa acerca del mal estado de la carretera, cuestionaba : “¿Les duele que sea una megaobra? ¡Sí lo es!”.

En abril, las noticias de los derrumbes habían llegado hasta la oficina de la Fiscalía Contra la Corrupción, donde los fiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón comenzaron una investigación del caso. Nadie lo denunció, empezaron la investigación con base en los reportes de los medios de comunicación.

Los primeros resultados de las pesquisas se revelaron diez meses después. En julio de 2020, se capturó a 17 personas. La Fiscalía las acusó de fraude por el caso del Libramiento de Chimaltenango. Un proyecto de al menos Q500 millones (US$66.7 millones), que incluía pagos sin justificación por derecho de vía, entre otros. Sin embargo, las cosas no iban como los fiscales esperaban. Mynor Moto, el juez a cargo del caso, se rehusó a emitir una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones que aprobó la construcción del Libramiento y uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Morales. Moto lo citó para que rindiera su primera declaración y Benito escapó. Permaneció oculto durante un año y medio y se entregó a la justicia en enero de 2022.

Para entonces, los derrumbes afectaban a los automovilistas. También hubo víctimas colaterales que el sistema de justicia nunca notó: al menos 100 agricultores afectados en las aldeas Paraxaj, Xejuyú y Las Tunas, en el municipio San Andrés Iztapa, en Chimaltenango, por los deslaves de tierra que la obra mal construida ocasionó.

“Las personas solo ven lo que pasa allá arriba donde está la carretera”, dice Luis Salbaján. “No ven a los que estamos acá abajo, a los pobres que somos afectados”. Salbaján, un agricultor de 41 años, se refiere a cómo la construcción del Libramiento destruye los terrenos donde cultivan maíz y frijol, especialmente en época lluviosa. Las lluvias arrastran hacia las siembras la arena que se desprende de los muros que flanquean la carretera y que se derrumban con frecuencia.

“Antes de la construcción del Libramiento sacábamos unos 12 quintales de maíz, ahora apenas sacamos cinco”, dice Moisés Salbaján, de 31 años. Las peores consecuencias las padecen los ancianos. Manuel Miculax, de 92 años, perdió en una ocasión todos sus cultivos cuando los inundó el agua que provenía de la carretera. “Soy un hombre solo y esa era mi comida”, dice. Eso, en un terreno que ni siquiera es suyo. Lo arrienda por Q500 anuales (US$66).

Manuel Miculax, de 92 años, perdió sus cultivos y su única fuente de alimento cuando los inundó el agua que provenía del Libramiento de Chimaltenango. Foto: Plaza Pública.
Manuel Miculax, de 92 años, perdió sus cultivos y su única fuente de alimento cuando los inundó el agua que provenía del Libramiento de Chimaltenango. Foto: Plaza Pública.

Algunos campesinos ya no pueden sembrar porque sus terrenos están cubiertos por más de un metro de arena, y optaron por abandonarlos. Ahora lo único que crece en el lugar es maleza. “Antes la tierra era negra; ahora todo es amarillo. Es lo que han dejado las lluvias”, dice un agricultor. La arena está en casi todas partes. Otros terrenos están surcados por zanjas que dejan las corrientes de agua que los desfogues del Libramiento no logran contener.

Luis Salbaján esperaba que las cosas cambiaran para ellos cuando, en julio de 2020, fueron capturados empresarios y funcionarios implicados en la fraudulenta construcción de la carretera. Esperaba alguna suerte de resarcimiento, pero no lo hubo, y todo apunta a que nunca ocurrirá.

Los campesinos antes producían unos 12 quintales de maíz por cosecha. Ahora producen cinco. Varios han tenido que abandonar sus siembras porque los terrenos están cubiertos por más de un metro de arena debido a la defectuosa construcción del Libramiento en Chimaltenango. Foto: Plaza Pública.
Los campesinos antes producían unos 12 quintales de maíz por cosecha. Ahora producen cinco. Varios han tenido que abandonar sus siembras porque los terrenos están cubiertos por más de un metro de arena debido a la defectuosa construcción del Libramiento en Chimaltenango. Foto: Plaza Pública.

El colapso del proceso

El caso de los agricultores ni siquiera fue denunciado, ni investigado como una consecuencia de la corrupción en la construcción de la obra. Para enero de 2022, el sistema de justicia ya no era el mismo que había permitido a los fiscales abrir el caso, aunque ese mes el MP consiguió que 22 personas fueran enviadas a juicio por el fraude. El grupo excluye a Benito. Luego, el caso se derrumbó como los muros del libramiento. Un año y cuatro meses después, el proceso sigue detenido. No se ha celebrado la audiencia para determinar qué pruebas serán admitidas en el juicio. El atraso obedece a cambios de fiscales y jueces. El Juzgado de Mayor Riesgo D, del que estaba a cargo Erika Aifán, -exiliada desde marzo de 2022- ahora tiene el caso. Recientemente se nombró a un nuevo juez titular, pero todavía no ha programado esa diligencia.

El juez Moto, quien tenía una orden de captura por un posible soborno y por favorecer a los acusados, está libre porque una sala de apelaciones anuló la solicitud de su detención. Tampoco se han deducido responsabilidades por los agricultores perjudicados por la construcción del libramiento.

El 9 de julio de 2021, a un año de develada la investigación, Pantaleón fue sacado del proceso. Lo trasladaron a la Fiscalía Liquidadora del MP, que conoce casos que llevan muchos años sin ser resueltos y la mayoría terminan desestimados por falta de pruebas. El traslado ocurrió cuando había nuevos indicios que podían llevar a juicio a otras personas más poderosas, según dos fuentes consultadas en la Fiscalía. Luego, Pantaleón fue señalado de quedarse con información del caso y fue capturado en mayo de 2022, dos años después de iniciado el proceso. Estuvo encarcelado tres semanas hasta que recibió arresto domiciliario.

El Ministerio Público lo suspendió de sus funciones y le cortó su salario, lo cual le impide trabajar en otro lugar porque aún mantiene una relación laboral con la institución. Ahora se pasa los días estudiando el caso en su contra. No ha sabido más de la investigación por fraude, originada por los derrumbes que siguen en 2023, y que hacen del Libramiento un peligro permanente.

Un año después de la captura de Pantaleón fue detenido Stuardo Campo, quien había sido el jefe de Pantaleón cuando coordinaron los allanamientos y capturas en el caso del Libramiento. El 26 de mayo de 2023, el MP reportó la detención del exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción. El proceso contra Campo está bajo reserva y a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Campo fue procesado y encarcelado por supuestamente incurrir en incumplimiento de deberes en uno de los casos que investigó. El fiscal fue denunciado por miembros de la FCT, quienes señalan que incurrió en irregularidades cuando manejó los casos Alfa Siete, Tamaulipas y un proceso contra tres miembros de la familia Bitkov, de origen ruso, condenados por usar documentos de identificación falsos (sentencia que fue revertida). Se referían al supuesto desvío de una investigación y a la emisión errónea de una orden de captura, de la cual Campos ya había alertado a la fiscal general Consuelo Porras. El fiscal señaló que la FCT “sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia”, y dijo que la denuncia en su contra es espuria.

“(Ser) fiscal anticorrupción (…) me hizo ganar mucha animadversión en determinados sectores”, dijo Campo el día de su captura. “(Esto) es parte de la persecución política que se ha vuelto bastante habitual en Guatemala. Acá estoy con la frente en alto y con la plena convicción de que no cometí delito alguno. Me siento tranquilo y satisfecho del trabajo realizado”. El 6 de junio fue ligado a un proceso por incumplimiento de deberes y enviado a prisión preventiva, y aún permanece encarcelado.

El reporte de 20 deslaves en el tramo, desde la inauguración del Libramiento, ha dejado además a las personas que lo transitan en una condición de vulnerabilidad, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Pero nadie menciona al centenar de familias que perdieron sus siembras, en un departamento donde la pobreza alcanza entre un 60 % y 80 % de la población, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Mientras los fiscales Campo y Pantaleón buscan demostrar su inocencia, otro caso de corrupción también tambalea. Se trata de la penúltima investigación de la CICIG, que se denominó Asalto al Ministerio de Salud, que apunta a cómo la corrupción y la impunidad dejaron a un Ministerio saqueado, una estela de víctimas pobres, un fiscal acusado y separado de sus funciones, y también a un exdiputado y un diputado aliados al oficialismo sin enfrentar la justicia, aunque fueron identificados como responsables.

El hospital que no fue

Los vecinos de la aldea San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula (224 kilómetros al este de la capital guatemalteca y frontera con Honduras), recuerdan la algarabía de 2014, cuando se celebró la colocación de la primera piedra del Hospital de Emergencias. Ahora, nueve años después, esa primera piedra, rodeada de un terreno baldío, es lo único que existe de un hospital que se pretendió construir para las comunidades más lejanas de ese municipio, donde los únicos servicios médicos los presta un centro de salud construido en 1959.

En la aldea San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula, la falta de acceso inmediato a servicios de salud sigue siendo un asunto de vida o muerte desde que la construcción del hospital de emergencias se interrumpió por corrupción. Foto: Agencia Ocote.
En la aldea San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula, la falta de acceso inmediato a servicios de salud sigue siendo un asunto de vida o muerte desde que la construcción del hospital de emergencias se interrumpió por corrupción. Foto: Agencia Ocote.

La planificación de este hospital, y de otros dos en Quiché (334 kilómetros al noroccidente de la capital) y Baja Verapaz (148 kilómetros al norte de la capital), cuya construcción quedó a medias, se convirtieron en el caso Asalto al Ministerio de Salud: una investigación para demostrar que, en el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), diputados y funcionarios de esa cartera hicieron negociaciones ilegales, para cobrar comisiones por la construcción de hospitales públicos. También se descubrieron plazas fantasmas en el Ministerio. Como en los casos del Diario Militar y del Libramiento de Chimaltenango, la persecución de operadores de justicia mantuvo en la impunidad la corrupción de otro gobierno, también liderado por un exmilitar.

La CICIG sacó a luz el caso sólo dos meses antes de salir del país. Era julio de 2019. El fiscal Carlos de León Moreno lo lideró desde la FECI. Estuvo a cargo hasta diciembre de 2021, cuando fue trasladado a la Fiscalía de la Mujer. El MP justificó el traslado de De León diciendo que el personal es de “libre remoción”. Luego, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó que fue trasladado porque había solicitado un ascenso. Su traslado ocurrió luego de que, en un caso separado, De León solicitara que Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, entregara su pasaporte para evitar que se fugara mientras era procesada por financiamiento electoral ilícito.

De León había llevado otros casos de alto perfil, como un proceso contra los Mendoza, una familia de supuestos narcotraficantes procesados por apropiación ilícita de terrenos; y el asesinato de Byron Lima en 2016, un militar condenado por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, quien denunció los crímenes que el Ejército cometió durante en el conflicto armado en Guatemala.

Los únicos servicios médicos que recibe la comunidad de San José Las Lágrimas son visitas mensuales o quincenales de tres enfermeras que monitorean salud materno-infantil para evitar muertes maternas y por desnutrición. Atienden resfriados e infecciones urinarias cuando tienen medicamentos. Foto: Agencia Ocote.
Los únicos servicios médicos que recibe la comunidad de San José Las Lágrimas son visitas mensuales o quincenales de tres enfermeras que monitorean salud materno-infantil para evitar muertes maternas y por desnutrición. Atienden resfriados e infecciones urinarias cuando tienen medicamentos. Foto: Agencia Ocote.

Una enfermera del centro de salud de Esquipulas recuerda que en 2021, mismo año del traslado del fiscal De León, una mujer de San José Las Lágrimas con complicaciones en su embarazo falleció camino al hospital en la cabecera departamental de Chiquimula. Es un trayecto de casi 40 kilómetros que se recorre en hasta seis horas, por el mal estado de los caminos de terracería que conducen desde la aldea a la cabecera, aun en estación seca. En época lluviosa, el desplazamiento es imposible porque los ríos que rodean la aldea se desbordan y las rutas se inundan.

La enfermera todavía se enoja al recordar cuando se celebró la colocación de la primera piedra de ese Hospital de Emergencias de Esquipulas. Cree que, si lo hubieran construido en 2014, quizá se habría podido salvar a la mujer embarazada. Estos traslados sólo son posibles si los pacientes consiguen que un vecino con vehículo los lleve, lo que puede costar hasta Q700 (casi US$100), la cuarta parte de un salario mínimo y un gasto imposible para la mayoría de campesinos de la zona, que viven de sus cultivos o trabajan como jornaleros. En algunos casos, reciben ayuda de la oenegé Fundación Esperanza De Vida que hace traslados de emergencia gratuitos para quienes no pueden pagarlos.

En 2020, el entonces ministro de Salud, Hugo Monroy, solicitó financiamiento para el centro de salud de Esquipulas, que describió como “deteriorado” e insuficiente para atender a los pacientes que por lo general acababan acudiendo a otros centros e incurrían en gastos excesivos que “no (estaban) en condiciones de hacer”. El país estaba al inicio de la pandemia del Covid-19. Para 2021, según el Icefi, la pobreza en en Esquipulas oscilaba entre el 40 % y 60 %.

El Gobierno respondió con más impunidad

Pese a la solicitud del entonces ministro Monroy, el Gobierno hasta ahora no tiene ningún hospital en construcción en Esquipulas y el caso Asalto al Ministerio de Salud se desplomó. La investigación a cargo del fiscal De León determinó que en las negociaciones ilegales detrás del contrato para edificar el hospital en Esquipulas estuvo el diputado Boris España, de la bancada TODOS, un partido político aliado del oficialismo. Algunos de sus integrantes enfrentan acusaciones de narcotráfico y corrupción, como Felipe Alejos, acusado por la CICIG y la FECI de tráfico de influencias y a quien para 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió tres veces no retirarle la inmunidad para que fuera investigado. El diputado José Ubico fue pedido en extradición por Estados Unidos en 2022, cuando el partido lo desconoció como integrante.

El diputado España había propuesto construir el hospital durante la administración de Pérez Molina y el Ministerio de la Salud licitó la ejecución del proyecto. La construcción costaría Q85 millones (US$11.3 millones). Según las investigaciones, el diputado recibiría una comisión ilegal de Q4.2 millones de quetzales (US$560,000).

La Fiscalía señaló al congresista de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y lavado de dinero. Además, solicitó quitarle la inmunidad para iniciar un proceso en su contra, pero la CSJ rechazó la petición, una decisión que avaló la CC en febrero de 2022, librándolo de enfrentar un proceso penal.

Estuardo Galdámez, un exdiputado también señalado de recibir un soborno por la construcción de otro hospital, salió de prisión en julio de ese mismo año. Lo favoreció la decisión de Edwin Ramírez, un juez suplente en el Juzgado de Mayor Riesgo D que la jueza Erika Aifán atendió hasta marzo de 2022 cuando se exilió en Estados Unidos y renunció del cargo. Aifán denunció que su vida corría peligro en Guatemala y que era sometida a un proceso de antejuicio por una denuncia sin fundamento.

El proceso por financiamiento electoral ilícito contra Torres se cerró en diciembre de 2022, un mes antes de que comenzara la inscripción de candidatos, el 21 de enero pasado. El fiscal De León fue destituido en febrero de 2023. Un mes después arrancó oficialmente la contienda electoral en la que Torres nuevamente se postuló para la Presidencia de Guatemala. Mientras tanto, el fiscal corrió la misma suerte que otros que investigaron casos de corrupción en la FECI. Human Rights Watch (HRW) había denunciado el despido arbitrario de fiscales desde julio de 2022. El despido de De León fue precedido por cuatro despidos de fiscales de diferentes unidades en febrero de 2023.

Este año, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral avaló la candidatura del diputado España para ser reelecto, pese a su inclusión como actor corrupto en la Lista Engel del Gobierno de Estados Unidos y su vinculación en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En la zona árida que ocupa San José Las Lágrimas todavía viven unas 70 familias de campesinos con al menos 132 niños. Su acceso a servicios de salud se limita a las visitas mensuales o quincenales de tres enfermeras del Ministerio de Salud para examinar a las mujeres embarazadas y a los niños, para evitar muertes maternas y por desnutrición, que tiene altos índices en la zona. Atienden resfriados o infecciones urinarias cuando tienen medicamentos, y las enfermeras pesan a los bebés en una balanza como las que usan en las carnicerías de los mercados. Lo hacen mientras no llueve, cuando los caminos de terracería todavía se pueden transitar.

Victimizados por la corrupción

En Chimaltenango, a 220 kilómetros al oeste de Chiquimula (y 49 kilómetros de la capital), tampoco esperan las lluvias con ilusión, aunque los agricultores desprecian más el impacto que la corrupción tuvo en sus siembras. Por ahora, han rodeado con sacos llenos de arena y ramas de izote las zanjas que dejaron las correntadas, para intentar evitar que el agua y la arena vuelvan a anegar sus cultivos.

“Dios nos ha bendecido con la lluvia, pero el hombre vino a destruirlo todo”, dice Luis Salbaján. Por su parte, Moisés Salbaján advierte que si las lluvias dañan sus terrenos otra vez, él y los demás agricultores tomarán el Libramiento de Chimaltenango. Los terrenos están cerca del kilómetro 60 y 61, donde los derrumbes empezaron en 2019 y llevaron al proceso judicial por corrupción. Cuatro años después, 22 acusados esperan juicio (salvo Benito); el fiscal Pantaleón sigue procesado igual que el fiscal Campo, y los derrumbes continúan.

En el caso del Diario Militar, las víctimas y sus familias suman casi cuatro décadas esperando justicia. “Por supuesto, (siento) mucha frustración”, dice Samuel Villatoro, respecto al traslado de la fiscal Sut y a cómo la salida del juez Gálvez afectó el caso. Sin embargo, asegura que su familia seguirá luchando para obtener justicia para su padre y dejar un precedente histórico de que crímenes como este no se repitan.

“El proceso no es fácil; no sé si se va a lograr”, agrega Samuel. “El Estado guatemalteco nació en favor de la oligarquía (…); está diseñado para proteger a los que tienen poder. El mismo juez Gálvez expone por qué tuvo que salir y dejar el caso, porque la estructura está diseñada para que ellos salgan libres, nunca cumplan una sentencia o que ese registro no quede como precedente histórico”.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.

La muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) expuso las malas decisiones del Estado frente a una crisis penitenciaria que ya había generado alertas. El Gobierno de Xiomara Castro improvisó una intervención del sistema penitenciario que, según la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva –quien presidía la intervención– no tuvo el tiempo necesario para hacer los cambios que esperaban y, además, fue afectada por la falta de acciones de la Policía Nacional. La tragedia estaba anunciada, pero ahora con la remilitarización del sistema penitenciario como respuesta hay quienes temen que nunca se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, los que se beneficiaron del caos en la PNFAS.

Texto: Jennifer Avila y Allan Bu
Con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

«Usted, ¿sabe algo de Sayda?» preguntó una voz acongojada que fue interrumpida por otra más fuerte y angustiada que gritaba «revise si está en esa lista Fátima Leticia» y después vinieron más voces que clamaban por información «por favor, averigüeme de Ingrid Celeste» «¿Y de Mayra no saben nada?» «Busque en la lista a Blanca Lidia», «no sabemos nada de Sara Escalante, ayúdenos por favor».

La escena anterior sucedió de forma reiterativa el miércoles 21 de junio de 2023 frente al portón principal de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la aldea Támara de Tegucigalpa, 36 horas después de una reyerta y un posterior incendio que dejó 46 mujeres muertas tras lo que, según las autoridades hondureñas, fue un ataque armado perpetrado por integrantes de la pandilla Barrio 18 en contra del módulo donde estaban recluidas las mujeres que pertenecían o eran afines a la MS-13.

María González llegó muy temprano a la cárcel de Támara al día siguiente de la tragedia, para preguntar a las autoridades por su hija Dunia Raquel González. Le respondieron que no tenían información y la enviaron al edificio de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde después de esperar un par de horas le dijeron que tampoco ellos tenían información y la mandaron nuevamente a la PNFAS. «Me mandan de nuevo al centro penal y de allá vengo, ahí no dejan entrar y no dan lista de las que están ahí, solo nos dicen que si no salen en los listados es que están bien, que nos van a llamar», nos dijo doña María.

Al igual que doña María, cientos de personas llegaron a los portones de la PNFAS con la intención de cerciorarse de que sus familiares estuviesen bien. Y por más que recibían respuestas que en la mayoría de módulos del centro penitenciario no había pasado nada, en los portones se seguían escuchando las voces preguntando por Fátima, Ingrid o Sara. «Queremos verlas», decía Ulda, quien había viajado el 20 de junio desde Salamá, Olancho, y tenía 36 horas esperando por noticias en los portones de la cárcel. Ya había escuchado decenas de veces que en el módulo donde estaba su hija no habían fallecidas, pero ella quería verla, estar segura, porque no confíaba en un Estado que falló en la protección de 46 privadas de libertad.

Familiares de las víctimas de la penitenciaría femenina de Támara esperan noticias de sus familiares en un espacio habilitado con sillas . Foto CC/Fernando Destephen.
Familiares de las víctimas de la penitenciaría femenina de Támara esperan noticias de sus familiares en un espacio habilitado con sillas . Foto CC/Fernando Destephen.

«Solo dicen que están bien, pero yo quiero verla. Yo entiendo la situación y sé que ellos como autoridades están haciendo algo por las que están [vivas] y que es una responsabilidad. Estamos preocupadas porque lo que pasó puede tener una secuela y lo peor es que nos dijeron que hay unas que no aparecen ni en las listas ni adentro, y por eso harán un recuento, entonces imagínese ¿cómo voy a estar tranquila?» dijo Ulda, que no se rindió con la poca información que le brindaron, pues al día siguiente se plantó en las afueras de la PNFAS pidiendo información sobre su hija, «mire, ellos podrían tomar una foto y ya no hubiera dudas ni gente esperando aquí», expresó.

Al 7 de julio de 2023, todavía no habían sido identificadas 18 de las mujeres que murieron en la PNFAS. Serán identificados a través de pruebas de ADN, una vez que fueron descartadas otras pruebas como las huellas dactilares y el odontograma, un ejercicio en el que un odontólogo forense hace un cruce de información con el familiar y si todo coincide el médico decide entregar el cuerpo.

Issa Alvarado, jefa de prensa de Medicina Forense, le dijo a Contracorriente dos días después de los asesinatos que el tiempo de identificación de una persona a través de una prueba de ADN dependía de la calidad de la muestra recolectada, «no es un proceso inmediato, pero hay profesionales trabajando para dar una respuesta pronta a los familiares», dijo.

En el comunicado 18-2023 del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) se recomienda «publicar los nombres de las mujeres fallecidas en PNFAS para determinar fehacientemente la individualización correspondiente, así evitar tratos crueles para los familiares y prácticas tendientes a contribuir con la impunidad».

Conaprev también recomendó que se proteja la integridad de las mujeres sobrevivientes del evento violento buscando alternativas de reubicación que permitan salvaguardar su vida e integridad, también del personal administrativo y de custodia que labora en el centro penitenciario. Hasta el momento, el acceso a la cárcel es restringido, sin embargo, fuentes extraoficiales han dicho a Contracorriente que las mujeres identificadas como las victimarias de la reyerta están conviviendo en un mismo espacio con las sobrevivientes.

Las fallas que detonaron la tragedia

Iniciaba el gobierno de la primera mujer presidenta en la historia de Honduras y ya se estaba decretando la emergencia en el sistema penitenciario, esto en el marco de la desmilitarización de la seguridad pública que había prometido la presidenta en su campaña. El 1 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros declaró un Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario a través del Decreto PCM-03-2022 que dice «que a partir de la militarización del Sistema Penitenciario del país se han incrementado los niveles de violencia dentro de los centros penales» y explica que los amotinamientos ocurridos previamente en la cárceles respondían a una dinámica de crimen organizado que empeoró con la intervención militar perpetrada por el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Aunque no lo dicen, las dudas de Ulda y otras familias son coherentes con lo errático que ha sido el nuevo Gobierno en su abordaje para conseguir el control de las cárceles. Después del proceso que apenas iniciaba de desmilitarización del sistema penitenciario, en el marco de la emergencia, el 8 de abril de 2023, cuatro amotinamientos simultáneos sacudieron al gobierno. En respuesta, la presidenta Xiomara Castro nombró a la viceministra de Asuntos Policiales, Julissa Villanueva como coordinadora de una intervención del sistema penitenciario.

Un proceso que falló, y que según Villanueva, no fue por su culpa sino por una serie de factores que apuntan a la responsabilidad del exministro de Seguridad, el general de policía Ramón Sabillón, y del director de la Policía Nacional, ahora ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. Estas fallas llevaron a que la Policía Militar del Orden Público (PMOP), una fuerza creada por el expresidente Juan Orlando Hernández y altamente cuestionada por su legalidad y por violaciones a derechos humanos , tomara el control del sistema penitenciario después de que el gobierno disolviera la intervención liderada por la viceministra. Villanueva cree que esto es un retroceso.

Familiares de privadas de libertad de la penitenciaría femenina de Támara esperan noticias de sus parientes. Foto CC/Fernando Destephen.
Familiares de privadas de libertad de la penitenciaría femenina de Támara esperan noticias de sus parientes. Foto CC/Fernando Destephen.

Hubo señales no atendidas que pudieron evitar la muerte de 46 mujeres que estaban bajo custodia del Estado. Aparte de los amotinamientos en las cárceles, una fuente confió a Contracorriente sobre la existencia de un informe proveniente de este centro penitenciario que llegó a manos de la viceministra Villanueva una semana antes de la tragedia en el que se señalaba que había indicios de que podía ocurrir un ataque entre privadas de libertad de los módulos 1 y 4. Además, familiares de privadas de libertad y defensores de derechos humanos que entraron antes de la tragedia reportaron que era necesario separar a las mujeres pertenecientes a pandillas contrarias porque ya había amenazas y un ambiente hostil. La viceministra habló en medios nacionales de que recibió informes preliminares, pero que no sabía que trataban de la cárcel de mujeres y en entrevista con Contracorriente, dijo que ella no recibió tal informe y que ya había visitado antes la PNFAS y no vio las supuestas señales de que allí explotaría tal tragedia.

«A mi me duelen las mujeres de PNFAS, yo le decía a la presidenta que esa era la primera cárcel que había que intervenir, que esa era la cárcel que debía ser la modelo del sistema penitenciario porque este es el gobierno de la primera mujer presidenta», dijo Villanueva sentada en su oficina en la Secretaría de Seguridad, rodeada de una estructura policial en la que no confía.

Hay documentos oficiales que sustentan que el gobierno sabía de la bomba de tiempo en los penales y cuya responsabilidad colocó sobre la comisión interventora. En el literal e) del artículo 6 del PCM-04-2022 con el que se declaró Estado de Emergencia se establece que las personas privadas de libertad debían clasificarse. «La Policía Nacional, en el marco de la Intervención temporal del Sistema Penitenciario, tendrá las siguientes funciones: […] e) Clasificar los centros penales existentes y la población recluida en ellos, tomando en cuenta los diseños arquitectónicos de los centros y el perfil criminológico de la persona privada de libertad, en base a los estudios técnicos de peligrosidad».

Pero también, apenas dos meses antes de la tragedia, la comisión interventora bajo la dirección de Villanueva concentró el poder, cambió al director del Instituto Nacional Penitenciario, el Comisionado General Otoniel Castillo Lemus, a quien el exministro Sabillón había nombrado en la transición del sistema penitenciario de los militares a los policías. También desautorizó a los directores de los centros penales de realizar cualquier trámite. Sin embargo, la viceministra asegura que ella tiene todas las pruebas de que hizo todo lo que pudo en apenas un mes y medio y que fue el General Sabillón, el exministro de Seguridad, el que no facilitó que la policía trabajara con celeridad sobre los planes de la interventora.

«Yo era la presidenta de la interventora, tenía poderes para quitar a Castillo Lemus, lo dejamos aparte en una transición porque era la misma policía que íbamos a intervenir, la doctora Villanueva tiene otra forma de trabajar. Hubiéramos tenido un producto diferente si hubieran seguido nuestro trabajo, no lo saqué por corrupto sino porque tenía que limitarlo» explicó Villanueva y agregó que la circular en la que se indica que todo trámite debía pasar por la supervisión de la interventora la hicieron porque había muchas irregularidades en la emisión de cartas de libertad y traslados. «Una jueza mandaba una carta de libertad y de inmediato había que darles la libertad. Y paramos eso porque había irregularidades y corrupción entonces ellos al menos tenían que enseñarme la carta de libertad, revisé muchas. Había una carta de libertad que decía que ordenaba libertad urgente para un hombre con tres nombres y ¿a quién querían que liberaran? al Cholo Houston que estaba con usurpación de identidades. ¿Quién detuvo la salida? Solo nosotros y sabíamos las presiones y amenazas».

El 27 de junio de 2023, después de la salida de Villanueva de la interventora y con la intervención dirigida por militares, encontraron al cabecilla de la MS13 alias Cholo Houston en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva» en Morocelí, a pesar de que él estaba inscrito en la cárcel general de Támara.

Desde afuera, ahora la viceministra ve con preocupación la intervención militar del sistema penitenciario y aseguró que el mal de raíz, la corrupción, no está siendo la prioridad.

La viceministra contó que ella misma ayudó a la redacción del decreto que le dio vida a la interventora y que ella misma colocó la responsabilidad de realizar un plan de contingencias después de los enfrentamientos que se dieron en distintos centros penales del país, «era un llamado al desafío», dijo y justificó que no hubo tiempo para realizar los planes, porque desde los centros penales había presiones pero también porque dentro de la misma policía había corrupción e intereses con que todo fracasara incluso antes de iniciar. «Esto es un monstruo de corrupción el que teníamos enfrente, de policías, de militares, de crimen organizado. En nuestra intervención todos los traslados costaban dinero, la corrupción del sistema la comencé a encontrar, la corrupción de las tortillas, de la carne, de los alimentos […]».

Contracorriente habló con una fuente cercana al sistema penitenciario que pidió que protegiéramos su identidad. Sobre los señalamientos que hizo Villanueva tras su destitución de la dirección de la interventora, la fuente aseguró que es un trabajo muy complejo el que se realiza en los centros penales y destacó que, previo a la interventora, estaban intentando gestionar de otra forma a los privados de libertad.

«No tuvieron el tacto o la delicadeza con la que se tiene que manejar esa problemática de los centros penales, solo quien trabaja ahí sabe cómo se la tiene que jugar para salir adelante en esos procesos, pero no sé qué motivó a las privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social [PNFAS] a hacer esas cosas. Antes no hubo ningún problema de reyertas ni de muertes, se intentó manejar a los centros penales de forma diferente. Con el Instituto Nacional de Formación Profesional [INFOP] se consiguieron capacitaciones, incluso con CONDEPOR [Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación] un curso de entrenadores de fútbol, hasta jugaban entre módulos. Íbamos por buen camino», aseguró la fuente.

Familiares de la víctimas de la penitenciaría femenina de Támara, esperan afuera del Centro De Medicina Legal Y Ciencias Forenses por noticias de las autopsias. Foto CC | Jorge Cabrera.
Familiares de la víctimas de la penitenciaría femenina de Támara, esperan afuera del Centro De Medicina Legal Y Ciencias Forenses por noticias de las autopsias. Foto CC | Jorge Cabrera.

Además, sobre las mismas acusaciones de corrupción y vínculos de la Policía con el crimen organizado que señaló Villanueva, la fuente aseguró que «es raro que ella, estando en la cabeza de la Policía Nacional, se exprese de esa manera porque si ella sabe que alguien es malo ella tiene autoridad para sancionar y remitir a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales [DIDADPOL], entonces no sé porqué se expresa así si tiene el mando y puede hacer que haya cambios. Si yo tuviera el poder haría los informes y los metería en la fiscalía. Pero sus razones debe tener, no sé qué quiere ganar».

Pero Villanueva ahora habló y dijo estar consciente de que está «sentada en un hormiguero», dijo que recibe constantes amenazas de muerte y que se niega rotundamente a ser el chivo expiatorio en medio de esta crisis, porque todas sus acciones y las peticiones de intervención rápida tanto en Támara como en la PNFAS fueron ignoradas por la policía.

Escribimos al general Ramón Sabillón y al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez para gestionar una entrevista, pero al cierre de esta nota no respondieron nuestros mensajes.

«Íbamos a empezar con las mujeres. Yo a PNFAS había ido muchas veces, no era algo nuevo, porque yo cuando era directora de Medicina Forense [en el gobierno anterior] siempre me interesé en eso. Nosotros no nos podíamos meter más allá de la gobernanza porque eso le tocaba a la policía, a Castillo Lemus, yo me metía a ver cómo estaban las condiciones, las cocinas, las clínicas, las actividades educativas, trabajos integrales y el plan para hacer la identificación. Yo pedí que el odontólogo hiciera las muestras odontológicas de las privadas por su salud oral y por la identificación», contó Villanueva, pero también aseguró que nunca vio que la tensión que allí se vivía iba a derivar en una matanza.

«No, le juro que no vi [que hubiera amenazas en PNFAS]. Yo me metí hasta el corazón donde estaba la [pandilla] 18, donde estaba la MS, la doctora Villanueva nunca miró aquello como el problema de dos bandas, simplemente estábamos buscando la integración y la clasificación de las privadas de acuerdo a sus delitos no de acuerdo a su afiliación por maras. Para llegar a eso debíamos tener el diagnóstico, cuando a mi me dicen que yo iba a hacerlo tenía que poner prioridades y la primera era la recuperación de la gobernanza, el desarme, estudiar el hacinamiento, recuperar que todas estén en un adecuado lugar y establecí como prioridad los menores infractores y las mujeres de PNFAS. Porque la mesa de cooperantes —que me apoyan mucho— entendieron que necesitábamos esto», dijo.

Villanueva aseguró que contaba con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y que ya había traído expertos de Israel y México para que la intervención fuera exitosa a través de la creación de unidades de inteligencia penitenciaria. Además añadió que no pidió asesoramiento al gobierno de El Salvador porque ella es una defensora de derechos humanos y porque los cooperantes estaban en contra de procesos represivos como los que está llevando a cabo el gobierno vecino en su sistema penitenciario. Incluso cuando Carlos Marroquin —director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador y quien ha sido señalado por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas— visitó al hijo de la presidenta de Honduras para asesorar sobre este tema, Villanueva no fue invitada.

Después de la tragedia en la PNFAS, todas las miradas cayeron sobre la interventora, Villanueva insistió en que, a pesar que ella no creía que la cárcel de mujeres iba a ser el escenario de la tragedia carcelaria que marcó el rumbo de las política de seguridad en Honduras, para ella eran una prioridad, pero hubo un boicot.

«Las mujeres no son la prioridad y yo oía las presiones: ¡pam pam pam! en Morocelí ¡pam pam pam! en Ilama ¿quién hablaba de las mujeres? no había miedo de que las iban a matar, solo miedo normal en relación a esa separación de pandillas. Si me tiran un muerto en Ilama, otros muertos en las otras cárceles ¿será que podían esperar las mujeres? yo pedí intervención simultánea de Támara, PNFAS e Ilama pero me dijeron que la policía no tenía los recursos, el músculo ni la logística» contó.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva muestra los informes que preparó durante su breve paso como inventora del sistema penitenciario. Foto CC/Fernando Destephen
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva muestra los informes que preparó durante su breve paso como inventora del sistema penitenciario. Foto CC/Fernando Destephen

Villanueva agregó que ella sabe que la gente ha dicho que la interventora no estaba haciendo nada y preguntó «¿quiénes eran los que no se movían y no estaban preparados? la policía, porque tenían una presión con la seguridad ciudadana y carcelaria y estaba la desmilitarización y los militares no podían entrar», agregó.

Una imagen que circuló y por la cual las autoridades han determinado que la Pandilla 18 inició la reyerta en la PNFAS muestra a una mujer vestida de negro, con una insignia de The Punisher y cargando un arma, ella fue identificada por fuentes policiales como «La negra suicida» de la clica Shadow Park Locos de la Pandilla 18. Esa imagen señaló inicialmente como la única culpable de la tragedia a esa pandilla y la Policía Nacional ha indicado que 12 personas vinculadas están siendo investigadas por la autoría de la masacre.

Pero la PNFAS era una bomba de tiempo y estalló.

No se sabe quién ingresó las armas ni cómo, pero una fuente cercana al sistema penitenciario nos dijo que «hay tantas formas de meter un arma y los privados de libertad tienen tanto tiempo para pensar cómo ingresar cosas ilícitas, se habla hasta de drones, un dron que puede mover hasta 20 litros de gasolina, a veces la autoridad se presta pero es raro porque teníamos una fuerza nacional de centros penitenciarios entonces para que entrara algo tenía que pasar por ahí, entonces no sé cómo se pudieron saltarse eso».

La viceministra Villanueva fue la persona que publicó la fotografía de supuesta pandillera empuñando un arma en su twitter, dijo que porque esa era una manera de presionar, ya que desde a las seis de la mañana que comenzaron a recibir información de los disparos en la PNFAS ella estuvo llamando a la policía para que actuaran pero no fueron rápidos. «Si hubieran llegado antes, quizá no las hubieran quemado», expresó.

«46 y ¿quién es el culpable de todo esto? ¿las reyertas entre ellas que ya tenían planificado matarse porque tenían sus problemas de maras? o ¿a quién le interesaba todo esto? yo ya había cambiado gente corrupta de Támara, había cambiado director, subdirector, los economatos del dinero ya los estaba neutralizando, allí comenzaron a decir que me iban a matar y después la muerte de las muchachas de PNFAS. Yo nunca he sido una mujer que llora ni que tiene miedo pero aquí sí tuve miedo. ¿Qué hice mal yo? mi dedicación era exclusiva en 100% y real, aquí fracasó todo menos la doctora Julissa Villanueva», dijo.

Las amenazas

A doña María, su hija Dunia la llamó un viernes, cuatro días antes de los asesinatos. Fue una llamada corta. Preguntó por la familia y por el bienestar de sus dos hijas de 7 y 9 años. A pesar de que la conversación no fue extensa, la señora notó que su hija estaba preocupada, «no estaba muy alegre, me dijo que las tenían amenazadas, pero no me dijo más. Ella quería salir de ahí, ¿y cómo? no podía», dijo.

Hay otras referencias de amenazas entre reclusas. Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privadas de Libertad, contó en un espacio de Twitter organizado por Contracorriente que en una visita realizada a la PNFAS semanas antes de la tragedia, se sentó en la cama de una privada de libertad, madre de siete hijos y con enfermedad terminal. Entre las rejas y con angustia, ésta le reveló a Delma que sentía desesperación por salir de prisión para apoyar a una de sus hijas que necesitaba una operación; su desesperación se daba a pesar de que en dos meses tendría el beneficio de salir bajo libertad condicional. «Tengo que salir de aquí para ayudar a mi niña», le dijo. Ella ya no pudo reunirse con su hija, es una de las 46 mujeres que fueron asesinadas en la PNFAS.

Mientras Delma hablaba con esta privada de libertad, le dijo a otras privadas ahí presentes, que al salir de ahí se dirigiría a hacer una entrevista en un canal de televisión y una de ellas le dijo «¿cómo va ir así?» Y entonces aquella celda del centro penitenciario se convirtió en un improvisado salón de belleza en el que peinaron y maquillaron a la defensora de derechos humanos.

Mientras le arreglaban el pelo, esas mujeres le contaron que sentían miedo. Le contaron que todos los días escuchaban gritos, «perras, váyanse de aquí, este es territorio nuestro». Delma describió un escenario que ayuda a entender por qué ese martes 20 de junio se convirtió en tragedia.

Familiares de las víctimas de PNFAS en Tamara lloran al recibir los cuerpos de sus parientes. FotoCC | Jorge Cabrera.
Familiares de las víctimas de PNFAS en Tamara lloran al recibir los cuerpos de sus parientes. FotoCC | Jorge Cabrera.

Hasta antes de los asesinatos, la PNFAS albergaba a 914 privadas de libertad, 103 de ellas habitaban en el módulo 1, donde están recluidas las mujeres que supuestamente pertenecen a la MS-13, el resto del penal es población común e integrantes del Barrio 18. «Ese centro penal es controlado por el Barrio 18 y entonces la mayoría de las privadas de libertad que no pertenecen a ninguna estructura jalan para allá [simpatizan con el Barrio 18], porque no les queda de otra», dijo Delma.

Desde el anonimato, una fuente confió que entre las víctimas del 20 de junio había unas 28 mujeres que no pertenecían a la MS-13 aunque estuviesen en el módulo 1. «Estaban en ese hogar no por pertenecer a la pandilla sino porque viven en zonas controladas por la MS. La mayoría de mujeres que son vinculadas a esta pandilla, no están involucradas», dijo y luego explicó que en muchas ocasiones son detenidas junto a sus parejas, por el simple hecho de estar con ellos cuando son detenidos. Además aseguró que ha pasado igual con hermanas y madres que son vinculadas y detenidas a estructuras criminales por la relación familiar con un pandillero y estar presentes en el momento de la detención.

«La mayoría que murieron es que vivían en esas zonas [controladas por la MS-13] y otras que obligadas por la necesidad se metieron a vender drogas», mencionó.

La bomba de tiempo

Las cárceles de Honduras han sido el reino de la corrupción y el terror por mucho tiempo. La tragedia en la PNFAS no ha sido la única del sistema penitenciario. En 2003, en la cárcel de El Porvenir, Atlántida, tras una reyerta se contabilizaron 66 muertos. En el 2004, en un incendio perdieron la vida 107 privados de libertad en la cárcel de San Pedro Sula, por este suceso el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2012, 360 murieron en un incendio en la cárcel de Comayagua. Muertes tras reyertas e incendios, todas ocurridas en gobiernos del Partido Nacional que llevaron sus políticas de seguridad con el estandarte de la «mano dura».

También en el gobierno del nacionalista de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta juicio por narcotráfico en los Estados Unidos, hubo violencia en las cárceles e intervención militar. Por ejemplo, en el centro penal de Tela fueron asesinados 18 privados de libertad en 2019 y en el mismo año, en El Porvenir, Francisco Morazán, murieron otros 19. De acuerdo con cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) unas 1,050 personas privadas de libertad murieron de forma violenta en el sistema carcelario nacional entre 2003-2023.

Según Jenny Almendárez del Centro para la Prevención de Torturas, tratos crueles e inhumanos (CPRTRT) actualmente hay 19,400 privados de libertad, de los cuales el 63% está en la mora judicial o sea está pendiente de recibir condena. Además, según Delma Ordóñez, las cárceles del país tienen un hacinamiento del 143%, que significa que su capacidad está desbordada en más de 10,000 personas privadas de libertad. Nada de esto es nuevo, como no es nueva la muerte ni la mano dura ni la militarización como reacción.

Durante la administración de Juan Orlando Hernández, los militares coparon espacios alejados de sus funciones originales, incluso fueron encargados de incentivar el agro y se les entregaron funciones durante la pandemia de Covid-19. En diciembre de 2019, en el segundo período de Juan Orlando Hernández, los militares, a através de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), asumieron el control de los centros penales tras el asesinato de Nery Sanabria, alias Magdaleno Meza, un narcotraficante que aparentemente poseía una libreta con información que vinculaba al hermano del presidente, Antonio Hernández, condenado en los Estados Unidos por tráfico de drogas.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la presentación de las armas, munición y dinero encontrado el primer día de requisas en la penitenciaría, Marco Aurelio Soto de Támara. Foto CC | Jorge Cabrera.
Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la presentación de las armas, munición y dinero encontrado el primer día de requisas en la penitenciaría, Marco Aurelio Soto de Támara. Foto CC | Jorge Cabrera.

Delma Ordóñez, presidenta de la organización de familiares privados de libertad, es de la convicción de que los militares no deben administrar los centros penales e incluso recordó que esta fue una sus peticiones «fuertes» cuando inició esta administración. Para ella era una necesidad la desmilitarización de los centros penales a nivel nacional porque considera que estando los militares al frente fue cuando se presentó la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.

La defensora de derechos humanos recordó que durante el control militar en las cárceles recibió varias denuncias. Por ejemplo, en el centro penal de Tela, el director era dueño de la pulpería en el interior del recinto y a los familiares no se les dejaba ingresar ningún producto, solo podían entrar con dinero y comprar todo en el negocio del director. Agregó que en Támara, los directores tenían una crianza de cerdos y que hubo ocasiones en que algunos presos fueron llevados a trabajar a casas o fincas de los encargados de los penales, «y de todo eso hay pruebas, la pregunta del día es ¿Cómo confiar?», dijo Delma.

Al inicio del actual Gobierno, pareció que los militares perdían espacio, al menos a la vista del ojo público, pero no fue así dado que su presupuesto sigue siendo enorme —10,662 millones de lempiras para el 2023, aumentado 1,300 millones respecto al del 2022— solo por detrás de la secretaría de Salud y Educación. Incluso, el Congreso Nacional, cuya junta directiva es afín al Partido Libre, autorizó la compra de cinco helicópteros para las Fuerzas Armadas.

Y ahora se hizo todo evidente, los militares que antes fueron desterrados de los centros penitenciarios, vuelven como si fueran la panacea para un mal que es muy antiguo, pero que presentó fuertes síntomas el sábado 8 de abril cuando hubo cuatro amotinamientos simultáneos en El Porvenir, La Tolva, Penitenciería Central de Támara y El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

Un policía militar observa el culto en una iglesia evangélica en el barrio Villanueva de Tegucigalpa, durante un operativo de rutina. Foto CC/Fernando Destephen.
Un policía militar observa el culto en una iglesia evangélica en el barrio Villanueva de Tegucigalpa, durante un operativo de rutina. Foto CC/Fernando Destephen.

Después de los amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles, la presidenta Castro a través de Twitter, escribió: «Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales. 12 años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses».

Y esa es la intervención que presidió fugazmente Julissa Villanueva y que narra por momentos como una serie de terror. «Lo primero que sucedió es que iba a necesitar unas 2000 personas para eso y ¿de dónde? de la Policía Nacional y había que tener un plan y lo primero que les digo es que hay que hacer un plan: sí doctora pero hay que hacer tiempo, análisis, va a necesitar carros, baños, logística […] pedí el plan para intervenir la cárcel de mujeres y me dijeron que no, que esa no era tan importante porque ellas no son tan violentas», contó.

Además, aseguró que la policía decía que no podía atender las requisas necesarias en los centros penales ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes, porque «esos días hay partidos de fútbol y la gente está en las calles y que no podía disminuir la atención a la ciudadanía para meter dos mil policías activos a PNFAS o a las demás cárceles».

La interventora presentó un plan para reclutar nuevos agentes penitenciarios y que los cooperantes le estaban apoyando en esto, según Villanueva. «Me mandaron prestados 1400 policías para los centros penales y eran todos una resaca de irregulares, algunos depurados, otros que habían cometido faltas, no había ni uno limpio, por castigo los mandaban a los penales», explicó y por eso intentó limpiar la casa primero.

Villanueva aseguró que ella ya había montado inteligencia penitenciaria y le daban información, le dijeron lo que había en Ilama, quiénes eran los corruptos que metían armas «y yo llevaba eso apuntadito. Pero de PNFAS nunca me habían dado una información, se lo juro, sino yo hubiera intervenido de inmediato» dijo.

Las requisas que hizo la interventora con la dirección de Villanueva fueron televisadas, la viceministra dice que esto fue una estrategia no de «reality show», sino de transparencia, ya que ella descubrió que los policías no estaban abriendo las caletas hasta que ella llegó a supervisar. Incluso cuenta que los policías la dejaron sola en varias ocasiones dentro de la cárcel de Ilama y que incluso pensó que la habían llevado a una trampa para matarla.

«A mi que me investiguen porque tengo documentada toda mi gestión y todo lo que no hicieron ellos. Yo no soy la responsable de un problema estructural, solo tenía un mes y días de estar trabajando con tan buen suceso. Yo cumplí la ordenanza de la presidenta, la doctora Villanueva hizo todo lo que estuvo a su alcance, estamos ante un monstruo de corrupción y crimen organizado, mi vida corre peligro, aquí estamos sentados en el hormiguero» dijo.

Ahora ve la nueva intervención militar de las cárceles, y ve las imágenes del ministro de Defensa y sobrino de la presidenta quien junto con policías militares destruyeron armas encontradas dentro de las cárceles, «yo jamás hubiera permitido eso» dijo Villanueva, aduciendo que están destruyendo pruebas claves para determinar el origen de esas armas que incluso podrían llegar a autoridades importantes.

«Yo no soy una inútil y no seré el chivo expiatorio de nadie ni que denigren mi imagen profesional porque cuando yo acudí a una asignación lo hice y lo puedo demostrar, si esto fue premeditado o no, era para pararme», expresó.

Familiares lloran en el velorio de una de las víctimas de la penitenciaría femenina de Támara, Francisco Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.
Familiares lloran en el velorio de una de las víctimas de la penitenciaría femenina de Támara, Francisco Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.

Buscando entre las cenizas

En el módulo 1, donde ocurrió la reyerta, estaba la hija de doña Doña María. Cuando en la tarde del miércoles 21 de junio llegó al portón de la PNFAS para tener noticias, la encargada de comunicaciones leyó un listado en el que se mencionó a Dunia Raquel. De acuerdo con ese registro, su hija estaba herida en el Hospital Escuela. Doña María escuchó el nombre y se alejó casi corriendo. «Es mi hija», repetía mientras se alejaba.

Horas después, doña María se encontraba en las oficinas de Medicina Forense. Había ido al Hospital Escuela y en ese centro hospitalario no le permitieron ingresar y tampoco le dieron información. Un conocido de la familia le aseguró que Dunia no estaba hospitalizada, al contrario de la versión oficial de la PNFAS.

En Medicina Forense el nombre de su hija figuraba en un listado que estaba pegado en un centro de información que se había improvisado a través de la instalación de una carpa, atendida por dos jóvenes estudiantes universitarios. Doña María concluyó que las mujeres que aparecían en ese listado habían sido declaradas muertas.

Cuando nosotros preguntamos por la hija de doña María, los jóvenes respondieron que esa no era una lista oficial, que esos eran nombres de personas que estaban siendo buscadas por sus familiares. Doña María buscó todo el día a su hija sin éxito.

«Bueno, mañana voy a madrugar al hospital», dijo doña María, un sitio que todavía no había visitado. Su angustia había aumentado porque vio en la televisión que en el módulo 1 solo habían quedado dos mujeres con vida, pero en realidad era información falsa, pues en el módulo 1 estaban recluidas 103 privadas de libertad.

Doña María, la señora que buscó a su hija en medicina forense, PNFAS y en el Hospital Escuela no la encontró en ninguno de esos establecimientos. Días después, recibió información de que su hija estaba viva, pero hasta el cierre de esta nota, no ha podido verla y sigue preguntando «¿cómo está mi hija?». Mientras tanto, en una oficina de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Julissa Villanueva dice una y otra vez: «Yo pude haber hecho muchas cosas más si me hubieran dejado trabajar».

Texto y foto: Agencia EFE

Guatemala vive este jueves uno de sus momentos políticos más tensos del presente siglo, con sus elecciones del pasado 25 de junio en disputa y un aroma a golpe de Estado que crece minuto a minuto en el ambiente.

El inusitado allanamiento este jueves del Tribunal Supremo Electoral, por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), ha abierto el camino aún más a la incertidumbre, con el riesgo de dilapidar por completo el Estado de Derecho, en opinión de varios expertos.

«El país está en una clara situación de golpe de Estado, no hay que usar eufemismos», aseguró este jueves el abogado y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución Alejandro Balsells, en declaraciones a medios radiales.

De igual forma, el medio de comunicación La Hora divulgó un editorial en la mañana de este jueves en el que recordaba que «la reacción de la población, de los empresarios organizados y de la comunidad internacional ha sido clara y categórica en el rechazo a esta nueva maniobra que constituye un burdo Golpe de Estado».

El allanamiento contó con fiscales tapándose el rostro con pasamontañas y muchos de los documentos decomisados no fueron inventariados según testigos, además de que extrañamente se permitió la permanencia de medios de comunicación durante varias horas.

En el mismo contexto, el exsuperintendente guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa denunció en sus redes sociales que los agentes que realizaron el allanamiento forman parte de la inteligencia del Estado.

A la sede del Tribunal Supremo Electoral se hicieron presentes miembros de la misión de observación de elecciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar en primera persona de lo acontecido.

El allanamiento forma parte de una investigación del Ministerio Público (MP, Fiscalía) por supuesta corrupción en contra del partido socialdemócrata Semilla, suspendido por un juez a petición de la entidad, pese a que la agrupación política avanzó al balotaje.

La alarma ha crecido también por la incorporación de vallas y de recurso humano policial y militar en los edificios de entidades estatales como el Ministerio Público o el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.

LAS ELECCIONES EN DISPUTA

Los comicios del pasado 25 de junio fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como todas las encuestas anunciaban.

Sin embargo, el segundo lugar fue para el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, a quien los sondeos colocaban en séptimo u octavo puesto.

Desde entonces, los miembros de Semilla advirtieron que se vendrían intenciones por detener su candidatura, con la cual no contaba el «Pacto de Corruptos», como se ha denominado a un grupo de políticos, empresarios, militares y supuestos narcotraficantes que tienen «cooptado al Estado» en opinión de la agrupación.

El 2 de julio, el diputado y la principal cara de Semilla desde su fundación, Samuel Pérez Álvarez, indicó que temían tres posibles escenarios ilegales implementados por parte del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

«Declarar por decreto a Sandra Torres como presidenta, alargar el proceso indefinidamente para dejar en el poder a Giammattei, o imponer la candidatura de Manuel Conde en segunda vuelta para que solo compitan entre los mismos», advirtió.

Para ello, el legislador electo dijo que Giammattei podría utilizar al Ministerio Público de la fiscal general, Consuelo Porras, «inventando casos» para que no pueda participar Arévalo de León o «desaparecer» Semilla.

EL MOMENTO MÁS TENSO DEL SIGLO

Para Guatemala, políticamente puede ser el momento más tenso del siglo, incluso después de que en 2015 el presidente en aquel momento, Otto Pérez Molina, tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción que lo llevaron directamente del Palacio presidencial a un tribunal.

Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de aquel momento, todos los sectores involucrados están envalentonados.

Por un lado se encuentran los seguidores de Semilla y Arévalo de León, que con más de 600.000 votos obtenidos en los comicios pretenden mantenerse en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto en busca de la presidencia.

Como defensores de la democracia también han aparecido la comunidad internacional, organizaciones sociales y la cúpula empresarial, trascendental para el funcionamiento del país centroamericano.

En el otro extremo se encuentra el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de «socavar» la Justicia en el país centroamericano.

La implicación legal contra Semilla llegó por parte de otro fiscal sancionado por EE.UU., Rafael Curruchiche, jefe de la sección Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien dirige la investigación contra Semilla.

Curruchiche también comandó la investigación en contra del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022 solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas al círculo íntimo del Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Precisamente fue el mandatario quien eligió en 2022 a Porras para un segundo período al frente del Ministerio Público y es también el presidente el principal señalado de aliarse con la fiscal para evitar la participación de Semilla, según advierte la agrupación socialdemócrata.

«Estamos en la contienda electoral. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales, por parte de este grupo corrupto», dijo Arévalo de León hoy en una conferencia de prensa.

«Hemos manifestado nuestra preocupación por el atentado contra la democracia y el orden constitucional que se ha gestado desde la Fiscalía de Rafael Curruchiche y del juzgado séptimo (del Organismo Judicial)», concluyó el candidato presidencial.

En Honduras, un pacto legislativo y político entre los partidos Libre, Nacional y Liberal permitió la repartición pública y sin pudor de la conducción de instituciones del Estado que procuran justicia, como la Corte Suprema de Justicia, y los próximos responsables de la Fiscalía General.

Por: Fernando Silva, Joan Humberto Suazo, Emy Padilla, Lilian Bonilla y Yony Bustillo
Edición: César Fagoaga

Las elecciones generales de noviembre de 2021 cambiaron una tradición centenaria en Honduras. No solo rompieron 127 años de bipartidismo en la Presidencia; también mostraron sin ningún rubor una práctica que, aunque conocida, se realizaba bajo la mesa: la repartición partidaria de las instituciones públicas.

Un acuerdo que, al priorizar las cuotas partidarias por sobre la idoneidad de los aspirantes, pone en riesgo, de acuerdo a expertos nacionales e internacionales, la independencia judicial hondureña y la prometida guerra contra la corrupción.

Incapaces de controlar por sí mismos el Congreso Nacional, los tres partidos mayoritarios firmaron un pacto para decidir sobre la justicia hondureña: el partido de gobierno junto con los dos principales partidos de oposición dejaron de lado sus diferencias para repartirse la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y afianzar el futuro del Ministerio Público. Fueron poco sutiles: el pacto fue publicado en el diario Poder Popular, el medio de comunicación oficial del Gobierno de Honduras.

El acuerdo cumplió una de las preocupaciones presentadas, previa a la elección, por la Misión Internacional de Observación al Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia: “El mecanismo constitucional de renovación total de la CSJ sólo está presente en Bolivia, Honduras y Guatemala, y alienta a los partidos presentes en el Congreso Nacional a disputas políticas para el control del máximo tribunal”.

El pasado 17 de febrero, los diputados del Congreso Nacional de Honduras eligieron a los 15 magistrados que conforman el más alto tribunal de justicia del país. Pero no hubo discusiones parlamentarias y la evaluación de los candidatos a magistrados sirvió de poco: tras bambalinas, en las oficinas de los políticos del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Libertad y Refundación (Libre), los cabildeos se extendieron durante casi un mes con el futuro de la democracia hondureña como principal carta de negociación.

PDF Diario Oficial
Documento publicado en el Diario del Poder Popular, el medio de comunicación oficial del Gobierno de Honduras. En él se encuentra el pacto entre los partidos Libre, Nacional y Liberal para repartirse la Corte Suprema de Justicia.

El proceso no fue liderado exclusivamente por los diputados, sino que fueron los viejos cacicazgos quienes sellaron el acuerdo. El nombre del expresidente José Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro y designado como asesor presidencial, se repite una y otra vez como pieza fundamental para cerrar el pacto.


La nómina resultante estuvo compuesta por seis magistrados simpatizantes de Libre, cinco del PN y cuatro del PL. La abogada Rebeca Ráquel Obando, de afiliación oficialista y con ramificaciones familiares que llegan hasta el palacio presidencial, fue electa como presidenta de la Corte. Además, el acuerdo también definió una acción controversial: la designación de seis “magistrados integrantes”, o suplentes, dos por cada partido político.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, también integrante de la Sala Constitucional. Foto/Cortesía Ciclos CAP.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, también integrante de la Sala Constitucional. Foto/Cortesía Ciclos CAP.

Ráquel Obando, aficionada a la jardinería y cuyas habilidades -según su postulación como candidata ante la Junta Nominadora del Congreso- son “ser perseverante y responsable”, fue la propuesta de Libre para la presidencia de la Corte, pese a no estar dentro de las mejores evaluadas. Además, tiene una relación familiar con la pareja presidencial, ya que su esposo, José Luis Melara, es tío de Juan Carlos Melara, esposo de Zoé Zelaya, hija mayor de la presidenta.

Milton Jiménez Puerto, otro de los magistrados electos este año, fue canciller durante el gobierno del expresidente Zelaya y también funcionario responsable de la banca y seguros. Luis Fernando Padilla fue abogado defensor de dos diputados del Partido Nacional acusados de falsificar documentos. Ser el peor evaluado de los 22 aspirantes masculinos a la Corte Suprema no le impidió obtener una de las 15 magistraturas para el periodo 2023-2030.

Entrevistas con dirigentes y diputados de los tres principales partidos políticos, con miembros de partidos en contra del pacto, con abogadas y con expertos en derecho permiten perfilar un escenario complicado para la aplicación de la justicia en Honduras. De parte de los firmantes, el acuerdo ha dejado satisfechos a todos los bandos; el partido Libre, a través de sus magistrados, con el mando de las salas de lo Constitucional y de lo Penal; el Partido Liberal, con el poder de nivelar o desnivelar la balanza en momentos cruciales; y el Partido Nacional con la supuesta garantía de evitar una asamblea constituyente y poner un candado para evitar cualquier avance de los derechos reproductivos de las mujeres o el matrimonio igualitario.

Quienes se oponen al acuerdo, entre ellos diputados del Partido Salvador de Honduras, sostienen que el pacto, además de su impacto en la independencia judicial, será clave para entender la gran tarea pendiente de la sociedad hondureña: la lucha anticorrupción, al haberse negociado reformas a la ley del Ministerio Público y reformas constitucionales para la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICCIH).

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, presidido por la magistrada Rebeca Raquel, en conferencia de prensa durante el pasado Miércoles de Ceniza. Foto/Cortesía Ciclos CAP.

Los detalles del acuerdo de tripartito

“No hay consenso”. Esa fue la frase más repetida por los diputados del Congreso Nacional el 25 de enero cuando se realizó el primer intento para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El consenso tardó en llegar hasta el 16 de febrero, 23 días exactos entre los que hubo intensas negociaciones a lo interno y externo de todas las fuerzas políticas en el Congreso; sin embargo, al final, el pastel del poder fue repartido entre los tres partidos mayoritarios.

Según el acuerdo firmado -y publicado el 19 de febrero de 2023 en el medio gubernamental Poder Popular- respondieron al “principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional, (…) de acuerdo con el resultado electoral obtenido por cada partido político declarado por el Consejo Nacional Electoral y que integran el Congreso Nacional y respetando la participación en estos actos de las autoridades partidarias”.

En el caso de Libre, el diputado Manuel Rodríguez explicó que en principio los diputados titulares fueron llamados a Casa Presidencial para llegar a un consenso sobre quiénes serían sus candidatos; sin embargo, los congresistas, explicó Rodríguez, decidieron entregar su voluntad a la presidenta Xiomara Castro y, sobre todo, al coordinador del partido y asesor presidencial Manuel Zelaya.

El expresidente hondureño (2006-2009) y ahora asesor presidencial José Manuel Zelaya. Fue clave en la negociación tripartita para la elección de la CSJ. Foto/Cortesía Ciclos CAP.

“En una famosa y alta torre de Tegucigalpa (el lugar donde se reunieron), allí tuvieron que ver pesos pesados que mandan a sus representantes. Estuvieron involucrados Roberto Michelleti (ex presidente del CN implicado en el Golpe de Estado contra Zelaya de 2009), Yani Rosenthal, e incluso Luis Zelaya, que es líder de diputados del Partido Liberal que son afines a Libre”, apuntó Rodríguez.

Rosenthal, presidente del partido Liberal, es un empresario banquero que fue ministro del gobierno de Mel Zelaya y candidato presidencial liberal en 2020. Rosenthal cumplió una condena de tres años en Estados Unidos por hacer negocios con Los Cachiros, uno de los principales grupos de narcotráfico de Honduras.

Rodríguez explicó que Libre accedió a negociar y llegar a acuerdos debido a las divisiones internas del partido a causa del conflicto en el que fue protagonista Jorge Cálix, el diputado más votado de ese instituto y posible candidato presidencial para las próximas elecciones.

Esta versión es respaldada por un dirigente de Libre cercano a la Casa Presidencial, que habló en condición de anonimato, quien asegura que las negociaciones, lideradas por Mel Zelaya, comenzaron después del triunfo de Libre en noviembre de 2021, es decir, más de un año antes de la elección de la Corte Suprema. Zelaya, según este dirigente, fue siempre consciente de la debilidad aritmética y buscó al Partido Nacional para negociar y eventualmente pactar con los liberales.

En enero de 2022, Cálix y un grupo de 20 diputados que le acompañaban fueron expulsados de Libre cuando conformaron una nómina de junta directiva del Congreso completamente diferente a la estipulada por Xiomara Castro y Zelaya, quienes apoyaban a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, para convertirse en presidente del legislativo, aunque no tenía los votos necesarios en lo interno de la cámara legislativa.

En contraste, en aquel momento Cálix había logrado alcanzar acuerdo con la bancada del Partido Nacional, quienes se comprometieron a brindarle su voto al momento de elegir al titular de ese poder. Esta negociación generó que simpatizantes y dirigentes de Libre, incluyendo a la presidenta Castro, señalaran a Cálix como un traidor y sirviente de los intereses de quien en aquel entonces era el líder absoluto de esa institución política: el expresidente Juan Orlando Hernández, que en abril de 2022 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y armas.

Un año después y con la particularidad de que las negociaciones fueron más evidentes, Manuel Zelaya también acordó con los nacionalistas.

Según Rodríguez, aunque los demás partidos obtuvieron su cuota de poder, el partido Libre tiene una ventaja significativa al haber logrado colocar a uno de sus candidatos, el abogado Milton Jiménez Puerto, como representante del Partido Liberal en la Corte Suprema.

Puerto, quien entre 2006 y 2008 fue ministro en el gobierno de Zelaya, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos debido a su comportamiento problemático: renunció como canciller después de liarse a golpes con los policías que lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad. Además, en 2022 fungió como abogado de Enrique Flores Lanza, asesor legal de Casa Presidencial y uno de los principales colaboradores de Manuel Zelaya, cuando inició el proceso legal para beneficiarse de la amnistía política que otorgó el Congreso Nacional a exfuncionarios del gobierno depuesto en 2009.

Sobre las negociaciones que se realizaron para lograr imponer a Milton Jiménez como candidato del Partido Liberal, el diputado liberal Marlon Lara asegura que fue el expresidente Zelaya quien en primer lugar vetó a otro candidato que tenían los liberales y luego controló parte de las decisiones dentro del Partido Liberal.

El Partido Liberal, según Lara, tenía una planilla precalificada de 15 magistrados que salían de la nómina final de 45 notarios que llegaron al Congreso Nacional; sin embargo, finalmente no hubo consensos con los otros partidos por lo que se seleccionaron únicamente a cuatro candidatos.

“Al realizarse las negociaciones en el Partido Liberal hubo intromisión, yo lo denuncié en su momento, del expresidente Zelaya, coordinador de Libre, (quien) vetó a uno de nuestros candidatos a magistrados, entonces yo propuse que el Partido Liberal vetara alguno de Libre también porque se miró como una intromisión de él”, y añadió que, en protesta por esa injerencia, votó en contra de la nómina final de magistrados que se eligió en el hemiciclo legislativo.

Lara considera que en Honduras la intervención política en todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado siempre ha existido, pero lo importante es que las personas que asumen los puestos no actúen en función del sectarismo político, sino que en función de los intereses del país.

A pesar de que el pacto se logró, otros dirigentes políticos de Libre como Gilberto Ríos apuntaron que ese partido merecía una mayor cantidad de magistrados y aseguró que los magistrados propuestos por Libre e incluso la mayoría de los nacionalistas “son personas capaces y honestas”.

Ríos también puntualizó que sería un error esperar una Corte apolítica donde los magistrados no tengan un color partidario, ya que esta instancia es electa por el Congreso. Para ser magistrado de la Corte se requiere ser abogado y notario, mayor de 35 años y con experiencia de diez años. No hay ningún requisito sobre la independencia partidaria, pese a las solicitudes de organismos internacionales y las recomendaciones de la misma Junta Nominadora del Congreso.

“Es imperioso reformar el procedimiento especial para juzgar a altos funcionarios del Estado en el ámbito penal, a fin de que sea un tribunal de ámbito de corrupción el que emitía las correspondientes resoluciones, para evitar los conflictos interés que puedan surgir del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó en un comunicado de recomendaciones finales la Junta Nominadora a finales de enero de 2023.

La negociación partidaria demostró ser mucho más que la elección de los magistrados de la Corte, y entraron en juego intereses que serán determinantes para el futuro de la institucionalidad y democracia en Honduras, como la elección del fiscal general y adjunto, y la eventual llegada de una comisión internacional contra la corrupción.

Ese último punto ha sido objeto de preocupación para observadores internacionales. La Misión Internacional de Observación al Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia, integrada por juristas como el peruano Juan Jiménez Mayor -exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la extinta MACCIH-, señaló en un informe de finales de 2022 la necesidad de tener una Corte independiente.

“La independencia judicial es fundamental para la instalación de una CICCIH (comisión internacional contra la corrupción), pues solo una CSJ sometida a la Constitución y la Ley y alejada de directrices políticas, puede garantizar una lucha contra la corrupción y confianza al concierto internacional para este objetivo nacional requerido por la población”, sostuvo la misión.

Los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras durante un pleno de la Corte. Foto/Cortesía Ciclos CAP.

¿Los mejores evaluados?

Ana Pineda, abogada y notaria que fue candidata a magistrada en este proceso, dijo que es conocido que en la elección de altos funcionarios del Estado priman los intereses políticos partidarios y que se ha normalizado a pesar de que esa práctica atenta contra el Estado de Derecho y principio de separación de poderes.

“En esta elección de la Corte Suprema de Justicia, la repartición a ultranza del Poder Judicial, por cuotas políticas, fue más descarada, de tal forma que evidenció que la justicia se ha partidizado, generando más deslegitimación y desconfianza en ese Poder del Estado, principalmente afectando a las y los justiciables”, explicó Pineda.

La abogada, la mejor evaluada del listado de 45 aspirantes y apoyada principalmente por la bancada del Partido Salvador de Honduras, consideró que el hecho de que no se la haya electo “solo exhibió a Honduras y a su clase política, que antepone sus intereses políticos a los intereses generales del pueblo. No es la impartición independiente, objetiva e imparcial de la justicia la que se buscaba, sino lo contrario, el sometimiento de sus miembros a la actual clase política”.

La Junta Nominadora calificó las candidaturas basada en una matriz de evaluación donde se tomaron en cuenta tres grandes áreas: integridad personal y profesional; ética profesional; e idoneidad y capacidad técnica.

“La reforma estableció estándares de evaluación, incorporó mayor transparencia, participación de la sociedad civil y la paridad de género en la conformación del tribunal”, explicó César Muñoz, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Sin embargo, no hay duda de que al llegar la lista de candidatos al Congreso los partidos políticos, como ya ha sucedido en el pasado, se repartieron las vacantes entre ellos. Esto es muy problemático dado que coloca en cuestión la independencia de esos magistrados para aplicar la ley de forma imparcial y no en base a cualquier fidelidad al partido político que promovió su designación”, agregó Muñoz.

La Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional un listado de 45 nombres: 23 mujeres y 22 hombres. La abogada Pineda fue la mejor evaluada de todos y no fue considerada para llegar a la Corte Suprema. De los siete hombres que integraron la lista final solo uno, Roy Pineda Castro, estuvo dentro de los mejores cinco calificados. La mayor parte de los seleccionados ocuparon los últimos lugares de la evaluación: Mario Donaldo Acosta (17), Walter Miranda Sabio (19), Wagner Vallecillo Paredes (20) y Luis Fernando Padilla (22).

Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), apuntó que con este proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las negociaciones que se realizaron, Honduras pasó oficialmente de un bipartidismo a un tripartidismo con Manuel Zelaya como quien predomina en la nominación de las personas de todos los partidos.

“Aún hay un margen de espera para ver si la corte puede actuar de forma independiente”, dijo León.

En las últimas semanas algunas decisiones de los magistrados de la Corte han dado una pauta de la ruta que seguirán y hacia dónde se inclinaría la balanza. Por ejemplo, el pasado 26 de junio, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Fernando Padilla, anunció la no admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía Política, “por falta de legitimidad”.

“El 2 de febrero [de 2022], el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absuelve de crímenes a funcionarios públicos que trabajaron en la administración Zelaya (2006-2009). Hasta octubre (de 2022), al menos 24 abogados defensores usaron esta ley para desestimar casos de corrupción”, señaló sobre esa amnistía un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos.

 

InformeFinalJuntaNominadora20222023

PDF Informe final junta nominadora
Informe final de la Junta Nominadora para la proposición de selección para candidatos a magistrados y magistradas.

 

 

Las implicaciones del acuerdo
En la noche del 17 de febrero, momentos previos a la votación decisiva para seleccionar a los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, cada líder de bancada tomó la palabra en el hemiciclo. La mayoría de ellos elogiaron el proceso y se dieron palmadas en la espalda por la consecución del consenso entre las diferentes bancadas. El discurso del jefe de la bancada nacionalista Tomas Zambrano dejó entrever, sin embargo, cuáles eran las prioridades de esa institución en las negociaciones.

“Misión cumplida por el Partido Nacional. Hoy puedo decir que ustedes no tienen una Corte a la medida de Libre ni a la medida de Mel (Zelaya). Yo sé que ustedes son agenda proaborto, hoy les digo que ya no tienen oportunidad para legalizar el aborto en la Corte porque no tienen mayoría”, apuntó efusivamente Zambrano, y agregó que gracias a estos acuerdos tampoco se podría acceder al matrimonio igualitario en Honduras.

Además, Zambrano dijo que esperan que los magistrados electos por el Partido Liberal no sean parte de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que tiene como promesa el actual gobierno, o “querer instalar ideologías que no comparten la mayoría de los hondureños”.

El reparto de la Corte no debería de verse como un equilibrio entre las fuerzas políticas, apuntan los expertos internacionales. “En principio podría parecer que es una corte ‘equilibrada’ en el sentido que, al repartirse las magistraturas, ningún partido logra un absoluto control de la Corte”, opinó la abogada Ursula Indacochea, experta en independencia judicial y directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

“Pero esa visión esconde el verdadero problema. Si la independencia de los jueces en su definición más básica es una garantía de que resolverán los conflictos sujetándose sólo al derecho; entonces una Corte políticamente repartida tiene un riesgo muy alto de no ser independiente. Porque claramente los partidos pueden llegar a acuerdos políticos al margen de la ley (por ejemplo, impunidad para actos de corrupción) que luego se trasladen a la corte”, agregó Indacochea.

El acuerdo firmado por los jefes de bancada de los tres partidos establecía una serie de puntos entre los que destacan reformas a la ley del Ministerio Público. Con la elección de un nuevo fiscal general y adjunto no queda claro en el documento si la idea es también repartir el poder del principal ente acusador del Estado entre las tres instituciones.

Para la abogada Ana Pineda es bastante claro que esa es la intención.

“Sí creo que conforme a esta práctica (la de elegir según criterios partidarios) se harán otros nombramientos, como el del fiscal general y fiscal general adjunto, y se potenciará el mérito político partidario antes que la trayectoria, integridad y la capacidad. Ojalá por el bien de Honduras pudiera estar equivocada”, concluyó Pineda.

Además, destacó la preocupación de que la clase política haya enviado un mensaje contundente para futuros procesos de selección de autoridades de segundo grado en el Congreso Nacional. Según su perspectiva, la calificación obtenida en el proceso de selección y nominación parece no tener ningún valor, por lo que no vale la pena la participación en dichos procesos. Concluyó enfatizando que las autoridades electas en estas condiciones, al depender de patrocinadores y favores políticos, pierden la independencia fundamental para ejercer sus cargos.

Por su parte la abogada Ana María Calderón, exvocera de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), aseguró en una entrevista con Contracorriente que ella tiene la esperanza de que el nuevo fiscal general no sea elegido según preferencias políticas partidarias, y lleve las reformas que necesita la institucionalidad del Ministerio Público.

“El fiscal general es la figura esencial para un Ministerio Público autónomo, independiente, entonces se requiere que este proceso de selección pueda ser lo más transparente posible y se seleccione a la persona que realmente reúna las capacidades académicas, que no tenga vínculo político. Además, es esencial que no se trate de cuotas, como he podido ver en la elección de los jueces de la Corte Suprema”, apuntó Calderón.

El fiscal Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), y ahora postulante a ocupar el cargo de fiscal general de la República, aseguró que es lamentable que, según la información que le ha llegado, dentro de las negociaciones se encuentra darle a algún partido la dirección de Fiscalía que es clave para que el próximo fiscal general logre concretar las reformas.

“Políticos que no conocen la estructura del Ministerio Público pueden llegar a negociar eso y desconocer que el trabajo en la Dirección del Fiscalía debería estar dirigida por un fiscal y por un fiscal que conozca toda la estructura del Ministerio Público, pero aparte de eso la política del nuevo director de fiscales debe ir concordancia con el fiscal general para poder generar los cambios necesarios en la institucionalidad”, apuntó Santos.

Santos añadió que con estas negociaciones es posible que nos enfrentemos a un escenario similar a la elección de los magistrados de la CSJ, y advirtió que si eso pasa “las organizaciones que se involucren van a ser utilizadas solamente para validar el proceso y los que participen”.

Los nuevos magistrados fueron juramentados, después de un acuerdo entre los partidos Libre, Nacional y Liberal, el pasado 16 de febrero de 2023. Foto/Cortesía Ciclos CAP.

El pasado lunes 15 de mayo, en entrevistas con medios locales, el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), denunció que se le estaba excluyendo del proceso de selección del representante de esa institución ante la junta nominadora que llevará a los candidatos finales al Congreso Nacional.

Canales denunció que ya existían tres candidatos respaldados políticamente para ocupar el puesto máximo en el Ministerio Público y que el proceso interno en el colegio estaba siendo manipulado por Yani Rosenthal, excandidato presidencial y presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal.

Para Joaquín Mejía, abogado e investigador de Derechos Humanos en Honduras, aunque se dio a conocer que hubo una negociación y se expuso el documento de acuerdos que firmaron, la operación y los pactos acordados siguen siendo secretos porque no sabemos “exactamente qué negociaron”.

“Sabemos claramente que los dueños de los partidos políticos se sentaron a negociar y luego lanzaron las líneas a los diputados y diputadas en el Congreso, pero no sabemos qué más negociaron, creo que lo primero que se debería hacer es informar de manera transparente qué fue lo que se negoció. Pero sabemos que eso no es así porque al final los partidos políticos se han convertido en corporaciones privadas que tienen sus dueños y sabemos perfectamente bien quiénes son los dueños de los partidos”, apuntó Mejía.

Los pasos en el aire para la lucha contra la corrupción

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia incluyó a los abogados Roy Pineda Castro y Gaudy Bustillo, quienes eran magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por lo que el Congreso Nacional tenía que elegir a nuevos funcionarios en esas instituciones. Hasta el momento, tres meses después de la elección, aún no se ha realizado la sustitución.

Ambas instituciones se encuentran paralizadas ante la falta de elección de los nuevos magistrados, sobre todo el TSC al ser un órgano colegiado operativamente se encuentra sin poder dar trámite a los expedientes y sin poder remitir casos ante el Ministerio Público de ser necesario. La mayor fuerza operativa para la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado se encuentra fuera de servicio a causa de la inacción del Congreso Nacional.

Según el abogado Raúl Pineda, en una entrevista que brindó a Criterio.hn, el Tribunal es un órgano colegiado y no pueden actuar uno o dos de los magistrados, pues las votaciones se hacen por mayoría calificada o unanimidad de los tres magistrados.

Pineda expuso que el problema inmediato es que no hay control o fiscalización, ni lucha contra la corrupción, asimismo calificó como un acto de irresponsabilidad que en este momento no se haya realizado el nombramiento. Sin embargo, dijo entender que este nombramiento va a estar en función de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, y que “parte de la repartición de cuotas de poder va a ser posicionar precisamente la magistratura del tercer miembro del TSC”.

“Entonces van a armar una especie de paquete para la negociación que los deje contentos a todos. Aquí el tema es de repartición de poder, no de generar una labor de contraloría preventiva o de investigación científica para que el dinero del pueblo no siga siendo mal manejado”, puntualizó.

Sobre la lucha contra la corrupción y las negociaciones que se realizaron y desembocaron en la firma del acuerdo para integrar a la Corte Suprema, quizá el punto más importante es el número 6 que incluye la discusión del proyecto de reforma constitucional para la implementación de la CICCIH, el cual detalla incluirá “recomendaciones de todas las bancadas”.

“Se acuerda discutir en primera legislatura el proyecto de decreto de reforma constitucional para la implementación de la CICCIH para el combate de la corrupción de alto impacto cometida en todos los gobiernos”, reza el punto 6 del acuerdo político.

El Gobierno de Xiomara Castro anunció como una de sus promesas principales la instalación de esta comisión internacional; sin embargo, con el pasar del tiempo las señales de avance para concretar su llegada han sido a cuenta gotas, por lo que queda la posibilidad de que sea una carta que puede seguir siendo utilizada para la negociación entre los partidos políticos: la del fiscal general y fiscal adjunto.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.

Texto: Oscar Estrada

Hace unos meses, líderes de la ciudad de San Francisco, en California, reconocieron que «una parte de las personas arrestadas por tráfico de drogas [en aquella ciudad] emigraron de Honduras». La declaración fue calificada en aquel momento de xenófoba y racista por la opinión pública, por estigmatizar a «muchos» hondureños como traficantes de drogas. Más tarde la alcaldesa de la ciudad se disculpó diciendo que no era su intención señalar a una comunidad de ese problema o culparles únicamente a ellos.

El jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, dijo que no tiene valor estudiar la demografía de los posibles delincuentes. «No consideramos la raza o la nacionalidad en la forma en que vigilamos», dijo. «Nos enfocamos en el comportamiento. Si vemos a alguien vendiendo drogas, lo arrestaremos».

Pero el problema es real, sí hay en las calles de los barrios Tenderloin y South of Market, en la ciudad de San Francisco, California, un número desproporcionado de hondureños que venden droga, que son responsables en parte, de la crisis que vive la ciudad con el uso del fentanilo, que solo el año pasado mató en todo los Estados Unidos a más de 175,000 personas por sobredosis.

Para comprender mejor el fenómeno, el periódico de San Francisco, The Chronicle, entrevistó en una nota que titularon This is the hometown of San Francisco´s drug dealers a más de dos docenas de traficantes de Honduras en la ciudad de California y aproximadamente otras cien personas, incluidos fiscales, abogados defensores, defensores de derechos humanos e inmigración, policías, usuarios de drogas y dueños de negocios locales, y esta es la ruta del problema que encontraron.

Hasta la década del 90 el municipio de El Porvenir, al norte de Francisco Morazán —de donde proviene la mayoría de los traficantes de droga en San Francisco investigados por The Chronicle— y todo el valle de Siria eran zonas agrarias auto sostenibles que cultivaban maíz y frijoles para venderlos a una fábrica de procesamiento de granos en El Porvenir. La planta cerró en 1985, después de que los agricultores comenzaron a dedicarse a cultivos más lucrativos como el algodón y el tabaco; pero esa industria nunca despegó y para cuando comprendieron su error ya no quedaba infraestructura para el cultivo de granos básicos. Luego vino el período de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y el ingreso al mercado de productos agrícolas norteamericanos que a la larga hicieron insostenible la producción agraria en la zona.

A finales de la década, apareció la mina de oro de Nevada; la ahora desaparecida Glamis Gold se acercó al gobierno hondureño con una propuesta de proyecto para el valle, muchos de los lugareños lo apoyaron, esperaban que el proyecto, que se inauguró en el año 2000, les permitiera vender sus tierras con una gran ganancia y generar los empleos que tanto necesitaban. Pero como suele ocurrir en ese tipo de espejismos, la riqueza que esperaba con la minería nunca llegó, unos pocos se beneficiaron y la gran mayoría quedó sin tierra y sin esperanzas. Los académicos que estudiaron los efectos a largo plazo de la mina afirman que el proyecto contaminó el valle y las aldeas cercanas con metales pesados tóxicos, enfermando a los residentes y matando al ganado. El Pedernal, aguas abajo del sitio del proyecto, fue particularmente afectado.

El proyecto fue asumido luego por otra empresa minera, Goldcorp, y estuvo en funcionamiento hasta 2009. Desde entonces, la ciudad sobrevive únicamente de las remesas —y la venta de drogas en Estados Unidos.

El artículo de The Chronicle sigue a varios personajes que migraron a partir del 2004 a los Estados Unidos, retrata las dificultades que enfrentaron en el proceso, esa relación que la misma ley migratoria norteamericana obliga a los migrantes a tener con las bandas criminales y carteles de la droga que pululan en México y cómo al verse sin opciones laborales por la falta de documentos, el cartel ofrece un ingreso sustancialmente mayor, comparado con lo que se adquiere de forma legal en California.

«Las dificultades de los trabajos allá en Honduras me hicieron venir aquí, porque tenía que trabajar y trabajar», dijo Melvin López, de 28 años, ex comerciante de Orica, un pueblo cercano al valle de Siria que habló para el artículo de The Chronicle. «Somos una casa de nueve hermanos. Tengo una hermanita de 5 años, otra de 7, 9, 11 y así sucesivamente. Entonces tuve que venir aquí, a los Estados Unidos, para darles una vida mejor. Busqué en muchos, muchos, muchos lugares […] a ver si me daban trabajo, y me dijeron que no, que tienes que tener […] tu Social (documentación del Seguro) y todo. Pasé unos días sin trabajar, sin hacer nada. Y luego tienes que pagar el alquiler y todo eso», dijo.

Tres de los traficantes que hablaron con The Chronicle dijeron que fueron forzados o coaccionados a vender drogas. Dijeron que continuaron traficando drogas porque le debían dinero a los coyotes que los ayudaron a cruzar ilegalmente la frontera de los EE. UU., o porque no tenían una mejor manera de ganar dinero para enviar a casa. Dejar de vender, afirman, podría provocar que ellos o sus familias sufran daños físicos.

Los defensores públicos en la ciudad de San Francisco han comenzado incluso a argumentar ante los tribunales que los migrantes hondureños que enfrentan cargos por drogas deben ser vistos como víctimas de trata y, por lo tanto, declarados no culpables. California define la trata de personas como un delito que implica obligar o coaccionar a una persona para que proporcione trabajo o servicios.

Obligados o no a vender droga en la ciudad de San Francisco, los traficantes de El Porvenir han cambiado su ciudad de origen de forma permanente. Han levantado una burbuja inmobiliaria en el valle de Siria que resalta del resto de las residencias, casas lujosas que cuestan más de $350.000, en una zona donde no existen fuentes de ingreso, las calles son de tierra y las casas de los vecinos de bahareque o adobe; los jóvenes ya no están interesados en buscar fuentes de ingreso en la zona, ni siquiera Tegucigalpa les atrae ahora, desde muy temprano contemplan migrar ya no con el propósito de cumplir el «sueño americano» como migrantes indocumentados sino a sumarse a «Los Hondos» (nombre con el que se conoce a los traficantes hondureños en San Francisco) y hacer así su fortuna. La cárcel y la muerte no les asusta.

El canal conservador Fox News aprovechó la nota de The Chronicle de San Francisco para arremeter contra la política migratoria de Joe Biden. Ellos aseguran que la existencia de ciudades santuario, el «parole humanitario» (permiso humanitario para ingresar a los Estados Unidos) de migrantes y en general la seguridad en la frontera sólo favorecen a los carteles de la droga que tienen inundado de fentanilo las calles de las ciudades de los Estados Unidos. A las declaraciones de ese medio le seguirán los candidatos, que abogarán por unir las problemáticas guerra contra las drogas y migración en una sola política, que mirará al migrante como sospechoso de trabajar con los carteles mexicanos y a todos los hondureños como «los hondos» de El Porvenir.

Pero eso no resolverá el problema, porque todas las causas siguen vivas: sigue la emergencia de adicciones de un amplio sector de la población norteamericana que ha perdido toda razón de vida en un sistema que no ofrece salvaguardas para atender su adicción; sigue la carencia de objetivos de vida reales en el país para un sector de la población marginada de Honduras, que ve en la migración su única salida, ya nadie piensa en quedarse en el país, no hay futuro para la juventud en El Porvenir; y sobre todo, siguen los carteles del narcotráfico alimentando a ambas poblaciones con lo que piden.

La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, hizo una purga masiva de jueces el 31 de agosto de 2021. Expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos. Para llenar esas vacantes, la Corte Suprema, también a disposición del presidente, nombró a 168 jueces mediante un procedimiento que violó la Constitución. No tomó en cuenta al Consejo Nacional de la Judicatura, la institución responsable de los nombramientos de jueces en El Salvador. Un análisis de los nombramientos refleja que muchos no cumplían los requisitos de ley. Otros casos evidencian que a los jueces cercanos a funcionarios del bukelismo se les premió mediante ascensos, mientras que a otros no alineados se les obligó a renunciar o se les trasladó. En algunas Cámaras, los recién nombrados adoptaron decisiones favorables al Gobierno. En materia ambiental, los nuevos magistrados revirtieron decisiones que podrían causar impactos en el medio ambiente.

Por: Gabriel Labrador, Claudia Palacios, Javier Ramón, Suchit Chávez, David Pérez, Karen Moreno y Maryelos Cea
Edición: Jessica Ávalos

Héctor Villatoro Benítez cumplirá 81 años este mes de julio. Ha sido magistrado de la Cámara Primera de lo Penal de San Miguel la cuarta parte de su vida, y asegura que nunca ha necesitado de nada más que de sus propios méritos para permanecer en el cargo por tanto tiempo. “Tengo 30, 40 años de estar en el Órgano Judicial”, dijo a un periodista, una mañana de septiembre de 2022, a través de una llamada telefónica que atendió en su despacho. Él no tendría que haber contestado aquella llamada. Por su edad, era uno de los 216 jueces o magistrados que desde agosto de 2021 debían haber abandonado el cargo, porque la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que jubiló por la fuerza a jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de carrera.

Los diputados oficialistas vendieron aquel decreto como una depuración judicial. El presidente de El Salvador Nayib Bukele y su bancada legislativa justificaron la maniobra argumentando que se trataba de una «depuración» para remover a «jueces corruptos», pero sin explicar la relación entre la edad y la honradez de los funcionarios judiciales. Villatoro tenía 79 años en aquel momento, pero se quedó en su puesto y, desde entonces, sigue emitiendo resoluciones. Su hijo Gustavo Villatoro ya era funcionario de Gobierno y, seis meses más tarde, se convirtió en parte central de la nueva estrategia de seguridad de Bukele.

Un periodista de la Redacción Ciclos CAP preguntó al magistrado si no consideraba que había un conflicto de interés al permanecer en el cargo. Las cámaras de lo penal, como la que integra Villatoro Benítez, resuelven en última instancia casos que inician con las capturas que ejecuta la Policía, que depende del Ministerio de Seguridad que dirige Gustavo Villatoro.

— Magistrado, su hijo es el ministro de Seguridad y Justicia y cualquiera podría considerar que usted permanece en el cargo debido a un beneficio o que hay un conflicto de algún tipo. Se supone que todos los jueces mayores de 60 años debían dejar el cargo.

— Le voy a decir, con toda sinceridad, en primer lugar, a mí no me gusta ese cargo que tiene mi hijo. Y, en segundo lugar, desde que fui juez de Paz, nunca he dependido de nadie, ni de la política ni nada, porque yo soy apolítico, yo soy un doctor en jurisprudencia y ciencias sociales y con mi capacidad siento que me defiendo —respondió.

Jueces de todo el país se concentraron en el Centro Judicial Isidro Menéndez el 1 de septiembre de 2021 para comunicar su opinión sobre el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, que jubiló a jueces que pasan los 60 años de edad. Foto: La Prensa Gráfica.
Jueces de todo el país se concentraron en el Centro Judicial Isidro Menéndez el 1 de septiembre de 2021 para comunicar su opinión sobre el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, que jubiló a jueces que pasan los 60 años de edad. Foto: La Prensa Gráfica.

Villatoro logró quedarse en el puesto porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lo autorizó bajo una modalidad llamada “régimen de disponibilidad”. Lo que ocurrió con él es solo uno de los ejemplos que muestran que la depuración judicial con base en la edad en realidad fue un artilugio: seis de cada diez jueces nombrados para reemplazar a los expulsados tenían entre 51 y 60 años. La Corte sustituyó a personas mayores de 60 años por otras de edad similar. La barrera de la edad fue un pretexto que permitió al oficialismo purgar a jueces que consideraba incómodos y premiar a otros de su preferencia, ya fuera manteniéndolos en el puesto o ascendiéndolos de categoría.

Para llenar las primeras vacantes, la Corte Suprema nombró a 168 jueces en dos tandas: una el 26 de septiembre y otra el 14 de octubre de 2021. El análisis de esas 168 hojas de vida no solo revela que la idea de depuración por razones de edad fue falsa, sino también que nombraron a jueces y magistrados que no cumplían con requisitos de ley, como la competencia y moralidad notorias. En 28 de los casos se documentó la existencia de investigaciones que la misma CSJ había abierto en contra de los elegidos, los que representaban la supuesta renovación.

El procedimiento seguido para los nombramientos, además, fue irregular. La Corte violó el artículo 187 de la Constitución de la República, al ignorar al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la institución que por ley debe proponer a los candidatos a jueces y magistrados de todo el país. La Asamblea, por su lado, también violó la Constitución al emitir un decreto de depuración judicial que tuvo que ser solicitado por el Órgano Judicial y no por los diputados.

Tres abogadas expertas en independencia judicial señalan las irregularidades en los nombramientos y recalcan que es importante que la ciudadanía sepa quiénes están decidiendo sobre la inocencia o culpabilidad de una persona.
La Corte Suprema decidió mantener en secreto la información sobre los nombres de los jueces nombrados: en junio de 2022, impuso una reserva de siete años a la información de la trayectoria y méritos de los jueces nombrados. La CSJ se ha negado a transparentar el proceso de los nombramientos y también se niega a dar los nombres de las personas que administran justicia. Solo alguna de esa información está disponible en sitios oficiales. La Redacción de Ciclos CAP, sin embargo, logró reconstruir el perfil de los nombrados gracias a información obtenida con funcionarios del Órgano Judicial.

Algunos de los primeros 168 designados fueron nuevamente sustituidos y cambiaron de juzgado con el curso del tiempo. Tres jueces y dos abogados litigantes confirmaron que existe una “alta rotación”. Es decir, que los jueces están siendo trasladados constantemente.

La Corte también ha decidido mantener en secreto la información sobre los nombres y las hojas de vida de los jueces de Crimen Organizado que comenzaron a operar a partir de marzo de 2022, con la entrada en vigor del Régimen de Excepción, que a más de un año de su implementación ha propiciado la captura, en muchos casos arbitraria, de más de 70,000 personas, según cifras oficiales.

Úrsula Indacochea, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señala que la secretividad alrededor de los nuevos nombramientos es una réplica de lo que ocurrió en los noventa en Perú: «Tuvimos jueces sin rostro en el gobierno de Alberto Fujimori: acusaban a las personas de terrorismo y esos juicios llegaron a la Corte Interamericana. Esta figura es contraria a los compromisos internacionales porque no puedes recusarlos (pedir separarlos). ¿Qué pasa si el juez es alguien que ya te conoce, tu pariente o alguien que te odia o que ya ha conocido un caso anterior?», explica Indacochea.

La falta de transparencia en el nombramiento de los jueces es preocupante, dice la abogada, porque es un requisito del debido proceso, es decir, para que se respeten los derechos de quien acude al sistema judicial. «Como ciudadano, tengo derecho a saber quién es mi juez natural. Esta medida de opacidad de manera generalizada no se justifica de ninguna manera», afirma.

Jueces y empleados del Órgano Judicial marcharon el 7 de septiembre de 2021 para protestar por los despidos masivos en los tribunales. La marcha coincidió con las protestas por el bitcóin. Foto Factum/Natalia Alberto.
Jueces y empleados del Órgano Judicial marcharon el 7 de septiembre de 2021 para protestar por los despidos masivos en los tribunales. La marcha coincidió con las protestas por el bitcóin. Foto Factum/Natalia Alberto.

El pretexto de la edad

Cuando los diputados aprobaron la depuración, insistieron en que la idea de fondo era combatir la corrupción del sistema judicial. Pero ninguno de ellos explicó por qué el único requisito para salir depurado era la edad y no, por ejemplo, haber sido investigado o sancionado en un procedimiento disciplinario, administrativo o judicial. Durante la tarde y noche del 31 de agosto de 2021, la etiqueta #NoMásJuecesCorruptos se diseminó en las redes sociales. Sin embargo, en los documentos del decreto, lo único plasmado era la necesidad de dotar de mejores herramientas y salarios a los jueces del país.

Para Indacochea, el argumento de que los jueces mayores son corruptos fue una «generalización absurda», porque si alguien es corrupto debe investigarse y comprobarse. Para ella, el hecho de que los jueces hayan sido reemplazados por personas con la misma edad o que están por cumplirla «demuestra que la limitación no es razonable; el verdadero motivo, aunque no lo digan, es remover a la principal resistencia por medio de la cooptación».

Ilustración: Daniel Lux Sandoval
Ilustración: Daniel Lux Sandoval

El análisis de las 168 hojas de vida revela que más de la mitad de los abogados nombrados por la Corte Suprema estaban, en el momento de su juramentación, a punto de cumplir el límite de 60 años o incluso ya sobrepasaba esa edad.

De la lista de los nombrados, se obtuvo la edad exacta de 141. La edad promedio era de 53.6 años, aunque el rango de edades oscilaba entre los 40 y 80 años. 22 de los nombrados, es decir, uno de cada siete, tenían 60 años o más y, por tanto, debían estar fuera, según el decreto aprobado por los diputados.

Otra característica es que varios de los nombrados tenían algún tipo de mancha en su expediente profesional por investigaciones abiertas en su contra. Tanto para llegar a ser juez como magistrado de Cámara, la Constitución exige en sus artículos 178 y 179 que la persona tenga “moralidad y competencias notorias”.


La Corte nombró a 28 jueces que enfrentaron una investigación interna, seis de ellos fueron sancionados o suspendidos a lo largo de su carrera.

Un total de 45 jueces tenían antecedentes, como investigaciones fiscales en su contra, cuestionamientos de instituciones como la misma Fiscalía por sus resoluciones en casos mediáticos.

Un ejemplo: los magistrados de la CSJ ascendieron de categoría a Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, una jueza que había sido removida por la misma Corte por sospechas de corrupción en la tramitación de sus procesos. En septiembre de 2016, la Corte la envió al Juzgado de Paz de llopango, porque mientras fue la jueza del Séptimo de Paz de San Salvador resolvió que el empresario Enrique Rais, quien por años manejó el negocio de la basura en El Salvador, enfrentara en libertad bajo fianza el proceso en el que se le acusaba de participar en una trama de venta de justicia en la que también están procesados el exfiscal general Luis Martínez. La jueza los favoreció con libertad a pesar de que resolvió que todos los imputados corrompieron la justicia.

Seis años después, la Corte decidió ascender a Jiménez, de 58 años, al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador. Redacción CAP le envió una solicitud de entrevista el pasado 29 de mayo, pero la jueza nunca respondió.

Además, tres de los jueces enfrentaron investigaciones en la Corte de Cuentas de la República, aunque solo en una se concluyó que habían cometido faltas administrativas. También ocho jueces estuvieron procesados en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), aunque solo en seis casos se identificó el resultado de dicho proceso: solo uno de ellos fue sancionado, cinco fueron sobreseídos, absueltos o el caso fue desestimado. El que fue amonestado hizo mal uso de recursos públicos: utilizó un vehículo y gasolina de la Corte Suprema para asuntos personales. Entre los demás, las acusaciones iban desde mal uso de recursos en sus juzgados hasta ingerir drogas antes de iniciar sus audiencias.

El 7 de septiembre de 2021, decenas de jueces participaron en una marcha hacia la Asamblea Legislativa en protesta por el decreto 144 Foto: La Prensa Gráfica.
El 7 de septiembre de 2021, decenas de jueces participaron en una marcha hacia la Asamblea Legislativa en protesta por el decreto 144 Foto: La Prensa Gráfica.

Nombramientos que violaron la Constitución

El proceso legal para elegir a un juez es así: el Consejo de la Judicatura lanza la convocatoria para un puesto, luego llegan las postulaciones de candidatos y el CNJ se encarga de preparar ternas, que luego envía a la Corte Suprema. Ahí, un equipo se encarga de convocar a entrevistas y de depurar más la lista. Ese equipo es la Comisión de Jueces, que presenta la lista de los más idóneos a la Corte Plena, integrada por los 15 magistrados de la Corte, para someterlos a un último paso: una votación nominal. Resulta designado quien obtenga más votos.

Según reveló en Corte Plena el magistrado de la CSJ Alexander Marroquín, quien integra la Comisión de Jueces, la Corte ignoró al Consejo de la Judicatura para los nombramientos.

Los 168 nombres salieron de dos encerronas de la Corte Suprema, la primera, el domingo 26 de septiembre, y la segunda, el jueves 14 de octubre. En ambas ocasiones, fue el magistrado Marroquín quien leyó la lista de nombres y, según quedó registrado en las actas de sesiones, él y un equipo de trabajo hicieron la selección preliminar antes de presentarla al pleno para su aprobación.

Ni en el acta ni públicamente los magistrados explicaron los criterios que se usaron para evaluar los currículums de los funcionarios que eligieron. Los únicos detalles los proporcionó Marroquín en la sesión del 26 de septiembre: “Luego de un sin número de reuniones, de debates, de análisis de perfiles, de análisis de currículums, de experiencia, de tiempo en la carrera judicial y de otras circunstancias que convierten al candidato en la persona adecuada para ser nombrado, hemos llegado como comisión de jueces a un consenso”, dijo.

Se solicitó una entrevista con el magistrado, pero este ignoró las llamadas y los mensajes enviados a su teléfono celular para conocer detalles de la selección.

En la segunda encerrona, la del jueves 14, Marroquín volvió a repetir la idea de que la Comisión de Jueces había trabajado de manera intensiva, pero agregó un elemento: dijo que los nombres que proponían “ya habían pasado el filtro del CNJ”, pero no explicó a qué filtro se refería. El CNJ nunca envió ternas a la Corte, como lo manda el artículo 187 de la Constitución de la República y la Ley del CNJ. Así lo reveló esa institución en una respuesta de solicitud de información realizada por periodistas.

«En los casos que no hay concurso público la independencia ya está comprometida. Si te nombraron sin el debido concurso, las personas que van ante ese juez van a percibir que no van a juzgar conforme a la ley o los tratados de derechos humanos, sino conforme a los intereses de la persona que los nombró a dedo», señala Claudia Paz y Paz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y exfiscal general de Guatemala.

Este proceso de elección arbitrario es violatorio de las garantías de independencia judicial y carrera judicial, señala la Fundación DPLF, porque, por un lado, se permitió la remoción y el traslado de jueces sin justificación, mientras que, por otro, de manera arbitraria se alteró el sistema de ascensos e ingreso al Órgano Judicial.

Ilustración: Daniel Lux Sandoval
Ilustración: Daniel Lux Sandoval

Se gestionó una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, para preguntarle por estas irregularidades, pero luego de un mes no se obtuvo respuesta de su equipo de comunicaciones.

Siete fuentes del Órgano Judicial consultadas para este reportaje, y que conocieron del proceso de selección de los jueces, indicaron que los artífices de los nombramientos efectuados en septiembre y octubre fueron, en gran medida, los magistrados Marroquín y Elsy Dueñas. Las fuentes solicitaron que no se les identificara para evitar represalias. Explicaron que ambos poseen amplias redes de jueces y magistrados gestadas a lo largo de su carrera judicial. En la práctica, las asociaciones de jueces y abogados funcionan como vehículos para el lobby y posicionamiento dentro de la judicatura. Tanto Marroquín como Dueñas son dos de los magistrados nombrados por el oficialismo. Dueñas, quien era magistrada de lo Contencioso, pasó a ser magistrada de lo Constitucional tras el golpe a la Sala de lo Constitucional ocurrido el 1 de mayo de 2019. Marroquín se convirtió en magistrado en junio de 2021.

“En ese momento en que era urgente llenar las vacancias, los dos tenían más capacidad de incidir en comparación a otros magistrados, como el propio presidente — Óscar López Jerez —, que es más cercano a las asociaciones de abogados, porque él viene de ese sector”, dijo una de las fuentes.

Sonia Rubio, oficial de programa de DPLF, afirma que los nombramientos son ilegítimos no solo por la violación al procedimiento constitucional , sino también por el origen fraudulento, pues fue la Asamblea la que reformó la Ley de la Carrera Judicial, en violación el artículo 133 ordinal 3° de la Constitución, que establece que todas las leyes relativas al Órgano Judicial, así como la reforma de estas, deben hacerse a iniciativa de la Corte Suprema. Por el contrario, el decreto fue propuesto por diputados de la bancada oficial, lo cual implica, según las abogadas consultadas, una infracción al principio de separación de poderes establecido en el artículo 86 de la Constitución.

“Que los nombramientos carezcan de legalidad es una afectación grave al Estado de Derecho en el país, porque significa que todos los actos y decisiones tomadas por esos funcionarios nombrados irregularmente en distintas sedes judiciales también son ilegítimos”, dice Rubio.
El 31 de agosto de 2021, cuando los diputados aprobaron la reforma, también violaron el proceso ordinario de tramitación de una ley, pues se aprobó con “dispensa de trámite”, es decir, sin someterse previamente al estudio de una comisión legislativa, dijo Rubio. El problema para ella no es en sí mismo el uso de la dispensa de trámite, sino que esa vía se utilizó sin justificación alguna.

El 7 de septiembre de 2021, los jueces exigieron justicia marchando en las calles, tras una jubilación obligada a un tercio de ellos que sobrepasan los 60 años. Foto Factum/Natalia Alberto.
El 7 de septiembre de 2021, los jueces exigieron justicia marchando en las calles, tras una jubilación obligada a un tercio de ellos que sobrepasan los 60 años. Foto Factum/Natalia Alberto.

La nueva “justicia ambiental”

Los cambios en los despachos judiciales han implicado giros en algunos casos. En los nombramientos de septiembre, la Corte escogió a los jueces Miguel Elías Martínez Cortez y Karla María Regina Murcia Carrillo como sustitutos a dos de sus colegas que ya tenían cierto renombre por sus resoluciones en materia ambiental: Samuel Lizama y Cesia Romero, quienes estaban al frente de la Cámara Ambiental de San Salvador. Lizama se sometió en 2014 al primer proceso en el país para convertirse en juez ambiental. Romero lo hizo en 2017.

Martínez Cortez, que fue designado magistrado propietario en septiembre de 2021, tenía una experiencia como juez de poco más de 14 meses repartidos en un juzgado de Paz de un municipio migueleño (cinco meses) y en el Juzgado Segundo de Familia de Santa Ana (los nueve restantes), según su currículum. Su formación en materia ambiental también es limitada: un curso presencial de un día y dos cursos virtuales que suman 40 días, todos organizados por el CNJ.

Murcia Carrillo tampoco tenía experiencia en materia ambiental. Inició su carrera judicial en un juzgado de paz en 2004 en un municipio de La Paz, donde estuvo los ocho años siguientes, para después quedarse un tiempo similar en distintos juzgados de lo civil y mercantil de San Salvador. En su hoja de vida no aparece un solo día de formación en derecho ambiental.

Ingrid Hausinger, coordinadora de la Fundación Heinrich Boll, que ha hecho estudios sobre la independencia judicial, recordó para esta investigación la importancia de la formación de los jueces y que los requisitos para acceder a los cargos están establecidos en la Ley de la Carrera Judicial. Apuntó que deben tener cursos y una especialización en temas de derecho ambiental. En las hojas de vida de ninguno de los dos nombrados consta que tengan un posgrado o una especialización, como sí la tenían los magistrados removidos.

Pero la poca preparación de los nuevos jueces en materia ambiental no es lo único. Una evaluación a un año y medio de asumir sus cargos revela diferencias sustanciales con respecto a los fallos de sus antecesores. Para Hausinger, hay tres retrocesos importantes: la falta de seguimiento de los casos ambientales emblemáticos, la no apertura de casos de manera oficiosa y que están teniendo un rol pasivo ante la extensiva urbanización de suelos y la contaminación.

Otro retroceso significativo es la eliminación de medidas cautelares que habían adoptado los magistrados removidos en el caso de la cuenca Sensunapán, en el occidente del país. La cuenca Sensunapán-Banderas es emblemática por lo que representa para los pueblos ancestrales. Desde hace tiempo, una empresa busca la manera de construir una mini presa hidroeléctrica. La Cámara conoció el caso después de un recurso interpuesto por FESPAD ante una resolución emitida por el Juzgado Ambiental de Santa Ana. Una de las medidas de la Cámara de Lizama y Romero fue prohibir al Ministerio de Medio Ambiente emitir cualquier permiso ambiental para la obra, además de otras disposiciones dirigidas a los ministerios de Cultura y Salud, encaminadas a proteger a esas comunidades indígenas y su entorno cultural.

Lo grave no solo fue que ninguna de las instituciones cumplió las medidas ordenadas, sino que, según FESPAD, los nuevos magistrados decidieron archivar el caso y dar por cumplidas las medidas.

Otra medida de protección eliminada por los nuevos magistrados ambientales es el freno a la construcción de una carretera que afectaría el área natural protegida de El Espino, en San Salvador. Los magistrados actuales removieron ese freno en febrero de 2022. “Dan vía libre para que se pueda hacer cualquier construcción en un área protegida”, lamenta una de las juezas trasladadas.

Las fuentes consultadas también observan una mayor displicencia en la protección del lago de Coatepeque frente a nuevas urbanizaciones. Se intentó hablar con ambos magistrados, pero la secretaria de la Cámara informó que no podían atender al periodista porque tenían exceso de trabajo.

En materia ambiental, el remezón no termina ahí. Los otros tres juzgados ambientales ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana también se vieron sacudidos en las tandas de traslados. Al juez de San Miguel, Elí Díaz, lo cesaron por la edad en septiembre de 2022. Fuentes de los tribunales de oriente y el exjuez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, confirmaron para esta investigación que el día en que la CSJ notificó a Elí Díaz su remoción, la persona notificadora iba acompañada de varios alcaldes y dos gobernadores de oriente. “Al juez le dieron una hora para irse”, cuenta el juez Guzmán.

Guzmán dice que una semana antes había estado platicando con Díaz y reflexionaron sobre el tiempo que le quedaba a este último en el cargo. “Vas a estar ahí hasta que tengás un expediente de interés del Ejecutivo y te toque resolver contra sus intereses, con independencia. ‘Ya lo tengo’, me dijo”, narra Guzmán. Se refería a un caso en el que él había emitido medidas cautelares contra 87 alcaldías de la zona, para proteger al río Goascorán de construcciones invasivas en la cuenca. Díaz no aceptó una solicitud de entrevista hecha por la Redacción de Ciclos CAP en septiembre del año pasado.

La justicia de Bukele

En los primeros 168 nombramientos también se evidenció que algunos de los nuevos funcionarios adoptaron un patrón de decisiones favorables al Gobierno de Bukele en casos que golpeaban la imagen de sus adversarios políticos, sobre todo, de personajes vinculados a los partidos Arena y FMLN. El 19 de julio de 2021, por ejemplo, la Cámara Tercera de lo Penal de los magistrados Martín Rogel y Nora Montoya revocó la detención formal en la que se encontraba Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y que estaba procesado por fraude electoral y algunos casos de retención de cuotas laborales.

Antes de la depuración, los magistrados Martín Rogel y Nora Montoya consideraron que no había mérito para mantener al exfuncionario arenero en prisión preventiva y por eso resolvieron enviarlo a arresto domiciliar. Centros Penales, sin embargo, dijo que no tenía disponibles brazaletes electrónicos para el imputado e impidió que se ejecutara la decisión.

Casi dos meses después, a la Cámara Tercera llegaron otros dos jueces: Carlos Alberto Iraheta Zelaya (fallecido el 14 de abril de 2023 por complicaciones de salud) y José Manuel Chávez López. El 1 de octubre, en su primera semana de trabajo, los nuevos magistrados revocaron la decisión de sustituir la detención provisional de Muyshondt. Argumentaron que, al haber sido nombrados como magistrados de esa cámara, podían revisar fallos anteriores y enmendarlos.

Ambos tenían antecedentes de resoluciones contrarias a opositores del oficialismo. Iraheta, cuando fue juez interino del Segundo de Paz de San Salvador, ordenó que exfuncionarios de relevancia de los gobiernos del FMLN acusados por peculado (sobresueldos) avanzaran a la siguiente etapa procesal bajo detención provisional.

Chávez López revocó la libertad condicional en la que se encontraba el exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Seguridad del Gobierno del FMLN, Mauricio Ramírez Landaverde. El exfuncionario estaba detenido por supuesta malversación de fondos en el caso Asocambio. Chávez López, contrario al discurso oficial que insistió en la renovación de rostros, tiene 72 años.

El juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, conversa con la perito norteamericana Terry Lynn Karl el 26 de abril de 2021, durante una audiencia especial de adelanto de pruebas en San Francisco Gotera, Morazán, por el caso de la masacre del Mozote. Foto Factum/ Salvador Meléndez.
El juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, conversa con la perito norteamericana Terry Lynn Karl el 26 de abril de 2021, durante una audiencia especial de adelanto de pruebas en San Francisco Gotera, Morazán, por el caso de la masacre del Mozote. Foto Factum/ Salvador Meléndez.

Los retrocesos en El Mozote

Contrario a lo ocurrido con el padre del ministro de Seguridad, que a sus 80 años sigue siendo juez, hubo otros jueces como Jorge Guzmán, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, que tuvieron que abandonar el cargo de inmediato. Guzmán tenía a su cargo un caso emblemático de violaciones de derechos humanos durante la guerra y, precisamente por dicho expediente, había tenido un enfrentamiento directo con el Gobierno de Bukele. De 61 años, Guzmán fue separado del cargo y sustituido de inmediato. “Ese domingo yo estaba oyendo la conferencia de prensa del presidente de la Corte Suprema y le preguntaron sobre mí y él dijo que habían intentado contactarme sin éxito y que yo había interpuesto mi renuncia, cosa que era falsa”, relata.

Guzmán cree que el caso Mozote incomodaba mucho al Gobierno como para permitirle seguir a cargo del expediente. El juez había ordenado a la Fuerza Armada, en reiteradas ocasiones, que abriera sus archivos militares para obtener información sobre la masacre de mil civiles en 1981 en el norte de Morazán. La Fuerza Armada se negó sistemáticamente a cumplir la orden judicial y Guzmán, poco a poco, se convirtió en blanco de ataques del Gobierno. El presidente Bukele lo desconoció en una cadena nacional del 24 de septiembre de 2020 y lo señaló de ser parte del FMLN, uno de los partidos opositores. “¿Cuál es el problema de abrir la puerta y que entre el juez y que entre Apolonio (el exprocurador de derechos humanos)? Pues el problema no son los archivos de El Mozote, porque ellos gobernaron 10 años, me refiero a ambos, porque ambos pertenecen al FMLN y saben lo que hay”, dijo Bukele en esa ocasión.

Luego de su remoción, el juez Guzmán ha denunciado haber sido víctima de seguimientos y hostigamientos en su hogar.

“Un día, la Corte me faxeó una nota convocándome a una reunión para tratar de solventar la problemática de mi continuidad en el juzgado, para seguir conociendo el caso Mozote. Les contesté que yo no podía asistir a esa reunión porque ya imaginaba de qué se trataba y yo ya había dicho que una condición para regresar al juzgado era revocar ese Decreto 144. No aceptaron y por eso ellos manejan que renuncié, pero yo no renuncié”, cuenta Guzmán.

En su lugar, la CSI designó a Mirtala Portillo de Cruz, quien contaba con ocho años de experiencia como jueza en ese momento y únicamente se había desempeñado en juzgados de Paz. Portillo, de 52 años, era en ese momento jueza de Paz de Sesori. La jueza se desempeñó durante 15 años en la Fiscalía General de la República. Desde su llegada al juzgado de Gotera, cerró el acceso a los medios a las audiencias del caso.

David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, y representante de las víctimas, afirmó que no cuestionan la capacidad de la jueza; sino la aplicación del decreto mismo. Según él, el caso está congelado. Los avances desde que se derogó la Ley de Amnistía en 2016 ya son cosa del pasado.

A Amadeo Sánchez, en la masacre, le asesinaron a 24 parientes y es uno de las decenas de sobrevivientes que aún hoy exigen justicia por el crimen. Su familia fue masacrada en el cantón La Joya, aledaño al caserío El Mozote, y es quien donó el terreno donde la comunidad ha construido un mausoleo donde cada cierto tiempo logran darle sepultura a los cadáveres exhumados por la Corte Suprema. Sánchez asegura que con la nueva jueza, «todo se ha estancado… Antes que destituyeran al juez Guzmán, Íbamos por buen camino, ya habían venido los peritos internacionales (entre ellos Terry Karl, estadounidense) a declarar y también habían declarado todos los testigos. Después de la destitución del juez Guzmán, se paralizó todo».

Sánchez cuenta que la jueza está volviendo a citar a los testigos. «Es lamentable que uno tenga que volver a ir para declarar y estar recordando lo cruel que nos pasó. Como que ella quiere que uno varíe la declaración. Imagínese que yo declaré hace años, creo que en 2018, y que lo vuelvan a citar a uno para declarar con la presión de los abogados que andan los imputados, es un grave error porque eso significa que están jugando con la dignidad de nosotros».

El magistrado Carlos Sánchez, destituido por el oficialismo el 1M, marcha al lado del juez Antonio Durán para exigir respeto a la independencia judicial. Foto Factum/ Melissa Soriano.
El magistrado Carlos Sánchez, destituido por el oficialismo el 1M, marcha al lado del juez Antonio Durán para exigir respeto a la independencia judicial. Foto Factum/ Melissa Soriano.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.

Texto: Efraín Ochoa
Fotografía: Fernando Destephen

La Constitución de 1982, la Ley de Educación Superior del 89 y la Ley Orgánica de 2004 consagran a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como la responsable y garante de la educación superior en Honduras. A pesar de ese entramado legal no se puede decir que Honduras sea un polo de ciencia, ni que la UNAH esté entre las mejores universidades de su entorno.

Los principales logros, cuatro décadas después, son un edificio de 12 plantas, canchas de fútbol y piscinas, infraestructuras todas que poco contribuyen a elevar el nivel académico. Pero que nadie crea que esto ocurre por falta de fondos, los presupuestos nacionales le confieren alrededor de L. 5,000 millones, lo que equivale, según la matrícula declarada de 80,000 alumnos en el año 2022, a aproximadamente L. 65,000 ($ 2,500) anuales por alumno, un presupuesto similar al de Grecia. Cabe remarcar el carácter público de esta inversión hecha por el Estado. Quienes dirigen la máxima casa de estudios deben garantizar que le devuelven a la sociedad su inversión en forma de excelentes profesionales, con los mejores y más actualizados conocimientos en su ramo y con los valores y la actitud necesarios para construir cada día un mejor Honduras.

Desde que la Junta de Transición asumió los poderes ejecutivos en 2004, la Universidad ha padecido un continuo interinato. Las autoridades adolecen del apoyo que emanaría de un proceso de elección democrático y participativo. Ni las anteriores ni las actuales autoridades se opusieron al anterior gobierno ni a su inconstitucional prolongación de cuatro años, convirtiéndose así en cómplices de una dictadura. Hoy, en cambio, tenemos unos docentes y estudiantes que contribuyeron a echar a ese narcogobierno y que no van a permitir que los lamentables acontecimientos de 2017 (los de la UNAH y los del Estado) se repitan. El oscuro proceso de elección de la Junta Directiva Universitaria (JDU) ha demostrado cómo esta generación de dirigentes ha replicado al interior de la UNAH las peores conductas de los gobiernos de la nación.

La prioridad es construir la educación superior que merece un país que tiene aspiraciones de sacar a su población de la pobreza y la desigualdad en la que lo dejaron. Para eso proponemos cuatro estrategias para acelerar el proceso de Refundación, comenzando por un plan urgente de infraestructuras que brinde tanto a estudiantes como profesores las condiciones materiales mínimas para una adecuada actividad educativa. El plan debe actuar en las áreas de saneamiento, seguridad, transporte y dotaciones tecnológicas para la docencia, proveyendo baños limpios y funcionales, despachos y aulas con pupitres y sin goteras. Avanzando un paso más, una universidad moderna necesita de una buena conexión a internet y recursos audiovisuales adecuados en cada aula.

Después de resolver los problemas urgentes, hace falta ocuparse de lo importante, que es lo que convertirá a la UNAH en una gran institución al servicio del país. Las tres áreas restantes son postgrados, investigación e internacionalización. El fortalecimiento de los postgrados implica la revisión y actualización de la oferta y pensum de las maestrías y doctorados vigentes, eliminando las barreras económicas que le confieren a los estudios de postgrado un carácter elitista, con tasas asequibles equiparables a las de los estudios de pregrado y becas para los alumnos que demuestren altas capacidades.

En segundo lugar está la investigación, ya que, contrario a lo que la mayoría piensa, el objetivo de una Universidad no es repartir títulos sino que es la creación de conocimiento. Es fundamental fomentar el nacimiento de nuevos grupos de investigación y el crecimiento de los ya existentes. Para esto deben incrementarse los incentivos económicos mediante un plan propio de investigación que apueste fuertemente por desarrollar el potencial de la actual plantilla docente, equiparando el tiempo dedicado a la investigación a aquel dedicado a la docencia mediante reducciones de carga académica para los docentes con mayor productividad investigadora.

Finalmente está la internacionalización, el intercambio de conocimientos mediante la asistencia a congresos, estancias y cursos de investigación y especialización, fomentando también los programas de pasantías estudiantiles. Debemos promover la captación de talento, facilitar la contratación de personal docente e investigador con altas capacidades, incluso extranjeras, para potenciar el nivel académico de nuestra institución, limitando la endogamia predominante.

La UNAH tiene el deber de formar profesionales de la más alta calidad que levanten el país, las autoridades universitarias deben de liderar ese proceso desinteresadamente, dejando sus ambiciones personales a un lado. Deben terminarse los interinatos, dando paso a profesionales con un compromiso firme con la mejora de la institución, elegidos en procesos democráticos y transparentes. Es esta el alma máter que Honduras se merece, la que debe ser garante de la calidad de la educación superior en el país, la que ve la luz y guía el desarrollo del país.

Ex empleadas ganaron una demanda a Delta Apparel, una maquila ubicada en Villanueva, Cortés, pero llevan más de un año esperando a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emita una resolución sobre un recurso de casación que puso esta empresa. En el 2020, Delta Apparel despidió a 430 personas en plena pandemia. Cinco mujeres con problemas musculoesqueléticos demandaron a la empresa, pero llevan tres años esperando que las reintegren y les paguen los daños ocasionados.

Texto y fotografías: Amilcar Izaguirre

Cuando Sofía Ramírez comenzó a trabajar en Delta Apparel, una empresa textil ubicada Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, era una joven de 24 años que gozaba de buena salud lo cual le permitió convertirse en una operaria altamente productiva y apreciada por sus compañeros de equipo y supervisores. Pero después de 10 años, el polvo que se desprende de las telas y los movimientos repetitivos le produjeron asma crónica y un trastorno en la rodilla y los hombros.

Con la salud quebrantada, aquel trabajo se convirtió en una pesadilla para Sofía, los compañeros que antes le mostraron aprecio, comenzaron a discriminarla porque había perdido la habilidad y la fuerza de sus primeros años. Aún enferma, dice que la obligaban a cumplir metas altas de producción, aunque su cuerpo ya no daba más, tenía que seguir. «Enferma era un estorbo en la empresa, hasta me pidieron que renunciara para no pagarme mis derechos», dijo Sofía.

La necesidad mantuvo a Sofía en aquel puesto donde hacía ruedo de faldones. La salida para conservar su trabajo y no dañar más su salud era que la cambiaran de puesto, pero necesitaba un diagnóstico médico que acreditará su incapacidad; el problema es que ese trámite tarda varios años para poder obtenerlo en Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). «Cuando uno va al IHSS los médicos se tiran la pelota [evaden la responsabilidad] y así lo tiene a uno esperando», comentó Sofía.

Después de tantas citas en el IHSS, Sofía presentó un diagnóstico médico a la empresa, pero en lugar de cambiarla de puesto le pidieron que mejor renunciara o que negociara las prestaciones porque ya no la podían tener en aquellas condiciones. «No acepté porque necesitaba el Seguro Social. Además, en mi casa solo yo trabajaba para sostener a mis tres hijos porque a mi esposo ya lo habían despedido de esa misma empresa sin prestaciones y con daños irreversibles en su columna», comentó.

En marzo del 2020, durante la pandemia, Delta Apparel suspendió a los trabajadores sin goce de sueldo, cinco meses después despidió a 430 operarios en su mayoría con problemas como el que padecía Sofía y también a mujeres embarazadas. Delta Apparel aprovechó la pandemia para deshacerse de operarios con problemas de salud, muchos de ellos no contaban con dictamen médico. En junio del 2021 Contracorriente publicó un amplio reportaje sobre estos despidos.

El 16 de marzo de 2020, mediante el decreto 33-2020, el Gobierno aprobó la suspensión de labores para evitar los contagios durante la pandemia de Covid-19. Mediante ese decreto el Gobierno también ordenó la suspensión de los contratos con la perspectiva de salvar los empleos aunque estas medidas fueron aprovechadas por muchas empresas para no pagar pagar derechos laborales y despedir empleados de bajo rendimiento. María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) dijo que en realidad esa medida se tomó para salvar y beneficiar a la empresa privada y no para salvar al trabajador.

Cuando llamaron a Sofía para que se presentará de nuevo a la empresa no fue para retomar su trabajo si no para que firmara su despido. Dice que muchos firmaron, pero ella se negó porque por los 16 años que llevaba trabajando para esta empresa solo le daban 60,000 lempiras, menos de la mitad de lo que le habían ofrecido cuando presentó el dictamen médico un año antes de la pandemia. «Busqué la asesoría de la Codemuh y junto a otras compañeras demandamos a la empresa» comentó Sofía.

Con el apoyo de la Codemuh, Sofía junto con Sonia Perdomo, Yessenia Salgado, Enma Tejada, Mercedes Cáceres, que también padecen trastornos musculoesqueléticos, demandaron de manera individual a la empresa Delta Apparel, no querían quedarse sin trabajo, sin seguro social y con daños a la salud; sin embargo, pelear esta demanda les ha costado esperar 34 meses desde que fueron suspendidas, no han podido encontrar un nuevo trabajo por sus problemas de salud y por el proceso legal que emprendieron.

«El sistema administrativo y judicial en este país está hecho para poner trabas a los trabajadores y trabajadoras y no para proteger sus derechos», aseguró Regalado. Aunque las cinco demandas tuvieron sentencia favorable en el juzgado de primera instancia en la Corte de Apelaciones desde marzo del 2022, la espera continúa porque Delta Apparel presentó un recurso de casación y están a la espera de que la Sala Laboral de la CSJ, emita una resolución.

Los obstáculos en el Instituto Hondureño de Seguridad social

María Luisa Regalado comentó sobre la supuesta complicidad que hay entre el IHSS y las empresas de textiles para retrasar los dictámenes médicos de los pacientes que llegan con problemas musculoesqueléticos. «Según el reglamento de Enfermedades Profesionales, el seguro tiene 90 días para extender dictámen, pero en el IHSS tardan hasta cinco años para en emitirlos, mientras tanto, los pacientes continúan trabajando, algunos renuncian y eso es lo que buscan las empresas», comentó

A pesar de que, durante la campaña electoral en 2021, la presidenta Xiomara Castro habló de un mejor sistema de salud y menos abusos, las cosas en el IHSS no han cambiado. «Hace más de un año que está mal la máquina donde hacen las resonancias, los doctores solo dicen que no hay repuesto en el país ¿será que lo traen a lomo de mula desde Europa para que se tarden tanto?» comentó irónicamente la dirigente obrera.

Yolanda Rivera trabaja como operaria en Jerzees Nuevo Día, una maquila ubicada en Choloma. Comenzó a padecer de los hombros desde el 2018; dice que el primer año la trataron con pastillas que le quitaban el dolor un tiempo pero luego éste volvía. En el 2021 le tocaba hacerse un ultrasonido pero la pandemia lo impidió, en enero de 2023 le dieron cita para hacerse una resonancia magnética en agosto de ese año pero volverán a posponer si la máquina sigue dañada. «He perdido las esperanzas de conseguir el dictamen médico y la empresa nos está exigiendo metas inalcanzables con el fin de que renunciemos», comentó Yolanda.

Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUCH) durante un plantón frente al edificio Altia Bussines Park, en San Pedro Sula, donde quedan las oficinas de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), exigiendo alto a los abusos laborales que sufren las trabajadoras de la maquila y el abandono malicioso de la secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Fotos CC/Amílcar Izaguirre
Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUCH) durante un plantón frente al edificio Altia Bussines Park, en San Pedro Sula, donde quedan las oficinas de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), exigiendo alto a los abusos laborales que sufren las trabajadoras de la maquila y el abandono malicioso de la secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Fotos CC/Amílcar Izaguirre

Yolanda, al igual que Sofía, dijo que no renuncia porque se quedaría sin cobertura del seguro social aunque ha estado a punto de tirar la toalla y dejar el trabajo; por ahora, solo le dan metocarbamol, unas tabletas que alivian el dolor pero que no curan el problema en sus hombros. «La doctora que atiende en la planta en lugar de ayudarme me aconsejó que renunciara lo antes posible antes que quedará postrada en un cama», comentó Yolanda.

Sofía explicó que hacerse la resonancia magnética es apenas uno de los primeros pasos en el proceso para obtener el dictamen médico, luego hay que sacar cita para que lo evalúe el ortopeda quien lo remite con el doctor Bonilla que es el único que atiende estos casos en la clínica periférica del IHSS de la Colonia Tepeaca de San Pedro Sula. Yolanda comentó que para lograr un cupo con el doctor Bonilla, una compañera tuvo que hacer fila desde un día antes de la cita.

Bonilla ve los casos y luego los manda a Riesgo Profesional del IHSS. Según María Luisa, en ese departamento del IHSS solo cuentan con cuatro personas para evaluar los puestos de trabajo en todas las empresas de la zona norte, sin ese requisito la empresa no está obligada a mover de puesto a los operarios. «Un paciente puede esperar hasta cinco años para que lo muevan del puesto, por eso la mayoría no aguanta y mejor renuncia», comentó Rapalo.

«Las empresas conocen la deficiencia del sistema y saben que cuando un trabajador no tiene un dictamen médico es más difícil que puedan ganarles una demanda». Las cooperativas internas también juegan un papel importante contra empleados porque los bajos salarios que reciben los obliga a endeudarse y cuando llegan los despidos estas absorben sus prestaciones y les queda poco dinero para pagar un abogado», comentó

María Luisa Regalado también dijo que la gestión de la Secretaría de Trabajo es precaria, que no hacen nada por los trabajadores y trabajadoras, cree que las personas que están al frente de esta dependencia tienen una visión empresarial. «Pareciera que a ellos lo que les importa es proteger los empleos y no la vida o los derechos de los operarios de la maquila que en su mayoría son mujeres», comentó.

El pasado 21 de junio, los ejecutivos de la empresa textil Gildan, de capital canadiense, anunciaron el cierre de la planta Zip San Miguel, de Choloma. Según lo que se escucha en un video que circula en las redes sociales, el cierre de esta planta se debe a problemas económicos de nivel mundial. Por esa razón, unos 2700 empleados de esta planta quedarían desempleados entre julio y agosto de este año.

Beatriz Valle, embajadora de Honduras en Canadá, dijo que se había reunido con altos funcionarios de Gildan en ese país. Vía twitter, la embajadora publicó un comunicado oficial de Gildan que especifica que el cierre de esta planta es parte de un proceso para equilibrar la producción pero que no se van del país.

Los ejecutivos de Gildan anuncian en el video el cierre de la planta y hacen énfasis en que primero pagarían los derechos de los trabajadores conforme lo mandan las leyes hondureñas; sin embargo, en una entrevista para el programa MN Denuncias, Nahún Rodríguez, presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), se refirió sobre el cierre de esta planta «los derechos de los trabajadores van más allá de la ley debido a otras situaciones, hay un montón de compañeros con problemas de salud por trastornos musculoesqueléticos», comentó Rodriguez.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras (AMH) dijo en una entrevista para Radio Cadenas Voces, que de octubre del 2022 a junio del 2023 han bajado de 190 a 161 mil trabajadores, es decir, que se han perdido cerca de 30 mil empleos. Según Mario Canahuati, esto se debe a que desde el Gobierno se están enviando mensajes negativos para la inversión por eso unos 1,100 millones de dólares que estaban programados en inversión para 2023 están paralizados.

«Los despidos injustificados y las violaciones de derecho a los trabajadores de la maquila continúan, ahora están utilizando la excusa que no tienen contratos con compradores a nivel internacional. Lo que pasó con Delta Apparel en 2020 es solo una muestra de lo que está pasando con miles de trabajadores y trabajadores de la maquila actualmente», comentó Rapalo.

Mientras los empresarios de la maquila hablan de mensajes negativos para la inversión, el Gobierno se defiende diciendo que todo es un boicot o sabotaje. Los despidos en las maquilas continúan y las dificultades acechan a Sofía y a sus compañeras de lucha pues dijo que ha aprendido a tratar el asma con medicina natural, con hojas de eucalipto, porque el inhalador que antes usaba cuesta 1800 lempiras y no puede comprarlo. Actualmente se gana la vida trabajando por días en un pequeño comedor propiedad de un familiar.

Sofía Ramírez comenzó a trabajar en otra empresa textil en Villanueva, Cortés, después de salir de Delta Apparel, pero de nuevo fue despedida por los problemas de salud y porque ahí la investigaron sobre la demanda contra Delta Apparel. Por ahora trabaja en un comedor ubicado en Dos Caminos Villanueva, cerca de su casa. Fotos CC/Amílcar Izaguirre
Sofía Ramírez comenzó a trabajar en otra empresa textil en Villanueva, Cortés, después de salir de Delta Apparel, pero de nuevo fue despedida por los problemas de salud y porque ahí la investigaron sobre la demanda contra Delta Apparel. Por ahora trabaja en un comedor ubicado en Dos Caminos Villanueva, cerca de su casa. Fotos CC/Amílcar Izaguirre

Sonia Perdomo, de Chamelecón, dijo que después de sufrir la pandemia perdió todas sus pertenencias con las tormentas tropicales Eta y Iota. «Estuve a punto de desistir a la demanda e ir a la empresa para que me dieran el cheque que me ofrecieron el día que no firmé por la necesidad que pasé durante ese tiempo, pero me contuve y sigo en la lucha esperando nos den una respuesta pronto», comentó Perdomo.

Pareciera que los derechos laborales y humanos pasan a segundo plano cuando hay que cuidar los empleos en un país que carece de ese recurso, cada quien vela por sus ganancias e intereses. Tanto la maquila como el Gobierno tienen sus prioridades y dentro de ellas no está resolver el problema de Sofía, sus compañeras y cientos de trabajadores más que solo piden un reintegro y que se reconozcan sus derechos.

TOSHKUA, un documental dirigido por Ludovic Bonleux y producido por Cadalpiotz, presenta a Mary, una madre hondureña que busca en la ruta migratoria a su hijo desaparecido, Marco Antonio Martínez. Al mismo tiempo Francisco Hernández ve desde un ecosistema que está muriendo, la selva de La Mosquitia, como también el idioma que habla está desapareciendo junto con las familias pech que emigran por el abandono estatal. Atravesadas por la migración, estas historias se combinan para enfrentar la desaparición y los problemas que Centroamérica lleva cargando décadas tras décadas.

Texto: Persy Cabrera
Portada: Cadalpiotz

«¿Por qué la gente tiene que dejar su tierra? Y ¿por qué desaparece en el camino?» son las preguntas que motivaron el documental TOSHKUA, producido por Cadalpiotz y dirigido por Ludovic Bonleux. Su metraje encarna «toshkua», palabra pech que significa «desaparecer», y sus historias atraviesan la pérdida de familiares, de un idioma, hijos, hermanas, espíritus y de ecosistemas enteros.

En una entrevista para Contracorriente, Ludovic Bonleux nos platicó sobre estas interrogantes cruciales para el origen de TOSHKUA, un trabajo cinematográfico en el que tardó seis años producir y que relata la historia de Mary Martínez, una madre hondureña que vive en Comayagüela y que busca a su hijo, Marco Antonio Amador, un joven migrante desaparecido en México desde 2013. En Honduras, Marco trabajaba como transportista y decidió salir del país por el excesivo cobro de extorsionadores.

Mary, junto a un grupo de madres centroamericanas, emprenden un viaje por México, buscando pistas sobre sus hijos e hijas. Transitan un camino aferrándose a la esperanza y la sororidad de las demás madres que confían en las pistas que van encontrando en éste.

TOSHKUA también es la historia de Francisco Hernández, un decano pech que no tiene de otra que ser espectador de la desaparición de su idioma. Francisco, además, tiene que vivir esta pérdida cultural rodeado de una selva, en La Mosquitia, que también está muriendo y que de acuerdo con Ludovic Bonleux está «siendo destruida por unos invasores de tierra sin piedad».

De acuerdo al Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), el pech es la lengua chibcha más septentrional de las 16 que siguen con vida y es la única que se habla en Honduras. También, según Cemca, el pech tiene alrededor de 500 hablantes, y de este grupo el 80 % tiene más de 60 años.

Ludovic conoció a Francisco Hernández, uno de los pocos hablantes de este idioma, mientras realizaba un documental sobre el pech, junto a la lingüista Claudine Chamoreau.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) explica que La Mosquitia hospeda tres de los ríos más importantes de Honduras: Coco o Segovia, Plátano y Patuca. Y además la red de ríos y lagunas en este territorio «constituye la mayor reserva de agua dulce» en el país.

En la actualidad estas vastas tierras, montañas y sus áreas protegidas funcionan como paso para el narcotráfico, y se suma al abandono del Estado que, por ejemplo, ordena construcciones de carreteras. La inseguridad y la desaparición de estos ecosistemas abre paso a la migración y, de manera consecuente, a la pérdida de tradiciones y culturas enteras, como la de la población pech.

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TOSHKUA mezcla la historia de Mary y la de Francisco, no solo para mostrar sus historias de búsqueda y los bloqueos criminales y estatales en sus travesías pero, también mostrar que lo que viven es un problema regional, y que la región está llena de corrupción y violencia. «Este mundo en el que vivimos está destruyendo todo, obligando a la gente a irse de sus hogares, luego desaparece en el camino» mencionó Ludovic.

Como cineasta, Bonleux ya había abordado la desaparición forzada, principalmente en el estado de Guerrero en México, pero con TOSHKUA decidió hablar de este tema desde una óptica regional pues consideró que esta es una problemática que «al final no es algo que solo le toca a México, es algo que por desgracia le ha tocado a la América Latina desde hace 50 años».

La desaparición forzada de la población migrante está llena de niebla e incertidumbre pues —para iniciar— no hay un consenso en la cantidad de personas centroamericanas desaparecidas en México. Mientras que el Movimiento Migrante Centroamericano reporta unas 80,000 desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano registró casi 3,000 personas extranjeras desaparecidas de 1964 a 2022. Una diferencia numérica considerable.

Bonleux continuó diciendo que quiso trabajar en este tema porque estimó que la población mexicana desaparecida «no son visibles para la sociedad civil» y menos aún las personas centroamericanas que son víctimas de la desaparición forzada mientras avanzan en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Agregado a la visibilidad, desde la producción de TOSHKUA se está planeando una campaña de impacto llamada «Buscar sin fronteras», que Ludovic anticipa pueda «apoyar a los mismos colectivos de búsqueda en su investigaciones, a generar lazos entre ellos, también apoyarles con el documental para hacer presión sobre las autoridades, que respeten los mecanismos de búsqueda, que sí están pero que no fueron puestos en marcha».

Ya visionada, TOSHKUA responde a «¿Por qué la gente tiene que dejar su tierra? Y ¿por qué desaparece en el camino?», y lanza una: ¿Por qué los Estados ha abandonado a sus poblaciones?

Luego de que los militares asumieran el control de todas las cárceles del país por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, noticias falsas y campañas de desprestigio vinculan a defensores de derechos humanos y periodistas a estructuras del crimen organizado. Mientras el Estado no se pronuncia, el mecanismo de protección tampoco responde a las alertas de amenaza interpuestas y altos mandos de la policía militar replican discursos estigmatizantes en contra de organizaciones de derechos humanos.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

«Solo quiero aclarar esto: si alguien va a proteger el derecho humano de los privados de libertad, es de todos los privados de libertad, no sólo una organización criminal, pero si yo solo tengo una ONG para proteger a uno o a otro, yo creo que es evidente y si encontramos en estos procesos a personas que no se dediquen a defender el derecho humano, sino a proteger organizaciones criminales, se van a llevar el susto de su vida, porque se van a detener. Tenemos las pruebas», dijo el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Fernando Muñoz, en un foro televisivo el pasado 5 de julio.

La presidenta Xiomara Castro otorgó a la Policía Militar el mando de todos los centros y granjas penales de Honduras luego de la tragedia ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en la que murieron 46 privadas de libertad el pasado 20 de junio. La Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) anterior fue destituida, y ahora están al mando el coronel Ramiro Fernando Muñoz como presidente, y los militares José Balmores del Cid y Adán Antonio Ramírez.

Muñoz fue denunciado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) por torturas a privados de libertad en el Primer Batallón de Infantería en el año 2020.

El coronel de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz comandó el operativo Fe y Esperanza, con el que inició la nueva militarización del sistema penitenciario del país. Fotos CC/Jorge Cabrera.
El coronel de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz comandó el operativo Fe y Esperanza, con el que inició la nueva militarización del sistema penitenciario del país. Fotos CC/Jorge Cabrera.

En el mismo foro televisivo, el coronel Muñoz dijo que «por el pueblo hondureño» eran necesarias las medidas drásticas en las cárceles, aunque esto ocasione demandas por tratos crueles en los centros penales. Además, el militar también mencionó que por aplicar «mano dura» a los privados de libertad podía empezar a ser desacreditado, señalado y acusado.

«Me van a acusar de todo, no hay problema, que hagan las acusaciones que quieran, pero que le vamos a poner orden a estos centros penales, les vamos a poner orden», afirmó el coronel Muñoz.

Pero no han sido los militares los que han sido desacreditados.

El 4 de julio, la imagen de una publicación del medio de comunicación Infobae comenzó a circular por redes sociales. En esta imagen el medio de comunicación citaba un supuesto reporte de la revista InSight Crime, en la que defensores de derechos humanos y periodistas eran vinculados a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Ese mismo día, InSight Crime desmintió en Twitter que esto se tratara de información cierta. «InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques», explicaron.

Una de las personas señaladas en esta información falsa es Wendy Funes, periodista hondureña y fundadora del medio independiente Reporteros de Investigación. La periodista explicó a Contracorriente que estos ataques se deben a las denuncias que han hecho desde su periódico sobre la extorsión y la intención del Gobierno actual de remilitarizar la seguridad ciudadana.

Además, Wendy señaló que antes de que esta imagen circulara en redes sociales, un video de ella siendo asaltada por militares en 2015 volvió a viralizarse la semana pasada. La periodista aseguró que después de la elección de la Corte Suprema de Justicia las agresiones en contra de la prensa han ido creciendo paulatinamente y que luego de la elección de las autoridades del Ministerio Público la situación para los periodistas puede empeorar.

«Lo que me dijo Hedme [coordinadora general de ACI-Participa] es que podían mezclar videos de cosas del pasado y hacer montajes con ellos para ensuciar el trabajo de denuncia que hemos venido haciendo y así matar moralmente la credibilidad», dijo Wendy Funes a este medio.

Hedme Castro, coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) también fue señalada como una de las defensoras ligadas a la estructura MS-13. A Hedme y a su familia se le otorgaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2023, esto por su estado de vulnerabilidad en la defensoría de derechos humanos.

La persecución de periodistas y defensores no termina

Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, también fue vinculada a la estructura MS-13 en esta información falsa. La defensora de derechos humanos contó a Contracorriente que las campañas en contra de las defensoras han aumentado estos últimos días y que esto puede representar una situación igual o peor a la del Gobierno anterior.


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Cozumel Trans, la asociación que dirige Rihanna, inició brindando apoyo a personas Lgtbiq+ y formación en la defensoría de derechos humanos. Ahora también se encargan de la defensoría de personas migrantes, privados de libertad y adultos mayores.

Rihanna contó que la situación que enfrentaban los defensores en el Gobierno de Juan Orlando Hernández era compleja, pero que, a diferencia de este, la administración actual le ha dado un control absoluto a las Fuerzas Armadas y los tratos inhumanos y degradantes a privados de libertad en las cárceles son una muestra de la discriminación a las personas que están cumpliendo una condena en las cárceles.

La defensora aseguró que no tiene miedo a las campañas de desprestigio actuales, y señaló a los militares como los autores de estas. «Me puedo poner a la disposición de las personas que realizan las investigaciones para que me investiguen», indicó.

Rihanna reveló a este medio que, en 2020, en una reunión de la cúpula militar en la que estaban Amílcar Hernández, coronel del ejército que estuvo al mando de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Tito Livio Moreno, exjefe de las Fuerzas Armadas y otros policías, se solicitó la ejecución de ella y de una abogada.

n grupo de militares requisan a dos personas durante un operativo en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Fotos CC/Fernando Destephen.
n grupo de militares requisan a dos personas durante un operativo en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Fotos CC/Fernando Destephen.

«Dentro de esa reunión me confirmaron que iban a dar una gratificación por las cabezas de ambas, de la abogada y de mi persona, sin embargo, esta situación se pasó [se cambió] a la persecución. Yo me acuerdo de que cada momento que salíamos del centro penal se nos pegaban carros atrás, era una situación de hostigamiento», detalló Rihanna.

Para Rihanna también es alarmante que la policía militar que denunció el Partido Libre en 2009 en el contexto del Golpe de Estado sea la misma a la que le están dando tantas facultades.

«Le están dando la fuerza a un grupo de personas que nos reprimió en el 2009, 2010, 2011 y en el 2012 —señala Rihanna—, durante los 12 años que doña Xiomara ha denunciado, nos reprimió, nos mató muchas personas trans y nos mató muchas personas Lgtb y también venimos siendo atacadas las personas defensoras de Derechos Humanos».

La defensora de derechos humanos también señaló que el Estado debe de pronunciarse ante las campañas de desprestigio de las cuales los defensores de derechos humanos y periodistas han sido víctimas, sobre todo para que la ciudadanía y los medios de comunicación comprendan cuando se trata de una campaña de desprestigio y no continúen replicando esta información.

Ante estos señalamientos, Rihanna aseguró que a los defensores se les ha estigmatizado no solo en las redes sociales, sino también en los lugares que frecuentan. Ella explicó que cada vez es más evidente cuando a estas personas se les voltea a ver con rechazo en las calles y en distintos espacios.

«Tengo mensajes de publicaciones que han hecho otros medios de comunicación, en donde dicen que me maten: “mátenla, métanla presa con eso delincuentes, que se lleve esas personas a su casa, métanla con esos hombres para que la violen”, es una situación tan odiosa, que me he forjado con una armadura de valentía y de fuerza para poder soportar todo esto. La sociedad tiene que entender que las violaciones a los derechos humanos no las cometemos nosotros, la sociedad civil, sino que la cometen los funcionarios y los operadores de justicia», detalló Rihanna.

Tanto la defensora Rihanna Ferrera como la periodista Wendy Funes han interpuesto alertas al Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas, sin embargo, la respuesta que obtienen es que este no puede brindarles medidas de apoyo por falta de recursos económicos.

Contracorriente contactó al abogado Rodolfo Zamora, actual director del Mecanismo Nacional de Protección, pero no respondió a las solicitudes de entrevista.

Un Estado llamado al silencio ante la vulneración de derechos

La periodista Wendy Funes manifestó que los autores de estas campañas de desprestigio no solo buscan intimidar a la prensa y a los defensores, sino que también manipular la opinión pública respecto a las nuevas funciones de la policía militar.

«Hay que entender que nosotras nos estamos atreviendo a hacer un periodismo de investigación en un momento en donde hay un relevo de narcopolítica en Honduras, y eso es bastante peligroso, es muy previsible que quieran hacer esto», indicó la fundadora de Reporteros de Investigación.

Además, la periodista señala que los medios de comunicación que se han dedicado a investigar en el gobierno actual y no obedecen a grupos monopólicos ni a intereses ideológicos se encuentran en riesgo inminente y en un ambiente en el cual la violencia en línea, el acoso y la violencia de género a mujeres periodistas ha incrementado.

Sin embargo, no todo es malo. Wendy Funes aseguró que, aunque la población hondureña puede ser susceptible a la desinformación, ahora «ha florecido una prensa que no avala la mentira».

Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos, opinó que, aunque el ambiente sea hostil, el trabajo de defensoría debe continuar.

«Voy a seguir trabajando y luchando en contra de las violaciones a los derechos humanos de todas las personas en situación de vulnerabilidad, sin miedo a pesar de que tenga represalias o amenazas, y a pesar de que haya una desinformación contra nosotras», afirmó la defensora de derechos humanos.

Por medio de un comunicado, la Mesa de Derechos Humanos expresó su preocupación ante los señalamientos a los y las defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto de militarización del país, en este sentido, llamaron a las autoridades a realizar una investigación inmediata sobre la campaña de desprestigio en contra de estas personas.

Además, hicieron un llamado a investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz y a la Fiscalía de Protección para tomar en cuenta las declaraciones de funcionarios sobre este tema e iniciar un proceso penal que detenga su accionar contra las personas defensoras de derechos humanos.

«Recordamos a la presidenta Xiomara Castro su plan de gobierno donde prometió mayor protección para los y las defensoras de derechos humanos, lo cual debe traducirse en acciones concretas a la mayor brevedad para lograr ese objetivo», señalan en el comunicado.

Sin embargo, ni Rihanna ni Wendy esperan un pronunciamiento por parte de la presidenta Xiomara Castro y de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.

«La presidenta se ha llamado a permanente silencio, de hecho, el día del periodista en vez de hablar de las libertades y la defensa a la libertad de expresión, atacó la libertad de expresión cuando atacó a Gabriela [Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción] y la colocó en un blanco para que todo el mundo la atacara», destacó la periodista Wendy Funes.

En este sentido, la defensora Rihanna Ferrera opinó que la sociedad civil debe de permanecer crítica ante las declaraciones estigmatizantes de los funcionarios y la desinformación.

«La sociedad hondureña debe entender que las campañas de desprestigio van a existir, y que van a atacar y señalar a muchas personas, pero mientras no existan pruebas de esto, no debe haber ninguna persona detenida», indicó Rihanna.

Según el informe de situación de derechos humanos en 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh), en este año se registraron 173 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando esto en 242 víctimas.

Desde el 1 de julio, las Fuerzas Armadas de Honduras tomaron oficialmente el control de las cárceles del país a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). En un país, cuyo gobierno opta cada vez más por «la mano dura» y las requisas efectuadas en los centros penales se asemejan a operativos al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, familiares de privados de libertad levantan la voz para denunciar abuso de autoridad, maltrato psicológico y violencia física. Pero hasta ahora no hay ninguna autoridad para rendir cuentas de lo que está pasando en las cárceles.

Texto: Célia Pousset
Fotografías: Fernando Destephen

Es un vídeo de cincuenta segundos de golpiza, pero no es un rito de iniciación de una pandilla. La escena filmada pasó en la cárcel de Siria —ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán—, se ven dos hombres sin camisa, agachados, con las manos protegiendo sus cabezas. Se observan también botas de militares con sus fusiles reglamentarios y la parte baja de sus pantalones verde olivo. Las botas entran en las costillas, en el vientre, en la cara de los hombres que exhalan gemidos de dolor. Un militar repite «¡vos hijo de la gran puta!» mientras golpea y graba.

Cecilia* reconoció a su esposo en ese vídeo mientras circulaba en redes sociales. Se horrorizó y escribió a Contracorriente : «Si los tienen en la cárcel es para que paguen su condena, pero no para que los maten a golpes».

Ese sábado 1 de julio fue también el día oficial en que las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el mando de los centros penales del país, relegando a la policía penitenciaria cuyos agentes arrancan ahora un proceso de reasignación de puestos. Ese mismo día, la Policía Militar tomó el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y desde entonces la Policía Nacional dejó de dirigir la institución, menos de un año después de que se la asignaron como parte de la promesa de desmilitarización de las cárceles del Gobierno de Xiomara Castro.

Al día siguiente, Cecilia* volvió a escribir : «Quiero decirle que mi esposo me dijo que los militares entraron en el módulo 6 y los golpearon a todos. A mi esposo lo metieron en un hormiguero desnudo y dos hombres empezaron a pararse encima de él y le dejaron la espalda abierta. Está quemado porque los dejaron afuera todo el día desde las 9 de la mañana. Les botaron todo, les dejaron desnuditos, desnuditos, sin boxer, a él casi le quiebran los brazos. Mi esposo me dio los nombres de todos los que están bien golpeados, incluso golpearon al pastor del módulo», contó.

El esposo de Cecilia está en un módulo de privados de libertad por delitos comunes. A ellos también les quitaron las visitas familiares desde que la PMOP entró la semana pasada a realizar requisas en las que encontraron municiones, armas de guerra y electrodomésticos, según las autoridades y la prensa gubernamental. Los medios de comunicación no tienen autorización para entrar.

Que los medios y las organizaciones puedan vigilar lo que está pasando en los centros penales es una de las exigencias de las madres, novias, esposas y hermanas de privados de libertad que se reunieron el lunes 3 de junio por la tarde en frente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) de Tegucigalpa, sosteniendo carteles en los que se podía leer «el ejército no está preparado para custodiar a privados, ellos están instruidos para la guerra» o pidiendo respeto a la integridad física de cada privado de libertad.

El grupo de unas quince mujeres, algunas con bebés en brazos, se organizaron para poner quejas ante el Conadeh y exponer su preocupación. La mayoría tiene familiares en la cárcel de Siria –que tiene recluidos a 2,580 privados de libertad– pero algunas reportan también abusos a derechos humanos en La Tolva y en Támara.

«Mi esposo está en el recinto general de Támara y me llamó el jueves para decirme que los policías militares los golpearon con toletes el día de la requisa. Les botaron toda la ropa, los objetos de aseo, les dan un sólo tiempo de comida al día y los dejan al sol sin beber», expresó Lucía* cuyo esposo está encarcelado por delito de extorsión sin tener sentencia. Desde aquella llamada, no volvió a saber de él.

Un familiar de un privado de libertad levanta una pancarta con las fotos de los maltratos que han sufrido sus parientes en la cárceles bajo el control de la PMOP. Foto CC/Fernando Destephen
Un familiar de un privado de libertad levanta una pancarta con las fotos de los maltratos que han sufrido sus parientes en la cárceles bajo el control de la PMOP. Foto CC/Fernando Destephen

Desde diciembre de 2022, Honduras vive bajo un estado de excepción con el fin de combatir «la extorsión y los delitos conexos» perpetrados por las maras y pandillas, pero el éxito de la medida está puesto en tela de juicio. Según un informe de ASJ, en seis meses se han logrado 194 detenciones por extorsión y 86 procesos judiciales.

Otro testimonio, el de Molly* da cuenta de hechos similares : «soy esposa de un privado de libertad de Támara, él está por delito de robo. La policía militar lo golpeó fuertemente, me llamó el miércoles pasado, fue la última llamada que recibí de él. Tengo también familiares en Siria y dicen que temen por su vida porque los militares los están golpeando con tubos y a uno le abrieron la ceja. Los tienen afuera desnudos sin comer ni beber».

Los relatos se repiten, se complementan, pero siempre en algún momento de la conversación llega la palabra «injusticia». «Estamos de acuerdo con las requisas –expresó Cecilia– pero no que los maltraten». A la indignación, se suma el miedo por haber perdido comunicación con sus familiares desde hace varios días.

Consultamos a la abogada Melissa Escoto, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), un comité que siempre ha velado por los derechos de los privados de libertad y expresó que no dará entrevista referente a la situación, pero tras unas visitas en los centros penitenciarios de PNFAS, Siria, La Tolva y Támara, el Conaprev publicó un comunicado expresando su «preocupación acerca del uso excesivo de la fuerza y tratos humillantes» y corrobora hechos señalados por familiares (exposición prolongada al sol, supresión de alimentos hasta por dos días, restricción de asistencia médica, utilización de gases tóxicos, golpes con toletes y falanga, privación de colchonetas).

Un vídeo circuló en redes sociales en el que vemos un camión atiborrado de colchones. No se sabe de dónde proviene, pero Valeria*, cuyo familiar se encuentra en la cárcel de Siria en el módulo 18, mencionó que su pareja «está durmiendo en el puro hierro» ya que «les botaron la ropa, los zapatos, las cobijas y los colchones».

Cuando las mujeres pusieron las quejas al Conadeh, un encargado les explicó que ya habían recibido quejas respecto a centros penitenciarios y que les estaban dando seguimiento. Fueron atendidas por el personal de manera individual.

Por medio de una solicitud de información, obtuvimos el número de quejas recibidas desde la militarización de las cárceles y el motivo por el cual fueron interpuestas. Entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2023, el Conadeh recibió cinco quejas provenientes de La Tolva, tres de las cuales fueron por «tortura en instituciones penitenciarias», una por «tratos inhumanos o degradantes» y una por «falta de acceso a la justicia y debido proceso legal». Ingresaron igualmente dos quejas por «tratos inhumanos y degradantes» en Siria y Támara y una en El Pozo por «rechazo infundado de peticiones».

En Siria, la proporción de privados de libertad sin sentencia roza el 50 %, según el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Osman Faviel Diaz Santos.

Familiares de privados de libertad protestan en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Familiares de privados de libertad protestan en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

De la policía penitenciaria a la policía militar

En diciembre de 2022, el Comisionado Martín Vieda, el entonces subdirector del INP, había declarado con orgullo a este medio que «desde agosto de 2022, la Policía controla todas los centros penales del país». Once meses después, la encargada de comunicación del INP, Digna Aguilar, nos advirtió que sigue trabajando ahí, pero que no está autorizada a hablar : «nosotros como INP nos apegamos a las instrucciones que nos dan la Policía Militar del Orden Público y ahora el director es el coronel de infantería Fernando Muñoz».

El vocero de las Fuerzas Armadas, el capitán José Coello, indicó a Contracorriente que ni él ni el coronel Fernando Muñoz tienen tiempo esta semana para hablar con la prensa. El 6 de julio, Tomás Vaquero, el Secretario de Gobernación, juramentó a Fernando Muñoz como presidente de la nueva Comisión Interventora del Sistema Penitenciario y a Antonio Ramírez Salinas como Interventor del INP.

Muñoz fue denunciado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) por haber torturado a privados de libertad en el Primer Batallón de Infantería en el año 2020, durante la pandemia por COVID-19.

La militarización de las cárceles fue declarada el 23 de junio después de una reunión en Casa Presidencial en la que la Presidenta Xiomara Castro firmó decretos ejecutivos para dar paso a la «transición» del control de los centros penales. Estaban presentes el Ministro de Defensa José Manuel Zelaya y el jefe de Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar. Esa reunión se sostuvo tres días después de la reyerta dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en la cual murieron 46 privadas de libertad, algunas de ellas todavía en proceso de identificación por Medicina Legal.

Los decretos establecen que la Policía Militar tome control en los 25 centros penales del país por un año y que acompañe a la Policía Nacional en los operativos en los 18 departamentos. También permiten contrataciones directas a las Fuerzas Armadas para ejecutar la construcción y rehabilitación de centros penales, como el proyecto de cárcel en la isla del Cisne.

Según el Decreto Ejecutivo PCM 28-2023, la intervención militar en los centros penales durará un año.

«Estuvimos dos años involucrados en los centros penales, contamos con esa experiencia, hubo avances y no estamos aquí para recalcar los errores que cometimos. No podemos faltar al pueblo hondureño», aseguró Fortín Aguilar.

El Comisionado Osman Faviel Diaz Santos, quien fue director del INP en el mes de junio antes de la intervención y parte de la comisión interventora dirigida por Julissa Villanueva, explicó a Contracorriente las razones del cambio de mando : «no sólo ocurrió por lo de PNFAS, sino porque habían varias alertas en los centros penitenciarios y nosotros como Comisión Interventora pedimos a las Secretarías de Seguridad y de Defensa que nos presten recursos humanos a fin de ingresar en los centros penales y hacer el desarme. Teníamos información de los centros donde había armas, dónde estaban escondidas y un sin número de detalles que nos permitía saber que de un momento a otro iba a haber un desenlace sangriento».

Díaz Santos manifestó que tenían información preocupante de inteligencia de casi todos los centros penales, menos de la cárcel de mujeres de Támara : «si nosotros hubiéramos creído que iba a haber algo en las cárceles, la última en la que hubiéramos pensado era en la de las mujeres. Desafortunadamente la información no llegó, y si alguien la tenía no nos la compartió».

En abril de este año, se documentaron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de Santa Bárbara, Morocelí, El Porvenir y Támara, zonas del occidente, oriente y central de Honduras. Otros datos del Conadeh, brindados en febrero de 2023, dan cuenta que desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños.

Díaz Santos estima que la Comisión no tenía los recursos humanos y la independencia necesaria para poder hacer frente a todas las alarmas, por eso pidieron colaboración de los militares, «no es que la Comisión no pudiera hacer el trabajo, pero el apoyo llegaba a cuentagotas y sin la prontitud requerida. Nosotros cuando entramos en Ilama, entramos con 1000 policías, lo que es un número reducido, en cambio cuando los militares entraron a Támara eran 3000 soldados. La policía tiene un empeñamiento todos los días muy fuerte y si bien es cierto que los militares no tienen el entrenamiento adecuado para estar en las cárceles; tienen las armas, la logística y cierta preparación».

La falta de capacitación de los militares es uno de los elementos que preocupan a Glenda Ayala, la ex Comisionada del Conaprev, «el personal militar no tiene ningún conocimiento. El artículo 4 de la Ley del sistema penitenciario nacional prohíbe la aplicación de cualquier acto de tortura o de trato inhumano, o degradante. Las denuncias de atropellos a derechos humanos por los militares en las cárceles son recurrentes, existen 5 denuncias interpuestas ante la Comisión-IDH por el trato proferido a personas privadas de libertad.» Uno de los casos que se remonta a 2015 –por hechos ocurridos en el Segundo Batallón en Támara– fue registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2022.

«Hay también el tema de la discriminación contra las personas LGBTIQ+ durante las intervenciones militares. Estas intervenciones son frecuentes, pero nunca han funcionado», añadió Ayala quien lamentó también de que nunca ha existido rendición de cuentas de las intervenciones militares, «no hemos visto un informe, no se sabe cómo manejaron el dinero. No hay ningún mecanismo de control para prevenir actos de corrupción. Hubo despilfarro de dinero, se invirtieron millones en el centro de La Sequía (Naco, Cortés) ahora abandonado, es preocupante ya que actualmente se pretende construir centros similares en la isla del Cisne. Esas contrataciones directas solo se prestan para actos de corrupción».

A pesar de las críticas sobre el manejo carcelario de los militares, el PCM 28-2023 establece que tienen la obligación de formar alrededor de 2,000 policías penitenciarios.

El exdirector del INP, Díaz Santos, aclaró que actualmente los 850 policías de la Policía Nacional que estaban en las cárceles fueron reasignados y los 1500 agentes que pertenecían a la Policía Penitenciaria están a la disposición de la PMOP, para que «hagan la redistribución como mejor les parezca».

Grito de ayuda desde las cárceles

Carlos* asegura que salió de un centro penal hace un par de días. No quiere decir de dónde, ni dar muchos detalles sobre su condena. Sólo puede enviar mensajes escritos, ni siquiera ofrece mandar audios por miedo de que se le grabe su voz. Pero le urge dar su testimonio: «Desde que llegaron los policías militares nos tuvieron cinco días bajo el sol. Nos golpearon con toletes cada vez que entrábamos y salíamos. Casi matan a Samy, lo tienen con grilletes manos y pies, con el brazo quebrado. Dicen que no hay medicamentos para los heridos. Los torturados están escondidos en el módulo cocina donde los derechos humanos no pudieron entrar. Son los desaparecidos. Había cinco encerrados ahí, cuatro cabecillas.»

Pedimos una entrevista a la Secretaría de Derechos Humanos, pero hasta la fecha de publicación, no nos atendieron. Mientras tanto, periodistas y defensores de derechos humanos han sido atacados en redes sociales por haber difundido información relacionada a la crisis carcelaria. Se les acusa de ser cómplices del crimen organizado y de defender los derechos humanos de los pandilleros.

El exdirector del INP reaccionó a esta ola de desprestigio que cae en contra de los que visibilizan el tema de las condiciones de las personas privadas de libertad : «A los directores de centros penales también nos suelen acusar de tener vínculos con las maras porque conversamos con ellos, pero es parte del trabajo. De la misma manera, los defensores se vinculan con los privados de libertad y la gente asume que están trabajando con ellos. Yo no lo veo así. Es sólo que a muchas organizaciones les interesan de verdad los derechos de los privados de libertad, mucho más que a toda la población en general que no se preocupa por lo que les pase, lo que comen, cómo duermen…»

El miércoles 5 de julio, un grupo de alrededor de 100 personas protestaron por los tratos que están recibiendo sus familiares en las cárceles de Támara, Siria y La Tolva. El pastor Carlos Cerrato, un expandillero, junto a su iglesia, caminó hasta Casa Presidencial para exigirle a la presidenta un alto a las torturas y para que les permita entrar a las cárceles y continuar con sus actividades religiosas.


Un informe del Conadeh publicado en agosto de 2022 informa que hasta el 30 de abril de 2022, al menos el 55 % de las más de 20,000 personas privadas de libertad en Honduras, distribuidas en los 26 centros penitenciarios del país aún no tienen una sentencia firme.

*Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las personas.

La jefa de Cristosal, Zaira Navas, explicó que hay elementos para pensar que Xiomara Castro busca implementar un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador para enfrentar la crisis de seguridad. Bukele promovió reformas penales para mantener en la cárcel a 64,400 personas, de las cuales, el número de señalados de pertenecer a maras o pandillas no llega ni al 10 %, en cambio, el grueso de detenidos lo constituyen campesinos, vendedores ambulantes y obreros, entre otros de la economía informal. Agregó que Bukele ha empoderado a la fuerza armada salvadoreña, al extremo que ésta «deambula impunemente realizando capturas arbitrarias» para obtener réditos políticos inmediatistas, con resultados catastróficos, como la muerte de 164 salvadoreños bajo responsabilidad estatal.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera

En la mañana del 26 de junio de 2023, el secretario de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya Rosales, publicó cuatro fotografías que confirmaron la militarización de las cárceles por parte del Gobierno de Xiomara Castro. Las fotografías muestran a privados de libertad al aire libre, colocados uno detrás de otro, agachados, en calzoncillos, con sus cabezas metidas entre las rodillas, algunos con signos de golpes en sus espaldas, con sus manos atadas —ya sea con esposas o con abrazaderas de plástico— protegiendo sus cabezas. Esta escena se registró días después de que 46 privadas de libertad murieran en una reyerta en una cárcel de Tegucigalpa.

El ministro de defensa justificó esa escena «bukelesca» como necesaria «para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado». Pero las imágenes nos dicen todavía más cosas: los únicos de pie eran los agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un grupo armado —creado por Juan Orlando Hernández en el 2013 cuando éste era presidente del Legislativo— que participó en la represión y asesinatos registrados tras el fraude electoral de 2017 en Honduras.

Privados de libertad sentados en la cancha de fútbol de la cárcel de Támara, Francisco Morazán, durante el primer día de las Fuerzas Armadas al frente del sistema carcelario del país. Foto CC/Jorge Cabrera.
Privados de libertad sentados en la cancha de fútbol de la cárcel de Támara, Francisco Morazán, durante el primer día de las Fuerzas Armadas al frente del sistema carcelario del país. Foto CC/Jorge Cabrera.

LEA: Héctor Zelaya se reunió con Carlos Marroquín, señalado como el enlace entre Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador

Las imágenes al estilo Bukele son una muestra de las buenas relaciones entre el círculo de confianza de la presidenta Xiomara Castro y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales y su hijo Héctor Zelaya se reunieron el pasado mes de marzo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en El Salvador. Y a principios de junio de este año, Héctor Zelaya recibió en la Casa Presidencial de Honduras a Carlos Marroquín —funcionario salvadoreño señalado de ser el articulador de las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y las pandillas—.

La muerte de 46 privadas de libertad en una cárcel de mujeres en Tegucigalpa y el asesinato de 13 personas en un bar del municipio de Choloma, ambos hechos días después de la reunión entre Marroquín y Héctor Zelaya, aceleraron la militarización en Honduras y acentuaron la implementación de políticas y narrativas al estilo Bukele. Ante este panorama, Contracorriente (CC) conversó con la abogada Zaira Navas (ZN), jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal en El salvador, institución que en un informe logró documentar que al menos 164 personas han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad pública en ese país durante la implementación del estado de excepción.

CC: Después de la tragedia en donde fallecieron 46 privadas de libertad en una cárcel hondureña, ¿qué piensa cuando ve fotografías de privados de libertad de Honduras expuestos de forma similar a la de El Salvador?

ZN: Quiero lamentar lo ocurrido en la cárcel para mujeres en Honduras. Hay que recordar que organismos de derechos humanos habían advertido a la administración penitenciaria sobre la necesidad de implementar medidas para superar las condiciones en las que se encontraban. Las normas nacionales e internacionales establecen con claridad qué es lo que los estados deben hacer para evitar que se vulneren los derechos de las privadas de libertad, para garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos.

Las respuestas de tipo punitiva y publicitarias no son efectivas. Lo que El Salvador ha vivido hasta estos momentos surge de la negociación entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas y del aparente hecho generador que fue la matanza que se produjo durante un fin de semana en marzo de 2022. Eso llevó al presidente Bukele a requerir a la Asamblea Legislativa para que aprobara un régimen de excepción, con muchas más restricciones que el régimen de excepción hondureño. A la fecha, en El Salvador se ha detenido a más de 64,400 personas. Esa es una cifra sumamente alta considerando que el país tiene a 6.5 millones de habitantes viviendo en El Salvador.

Lo más preocupante, y lo que debe llamar más la atención, es que esta medida forma parte de una estrategia de populismo punitivo. Esa estrategia implica presentar al Presidente de la República, que por cierto anunció su reelección hace poco, para generar aceptación de la población. Son respuestas inmediatistas.

El hecho de considerar que se va a meter a la cárcel a miles de personas sin seguir el debido proceso, sin investigaciones previas y sin garantías judiciales, y que estas personas van a estar detenidas sin juicio, es una respuesta eminentemente restrictiva y represiva, pero que no lleva al fondo del problema de la seguridad de nuestros países.

En la medida en que se investigue y se sancione a los que realmente cometen delitos, se estará garantizando que los responsables estén presos y que no haya miles de inocentes detenidos, como ocurre actualmente en El Salvador.

CC: ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que sucede en las cárceles de El Salvador?

ZN: Hemos presentado un informe que detalla ampliamente las torturas y los tratos crueles, incluso hasta llegar a poner choques eléctricos a las personas. Hay muertes ocurridas al interior del sistema, provocadas bajo responsabilidad estatal. El Gobierno no está promoviendo la investigación de estas muertes violentas. El Fiscal General de la República ha dicho que ha archivado 142 casos. Solo Cristosal ha registrado 164 casos de personas que han muerto en un año y tres meses de estado de excepción.

Las personas están siendo enterradas, a veces, en fosas clandestinas. No se da información a las familias de en dónde se encuentran detenidos sus familiares. Los capturados llevan 15 meses detenidos sin audiencia preliminar, es decir, sin ir a juicio.

Las audiencias iniciales ya no lo son, son audiencias de imposición de medidas. Todos los jueces mandan detención provisional. Se han producido además reformas a la legislación penal, en donde se están asegurando que estas personas permanezcan detenidas más allá de los dos años sin haber ido a una audiencia, sin que se establezca una investigación seria y real, y sin que se determine que los detenidos tienen un nivel de responsabilidad y se presenten pruebas contra ellos.

El mismo gobierno salvadoreño enuncia que a la fecha ha liberado a más de 5000 personas de las detenidas, y ellos lo llaman margen de error, pero eso significa que más de 5000 personas han vivido torturas y en cárceles salvadoreñas han perdido sus trabajos estos ejemplos no deben ser replicados en nuestros países vecinos, las respuestas deben ser las de implementar políticas integrales de seguridad, medidas para evitar que sigan sucediendo vulneraciones a los derechos.

La participación ciudadana es sumamente importante en este tipo de medidas; creo que si bien es cierto el presidente Bukele es muy popular y ha presentado el régimen de excepción y las capturas arbitrarias e ilegales masivas como un gran resultado, lo cierto es que cada vez más la población se está dando cuenta de que cualquier persona puede ser detenida, incluidos opositores, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, entre otros. Y todo eso está pasando a partir del régimen de excepción.

CC: ¿Cuáles son las diferencias, a partir de las medidas restrictivas, que usted puede identificar entre el estado de excepción hondureño y el estado de excepción salvadoreño?

ZN: Hasta antes de los últimos sucesos, habíamos visto que el sistema judicial hondureño no había procesado penalmente a aquellas personas que no habían sido objeto de una investigación previa, es decir, no se había procesado a personas que habían sufrido detenciones irregulares. Pero en El Salvador, todas las personas van detenidas, todas quedan detenidas. Por eso hablamos de 64 mil personas que están privadas de libertad. Esto es sumamente delicado.

Sin embargo, este tipo de medidas, como las que hemos visto en imágenes recientes en Honduras, nos hace pensar que se está intentando implementar un modelo similar al que está implementando Bukele que, como decía antes puede traer réditos políticos inmediatistas, sin embargo, todo esto pasa por violar sistemáticamente los derechos de toda la población, porque el tema aquí es que cualquier persona puede ser detenida si se deja al arbitrio de militares, o de funcionarios de seguridad la detención, sin investigación seria, y eso es un riesgo muy grave.

CC: Ante las muertes ocurridas en El Salvador bajo la responsabilidad de las autoridades y fuerzas de seguridad salvadoreñas ¿cuál es la posición de la ciudadanía de El Salvador?

ZN: El Salvador es un país en donde tenemos cooptados a los medios de comunicación. El Ejecutivo tiene cooptado al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa. No hay instituciones como la Defensoría del pueblo en Honduras (que es la Procuraduría de derechos humanos en El Salvador y en Honduras sería el Conadeh), para que investigue y denuncie este tipo de hechos y, por otra parte, el presidente Bukele tiene un control muy grande de los medios de comunicación. Todo eso es pagado con los impuestos de todos los salvadoreños. Se ve mucha actividad en redes sociales, en la televisión, etc. Eso hace que el discurso de represión cale en el imaginario colectivo. Es decir, las personas creen que es cierto que se está combatiendo la delincuencia y eso explica sus niveles de popularidad, pero en la medida que una persona conoce del caso de otra persona que ha sido detenida injustamente, ha ido variando su percepción sobre la popularidad.

Una encuesta que fue presentada este día por la universidad centroamericana José Simeón Cañas (UCA), revela que al menos el 30 % [de la población] conoce a alguien que está detenido por el régimen de excepción y tiene temor a sufrir lo mismo. Poco a poco, la población se va dando cuenta pese a esta campaña publicitaria tan grande que ha llegado a otros países, haciendo que la población de otros países pida o demande que se imite este modelo. Ya le llaman modelo Bukele, pero déjeme decirle que no es nada nuevo, en otros países como en el de ustedes, en Guatemala, incluso en algunos de Suramérica, se ha implementado en el pasado de maneras muy similares.

El riesgo de esto ya lo estamos viendo en El Salvador. La Fuerza Armada ha sustituido el protagonismo que debería tener la policía nacional civil y el presupuesto hacia la fuerza armada se ha incrementado y eso último va de la mano con otro tipo de intereses políticos que tiene el presidente de la república, Nayib Bukele.

CC: Eso iba a consultarle ¿cuál ha sido el rol de las fuerzas de seguridad pública del Estado salvadoreño durante la implementación del estado de excepción? específicamente ¿cuál ha sido el papel del Ejército de ese país?

ZN: Nuestra constitución establece de manera expresa que es la policía nacional civil la responsable de garantizar el orden y la paz pública y que la fuerza armada solo tiene facultades para cuidar el territorio nacional, las fronteras, etc., y que deben estar adscritas a ministerios distintos, esto fue el resultado de los Acuerdos de Paz luego de la guerra que vivimos en El Salvador; es decir, ahí se le quitó el rol de seguridad pública a la fuerza armada, precisamente por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la guerra y previo a la guerra en El Salvador; ahora, este presidente le ha ido dando facultades a la fuerza armada y un protagonismo mediático.

Estoy hablando de que ha habido campañas publicitarias para promover la imagen de la fuerza armada, se ha reforzado su presupuesto, y aunque todos los gobiernos usaron a las fuerzas armadas para acompañar el rol de seguridad, ahora es la fuerza armada la que deambula impunemente realizando capturas arbitrarias, y eso afecta a la población salvadoreña. Es muy preocupante porque la fuerza armada no está preparada para labores de seguridad. Es muy peligroso, además, por los presidentes que tienen nuestros países, el tema de los golpes de estado o de la utilización de la fuerza armada para mantenerse en el poder, entre otras situaciones graves que han sucedido en nuestros países.

CC: ¿Cuál es el perfil de las víctimas del estado de excepción ahora mismo en El Salvador?

ZN: Precisamente el informe que Cristosal emitió hace un mes destaca que se trata de la población activa económicamente, es decir, de personas jóvenes que en su mayoría tienen entre los 18 y 38 años, seguido de las personas de 38 a 48 años. El régimen de excepción en El Salvador tiene rostro de pobreza, y un enfoque de violencia de género.

Por lo general son personas campesinas, vendedores ambulantes, obreros y personas que trabajan en el ámbito informal las que son detenidas porque se recibió una llamada telefónica. Es decir, el régimen de excepción ha sido usado para detener a personas que no tienen empleos formales. Se les acusa de ser colaboradores de las pandillas.

El número de personas a las que se les acusa de ser miembros activos de pandillas no representa ni el 10 % del total de personas detenidas y eso nos dice con claridad que no se está persiguiendo —por falta de investigación— de manera directa a estas estructuras delincuenciales, sino que es la población salvadoreña, que ya había sufrido la violencia que provocaron las pandillas, la que ahora está sufriendo la violencia estatal.

CC: En Honduras tuvimos dos gobiernos que implementaron políticas de seguridad similares a través del discurso de la «mano dura» o «puño firme». Le hablo de Ricardo Maduro, que gobernó del 2002 al 2006 y de Porfirio Lobo Sosa, que gobernó de 2010 al 2014. En estos gobiernos, coincidentemente, hubo muchísimas muertes en cárceles hondureñas. Y ahora vemos que el estado de excepción en El Salvador despierta mucha simpatía como la que despertaba esta política en el Gobierno de Ricardo Maduro. Eso me lleva a hacerle esta pregunta, ¿qué análisis hace Cristosal del porqué es tan popular la implementación de las políticas de mano dura?

ZN: Usted lo dijo muy bien. En El Salvador, en los mismos años, se implementó el plan «mano dura», luego vino el plan «súper mano dura», luego «una mano extendida», todas fueron medidas represivas y estamos hablando de que todo eso ocurrió del año 2001 para acá.

Estos grupos delincuenciales, que ahora son crimen organizado, iniciaron siendo pequeñas estructuras de jóvenes que cometían delitos, hurtos y robos, y en la medida de que la represión contra ellos fue incrementando, la violencia de estas estructuras también se incrementó; es decir, nuestros países ya probaron que la mano dura y la represión directa no genera que se detenga el fenómeno, sino que crece todavía más, estas estructuras se fueron además especializando.

Y a todo eso se suma la corrupción que ha existido dentro de los cuerpos de seguridad; para el caso la Policía Nacional Civil, esto significa que la población acepta estas políticas de mano dura porque quiere respuestas inmediatas. Y es que hay que reconocerlo, nuestras poblaciones han sido víctimas de estas estructuras, familias han muerto, hijos e hijas, las jovencitas por lo general han sido utilizadas como esclavas sexuales, han sido abusadas, y entonces la población necesita respuestas. Y las respuestas inmediatistas que le dicen a la gente, que se va a resolver todo, y que todos se van a ir a la cárcel y que ahí van a sufrir, son populares. Es comprensible que la población lo acepte, porque la población está cansada de sufrir.

Pero un análisis más de fondo indica que, aunque a la población le guste que haya efectividad aparente en la percepción de la delincuencia, cuando la población se entera de que realmente no se detiene a los delincuentes, en El Salvador, algo que hemos constatado no solo por las investigaciones periodísticas sino porque además han salido libres los principales cabecillas de esas estructuras, algunos ya detenidos en México, y otros ya están en Estados Unidos, notamos que no es cierta la mano dura o este tipo de políticas.

En el caso de Nayib Bukele, éste ha negociado la reducción de homicidios. Realmente esta política de mano dura se ejerce contra la población que ya sufrió la violencia de las pandillas, se detiene a cualquier persona. En el caso de El Salvador se ha seguido negociando con estas estructuras delincuenciales. Por eso es necesario que medios alternativos, que no dependen del gobierno, informen para que conozcan lo que realmente sucede con este tipo de medidas.

CC: ¿Cómo está la institucionalidad salvadoreña? porque vemos que mientras crece la popularidad de Bukele, los demás poderes del Estado parecen someterse cada vez más al mandatario. ¿Cuál cree usted que es el límite de Bukele en El Salvador?

ZN: El Salvador dejó de tener democracia hace un año y medio o más.

En el 2021, el presidente Nayib Bukele y su partido ganaron las elecciones en la Asamblea Legislativa, tienen una mayoría arrasadora, mayoría calificada, eso significa que dos terceras parte de la asamblea están en manos del gobierno, es decir que ahí se toman decisiones a partir de lo que el presidente les ordena.

En 2021, cuando ganaron las elecciones legislativas, lo primero que hizo esa Asamblea Legislativa fue destituir a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República y poner a personas sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución.

No tenemos independencia judicial en estos momentos y los tres poderes del Estado dependen del Ejecutivo. Esto es un grave atentado a la democracia. Tenemos todos los componentes de un régimen dictatorial. Es algo muy grave.

Han pasado apenas 30 años después de que terminó la guerra en El Salvador y las cosas se están revirtiendo. Un presidente que se hace acompañar de las Fuerzas Armadas y que toma los tres poderes del Estado y que oculta información.

En El Salvador ninguna información es pública, toda la información ha sido declarada como reservada, es decir, no hay controles para el Ejecutivo, ni en la ejecución de presupuesto ni en otras políticas que se adoptan. Se maneja como una dictadura y eso es muy preocupante porque se ha puesto en riesgo no solo la democracia sino la vida de muchos salvadoreños y salvadoreñas.

El Gobierno de El Salvador presenta que ya no hay violencia homicida en el país, pero oculta las cifras, incluso llega al grado de no registrar homicidios, de no dar datos de las extorsiones, de no dar información de los hurtos, de los robos, etc., así es fácil decir que vivimos en un país libre de violencia porque la población no sabe lo que está viviendo, ya que el Gobierno oculta la información.

CC: Si hacemos a un lado el tema de la seguridad en El Salvador y pensamos en otra gama de problemas, como la crisis económica, por ejemplo, ¿cómo está El Salvador en ese sentido? ¿Por dónde pasa la popularidad de un Bukele que ya anunció su candidatura para su reelección inconstitucional?

ZN: El presidente Bukele maneja una cantidad inmensa de propaganda a través de la contratación de redes sociales, youtubers, personas en tiktok, gente que genera opinión […] es una campaña mediática que trasciende a países como el de ustedes y que llega a países incluso de Sudamérica en donde Bukele es muy popular.

La popularidad de Bukele está basada en la propaganda. Es decir, esta propaganda presenta una realidad que no existe, oculta la situación grave que tenemos en el ámbito económico, oculta la pobreza, que en lugar de reducirse se ha incrementado y que oculta que el valor adquisitivo ha disminuido. Sin embargo, esta información no le llega a la población que, aunque siente y percibe que tiene menor capacidad adquisitiva, todos los días recibe información que le dice que el presidente es maravilloso y que nos va a resolver todos esos problemas.

Ese populismo punitivo de Bukele es lo que hace que la población todavía crea que va a resolver todo tipo de problemas. Es muy peligroso, porque Bukele ha comenzado a adoptar medidas que son inconstitucionales. La población aún no percibe todo esto porque existe una campaña mediática. Eso es de reconocerlo.

Bukele cuenta con un equipo de asesores venezolanos que antes trabajaban con Guaidó y otra gente de la oposición de Venezuela, y otros que también colaboraron con el Gobierno actual de Venezuela. Todos estos forman parte de toda una estrategia comunicacional de Bukele. Por eso él deja de lado todos los problemas sociales que tiene El Salvador y vende la imagen de que tenemos un país seguro, la imagen de soluciones y proyectos que no existen.

Bukele se comprometió hace cuatro años, teniendo préstamos aprobados, a hacer dos hospitales y a la fecha no están construidos. Han inaugurado tres veces el inicio de obras del principal hospital de San Salvador, y ahora nos están diciendo que será dentro de dos años que estos proyectos estarán concluidos. Lo mismo pasa con otros proyectos como El tren del pacífico, Ciudad Bitcoin, y otros grandes proyectos que son grandes ilusiones, pero que la gente cree porque le muestran imágenes de que van a realizarse.

Hay toda una estrategia publicitaria que evalúa los intereses de la población. Este país ha sufrido mucho y tenía fijada su principal preocupación en la violencia, ahora el presidente se sigue manteniendo en grandes niveles de popularidad, y esta es una explicación de porqué.

Una investigación de Contracorriente reveló los efectos del narcotráfico en las comunidades de El Merendón, donde los aldeanos continúan viviendo con miedo a la figura del narcotraficante Geovanny Fuentes, aún luego de su arresto y condena en Estado Unidos. Fuentes se sirvió de las instituciones del Estado para realizar actividades ilícitas y su caso demostró el arraigo de las estructuras criminales dentro del Estado de Honduras. ¿Sigue vigente este «narcoestado»? Contracorriente realizó un Twitter Space para discutir al respecto.

Texto: Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en su documento de presentación de pruebas, alegó en mayo de 2023 que el expresidente Juan Orlando Hernández había operado Honduras como un «narcoestado», «adquiriendo poder político, a través de sobornos con dinero del narcotráfico y manteniendo ese poder al permitir el flujo libre de la droga en Honduras». No fue la primera vez que el término «narcoestado» fue mencionado.

Meses antes, durante el juicio de Geovanny Fuentes, encontrado culpable en marzo de 2021, la fiscalía también utilizó este término para referirse a Honduras. Según sus acusaciones, en el país tanto políticos como jueces, empresarios, policías y militares han servido a los intereses de cárteles de la droga que buscan exportar sustancias ilícitas a Estados Unidos.

Luego de 37 extradiciones de hondureños, entre los que se encuentran empresarios como Geovanny Fuentes, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, el expresidente Hernández y su hermano, el exdiputado Antonio Hernández; las acusaciones de que el narcotráfico cooptó estructuras del Estado parecen estar fundadas.

Luego de la captura de Juan Orlando Hernández y el debilitamiento de diferentes operaciones de narcotraficantes extraditados, diversos sectores han asegurado que el «narcoestado» se debilitó o que ya no existe, mientras que otros consideran que las estructuras criminales que se sirvieron de las instituciones del estado para asegurar sus operaciones simplemente mutaron, pero siguen vigentes.

Contracorriente realizó un Twitter Space el pasado 2 de junio para conversar sobre este tema con el periodista Óscar Estrada y con José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quien además es presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP).

¿Cómo viven las comunidades afectadas por el narcotráfico?

Una investigación de Contracorriente reveló cómo Geovanny Fuentes se sirvió de las instituciones estatales para asegurar sus operaciones ilegales en la sierra de El Merendón, ubicada en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. Ahí operó un narcolaboratorio, instaló una mina sin permisos ambientales, promovió la deforestación con el fin de producir aserrín para su empresa de biomasa —un esquema habitual para el lavado de dinero— y terminó hipotecando de manera fraudulenta más de 1,300 hectáreas de tierras habitadas y cultivadas por comunidades.Todo esto con el respaldo de un alcalde, la Policía Nacional, una empresa transnacional y un banco hondureño.

Luego de este fraude sobre las propiedades, los habitantes del sector que fueron afectados viven bajo la amenaza de desalojo sin que ninguna institución se haga responsable.

Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, expresó que el caso de Geovanny Fuentes habla, más allá de sus delitos y de las acusaciones de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, de instituciones hondureñas totalmente coludidas con el crimen. Además de las empresas que le brindaron respaldo en delitos por narcotráfico, crímenes ambientales y fraudes en titulación de tierra. «Todos estos eventos que sucedieron hace años tienen, todavía hoy, efectos en comunidades de Choloma y tienen impactos en las instituciones del Estado», dijo Ávila.

El ministro Cardona manifestó que la penetración de las estructuras del narcotráfico en el estado hondureño le dieron al país el calificativo de «narcoestado» . «Son estructuras profundas que se encuentran enquistadas en los poderes… o se encontraban enquistadas en los poderes del estado»dijo, y añadió que «el Estado se había convertido en una oficina para los narcotraficantes y sus intereses».

Esta penetración se vio reflejada, según explicó Cardona, en el funcionamiento del Instituto de la Propiedad (IP), al igual que en el resto de la institucionalidad pública. «Todos sabemos lo que pasó con el expresidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Ebal Jair Díaz Lupian, todos sabemos la participación que este señor tuvo como operador político y administrativo del Estado para los intereses oscuros de quienes saquearon este país» subrayó, en referencia al exdesignado presidencial Ebal Díaz, una figura importante durante la administración del expresidente Hernández y quien actualmente se encuentra exiliado en Nicaragua.

Cardona aseguró que la actual administración realiza acciones para desarticular el narcoestado pero que no han tenido suficientes avances debido a que «el poder judicial y específicamente el Ministerio Público están cooptados por la administración del gobierno anterior y del Partido Nacional».

Miembro de la Policía Militar resguarda un cargamento de droga que será incinerado.foto CC/Jorge Cabrera
Miembro de la Policía Militar resguarda un cargamento de droga que será incinerado.foto CC/Jorge Cabrera

¿Se puede desarticular el narcoestado?

Según Óscar Estrada, periodista y escritor del libro «Tierra de Narcos», la administración de la presidenta Xiomara Castro está realizando medidas para depurar las estructuras del narco dentro de las instituciones públicas.

«Son estructuras que están tan enquistadas y es un poder económico al que es tan difícil resistirse que a menos que haya una institucionalidad que esté constantemente persiguiendo, constantemente investigando y depurando, rápidamente terminan siendo cooptadas por los poderes del narcotráfico», expresó Estrada.

Como una de las dificultades para combatir el narcoestado, Estrada mencionó la falta de presencia estatal en zonas rurales o alejadas de los centros económicos y sociales del país. Por ejemplo, el caso de departamentos como Yoro, Colón, Olancho y Gracias a Dios, específicamente en el área de la Mosquitia, zonas donde históricamente se han asentado y controlado cárteles de la droga.

«Viaja uno a la Mosquitia y con suerte encuentra un destacamento de pocos militares, una escuela funcionando y un centro de salud, y hasta ahí llegó el Estado», dijo Estrada.

Ahí, apunta Estrada, los grupos criminales sustituyen las funciones tradicionalmente atribuidas o reguladas por las instituciones estatales, como la regulación de la propiedad, la defensa y seguridad y la economía.

«En esas zonas ya no se habla del monopolio de la fuerza que en teorías clásicas del estado lo maneja el estado, sino que hablamos de un oligopolio de la fuerza porque ya el estado tiene igual o menor capacidad militar y bélica que las que tienen las estructuras del narcotráfico», añadió Estrada.

Además de estar presente en las instituciones del Estado, los analistas mencionaron la relación entre el sector ganadero y los grupos criminales.

«Si hacemos un mapeo satelital de la evolución de la frontera agrícola en el oriente de Olancho, cuando uno va observando los años en que se van profundizando las estructuras de todos estos narcotraficantes en el estado se va aumentado la frontera agrícola en Olancho, se va aumentando la destrucción de los bosques y se va acrecentando el conflicto en zonas como la Moskitia», mencionó el ministro Cardona.

Estrada mencionó, además, que algunos expertos consideran que una señal de alerta sobre el crecimiento o presencia del narcotráfico en una zona son los equipos de fútbol. «Si recordamos el momento de apogeo de Los Cachiros, el equipo que llegó a primera división fue el de Tocoa», mencionó haciendo alusión al Olancho FC, equipo del departamento del centro-oriente del país donde ha existido mucha presencia del narcotráfico y que en mayo de 2023 llegó a la final de la Liga Nacional por primera vez en su historia.

Durante el Twitter Space de Contracorriente, Jennifer Ávila comentó que el narcoestado comenzó a reestructurarse tras el juicio de Antonio «Tony» Hernández, en el cual se expuso de forma más clara cómo la institucionalidad estaba al servicio del narco.

El historiador y PhD. en Ciencias Políticas, Otto Argueta se unió a la conversación comentando que «el narcoestado como tal, con todas esas categorías, con las dinámicas del narcotráfico sabemos ya muy bien que no son blanco y negro. Es decir, “gobierno bueno; narcos malos”, sino que al contrario, es una simbiosis en la que se necesitan unos y otros, entonces, hasta ¿qué punto podemos decir que el narcotráfico persiste?».

Por su parte, el ministro José Carlos Cardona concluyó que «toda esta economía del narco aparentemente sufrió un tambaleo tras la ida de Juan Orlando Hernández y de toda esta gente que se ha ido extraditados, pero sigue estando ahí. Es como una plaga, como un enjambre y no hay una nueva abeja reina».


¿Aún existe el narcoestado?

Semanas después de este Space, en Honduras ocurrieron varios eventos que revivieron la discusión sobre la presencia del crimen organizado dentro de las estructuras del estado y los organismos de seguridad.

El 20 de junio un enfrentamiento entre miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) dejó como resultado 46 mujeres privadas de libertad muertas. Esta reyerta, una de las más letales en la historia de los centros penales hondureños, sucedió en el contexto de un estado de excepción que se ha prolongado desde diciembre de 2022 y de una intervención del poder ejecutivo en el Sistema Penitenciario Nacional.

Como respuesta, la presidenta Xiomara Castro ordenó la re militarización de los centros penales, retrocediendo en las medidas que su gobierno había asumido en abril de 2022 al entregar el control de las cárceles a la Policía Nacional. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumió la gestión de centros penitenciarios produciendo escenas similares a las vistas en el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, el cuál ha sido acusado por torturas contra privados de libertad, según organismos defensores de derechos humanos.

También se separó del cargo de ministro de Seguridad a Ramón Sabillón, a pesar de que este no era quien lideraba la comisión interventora y tuvo un papel relevante en las extradiciones a acusados por narcotráfico en este gobierno. Además, el coronel Elías Melgar, quien aparece nombrado en los Juicios de Nueva York, renunció a su cargo como subsecretario de defensa.

A esto se suma una ola de violencia en varias partes del país. El viernes 23 de junio fue asesinada Ericka Julissa Bandy, esposa del narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez, quien fue asesinado en octubre de 2019 a balazos en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo». Magdaleno Meza fue un asociado a Antonio Hernández, narcotraficante, exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández.

El día siguiente, el sábado 24 una masacre en Choloma, Cortés, dejó 13 personas muertas, ocho de las cuáles eran parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Gildan San Miguel (Sitragsam).

El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien recientemente renunció a su cargo, denunció en el panel 30/30 que la ola de violencia que atraviesa el país es responsabilidad de la Policía Nacional y expresó la necesidad de depurar las instituciones de seguridad y justicia. «Ahí están los responsables, en la Policía, ahí hay que buscarlos y hay que castigarlos. Los responsables ya no están en las calles, están ahí en la Policía».

El lunes 26 de junio, previó a la ejecución del operativo «Fe y Esperanza» y ante la presencia de decenas de agentes de la PMOP, el coronel Fernando Múñoz realizó una oración cristiana en la que pidió ayuda a Dios para que las Fuerzas Armadas «no se corrompieran». «Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades y las hacen hacer las cosas a su favor», expresó el comandante de la PMOP.

La muerte de 46 privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS), el asesinato de Ericka Julissa Bandy, a plena luz del día en una panadería en San Pedro Sula y el asesinato de 13 personas en un billar en el sector López Arellano en Choloma fueron los hechos más impactantes en una semana que acumuló más de un centenar homicidios, una de las semanas más violentas que hemos vivido en los últimos años. La reacción de la presidenta Xiomara Castro, fue militarizar los centros penales y decretar toque de queda en los municipios de San Pedro Sula y Choloma. Ambas acciones no son bien vistas por algunos grupos de la sociedad, como los familiares de los presos. Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, catalogó el toque de queda como un tiro de gracia para la economía del país.

Texto: Amílcar Izaguirre
Fotografías : Amílcar Izaguirre y Jorge cabrera

Las imágenes de muerte y los mensajes de terror comenzaron a invadir por todos los medios a la población hondureña a partir del 20 de junio, día en que 46 privadas de libertad murieron producto de una reyerta y un posterior incendio en la cárcel de mujeres, este hecho sigue sin esclarecer, pero la respuesta inmediata del gobierno fue culpar a la Pandilla 18 de un ataque armado y militarizar el sistema penitenciario.

Dos días después, el asesinato de Ericka Julissa Bandy, viuda del extinto narcotraficante Magdaleno Meza, quedó grabado en una cámara de seguridad y su video fue difundido masivamente por medios de comunicación y redes sociales, incluso la fotografía de su cuerpo desnudo e inerte circuló en chats de whatsapp.

Aún corría la sangre de Bandy en las redes sociales cuando el 24 de junio fueron asesinadas 22 personas, 13 de ellas en una masacre en Choloma, al norte de Honduras, el resto en hechos violentos registrados en otras zonas del país. Aún no hay investigaciones que indiquen que los hechos estaban relacionados o que lo ocurrido en la cárcel de mujeres podría haber generado un sismo de violencia en el país, pero algunas fuentes en las comunidades más vulnerables a la violencia por estar controladas por maras y pandillas advirtieron a este medio que lo ocurrido en la cárcel podría traer consecuencias en la calle.

La fallida intervención y el retorno de los militares

Con la suspensión de Julissa Villanueva, de la Comisión Interventora de centro penales que apenas tenía dos meses de haber entrado en funciones después de que sucedieran seis amotinamientos en diferentes centros penales, la presidenta Xiomara Castro dio paso a la militarización del sistema penitenciario,una receta ya conocida. Organizaciones de derechos humanos y de familiares de privados de libertad han insistido que esta no es una solución a la crisis carcelaria. Dilma Ordoñez, presidenta de la Asociación de Privados de Libertad dijo en un Space organizado por Contracorriente, que cuando las FF.AA. Han controlado las cárceles en Honduras, se ha dado la mayor cantidad de abusos a los, malos tratos y torturas.

El lunes 26 de junio las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron la «Operación Fe y Esperanza», según ellos para garantizar la seguridad y el orden en los centros penales del país. En dicha operación la Policía Militar del Orden Público, una fuerza militar creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, sacó de los módulos a los privados de libertad esposados con las manos hacia atrás amarradas con cintas de plástico, en ropa interior, descalzos y sin camisa para hacer una requisa. La PMOP encontró en ese mismo lugar explosivos artesanales, un arsenal de 24 armas entre pistolas fusiles de uso prohibido, 6500 proyectiles de diferentes calibres. El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino del expresidente del mismo nombre, publicó imágenes parecidas a las que hizo mundialmente populares el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en las cárceles de su país.

Los portones, el candado y el toque de queda

La última medida de «mano dura» del gobierno de la presidenta Castro ha sido decretar medidas especiales en San Pedro Sula y Choloma. El ahora ministro de Seguridad, que antes era el director de la policía, Gustavo Sánchez, se trasladó al norte del país para promocionar la «Operación candado» en la que asignó a la zona a 500 policías, 400 soldados y 100 miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) adicionales. Además dijo que cuenta con 100 vehículos y dos helicópteros. El toque de queda comenzó en Choloma desde el domingo 25 de junio desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y la misma medida se aplicará en San Pedro Sula, a partir del 4 de Julio, después de que terminen las fiestas de la feria patronal.

El martes por la tarde el ministro de Seguridad se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), para tratar el tema relacionado con el toque de queda y buscar estrategias para que esta medida no afecte la economía de la zona norte. Por su parte el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo en un video que «cerrar San Pedro Sula en un estado de sitio era darle el tiro de gracia a la economía del país» y recomendó aplicar esta medida solamente en lugares donde haya brotes de violencia.

Una vecina de la colonia Rivera Hernández, ve con asombro desde la ventana de su casa el despliegue policial y militar que llegó a esta zona a retirar los portones instalados por el grupo «Los Tercereños». Fotos CC/Amílcar Izaguirre
Una vecina de la colonia Rivera Hernández, ve con asombro desde la ventana de su casa el despliegue policial y militar que llegó a esta zona a retirar los portones instalados por el grupo «Los Tercereños». Fotos CC/Amílcar Izaguirre

En el marco de la Operación Candado la Policía Nacional capturó a Jerson Javier Carías Molina, alias “Baby Face” José Andrez Hernandez Gutierrez, alias, “Baby Skinny” Javier Antonio Colindres Hernández, alias, “El Eficaz”, y “Little Cabeza”, quienes según la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO), serían el cabecillas de la pandilla 18 en La Lima, en el norte de Honduras y los presuntos responsables de la masacre en Choloma.

El gobierno ha expuesto sobre todo a la pandilla 18 como la responsable de los últimos hechos violentos en el país pero también le ha declarado «la guerra» a la Mara Salvatrucha, las dos pandillas que dominan el crimen en las calles de Honduras, sin embargo en lugares como el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, operan diversas pandillas y bandas que a su vez responden a diversos grupos del crimen organizado.

El pasado martes policías y militares se presentaron a la colonia Rivera Hernández, en donde apenas hubo la cantidad de 40 policías durante el estado de excepción, para derrumbar trece portones construidos según el ministro Gustavo Sanchez, por el grupo delictivo «Los Tercereños» quienes cobraban 400 lempiras a 500 hogares como un modo de extorsión a cambio de supuesta seguridad. El Sector Rivera Hernández lo integran unos 55 barrios y colonias, en un reportaje publicado el cuatro de mayo por Contracorriente, las autoridades y vecinos mencionaron la existencia de seis grupos criminales que se disputan el territorio para vender droga y extorsionar a los pobladores de dichos barrios.

«La policía siempre ha podido y siempre ha querido» combatir efectivamente el crimen, dijo Sánchez cuando se le mencionó sobre los problemas que hace mucho eran evidentes para las autoridades. Sin embargo, la percepción de la gente no es la misma, un comerciante de productos lácteos de la Rivera Hernandez, dijo al ver el derribo de los portones: «ese es puro show, de nada sirve que venga un rato si luego se van, acá lo que queda es aprender a vivir con estos grupos» comentó mientras observaba desde su negocio al ministro Gustavo Sánchez, quien se detuvo a comer baladas en negocio ubicado en la calle principal de la colonia Rivera Hernández.

Texto: Oscar Estrada

Roberto Gargarella en su libro La justicia frente al gobierno (Ariel, 2012), alerta del peligro que enfrentan las democracias actuales cuando las cortes se convierten en árbitros políticos y definen procesos electorales. Esto, según Gargarella, «podría erosionar la separación de poderes y debilitar la legitimidad democrática. Es fundamental, que los tribunales mantengan su rol como guardianes imparciales del Estado de derecho, y no como actores políticos que buscan influir en los resultados electorales».

Las palabras de Gargarella resuenan hoy en la democracia guatemalteca. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció el pasado sábado que revisará una serie de recursos legales en contra de los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio, una decisión que inmediatamente ha levantado las alarmas adentro y afuera del país, pues de concretarse la intervención judicial en las elecciones pondría en peligro la democracia del país centroamericano.

El candidato del partido de centro izquierda Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León, sería el principal afectado con esta decisión de la corte guatemalteca. Arévalo fue la gran sorpresa en las elecciones presidenciales del pasado domingo 25 de junio. Hijo del expresidente de la revolución del 44, Juan José Arévalo de León (1945-1951), construyó una exitosa campaña que pasó por debajo del radar: urbana, de tierra (con un trabajo de puerta a puerta), orientada a la juventud y con un discurso contestatario, en contra de las mafias que controlan el estado guatemalteco.

Sandra Torres Casanova llegó a primera vuelta por tercera vez en su carrera política. Su resultado no sorprende. Luego de competir contra Jimmy Morales y luego contra Alejandro Giammattei, ahora enfrentará a Bernardo Arévalo. Para ello su postura ha ido mutando a la derecha conforme iba siendo derrotada en los anteriores procesos electorales.

Pero algo salió mal en el cálculo de las élites guatemaltecas. Las encuestas previas indicaban que Arévalo de León obtendría cuando mucho un octavo lugar y que las candidaturas del exdiplomático Edmond Mulet y de Zury Ríos Sosa, hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, serían los contrincantes de Sandra Torres. Con ellos iba a ser todo más fácil, la derecha se uniría y Sandra perdería nuevamente la contienda. Pero los candidatos de la derecha no lograron superar siquiera el 7% de los votos, algo que muestra el cansancio que los electores tienen de partidos que en su mayoría cuentan con figuras que han sido vinculadas a corrupción y abuso de poder.

Hoy las élites políticas del país enfrentan un dilema: apoyar o no apoyar a Sandra Torres. De perder Torres las elecciones del próximo 20 de agosto, aquella Sandra Torres que antes demonizaron por radical, que llegó incluso a defender el matrimonio gay, y aunque hoy compite con una bandera pro familia y pro vida, no logra del todo convencerlos, estarían abriendo una puerta para impulsar, desde la presidencia de Arévalo de León, cambios en las estructuras de gobierno que aunque mínimos, amenazan su estabilidad. Algo que está claro no quieren arriesgar.

Durante las elecciones se registraron algunos incidentes, un par de enfrentamientos entre pobladores y policías. A pesar de ello, los guatemaltecos votaron sin grandes expectativas, mostrando desinterés por los comicios. Un 17% del electorado votó nulo, un porcentaje mayor al de los dos candidatos en la contienda y no hubo mayores incidentes que justifiquen la intervención judicial para cambiar el resultado.

Bernardo Arévalo, que seguramente tenía este escenario en el panorama desde el principio, le apuesta al todo por el todo, porque no tiene nada qué perder. Ofrece el combate a la corrupción y a las mafias incrustadas en el gobierno, exalta la era de la CICIG (muy popular en la ciudadanía) y bajo la sombra del mito de su padre que gobernó en la época más progresista del país, promete la transformación radical para mejorar la condición económica y social de Guatemala. Él comprende que lo peor que podría pasarle sería ganar la presidencia el próximo 20 de agosto. Con apenas 23 diputados de 160, Bernardo Arévalo no lograría en la práctica controlar el Congreso Nacional y tendría allí un muro que le haría imposible gobernar. Su apuesta es, entonces, a perder, poner a las élites del país en una posición tal que los obligue a actuar en su contra y lograr así un significativo avance, y acumular fuerza para, en las próximas elecciones, obtener un mejor resultado en el Congreso Nacional.

Sandra Torres, en cambio, está peleando con todo. Ella sabe que ésta será su última oportunidad. Presenta una campaña en medios de comunicación tradicionales, radio y televisión; adoptó un discurso conservador de guerra cultural, mismo que ha sido usado ya por los conservadores en Estados Unidos y Europa, de una supuesta defensa de los valores tradicionales de la familia, la niñez y “los géneros hombre y mujer”. Y aunque Sandra Torres tendría tan solo 27 diputados, no muchos más que Arévalo de León, cree contar con un mayor espacio para lograr acuerdos con los partidos de derecha, Vamos, parte del gobierno actual, con 41 diputados y Cabal, con 19, más los 13 de Valor Unionista. Con Sandra Torres habría un Congreso de derecha en Guatemala, en la práctica nada cambiaría (condición mínima para gobernar este país), algo que no le será «tan» difícil, dada su constante transformación ideológica. Con Sandra Torres podríamos esperar entonces un gobierno sin sorpresa, cercano a las iglesias y poderes fácticos, quizás un poco más moderado que los tres gobiernos anteriores, con muy poco espacio de maniobra desde el legislativo para impulsar cambios sustanciales, pero eso parece no ser suficiente para las élites que temen que Sandra Torres no logré ganarle a Arévalo de León y por eso, ahora, recurren a la judicialización del proceso electoral, un golpe de mesa que busca garantizar que nada cambie.

Blogs anónimos pidieron a Google retirar de su buscador artículos de prensa sobre hombres de negocios, políticos y estafadores. No reclaman derecho al olvido, sino que alegan falsamente que hubo plagio. Aun así la plataforma les hizo caso y los retiró.

Por Marco Dalla Stella y el CLIP
Este reportaje fue publicado originalmente en el CLIP y con su autorización lo publicamos de manera íntegra.

Si buscan al nombre de Edgar Manuel Méndez Montoya en Google, un operador financiero de Roberto Borge, el exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, entre los resultados, se van a topar con un aviso algo raro: “en respuesta a múltiples quejas recibidas bajo la ley de Estados Unidos Digital Millennium Copyright Act, hemos quitado 4 resultados de esta página”. Aquí se ve:

En otras palabras, Google informa que ha recibido varios reclamos alegando que las notas eliminadas han sido plagiadas. Es decir, que infringen la ley de Estados Unidos sobre el derecho de autor (Digital Millennium Copyright Act, o DMCA).
En otras palabras, Google informa que ha recibido varios reclamos alegando que las notas eliminadas han sido plagiadas. Es decir, que infringen la ley de Estados Unidos sobre el derecho de autor (Digital Millennium Copyright Act, o DMCA).

Uno de los artículos eliminados, “Giran orden de aprehensión contra el tabasqueño Edgar Méndez Montoya, presunto operador de Borge”, fue publicado por XEVT, una radio local del estado de Tabasco, que en 2013 fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo. La nota cuenta de la orden de captura contra el empresario tabasqueño bajo acusación de presunto delito de peculado. Este dato sale a la luz al revisar la base de datos Lumen, el proyecto del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, que recolecta todos los pedidos de remoción que Google recibe y que alegan diversas causas, entre ellas la del supuesto plagio.

Google aceptó quitar el artículo de la radio tabasqueña después de que una persona, que se identificó como Lucía Montes Celester, reclamara ser la propietaria intelectual de ese contenido. Ella declaró bajo juramento que radio XEVT había copiado al blog anónimo newsworldinfo.over-blog.com y sólo tuvo que demostrar que su blog había sido publicado antes que la nota.

Sin embargo, para enviar un reclamo de ese tipo no se necesita identificación alguna y la gente puede fechar sus blogs cuando quieran. No hay un filtro para evitar que las personas utilicen falsas credenciales a la hora de reclamar plagio. En Lumen abundan pedidos de remoción de contenidos realizados con nombres falsos, como Adolf Hitler, Joseph Stalin y Elon Musk. En respuesta a un cuestionario enviado por CLIP, Google dijo que no está en capacidad de verificar la exactitud de estos reclamos.

A partir de esta nota censurada sobre Méndez Montoya, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el respaldo del International Center for Journalists (ICFJ), revisó las quejas por violación de derechos de autor por notas aparecidas en el mismo newsworldinfo.over-blog, donde habían copiado la nota de la radio.
A partir de esta nota censurada sobre Méndez Montoya, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el respaldo del International Center for Journalists (ICFJ), revisó las quejas por violación de derechos de autor por notas aparecidas en el mismo newsworldinfo.over-blog, donde habían copiado la nota de la radio.

Encontramos que otros setenta intentos de remoción llegaron a Google desde el mismo blog, todos entre la segunda mitad de 2022 y el 2023 y, por sus contenidos, resulta evidente que varios grandes empresarios y personas con conexiones políticas se podrían beneficiar al esconder noticias sobre su pasado. Estos no provienen sólo de México, sino también de otros países de la región como Venezuela, Paraguay y Haití, y de otras partes del mundo, como Italia, Canadá o Estados Unidos.

A partir de estos artículos que habían sido copiados en el mencionado blog, buscamos en la base de datos de Lumen, mediante un código de programación, otros blogs anónimos que estaban copiando contenidos y enviando pedidos de remoción a Google. Obtuvimos así alrededor de 30.000 pedidos de remoción interrelacionados entre sí. Es decir, estos blogs comparten la página web de la cual se originó la declaración, o la página que estaba siendo atacada.

De todos esos pedidos de remoción, más de 14,000 se originaron desde páginas web anónimas registradas en plataformas de blog como Blogspot, Tumblr y WordPress y la gran mayoría comenzó a aparecer en 2021, y sólo en lo que va de 2023, se dieron más de 3.000 pedidos.

Esta investigación descubrió además que estos miles de pedidos de remoción están vinculados a una fuente común, con conexiones con la empresa española de reputación digital Eliminalia.

Eliminalia era una empresa que se dedicaba al negocio de conseguir que las plataformas borraran información comprometedora a sus clientes, según lo reveló una investigación internacional liderada por Forbidden Stories en febrero pasado. A través de documentos internos de la empresa que fueron filtrados, esa alianza de periodistas reveló un listado de clientes ilustres que en años recientes habían contratado a Eliminalia o a sus empresas aliadas. En diciembre pasado, justo antes de las revelaciones, la empresa había cambiado su nombre a iData Protection.

Lo interesante es que la base de datos recolectada y analizada por CLIP corresponde parcialmente con el listado de clientes difundido por la investigación liderada por Forbidden Stories. Para citar sólo un ejemplo, algunos intentos de remoción que revisamos intentaron esconder noticias críticas del empresario venezolano Isaac Sultán, que según lo que reveló la investigación de Forbidden Stories pagó 100.000 dólares para esconder informaciones sobre su red de empresas.

Esta investigación de CLIP, desenreda por primera vez cómo funciona un método fraudulento para conseguir esconder pasados turbios, a través de pedidos de remoción de blogs anónimos, y detecta casos en los cuales Google cayó en una trampa tan sencilla como el hecho de cambiarle la fecha a un contenido en un blog anónimo. Además, a partir de los artículos atacados pudimos identificar un listado de más de cincuenta individuos o empresas que podrían beneficiarse de esa remoción, lo que nos permite suponer que iData Protection el nuevo nombre bajo el cuál aún opera Eliminalia u otra empresa parecida han seguido operando durante los últimos tres años. De los intentos de remoción que CLIP revisó, más de 3.000 ocurrieron incluso después que fueran publicadas las revelaciones de la alianza que lideró Forbidden Stories.

Según el patrón que identificamos, empresas de consultoría crean blogs anónimos, incluso en plataformas de propiedad de Google, donde copian la noticia que sus clientes quieren eliminar. Tras cambiar la fecha a un momento anterior a la publicación original, alegan que hubo violación de derechos de autor para así obtener la remoción de los artículos.

Esta investigación ha detectado que, durante los últimos tres años, Google eliminó por lo menos 500 páginas debido a reclamos de derechos de autor que parecen fraudulentos. Incluso hoy, al cierre de esta nota, aún es imposible acceder a muchos de estos contenidos desde el motor de búsqueda.

Un vocero de Google respondió por correo electrónico a las preguntas del CLIP, sobre estos hallazgos, asegurando que son conscientes de esta práctica y admitió que un porcentaje de los pedidos de remoción ha pasado por debajo de sus controles de seguridad. También aseguró que la compañía está en el proceso de volver a incluir los enlaces que han sido erróneamente desindexados.

Si bien los dueños de los artículos ocultos pueden apelar la decisión, varios autores contactados por CLIP dicen no haber recibido comunicación alguna sobre la remoción y por tanto sus notas siguen inaccesibles.

“Sabemos que no hay notificación adecuada”, dijo Tord Lundström, director técnico de informática forense en Qurium, una sociedad que ofrece servicios de hosting para medios independientes y de investigación, entre ellos el CLIP.

Qurium estuvo entre las primeras organizaciones que lanzó la alarma sobre el problema de los pedidos DMCA fraudulentos. Según Lundström, los medios alojados en Qurium han sido objeto de varios ataques a través de DMCA fraudulentos, pero Google nunca los notificó. “Al ser un servicio de hosting somos muy fáciles de contactar”, dijo Lundström.

El texto de la ley sobre protección de derechos de autor, el Digital Millennium Copyright Act, obliga a los prestadores de servicios a notificar en corto tiempo a la persona cuyos contenidos han sido retirados.

No obstante, Google afirma que, salvo que los estén previamente registrados en Search Console, un servicio de Google que permite a los creadores de páginas web verificar el estado de sus sitios en internet, no tienen cómo notificar a todos los usuarios. Sin registro en Search Console, la plataforma sostiene que no puede identificar el propietario de una página web.

Esta falla en el sistema hizo que la creación masiva de pedidos de remoción por infracción de derechos de autor se convirtiera en una de las tácticas utilizadas por empresas de consultoría digital. Bajo la pretensión de proteger el derecho al olvido de las personas, en realidad lo que se proponen es limpiar la reputación de políticos procesados por la justicia, delincuentes de cuello blanco y estafadores.

Fuentes: análisis cruzado de la base de datos de Lumen (https://lumendatabase.org/) y la del Transparency Report de Google (https://transparencyreport.google.com/)

Derecho al olvido

El negocio de la reputación digital es tan antiguo como el internet. Al principio, la única manera que los individuos tenían para mejorar su imagen en línea era dirigirse a empresas especializadas en optimización para motores de búsquedas, o SEO (por su acrónimo inglés, Search Engine Optimization).

Las cosas cambiaron en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre una batalla legal entre un ciudadano español, la Agencia Española de Protección de Datos y Google. Entonces, el Tribunal de Justicia decretó lo que se hoy conoce como el “derecho al olvido,” que consiste en el derecho de los individuos a obtener la remoción de informaciones obsoletas o irrelevantes sobre ellos de los resultados de los motores de búsqueda. De esa decisión quedaron excluidas personas cuyas acciones pasadas fueran de interés público tal como las de políticos y hombres de negocios.

La decisión del Tribunal de Justicia creó un marco legal para el surgimiento de nuevas empresas y estudios legales legítimamente especializados en el derecho al olvido. En terrenos más fangosos, creció al mismo tiempo un negocio paralelo para venderles a políticos y empresarios de todo el mundo la posibilidad de esconder sus malos pasos y limpiar su imagen pública, esto a pesar de que el fallo del alto tribunal europeo no los cobijaba.

“Ya no era aplicar la ley para lo que supuestamente fuimos contratados,” dijo al CLIP un abogado especializado en derecho al olvido que trabajó en Eliminalia y que pidió no publicar su nombre, debido a que teme represalias, sentimiento similar al de otras fuentes consultadas para esta investigación.

El abogado explicó que su trabajo consistía en convencer a Google y a otros motores de búsqueda que tenían que retirar el contenido de sus clientes, utilizando cualquier método apelando al derecho al olvido creado por el Tribunal Europeo. “Prácticamente, era buscar cómo engañar a Google de alguna forma.”

Pero el tipo de clientes que le empezaron a llegar no tenían casos sólidos bajo esa jurisprudencia. “Me empezaron a dar clientes que eran políticos, narcotraficantes, violadores,” dijo el abogado. Su trabajo se volvió aún más difícil en 2019, cuando la Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que el derecho al olvido no se podía aplicar para personas por fuera de la Unión Europea.

“Ahí nos jodieron”, dijo el abogado.

Los clientes pagaban a la empresa entre 150 y 3.000 euros por cada enlace que consiguiera esconder de los primeros resultados del motor de búsqueda, dependiendo de cuánto interés público había suscitado el artículo. Si Eliminalia lograba arrastrar un enlace de una nota a la cuarta página de resultados de Google, lo consideraba como desindexado, según dijo el citado abogado. Cuando los reclamos de remoción de un contenido por parte de los abogados no tenían éxito, la empresa apelaba a su plan B: intentar esconder los contenidos negativos a través la creación de contenidos positivos.


Notas positivas

En lugar de negar sus servicios a potenciales clientes que no tenían casos válidos para acogerse al derecho al olvido, empresas como Eliminalia volvieron a la vieja táctica de intentar esconder los resultados engañando al SEO creando muchos de contenidos similares. Según pudo establecer CLIP, las empresas dedicadas a borrar el pasado de clientes dudosos tienen departamentos enteros dedicados a producir nuevos artículos que distorsionan el contenido del original, hasta que el artículo que su cliente quiere esconder ya no se encuentre si no hasta la segunda o tercera página de los resultados de Google.

“Me pasaba ocho horas escribiendo un artículo cada hora u hora y media. Entre 1.500 y 5.000 palabras por hora. Eres como una máquina”, dijo a CLIP una ex empleada del departamento de creación de contenidos de otra empresa más pequeña de reputación digital.

“El objetivo es manipular la información,” nos dijo la ex empleada. Según ella, su trabajo consistía en crear narrativas falsas en serie, para publicarlas en páginas web sin real audiencia pero que, por su conocimiento de SEO (optimización en motores de búsqueda), lograban que los algoritmos de Google las posicionara bien.

“Lo que estás escribiendo de una persona, en realidad, no existe”, dijo.

Contó que a veces, para difundir las informaciones, la empresa le pedía crear perfiles falsos en todas las redes sociales.

“Teníamos tarjetas de teléfono que cambiábamos cada dos por tres para recibir los códigos de activación. No sé ni de dónde llegaban esas tarjetas. Cambiábamos como 200 tarjetas por semana”, dijo la ex empleada y explicó que los perfiles falsos se creaban en todas las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.

Según contó la citada ex empleada, en su empresa, había una vigilancia extrema de los empleados, pues tenía varios clientes que eran políticos y otros hombres con poder.

“No podíamos utilizar celulares, y había muchas cámaras,” nos dijo la ex empleada del departamento de creación de contenidos. “Está todo vigilado.”

La ex empleada decidió irse de la empresa después de haberse enterado de la gravedad de lo que estaba haciendo. Como le estaba prohibido conocer las razones por las cuales los clientes se habían dirigido a su empresa, en una ocasión decidió buscar en Google el nombre de uno sobre quien había creando varios artículos. Encontró acusaciones de varios abusos, incluso hacia menores. “Te dicen que no te dejes llevar por lo que puedas encontrar en el Internet, para que a la hora de escribir no te entre pudor. Por así decirlo”, dijo la ex empleada. Su percepción del mundo cambió radicalmente después de esa experiencia laboral.

“Te das cuenta de que nunca estamos a salvo de nada. Porque hay gente suficientemente preparada como para borrarte del mundo”, dijo la fuente.

Derechos de autor en la era digital

Cuando la creación de contenidos no resultó suficiente para enterrar un pasado de grueso calibre, empresas como Eliminalia recurrieron a abusar de la ley estadounidense de 1998 que buscó limitar la difusión de material pirata en internet.

Infografía: Miguel Méndez
Infografía: Miguel Méndez

Según dijo a CLIP otro ex-empleado de Eliminalia, esta táctica se popularizó después de 2019 cuando la Unión Europea introdujo límites sobre la aplicación del derecho al olvido digital para personas por fuera de Europa.

“Lo que hacíamos era utilizar páginas web para crear copias del contenido que queríamos borrar”, dijo. “Le ponías una fecha anterior a la de la publicación original, y lo que Google hacía era eliminarlo porque veía que el otro aparecía copiado”. Según este otro ex-empleado, al principio esta táctica era particularmente eficaz si el contenido copiado estaba subido a blogs creados en otra plataforma propiedad de Google.

“Yo te diría un sesenta por ciento de eficacia si el contenido está creado en páginas web. Y un cien por ciento si estaba creado en Blogspot.”

Esta táctica aprovecha que los usuarios de blogs y otras plataformas análogas puedan alterar la fecha de publicación de sus contenidos, aparentemente sin que esta alteración deje algún rastro. “Si Google no te diera esos medios, eso realmente no se podría hacer, dijo el ex empleado”.

La combinación de abusos de la ley estadounidense sobre derechos de autor y la normativa europea sobre derecho al olvido preocupa a Catalina Moreno Arocha, Coordinadora de la Línea de Inclusión Social de Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil de promoción de los derechos humanos en el mundo digital. “Eso puede llegar a ser muy peligroso”, dijo Moreno.

En algunos países de América Latina existen legislaciones en algunos países de la región y autoridades de protección de datos que aplican un derecho similar al derecho al olvido, pero regionalmente no está consagrado un derecho al olvido tal como fue definido en Europa. No obstante, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que este derecho es “problemático”, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A pesar de eso, existen empresas que prometen borrar el pasado si tienes como pagar.

“Es muy sonoro hablar de derecho al olvido, pero es impreciso,” dijo Moreno. “No existe ese derecho. Es una forma de censura, una amenaza a la libertad de expresión”.

Cuando se le pregunta cuáles instrumentos están a disposición de un ciudadano que se ve afectado por noticias dañosas de su reputación, Moreno apunta a las protecciones existentes en materia de protección contra calumnias e informaciones falsas, y a la posibilidad de obtener la actualización de la noticia. Para todos los otros casos, el principio de la libertad de expresión viene primero.

“La información tiene que permanecer”, dijo.

Cómo investigamos en detalle

Como lo explicamos más arriba, la investigación de CLIP partió del artículo de una radio tabasqueña que fue eliminado del motor de búsqueda, a pedido de newsworldinfo.over-blog.

Luego revisamos cuáles otros artículos aparecían copiados en ese blog. De ahí encontramos que desde ese mismo blog habían pedido a Google al menos otras sesenta remociones de notas, todas entre el segundo semestre de 2022 y lo que va del 2023. Para alimentar esta serie de búsquedas interrelacionadas en la base de datos de Lumen, desarrollamos un código.

Después buscamos si había otros blogs anónimos que estaban copiando sus contenidos y enviando pedidos de remoción a Google. Por ejemplo, un mismo artículo sobre una masacre ocurrida en Haití y copiado por newsworldinfo.over-blog.com fue copiado también por el blog https://mundololopez.wordpress.com. Otro sobre la detención en España de dos ex funcionarios de Venezuela fue copiado por https://theobservernews.over-blog.com/ y, también, por https://mundololopez.wordpress.com.

Al automatizar este proceso de búsqueda obtuvimos una base de datos de alrededor de 30,000 pedidos de remoción interrelacionados entre ellos. Es decir, que tienen en común la página web de la cual se originó la declaración o la página que estaba siendo atacada.

En la mayoría de los casos que encontramos los intentos de remoción buscaban borrar informaciones negativas sobre plataformas de forex trading. El forex trading es una estrategia para obtener utilidades aprovechando el mercado cambiario de divisas.

De acuerdo a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), una agencia del gobierno de Estados Unidos que regula los mercados de futuros y opciones, las fraudes son comunes en el mercado del forex trading y aumentaron con la difusión tecnológica.

Al eliminar los pedidos relacionados con agencias de forex trading, quedó un conjunto de casi 5.000 pedidos de remoción.

Como último paso, comparamos esos 5.000 pedidos de remoción con la base de datos del Google Transparency Report y encontramos que Google aceptó las quejas de blogs anónimos, en su mayoría registrados en Blogspot y Tumblr, y retiró links de más de 300 notas por supuesta violación derechos de autor.

Es importante mencionar que fueron excluidos de este último cálculo, los pedidos de remoción que no provenían de blogs o de sus autores. A veces, los actores que se dedican a enviar reclamos de que la ley estadounidense de derechos de autor ha sido violada se hacen pasar por los autores de artículos legítimos y así borran información comprometedora para sus clientes. Por ejemplo, Lumen muestra más de 50 pedidos de remoción hechos a partir del blog infodio.com, de propiedad del periodista de investigación venezolano Alek Boyd. Es decir, piden las remociones de notas en otros medios a nombre de Boyd o de su blog. “¡Todos los pedidos de remoción de información relacionados con mis blogs han sido hechos por anónimos, falsos, en algunos casos han usado mi propio nombre y el de infodio para remover información de infodio republicada en otros blogs!”, nos dijo Boyd.

CLIP se enfocó no en casos como los de Boyd, sino sólo en aquellos en los que los reclamantes de supuesto plagio eran blogs o publicaciones anónimas. Por esta razón es probable que las cifras mencionadas en el presente artículo sean en realidad mucho más altas.

Con el propósito de conocer a los responsables detrás de los blogs que han enviado estas notificaciones, compartimos el listado de blogs registrados en Tumblr y WordPress con Automaticc, la sociedad dueña de esas dos plataformas. Desafortunadamente, Auomaticc dijo, a través de su portavoz, que no podía difundir informaciones relativas a sus dominios, pero nos aseguró que comenzaron a suspender las páginas que violan sus políticas.

“Reconocemos que existe mucho potencial para abusos, especialmente como instrumento para censurar la libertad de prensa y críticas legítimas” dijo a CLIP el portavoz de Automaticc. “Pensamos que leyes como la DMCA no deberían obligar a las plataformas de hosting a quitar arbitrariamente los contenidos, lo que hace posible estos abusos.”

Como los servicios de hosting no tienen que revelar a quiénes pertenecen sus blogs, la investigación de CLIP no pudo detectar con certeza las personas o empresas detrás de ellos. Sin embargo, en la base de datos que resultó de esta investigación hay coincidencias con personas o entidades que habían usado los servicios de eliminación de contenidos adversos de Eliminalia, según lo reportaron las historias del consorcio periodístico liderado por Forbidden Stories.

En una cantidad alarmante de casos, las páginas eliminadas son de diarios reconocidos y mencionan a personas que la ley europea probablemente indicaría como públicas. Por ejemplo, Google borró de sus resultados una página de Offshore Leaks, el portal del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ por su sigla en inglés), debido a una notificación de infracción por derechos de autor enviada por tumblr.com/eryanrealty, una página que actualmente ni siquiera se encuentra en línea.

En su respuesta escrita, el vocero de Google le aseguró a periodistas de CLIP que su empresa lucha activamente en contra de los intentos de remoción fraudulenta, empleando una combinación de revisión humana y automatizada. “También consideramos la relevancia de los contenidos que se piden retirar, y tomamos atención especial para evitar limitar erróneamente el acceso a la información”, dijo el portavoz.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

En el 2007, el entonces presidente Manuel Zelaya adjudicó de manera directa a la empresa guatemalteca comercializadora de electricidad CECHSA un contrato para generar 150 megas a base de carbón mineral. Este contrato fue cancelado el 2014. Actualmente, en CECHSA aseguran poseer un contrato para generar 150 MWH a pesar de que funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indicaron desconocer la existencia de dicha planta. El abogado Rafael Virgilio Padilla, actual presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), fue miembro del consejo de CECHSA. Padilla se convirtió en militante del partido Libre en agosto de 2022.

Texto: María Celeste Maradiaga y Allan Bu
Fotografías: Amilcar Izaguirre y Fernando Destephen

Desde febrero de 2023, antes de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) oficializara los racionamientos de energía, en el municipio de Villanueva, al norte de Honduras, ya se estaba preparando la instalación de una planta de energía que funcionará con gas natural y que podría entrar en operación en abril de 2024. Según Samuel Rodríguez, representante del sector privado, esta generadora ofrecería un paliativo al problema energético del país. Parecen buenas noticias, pero hay un problema: no existe información oficial sobre esta planta de energía.

Unas 50 personas trabajan en la preparación del terreno donde se instalará la planta de gas. Una fuente que prefiere conservar el anonimato, le dijo a Contracorriente que la planta fue comprada en Noruega, donde funcionó por un tiempo y luego dejó de usarse. La misma persona confió que la inversión será aproximadamente de 156 millones de dólares. Inicialmente se tenía contemplado que la planta iba a generar 240 Megawatts por hora (MWH) , pero empleados que trabajan en el plantel expresaron a este medio que el objetivo de generación ahora son 480 MWH.

El levantamiento del plantel está a cargo de una constructora hondureña que fue contratada por la empresa guatemalteca Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A de C. V. (CECHSA), que en el 2007, el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales le adjudicó de manera directa un contrato para generar 150 megas a base de carbón mineral. El contrato finalmente fue cancelado en 2014, durante el primer año de Gobierno de Juan Orlando Hernández porque la inversión nunca arrancó.

Cechsa es una sociedad creada el 17 de mayo de 2007 por el guatemalteco Leonel López Rodas y la hondureña María Luisa Martínez, que esencialmente se dedica a la generación, distribución y comercialización de servicios de energía. López Rodas es un personaje visible en la vida política de Guatemala. Está muy relacionado con el tema de la energía. En el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) fue ministro de Energía, justamente cuando se privatizó el rubro de la energía en ese país por lo que se le consideró uno de los impulsores de este proceso. Fue presidente y actualmente es directivo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). En el 2002 fue candidato a la presidencia por el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

A lo largo de su existencia, la empresa ha tenido una serie de cambios en sus socios y en el consejo administrativo. Durante su existencia, han aparecido figuras que relacionan a la empresa con la élite política de Honduras. En el año 2008 se integró al consejo de administración Roberto Brevé Reyes, quien ahora es magistrado del Registro Nacional de las Personas (RNP) en representación del Partido Liberal.

Sin embargo, hay un hallazgo aún más interesante. En el 2010, en el oficio número 3295211, en un documento autenticado por el notario José Nuñez Velásquez, aparece como secretario del Consejo de Administración de Cechsa, el abogado Rafael Virgilio Padilla, quien en ese momento realizó las diligencias para nombrar a Roberto Brevé Reyes como gerente general de esa empresa.

Padilla es un exdiputado que llegó al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción (PAC) durante el período (2014-2018), tiempo después se unió al Partido Salvador de Honduras (PSH), al que posteriormente renunció y, actualmente, es miembro del partido Libertad y Refundación (Libre).

Rafael Virgilio Padilla fue juramentado en julio de 2022 como el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que es el ente regulador del mercado eléctrico en Honduras.

Entre las funciones de este organismo están aprobar las bases de licitación, supervisar los procesos de compra de potencia y energía por las empresas distribuidoras y aprobar los contratos de compra de potencia y energía que resulten de esos procesos.

La Cree, con Padilla como presidente, emitió los términos de referencia en diciembre de 2022 para la generación de 450 megawatts que aún no han sido adjudicados. En esos términos se abre la posibilidad que una planta como la que se está instalando en Villanueva pueda proveer energía a la ENEE.

En el 2017, con Roberto Brevé Reyes como presidente del consejo de administración de Cechsa, se le confirió al empresario Víctor Elías Bendeck Ramírez el poder general de administración de sociedad, que lo facultaba para realizar cualquier trámite o gestión en Honduras.

Bendeck Ramírez estuvo prófugo de la justicia hondureña acusado por la Fiscalía de «maniobras dolosas» por la quiebra del Banco Corporativo (BANCORP). Su padre, Víctor Bendeck Samra, fue detenido por el mismo delito en 2003. El poder conferido a Bendeck Ramírez para la administración de Cechsa le fue retirado el 26 de septiembre de 2018.

Contracorriente contactó al ingeniero Roberto Brevé, quien se limitó a contestar que luego de su salida como gerente de CECHSA «se desligó totalmente de la empresa» y que no tiene conocimiento sobre su gestión actual con gas natural. Sin embargo, Roberto Brevé Reyes fue miembro del consejo de administración hasta el 2017.

Leonel López Rodas, el guatemalteco quien comenzó la sociedad en 2007, aparece desligado de la sociedad en el 2020 cuando vendió sus acciones a Energía y Mercadeo S. A., que quedó en posesión del 99.9% de la sociedad. En marzo del mismo año Energía y Mercadeo S. A. traspasó sus acciones a Génesis Energía S. A. que desde entonces quedó como socia mayoritaria con el 99.9% de acciones, mientras que el ciudadano argentino Martín Guillermo Azcarate quedó en posesión de una acción.

El 7 de febrero de 2023, según un oficio registrado con número 3415827, el consejo de CECHSA autorizó la venta de las acciones de Génesis Energía S.A. a la sociedad Carapa Trade Corp, que se encuentra registrada en Panamá desde noviembre de 2001, según el sitio Opencorporates. José Reyes, consultor de Cechsa en Honduras, confirmó que Carapa Trade Corp. es una empresa holding del grupo, pero no dio más detalles acerca de su registro en Panamá.

En una entrevista a Contracorriente, el abogado Virgilio Padilla reconoció que formó parte del Consejo de Administración de Cechsa; sin embargo, se opuso a que su cargo como comisionado de la Cree, y la pronta gestión para el funcionamiento de esta planta a base de gas natural —que entrará en operaciones a inicios de 2024—, represente un conflicto de interés.

«Nuestro trabajo es la tarifa, autorizar las licitaciones, hacer regulación y fiscalización», argumentó Padilla, quien señaló que en la Cree desconocen la gestión de Cechsa y que en la licitación por 450 MW del 2022 no se encuentra esta planta de gas.

Sin embargo, Padilla reconoció que entre la Enee y Cechsa existe un BPA, es decir, un documento de Beneficio por Acción, indicador que sirve para calcular la rentabilidad de una empresa y cuánto de esta actividad corresponde a cada una de sus acciones. El abogado decidió no brindar más declaraciones sobre esto. Contracorriente contactó al ministro de Energía y gerente de la estatal eléctrica, Erick Tejada, quien hasta el cierre de esta nota no contestó las solicitudes de entrevista.

Ahora Cechsa está construyendo un plantel donde invertirá más de 150 millones de dólares, justo cuando Honduras está inmerso nuevamente en una crisis energética alimentada por las malas decisiones de la estatal eléctrica y recrudecida ahora por los bajos niveles de las represas producidas por la sequía. A lo anterior se suma una serie de fallas en las plantas térmicas. La entrada en el mercado de Cechsa parece una solución, pero es extraño que en el Gobierno no estén enterados de su construcción.

Erick Tejada, gerente de la ENEE, dijo en Canal 5 que desconoce la existencia de la construcción de una planta en Villanueva. «Oficialmente debemos decir que nosotros no hemos autorizado de ninguna forma y que se debe seguir un debido proceso donde cualquier instalación de generación debe seguir el plan de expansión, la directiva de la ENEE analiza y debe ir al Congreso Nacional», dijo y al ser cuestionado por la existencia de una planta generadora de energía térmica a base de gas respondió: «Yo no sé, no estoy al tanto».

En una conversación con Contracorriente, José Reyes, quien funge como consultor de Cechsa en Honduras, entre otras cosas, afirmó que la empresa es propiedad de un grupo guatemalteco que mantiene inversiones desde hace algunos años en Honduras, por ejemplo, en los hoteles Hyatt Place.

Al consultar cuál es el marco legal bajo el cuál operará Cechsa, Reyes contestó que lo hacen con el amparo del contrato 013-2008, que fue aprobado originalmente bajo un esquema de carbón mineral, pero que se cambió a gas natural debido a los acuerdos que «Honduras ha firmado para caminar hacia energías más limpias».

Respecto a la declaraciones del ministro Tejada en las que ha dicho desconocer la existencia de una planta, Reyes manifestó que desconoce la razón por la cual los funcionarios mantienen en reserva dicha información, pero que a esta altura la planta ya está solicitando todos sus permisos ambientales y de construcción, «se ha hecho de forma abierta y pública, no podría opinar la razón por la cual deciden no compartir la información», dijo.

Reyes confirmó que la planta podría empezar a operar en enero de 2024, pero lo haría con diesel y será hasta en julio o agosto del mismo año cuando pueda funcionar con gas natural. Mencionó también que en los mercados vecinos, como Guatemala y El Salvador, ya cuentan con el gas para generar energía eléctrica. «El gas natural tiene 10 veces más reservas mundiales que el búnker [gasolinas]», dijo y agregó que la planta viene no solo a «contribuir a un parque de generación, sino que trae un combustible con costo más competitivo».

Respecto a la conformación de la sociedad Reyes dijo que ésta fue adquirida en el 2018 por el grupo guatemalteco para el que trabaja y que actualmente no hay ningún socio hondureño. «No puedo comentar antes de 2018», dijo Reyes al preguntarle sobre los ahora funcionarios que en algún momento estuvieron relacionados con Cechsa.

Samuel Rodríguez del sector generador de energía, está plenamente enterado y dijo que existen contratos para generar energía firmados en 2008, 2009 y 2010 que no habían reunido las condiciones aptas para arrancar, «ese es un proyecto que está bajo contrato legalmente, que más bien en buen tiempo están desarrollando. Lo que esperamos es que cumplan con todos los requisitos de ley, con el tema social para que se manejen de forma confiable y amigable con el ambiente y que vengan a ayudar a la matriz energética».

En diciembre del 2022, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) emitió los términos de referencia para la licitación de 450 megas y a sazón de lo dicho por José Reyes esta licitación no tiene nada que ver con la que generará Cechsa, que ya tiene un contrato. En los términos de referencia se dejó abierta la puerta a la utilización de cualquier tecnología para generar energía, a excepción del carbón mineral.

Cuando se le otorgó el contrato a Cechsa en 2008, el combustible a utilizar era carbón, ahora la planta de gas que utilizará ya estuvo operando en Noruega según confirmaron dos fuentes a este medio. En ese país también reportan que la empresa Statnett envió a Honduras una planta de gas natural. La empresa vendedora no confirmó el comprador y se limitó a responder que fue un empresario de energía, reportan los medios. Incluso se preguntan por qué se prefirió a Honduras sobre Ucrania, nación que también estaba interesada en la planta de gas. Hay más referencias sobre la venta de la planta de gas, en donde afirman que también era requerida en otras zonas de Noruega.

Regresan los apagones

El 12 de junio, la ENEE anunció en cadena nacional que se interrumpiría el suministro eléctrico en distintos puntos del país por cuatro horas y en distintos días de la semana, esto para poder suministrar energía en las horas pico (por la mañana y por la noche) a la población hondureña.

Diez días después, hubo otra cadena nacional en la que el ministro Tejada anunció 13 medidas para enfrentar las crisis energética. Entre las acciones que se tomaron, el funcionario mencionó algunas que tienen como objetivo específico paliar el problema en departamentos como Olancho, Colón, Cortés y Santa Bárbara, pero Tejada también mencionó que solicitarán a la empresa privada que entren en un plan de desconexión en el que generen su propia energía y la ENEE pagará por estas horas. Además, advierte que se cortará la energía a los abonados que se encuentren en mora y que se instalarán lámparas LED. Más importante aún, Tejada aseguró que se construirán ocho nuevas líneas de transmisión a un costo de 5 000 millones de lempiras.

Previo a estos anuncios, el ministro Tejada manifestó que el mercado energético a nivel centroamericano pasó de proveer 180 megavatios (MW) a 17 MW debido a la sequía y que el Plan de Interrupciones era la solución más pronta para continuar suministrando energía a la población; sin embargo, sin presentar algún argumento probatorio, el ministro agregó que la crisis también se debe al «sabotaje a nivel nacional» que provocan apagones «resultado de la indisponibilidad atípica de energía térmica».

El ministro enumeró en su comunicado las principales plantas térmicas privadas, diciendo que juntas producen 850 megavatios (MW) de energía: Energía Renovable S.A. (ENERSA) con 240 MW, EMCE con 43 MW, Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de CV (Lufussa III) con 240 MW, Lufussa II con 70 MW, Comercial Laeisz con 147 MW y Electricidad de Cortés (ELCOSA) con 80 MW.

Los voceros del sector generador niegan la existencia de algún sabotaje, pero reconocen que hay fallas en el sistema de producción.

Samuel Rodríguez, empresario generador de energía eléctrica en el norte del país, dijo a Contracorriente que no hay sabotaje pues «lo que tenemos son malos procedimientos administrativos» y colocó como ejemplo el proyecto Patuca III, que no es una planta para generar 100 megas sino 60, como indicaban los estudios realizados por Taiwán, «ahora nadie estaría diciendo que no puede generar y nadie diría que la línea de transmisión no se construyó. Patuca es un elefante blanco», dijo.

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Barrios y colonias de Honduras son afectados por los constantes cortes eléctricos. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Barrios y colonias de Honduras son afectados por los constantes cortes eléctricos. Foto CC/Amilcar Izaguirre

El Gobierno no atendió la recomendación de comprar energía

Johny Anderson, economista y director financiero de la ENEE, explicó a Contracorriente que el plan de interrupción al suministro energético es la respuesta ante una «tormenta perfecta» que ha venido gestándose por décadas.

Anderson agregó que la acumulación de deficiencias en las redes de transmisión energética ha hecho que en Honduras se esté viviendo esta situación.

«Nunca hubiésemos pedido hacer un plan de desconexión, pero es que la demanda está superando la oferta de energía, no tenemos donde comprar energía, nos hemos quedado sin potencias firmes en horas pico», destacó Anderson y además añadió que para la recuperación estatal se deben realizar inversiones fuertes y a largo plazo.

En este sentido, el economista mencionó que la ENEE sometió a licitación plantas térmicas y fotovoltaicas en los espejos del río Patuca, algo que produciría 100 megavatios de energía, «algo insignificante con relación a la cantidad de parque privado que hay», indicó.

Kevin Rodríguez, analista independiente en temas energéticos y economista, afirmó a este medio que, si bien la crisis que enfrenta el país tiene relación con la mala administración de décadas anteriores, en 2022 el Gobierno recibió recomendaciones de licitar energía en el mercado centroamericano lo más pronto posible.

Además, Rodríguez explicó que el Gobierno también debió considerar que el fenómeno del Niño no solo afecta a Honduras, sino a toda la región centroamericana, lo que hace más difícil licitar energía en este mercado.

«Todos los países ya estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y han venido monitoreando. Se dieron cuenta que lo del fenómeno del Niño ya era seguro y que este año nos iba a afectar desde el año pasado [2022] entonces corrieron y adquirieron contratos a nivel centroamericano y nos dejaron sin nada, literalmente eso fue lo que pasó», indicó el analista.

Samuel Rodríguez, generador de energía eléctrica, consideró que como es «un tema político se ha abusado de la suerte» porque en gobiernos anteriores la red no había fallado tanto y nunca fue una piedra de tropiezo en esas administraciones, sin embargo, a este Gobierno «sí le ha brincado ese problema, muchos de los problemas que tenemos hoy es producto que la red está obsoleta»

Agregó que a su juicio se ha fallado en el modelo político energético pues se ha satanizado la inversión privada, pero también reconoce que también hay una parte del sector privado que tiene «las uñas largas y quiere jugar a burro amarrado león suelto con el Gobierno».

La administración de Xiomara Castro ha tenido algunos desencuentros con el sector privado. Una de las iniciativas que más los confronta es la Ley de Justicia Tributaria, que contiene nuevos regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales. Esta ley todavía no está aprobada, pero tampoco ha sido descartada. En el tema de la energía, el Gobierno ha impulsado una renegociación de los contratos de generación de energía que han sido señalados como onerosos para el Estado. Estas negociaciones permanecen en secreto.

El papel de los generadores privados

En mayo de 2022 el Congreso Nacional aprobó la «Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social». Esta normativa contempla realizar cambios en la matriz energética del país, entre ellos, la renegociación de contratos con generadores de energía privados para llegar a un «justiprecio» por la compra del suministro energético por parte del Estado.

Anderson explicó que, en la renegociación de contratos con los generadores de energía privados, se ha llegado a un memorándum de entendimiento con 18 de los 28 existentes en Honduras, continuando los 10 restantes en procesos de negociación con la ENEE, por lo que se descarta que alguna de estas empresas haya detenido sus funciones, pues la estatal eléctrica continúa dependiendo de ellas para suministrar energía a la población.

La renegociación de estos contratos, aseguró el director financiero de la ENEE, producirá una disminución en el costo de la energía y calificó como una especulación la posible vinculación entre la renegociación de estos contratos con los apagones y el sabotaje en la matriz energética que está viviendo el país actualmente.

«Todos los escenarios son posibles en este mundo de intereses, lo que pasa es que por lo menos con el grupo que está en renegociación hemos entablado procesos bien transparentes de propuestas y contrapropuestas de precios, entonces no percibo que haya alguna confrontación por eso, porque al final nosotros somos los clientes, ellos son los proveedores, y es un acuerdo normal», explicó el economista.

Los constantes cortes del suministro eléctrico han dañado el menaje de varios hogares. Foto Cc/ Fernando Destephen
Los constantes cortes del suministro eléctrico han dañado el menaje de varios hogares. Foto Cc/ Fernando Destephen

El analista en temas energéticos, Kevin Rodríguez, descartó que la situación de los apagones esté relacionada a la renegociación de los contratos con los generadores de energía y explicó que los generadores privados son quienes solucionan más rápido los problemas técnicos o de infraestructura que puedan tener sus generadoras, comparado con el Estado, que se tarda días o semanas en reparar o hacer ajustes a la maquinaria.

Rodríguez también calificó como falso el boicot a la estructura eléctrica a nivel nacional denunciado por el Gobierno.

El agente generador de energía renovable, Samuel Rodríguez, explicó que el sector privado está a cargo del 80% de la generación de energía en el país, que en este momento tiene disponible 1600 megas, el problema llega entre las 6 p.m. y 8 p.m. que es el período cuando el consumo alcanza hasta 1800 megas, ahí hay un déficit de 200. De la cantidad de energía que genera el sector privado, el 65% es producida por las térmicas. «En el negocio de la generación siempre habrá gente dispuesta a invertir, es un sector atractivo. Ya se sabe que el tema político es una variable más, Honduras es igual a muchos países de América Latina y África que vivimos en corrupción », señaló Rodríguez.

Rodríguez expresó que el sector generador es el único en la ENEE que ha logrado posicionarse con la inversión privada, pero en la distribución y transmisión prácticamente no hay inversión, «en la cadena de valor no solo son los generadores, hay que desarrollar también la transmisión y la distribución y ahí no hay inversión privada», dijo.

Al no haber inversión en la red de distribución y transmisión ahora se están pagando los «platos rotos» pues esa red es obsoleta y es la principal razón, a su juicio, de los racionamientos. Mencionó que el Gobierno no escuchó las voces de los expertos, se olvidaron que este problema es técnico y menciona como ejemplo que a veces las personas que conocemos poco de mecánica, no revisamos el aceite de motor y los fundimos, «todos los Gobiernos llegaron, encendieron el carro y se fueron, pensaron que iba a pasar lo mismo ahorita y ese fue un error garrafal», dijo.

Reclamos, denuncias de sabotaje y problemas en la transmisión de energía

El 14 de junio, habitantes de distintos barrios y colonias del departamento de Santa Bárbara salieron a protestar después de estar cinco días sin energía eléctrica, pero estos fueron reprimidos por policías preventivos y agentes de las fuerzas especiales Tigres, quienes dispararon en dos ocasiones al suelo para dispersar a las personas en la toma de carretera, lo que resultó en un habitante herido.

Manuel Casaca, santabarbarense y comunicador social de Radio Progreso, contó a Contracorriente que la finalidad de esta toma de carretera era llamar la atención de las autoridades para lograr el reemplazo de un transformador quemado que ha tenido a los habitantes de los barrios La Cooperativa, La providencia, El Estadio y del centro en Santa Bárbara sin energía por varios días; pero en el caso de otro sector de la población el reclamo fue en contra de los apagones prolongados.

El descontento de la población sobre esta medida también se ha trasladado a redes sociales y en oposición a esto han surgido cuentas de Twitter que publican opiniones, imágenes y memes a favor de las acciones que está tomando el Gobierno para mitigar la crisis energética. Según la herramienta Tweet Binder, en los últimos siete días se han publicado más de 200 tweets con el hashtag #RepudioAlGolpeEnergético. Esta misma herramienta estima que los tweets publicados con este hashtag han tenido un impacto aproximado de más de 400 mil vistas y que al menos 91 cuentas de Twitter han compartido contenido relacionado a esta tendencia.

Es paradójico que haya interrupciones programadas y que, según información en manos de Samuel Rodríguez, durante las mañanas, en horas de poco consumo, Honduras exporta energía al mercado regional; Rodríguez asegura que es energía que nadie consume, pero que se produce y automáticamente sale del país sin generar ganancia alguna, «es una energía que nadie la está comprando y no se puede consumir aquí. Es como que usted tenga un balde con agua y se rebalse, esa energía se va automáticamente, le decimos energía inadvertida», explicó.

Sobre esto, el director financiero de la ENEE, Johny Anderson, indicó que todo depende de la investigación que ahora está en manos del Ministerio Público para conocer quienes pudieron ser los responsables de los daños ocasionados a Patuca III. «Todo indica que ahí hubo una especie de atentado contra la turbina, pero hay que esperar la investigación», indicó.

Un empleado del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) revisa un contador en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Un empleado del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) revisa un contador en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Anderson detalló que Patuca III sólo produce 77 MW de los 104 MW que podría generar si se encontrara en condiciones óptimas. Él explica que, debido a su ubicación en el departamento de Olancho y una deficiente línea de transmisión, no se puede sacar el máximo provecho a la hidroeléctrica.

«Ya está en proceso la licitación de esa línea de transmisión, claro, una línea de transmisión puede tardar desde un año o 18 meses, hasta tres o cuatro años, depende de por dónde se tiren [se ubiquen las líneas de transmisión], ahí es donde se complejiza. [El proceso de licitación] aún no ha iniciado, pero si la licitación se adjudica este año podría estar lista a principios del otro», señaló.

Samuel Rodríguez consideró que ese es el principal problema de la estatal eléctrica, «mientras tengamos una empresa estatal politizada y no sea un ente descentralizado y técnico», dijo sosteniendo una taza de café y después agregó que la operación de la estatal debe obedecer a la gestión por resultados y que debe tener gente capaz «si toca traer un extranjero, pues hay que traerlo, pero no podemos seguir botando el dinero del pueblo».

Acepto este reconocimiento que no solo es motivo de gran alegría y satisfacción, sino que, sobre todo, me da la responsabilidad de honrar este oficio y ejercerlo desde la trinchera ética en la que he decidido estar.

Agradezco a mi equipo, a la mejor socia, al mejor equipo de periodistas, artistas, administradoras, fotógrafos y creativos que puedo tener. Y agradezco a mi esposo y a mi hija por ser quienes están allí cuando ando armando mis textos en la cabeza y pareciera estar ausente, que no estoy en casa, gracias por darme todo el amor que necesito para seguir en esto.

Agradezco a la Fundación Gabo, a mis maestras y maestros por empujarme a hacer el mejor periodismo posible, por decirme cuando voy mal, por abrazarme cuando hay miedo, por dar un mensaje contundente sobre la importancia del diálogo inter generacional, asumo su reconocimiento con compromiso.

Y agradezco a los periodistas de América Latina —nicaragüenses, venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos— que me inspiraron y a quienes abrazo en estos momentos duros de exilio, cárcel, impunidad y censura.

Quizá ustedes estén esperando que yo les diga que el periodismo es útil, porque siempre estamos en esa discusión que nunca logra responder la pregunta ¿para qué sirve lo que hacemos?

A veces nos ponemos todos serios y decimos: sirve para construir democracia, sirve para que la gente esté informada ¿qué es eso en nuestra era del exceso de información, del clickbait, de los autoritarios cool que ordenan por twitter? En una era que parece gobernada por algoritmos.

Como salida fácil del acertijo decimos que realmente lo que hacemos es contar historias ¿historias? Como si estas fueran algo sin alma.

¿Le estamos ganando la verdad a los enemigos de la democracia? ¿Le arrebatamos acaso un grito al silencio? ¿Estamos ganando algo al fin de cuentas? ¿Contamos historias para arrancar un poco de justicia al monstruo de la impunidad?

El periodismo ha sido para mí una terapia, una terapia contra el olvido.

Tengo más preguntas que respuestas, como buena periodista; aunque como buena periodista también estoy obsesionada con saber y entender, con pasar por mi cabeza las palabras que escucho y escribo y además, pasarlas por mi piel y mi voz. Por eso es para mí una terapia el periodismo, una terapia que me permite guardar en un cofre el tesoro de muchos secretos, de muchas historias, de muchos dolores, el cofre de la memoria.

Verán, yo nací y crecí en un pequeño pueblo de Honduras que se llama El Progreso, y como tal, ahí se empezó todo a torcer, como es en efecto el progreso en nuestros países.

Es común encontrar pueblos con ese nombre en los países en donde se asentó la compañía bananera, como mi pueblo.

Haber nacido ahí me marcó, me puso en el filo de los significados ambiguos, contradictorios, metafóricos. El Progreso es una promesa siempre rota. Algo destinado a no ser aquello por lo que es nombrado.

Pueblo costeño, a la orilla de uno de los ríos más caudalosos de Honduras, en medio de plantaciones de banano y ahora de palma africana, narcos, pandillas, inundaciones, de todo hay en El Progreso, pero sobre todo, hay historias que marcaron la forma en que veo el mundo y cómo lo vi de niña, en una raquítica biblioteca en mi colegio debajo de algún ventilador que me permitía seguir despierta transpirando el calor costeño me trasladé a Macondo.

Nací y crecí rodeada de tantos símbolos de esa historia, la de El Progreso que nunca fue en Centroamérica. Mi niñez la jugué sobre una historia enterrada como las oxidadas líneas férreas de la railroad company, que se ven pero se intentan negar. Algo pasa con la memoria en pueblos en los que todo se derrite. Sus vestigios están ahí, pero transfigurados, nos hablan, pero desde otro mundo. Como los rieles del tren, antes horizontales y ahora verticales sosteniendo las verjas de los jardines de mi ciudad.

El Progreso, la ciudad de los campesinos que paralizaron, por primera vez en América Latina, a la United Fruit Company en 1954 luchando por los derechos laborales que al final conquistaron aunque eso también significó una etapa larga y dura de golpes y represión en Centroamérica. Un grito y un golpe… Tanto tiempo después y aún resuena más la bota militar en marcha que el grito de los trabajadores insurrectos que una vez pudieron tumbar a un gigante transnacional.

También escuché en pláticas banales la historia de la baleada, una comida típica de mi país, que de fondo contaba cómo las mujeres adaptaron su cocina autóctona a los ingredientes que traían los gerentes gringos de la bananera; o el relato popular de los diputados más baratos que una mula que le entregaron el país a la transnacional, la historia de la banana republic, triste pero a la vez curiosa.

Crecí escuchando la historia de los miles de trabajadores pobres que llegaron de la zona sur del país a la zona de la compañía atraídos por el progreso ya que venían de un lugar que aún ahora sigue siendo el más pobre y golpeado por el cambio climático… muchas de esas historias me las contaron mis abuelos, mi madre, el cura del pueblo, porque ellos lo vieron, mi abuelo fue uno de esos migrantes y los curas de mi pueblo eran los jesuitas que fueron parte de las revoluciones en Centroamérica.

Yo creo que tuve un gran oído para esas historias, porque eran contadas como si aún fueran prohibidas, tantas décadas después.

En la adolescencia me llené de historias leyendo a Ramón Amaya Amador que contó cómo era el infierno del oro verde y más adelante cómo se forjó una sociedad deprimida y reprimida por la pobreza pero también por el miedo a la revolución; los poemas de Roberto Sosa también me hablaron del mundo para todos dividido y más de alguna vez se los leí a algún enamorado que no tenía el más mínimo interés en los problemas de la sociedad escritos de manera hermosa… yo tenía llena de poesía la cabeza mientras en la iglesia se cantaban algunas canciones de los Mejía Godoy que celebraban una revolución en Nicaragua que le dio una especie de suspiro a la región pero que se convirtió en una nube oscura que ahora es una tormenta de autoritarismo y horror.

Esas historias estimularon mi imaginación, porque hay que imaginarse cómo pueden ir mejor las cosas, al menos eso cree uno cuando no le ha tocado reconocerse como parte de esa historia, cuando los golpes aun no llegan.

Pero llegaron.

Yo fui consciente de mi propia historia muchos años después, cuando comencé mi carrera como periodista. Nunca como ahora había tenido tan presentes los recuerdos de mi infancia como cuando vi a un huracán destruyendo mi país, esa imagen de ver el río llevarse casas enteras luego tuvo mucho sentido cuando entendí que miles se fueron como la corriente del río, hacia otro país, otros miles se quedaron, como los restos que dejó el río allí tirados, sin comunidades, allí, supe que germinaron las pandillas en Honduras en un momento en el que también florecía y se arraigaba el crimen organizado. En ese año de destrucción viví el primer asesinato de un familiar cuya impunidad nos ha acompañado por mucho tiempo y entendí, no en ese momento, sino ahora, incluso lo entiendo más cada vez que lo expreso, que el silencio es la norma en Honduras para poder sobrevivir. Que la imaginación sirve más que para buscar una solución, para escapar un momento de la realidad.

Cuando entré a la universidad supe que quería ser o escritora o periodista, o ambas, sobre todo porque estaba convencida que ningún medio me estaba contando las historias de Honduras, no me sentía satisfecha y también me sentía enojada. Estaba molesta porque los medios decían que las mujeres éramos culpables de la violencia que vivíamos, que los jóvenes se buscaban los finales terribles que llegaban a tener, que los pobres en Honduras eran muchos porque ellos se lo buscaron y que los gobernantes robaban pero algunos al menos arreglaban una calle y eso compraba nuestro silencio. Además de simplificar lo que nos pasaba como país no me daban historias, algo que quedara en mi memoria.

Y luego vino algo que cambió el rumbo de lo que yo pensé hacer con mi carrera, en Honduras hubo un golpe de estado y entonces la prensa borró la sangre de las fotografías que mostraban que los militares tiraron a las cabezas de las personas que protestaban, los medios que decían que lo que pasaba era un golpe de estado eran clausurados por militares, y de nuevo: la receta de siempre en mi país: el silencio para poder sobrevivir.

Algo se rompió dentro de mí, algo se rompió en mi país y literalmente, algo se rompió en El Progreso. El caudaloso río Ulúa, al lado del cual está mi pueblo, tenía un puente, se llamaba La Democracia. Pues, un mes antes del golpe de estado un temblor quebró el puente La Democracia. Tenía que ser un designio premonitorio de las voces silenciadas de la memoria.

Se rompió la democracia, el puente, se rompió todo. Después del golpe nada podía ser igual, pensé. Y me rompe el corazón aceptar que después del golpe, solo vinieron más golpes.

Un día en la universidad, en una clase recuerdo que lloré y lloré fuerte, con rabia. Nunca me había pasado algo así y estaba tan histérica que no recuerdo ni la reacción del maestro ni de mis amigos alrededor. Había leído en un periódico de circulación nacional, que sigue circulando por cierto, que un grupo de jóvenes roqueros habían sido asesinados en una aldea, parece que eran roqueros y malandros decía la nota, quizá por eso se merecían estar allí como se mostraban en la foto, apilados uno encima del otro, sin latidos. Uno de esos jóvenes era mi primo. Me dolió en ese momento que yo no sabía siquiera cómo era mi primo, éramos de la misma edad pero él había crecido en un lugar más rural que en el que yo crecí, recuerdo que de niños jugábamos en el río que cruzaba entre las casas de los hermanos de mi abuela. Recuerdo esos juegos infantiles pero en la adolescencia nos vimos un par de veces y nunca platicamos de qué música nos gustaba, de qué sueños teníamos, de qué amores añorábamos. Y me dolió en el fondo de mi corazón saber que yo no sabía si a mi primo le gustaba el rock, pero estaba al menos segura de que por eso no merecía estar allí apilado, sin pulso, en la portada de un periódico amarillista.

El periodismo es una terapia para mí, para hablar de esto, para entenderlo, conocí más a mi primo después de haber sido asesinado por policías en su comunidad pero sobre todo entendí el sistema de justicia y el amor de una familia que luchó en contra de eso para conocer la verdad. Creo que el periodismo fue mi excusa para ir a esa comunidad, años después, incluso ya con el río casi seco y preguntar a mi familia sobre el dolor, el amor y la justicia.

Yo cuento historias de personas con alma, de gente que sobrevive pero que ama, que sueña, que se mueve… también de gente que muere, porque la han matado por no estar de acuerdo, de gente que muere porque no hay medicinas, de mujeres que no pueden parir con la esperanza de que sus hijos estarán bien en mi país. También cuento historias de personas que tomaron decisiones que afectaron a otras, a millones, incluso la de los que alguna vez se sentaron en el banquillo de los acusados por tener sangre en sus manos, por contener los males de mi sociedad… y quiero escucharlas todas, todas las historias, saber más y contar más, porque el periodismo es mi terapia pero también es un vicio que me convence todos los días de que el tesoro que vamos guardando en un cofre, la memoria, es necesaria o será necesaria algún día.

Cuando comencé mi camino de ser mamá, en algún momento pensé que el periodismo no iba a ser compatible con eso y ahora creo que no pueden ser más compatibles los dos oficios. Hace poco estaba con unos amigos muy queridos en Ciudad de México hablando de todo un poco y le conté a alguien en esa mesa que yo sentía que apenas estaba sanando el parto que no me dejaron tener cuando mi hija nació, por haber sido atendida a un hospital público en plena crisis por el saqueo de los servicios de salud que hicieron los gobernantes de mi país en ese entonces; le he dicho a mucha gente: yo no parí a mi hija, no me dejaron, porque me hicieron una cesárea sin siquiera yo haber comenzado labor de parto. Y esa noche hablábamos de Honduras también, de lo que nos hizo y nos sigue haciendo la represión instalada de un estado contrainsurgente cuando Centroamérica ardía en revoluciones, pero Honduras nunca pudo parir la suya. Hablamos de ese grito que sigue atorado en nuestra garganta, en la de Honduras y en la mía y la de tantas.

Hoy, mi país está militarizado, mi región, Centroamérica, está gobernada por tiranos, dictadores, narcisistas y criminales. La gente calla o huye. El silencio se apodera de nosotros y volvimos a susurrar cuando creímos que al fin íbamos a poder gritar, hoy por eso creo más en el periodismo, nos toca escuchar, arrebatar un grito al silencio, guardar en nuestro cofre la memoria, quizá algún día ese grito ahogado salga de una vez por todas.

¿Para qué sirve lo que hacemos? Para salvar la memoria, la impunidad del poder busca acabar con la memoria, la de un expediente, la de un pueblo, la de las luchas, la de la dignidad.

Los periodistas nos hemos convertido en los guardadores de la memoria, protectores de la palabra. Y quiero usar esa palabra: guardadores, que la RAE define también como quienes se encargaban de guardar y conservar las cosas que se ganaban a los enemigos en una milicia antigua.

Guardadores de la filigrana de la memoria, de un puente que siempre estará roto y que nos toca reconstruir para preservar la vida, historias y voces de quienes diariamente construyen y rompen ese puente, como el de mi pueblo, el de la democracia.

Texto y fotografías: Jorge Cabrera
con la colaboración de: Amilcar Izaguirre

En los alrededores de la cuenca, al filo de la carretera, los propietarios de restaurantes que por 32 años han vendido pescado frito frente al lago, intentan sobrevivir después de las acciones del nuevo gobierno por rescatar el Lago de Yojoa. El 16 de febrero de 2023, las autoridades los obligaron a retirar los muelles que habían construido para darle un atractivo turístico a la zona. La Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente (FEMA) presentó un requerimiento fiscal contra ocho propietarios de restaurantes dedicados a la venta de pescado, señalándolos por supuestos delitos ambientales.

En octubre del 2022, la presidenta Xiomara Castro destinó 247 millones de lempiras para intervenir el Lago de Yojoa por su evidente contaminación, además, formó un gabinete ambiental que encabeza el ministro Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), acompañado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA.), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Energía.

El Ministerio Público (MP) solicitó a la autoridad judicial imponer como medida inmediata la destrucción de los muelles construídos a orillas del lago. Uno de los acusados de delitos ambientales a quien llamaremos Roberto, para proteger su identidad, aseguró que el mayor daño al lago no lo han hecho ellos con sus muelles, sino grandes empresas y que todas estas acciones del nuevo gobierno solo desvían la atención del verdadero problema.

«Nos obligaron a demoler los muelles para no llevarnos presos, un actuar extremo, y entendemos que no estaban equivocados porque sabemos que hay que cuidar nuestro lago, pero nos agarraron de conejillos de india para taparle el ojo al macho, fuimos señalados injustamente, nos hicieron sentir menos, nos vieron como delincuentes, habernos quitado esos muelles nos trajo grandes pérdidas económicas», dijo Roberto.

Otra de las quejas por las cuales fueron acusados los dueños de restaurantes que construyeron muelles en el lago, era el uso de lanchas con motores, ya que según datos recabados por este medio, muchos de ellos tiraban los desechos de aceite quemado durante los recorridos turísticos o en ocasiones, realizaban los cambios de aceite en medio del lago.

En ese mismo mes, a través de un comunicado, la Secretaría de Estado de Defensa Nacional dio a conocer su plan para la protección del lago de Yojoa, que impactó directamente a los pescadores artesanales.

Pedro Duarte, pescador de la zona dijo que solamente tienen permitido pescar tres días por semana «pero cada día usted va a ver a los de Aquafinca sacando peces sin ninguna restricción, el ejército aparece cada que salimos en nuestros botes», cuenta Pedro, quien es padre soltero y la pesca es la única forma de sacar adelante a sus hijos.

Balseros intentan pescar en el Lago de Yojoa. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Balseros intentan pescar en el Lago de Yojoa. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Aquafinca, dijo don Pedro, no es un nombre desconocido, es la segunda industria más importante de la zona: la cría de tilapias. Según datos revelados por Edwar Hall, catedrático de la Universidad de Colorado, la principal fuente de contaminación del lago y sus ecosistemas proviene de los alimentos utilizados para la cría industrial de tilapia de la empresa Regal Springs Aquafinca, que es dueña de unas 180 jaulas de las 200 que están instaladas en el Lago de Yojoa y de las cuales sacan a diario unos 70 mil kilos de pescado.

Para la producción de tilapia vierten en las jaulas unos 60 mil kilos de concentrado, hecho a base de maíz y soya, ingredientes que producen nitrógeno y fósforo, acelerando el crecimiento de las algas y otras plantas acuáticas, las cuales hacen que el lago pierda oxígeno, según explicó Alexis Olivas, director ejecutivo de la Asociación de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago).

«Primero deberían de regular a Aquafinca, tratar de controlar la introducción de químicos de la empresa minera American Pacific Honduras o controlar todas las aguas negras del Mochito y Las Vegas, que entran al lago. Al final va a suceder como el lago de Managua en Nicaragua que no hay vida marina, por enfocarnos en los muelles», dijo además José Amilcar, director ejecutivo de la Asociación de Comité de Investigación Agrícola Local del Lago de Yojoa.

El espejo de agua se encuentra cubierto por las algas o lechuga que afecta la visibilidad y el oxígeno necesario para el hábitat de la vida marina. Foto CC/ Jorge Cabrera.
El espejo de agua se encuentra cubierto por las algas o lechuga que afecta la visibilidad y el oxígeno necesario para el hábitat de la vida marina. Foto CC/ Jorge Cabrera.

El ministro de la SERNA, Lucky Medina en su participación durante un foro televisivo dio a conocer que la empresa Regal Springs-Aquafinca comenzó a operar en 1995 y que en el 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se le otorgó una concesión indefinida y que nunca se le dio acompañamiento ni supervisión del manejo que esta empresa le daba al Lago de Yojoa.

En febrero del 2023, el titular de SERNA dio a conocer que a mediados del mismo año, la empresa Regal Springs-Aquafinca tendría que salir del lago de Yojoa y aún la promesa no se lleva a cabo. «La decisión está tomada, la masiva producción de tilapias debe estar fuera del Lago de Yojoa» dijo en redes sociales Medina.

El ganado en el lago de Yojoa aprovecha el crecimiento excesivo de las algas y se alimentan de ellas. Foto CC/Jorge Cabrera.
El ganado en el lago de Yojoa aprovecha el crecimiento excesivo de las algas y se alimentan de ellas. Foto CC/Jorge Cabrera.

Los daños del lago son cada día más visibles, el bajo nivel del agua por el dragado de la hidroeléctrica Río Lindo, la alta densidad de algas o lechuga marina que se observa por gran parte del espejo acuático y el color verdoso distintivo indicando el bajo nivel de oxígeno, son la causa de la muerte de la vida marina en la cuenca. Los desechos dejados por los habitantes de los alrededores y las algas que son arrancadas por los balseros durante la pesca se descomponen y dejan un mal olor, que aumenta durante la temporada de verano.

La cuenca está formada por 16 ecosistemas que sirven de refugio a una amplia diversidad de especies acuáticas y terrestres incluyendo el 55% de las aves, el 44.2% de los anfibios y el 43.6% de los reptiles presentes en el país. La cuenca hidrográfica protegida por la ley nacional, brinda refugio y hábitat a especies incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como el dendrotriton sanctibarbarus y la rana «dedos delgados» de Guatemala (Plectrohyla guatemalensis) ambas especies clasificadas en peligro crítico. También se encuentran especies vulnerables como el mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el colibrí esmeralda (Amazilia luciae), una especie endémica del sitio, según el informe de Ramsar.

La Cuenca del lago de Yojoa representa un ecosistema único en el país y en la región Centroamericana ya que forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, declarado sitio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). Esa cuenca es de gran importancia económica, social, ambiental y turística para Honduras. En 2021, Honduras amplió el área de la cuenca de 43,640 a 44,253.94 hectáreas.

Una lancha manejada por la seguridad privada de Aquafinca resguarda las jaulas llenas de tilapia.Foto CC/Jorge Cabrera
Una lancha manejada por la seguridad privada de Aquafinca resguarda las jaulas llenas de tilapia.Foto CC/Jorge Cabrera

La producción industrial de tilapia aporta a la contaminación que está terminando con la vida del Lago de Yojoa, expertos han recomendado retirar de la cuenca este sistema de producción, de lo contrario podría desaparecer en los próximos 20 años. Edwar Hall, catedrático adjunto de Microbioma y Ciencias de los Ecosistemas, de la Universidad de Colorado dijo durante un foro televisado que «el lago no soporta la cantidad de nutrientes y sedimentos que se desprende del concentrado que le dan a los peces».

Víctor Ortiz, oficial de Turismo de la Mancomunidad de la Amuprolago explicó que el descontrol en el crecimiento de la lechuga es un problema serio. «La carga orgánica es más alta de lo usual, le daré un ejemplo, para que una planta crezca bonita y dé frutos, tenemos que abonar, bueno es lo que pasa en el lago, a mayor nutrientes, mayor cantidad de plantas y esa mayor cantidad de plantas lo que hacen es atrapar más oxígeno, consumen más agua y después generan el problema de la mortalidad de la vida marina, todo esto generado en gran parte por las grandes industrias y luego le sigue la población que rodea el lago», dijo.

El lago de Yojoa también ha bajado su caudal por los incesantes dragados de agua causados por la represa hidroeléctrica Río Lindo. Foto CC/ Jorge Cabrera
El lago de Yojoa también ha bajado su caudal por los incesantes dragados de agua causados por la represa hidroeléctrica Río Lindo. Foto CC/ Jorge Cabrera

Contactamos a Aquafinca para conocer sus planes de mitigación de impacto ambiental y su reacción a las denuncias por la contaminación del lago, sin embargo hasta el cierre de esta nota, no respondieron a nuestras llamadas.

Antes de la demolición de los muelles, los turistas paseaban luego de disfrutar un buen pescado de tilapia, se les veía caminar para tomarse fotos con una perla de fondo (El lago de Yojoa). Según el refrán, la mejor publicidad para el turismo, es de boca en boca. «Mire a su alrededor, ¿Le parece que se ve más lindo el lago?, deberían de haber cerrado Aquafinca, esa industria está envenenando las aguas, no son los muelles», dijo uno de los propietarios de restaurantes afectados.

En la imagen se observa las redes donde se acopia la pesca de las jaulas de aquafinca. Foto CC/Jorge Cabrera
En la imagen se observa las redes donde se acopia la pesca de las jaulas de aquafinca. Foto CC/Jorge Cabrera

La alternativa: El Cajón

Una opción viable sugerida por expertos de la Universidad de Colorado es trasladar toda esa producción masiva de tilapia a la represa «El Cajón», porque a través de las descargas de agua, toda esa contaminación desaparece y reinicia su ciclo sin afectar la vida acuática.

En los últimos 12 años, el Lago de Yojoa ha perdido 88 millones de metros cúbicos de agua, debido a que el sistema de lluvias ha cambiado. «Antes se podía decir que esta zona era la más lluviosa en Honduras, aquí caían un poco más de 4,500 milímetros de lluvia por año y ahora el promedio es de 2,700 por año. No es que llueva menos sino que los periodos de lluvias ahora son más cortos», explicó Alexis Olivas, director ejecutivo de Amuprolago.

Para generar energía, el complejo hidroeléctrico Cañaveral, Rio Lindo necesita de 631.5 a 637.5 metros cúbicos y si baja de ese rango habría una crisis energética en el país. Mediante una batimetría realizada en 2019 por Amuprolago, se encontró que el lago ha bajado 1.3 metros cúbicos.

«Para mí, el lago de Yojoa es una zona de seguridad nacional, porque es el agua la que genera el 23% de la energía limpia del país, que lo aportan estos proyectos hidroeléctricos», agregó Oliva.

El pasado 30 de mayo del 2023 la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó suspender las licencias de operación ambiental a empresas de acuicultura industrial que están «destruyendo» el Lago de Yojoa, uno de los principales sitios turísticos en Honduras .«Berta Cáceres ofreció su vida para defender los ríos y los bosques, lo menos que podemos hacer en memoria de los ambientalistas que han sido sacrificados por esta causa es defender y salvar el Lago de Yojoa, queridos amigos, amigas, es prohibido olvidar, ¡somos resistencia!», dijo Castro.

La protesta para salvar a Aquafinca

Con pancartas en mano, unos 300 empleados de Regal Springs Aquafinca bloquearon el paso en la carretera CA-5 a la altura de la comunidad de La Guama, el pasado viernes 9 de junio 2023. Exigían a la presidenta Xiomara Castro que le diera los permisos a la empresa. Gritando consignas pidieron ser escuchados: «Presidenta no queremos que Aquafinca se vaya», «Lucky: si esta empresa cierra ¿Cuántas empresas va abrir usted?».

«Señora presidenta, cada viernes de hoy en adelante detendremos el tráfico hasta que apruebe los permisos por que nosotros debemos trabajar» dijo Martha Sequeira, trabajadora de Aquafinca.

Al menos 50 miembros de la Policía Nacional y Antimotines llegaron para tratar de negociar la liberación de la carretera. «No vea al pueblo como enemigo hermano, nosotros lo que queremos es llevar la fiesta en paz, violencia llama a más violencia», mencionaba un empleado a la policía.

Los propietarios de los 72 restaurantes se ven afectados por la poca afluencia de turistas luego de haber desmantelado los muelles. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Los propietarios de los 72 restaurantes se ven afectados por la poca afluencia de turistas luego de haber desmantelado los muelles. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Con empujones y golpes entre policías y protestantes dio inicio el desalojo por no haber llegado a ningún acuerdo.

«Nosotros mismos fuimos los que pusimos a Xiomara Castro en el poder, hoy estamos arrepentidos, ¿cómo va ser posible que ella misma nos cause los despidos? Ellos mismos nos enseñaron a pelear por nuestros derechos en las calles, ahora ellos no nos quieren protestando, pues se jodieron, la próxima toma no será pacífica», dijo Francisco Castro, empleado de Aquafinca.

Los pequeños empresarios

A lo largo de la carretera del Lago de Yojoa se observan las casitas improvisadas con plástico y madera, la mayoría desoladas, allí se instalan los pescadores artesanales para vender la pesca de tilapia de la noche anterior. Rosa Idalia de 44 años es la única que se observa en la carretera esa tarde aunque lleva toda su vida allí, desde los 12 años acompañó a su madre a vender el producto pescado por su padre.

Su preocupación es evidente, tiene 30 libras de pescado y ya son las tres de la tarde y aún no ha vendido nada. Ella explica que cada noche, Pedro Rivas, su esposo, sale en su balsa a pescar para que ella salga desde las nueve de la mañana a vender en la carretera. «Mi esposo lo hace por la noche junto a otros pescadores, porque los permisos son restringidos y hoy lunes no se puede», cuenta Idalia.

A unos 10 metros detrás de ella, se escuchan los gritos y risas de sus dos hijos, que juegan cerca de donde se encuentra su casa de madera, ella se carga en un tronco a un lado de donde expone los peces, esperando que los vehículos que pasan rápidamente, detengan su paso para comprarle su producto. «En un buen día vendo unos 300 lempiras ($12), depende del peso de los peces que captura mi esposo, hoy no he vendido nada por lo que mañana iré a comprar pan para ir a venderlo a las comunidades», comenta Idalia.

Rosa Idalia espera a un lado de la carretera para poder vender los pescados que sacan del Lago de Yojoa. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Rosa Idalia espera a un lado de la carretera para poder vender los pescados que sacan del Lago de Yojoa. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En el dique, donde se embarcan los pescadores artesanales se ven los botes de madera, algunos dañados por el tiempo, cubiertos por la lechuga marina que fue arrancada la noche anterior durante la pesca, un adolescente se acerca al lago con un recipiente plástico para almacenar agua, que mezcla luego con insecticidas para utilizar en el riego del maíz sembrado.

Acompañados de un pescador artesanal en su bote y remo de madera, nos acercamos a las jaulas donde es criada la tilapia masivamente y aunque no hay ley que prohiba a los turistas pasearse por el lago, las restricciones son evidentes. Una lancha de motor se acerca rápidamente, es la seguridad privada de Aquafinca, se pasea cerca de nosotros, únicamente para delimitar hasta dónde podemos llegar.

«Usted mismo puede verlo, ellos se apoderaron del lago, está tan mal nuestra situación que cuando nosotros pescamos y salimos a la carretera a vender los peces, hay turistas que dicen que el lago está envenenado, si fuera cierto ya estaría muerto, pero esa empresa es la que está causando que el turismo deje de venir», dice Oscar Mendoza, pescador artesanal que nos da el recorrido.

Oscar Mendoza, pescador artesanal menciona que la mayoría de los daños han sido culpa de Aquafinca. Foto CC/Jorge Cabrera
Oscar Mendoza, pescador artesanal menciona que la mayoría de los daños han sido culpa de Aquafinca. Foto CC/Jorge Cabrera

Los días que no está aprobada la pesca se corre el riesgo del decomiso de remos y botes de madera artesanales, además, de los permisos de Hondulago. A lo lejos se observan algunos pescadores tratando de sacar peces para llevar a sus hogares, pero según las regulaciones, únicamente se puede realizar la pesca martes, miércoles y jueves.

En Santa Cruz de Yojoa se encuentra una finca de tilapia colorada, José Rivas y dos hermanos han logrado con sacrificio tener 16 piscinas donde crían tilapia, con un personal de siete personas turnadas durante todo el día para el cuido del pez.

Carlos Roberto Llanes se encarga de la crianza de los alevines, un pez muy pequeño que es vendido a los nuevos creadores de fincas de tilapia. «La alimentación de los alevines es muy importante, luego de separarlos de la piscina de desove, pesan alrededor de 0.25 g. y tienen 2.0 a 3.0 cm. de largo y tienen que ser alimentados unas 8 veces por día durante un mes. Todo comienza aquí, si no se cuidan bien a los alevines puedo traer pérdidas para el patrón», mencionó Llanes.

La finca de tilapia de los pequeños productores también pasa por un mal momento, por la alta mortalidad por la falta de oxígeno en sus pilas. Foto CC/ Jorge Cabrera
La finca de tilapia de los pequeños productores también pasa por un mal momento, por la alta mortalidad por la falta de oxígeno en sus pilas. Foto CC/ Jorge Cabrera

Para la venta de alevines se pueden llegar a comprar unos 50.000, costando 80 centavos de lempiras cada uno de ellos, «los precios cambian, por ejemplo, si viene un comprador y quiere llevarlos a Danlí, ahí ya cuesta 90 centavos de lempira», mencionó Llanes.

A la distancia se observa a un hombre con una honda, es otro empleado de la finca de José Rivas, su trabajo consiste en espantar a las garzas y aves de rapiña, los depredadores naturales de la tilapia y los alevines.

Para la venta, la tilapia tiene que alcanzar entre 4 y un máximo de 6 meses de edad, con un peso aproximado de una libra o libra y media y una longitud de 10 a 12 cm. La densidad de siembra recomendada es de 4 a 7 adultos por metro cuadrado. La temperatura de desove óptima es entre 25 y 30°C.

«Si hay un buen cliente ya sea para restaurante podemos sacar 2 mil libras por cada piscina», finalizó Llanes.

Texto y fotografías: Jorge Cabrera

La cuenca del Lago Yojoa tiene un municipio que conecta con sus aguas, el municipio de Las Vegas, próspero gracias a la minería, específicamente por la explotación minera de la transnacional American Pacific Honduras que ya tiene un poco más de 70 años de estar instalada en ese territorio. Por muchos años, pobladores de los alrededores se acostumbraron a que los desechos de esta industria llegaran a un sitio que denominaron «Quebrada del Cianuro».

«Durante los años que no había controles ambientales, se le generó un daño grande al lago, las concesiones que se les dio en el pasado hizo que los gobiernos aportaran al daño de este recurso natural». dijo Alexis Olivas Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago).

Los pobladores, a pesar de entender el daño que causa el envenenamiento del lago y sus afectaciones a gran parte de la vida acuática y terrestre, dicen estar preocupados por las cancelaciones de permisos ambientales: «Comprendemos del daño que en algún momento causó la mina, pero para la mayoría de la población de Las Vegas, esto ha sido el único sustento económico. Actualmente donde está la quebrada de cianuro hay unos estanques, donde ahora caen los desechos, que ya no afecta más al lago. Esperemos que la decisión de la presidenta no haga perder muchos trabajos», dijo Palermo Duarte un trabajador de la mina después de escuchar la intervención que el nuevo gobierno está haciendo para salvar al lago.

En Las Vegas, municipio de Santa Bárbara, la población dependía de la agricultura, ganadería, caficultura, pero la constante falta de agua ha hecho que la siembra ya no sea uno de los principales ingresos económicos de cada hogar, ahora, gran parte de la población hace parte de la planilla de la mina American Pacific Honduras (AMPAC). Ubicada en el Mochito, AMPAC es una mina subterránea de donde se extrae Zinc, Plata y Plomo de las montañas de Santa Bárbara desde hace más de 70 años.

Las riquezas minerales que guardan sus tierras, dieron un rápido desarrollo estructural y poblacional, pues de los cuatro puntos cardinales del país, venían familias enteras en busca de trabajo. En la actualidad los mineros ganan entre 10 mil a 14 mil lempiras mensuales, a pesar de trabajar más de 8 horas diarias expuestos a morir bajo tierra o asfixiados por las altas temperaturas que pueden pueden ser superiores a los 40°C. Cada día los empleados tienen que bajar más de 25 pisos para realizar el trabajo exigido por la mina American Pacific Honduras.

Su representante, Ricardo Sierra, Gerente de Administración y de Responsabilidad Social Empresarial, explicó a este medio el proceso de extracción de los minerales, mencionando que la planta procesadora saca la roca mineralizada para luego ser llevada donde será triturada hasta convertirse en pequeñas partículas. Ahí es donde luego entran una serie de reactivos, entre ellos el cianuro que es mezclado con cal y otros componentes naturales para hacer el proceso físico-químico de separación de minerales o compuestos finamente molidos.

Concepción Pineda, un extrabajador de American Pacific Honduras carga alimento para su yegua frente al molino de la mina en el Mochito. Actualmente solo se dedica a la agricultura . Foto CC/Jorge Cabrera
Concepción Pineda, un extrabajador de American Pacific Honduras carga alimento para su yegua frente al molino de la mina en el Mochito. Actualmente solo se dedica a la agricultura . Foto CC/Jorge Cabrera

Desde sus comienzos la mina ha realizado la extracción de minerales para su exportación al extranjero, manteniendo un crecimiento económico.

«El 13% de ese mineral que viene de la mina se envía para Puerto Cortés, que es el que se exporta. Ese todavía está en su estado natural, es decir, un 50% contiene metal y un 50% contiene todavía tierra y una serie de cosas que no son comerciales. Entonces, un 65% se regresa a la mina. Ahí se mezcla con cemento para poder tapar los huecos donde salió el mineral y un pequeño porcentaje se va a una represa de colas, donde todavía tiene un porcentaje mínimo de metal y ahí se almacena, es decir, eso se vuelve a. A reponer con tierra vegetal, para que en un futuro se vuelva a explotar», mencionó Ricardo Sierra.

Para la mina no todo ha sido bien recibido, grupos ambientalistas han denunciado que los desechos tóxicos que genera la mina han causado daños ambientales al espejo del lago de Yojoa. En 1976 tras un informe en la página digital del Zamorano se mencionó de la muerte masiva de Black Bass (Lobina Negra) una especie de pez perciforme de la familia Centrarchidae. El documento señala que las pilas de captación de aguas residuales de la compañía minera Rosario Resources Corporation tuvieron un desperfecto y las aguas cargadas de sedimento y sustancias tóxicas llegaron al lago de Yojoa, entrando por donde desemboca la quebrada Raíces o «Cianuro», por los datos obtenidos se sospechó insistentemente de la compañía minera.

En la imagen se observa las mangueras que salen de la Represa de cola «La Soledad» que según sus representantes, ya se encontraba cerrada. Foto CC/Jorge Cabrera
En la imagen se observa las mangueras que salen de la Represa de cola «La Soledad» que según sus representantes, ya se encontraba cerrada. Foto CC/Jorge Cabrera

La Compañía Rosario Resources Corporation de El Mochito, en aquel entonces, indicó que se encontró un pez muriendo sobre la superficie de las aguas, cuyo momento fue aprovechado por un pescador que, afortunadamente, era biólogo de dicha compañía, que según sus observaciones; los peces morían por consecuencia de una infección genital motivada por no poder desovar.

Las acusaciones y denuncias también fueron expuestas por pobladores este 2023 luego que se reavivara el tema del daño al lago de Yojoa, quejándose de la mina por prohibirles el paso hasta sus propiedades. Pedro Sánchez, un poblador de la zona que cuenta con 15 manzanas de tierra y que cada día que va a visitar su terreno tiene que pedir autorización a la seguridad de la mina. «Ellos han comprado bastante y se han puesto alambrados y portones con seguridad, quieren sacar a las personas para que nadie vea lo que sucede en el pozo azul donde cae lo que contamina al lago de Yojoa» comentó el poblador.

A lo largo del camino de terracería se pueden ver tuberías negras llevando masivamente un líquido gris, según el poblador, es cianuro. Caen en cajas de concreto donde van moviendo los desechos que llegan desde la procesadora de la mina hasta llevarlo a la represa de cola.

Un empleado de la actual compañía American Pacific Honduras, al que mantendremos en el anonimato, nos comentó sobre el proceso del pozo azul y su función. «Aquí hay dos pozos azules realmente, el de la represa de cola y otro que está a unos 300 metros, el segundo es el que se encuentra a metros de la quebrada del cianuro y se hacen descargas cada que llueve y según lo que dicen los ingenieros, lo hacen cuando ya no es tóxica».

En la imagen se observan las mangueras que trasladan las aguas que salen de la mina American Pacific. Foto CC/Jorge Cabrera
En la imagen se observan las mangueras que trasladan las aguas que salen de la mina American Pacific. Foto CC/Jorge Cabrera

De lejos se observa a los empleados de la mina vertir relleno con su maquinaria pesada en la represa de cola, parecen estar cerrando poco a poco, en otro sector de la misma, se ve el agua con un color turquesa distintivo de donde salen varias tuberías, las cuales trasladan las aguas al segundo pozo.

Gina Dominguez, superintendente de ambiente de American Pacific Honduras, explicó que la represa ya se encontraba cerrada, sin embargo pudimos constatar que seguía en funcionamiento a pesar de que los empleados de la mina vertían materiales para el posible cierre y de la existencia de otro pozo azul el cual es el que se encuentra muy cercano al río raíces o cianuro.

«Ya hubo un proceso para colocar lo que es una capa de cobertura para revegetar el área y dejar como estaba al inicio de ser intervenido. En ningún momento la empresa va a verter sus colas en un lugar que no puedan aprovecharse a futuro. Como le mencioné en su momento, puede ser que ya no encontremos lo que está en el interior de la mina, pero sí se puede reprocesar nuevamente estas colas, porque tienen sus grados de metales que se puede aprovechar y eso es dinero. Ninguna mina va a perder lo que son los materiales que pueda recuperarse», expresó Dominguez.

Líquidos tóxicos que caen en una caja de concreto que son trasladados al pozo azul. Foto CC/Jorge Cabrera
Líquidos tóxicos que caen en una caja de concreto que son trasladados al pozo azul. Foto CC/Jorge Cabrera

En el recorrido por el municipio de Las Vegas se puede observar lindas casas, pero que no cuentan con alcantarillado, la basura y aguas negras caen a las quebradas que conectan con la cuenca del lago de Yojoa, sumado a esto la existencia del« pozo azul» señalado por la población de ser uno de los mayores contaminantes de la zona. Por otro lado, la población entera se queja de la escasez de agua y señalan a la mina de haber cambiado el curso del agua subterránea al estar explotando y excavando la montaña.

La representación de la mina aduce que la escasez de agua nada tienen que ver con el trabajo que realizan debajo de la montaña, «Aquí llegó la fiebre del café de altura, Las Vegas se ha ganado en los últimos años la Taza de Excelencia. Todo el mundo se ha dedicado a botar los árboles de la montaña para sembrar café, estás son las consecuencia, no tienen agua. Nosotros hemos cuidado el agua y ahora le estamos dando agua a cerca de 21.000 familias».

La mina paga cerca de 52 millones de lempiras en salarios mensuales según su gerente es«Una buena inyección económica». La empresa cuenta con su servicio de transporte el cual lleva los concentrados al puerto, este servicio le da trabajo a 150 empleados más, a esto sumarle la familia de cada empleado, que son entre cinco u ocho de cada unidad doméstica, empleando alrededor de más de 45.000 personas que trabajan directa e indirectamente para la mina, de una población de 26.743 habitantes entre Las Vegas y El Mochito.

«Actualmente estamos dando el agua potable que consume el pueblo. Entonces no podemos decir que estamos contaminando el lago, nosotros tenemos que estar cuidando el bosque para que estos invasores que andan por ahí no se metan a la reserva», explicó.

Al consultar a los representantes de la mina sobre las cantidades de cianuro utilizados para la separación de los minerales, adujeron no manejar las cifras. «Las cantidades las maneja el personal de planta, ellos conocen todo, pero nuestra vertiente no hace descargas al ambiente. En este sentido, todo el tratamiento que se le da a este material es recirculado, es decir, el agua es llevada nuevamente a nuestras plantas, se harían descargas siempre y cuando haya una eventualidad. Pero todo eso tiene que cumplir con los estándares para poder realizarlas», dijo Dominguez.

El pozo azul; a unos metros del mismo pasa la quebrada Raíces o Cianuro. Foto CC/Jorge Cabrera
El pozo azul; a unos metros del mismo pasa la quebrada Raíces o Cianuro. Foto CC/Jorge Cabrera

Según lo dicho por la encargada de ambiente de American Pacific Honduras, la represa de cola que existe no tiene una naciente de agua por lo que se alimenta de las aguas lluvias. A su vez consultamos del por qué de su color turquesa, y la respuesta fue. «Por su profundidad y por las aguas lluvias», dijo. Aparentemente en la representación no existe preocupación por la posible cancelación de sus permisos ambientales, ya que aducen que están trabajando en el marco de la protección del ambiente y que es falso que estén vertiendo cianuro a la cuenca del lago de Yojoa.

«Hemos tenido reuniones con autoridades del gobierno y en ningún caso ha habido algún tipo de amenaza o que haya cambios de las reglas del juego. Entonces. la empresa está cumpliendo con los estándares», comentó Ricardo Sierra.

En todo momento la representación de la mina señaló que no existe forma que la quebrada pase cerca de la represa de cola, y nos mostró una imagen satelital de Google, donde señalan que la quebrada del cianuro por la que se les acusa de contaminar, únicamente cruza por El Mochito y Las Vegas, pero jamás señalaron el segundo pozo azul, el cual está a metros del paso de la quebrada.

Imagen satelital muestra la cercanía de la quebrada del cianuro con el pozo azul que es señalada por los pobladores de contaminar la cuenca del lago de Yojoa. Imagen de Googlemaps.
Imagen satelital muestra la cercanía de la quebrada del cianuro con el pozo azul que es señalada por los pobladores de contaminar la cuenca del lago de Yojoa. Imagen de Googlemaps.

La transnacional minera

La sociedad Mercantil American Pacific Honduras S. A. de C. V., fue absorbida en el 100% de sus acciones emitidas y en circulación por Kirungu Corporation el 11 de marzo 2022, que desarrolla como actividad principal la exploración y explotación y comercialización de productos mineros, especialmente, plomo, plata y zinc, la cual se exporta en su totalidad.

Conforme a la información financiera adjunta al expediente del caso, y al considerar la suma del monto de los activos de las sociedades involucradas en la operación de concentración económica en el territorio nacional, Overseas Holding, S. A. y Kirungu Corporation y sus respectivas subsidiarias, totalizan L.1,716,241,763.64 superior a los L.615,119,040.00 establecidos por la Comisión como umbral para esta variable.

A su vez, la sociedad American Pacific Honduras, S. A. de C.V., es la única accionista de cuatro sociedades mercantiles dedicadas al sector minero (Corporación Minera Nueva Esperanza, S. A. de C. V.; Servicios Logísticos de Centroamérica, S. A. de C. V.; Servicios de Logística, S. A. de C. V. y; El Mochito Agroindustrial, S. A. de C. V.), adquiriendo las acciones emitidas y en circulación sobre las sociedades mercantiles Inversiones Minerales y Holdings international, S. A. de C. V. y Equity Holdings, S. A. de C. V. y el control indirecto sobre sus subsidiarias.

American Pacific Honduras, S. A. DE C. V., es una sociedad constituida y existente bajo las leyes hondureñas, por lo que de acuerdo con sus estatutos sociales, sus actividades principales involucran el reconocimiento, exploración y explotación de recursos mineros, adquisición, dominio y posesión de canteras y minas, tanto abiertas como subterráneas, adquisición, dominio y posesión de bienes muebles e inmuebles, permisos, licencias, contratos, derechos concesionarios y otros bienes inmateriales de similar naturaleza para el respaldo y desarrollo de las actividades mineras. El capital social de American Pacific Honduras, S. A. DE C. V. se encuentra constituido en su 100.0 % por Kirungu Corporation .

Kirungu Corporation, se encuentra constituida por dos accionistas:

 

Los vendedores y compradores involucrados solicitaron a la Comisión para la Defensa y Promoción de Competencia (CDPC), que se mantuviese la confidencialidad con respecto a la información y documentación presentada al solicitar el proyecto de concentración económicas consistentes en la venta y traspaso de las sociedades mercantiles referidas anteriormente, sin embargo la misma no fue otorgada por no encontrarse comprendido en ninguno de los incisos del Artículo 47 del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de Competencia (CDPC).

La semana pasada, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que salió del país junto a su familia por amenazas a su seguridad después de la publicación de un informe sobre concentración de poder en los últimos tres gobiernos. La respuesta de algunos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro despertó alertas sobre la poca protección a personas y organizaciones de sociedad civil desde el gobierno.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), salió del país el 18 de junio tras recibir amenazas a su integridad física. Aunque ya tenía planificado asistir a la 53 asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos, Castellanos afirmó que tuvo que salir de emergencia con su familia debido a que se intensificaron las amenazas.

Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) publicó un vídeo en el que confirmó haber recibido una queja de parte de Castellanos por encontrarse en una situación de riesgo. «El trámite de las quejas del CONADEH se rige bajo el principio de reserva por lo cual no es posible ofrecer información detallada al respecto. En ese sentido, el mecanismo debe actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas de protección idóneas que deben ser consensuadas con la abogada Castellanos», dijo Izaguirre.

Solo en 2022, la organización ACI Participa documentó que 289 defensores y defensoras de derechos humanos sufrieron agresores. Las víctimas registradas sufrieron agresiones relacionadas con derechos políticos y laborales, el medio ambiente, libertad de expresión y derechos de los pueblos originarios.

De acuerdo con Castellanos, las amenazas se dieron después de que el CNA publicó un informe sobre concentración de poder y nepotismo en los dos gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, y en el actual gobierno de Xiomara Castro.

El informe compara la concentración de poder que realizó el Partido Nacional a través de prácticas nepotistas y clientelistas entre 2014 y 2022 y señala cómo estas prácticas no han cesado con la llegada del Partido Libertad y Refundación (Libre) al poder.

«Se puede apreciar una nación nuevamente decepcionada ya que, con el paso de los meses, no identifica cambios en sus autoridades, sino más bien, una adaptación de estas malas prácticas ejecutadas por el gobierno anterior», apunta el informe.

La presidenta Xiomara Castro respondió a los señalamientos durante un discurso en el Día del Periodista, celebrado el 25 de mayo de 2023, donde declaró que el CNA guardó un «silencio cómplice» durante los gobiernos del expresidente Hernández.

«[El CNA] se dedicó a denigrar funcionarios del Estado y a nuestras familias […] ¿cuál concentración de poder?, si en el Congreso ni siquiera podemos aprobar o ratificar, mejor dicho, un acta. El poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país», dijo la presidenta Castro.

Yanivis Izaguirre, encargada de comunicaciones del CNA, le confirmó a este medio que los ataques comenzaron a través de redes sociales, tanto de cuentas falsas como de funcionarios activos en el gobierno, «sin embargo, las amenazas se intensificaron y pasaron de una red social a la parte personal, física y familiar de la abogada Castellanos», explicó.

Izaguirre aseguró que la abogada Castellanos regresará pronto al país, «ella sigue al frente, sigue coordinando y dirigiendo la institución y estará de regreso en los próximos días pese a que el equipo de seguridad le ha recomendado retirarse por varios meses del país».

Castellanos ha estado a cargo del CNA desde 2014, de acuerdo con el reglamento del CNA, no existe un impedimento explícitoexplícito que no permita que Castellanos esté fuera del país un tiempo. La situación de Castellanos frente al CNA es compleja, aunque el pasado 30 de mayo fue ratificada en su puesto en una Asamblea del CNA, apenas 5 de las 12 organizaciones que conforman la Asamblea le apoyaron, 3 organizaciones no enviaron representante y 4 estaban en contra de su ratificación.

La asamblea está conformada por 12 organizaciones de sociedad civil que son la Asociación de Medios de Comunicación, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, el Foro Nacional de Convergencia, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Confederación de Trabajadores de Honduras, la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, el Consejo de Rectores de Universidades Públicas y Privadas de Honduras y finalmente, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Hasta mayo de 2023, el CNA presentó 146 casos de corrupción, más de 20 con procesos judiciales abiertos, de acuerdo a su portal web. Entre los funcionarios que el CNA denunció se encuentran el ex-director del Instituto Nacional de Formación Profesional de Honduras, David Chávez, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y denunciaron irregularidades y malas prácticas en la gestión de la pandemia de COVID-19.

Una de las personas vinculadas al gobierno actual que se menciona en el más reciente informe es Enrique Flores Lanza quien es exministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y se encontraba en el exilio en Nicaragua desde 2009, pero que regresó al país al ser beneficiario por la amnistía que se aplicó a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006 y 2009).

Flores Lanza tiene al menos siete vínculos familiares con personas en el gobierno actual. «Gabriela Castellanos nos ataca porque no quisimos apoyarla para ser Fiscal General de la República, en su momento ella solicitó este apoyo nosotros consideramos que no era conveniente a los intereses de la población y por eso ella con un resentimiento ahora nos ataca incluso a nivel personal”, declaró Flores Lanza a medios cuando se publicó el informe.

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Castellanos por toda la exposición que representa su cargo, pero también la que tuvo después de la respuesta de muchos funcionarios en redes sociales, fue víctima de ataques misóginos. Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que «su caso generó ataques sobre todo virtuales y esto se suma a la cultura misógina que tiene Honduras. Creo que ahí es donde hay que trabajar en reconocer la violencia política hacia las mujeres no solo a nivel partidario, sino en otros niveles y cortar esas raíces profundamente incrustadas en el tema de cómo se ataca con esa velocidad a las mujeres. No por nada somos el primer país en índice de femicidios», dijo.

Edmundo Orellana, ministro de Transparencia y Rendición de Cuentas, se solidarizó con Gabriela Castellanos vía Twitter cuando se hizo pública la información de las amenazas. Orellana renunció días después a dicha secretaría aduciendo tener problemas personales. El cargo lo dejará oficialmente a finales del presente mes y se reintegrará al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del que era diputado previo a aceptar su cargo en la secretaría.

Sin embargo, la posición de Orellana no fue la misma que otros miembros del gabinete. En cuanto la información salió, algunos funcionarios salieron a atacar a Castellanos y a sugerir que se trataba de una conspiración. El ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo a través de medios de comunicación que la salida del país por temas de seguridad de Castellanos es parte de una conspiración, «tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar al Gobierno de Honduras como violador de los derechos humanos para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone y que se ha auto otorgado el derecho de ser el policía del mundo», dijo Salgado.

Mientras tanto, el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, aseguró en medios que se trataba de una conspiración contra la presidenta Castro, «es un plan ya trillado en los países donde la oligarquía quiere afectar los gobiernos, ya se conoce en América Latina. Hay manuales sobre ese tipo de tácticas de desestabilización», manifestó.

Sobre estas declaraciones, Izaguirre aseguró que la lucha anticorrupción nunca ha sido fácil y está llena de este tipo de amenazas, «ya han existido en pasadas denuncias, en donde se tocan grandes intereses o personalidades que están en funciones en un alto cargo y se reacciona. Sin embargo, los derechos humanos no son de teorías, no son de especulaciones y conspiración son de hechos y ella lo ha denunciado ante el CONADEH con las pruebas fidedignas para que ellos tengan este material y puedan investigar y llegar a determinar de dónde provienen estas denuncias», agregó.

Leonardo Pineda, analista en Seguridad Ciudadana, aseguró que una de las estrategias de comunicación del gobierno es «crear como este enemigo invisible, que nunca tiene rostro, que siempre está ahí atrás de ellos, pero nunca se llega hasta el fondo de quiénes son y nunca hay realmente culpables».

Pineda aseguró que la respuesta de muchos funcionarios ante las denuncias de Castellanos «lo que hizo fue darle realmente base a la misma denuncia. No es posible que ella esté denunciando que la están atacando, que la están amenazándola y lejos de ponerse, pues del lado de una víctima, que para ellos no es víctima, se ponen pues atacarla aún más».

La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, anunció que había buscado comunicación directa con Castellanos y no tuvo éxito, pero que se apersonaría ante el CONADEH para conocer la denuncia de la directora del CNA.

Ante esto, Castellanos publicó que lamentaba el desconocimiento de la ministra sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia pues «se prima la reserva, secretividad y confidencialidad de la información, con el fin de salvaguardar la integridad física de la persona denunciante o beneficiada».

Castellanos solicitó a Roque que se apegara al procedimiento establecido y aseguró que no había recibido ninguna comunicación de parte de la ministra o del sistema de protección para conocer la queja interpuesta.

El sistema de protección publicó un comunicado el 19 de junio para informar que no tenía registro sobre una situación de riesgo actual de Castellanos, pero que se ponía a disposición para articular las medidas de protección.

Jessica Sánchez, quién formaba parte del mecanismo de protección anteriormente, aseguró que además no es la persona defensora la única que debe acudir al mecanismo «cualquier consejero que se enteray que la ministra debió saber por Twitter porque ella siempre está en en redes sociales, el Estado tiene que acercarse a la víctima y no al revés sí porque la persona que recibe la agresión, ya está muy vulnerable», explicó.

Por su parte, Gerardo Torres, vicecanciller hondureño expresó en una conferencia de prensa que «Gabriela Castellanos estuvo nueve años al frente del CNA, y en 141 líneas de investigación no mencionó ni una vez a JOH [Juan Orlando Hernández]. Ahora lo menciona y en menos de dos semanas después es amenazada», Torres además calificó como «preocupantes» las denuncias de amenaza contra la directora del CNA y aseguró que desde el Gobierno tienen el «compromiso» de apoyarla en esto.

Sobre las polémicas reacciones de algunos funcionarios de Gobierno sobre este tema, Torres hizo un llamado a la cordura para no caer en discursos polarizantes. «Esto debe de ser preocupante y debe tener seriedad de investigación y no caer en narrativas hechas para meter ruido político. Tirarnos [acusarnos] unos contra otros es una lógica que no ayuda con la gobernanza ni el tema del desarrollo democrático del país», aseguró.

El analista Leonardo Pineda cuestionó que ante los asesinatos y amenazas que han sucedido en los últimos días contra los defensores de Guapinol «no hemos visto que se diga de parte de Libre que es una conspiración, un complot, porque involucra a miembros de su mismo partido político;prefieren dejarlo a un ladito y estar calladitos, ¿por qué ese doble discurso tan nefasto? Sabiendo que hay problemas y que los problemas tienen que abordarse, no tiene que buscarse excusas», agregó.

Por su parte, Sanchez agregó que estamos ante funcionarios y funcionarias con poca capacidad de respuesta y con una óptica de fanatismo ideológico partidario que ven conspiraciones en todos lados, «estamos no solo frente a la falta de capacidad sino falta de conocimiento sobre la imagen pública que deben representarse, ellos representan al gobierno, al Estado de Honduras», finalizó.

Texto: Danielle Mackey
Fotografía: Lizbeth Hernández

Cuando el 28 de abril de 2023, la Agencia Federal Estadounidense de Investigación (FBI) allanó la lujosa casa del empresario hondureño Lenir Pérez en el estado de Florida, algunas comunidades rurales hondureñas no se sorprendieron de que investigaran al empresario. Durante años, un grupo de ambientalistas de la comunidad de Guapinol, en la zona norte de Honduras, ha denunciado públicamente que las actividades de Pérez, principalmente en el rubro de la minería, han estado atravesadas por la corrupción, el tráfico de influencias y los abusos a los derechos humanos.

Aunque no se sabe todavía qué buscaba el FBI en la propiedad de Pérez — que además funcionaba como sede de la empresa Emco (el grupo empresarial que tiene diversas concesiones en Honduras)— y tampoco se ha publicado alguna acusación en su contra, todo los focos apuntaron a la relación empresarial que la minera de Guapinol propiedad de Pérez y grupo Emco tenía con la siderúrgica más grande de los Estados Unidos, Nucor Corporation.

Su inversión conjunta, el proyecto minero Los Pinares, ha significado amenaza para las comunidades aledañas y para los ambientalistas que se oponen a esta ya que han señalado que la base burocrática del proyecto está podrida, fundamentada en documentos falsificados y en la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a quienes se oponen al proyecto. Pero también han denunciado que Pérez ha sido beneficiado por gobernantes locales como el alcalde Adán Fúnez, del partido Libre en el municipio de Tocoa, quien según los activistas, junto con la secretaria municipal, falsificaron un acta de consulta ciudadana para permitir que el proyecto minero recibiera la licencia ambiental necesaria para operar.

Intentamos hablar con Fúnez sobre el tema, y aunque acordó recibirnos, no llegó al lugar en la hora pactada para la entrevista. Fúnez también fue gobernador del departamento de Colón y ha sido alcalde desde 2014, lo que lo convierte en un actor muy importante en el manejo político de la zona.

Pero la influencia del empresario Lenir Pérez no solo se ha notado en el nivel local; las comunidades organizadas bajo la bandera del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, han denunciado que las autoridades ambientales de la nación extendieron a la mina la prórroga ilegal de una licencia operativa. También denunciaron que los diputados del Congreso Nacional en 2013 votaron indebidamente para reducir la zona núcleo de un parque nacional, un área protegida donde no debería funcionar una mina a cielo abierto.

Este conflicto ha escalado produciendo ya 32 personas criminalizadas y seis asesinadas. La mitad de las ejecuciones fueron cometidas en lo que va de este año, y dos de las víctimas, Alí y Oquelí Domínguez, eran hermanos de Reynaldo Domínguez, un reconocido activista de la zona y quien también fue criminalizado por su protesta contra la mina en 2018.

Ahora, Reynaldo reconoce estar muy afectado por la muerte de Oquelí, el último de sus hermanos que fue atacado a balazos hace dos semanas dentro de su vivienda en Tocoa, Colón. Los hechores fueron sicarios que se conducían en una motocicleta, explica y añade que el patrón de ambos ataques que le arrebataron a sus dos hermanos ha sido el mismo, pues los autores materiales han pretendido hacer creer que se trataba de simples asaltos.

El día del asesinato, el 15 de junio, la familia Domínguez estaba haciendo lo que acostumbra a hacer: sostener una reunión familiar en el patio de la casa, debajo de la sombra de un árbol. Ese día, Oquelí no tenía ni diez minutos de haber regresado a su casa en compañía de su esposa y su hija de meses de nacida. «Se bajaron del bus y se quedaron ahí en receso», cuenta Reynaldo. Los atacantes venían detrás de Oquelí, y sometieron a la familia diciendo que era un asalto.

La mamá de los hermanos Domínguez, Catalina Ramos, estaba en ese momento retirando con la escoba una basura del medio y golpeó a la persona que los estaba encañonando. «Oquelí, al ver que mi mamá le dio un escobazo a un atacante, se le abalanzó, pero no logró quitarle el arma, sino que, al doblar la mano, el delincuente le dejó ir un balazo en el abdomen y mi hermano cayó», cuenta Reynaldo. El otro atacante, que aguardaba en la moto, se metió al patio, y entonces remató a Oquelí.

La mayor parte del grupo de los ambientalistas de Guapinol que fueron criminalizados eran hombres. No eran solamente sus vidas las que cambiaron completamente al estar detenidos, sino también las de sus compañeras de vida, quienes cargaban de repente con todas las responsabilidades de sus familias. «Cuidamos a los niños, velamos por su educación, estuvimos pendientes de los compañeros encarcelados», dice Juana Zuñiga, defensora de Guapinol. «Ahí vimos el poder de las mujeres. Y nos preguntamos, si hubiera sido al revés, qué habría pasado?» Se preguntaron si los hombres hubieran sido capaces de hacer lo mismo. En el fondo, la pregunta era si el trabajo íntimo de la vida diaria en Guapinol se comparte equitativamente entre las mujeres y los hombres y, al encontrarse con la duda, las mujeres comenzaron a promover que se profundizara el trabajo dentro de la comunidad con equidad de género.
La mayor parte del grupo de los ambientalistas de Guapinol que fueron criminalizados eran hombres. No eran solamente sus vidas las que cambiaron completamente al estar detenidos, sino también las de sus compañeras de vida, quienes cargaban de repente con todas las responsabilidades de sus familias. «Cuidamos a los niños, velamos por su educación, estuvimos pendientes de los compañeros encarcelados», dice Juana Zuñiga, defensora de Guapinol. «Ahí vimos el poder de las mujeres. Y nos preguntamos, si hubiera sido al revés, qué habría pasado?» Se preguntaron si los hombres hubieran sido capaces de hacer lo mismo. En el fondo, la pregunta era si el trabajo íntimo de la vida diaria en Guapinol se comparte equitativamente entre las mujeres y los hombres y, al encontrarse con la duda, las mujeres comenzaron a promover que se profundizara el trabajo dentro de la comunidad con equidad de género.

La familia no sabe quienes ordenaron y llevaron a cabo los asesinatos de los dos hermanos, pero está segura que tiene algo que ver con su activismo a favor de Guapinol. Ellos, en conjunto con sus vecinos y también varias organizaciones campesinas de esta zona conflictiva del país, han denunciado las presuntas ilegalidades alrededor de Los Pinares, pero hasta el 28 de abril, día en que el FBI llegó a la casa de Pérez en Florida, parecía que toda autoridad competente les ignoraba y en lugar de ser cuestionado, el imperio corporativo de Pérez se extendió por toda Centroamérica y también incursionó en los Estados Unidos.

A principios del año pasado en Florida, Pérez compró una casa con un centro ecuestre —la propiedad que fue allanada— que estaba valorada en $9.65 millones. Para dimensionar tal nivel de lujo, es suficiente señalar que Juan Orlando Hernández, el ex-presidente de Honduras que será enjuiciado en Nueva York por narcotráfico a gran escala, también tenía una casa en la Florida, la suya con un valor de $800 mil – es decir, ni la novena parte del costo del retiro ecuestre del minero.

Pérez tiene varias de sus empresas aglutinadas bajo la sombrilla de Grupo Emco Holdings, el cual fue originalmente constituido en 2011 en Tegucigalpa como una empresa minera, pero que hoy se dedica a una diversidad de actividades y tiene hasta un brazo estadounidense, incorporado en 2021 en el estado de Delaware y registrado en la dirección de la mansión en Florida. Las empresas que alberga Emco incluyen la mina Los Pinares y una planta procesadora de acero que está al costado, EcoTek, además de otra compañía llamada Alutech, que vende aceros para techos y materiales de construcción y tiene presencia en casi todos los países centroamericanos y República Dominicana. También está bajo la sombrilla de Emco el aeropuerto internacional Palmerola en Honduras, que construyó y sigue administrando Pérez después de ganarse la concesión, posible fruto de su cercanía tanto con la administración pasada de Hernández como con la actual de Xiomara Castro.

Según el registro mercantil hondureño, Pérez tiene más empresas en el país, dedicadas a actividades que van desde el manejo de puertos marítimos, aéreos y terrestres, hasta la importación y exportación de todo tipo de productos. En El Salvador, el empresario se ganó la concesión con su empresa salvadoreña Alutech para construir una terminal de carga en el aeropuerto principal del país, apenas un año después de haber donado $1 millón de dólares a la campaña presidencial del ahora mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, un autócrata que ha perseguido los defensores de la democracia y encarcelado arbitrariamente a más del uno por ciento de su población.

Entre tantos aliados que ha tenido Pérez, el socio que es posiblemente el más poderoso es Nucor. La empresa estadounidense y el hondureño eran socios en el proyecto minero que tanto han denunciado las comunidades durante al menos cuatro años. Pero su inversión conjunta no había salido a la luz pública hasta 2020, cuando lo revelamos, y en ese momento un representante de esa empresa estadounidense nos dijo que habían dejado la colaboración y vendido sus acciones el año anterior a causa de las protestas y sus preocupaciones por la seguridad. Pero cuando el FBI allanó la casa de Pérez hace dos meses, entre las primeras declaraciones que dio su abogado a los medios estuvo que el interés principal de las autoridades estadounidenses no era Pérez, sino Nucor. Ni Nucor ni el abogado Erick Spears, respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas.

Por su parte, un representante de la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa nos dijo que, en cuanto a la operación del FBI, su política es no comentar «sobre cualquier posible investigación criminal». Referente al último homicidio, dijo que la Embajadora Dogu «condena el asesinato y hace un llamado para una investigación exhaustiva», y «ofrece sus condolencias a la familia del señor Domínguez, que desde ya ha sufrido tanto». El representante reconoció que en los últimos meses, oficiales de la Embajada han visitado el proyecto minero con fines diplomáticos para reunirse tanto con los que lo apoyan como con los que lo protestan.

Dice Zuñiga que desde la llegada de la empresa Los Pinares, hay división en la comunidad que tiene de raíz el miedo. «Te quita la tranquilidad, la capacidad de dormir bien», dice. Los defensores como ella no salen mucho de casa porque, dice, «pueden hasta quitarte la vida». No obstante, sigue denunciando. «Es por amor a la comunidad. Nuestra lucha está aquí». A partir de la experiencia de tener a un esposo preso, Juana ha comenzado a ser voluntaria en las cárceles en Honduras, entrevistando a prisioneros. «Hay gente inocente», dice. «No los conocemos, pero los escuchamos y los ayudamos a conseguir la atención que necesiten, sea médica, psicológica, legal». Para ella, esta labor parte de la misma lucha que tiene Guapinol. «El compromiso es que no nos sigan violando los derechos humanos». El día 20 de junio, la sociedad entera tuvo presente dichas violaciones cuando 46 presas murieron calcinadas o por heridas de arma blanca después de un motín en la principal cárcel de mujeres, una de las peores tragedias carcelarias en la historia del país.
Dice Zuñiga que desde la llegada de la empresa Los Pinares, hay división en la comunidad que tiene de raíz el miedo. «Te quita la tranquilidad, la capacidad de dormir bien», dice. Los defensores como ella no salen mucho de casa porque, dice, «pueden hasta quitarte la vida». No obstante, sigue denunciando. «Es por amor a la comunidad. Nuestra lucha está aquí». A partir de la experiencia de tener a un esposo preso, Juana ha comenzado a ser voluntaria en las cárceles en Honduras, entrevistando a prisioneros. «Hay gente inocente», dice. «No los conocemos, pero los escuchamos y los ayudamos a conseguir la atención que necesiten, sea médica, psicológica, legal». Para ella, esta labor parte de la misma lucha que tiene Guapinol. «El compromiso es que no nos sigan violando los derechos humanos». El día 20 de junio, la sociedad entera tuvo presente dichas violaciones cuando 46 presas murieron calcinadas o por heridas de arma blanca después de un motín en la principal cárcel de mujeres, una de las peores tragedias carcelarias en la historia del país.

El sufrir violencia después de defender el territorio no es una experiencia aislada a la comunidad de Guapinol, pues es un patrón ampliamente documentado en las zonas donde hay proyectos extractivistas en Honduras. En 2016, asesinaron a Berta Cáceres, ambientalista que protestaba por la construcción de una presa hidroeléctrica en el territorio del pueblo originario lenca. De hecho, no hay que salir de la misma zona donde se ubica Guapinol, el Bajo Aguán, para encontrar otro ejemplo característico de este patrón. A poco más de 10 kilómetros de la comunidad hay decenas de cooperativas agrícolas que sufren amenazas y ataques violentos a raíz de su resistencia al monopolio de la industria de la palma africana.

En los últimos 15 años, hubo más de un centenar de asesinatos de campesinos miembros de esas cooperativas, y en lo que va de este año, el ritmo de los ataques ha incrementado. «Es una estrategia para asesinar a dirigentes sociales de la zona» dijo Esly Banegas, una defensora de las Organizaciones Populares del Bajo Aguán. «Estamos tratando de conquistar los derechos que el estado no ha sido capaz de proveer», dice, «para mejorar las condiciones de cada familia».

En Guapinol siempre han advertido que la mina iba a dañar los ríos Guapinol y San Pedro, además de 34 otras fuentes de agua importantes para la gente en la zona. En abril, los defensores publicaron la alerta de que el río Guapinol efectivamente está secándose, sus seres vivos muriendo y que en un tramo de 1,348 metros, donde antes hubo río hoy no hay nada más que polvo. «Lo que se preveía como una desgracia por ocurrir, ya pasó», declararon. Cinco días después, en Florida, el FBI allanó la propiedad de Pérez y hace dos semanas dos sujetos asesinaron a Oquelí en Guapinol.

El esfuerzo por mantener el tejido social en el Bajo Aguán

Para la gente del Bajo Aguán, el territorio es parte de la identidad misma. Los habitantes de Guapinol consideran que sus raíces aquí se extienden desde hace más de un siglo. Reynaldo Domínguez, de 58 años, es uno de los que nació en esta comunidad grande con casas robustas de bloque y una cancha de fútbol cubierta de verde. Siempre han tenido retos, dice Domínguez, pero, así como sus hogares son sólidos, el tejido social entre su gente ha sido fuerte, hasta la llegada del empresario Pérez con su proyecto minero y sus socios extranjeros. «Lo que nos ha venido a poner en riesgo a la comunidad se llama Inversiones Los Pinares» dice y cuenta que antes hubo hechos violentos en la comunidad, pero no con la frecuencia ni la fuerza con la que suceden tras la llegada de la empresa.

Es una realidad que comparten con los habitantes de las cooperativas agrícolas a su alrededor, donde durante la última década, miles de campesinos han tomado terrenos sembrados de palma africana por parte de los dueños de la agroindustria hondureña. Una de las cooperativas más recientes en establecerse, El Tranvío, nació el 5 de diciembre de 2021, y a través del último año y medio ha crecido a punta de sueños y sudor.

Cuentan los líderes de la Cooperativa el Tranvío que, cuando apenas llegaron al terreno, pasaron las primeras noches durmiendo al aire libre, pasando hambre y peleando contra la plaga de zancudos. En cuanto pudieron, construyeron casitas de nylon y al mes hicieron el primer corte de palma: su primera cosecha como comunidad. Con los ingresos construyeron el edificio inaugural, la oficina central de la cooperativa. Después siguieron con las viviendas. Juntos construyeron hasta un lema: «El Tranvío es Mío».

A principios de febrero de 2023, cuando un grupo de la cooperativa agrícola El Tranvío iba en carro hacia Tegucigalpa, de repente notaron que les estaba siguiendo un pickup sin placas. Les siguió hasta las afueras de la capital. Solo fue cuando los de la cooperativa comenzaron a tomar fotos del pickup que este se desvió, pero cuando denunciaron el hecho ante las autoridades, recibieron la respuesta de que si no tenían récord de la placa no se podía hacer la denuncia. Según Janier García Ortíz, el vicepresidente de la cooperativa, siempre hay dificultades semejantes a la hora de alertar a las autoridades sobre las múltiples violencias que sufren, una realidad que también afecta a la gente de Guapinol, quienes manifiestan que, al denunciar en el Ministerio Público, la empresa minera rápidamente llega a saber quién es que procura dejar constancia de los presuntos actos indebidos.
A principios de febrero de 2023, cuando un grupo de la cooperativa agrícola El Tranvío iba en carro hacia Tegucigalpa, de repente notaron que les estaba siguiendo un pickup sin placas. Les siguió hasta las afueras de la capital. Solo fue cuando los de la cooperativa comenzaron a tomar fotos del pickup que este se desvió, pero cuando denunciaron el hecho ante las autoridades, recibieron la respuesta de que si no tenían récord de la placa no se podía hacer la denuncia. Según Janier García Ortíz, el vicepresidente de la cooperativa, siempre hay dificultades semejantes a la hora de alertar a las autoridades sobre las múltiples violencias que sufren, una realidad que también afecta a la gente de Guapinol, quienes manifiestan que, al denunciar en el Ministerio Público, la empresa minera rápidamente llega a saber quién es que procura dejar constancia de los presuntos actos indebidos.

En tan solo un año, dice el vicepresidente de la cooperativa, Janier García Ortíz, llegaron a ser 166 socios, cada uno con su familia, sumando unas 600 personas en total. Hoy, mantienen un número constante de socios, y cuando alguien se va y hay cupo para un nuevo miembro, reciben aplicantes, cuyos perfiles analizan para ver que cumplan con los requisitos: primero, que sean personas de escasos recursos, que no tengan donde vivir, que vengan recomendados por otra gente y que no tengan antecedentes penales.

En El Tranvío, las armas están prohibidas, y para proteger a la fauna local, no es permitida la caza de los animales silvestres de la zona, como las iguanas. Buscan socios «que quieran de verdad luchar», dice Janier. Son personas de familias que, desde generaciones atrás, son agricultoras. Y, así como hay un protocolo para poder entrar a la cooperativa, también lo hay para echar a los socios que han violado las reglas; por ejemplo, si alguien ha caído en la adicción al alcohol o las drogas y no acepta entrar a un programa de rehabilitación, tiene que irse.

El trabajo de mantener en órden a las 675 hectáreas, con 416 de ellas en producción agrícola —todo producido con sistemas orgánicos— se divide entre todos. Se selecciona a quienes serán los corteros, quienes recogerán la fruta suelta del suelo, quienes estarán a cargo de la construcción de las casas y el control de plagas y quienes cuidarán las casi 20 mulas de la cooperativa. Pero con casi cada avance, las autoridades se han resistido a su presencia. Cuenta Janier que cuando talaron árboles de palma para construir sus edificios, llegaron policías en conjunto con un General del ejército, para decirles que eso no se podía hacer por razones ambientales y que si procedían iban a ser desalojados. Otro hecho reciente fue cuando el colectivo avanzó con el alumbrado y de repente, llegaron pickups de la empresa de seguridad privada SEC, llenos de militares que tenían tapada la parte de su uniforme que identificaba de qué fuerza especial eran. Para la gente de El Tranvío fue chocante ver las fuerzas de seguridad estatales, pagadas por los impuestos de los hondureños trabajando al servicio de alguna empresa privada para frenar sus pasos hacia una vida digna. «Para la empresa privada, el campesino no vale», dice Janier. «Como campesinos, no hay nadie en que nos podamos amparar». Solicitamos los comentarios de la Secretaría de Defensa sobre el hecho, pero no respondió.

El 22 de febrero de este año, cientos de campesinos del Bajo Aguán llenaron las calles en el centro de la municipalidad de Tocoa, para demostrar, como dijo el dirigente social Juan Lóopez al micrófono, «que no tenemos miedo, que aquí estamos en la calle». Ese día se cumplía un año desde la firma de un acuerdo entre el movimiento campesino y la administración de Xiomara Castro, que supuestamente iba a ayudar a poner fin al conflicto agrario de la zona, pero que, según los campesinos, de los 15 puntos, el estado solamente había cumplido con dos. La marcha exigía el cumplimiento de los acuerdos y, compuesta de cientos de manifestantes a pie y muchos otros atrás en bloque montando sus motos, emitía un ruido poderoso y bloqueaba el paso en Tocoa. Yoni Rivas, otro dirigente social, iba con los primeros de la fila, dando entrevistas a canales de televisión, con la música trova a todo volumen al fondo. Los manifestantes —mujeres, niños, jóvenes, y gente de la tercera edad— andaban debajo de la sombra de sus paraguas coloridos, protegiéndose del fuerte sol mañanero.
El 22 de febrero de este año, cientos de campesinos del Bajo Aguán llenaron las calles en el centro de la municipalidad de Tocoa, para demostrar, como dijo el dirigente social Juan Lóopez al micrófono, «que no tenemos miedo, que aquí estamos en la calle». Ese día se cumplía un año desde la firma de un acuerdo entre el movimiento campesino y la administración de Xiomara Castro, que supuestamente iba a ayudar a poner fin al conflicto agrario de la zona, pero que, según los campesinos, de los 15 puntos, el estado solamente había cumplido con dos. La marcha exigía el cumplimiento de los acuerdos y, compuesta de cientos de manifestantes a pie y muchos otros atrás en bloque montando sus motos, emitía un ruido poderoso y bloqueaba el paso en Tocoa. Yoni Rivas, otro dirigente social, iba con los primeros de la fila, dando entrevistas a canales de televisión, con la música trova a todo volumen al fondo. Los manifestantes —mujeres, niños, jóvenes, y gente de la tercera edad— andaban debajo de la sombra de sus paraguas coloridos, protegiéndose del fuerte sol mañanero.

Al igual que en Guapinol, el hostigamiento aquí a veces es violento. Existen en la zona grupos delincuenciales que trabajan para personas que, hasta la fecha, permanecen desconocidas. En diciembre del año pasado entró un grupo encapuchado a la parte de abajo del terreno de la cooperativa, cargando fusiles AR-15 y AK-47 y exigiendo la mitad de la finca. Janier y sus compañeros se dieron cuenta después de que los hombres tenían nexos con Los Cachiros, una estructura delictiva local. La cooperativa puso denuncias en las redes sociales. «Siempre hemos tenido temor de los grupos criminales», dice Janier, agregando que tales grupos procuran «ponernos en zozobra». Es una sensación que se ve exacerbada a causa del espionaje desde el aire que también sufren: hay drones que pasan sobrevolando día y noche varias cooperativas incluyendo El Tranvío , dice Janier. Él y sus compañeros sospechan que las máquinas son propiedad de una empresa agroindustrial de palma africana en la zona que disputa la propiedad de la tierra, Corporación Dinant. «Pasan monitoreando la zona. No se sabe qué es lo que buscan» dice. El efecto de todo esto en conjunto es escalofriante. «Uno sale a las calles y no sabe si va a volver», dice.

Solicitamos una entrevista a Dinant, para pedir su versión de la propiedad de la tierra, los drones y los ataques violentos, pero la empresa no respondió a la solicitud. También solicitamos comentarios de las Secretarías de Defensa y de Seguridad sobre el espionaje con drones y la presencia de grupos de crimen organizado, pero no respondieron a nuestras solicitudes. En el pasado, funcionarios de tales instituciones han declarado que hay grupos de crimen organizado operando en la zona y la unidad especializada del Ministerio Público creada para investigar la violencia en el Bajo Aguán, UMVIBA, ha armado casos que rastrean las estructuras criminales, incluso algunas que han infiltrado a movimientos campesinos, como es el caso de la banda de Céleo Rodríguez en el asentamiento campesino la Confianza. La Corporación Dinant, por su parte, ha dicho en el pasado que las tomas de tierra son ilegales, que no tiene nexo alguno con los grupos de crimen organizado y que la violencia también ha sido ejercida en contra de sus empleados.

Además de la palma africana, la cooperativa acaba de arrancar con un proyecto de pollo de granja y tiene previsto echar a andar una operación de ganadería y también sembrar milpas de maíz, frijol, plátano y yuca, «lo que comemos», dice Janier. Para eso quitarán una cierta cantidad de árboles de palma africana, para ir reduciendo la dependencia del monocultivo cada vez más, algo que no es sostenible a largo plazo porque devasta al medioambiente. También tiene la ventaja de volver económicamente autosostenible a la cooperativa y bajar la dependencia de la comunidad en el mercado de la palma, con sus precios que fluctúan mucho y que son controlados por unos pocos grandes empresarios.
Además de la palma africana, la cooperativa acaba de arrancar con un proyecto de pollo de granja y tiene previsto echar a andar una operación de ganadería y también sembrar milpas de maíz, frijol, plátano y yuca, «lo que comemos», dice Janier. Para eso quitarán una cierta cantidad de árboles de palma africana, para ir reduciendo la dependencia del monocultivo cada vez más, algo que no es sostenible a largo plazo porque devasta al medioambiente. También tiene la ventaja de volver económicamente autosostenible a la cooperativa y bajar la dependencia de la comunidad en el mercado de la palma, con sus precios que fluctúan mucho y que son controlados por unos pocos grandes empresarios.

En El Tranvío, frente a tanto reto, Janier dice que «solo en conjunto se logra». Sentado en su pickup, pensando la situación, menciona una característica de los grupos criminales que a él le llama la atención: son organizados de forma vertical, con un líder o un patrón que queda con la mayoría de las ganancias. Janier contrasta con eso la forma de organización de la cooperativa: «Aquí el crecimiento es mutuo. Aquí hay convivencia. Aquí hay crecimiento horizontal». El compromiso con el bienestar de todos es un valor también notable en la lucha de Guapinol. De hecho, hay solidaridad entre los grupos, y con frecuencia se apoyan en momentos críticos. Por ejemplo, cuando fueron liberados los ocho compañeros de Guapinol que pasaron más tiempo encarcelados —dos años y medio— la gente de El Tranvío se unió a la caravana para irlos a traer.

Las ganancias de la palma africana «aquí mismo se invierte el dinero», dice Janier. Por ejemplo, tienen planificado sembrar árboles de varios tipos al costado del río Aguán para sanar la tierra dañada por años de monocultivo. Con más árboles combatirán de forma natural las inundaciones que se dan cuando el río crece en el invierno, las cuales pueden llegar a ser muy destructivas y que pasarán cada vez más con el cambio climático. «Estamos aquí por la tierra, no por la palma», dice Janier. La cooperativa a la vez tiene en curso un nuevo proyecto habitacional, construyendo poco a poco casas permanentes para cada familia, las cuales tienen dos cuartos, sala, comedor, un baño sanitario interno y un porche. Ya han logrado instalar alumbrado, pavimentar las calles, limpiar los solares, construir una escuela y contratar a dos maestros. Al estado le han solicitado —hasta la fecha, sin éxito— maestros certificados por la Secretaría de Educación para poder ofrecer en la escuela clases que valgan en el sistema nacional.
Las ganancias de la palma africana «aquí mismo se invierte el dinero», dice Janier. Por ejemplo, tienen planificado sembrar árboles de varios tipos al costado del río Aguán para sanar la tierra dañada por años de monocultivo. Con más árboles combatirán de forma natural las inundaciones que se dan cuando el río crece en el invierno, las cuales pueden llegar a ser muy destructivas y que pasarán cada vez más con el cambio climático. «Estamos aquí por la tierra, no por la palma», dice Janier. La cooperativa a la vez tiene en curso un nuevo proyecto habitacional, construyendo poco a poco casas permanentes para cada familia, las cuales tienen dos cuartos, sala, comedor, un baño sanitario interno y un porche. Ya han logrado instalar alumbrado, pavimentar las calles, limpiar los solares, construir una escuela y contratar a dos maestros. Al estado le han solicitado —hasta la fecha, sin éxito— maestros certificados por la Secretaría de Educación para poder ofrecer en la escuela clases que valgan en el sistema nacional.

Un compromiso a prueba de fuego

Al funeral de Alí Domínguez, en Guapinol en enero, llegaron cientos de personas que desbordaron la calle para acompañarle a su paradero final. El asesinato de su hermano apenas cinco meses después dejó claro que la violencia seguirá. A la vez, los defensores que siguen con vida han sufrido un hostigamiento que viene hasta de los rincones más oscuros de Twitter, a través de cuentas falsas manejadas por personas cercanas a Pérez según reveló una investigación de Contracorriente. Además, hay días que, al igual que con las cooperativas campesinas, vuelan drones sobre las casas de ciertos dirigentes, buscando algo que no queda claro qué es y metiendo terror: alguien invisible les vigila cada paso, dejando claro el mensaje que les pueden hacer lo que se les dé la gana a la hora que quieran. De hecho, el mismo día de esta cobertura periodística, poco después de que nuestro equipo terminara la jornada y partiera de Guapinol, dos drones sobrevolaron las casas de los líderes comunitarios que nos facilitaron la visita. Dentro de la lista de preguntas que mandó Contracorriente al abogado de Pérez estaba si tales drones eran propiedad de la mina o de otra empresa u organismo gubernamental, pero no respondió a nuestra solicitud.

Dice Domínguez sobre los troles que «Hablan pestes de los que no queremos la minería. Que somos «enemigos del desarrollo». Que somos «falsos ambientalistas». Y yo me pregunto ¿es falso que exista un Río Guapinol? ¿Que exista un parque nacional? ¿Es falso que nosotros estemos defendiendo el agua? Sin agua no hay vida. Que el río se seque es una amenaza para todos». Domínguez dice que los ataques digitales siguen sin cesar aun después del asesinato de su hermano Oquelí. A veces, la crítica llega por medio de personas reales, como los vecinos o la prensa. Tanto Guapinol como El Tranvío sufren de un estigma generalizado en la sociedad hondureña de ser personas que buscan problemas. «Mucha de la sociedad piensa que uno es ladrón», dice Janier, quien afirma además que la corporación agroindustrial con más peso en la zona, Dinant, ha amenazado que tiene bajo investigación el presidente de la cooperativa, Santos Roberto Pérez, por lucro ilícito, y que los líderes de El Tranvío recién se dieron cuenta que un hombre pagado por la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, se había infiltrado en la cooperativa. Ni la Secretaría de Seguridad ni Dinant respondieron a nuestras solicitudes de entrevista para poder conocer su versión de estos hechos.
Dice Domínguez sobre los troles que «Hablan pestes de los que no queremos la minería. Que somos «enemigos del desarrollo». Que somos «falsos ambientalistas». Y yo me pregunto ¿es falso que exista un Río Guapinol? ¿Que exista un parque nacional? ¿Es falso que nosotros estemos defendiendo el agua? Sin agua no hay vida. Que el río se seque es una amenaza para todos». Domínguez dice que los ataques digitales siguen sin cesar aun después del asesinato de su hermano Oquelí. A veces, la crítica llega por medio de personas reales, como los vecinos o la prensa. Tanto Guapinol como El Tranvío sufren de un estigma generalizado en la sociedad hondureña de ser personas que buscan problemas. «Mucha de la sociedad piensa que uno es ladrón», dice Janier, quien afirma además que la corporación agroindustrial con más peso en la zona, Dinant, ha amenazado que tiene bajo investigación el presidente de la cooperativa, Santos Roberto Pérez, por lucro ilícito, y que los líderes de El Tranvío recién se dieron cuenta que un hombre pagado por la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, se había infiltrado en la cooperativa. Ni la Secretaría de Seguridad ni Dinant respondieron a nuestras solicitudes de entrevista para poder conocer su versión de estos hechos.

Las mujeres de Guapinol viven todo esto de una forma particular. Por un lado, como la mayoría de los defensores que estaban encarcelados eran hombres, sus compañeras de vida de repente cargaban sobre sus hombros todas las responsabilidades de sus familias, tanto las financieras como las logísticas y emocionales, además de la larga lista de quehaceres semanales que resulta cuando uno tiene un familiar en prisión. A pesar de ello, los troles en Twitter manejan narrativas sexistas que buscan poner en tela de juicio la ética y el compromiso de las mujeres con sus familias. «Me decían en un perfil falso que yo descuidaba de mis hijos, andando de un lado para otro» dice Juana Zuñiga, dirigente campesina cuyo compañero de vida estuvo entre los detenidos. Pero a veces eran sus propios vecinos, especialmente los que la mina había contratado, quienes les criticaban. «Era cargar con todo, todo lo que significa el hogar, y con la misma gente de la comunidad cuestionándote» dice Juana. «Pero Guapinol no es nada sin el agua» agrega. Es decir: simplemente no hay otra alternativa más que luchar.

El Tranvío está lleno de personas que alguna vez pensaron en emigrar de su país, no porque querían, sino porque no tenían ni la tierra ni el apoyo necesario para prosperar. Janier es uno de ellos. Hasta hace poco, tenía planes para irse sin papeles a los Estados Unidos. Pero cuando comenzaron a planificar el nacimiento de la cooperativa, aun con todos los riesgos que implicaba, Janier vio una oportunidad para quedarse en su tierra natal. «Mejor me arriesgo en mi país, no en otro», se decía a sí mismo. Ahora, con casi dos años de desarrollo exitoso a beneficio no solamente de su familia sino de más de 600 otras personas, Janier considera que se tomó la mejor decisión para sí mismo y para su país.
El Tranvío está lleno de personas que alguna vez pensaron en emigrar de su país, no porque querían, sino porque no tenían ni la tierra ni el apoyo necesario para prosperar. Janier es uno de ellos. Hasta hace poco, tenía planes para irse sin papeles a los Estados Unidos. Pero cuando comenzaron a planificar el nacimiento de la cooperativa, aun con todos los riesgos que implicaba, Janier vio una oportunidad para quedarse en su tierra natal. «Mejor me arriesgo en mi país, no en otro», se decía a sí mismo. Ahora, con casi dos años de desarrollo exitoso a beneficio no solamente de su familia sino de más de 600 otras personas, Janier considera que se tomó la mejor decisión para sí mismo y para su país.

Pero su compromiso ha salido caro. Reynaldo Domínguez se encontraba fuera de Honduras cuando asesinaron a su hermano Oquelí, ataque durante el cual su madre Catalina también recibió un disparo en la pierna. A Reynaldo le tocó tomar la decisión que nunca quiso tomar: su familia entera va a dejar su querido Guapinol.

«Nosotros nos vamos a apartar, voy a apartar a toda mi familia», dice, añadiendo que es el doble de doloroso, pues, además, se ve obligado a comenzar de cero en otro lado. Espera poder volver algún día y, mientras tanto, quienes se quedan seguirán en una lucha que es cada vez más no solamente a favor del territorio, sino también contra el miedo. «Anoche tuvimos un susto», cuenta Juana, apenas una semana después del homicidio de Oquelí. Se fue la luz y con su familia quedaron esperando ansiosamente que pasara la noche, momento tras momento en la oscuridad. «Es bastante terrible pensar que el siguiente puede ser uno, o incluso algún vínculo familiar», dice. Pero a la mañana siguiente se levantó y, cuando recibió la llamada de una periodista preguntándole si, dado la violencia escalofriante, siempre estaba dispuesta a que su nombre apareciera en un fotoensayo, no dudó en contestar que sí,que es más, quiere seguir denunciando. «Estamos con toda la verdad», dijo. «Y algún día tendremos la victoria».

Este martes fueron desalojadas siete familias en la colonia Las Crucitas de El Picacho, ubicada en Tegucigalpa, zona central de Honduras. El desalojo surge después de que el Poder Judicial desestimara un amparo en favor de estas familias y a pesar de los reclamos del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona –presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad– quien indicó que el desalojo de Las Crucitas surgió de una orden «ilegal, ilegítima e injusta de un juzgado».

Texto: Jorge Cabrera y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

Siete familias de la colonia Las Crucitas de El Picacho, ubicada en Tegucigalpa, zona central de Honduras, fueron desalojadas este martes por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales. Estos agentes fueron acompañados por miembros del Poder Judicial y ejecutaron el desalojo en presencia de miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto de la Propiedad (IP).

Según información brindada por el juez ejecutor que estuvo presente durante el desalojo, la acción se ejecutó después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimara un amparo interpuesto a favor de estas familias.

La acción policial se desarrolló entre la indignación y las denuncias de violación por parte del Estado hondureño. El Bufete justicia para los pueblos, dirigido por el abogado Edy Tábora, indicó en Twitter que la Policía Nacional y el Poder Judicial están desalojando ilegalmente a estos habitantes porque fue el propio Estado el que vendió estos inmuebles y ahora los está expulsando.

El Bufete justicia para los pueblos advirtió con anticipación que estos pobladores contaban con títulos de propiedad extendidos por el Instituto de la Propiedad y que un desalojo acarrearía responsabilidad internacional en contra del Estado hondureño por violentar derechos fundamentales a 15 familias, entre estas 44 adultos y 21 menores de edad.

El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona —quien además funge como presidente del Consejo Directivo del IP— indicó que el desalojo de Las Crucitas surgió de una orden ilegal, ilegítima e injusta de un juzgado, al tiempo que prometió que el Gobierno se hará cargo de reconstrucción de las viviendas y que «se solicitará apelación del desalojo».

Las siete familias retiran su menaje para que la policía tome posesión de lo que una vez fue su hogar. Foto CC/ Jorge Cabrera
Las siete familias retiran su menaje para que la policía tome posesión de lo que una vez fue su hogar. Foto CC/ Jorge Cabrera

Gabriela Baquedano, una de las afectadas, dijo que estas acciones de desalojo son ilegales debido a que ellos adquirieron debidamente estas viviendas al Estado.

«Nosotros estamos legales, tenemos nuestras escrituras públicas, le compramos al Estado y ahora [el Estado] nos quiere quitar las cosas», señaló Baquedano.

El abogado Roque Germer, representante de los locatarios, aseguró que el desalojo debió ser en La Estanzuela (una vía que está a dos cuadras de Las Crucitas) y no en este lugar, y que es «terquedad» del juez ejecutor realizar el desalojo en este lugar también.

«Los de la colonia Las Crucitas todos tienen título de propiedad, se los dio la Procuraduría General de la República mediante pago a plazos y otros en efectivo, sin embargo, están golpeando la gente, pateando, y rompiendo las puertas y llevándose todo», señaló el abogado Germer.

Tanto el abogado Germer como los habitantes de la colonia coincidieron en manifestar que Rony Carbajal, quien reclama estas propiedades por herencia, no ha sido declarado como heredero aún, y que además lo han visto en compañía del juez ejecutor en otros lugares, señalando esto como un conflicto de interés.

Golpes y empujones se llevaron a cabo durante el desalojo. Foto CC/Jorge Cabrera
Golpes y empujones se llevaron a cabo durante el desalojo. Foto CC/Jorge Cabrera

El juez ejecutor, Danilo Laredo, explicó que el desalojo se ejecutó luego de un largo proceso judicial que derivó en una sentencia. Añadió que estas familias fueron condenadas por el delito de usurpación en perjuicio de María del Tránsito Carbajal en el año 2004.

Laredo agregó que en el 2004 «ellos (las familias condenadas en la sentencia) tuvieron el beneficio de conmuta de pena de reclusión por dinero en efectivo, pero que aún quedaba la recuperación de la propiedad que fue usurpada».

El juez Danilo Laredo expuso que la defensa legal de estas familias presentó recursos de amparo en tres ocasiones «y como esos recursos tardan años en resolverse, se había reprogramado el desalojo. Ahora la Corte decidió que se inadmite el recurso de amparo diciendo que ya es cosa juzgada y no hay nada más que ejecutar la orden», expuso.

Sobre los documentos de dominio pleno de la propiedad que tienen los habitantes del lugar, el juez aseguró que estos fueron adquiridos a través de unos decretos en 2013 y que, si bien son documentos extendidos por el Estado, el expediente acredita como heredero legítimo de la propiedad a Rony Carbajal.

El subcomisario y jefe de operaciones de la policía preventiva, Daniel Molina, indicó que el papel de la policía en el desalojo no ha sido violentar ni reprimir a la población, sino «apoyar al juez ejecutor en la resolución».

El subcomisario afirmó que «un consulado de un país nórdico» se ha puesto a disposición para apoyar a los habitantes desalojados de Las Casitas, pero que estos han sido renuentes a tomar esa ayuda. En esto coincidió el juez Laredo, quien expuso que la Embajada de Noruega está solicitando los nombres de las siete familias que están siendo desalojadas para proporcionarles asistencia.

Este no es el primer antecedente en el que autoridades locales o del Gobierno central, independientemente de si por medio hay motivaciones mercantiles o proselitistas, aprovechan primero la necesidad de vivienda de grupos poblacionales y luego éstos son objeto de desalojos.

Bernardo Arévalo canalizó el voto de descontento hacia el sistema y pasó a segunda vuelta. El candidato del Movimiento Semilla, por quien nadie apostaba hace 24 horas, competirá contra Sandra Torres por la presidencia. La presidenciable por la UNE fue la candidata más votada por tercera vez consecutiva. Esta fue la única previsión que sí se cumplió en una noche inesperada que mostró cómo las encuestas, en ocasiones, fallan. Los otros favoritos, Zury Ríos y Edmond Mulet, no quedaron ni entre los cuatro primeros.

Texto: Carolina Gamazo, Jovanna García y Asier Andrés
Edición: Asier Andrés
Diseño: Diego Orella

Eran las 2:03 minutos del 26 de junio cuando Bernardo Arévalo, el candidato presidencial Movimiento Semilla, llegó al centro de campaña del partido, instalado en un salón del Hotel Las Américas, en la zona 13 capitalina. Arévalo llegaba directamente del centro de cómputo electoral, ubicado en la zona 11, donde había presenciado algo que probablemente nadie en el país imaginó.

Arévalo fue recibido por decenas de integrantes del partido que aplaudían, chiflaban y gritaban de alegría. Su presidenciable, que apenas llegaba al séptimo lugar en las últimas encuestas de intención de voto, figuraba ya como el segundo candidato con más votos para la presidencia de Guatemala.

Arévalo subió a la modesta tarima que el partido preparó y tomó el micrófono: “Lo decía Ronaldo Robles (un asesor fallecido hace unos meses), no nos van a ver venir, vamos a llegar y no se van a dar cuenta. Y eso, eso fue lo que hicimos esta noche. (…) Estamos a punto de cambiar cómo se hace la política de Guatemala”, dijo con fervor a su audiencia.

En un giro inesperado de los acontecimientos que ningún analista predijo, Bernardo Arévalo, un académico, hijo de Juan José Arévalo, el ex presidente que abrió la primavera democrática del periodo 1944 y 1954, obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta electoral de las Elecciones Generales de Guatemala de 2023.

El candidato del Movimiento Semilla dejó fuera a los que se perfirlaban favoritos para este segundo lugar: Zury Ríos, hija del general golpista, sentenciado por genocidio Efraín Ríos Montt; y el político y diplomático de larga trayectoria Edmond Mulet.

Arévalo arrasó, sobre todo, en el área metropolitana. En los tres municipios más poblados del país, la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, obtuvo alrededor de uno de cada tres votos válidos.

Semilla fue el partido más votado en todo el departamento de Guatemala en las legislativas de 2019, sin embargo ahora mejoró sus resultados e hizo lo que nadie previó: lograr resultados buenos o aceptables en prácticamente todo el país.

Arévalo fue el candidato más votado en el departamento de Guatemala, el Distrito Central, en Sacatepéquez, Chimaltenango y Quetzaltenango. También fue el segundo más votado en Jutiapa.

Pero su desempeño fue aceptable en todo el territorio nacional. En los departamentos donde no ganó, en promedio, tuvo un 7 por ciento de los votos sin importar la región del país.

Esto le permitió superar con comodidad a sus rivales y situarse más cerca de la primera posición que de la tercera.

Con cerca de 640 mil votos, su resultado ha sido el mejor que un candidato progresista y crítico con el sistema político y económico ha tenido en décadas.

A diferencia de otros candidatos similares, como Thelma Cabrera en 2019, que quedó cuarta, Arévalo sí ha emergido como un candidato realmente nacional, lo que le ha permitido ser segundo.

Su éxito pone de relieve la existencia de un fenómeno que las encuestas no previeron: el voto de rechazo a los candidatos tradicionales existe y, aunque se concentra en el área metropolitana, está presente en todo el país.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Semilla, ayer en conferencia de prensa tras conocer los resultados que lo llevan a la segunda vuelta. Foto: Jeff Abbott.
Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Semilla, ayer en conferencia de prensa tras conocer los resultados que lo llevan a la segunda vuelta. Foto: Jeff Abbott.

Competencia de anti votos

En la segunda vuelta, que tendrá lugar el 20 de agosto, Arévalo se medirá con Sandra Torres, la presidenciable por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres quedó en primer lugar, con algo más de un 15 por ciento de los votos. Esta es la tercera vez consecutiva que la candidata de la UNE gana en primera vuelta y pasa a la segunda.

Torres puso en evidencia el poder que sigue teniendo su partido en todo el país. Ha pasado más de un década desde que la UNE hizo gobierno, presidido por su entonces marido, Álvaro Colom; pero permanece como una fuerza de primer orden, algo que ningún partido había logrado en el actual régimen constitucional.

Torres tuvo el peor de los desempeños de sus tres participaciones. En 2015, tuvo casi 950 mil votos, y en 2019, más de 1.1 millones. Ahora, su caudal electoral bajó hasta los 815 mil.

Aún así, ganó facialmente. Torres tuvo éxito en los departamentos muy poblados del norte y occidente: Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Quiché. Pero su desempeño fue también fue muy bueno en lugares como Petén, Escuintla o Suchitepéquez.

Esto pone de relieve cómo el voto duro de Torres pervive. Ella es una de las figuras políticas más conocidas del país. A esto se suma la fortaleza de las estructuras locales y departamentales de su partido y el hecho de que aún se la recuerda como la creadora de los programas sociales durante el gobierno de su exmarido, el presidente Álvaro Colom (2008- 2012).

En estas elecciones, Sandra Torres se presentó como una candidata más conservadora y amplió sus promesas de campaña a temas como la seguridad. Pero siempre utilizó como uno de sus reclamos principales de campaña el reparto de bolsas de alimentos básicos para la mayoría pobre, que según datos del Banco Mundial, asciende al 54 por ciento de la población.

El éxito de esta fórmula tiene sus límites. Ha sido suficiente para convertirla en la candidata más votada desde 2015, pero insuficiente para llevarla a la presidencia.

Las segundas vueltas han resultado nefastas para Torres. En 2015 perdió contra un comediante outsider que participaba por primera vez: Jimmy Morales. Y en 2019, frente a un veterano candidato derechista, acusado de ejecuciones extrajudiciales, que nunca había pasado a una segunda vuelta: Alejandro Giammattei.

Sandra Torres, la candidata presidencial por el partido UNE, obtuvo el mejor resultado en la primera vuelta. Foto: Edwin Bercián
Sandra Torres, la candidata presidencial por el partido UNE, obtuvo el mejor resultado en la primera vuelta. Foto: Edwin Bercián

Ambos ganaron a Torres con facilidad. Así quedó en el imaginario popular que el rechazo que genera Torres es tal, que quien compite en contra de ella en el balotaje, gana las elecciones.

En esta segunda vuelta, sin embargo, habrá una diferencia. Morales y Giammattei eran conservadores, capaces de atraer a un electorado amplio de personas que se identifican con la derecha, los valores de la familia tradicional o la fe religiosa.

Arévalo, en cambio, es un académico progresista. Integra un movimiento que emergió de la primavera democrática anti corrupción de 2015. Y su apellido remite a una primavera democrática anterior, la del periodo 1944-1954.

Ambas generaron un poderoso movimiento de rechazo entre las élites y los grupos más conservadores y largos procesos de retroceso.

Para la segunda ronda electoral, está por ver qué rechazo pesará más en la mente de estos votantes. El que genera una mujer como Torres, a la que en un momento se la consideró una populista peligrosa, pero que ahora representa la continuidad del sistema político tradicional. O el que genera un progresista anticorrupción como Arévalo.

De esta forma, esta segunda vuelta representa navegar en territorios inexplorados para muchos votantes.

Arévalo obtuvo un 12 por ciento de los votos, solo tres puntos por debajo de Sandra Torres, un resultado totalmente inesperado. Foto: Jovanna García
Arévalo obtuvo un 12 por ciento de los votos, solo tres puntos por debajo de Sandra Torres, un resultado totalmente inesperado. Foto: Jovanna García

La caída de los favoritos

Las encuestas no predijeron el éxito de Arévalo ni tampoco la magnitud del descalabro que sufrieron anoche las candidaturas a la presidencia de Zury Ríos y Edmond Mulet.

Ambos seguían el camino de lo que suele considerarse un intento exitoso de alcanzar la presidencia. Invirtieron en grandes campañas. Se acompañaron de multitud de figuras políticas poderosas o caciques departamentales, algunos de ellos cuestionados por su vínculo con casos de corrupción. Llegaron a puntear en las encuestas de los medios de comunicación principales hasta días antes de los comicios.

Sin embargo, en el día de elección, no quedaron ni entre los cuatro primeros.

Ambos fueron adelantados por el oficialista Manuel Conde, del partido Vamos, que quedó tercero, con casi el 8 por ciento de los sufragios, quien ha sido acusado de utilizar la maquinaria estatal a su favor. También quedaron detrás del candidato de Viva, Armando Castillo.

Ni Mulet ni Ríos llegaron al 7 por ciento de los votos. El primero quedó quinto y la segunda en sexto lugar.

Desde el comienzo de este año, Ríos se perfilaba como la favorita del sector privado organizado y la derecha más dura. En las primeras encuestas siempre figuró como una de las candidatas que pasaría a segunda vuelta. Después, su candidatura fue perdiendo fuerza y finalmente fracasó en el día clave.

Ríos logró relativamente buenos resultados en la ciudad capital, en el departamento de Guatemala y en Zacapa, donde fue la segunda candidata más votada. Pero en el resto del país su desempeño fue pobre.

Zury Ríos quedó el sexta posición, un resultado muy alejado de los pronósticos. Foto: Jeff Abbott
Zury Ríos quedó el sexta posición, un resultado muy alejado de los pronósticos. Foto: Jeff Abbott

El comportamiento del Mulet fue el opuesto. Este ex diplomático conservador que se presentaba como un outsider que renovaría la política, tuvo resultados aceptables en más distritos y superó en votos a Ríos. Pero no destacó en ningún departamento importante. Su mayor éxito fue ser segundo en Sacatepéquez, Jalapa y Totonicapán.

Solo hace unos días, una de las encuestas más importantes, ubicaba Mulet en segunda posición en la intención de voto. Esto hizo pensar a muchos que el escenario de 2015 y 2019 volvería a repetirse y que el rechazo que genera Torres, beneficiaría en 2023 a Mulet. El candidato, sin embargo, quedó quinto, peor que en su primera participación en 2019.

Como tantas otras, esta fue una previsión que tampoco se cumplió en una noche histórica.

El candidato por el partido CABAL, Edmond Mulet, obtuvo el resultado más alejado de los pronósticos, que lo metían en segunda vuelta, quedando en quinto lugar. Foto: Jeff Abbott
El candidato por el partido CABAL, Edmond Mulet, obtuvo el resultado más alejado de los pronósticos, que lo metían en segunda vuelta, quedando en quinto lugar. Foto: Jeff Abbott

Cancelaciones y voto de rechazo

Estas elecciones fueron probablemente las más conflictivas de los últimos años. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) canceló tres candidaturas presidenciales, dos de ellas clave, cuya concurrencia en esta contienda hubiera cambiado, muy posiblemente, el rumbo de estos resultados.

La primera fue la del binomio por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), compuesto por Thelma Cabrera y Jordán Rodas como presidenciable y vicepresidenciable, respectivamente.

Cabrera, una lideresa indígena con un fuerte apoyo en algunos departamentos, y Rodas, el ex Procurador de Derechos Humanos.

Cabrera obtuvo en las anteriores elecciones la cuarta posición y muy posiblemente hubiera obtenido un gran caudal de los votos de izquierda, que finalmente se encauzaron hacia Bernardo Arévalo.

La otra cancelación clave fue la de Carlos Pineda con Prosperidad Ciudadana. Pineda era el nuevo outsider de la contienda, un finquero próspero que salió de Tik Tok y lideraba las encuestas de intención de voto a mediados de mayo, en buena parte gracias a su estrategia en redes sociales.

La cancelación de Pineda no tiene precedentes en la historia del país. Es la primera candidatura que se suspende en un momento muy avanzado del proceso y mientras lidera las encuestas.

Esto dejó muchas dudas acerca del papel del TSE en el sistema democrático del país y si el proceso estaría siendo manipulado para favorecer a ciertos candidatos como Ríos, Torres o Mulet.

Thelma Cabrera emitió ayer su voto en El Asintal, la candidata presidencial fue cancelada por el TSE en enero. Foto: Fernando Chuy.
Thelma Cabrera emitió ayer su voto en El Asintal, la candidata presidencial fue cancelada por el TSE en enero. Foto: Fernando Chuy.

A estos problemas se sumó, la publicación hace unos días, en los medios El Faro y The New York Times, de artículos en los que se informó que una de las magistradas del TSE, Blanca Alfaro, se habría presentado en 2022 en la embajada de Estados Unidos en el país para denunciar que el gobierno estaba tratando de sobornar al poder electoral. Según las citadas publicaciones, Alfaro mostró a representantes de la embajada estadounidenses, Q50 mil que, según ella, Miguel Martínez, conocido por ser la pareja de Alejandro Giammattei, habría entregado a los magistrados del TSE como un sobresueldo.

Todo esto enturbió la perspectiva de unas elecciones libres y aumentó la percepción de que la política tradicional se perpetuaría en el poder incluso en contra de la voluntad de la población.

Algunos ciudadanos respondieron con el desencanto. Más de 950 mil electores votaron nulo en la papeleta presidencial, una cifra que casi quintuplica a la registrada en 2019. El 17 por ciento de los sufragios, de hecho, fueron nulos, más que lo votos obtenidos por cualquier candidato.

Pero otras muchas personas se inclinaron por un partido como Semilla, que surgió precisamente para llevar a las instituciones a personas críticas de la corrupción y las viejas prácticas de la política.

De las protestas de 2015 a segundo lugar en las Elecciones.

La emergencia ahora de Semilla como alternativa de gobierno pone de relieve cómo la influencia de las protestas anti corrupción de 2015 siguen marcando al país.

Semilla comenzó poco antes, en 2014, alrededor de un grupo de intelectuales progresistas. Entre ellos había figuras conocidas, como el economista y exministro de Finanzas (2008-2010), Juan Alberto Fuentes Knight o el sociólogo y ex militante comunista, Edelberto Torres Rivas. También intelectuales, escritores académicos o investigadores como Carlos Mendoza, Anabella Giracca, Alejandro Balsells Conde, Elena Díez Pinto, Julio Donis, Jonathan Menkos o Carolina Escobar Sarti.

Pero las protestas de 2015 y cómo estas concluyeron: con la elección de un presidente, Jimmy Morales que hizo campaña contra la corrupción, pero pronto cambió de opinión, hicieron a Semilla plantearse dar el salto a la política electoral.

Inscribieron el partido en 2018 y en 2019 lanzaron su primera candidatura a la presidencia. El partido postuló como presidenciable a Thelma Aldana, una ex fiscal general y una fuerte aliada de la lucha contra la corrupción.

Pero el TSE, iniciando una trayectoria de bloqueo de candidaturas que se ha acentuado en la actual campaña electoral, impidió su inscripción por una denuncia de corrupción durante su gestión como fiscal. A pesar de ello, Semilla obtuvo un buen resultado en sus candidaturas a diputados y obtuvo siete representantes en el hemiciclo.

Ahora, en su primera candidatura presidencial, el partido ha logrado pasar a segunda vuelta. En el partido creen que este éxito se debe, en parte, a su buen trabajo en la campaña y a que su mensaje ha calado entre los más jóvenes. Pero también saben que una parte de los sufragios a su favor son el anti voto contra el sistema, como dijo el propio Arévalo anoche.

“Estamos viviendo el momento en donde el rechazo al sistema político guatemalteco está alcanzando su cima, porque no estamos viendo únicamente los votos que nosotros hemos obtenido, también los votos nulos”, dijo el presidenciable de Semilla.

Texto: Omar Palacios B.
Portada: Persy Cabrera

Desde mi militancia en LIBRE y siendo además funcionario público, observo a nuestro país casi entrampado, preso de monólogos, sorderas e intolerancias mutuas, que solo predicen un empate catastrófico, ese mismo en el cual, las naciones pierden tiempo confrontadas internamente, por largos periodos, sin progresos relevantes y en donde cada grupo en el poder —por turnos— es desgastado por sus opositores y la acción gubernamental es socavada sin importar que sea la nación la que fracase.

Quise al respecto aprender sobre polarización y, sobre todo, si los científicos sociales o políticos profesionales de otros lares saben diagnosticarla y medicarla. Y parece que sí.

Es un fenómeno multidimensional, muy presente en diversas sociedades, y en esta coyuntura, es fácilmente observable en casi toda Centroamérica —exceptuando a Costa Rica—, en Colombia, Argentina, en los Estados Unidos que sigue amenazado por Trump, y más allá, en España, Francia, entre otros países.

A veces es un fenómeno positivo, un recurso. Cuando es deliberada, se crea para hacer presente un malestar, un hecho social en una agenda de país y, de esa manera, obligar a los actores diversos —usualmente poderosos— a hacerse consciente del malestar del otro.

Martin Luther King cuando estuvo en la cárcel de Birmingham escribió una carta en la que intentó explicar por qué su movimiento por los derechos civiles —esencialmente pacifico— había optado, además, por hacer actos de desobediencia, una polarización intencional, para hacer presente el malestar de la población negra por la persistente discriminación, tan presente como viva, después de múltiples promesas por eliminarla de parte de la población blanca y las autoridades. En hechos más recientes, los cierres de la administración gubernamental estadounidense (19 en su historia, 4 en el siglo XXI) han sido una muestra tangible de los grados de polarización, que a veces ha sido provocado por algunos de los líderes, convencidos que solo después de ese cierre, los bandos en conflictos, alcanzan un acuerdo.

Hay casos exitosos de polarización. El gobierno actual del líder Andres Manuel López Obrador, AMLO, y su agenda de la cuarta transformación combina políticas sociales para los sectores más postergados con un discurso contra las «elites» (jueces, periodistas, académicos, empresarios, etc.) y al final de su mandato, goza de amplia aprobación a su gestión y tiene casi asegurada la continuidad de su partido MORENA con una sucesión presidencial con alta preferencia del pueblo mexicano.

¿Qué causa la polarización? Usualmente, revoluciones, cismas sociales, o crisis estructurales no resueltas. La polarización es una realidad social que tiene que ver con grupos humanos que entran en una espiral de reproches y acusaciones y que puede acabar en graves conflictos. Generalmente proviene de una situación anterior no resuelta. Creo que, en el caso hondureño, el ominoso golpe de Estado es la «causa no resuelta» de nuestra sociedad. La Constituyente es el camino conocido para acordar un nuevo contrato social y los militares no deberían ser quienes la impidan.

Cuando el fenómeno es económico el grupo que goza de mayores rentas transmite valores a través de las instituciones (como la escuela o la prensa) para subrayar su autoridad en sectores de población humilde. A la vez, los adoctrinan en la docilidad, obediencia o resignación (cuando no pasividad). He escuchado a líderes evangelistas, afirmar que los pobres tendrán sus resultados en el cielo.

Las causas, según Bart Brandsma, oscilan entre la existencia de un pensamiento de base sobre «nosotros somos así y ellos no». A ese pensamiento se le va añadiendo, por medio de procesos de persuasión, contagio o adoctrinamiento, gasolina u otros personajes y símbolos incendiarios de fuerte componente visceral. Esto explica el anacrónico anticomunismo de Nasralla.

¿Cómo se reconoce una sociedad polarizada? Los actores no se reconocen mutuamente, la comunicación entre ellos desaparece. Basta ver cualquier programa de debate televisivo o radial y puede advertirse que, en ellos, no se siguen los estándares mínimos de sociabilidad ni de civilidad, moderadores incluidos. Es usual que entre los panelistas abunden las descalificaciones y los personalismos, al margen del tema. También puede reconocerse si hemos perdido amistades o nos hemos distanciado entre familiares, por simples diferencias de opinión o posición política.

El resultado más efectivo de la polarización es el odio. Si no se detiene, crece.

Otros efectos amenazan con paralizar las instituciones. El avance de la post verdad en medios de comunicación y redes sociales, la desafección ciudadana y el agravamiento de las condiciones materiales en amplias capas de población, subyacen a este fenómeno.

La falta de tolerancia y respeto de los partidos políticos acaba calando en la ciudadanía y se expresa en forma de crispación, nihilismo y furia. Se inhabilitan espacios de encuentro y de debate causal y deliberación. Esto conduce a la desafección ciudadana y a la degradación de nuestra democracia, convirtiéndola en «pseudocracia», el régimen de quien mejor miente. En el caso hondureño, ¿En dónde observamos las consecuencias de la polarización? En la falta de acuerdos y consensos en el Congreso Nacional; en la feroz campaña mediática contra el ejecutivo y en la convicción ciudadana de que la Justicia no existe, y que, por ello, es mejor hacer cada uno lo que crea, realimentando, los orígenes violentos de nuestra nacionalidad. También se observa en la invalidación mutua entre autoridades y opositores. Y en la impaciencia de los gobernados. Otro efecto perverso de la crispación es que agrupa a los actores disímiles solo por miedo. Dicen que el poeta Gonzalo Arango afirmó que «el miedo no une, pero amontona» y la evidencia le da la razón, si no, vea a los líderes del Partido Salvador de Honduras (PSH) y del Partido Liberal unirse al recién ex enemigo Partido Nacional.

Sociedades polarizadas suelen construir infidelidades dolorosas. En el caso hondureño, no tenemos todavía una «Oposición Leal» que reconozca el derecho de gobernar de LIBRE y lo asuma como legítimo. La frase «#Libre_nunca_más», anuncia una temprana confrontación, mientras que la inhabilidad del gabinete para callarse ofensas pasadas en pos de viabilizar políticamente las reformas deseadas, muestran que aquí, sirios y troyanos, están alejándose de un leve punto de encuentro que sea beneficioso para el país. También es oposición leal la que no crea noticias falsas y la que propone.

¿Hay salidas? Sí, y en un segundo artículo, compartiré las que he podido aprender, así como las razones por las cuales, deberíamos, todos y todas, despolarizar a Honduras.

Las Casitas, Comayagüela, 22 de junio de 2023.

Un año y medio después de que Xiomara Castro tomó posesión como la primera mujer presidenta de Honduras, este país se muestra ante el mundo como uno de los más femicidas. No solamente porque entre 2022 y lo que va del 2023 han sido asesinadas cerca de 400 mujeres y la impunidad y estigma sigue cayendo sobre sus cuerpos, sino porque también hemos sufrido la mayor tragedia en una cárcel de mujeres: hasta el cierre de este editorial se contaban ya 46 mujeres privadas de libertad muertas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Tegucigalpa tras una reyerta y posterior incendio. Unas murieron calcinadas, otras víctimas de disparos y apuñalamientos.

El nuevo estallido nos obligó a mirar por el retrovisor otros eventos de dimensiones similares, situaciones que habíamos contemplado en administraciones del Partido Nacional en los años 2003 en la Granja penal de El Porvenir; en el 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula y en el 2012 en la Granja penal de Comayagua. Esas tragedias ocurrieron cuando sonaba por todos lados la propaganda de la «mano dura» o «el puño firme». Estos tristes eventos dejaron un deshonroso total de 538 personas fallecidas en centros penitenciarios, pero dejaron también un desconocido número de violaciones a derechos humanos durante la vigencia de esas políticas de seguridad.

Estas matanzas están conectadas con las políticas de seguridad que prometen «mano dura», que han militarizado la seguridad pública y que poco a poco han debilitado a una Policía Nacional Civil que se ha corroído por la corrupción, los vínculos con el crimen organizado y las ejecuciones extrajudiciales.

¿Cuánta más evidencia se necesita para que la clase política que lidera el país acepte que los enfoques de «mano dura» solo han causado más muerte, más violencia, y violaciones a los derechos humanos?

Los simpatizantes del partido que ahora está en el poder levantaron banderas en contra de las políticas de mano dura de quienes ahora son su actual oposición; criticaron y denunciaron violaciones a derechos humanos y sus implicaciones en las masacres dentro de las cárceles. Es común que se recuerden como «los tiempos de los nacionalistas», aquellos tiempos en que las cárceles tomaban fuego, nadie sabía cómo entraban los explosivos y cómo terminaban decenas de presos calcinados.

Esos simpatizantes, antes agremiados en organizaciones de sociedad civil, ONGs y movimientos, se rasgaron las vestiduras protestando en contra de la militarización de la seguridad pública, de la criminalización de la juventud, del encarcelamiento arbitrario y masivo. ¿Cuál es la diferencia con lo que ahora evidencia no solo ser lo mismo sino tener los mismos efectos: muerte y dolor?

Es por esto que esta nueva tragedia carcelaria en Honduras, además de ser la primera de esta magnitud en una cárcel de mujeres, representa un deja vu de esos tiempos recios que, como hemos visto ahora, no se pueden reducir a la estrategia preferida solo por un partido político.

¿No nos estimula la memoria el hecho de que tengamos seis meses de estar en un estado de excepción? ¿No recordamos ahora mismo la administración de Ricardo Maduro (2002-2006) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), dos gobiernos nacionalistas que con su «mano dura» y «puño firme» actuaron brutal e impunemente contra jóvenes en condiciones de extrema pobreza? ¿No parece que lo que vivimos ahora ya lo habíamos vivido?

Durante dichas administraciones, principalmente en la de Ricardo Maduro, se denunció que el Estado hondureño estaba institucionalizando las ejecuciones extrajudiciales. Crecieron a partir del 2002 las acusaciones de que jóvenes procedentes de barrios pobres y estigmatizados se desangraban constantemente en calles hondureñas.

Esos masivos asesinatos registrados en la oscuridad de la noche, no hicieron salir soles relucientes en los amaneceres. Al contrario, dichas políticas de exterminio, lejos de haber heredado un país seguro, provocaron todo lo contrario, corrupción en los más altos círculos políticos, operadores de justicia, círculos empresariales, Fuerzas Armadas, entre otros.

Es importante hacer memoria que lo que pasó en las cárceles durante los gobiernos de Ricardo Maduro y Porfirio Lobo fue simplemente el reflejo de lo que también estaba pasando en las calles, mismas que estaban siendo patrulladas por policías y militares hondureños.

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández hubo innumerables hechos violentos dentro de los centros penales hondureños. Para retratar cómo fue la administración penitenciaria en tiempos de Juan Orlando Hernández, no hay mejor forma hacerlo que recordando el asesinato de Magdaleno Meza en 2019, atacado a balazos en una cárcel de «máxima seguridad». Y es que Magdaleno Meza no era un simple reo, acababa de ser identificado como el supuesto socio del hermano del entonces presidente de Honduras: «Tony» Hernández, quien finalmente fue condenado en los Estados Unidos por narcotráfico a gran escala.

Y en este camino, en el que sentimos que estamos viviendo de nuevo el pasado, también intentamos ver hacia el futuro, esa promesa con la que parece estar comprometida la familia Zelaya de acercarse al modelo del presidente vecino, Nayib Bukele, quien para llevar a cabo su plan de control del crimen pactó con pandillas y esa negociación que terminó fallando tuvo el saldo de 87 ciudadanos asesinados en un fin de semana. Ahora ha encarcelado a alrededor de 65,000 salvadoreños en un prolongado estado de excepción. Una promesa de autoritarismo como receta para acabar con las pandillas o cualquier cosa que se interponga en la carrera por el poder indefinido.

En junio de 2022, tres meses después de que Xiomara Castro ordenara desmilitarizar el Instituto Nacional Penitenciario que había estado intervenido por militares desde el último gobierno de JOH, su viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, se preguntó en Twitter cómo contrarrestar la violencia en Honduras. La respuesta se la dio ella misma sugiriendo imitar a El Salvador. «Revisemos el Plan Control Territorial y Adaptemos lo positivo», indicó.

La presidenta pareció haberle hecho caso a Julissa Villanueva, porque en noviembre de 2022, Honduras anunció la implementación del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia en donde emuló el «Plan de Control Territorial» de Nayib Bukele.

En este mes de junio, el propio Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, reconoció en un medio de televisión que la Fiscalía salvadoreña archivó 142 casos de muertes bajo el estado de excepción «porque esas muertes no constituyen delito» de acuerdo con los criterios de la misma fiscalía. Y en Honduras, el relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales ha dicho que en el estado de excepción hondureño hay indicios de que esto ha ocurrido también y que investigarán las denuncias.

En marzo de 2023, el expresidente José Manuel Zelaya y su hijo Héctor viajaron a El Salvador para pedirle a Nayib Bukele que visitara Honduras. Y, en junio de este año, Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta Castro, se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, señalado de ser uno de los articuladores de las negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y las pandillas.

Pero ante estos hechos, la autocrítica parece haberse ido de paseo en los funcionarios hondureños. Ante la tragedia en la cárcel de mujeres hubo reacciones vergonzosas, algunas más que otras, como la del canciller Enrique Reina —la cara del país a nivel mundial—, cuyo mensaje fue impulsivo y torpe al postear en Twitter, con gran seguridad, que lo acontecido en PNFAS tenía que ver con «la gran escalada conspirativa» contra Xiomara Castro. O la de la misma viceministra de seguridad que ante una publicación de este medio que replica las denuncias de que ella pudo evitar la masacre en la cárcel, prefirió decir que nuestra publicación era falsa preguntándonos posteriormente si nuestro medio estaba financiado por el crimen organizado, terroristas o por la policía, en un mensaje que pretende desprestigiarnos.

A pesar de que en la retórica del Partido Libre éste se define como un instituto político de izquierda, ajeno a las prácticas del Partido Nacional, que ha representado a la extrema derecha hondureña, en la práctica, el gobierno de Xiomara Castro se acerca cada vez más a políticas de «mano dura» de los expresidentes nacionalistas Ricardo Maduro y Porfirio Lobo Sosa, pero quizá con el estilo más «cool» del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Y eso «cool» es lo que ha hecho al modelo Bukele ser algo que va mucho más allá de la seguridad y que busca la absoluta centralización del poder, la destrucción de cualquier forma de oposición y crítica y la desvalorización de todo parámetro mínimo de conducta democrática. Todo con el objetivo único de perpetuarse en el poder aunque esto signifique reinar sobre una tumba o una prisión.

En estos países, la «mano dura» es bien recibida por un segmento de la sociedad que no sufre de manera directa sus consecuencias. El Partido Libre debería recordar que en nombre de la seguridad se criminalizó la protesta, se persiguió líderes, se encarceló y judicializó inocentes y todo eso se hizo en nombre del orden y la seguridad aplaudidos por ese pequeño segmento de la población que no sufrió con la intolerante «mano dura». Para el resto, para el pueblo, solo hubo resignación y ustedes como resistencia. ¿Dónde están ahora? ¿Replicar la «mano dura» y remilitarizar a la sociedad es necesario para cumplir la promesa de la refundación?

Texto: Otto Argueta

El domingo 25 de junio se celebrará en Guatemala la séptima elección general después de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso Nacional, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al parlamento centroamericano. Están habilitados para participar en estas elecciones 30 diferentes partidos políticos. Hay 22 candidatos presidenciales habilitados, tres de ellos encabezan las intenciones de voto: Sandra Torres por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Zury Ríos por la coalición de los partidos Valor y Unionista y Edmund Mulet por el partido Cabal.

La incertidumbre, el desasosiego y la sensación de que nada bueno saldrá de estas elecciones es muy grande en el delgado estrato de la población que está al tanto de las intimidades de los grupos que rodean a las candidatas y candidatos y de la trayectoria del proceso electoral.

Para la comunidad internacional, especialmente para los Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado, esta elección es una vaga oferta para garantizar que la migración a ese país se reducirá gracias al fortalecimiento de la justicia, la igualdad, la seguridad y el desarrollo. Guatemala ya se les fue de las manos. Y para el resto de la población, esta elección es, como las anteriores, un evento más de un sistema político ajeno, distante y bien sabido oportunista, una parafernalia periódica de la cual «algo hay que sacar». Hay otro grupo, la clase media guatemalteca, para la que los antecedentes de corrupción, vínculos con el crimen organizado y con violaciones a derechos humanos de la mayoría de las personas que rodean a los candidatos no pesa tanto como la alineación discursiva conservadora, nacionalista y antidemocrática que estos proclaman.

Un lenguaje duro se queda corto para describir el panorama. Candidatos a alcalde que son abiertamente narcotraficantes, caudillos locales y analfabetas funcionales. Candidatos a diputados que son operadores políticos de redes de corrupción, con investigaciones abiertas, abusadores de mujeres, verdaderos rufianes y bandoleros. Dos mujeres candidatas muy diferentes entre sí, pero coincidentes en que para llegar al lugar en donde están han pactado con la mafia que perpetúa lo que ahora se define como cleptocracia en Guatemala. Y un candidato que surgió de la diplomacia y los organismos internacionales y que recurrió a los remanentes de esas redes para posicionarse en el tercer lugar de intención de voto en estas elecciones.

¿La izquierda y el progresismo? Pues sacando del triste baúl de los fracasos a sus anquilosados líderes, a los que el tiempo los dejó en las nostalgias de consignas mimeografiadas. Y los jóvenes, pues dejando de serlo en un sistema que los supera.

La mayoría de las personas que integran los equipos de los candidatos que lideran las encuestas son exfuncionarios, operadores políticos, empresarios, militares retirados y líderes de opinión pública que formaron parte de la cruzada por bloquear la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), desmantelar su legado en las instituciones de justicia y seguridad a costa del exilio de fiscales, jueces y abogados; barrer todo lo que en la sociedad civil y medios de comunicación evocara la lucha contra la impunidad y restablecer un orden político e institucional que garantizara el status quo mafioso e impune, revestido de una narrativa nacionalista y conservadora. Cada partido tiene su pez gordo de las élites que lo apoya, como tradicionalmente se ha hecho.

Para ilustrar lo anterior, evoco los letreros que son comunes en las carpinterías de la Antigua Guatemala que dicen «se hacen antigüedades». El autoritarismo guatemalteco se ha renovado, pero es antiguo, fincado en la tradición y, por lo tanto, eficiente y aceptado.

¿Hay alguna forma de explicar todo esto?

Un tomador de decisiones de la comunidad internacional espera una respuesta técnica, una buena práctica de ingeniería social que le permita ubicar eficientemente recursos y capacidades técnicas para el cambio. Un diplomático, espera la retórica adecuada para usarla con las personas adecuadas para elegantemente influenciar voluntades. Un activista espera nombres, datos o rumores con los que se pueda denunciar públicamente a alguien. Un periodista espera la pieza del rompecabezas que le permita contar la historia. Un ciudadano común y corriente no espera nada, porque, si es que vota, lo hará en base a sus pasiones inmediatas; como siempre sin calcular el impacto a largo plazo, porque las elecciones en países no democráticos son inútiles, sobre todo si las variaciones en la oferta de candidatos ya no son ni siquiera de género, sino de estilo.

Ya todo se probó en Guatemala. Hemos sido, por segunda vez, el plan piloto para el continente. Así llamó Susan Jones a su maravilloso libro cuando describió cómo la intervención de los Estados Unidos en 1954 fue un experimento del cual se extrajeron lecciones aprendidas y buenas prácticas que luego se adaptaron y mejoraron en varios países de América Latina en el contexto del anticomunismo y la contrainsurgencia. Fuimos también el más reciente experimento en materia de anticorrupción cuando las Naciones Unidas aceptaron crear la CICIG sin saber cómo, con quién, cuándo y, sobre todo, con qué repercusiones.

Pacto de corruptos, cleptocracia; los conceptos abundan y todos describen en alguna medida lo que ocurre en el país. No abonaré a ellos, porque estoy cansado. Soy guatemalteco, en un momento en la vida en que la sorpresa es una joya que se reserva solo para aquello que adorna el alma. Para lo demás, la sociedad, la política, el Estado y el poder, tomo un grafito para escribir porque el gris de este paisaje no cambia aunque los rostros se muevan en los corredores que van de una puerta giratoria a otra. Le fallo a mi maestro Edelberto Torres Rivas que siempre sentenció que el pesimismo es cómodo. Dejo a otros el optimismo porque en este momento me ofende.

No habrá nunca una puerta. Estás adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.*

Guatemala es un laberinto. Las elecciones generales de este año son uno más de sus incontables pasillos.

Sandra Torres es una mujer que ha escalado la política con uñas y dientes, desgarrando a quien se interponga en su camino. Fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la principal ejecutora de uno de los programas de desarrollo más exitosos del país «Mi Familia Progresa». Durante la primera etapa de ese programa de transferencias condicionadas, Sandra alineó a los ministerios y secretarías para que el programa funcionara eficientemente en el área rural. Lo logró. El mismo PNUD celebró el éxito en sus indicadores. Lo hizo sin firmar un solo documento público, porque no podía hacerlo legalmente y porque demostró que con la sola fuerza su temperamento autoritario podía poner a temblar a cualquier funcionario.

El programa era la plataforma electoral ideal por lo que su equipo técnico y su equipo de campaña decidieron extenderlo a una velocidad y alcance que superaron las capacidades mismas del programa. Sandra quería ser presidenta y lo habría logrado de no ser por el pequeño detalle de que era la esposa del presidente. Entonces se divorció. Un melodrama de esos que tanto nos gusta comentar a hurtadillas, pero de escala nacional. En las elecciones de 2012, el Tribunal Supremo Electoral negó su inscripción como candidata. En las elecciones de 2015 y de 2019 obtuvo el segundo lugar.

Es indudable que Torres logró capitalizar el voto rural pero no así el voto de los sectores de poder decisivos en el país, empresarios y mafias. En cada proceso electoral, Torres fue perdiendo al equipo del partido que estuvo en el gobierno de su exesposo y lo fue sustituyendo por operadores políticos, pastores evangélicos y miembros de otros partidos vinculados al crimen organizado. Con el apoyo de esas redes, ella ha logrado abrirse paso en las redes de empresarios y mafiosos que garantizan su continuidad en la carrera electoral.

Zury Ríos carga en los hombros el peso o el resplandor (dependiendo de quién lo juzgue) de su padre, el general Efraín Ríos Montt, quien enfrentó el histórico juicio por genocidio y que murió en la repetición de este. A diferencia de Torres, Zury Ríos tiene una larga trayectoria en la política como diputada durante cuatro períodos, desde 1996 hasta 2012. Fue candidata presidencial en 2011 por el Frente Republicano Guatemalteco, partido que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo (2000-2004) y a su padre, el general en retiro, como presidente del Congreso Nacional. No pudo continuar esa candidatura por impedimentos constitucionales debido a que su padre fue presidente de facto. En 2015 volvió a participar, esta vez con el partido Visión con Valores, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentó inhabilitarla otra vez. Finalmente participó y quedó en el quinto lugar.

En el 2019 participó otra vez como candidata presidencial con el partido Valor. Nuevamente el TSE negó su inscripción, la Corte Suprema de Justicia se la otorgó, pero una apelación del TSE a la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la inscripción. Para esta elección, Zury estableció una coalición entre los partidos Valor y Unionista y esta vez el TSE aceptó la inscripción sin reparos. Hubo apelaciones, por supuesto, esta vez por su contendiente Edmund Mulet, pero fueron rechazadas. Como Sandra, Zury también se divorció, pero cuatro veces, una de ellas fue del controversial empresario/contrabandista/operador político conocido como «el Rey del Tenis».

La carrera de Zury por la presidencia ha sido ardua. Ahora tiene el apoyo de un grupo muy diverso del sector más conservador de Guatemala, abogados de su padre durante el juicio por genocidio, funcionarios del gobierno nacional y municipal de Álvaro Arzú —incluido uno de sus hijos, Álvaro Arzú Escobar— y miembros del gobierno de Jimmy Morales. Muchos de los personajes que rodean a Zury han sido investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en tiempos pre Consuelo Porras, la funesta fiscal actual y eficiente enterradora de cualquier cosa que huela a CICIG.

Sandra y Zury han logrado reunir a las principales fuerzas políticas de Guatemala, mafias y empresarios, que coinciden en la continuidad de la impunidad vía autoritarismo. Edmund Mulet sigue ese camino, con los residuos de esas redes, pero coincidente en el objetivo de garantizarse la permanencia en la competencia política a costa de pactar con mafias.

En Guatemala, el autoritarismo y la impunidad son una cuestión corporativa, no hay un centro de poder, es una red de intereses coincidentes y complementarios en función de la impunidad y los negocios. Los presidentes son administradores de esa red, su cara pública, el impulso a sus carreras electorales depende de su apertura a garantizar la estabilidad de ese sistema de dejar hacer y a la vez proteger. No está cooptado, está estructurado para funcionar así desde adentro y los candidatos y candidatas lo saben. Pueden tener quizá intenciones de cambio, pero su margen de acción depende de no afectar el pacto político-criminal que los lleva a la presidencia.

No esperes que el rigor de tu camino
que tercamente se bifurca en otro,
que tercamente se bifurca en otro,
tendrá fin. Es de hierro tu destino*

El TSE, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público tuvieron un rol clave en este proceso electoral. Su objetivo fue estabilizar la competencia entre grupos mafiosos de poder sin necesidad de que éstos recurrieran a la violencia. Cuando el crimen organizado se desestabiliza, es la violencia el recurso a través del cual se encuentra nuevamente el equilibrio. En Guatemala, esa función estabilizadora la han ejercido las instituciones de control electoral y de justicia.

Hubo partidos a los que se les canceló la participación. El primero fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con su candidata presidencial Thelma Cabrera y su candidato a la vicepresidencia Jordán Rodas. Cabrera es una candidata indígena y representa un partido político que evolucionó de un movimiento social, el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, conocido por su apuesta por el robo de energía eléctrica como una forma de resistencia. En un país con tanta desigualdad social y conflictos socioambientales producto del desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros y en donde el conflicto agrario ha sido una constante histórica, el robo de energía eléctrica y su distribución a comunidades pobres tuvo una gran aceptación en el mundo rural. Hay más que el robo de energía eléctrica por supuesto, pero eso ha sido su combustible y también el fuego que lo quema. En las elecciones de 2019, Thelma Cabrera logró el quinto lugar en el recuento de votos. En 2023, Cabrera incluyó en su binomio a Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos que se convirtió en una de las pocas voces que denunciaron los excesos de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Rodas fue un apoyo para la CICIG durante sus últimas batallas, había que terminar la fumigación.

La cancelación de la participación del MLP causó revuelo internacional. En un país estructurado por el racismo y en un contexto de fumigación anti CICIG, las redes político-criminales encontraron una excusa administrativa nimia para justificar la cancelación. Hasta aquí, se habría podido pensar que la cleptocracia respondía a motivos ideológicos. Demasiado simple.

Entonces, hubo más cancelaciones. Se canceló la participación de Roberto Arzú, hijo de Álvaro Arzú, el expresidente y alcalde de la ciudad de Guatemala; es un fiel representante de la oscura familia Arzú y de ese segmento de la élite guatemalteca que, al parecer, no congenió con la red mafiosa en el poder liderada por Giammattei.

Otra de las cancelaciones importantes fue la del empresario Carlos Pineda, cuyas alianzas políticas en las elecciones pasadas fueron con personajes como Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por narcotraficante. Entre la red de apoyo de Pineda están los hijos de Manuel Baldizón, empresario y excandidato presidencial que estuvo preso en los Estados Unidos por lavado de dinero. Pineda fue acérrimo enemigo del MLP al extremo de cometer acciones violentas contra sus integrantes. Pineda es un engranaje más de la maquinaria político-criminal del país que no logró encajar en la correlación de fuerzas mafiosas para estas elecciones.

En este laberinto llamado Guatemala, cualquier bifurcación lleva de un grupo mafioso a otro.

como tu juez. No aguardes la embestida
del toro que es un hombre y cuya extraña
forma plural da horror a la maraña*

Todos estos personajes han estado ahí siempre. Son espectros que cambian de rostro, pero forman las paredes móviles de este laberinto, cerrando caminos, abriendo bifurcaciones. Si algo caracteriza la elección por venir, es la exposición sin vergüenza de estos rostros. Algo los sacó del subsuelo institucional en el que antes habitaban, esos sótanos de las instituciones que en la transición a la democracia se construyeron, o más bien, remodelaron de antiguas estructuras institucionales.

Durante 12 años operó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); un experimento que respondió a una demanda real, desarticular las redes clandestinas heredadas del conflicto armado, redes de militares enquistados en instituciones clave para la corrupción, la impunidad y el crimen.

La CICIG fue el resultado adaptado de esa necesidad, una oportunidad que Naciones Unidas vio para experimentar con la lucha contra la corrupción. La premisa básica (teoría de cambio en el lenguaje de la cooperación internacional) era que, si se crea un ente independiente, técnicamente capaz, que intervenga el sistema de corrupción desde afuera entonces ese sistema será inhabilitado porque la intervención internacional es la única forma de evitar la cooptación que viene de un sistema que está en su totalidad corrompido. Se le sumó a esto el ofrecimiento de que las capacidades formadas por esta entidad en el Ministerio Público y la Policía Nacional tendrían el apoyo del Estado para continuar funcionando sin contaminación del sistema corrupto que estaría ya debilitado para hacer una transferencia de conocimientos y capacidades sostenible.

En su afán y desesperación por haber entrado en el laberinto guatemalteco, la CICIG se le fue de las manos hasta a las mismas Naciones Unidas. Tres comisionados diferentes, con diferentes estilos y prioridades, un exceso de protagonismo que llegó a opacar al mismo Ministerio Público, graves abismos laborales entre los «intocables» internacionales y los «muy tocables» nacionales como se evidenció después y, sobre todo, una falta de escucha activa (para ser amable) por parte de los comisionados sobre la complejidad del contexto político.

Hubo más de 120 casos llevados a juicio, que implicaron a más de 1540 personas de las que a 680 se les demostraron cargos y de las cuales 310 fueron sentenciados y muchos restantes esperan juicio. Un presidente y una vicepresidenta tuvieron que renunciar, otros dos expresidentes fueron a prisión, una larga lista de ministros, secretarios y otros funcionarios, empresarios, militares; de todo pasó por la CICIG, influenciaron nombramientos de jueces, fiscales generales y otros funcionarios, propusieron reformas legales y hasta constitucionales. En fin, la CICIG mostró con toda claridad de qué estaban hechas las paredes del laberinto, les puso rostro, las hizo salir de la oscuridad.

En ese camino se embarcaron jueces, fiscales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas y hubo un momento de clímax cuando la ciudadanía salió masivamente a pedir la cabeza del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. Pero hubo también funcionarios que le dieron todo el apoyo a las investigaciones de la CICIG y que luego fueron incriminados por ésta para obligarlos a ser parte de la incriminación de otros funcionarios. Esto evidenció que se reproducían vicios del sistema para luchar contra él. Una perversión innecesaria que solo causó daño.

En la actualidad, la comunidad internacional habla de la sensibilidad al conflicto, es decir, el conocimiento del contexto en el que una acción se realiza para anticipar las consecuencias no esperadas ni intencionales de ésta, es decir, no hacer daño. Pues eso no lo tuvo la CICIG.

En su afán, la CICIG no consideró la implicación de sus acciones; fueron triunfalistas y tenían la ventaja de salir del país, aunque sea expulsados, pero salir. Dentro quedó el horror para quienes la apoyaron y sintieron que por hablar cerca del oído sordo de los comisionados eran parte del gran cambio irreversible en Guatemala. Quedaron solos, sin el apoyo político y las ventajas que brindaba el trabajo en conjunto con la Comisión.

Jimmy Morales, el presidente comediante, inició la embestida que remató el actual Alejandro Giammattei. Ha sido la reestructuración del antiguo régimen luego de un intento de reforma, un ciclo conocido en nuestra historia, especialmente después de un experimento. En esto se alinearon todos, empresarios, políticos, criminales, religiosos y hasta representantes del mismo gobierno de los Estados Unidos durante la administración Trump.

¿Es esta una atribución de responsabilidad a la CICIG por lo que hoy vivimos en Guatemala? Sí, hay responsabilidad y es bueno ya empezar a hacer el balance porque, al salir, la CICIG dejó a un gran grupo de personas comprometidas y vulnerables, muchas de ellas hoy están en prisión o en el exilio. Se mostró el rostro y el funcionamiento del vínculo político-criminal y eso, en lugar de debilitarlo, lo empoderó, se dejaron pasar oportunidades valiosas para lograr consensos con los empresarios más grandes del país, los que al final saben mucho de corrupción y del Estado, porque lo crearon.

La comunidad internacional no puede exculparse con el argumento de que la responsabilidad final es de los propios estados y ciudadanos. Claro que lo es, pero es conjunta, sobre todo si una de las partes es multinacional y con grandes recursos financieros, políticos y diplomáticos. Gran lección para futuras iniciativas: si entras al laberinto, no pretendas salir invicto y con resultados medibles en el corto plazo; es una guerra en donde, como siempre, la población civil es la principal víctima.

de interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
en el negro crepúsculo la fiera.*

Hay otra parte de responsabilidad que no es de la CICIG. A los guatemaltecos nos da cierta pena aceptar que nos fuimos con todo en el apoyo a la CICIG y que nos quedamos silbando en la loma con los lobos enfurecidos. Nos da pena porque criticar a la CICIG es equivalente a ser corrupto. Pero no es así, es necesario ya hacer el balance, el recuento de daños, quitarnos el polvo de la explosión y ver la magnitud de la devastación. ¿Por qué la pena? Si la profunda desesperanza vio en esa comisión la única salida. Y claro que hubo luz, pero no al final del túnel, sino a la orilla del precipicio, y los que lo anticiparon o bien fueron acusados de conservadores corruptos o simplemente fueron ignorados. Ahora la sociedad guatemalteca, digamos esa que es consciente de lo ocurrido, está devastada, en el exilio o en prisión. El resto sobrevive y vota, porque siempre lo ha hecho en medio de la miseria creciente, gobernada por una clase política que sabe recurrir a los valores más profundos de la sociedad como la familia, la religión, el orden y lo que un buen maestro mío proponía como variable imprescindible para entender estas sociedades: el chabacanismo, ese circo mediático que ahora es exponencial gracias a las redes sociales.

En Guatemala la democracia se ahogó en su propia sangre. Su último estertor fue la CICIG, un electroshock externo que terminó de despertar al monstruo que ahora muestra su más feroz rostro. No hay tiempo para la larga noche autoritaria porque la democracia no fue un amanecer, fue un destello en el sol nocturno en el país del eterno invierno polar.

* Laberinto, Jorge Luís Borges.

El martes 20 de junio en la cárcel de mujeres de Támara inició una reyerta y un incendio que terminó con la vida de 46 mujeres. La información de Medicina Forense avanza a cuentagotas, situación que aviva el sufrimiento de decenas de familias que aún no saben nada de sus familiares privadas de libertad.

Fotografía: Jorge Cabrera
Texto: Fernando Destephen

Frente al portón de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la aldea Támara del Distrito Central, los familiares lloran la pérdida de las 46 privadas de libertad fallecidas durante una reyerta al interior de la penitenciaría. Un día después del incidente, la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Médicas amaneció abarrotada de parientes de las víctimas intentando retirar a sus familiares de la morgue.

La identificación y entrega de los cuerpos mantiene en vilo a sus familiares quienes exigen su pronta entrega mientras las madres, abuelas y amigos lloran bajo el toldo naranja puesto por empleados de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Pocos familiares hablan con la prensa y cuando lo hacen explotan frente a las cámaras exigiendo saber la razón de lo sucedido.

Desde las seis de la mañana del 21 de junio, Issa Alvarado, portavoz del Centro de Medicina Legal, rodeada de periodistas, confirmó que las autopsias continuarán de manera permanente con cinco equipos de forenses hasta entregar los 46 cuerpos.

La Cruz Roja instaló una carpa para cargar dispositivos móviles para atención prehospitalaria por si los familiares llegan a necesitar un servicio previo a la hospitalización o para evitarla y atención psicosocial para los familiares cuya salud mental se ha visto gravemente afectada debido al impacto de la confirmación de la muerte de su familiar, entre ellos algunos se desmayan o descompensan, optan por desahogarse gritando y llorando lejos de las cámaras que terminan persiguiéndolos.

Pedro Arturo Flores, familiar de una de la víctimas, esperaba frente al edificio del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sus ojos vidriosos reflejaban dos días de una angustiosa espera en la que sólo recibía información parcial de distintas fuentes que él intentaba armar como un rompecabezas.

«Como padre, nos da pesar eso porque no hay una seguridad, imagínense 48 almas y ningún soldado pudo intervenir no va a creer usted que es cosa extraña, que no hay un policía pero, cuando uno va de visita vulgarmente son unos perros», dijo Pedro Arturo Flores con una voz que se le apagaba con cada respuesta a la prensa.

Don Pedro expuso uno de los tantos problemas constatados por los familiares de las privadas de libertad: los problemas para el ingreso de alimentos y medicinas al PNFAS en contraste con la facilidad con la que ingresan armas de fuego, drogas o granadas.

Pedro Arturo Flores no cree que la separación de Ramón Sabillón como ministro de seguridad vaya a cambiar algo en la gobernabilidad de los centros penales del país. Recuerda que la última vez que habló con su hija fue el viernes 16 de junio y ella le contó que hasta ese momento todo estaba bien.

Según datos del Conadeh, brindados en febrero de este año, desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños en pleno estado de excepción decretado desde el 06 de diciembre de 2023 y ampliado el 20 de mayo hasta el 05 de julio de 2023.

«La verdad es que para que cambie Honduras, primero tienen que cambiar ellos como autoridades que son», expresó Flores, en referencia a la intervención en las cárceles del país.

Después del amotinamiento e incendio dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la presidenta Xiomara Castro ordenó la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue sustituido por Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba como el director de la Policía Nacional. Medicina Forense ha confirmado el reconocimiento de 46 víctimas mortales de un hecho que parecía estar anunciado después de que en Honduras ocurrieran siete amontonamientos en apenas tres meses durante el estado de excepción.

Por: Contracorriente

Luego del amotinamiento en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el pasado 20 de junio, Medicina Legal confirmó 46 ingresos de víctimas luego de los hechos violentos en la mañana del 21 de junio; hasta el momento, se conoce que 25 mujeres murieron calcinadas y el resto por heridas de bala.

Hasta el momento, 22 privadas de libertad muertas fueron identificadas por el Ministerio Público: Jessica Yaneth Ávila Barahona, Ana Dilcia Aguirre Rivera, Johana Elizabeth Midence Martínez, Vivian Melissa Juarez Fiallos, Senia María Ocampo, Diandra Mariel Andrade Zelaya, Natalia Sara Romero Ponce, María Josefa Rodríguez Osorto, Nancy Sarahi Flores Vásquez, Estela Joselyn Barahona, Hilsy Lideny Zambrano, Nora Elizabeth Lazo, Irma Aracely Velásquez Vásquez, Rosa Nohemy Padilla Garcia, Josselin Celenia Espinal Osorto, Estefany Elizabeth Flores Palada, Martha Mariela Contreras, Suami Mariela Rodríguez, Reina Karina Flores, Norma Estela Mejía, Paola Yamileth Henriquez y Lourdes Yamileth Osorto.

En la noche del 20 de junio, la Secretaría de Prensa anunció en Casa Presidencial la destitución de Ramón Sabillón como ministro de Seguridad y el nombramiento en su lugar de Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba como director de la Policía Nacional. La viceministra Julissa Villanueva, encargada de enfrentar la crisis carcelaria fue ratificada en su puesto a pesar de que sobre ella cae la responsabilidad de esta tragedia.

Previo a este anuncio, la viceministra respondió a los acontecimientos violentos por medio de un video en el que, en compañía de la abogada Sandra Rodriguez, integrante de la Junta Interventora del INP y excomisionada del Conaprev, aseguró que se trataba de un «un ataque del crimen organizado» contra el gobierno.

Cuando se anunciaron las medidas para acabar con la violencia dentro de los centros penales, Villanueva prometió convertir al PNFAS en un «centro piloto y modelo en Honduras» y aseguró que los cooperantes estaban dispuestos a brindar apoyo al gobierno en esta iniciativa.

Miembros del ejército nacional de Honduras resguardan las instalaciones de la penitenciaría femenina de adaptación social. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros del ejército nacional de Honduras resguardan las instalaciones de la penitenciaría femenina de adaptación social. Foto CC/Jorge Cabrera

Sin embargo, según fuentes cercanas a la dirección del sistema penitenciario, la viceministra Villanueva tenía conocimiento de que estos acontecimientos violentos estaban por darse en el PNFAS y no hizo nada al respecto.

La versión que esta fuente proporcionó a Contracorriente es que por medio de un informe preliminar entregado a la viceministra la semana pasada, se tenían indicios de que un ataque a reclusas entre los módulos 1 y 4 iba a suceder. Además, esta fuente aseguró que el ataque iba principalmente a privadas de libertad pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13).

«Ella ya tenía este informe y no le importó», indicó esta fuente.

Los medios Reportar Sin Miedo y Reporteros de Investigación publicaron también que las privadas de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 ya tenían un plan para asesinar a las reclusas pertenecientes a la MS-13.

Sin embargo, una fuente que pidió proteger su identidad por seguridad, explicó a Contracorriente que ambas pandillas estaban preparadas para un amotinamiento, en una de las imágenes de las cámaras del centro penal se puede ver a una mujer armada y encapuchada, esta fuente confirmó que es miembro de una clica de la Pandilla 18*.

Aunque las autoridades ya brindaron un reporte preliminar en el que culpan principalmente a un grupo de mujeres de la pandilla Barrio 18, aún no hay detalles sobre cómo había armas, municiones y explosivos dentro de la prisión ni por qué ante un riesgo inminente que desde hace semanas se había reportado desde el interior, las autoridades no pudieron evitar la tragedia. Las autoridades tampoco responden cómo fue su reacción ante este enfrentamiento y por qué reclusas del módulo de sentenciadas, que no pertenecían a las estructuras criminales antes mencionadas, quedaron encerradas en medio del fuego.

Elvia Argentina Valle, comisionada del Conaprev, confirmó a medios de comunicación hoy que el enfrentamiento se dio entre las dos pandillas y que las privadas de libertad iniciaron el fuego con unos colchones de los módulos. Además, la titular del Conaprev confirmó que se utilizó un fusil R-15 en el amotinamiento.

Armas decomisadas luego del motín en la cárcel de Támara.
Armas decomisadas luego del motín en la cárcel de Támara.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de privados de libertad habían levantado alertas para que el gobierno separara en diferentes centros penales a las personas pertenecientes a maras y pandillas antagónicas, pero esa petición no fue atendida.

El clamor de justicia de los familiares afuera del PNFAS

A las 4 de la tarde de ese día, doña Irma Maradiaga continuaba con la esperanza de que su hija seguía con vida luego del amotinamiento.

Tanto ella como decenas de familiares estaban aglomerados frente a una fila de policías preventivos y policías militares en la entrada de la PNFAS. Ellos exigían respuestas al Estado sobre sus familiares; no sólo reclamaban la identificación de reclusas fallecidas, sino la lista de las que aún están vivas.

«Necesitamos saber dónde están las que faltan», gritaban algunas madres de familia, abuelas, hijas, padres y esposos.

Un padre de familia que prefirió permanecer en el anonimato, contó entre lágrimas que su hija, esta semana, concluiría una pena de 25 años.

Familia y amigos de las privadas de libertad que perecieron en la cárcel de mujeres esperan en las afueras de la morgue la entrega de sus parientes. Foto CC/Jorge Cabrera
Familia y amigos de las privadas de libertad que perecieron en la cárcel de mujeres esperan en las afueras de la morgue la entrega de sus parientes. Foto CC/Jorge Cabrera

«Esto es culpa del Estado», manifestó el padre de familia de aproximadamente 70 años de edad. Entre la multitud, cuestionó las acciones que está teniendo el Gobierno para frenar la violencia en los centros penales y lamentó las situaciones precarias que según le contaba su hija viven las privadas de libertad.

Los familiares llaman «las que faltan» a las privadas de libertad que aún no aparecen en algún registro de fallecidas, pero de las cuales tampoco se tiene certeza que están vivas.

Pasaron las horas y la desesperación de los familiares de las privadas de libertad creció.

Delma Ordoñez, representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, habló con parientes de las privadas de libertad fallecidas y comenzó a dar nombres de un listado preliminar que ella hizo junto con las privadas de libertad que sobrevivieron al incendio.

Algunos familiares se desplomaron en el suelo consternados al escuchar los primeros nombres: eran sus hijas, primas, nietas, sobrinas y madres. Hubo gritos desgarradores en medio de los nombres que estaban siendo pronunciados por Delma Ordoñez, quien hizo una pausa.

«Siga —le dijo el familiar de una víctima—, sabemos que es doloroso, pero es nuestro derecho saber».

Otros oraron en agradecimiento al enterarse de que su familiar en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social estaba viva.

En ese momento, doña Irma Maradiaga continuaba sin conocer el estado de su hija, quien no aparecía en el listado de las fallecidas ni de las que continuaban con vida.

Minutos después, doña Irma fue informada de que su hija falleció.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a las 8 de la noche, confirmó el fallecimiento de Yohana Elizabeth Midence, hija de doña Irma, quien se encontraba recluida en el módulo 5 de la cárcel.

Doña Irma detalló que, después de estar cinco años recluida, este mes su hija cumplía su condena.

Las promesas de los funcionarios ese día

La llegada de representantes del Ejecutivo a la PNFAS tampoco alivió la incertidumbre e inquietud de los familiares de las privadas de libertad.

La promesa de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, de garantizar el registro y dar seguimiento al levantamiento de las fallecidas no tranquilizó a los que estaban presentes esperando por respuestas.

Tampoco dio tranquilidad la asistencia del ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, quien prometió en medio del aglutinamiento cubrir los gastos fúnebres y proporcionar un bono de 50 mil lempiras a los familiares de las personas fallecidas en el motín.

«Ocupamos el listado, el listado de las que faltan ocupamos», le recriminaba la gente al ministro.

Miembros de la Cruz Roja salen de la penitenciaría femenina donde murieron al menos 48 mujeres privadas de su libertad. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros de la Cruz Roja salen de la penitenciaría femenina donde murieron al menos 48 mujeres privadas de su libertad. Foto CC/Jorge Cabrera

Entre la multitud, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), leyó el listado de las primeras 10 privadas de libertad identificadas que fallecieron en el motín.

La conexión de internet es inexistente en los alrededores del centro penal de Támara. Eso hizo que, por un momento, todos guardaran silencio escuchando los nombres de las fallecidas que hasta ese momento habían sido identificadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

A pesar de su labor como defensor de derechos humanos, Maldonado aseguró que se sintió excluido por la ministra Roque, quien no lo dejó entrar a la PNFAS.

La ministra Roque estuvo acompañada por personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh), el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradamtes (Conaprev), y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf). «Nosotros chocamos a veces, pero esto es así», dijo el defensor de derechos humanos.

El número de víctimas crece, hay cinco equipos de forenses tratando de identificar los cuerpos, la mayoría reducidos a cenizas por el incendio que aún sigue sin saberse cómo se originó. Mientras tanto, Melissa Moreira, hermana de Ruth Moreira, continúa a la espera de conocer noticias de su hermana, quien guarda prisión en el módulo 1 de la PNFAS, el más afectado y en donde ocurrió el incendio, según las autoridades.

Melissa está a la espera de una prueba de ADN para verificar si uno de los cuerpos en la morgue es el de su hermana.

 

 

 

 

*Nota de corrección: En la primera versión de este texto se decía que la mujer encapuchada había sido identificada como miembro de la MS-13, sin embargo ella fue identificada por una fuente de este medio como miembro de una clica de la Pandilla 18.

Un motín en una cárcel de mujeres en la aldea Támara de Tegucigalpa terminó con un incendio que hasta el momento contabiliza oficialmente la muerte de 25 privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su máxima preocupación indicando que las víctimas pueden ascender a 41 —25 calcinadas y otras 16 muertas por armas de fuego—. Todo esto ocurre durante la implementación del estado de excepción y de una intervención, que comenzó en abril de este año en todos los centros penales hondureños.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Con reportes de María Celeste Maradiaga

Al menos 41 privadas de libertad fallecieron este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), también conocida como Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicada en la aldea Támara del Distrito Central, después de que se produjera un motín en su interior, según informaron medios locales del país que citan fuentes penitenciarias. Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, confirmó que hasta ahora solo han podido confirmar 25 víctimas, aunque advirtió que el número puede incrementarse en las próximas horas.

«El Ministerio Público, a través de Medicina Forense, ha desplazado cinco equipos. Aunque no es una cifra oficial, pero, preliminarmente se puede decir que al menos 25 reclusas están calcinadas», dijo Yuri Mora, quien agregó que «la cifra oficial se dará hasta que se concluyan los levantamientos en el lugar. Pueden ser más. Cinco equipos de Medicina Forense harán esta tarea».

Yuri Mora afirmó que, según la información que ha llegado a su poder, la mayoría de las víctimas murieron calcinadas, pero hubo otras que presentan «disparos en sus cuerpos».

La Asociación Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) presentó este martes un recurso de hábeas corpus, o exhibición personal, a favor de todas las internas privadas de libertad de PNFAS, en donde «fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con armas de fuego».

Joprodeh expresó su preocupación indicando que en el PNFAS viven «17 niños y cinco niñas y también siete mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el módulo denominado Hogar casa cuna».

En abril de este año, se registraron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de El Porvenir, Santa Bárbara, Morocelí y Támara. Los problemas específicos en Cefas han tenido que ver con enfrentamientos entre privadas de libertad de la MS y del Barrio 18. Esa situación ocasionó que el personal administrativo de Támara fuera enviado a sus casas por instrucciones del subcomisario Heber Ordóñez, quien en ese entonces se encontraba al mando como subdirector de ese centro penal.

Contracorriente informó en un texto anterior que el 8 de abril, durante un feriado de Semana Santa, en Támara volaron granadas, municiones y se armó un tiroteo con armas de grueso calibre entre el módulo de máxima seguridad que alberga a miembros de la MS-13 y el módulo llamado «Casa Blanca», que alberga a más de mil privados de libertad. Según internos en este módulo, la MS-13 pretendía controlar «Casa Blanca», pero no lo logró ante la respuesta armada de los presos de ese sector.

Aunque la presidenta Xiomara Castro ordenó en marzo de 2022 la desmilitarización de los centros penales, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, autorizó este martes la inmediata intervención por parte de militares, bomberos y agentes de la Policía Nacional en el Cefas.

En marzo de este año, como parte del Estado de Excepción, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como «Centros de Reclusión de Emergencia» para dar cumplimiento al Plan Nacional Antiextorsión ordenado por la presidenta Castro.

Miembros de las FF. AA. llegan a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para el resguardo de la zona. Foto CC / Fernando Destephen
Miembros de las FF. AA. llegan a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para el resguardo de la zona. Foto CC / Fernando Destephen

Un informe publicado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) en agosto de 2022 determinó que, hasta el 30 de abril de 2022, al menos el 55 % de las más de 20,000 personas privadas de libertad en Honduras, distribuidas en los 26 centros penitenciarios del país, aún no tienen una sentencia firme.

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, fue designada en abril de este año por la Presidenta Xiomara Castro para liderar el «plan de intervención a los centros penales».

La viceministra —que ha hecho pública su simpatía en varias ocasiones por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, recomendando imitar su forma de tratar con las pandillas—, expuso el pasado 18 de abril, en Casa Presidencial, diez «ejes transversales para combatir la corrupción y la criminalidad que han imperado en los recintos del país».

La presidenta Xiomara Castro ordenó intervenir los centros penales en el país con el objetivo de buscar retirar las armas, aumentar los niveles de seguridad y evitar violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los hechos violentos y el descontrol parecen ir en aumento.

Villanueva dijo en ese momento que la intervención de las cárceles pasaría primero, por un reconteo de «reos en las cárceles de Honduras» y que el problema se manejaría de acuerdo con los estándares internacionales. «Copiaremos cosas si son buenas y las aplicaremos a nuestra realidad», dijo la viceministra, según declaraciones recogidas por el estatal Canal 8.

Este martes, ante este hecho y otros registrados en las últimas horas en otros centros privados del país, antes de que se conociera el número preliminar de privadas de libertad fallecidas, la viceministra Villanueva aseguró que el hecho de hoy en PNFAS obedece a un sabotaje contra el Gobierno.

«La corrupción, complicidad y sabotajes al interior del Sistema Penitenciario Nacional, ha sido el detonante para que actos violentos se estén generando en los últimos días, los que han dejado como resultado, dos privados de libertad muertos en los Centros Penitenciarios de Morocelí, en el departamento de El Paraíso e llama, Santa Bárbara», según publicó hoy el medio gubernamental Poder Popular.

Melisa Escoto, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Honduras (Conaprev), dijo este martes a Contracorriente que el hecho de hoy en la cárcel de mujeres es una muestra del «autogobierno» y de la corrupción con que se manejan los centros penitenciarios en el país.

«Porque vemos algunas personas, según los videos que se están filtrando, que portan armas. Y no podemos desconocer el cómo ingresan estas armas de fuego. Eso no debería pasar», dijo Escoto, quien agregó que en Honduras no existe una seguridad que sea proporcional con el número de la población privada de libertad.
«Lastimosamente a nivel de sistema no tenemos esa proporcionalidad, porque hemos hecho la consulta a la junta interventora y nos han respondido que tienen limitado el personal y que están en ese proceso de formación para poder implementar de manera paulatina en relación con la población», expuso Melisa Escoto.

Escoto afirmó que es preocupante lo que está sucediendo en las cárceles de Honduras, porque semanas atrás hubo requisas y se espera que todas las armas sean retiradas, pero luego se evidencia que todavía falta que se extraigan todas las armas. «Debe haber una reingeniería, ya se sabe que las armas ingresan por la permisividad del personal», apuntó.

Por su parte, Delma Ordoñez, de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, dijo a Contracorriente que el Gobierno de Honduras ha desatendido los llamados desesperados para separar a las privadas de libertad pertenecientes a pandillas contrarias.

«Tengo alrededor de dos a tres meses de estar diciendo que queremos la separación inmediata de la MS y de la 18 en centros penales diferentes y no nos han escuchado», dijo Ordóñez.

El teniente Sevilla, del Cuerpo de Bomberos, explicó que el incendio se dio en el Módulo 2 de Sentenciadas del Centro Femenino de Adaptación Social, celda en la que quedaron encerradas algunas privadas de libertad.

La viceministra de Seguridad, Julisa Villanueva responsabilizó la reyerta y las muertes de las privadas de libertad en Cefas a «un ataque del crimen organizado» contra las acciones que el Gobierno está realizando contra estas estructuras.

Antecedentes en cárceles hondureñas

Según datos del Conadeh, brindados en febrero de este año, desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños.

El 14 de febrero de 2012 un incendio en la Granja Penal de Comayagua, zona central de Honduras, dejó como resultado la muerte de 362 privados.

Otras 107 personas privadas de libertad murieron en un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Y un hecho similar había acontecido un año antes, en abril de 2003, cuando al menos 66 reclusos y tres mujeres fallecieron en la Granja Penal de El Porvenir, cerca de La Ceiba, Atlántida, durante un amotinamiento carcelario.

La muerte de estas privadas de libertad, en medio de la implementación de un estado de excepción, genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Honduras. A principios de junio, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, indicó que en Honduras se han reportado muertes ilícitas en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.

En Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula, los racionamientos de energía eléctrica duran hasta 16 horas continuas. Algunas escuelas del sector han tenido que suspender las clases porque, al faltar la luz, también se corta el agua lo cual deja a los niños en un ambiente insalubre e inadecuado para la educación. Los pobladores salen a diario a protestar porque han perdido varios electrodomésticos con los constantes apagones. El ministro de energía, Erick Tejada, explicó las causas de los racionamientos y denunció un supuesto sabotaje.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

Melissa Rápalo improvisó una hornilla con dos bloques para preparar los alimentos de sus tres hijas. Después de que los apagones dañaron su estufa eléctrica, ahora tiene que salir a las calles a recoger pedazos de madera para poder cocinar porque su sueldo de 4500 lempiras ($183) mensuales no le alcanza para comprar una nueva estufa. «Tengo dos meses de renta atrasada y ahora con este problema de la electricidad todo se me complica y no veo a nadie del Gobierno que diga “mire aquí le pagamos su estufa”», comentó.

Melissa llegó de la colonia El Carmen a Bosques Jucutuma porque ahí le dieron trabajo limpiando un centro educativo durante 12 horas diarias de lunes a viernes y dice que los fines de semana lava ropa ajena para sostener a su familia. «Llego cansada de encender la hornilla con mucha pena porque los vecinos se molestan cuando el humo se extiende hasta sus casas», comentó Rapalo.

El racionamiento de energía es a nivel nacional, pero en el caso específico de Bosques de Jucutuma, los cortes duran hasta 16 horas continuas. Melissa no es la única que ha perdido electrodomésticos por los apagones; en el centro educativo Shekinah, donde ella trabaja, también se quemaron dos aires acondicionados y dos computadoras.

José Figueroa, director administrativo de ese centro educativo, dijo que mandar a reparar los aparatos dañados elevó el presupuesto con el que operan. «Los racionamientos son una pérdida para todos porque los niños pierden clases y los padres pagan la mensualidad completa aunque sus hijos no vayan a la escuela», dijo José.

Para salvar los productos refrigerados, los dueños de negocios han buscado alternativas para reducir las pérdidas. «Me toca traer hielo de otra colonia para evitar que se arruinen las carnes y los derivados de la leche; aún así, esta mañana eché a la basura varios productos dañados» comentó Belkis Castro, dependienta de una pulpería en Bosques de Jucutuma III quien además dijo haber perdido un televisor que recién había comprado.

Algunas familias y dueños de negocios han comprado plantas eléctricas para paliar un poco el problema, aunque esto tiene un costo adicional. «Gasté 15 mil lempiras en esa planta eléctrica, pero no puedo usarla mucho tiempo porque el combustible está caro», comentó Bernardo Rivera. A las 8 de la noche, cuando cortan la energía eléctrica, comienza el ruido de las plantas generadoras de energía mientras un buen grupo de pobladores de Jucutuma bloquea la carretera que conecta esta colonia con el bulevar del este de San Pedro Sula para exigir que Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) les resuelva el problema.

El presidente del patronato de Bosques de Jucutuma II, Francisco Sabillón, dijo que se había reunido con el personal de la ENEE y que habían hablado con el ministro Tejeda, quien prometió soluciones a corto y largo plazo, como cambiar el cable del circuito L295 para evitar que éste se recaliente y la construcción de una central eléctrica en Quebrada Prieta, Choloma, que abastecería a todo el sector.

«El problema específico de la colonia Bosques de Jucutuma es el calibre del conductor (Circuito RET295), es demasiado delgado. Se está terminando el diseño del tramo de línea para compartir la carga con el circuito L287 y la próxima semana comenzamos la construcción, este trabajo lo realizará ENEE y la Empresa Energía Honduras (EEH), para mayor celeridad.» público en su cuenta de twitter Erick Tejada, ministro de Energía.

En una entrevista para canal go tv, el ministro Tejada dijo que los apagones son causados por las sequías, el bajo nivel de los embalses, las altas temperaturas, cambio climático a nivel regional y la indisponibilidad de energía en el mercado regional. Además mencionó como causas el colapso de la red de distribución debido a la falta de mantenimiento y la carencia de inversión histórica en la líneas de transmisión.

La crisis producida por los racionamientos de energía eléctrica ha dado lugar a críticas al Gobierno, convirtiéndo el tema en un asunto de tipo político. «Iniciar campañas políticas internas solo divide. Sabemos que enfrentamos grave racionamiento de energía por bajo nivel de agua en represas e indisponibilidad de plantas térmicas, precarias condiciones de ENEE y el moribundo contrato de EEH es inoportuno, prematuro y desafortunado» publicó en Twitter la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

También el Ministro de Energía denunció un supuesto sabotaje contra la Central Hidroeléctrica Patuca III. En una nota de prensa publicada en el portal de la Secretaría de Energía se detalló que los supuestos saboteadores usaron equipo pesado para mover enormes vigas de acero para después lanzarlas en un punto estratégico con el objetivo de generar un daño. «Durante la visita, fiscales y funcionarios del gobierno del socialismo democrático confirmaron el uso de equipo pesado para mover dos vigas de acero que posteriormente fueron lanzadas a un conducto que lleva a una de las turbinas de la central, lo que deja un indicio racional de la comisión de un acto premeditado que buscaba perjudicar la operación de la instalación», indica la nota de prensa.

Personal del ministerio de Energía y de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) se presentó a la Central Eléctrica Patuca III. Según dijo el ministro Erick Tejada en las redes sociales, el equipo de fiscales fue encabezado por el subdirector de fiscales Ricardo Matus y el equipo de la ATIC fue coordinado por el agente Miguel Cantarero.


Después de pasar tres semanas con interrupciones de energía, de entre 7 y 16 horas continuas, el sábado 17 de junio, el ministro Tejada anunció en Twitter que la ENEE había aliviado la sobrecarga que afectaba este sector mediante la construcción de 1.7 kilómetros de línea de distribución y la colocación de 18 postes. El presidente del patronato Francisco Sabillón dijo que las autoridades de la ENEE prometieron sacar del plan de suspensión de energía a este sector. Aunque desde el sábado no se han tenido más interrupciones, Melissa aún continúa cocinando con leña en la hornilla que improvisó porque, según dijo, no tiene esperanzas de recuperar la estufa que perdió con los apagones.

Los desalojos en tierras ocupadas por agrupaciones campesinas comenzaron días después de que la presidenta Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra a través de la cual se procederá a ejecutar órdenes de desalojo con carácter urgente. Mientras tanto, campesinos y organizaciones del pueblo garífuna se declararon en alerta. La empresa privada, por su parte, ve la creación de esta comisión como un «hito histórico hacia el desarrollo económico y social».

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Fernando Destephen

Los primeros desalojos atribuidos a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra se realizaron en una finca de palma africana ubicada en la aldea El Tumbador en Trujillo, Colón, propiedad de la empresa Dinant y en terrenos de la Azucarera del Norte S.A de C.V (Azunosa), en El Progreso, Yoro, informó el Gobierno a través de Canal 8, que comunicó que estos desalojos acontecieron «de manera pacífica».

Dinant es una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez quien está casado con Ana Facussé. Esta empresa tiene cultivadas con palma africana unas 13,300 hectáreas en los valles del Aguán y Lean pero su presencia abarca otras grandes extensiones de territorio en diferentes departamentos del país. A través de sus procesadoras exporta productos derivados de la palma como aceite vegetal, jabones y biocombustibles.

Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, dijo en una conferencia de prensa el viernes 16 de junio que están «realizando desalojos prácticamente a diario» en el norte del país. «Ayer realizamos seis capturas de personas involucradas en el robo de la fruta de palma africana. Hemos confirmado un equipo policial especializado para dar solución y tratamiento a la problemática agraria y ejecutar órdenes de desalojo» informó.

El pasado martes 6 de junio, a través de una cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro apareció rodeada de altos funcionarios, mandos de la Policía Nacional y de las FF. AA.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, atiende una reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Casa Presidencial. Foto CC/Fernando Destephen
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, atiende una reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Casa Presidencial. Foto CC/Fernando Destephen

La cadena nacional se dio en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) —órgano que fue construido en el 2011 por Juan Orlando Hernández cuando éste era presidente del Legislativo; esa entidad fue un instrumento para romper la independencia de poderes en Honduras—.

Xiomara Castro aprovechó esta comparecencia para anunciar una resolución del CNDS con la que se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.

Facultades de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra

Policías antidisturbios conversan con pobladores que ocuparon tierras para vivienda en la comunidad de El Rodeo en San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Policías antidisturbios conversan con pobladores que ocuparon tierras para vivienda en la comunidad de El Rodeo en San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre

La comisión agraria tiene entre sus facultades investigar la legalidad de las tierras y sus antecedentes registrales, así como elaborar un decreto ejecutivo y un proyecto de ley para enviarlo al Congreso Nacional.

La presidenta dejó claro dos cosas: la primera es que hay un total de 36,451.17 manzanas de tierra que están tomadas por «distintos grupos de personas» y la segunda es que se procederá a ejecutar órdenes de desalojo de carácter urgente. La mandataria dijo que antes de ejecutar los desalojos se harían investigaciones de los antecedentes registrales de las propiedades y que los departamentos con mayor conflictividad de tierra son Atlántida y Colón.

Los desalojos ordenados por la presidenta Castro, que sean emitidos por el Poder Judicial, se ejecutarán, sobre todo, en propiedades del sector agropecuario, rubro que según Castro aporta el 12.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35 % de las exportaciones. Puntualmente, la presidenta hizo alusión a que los desalojos se harán en las fincas privadas ligadas a actividades de palma aceitera, caña de azúcar y bananeras. En ese sentido, la mandataria exhortó a estas empresas para que presenten toda la documentación sobre sus fincas.


Preocupación por el papel del Ministerio Público y tribunales en los desalojos

Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD), publicó un artículo en el que señaló que el anuncio de la creación de la comisión agraria «es una mezcla de medidas represivas y reformistas que apuntan a restituir en el plazo inmediato el control de algunas fincas a los poderosos agro-exportadores».

Igualmente —expuso Gustavo Irías— varios de los actores involucrados en la comisión, como Ministerio Público y Poder Judicial, presentan los mismos desafíos estructurales que los mostrados durante la administración de Juan Orlando Hernández.

«Todos los poderes del Estado concentrados en el CNDS y sin la independencia de actuación del Ministerio Público y de los tribunales, el acceso a la justicia proseguirá siendo una quimera para los y las campesinas ocupantes de tierra. Con el agravante que será el mismo marco jurídico criminalizante emitido por la narco dictadura (a favor de los agroexportadores y terratenientes), el que continuará aplicándose», indicó el director del CESPAD.

En su análisis, Irías detalló que es preocupante el anuncio sobre «el uso que se hará de los “desalojos preventivos”; esta figura forma parte de las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 93-2021. Este Decreto es considerado como uno de los pactos de impunidad que, a más de 15 meses de gobierno, ya debió haber sido derogado, porque favorece la corrupción (con las reformas a ley de lavado de activos) y violenta abiertamente las libertades democráticas de asociación, asamblea y protesta».

El drama de familias sin vivienda en San Pedro Sula

Un día después de que la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de esta comisión agraria, la jueza ejecutora Roxana Mesto, en compañía de 280 miembros de la Policía Nacional y incluidos miembros de Operaciones Especiales, ejecutó una orden de desalojo contra unas 350 familias que viven en la colonia El Rodeo del sector Arenales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Mesto explicó que el terreno en donde vivían está registrado en el Instituto de la Propiedad (IP) a nombre de la empresa mercantil Héctor Córdova e Hijos S.A.

Pero decenas de personas se hicieron un solo nudo contra el desalojo, logrando impedir que la maquinaria derribara sus casas, construidas desde hace dos años con pedazos de madera y láminas de zinc.
Aunque el escenario se prestaba para una represión violenta, pues había tanquetas y policías antidisturbios, la jueza decidió otorgar dos días más a los habitantes, es decir, hasta el 9 de junio. Hasta ahora no ha habido otro intento de desalojo, pero los pobladores permanecen en zozobra.

Pobladores de la comunidad El Rodeo en San Pedro Sula, intentan mediar con una jueza ejecutora para no ser desalojados. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Pobladores de la comunidad El Rodeo en San Pedro Sula, intentan mediar con una jueza ejecutora para no ser desalojados. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Carmen, una vecina de esa colonia, afirmó a Contracorriente que la mayoría de las familias de la colonia El Rodeo se resisten a salir del lugar porque llegaron ahí tras las inundaciones provocadas por las tormentas tropicales Eta e Iota.

«Nos ubicamos en este terreno debido a su abandono. Pagamos 40,000 lempiras para rellenar las calles e instalar los postes del tendido eléctrico. No es justo que nos saquen así», explicó Carmen.

El déficit habitacional en la zona norte de Honduras es evidente, sobre todo en la zona del Valle de Sula.

En un texto publicado por Contracorriente en mayo de 2021, el Gobierno informó que las tormentas habían afectado a 4.5 millones de hondureños, casi la mitad de la población. Se indicó que en ese momento había 1,431 viviendas destruidas totalmente, 6,165 dañadas y 89,614 afectadas.

Desalojo de campesinos en El Progreso, Yoro

Quienes no recibieron prórrogas fueron los miembros de un grupo de familias campesinas de El Progreso, Yoro, quienes fueron desalojados el pasado miércoles 14 de junio. Los policías desmantelaron su proceso de recuperación de tierras que se estaba apenas desarrollando en el sector sur de El Progreso, Yoro, específicamente a la altura de la aldea La Guacamaya, según informó Radio Progreso.

Luis Fuentes, vocero del Movimiento de campesinos sin tierra del departamento de Yoro, dijo a Contracorriente que unos «80 campesinos» fueron desalojados en la aldea La Guacamaya y que estos pertenecen a la Federación Nacional Campesina Hondureña (FENACH). «Habían entrado a ese terreno hace tres meses y medio», manifestó.

«Los compañeros no son de nuestro grupo, pero ya desde que eso se da hay una latente amenaza contra nosotros», dijo Fuentes quien es primo del diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes.

Luis fuentes explicó que los terrenos de donde fueron desalojados los campesinos de la FENACH nunca fueron de la reforma agraria, sino que son propiedades privadas que le pertenecen a la compañía Azucarera del Norte S.A de C.V (Azunoza), una empresa que, según Fuentes, adquirió esos terrenos de manos de una familia de terratenientes de Honduras «descendientes de criollos españoles».

«Los compañeros están en tierras que siempre han sido de naturaleza jurídica privada», señaló Fuentes, en relación con los campesinos de la FENACH, pero reconoció que su grupo también está propenso a eso si se ejecuta un desalojo sin hacer antes una investigación. «Pero a nosotros nos da igual si hay desalojo o no, porque la gente está preparada para volver entrar en el mismo momento».

Luis Fuentes dijo que en el Movimiento de campesinos sin tierra de Yoro hay 1200 familias diseminadas en diferentes terrenos de El Progreso, Yoro. «Todos estamos luchando por recuperar tierras que siempre fueron de la reforma agraria y que ahora están en manos de Azunosa», señaló.

Pueblo garífuna en alerta ante posibles desalojos

El viceministro del INA, Rafael Alegría, le dijo a Contracorriente que la decisión de Xiomara Castro es para que tengan acceso a la tierra «los pueblos indígenas, los campesinos y las mujeres» y que la comisión busca darle solución «a todos los problemas agrarios que hay en el país». Sin embargo, los pueblos originarios en resistencia ven a esta comisión agraria con desconfianza.

Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), no se confía de las intenciones del Ejecutivo. La lideresa afirmó en su cuenta de Twitter que los representantes del INA, la Policía y el Ministerio Público realizaron inspecciones «supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros, para desalojar a los Garífunas que habitan esos sitios».

«Para eso quieren esa Comisión Agraria», dijo Miriam, lo que contrasta con las palabras del viceministro del INA, Rafael Alegría, quien afirmó que «la compañera Xiomara Castro ha mandado a que se le busque solución por las vías del diálogo» el cual «se hará entre actores empresariales, campesinos, pueblos indígenas y mujeres».

Una comisión agraria sin participación de campesinos

Una orden de desalojo es presentada a los pobladores de la comunidad El Rodeo en el sector Arenales de la ciudad de San Pedro Sula, en donde viven más de 300 familias. Foto CC/ Amílcar Izaguirre
Una orden de desalojo es presentada a los pobladores de la comunidad El Rodeo en el sector Arenales de la ciudad de San Pedro Sula, en donde viven más de 300 familias. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Para Jerónimo Carranza, coordinador del área de Articulación Regional del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, es un error que se nombre a diversos actores y que no se integre a representantes del sector campesino.

Jerónimo reconoció que si bien es cierto existe una mala práctica en algunos campesinos que «buscan la tierra para tener su parcela y luego venderla», afirmó que en esa comisión agraria deberían estar actores relacionados con el tema de la tierra, tales como representantes de los campesinos.

«Debió haber participado un representante de las organizaciones campesinas, especialmente las involucradas en las recuperaciones para generar un diálogo y que no se procediera de la forma que están procediendo con los desalojos ahora. Porque los sacan de ahí y para dónde se van. ¿Quién está ofreciendo una alternativa? Nadie», expuso Jerónimo.

Jerónimo Carranza dijo que al ministro del INA, José Francisco Funes, nunca lo ha visto «haciendo acciones en favor de los campesinos y campesinas, entonces no podemos confiar en este señor porque él no está luchando por ayudar a los campesinos sino más bien impidiendo la posibilidad que haya recuperaciones de tierra».

Jerónimo lamentó que personas que tienen más de 10 años de tener posesión de las tierras están en una condición de ser potencialmente desalojadas. «Están en situación de desventaja; la ventaja la tienen quienes tienen el poder y quienes son dueños, legal o ilegalmente de las tierras. El sector más vulnerable son los campesinos y campesinas porque no tienen ni abogados que los puedan defender».

Satisfacción en la empresa privada hondureña vs. preocupación del sector campesino

Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), agradeció a la presidenta y a los que estuvieron en la reunión. «Presidenta @XiomaraCastroZ y demás miembros del CNSD reconocemos la trascendencia de la resolución que han tomado en torno a garantizar el derecho a la propiedad privada, como un pilar de la seguridad jurídica y el Estado de derecho; con esta decisión SÍ se muestra el compromiso de atraer inversiones, generar empleo y lograr soberanía alimentaria» publicó momentos en su cuenta de Twitter poco tiempo después de la cadena nacional de la presidenta Castro.

Yibrín agregó que en el sector privado existe la disposición de participar en las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra con el objetivo de promover espacios de diálogo y consenso para reducir los niveles de conflictividad social y garantizar el derecho a la propiedad.

Para el abogado Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios por la Dignidad (BED), desde que tomó posesión la administración de Xiomara Castro «ha habido una reacción muy fuerte, muy feroz, del sector terrateniente agroindustrial por pretender forzar a la administración del Gobierno para que asuma un comportamiento represivo que favorezca al sector agroindustrial terrateniente del país».

Fernández dijo el pasado viernes 9 de junio, durante un Twitter Space de Contracorriente, que algunos ministros que ahora están en el poder, a pesar de haber surgido del movimiento popular, ahora entienden los problemas del agro como un asunto de defensa y seguridad. «Por eso hay una alerta del sector campesino, porque honestamente la violencia en el agro es un tema de derechos humanos y el enfoque que se pretende imponer es el de seguridad y de defensa», dijo Fernández.

«Por eso los agroindustriales muestran una especie de satisfacción, porque también entienden que lo que debe iniciar de inmediato es una operación de desalojos a lo largo y ancho del país», sostuvo Fernández, quien agregó que el enfoque de defensa y seguridad tiende a favorecer a «las élites agroindustriales terratenientes que históricamente no han sido afectadas porque son las que han hecho el despojo y la apropiación indebida de las tierras».

«No hay solo espacios de crisis en el Bajo Aguán sino en todo el territorio nacional, porque todo el territorio nacional ha sido ocupado violenta, ilegal e ilegítimamente por un sector terrateniente agroindustrial caracterizado por ser violento y cruel con las familias campesinas, no solo porque matan a la gente en los territorios y porque la desplazan, sino porque también, cuando hay reivindicaciones de campesinos, entonces acuden al expediente de la criminalización», expuso Fernández.

Fernández manifestó que en la resolución del CNDS se establece como prioridad el desalojo en aquellos territorios que se presentan como afectaciones al sector agroindustrial palmero, bananero y azucarero. «Eso te marca una tendencia de esto sobre lo que nosotros debemos mostrar alarma», subrayó el abogado.

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¿Quiénes son los tres funcionarios claves de la comisión agraria?

Hay tres funcionarios que serán clave en la comisión: el primero es quien presidirá la comisión que es el director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes, quien es cercano al expresidente Manuel Zelaya en el Valle del Aguán; el segundo es el presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad (IP), José Carlos Cardona, quien a su vez es ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y, el tercero es el secretario de Desarrollo Económico, recientemente nombrado en ese cargo, Fredis Cerrato, este último fue ministro durante la administración del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).

Además de los anteriormente señalados, la comisión estará conformada por otros cinco servidores públicos: un fiscal especial, un juez de Jurisdicción Nacional, un comisionado de Policía, un oficial de las FF. AA. y un diputado del Congreso Nacional.

Xiomara Castro dijo que la comisión trabajará en un decreto ejecutivo para resolver la mora agraria, pues desde 2010 apenas ha habido 40 resoluciones de 1,100 solicitudes de tierras presentadas. Por su parte, el IP, con apoyo del INA, tendrá que investigar los antecedentes de las propiedades para comprobar que estas hayan sido adquiridas en el marco legal.

Aparte del decreto ejecutivo, la comisión tiene como misión elaborar un proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso Nacional. Este estará orientado a la «conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008» para asegurar la titularidad de la tierra, castigar la ociosidad, así como fomentar y proteger la función productiva.

Jerónimo Carranza dijo que se puede «percibir la presión hacia el Ejecutivo de quienes tienen en su poder las tierras y como el Gobierno no tiene todo el respaldo de los otros dos poderes del Estado entonces tiene que ceder y en este caso tomar la decisión de expropiar a los campesinos y campesinas que están ocupando tierras».

Jerónimo expresó que la presidenta Castro, «a su manera de expresarse», dijo que eran «tierras privadas», pero a juicio del analista «la presidenta debe tener más apoyo para hacer que las tierras que han sido ocupadas por terratenientes, las tierras nacionales, sean recuperadas».

¿Qué pasará con las tierras en manos de narcotraficantes?

Contracorriente le consultó al viceministro Alegría qué va a pasar con las tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) las cuales estaban en posesión de narcotraficantes.

«Sí, hay muchas tierras que están incautadas, y que está conociendo la OABI, también serán objeto de la comisión esas tierras que ya han o tienen sentencia firme por parte del Estado, o sea, que la solución será de forma integral», contestó el viceministro, quien inmediatamente procedió a despedirse manifestando que tenía otra entrevista pendiente.

Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán, dijo a Contracorriente —cuando apenas se conocía la conformación de esta plataforma— que «cuando hablamos de justicia agraria, primero tenemos que determinar qué tipo de justicia es la que se tiene que aplicar».

Rivas afirmó que no se sienten cómodos con los adjetivos usados por el Ejecutivo para hacer referencia al tema del agro.

Yoni Rivas aseguró que en Honduras hay terratenientes que tienen en su posesión tierras que superan el techo establecido por el marco jurídico hondureño y, en contraste, existen millones de personas «sin una cuarta de tierra».

Yoni, al ser consultado sobre que esta decisión haya salido del CNDS, dijo que «es bien difícil poder decir que vamos a confiar en las Fuerzas Armadas, cuando Elías Melgar, el viceministro de Defensa y Seguridad, ha estado involucrado al servicio de empresas de seguridad puestas al servicio de los agroindustriales, en el caso del Valle del Aguán».

«Elías Melgar dirigió empresas de seguridad en el sector del Aguán al servicio de Corporación Dinant y hoy es el viceministro de Defensa y Seguridad. Eso es un riesgo para nosotros en el Aguán que una persona como Elías Melgar esté ocupando un cargo con instituciones que tienen que ver con la seguridad y que están relacionados con este tema de justicia para el agro hondureño», apuntó Rivas.

Sobre los campesinos asesinados en 2023, Yoni le dijo a Contracorriente que no conocen investigaciones sobre los autores materiales e intelectuales «de los últimos ocho asesinatos que han ocurrido en el Aguán. Eso nos mantiene siempre muy preocupados, porque la impunidad sigue reinando en el Aguán a pesar de los avisos y anuncios que hemos realizado de todas las amenazas y los atentados y en realidad eso nos preocupa».

Mientras el trabajo de la comisión agraria avanza, los primeros desalojos ocurren en las tierras de empresas que históricamente han tenido conflictos con el sector campesino en Honduras. A eso se suman los desalojos a pobladores que no tienen vivienda, lo cual abre un panorama de drama en el país. Mientras tanto, el sector indígena, poblaciones garífunas y campesinos se declaran en alerta.

Por segunda vez los seguidores del partido Libertad y Refundación (Libre) mantienen tomado el Centro de Salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, afectando el área administrativa en demanda de las 80 plazas laborales acordadas con Samael Calix, actual director del centro asistencial. Durante 17 días en abril de este año, ese centro de salud estuvo tomado por el mismo colectivo, afectando a buena parte de la población y, hasta el momento, no se ha deducido ninguna responsabilidad al respecto.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

En abril de 2023, miembros de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) cerraron el edificio de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central y del centro de salud Alonzo Suazo durante 17 días, demandando la destitución de la directora, la Dra. Sonia Amaya, de las jefaturas intermedias y demandando también la entrega de ochenta plazas que exigen para sus activistas que, según ellos, están ocupadas por nacionalistas. En ese mismo mes, siete centros de salud se unieron a la protesta y cerraron la atención en los centros Las Crucitas, Tres de Mayo, La Divanna, Villa Adela, Los Pinos y colonia San Miguel. Durante los días de la toma, la población se vio afectada por no recibir atención médica. Sin embargo, otro colectivo de Libertad y Refundación llegó el 25 de abril al centro médico para intentar liberar el edificio; esa acción terminó en empujones y golpes entre los miembros del mismo partido sin una evidente solución al problema.

La protesta terminó luego de que el Dr. Samael Cálix tomó el cargo como nuevo director del centro de salud Alonzo Suazo, el ocho de mayo de este año. Cálix es una persona afín a Libertad y Refundación. No obstante, las otras demandas quedaron en el vacío de la burocracia y se convirtieron en otra promesa sin cumplir por parte del nuevo director quien casi un mes después de estar en el cargo se enfrenta a su primera protesta de activistas que lo apoyaron antes y ahora le exigen cumplimiento.

En la mañana del 01 de junio 2023, por segunda vez, los colectivos del partido Libre volvieron a tomar el edificio del centro de salud Alonzo Suazo, esta vez, el área administrativa y de recursos humanos sin cerrar la atención médica al público. Entre sus demandas estaban las 80 plazas prometidas y la cabeza del nuevo director, Samael Cálix, por no responder a las solicitudes del colectivo.

«El nuevo director, Samael Calix, ya no nos atiende, por eso de aquí no salimos, únicamente tenemos tomado el área administrativa y de recursos humanos hasta que aparezca a darnos la cara y darnos solución, acordamos que nos darían las 80 plazas y se nos mintió, que se nos cumpla y que renuncie» dijo Maribel Ortiz, coordinadora de Libre y del colectivo.

Maribel Ortiz denunció ante un medio de comunicación la existencia de una planilla fantasma de al menos cinco guardias de seguridad que, aparentemente, no cumplen con su turno por la noche.

La noche anterior a lo dicho por Ortiz, al menos ocho vehículos de la Región Metropolitana de Salud aparecieron con las llantas ponchadas sin que el culpable se haya identificado. De acuerdo con los colectivos que mantienen la toma, ellos nada tienen que ver con lo sucedido.

Esta nueva acción de protesta por parte de los colectivos de Libertad y Refundación no ha afectado la atención médica de los pacientes que llegan al centro de salud, ni a los vendedores como Daysi Maldonado, quien coloca su puesto de venta de comida y bebidas en la acera de la entrada del Alonso Suazo. «Esta vez sí puedo vender a pesar de la toma; en abril, cuando el centro estuvo tomado durante 17 días mejor ni venía porque era más el gasto de este negocio, yo costeo mis medicamentos de la tiroides», mencionó Maldonado.

Mientras tanto, adentro los pacientes esperan ser atendidos en el turno de la una de la tarde, llegan desde temprano para hacer la cita y al menos esperan sentados en sillas y bancas, se protegen del fuerte sol que golpea el Distrito Central.

Asuzelinda Amador Hernández tiene 75 años y vive en el barrio Morazán. Para ser atendida a la una de la tarde salió de su casa a las siete de la mañana porque le cuesta caminar; hace siete años sufrió un derrame cerebral y aún está en recuperación. «No sabía que había una toma en las instalaciones del Alonzo Suazo, mi preocupación fue que si el laboratorio estaba funcionando, porque tenía que realizarme unos exámenes para entrar a consulta con el internista por mi problema de las rodillas», comentó.

El colectivo del partido libre advirtió que las tomas se mantendrán hasta que el Dr. Cálix acceda a hablar con ellos o, en su defecto, se retire del cargo. El servicio brindado en el centro de salud se está realizando con normalidad; sin embargo, la situación entre los seguidores de la presidenta Xiomara Castro se agrava por las constantes protestas y la falta de cumplimiento de las ofertas laborales hechas por el partido Libre

Las periodistas Michelle Mendoza y Stef Arreaga, así como las hermanas Lucía y Andrea Ixchíu, se encuentran exiliadas, lejos de su familia. Durante el gobierno de Alejandro Giamattei, muchos periodistas, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de acoso cibernético y persecución judicial. Estas son sus historias.

Texto: Lucía Escobar
Edición: Carolina Gamazo
Fotos: Cortesía de las periodistas

Para tomar la decisión de irse de Guatemala, dejar su casa, su familia y a sus hijas, con todas las implicaciones que el desarraigo incluye, Michelle Mendoza, corresponsal en Guatemala para CNN, tuvo que llegar a un límite.

Viajé a Washington D.C para conocer las razones de esta decisión. Cuál había sido el límite que la había expulsado del país donde llevaba más de 15 años haciendo periodismo, con una exitosa carrera.

Michelle me recibió en el lugar que comparte con una “roomate”, quien sin conocerla le abrió las puertas de su casa. “Pude haber sido una asesina serial, una loca empedernida”, bromea y agradece por ese acto de confianza de una desconocida.

Michelle Mendoza era una figura notable en Guatemala, ni ella ni sus reportajes para la cadena internacional pasaban desapercibidos. Cubría todos los hechos de alto impacto del país que, en Guatemala, son muchos. Reportó la tragedia del deslave del volcán de fuego, acompañó las caravanas migrantes que durante el 2018 al 2021 atravesaron el país hacía Estados Unidos, mientras investigaba y exponía la corrupción en el gobierno.

Durante su trabajo como reportera de CNN, Michelle recorrió cientos de municipios del país. Cortesía de la periodista
Durante su trabajo como reportera de CNN, Michelle recorrió cientos de municipios del país. Cortesía de la periodista

Como muchos de sus oyentes, me enteré de su exilio por redes sociales. Y fui testigo del acoso cibernético, que fue creciendo a medida que su trabajo se hacía más visible.

El primer año de Michelle en Washington fue de mucha inestabilidad y de cambios. Hoy la periodista se está adaptando, quiere hablar y contar su historia.

Volvamos un poco en el tiempo para entenderla.

En septiembre del 2017, el ex presidente Jimmy Morales intentó expulsar a la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala) a través de un video en donde declaró non grato al comisionado Iván Velásquez. Ese momento fue un parteaguas para el país, y la relación entre medios de comunicación y autoridades cambió.

“Empezaron las demostraciones de fuerza”, recuerda Michelle. Cuestionar la decisión de desconocer a la CICIG, era parte del trabajo de cualquier periodista. Pero las autoridades comenzaron a verlo como tomar bando. “Tú estás haciendo tu trabajo, haciendo las preguntas que tenés que hacer”, explica la periodista. Pero las amenazas a Michelle tuvieron desde un inicio un claro sesgo de género y también una marcada misoginia. A Michelle le querían dar donde más le duele, en su integridad como mujer.

En conferencia de prensa Jimmy Morales decide expulsar a la CICIG /ARCHIVO No Ficción
En conferencia de prensa Jimmy Morales decide expulsar a la CICIG /ARCHIVO No Ficción

En esos meses, Michelle tuvo la primera amenaza de violación: descubrió que alguien muy importante había ofrecido entre 300 y 500 mil quetzales para que le dieran “un susto”, que incluyera violarla. La periodista confrontó a sus fuentes, se aseguro de que la información fuera cierta y cuestionó a las autoridades supuestamente responsables. Tuvo una reunión con el vocero del entonces presidente Jimmy Morales, y con el Ministro de Defensa para explicar que, según sus indagaciones, las amenazas venían del Estado Mayor Presidencial. Esto coincidió con una persecución que sufrió en una de las avenidas principales del país. Confrontar a las autoridades responsables hizo que las amenazas cesaran por un tiempo. Y que ella pudiera continuar haciendo su trabajo.

Pero la seguridad no mejoró con el siguiente gobierno, el de Alejandro Giammattei, quién tomó el poder en enero del 2020 y quien, desde el primer momento, fue dejando claro que continuaría con la línea del gobierno anterior: borrar todo rastro de la CICIG y continuar con la narrativa de que esta comisión fue lo peor que sucedió en Guatemala. Pero, con el apoyo de la fiscal general, Consuelo Porras, hoy incluida en la lista Engel de Estados Unidos de grandes corruptos, y el apoyo de la maquinaria del Estado, el presidente Giammattei comenzó a transitar una línea aún más peligrosa, la de la venganza. Venganza hacia quienes había perseguido la corrupción y también hacia quienes la estaban poniendo en evidencia. Una de ellas era Michelle Mendoza, una de las periodistas más conocidas del país, la cara visible ante el público internacional del descalabro de la democracia guatemalteca.

Ella siguió trabajando. Cubrió la corrupción en el Centro de Gobierno, una institución creada por el actual presidente, el financiamiento electoral ilícito, el negocio de las vacunas de Covid-19, las caravanas migratorias: todos, temas controversiales.

Michelle Mendoza junto con la periodista Claudia Méndez y la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos.
Michelle Mendoza junto con la periodista Claudia Méndez y la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos.

Su trabajo provocó que los ataques se radicalizaran. A partir de ese momento, comenzó a vivir una verdadera historia de terror. Propia de thrillers, propia de los años más álgidos de persecución del conflicto armado.

Le enviaron coronas fúnebres a la casa de sus papás y, en una ocasión, le fueron a tirar un par de perros muertos a la puerta de su casa. La perseguían carros sin placas. Fotos personales suyas fueron filtradas en las redes sociales.

La corresponsal de CNN ponía denuncias en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa pero no pasaba nada, o no investigaban o desestimaban las denuncias. “Yo ya no salía con las niñas, no iba a fiestas, no me exponía a ir a conciertos, ya no patinaba. No hacía nada. Me convertí en presa en Guatemala”, explica

Permaneció así durante varios meses, en los que poco a poco su vida se iba desmoronando. Pero hubo dos hechos principales que le hicieron tomar la decisión de abandonar el país. Uno de ellos estuvo relacionado con su familia y fue uno de los más le afectó. Su hermano tuvo problemas en su puesto de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, en el que llevaba dos años. Fue despedido en el 31 de diciembre del 2020, dos días después de que su jefe le pidiera que le exigiera a su hermana, Michelle, que bajara un tuit, colgado por la periodista con un meme del presidente. Poco después, otra institución pública en la que iba a ser contratado finalmente rechazó su propuesta por su nexo familiar con la periodista de CNN. Esto se lo dijeron explícitamente.

A partir de ese momento, las amenazas subieron de tono. Filtraron datos personales de sus hijas. Publicaron en redes su teléfono y su dirección personal. En esos días recibió varias llamadas de alerta: la Fiscal general había dado luz verde para judicializar un caso en su contra por una investigación que publicó en CNN sobre sobornos que había recibido el presidente Giammattei.

El 3 de mayo del 2022, un año y medio después de que iniciara el acoso en su contra, la periodista salió a Washington D.C. a pedir asilo. “Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida porque mis hijas se quedaron en Guatemala”, recuerda.
Incluso viviendo en Estados Unidos, el acoso en su contra no disminuyó. Seguía recibiendo llamadas a diario con amenazas de violarla si regresaba. “Me mandaban videos de mujeres a las que estaban violando y yo tenía que lidiar, no solo con la amenaza, sino con la impotencia de no saber qué había sido de la persona a la que estaba viendo en ese video. Caí en una depresión espantosa”. Cambiar su número de teléfono la hizo sentirse aún más sola. Entendió que la decisión era para siempre.
Michelle Mendoza se encuentra en una nueva etapa de su vida. Está en clases de inglés, de costura, de tango, está trabajando para lograr reunirse con sus hijas y creando proyectos que le permiten seguir haciendo su labor como periodista fuera de Guatemala.

Una nueva vida para la periodista guatemalteca la espera en la capital de Estados Unidos.
Una nueva vida para la periodista guatemalteca la espera en la capital de Estados Unidos.

“Tengo la solvencia moral intacta. Me quitaron mi país, mi comida, mi familia, mis amigos, mi forma de trabajar; pero no me quitaron ni mi nombre, ni mi dignidad, ni mis ganas de hacer algo por el país”, concluye. Mendoza planea plasmar su historia en un libro, ha recibido propuestas para escribir un guión e intenta reencontrarse con sus hijas.

Ahora la periodista se mueve en patines y metro por las calles de Washington. Asiste a reuniones con otros guatemaltecos, que también se encuentran exiliados en la capital estadounidense. Su vocación de comunicadora sigue intacta, así como sus ganas de dar a conocer lo que sucede en Guatemala. Callarse no era una opción.

Michelle Mendoza es una al menos cinco periodistas guatemaltecas que en los últimos dos años han dejado el país ante amenazas que no cesan. Ellas dejaron su medio de sustento y su familia, drásticamente. Lo que han vivido por hacer su trabajo es una larga lista de delitos que van desde amenazas de muerte, hostigamienta, calumnia y difamación, hasta acoso sexual, y cibernetico.

José Ruben Zamora, fundador de elPeriódico se encuentra en un proceso judicial viciado. / OLIVER DE ROS
José Ruben Zamora, fundador de elPeriódico se encuentra en un proceso judicial viciado. / OLIVER DE ROS

Acoso y derribo hacia la prensa en Guatemala

La prensa en Guatemala se encuentra en la actualidad en una situación sin precedentes. Muchos periodistas han sido denunciados judicialmente y sus casos se encuentran en investigación con pocas posibilidades de tener un juicio justo.

El caso más emblemático, el que supuso el parteaguas para la situación de la prensa en el país, fue el de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien se encuentra preso desde el 29 de julio de 2022. Su juicio ha estado lleno de irregularidades procesales, se ha criminalizado a sus abogados, a periodistas, e incluso a quienes publiquen opiniones al respecto (caso Mullet). Y elPeriódico, después de 27 años de existir, se vió asfixiado económicamente y en mayo del 2023 dejó finalmente de publicarse, tanto en papel como electrónicamente.

En la primera semana de junio del 2023, la fiscal general Consuelo Porras, violando el artículo 35 de la ley de Libre Emisión del Pensamiento, dió la orden para investigar a nueve periodistas y/o columnistas de el diario elPeriódico, exigiendo sus artículos y notas como prueba.

Los periodistas se suman así a una lista de operadores políticos o activistas perseguidos o exiliados que no deja de crecer. Jueces, magistrados, fiscales, comunicadores y defensores de derechos humanos han emigrado por miedo a ser criminalizados y no poder tener un juicio justo..

Esta persecución comenzó con la expulsión de la CICIG, la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público y la cooptación de las Cortes de Justicia. Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), están incluidos en la lista Engels, de EE.UU., de actores corruptos y antidemocráticos.

Algunos periodistas, como el ex director del elPeriódico, Juan Luis Font, migraron, en calidad de exiliados, refugiados o buscando otras maneras migratorias. Otros se encuentran en Guatemala enfrentando procesos judiciales poco confiables. Hay mucha desconfianza hacía el Ministerio Público y esto ha provocado que las denuncias en la fiscalía de delitos contra la prensa disminuyan, ya que los periodistas no confían en la institución que debería protegerlos. Algunos, como Stef Arreaga, tuvieron también que salir al exilio.

Stef Arreaga salió con su familia, luego de que desconocidos dispararan tiros afuera de donde se encontraba.
Stef Arreaga salió con su familia, luego de que desconocidos dispararan tiros afuera de donde se encontraba.

Stef Arreaga y el caso del Hogar Seguro

Un día, al salir de una reunión relacionada al caso del Hogar Seguro, Stef Arreaga, periodista actualmente exiliada, escuchó más de siete tiros al aire afuera de su casa. No era la primera vez que tenía este tipo de sustos. Pero si fue una de las veces que más repercusiones tuvo en su vida. “Las autoridades hicieron un levantamiento de cascabillos”, pero no pasó nada.

“Dos días después estábamos en Estados Unidos con mis hijos”, cuenta desde Bostón, Masachusset. Stef también se encuentra en el país norteamericano desde noviembre del 2021. A diferencia de Michelle, quien viajó sola, Stef pidió el estatus de refugiada junto con sus tres hijos menores de edad.

Stef Arreaga es periodista y fundadora del colectivo Ocho Tijax, una organización que da acompañamiento a las familias de varias niñas asesinadas y algunas sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017, cuando 56 niñas fueron encerradas y ardieron vivas en un fuego que mató a 41 de ellas.

Como periodista, Stef escribía sobre temas de derechos humanos y sociales. Pero desde el suceso ocurrido en el Hogar Seguro se volcó al caso. A finales del 2017, fundó Ocho Tijax junto a su madre, otras madres y algunas familiares de las niñas. Es el caso de muchos comunicadores en Guatemala, que efectúan labores de periodismo y de defensa de los derechos humanos.

Stef Arreaga volcó su trabajo para apoyar a las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción/ FACEBOOK OCHO TIJAX
Stef Arreaga volcó su trabajo para apoyar a las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción/ FACEBOOK OCHO TIJAX

Además de documentar lo que sucedía, Stef se dedicó a encontrar archivos, analizar el caso penal y realizar entrevistas para aclarar lo sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017. Un caso que se encuentra en fase de juicio pero que se atrasa o se suspende el juicio por excusas como el mal sonido de la sala. Hasta el momento, casi 7 años después de la tragedia, aún no hay ninguna condena.

A medida que Stef investigaba sobre el caso, las repercusiones en su contra crecían y no solo la difamación, sino que amenazas directas, despojo de equipo a mano armada, y persecución en la calle. “Me seguían, me tomaban fotos o vídeos. Me atravesaron el carro un par de veces, hacían señales con la mano como si tuvieran una pistola. Afuera de una sala de audiencias, el familiar de una de las sindicadas sacó un arma y me insultó caminando al lado de mi mamá”, recuerda.
Llegaban motos a dar vueltas a su casa, llegaron a patear la puerta varias veces. “Mis hijas se escondían con pánico protegiendo a su hermanito, mientras que llegaba la policía pero al final, estos no hacían nada, ni siquiera levantar un acta”, dice molesta. Se tuvieron que esconder varias veces en diferentes lugares. Incluso, a su hija adolescente le pusieron la pistola en la cabeza para quitarle el equipo fotográfico que llevaba Stef. “Mi niña nunca volvió a ser la misma”, cuenta con tristeza.

Al igual que Michelle, Stef puso varias denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, y en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa. “No avanzaba nada, solo llegaban a mi casa las cartas donde decían que la denuncia estaba desestimada. A veces me pedían que diera el nombre de los atacantes, yo no lo sabía, pero sí proporcionaba fotos con las placas de los vehículos pero no investigaban. Era muy frustrante porque los ataques continuaron”, relata.

En octubre del 2021, Stef fue al Congreso a cubrir una citación de los diputados al entonces procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Ese mismo día Rodrigo Polo, un personaje que se dedica a difamar a defensores de derechos humanos, publicó una nota donde llamaba a Arreaga “narco alfil del procurador”, y daba datos precisos del negocio familiar, la dirección de su residencia y el teléfono.
A partir de ese momento, el hostigamiento creció. Los disparos en su casa fueron el detonante que le llevó a abandonar el país. Antes de viajar, ella y sus hijos estuvieron refugiados en un hotel.

Después de un año separada de su perrita Sienna, Stef finalmente logró llevarlo con ella a Estados Unidos.
Después de un año separada de su perrita Sienna, Stef finalmente logró llevarlo con ella a Estados Unidos.

Fue un momento muy duro. Tuvo que dejar toda su vida de un momento a otro y no pudo, ni siquiera, despedirse de su familia. “Yo estaba construyendo mi casa, en esos días terminaron de poner el piso. Ni siquiera pude estrenarla. Dejé a mi perra, el trabajo y mis proyectos porque tuve que salir a escondidas para proteger nuestras vidas”, explica. “Nunca fue mi plan vivir acá, el idioma es una barrera y siendo periodista es todavía peor.”

Después de un año y medio fuera de su casa, consiguió un trabajo en un medio local latino y tiene planes de seguir haciendo periodismo para la comunidad migrante en el este de los Estados Unidos, fundando su propio medio de comunicación junto a su pareja. Una de las más grandes alegrías que les ayudó a sanar el duelo migrante fue mandar a traer a su perra Sienna. “Tengo la mejor de las actitudes y estoy muy positiva sabiendo que desde cualquier rincón del mundo, mi corazón sigue en Guate y voy a seguir trabajando.”

Ser mujer y ser periodista

A finales del año pasado el Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reportó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei han ocurrido 389 agresiones contra periodistas, y que 105 de estos hechos ocurrieron de enero a octubre del 2022. La cifra de denuncias recibidas por la Fiscalía de delitos contra la prensa es mucho menor, con 274 de enero de 2020 a febrero de 2023. Ese descenso o sub-registro en las denuncias, puede deberse a que “las y los periodistas no confían en el sistema de justicia y han dejado de acudir a la fiscalía”, según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, realizado por la Red Rompe el Miedo Guatemala. Mientras las denuncias bajan, “la persecución estatal contra las periodistas y comunicadoras comunitarias es un hecho que ha cobrado relevancia en los últimos años, así como la violencia en su contra en el ámbito digital”, señala el documento.

La violencia digital es sistemática y dirigida. Está controlada por los llamados “netcenters”. Según una investigación de la revista Con Criterio, los “nets” se dedican a desprestigiar y a calumniar a los criticos del gobierno. También en un artículo de Vox Populi, se concluye que son coordinados desde la mismísima Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Los netcenter son cuentas con muy pocos seguidores, sin foto de perfil, ni nombre real que comparten y difunden información falsa contra opositores del gobierno. Ponen apodos, y calumnian. En el informe Violencias contra las mujeres periodistas se ejemplifican varios casos de acoso y calumnias. A la columnista Sandra Xinico, la atacan casi a diario con comentarios racistas y ofensivos. A una periodista que cubrió la marcha de la mujer del 8 de marzo se le tachó de abortera y de asesinar bebés. A otra periodista extranjera, le dicen que se regrese a su país o que fuma marihuana. Estas cuentan ponen y difunden apodos como LadyCuquitos, Iguana Mascadora, Narcoalfil, Gata Mojada, etc. con el fin de humillar a las periodistas y hacer que se autocensuren.

A continuación, como ejemplo, solo algunos de los centenares de tuits de acoso a Michelle Mendoza, apodada por los netcenters como la “iguana mascadora”

Andrea y Lucía, abonadas

Andrea y Lucía Ixchíu se encuentran actualmente fuera de Guatemala, una en México y la otra en España.
Andrea y Lucía Ixchíu se encuentran actualmente fuera de Guatemala, una en México y la otra en España.

En septiembre de 2020 las hermanas Ixchíu se encontraban grabando un documental para la serie Cura de la Tierra sobre el bosque de Totonicapán cuando fueron emboscadas por taladores ilegales que las golpearon a ellas y a los guardabosques porque no querían ser filmados cometiendo un delito.

A Andrea le rompieron las costillas. Fue hospitalizada.

Andrea Ixchíu llevaba entonces más de quince años siendo comunicadora comunitaria. Es co-fundadora de la red Tz’ikin, la cual co-dirigió 8 años y ha colaborado en medios internacionales. Como periodista en Guatemala ha publicado en La Cuerda, elPeriódico, Prensa Comunitaria y Plaza Pública, tratando temas de cultura, territorio y recursos naturales.

El acoso en su contra, recuerda, comenzó cuando tenía 10 años y realizaba un programa de televisión en la iglesia de la Pastoral Católica. Desde ese tiempo comenzó a sufrir descalificación por su trabajo. Decían que era un títere de sus papás. El programa era un éxito y generaba una serie de reflexiones que provocaron que lo cerraran y que el cura que lideraba el proyecto saliera al exilio.

Su hermana, Lucía, tres años menor, se hizo comunicadora unos años más tarde, en 2012, tras la primera masacre en tiempos de paz, en Alaska, Totonicapán, con un saldo de 6 muertos y varios heridos a cargo del ejército de Guatemala.

Andrea es directora de Hackeo Cultural, una empresa de comunicación estratégica.
Andrea es directora de Hackeo Cultural, una empresa de comunicación estratégica.

Andrea y Lucía hicieron equipo. Lucía también trabajó en Prensa Comunitaria. Durante diez años acompañó procesos de presos políticos y creó los Festivales Solidarios para dar visibilidad y acompañamiento a las comunidades en territorios que resisten la minería como La Puya o que se oponen a la industria cementera como en San Juan Sacatepéquez. “Después de la masacre de Alaska, la violencia fue escalando a niveles cada vez más gruesos”, recuerdan. Lucía y su pareja fueron retenidos por paramilitares en 2016. En 2017, Lucía fue denunciada por agresión durante una audiencia del caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.

En 2020, ambas hermanas sufrieron varios casos de criminalización judicial, unos siguen abiertos y otros en suspenso. “Del 2012 para acá he puesto más de una docena de denuncias en el Ministerio Público por todas las agresiones que hemos vivido y todas las han cerrado por falta de investigación”, comenta Andrea.

A pesar de estos años de contínuo hostigamiento (vivieron retenciones ilegales de parte de para militares, vapuleos, difamación), al igual que en el caso de Michelle y Steff, el cambio de gobierno, la expulsión de la CICIG, y la dirección de Consuelo Porras al frente del MP, agravó su situación.

Lucía Ixchíu se considera una refugiada exiliada migrante quiché, “centraca”.
Lucía Ixchíu se considera una refugiada exiliada migrante quiché, “centraca”.

El 21 de noviembre del 2021, Lucía se encontraba en la manifestación en contra del gobierno de Alejandro Giammattei. Ese día un grupo incendió una parte del Congreso. Ese día más, tarde, llamaron a Lucía de una emisora de radio para intentar incriminarla en el hecho.

“Usaron el caso de nuestra agresión en el bosque para querer obligar a Lucía y a Carlos a presentarse a repetir la declaración”, repasa Andrea, quien tenía la representación legal para seguir con el caso de los taladores. “Nos enteramos de que, efectivamente, nos iban a criminalizar por el caso del Congreso y que iba a ser de una forma completamente arbitraria, sin dejarnos margen de defensa”, explica Lucía.

“Para mí, la cárcel en Guatemala no es una opción. Yo no me considero víctima de nada, ni nadie. Yo soy sujeta de mi propia historia. Veo el desarraigo como una forma de sobrevivencia ante la prisión y ante el intento de homicidio”. Así que verse entre la cárcel o la muerte, es lo que la obligó a salir de Guatemala. Estuvo escondida en Guatemala, también en Costa Rica en una casa de acogida y luego viajó a España, donde le dieron asilo político.

“Guatemala es una dictadura. Aspirar a llevar un proceso legal justo es un poco romántico. ¿Te imaginás qué nos pueda pasar a nosotras, unas indias incómodas para medio mundo? Tanto la derecha como la izquierda nos quiere chingar. Entonces, obviamente ahí no quedaba otra que moverse para construir esos mundos posibles donde se pueda y donde la gente los reciba”, dice Lucía, desde su exilio en España.

Andrea Ixchíu no ha dejado de viajar desde que salió de Guatemala. Su trabajo la ha llevado en una gira sin retorno.
Andrea Ixchíu no ha dejado de viajar desde que salió de Guatemala. Su trabajo la ha llevado en una gira sin retorno.

Lucía salió de Guatemala en marzo del 2021, cuando comienzaron a circular noticias falsas sobre el asesinato de un “supuesto hermano” de las Ixchíu. Amigos en común, las llamaron para decirles que lo único que les quedaba en Guatemala era la cárcel o la muerte.
En el caso de Andrea, ella salió en noviembre del 2021 a un evento político y, cuando volvía de regreso, le avisaron que podía tener una orden de captura. Ella decidió que no va a pasar un solo día presa, pues conoce el sistema de justicia, y no confía en él.
La criminalización que este gobierno esta realizando contra cualquiera que manifieste se evidenció con los casos de la estudiante Dulce Archila (20 años) y la activista Nanci Sinto (31 años), quienes dos años después, aún se encuentran en un proceso judicial por el delito de depredación del patrimonio cultural por presuntamente haber dañado el edificio del Congreso con unas pintas durante una manifestación.

Antes de instalarse en México, Andrea viajó y trabajó en Inglaterra y Brasil, gracias a su consultora de comunicación estratégica. “Me busqué otras vías para legalizarme en México, no solicite asilo político y ahí he ido poco a poco abriéndome camino por mi propia cuenta”, cuenta.

Mientras tanto, a Lucía Ixchíu y a su pareja les ha tocado sobrevivir facilitando talleres, haciendo transcripciones; lo que sea. Festivales Solidarios continúa con una nueva generación que la coordina en Guatemala.

Andrea se mantiene viajando, activa con su proyecto Hackeo Cultural, y está construyendo una gira de solidaridad con Guatemala. “Ha sido duro, me tiraron mierda y lo que me tiraron fue abono y me salieron flores”.

Lucía concluye la entrevista afirmando: “No cumplimos con el estereotipo de las buenas exiliadas que están en pobreza extrema y en sufrimiento absoluto. Se trata de vivir y de disfrutar nuestra vida. El mundo colonial y patriarcal no está preparado para mujeres indígenas, no está preparado para nosotras”, dice Lucía.

“He podido reflexionar que sí fue una buena idea salir porque quedarnos para estar en silencio, eso sí era matarnos”, finaliza Andrea.

La violencia es diferenciada

Este 2023 es un año crítico para la prensa independiente en Guatemala./ EDWIN BERCIÁN/NO FICCIÓN
Este 2023 es un año crítico para la prensa independiente en Guatemala./ EDWIN BERCIÁN/NO FICCIÓN

Desde que inició el gobierno de Giammattei, Michelle Mendoza, Stef Arreaga, Andrea y Lucía Ixchíu están afuera del país, sin posibilidad de regresar pronto. Otras, como Melissa Rabanales de Radio Ocote están sufriendo también persecusión judicial por hacer su trabajo. La periodista comunitaria Anastasia Mejía, directora de Xol Abaj Radio y Tv, estuvo presa y enfrentó hace poco un juicio al ser criminalizada por el alcalde de Joyabaj cuando cubría una manifestación que terminó con destrozos en la municipalidad. El 6 de febrero del 2020 fue asesinada la locutora Irma Chinchilla en Salamá, Baja Verapaz y aún no hay culpables presos. La reportera Julia Xuyá de Chimaltenango fue retenida ilegalmente y criminalizada con el sistema de justicia en mayo del 2020. A Ana González, reportera de Totonicapán, el tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, violentó su derecho de libre expresión al restringirle por dos años, mediante una sentencia, su derecho a ejercer el periodismo y participar en una radio comunitaria. Otras reporteras han denunciado que se les ha negado acceso a las fuentes, se les ha retenido ilegalmente y se les ha acosado en redes sociales.

Según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, “ningún crimen contra periodistas es casual, ni sucede por generación espontánea, ni por venganza personal. Se trata de delitos dirigidos a silenciar voces y evitar la publicación de investigaciones que develan la corrupción”.

La violencia contra las mujeres periodistas persigue silenciarlas y ocurre tanto en lo público como en lo privado, y en el ámbito digital. Se produce por el hecho de ser mujeres, por ejercer una profesión que rompe con el rol asignado a las mujeres.

Claudia Samayoa, directora de UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos), analiza la diferencia de acosos que reciben las mujeres periodistas. En sus monitoreos han creado la categoría de hostigamiento y también han estudiado el ataque a la familia. “Muy pocas veces se meten con la familia de los periodistas hombres. Pero el ataque a la familia es una forma de ataque a ti, te atacan a ti a través de tu familia”, dice.

Cuando una periodista o un defensor de derechos humanos se encuentra en situación de alto riesgo, UDEFEGUA les recomienda viajar por un tiempo, enfriarse, explorar una salida temporal. Pero si al regresar el ataque continúa las personas deben decidir si seguir viviendo en el país, pase lo que pase; si prefieren salir del exilio y desentenderse de todo, o salir y seguir buscando alternativas de vida que les permiten seguir haciendo el mismo trabajo.

En el foro Violencia diferenciada, el riesgo de ser mujer periodista en América Latina, Paula Saucedo, de Artículo 19, explica: “Muchas periodistas y también otras personas de la diversidad de género y sexual cubren temas que les atañen directamente como feminicidios o de violencia contra mujeres o derechos humanos y generalmente son atacadas de la misma forma. Entonces, si están investigando feminicidios, muchas veces reciben amenazas de violencia sexual”.

Según datos de la Fiscalía de delitos de prensa, de 274 denuncias realizadas de enero de 2020 a la fecha, solo 9 casos llegaron a juicio, apenas un 2.46 por ciento. Sin embargo, investigaciones de la Red Rompe el Miedo Guatemala y del informe Violencia contra mujeres periodistas señalan que los principales agresores son el funcionario público, agentes de la Policía Nacional Civil, alcaldes, comisarios y otros funcionarios públicos locales como concejales o jueces de asuntos municipales. El informe también afirma que, aunque el Estado y los funcionarios públicos son los principales violentadores, también quienes representan a empresas extractivas, sus compañeros y jefes también las vulneran y atacan. “El objetivo es el silenciamiento por medio de la imposición del miedo. Una forma marcada de violencia institucional es la omisión, la falta de respuesta, de acceso a la justicia, de marcos legales, de sistemas de registro y de servicios de atención adecuados” concluye el informe.

“El hostigamiento trastoca todos tus espacios, todas tus redes, todos tus afectos; y cuando eso pone en riesgo ya no solo tu integridad desde tu individualismo sino a tu red familiar, a tu sistema familiar, entonces es insostenible. ¿Qué tanto le sirve a nuestro país el seguir sembrando mártires en la tierra?”, reflexiona Andrea desde su residencia actual en México.

Capturas de pantalla de acoso en contra de las periodistas de Guatemala.
Capturas de pantalla de acoso en contra de las periodistas de Guatemala.

El Gobierno de Honduras, a través de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), invirtió 32 millones de lempiras en el cambio de engramillado del Estadio Nacional de Tegucigalpa. El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre el proceso de licitación de la obra y el designado presidencial, Salvador Nasralla, menciona que hay una sobrevaloración. El director de Condepor, Mario Moncada, se defiende diciendo que los señalamientos son de índole político.

Texto: Allan Bu y Jorge Cabrera
Fotografía: Jorge Cabrera

Era el minuto 90 de la final de Liga Nacional entre Olimpia de Tegucigalpa y el Olancho CF de Juticalpa, disputada el 28 de mayo de 2022, cuando el futbolista Kevin López anotó el tercer gol con el que el Olimpia ganó el juego 3-2 y con ello su campeonato número 36 en el fútbol hondureño. En celebración de la gesta, el jugador corrió a una de las esquinas del campo y deslizó sus rodillas sobre el césped. Éxtasis y emoción. Locura en el Estadio Nacional. En ese eufórico momento, Kevin talvez no sabía que la grama sobre la que deslizaba sus rodillas le costó al Estado de Honduras 32 millones de lempiras (1.3 millones de dólares).

Hace seis meses, Mario Moncada, director de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), anunció el cambio del engramillado del Estadio Nacional de Tegucigalpa, pero el proyecto fue cuestionado por el costo de la obra. Moncada, hermano de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, repite cada vez que le es posible que la calidad grama que ahora tiene el Estadio Nacional José de La Paz Herrera –nombrado así en honor al entrenador que llevó a Honduras a disputar su primer mundial– es de «primer mundo». La remodelación tardó seis meses y tiene como estandarte que ahora el inmueble tiene un tipo de grama conocida como híbrida, en la que se combinan hilos plásticos con césped natural. El proyecto fue inaugurado con la final del fútbol hondureño.

En las últimas semanas, el tema ha rebasado lo deportivo. El partido gobernante pretendió realizar la inauguración previo al partido entre Olimpia y Olancho, pero, al final, quizás no hubo acuerdo con los clubes, ya que la inauguración se hizo el sábado 27; por eso, en el estadio se colocaron vallas con la leyenda «Xiomara sí cumple». En tanto, el Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre la instalación del nuevo engramillado.

Mario Moncada en una entrevista con Contracorriente dijo que este proyecto «era el más transparente de todos los realizados por el Gobierno de Xiomara Castro», pues solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que enviara auditores, quienes estuvieron presentes desde el comienzo hasta la finalización de la obra. No obstante, el miércoles 31 de enero, un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inspeccionó las instalaciones del estadio José de la Paz Herrera. En un ejercicio más mediático que indagatorio, los agentes tomaron fotos a la grama donde se deslizó Kevin López.

El vocero de la ATIC, Jorge Galindo, declaró que hacían las diligencias con la intención de verificar la adquisición e instalación de la grama híbrida del Estadio Nacional y que estas acciones se desarrollaron a solicitud de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Galindo agregó que un equipo compuesto hasta por ingenieros civiles realizó la inspección del engramillado y que, además, han solicitado información a la autoridades de Condepor en lo que concierne a cuántas licitaciones se realizaron para la contratación de esa grama y el listado de empresas que participaron en las mismas. No descartó que las diligencias continúen con la toma de declaraciones a «personas sujetas de interés del Ministerio Público, específicamente de esta investigación».

La ministra Rixi Moncada fue abordada por Contracorriente sobre las diligencias iniciadas por el Ministerio Público y respondió escuetamente que «todos los ciudadanos somos sujetos de investigación y mientras estas sean objetivas y respondan a principios y valores y no a ningún nivel de persecución son bienvenidas, no tenemos ningún temor».

Miembros de la ATIC investigan de oficio la inversión en el Estadio Nacional. Foto CC Jorge Cabrera
Miembros de la ATIC investigan de oficio la inversión en el Estadio Nacional. Foto CC Jorge Cabrera

En respuesta, Moncada declaró que el MP actuó de oficio y que respetaba su labor, pero que no iba a permitir inventos y que digan que secuestraron documentos, «ellos han solicitado informe del proyecto y nosotros les hemos enviado cerca de 578 folios de este proyecto, si quiere seguir investigando, que lo hagan. Nosotros pedimos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) —a raíz de tantas denuncias de la oposición sin sentido— que nos auditara desde el día 1 hasta que finalizó [la instalación de la grama] Creo que el TSC ayer viernes levantó el informe final. Nos mandaron auditores técnicos, y técnicos a nivel de construcción, para que se verificara cada lempira que se invirtió en este proyecto. Este es uno de los proyectos más transparentes del Gobierno que dirige la presidenta Xiomara, no estoy diciendo que los demás no lo son porque yo confío en el equipo de ministros que forman parte del Gobierno, pero este es uno de los más transparentes», repitió.

El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, mencionó en una entrevista para El Confidencial que el informe que elaboraron sobre el caso del engramado del Estadio Nacional no señala que haya un mal manejo de fondos; en cambio, se obviaron normas del procedimiento de contratación, pero no quiere decir que haya desvío de fondos. «Eso no lo dice en ningún momento el dictamen. Nosotros no hacemos investigaciones de desviación de fondos, hacemos evaluaciones de los procesos de contratación», aseguró el abogado.

Las acciones realizadas por la Secretaría que dirige Orellana contradicen lo dicho por Moncada, quien manifestó que todos los ataques vienen de enemigos de la refundación y cuadros del Partido Nacional. «Los ataques son políticos y nosotros los entendemos, los hemos sabido digerir y no nos han afectado absolutamente en nada», afirmó Moncada.

Moncada adelantó que la inversión realizada en el Estadio Nacional se puede recuperar, pues el inmueble estuvo antes concesionado a los clubes Olimpia y Motagua que tienen como sede Tegucigalpa, pero ahora el estadio ha sido recuperado y los equipos pagan lo que les corresponde. Incluso calculó que en el juego de la final, que también fue el primero en la nueva grama y es el mismo donde Kevin López se deslizó para celebrar un gol, ya le dejaría una buena renta a la administración del estadio, «yo calculo que cobrando el porcentaje que corresponde le dejará un millón de lempiras, nos quedan 31[millones] por recuperar», dijo.

Agregó que este tipo de inversiones se pueden recuperar y que su administración llevará «anotado cada centavo que ingrese por concepto de alquiler del estadio, y cuando hayamos recuperado la inversión, lo informaremos».

Moncada manifestó que a nivel de Centroamérica, la grama híbrida instalada en el Nacional es el proyecto más barato, pero son los que adversan al Gobierno quienes critican el proyecto, «los que durante 12 años de dictadura dirigieron el fútbol de este país y aprobaron 200 millones para este estadio y no saben qué se hicieron. Ellos critican pero hoy son testigos de lo maravilloso y mire, yo conozco muchos estadios del mundo, hoy puedo decirle que el Estadio Nacional sí parece del primer mundo».

Graderío abarrotado durante el partido de fútbol luego de la apertura del Estadio Nacional. Foto CC/ Jorge Cabrera
Graderío abarrotado durante el partido de fútbol luego de la apertura del Estadio Nacional. Foto CC/ Jorge Cabrera

No obstante, desde el interior del Gobierno, el designado Salvador Nasralla, quien ha confrontado a la administración de la que forma parte, dijo a Contracorriente que él supone que se tuvo que pagar una cantidad exorbitante porque «el que ganó la licitación tuvo que subcontratar a quienes instalaron la grama, y para eso había que contratar una máquina que alquilan por 150 mil dólares. Había que preguntar si no era mejor comprar esa maquinaria, hay mucha tela que cortar. Probablemente en eso se basa el informe del Ministerio Público, pero no se puede acusar a nadie sin hacer la investigación», reconoció.

Respecto a otros proyectos en Centroamérica a los que hace alusión Moncada en defensa del costo de la obra, hay que decir que este tipo de grama solo existía en Costa Rica y Panamá. En el mundo hay estadios muy famosos como el Santiago Bernabéu (España), Camp Nou (España), Estadio Azteca (México) y Old Trafford (Inglaterra) a los que se les ha instalado grama híbrida. Como ejemplo, la prensa internacional registra que el cambio de grama en el Santiago Bernabéu costó unos 300 mil dólares.

En Costa Rica, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) aportó 600.000 dólares para la remodelación del estadio Alejandro Morera Soto (Alajuela) y el Estadio Nacional (San José). En Panamá hubo más controversia. En el 2021, el Instituto Panameño de Deportes invirtió 1.7 millones de dólares en el cambio de grama del estadio Rommel Fernández, pero en ese país hubo serias denuncias de sobrevaloración pues algunos expertos consideraron que con la tercera parte de esa cifra se habría podido hacer la remodelación.

Un empleado de Condepor le da mantenimiento al nuevo césped que costó un poco más de 32 millones. Foto CC/ Jorge Cabrera
Un empleado de Condepor le da mantenimiento al nuevo césped que costó un poco más de 32 millones. Foto CC/ Jorge Cabrera

El designado Nasralla expuso que la cancha del Nacional «necesitaba ser arreglada, claro no vale 32 millones de lempiras, probablemente vale 24, exactamente no sé, pero de acuerdo a los precios internacionales eso está sobrevaluado», dijo el también presentador de televisión, quien añadió que la obra tiene «un gran pecado» pues en el 2019 se detectaron fisuras en una de las tribunas, pero no se aprovechó el parón de seis meses para repararlo.

Moncada responde recordando los 12 años de mandato del Partido Nacional: «La dictadura quiso hacernos creer que había que demoler el estadio, ahora me doy cuenta por gente que estuvo en ese Gobierno, que este estadio se lo quisieron concesionar a Olimpia y Motagua, que tenían control del estadio antes de que Libre llegara al poder. La dictadura quiso hacer creer que esto no servía», sostuvo.

Agregó que ya tienen informes de ingenieros expertos en el tema que dicen que el Estadio Nacional, pese a que tiene daños, es reconstruible y que en el mes de julio comenzarán a invertir una buena cantidad de dinero para reparar cinco graderías, que son un aproximado de 200 metros. Además, se reforzarán algunos pilotes que sostienen el inmueble deportivo.

El terreno político

La obra del Nacional ha transitado de lo deportivo al terreno político. Inicialmente se mencionó que la presidenta Xiomara Castro estaría en el partido de la final entre Olimpia y Olancho FC –ese en el que Kevin López se deslizó de rodillas para celebrar un gol— para inaugurar el costoso proyecto. Este hecho no se dio el domingo 28 de mayo, sino un día antes, cuando el Gobierno inauguró la obra y diputados como Carlos Zelaya (cuñado de la presidenta) estuvieron estrenando la grama pateando penales.

La pintura de la presidenta de Honduras adornaba la inauguración de la cancha de fútbol del Estadio Nacional. Foto CC/ Jorge Cabrera

Salvador Nasralla, parte del Gobierno pero también ácido crítico de las acciones realizadas por Xiomara Castro porque no le son consultadas, manifestó que «Moncada no entiende más que de arbitraje. El acuerdo con Xiomara Castro y Mel Zelaya, es que yo iba a supervisar eso (Condepor), que iba a estar encima de deportes para ver qué hace Mario. El problema es que él es el hermano de la mujer que pone el pisto porque es la ministra de Finanzas, está como una persona intocable», dijo.

Mario Moncada es un exárbitro de la Liga Nacional de Honduras, pero también es el hermano de Rixi Moncada, ministra de Finanzas del Gobierno y una figura de poder muy cercana a la familia presidencial. Ella también fue funcionaria en el período 2006-2009, cuando encabezó el Ministerio del Trabajo y luego fue Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Una investigación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), demostró que la familia presidencial y varios altos funcionarios han logrado colocar a familiares en puestos clave de la administración y esto ha provocado lo que el CNA denomina concentración de poder. En el caso de Condepor, además de Mario, también trabaja en una dirección Óscar Moncada, otro hermano de la ministra.

Nasralla no tiene una relación cordial con Mario Moncada, pues dijo que la última vez que fue al estadio fue atacado por una turba de Talanga, pueblo donde viven los Moncada y sostuvo que ese caso está dormido en el Ministerio Público «por temor al presupuesto que les pasa la señora Rixi Moncada, hermana de Mario, nadie se quiere pelear con la que tiene el pisto», apuntó.

Nasralla se queja de que no se le ha permitido intervenir en el programa de deportes del Gobierno, así como tampoco se le permitió hacerlo en transparencia ni en la digitalización del Gobierno. «Mel Zelaya que hace las veces de presidente tiene acaparadas todas las decisiones del país, por eso el país está estacionado, no hay ninguna obra, solamente se está gobernando con ideología», afirmó.

Moncada le dijo a Contracorriente que hay tres estadios más a los que se les cambiará la grama: el estadio Ceibeño, estadio Morazán de San Pedro Sula y Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, cuyas remodelaciones serán para lo que resta del 2023 y el próximo año. Entre el Estadio Nacional y el Morazán, la inversión del Estado sería de unos 60 millones de lempiras.

Las cifras que se han invertido y se invertirán en estos inmuebles donde se practica el fútbol contrastan con la realidad de otras disciplinas en Honduras donde los atletas apenas cuentan con recursos para mantenerse en actividad y competir. En la mayoría de casos, si son menores de edad, son los padres de familia quienes cubren los gastos que competir en deportes como el béisbol o el atletismo implican. Si son adultos, igual tienen que buscar patrocinadores, a diferencia de los representantes del fútbol que siempre viajan con recursos de la federación.

Si contrastamos las prioridades de un Gobierno en las que han abundado las protestas pidiendo aumentos salariales, reclamando falta de maestros en las escuelas, solicitando apoyo a los agricultores o exigiendo medicinas en los hospitales con este proyecto de engramillado, la inversión en el nuevo césped puede considerarse excesiva.

Y si continuamos buscando prioridades encontramos que no hay suficientes casas refugio para mujeres que sobreviven a la violencia basada en género, que la niñez no cuenta con hogares atendidos por el Estado, que hay carreteras sin construir y muchas escuelas destruidas; pero el país invirtió 32 millones de lempiras en una grama en la que un jugador se deslizó con sus rodillas para gritar ¡gooool!

Texto: Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

La discriminación se refiere a cualquier negación de derechos y a agresiones cometidas hacia una persona o grupo por su pertenencia a un sector. En ese sentido, no es nuevo ni sorpresivo que desde siempre, ya sea en la población o en el gobierno —de cualquier nombre— se reproduzcan actos discriminatorios.

En Honduras, el fundamentalismo religioso cristiano ganó un considerable terreno durante la administración nacionalista, liberal y todo apunta a que busca hacerlo también con Nasralla. A través de políticos afines a sus ideologías conservadoras, los medios de comunicación siguen promoviendo una visión satanizada y patologizante de la diversidad sexual y también algunas organizaciones de sociedad civil son incapaces de reconocer nuestros derechos civiles, políticos y culturales.

Institucionalizar significa darle un valor legal o institucional a una acción o práctica; es así que, cuando la negación de un derecho es ejercida, permitida o confabulada por el Estado, estamos hablando de una institucionalización de la discriminación.

Honduras ha institucionalizado la discriminación, pese a que paradójicamente la castiga en el Código Penal en su artículo 213. Esto tiene que ver con dos grandes problemas, la falta de reconocimiento de nuestros derechos de manera genuina y la mala interpretación que políticos y juristas conservadores hacen sobre lo que consideran «derecho» o no.

Para muestra, un botón. El matrimonio es un derecho civil que se le niega a las personas LGTBIQ+ con base a una prohibición que los diputados impusieron de acuerdo con sus creencias religiosas, lo que no solo es un ejemplo de cómo se permite a la religión dominar a un pueblo, sino también una fuerte contradicción de estos que dicen que nos respetan pero no nos consideran como iguales, porque, de hacerlo, no tendríamos que tener las limitantes que las personas heterosexuales no tienen.

Existen otras expresiones de la institucionalización; por ejemplo, prohibir a las personas LGTBIQ+ expresar afectos en la calle, colegios, en los diferentes medios de comunicación, arte y deporte y permitir la exclusión y estigmatización de parte de empresarios, programas de TV, etc., dependiendo del contexto.

No existe ninguna ley o política a favor de la diversidad sexual en Honduras, cosa que sí sucede con la mayoría de otros grupos en situación de vulnerabilidad. El borrador de la Ley de Igualdad y Equidad y la de Identidad de Género siguen sin pasar al pleno legislativo y, de hacerlo, se enfrenta a un monólogo conservador en colectividad que se impone y dice que «no» porque es «ideología de género». La misma pantomima, no quieren igualdad de derechos para todas las personas.

Tampoco se penalizan los crímenes de odio y mucho menos las mal llamadas «terapias de conversión», que de terapia no tienen nada, son una amenaza para la salud emocional de infancias diversas y promueven la mentira de que estamos «enfermos». Parece que la retórica «pro-vida» que tanto manejan muchos nacionalistas, seguidores de Nasralla y algunos liberales queda en suspenso, no somos concebidos como personas en todo el ejercicio de la palabra ni tampoco respetan nuestras afectividades y disidencias.

Los próximos dos años, al ser las elecciones primarias y generales respectivamente, empieza la guerra mediática contra quienes defienden a las personas LGTBIQ+, no nos extrañará si algunos candidatos utilizan la diversidad para denigrar y negarnos derechos como forma de ganar votos del sector conservador; debemos posicionarnos y no apoyar retóricas de odio, no solo por nosotros, sino por nuestros familiares, amistades y próximas generaciones, no necesitamos un Honduras que siga excluyendo y marginando.

Con el movimiento de padres de familia conservadores en San Pedro Sula, que se opone a la Ley de Educación Sexual Integral que recién se ha aprobado en el Congreso, en gran medida por el odio de estos hacia el reconocimiento de sexualidades no heteronormativas y las continuas marchas de iglesias evangélicas contra nuestro derecho a casarnos y fomentando una cultura que nos patologiza y coacciona a una conversión ficticia; se deja en claro que toda la estructura que nos niega como sujetos de derecho sigue vigente y con la mayor fuerza posible.

Nos queda una importante lección: se necesita desmantelar esta institucionalidad discriminatoria, adoptar leyes a favor de nuestros derechos y una juventud educada en el respeto y la inclusión, esto romperá el eslabón de la cadena que se niega a construir una sociedad plena en la que todos, todas y todes valgamos lo mismo y convivamos en paz.

A todas esas personas que con excusas pseudobiológicas y basadas en la fé para censurarnos y seguir exigiendo al estado no reconocernos como seres iguales a ustedes, les tengo un mensaje claro:

No pedimos la salvación de pecados creados en el umbral del egoísmo cultural.

Queremos ser felices en el poco tiempo de nuestra vida terrenal, porque nuestros corazones siempre han sabido lo que somos y lo que deseamos, en una sociedad que se cree con el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y emociones.

Al final, no importa qué tanto discurso religioso profano se levante con disfraz de biología, existimos y siempre lo haremos.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, despertó esperanzas en las instituciones encargadas de cuidar a la niñez hondureña, pero la mala gerencia de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), apagó esa ilusión. Con el cierre de las casas hogar en el 2014 manejadas por el Estado, los menores pasaron a vivir a casas hogares dirigidas por ONG que asumieron la responsabilidad que le compete al Gobierno, el cual no cuenta con un censo para saber cuántos niños están bajo su custodia.

Fotografía y texto: Amílcar Izaguirre

Andrea Sandoval fue víctima de violación por miembros de su familia desde que tenía cuatro años, en ese entonces vivía en la casa de su abuela. A su padre lo mataron cuando ella tenía tres años y su madre no pudo cuidarla y eso la llevó a vivir en las calles de San Pedro Sula. Debido a los abusos, Andrea abandonó a su familia cuando solo tenía 7 años y buscó protección en la casa de una vecina, pero ahí los abusos continuaron.

La jóven recuerda que por unos días se fue a vivir a la Casa Corazón de la Misericordia, un hogar de asistencia que se dedica a cuidar a personas con VIH, porque le quedaba enfrente de la casa de su abuela en la colonia Perfecto Vázquez, de San Pedro Sula. Al descubrir su situación, el antes llamado Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), llegó a rescatarla y la llevó a vivir a El Edén, un centro del menor ubicado en el barrio Medina en la misma ciudad.

Si bien el caso de Andrea ocurrió a finales del año 2000, la niñez sigue siendo tan vulnerable como entonces. En el 2022, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), publicó un estudio sobre el Índice de Impunidad y Respuesta Institucional Ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras, que abarca el periodo comprendido entre 2016 y 2020. En ese tiempo se registraron en Honduras 8,945 denuncias por abuso sexual a menores de las cuales, 7,832 se cometieron contra niñas y 1,099 contra niños.

De esos casos, el 52% se cometió contra niños y niñas en edades de entre 12 a 15 años. El 83.74% de estos casos quedaron en la impunidad y cerca del 90% de los abusos provinieron de familiares. Cortés, ocupó en ese período el segundo lugar con 1,151 denuncias superado por Francisco Morazán con 2,038 casos denunciados.

Suyapa Sabillón, quien ha trabajado con la niñez por más de 20 años, dijo en una entrevista a Contracorriente que en Honduras hay entre 5 mil a 8 mil menores viviendo en casas hogares ahora conocidas como Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativos (IRCA). Según la abogada, hay más de 3,000 IRCA inscritas en la Secretaría de Gobernación, entre ellas hay casas hogares, comedores infantiles y albergues. Se tiene conocimiento de que al menos 200 casas hogares están funcionando, las demás existen formalmente pero que no prestan ningún servicio aunque sí reciben dinero de instituciones benéficas utilizando a los niños y niñas para lucrarse.

Las IRCA son regidas por el Ministerio de Gobernación, aunque debería ser la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) la que las controle ya que a esta dirección le corresponde rectorar la niñez; sin embargo, éstas se le han ido de las manos. «Aquí cualquiera puede ser dueño de una casa hogar debido a la gran necesidad que tienen los niños porque el Estado dejó de hacerse cargo de ellos, esa responsabilidad se pasó a las ONG», comentó Sabillón.

La abogada Sabillón y Andrea tienen en común, y es que ambas vivieron en casas hogares y padecieron maltratos similares; por esa razón, Suyapa trabaja desde hace 20 años por la niñez en Honduras. En mayo de este año regresó a la casa hogar de la cual salió y constató que la atención que reciben los niños en ese lugar es un desastre, dijo que de ese centro se han reportado varios casos de violación, pero que cuando llegan los de la DINAF a supervisar no hacen nada o ven los casos por encima.

En esa casa hogar, una niña le comentó a Suyapa que les toca almorzar a las tres de la tarde y no vuelven a comer hasta el día siguiente. «La comida en esa casa hogar es de tan mala calidad que le aseguro que comen mejor los privados de libertad de la Tolva que esos niños» explicó Sabillón.

Una situación similar vivió Andrea en los hogares El Edén y Nueva Esperanza. Ella contó que ahí solo comían dos veces al día y que para dormir tenía que compartir un camarote con otras niñas. Andrea recordó esos hogares como una cárcel de la cual querían salir. Ella miró cómo algunos se caían del muro perimetral tratando de escapar porque no soportaban estar en esos espacios; varios sufrieron fracturas en sus intentos de huir de ese lugar.

Ante las múltiples denuncias en contra de la DINAF por supuestos actos de corrupción en contra de la niñez, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes, y sus Derechos (Coiproden), hizo un pronunciamiento para exigir al Ministerio Público que realice las investigaciones del caso y exhortó a la Dinaf que cumpla con su función. Entre otros puntos, la Coiproden le pidió a la presidenta Xiomara Castro convocar de urgencia al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de los Niños y la Adolescencia para atender esta situación.

Dulce Villanueva, quien fungía como directora de la DINAF, puso la renuncia después de que se filtraran audios exigiendo 5000 lempiras mensuales a una empleada de esta dependencia a cambio de un aumento de 15 mil lempiras. Días atrás, César Silva, periodista de UNE TV, denunció que Villanueva había recibido dinero por entregar en adopción a menores de edad que estaban a cargo de esta dirección. La presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de twitter, nombró como nueva directora de la DINAF a Lizzeth Normandina Coello Gómez, quien asumirá el cargo el próximo 15 de junio.

María Iris Ríos, directora de la fundación Amor y Vida que tiene a su cargo 33 menores con VIH, dijo que pensó que con la llegada Xiomara Castro, las cosas cambiarían para la niñez hondureña. Además, una de las 22 promesas que hizo en la toma de posición fue que la niñez y la juventud tendrán un lugar de atención precisa en su gobierno. María dijo que no fue así, que al contrario, en la administración de Dulce Villanueva la DINAF tuvo la intención de cerrar ese centro en venganza por las denuncias que María hizo en contra de esta Dirección por la falta de cuidado hacia la niñez.

En el 2021, Maria recibió una llamada de la DINAF en la que le solicitaron ayuda para una niña de tres días de nacida que dio positivo de VIH. La recién nacida fue abandonada en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Durante 11 meses cuidaron de la niña y a un mes de la celebración de su primer año, personal de la DINAF pidió que le entregaran a la menor porque una familia quería adoptarla junto con sus dos hermanos mayores que se encontraban asignados a otra casa hogar.

Según María, los niños fueron entregados a la familia que los pidió en adopción sin que la DINAF hiciera el proceso adecuado y los exámenes correspondientes del estado de salud de los menores y cuando estaban en su nuevo hogar pues los niños presentaron indicios de haber recibido abusos en la casa hogar de donde venían antes de la adopción, ante eso, la DINAF volvió a tener la custodia de los menores.

«Cuando un niño llega a una casa de paso de la DINAF, es la peor desgracia que le puede pasar, eso lo sabemos todos los que cuidamos niños en este país. Por eso fui al DINAF para que me regresaran la niña porque me sentía con derecho por haberla cuidado por siete meses, pero me dijeron que yo no tenía el derecho reclamar», aseguró María.

Un refugio para la niñez

Christof Wittwer, de origen suizo, y la hondureña Betulia Bautista, dirigen el albergue para niños y niñas «El Refugio» que ha atendido al menos a 350 menores en un periodo de 30 años.

Después de haber pasado por carencias y maltratos, fue en este hogar donde finalmente Andrea encontró tranquilidad y protección. Ella contó que desde que llegó a este centro la vida le cambió porque, a diferencia de los hogares que manejaba el Estado, este sí cuenta con una alimentación balanceada, una escuela primaria y, además, el centro paga un colegio privado para que puedan terminar la secundaria, algunos se han graduado de la universidad.

Wittwer comenzó a interesarse en la niñez en 1993 con un comedor infantil de la colonia Sandoval, en San Pedro Sula. Luego de registrar el centro como un albergue se trasladó en 1997 a la colonia Ticamaya de Choloma. El Refugio se sostiene con fondos de una fundación suiza y también buscan apoyo de empresas amigas que ayudan con alimento e insumos. La participación del Estado en este albergue se limita a rectorar y supervisar el proyecto a través de la DINAF, que también se encarga de hacer el trámite para el ingreso a este centro.

La DINAF es la institución rectora de la niñez, pero son las casas hogares quienes atienden a los niños, dijo Chistof. Cuando llega un menor a medianoche los llaman a ellos para que lo reciban. «La niñez nunca ha sido prioridad para ningún Gobierno, pero ahora es tan extremo que [el Gobierno] no tiene ni siquiera una cama para recibir a los niños» comentó.

Patricia Colindres, encargada de políticas públicas de la regional norte de la DINAF, dijo que en San Pedro Sula hay un estimado de 200 menores alojados en 44 Casas Hogares. No pueden atender a aquellos menores que piden y trabajan en las calles porque no tienen un vehículo para salir a buscarlos. «Cuando viene un menor por la noche nos toca quedarnos con él en las oficinas mientras llegamos a un acuerdo con alguna casa hogar porque no contamos con una casa de paso», comentó

«A nivel nacional hay unas 28 casas hogares a las cuales el DINAF, les da 5 mil lempiras por cada niño y 7 mil lempiras si el menor ocupa un tratamiento o medicamento especial» comentó Suyapa Sabillón. En San Pedro Sula hay unas 20 madres solidarias que prestan el servicio gratuito de cuidar a un niño o niña; algunas de ellas llevan hasta diez años haciéndolo y continúan porque ya crearon un vínculo familiar y separarlos crearía un problema. «Imagínese cuánto se ahorraría el DINAF si tuviera sus propias casas de hogar» comentó Patricia Colindres.

El Sistema Integral de Garantías de Derecho de la Niñez y la Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), trabaja a nivel de las municipalidades en conjunto con la Secretaría de Salud y Educación, pero su funcionamiento depende de la voluntad de los alcaldes. Según comentó Patricia, en San Pedro Sula este sistema no está funcionando debido a una división de partidos políticos que hay entre la Alcaldía y la Oficina Municipal de la Mujer.

A pesar de la indiferencia del Estado, Andrea terminó la primaria y se graduó de bachillerato en Computación y Ciencias y Letras con la ayuda de El Refugio. Ahora vive en la colonia La Sabana de San Manuel, Cortés, con su esposo y su hijo. No olvida el lugar de donde salió ni las personas que le ayudaron a salir adelante y cada vez que puede regresa al albergue con comida para compartir con los niños y niñas del albergue.

En el albergue El Refugio se atiende a unos 74 menores en edades de 4 a 18 años. En la foto, un grupo de niñas juegan en los columpios ubicados en el albergue. CC/Amilcar Izaguírre
En el albergue El Refugio se atiende a unos 74 menores en edades de 4 a 18 años. En la foto, un grupo de niñas juegan en los columpios ubicados en el albergue. CC/Amilcar Izaguírre

Christof y Betulia tienen claro el proceso para integrar a las niñas y niños que atienden a la sociedad cuando sean adultos, contrario al Estado que cada día se aleja más de ese ideal. «Ver a un niño salir adelante nos inspira y nos impulsa a seguir con nuestro trabajo; cada niño tiene un gran potencial y solo necesita un poco de apoyo. Acá somos una familia y existe una conexión familiar entre ellos y nosotros, este trabajo se debe hacer por amor y con amor. Sabemos que es bien difícil llenar el vacío de un padre y una madre, pero acá tratamos de llenar ese espacio» comentó Betulia.

Mientras las ONG siguen recibiendo a miles de niños y niñas vulnerados en sus derechos, como Andrea, estas organizaciones demandan ayuda del Estado. Christof dice que no espera que el Gobierno le pague, pero al menos este debería apoyarles dándoles preferencia en las instituciones públicas como el Registro Nacional de las Persona, hospitales públicos o con el pago del recibo de la energía eléctrica.

El 24 de abril de 2023, el Poder Ejecutivo emitió el decreto de creación del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), que asume la responsabilidad de «construcción, administración, operación y explotación de aeródromos y aeropuertos civiles, nacionales e internacionales». El secretario ejecutivo del SAN, Ricardo Martínez, señaló la posibilidad de iniciar procesos legales en contra de Palmerola International Airport, propiedad del empresario Lenir Pérez. El objetivo planteado por el Gobierno es recuperar la gestión del aeropuerto de Toncontín y del Aeropuerto Internacional Palmerola.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera

El 15 de octubre de 2021, el expresidente Juan Orlando Hernández y el empresario Lenir Pérez inauguraron el nuevo y costoso Aeropuerto Internacional Palmerola, una obra que tenía que concluirse en 2019 y que se otorgó en marzo de 2016 a la empresa Palmerola International Airport (PIA) de la que Pérez es propietario.

Al momento de la inauguración, la terminal todavía se encontraba incompleta. El evento sirvió como una especie de despedida para el gobierno de Hernández, cuestionado por sus actos de corrupción y sus relaciones con el crimen organizado. Hernández finalmente logró entregar esta obra que pretendía ser una de las más emblemáticas de su administración.

Tras ganar las elecciones en diciembre de 2021, la presidenta electa Xiomara Castro se sumó a los múltiples cuestionamientos por la falta de conclusión del nuevo aeropuerto pronunciándose en Twitter sobre la concesión del aeropuerto Palmerola, y apuntó que el contrato otorgado a PIA era ilegal por lo que anunció que sería revisado y modificado.

En enero de 2023, Contracorriente encontró que, desde junio del 2020, el empresario Lenir Pérez comenzó a utilizar frecuentemente los servicios profesionales de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero Morris, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y persona de confianza de la familia Zelaya-Castro.

El 24 de abril de 2023, la presidenta Xiomara Castro, en Consejo de Ministros, emitió un decreto ejecutivo para crear el SAN adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con el que se retomaría el control de los aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, incluyendo el aeropuerto Toncontín —operado actualmente por PIA— con lo que se reactivarán los vuelos en la región centroamericana desde esta terminal.

Ricardo Martínez, secretario ejecutivo del SAN, dijo que buscarán tomar el control estatal del aeropuerto Palmerola, una concesión de alianza público-privado a la que le restan 28 años de contrato.

Aviones comerciales llegando al Aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Foto CC/Jorge Cabrera
Aviones comerciales llegando al Aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Foto CC/Jorge Cabrera

Un posible conflicto legal entre el Estado y Palmerola International Airport

El decreto de creación del SAN estipula que el ente ejercerá su competencia en los aeropuertos Golosón (La Ceiba), Juan Manuel Gálvez (Roatán), Ramon Villeda Morales (San Pedro Sula) y Toncontín (Tegucigalpa); además de «cualquier otro aeropuerto internacional o aeródromo nacional que deba de ser administrado por el Estado». Hasta septiembre de 2020, los citados aeropuertos eran operados por la empresa InterAirports, beneficiaria de una concesión desde el año 2000.

Entre el 30 de junio de 2000 y el 28 de septiembre de 2020, la empresa InterAirports, subsidiaria del conglomerado Grupo Terra propiedad de Fredy Nasser —concuñado de Lenir Pérez— fue la encargada de la operación de dichos aeropuertos.

En 2019, el Congreso Nacional decretó que, ante el vencimiento de dicho contrato, PIA se haría cargo de la terminal aérea en Tegucigalpa y, en agosto de 2020, un decreto ejecutivo ordenó la formación de la sociedad mercantil denominada Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) para administrar el resto de las terminales citadas.

EHISA fue constituida por la Procuraduría General de la República en 2020 con la idea de integrar legalmente una sociedad mercantil anónima unipersonal, con exclusión de toda participación de capitales privados y con la finalidad de coadyuvar con el Estado en la administración y operación de los aeropuertos internacionales antes mencionados. Sin embargo, al no ser un ente estatal sino que una empresa, el gobierno de Xiomara Castro en el decreto de creación de la SAN la catalogó como «contraria a las prácticas de administración pública generalmente aceptadas».

El decreto emitido por el Congreso Nacional el 7 de agosto de 2020 para la operación de Toncontín, establece que «es recomendable otorgar la operación y mantenimiento del Aeropuerto de Toncontín y sus áreas afectas para vuelos nacionales, al Concesionario Palmerola International Airport hasta que finalice el plazo de Concesión de este último»; sin embargo, las nuevas autoridades del SAN aducen que el límite de esta concesión era noviembre de 2021, cuando Palmerola inició los vuelos internacionales, y no en 30 años cuando termine la concesión del aeropuerto Palmerola.

Ricardo Martínez explicó a Contracorriente que el principal objetivo es liquidar a la EHISA y, en ese contexto, tomar el control de los aeropuertos que esa empresa administra, y «posiblemente» Toncontín, porque, aunque el decreto lo menciona, los representantes de PIA insisten en que la concesión de Toncontín es por el mismo término por el que firmaron la concesión de Palmerola.

Martínez dijo a Contracorriente que la SIT tiene una clara intención de recuperar Toncontín para el funcionamiento de vuelos regionales, y que, si no se alcanza un acuerdo en la negociación con la empresa de Lenir Pérez para entregar la terminal aérea, tienen dos vías de salida: un conflicto legal o que el gobierno «simplemente tome lo que es suyo», es decir, expropiar.

Martínez también aseguró que un posible conflicto legal entre el Estado y PIA por la operación de Toncontín llevaría a que la empresa liderada por Lenir Pérez ponga en riesgo el contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola que se firmó en 2016 y aseguró que es «completamente leonino», ya que no genera beneficios al Estado de Honduras.

Sumado a las obras sin terminar, el presupuesto fue otro problema de este proyecto con el que se prometió convertir a Honduras en «el centro logístico de las Américas». El presupuesto original se disparó en más del 80 por ciento, según un informe de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas y, finalmente, superó los 200 millones de dólares.

Además, un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) planteó que el aeropuerto no traería beneficios económicos al país a corto plazo, ya que, si bien el concesionario empezará a pagar al Estado de Honduras un canon por concepto de la tarifa, existe la condición registrar anualmente 600,000 pasajeros internacionales. Según estimaciones de expertos consultados por Contracorriente, esto podría ocurrir pasados 10 o 15 años de los 35 que dura la concesión.

Martínez finalmente destacó que «queremos recuperar no solo Toncontín, sino que también Palmerola».
En ese sentido, en mayo de 2022, se conformó en el Congreso Nacional una comisión especial de diputados para revisar el contrato otorgado a PIA; sin embargo, hasta junio de 2023, no se ha presentado ningún informe al respecto.

En diciembre de 2022, Contracorriente abordó al diputado oficialista Jari Dixon, quien es parte de la comisión y dijo que el informe estaba terminado y que no sabía por qué el diputado Ramón Barrios, que lideraba la comisión, no lo había presentado.

Dixon declaró en aquel momento que si no se modifican aspectos del contrato otorgado a PIA se tendría que buscar la vía judicial para declararlo un contrato leonino y así disolverlo.

«El camino debería ser reducir las condiciones; por ejemplo, son 600 mil pasajeros para empezar a recibir algo de la concesión y eso no debería existir; el Estado ya debería estar recibiendo ganancias porque invirtió una cantidad enorme de dinero. La otra es quitarles la concesión de Toncontín para reabrir, y la tercera sería buscar declarar leonino el contrato, pero eso le corresponde al Ejecutivo; pero eso es lo que nosotros vamos a recomendar en el informe», apuntó el diputado Jari Dixon.

Contracorriente consultó a otros diputados integrantes de la comisión que revisó el contrato. En ese sentido, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, aseguró que, aunque el informe ya está concluido, no tiene la versión final y no ha sido presentado al pleno.

Por otro lado, Ramón Barrios, el diputado presidente de dicha comisión, explicó a Contracorriente que tendrán una última reunión en la primera semana de julio antes de presentar el informe final y apuntó que «faltan datos técnicos que no se pueden inventar, cualquiera puede dar un dictamen mal hecho, yo tengo criterios objetivos para presentarlo».

Fachada del Congreso Nacional de Honduras. Foto CC/Fernando Destephen
Fachada del Congreso Nacional de Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

Incertidumbre por inversiones privadas y públicas en el aeropuerto Palmerola

Aníbal Cálix, ex diputado del Partido Salvador de Honduras, dijo que la idea de quitar la concesión a PIA es «complicada en el aspecto legal porque un contrato como ese es difícil ya que, aunque el Estado haga todo a su disposición para eliminar la concesión, va a venir una demanda que nos va a dejar más pobres de lo que estamos».

Además, remarcó que también hay implicaciones geopolíticas por el control que tiene los Estados Unidos en la base militar de Palmerola.

Actualmente, existe incertidumbre sobre el posible impacto que las intenciones del gobierno de recuperar el aeropuerto de Palmerola podrían tener en las inversiones realizadas por la banca privada nacional. Un ejemplo es el caso de Banco Atlántida que, bajo la dirección de Guillermo Bueso, actuó como agente y estructurador de un préstamo de 163.5 millones de dólares otorgado a PIA por AFP Atlántida, Banco de Occidente, Banco Promerica, St. Georges Bank, Banco del País y el Banco de Desarrollo Rural.

Además, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) ha realizado una inversión significativa de casi 2 mil millones de lempiras, cuyo fin se tendría que esclarecer. La falta de certeza sobre el destino de estas inversiones agrega un elemento de incertidumbre en estas negociaciones.

Estas negociaciones se realizan en el contexto de los reportes internacionales del pasado 28 de abril en el que se difundió que el empresario Lenir Pérez, representante legal de la sociedad Palmerola International Airport, fue interrogado en su casa ubicada en Florida, Estados Unidos, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), una situación que generó muchas especulaciones e incertidumbre sobre las inversiones de Pérez en el país.

Erick Spears, director legal del grupo Emco —propiedad de Lenir Pérez—, aseguró a medios de comunicación que la investigación no estaba dirigida a Pérez, sino que era una investigación contra la multinacional Nucor y solo se había abordado al empresario hondureño por las relaciones comerciales que mantienen con la principal productora de acero de Estados Unidos. Lenir Pérez estableció una asociación con esa empresa para la explotación de una mina en la aldea Guapinol.

Contracorriente contactó a Spears para obtener una reacción sobre las intenciones del gobierno de obtener el control de Palmerola; sin embargo, hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.

Liquidación de EHISA y reactivación de vuelos en la región centroamericana

En el decreto de creación del SAN se justifica la formación de esta entidad debido a que la EHISA «se encuentra en una situación irregular y de paralización administrativa, poniendo en riesgo la administración gestión, operación, inversión y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos nacionales e internacionales de la República de Honduras».

Ahora todos los bienes y activos de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) se encuentran en proceso de transición para pasar al control del SAN que, según el decreto, tendrá como una de sus facultades «llevar a cabo, de conformidad con la ley, procesos para el otorgamiento de concesiones y permisos, así como autorizaciones en el ámbito de su competencia, verificar su cumplimiento y resolver en su caso, su modificación, terminación o revocación».

Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras y miembro del Consejo Superior Aeroportuario que será la instancia que defina las políticas del SAN, apuntó que revisaran toda la situación aeroportuaria del país, desde los aeródromos que se han construido, quién los administra y revisaran a mediano y corto plazo el reinicio de los vuelos regionales desde el aeropuerto Toncontín.

Sobre si la eliminación de la EHISA tiene que ver con actos de corrupción, Cálix apuntó que hasta el momento no tienen conocimiento, y aseguró que tiene que ver más con establecer una estructura más democrática en ese rubro de la administración pública.

Contracorriente consultó a Geovanny Rosa, exdirector de la EHISA, sobre la liquidación de ese ente; sin embargo, se limitó a decir que no tiene comentarios al respecto.

Finalmente, el exdiputado Aníbal Cálix dijo que, aunque la formación de un ente estatal para la administración de los aeropuertos puede ser positiva, la liquidación de instituciones del gobierno anterior como se ha venido realizando es problemática «por cómo se maneja la liquidación de las instituciones en este país que lo que hacemos es borrar todo, y después de que se liquida, la información se pierde y es difícil poder investigar actos de corrupción o las actuaciones administrativas de un órgano liquidado, entonces yo pensaría que debería ser otro procedimiento que se tiene que realizar», apuntó Aníbal Cálix.

Finalmente dijo que la acción de tomar el control de los aeropuertos del país confiere al gobierno de Xiomara Castro un gran poder y control sobre el sector económico y sirve de ficha de negociación con diversos grupos que podrían estar interesados en nuevos contratos relacionados a servicios aeroportuarios.

El 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, el Congreso Nacional aprobó la «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras», pero ésta aún no ha sido sancionada por la presidenta Xiomara Castro. El tema ha generado el rechazo de políticos conservadores y de algunos padres de familia. Ellos argumentan que su implementación «confundirá a los niños y niñas en cuanto a su identidad de género». El debate ha fortalecido al movimiento «provida» en contra del enfoque de género y de derechos humanos en la educación sexual en Honduras.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

«De los 10 a los 14 años, han parido 4,721 niñas hasta febrero de este año», dijo Sherly Arriaga, congresista del Partido Libre en una conferencia de prensa sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras». Con esa declaración, la diputada hizo referencia a los embarazos en adolescentes en Honduras, el segundo país con la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La Comisión de Género del Legislativo anunció que se elaborará el reglamento para la implementación de esta Ley. Sherly Arriaga, quien preside esta Comisión, citó cifras de la Secretaría de Salud (Sesal) relacionadas con el embarazo de niñas y adolescentes en Honduras. La explicación de la congresista se dio luego de una reunión con distintos sectores del país, entre ellos organizaciones feministas, pastores de iglesias, la academia y representantes de las secretarías de Salud y Educación.

Arriaga detalló que, entre el 2018 y el 2023, 142,227 niñas han quedado embarazas en Honduras y que, en lo que va del año 2023, han ocurrido 524 abortos de niñas en en el país. Además, la congresista agregó que en este mismo período han ocurrido 127,499 partos de niñas entre los 15 y 19 años.

La diputada sostuvo que en ese mismo período, Honduras registró 9,637 abortos en niñas. «Son cifras escalofriantes, ¿verdad?», cuestionó Sherly Arriaga.

Reunión de los diputados donde se planteó la aprobación de la ley de educación integral, la cual ya fue aprobada el 8 de marzo de 2023. Foto CC/Fernando Destephen
Reunión de los diputados donde se planteó la aprobación de la ley de educación integral, la cual ya fue aprobada el 8 de marzo de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

En un informe ejecutivo de esta Ley emitido por el Congreso Nacional, se señaló que la finalidad de esta normativa es «promover y garantizar la enseñanza de educación integral para la sexualidad basada en un enfoque de derechos» y además formar a docentes, padres de familia y cuidadores con las competencias adecuadas para disminuir la tasa de embarazos adolescentes, que es de 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años en Honduras.


También se explicó que la Ley no busca en ningún momento hablar sobre relaciones sexuales, orientación sexual o ideología de género y subrayaron que en esta legislación se busca reconocer el rol de las familias y los maestros en la vida de los y las educandas.

Aunque la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras ya fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, su discusión y rechazo ha trascendido a otros espacios de la sociedad hondureña. Uno de sus principales opositores ha sido el movimiento «Por Mis Hijos» también conocido por su campaña «Con Mis Hijos No Te Metas».

Este movimiento «provida», es decir, que está en contra del aborto y otras causas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tiene como finalidad detener la implementación de esta Ley en las escuelas, colegios y universidades.

Estudiantes del centro estudiantil Milla Selva cruzan frente a un mural de prevención de la violencia. Foto CC/Jorge Cabrera
Estudiantes del centro estudiantil Milla Selva cruzan frente a un mural de prevención de la violencia. Foto CC/Jorge Cabrera

«Por Mis Hijos»: un movimiento en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

David Andrade, fundador del grupo «provida» Generación Celeste —el cual también forma parte del movimiento Por Mis Hijos— explicó a Contracorriente que este movimiento ya existía previo a la aprobación de la Ley de Educación Integral, pero que a raíz de su aprobación se ha fortalecido a nivel nacional.

«Hemos tenido decenas de horas de reuniones para estudiar el tema y cómo íbamos a reaccionar y quiero decirle que, en lo que llevo de vida, nunca había visto un movimiento que creciera tan rápido, de manera natural, y sin financiamiento de una organización poderosa detrás de nosotros. Esto [el movimiento Por Mis Hijos] han sido padres y madres de familia de a pie que nos hemos organizado porque entendemos que el riesgo sobre nuestros hijos es mayúsculo», indica el activista provida.

Para Andrade, la implementación de esta Ley significa «corromper» los valores tradicionales de la familia y es una invitación a que el Estado intervenga en la crianza de los niños y niñas en los hogares. Los padres que forman parte de este movimiento se han organizado para recolectar firmas en contra de esta Ley en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y también han protestado en rechazo a su implementación.

Otra de las preocupaciones de los activistas «provida» es que esta Ley no fue socializada con padres de familia ni con el sector magisterial previo a su aprobación, sino que mas bien fue consultada con «lobbys Lgtbiq+ quienes están siendo utilizados por la ONU y por los gobiernos para entrar en conflicto con la familia».

La Comisión de Género del Congreso Nacional realizó una conferencia para hablar sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente», la cual fue aprobada el pasado 8 de marzo. Foto CC/ Jorge Cabrera.
La Comisión de Género del Congreso Nacional realizó una conferencia para hablar sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente», la cual fue aprobada el pasado 8 de marzo. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Ante esto, Andrade aseguró que no se sumarán a la creación del reglamento de esta Ley, aun cuando en la conferencia de prensa se invitó a los sectores disidentes de la misma a formar parte de esto, debido a que «no serán utilizados para blanquear esta Ley».

«Esta ley nació torcida y no, no nos van a utilizar a nosotros para blanquear esta ley porque nació mal. Hay que demoler esta ley y llamamos a la señora presidente (sic) a que nos convoque a padres de familia y al magisterio a redactar una nueva ley sin la participación de la ONU», manifestó David Andrade.

La licenciada Ana Miriam López, docente y quien además dirigirá el proceso para la construcción de reformas curriculares para la implementación de la Ley de Educación Integral, indicó que, aunque ya se haya aprobado esta Ley, en la Secretaría de Educación tienen el propósito de integrar a todos los sectores para la construcción de contenidos curriculares diseñados para todos los niveles educativos y que a medida se vaya creando el reglamento se podrán despejar todas las inquietudes acerca de esta normativa.

«Abrimos el espacio para que ellos [los movimientos «provida»] participen, vean y garanticen que no estamos promoviendo agendas de otro tipo que no sea el de respetar los derechos de nuestras niñas y niñas en nuestro país, independientemente de su ideología y también religiosidad, los maestros tendrán que acatar este reglamento», indicó la licenciada a Contracorriente.

López también descarta que el tema de «ideología de género» sea algo que esté contemplado en la implementación de esta Ley y desmintió que se estén compartiendo formularios o se esté preguntando a los niños en las escuelas acerca de su identidad de género cuando hasta este momento se empezará a diseñar el reglamento que se aplicará en el sistema educativo.

Educación sexual también para educadores

La doctora Lizeth Coello, coordinadora de proyectos en la Red de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) y quien fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro como directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), opina que, si bien la salud sexual de los niños y niñas es responsabilidad de las familias , el Estado debe garantizar su bienestar y garantizar espacios seguros para informar a la niñez sobre estos temas.

En este sentido, la doctora Coello explicó a Contracorriente que en ocasiones los niños y niñas no reciben información correcta respecto a temas de salud sexual y reproductiva; más bien, en algunos casos, los conceptos que ellos tienen están distorsionados al crecer en familias disfuncionales, en las que el abandono de padres y madres o posibles entornos violentos hacen que los niños y niñas no crezcan con la información adecuada sobre esto.

Coello también mencionó que los docentes deben estar bien capacitados para que no repliquen conductas inapropiadas referentes a niñas y a niños. Sobre esto, ella aclara que es importante que se preste atención al tipo de música o bailes que se reproducen en las escuelas, debido a que es por estos medios por los que los niños pueden tener un concepto erróneo sobre la sexualidad.

A diario muchas adolescentes buscan ser atendidas en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera
A diario muchas adolescentes buscan ser atendidas en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera

«Por ejemplo, en actos que hace la escuela, los maestros están permitiendo que niñas dentro de los actos bailen o hagan actuaciones inapropiadas con música que tiene una letra espantosa respecto a la sexualidad en donde se objetiviza(sic) a la mujer. La educación sexual y reproductiva, reitero, pasa también por asegurar docentes con una educación sexual; no sólo es focalizarse en los niños sino también desarrollar estrategias para los docentes», indicó Lizeth Coello.

Además, la experta en temas de niñez asegura que, si bien los religiosos y las iglesias tienen un papel importante en la sociedad hondureña, estas deben de recordar que Honduras es un estado laico y que no deben de interferir cuando el Estado está intentando implementar una política de educación sexual. La doctora también indicó que, aunque los sectores conservadores en Honduras muestren rechazo hacia el uso de la Pastilla Anticonceptivo de Emergencia (PAE) esto es algo necesario para prevenir embarazos en niñas y adolescentes.

En el Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto en el cual ordenó el uso libre y legal de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como su venta y distribución. La prohibición de esta pastilla estuvo vigente por más de 10 años en Honduras.

«[El uso de la PAE] es una muestra de que realmente tenemos interés en apoyar y proteger a las mujeres que son víctimas de abusos y de violencia sexual. Por eso es también importante la educación sexual, porque debemos comprender y madurar que el tema de las relaciones sexuales debe de afrontarse con responsabilidad, seriedad científica y metodología académica, por eso, la aprobación de esta Ley debe de generar un proceso de reflexión, de análisis, y, sobre todo, de oportunidad para que la mujer decida sobre su accionar después de un abuso sexual», destacó la doctora.

¿Cómo ha sido el abordaje de estos temas?

Para Tatiana Lara, directora del programa presidencial Ciudad Mujer, la aprobación de la Ley de Educación Integral representa un avance importante para prevenir los embarazos en adolescentes. Desde 2017 hasta finales de marzo de 2023, el programa Ciudad Mujer ha atendido a 3,572 adolescentes embarazadas a nivel nacional, según información de este programa proporcionada a Contracorriente.

Con la implementación de esta Ley, Lara asegura que esto podría acercar más a las estudiantes de colegios que quieran informarse más sobre el tema de salud sexual y se podría ampliar la cobertura que ya tienen en su oferta de servicios.

Sin embargo, para Marcela Molina, jefa del Departamento de Orientación del Instituto Jesús Milla Selva, aún no se tiene certeza si esto ayudará a prevenir los embarazos en adolescentes, y aseguró que primero hay que dar tiempo y experimentar con la implementación de la Ley.

En Honduras ya es legal la compra de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) luego de que la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto para permitir el uso, venta y distribución de la misma. Foto CC/Jorge Cabrera
En Honduras ya es legal la compra de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) luego de que la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto para permitir el uso, venta y distribución de la misma. Foto CC/Jorge Cabrera

Molina destacó que, antes de la aprobación de esta Ley, en el instituto ya se impartían clases de educación sexual, pues consideran primordial que los niños, niñas y adolescentes conozcan sobre salud sexual considerando que mediante las redes sociales pueden informarse de forma errónea sobre estos temas.

«Lo que hacemos es prevenir al joven para que no arruine su vida desde muy pequeño porque ellos ahora tienen información pero de forma errónea a través de redes sociales como Facebook o Instagram. Lo que nosotros pretendemos como institución es que a los niños les llegue la información de una forma eficaz para prevención de embarazos a temprana edad», explicó la orientadora.

Además, la docente destacó que, hasta el momento, no han tenido problemas con los padres de familia a la hora de hablar de estos temas y que como docentes están obligados a informar a los niños y niñas sobre temas de salud sexual, lo que vendría a reformarse con la implementación de esta Ley.

La propuesta del «Día del Niño No Nacido» y un enfoque antiderechos

Una de las primeras personas en posicionarse en contra de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras fue Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional, quien aseguró al momento de la aprobación de esta Ley que esta no había sido debidamente consultada y que además se había introducido en la agenda sin el conocimiento de todos los congresistas en la cámara legislativa.

Sin embargo, Edgardo Casaña, diputado por el Partido Libre y presidente de la Comisión de Educación, aseguró en conferencia de prensa sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras» y que los principales opositores a esta Ley en el Congreso Nacional decidieron no participar en la discusión de la misma cuando fue aprobada.

«No cuestionaron nada de la Ley y entonces el tema se volvió religioso, ideológico y se volvió politiquería barata. Nunca hubo hubo alusión a lo que esa Ley establece», destacó el congresista de Libre.

Semanas después de la discusión de esta Ley, el 25 de marzo, la congresista por el Partido Nacional, quien se reconoce como abanderada de la familia tradicional y conservadora, introdujo el anteproyecto de Ley para declarar ese día como el «Día del Niño No Nacido», algo que ya es conmemorado en otros países por grupos «provida».

Bermúdez, quien además es doctora de profesión, explicó a Contracorriente que esta iniciativa nace con la finalidad de «salvar vidas», contrario a la finalidad de la Ley de Educación Integral, la cual, según esta congresista, busca confundir y «hacer creer a los niños que tienen vulva y a las niñas que tienen pene».

«Si usted me pregunta a mí, y se lo voy a decir como madre de familia, yo creo que en Honduras no se ocupan más leyes para prevenir el embarazo adolescente; lo que necesitamos es un país seguro, un país con oportunidades, un país donde la educación sea equitativa e igualitaria para todos», argumentó la diputada Bermúdez.

Con la aprobación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras intentan prevenir los embarazos no deseados y difundir el conocimiento del uso de los métodos anticonceptivos. Foto CC/Jorge Cabrera
Con la aprobación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras intentan prevenir los embarazos no deseados y difundir el conocimiento del uso de los métodos anticonceptivos. Foto CC/Jorge Cabrera

En esto coincide el activista «provida» David Andrade, fundador de la organización Generación Celeste, quien insiste en que la educación sexual no debe estar orientada a genero ni derechos humanos, sino más bien a «asumir responsabilidades».

«La gente que sale adelante y la que prospera no lo hace a base de reclamar derechos, lo hace a base de asumir responsabilidades. El enfoque de derechos es muy aguado y es una trampa. Nuestra perspectiva es la responsabilidad y el autocontrol», indica Andrade.

David Andrade, también es director de un programa en el occidente de Honduras llamado «Atrévete». Este programa, según explica su director, está orientado en formar liderazgos y, de esta manera reducir los embarazos adolescentes. El programa nació en el municipio de Gracias, Lempira, en 2010. Ahora, según Andrade, trabajan en el departamento de Olancho y en Choluteca.

Andrade aseguró que Atrévete está financiado principalmente por la iglesia Vida Abundante y la organización estadounidense Marvelous Ways International. Sin embargo, David Andrade dijo que, a pesar del apoyo de una iglesia evangélica, su estrategia para prevenir los embarazos adolescentes no está enfocada en lo religioso.

Para el pastor José Gerardo Irías, la decisión de aprobar esta Ley va más allá de prevenir los embarazos en adolescentes, y está más bien enfocada en «atentar contra los principios bíblicos y morales». Además, el religioso opinó que, en vez de impartir educación sexual en las escuelas y colegios, se debería de invertir en educar por medio de televisión a los niños y niñas sobre estos temas, y también debería de implementarse la lectura de la biblia en los centros de enseñanza.

«Hemos pedido desde 1987 que se apruebe el Día Nacional de la Biblia, pero los diputados y las maestras no están de acuerdo porque dicen que eso atenta contra los principios de los niños, ¿Pero sí están de acuerdo en que se aprueben leyes que atentan contra los principios morales de nuestros niños? La biblia es el libro más leído a nivel mundial y el que ha transformado a drogadictos, borrachos, homosexuales, el que ha ayudado a gente que estaba a punto de destruir su matrimonio, la Palabra es la única que puede restaurar a nuestra Honduras», manifestó el pastor Irías a Contracorriente.

Pese a sus declaraciones, el pastor José Irías aseguró no estar en contra de las personas Lgtbiq+; en su lugar, aseguró que «muchos de ellos asisten a sus iglesias» y también afirmó que sus derechos deben reconocerse en Honduras.

«En ningún momento nosotros tenemos algo en contra de ellos [personas Lgtbiq+], los amamos, pero tenemos que ser contundentes y muy claros en decirles a dónde van, si a ellos les tocara morir pues nosotros creemos en salvar el alma, no otra cosa», indicó el religioso.

La Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras intenta prevenir el embarazo adolescente. Foto CC/Jorge Cabrera
La Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras intenta prevenir el embarazo adolescente. Foto CC/Jorge Cabrera

Previo a las elecciones generales de 2021, Contracorriente desarrolló un análisis sobre la confesión religiosa de los políticos antes de que iniciaran los comicios electorales. Según este análisis —el cual surgió a partir de encuestas realizadas en la plataforma ¿A Quién Elijo? —, la confesión religiosa en los políticos influye en sus posturas sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El análisis realizado por este medio constató que, de los candidatos y candidatas encuestados que dijeron pertenecer a la religión evangélica, el 57% se posicionó en contra del aborto por las tres causales. En cambio, de los entonces aspirantes a un cargo a nivel de alcaldía, diputación o a nivel presidencial que no se identificaban con ninguna religión, el 68% estuvo de acuerdo con la legalización del aborto por las tres causales.

Además, el último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) señaló que, si bien desde el Poder Ejecutivo se han realizado acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, éstas continúan enfrentando barreras en el ejercicio de sus derechos en el ámbito público y privado, entre ellas, la penalización de la interrupción del embarazo.

Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, quien ha sido señalado por medios de comunicación de su país y por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Gobierno de El Salvador

El pasado 3 de junio de 2023, Héctor Zelaya, secretario de la presidencia e hijo de la presidenta Xiomara Castro, recibió en Casa Presidencial a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. La reunión podría pasar desapercibida en el contexto político de ambos países; sin embargo, es relevante cuando se analizan los perfiles de las dos personas mencionadas.

Zelaya, a pesar de no tener un nombramiento como tal, ha cumplido labores de funcionario al participar en reuniones de alto nivel con empresarios y otros sectores. Por el puesto que ocupa y por su relación familiar, es una figura con poder en el actual Gobierno. Carlos Marroquín, por otro lado, ha sido señalado en diversas investigaciones de medios salvadoreños como el enlace del Gobierno de Bukele en supuestas negociaciones con las pandillas, antes de que el presidente Bukele, declarara —al igual que lo hicieron sus antecesores— la guerra a estas organizaciones. Además, Marroquín fue incluido en la Lista Magnitsky de los Estados Unidos por sus tratos con cabecillas de la Mara MS-13 y el Barrio 18.

La cuenta de redes sociales de la dirección del Reconstrucción del Tejido Social —dedicada al trabajo con jóvenes para la prevención de violencia— publicó el pasado 3 de junio un mensaje en el que destacó que al trabajar en equipo se pueden lograr avances significativos para construir un futuro próspero y equitativo «para todos los ciudadanos de ambas naciones» refiriéndose a Honduras y El Salvador.

Asimismo, la oficina de Reconstrucción del Tejido Social explicó que la reunión tuvo como objetivo que el secretario privado de la Presidenta conociera el proyecto de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que se encuentra en la fase dos del plan de control territorial impulsado por Nayib Bukele y bajo el cual El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 22 de marzo de 2022.

Bukele dirige un gobierno con cerca del 90 % de aceptación popular después de cuatro años en la silla presidencial. Estas cifras lo ubican como un político exitoso delante sus pares y pues más de alguno de ellos intentará copiar la fórmula del éxito de Bukele. La administración de Xiomara Castro ha dado algunas señales de ese esfuerzo por emular algunas prácticas de Bukele.

Por ejemplo, el mandatario salvadoreño hizo mediático el arte de gobernar desde su cuenta de Twitter, donde ha girado órdenes para ejecutar acciones públicas, como despedir empleados, reparar infraestructura y hasta cambiar la organización política y administrativa del país. Y por supuesto, el ministro o funcionario emplazado responde inmediatamente con una frase estándar: «A la orden presidente». Pues en Honduras, la presidenta Castro ha utilizado el mismo método, por ejemplo, cuando indicó a la Cancillería de la República iniciar los acercamientos para abrir relaciones diplomáticas con China y el canciller Enrique Reina respondió con inmediato cumplimiento a la orden.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo en televisión nacional que estaba analizando copiar algunas medidas del plan de control territorial impulsado por Bukele. Aunque la doctora expuso su admiración por el espíritu del presidente salvadoreño para dar seguridad, también mencionó que no comparte «la represión de derechos humanos totales». Villanueva fue designada por la presidenta Xiomara Castro para restablecer el orden en los centros penales luego de que el 8 de abril de 2023 hubo cuatro amotinamientos simultáneos en las cárceles hondureñas de Santa Bárbara, El Porvenir, Támara y Morocelí.

En la página de la presidencia de El Salvador se indicó que CUBO conlleva acciones de prevención dirigidas a zonas vulnerables en las que se intenta recuperar espacios para los niños y jóvenes. «Una de las principales prioridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele es la juventud salvadoreña, por lo que está facilitando espacios con los CUBO que les permitan el desarrollo de sus habilidades, destrezas y conocimientos», describen.

Los CUBO son parte del Plan de Control Territorial que comenzó en 2019 y que quiere copiar la viceministra Julissa Villanueva. Son lugares donde, según la web presidencial «los niños y jóvenes son capacitados en cursos de diseño gráfico, inglés, italiano, voleibol, lecto escritura, computación, ajedrez básico, lenguaje de señas salvadoreñas (LESSA) básico I y II e introducción al náhuatl» lengua indígena que sobrevive en aproximadamente un millón de hablantes ubicados especialmente en México. Con esto, el Gobierno de El Salvador dice construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para evitar que los jóvenes se vinculen con grupos de pandillas.

En sus redes sociales, Héctor Zelaya manifestó que la visita de Marroquín era una muestra del compromiso compartido entre Xiomara Castro y Nayib Bukele «en fortalecer los lazos sociales y construir un futuro más unido. Educando con valores de respeto y empatía construimos una sociedad más justa y equitativa con inclusión y solidaridad», escribió.

Marroquín se mostró complacido con la amabilidad del anfitrión y escribió que fue un gusto compartir un proyecto emblema del presidente Bukele pues «Los CUBO son parte elemental de la fase 2 del plan de control territorial y con sus resultados, estamos demostrando al mundo cómo en ellos trabajamos temas de inclusión social y la prevención de violencia».

Los líos de Marroquín

A finales del 2021, los Estados Unidos incluyó sancionó con la Ley Magnitsky a funcionarios de Guatemala y El Salvador, entre ellos estaba Carlos Marroquín. La sanción implica el bloqueo de bienes y propiedades a su nombre en suelo estadounidense, o que estén bajo control de estadounidenses. Para febrero del 2023, una acusación presentada por la Fiscalía estadounidense en una Corte de Nueva York contra 13 líderes de la Mara MS-13 señala a Marroquín como uno de los funcionarios que entre los años 2019 y 2021 negoció con dicha pandilla la reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.

En su cuenta de Twitter, Carlos Marroquín se describe como rapero y director de la Reconstrucción del Tejido Social, pero en los medios salvadoreños como El Faro, Marroquín figura como algo más: uno de los enlaces que negociaron la tregua entre las pandillas y el Gobierno de El Salvador, misma que terminó después de que la administración de Bukele incumplió algunos acuerdos y la MS-13 respondió de forma violenta asesinando a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.

El Faro logró contactar a portavoces de la MS-13, quienes señalaron la relación entre los asesinatos y el «pacto que mantenían [pandillas y Gobierno] desde hace al menos dos años y medio».

En el mismo reportaje, el medio salvadoreño menciona audios en los que se escucha a Marroquín culpando de la ruptura al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro y asegura que haber trasladado al presidente Bukele los mensajes de las pandillas: «Yo ya le tiré a Batman [pseudónimo de Bukele en las negociaciones] que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que “a mí que no me anden amenazando” y no sé qué, usted sabe», dijo Marroquín en referencia al mandatario, según El Faro.

Mediante el uso de tres software, El Faro verificó la autenticidad de siete audios con dos líderes de la MS-13 y uno del Barrio 18. Ese análisis , demostró la existencia de entre el 85 % y 90 % de coincidencia entre los audios en mención y la voz de Marroquín. Además, el medio habló con cabecillas de estructuras criminales quienes coincidieron que la ruptura entre el Gobierno y las pandillas ocurrió debido a la detención de pandilleros que se trasladaban en un vehículo gubernamental, con un motorista asignado por el Gobierno, por lo que se sentían confiados de estar protegidos.

Desde el 2020, el periódico salvadoreño denunció las negociaciones entre representantes del Gobierno de Bukele y las estructuras criminales para la reducción de homicidios y apoyo electoral. El Faro encontró cientos de documentos de inteligencia penitenciaria que registran encuentros entre Marroquín y Osiris Luna —director de centros penitenciarios– y líderes pandilleros.

No obstante, la relación entre Marroquín y Bukele comenzó cuando este último era candidato a alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) según un reportaje de la Revista Elementos que revela que Marroquín fue perfilado por la Policía Nacional Civil de El Salvador como un colaborador del Barrio 18.

En ese entonces, asegura la Revista Elementos, los activistas de Nayib Bukele tenían dificultades para ingresar a los barrios y colonias controlados por las pandillas. De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso Elementos, el papel de Marroquín «fue garantizar el acceso seguro de Bukele a los barrios, comunidades y colonias controladas por esas estructuras criminales y luego mantener vigentes los términos de los pactos».

Entre esos pactos, añadió la revista Elementos, está el uso de vehículos institucionales y la contratación de pandilleros o parientes de estos por la administración de la alcaldía. Medios salvadoreños como El Faro, Revista Factum y La Prensa Gráfica han informado sobre los pactos de Bukele con las pandillas, cosa que el gobernante salvadoreño ha negado rotundamente y, desde marzo, declaró la guerra a las pandillas. El Salvador ya cumplió 15 meses en un estado de excepción.

En Honduras, a finales del 2022, hubo un alza de homicidios y amenazas de extorsión. Por esa razón, el Gobierno recurrió a suspender seis garantías constitucionales a través de la imposición de un estado de excepción que comenzó en diciembre de 2022 y sigue vigente por ahora hasta el 5 de julio de 2023.

Durante la implementación de esta medida, la Policía Nacional reporta que se han logrado importantes resultados entre los que la institución destaca la reducción de la tasa de homicidios, la desarticulación de 150 bandas criminales, 3, 345 allanamientos de morada y 3,134 órdenes de captura ejecutadas. La Policía Nacional reportó que, en el 2021, el promedio diario de homicidios fue de 21 por cada 100 mil habitantes y en lo que va del 2023 — durante la vigencia del estado de excepción— se ha reducido a ocho. No obstante, en una historia publicada por Contracorriente sobre la baja de homicidios en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, diversos testimonios coincidieron en que la reducción de homicidios no tenía que ver con el actuar de la Policía Nacional.

De acuerdo con un informe realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) durante el estado de excepción solo 194 personas han sido detenidas por extorsión, que fue el principal detonante para decretar la medida. El informe de la ASJ revela que las detenciones se dieron exclusivamente en Cortés y Francisco Morazán, aunque las mayores tasas de incidencia en la extorsión están en Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, según la oenegé.

Sobre el estado de excepción hay más cosas que decir. Luego de una visita de 10 días en Honduras, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, detalló que ha habido obstrucción por parte de autoridades investigadoras al recibir denuncias, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos y muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.

«No puedo darle un número, pero sí es un número preocupante, eso le puedo decir», le respondió Morris Tidball-Binz a un reportero después de que éste le preguntó cuántas muertes se han registrado durante la vigencia del estado de excepción.

En El Salvador ha sido también El Faro el medio que ha escrito sobre la desaparición de las pandillas como se conocían antes. Después de un año en estado de excepción y miles de detenciones, las pandillas han perdido sus territorios como también han perdido su libertad cientos de salvadoreños que bajo las medidas del estado de excepción perdieron su derecho a defenderse con un debido proceso y continúan encarcelados.

En ese esquema de seguridad está inmerso el CUBO, cuyas bondades compartió Marroquín con el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, sosteniendo que es una estrategia de seguridad y oportunidades «que ha impactado positivamente en nuestro país».

Cada año millones de extranjeros viajan a Cancún, ya sea para vacacionar o huyendo de la violencia y la pobreza de sus países. Los unos esperan tomar el sol y divertirse y los otros refugio y protección. Pero es común que ambos, turistas y migrantes, sean víctimas de detenciones arbitrarias y encierros injustificados, largos y tortuosos en la estancia migratoria que el Instituto Nacional de Migración tiene en este destino, un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, con impunidad garantizada.

Por Ricardo Hernández Ruiz
Ilustraciones: Dariana Castellanos

Este trabajo fue realizado por Ricardo Hernández Ruiz para Gatopardo, Pie de Página, Canal 44, Revista Espejo, Aristegui Noticias, El Espectador, El Estornudo, Divergentes, Contracorriente y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

 

Andrea Hernández, una joven colombiana de veinticinco años, se encontraba vacacionando en Tulum. Había ido a disfrutar del sol y la playa de este codiciado destino turístico del Caribe mexicano. De regreso al hostal donde se hospedaba, montada en bicicleta, agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvieron arbitrariamente el 26 de septiembre de 2021, en un retén que instalaron a la entrada de la zona hotelera. Aún con bikini y sandalias la subieron a una camioneta oficial y la trasladaron hasta Cancún, donde la intentaron extorsionar por tres mil dólares (sesenta mil pesos) como pago para sacarla de la estancia migratoria temporal en la que había sido encerrada, un sitio en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los extranjeros.

Acoso sexual, detenciones arbitrarias, discriminación, perfilamiento racial, separación familiar, hacinamiento, amenazas, castigos, impedimento de visitas o llamadas telefónicas con abogados, familiares y representación consular, retenciones por arriba del tiempo permitido, negligencia médica, alimentos en mal estado, negativa a dar información sobre refugio y extorsión son algunos de los hechos que suceden y que cometen impunemente agentes federales dentro de la estancia migratoria de Cancún, en Quintana Roo, de acuerdo con una serie de testimonios, especialistas y documentos consultados para esta investigación. Pese a que la ley indica que todo extranjero detenido tiene el derecho a conocer la ubicación de la estancia a la que se le traslada y a ser informado de su motivo de ingreso, a Andrea no le dieron ninguna explicación.

«Me llevaron a la estación y uno de los agentes me dejó hacer una llamada, a mi amigo, para que me llevara mis cosas. Me las llevaron, eso fue un jueves. Y a mí me tomaron la declaración hasta el lunes en la mañana», dijo la joven, quien, como cualquier turista, tiene hasta 180 días para transitar libremente por el país. Los agentes intentaron extorsionarla. Como su plazo vencía en dos semanas, se aprovecharon y la encerraron hasta que se cumpliera el tiempo, como un método de presión.

La detención arbitraria de turistas es más común de lo esperado. Viajeros que transitaban con documentos en regla son encerrados, sin la respuesta deseada de los consulados.
La detención arbitraria de turistas es más común de lo esperado. Viajeros que transitaban con documentos en regla son encerrados, sin la respuesta deseada de los consulados.

En una segunda llamada telefónica, Andrea se comunicó con unos amigos en la Ciudad de México, quienes le consiguieron una abogada. «Ella fue a verme, habló con el director de la estancia [Germán Luis Sánchez Naranjo]. Fui un caso de extorsión porque ellos le dijeron a mi abogada que, si yo no pagaba tres mil dólares, no me dejaban salir. Eso para mí fue algo muy impactante porque yo no tenía nada que pagar, yo todavía tenía tiempo para salir del país. Estuve ahí sin razón», dijo por llamada telefónica.

Andrea demostró que contaba con boletos de avión para su regreso, pero no bastó. Hasta que intervino a su favor el Consulado colombiano pudo quedar en libertad y regresar a casa.

Este no es un caso aislado. En 2022 se hicieron públicas al menos tres detenciones arbitrarias de turistas en Cancún. Uno de ellos, el de María Fernanda Vallejo, una joven argentina de 29 años, cobró mayor notoriedad. Desde 2020 María se encontraba viajando por México. El 1 de febrero de 2022 fue detenida por agentes migratorios en el aeropuerto de esta ciudad pese a que contaba con visado y permiso para permanecer en el país hasta marzo de ese año. Fue trasladada a la estancia, donde se le intentó extorsionar con 2 500 dólares que no pagó. Solo porque el caso se hizo viral en redes sociales, porque intervino el consulado argentino y porque Graciela Chamorro, la madre, lo difundió por medios de comunicación mexicanos e internacionales, a María la dejaron en libertad.

Cancún es el punto de ingreso más importante de México. Por el aeropuerto internacional de esta ciudad entran más extranjeros que en ningún otro lugar del país. Cada año llegan por esta vía casi diez millones de personas, de acuerdo con datos del INM, de los que 6 millones son turistas. Es también un punto clave en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos para personas que provienen del resto de América Latina y el Caribe.

El INM es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene, entre sus facultades, la misión de vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y revisar su documentación. Tiene a su cargo las estaciones y estancias migratorias de todo el país, donde alojar temporalmente a los extranjeros que no puedan acreditar su situación migratoria regular.

La estancia de Cancún ha sido polémica desde un inicio. Fue construida en 2012, con capacidad para 96 personas, y en la que se invirtieron 78.7 millones de pesos, pero inició operaciones hasta agosto de 2020, lo que la convierte en una de las más nuevas. Su edificación estuvo a cargo de Proyectos La Silla, cuyo socio es Gerardo Arturo Peña Jara, sentenciado a cinco años de cárcel por fraude inmobiliario en 2021. Desde su inauguración y hasta diciembre de 2022, aquí han sido retenidas 2,535 personas de más de cincuenta nacionalidades, de acuerdo con datos del INM obtenidos vía Transparencia.

Las detenciones de personas en contexto de movilidad han aumentado derivado de la presión de Estados Unidos por frenar la migración desde Centroamérica y porque México ha aceptado fungir como muro de contención, incluso, con participación de militares, en operativos y retenes. Los que tienen mayor probabilidad de pasar por aquí son aquellos migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador. Algunos de ellos, países con regímenes autoritarios o con violencia y pobreza exacerbada. También se reportaron migrantes intercontinentales, que llegaron de India, Turquía, Uzbekistán, Rumania, Egipto, Nepalí, Yemen, Irán. Pero son los cubanos quienes ocupan el primer lugar en las personas retenidas (30.4%) y quienes con mayor frecuencia son víctimas de extorsión.

Extorsiones

Dianelis Giménez, de 28 años, huyó del régimen cubano en noviembre de 2021. Abandonó su país en una lancha en la que navegó por mar abierto, durante tres días, con dirección a Cancún, donde fue detenida por agentes migratorios federales, quienes la extorsionaron exigiendo cincuenta mil pesos (2,500 dólares) para liberarla de la estancia migratoria de Cancún, donde pasó encerrada tres meses. «Son tantas cosas que una pasa allá adentro, que una está loca por salir», fue lo único que compartió en entrevista. Dianelis se dice aún afectada por lo vivido y pidió que, para conocer los detalles de lo sucedido, mejor hablemos con su esposo Maikel Aguilera, quien pagó la extorsión para que ella fuera liberada.

Cancún ha sido un punto de fuga para cubanos disidentes, muchos de los cuales llegan en balsas improvisadas o lanchas de motores potentes hasta las costas del Caribe mexicano.
Cancún ha sido un punto de fuga para cubanos disidentes, muchos de los cuales llegan en balsas improvisadas o lanchas de motores potentes hasta las costas del Caribe mexicano.

Ella participó en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigobierno del castrismo en Cuba, que terminaron con más de setecientos acusados y casi trescientos condenados a prisión. En los meses posteriores, volvió a salir a las calles, ahora para exigir la liberación de los presos políticos. «Ella y un grupo de amistades salieron [en La Habana] a protestar pidiendo libertad para las personas detenidas. Cuando se acabaron las protestas, el gobierno salió a buscar, casa por casa, a las personas que habían salido a las calles para encarcelarlas también. Ella se escondió un tiempo [en casas de conocidos] y luego en un bote salió», dijo Maikel, de 39 años, quien dejó Cuba hace más de una década y desde entonces radica en los Estados Unidos.

Dianelis, tres conocidos suyos y otras once personas más con los que viajó en alta mar desembarcaron en Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, municipio vecino de Cancún, el 5 de noviembre de 2021. Se trasladaron en un taxi al centro de Cancún, donde se hospedaron cuatros días. El plan era volar desde el aeropuerto hacia Mexicali, Baja California, con el objetivo de llegar a la frontera con los Estados Unidos, entregarse a las autoridades, solicitar refugio y reencontrarse con Maikel para iniciar una nueva vida juntos. Sin embargo, no lo lograron. Agentes migratorios los detuvieron en el aeropuerto al percatarse que les faltaba la Forma Migratoria Múltiple, el documento que acredita su legal estancia en México. Dianelis informa vía Whats App de su detención a Maikel, quien decide viajar a Cancún y contratar a un abogado para resolver el problema, que a su vez tramita un amparo para evitar la deportación del grupo de detenidos. Como la pandemia provocó retrasos en el Poder Judicial de Quintana Roo, la audiencia para el caso de Dianelis se agendó para meses más adelante.

«Habían pasado sesenta días sin respuesta de los jueces. Sesenta días en los que mi esposa seguía encerrada. En ese momento ya no confiaba en la vía legal. Lo que me dijeron después en la estación es que la vía para salir era pagando», dijo Maikel.

Desde el inicio, cuenta, el personal del INM en la estancia lo intentó extorsionar. Si quería libertad para su esposa y sus amistades debía pagar. Aunque Maikel se negó al inicio, después de tres meses, desesperado, decidió ceder.

«Es a través de los custodios que se hace la transacción. Ellos son los que te proponen el asunto. Los custodios son los que toman el dinero y se los dan a Germán [Luis Sánchez Naranjo]. Me costó sacar a las cuatro personas, 2,500 dólares por persona. Fueron diez mil dólares [entonces doscientos mil pesos]», dijo Maikel. «Los custodios se acercan cuando uno va a la visita. Te dan [una hoja] para que apuntes tu número de teléfono. Después te llaman y te empiezan a caer mensajes de WhatsApp. Te dicen, ‘mira, yo puedo ayudarte, pero esto te cuesta tanto’. Una extorsión, así, con toda la palabra: extorsión. Y es la única manera que puedes salir de ahí», prosiguió.

El dinero se tiene que llevar en efectivo, en un sobre cerrado que se entrega al guardia de seguridad de una empresa privada que resguarda la entrada, quien presuntamente entrega el dinero al director de la estancia. «Usted pone el paquete de dinero en la entrada, en una gaveta y ya, se va. Imagínese cuál era la desesperación que preferimos pagar a que estuvieran un día más encerrados», dice Maikel.

Los agentes federales usan varios métodos de presión para conseguir que los extranjeros paguen la extorsión exigida para dejarlos en libertad.
Los agentes federales usan varios métodos de presión para conseguir que los extranjeros paguen la extorsión exigida para dejarlos en libertad.

Grupo de Seguridad Privada Camsa es la empresa encargada de la seguridad de las estaciones migratorias en veintitrés estados en México, incluida la de Cancún. Fue contratada por el INM de manera irregular por un monto de 165 millones de pesos y, según una revisión de Connectas, no se encuentra en el padrón de proveedores autorizados. Al momento de la contratación, tampoco contaba con capacidad para brindar tal servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo más grave es que la firma está siendo investigada por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos cuarenta migrantes que se encontraban detenidos el pasado 28 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas personas, que habían sido detenidas y encerradas, protestaron supuestamente porque sabían que serían deportadas y no habían podido tomar agua, según reveló la prensa. La primera versión oficial indicó que uno de ellos provocó un incendio con los cables de la instalación eléctrica, el cual creció sin que los elementos de seguridad ni los agentes migratorios hicieran algo por salvarlos. «Un crimen de Estado», señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Maikel entregó al guardia los diez mil dólares que le pidieron, en efectivo y dentro de un sobre. A los dos días, su esposa y los demás fueron liberados. Lo primero que hicieron fue volar a la frontera norte del país, donde se entregaron a las autoridades estadounidenses para solicitar refugio, que finalmente les fue concedido.

El caso de Dianelis no es uno aislado. Al menos diez extranjeros que han pasado por la estación migratoria de Cancún —y que brindaron su testimonio para esta investigación—, refirieron haber sido extorsionados con una cantidad que oscila entre los 1 500 y 5 000 dólares (veintisiete mil y noventa mil pesos), la gran mayoría señalaron a Germán Luis Sánchez Naranjo, el encargado de la estancia, como el coordinador de la red de extorsiones dentro de la estancia de Cancún.

Acoso sexual

Sabrina, una joven argentina a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, no tuvo dinero para pagar los dos mil dólares que le pidieron como cuota para liberarla de la estancia migratoria de Cancún, así que tuvo que pasar dos semanas retenida en lo que se solucionaba su situación. Los últimos días de encierro fueron los más difíciles, descubrió que los agentes migratorios grababan a las mujeres mientras se bañaban. «Donde nosotras nos duchábamos había como un hueco cuadradito en la pared. Por ahí metieron un celular. Nos estábamos bañando y una de las chicas comenzó a gritar cuando vio que estaba filmando», dijo Sabrina. En este sitio los únicos que tienen permitido el ingreso y uso de dispositivos móviles son los funcionarios públicos.

Los agentes federales y elementos de la Guardia Nacional espían a las reclusas cuando se bañan, cuando se cambian de ropa o cuando duermen, según relataron algunas víctimas.
Los agentes federales y elementos de la Guardia Nacional espían a las reclusas cuando se bañan, cuando se cambian de ropa o cuando duermen, según relataron algunas víctimas.

La estancia migratoria de Cancún, ubicada sobre la Av. Chac Mool, a diez minutos del aeropuerto y administrada por el INM, es un edificio en forma de cubo con paredes altas y techo de lámina, sin ventanas, con una pequeña puerta de hierro para el acceso, que tiene una diminuta ventanilla corrediza por donde el guardia se asoma de vez en cuando. Al interior, cuenta con un comedor al centro, los cuartos en los extremos, de un lado el área para hombres y del otro la de mujeres. Los cuartos tienen tres paredes y una con barrotes. Cada pieza tiene dos literas, con espacio para cuatro personas; sin embargo, ante el hacinamiento, es común que la compartan seis y hasta diez personas, que duermen distribuidas en el piso. Las paredes están rayadas con plumones que ingresan de contrabando. En todos los cuartos está apuntado el teléfono del Instituto Federal de Defensoría Pública, que cuenta con abogados especializados en movilidad humana y que han defendido legalmente a varios extranjeros retenidos en la estancia. También hay denuncias en contra del personal del INM, insultos y pasajes bíblicos.

Sabrina recuerda cuando tuvo que darle contención emocional a una joven colombiana, a quien los guardias la sacaron de su celda por la noche para llevarla con los directivos de la estancia, quienes le ofrecieron libertad a cambio de sexo. «Ella llegó llorando de rabia. Me contó que les dijo que no y que les escupió a la cara», dijo Sabrina sobre la sextorsión. «Pero con ella y otras mujeres más jóvenes eran insistentes. Varias veces les ofrecían sacarlas si tenían sexo o sexo oral con los directivos».

La extranjera, cantante de profesión, fue detenida en octubre de 2021, al salir del supermercado. Mientras compraba un esmalte rojo que usaría para arreglarse para una comida con su esposo e hijo con los que llegó a México, el INM instaló un retén sobre la Carretera 307, a la altura de Playa del Carmen, donde agentes federales, acompañados de elementos armados de la Guardia Nacional, la interceptaron. A Sabrina y a su entonces pareja les habían ofrecido trabajo como cantantes, amenizadores de eventos sociales, en este otro destino del Caribe mexicano. Llegaron al país en julio de 2019 y con permisos de trabajo. Al cabo de un año sus documentos vencieron. Él pudo renovarlo, pero ella no: a causa de la pandemia le fue imposible mantenerse empleada y tampoco pudo encontrar un trabajo nuevo. Por esta falta administrativa, merecedora cuanto más de una multa de poco más de diez mil pesos, a Sabrina la detuvieron y trasladaron a la estancia migratoria de Cancún.

«Todo el tiempo, a mi pareja, quien era la que estaba ahí apoyándome, le pedían dinero. ‘Bueno, si quieres que salga tienes que pagar 2,500 dólares’. Y nosotros no teníamos, no tenemos, porque nos habíamos venido de nuestro país en malas condiciones económicas, apostando a un mejor futuro para nuestro hijo en este país», recordó.

«Reconozco que estaba en situación irregular. Estaba juntando dinero para poder iniciar mi trámite de regularización. Asumo mi falta, pero eso no justifica todo el maltrato que viví allá adentro». Durante los dieciséis días que Sabrina pasó encerrada fue víctima de acoso, negligencia médica y castigos por «protestar» ante las condiciones dentro de la estancia. La comida que recibía estaba descompuesta, lo que provocaba que enfermaran. En vez de que un médico les recetara medicación para contrarrestar los síntomas, les suministraban valeriana o somníferos «para calmarnos, para dormir, para que no siguiéramos protestando. Y si nos quejábamos, nos dejaban sin las llamadas».

Cada persona recluida debía firmar todos los días una hoja como comprobante de que recibió alimentos. Los agentes migratorios, cuenta Sabrina, condicionaban las llamadas que por derecho podían hacer los días martes y jueves. Se aprobaban solo si se firmaba aquel documento. «Un día no firmé porque les dije que los alimentos estaban podridos. Y me dijeron: ‘si no firmas, no hay llamadas’», recordó. Y esto no lo podía comunicar a su pareja, supervisaban las llamadas y era interrumpidas cuando hablaba al respecto.

Los alimentos en mal estado suelen causar cuadros de diarrea y vómito a los retenidos, lo que se torna en una situación complicada porque duermen hacinados y se comparten retretes.
Los alimentos en mal estado suelen causar cuadros de diarrea y vómito a los retenidos, lo que se torna en una situación complicada porque duermen hacinados y se comparten retretes.

También sufrió acoso sexual de parte de elementos de la Guardia Nacional. Los militares, con rifles al hombro, le pedían con insistencia su número de celular, con sonrisas cínicas y socarronas. También le arrojaban miradas lascivas y comentarios inapropiados. «Uno alguna vez nos dijo que el sueño de todo hombre era estar en un lugar como este, lleno de mujeres. Todas nos miramos horrorizadas. Nos tenían en contra de nuestra voluntad. ¿Sueño de qué hombre estamos hablando, o sea, qué mente dice eso? ».

Lorena Cano, coordinadora de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi), asegura que cada vez son más comunes los casos que atienden en la organización de agresiones y delitos sexuales contra mujeres migrantes en las estaciones perpetradas por elementos de la Guardia Nacional: «Ha habido una serie de abusos, vejaciones y golpizas de parte de estos elementos, que tienen formación castrense, que son militares. Tenemos muchos testimonios de mujeres que han sido vícitma de violencia sexual y de género por parte de la Guardia Nacional en varias de las estaciones del país».

Violaciones a derechos humanos

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña electoral de 2018 apoyar a las personas en contexto de movilidad y cambiar el paradigma de las detenciones y medidas de fuerza contra los migrantes que cruzan el país en busca del sueño americano, esto no solo no se ha cumplido sino que se ha recrudecido. México alcanzó en 2020 cifras récord de detención de migrantes: 318 660, a un ritmo de 873 detenciones por día, de los cuales 51.3% son centroamericanos, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria. En Cancún también se ha llegado a un máximo histórico. Si en 2017, último año de la administración pasada, se detuvieron a 286 personas en esta ciudad, para 2022 se detuvieron a 958: un aumento de 234%.

Este aumento ha corrido en paralelo al incremento de quejas por violación a los derechos humanos ante Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De hecho, el INM figura como el tercer ente público que más ha sido mencionado en las quejas. Para el caso de Quintana Roo, en 2017 recibió catorce quejas por hechos cometidos por el Instituto. Y en 2022, 56 que equivale a cuatro veces más, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.

Entre las quejas contra el INM figuran detención arbitraria, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; intimidación, acciones y omisiones que transgreden los derechos humanos a los migrantes y sus familiares, omitir proporcionar atención médica e incomunicación. El repunte, sin embargo, no se ha reflejado en las recomendaciones públicas, solicitudes a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima. Aunque desde 2015 en Quintana Roo se han tramitado 153 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de personal del INM, solo hay una recomendación emitida, según una solicitud de información vía Transparencia.

En 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, afirmó que a su llegada encontraron un INM corrupto, con extorsiones generalizadas. «El Instituto Nacional de Migración era uno de los que más estaba penetrado de corrupción, estamos renovando prácticamente a todo el personal», declaró en una visita a Tamaulipas, luego de comprometerse a «renovar al instituto», incluidas sus estaciones migratorias. Algo que está aún pendiente, de acuerdo con Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

«Creo que es una de las decepciones más grandes que tenemos en este gobierno: el tema migratorio, porque, efectivamente, en precampaña y campaña electoral, había un discurso y unas propuestas interesantes y no se ha llevado a la práctica ni a la realidad. Justo me acuerdo que parte de las propuestas de campaña era eliminar las estaciones migratorias y crear albergues. El único cambio que hemos visto es en el discurso. Vemos cómo el presidente se refiere a las instalaciones como albergues, no como estaciones. Pero en la realidad vemos cómo todo se ha recrudecido: la persecución, la criminalización de personas migrantes. Es una perspectiva que considera a las personas migrantes una amenaza que hay que perseguir, detener y deportar», afirmó Núñez en entrevista.

Detención arbitraria

El 7 de marzo de 2020 la cantante Lúa Castro, finalista del programa La Voz Argentina, fue invitada a Oaxaca, Oaxaca, donde supuestamente se presentaría en un show musical. El hombre que se hacía pasar como productor la llevó con engaños, la secuestró e intentó abusar sexualmente de ella. Por los hechos se abrió la causa penal 307/2020 por los delitos de privación ilegal de la libertad con fines sexuales y abuso sexual en contra del ahora vinculado a proceso, de iniciales L. J. G. V. Como extranjera víctima de un delito, Lúa y su representación legal solicitaron una autorización de estancia como visitante por razones humanitarias. Esta aún estaba en trámite cuando fue detenida en Cancún por agentes migratorios, sin cumplir con el debido proceso ni las garantías judiciales, el 23 de septiembre de 2021. De hecho, la detención y su posterior encierro ilegal en la estancia migratoria de esta ciudad se dio a unos días de la celebración de la audiencia intermedia que los jueces habían agendado como parte del proceso en contra del agresor, misma que tuvo que perder, denuncia la artista.

El abuso de agentes federales ocurre también en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más visitado de México.
El abuso de agentes federales ocurre también en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más visitado de México.

«Yo estaba viviendo y trabajando [dándo shows musicales en hoteles y bares] en Playa del Carmen. Me fui a la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún porque iba a viajar a la ciudad de Monterrey [Nuevo León], donde iba a presentar mi nuevo álbum musical. Pero me detuvieron. Yo tenía todos mis papeles que decían que fui víctima de delito, que mi residencia estaba en trámite, que ya tenía turno para cita con Migración, pero no corroboraron nada y me detuvieron», recordó Lúa. Sin mayor explicación, los agentes la abordaron, le impidieron subir al avión y la llevaron primero a la «zona estéril» de la Terminal 3 y luego a la estación migratoria. En la declaración que hizo al ingresar explicó su situación, narró los hechos de los que fue víctima, pero nada funcionó.

Durante los veintiséis días de encierro, la acosaron elementos de Guardia Nacional, le pedían su contacto para poder hablar con ella cuando estuviera en libertad. «Me pedían mi número, mi usuario en redes sociales». Le lanzaban piropos. «Qué linda que estás, me decían, mirándome las tetas». También le hacían tocamientos. «Me tomaban mucho de la cintura, del brazo, de la espalda cada que me trasladaban de un lugar a otro». Le tocó comida caducada que la enfermó. Y por quejarse la dejaron dos días sin probar alimentos. Fue gracias a la intervención de los abogados de oficio del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) que Lúa pudo finalmente quedar libre el 18 de octubre de 2021.

Separación familiar y daños a la salud

Cansada del ambiente convulso y hostil del barrio en que vivía en Honduras, cansada también de las amenazas y agresiones que le lanzaba su expareja, Diana decidió huir del municipio de Yoro. Perseguía el «sueño americano». Contrató entonces un «pollero», parte de una red de tráfico de migrantes bastante bien organizada, que la sacó del país en un trailer, a ella, a uno de sus hijos de trece años y a otras treinta personas más, el 21 de julio de 2020, en plena pandemia. «Salí enferma de covid. No me hice la prueba, pero traía todos los síntomas: dolor de cuerpo, calentura. Yo temblaba por más que venía tapada. Y también se lo contagié a mi hijo. Nooombre, si le contara», dijo Diana, hoy de 35 años, trabajadora de limpieza en un hotel de la zona hotelera de Cancún.

Cancún forma parte de la ruta migratoria de centroamericanos y sudamericanos. Algunos de ellos deciden permanecer en este destino y otros más continúan el camino hacia la frontera norte.
Cancún forma parte de la ruta migratoria de centroamericanos y sudamericanos. Algunos de ellos deciden permanecer en este destino y otros más continúan el camino hacia la frontera norte.

No sabe si fueron tres o cuatro días. Solo recuerda que viajaron enfermos, con fiebre, dolores musculares y en articulaciones, sedientos; cruzaron Guatemala, Belice y llegaron a Chetumal, capital de Quintana Roo. Ahí los trasladaron en una camioneta a Cancún, donde los hospedaron un día. Posteriormente, los llevaron a la colonia Tierra Maya, en la periferia, a una casa donde aprovecharon para descansar en lo que les fabricaban identificaciones mexicanas falsas. Al tercer día regresaron por ellos para conducirlos al aeropuerto de Cancún, a fin de que tomaran un vuelo con destino a Tijuana, donde los recibirían otras personas que los ayudarían a brincar el muro fronterizo. Pero en el aeropuerto «nos revisan los documentos y se dan cuenta que son falsos», dijo Diana.

El personal de la Fiscalía General del Estado la detuvo, la trasladaron a la Vicefiscalía y le iniciaron una carpeta de investigación por falsificación de documentos. De ahí la canalizaron a la estancia migratoria de Cancún, donde inició el verdadero tormento: la separaron de su hijo, menor de edad, lo cual contraviene el derecho a la unidad familiar, considerado en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece que deberían permanecer y alojarse juntos mientras se resuelve su situación jurídica. El hijo quedó a disposición de la Procuraduría estatal para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y fue trasladado al Centro de Atención Temporal (CAT) de Cancún, donde también debería de haberse trasladado a Diana, a fin de preservar el interés superior de la niñez.

Quintana Roo cuenta con 12 Centros de Atención Temporal, la mayoría privados, para albergar a núcleos familiares de migrantes y así evitar la separación familiar.
Quintana Roo cuenta con 12 Centros de Atención Temporal, la mayoría privados, para albergar a núcleos familiares de migrantes y así evitar la separación familiar.

«Lo que pasa es que a este CAT llegan niños mexicanos y migrantes. Está sobresaturado. Hay un cupo de cien personas, pero se alberga el doble o más. Por eso es que suelen separar a las familias. Además, no existe ningún albergue para infancias migrantes», dijo una fuente conocedora del caso, que pide el anonimato. La separación se explica, dice, porque llevaban documentos falsos, por lo que no podía acreditarse el parentesco entre madre e hijo. Sin embargo, eso debió resolverse de inmediato, porque la ley establece que el INM debe resolver la situación migratoria de los extranjeros en no más de quince días hábiles. En cambio, pasaron dos meses y los agentes migratorios se negaban a brindarle cualquier información sobre el paradero y estado de su hijo. «Yo me colgaba hasta de la puerta pidiendo que quería saber de él. Y nunca me daban respuesta […], les decía: necesito platicar con él, saber que está bien, ¿qué les cuesta?», recordó.

Fue en octubre de 2021, a un trimestre de su detención, y gracias a la intervención del IFDP y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), quienes adoptaron el caso, que Diana pudo tramitar un amparo, solicitar refugio y conseguir libertad.

De acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia, 505 migrantes estuvieron encerrados más de quince días en la misma estancia migratoria y otros 69 estuvieron más de sesenta días. Además, hay un caso de una mujer estadounidense que estuvo alojada por 296 días, el máximo periodo de encierro registrado hasta ahora.

Al ser solo una falta administrativa, la migración irregular no debiera provocar detenciones superiores a las 36 horas, sin embargo, el INM ha encerrado a personas hasta por 290 días.
Al ser solo una falta administrativa, la migración irregular no debiera provocar detenciones superiores a las 36 horas, sin embargo, el INM ha encerrado a personas hasta por 290 días.

«Es terrible, terrible, que pasen tantos días encerrados. Con tantos días ahí y con todas las violaciones a los derechos humanos que viven, se genera un trauma en los migrantes, eso tiene consecuencias orgánicas importantes», dijo Gerardo Talavera, director general de Casa Refugiados, organización especializada en temas de movilidad humana. Precisamente, la salud de Diana se deterioró tanto a causa de lo vivido ahí adentro que llegó al grado de ser internada en un hospital. «Imagínate. Pasé dos meses sin saber de mi hijo, imaginando lo peor. Yo no tenía hambre, estaba deprimida, lloraba todo el tiempo, con miedo a que me fueran a regresar, de no ver a mi hijo nunca más», dice.

A la incertidumbre se sumó enfermedades por el mal estado de los alimentos. Una vez el espagueti venía con cabellos y, en otra ocasión, las lentejas con gusanos. El colmo fue cuando llevaba dos meses encerrada: de un mordisco partió a una cucaracha en dos. «Se escuchó como crujiente, porque la comida que estábamos comiendo era arroz y ensalada. Estábamos comiendo tranquilas. Galletitas que le ponen a uno. Frijoles. Cuando escuché algo crujiente. Siento que me golpean el labio, ¿no? Una patita de cucaracha. Ya ve que esas cosas tienen como espinitas en sus patitas. Y en lo que yo hice así [hace el ademán de extraer algo de la boca] sentí raro. Me lo saqué. Ya vengo y lo veo. No tuve para más. Ahí es cuando me empecé a enfermar. Ya no comía», relató Diana.

En contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos, el INM no da dietas especiales a personas vegetarianas o con otro tipo de prácticas alimentarias.
En contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos, el INM no da dietas especiales a personas vegetarianas o con otro tipo de prácticas alimentarias.

En 2021 el INM adjudicó un contrato por 1.3 millones de pesos a las empresas Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos y Pigudi Gastronómico para que ofrecieran el servicio de alimentos para los migrantes recluidos en las estancias migratorias del sur de México. Esta última empresa ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por la irregularidad e incumplimiento en varios contratos. En julio de 2021, meses antes de la detención de Diana, organizaciones de la sociedad civil señalaron a Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos por dar comida descompuesta en una estación migratoria de Chiapas. En ese entonces, sesenta migrantes presentaron cuadros de diarrea aguda por haber ingerido alimentos en mal estado, según la prensa local.

Diana padeció la falta de higiene: colchonetas y baños sucios. Como ingresó con poca ropa, tenía que lavarla cada día, incluso, vestirla aún húmeda. También batalló por conseguir toallas sanitarias y papel higiénico. Durante su encierro le negaron revisiones, estudios o receta médica adecuadas.

Una vez en libertad, después de tres meses, con los ánimos descompuestos, la salud frágil y un dolor insoportable en el abdomen, Diana acudió a uno de esos consultorios médicos anexados a Farmacias Similares para realizarse análisis, el 7 de octubre de 2021.
Connectas solicitó a Víctor Olivo Iglesias Guzmán, médico de primer contacto, adscrito al departamento de Salud Pública de la UNAM, una interpretación de los estudios. «En el examen general de orina hay presencia de sangre, de proteínas, de una cosa que se llama ‘nitritos’, que son metabolitos que se producen en el metabolismo de ciertas bacterias que pueden ser patológicas en las vías urinarias: su presencia nos sugiere que hay una infección urinaria», dijo Iglesias y comentó que podría deberse a la falta de higiene en la estación.

Iglesias también diagnosticó piedras en los riñones, bacterias en abundancia, anemia, glucosa baja y bilirrubina alta. Del estudio de química sanguínea de veinticuatro elementos al doctor le preocuparon algunos valores relacionados a la función hepática que indican una posible hepatitis o pancreatitis aguda (inflamación del páncreas). Esta enfermedad, apuntó el médico, es causada por una mala dieta, tal como ocurrió con Diana durante su encierro.

Las consecuencias para los migrantes no terminan con su salida de la estación. Diana tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones en las semanas posteriores a su liberación. Aún ahora, dos años después, sigue sin recuperarse.

«Y en todo esto no hay que olvidar al hijo», advirtió Monserrat Alviso, exoficial de Acnur. «La separación de niños, niñas y adolescentes migrantes de sus padres es una de las experiencias potencialmente más traumáticas durante ese período de la vida. Eso tiene implicaciones para su salud emocional, mental y física como carencias afectivas, ansiedad, depresión, retraso de su desarrollo, hipertensión, enfermedades cardíacas. Y son expuestos a peligros como maltratos físicos, abuso emocional, abuso sexual».

La relación con su hijo, contó Diana, se deterioró a raíz de su experiencia. «Él ya no me habla. Piensa que lo abandoné esos tres meses», se lamentó.

Impunidad y sin vigilancia

Margarita Núñez, de la Universidad Iberoamericana, dijo que las estaciones migratorias se asemejan más a cárceles que a los albergues, como los llama ahora el Gobierno Federal. «En México no es un delito migrar; es una falta administrativa, sin embargo, la acción que corresponde al INM es detener a las personas y encarcelarlas como si sí fuera un delito y ameritara una acción penal», dijo la especialista. Por eso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Coalición Internacional Contra la Detención han instado al Estado mexicano a adoptar alternativas a la detención.

Alejandro Solalinde, sacerdote católico, fundador del refugio para migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Oaxaca, dijo que las estancias migratorias deben desaparecer. «Suena ridículo, suena incongruente que México siga persiguiendo a sus hermanos del sur; siga persiguiéndolos, encarcelándolos, deportándolos: una cosa horrible. A mí se me hace una ofensa horrible», dijo. Solalinde elaboró en 2020 una propuesta de reforma al INM, que incluía la desaparición de las estaciones, ignorada hasta el reciente caso de la muerte de los cuarenta migrantes en Ciudad Juárez.

Entre 2017 y 2022, el Órgano Interno de Control (OIC) ha sancionado a solo once funcionarios públicos del INM por haber incurrido en alguna falta administrativa. En todos los casos se trató de personal operativo: diez agentes federales y un oficial de servicios migratorios. Ningún mando superior figura entre los sancionados. En cuatro ocasiones la sanción consistió en la separación del cargo por cuatro días, en otro la separación fue por quince días, en cuatro más por un mes y en las dos restantes se determinó la destitución del puesto e inhabilitación temporal, por diez años y un año, respectivamente. En dos ocasiones, el INM clasificó como confidencial la información solicitada por Connectas sobre los hechos cometidos por dichos funcionarios, impidiendo revisar a detalle los expedientes. El OIC, respondió, no ha interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por dichas faltas administrativas.

A decir de Núñez, los agentes federales violan sistemáticamente los derechos de los migrantes recluidos porque saben que tienen garantizada la impunidad.

Por otro lado, a pesar de ser su facultad, la CNDH no realiza visitas para verificar el cumplimiento de los derechos universales en la estancia migratoria de Cancún. Solo ha realizado una inspección, según documentos en poder de Connectas, el 11 de marzo de 2021. En el oficio se indica que recibieron una queja por la falta de higiene en las colchonetas, pero nada más. Algo que dista de lo relatado por turistas y migrantes consultados para este trabajo.

Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, evitó responder los cuestionamientos sobre los asuntos consignados en este trabajo. Ante pregunta expresa, al término de una conferencia de prensa celebrada el pasado 24 de mayo en el aeropuerto de Cancún, el funcionario reconoció estar al tanto de todas estas situaciones, pero se limitó a decir que hace falta fomentar las denuncias y hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control para que se realicen investigaciones contra el personal en cuestión.

«Hay que fomentar la denuncia», dijo escuetamente, luego de evitar responder sobre los diversos asuntos consultados.

Connectas solicitó al INM en varias ocasiones entrevistas para que se pudiera ampliar la respuesta y contar con su versión, pero se negaron a concederlas.

Perfilamiento racial

En 2022 la Oficina en México de la ONU-DH elaboró un informe —aún inédito— sobre las inadmisiones de personas extranjeras en los aeropuertos de Ciudad de México y de Cancún, que da indicios de un perfilamiento racial por parte de agentes migratorios. Connectas solicitó vía Transparencia copia del informe al INM, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los tres organismos federales a quienes la ONU-DH había presentado resultados. Sin embargo, a pesar de que este debería ser público, estos se negaron a entregarlo y alegaron «la no competencia o inexistencia» de dicha información.

En entrevista, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH, compartió los principales hallazgos: El informe logra indentificar «prácticas diferenciadas al momento de decidir los rechazos de ingreso al país, vigentes por un largo periodo (2017-2021), que podrían estar determinadas en función de la nacionalidad de las personas. Por ejemplo, conforme a los datos oficiales, los porcentajes de rechazo de personas nacionales de Ecuador, Venezuela, Rumania, Jamaica y Colombia son considerablemente más elevados que los de otras nacionalidades. A partir de un estudio con más información y análisis se podría determinar si estos rechazos obedecen o no, total o parcialmente, a prácticas de perfilamiento racial», dijo el representante.

Connectas volvió a solicitar información al INM, esta vez pidió las estadísticas sobre las inadmisiones de personas provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Rumania. Tras el análisis se nota un crecimiento exponencial de los rechazos a personas originarias de estos países que ingresan a México a través del aeropuerto de Cancún. Si en 2015 los rechazos sumaron 1 740, para 2022 se contaron 17 793: diez veces más.

Entre estos números, los colombianos han sido los más afectados. En 2015 fueron rechazados 628. Para 2022 inadmitieron a 14 162. Esto marca un récord histórico, un aumento de más de 2 000%. Para esta investigación se entrevistó por separado a cuatro colombianos que confirman el perfilamiento racial: personas que venían como turistas, que cumplían con todos los requisitos de ingreso , pero que fueron devueltos a su país sin otra justificación más que su nacionalidad. «Yo venía a pasear y me devolvieron solo por ser colombiano. Los de Migración me trataron mal, me dijeron que de mi país solo vienen personas malas a traer droga […] y no pude hacer nada», contó uno de ellos y pidió el anonimato.

Las inadmisiones han abierto un frente diplomático. María Fernanda Grueso, cónsul honoraria de Colombia en Cancún hizo público en 2021 las quejas por estos abusos y arbitrariedades hacia sus connacionales y exigió cambios, que nunca llegaron. Días después la cónsul fue amenazada: si seguía revelando información sería relevada del cargo, según contó una fuente conocedera del caso. «Se infiere que los Consulados también están metido en todo esto», dijo esta persona que pidió el anonimato.

El frente también es económico, el sector hotelero ha mostrado su disconformidad con las políticas migratorias de México en Cancún. «La gente de Colombia está muy temerosa de venir a Cancún por miedo a que sean detenidos o devueltos. Eso ya nos está afectando, pues el mercado se ha disminuido en un 50% desde hace un año. Y cada turista que perdemos aquí es uno que regalamos a otro destino turístico. Es absurdo que, además de pelear con la competencia, con otros países turísticos, batallamos con nuestro propio gobierno», dijo Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien asegura que con cada turista devuelto se pierden dos mil dólares de gasto promedio e impuestos durante su estancia.

De acuerdo con el INM, en 2022, fueron inadmitidos 585 cubanos en el aeropuerto de Cancún, 150 ecuatorianos, 1 199 rumanos y 1 697 venezolanos. Este perfilamiento racial ha fomentado del mismo modo un sistema extorsivo en el aeropuerto internacional del destino de sol y playa más importante del país.

El método lo conoce bien Consuelo, a quien cambiamos su nombre para proteger su identidad. Ella salió de Venezuela hace ocho años y llegó a Cancún para solicitar refugio en México, que le fue concedido finalmente. En septiembre de 2021 uno de sus hijos, de dieciocho años, intentó alcanzarla. Voló a Cancún pero fue detenido en los módulos del INM. Consuelo se encontraba a las afueras de la Terminal 3, esperando por su hijo, cuando este le envió un mensaje notificando su detención y contándole que los agentes lo amenazaron con retornarlo. Ante la noticia, Consuelo se alteró tan visiblemente que fue abordada por «coyotes», gente que merodea por ahí y ofrece liberar a los familiares detenidos a cambio de una cuota.

Consuelo tuvo que pagar cuatro mil dólares para que dejaran ingresar a su hijo a territorio mexicano. «Estos tipos hablaron con gente de allí dentro, les dijeron que ya había pagado y soltaron a mi hijo», dice y concluye: «Hay gente mandada por Migración para verte desesperada para cobrarte dinero».

En El Salvador se desconoce el número de mujeres que han sido arrestadas durante el régimen de excepción. También el número de viudas y huérfanos a causa de los abusos gubernamentales. María, Teresa, y sus hijos pequeños, son algunos de ellos.

Texto: Loida Martínez Avelar / Revista Factum
Edición: Carolina Gamazo / No Ficción
Fotografías Natalia Alberto

María tenía cuatro meses de estar en la cárcel cuando comenzó a olvidar el rostro de su hija de siete años. No recordaba cómo era, qué gestos hacía ni cuáles eran sus juegos favoritos.

“Fue por la incertidumbre y por estar pensando que allá adentro me iba a morir. Fue cruel, porque sabía que tenía una hija, pero no lograba recordarla”, dijo con la voz entrecortada en una conversación en un restaurante, cuatro meses después de ser puesta en libertad.

María es una de las mujeres arrestadas durante el régimen de excepción de El Salvador. Este fue instaurado por el gobierno de Nayib Bukel hace más de un año, el 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana funesto en el que fueron asesinadas 87 personas. Hasta la fecha, ha dejado más de 65,795 personas detenidas. Presos que se han visto en imágenes hacinados e hincados en el suelo, recordando a centros de concentración.

Aunque en estas fotos no se ha visto mujeres, varios centenares se encuentran recluidas en centros penitenciarios. No se conoce el número exacto, pues las autoridades no han ofrecido mayores datos sobre las detenciones, clasificándolos, en general, como “terroristas”, sin que se haya realizado el debido proceso.

La vida nunca será igual

La pesadilla empezó un domingo de julio de 2022. María, su pareja, y su hija de siete años, estaban de visita en la casa de un familiar cuando dos agentes llamaron a la puerta y les pidieron su documento de identidad. Inmediatamente, recuerda María, les dijeron que se los llevarían a una delegación. Los acusaron del delito de asociación ilícita y colaboración con pandillas, el motivo por el que han sido detenidos la mayoría de salvadoreños. Sin orden de captura y sin evidencia, María y su pareja fueron enviados a la cárcel.

Al día siguiente, ella fue trasladada al ex centro penitenciario de mujeres en Ilopango. La histórica cárcel para mujeres en El Salvador, actualmente para hombres. Los custodios la recibieron con una golpiza. También la insultaron y la forzaron a decir que era pandillera. Según cuenta, sin integrar el grupo delictivo y coaccionada, tuvo que firmar un acta en la que admitía que era una integrante.

Estuvo en los penales de Ilopango y Apanteos durante seis meses. Recuerda los largos días en que dos custodios, identificados como Pablo y la señora Gata, le pegaban con la macana. Le quitaban el derecho a salir al patio a recibir el sol, no la dejaban caminar ni hacer otra actividad. no dejaban que se bañara y la ponían a ver una pared todo el día.

Durante esos días, adquirió una picazón en la piel que la torturaba. Adelgazó 40 libras. Las raciones de comida, arroz y frijoles, según relata, son escasas y apenas sacian el hambre de las arrestadas.

María dejó de menstruar durante los meses en que estuvo en prisión. Ella lo atribuye a su mala alimentación, al estrés y al pánico que vivió todos los días. Los sanitarios y las duchas estaban sucios y tenían mal olor. No le gustaba sentarse y se enfermó de mal de orina.

La sensación a gas pimienta con el que las rociaban frecuentemente sin motivo, también le ha quedado impregnada en la piel y el recuerdo de esos momentos sigue muy vivo en su mente. “No se puede respirar, quema la piel y la mente lo traiciona a uno porque siente que se va a ahogar y uno dice me voy a morir. Mucha gente caía desmayada”, cuenta María.

Elián sostiene una foto de su padre Adrián, quien falleció en un hospital trasladado desde la cárcel. Según la esquela forense, murió por asfixia mecánica por estrangulación. Foto: Natalia Alberto
Elián sostiene una foto de su padre Adrián, quien falleció en un hospital trasladado desde la cárcel. Según la esquela forense, murió por asfixia mecánica por estrangulación. Foto: Natalia Alberto

Viudas y huérfanos del régimen

Adrián fue arrestado la noche del 18 de abril de 2022 mientras veía televisión en su casa junto a su mujer, Teresa, y Elián, su hijo de cuatro años. Habían cenado frijoles con crema y tortilla. Dos policías tocaron al timbre y al abrir la puerta preguntaron por él con su nombre y apellido. Le dijeron que únicamente le harían unas preguntas y se lo llevaron. Esta fue la última vez que Teresa y Elian lo verían.

Pasaron dos meses y medio. Teresa no pudo dormir ni comer por la preocupación, donde no dejó de pedir a Dios que le devolviera a su esposo. Un día estaba en su casa cuando nuevamente llamaron al timbre. En esta ocasión, eran los delegados de una funeraria. Ella no quiso pensar en lo peor. Pero sucedió. Avisaron a Teresa de que Adrián, aunque no estaba enfermo cuando fue encarcelado, había muerto en un hospital.

Adrián, el esposo de Teresa, es una de las 153 personas que han muerto en las cárceles bajo custodia del estado salvadoreño, después de ser arrestadas durante el régimen de excepción, según los registros de la organización de la sociedad civil, Cristosal. Documentos, testimonios de familiares y esquelas de medicina legal dejan en evidencia que fueron torturados.

Hoy Teresa reflexiona en la esquela forense que dice que su esposo falleció por asfixia mecánica por estrangulación el 4 de julio de 2022 en el Hospital Zacamil de San Salvador. Un médico dijo a los familiares que tenía moretones en el cuello, lo que indicaba que lo habían sometido con un palo. Las averiguaciones de la familia apuntan a que a Adrián lo afectó una denuncia anónima; sin pruebas.

Teresa llora al recordar los meses en que su esposo estuvo en prisión. Tuvo incertidumbre de no saber nada de su pareja cuando estuvo recluido. Foto: ​​Natalia Alberto
Teresa llora al recordar los meses en que su esposo estuvo en prisión. Tuvo incertidumbre de no saber nada de su pareja cuando estuvo recluido. Foto: ​​Natalia Alberto

Las causas de las muertes, según las esquelas preliminares del Instituto de Medicina Legal según los expedientes de Socorro Jurídico son asfixia, edema de pulmón o de enfermedades de los riñones, infartos y diabetes. Familiares, junto con el personal de funerarias, revisaron los cuerpos de los fallecidos y encontraron golpes severos en sus cabezas y tórax.

Esa organización, que brinda asistencia jurídica, ha recabado fotografías, testimonios de familiares de fallecidos y documentos que evidencian los maltratos que están ocurriendo dentro de las cárceles.

“Dios siempre bendice ¿vea? Pero no ha sido fácil la vida para nosotros desde que a él lo detuvieron, y aún más difícil cuando ya lo entregan muerto, ¿verdad?”, recuerda Teresa.

German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, explica que perder un familiar, ya sea porque está arrestado o porque murió dentro de una cárcel bajo custodia del Estado, se convierte en un duelo anticipado, provocando, en algunos casos, una posible tortura.

A juicio del profesional, el Estado no logró dimensionar el impacto emocional que generarían las capturas en las familias; especialmente en las esposas e hijos.

“En un poco más manejable perder un familiar por una enfermedad, por cáncer o por equis enfermedad terminal, en la que la misma familia se prepara emocionalmente o, por lo menos, logra buscar herramientas para contener y poder sobrellevar la pérdida», dice el profesional en salud mental. “No duele igual cuando la muerte es abrupta, como lo que ha ocurrido en los centros de detención, cuando está en manos del Estado en donde nosotros depositamos nuestra seguridad”, agrega.

Vidas en pausa

Seis meses después de haber sido arrestada, María salió de prisión luego que no pudieran comprobarle ningún delito. La noche en que llegó a su casa, sus padres la ducharon y quedaron asombrados al ver su cuerpo esquelético y marcado por una alergia en la piel que, hasta la actualidad, le arde y duele. María vio a su hija, nuevamente su rostro, y la abrazó. Todos lloraron.

A pesar de haber salido de prisión, su vida sigue estancada. Actualmente, al igual que muchas de las mujeres cuyas parejas fueron encarceladas, una preocupación le nubla todo lo demás: la incertidumbre sobre el paradero y la integridad física de su pareja.

De no haber sido detenida durante el régimen de excepción se habría casado con Mario, pues estaban comprometidos para sellar legalmente su relación en diciembre de 2022. La incertidumbre de su proceso judicial le deja muchas preguntas respecto a su destino sentimental. “Hasta ahorita yo no sé si pueden seguir los planes, porque no sé si mi pareja está vivo, para mí sigo comprometida, pero no sé qué vaya a pasar en este caos que estamos viviendo”, enfatiza.

Las mujeres salvadoreñas han sufrido de frente las secuelas del estado de excepción. Según la información revisada en 100 expedientes de privados de libertad, las mujeres afectadas son en su mayoría jóvenes, tienen entre uno y dos hijos, no tienen un empleo formal y comparten su casa con otros familiares para compartir los gastos.

Se les ve afuera de los penales acampando por días y esperando noticias de sus familiares. O en las oficinas de organizaciones sociales, buscando apoyo legal para sacar a sus presos de las cárceles. Sostienen que las capturas son arbitrarias e injustas. De los 100 expedientes leídos por esta revista solo el de un detenido tenía antecedentes penales, por un caso de extorsión, del que fue absuelto en 2016.

Asesorías jurídicas efectuadas durante el último año por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la organización Socorro Jurídico, reflejan que las consecuencias del régimen tienen rostro de mujer. Según su datos, al menos 370 mujeres, entre parejas y esposas de arrestados durante el régimen, han asumido la carga económica completa de sus hogares y se les ha incrementado las tareas de cuidados.

Teresa también quedó expuesta tras la detención de su marido. Adrián, con su trabajo como conductor de Uber, cubría todos los gastos familiares. “Dependíamos de él, porque yo en ese momento no devengaba un sueldo. Si no fuera por el apoyo de mi suegra, mi cuñada, y la familia de él; no nos hubiéramos sostenido ni económicamente. No hubiéramos tenido ni para comer”, comenta Teresa. Pero para ella hay una preocupación aún mayor, la situación en la que quedó su hijo, Elian, ahora huérfano.

Elian, de cuatro años, enfermó tras la noticia de que su padre había fallecido tras ser arrestado durante el régimen de excepción. Foto: Natalia Alberto
Elian, de cuatro años, enfermó tras la noticia de que su padre había fallecido tras ser arrestado durante el régimen de excepción. Foto: Natalia Alberto

La policía se va a llevar a mi mamá

En los primeros días, tras el arresto de Adrián, Elián lloraba seguido por las noches. Preguntaba por él. Pero la situación de este niño de cuatro años empeoró el día que le dijeron que había fallecido. “No fue nada fácil decirle a mi hijo que su papá ya no iba a volver. Y más desgarrador cuando lo vio en el ataúd”, lamenta.

Días después de la muerte de su padre Adrián, Elian se enfermó. Bajó de peso porque no comía y pasaba llorando por su padre. “Le hace falta jugar fútbol y ver televisión con su padre”, explica Teresa. “Ahora tengo que pensar primero en ser madre antes de ser mujer”, dice la ahora viuda. En medio de su inocencia, el pequeño escucha con atención las conversaciones de los adultos y pregunta cuándo volverá.

Al igual que Teresa, María se da cuenta de que los daños colaterales del arresto salen a la luz cada vez que su hija mira a soldados y militares en la calle. La estela verde olivo que cubre las comunidades y avenidas la aterra. “Ella no puede escuchar que los perros ladran porque me dice: la policía me va a llevar a mi mamá. Cuando los mira en la calle se pone nerviosa y pide ir al baño”, confiesa mientras se frota las manos.

Los hijos e hijas de las personas arrestadas durante el régimen de excepción, también son víctimas indirectas de la política de seguridad pública. Al menos 670, entre niños, niñas y adolescentes, han quedado a la deriva debido a que su padre o madre está en prisión, según los registros del IDHUCA y Socorro Jurídico.

En el caso de los niños y niñas, el psicólogo Germán Cerros, del IDHUCA, explica que la situación puede volverse más traumática, pues vivirán la ausencia de uno de los pilares de la familia y aspectos económicos hasta espirituales quedarán en el limbo.

“¿Qué pasa cuando dentro de ese mismo grupo familiar se vota un pilar? El peso o la carga y la seguridad de la estructura familiar la absorben todas aquellas personas que quedaron”, explica Cerros, psicólogo de una institución que ha brindado más de 800 atenciones por abusos cometidos en el régimen de Bukele.

Elián es uno de los centenares de niños que está viviendo la ausencia de su padre, arrestados durante el estado de excepción. Elián, además, quedó huérfano. FOTO: Natalia Alberto
Elián es uno de los centenares de niños que está viviendo la ausencia de su padre, arrestados durante el estado de excepción. Elián, además, quedó huérfano. FOTO: Natalia Alberto

Un año de abusos

El 14.64% de las víctimas del régimen de excepción son mujeres, según detalla el Informe Anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del Estado de excepción en El Salvador, presentado por siete organizaciones de la sociedad civil.

Madres, hijas, nietas y hasta abuelas afectadas directamente porque uno de sus familiares ha sido arrestado o porque se las llevaron a prisión.

Han sido documentadas 4,723 violaciones de derechos humanos que han afectado al menos a 5,082 salvadoreños. Las violaciones registradas por las organizaciones son torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual, allanamientos de morada, uso excesivo de la fuerza y acoso por parte de los cuerpos de seguridad.

El régimen ha limitado cuatro derechos ciudadanos fundamentales para la vida cotidiana: defensa, reunión, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha extendido el plazo de la detención administrativa.

Teresa reflexiona sobre su papel en la vida de su hijo. “No sé qué me depara mi destino, mi prioridad es mi hijo. Me tiene solo a mí, aunque esté la demás familia no es lo mismo”, concluye.

María acude a los juzgados a firmar cada 15 días; pues a pesar de que está libre el proceso judicial en su contra sigue en curso. Teme ser arrestada en cualquier momento, le duele, pero en este momento le afecta no poder aplicar a un trabajo formal debido a que ya tiene un antecedente penal que mancha su expediente. “Mis planes se han congelado, por ahora. Quisiera dejarle a mi hija un país donde no tenga miedo a que los policías se la lleven y donde vivir no tenga que ser tan difícil”, concluye.

Tras una visita de 10 días en Honduras, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, detalló que ha habido obstrucción por parte de autoridades investigadoras al recibir denuncias, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, y muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía:Fernando Destephen

«No puedo darle un número, pero sí es un número preocupante, eso le puedo decir», dijo Morris Tidball-Binz a un reportero después de que este le preguntó cuántas muertes se han registrado durante el estado de excepción, una medida implementada por la presidenta Xiomara Castro para disminuir la violencia y los delitos ligados a la extorsión.

Luego de culminar su visita, presentó una serie de observaciones preliminares y seguidamente contestó preguntas de la prensa en una conferencia ofrecida en un hotel de Tegucigalpa el 2 de junio.

Uno de los hallazgos del Relator Especial de las Naciones Unidas que más generó inquietud fue el de muertes ilícitas en el marco del estado de excepción, las cuales ocurrieron —según el relator— durante detenciones y operativos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), también de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) y otras fuerzas de seguridad.

Las detenciones arbitrarias durante el estado de excepción se dan particularmente contra pobladores de barrios y sectores marginalizados afectando especialmente a hombres jóvenes y adolescentes, aseveró el relator especial de la ONU, al tiempo que remarcó que estos casos específicos y cifras de muertes ilícitas serán reveladas en su informe definitivo que se conocerá hasta junio de 2024.

Morris agregó que es de gran preocupación la ampliación del estado de excepción hasta julio de este año, pero que, como lado positivo, destaca la creación y publicación del Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por parte de la Policía Nacional.

Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Foto CC/Fernando Destephen
Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Foto CC/Fernando Destephen

En marzo de 2023, la Policía Nacional publicó un manual para establecer los parámetros legales que «guíen a la carrera policial en actividades relacionadas con el uso de la fuerza y armas de fuego, protegiendo y respetando los derechos humanos de todas las personas». Este informe es solo del conocimiento de agentes policiales estrictamente.

Por otro lado, el relator de la ONU señaló que, aunque el gobierno demuestra una apertura en la desmilitarización de la seguridad ciudadana, es de gran preocupación que la Policía Militar del Orden Público continúe realizando tareas de seguridad ciudadana. Tidball-Binz aseguró que, a raíz de esto, se han registrado muertes en el contexto de detenciones y allanamientos en diversas partes del país.

El pasado 19 de mayo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) celebró la graduación de 571 nuevos policías militares del orden público. Estos policías, —quienes tan solo tuvieron una formación de cinco meses— se agregaron a los 4,200 agentes ya existentes para realizar tareas en el marco del estado de excepción, entre ellas, retenes, patrullajes policiales, registros, y ejecución de órdenes de captura y otras funciones enmarcadas en aspectos legales «respetando los derechos humanos de la población».

@contracorrientehn 🚨En apenas cinco meses se formaron los nuevos 571 policías militares que se han incorporado al estado de excepción en #Honduras. La promesa de la desmilitarización de la seguridad pública quedó en el olvido. En 2021, antes de ser presidenta, #XiomaraCastro prometió en su campaña política «desmilitarizar la seguridad ciudadana». Ahora, en medio de un estado de excepción que ha sido prorrogado cuatro veces, 571 nuevos agentes de la #Policía #Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán al estado de excepción a pesar de haber sido formados en apenas 5 meses. Joaquín Mejía, abogado experto en derechos humanos, aseguró que esto evidencia que los #militares ♬ sonido original - Contracorriente

Pero la preponderancia de los agentes militares en este Gobierno no termina ahí. En mayo de este año, el Diario Oficial La Gaceta publicó un decreto que contiene un reglamento para «la administración de fondos para ayudas sociales y donaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional».

Mediante este decreto, la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) no solo tiene la potestad de entregar ayudas y donaciones a sus trabajadores, sino que también a personas naturales de escasos recursos económicos, centros educativos, asociaciones sin fines de lucro, centros religiosos y otros entes, para el «mejoramiento de sus condiciones limitadas y dar respuesta de manera oportuna a sus necesidades planteadas».

En este decreto también se establece que toda solicitud de donación o ayuda social debe ser presentada ante el secretario de la Sedena, José Manuel Zelaya, —quien es sobrino del asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales e hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. El artículo 9 de este decreto establece que «la entrega de la ayuda se reserva al beneficiario directo o representante legal nombrado para tal efecto».

La necesidad de la antropología forense y una medicina legal independiente en Honduras

Morris Tidball-Binz, quien es médico forense, destacó la falta de retroalimentación en las muertes por parte de la Dirección Nacional de Medicina Forense a familiares y seres queridos de las víctimas. Subrayó que existe una frecuente obstrucción por parte de las autoridades investigadoras al recibir denuncias de víctimas y además una falta de coordinación entre las fiscalías especializadas encargadas de la investigación de muertes violentas.

Ante esto, el relator para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU sostuvo que existe la necesidad de investigar y juzgar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, y la necesidad de implementar un método científico para la investigación de derechos humanos y la identificación genética forense por medio de la antropología forense de acuerdo con los estándares internacionales y modelos de investigación de muertes ilícitas.

«Me parece alarmante que Honduras no disponga de un especialista en arqueología forense a la luz del gran número de exhumaciones que se realizan por año por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, no hay un solo o una sola arqueóloga o antropólogo forense en el país y, además, que las zonas especialmente afectadas y remotas solo tengan un acceso [a investigación forense] muy limitado», aseveró el relator de la ONU.

Con relación a esto, el médico forense externó que él ha observado «con buenos ojos» la propuesta de crear un Instituto de Medicina Legal con funcionamiento independiente y autónomo para incrementar los recursos a disposición de autoridades médico legales competentes, la independencia en procesos de investigación y el despliegue suficiente de unidades forenses con morgues móviles en regiones remotas de Honduras.

En marzo de 2023, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En medio de una crisis en la que fiscales protestaron exigiendo salarios dignos y durante la cual no se realizaron levantamientos de cuerpos ni autopsias, Villanueva entregó esta propuesta al diputado del Partido Libre, Rasel Tomé. Hasta el momento no se ha discutido este anteproyecto en el Congreso Nacional.

Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen
Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

El relator de la ONU remarcó que la falta de investigación de las muertes de privados de libertad resulta aún más preocupante, y añadió que, aunque se hagan autopsias, «no se informa de que murió la persona y tampoco se tienen registros de su muerte».

Morris Tidball-Binz señaló que en Honduras existe un patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad incluyendo mujeres, población Lgtbiq+, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, defensores de la tierra y el medio ambiente y comunicadores sociales.

El relator especial de Naciones Unidas recomendó la creación de una ley que garantice la investigación y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente de personas afrohondureñas, pueblos indígenas, mujeres y población Lgtbiq+.

Dos representantes de Honduras en el servicio exterior enfrentan denuncias por violencia basada en género. Todas fueron presentadas al gobierno o al partido Libertad y Refundación antes de sus nombramientos, pero nadie atendió esas denuncias.

Texto: Vienna Herrera
Portada: Daniel Fonseca

Al menos dos personas que representan a Honduras en el Servicio Exterior han sido denunciadas ante el Tribunal de Honor del Partido Libre y ante autoridades del actual gobierno por violencia basada en género. Uno es el embajador de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos, Roberto Quesada, por intento de violación y hostigamiento y por amenazar a una madre con la posesión de fotografías íntimas de su hija, menor de edad. El otro es Jairo Velásquez, cónsul en Madrid, España, por «usurpar espacios de luchas de mujeres» y tener comportamientos machistas.

Contracorriente tuvo acceso a las denuncias y habló con algunas de las sobrevivientes; por parte del gobierno no hubo respuestas oficiales y solo uno de los denunciados habló con este medio. Contactamos a miembros del comité del tribunal de honor del Partido Libre y tampoco obtuvimos respuestas.

Caso embajador en la OEA

El 8 de marzo de 2022, muchas organizaciones celebraban que por primera vez había una mujer en la presidencia de Honduras, una que había prometido atender las demandas de las mujeres. Ese mismo día, las redes oficiales de Cancillería publicaron fotografías anunciando que la presidenta Castro había nombrado a Roberto Quesada como embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En redes sociales hubo muchas quejas. Quesada ya era conocido en el mundo del activismo del Partido Libre porque había sido denunciado públicamente por violencia machista, pero también por expresar comentarios xenófobos contra migrantes hondureños en los Estados Unidos. Según las víctimas, las denuncias fueron puestas ante el Tribunal de Honor del Partido Libre en 2017, antes del nombramiento, pero nunca llegaron a ninguna sanción.

Una de las denunciantes es Monserrat Murillo, hija de la defensora de derechos humanos, Margarita Murillo quien fue asesinada en 2014. Monserrat huyó a los Estados Unidos en 2015 después del asesinato de su madre. Solicitó asilo político porque, aunque vivía persecución previo al asesinato de su madre, esta se agudizó cuando Monserrat empezó a buscar justicia por ese caso.

Margarita Murillo era una activista campesina y fue una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular después del golpe de Estado de 2009; este frente se convirtió en el Partido Libertad y Refundación (Libre) que ahora gobierna el país. Es por esto que Monserrat confió en que Roberto Quesada, un activista conocido dentro del partido, la recibiera en los Estados Unidos con buenas intenciones. «Fui víctima de un intento de violación por parte de Roberto; el señor estaba en estado de ebriedad y creo que también bajo efectos de drogas», dijo Monserrat a este medio a través de una vídeo llamada.

Monserrat explicó que el hecho ocurrió en noviembre de 2015 pero fue amenazada antes de poner una denuncia por Quesada y su esposa, «me decían que uno en este país no puede andar envuelto en problemas de policía porque como yo todavía no tenía un estatus migratorio regular, me decían que yo estaba corriendo riesgo de que me deportaran y me quitaran a mi hija» contó.

Monserrat les creía, no quería tener problemas. Tampoco pudo mudarse porque le decían que era peligroso por su estatus ir a vivir a otro lugar. También explicó que se aprovechaban mucho de su situación porque aunque ella vivía en el sótano de Quesada y pagaba sus gastos personales y una renta, él pedía dinero en nombre de ella y su familia, dando a entender que ella vivía de forma gratuita en su casa. «Yo les pagaba una renta [a Quesada y su esposa], también en todas las reuniones a las que asistía, nos presentaban a nosotros [a ella y a sus hijos] como que estaban haciendo una obra de altruismo con nosotros al recibirnos en su casa», agregó.

Finalmente, Monserrat decidió denunciar en 2016 a Quesada ante la Policía en los Estados Unidos y a lo interno del Partido Libre. También salió de la casa de Quesada. En ese momento, Quesada la acusó de que la denuncia fue hecha por Monserrat con la intención de obtener residencia en los Estados Unidos. Monserrat explicó que esto no es cierto porque su caso ya estaba avanzado y las autoridades estadounidenses sabían que huía por el asesinato de su madre. Además contó que sus hermanos ya tenían asilo político en los Estados Unidos por haber sufrido amenazas y hostigamientos durante el Golpe de Estado en 2009.

Según Monserrat, Quesada le llamaba constantemente pidiendo una reunión para que aclarara que lo que decían en redes sobre él eran mentiras y que limpiara su nombre.

«Ha sido un caos porque este señor no nos ha dejado tranquilas a nosotras [Monserrat y su hija], tenemos todo tipo de amenazas, todo tipo de persecución de él porque no nos deja tranquilas por las redes sociales. Él siempre está hablando groserías de nosotras, ha llegado a decir que nos dedicamos aquí a la prostitución», añadió.

Monserrat dijo que se atrevió a denunciar públicamente porque quiere justicia y que el acoso hacia ella y su familia se detenga. «Hasta cierto punto estamos peleando con un monstruo, porque él en realidad tiene protección por su estatus de que ahora trabaja con el gobierno», dijo.

A Monserrat no le sorprendió el nombramiento de Quesada en un cargo público, pero sí aseguró que le sorprendió que fue la misma presidenta Castro quien lo juramentó en el puesto a pesar que los antecedentes de Quesada estaban expuestos en redes sociales, en el partido Libre, en medios de comunicación en Honduras y los Estados Unidos e incluso, en cartas escritas que ella le había dirigido a la presidenta.

«Creo yo que, mínimo, por un grado de respeto, no para mí, sino que a la memoria de una mujer como mi mamá que le dio todo, le dio toda su lucha a la causa y luchó para que todo lo que ahora ellos están haciendo en el gobierno, se pudiera dar», finalizó.

Otra de las denunciantes es Lida Perdomo, también activista del Partido Libre en los Estados Unidos. Lida conoció a Quesada en 2014 en espacios de lectura y análisis político, empezó a apoyarlo a él y a su esposa para organizar las bases del Partido Libre en ese país.

«Me pareció importante unirme con ellos hasta que poco a poco fue dando la cara este señor que era una persona muy nefasta, muy misógino y no respetaba a las mujeres» relató Lida y contó que en una ocasión Quesada intentó tocarla sin su consentimiento, pero ella lo detuvo.

Lida continuó frecuentando los mismos espacios que Quesada, «estábamos persiguiendo un objetivo, que era, pues, la lucha que teníamos contra el narco gobierno de Juan Orlando Hernández», explicó.

En 2017, Lida frecuentaba la casa de Quesada para asistir a reuniones del colectivo y a veces también se reunían en la casa de ella, «pasaba muy alcoholizado, muy malcriado con todos los compañeros, se iba poniendo cada vez más pesado. Incluso llegó a ser racista con parte de la comunidad negra garífuna de aquí del Bronx y ese mismo día, sin yo saberlo, manoseó a mi hija», dijo con indignación.

Lida se dio cuenta de ese hecho cuando Quesada la empezó a acosar a través de llamadas y mensajes de voz con amenazas, «me dijo que él tenía fotografías de mis hijos y que tenía fotos Playboy de mi niña menor de edad», contó. Lida tiene el audio de esa llamada y dice estar dispuesta a someterse a un peritaje que compruebe la validez de su contenido.

Lida habló con su hija y ésta le contó que había sufrido agresiones de parte de Quesada, así que Lida lo denunció ante la Policía de Nueva York en 2017. Las autoridades de ese país no han investigado el caso, «pero el crimen de este hombre no prescribe sino hasta los 15 años aquí», agregó Lida.

Para Lida, denunciar a Quesada no fue fácil pues comenzó a recibir amenazas de Quesada, quién también la desacreditaba por redes sociales. Quesada también empezó a atacar a varias personas migrantes que respaldaban a Lida.

Pero no fue la única que recibió amenazas por su caso, otros migrantes también eran acosados si no pensaban igual que Quesada. Por ejemplo, José Bautista, migrante en California, Estados Unidos, le explicó a Contracorriente que aunque nunca conoció a Quesada en persona, recibió amenazas por publicar opiniones diferentes a las de él en en redes sociales, «[Quesada] empezaba a insultarme, incluso me mandó un mensaje diciéndome que ya conocía mi dirección y que si seguía molestando por las redes sociales me iba a denunciar con migración y que gente como yo no quería Trump», contó José.

Varios migrantes activistas de Libre que se sentían ofendidos por Quesada, hicieron una reunión de emergencia del colectivo en los Estados Unidos y determinaron expulsar a Quesada del partido, «pero el documento nunca llegó a Tegucigalpa dado que la esposa era la coordinadora de Libre y ella jamás lo envió» explicó Lida.

Posteriormente, este grupo envió por escrito las denuncias que tenían de todas las víctimas de Quesada al Comité de Honor del Partido. En ese momento también otras mujeres estaban denunciando a agresores como Wilfredo Méndez y otros que ahora trabajan como funcionarios del gobierno.

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Lida dijo que no hicieron caso a sus denuncias, «no tuvimos ningún tipo de respuesta excepto un tweet que puso el coordinador Manuel Zelaya Rosales de que Libre era un partido feminista. Pero de las palabras a los hechos, hay bastante distancia, pues ha habido muy poca respuesta a nuestras denuncias desde que supimos que este hombre, Roberto Quesada, era un misógino, homofóbico, racista y antiinmigrante», dijo.

El Tribunal de Honor de Libre entre 2016 y 2017 estaba conformado por Galel Cárdenas, Julio Escoto, Rodolfo Pastor Fasquelle y Helen Umaña. De estos, Contracorriente contactó a Escoto y a Cárdenas y solo este último respondió afirmando que estuvo en el tribunal esos años, pero cuando se le consultó sobre las denuncias contra Quesada, no respondió si las recibieron, ni qué procedimientos internos se han llevado a cabo con las mismas.

Contracorriente contactó a través de redes sociales a Roberto Quesada para escuchar su versión de los hechos, pero no respondió a solicitudes de entrevista.

En enero de 2023 el portal Pro Honduras Network publicó los audios de Quesada que se mencionan en este reportaje. Ante esta situación, Quesada respondió con un vídeo en el que mencionaba su trayectoria y activismo por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, también denunció que el medio le había pedido publicidad por 20 mil dólares para eliminar la publicación de los audios. Pro Honduras Network es un medio cuya directora ejecutiva es Gabriela Amador, una hondureña migrante que trabaja también en la embajada de Honduras en Washington DC y ellos han negado públicamente el supuesto chantaje.

Quesada dijo que las denuncias se deben a ataques por su activismo en la lucha contra el Golpe de Estado en 2009 «De eso han quedado secuelas, sacan asuntos, mentiras, montajes, falsedades y ellos quieren engañar a la gente. Siempre han incautos que se dejan engañar, pero no toda la gente es incauta», dice en el vídeo.

En julio de 2020 la Secretaría Nacional de la Juventud del Partido Libre publicó un comunicado, que en su momento también fue compartido por Twitter por el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, en donde afirmaban haber recibido denuncias contra varios miembros del Partido, entre ellos Roberto Quesada. «Nos colocamos del lado de las denunciantes ya que no creemos en la lógica del sistema de justicia patriarcal en el que históricamente prevalece la impunidad», señala el comunicado.

Zelaya Rosales dijo en el tweet que la Coordinación del Partido Libre iniciaría una investigación de oficio, no hubo más declaraciones públicas desde ese comunicado.

A Lida, el nombramiento de Quesada en la OEA le cayó «como un balde de agua fría» contó y agregó que «estábamos muy contentas por todos los acuerdos que la presidenta Castro estaba adquiriendo y firmando con muchos grupos de mujeres, con grupos de migrantes, con la comunidad LGTBQ+, pero este hombre representa todo lo contrario a esos acuerdos por lo que es un retroceso».

Por su parte, José lamenta que el nombramiento de Quesada demuestre que no ha habido oportunidad de que el gobierno de Honduras se siente con la comunidad migrante en los Estados Unidos, «el canciller tampoco ha dado la oportunidad de sentarse con la comunidad migrante en Estados Unidos y escuchar de propia voz en las quejas que tenemos la mayoría».

Caso cónsul en España

Un grupo de mujeres migrantes en España envió y publicó una carta abierta a la presidenta Xiomara Castro el 18 de enero de 2022 en la que pedían tener participación como comunidad migrante en las decisiones del nuevo gobierno. Después de que se declarara a Castro como ganadora de las elecciones de 2021, el Partido realizó mesas de trabajo para la transición de gobierno. Una de ellas fue en España en donde este grupo de mujeres no se sintió representada.

«La mera participación de mujeres en la elaboración de la propuesta que desde España se ha elaborado, no ha garantizado esta perspectiva de género ya que sus voces y realidades han sido opacadas y suplantadas por liderazgos masculinos que reproducen comportamientos machistas y excluyentes», se manifestó en la carta.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al menos el 70% de las personas que migran hacia España son mujeres. Es por esto que las mujeres migrantes organizadas estaban pidiendo al gobierno que abriera una Consejería para las migrantes hondureñas en España, un espacio desde donde se pudiera dar seguimiento al pago de manutención, hubiera acompañamiento en el proceso migratorio, apoyo psicológico para supervivientes de violencia machista y otras violencias y apoyo económico en casos de extrema necesidad. De estas demandas y preocupaciones, las mujeres no recibieron ninguna respuesta.

El 20 de junio de 2022, el mismo grupo de organizaciones denunció públicamente a través de un comunicado que el ahora cónsul en Madrid, España, Jairo Velásquez, «sistemáticamente “usurpa” los espacios de lucha de las mujeres y se adueña de sus causas y logros, para luego autopromocionarse mediáticamente con fines particulares de tipo político» y pedían que no se le diera un cargo representativo en el gobierno.

Karen Rodríguez de la Red de Hondureñas Migradas en España (REDMIH), conoce bien la denuncia porque su organización fue una de las firmantes. Karen vive en España desde hace 13 años, pero fue en 2015 cuando comenzó a hacer activismo por diferentes causas y ahí conoció a Jairo Velásquez.

«Estábamos bastante desesperadas y pues nos encontramos un grupo de gente afín, que lo único que queríamos era denunciar lo que estaba haciendo Juan Orlando. Yo no milito en Libre, nunca lo he hecho, porque cuando yo salí de Honduras no existía Libre todavía. Entonces, desde un principio, varias de nosotras dejamos claro que esto no era una organización política». Así es como crean la Comunidad Hondureña en España (ACHE) en donde la mayoría de las integrantes eran mujeres.

Karen aseguró que cuando la organización empezó a tener cierto reconocimiento en España, Jairo «empezó a pedir que él quería hacer las entrevistas, o sea directamente. Él pedía que él quería hacer lo que él quería y cuando había personas que le decían que no, empezaba a discutir y a convencer al resto de que él era el indicado para hacer la entrevista. Muchas veces daba entrevistas cuando llegaban invitaciones sin decirnos nada» explicó Karen.

Además relató que Velásquez comenzó a tener comportamientos machistas cuando le pedían que trabajara de forma más consensuada, «siempre infravalorando nuestros conocimientos, que no nos miraba aptas, que no sabíamos de los temas, que él era el más indicado [para dar entrevistas]. En fin, luego también varias de nosotras comenzamos a formarnos en el feminismo» contó Karen y agregó que después de eso Jairo las empezó a atacar refiriéndose a ellas en términos peyorativos como «feminazis» y diciendo que ellas lo odiaban porque le tenían envidia.

Según el testimonio de Karen, Jairo llevó a personas cercanas a él a la organización para que le apoyaran, y las fundadoras se fueron porque sentían que el espacio ya no las representaba. Dijo que, al salir de esa organización, junto a otras mujeres crearon la Red de Mujeres Migradas (REDMIH) y al principio las personas cercanas a Jairo quisieron desprestigiarlas cuando veían que los medios las buscaban para hablar sobre Honduras.

Al final, Karen aseguró que se sintió utilizada con fines partidarios y «el hecho del maltrato que sufrimos por parte de las burlas y las calumnias […] Ahora ya no van a ningún evento, ya no se acercan a ningún evento de organizaciones sociales, ellos están en lo que están en su puesto en sus cargos y lograron lo que quería».

En una carta enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, las organizaciones también denunciaron que Velásquez estuvo involucrado en una recolección de dinero para apoyar económicamente a Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, después del femicidio de su hija en Honduras. Norma dijo que no recibió el dinero proveniente de esa recolección.

Jairo Velásquez aseguró que él no está involucrado en ese caso y lo único que hizo fue publicar en Facebook que estaba en ese evento, pero quien se encargó de la rifa fue Sindy Flores y que él ni siquiera pudo apoyar con la compra de números de esa rifa.

Norma dijo que Sindy afirmó haber tenido el dinero recolectado y que a ella varias personas le escribieron para decirle que le habían dado dinero a Sindy para ella, y que al contar el dinero era más de lo que Sindy le decía que se había recolectado. Sin embargo, Sindy aseguró que ella recolectó muy poco y, aunque quiso dárselo a Norma, nunca se puso de acuerdo y devolvió el dinero a cada persona que había apoyado. Sindy respalda que Jairo no tuvo que ver con este caso y esta información se la envió a Norma Rodríguez a través de un Burofax, que en España es un tipo de comunicación oficial que sirve de prueba frente a terceros.

La carta enviada por las organizaciones denunciantes en España, fue respondida vía correo electrónico por la ministra Natalie Roque quien aseguró haber remitido el caso a la viceministra Mirtha Gutiérrez. Contracorriente contactó a la viceministra para confirmar si había recibido estas denuncias y qué tipo de acompañamiento podría dar la Secretaría en un caso así; sin embargo, aunque la viceministra pidió el cuestionario de preguntas y se le envió vía mensaje de texto, no respondió antes de esta publicación.

Jairo Velásquez le dijo a este medio que las organizaciones que lo denuncian son desconocidas y no tienen ningún tipo de reacciones [impacto], y aseguró que «más allá de Facebook o de que alguien enciende una computadora y abra un programa que se llama Microsoft Word y diga “Jairo robó vacas” o “Jairo es un asaltante” o “Jairo es un usurpador de luchas de empleadas del hogar”, nadie podría comprobar nada ya que él cuando llegó a España supo de primera mano la situación de las mujeres migrantes en ese país porque su esposa trabajó cuatro años limpiando bebés, siendo canguro como le llaman aquí o cuidando personas».

Jairo también confirmó que quienes le denunciaron fueron compañeras de él en la asociación, «ellas no se sentían representadas porque querían un espacio meramente femenino porque aquí de 10 hondureños 7 son mujeres y tres son hombres. Sin embargo, nuestros eventos de recaudación para poder ayudar […] a estos eventos a ellas no les gustaba ir porque solamente tenían el tema dialéctico, no práctico. Nosotros continuamos y esto ha sido nuestra vida, luchar por los derechos de los migrantes aquí y obviamente yo tengo mis convicciones partidarias que he venido arrastrando desde Honduras» añadió.

Jairo recalcó que, aunque fue denunciado de usurpar espacios, «también hay que entender que las luchas no se usurpan, las luchas se luchan».

Velásquez fue nombrado cónsul en octubre de 2022, a pesar de que él era residente de España, ya que uno de los requisitos para formar parte del consulado es que la persona no sea ni residente, ni que tenga la nacionalidad del país donde prestará servicios. Velásquez dijo que «el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que uno puede renunciar a su residencia para poder ser acreditado legalmente. De hecho, fui el cónsul que me acreditaron en una semana, a la velocidad de la luz, yo ya estaba acreditado después de renunciar a mi residencia que tantos años me costó conseguir después de ser ilegal en este país», explicó.

«Estas mujeres se enteran de que yo voy a ser cónsul e inmediatamente sacaron esos comunicados sin ninguna prueba porque, hasta el día de hoy y hasta esta hora, Jairo Velázquez no tiene ninguna denuncia, ya sea ni de machista ni de usurpador de luchas de empleadas del hogar o de albañiles y tampoco de maltrato a mujeres. Nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a ir a una comisaría tomando en cuenta que en España este tipo de delitos no prescriben», dijo.

A Velásquez también le acusaron en las cartas y comunicados de haber agredido físicamente a un grupo de mujeres en un evento social, sin embargo, este medio no se pudo comunicar con ninguna de las mujeres que dieron su testimonio con copia a la Secretaría de Derechos Humanos.

Sobre esto, Velásquez dijo que, si fuera cierto «siendo una asociación o colectivo feminista de estudios avanzados de la mujer y sororidad, cómo no van a poder asesorar a tales víctimas para indicarles “oye, fíjate que en todos los anuncios de televisión a cada rato nos dicen aquí en España que los delitos contra la mujer no prescriben. Alza la voz, llama a tal número o ve a una comisaría” Es muy raro desde ese punto de vista», agregó.

La denuncia pública también indicaba que el vicecanciller, Tony García, hizo caso omiso a las denuncias que las mujeres le hicieron presencialmente cuando llegó junto a una delegación en junio de 2022. Contracorriente abordó al viceministro de Relaciones Exteriores, Tony García, para que respondiera si tenía conocimiento de esto y qué medidas pueden tomar ante este tipo de denuncias; sin embargo, aunque pidió el cuestionario por escrito y este le fue enviado vía mensaje de texto, no respondió a las preguntas.

Sobre esto, Velásquez aseguró que él no había conocido al vicecanciller hasta que llegó a España y que, aunque aún no era cónsul y no sabía que lo iban a nombrar en ese puesto, él recibió a la delegación porque Velásquez representa al colectivo de Libre en España y supo que una mujer de las denunciantes se reunió con él, aunque no estaba en la agenda.

«Ya tenía una agenda con nosotros que se había construido desde hace un mes atrás y lo llevé al CTIC [Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que] es el centro de empoderamiento a la empleada del hogar y cuidado porque los espacios de la mujer tienen que cambiar solamente ocupándolos. Porque no nos podemos de desgalillar [esforzar gritando] años y años en las calles. Pero si no se ocupan, si no se empoderan estas empleadas del hogar, si no se les enseña a utilizar la computadora, si no se les enseña a sacar cursos de diferentes cosas que no sea limpiar baños o cuidar niños, nunca vamos a avanzar» explicó Velásquez.

Además añadió que no todas las mujeres migrantes en España se sienten representadas por las denunciantes, «y se lo digo así, un hombre o una mujer que tiene 17 años de vivir en España y que continúa bajo el mismo modo de trabajo, que no ha podido como persona ni a otras personas ayudarlas a salir de un hueco, yo no puedo sentirme representado con alguien así, entonces también es relativo», dijo.

La respuesta del Partido Libre y del gobierno a las denuncias

Estos casos y este silencio no han sido únicos. Algunos funcionarios públicos del partido Libre han sido denunciados por violencia machista dentro o fuera de sus funciones y las personas sobrevivientes no se han atrevido a denunciar debido al silencio —o apoyo implícito— de las autoridades del partido Libre y de la presidenta Xiomara Castro que nunca se han pronunciado públicamente por estos casos.

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A finales de mayo se viralizó un caso que involucró al abogado Tirzo Ulloa —en aquel momento Secretario General del Instituto de la Propiedad (IP)— en el que le pedía favores sexuales a una mujer a cambio de un puesto de trabajo.

Ante esta situación, el Consejo Directivo del IP publicó un comunicado en el que señalaron que aceptaban la renuncia de este funcionario como parte de su compromiso «como esclarecimiento de los asuntos ya mencionados, así como su disculpa ante la exposición de los sucesos», dice el comunicado.

En el comunicado también se señaló que el IP «rechaza toda forma de acoso u hostigamiento sexual» y que las actitudes denunciadas de Ulloa van en contra del Código de conducta y ética de los funcionarios públicos «que estipula que la administración pública no debe servir como instrumento para ningún tipo de tráfico de influencias o situaciones que comprometan la honorabilidad».

La abogada feminista, Alexa Maradiaga, contó que estuvo involucrada con la Revuelta Feminista de Libre, un espacio de mujeres organizadas dentro del partido cuando se estaban interponiendo las denuncias contra Quesada en 2017. Alexa también interpuso una denuncia penal contra una persona del partido por violencia sexual.

«Creo que como partido como tal hay muchas compañeras que están muy informadas sobre el tema de acompañamiento, pero como estructura partidaria no están preparados. No hay personal capacitado para atender a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, o que estén sensibilizadas», explicó Alexa.
También dijo que dejó de buscar una respuesta dentro del partido porque se sentía muy hostigada y porque el tratamiento a su caso se dio mal, «era una situación horrenda el acoso que recibía, la cantidad de gente del partido que me escribía para decirme que yo le quería arruinar la carrera política al compañero, que yo estaba inventando esto por una venganza».

Sobre el acompañamiento dentro del partido, Maradiaga explicó que también fue un proceso angustiante porque «[…] me querían forzar a poner como una fecha. Por ejemplo, me decían “tenemos que enviar esto ahorita porque te vamos a usar de pronunciamiento y vos vas a ser la cara”», dijo, pero se sentía muy expuesta y no sentía que quería estar contando su caso siempre, sólo quería justicia.

Además, explicó que a ella le fue más fácil denunciar e intentar que se abriera un proceso porque no tenía interés en cargos públicos. Dijo que algunas mujeres tuvieron que acompañarle en silencio porque apoyarla les podía traer consecuencias, «es muy difícil visibilizarlo porque hay una estructura de poder muy fuerte, pues, y porque escuchas lo que dice el Coordinador General [Manuel Zelaya] y sus comentarios machistas y homofóbicos», dijo Alexa y se refirió a unas recientes declaraciones de Zelaya en un encuentro del partido en el que se burlaba y decía que en el Congreso Nacional había tres géneros: lesbianas, homosexuales y bisexuales.

Alexa recordó que, aunque el gobierno haya llegado al poder con una agenda feminista, el plan fue construido en colectivo y no bajo la buena intención de Xiomara Castro o Manuel Zelaya y que al menos, por ahora, esa agenda no es una prioridad. «A mí me pareció muy simbólico el hecho de que el nombramiento de Quesada fuera realizado por Xiomara Castro porque sabían que es un hombre que ha cometido agresión y se tomó esa decisión consciente», agregó Alexa.

«Nos hemos enfocado tanto en intentar no dar más herramientas para que los ataques machistas continúen [contra la presidenta y las funcionarias], que realmente no nos hemos tomado el tiempo de recordar que todo funcionario público tiene deberes y entre ellos está que debe abordar la agenda en protección a las mujeres», finalizó.

En 2014, durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, Honduras inició el proceso de creación de una Marca País y desde ese año hasta 2019 el Estado invirtió más de 4 millones de dólares en consultorías internacionales (aproximadamente 110 millones de lempiras) para este proyecto que, según fuentes consultadas por Contracorriente, era realmente una herramienta para limpiar la imagen de la gestión del expresidente, ahora acusado por narcotráfico en los Estados Unidos.

Texto: Persy Cabrera con apoyo de Jennifer Ávila
Portada: Persy Cabrera

La Marca País es una propuesta de marketing que ha tomado fuerza a nivel mundial en los últimos años, por ser como una propuesta de valor hacia los visitantes o aquellas personas que quieren invertir en un país. En marzo del 2015, el expresidente Juan Orlando Hernández, hizo oficial el lanzamiento del proyecto Marca País en Honduras; dijo entonces que era un esfuerzo para «poner a Honduras en el mapa mundial, por la riqueza cultural y la diversidad de nuestra gente» y prometió que con esta iniciativa el país se posicionaría como «destino turístico de clase mundial y estar a la vanguardia en Centroamérica».

Sin embargo, según fuentes consultadas por Contracorriente, Marca País en realidad funcionaba para «promover, limpiar y endiosar la imagen del expresidente Hernández» y como «una idea para maquillar y presentar sólo aquellas cosas superficiales para presentar el país como un souvenir».

Para el funcionamiento de Marca País, de 2014 a 2019, el gobierno de Hernández contrató firmas en los Estados Unidos que sumaron un gasto total de 4,481,787 dólares, aproximadamente 110 millones de lempiras. Las firmas fueron: Burson Marsteller LLC y Cyparis, que fueron contratadas a través de Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) con tareas como la creación de la estrategia de comunicación para una imagen nacional.

Pero en el camino de construcción de Marca País, algunos de sus embajadores renunciaron y otras personalidades hondureñas rechazaron ser parte del proyecto denunciando el fraude electoral de 2017 y los escándalos de corrupción que envolvieron al gobierno de Juan Orlando Hernández.

Ahora, las últimas huellas de Marca País en redes sociales son publicaciones hechas un día antes de la toma de posesión de la actual presidenta, Xiomara Castro, con enlaces que redirigen a un sitio web con blogs sobre la actual presidenta y noticias sobre el medio ambiente, la economía y la violencia en Honduras.

El propósito de una marca país, de acuerdo con diversos sitios web sobre el tema, es tener una estrategia que capitaliza la reputación e imagen de una nación en mercados internacionales con el objetivo de atraer turistas e inversión internacional. Los proyectos de Marca País son impulsados a nivel mundial por los gobiernos. De acuerdo con la consultora Bloom, en el periodo de 2022 – 2023, las mejores Marca País de la región latinoamericana han sido México, Costa Rica y Brasil.

Se crea un logo, un slogan que represente al país en cuestión —en Honduras fue «Somos para ti»— y se toman en cuenta elementos como productos que exporta, por ejemplo, cultura, música, gastronomía y la oferta turística para que sean representados e impulsados por la Marca País.

De acuerdo con la web de Marca País —una anterior a la que tiene los blogs sobre Xiomara Castro y que no se actualiza desde 2017— los pilares de este proyecto eran la exportación, el turismo, la inversión y el orgullo nacional.

La Marca País de Honduras inició con un contrato de consultoría por 133,334 dólares (3,277,064 lempiras) celebrado el 4 de agosto de 2014 entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) y la empresa consultora de comunicaciones, Burson Marsteller LLC; este contrato tenía como objetivo «que la consultora [Burson Marsteller LLC] acompañe a Coalianza y sus asesores en la creación y comunicación de una imagen nacional y una marca país» con la meta de cumplir tres objetivos: «promoción de la inversión extranjera, de las exportaciones y del turismo receptivo».

Coalianza se creó en 2010 con el decreto 143-2010 de la «Ley de promoción de la alianza público-privada» que tenía como finalidad «gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral en el país». Sin embargo, en diciembre de 2019, el expresidente Juan Orlando Hernández ordenó con el decreto PCM-064-2019 suprimir y liquidar el contrato al considerar «que los diferentes informes resultantes de consultorías internacionales, sociedad civil y de proyectos específicos, han evidenciado que Coalianza presenta una capacidad técnica insuficiente, existiendo escasa coordinación entre los grupos de trabajo […]».

El contrato celebrado entre Coalianza y Burson Marsteller en agosto de 2014 se extendió tres veces más hasta finalizar en febrero de 2015. Estas ampliaciones se realizaron con un gasto de 586,671 dólares (14,419,117.70 lempiras) para cumplir con unos objetivos que, de acuerdo con Mario Ramos, productor y cineasta hondureño, tenía otros objetivos escondidos.

Según Ramos, Marca País se utilizó como una «una herramienta más para impulsar la imagen del presidente Hernández, lo cual no solo es inaceptable sino además arriesgado, sobre todo cuando éste buscó la permanencia ilegítima en el poder» y que se utilizaba a «una institución de gobierno que tenía que promover la cultura, las artes y el turismo del país como una herramienta para promover, limpiar y endiosar la imagen del expresidente Hernández».

Ramos también explicó a Contracorriente que, aunque Marca País no le invitó formalmente a ser embajador de este proyecto, algunas personas «afines al gobierno de Juan Orlando Hernández» se le acercaron en dos ocasiones, en una de ellas, una persona de Marca País.

El grupo de embajadores de Marca País estaba formado por personalidades hondureñas que tenían el propósito de «difundir de manera voluntaria y positiva los valores de la marca para potenciar el crecimiento de nuestro país Honduras». Salvador Moncada, científico hondureño, renunció a seguir formando parte de este grupo de representantes de Marca País tras el fraude electoral de 2017. Mary Vallecillo, también científica hondureña, rechazó ser embajadora de Marca País porque para ella eso habría sido representar «una dictadura; un gobierno que tiene al pueblo huyendo porque ya no aguanta vivir en la más terrible miseria».

Fueron embajadores de Marca País inicialmente: la periodista Carmen Boquín, chocolatier; Maribel Lieberman, diseñador de modas; Carlos Campos, científico; Salvador Moncada y el antiguo arzobispo de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez.

Después de los contratos internacionales de 2014, se realizó un nuevo contrato con la consultora Burson Marsteller en 2015 por 949,000 dólares (23,324,389.14 lempiras), firmado por el entonces comisionado de Coalianza, Erasmo Virgilio Padilla, quien en 2022 fue denunciado por el el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) junto a Ebal Díaz por suponerlos responsables de los delitos de fraude y administración desleal del patrimonio público.

En 2016 y 2017 se celebraron dos contratos más con Burson Marsteller por 1,032,000 dólares (25,364,351.52 lempiras) en cada ocasión. En 2018, se volvieron a ocupar los servicios de esta consultora por 708,182 dólares (17,405,598.05 lempiras).

Una de las tareas de Burson Marsteller LLC en estos contratos era dar «recomendaciones sobre acercamientos con medios de comunicación, influenciadores en redes sociales, empresarios y autoridades». Uno de esos acercamientos fue con el creador de contenido, Allan Valeriano —conocido en redes sociales como «Gazu»— que participó como corresponsal de un medio de comunicación hondureño en algunas actividades de Marca País y que en 2018 durante un festival en Roatán, Islas de la Bahía, fue contratado por Marca País para realizar un show de beatbox.

En una entrevista para Contracorriente, Valeriano relató que en este evento la organización de Marca País le pidió «que no dijera nada contra el Gobierno», algo con lo que no estuvo de acuerdo. Además dijo que le solicitaron eliminar un vídeo en el que criticaba al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández en el contexto de la campaña «¿Dónde está el dinero?», y que tras negarse a hacerlo, no volvió a ser llamado por la organización de Marca País.

Del festival de 2018, Valeriano recuerda que «fueron 10 personas con un montaje millonario, con algunos patrocinadores, los hoteles no sé si fueron patrocinadores, pero fue caro» y que de acuerdo con sus cálculos se gastaron 300 mil lempiras en viáticos.

«Gazu» considera que la visión del proyecto era «cool» al promover a Honduras como un destino turístico pero que «la idea se diluía en el momento donde te dicen que tenés que, en tus redes, promover a Juan Orlando». Además, señaló que en los eventos de Marca País observó que algunos de los creadores de contenido invitados no hacían contenido relacionado a turismo, y agregó «¿qué va a ir a hacer algún fashion blogger? Va a hacer nada, o sea, tiene que ir alguien que te haga contenido de turismo, de experiencia, no creadores de contenido que no tienen ni el alcance, ni el segmento que requiere eso».

Salvador Madrid, poeta, gestor cultural y uno de los fundadores del Festival de Los Confines, considera que Marca País fue una idea para «maquillar, presentar sólo aquellas cosas superficiales, presentar el país como un souvenir». Además detalló que para crear una Marca País se debía realizar una investigación en la que se consultara a autores culturales, intelectuales y escritores porque existe una complejidad en crear una marca con algo tan diverso como la cultura, y preguntó «¿cómo vas a diseñar una marca país sin lo negro, sin lo lenca, sin lo mestizo, sin las mujeres y sin los niños?».

Madrid juzgó que «no es el turismo el que llena la cultura, todo lo contrario, es la cultura la que le da cuerpo y consistencia al turismo» y que, en conclusión, este proyecto destacó la cultura como un «show».

Madrid argumentó que «con esa cantidad de presupuesto bien se pudieron hacer grandes iniciativas de emprendedurismo cultural, de gestión cultural, de resaltar la bondades de los territorios, de cada territorio del país, potenciar a los a los artistas locales, potenciar las expresiones de la cultura popular que son muy importantes para una marca país; generar una infraestructura de reconocimiento del país en su diversidad pues no tenemos este gran mapa de la cultura hondureña».

De acuerdo con Salvador, hubo acercamientos e interés de Marca País en el Festival de Los Confines, pero que se convertía en un proceso complejo «porque las personas que estaban ahí no tenían la suficiente experiencia para elaborar un discurso para promocionar literatura».

***

En junio de 2019, el gobierno celebró otro contrato por por 40,600 dólares (997,749.47 lempiras) relacionado a Marca País, en esta ocasión con la consultora CYPARIS y de parte del gobierno firmaba Pedro Alexander Díaz, en ese entonces ministro de Administración y Gestión Financiera en Casa Presidencial durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Díaz fue señalado de cometer fraude, malversación de caudales públicos por cambio de destino y malversación de caudales públicos en el caso de corrupción «Hermes» que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó ante la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2021.

En agosto de 2019, Contracorriente reportó que Facebook cerró 181 cuentas y 1488 páginas falsas en Honduras que se dedicaban a comentar y amplificar mensajes positivos sobre el ex presidente Juan Orlando Hernández. Aldo Salgado, experto en informática y ahora coordinador de Laboratorio Ciudadano, explicó a Contracorriente que el gobierno de Juan Orlando Hernández además de pagar publicidad en Facebook y crear perfiles falsos, también se encargó de pagar consultorías para mejorar la reputación de los proyectos creados por su administración. Para ejemplificar esto, señaló el contrato firmado en 2019 con CYPARIS en el que entre diversas tareas se solicitaba la «asesoría en la socialización de Marca País con actores clave».

Este contrato lo firmó Lucas Silva Wood por parte de la consultora CYPARIS, quien de acuerdo con su perfil en Linkedin, trabajó durante 16 años en Burson Marsteller, la consultora que fue contratada de 2014 a 2018 para gestionar Marca País.

Estas consultorías para Marca País suman un gasto total de 4,481,787 dólares, que aproximadamente representan unos 110,152,733 de lempiras. Fue un proyecto en el que Salvador Madrid considera que quedaron fuera muchos elementos de la cultura hondureña porque «entraron en conflicto y en tensión con el régimen». ¿Cuál será el siguiente paso para promocionar Honduras?

El Estadio Nacional que antes se llamaba Tiburcio Carías Andino, como el dictador de la década de los 40, se transformó. El nuevo gobierno no solamente le cambió su nombre en un acto simbólico —ahora se llama José de la Paz Herrera Uclés— sino que durante siete meses le instaló una grama nueva en la cancha que el sábado 27 de mayo fue inaugurada.

La cancha la estrenaron un día después de la inauguración, dos equipos de la Liga Nacional de Fútbol en una final poco común: el Olimpia, que ya carga 36 copas y los Potros FC de Olancho, el pueblo natal de la presidenta Xiomara Castro y su familia. Ese día, en un evento público, la presidenta vio desde la nueva cancha a su cuñado patear la pelota de fútbol. El acto fue histórico y la presidenta prometió que después de esto se invertirá en más canchas para que el fútbol sea más accesible para los niños y niñas hondureños.

Pero este cambio de grama, que en algún momento la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) llegó a comparar con la de los estadios en Qatar, ya abrió controversia. Según un informe de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (Oncae), esta reparación presenta anomalías en el proceso de licitación en el gasto de 32,461,691.34 lempiras. Ante esto, Mario Moncada, comisionado de la Condepor descalificó el informe por considerarlo un «ataque orquestado» en contra de la Condepor.

Un estadio público para un partido privado

El estadio Chelato Uclés iba a ser inaugurado el día de la final, el 28 de mayo, pero tras una polémica entre la Condepor y el Club Deportivo Olimpia, se tomó la decisión de inaugurar la grama el sábado 27 y hacer el juego de la final el domingo 28. Para aclarar el asunto, el Olimpia explicó que la Condepor no quería prestar el estadio para entrenar y reconocer la grama previo al partido contra Los Potros FC, aunque la decisión de la Condepor se tomó por consejo de la empresa a cargo del cambio de la grama, TMS Grass, que recomendó como tiempo prudencial esperar hasta el 28.

La fecha de inauguración trajo una serie de enfrentamientos entre miembros de la prensa deportiva, algunos de ellos cuestionando que se use la inauguración como un acto político y otros defendiendo la petición del Olimpia de poder entrenar antes del partido de la final.

El domingo 28 de mayo, los precios de las entradas en el mercado «negro» llegaron a hasta los mil lempiras mientras que el boleto en taquilla física costó doscientos lempiras a quienes pudieron comprarlo en medio del caos formado por la falta de organización y la demanda multitudinaria de la población.

El Club Deportivo Olimpia explicó en un comunicado que la boletería se vendió solamente de manera física y no con tickets electrónicos porque, al ser un evento grande, en anteriores ocasiones han tenido problemas al momento de escanear los boletos.

Algunos aficionados llegaron desde el 24 de mayo a las cinco de la mañana para hacer fila en la taquilla del estadio para comprar boletos.

El Olimpia cuenta con la barra aficionada más grande del país, una barra muy organizada. Ser parte de la barra Ultra Fiel no da un privilegio al momento de comprar los boletos, como se podría creer, sus miembros esperan igual o más que los otros aficionados pues para ellos los controles de seguridad son más estrictos y el trato de los policías más duro. En su mayoría, los barristas de la Ultra Fiel son jóvenes que aman al Olimpia y consideran que esa pasión no es «ni un momento, ni la eternidad, esto va más allá» como dice una de sus canciones de aliento, conceptos poéticos cuando la violencia ha sido una característica constante en las barras.

Don Mario tiene 68 años, usa una gorra blanca que le aplasta las canas, lleva una mascarilla gris y de un bastón cuelgan varios banderines del Olimpia que agita según el ánimo de la barra; su camisa es de manga larga con rayas rojas y blancas —los colores del equipo—, usa un pantalón color café y resalta sobre los demás porque no usa ropa deportiva que es el tradicional outfit de la barra. De su pantalón cuelgan dos bolsas de plástico donde guarda pastillas.

Miembros de la barra Ultra Fiel alientan a su equipo el partido de la final contra Potros FCFotoCC/Fernando Destephen
Miembros de la barra Ultra Fiel alientan a su equipo el partido de la final contra Potros FCFotoCC/Fernando Destephen

Nadie recuerda exactamente desde cuánto acompaña a la barra pero don Mario cuenta que desde hace quince años sigue al Olimpia con la Ultra Fiel. Los barristas ven en él una figura importante y le tienen algunas consideraciones, como cuando despliegan la manta gigante de la Ultra y le avisan para que se quite y no ruede golpeándose en las graderías como le ha ocurrido antes.

Don Mario es uno más, ha dormido en las calles, como todos los de la Ultra Fiel cuando los buses se han arruinado en un viaje para apoyar al Olimpia, o cuando han llegado tarde a ver los últimos treinta minutos de un partido, o los últimos quince, pero siempre con la barra y ese sentimiento de pertenencia al equipo no tiene límite aunque el domingo los jugadores del club no les dedicaron la vuelta olímpica con el trofeo, ni un minuto de simpatía a esos que viven por «el león, el más grande».

Don Mario dice que seguir a la barra es algo filosófico pues «las barras somos puro corazón, nosotros pagamos para seguir al equipo». Don Mario también reparte medicinas de su botiquín personal a los que se acercan con algún malestar que se puede aliviar con una acetaminofén.

En la barra los cantos van a favor del Olimpia hasta que al minuto 43 del primer tiempo Agustín Auzmendi, jugador del Olancho FC, marcó el primer gol del partido y el canto cambió a una exigencia:

«Si no ponen huevos cómo quieren que ganemos».

La pasión de la barra funciona al revés, con cada gol del Olancho FC, la Ultra Fiel gritaba más y exigía más.

«Somos tercermundistas, pero, en mantas le ponemos corazón» dijo una joven que después del tercer gol del Olimpia estalló en lágrimas en un extraño contraste con la línea de policías antimotines que sirvieron de muro de contención para dejar un espacio de casi un metro entre la pared que divide la zona de Sol Norte, la Sombra Sur, el territorio de la barra. Para esta final, el dispositivo de seguridad fue de mil doscientos policías distribuidos en siete anillos de seguridad y contaron con el acompañamiento del helicóptero de la Policía Nacional.

El Olimpia ganó su título 36 y la Ultra Fiel celebró dentro del estadio, luego tuvieron que esperar para poder salir por el portón siete, para peregrinar por el bulevar Morazán y ser campeones un domingo de lluvia en una Tegucigalpa donde ya casi no llueve y donde los informes sobre irregularidades en proyectos deportivos de remodelación continúan y se reducen, como siempre, a un ataque malintencionado.

La empresa Sulambiente reclama a la Municipalidad de San Pedro Sula el pago de una deuda por 817 millones de lempiras, acción sustentada en un informe del Tribunal Superior de Cuentas. El alcalde Roberto Contreras y el vicealcalde, Omar Menjívar, rechazan ese informe mientras que un grupo de regidores han adoptado una posición diferente y presionan para que la municipalidad haga un acuerdo de pago con la empresa. Para el vicealcalde Menjívar, este conflicto tiene su origen en el tráfico de influencias de un negocio millonario que ha saqueado la alcaldía de la ciudad más próspera de Honduras.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre y Jorge Cabrera

El 16 de abril de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un informe en el que se recomienda a la Municipalidad de San Pedro Sula pagar a la empresa Sulambiente, sin afectar la factura mensual, la suma de 817 millones de lempiras. Este documento salió a la luz después de que el alcalde Roberto Contreras solicitó al TSC una auditoría de los contratos, documentos, soportes y la operación de la Municipalidad entre el año 2014 y 2022. Entre todos los asuntos revisados está el contrato de la empresa Sulambiente, que provee los servicios de recolección de basura, barrido de calles y gestión del relleno sanitario en San Pedro Sula.

El alcalde Contreras pidió la intervención del TSC después de que en noviembre de 2022 dijo que se estaba gestando «un golpe de estado municipal» en su contra. En ese momento, la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) investigaba una red interna que supuestamente opera en la municipalidad y que ha sido beneficiada con jugosos contratos.

Aunque ahora el alcalde Contreras y Omar Menjívar hacen un bloque común en contra del informe del TSC, en aquellos días el alcalde sampedrano apuntaba su dedo acusador contra Menjívar y contra el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, a quienes acusaba de urdir conjuntamente un plan para derrocarlo.

En busca de protección contra el supuesto plan para sacarlo de la Alcaldía, Roberto Contreras —que ganó las elecciones de noviembre de 2021 gracias a una alianza con Omar Mejívar por medio del Partido Libre—, llegó incluso a felicitar públicamente al exalcalde de la ciudad por el Partido Nacional, Armando Calidonio —actual regidor en la comuna sampedrana— quien durante la campaña fue su principal adversario político. Ahora, según Menjívar, el exalcalde Armando Calidonio es uno de los principales impulsores para que la actual administración pague los 817 millones de lempiras a Sulambiente.

El vicealcalde Menjívar explicó a Contracorriente que las ideas de Contreras no eran correctas, pues las diligencias de la Uferco no están dirigidas contra él sino que esa unidad investiga la operación de un grupo que ha logrado contratos en la Municipalidad de San Pedro Sula realizando maniobras indebidas.

Pese a que Sulambiente aparece en el contrato como la empresa encargada del barrido de calles en San Pedro Sula, Menjívar sostiene que este trabajo no es manejado directamente por esta empresa. A juicio del funcionario, Sulambiente presta su nombre a una empresa —cuyo nombre no reveló—- que forma parte de un grupo que Menjívar considera que se ha hecho de varios negocios en la municipalidad utilizando sus influencias en los políticos locales. En el contrato con Sulambiente también se incluye el servicio de recolección de basura y el manejo del relleno sanitario, que aunque están contemplados en un mismo contrato, se cobran con facturas y estándares diferentes.

El reclamó administrativo que hace Sulambiente, acompañado por el informe del TSC, está basado en un término que aparece en la Ley de Contratación del Estado denominado «costos mayores». El vicealcalde Omar Menjívar aseguró que Sulambiente no había reclamado antes estos valores; «ahora hay un gran debate, que a mí me ratifica que todo esto se mueve a través de esta red, que ha manipulado los negocios aquí en la alcaldía», dijo Menjívar.

El informe provocó división en la corporación municipal

Para el vicealcalde Omar Menjívar, hay situaciones que han rodeado la elaboración de este informe y su traslado a la alcaldía que no parecen apegadas a la norma. Sostiene que, en principio, ese informe debió ir dirigido al alcalde municipal Roberto Contreras como representante legal de la municipalidad, pero en lugar de eso, se lo entregaron al gerente financiero, cuando este es un asunto administrativo.

Después de haber sido entregado al gerente financiero, el informe llegó a la sesión de corporación municipal, contó Menjívar, quien añadió que «con todo el dolo del mundo y el conocimiento, no lo hicieron a través de la secretaría; eso lleva un propósito, porque es un asunto meramente administrativo, no le compete a la corporación. Lo hicieron para que los regidores tuvieran un pronunciamiento en el tema y eso fue lo que se intentó en la última sesión de corporación que se llevó a cabo. Uno de los regidores presentó una moción».

Menjívar explicó que antes de las sesiones de corporación, los regidores reciben con tres días de anticipación la información necesaria sobre los temas a tratar y las mociones que se van a introducir. No obstante, en la sesión número 62, llegado el momento de los puntos varios, el regidor del Partido Liberal, Antonio «Toñito» Rivera, introdujo una moción en la que, en resumen, propuso que se instruyera a la gerencia financiera y a la tesorería a presentan un plan de cumplimiento de la recomendación del TSC, o sea, pagar los 817 millones de lempiras.

El vicealcalde sostuvo que el regidor Rivera aprovechó el momento para presentar esta moción, «que nadie sabía que se iba a presentar y nadie la tuvo a mano por escrito» y una vez aprobada no habría más que ejecutarla. «Si ahí se toma una decisión ejecutiva, al alcalde, como autoridad, le toca ejecutar lo que dispone la corporación municipal», sostuvo Menjívar.

Después de presentar la moción —explicó Menjivar— siguió la etapa de «sensibilización» de los regidores, en la que el mismo Antonio Rivera reconoció que era un tema administrativo y, en su discurso a sus compañeros regidores, les dijo que «el Tribunal remitió tendenciosamente el informe a la corporación con lo cual, oficialmente, nos está haciendo del conocimiento y estamos obligados a pronunciarnos y a tomar una decisión al respecto; si no lo hacemos, corremos el riesgo todos los miembros de esta corporación de ser reparados». Después de decir esto, Menjívar aseguró que Rivera sacó el historial de las veces que él como regidor ha recibido reparos en su gestión por parte de las autoridades de control financiero y administrativo.

Rivera ha sido regidor en cuatro ocasiones contando el actual período; en la primera ocasión fue por el Partido Liberal, luego en dos ocasiones por Libertad y Refundación y ahora nuevamente por el partido Liberal; en las últimas tres elecciones fue candidato a la alcaldía pero perdió dos veces contra Calidonio y una contra Contreras. Para contrastar la versión del vicealcalde, Contracorriente se comunicó con el abogado Rivera, pero no respondió la solicitud de entrevista para hablar del tema.

El exalcalde Armando Calidonio también dio un discurso en apoyo a la moción de Rivera.

Cuando Calidonio fue alcalde, durante los primeros nueve meses del segundo período (2018-2022), la alcaldía sampedrana estuvo pagando a Sulambiente el concepto de costos mayores, pero luego, estos pagos fueron interrumpidos sin reclamo de la empresa, aseguró Menjívar.

Menjívar, que estuvo presente en la sesión de corporación número 62, consideró que la moción de Rivera era improcedente porque la alcaldía tiene derecho a disentir con el informe del TSC y a «expresar su desacuerdo a través de una oposición formal mediante un procedimiento administrativo que está contemplado en la ley, la alcaldía tiene derecho a defenderse de ese planteamiento del Tribunal; tiene 15 días para impugnar ese informe». El vicealcalde sostuvo que le solicitó al regidor Rivera que retirara la moción al calificarla de inoportuna y también porque estaba claro que la propuesta iba a ser aprobada, «es momento de defendernos y oponernos», le dijo.

Después de la discusión de la moción, el alcalde Contreras finalizó abruptamente la sesión número 62 sin llegar a la votación. Las siguientes tres convocatorias para reunir a la corporación no tuvieron éxito pues los seis regidores que apoyaban la moción de hacer un trato con Sulambiente no asistieron. Según Menjívar, estaban presionando para que se sometiera a votación la propuesta. Desde entonces —y cuando hablamos con el vicealcalde Menjívar el jueves 18 de mayo— tres sesiones de la corporación no se habían podido realizar por falta de quórum. Para la tercera convocatoria, los seis regidores se excusaron a través de un solo documento, exponiendo desacuerdos con el alcalde Contreras. Además, de Rivera, los regidores que no asistieron a las reuniones son Armando Calidonio(PN), Luis Cardona(PN), Francis Rodríguez(PN), Vicente López(Libre) y Carmen Elena Paz(Libre).

La excusa de los regidores inicia así: «Nosotros, los abajos firmantes, miembros todos de la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula, electos por el voto popular y directo de los vecinos del municipio, nos excusamos justificadamente para la sesión ordinaria número 63, convocada para el jueves 18 de mayo».

Después, el documento expone los motivos que llevaron a los regidores a tomar esta decisión: «En la revisión de la agenda de la sesión convocada, vemos que no se incluye la ratificación del Acta 61 en su totalidad y en donde a la moción presentada por el regidor Antonio Rivera y secundada por la mayoría de miembros de la Corporación Municipal, no se le cedió la palabra a varios regidores y muchos menos se llevó a cabo la votación, ya que la cesión fue cerrada por un exabrupto del alcalde en franco exceso de sus atribuciones y en pleno irrespeto al órgano deliberativo y ente superior».

Además, en la excusas los regidores aclaran que el alcalde y vicealcalde no han sido autorizados para representar al cuerpo colegiado, que es la corporación, «lo que ha generado es un clima adverso e innecesario a lo interno de la corporación con el ente contralor [TSC] con rango constitucional; queremos dejar claro que las declaraciones vertidas por ambos no representan el parecer de este órgano superior, quienes respetamos y apoyamos la institucionalidad de los diferentes órganos del Estado».

Mencionaron en el comunicado que todas esas «acciones arbitrarias» han creado un clima adverso en contra de los seis regidores, «quienes consideramos en peligro nuestra seguridad personal y nos imposibilita comparecer de manera presencial en el salón consistorial». Luego solicitan que la reunión se realice el 25 de mayo de forma virtual y que en la misma se incluyan los aspectos señalados en la moción.

Con intención de ampliar la posición de este grupo de regidores, Contracorriente contactó a la regidora Carmen Elena Paz, quien inicialmente aceptó conversar sobre el tema pero después ya no respondió a los mensajes. En declaraciones a medios de comunicación ella expuso que no estaban dispuestos a soportar más el irrespeto del alcalde Contreras. «No tenemos ni oficina en la Municipalidad, y no solo eso, son varios temas», dijo.

El 22 de mayo, finalmente la Corporación llevó a cabo la reunión que había sido pospuesta en tres ocasiones, pero la confrontación siguió. Los seis regidores antes mencionados impusieron la agenda ante la molestia del alcalde Contreras. No obstante, la moción que propuso el regidor Rivera sobre seguir las recomendaciones del TSC no fue aprobada en la sesión.

Plantel de Sulambiente ubicado cerca del puente a desnivel del bulevar de la salida al sur sobre la 33 calle de San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Plantel de Sulambiente ubicado cerca del puente a desnivel del bulevar de la salida al sur sobre la 33 calle de San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Fue un error pedir el informe

Para Menjívar, los hechos actuales demuestran que haber solicitado la intervención del TSC, en lugar de ser una decisión acertada del alcalde, «parece que fue un error ya viéndolo a estas alturas, aunque el alcalde lo hizo con la mejor intención; fue abrir una oportunidad para que esta red identificará una forma de obtener un informe que le avalara para reclamar lo que no habían reclamado antes», dijo.

Menjívar explicó que en la Ley de Contratación del Estado está contemplado el reconocimiento de costos mayores pero en el caso de contratos de obras públicas que, según él, no es el caso del contrato suscrito con Sulambiente que cae en la categoría de prestación de servicios o suministros.

Contracorriente buscó conocer la versión de Sulambiente, pero se nos hizo saber que dicha empresa ha dejado clara su posición mediante un comunicado en el que expresa literalmente «que el contrato de prestación de servicios entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente, incluye el Régimen Económico (cláusula 20) y el Equilibrio Económico Financiero, que establece las causas y el mecanismo de autorregulación para el reconocimiento de mayores costos».

En el comunicado, la empresa resalta «que la municipalidad tiene dos contratos a largo plazo y siendo que ninguno de ellos es contrato de obra pública, y según criterio muy subjetivo de los asesores municipales, los mayores costos y el equilibrio financiero aplica solo a uno de los contratos y no al de Sulambiente, pese a que ambos tienen el mismo origen legal, lo que evidencia un desconocimiento de la ley y un intento más de confundir a la opinión pública. No permitiremos que se pretenda engañar a la ciudadanía de SPS».

La Ley de Contratación del Estado, en el Capítulo III sobre la estructura administrativa, artículo 31 inciso 9, que trata sobre las funciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, menciona que esta oficina debe «estudiar y preparar fórmulas para el reconocimiento de escalamiento de precios y de mayores costos en la contratación administrativa, según dispone la presente Ley, y someterlos al Poder Ejecutivo para su aprobación». Este artículo no es nada específico. También en la sección de derechos de contratistas se menciona el reconocimiento de mayores costos.

En el Capítulo V, que trata sobre los contratos de obra pública, artículo 75, menciona que el reconocimiento se aplicará durante el plazo original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas. La figura de mayores costos no es mencionada en las secciones de la ley que se refieren a otro tipo de contratos como el de suministros o consultorías.

Ahora, la alcaldía ha impugnado el informe emitido por el TSC, que no fue validado por el pleno de ese tribunal ya que el abogado Roy Pineda renunció para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y su sustituto todavía no ha sido nombrado. En una comparecencia en Televicentro, el alcalde Roberto Contreras descalificó el informe emitido pues no estaba firmado por los tres magistrados. No obstante, en el mismo programa, el presidente del TSC, José Juan Pineda, dijo que el «informe es válido, aunque no lo acepte la alcaldía». Con un confuso juego de palabras, el magistrado explicó que el informe en mención recomienda a la alcaldía que respete lo estipulado en el contrato, pero de ninguna manera le está diciendo que pague o no.

El vicealcalde Menjívar declaró que él y el alcalde están convencidos de que el monto sugerido por el TSC no debe ser pagado, y que más bien Sulambiente debe reponer a la municipalidad más de 400 millones que le fueron pagados durante los nueve meses del segundo período municipal de Armando Calidonio. «Yo casi tengo la seguridad que esto va a terminar en una demanda judicial porque ellos ya presentaron el reclamo a través de la secretaría, un reclamo administrativo que es el requisito previo para presentar una demanda en contra de cualquier institución del Estado. Adelanto que ese será declarado sin lugar porque desde el alcalde y todos los que estamos involucrados estamos convencidos que eso no se debe pagar. La alcaldía tiene el respaldo legal suficiente para negarse a eso, quien está tratando de abusar de las finanzas municipales es Sulambiente», dijo.

Entrada principal del estacionamiento de los camiones recolectores de basura de la empresa Sulambiente, ubicada entre la intersección de la 33 con el Bulevar del Este de San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Entrada principal del estacionamiento de los camiones recolectores de basura de la empresa Sulambiente, ubicada entre la intersección de la 33 con el Bulevar del Este de San Pedro Sula. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El vicealcalde Menjívar calificó de grave la actuación del TSC en esta controversia, pues afirmó que Sulambiente no estaba reclamando ningún pago y que ahora parece «que el Tribunal se coloca en una posición de gestión de cobros de la empresa».

Contracorriente buscó la posición de todas las partes involucradas, con poco éxito. También se comunicó con el encargado de prensa del TSC, Rodolfo Isaula, quien no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas sobre el tema con el objetivo de esclarecer la posición del ente contralor del Estado.

Menjívar manifestó que la alcaldía tiene el soporte legal para ganar una eventual demanda, pero que si la demanda fuera declarada con lugar, «ahí no solo van a reclamar los millones, si no también los intereses y las costas del juicio, podría subir a más de mil millones, pero nosotros confiamos en que los jueces sabrán aplicar la ley de forma correcta y, si hacen eso, no hay forma que le den razón a Sulambiente», afirmó.

Sulambiente y los negocios

Sulambiente opera una concesión que se aprobó en el 2001 durante la administración del liberal Roberto Larios Silva —no obstante el contrato con la empresa fue firmado hasta el 2014 con la administración de Armando Calidonio— su finalización está pactada para el 2028 y, como traspasa varias administraciones, el contrato tuvo que ser aprobado por el Congreso Nacional porque así lo establece la ley.

En el Registro Mercantil de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), entre los socios capitalistas de Sulambiente aparecen sociedades como HECA S.P.A, ACEA S.P.A y la Constructora ETERNA S.A, de la cual es socio el exdesignado presidencial por el Partido Nacional, Alberto Díaz Lobo. En el Registro aparecen como representantes: Augusto Montanary, Roy Morales, Patricia Ciro, Alexa María Soto, German Martell, Felipe Fernando Kafati Chapa, Johny Kafati Sugebre, Juan Manuel Gómez y Salomón Andrés Kafati Chapa.

La historia entre Sulambiente y la alcaldía no comenzó bien. Ha sido una relación de desencuentros. Tras ser aprobada la concesión en el 2001, en el siguiente período, el alcalde Óscar Kilgore se negó a firmar el contrato. La empresa demandó y en el 2005 un juez sentenció a la alcaldía a pagar 5.9 millones de dólares por daños y perjuicios a Sulambiente sin que ésta haya recogido una bolsa de basura, pero no los pagó la administración de Kilgore. En el período 2010-2014, cuando era alcalde el doctor Juan Carlos Zúniga, los ingresos de la municipalidad fueron embargados dejando sin recursos a la administración para pagar salarios y ejecutar proyectos.

Sulambiente provee servicios a la municipalidad sampedrana de recolección y manejo de basura y barrido de calles por los que percibe entre 20 y 30 millones de lempiras en facturas mensuales. Estos valores están fuera de los mayores costos que después del informe del TSC está cobrando Sulambiente. Menjívar cuenta que la empresa también manejaba un contrato para limpieza y mantenimiento de bulevares, parques y solares baldíos, pero que ahora lo está realizando la alcaldía con su personal con lo que se ahorra entre el 40 % y 60 % por ciento de los valores que invertía cuando el trabajo lo hacía Sulambiente.

En el año 2016, durante la primera administración de Armando Calidonio se renovó el contrato con Sulambiente. La Municipalidad publicó las tarifas que la empresa comenzó cobrando por los servicios prestados y luego las que cobra ahora más el concepto de costos mayores. Por ejemplo, en el 2016, en el servicio de recolección se cobraban 211 lempiras por tonelada recolectada y para el 2022, con mayores costos incluidos, la tonelada estaría valorada en 656 lempiras. El aumento más evidente se da en el barrido de calle en el que el kilómetro lineal —medida para cobrar este servicio— comenzó costando 98 lempiras en el 2016, pero para el 2022 la tarifa había aumentado a 677 lempiras.

En un documento compartido por la Municipalidad se menciona que la tarifa del barrido de calles es la que más ha aumentado porque se aplicaron ajustes semestrales en un «evidente incumplimiento del contrato firmado, además de incluir el componente reconocimiento por mayores costos». Respecto al aumento de tarifas, la municipalidad expone que estas serán ajustadas después del primer año de vigencia según el Índice de Precios al Consumidor que emite anualmente el Banco Central de Honduras (BCH). Además, si la inflación aumenta más allá del 8.5%, la tarifa también se puede revisar con base al índice de inflación.

Los pagos se realizan luego de la verificación que hace la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirse) oficina a la cual llega la factura y se verifica que el valor que se está cobrando es el correcto. El vicealcalde Menjívar contó que desde el 2001, la misma persona estuvo a cargo de esa dirección, «esa persona trabajaba más para los concesionarios que la alcaldía, siempre validaba las facturas y ahora que ya se cambió esta persona, con las verificaciones correctas, la factura ha bajado».

La investigación

De acuerdo con el relato del abogado Omar Menjívar, el embrollo en el que está la alcaldía tiene su origen en la investigación que realiza la Uferco y por la cual el alcalde solicitó la revisión y auditoría al TSC del contrato con Sulambiente. «La investigación sigue, lo que pasa que son investigaciones complejas. Lo que yo denuncié es cómo esta red maneja las cosas de tal manera que se asegura que los contratos se les adjudican a ellos».

Sobre la capacidad de maniobra de esa red, Menjívar sostiene que ha llegado a influir en los términos de referencia publicados para la adjudicación de contratos y así ellos se aseguraron que iban a cumplir tales requerimientos para que se le asignara determinado contrato. El abogado aseguró conocer un caso en el que en los términos de referencia se mencionaba que la empresa ganadora de la licitación debía poseer un camión con determinadas características y resulta que el camión lo había comprado justamente el grupo que denuncia Menjívar, «eso no estaba en los términos habituales para la adjudicación ese contrato, pero como ellos compraron ese camión, lo pusieron en los términos de referencia».

El vicealcalde contó que en el inicio de la administración de Contreras hubo una licitación que no fue pública acerca de la limpieza para lugares públicos y solares baldíos, que se convertían en potencial criadero de zancudos porque venían las lluvias y había que limpiarlos, pues había un dictamen de la gerencia de salud que decía que ese era un escenario peligroso. «Se decretó una emergencia y se autorizó que en lugar de hacer una licitación pública se haga privada en la que se manda una carta de invitación a determinadas empresas a proveedores que aparezcan como tal en la base de la municipalidad», dijo Menjívar.

El funcionario mencionó que ellos, al ser nuevos en la corporación, pensaron que en la licitación, a la que llegaron tres propuestas, todo estaba bien. «Al final, las ofertas presentadas fueron: Sulambiente, la del grupito este, y la otra que ellos subcontratan. El acuerdo era que la oferta más baja la iba presentar Sulambiente, las otras bien arriba. Así lo manejan, los nuevos que estábamos aquí cuando miramos las tres empresas dijimos “al menos tres aceptaron” y son lo mismo [se ríe], pero si uno no está atento puede caer porque en apariencia todo está bien», aseguró.

Un camión recolector de basura propiedad de Sulambiente hace recorrido por el barrio Cabañas de San Pedro Sula para luego llevarla hasta el crematorio municipal en El Ocotillo. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Un camión recolector de basura propiedad de Sulambiente hace recorrido por el barrio Cabañas de San Pedro Sula para luego llevarla hasta el crematorio municipal en El Ocotillo. Foto CC/Amílcar Izaguirre

«Lo que llega a la corporación municipal en el contrato y lo demás uno lo ve al revés y derecho y está bien, va bien cuadrado con la ley, pero toda la historia que hay detrás y la manipulación, eso no se conoce», remató Menjívar.

Las denuncias de Menjívar encuentran eco en el historial de corrupción de la Municipalidad sampedrana. En 2008, el excalde nacionalista Óscar Kilgore (2002-06) fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Ha estado emplazado en los juzgados por más de 15 años, siendo absuelto por la justicia en 12 ocasiones . En 2015 fue nuevamente acusado y encontrado culpable de no poder justificar un capital personal de 8,9 millones de lempiras. Fue enviado a prisión hasta que en 2018 el nacionalista fue absuelto.

También el exalcalde liberal Rodolfo Padilla Sunseri fue acusado por abuso de autoridad en 2015. Tuvo que pagar una millonaria suma para recibir casa por cárcel, pero, en 2017, la medida fue revocada y se ordenó que fuera a prisión. Desde entonces, el exedil permanece prófugo de la justicia. En 2022, su caso recibió sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad tras haberse acogido a la amnistía aprobada por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, pero Padilla Sunseri aún tiene una causa abierta en su contra por malversación de caudales públicos. No es nada nuevo hablar de corrupción en la Alcaldía sampedrana.

Fotografía y texto: Amilcar Izaguirre

Don Roberto Rivera ha dedicado su vida a cultivar hortalizas en la fértil tierra de la cordillera El Merendón. Este agricultor de 76 años comenzó a labrar la tierra en la comunidad de El Gallito desde que tenía 12 años.. Con sus más de seis décadas de experiencia asegura que sembrar hortalizas es como jugar a la lotería, siempre con el riesgo de no saber si va a perder o ganar.

Don Roberto dijo que para tener éxito en la producción de hortalizas se necesita de sistemas de terracería y riego, pero para eso se requiere invertir mucho dinero, de lo contrario, las cosechas dependen de la lluvia y el problema con eso es que gran parte del año no llueve lo suficiente. «Esa mostaza que ve ahí ya debería de estar produciendo, pero le ha faltado el agua y tengo que esperar una semana para poder cosechar», comentó.

El otro problema que enfrenta es la tercerización de la venta de sus cosechas. Los agricultores de la comunidad de El Gallito, a pesar de estar a menos de una hora de camino de los principales mercados de San Pedro Sula, no pueden vender directo a los consumidores y lo hacen a través intermediarios que compran sus productos a precios tan bajos que a veces no se logra cubrir ni los costos de producción. «Nosotros hemos intentado ir a vender directo a los mercados pero a veces ni caso nos hacen y los dueños de puestos de verduras quieren comprar al precio que ellos dicen, por eso preferimos vender acá aunque a precios muy bajos», comentó don Roberto.

Según don Roberto, hay temporadas en las que los precios de algunas verduras «se disparan», es decir, que aumentan repentinamente; cuando eso pasa ellos no las tienen disponibles en sus parcelas, deciden sembrar y para cuando llega la cosecha el precio ya no es el mismo. «Rara vez vendemos algún producto a buen precio, pero cuando eso pasa uno se recupera de las pérdidas», dijo y puso por ejemplo que la libra de cebolla, tomate o papa puede llegar a valer 25 lempiras y bajar a 8 lempiras en poco días; cuando eso pasa, las pérdidas son inevitables para los productores.

Entre altos y bajos, don Roberto apenas ha logrado subsistir. En todos estos años no ha logrado expandir el terreno de cuatro manzanas y media que le dejó su padre, y ahora sus tres hijas y tres hijos también trabajan sembrando hortalizas en el mismo terreno. Aún así, hay temporadas que no pueden cultivar el total de la tierra porque no cuentan con financiamiento y menos si se trata de sembrar tomate y chile que son los productos que generan más ganancias pero que también requieren más insumos.

Elder Rivera, hijo de don Roberto, lleva 15 años viviendo de la agricultura. Recién regresó de los Estados Unidos en donde trabajó por tres años pero fue deportado y ha retomado las duras labores del campo.

Algunos productores de hortalizas de la comunidad El Gallito cuentan con terracerías, una técnica que evita la erosión y ayuda a que las plantas absorban mejor los nutrientes. CC/Amilcar Izaguírre
Algunos productores de hortalizas de la comunidad El Gallito cuentan con terracerías, una técnica que evita la erosión y ayuda a que las plantas absorban mejor los nutrientes. CC/Amilcar Izaguírre

Don Roberto comentó que ellos necesitan el apoyo técnico de expertos en esa área y de sistemas de riego para aumentar la producción; sin embargo, el gobierno nunca se ha acercado a ellos para brindarles ayuda. «Nosotros escuchamos decir de un tal bono tecnológico pero acá eso no llega, hace poco me apuntaron en una lista para un bono de la tercera edad, quedaron de avisar a través de patronato, pero hasta la vez no han dicho nada» comentó.

La ayuda para los productores de la que ha escuchado hablar don Roberto, se trata del Bono Tecnológico Productivo (BTP), distribuído por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Este bono está compuesto por 20 libras de maíz, 40 de frijol, un quintal de urea, fórmula 12-2412 y un kit fitosanitario que no solucionaría los principales problemas de este agricultor ya que su principal cultivo son las hortalizas no los granos.

En Honduras existen unos 385 mil pequeños y medianos productores y, según el portal de la (SAG), el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro apenas ha logrado entregar 4,695 en lo que va 2023. El año pasado se ejecutó un presupuesto de 700 millones de lempiras, este año ejecutarían unos 1000 millones y la meta es atender a unos 350 mil productores. Un 70% de los productores en Honduras trabajan en laderas con poca tecnología y baja producción según datos del Banco Mundial (MI).

Los únicos que se acercaron a ayudarles, según comentó don Roberto, fueron funcionarios de la Agencia de Mexicana de Cooperación Internacional de Desarrollo (AMEXCID), que trabajaba para fortalecer el desarrollo agrícola en Honduras pero que lastimosamente no continuaron. «Los mexicanos nos dieron capacitación para trabajar mejor la tierra sin dañar el medio ambiente, también intentaron establecer un mercado directo con los principales supermercados de San Pedro Sula, fuimos a reuniones con los dueños pero lastimosamente no se logró nada», comentó don Roberto.

«Nosotros cuidamos las fuentes de agua y no permitimos que se siga talando el bosque para sembrar hortalizas, pero ocupamos apoyo para tecnificar lo que ya tenemos y establecer un mercado que nos mantenga y mejore el precio para no tener pérdidas» comentó don Roberto, mientras junto con su hijo amarraban pequeños ramos de perejil, los cuales venden a dos lempiras cada uno a compradores que llegan a sus sembradíos.

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estuvo prohibida durante 13 años en Honduras por un acuerdo ministerial emitido durante el Golpe de Estado de 2009. El golpe —esa ruptura de la democracia— significó para niñas y mujeres no tener opciones para prevenir un embarazo no deseado, incluso en casos de agresiones sexuales. Aunque hace pocos meses la presidenta Xiomara Castro eliminó la prohibición, la condena social sigue presente en el país.

Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

«Yo escuchaba que la PAE era abortiva, entonces era un tema del que no quería saber nada. En los medios de comunicación recuerdo que bombardeaban diciendo que eran pastillas abortistas», contó Nubia Orellana, una joven psicóloga feminista que apenas tenía 12 años de edad cuando prohibieron la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. Y creció en este país con el miedo, la culpa y la desinformación como muchas otras niñas y adolescentes después del golpe de Estado de 2009.

Nubia contó que en medio de toda la desinformación e ignorancia sobre un tema prácticamente prohibido para discutir, cuando llegó a la universidad tuvo la necesidad de usarla y «empecé a mal utilizarla», dijo.

Al acercarse a espacios feministas dentro de la universidad, comenzó a informarse sobre la PAE fuera de lo que decían los medios. El contexto era complejo, los gobiernos nacionalistas después del Golpe reforzaron el protagonismo de las iglesias en las decisiones públicas. Nubia comenzó a leer y descubrió que era un método anticonceptivo de emergencia, que utilizarla en esas ocasiones tampoco significaba lo que decían: que da cáncer, infertilidad o que es abortiva. Se involucró en el activismo feminista, a compartir contenidos en sus redes sociales y así, amigas y conocidas se atrevían a preguntarle más sobre la PAE.

Trece años después de la prohibición y de ese golpe de Estado, Honduras tiene por primera vez una presidenta mujer, una que también fue víctima de ese golpe porque ella era primera dama en aquel momento. Pero aunque la presidenta cumplió esa promesa de campaña y la PAE ahora es de libre circulación, todavía no está siendo accesible para todas las mujeres en Honduras. Las farmacias no la tienen en sus catálogos en línea y la Secretaría de Salud no tiene un presupuesto específico designado especialmente para adquirirla.

En una solicitud de información realizada por este medio, la Secretaría de Salud respondió con el presupuesto total de anticonceptivos sin diferenciar cuánto utilizarían para que la PAE llegue a centros de salud.

«Mujeres me han buscado para preguntar acerca de este tema porque quieren saber cuándo tienen una alta probabilidad de que estén embarazadas, pero varias al final deciden no usarla porque dicen “no, yo no voy a abortar” a pesar de que se les explique que no es un método de aborto, sino que lo que hace es que se impide la fecundación», contó Nubia y explicó cómo esa condena social sobre la píldora y la desinformación ha producido que poco antes de que se eliminara su prohibición, mujeres embarazadas buscaran la píldora pensando que sí es abortiva.

Ligia Destephen del Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE) —un equipo de mujeres creado en 2012 y que desde entonces no ha parado de exigir este derecho— explicó que, a pesar de la prohibición, la pastilla no se dejó de vender en el país, sino que se volvió clandestina. «Se vuelve más cara y también insegura porque las comprás y no sabés si están vencidas, si realmente es la pastilla, porque nadie la está regulando y hay quienes la compraban pensando que es abortiva o la compran y creen que después de un mes le vas a funcionar para prevenir un embarazo, entonces también ha habido mucha desinformación».

Colectivos feministas participan de la celebración del 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Colectivos feministas participan de la celebración del 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

El contexto en el que prohibieron la PAE

El acuerdo publicado en La Gaceta que quitó la prohibición señala que «grupos extremistas» promovieron la prohibición «como una evidente proliferación de discursos de odio o anti-ideología de género aprovechando la ruptura del orden constitucional, con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres».

El Congreso Nacional hizo su primer intento de prohibir la PAE en abril de 2009. La exdiputada liberal, Martha Lorena Alvarado, presentó el proyecto de ley pidiendo la prohibición de su uso, venta y distribución, al igual que «cualquier política o programa relacionado, así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia en farmacias, droguerías o cualquier otro método de adquisición». El decreto se respaldó en un dictamen del Colegio Médico de Honduras en el que señalaron que ésta era abortiva; en aquel momento el presidente del colegio era el doctor Mario Noé Villafranca.

Aunque el decreto fue aprobado por el Congreso Nacional, el entonces presidente, Manuel Zelaya, al que le dieron el golpe de Estado de 2009, lo vetó por considerarlo inconstitucional. Ese veto declaraba que la píldora había circulado libremente en el país desde hacía 10 años, que la Organización Mundial de la Salud confirmó que no era abortiva y que prohibirla «atentaba y lesionaba las garantías y libertadas declaradas en al Constitución de la República y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Honduras».

Sin embargo, a apenas cuatro meses después del golpe de Estado, el doctor Mario Noé Villafranca, quien se convirtió en el ministro de Salud del gobierno de facto, prohibió la PAE mediante un acuerdo ministerial. En 2019, cuando Villafranca era diputado en el Congreso Nacional, pidió que se revisara la prohibición después de hablar con organizaciones de mujeres sobre la PAE.

«Si bien la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) dijo algo en su momento, recapacitaron y dijeron que no es abortiva y por el bien de nuestras adolescentes y de evitar embarazos no deseados, en algo que ya tiene una posición la FDA y la misma iglesia católica debe ser considerado por la comisión de salud de este soberano Congreso Nacional de Honduras», dijo Villafranca señalando que sentía preocupación sobre adolescentes violadas que no tenían opción para evitar un embarazo.

Después de la intervención de Villafranca, nadie más en el Congreso Nacional tocó el tema. El Grupo Estratégico por la PAE se reunió con cada ministro y ministra de Salud que ocupó ese cargo desde el 2009.

Las organizaciones señalaron que, aunque algunos ministros eran más abiertos e incluso les decían que tenían razón, aseguraban que no podían eliminar la prohibición porque necesitaban respaldo del mismo Poder Ejecutivo.

Las víctimas de los 13 años sin PAE: sobrevivientes de la violencia sexual

En 2009, cuando la PAE fue prohibida, el Ministerio Público recibió unas 1241 denuncias de niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, para 2022, hubo casi 3 mil casos denunciados. El Centro de Derechos de Mujeres recopiló un dato impactante: de esas 3 mil denuncias, la Secretaría de Salud registró que menos de 50 buscaron atención médica en instituciones públicas después de la agresión. Es decir, menos del 2 por ciento.

Las víctimas de todos los casos de violencia sexual en el país desde 2009 carecieron de opciones para evitar un embarazo no deseado, así como de un protocolo que indicara una ruta que no fuese revictimizante. Varias organizaciones habían trabajado en un protocolo desde 2016; sin embargo, no se había aprobado porque incluía la PAE. Ese fue el país que dejó el golpe de Estado a las niñas y mujeres de Honduras.

La violencia sexual es más común de lo que reflejan los datos. Durante la manifestación del 8 de marzo de 2023, muchas horas antes del anuncio de la liberación de la PAE, frente al Congreso Nacional una joven vestida de blanco levantaba un rótulo que decía «píntame si has sufrido violencia sexual». La mayoría de las mujeres participantes de la protesta se le acercaron, todas de edades diferentes. Algunas agarraron la pintura con timidez, otras limpiaron lágrimas de sus rostros después de dejar sus huellas de forma simbólica sobre la ropa blanca recibieron un apretón de mano de alguna amiga que también llevaba pintura en sus manos. Al final de la protesta quedaba muy poco espacio para pintar, el blanco de la ropa de la mujer con el cartel casi se había desvanecido.

En enero de 2023, el gobierno hondureño aprobó el uso de la PAE solo en casos de violencia sexual. Esta aprobación se dio en el marco del Protocolo de Atención a Víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

Una de las organizaciones que más se involucró en esto fue Médicos Sin Fronteras, que en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán tiene clínicas para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y durante los últimos dos años atendieron a 1326 personas por casos de violencia sexual.

Laureliene Lasserre, oficial de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras, explicó que este protocolo recién aprobado está basado en el de Médicos Sin Fronteras, «la píldora anticonceptiva de emergencia es un medicamento esencial en el protocolo, forma parte de una etapa que es la prevención del embarazo, pero el protocolo también es un protocolo mucho más amplio que pide una atención prioritaria integral. En ese sentido, se debe brindar una atención médica lo más rápido posible».

Sin embargo, las denuncias son apenas un pequeño porcentaje de la violencia real. Según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM), apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian y, quienes no denuncian es debido a que la sociedad a través de sus instituciones, refuerza y reproduce «la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», explica el informe.

La abogada Gabriela Girón de la organización Optio, dedicada al avance de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica explicó que, a pesar de los datos tan altos de denuncias, no todas las agresiones sexuales llegan a ser denunciadas porque no todas las mujeres quieren someterse a una evaluación en las condiciones actuales.

«Muchas veces las evaluaciones médicas incluyen estar con un médico forense en un lugar no muy adecuado, por ejemplo, en Tegucigalpa [(la capital del país]) no cuentan con espacio porque el espacio y el lugar no es el adecuado para que a ellas les puedan hacer una inspección médica entonces. Una inspección por un caso de violación es como una inspección general de todo el cuerpo, entonces muchas mujeres no seé quieren someter a eso, no se quieren someter al interrogatorio, al juzgamiento de las personas,. no quieren regresar al lugar ende donde fue la violación, no quieren buscar a todas las personas que pudieron haber sido testigos de esa agresión sexual», explicó la abogada Girón.

Ecuménicas por el Derecho a Decidir es una de las organizaciones que forma parte del GE-PAE. Ana Ruth García, la directora, cuenta que a menudo atienden casos de niñas embarazadas por violencia sexual. «En estos momentos estamos atendiendo tres casos, tres niñas embarazadas producto de violaciones, [una de ellas] ella ejercía trabajo doméstico y su violador la amenazaba, ¿cómo va a hablar en estas condiciones una niña? Que no tiene información ni científica, ni educación sexual integral, ni educación laica», se cuestionó Ana Ruth, de Ecuménicas.

Feministas manifiestan el 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Feministas manifiestan el 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Los derechos sexuales y reproductivos en la mesa de negociación

Pero a pesar de este paso que dio el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, éste no está libre de estigmatizar el uso de PAE a través del discurso religioso. En 2022, el ministro de Salud Jose Manuel Matheu dio declaraciones en las que aseguraba la necesidad de dialogar con la iglesia católica y la Conferencia Episcopal sobre el uso de la píldora.

El 8 de marzo de 2022, la presidenta Castro recibió a una comitiva de organizaciones feministas para escuchar sus demandas. Tras la reunión, la presidenta prometió públicamente que enviaría para aprobación al Congreso Nacional la Ley Integral Contra las Violencias hacia las mujeres; no dijo nada sobre la PAE, a pesar de haber sido una promesa de campaña para los primeros 100 días. Ligia Destephen del GE-PAE dijo que en esa reunión sí hablaron sobre la PAE, pero la presidenta les mencionó que eso le competía al ministro de Salud.

El ministro Matheu había declarado en diciembre para la cadena BBC que la píldora solo se aprobaría en casos de violencia sexual, «para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben de aprender a exigir al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción. No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual, vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación, para el que tenga un sexo irresponsable, debe hacerse responsable», dijo y nadie del Ejecutivo respondió a esta declaración con una posición coherente con el contenido de las promesas de campaña de la presidenta Castro.

Pero esta postura del ministro Matheu no es de extrañar, tomando en cuenta que Xiomara Castro llegó al poder en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). En el momento en que anunciaron la alianza, Contracorriente le consultó a la abogada Maribel Espinoza, ahora diputada por el PSH, sobre el plan de gobierno en agenda de género, a lo que respondió que esas ideas quedaron en el pasado.

«Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida. Nosotros creemos que la piedra fundamental de la sociedad es la familia y seguiremos apoyando esa base esencial de la sociedad y la alianza lo tiene claro», mencionó Espinoza, quién al día siguiente del anuncio sobre la liberación de la PAE se presentó al Congreso Nacional vestida de negro . Sin embargo, esa cita de Espinoza confirma que parte de los acuerdos de esa alianza incluían los temas de salud sexual y reproductiva.

Además de esto, poco después del 8 de marzo del año anterior, hubo una reunión entre organizaciones feministas, el ministro Matheu y la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Según varias fuentes que se encontraban en el lugar, la ministra —reconocida dentro del Partido Libre por su trayectoria feminista— apoyó al ministro Matheu en algunos de sus argumentos sobre lo «dañina que es la píldora» y dijo a las mujeres que no era el tiempo para que la presidenta entrara con un tema así.

Contracorriente abordó a la ministra Roque en aquel momento, quién confirmó haber estado en la reunión como mediadora, pero negó haber tomado esa postura, pero que tenían preocupaciones de que «en ciertos sectores y ciertas mujeres jóvenes de las zonas más urbanas, utilizan la PAE como si fuese un método anticonceptivo rutinario y eso tiene graves consecuencias de salud» dijo la ministra Roque, a la vez que aseguró que la agenda de mujeres y salud sexual se estaba utilizando «como una forma atacar al gobierno».

El día del anuncio de la liberación de la PAE, Castro salió junto al ministro Matheu firmando el acuerdo; la presidenta no se refirió públicamente de nuevo sobre la PAE y el ministro únicamente dijo a medios que «había un secreto a voces aquí que esa pastilla la adquirían, se supone, en lugares que todo el mundo conoce y que no estaba autorizada. Entonces ahorita el darse golpes de pecho como que están defendiendo algo que es por religión y todo, no corresponde».

Minutos después del anuncio, diputados del Congreso Nacional salieron a dar sus opiniones. Uno de ellos fue el médico del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, quién a través de Twitter dijo que la PAE no era una licencia para tener relaciones sexuales indiscriminadamente y que, aunque no era abortiva, tenía efectos adversos. Otra fue la diputada y ex presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, que declaró que los verdaderos beneficiarios de la PAE son «los violadores que se la darán a sus víctimas».

El PSH es el partido al que pertenece el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en la legislación pasada, cuando era diputado por otro partido, apoyó al Partido Nacional para impedir la despenalización del aborto vía el Congreso Nacional, cuando era posible cambiar el artículo que lo prohíbe con 86 de 128 votos, ahora se necesitan 96 para esa reforma.

De izquierda a derecha: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Xiomara Castro, presidenta del Ejecutivo y el secretario e hijo de la presidenta, Hector Manuel Zelaya, en una misa en la basílica de Suyapa. Foto Jorge Cabrera
De izquierda a derecha: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Xiomara Castro, presidenta del Ejecutivo y el secretario e hijo de la presidenta, Hector Manuel Zelaya, en una misa en la basílica de Suyapa. Foto Jorge Cabrera

En esa sesión, Luis Redondo dijo que «si estuviera en mi decisión, compañeros diputados, yo no pediría que fueran 96 votos, si no la totalidad, los 128 diputados del Congreso Nacional. Eso es lo que yo siento y pienso. Si por esa razón vamos a ser criticados, por defender la vida, por defender la familia, no nos importa».

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Para la ginecobstetra Soledad Díaz, es importante analizar que cuando se estaba negociando para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia a inicio de este año, el recurso de inconstitucionalidad sobre el aborto por 3 causales que estaba interpuesto ante la Sala de lo Constitucional desde junio de 2021 fue respondido fallando en contra.

De igual forma, cuando los diputados del Congreso Nacional anunciaron que habían llegado a un acuerdo, el diputado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que las negociaciones habían logrado que no se permita el aborto a través de la Corte Suprema de Justicia, dando a entender que ese tema había formado parte de las negociaciones para la elección de la CSJ.

Con pancartas, los colectivos Feministas exigen la ley de casa refugio durante la celebración del 8M. Foto CC/Fernando Destephen
Con pancartas, los colectivos Feministas exigen la ley de casa refugio durante la celebración del 8M. Foto CC/Fernando Destephen

La condena social sobre la píldora

Nubia cuenta que ha visto amigas iniciar embarazos por la falta de educación sexual, porque tal vez tuvieron relaciones sexuales sin protección o les falló el método, pero no buscaron una PAE de forma clandestina porque creían que era abortiva.

«Es parte de su decisión, pero pareciera que es una decisión que la hacen más desde su culpa inculcada, desde esa culpa imaginaria que nos han insertado desde que estamos bien chiquititas. Entonces es triste ver a madres, ver amigas, conocidas, ejercer la maternidad forzada y que se tienen que sentir feliz con su bebé y con esto no digo de que no sean felices o que les cuestiono su felicidad, pero las condiciones como se dan no son las óptimas y claro que trae consecuencias emocionales y físicas», explicó Nubia.

El problema de esa condena social es que esta también se da en el personal de salud, quienes según un estudio de la Plataforma Somos Muchas son las personas que más han denunciado a mujeres en casos de aborto en la última década.

Una enfermera de un hospital de Honduras que prefirió no dar su nombre para evitar complicaciones por hablar de este tema, dijo que podrán llegar mujeres a pedir la PAE a centros de salud y si está a cargo un médico, un ginecólogo, en contra de la misma, «no se le va a indicar porque él está en contra a pesar de que la puede indicar y aunque la tengamos aquí. Es un dilema bien grande», explicó y añadió que incluso este año en su hospital hubo enfermeras que denunciaron casos de aborto.

Ligia Destephen del GE-PAE dijo que aun hay mucho trabajo por realizar para lograr la despenalización social del aborto, «Al final sí tiene que ver con la obstaculización del disfrute de la sexualidad, de eso que ha sido histórico, el querer reprimir y controlar cómo nos comportamos las personas sexualmente y más las mujeres, pero no estamos solas. Hay otras mujeres en el mundo que están disfrutando de estos derechos que a nosotras nos han negado, y son mujeres felices, no son malas mujeres», finalizó.

Este reportaje forma parte de #DesAutorizadas, un especial transfronterizo y multimedia que narra cómo el retroceso democrático impacta en las mujeres de cinco países de Centroamérica. Una alianza de Revista Fáctum desde El Salvador, Contra Corriente desde Honduras, Divergentes desde Nicaragua, Las Indomables, desde Panamá y No Ficción desde Guatemala, con el apoyo de Free Press Unlimited.

El gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter —que a su vez subcontratará a la firma Global Partners LLC del exembajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens— para «mejorar y profundizar» la relación con los Estados Unidos. El contrato es por 630,000 dólares a pagarse en siete meses con una cuota mensual de 90 mil dólares.

Texto: Jennifer Avila y Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera

El gobierno de Honduras, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, contrató a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP «con el fin de mejorar y profundizar las relaciones de la República con el gobierno de los Estados Unidos de América», según el contrato publicado ayer en la página de Foreign Affairs Registration Act del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Esta firma a su vez subcontratará para «la asesoría y el diseño de estrategia» al ex embajador estadounidense Hugo Llorens quien estuvo asignado a Honduras entre 2008 y 2011, y quien lidió en 2009 con el golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Desde que inició el gobierno de Xiomara Castro, Llorens ha estado cerca del círculo de poder del gobierno de Castro.

De acuerdo a la publicación, Arnold & Porter le cobrará al gobierno hondureño US$630,000 por sus servicios profesionales, pagaderos a US$90,000 por mes desde el 1 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023. En este monto se incluyen los honorarios por la asesoría y el diseño de estrategia por parte del Embajador Hugo Llorens y su compañía, Global Partners LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Florida.

¿Por qué necesita el gobierno de Castro mejorar sus relaciones con EE.UU.?

El Canciller de Honduras, Enrique Reina, brinda conferencia de prensa sobre la demanda interpuesta por la empresa Próspera Inc. Foto CC/Jorge Cabrera.
El Canciller de Honduras, Enrique Reina, brinda conferencia de prensa sobre la demanda interpuesta por la empresa Próspera Inc. Foto CC/Jorge Cabrera.

Las comunicaciones públicas entre la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu y el canciller de la república, Enrique Reina, fueron hostiles desde principios de mayo de 2022, fecha en que Dogu cuestionó la reforma energética y externó su preocupación sobre los posibles efectos que esta tendría en el desarrollo económico y en la inversión extranjera.

La respuesta del canciller Reina fue directa: «Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE. UU».

Para el asesor en relaciones internacionales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Héctor Corrales, el daño que han sufrido las relaciones bilaterales no se soluciona con lobistas ya que EE. UU. mostró interés al inicio de tener buenas relaciones pero «el tono de funcionarios de gobierno [hondureño] es invariablemente combativo ante cualquier crítica, lanzando acusaciones de injerencismo. Hay funcionarios y políticos cercanos a la familia presidencial que culpan al gobierno de EE. UU. por el golpe de estado y de conspirar para desestabilizar a este gobierno. Washington no toma este tipo de cosas a la ligera y ningún lobista puede borrar esos mensajes», dijo.

Para Corrales, los asuntos que más preocupan al congreso estadounidense, por ejemplo, son las disputas por inversiones privadas, especialmente el tema de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE). «Ha habido varias cartas de apoyo a los inversionistas que no favorecen al gobierno de Honduras», explicó.

Corrales se refiere a las disputas que ahora han pasado al plano de demandas internacionales en contra del Estado de Honduras. El Estado hondureño ha sido demandado por trece empresas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, una de ellas la de Próspera Inc. por más de 10 millones de dólares registrada en el sistema desde el 3 de febrero de 2023.

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo este miércoles que en la demanda al Estado de Honduras por parte de la empresa Próspera Inc —que opera una Zede con el mismo nombre en Roatán—, no hubo un procedimiento adecuado pues no se agotaron las instancias nacionales para avanzar después con las internacionales.

Manuel Díaz, Procurador General de la República, indicó que en este litigio existe un conflicto de interés al ser nombrado como árbitro David W. Rivkin por parte del CIADI. «El Gobierno de la República solicitó que quede sin efecto la propuesta al nombramiento del árbitro nombrado por el CIADI, que fue sin el consenso de la República de Honduras y quien pertenece a la firma legal White & Case, que es cercana a la misma que representa a Prospera Inc y que también guarda relaciones académicas y comerciales con otros arbitrajes en Panamá», indicó Díaz.

Por otro lado, a juicio del consultor y periodista estadounidense Douglas Farah, en Washington se ve a Honduras como un caso débil de democracia en el Triángulo Norte «y creo que por eso Honduras ha contratado la firma Arnold & Porter, para tratar de cambiar esa percepción». Agregó que las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos se deterioraron cuando el gobierno de Xiomara Castro reconoció a Beijing dejando de lado a Taipéi.

Farah explicó que a Honduras, dentro del contexto del Triángulo Norte, se le ve gravemente en peligro de perder «todo lo que queda» de su democracia liberal.

«La militarización es un tema muy fuerte. La presidenta ha abrazado a los militares y no ha tomado las medidas para reformar ni quitar el gran poder que han tomado los militares y la Policía Militar de Juan Orlando Hernández, entonces creo que todo eso es una decepción y no creo que hay un rompimiento [en las relaciones Honduras-Estados Unidos], pero sí es una decepción bastante fuerte», expuso Farah.

Nuevos agentes de la Policía Militar del Orden Público durante su graduación en un batallón militar. Foto CC/Jorge Cabrera
Nuevos agentes de la Policía Militar del Orden Público durante su graduación en un batallón militar. Foto CC/Jorge Cabrera

Otro punto preocupante para Washington, según Farah, es la política de seguridad implementada por el Gobierno de Honduras. «Xiomara ha adoptado medidas de excepción medio imitando a Bukele, y eso ha causado mucho miedo acá [en Washington], porque lo que ha hecho Bukele es un crimen contra la humanidad y la disposición de ella, de seguir en parte ese camino, sumado al hecho de China, ha llevado más a una decepción que otra cosa», expresó.

Para el sociólogo Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-SJ), la contratación de esta firma puede verse como «normal en el sentido de lo que también lo han hecho otros gobiernos en América Latina», pero que no deja de generar «un poco de morbo político» porque fue un tema que muchos militantes del Partido Libre cuestionaron anteriormente a Juan Orlando Hernández.

El sociólogo del Eric-Sj consideró que el Gobierno de Xiomara Castro no tiene en sus apuestas políticas hacer ningún tipo de ruptura con los Estados Unidos porque «eso sería un suicidio político», sobre todo porque Honduras tiene una economía que exporta principalmente a ese país y en donde las remesas que envían hondureños desde aquel país, generan divisas que representan el 25 % del PIB.

Elvin Hernández sostuvo que es evidente que «hay una caída importante en la imagen de Xiomara Castro», pero que no se pueden descartar las condiciones desastrosas en que asumió el poder el nuevo Gobierno. «No hay que olvidar que la matriz mediática juega un papel importante en las narrativas que se hacen y en el imaginario social, es decir, eso tiene un papel importante y hay sectores que no están interesados en que este Gobierno triunfe», consideró.

Hernández consideró que los Estados Unidos está buscando recuperar su liderazgo en Centroamérica, lo que se vio reflejado con la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris y posteriormente con las visitas de representantes del Comando Sur.

Sobre la embajadora Laura Dogu, Elvin Hernández manifestó que esta debe saber que debe sostener mucho diálogo con el Gobierno de Honduras, por la coyuntura política que vivimos, en donde hay un Gobierno «con una narrativa de izquierda o socialista o como le queramos decir» y eso ha coincidido con una pérdida de liderazgo de los Estados Unidos en la región.

Los lobistas

La firma Arnold & Porter está representada en este contrato por Thomas Shannon, quien fungió como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el gobierno de George Bush.

En términos de Washington —consideró Farah— Thomas Shannon es un actor mucho más importante porque fue Subsecretario de Estado y tiene un perfil mucho más alto. «Además trabajó como jefe de la mayoría de la gente que sigue dentro del Departamento de Estado en asuntos relacionados con Centroamérica. Entonces él tiene un peso diríamos mucho más grande».

Sobre el caso del papel que pueda jugar el ex embajador Hugo Lorens, quien diseñará la estrategia de lobby, Douglas Farah consideró que Lorens tiene cercanía con ciertos sectores de Honduras debido a sus años como embajador. «Creo que [con los servicios de Hugo Lorens] están tratando de ver cómo combinar fuerzas para tratar de apoyar la imagen de Xiomara Castro».

Elvin Hernández dijo que la incursión de Hugo Lorens para ayudar al Gobierno de Xiomara a fortalecer relaciones con EE. UU. venía sonando desde hace un tiempo, pero que se aceleró tras el reconocimiento de Honduras a la República Popular de China. «Creo que al abrir relaciones comerciales con China se hizo más urgente para Honduras tener un equipo que ayude a canalizar información de primera mano para seguir manteniendo como aliado a los Estados Unidos y que no se convierta Estados Unidos en un frente más».

Arnold & Porter es una firma conocida en Centroamérica. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador la contrató en 2021 por un año por 1.2 millones de dólares, contrato que no renovó en 2022 cuando ya ese gobierno había empeorado sus relaciones con los Estados Unidos.

Farah se refirió al trabajo de Shannon en El Salvador, afirmando que es notable que como lobista de Nayib Bukele «fracasó rotundamente» porque no logró mejorar la imagen de Bukele a pesar de su estatura como diplomático estadounidense.

Esta firma también fue contratada en 2019 por el gobierno de Juan Orlando Hernández, según publicó el Washington Post en ese entonces. El Gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter por 475,000 dólares en 2019, con fondos provenientes de la Secretaría de Finanzas, según el Washington Post para presionar a los fiscales durante el proceso del juicio de Tony Hernández, hermano del expresidente y excongresista.

Según la información del caso en contra de Tony Hernández, los fiscales mencionaron que, en septiembre de 2019, la firma buscó advertir a los fiscales sobre «consecuencias colaterales» relacionadas con las bases militares de los Estados Unidos en Honduras, así como «asuntos migratorios no relacionados».

En un artículo de Contracorriente publicado en 2021, «el Gobierno de Hernández desde 2016 a 2021 pagó un total de USD 3,289,194 para asesoría en relaciones públicas en un intento fallido por mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Según la base de datos de agentes extranjeros en Estados Unidos (FARA), todos esos fondos los recibió la firma Gus West Government Affairs mediante doce contratos. Es decir que, sumado a la firma que los fiscales aseguran que fue contratada para el juicio de «Tony», en total el Gobierno ha gastado USD 3,764,194 en asesoría para mejorar la imagen en el país norteamericano durante los últimos cinco años».

Sobre el papel de firmas como Arnold & Porter, Douglas Farah dijo que éstas representan a quien les paga y «se usan como armas» para apuntar al objetivo indicado. «Es poco común acá que haya una firma de lobistas que solo se dediquen a regímenes democráticos, casi todos están dispuestos a mezclar lo autoritario con lo democrático, a mezclarse con los dictadores. Es una parte de los lobistas en los Estados Unidos, algo que a mí me parece triste pero cierto».

Farah subrayó que existe preocupación por el rumbo que pueda tomar Honduras en materia de libertad de prensa sobre todo con el ejemplo en la región que dan los presidentes Alejandro Giammattei en Guatemala, que ha cortado toda protección y mandado a la cárcel a periodistas como José Rubén Zamora, y en el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha hecho una persecución tenaz contra medios, entre estos El Faro.

«Creo que se ha creado una imagen de que Xiomara Castro, a pesar de su campaña e ideología, básicamente va a tomar un camino autoritario, un camino diseñado por su esposo [el expresidente Manuel Zelaya], alejada de la ideología que ella tuvo durante su campaña y que por lo tanto tendremos un Honduras muy muy emproblemado», concluyó Farah.

Para el sociólogo Elvin Hernández, Honduras no puede avanzar tan fácilmente a un régimen autoritario, en referencia a, por ejemplo, el de Nicaragua.

«Esa amenaza de avanzar hacia un régimen más autoritario no siento que inmediatamente pueda ocurrir en Honduras, no es porque quienes están en el poder no lo quisieran, es porque las condiciones políticas que hay en el país no se lo permiten» dijo Elvin Hernández, quien agregó que a su juicio el expresidente Juan Orlando Hernández sí logró establecer una autocracia que controló toda la institucionalidad y los aparatos de seguridad, siendo respaldado por una «matriz financiera, energética, hidroeléctrica y mediática».

Contactamos al ministro y al viceministro de relaciones exteriores, Enrique Reina y Gerardo Torres, respectivamente, solicitando una entrevista, sin embargo, nuestra petición no fue respondida.

En Choloma, al norte de Honduras, Geovanny Fuentes Ramírez era un empresario del sector maderero y un narcotraficante ambicioso. Desarrolló su narcolaboratorio en lo más remoto de la sierra El Merendón. Allí, con la complicidad de las autoridades municipales, militares y policiales, con el espaldarazo de una empresa transnacional canadiense y el financiamiento de un banco internacional, creó una mina ilegal, un proyecto forestal y terminó hipotecando de manera fraudulenta más de 1300 hectáreas de tierras habitadas y cultivadas por comunidades. Hoy, tres años después de la captura de Geovanny Fuentes, los aldeanos siguen viviendo bajo la amenaza del desalojo, pues las instituciones que permitieron el despojo no se hacen responsables.

Texto : Célia Pousset
Edición: Jennifer Avila
Fotografía : Jorge Cabrera
Portada: Daniel Fonseca

En la Sierra del Merendón, también llamada por los lugareños como «Montaña sagrada», al norte de Choloma, existe una sombra grande, cubre miles de hectáreas y una decena de aldeas. Esta sombra desprende miedo, tiene cara y nombre, pero este no se pronuncia. Los habitantes dicen «el señor», «el hombre» o «el que se fue para Miami». Muchas veces solamente dicen «él», y entonces hay que asegurarse de que hablamos del mismo hombre.

Edwin* es de los pocos que pronuncia el nombre de Geovanny Fuentes sin bajar la voz. Quizás porque lo conoció de cerca cuando un día el narcotraficante irrumpió en su casa, como un huésped que debía ser atendido aunque no fuera bienvenido, pidiéndole que le vendiera un terreno.

Primer acercamiento: la mina del Tamarindo

Fuentes irrumpió en la vida de Edwin en 2012 con dos guardaespaldas. En aquel entonces, no se sabía muy bien quién era Geovanny Fuentes, la gente sólo murmuraba que era propietario de unas tierras en el Cerro Negro, municipio de Choloma. De droga no se hablaba. Fuentes se sentó en el sofá de Edwin y le dijo que quería comprar su terreno para explotar minerales. Edwin le informó que ya había un señor interesado, un tal Don Manuel, y que tenían un contrato. Fuentes se fue, pero regresó a los pocos días para citarlo en un restaurante de San Pedro Sula. Para su gran sorpresa, Don Manuel estaba ahí, con Geovanny y su hermano, Cristian. Acordaron que Don Manuel iba a recibir 18 dólares por tonelada de mineral que se sacara.

«Después de la reunión, no supe nada de Don Manuel. Nunca me pagó la compraventa. No sé que se hizo. De ahí Geovanny entró sin avisar en mi terreno con sus máquinas y empezaron a escarbar», recordó.

Al ver la intrusión Edwin se quedó callado ya que pensó que con esa clase de personaje no es recomendable buscar pleito. Semanas después, Fuentes le propuso negociar el precio del mineral. Se reunieron en la propiedad de Fuad Jarufe, el dueño de una arrocera cholomeña que lavaba el dinero de Geovanny Fuentes, y le ofrecieron un contrato de seis meses por cuatro dólares la tonelada. Edwin aceptó, pero el día de la firma del contrato, vio que las condiciones habían cambiado. Era un contrato para 30 años por un dólar la tonelada, y fuera del marco legal que tiene el país para la explotación minera, sin un contrato de concesión minera ni una licencia ambiental.

Edwin recuerda al abogado que presentó aquel contrato, Julio César Barahona, exjuez y exconsejero de la Corte Suprema de Justicia y mencionado en el juicio de Fuentes, pues el contador de Fuad Jarufe declaró que Barahona recibió 300.000 lempiras para entorpecer la investigación policial en contra de un narcolaboratorio que Fuentes había montado.

Aquel día, Geovanny le dijo: «si quieres firma; si no quieres, no firmes». Edwin firmó. No le dieron copia.

Buscaron oro, hierro, plata y bronce, a lo salvaje. «Geovanny me dejó el terreno fregado», resumió Edwin. En la mina a cielo abierto, un hombre de la comunidad apoyó a Fuentes y aceptó hablar con Contracorriente. Recibía 2,500 lempiras (unos cien dólares) a la quincena para dar de comer a los que trabajaban en la mina y a los policías, porque «detrás de él, venían siempre dos patrullas», contó. Escondía también armas en su casa, cuando se lo pedía.

«La primera vez que vino, el hombre me dijo “¿ Vos conoces allá ? Esas piedras de allá se miran bien relumbrantes, como plata”. Le enseñé las piedras en el terreno de Edwin y le acompañé hacia otro terreno en Agua Blanca. “N’hombre – me dijo – estás hecho, te voy a dar un carro y una pistola”. A los 15 días regresó y preguntó a sus guardias “¿cómo se lo pagamos?”. “Démosle con tiros”, dijo uno de ellos. Yo me asusté y le quedé viendo. Veía que todos se manoseaban la pistola. Sentí que me habían tirado al barranco», relató.

Un pedazo de hierro extraído de la mina del Tamarindo en El Merendón. Foto CC/ Jorge Cabrera
Un pedazo de hierro extraído de la mina del Tamarindo en El Merendón. Foto CC/ Jorge Cabrera

Uno de los dos esbirros de Fuentes era el presidente del patronato de la Jutosa, la aldea más grande de esta zona en las faldas de El Merendón.

Si hay una cosa que Geovanny Fuentes manejaba bien, aparte de las armas (AR 15 y nueve milímetros según la fiscalía estadounidense), eran sus conexiones políticas. Otro de sus aliados fue el entonces alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli.

«Aquí vino el alcalde de Choloma [entonces Leopoldo Crivelli] con Geovanny. Estuvieron en la casa, me hicieron una propuesta por lo del mineral. Yo le dije a Crivelli que no tenía permiso de explotación. Contestó él “te vale maceta. Te vamos a dar 250,000 lempiras, el único requisito que ocupamos es que nos prestes tu nombre para las exportaciones”. Mi nombre no lo presto, le dije. Entonces Geovanny se enojó, “Puta ni se puede armar un negocio con vos».

En entrevista telefónica con este medio, Leopoldo Crivelli desmintió con fuerza haber ayudado a Fuentes en sus negocios: «Yo no soy muy dado a andar ahí en la montaña. Tengo fobia por las alturas. Por eso no voy al cerro yo», dijo cuando le preguntamos sobre su supuesta visita a la zona acompañando a Fuentes a quien además describió como un «cipote» de Choloma.

«Yo era amigo del papá. Yo trabajaba para el señor Don Fuad Jarufe. Soy un especialista en arroz, manejaba un proyecto en los bajos de Choloma. Y cuando yo iba donde Jarufe para cobrar la quincena, Fuentes siempre estaba ahí. De ahí, platicamos, de manera normal. Pero, nada más. Yo soy un hombre público, alcalde de Choloma por 16 años. Puede preguntar en Choloma quién soy yo, y la gente se lo va a contar. No tengo ninguna relación con ningún narco. No conozco ni la coca, nunca he andado armas, siempre he andado solo, no he fumado marihuana ni en mi juventud, es la palabra de Polo Crivelli ante Dios, no sé nada de todo esto», expresó.

Crivelli insistió en que nunca vio una «pesquisa de que Geovanny se dedicaba al narcotráfico», pero que sí se veía como «un muchacho peligroso, capaz de ultimar a alguien. Todo el mundo le tenía miedo.»

En aquel entonces, cuando pasó lo de la mina, ya varios hombres habían caído de la mano de Geovanny Fuentes. Primero, se compró la simpatía de Leonel Rivera Maradiaga, el jefe del cartel de Los Cachiros, asesinando a un mecánico que hablaba mal de él. Tal como un gato enseña a su dueño una presa muerta, Geovanny le mostró una foto del cadáver a Maradiaga, mientras Melvin Sanders, el presidente del club de fútbol el Atlético Choloma, le decía que Geovanny «era una buena persona para tener de su lado […] puede matar a cualquiera si se lo pedimos.»

Leonel Maradiaga rechazó participar en el negocio del laboratorio porque consideraba que era preferible traer la cocaína desde Colombia y no fabricarla en Honduras. Sin embargo, tras esa muestra de lealtad, Fuentes empezó a mover droga de los Cachiros en Honduras hacia el rancho de Juan Carlos «el Tigre» Bonilla —el exjefe de la Policía hondureña que ahora está en espera de su juicio en Nueva York— o de Los Valle, el cartel más poderoso del Occidente antes de su desarticulación en 2014. Geovanny cumplió con sus misiones de traslado de droga, pero sin renunciar a su narcolaboratorio en Cerro Negro que producía entre 200 y 300 kg de cocaína al mes, empleando a dos cocineros colombianos y una decena de guardias.

Además, después del único allanamiento en Cerro Negro en 2011, ocurrieron otros dos asesinatos que retumbaron en Choloma como actos de represalia.

El policía que organizó el allanamiento fue secuestrado por Fuentes y sus hombres. El requerimiento fiscal estadounidense describió que «el imputado y sus cómplices torturaron al oficial, le pegaron en la cara y le asfixiaron con una bolsa plástica. Clavaron sus dedos con alfileres […] la tortura servía a interrogarlo porque el imputado quería saber si su lavador de dinero y benefactor, Fuad Jarufe, estaba implicado en la investigación en contra de su laboratorio. Después de enterarse que no, el imputado mató al oficial con tres tiros en la cabeza».

Según la fiscalía estadounidense, no se halló nada durante el allanamiento porque el hijo de Leopoldo Crivelli filtró la investigación policial y Chepe Handal, otro narcotraficante de San Pedro y colaborador del laboratorio, alertó del operativo.

Otro asesinato fue el de Denis Muñoz, entonces un regidor de la alcaldía de Choloma cuya propiedad colindaba con la de Fuentes en Cerro Negro. Según los habitantes de las aldeas del Merendón, Muñoz denunció a Fuentes por delitos ambientales. Pero al día de hoy, ese crimen sigue impune. En 2015, su hijo fue acribillado en la Jutosa y tampoco se han esclarecido las circunstancias.

Sobre esas muertes violentas, Crivelli declaró : «no sé nada de eso. Soy un hombre muy amigo de las personas, soy incapaz de andar en estas papadas».

En marzo de 2020, la DEA detuvo a Geovanny Fuentes en Miami por importación de cocaína. Fue condenado en febrero de 2022 a cadena perpetua por el Distrito Sur de Nueva York.

Pobladores de El Merendón trasladan madera para la construcción de sus casas. Foto CC/ Jorge Cabrera
Pobladores de El Merendón trasladan madera para la construcción de sus casas. Foto CC/ Jorge Cabrera

En El Merendón, al borde de un camino hacia el Tamarindo, hay una casa abandonada, totalmente derrumbada. Los habitantes dicen que es el refugio de espíritus maliciosos. Sin embargo, por esos lares, el espectro de la muerte no es sólo una leyenda. El hombre que trabajó con Fuentes en la mina suele decir «Aquí están vivos los que nunca le dijeron “no” a Geovanny».

Segundo acercamiento: el proyecto forestal

«Juez, tiene 52 años. Es hondureño. Creció en humildes circunstancias en un país violento. Trabajó duro. Es bachiller. Trabajó como agricultor. Empezó en una arrocera donde se desempeñó como barrendero. Pero se superó, juez. Trabajó en una empresa textil como manager por 26 años. No tenía nada al principio y se abrió camino hacia lo más alto. Entre 2013 y 2018, tuvo una empresa de biomasa. Podría decir una empresa forestal», así es como el abogado John Burke presentó y defendió a Geovanny Fuentes durante su juicio en la audiencia para establecer la pena, tras el fallo condenatorio de la Corte. Burke reclamaba 40 años de cárcel para su cliente.

Sin embargo, la «empresa forestal» que le servía de carta de respetabilidad a Fuentes no tenía nada de respetable. En Honduras enfrentó un juicio por delitos ambientales y con el nombre de esta empresa fueron escrituradas e hipotecadas tierras que han pertenecido desde generaciones a campesinos de El Merendón.

Gustavo Mejía, el actual alcalde de Choloma afiliado al partido Libre, quien fue regidor desde 2014, dijo a Contracorriente que «nosotros a Geovanny Fuentes siempre lo vimos como empresario de la madera, para mí fue el mayor deforestador que hubo en Choloma a vista y paciencia de las autoridades. Nunca lo vimos como un narcotraficante. No fue un tipo extravagante como muchos narcos que andan empistolados, borrachos; era un tipo muy reservado. Tal vez en su ambiente hacía sus cosas. Yo lo conocí por su negocio de biomasa. Luego, uno de los puntos más críticos que hizo es que sacó un montón de dinero de terrenos que no eran de él. Esa es la peor picardía que hizo. Y todos aquellos que avalaron eso son de la misma administración municipal».

Vista general de El Merendón por el lado de la Jutosa, municipio de Choloma. Foto CC/ Jorge Cabrera
Vista general de El Merendón por el lado de la Jutosa, municipio de Choloma. Foto CC/ Jorge Cabrera

Pocos meses antes de hipotecar sus tierras, Geovanny Fuentes se reunió con los habitantes de dos aldeas de El Merendón —San Antonio de las Quebradas y La Jutosa— para presentarles su nuevo proyecto a fin de «desarrollar» las comunidades. Fue el segundo acercamiento.

Don Rafa, líder de la comunidad de Las Quebradas, recuerda muy bien la llegada de Fuentes y de Crivelli a su casa a finales de 2012, cuando ya estaban operando en la mina ilegal del Tamarindo.

«Se presentó un señor que dijo que venía a hacer viveros para reforestar el sector. Hubo una reunión donde yo me presenté con dos vecinos para escuchar las propuestas. Vinieron tres señores, supuestamente abogados, para hablar del plan de trabajo, el alcalde “Polo” Crivelli y hombres bien armados. Dijeron que el proyecto abarcaba oportunidades para ayudar a las comunidades: arreglo de carreteras, dispensarios médicos, buenos sueldos para los que iban a trabajar en el vivero. El señor dijo que nos iba a hacer la escuela en Las Quebradas, pero que a cambio, nosotros teníamos que plantar árboles y que el bosque que nos rodeaba ya había dado vida útil y se podía cortar», contó.

El árbol que Fuentes quería cultivar era el guaje. Un árbol poco robusto que incluso sirve de comida para el ganado. «Le respondimos ¿para qué volar lo que ya está?», recordó Rafa.

Eso era una constante en la técnica empresarial de Agroforestal Fuentes: aprovecharse de terrenos ricos en biodiversidad para pulverizar sus árboles y producir aserrín. La biomasa es una energía renovable generada a partir de la combustión de materia orgánica, pero es muy diferente que esa materia provenga de desechos (como desperdicios de la caña, de palma africana, raíces) a que salga de robles, caobas, pinos, ceibas y guanacastes.

En 2015, la Fiscalía del Ambiente de San Pedro Sula solicitó una orden de captura contra Fuentes y presentó un requerimiento fiscal por «corte y aprovechamiento ilegal de productos forestales con fines comerciales agravados». Pero los hechos por los que se imputó a Fuentes no fueron los de Choloma, sino otros en el municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés. La Unidad Municipal Ambiental remitió a la fiscalía un informe en el que describió cómo Agroforestal Fuentes operó sin permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en un terreno privado: «descubrimos que se estaba realizando el corte de los árboles, los cuales eran introducidos en una máquina chipeadora, el aserrín se utilizaba para la generación de biomasa y era vendida a la empresa Gildan».

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Gildan es una empresa canadiense textilera que trabaja con varias maquilas en Choloma. Es también dueña de una caldera en las afueras de la ciudad industrial que produce energía. En su sitio web abandera orgullosamente su responsabilidad social y ambiental. «Desde nuestro uso de energía y agua, nos responsabilizamos y prestamos tanta atención a lo que entra en el trabajo como a lo que sale de él», aseguran. Agroforestal Fuentes no era sólamente un proveedor de materia orgánica pues la relación iba más allá, ya que Gildan fungía igualmente como prestamista de Agroforestal.

No pudimos obtener explicaciones por parte de Gildan. Enviamos correos a dos empleadas del servicio de comunicación en Canadá, pero ambos quedaron sin respuesta.

Por su parte, Luis Soliz, Director del Instituto de Conservación Forestal (ICF) dijo que «el narcotráfico y el lavado de activos dañaron terriblemente nuestros bosques. Sabemos que el negocio de la biomasa servía para lavar dinero. Se declaraba más producto de lo que en realidad ingresaba, y como todo era incinerado para producir energía, pues no había control. Todavía no tengo el control sobre eso, porque es un desorden que hay ahí».

La caldera de biomasa de Gildan dónde era llevado el desecho de árboles de Agroforestal Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera
La caldera de biomasa de Gildan dónde era llevado el desecho de árboles de Agroforestal Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera

La Sierra El Merendón es un pulmón atravesado por ríos y quebradas, moldeado por crestas y barrancos. Las comunidades protegieron sus bosques, negándose a cortar lo que ya tenían. Pero Fuentes hizo dos viveros en el Merendón, uno en la Jutosa y otro a la par de la mina del Tamarindo. «Algunas de las personas de la comunidad fueron a trabajar allá, limpiar y embolsar plantas. En el vivero del Tamarindo había 50,000 plantas, pero sólo un cuarto fue sembrado, el resto se perdió», manifestó Rafa.

La razón de ser de los viveros era que esto le permitía a Fuentes y a sus empleados circular libremente en toda la zona de El Merendón, subir al Cerro Negro con arbustos —y la coca importada por go fast de Colombia, según el requerimiento fiscal— y bajar con troncos. «Él pasaba por acá con hombres bien armados, bajaban madera del Cerro Negro con camiones del ejército», afirmó un campesino de la Jutosa. Dice que por eso Denis Muñoz denunció a Geovanny y lo pagó con su vida.

Agroforestal Fuentes fue constituida en 2008. El notario que realizó el trámite, Carlos Augusto Hernandez Alvarado, director de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula, detalló a Contracorriente que «hacemos escrituras porque nos buscan. Uno como notario no tiene que someterse a investigar la vida privada de los socios que quieren constituir una sociedad. Si cumplen los requisitos legales, que en Honduras son bastante mínimos, pueden constituirla.» En el juicio de Nueva York, Geovanny alegó que esa empresa operó entre 2013 y 2018 empleando a 30 trabajadores permanentes y una centena de temporales. Afirmó que ganaba 70,000 dólares a la semana con esa actividad.

Uno de los exempleados de Agroforestal Fuentes compartió con Contracorriente esa vivencia que quiere «dejar atrás». Lo encontramos en un centro comercial y estaba intranquilo, huidizo, preguntando si las cámaras de seguridad podrían estar grabando su voz. «Yo me salí con la frente en alto. No me metía en nada. No me enteré de nada. Ya sabe cómo es», dijo a modo de preámbulo. Explicó que trabajaban en cuadrillas de diez personas con motosierras y máquinas para triturar la madera. Un trabajo extenuante y peligroso. «A veces, tocaba dormir en el monte». Limpiaban las propiedades de grandes terratenientes y compraban la materia orgánica. Pero admitió que después «se pasaron con los pinos y deforestaron para tener materia prima» y que « la energía limpia es una mentira porque cortaban árboles». Él ya se había salido por las «cosas malas que sentía».

Cuando le preguntamos por las «cosas malas», de nuevo esquivó diciendo que no se enteró de nada. Pero, palmo a palmo, esbozó el retrato de un jefe iracundo y violento que abofeteaba a sus propios guardias. «Eran militares o exmilitares, se notaba en la manera de andar», añadió.

«Le pedí a Dios que me sacara de este negocio y milagrosamente lo hizo», concluyó al levantarse para irse.

Las motosierras de Fuentes no lograron entrar en todos lados; no entraron en San Antonio de las Quebradas por la resistencia de su pueblo. A esas alturas de 2013, la mina era un fracaso porque no encontraron el oro y la plata esperada y el «proyecto de reforestación» nunca cuajó. Geovanny Fuentes decidió entonces robarles a los habitantes la tierra que no quisieron regalar.

Golpe de gracia: las hipotecas y el fraude de la tierra

Entre abril de 2013 y mayo de 2014, Geovanny Fuentes contrajo cuatro líneas de crédito asegurando el pago de estos con bienes inmuebles en El Merendón cholomeño; fueron cuatro hipotecas otorgadas por el Banco Promerica que, en total, sumaron 92 millones de lempiras.

Las comunidades afectadas son El Ocotillo, El Majaine, Planes María, San Antonio de Las quebradas, El Tamarindo, Agua Blanca, Chachahuala y El Chorrerón, donde viven menos de 1000 habitantes.

Hasta marzo de 2021, los habitantes se dieron cuenta de que sus terrenos se encontraban bajo gravamen. «Descubrimos en la Gaceta que todo el sector iba a ser subastado el 25 de marzo y que los terrenos estaban en manos de un banco», explicó un agricultor de 50 años de El Majaine cuya tierra fue hipotecada en septiembre de 2013.

«No sabemos cómo nuestras tierras terminaron a ser de otro, pero el señor que hipotecó la tierra tuvo que tener el visto bueno de la municipalidad para escriturar a su nombre. Se duplicaron los títulos ya que nuestras escrituras son de años. La mía viene de mi abuelo. Mi papá me heredó las tierras. Son 29 manzanas. Pero, que manden militares o que compre otro narco, estamos jodidos. Cualquier cosa puede suceder porque la gente no quiere salir de aquí», manifestó.

San Antonio de las Quebradas es una comunidad de unas 60 personas cuya mayoritaria fuente de ingresos proviene de los cultivos de maíz y frijoles. Foto CC/ Jorge Cabrera
San Antonio de las Quebradas es una comunidad de unas 60 personas cuya mayoritaria fuente de ingresos proviene de los cultivos de maíz y frijoles. Foto CC/ Jorge Cabrera

Pocos meses antes de las hipotecas, en enero de 2013, fue asesinado el jefe de catastro de la alcaldía de Choloma, José Ulises Guevara. Los habitantes de El Merendón sospechan que Ulises se oponía a las prácticas de corrupción que existían en el otorgamiento de títulos.

En Honduras, la escritura de tierras debe seguir un protocolo definido: con un contrato de compraventa de bienes inmuebles, un título de dominio pleno o de dominio útil, se debe registrar el terreno en el Instituto de la Propiedad (IP) que a cambio crea un asiento registral por el que hace constar que se escribió el título de propiedad.

Según dicen los habitantes, la escritura de sus tierras a nombre de la empresa de Fuentes fue avalada por la corporación municipal y posteriormente estas fueron registradas en el Instituto de la Propiedad.

La primera hipoteca en el banco Promérica por 3 millones de lempiras, para garantizar una línea de crédito. abarca dos predios en el Cerro Negro, anteriormente donados por Fuad Jarufe a Geovanny Fuentes, y un lote de terrenos en Río Blanquito. La segunda, por 7 millones de lempiras cubre más de 1000 hectáreas entre El Chorrerón, El Tamarindo y el Majaine. La tercera amplía el crédito por 9 millones e hipoteca más tierras y dos máquinas para triturar madera. Por fin, Fuentes hipotecó un contrato de suministro de biomasa que había firmado con la transnacional Gildan por 73 millones de lempiras.

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Al día siguiente de enterarse de la subasta, Rafa, el líder de San Antonio de las Quebradas, llegó a la municipalidad de Choloma para consultar el mapa catastral e identificar los terrenos abarcados por las hipotecas. «El agente catastral me dijo “tu aldea no está”. No, le dije, quiero ver el mapa. Y resultó que mi propiedad está en el plan de subasta.» Rafa tiene en su posesión un título de dominio pleno sobre cuatro hectáreas otorgado por el Instituto Nacional Agrario en 1995.

«Esta es mi tierra. ¿Cómo es posible que propiedades con dominio pleno hayan caído dentro de las hipotecas? Pero, gracias a Dios tenemos todavía el bosque», se consoló Rafa.

Rafa, líder de San Antonio de las Quebradas, muestra el título de dominio pleno de sus terrenos hipotecados por Geovanny Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera
Rafa, líder de San Antonio de las Quebradas, muestra el título de dominio pleno de sus terrenos hipotecados por Geovanny Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera

La demanda de ejecución hipotecaria por parte del banco se dio en 2018, porque Geovanny Fuentes y sus fiadores solidarios —Frederick y Fuad Jarufe— no pagaban las cuotas. Fue un trámite largo porque la jueza manifestaba desconocer la dirección de Fuentes para notificarle las citas. La abogada Maribel Espinoza, cuyo bufete llevó el caso en representación del banco, declaró a Contracorriente que fue un proceso anormal y difícil y que se debió probablemente a la colusión entre el juzgado de Choloma y Fuentes. «El juzgado ignoró la norma procedimental respecto a la fijación y cambio de domicilio para favorecer al ejecutado dándole tiempo para evitar la subasta de los inmuebles hipotecados» dijo.

Finalmente, un año después de la detención de Geovanny Fuentes, el juzgado de Letras de Choloma anunció la subasta.

Unas 300 personas de las comunidades de El Merendón protestaron en frente del banco en San Pedro Sula ante la amenaza del remate. El gerente del banco propuso que tres personas entraran en el edificio para conversar. Rechazaron la propuesta, pues «todos o nadie», dijeron.

Aquel día, el 25 de marzo, no hubo postores. El juez adjudicó entonces los bienes inmuebles al banco Promerica con un valor de 717,623.98 dólares. Desde ahora, las comunidades viven bajo el riesgo del desalojo.

«La vida es amable, pero uno sabe que a punta de pistola, uno tiene que salir», observó Rafa desde el patio de su casa, justo enfrente de «Lempira», la escuela que la comunidad construyó sin la ayuda del «señor» de la montaña.

La escuela Lempira fue construida gracias al esfuerzo de todos los pobladores de la comunidad. Alumnos y alumnas vienen a pie desde Chachaguala, una aldea a más de una hora de Las Quebradas. Foto CC/ Jorge Cabrera
La escuela Lempira fue construida gracias al esfuerzo de todos los pobladores de la comunidad. Alumnos y alumnas vienen a pie desde Chachaguala, una aldea a más de una hora de Las Quebradas. Foto CC/ Jorge Cabrera

Después de la captura del narcotraficante

Capturar a un narcotraficante no es el final de la historia. Las instituciones hondureñas, ya sean policiales, militares, municipales o judiciales y también las empresas transnacionales como Gildan y el sistema bancario participaron directa o indirectamente en las actividades delictivas de Geovanny Fuentes Ramirez. «A los estadounidenses les interesa la droga, a nosotros nos debería interesar limpiar nuestro país y reformar las instituciones corruptas, esa es nuestra tarea. No todo se resuelve en Estados Unidos. Es importante que actuemos en lo que nos corresponde: la corrupción», opinó Carlos Paz de la misión Cáritas en Honduras, organización a la que las comunidades acudieron para exponer su problema.

Contracorriente contactó a una fuente cercana de la alcaldía de Choloma que pidió mantener el anonimato y repitió una decena de veces que siempre se «mantenía al margen de muchas cosas». Negó que la alcaldía tuviera que ver con el otorgamiento de títulos a Geovanny Fuentes. «Lo mencionamos en corporación, pero cómo le digo, nunca pasó por nuestras manos el asunto. Creo que fue el Gobierno, a través del Instituto de Conservación Forestal, que maniobró algunas cosas con el Instituto de la Propiedad, pero no lo supimos, se hizo a espaldas de la municipalidad» dijo. Sin embargo, mientras defiende a la institución, vuelve sobre la mesa el tema de «uno tenía que ver y callar, pues sabíamos cómo corría el agua», un argumento que deja entrever que las cosas no fueron así de claras. «Internamente fue complicado. Hubo los asesinatos del jefe de catastro y de un regidor. Otro abogado tuvo que huir de Choloma, porque no quería permitirles hacer este tipo de cosas […]» dijo.

Finalmente, declaró que el problema viene del banco Promérica por recibir hipotecas de manera irregular.

Preguntamos al banco en qué condiciones fueron otorgadas las hipotecas a Geovanny Fuentes y si se realizó una inspección de terreno para verificar que las más de mil hectáreas reivindicadas le pertenecían realmente. Recibimos esta respuesta: «Se le otorgó financiamiento de acuerdo a las políticas de crédito vigentes y a la normativa y regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Cumpliendo la normativa bancaria y las políticas internas del banco se realizó un avalúo. Dentro de los procedimientos del banco se verifica en el Instituto de la Propiedad las garantías a ser otorgadas por los clientes para verificar la legitimidad del propietario».

Es una verificación más que limitada, pues el IP ha sido cuestionado por ser un nido de corrupción. José Cardona, presidente de su junta directiva y también ministro de la Secretaría de Desarrollo Solidario (Sedesol), culpó a la gestión de los gobiernos nacionalistas pues «se prestaron a la corrupción en la regularización predial a favor de narcotraficantes. Muchos alcaldes se dedicaron a dar títulos a gente que les daba dinero y no les importaba que ahí vivía gente. Se han otorgado títulos sobre títulos. Se desaparecieron expedientes. Falta todavía un mecanismo de vigilancia que evite la doble titulación de tierra y el tráfico de influencia. El desorden es histórico y no lo podremos resolver en cuatro años», argumentó.

Buscamos en el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad los antecedentes de los terrenos que Fuentes hipotecó para saber cómo los obtuvo, pero no se pudo rastrear los propietarios anteriores, aparte del predio donado por Fuad Jarufe. Un empleado de la Dirección General de Regularización Predial comentó que «no podemos ver las escrituras anteriores a las de Geovanny Fuentes, pero lo que sí observamos es que Fuentes registró en 2013 títulos de dominio útil, para uso y goce de la tierra. Algo que sólo puede dar una municipalidad».

 

Sólo una municipalidad. Pero, según el exalcalde Crivelli, no la suya : «Yo era el alcalde ¿cómo hubiera podido permitir eso, siendo vecino de ellos? ¿Cómo puedo arrebatar tierras que no son mías, que no conozco ni nunca he visto, a beneficio de este señor? Desconozco cómo pudo registrar esas tierras en el IP, yo me di cuenta de las hipotecas cuando ya se daba la subasta. Se dice que me había regalado 220 000 lempiras para la campaña política, pero nunca me dio nada, ni quiera Dios. Son líos en los que me han metido a mí. Hay un poco de mala intención políticamente hablando, por eso perdí las elecciones. En parte. No sé qué dicen los documentos de Nueva York, pero son chambres. No es porque lo diga Juan, Pedro o Luis que sea cierto. Usted puede venir e investigar acá. La puedo llevar… Aunque no soy muy aficionado a las alturas.»

Crivelli perdió las elecciones en las que optaba por su cuarta reelección pero su hija, Katia Crivelli, sí ganó las elecciones y ahora es diputada en el Congreso Nacional por el partido Liberal, presidido por Yani Rosenthal, quien cumplió su pena en Estados Unidos por lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Ezequiel, un habitante de la zona, es cortador de leña. Foto CC/ Jorge Cabrera
Ezequiel, un habitante de la zona, es cortador de leña. Foto CC/ Jorge Cabrera

Gustavo Mejía, el actual alcalde de Choloma, admitió que tenía como promesa de campaña ayudar a los habitantes de El Merendón, pero ahora se deshace de la papa caliente alegando que el Congreso Nacional resolverá el problema. Durante la entrevista, hizo una llamada a la diputada del partido Libre, Iris Pineda, a quien dice haber remitido un informe sobre el caso.

—No, profe, eso lo tiene Tania [jefa de medioambiente de la alcaldía] —contestó la diputada Pineda.

—Pues Tania me dice que se lo entregó a usted.

—Bueno, no sé, habría que buscarlo en ese montón de papel que tengo en la casa.

—Revísemelo pues.

Mientras tanto, las comunidades viven con la espada de Damocles sobre su cabeza: el posible desalojo. A la pregunta hecha al banco sobre el futuro de los habitantes que viven en esas tierras, el banco contestó «actualmente no tenemos ofertas, al momento de tenerlas se analizará la situación mencionada».

«¿Sabe lo más irónico? —nos dijo Rafa— es que continuamos pagando impuestos a la municipalidad.»

A la hora de salir de la montaña, cuando casi oscurece y los campesinos se apresuran para dejar el campo y regresar a sus casas, nos cruzamos con un jinete con su caballo blanco, las botas llenas de polvo. Dijo llamarse Ezequiel. Nos habló de política, religión y dinero, describiendo los tres como instrumentos de opresión. Conoce bien la historia de la zona: la mina, la empresa de Fuentes, las hipotecas… Pero, mientras intentábamos recoger su visión de la situación —una última mirada antes de irnos— se rió un poco y dijo desde la altura de su caballo: «Es como siempre. Pero, sabes, aquí la lucha nace y crece en la sangre. Es lo que tenemos».

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer que más afecta a las mujeres en Honduras. Uno de los principales causantes es el Virus de Papiloma Humano (VPH) que, a pesar de ser tratable, se detecta poco por la falta de acceso a análisis en los centros de salud. Tampoco la vacuna es muy accesible para las mujeres en este país que, además, cuenta con altos índices de violencia sexual y embarazo adolescente.

Texto y fotografía: Ana Murillo

«Nunca se me pasó por la cabeza que, años después de que abusaran sexualmente de mí, podría tener cáncer de cérvix», dijo Cecilia*, una mujer de 31 años sobreviviente de violencia sexual que fue diagnosticada con Virus de Papiloma Humano (VPH).

Cecilia no solamente carga con las cicatrices del abuso que sufrió hace cuatro años por parte de un excompañero de trabajo, sino también con el estigma y el miedo que le genera haber sido diagnosticada con VPH en un país como Honduras. Aquí la mayoría de la población desconoce que el VPH es una infección común y tratable y se suele cargar con prejuicios a la persona que la contrae, pero especialmente a las mujeres.

«Siento que sigo cargando con las consecuencias de algo que no pedí ni busqué vivir», dijo Cecilia, quien aseguró que no había escuchado del VPH y sus consecuencias, ni que es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. En Honduras, el acceso a exámenes de diagnóstico para las mujeres es limitado.

La vacuna contra el VPH está incluida en el Esquema Nacional de Vacunación Hondureño desde el año 2016. La doctora Leonela Lozano, coordinadora de la unidad de Patología Cervical en el Centro de Salud Alonso Suazo, confirmó que «la vacuna de dos dosis se pone únicamente a niñas de 11 años de edad». En cambio, para las demás mujeres, de ser necesario, deben abocarse a los centros privados de atención, dónde se les puede brindar la vacuna sin importar la edad a un precio aproximado de entre 2000 y 4200 lempiras por dosis, lo que la hace inaccesible para muchas mujeres de escasos recursos.

Esta vacuna ayuda a fortalecer el sistema inmune y evitar el cáncer del cuello uterino, que es el más curable, más fácilmente diagnosticable y hasta el más prevenible de todas las variedades de cáncer.. Sin embargo, la doctora Alejandra Pereira, ginecóloga de Ciudad Mujer, un programa gubernamental de atención a mujeres, dijo que en Honduras éste representa la segunda causa de muerte en mujeres.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el 90% de las personas sexualmente activas contraen este virus al menos una vez en su vida, y uno de los exámenes para la detección temprana del cáncer de cérvix —en lo que podría derivar el VPH si no se diagnostica a tiempo—, es la citología, comúnmente conocida como «Papanicolaou».

A partir de 2022, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) realiza citologías para la detección temprana de lesiones precancerosas a mujeres que no han accedido a la vacuna del VPH en Honduras. De igual forma, ha comenzado a ofrecer estas vacunas a poblaciones de alto riesgo, esto también como parte de un protocolo a sobrevivientes de violencia sexual.

Pero Cecilia no tuvo acceso a esto hace cuatro años, ni a la vacuna, ni al protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual, porque esos servicios no estaban disponibles en el sistema de salud pública.

La mayoría de las mujeres no tienen evidencia de infección hasta que pasan 20 o 24 meses después del contacto de riesgo. Así fue para Cecilia. «Cuando recibí los resultados que decían que tenía el VPH, no sabía qué era, no había escuchado de eso, busqué en internet y descubrí que era una enfermedad de transmisión sexual. Pensé en la violación porque no volví a tener parejas sexuales desde entonces. Sentí que se me iba la vida. Leía que se podía convertir en cáncer y pensé que no podría salir de esto. Llevo ya un año y medio en tratamiento y aún sigo positiva con VPH», relató Cecilia.

Ahora que Cecilia, ha enfrentado su diagnóstico y está en tratamiento, se ha dado cuenta de las carencias del sistema de salud y cómo las sufren las mujeres. Cecilia aseguró que en el Hospital Escuela Universitario no hay los insumos necesarios para tratar su enfermedad, y por su condición económica, una enfermedad de transmisión sexual tan común se puede volver especialmente difícil de sobrellevar, sobre todo, si los profesionales que deberían cuidar e informar, lejos de hacerlo, orillan a las pacientes a lidiar solas con el proceso.

Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), la tasa de incidencia del cáncer de cérvix en el país es de 17 por cada 100,000 mujeres. En el periodo 2018 a 2022, han fallecido 254 mujeres por esta afección. La Sesal también establece que, entre 2019 y 2022, fueron diagnosticadas con el Virus del Papiloma Humano 939 niñas y mujeres adultas en el país.

«El sistema de salud público debería contar con los medicamentos e inyecciones necesarias para tratar el VPH. Yo tuve que comprar la vacuna; son dos dosis y las venden por separado. Tuve que ver cómo hacer para comprarlas porque cuestan más de 3000 lempiras cada una. No es fácil ir de farmacia en farmacia cotizando los precios de las vacunas buscando las que se acomoden a mi presupuesto, soportando malas miradas porque es prácticamente ir con una etiqueta de que tengo VPH. Las personas te juzgan sin saber el trasfondo y que ellas también podrían pasar por lo mismo que yo; hacen falta redes de apoyo que nos haga sentir menos solas y mancilladas», contó Cecilia.

El largo camino para una citología

La citología, o Papanicolaou, es el examen que los médicos recomiendan que toda mujer debe realizarse cada año tras iniciar su vida sexual. Sin embargo, no es un servicio que suele ofrecerse en todos los hospitales y centros de salud. Solo el Hospital Escuela, en la capital, Tegucigalpa, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, al norte del país, son los centros hospitalarios que cuentan casi siempre con los insumos para realizar este análisis.

El Estado tiene a su disposición el Servicio de Atención Integral (SAI), centro encargado de la vigilancia de enfermedades de transmisión sexual, cuyo objetivo principal es atender a pacientes viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La doctora Ana Uclés, directora del SAI regional de La Ceiba, dio a conocer que, hasta el momento, «el Estado ha mantenido (al menos en ese centro) los reactivos suficientes para diagnosticar VIH, sífilis y virus de papiloma humano. Aquí procuramos llevar un buen control de las ITS [Infecciones de Transmisión Sexual] y la prevención del cáncer cervicouterino».

Este servicio de salud es un apoyo para aquellas pacientes con VIH positivo. Es aquí donde llevan un control de por vida, ya que por su bajo sistema inmune, tienen mayor posibilidad de padecer cáncer de cérvix.

En el Hospital Escuela Universitario (HEU) ubicado en Tegucigalpa, el SAI atiende a 1064 pacientes, el 60% de estos residen en el Departamento de Francisco Morazán, y el 40% restante proceden de otros departamentos.

El Hospital Escuela Universitario (HEU), ubicado en la zona central del país, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en la zona norte, son los centros de atención más grandes del país y a su vez son los que más afluencia de pacientes de zonas rurales reciben, ambos cuentan con el área de Ginecología y Obstetricia, dónde su mayor enfoque son a salas de parto, atención y control a embarazadas. Si las pacientes desean tratar otras afecciones como el VPH, son remitidas a los centros asistenciales como el Centro de Salud Alonzo Suazo, y en caso de ser una emergencia, nuevamente son enviadas al HEU.

Esto es parte de un proceso con el que deben lidiar pacientes como doña Adriana Henández, de 46 años, que decidió salir de su pueblo Oropolí en El Paraíso hacia la capital, Tegucigalpa, porque en su centro de salud no lograron encontrar la causa del dolor pélvico constante que sufre desde hace cinco meses.

«Yo vengo desde el Hospital Gabriela Alvarado en Danlí, de ahí me remitieron aquí al Hospital Escuela, porque allá no me encontraron nada y yo sigo con el mismo dolor, viajé desde mi aldea en Oropolí a Güinope, a Danlí, y de ahí me mandaron aquí a Tegucigalpa, y aún no me atienden. Desde las cinco de la mañana estoy aquí haciendo fila y sigo esperando» dijo Doña Adriana, cuyo caso, al no ser considerado una emergencia, no podía atenderse en el Hospital Escuela.

Al consultarle si se había realizado una citología en el hospital de Danlí, o si esperaba que lo hicieran en el Hospital Escuela, doña Adriana aseguró desconocer si le harán este examen, «yo no sé si me harán eso, yo no recuerdo que me lo hayan hecho, ni me mandaron a hacer exámenes, solo me hicieron el ultrasonido y me dijeron que no tenía nada» contó.

Aun cuando los centros asistenciales, como el Centro de Salud Alonzo Suazo, cuentan con programas de concientización y diagnóstico del VPH y cáncer cervicouterino, no todas las mujeres que asisten a ellos conocen esta información.

Este es el caso de Bianca Rivera, una mujer de 38 años oriunda de Tegucigalpa y paciente del Centro de Salud Alonzo Suazo. Bianca contó que tras siete años asistiendo a centros y hospitales públicos para chequeos por ovarios poliquísticos, nunca le habían realizado una citología, «yo no sabía que eso existía ni que debía hacerme eso cada año para prevenir el cáncer, a mí solo me hacen los ultrasonidos y ya».
Por su parte, Sandra Mejía, de 28 años, aseguró que en el Seguro Social le hicieron una citología hace dos años pero que nunca le dieron los resultados. Ana María Trochez, de 21 años, paciente del Centro de Salud Alonzo Suazo, relató que sus citologías siempre se las realiza en Ciudad Mujer, ya que no cuenta con los recursos necesarios para ir a una clínica privada y en el centro de salud no incluyen este examen en los chequeos.

El personal de Salud en centros asistenciales como el Alonzo Suazo, asegura que ofrecen de manera permanente el análisis de citología a todas aquellas mujeres que lo requieran, pero, aun así, algunas mujeres como Bianca y Ana, desconocen que es uno de los centros a los que pueden acudir para realizarse este examen.

Según datos proporcionados por la doctora Leonela Lozano, coordinadora de la unidad de Patología Cervical en el Centro de Salud Alonso Suazo, –uno de los 15 centros de atención primaria que funciona en el Distrito Central– durante el 2022, en este centro se realizaron 1601 citologías. De estas, 34 resultaron positivas del Virus del Papiloma Humano. En lo que va de 2023, se han realizado 596 citologías en este mismo centro, obteniendo una positividad de 82 casos de VPH. Actualmente atienden a 164 pacientes con el virus activo.

Asimismo, Leonela Lozano, dio a conocer que, en 2022 se vacunaron a 1449 niñas dentro del esquema de vacunación y hasta mayo del presente año, se han vacunado a 55 niñas de 11 a 12 años contra el Virus del Papiloma Humano. De igual forma, el personal del centro asistencial confirmó que actualmente cuentan con vacunas contra el VPH para las niñas con edad dentro del régimen de vacunación, dejando fuera a todas las demás mujeres y niñas cuyas edades no están dentro de este esquema.
En 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que, en el esquema alternativo para la vacuna del VPH, el objetivo principal son las niñas y adolescentes de 9 a 14 años. Sin embargo, en Honduras no se cumple esta recomendación.

La doctora Xiomara Erazo, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, explicó que «el lineamiento se hizo al introducir la vacuna en 2015 y el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones está recabando toda la información científica disponible para poder ampliar el rango de edad a niñas de 11 a 14 años, ya que la OMS sugiere aplicar una dosis, en lugar de dos dosis, para ampliar la cobertura».

En Honduras, la inmunización del VPH no incluye a niños ya «que la población afectada por el VPH es menor en hombres que en mujeres, que son las que sufren de cáncer cervicouterino, y el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones no ha considerado de peso el beneficio de la inmunización de ambos géneros» agregó Erazo.

A su vez, Erazo dejó ver que una de las razones por las que no se consideran a las mujeres adultas en el esquema de vacunación actual es que se busca captarlas antes de una exposición al virus. Sin embargo, no cerró la posibilidad de que las mujeres adultas puedan recibir la vacuna contra el VPH en el futuro, pero «por el costo que implica la compra de vacunas, habrá que considerar cuál será el impacto presupuestario de esa inversión».

De acuerdo con estimaciones del INE, la población de mujeres en el Distrito Central asciende a 684,298, lo que representa el 52.9% de los habitantes. Según datos proporcionados por el portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, en este hospital anualmente se realizan alrededor de 25,000 citologías, lo que representa una cobertura de solo un 3% de la población femenina de la capital.

Kristell Rodriguez, encargada de proyectos en el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF), manifestó que «la citología es un servicio que no lo brindan todos los centros de salud por falta de recursos e insumos. Somos una de las organizaciones que programa brigadas para detectar el cáncer cervicouterino a tiempo. En el caso de tener un cáncer avanzado, las mujeres a las que se les detecta en el litoral atlántico deben viajar hasta San Pedro Sula o Tegucigalpa, y si hablamos de Colón o comunidades garífunas, es todavía más difícil que puedan optar a un tratamiento».

Por su parte, la doctora Alejandra Pereira, de Ciudad Mujer, hace una salvedad importante, y alerta de que, si bien «la citología es la prueba más común para la detección de anomalías para evitar el avance del cáncer de cérvix, esta solo tiene un 65% de sensibilidad, y el examen de laboratorio de VPH y el IVAA, tienen hasta un 96 a 98% de sensibilidad de detección. En Honduras no se cuenta con pruebas de VPH y estamos aspirando a que todos los centros de salud tengan esta prueba de laboratorio».

Según el estudio «Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto» realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y publicado por iMedPub Journals, sólo existen 0.4 hospitales por cada 100,000 habitantes. El país cuenta con 29 hospitales distribuidos en los 18 departamentos, pero la mayoría carece de lo indispensable y, cuando llegan pacientes con dolencias graves, estos son remitidos a los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando una sobredemanda que afecta directamente la calidad de los servicios.

Lejos de la atención adecuada

El municipio de Juticalpa, Olancho, a unos 180 kilómetros de la capital, tiene algo más de 145,213 habitantes de los cuales, según datos del INE, el 52.94% son mujeres. Martha*, una enfermera del Hospital San Francisco de Juticalpa, contó que en lo que va de 2023, en este centro asistencial no se ha realizado ninguna citología. «Cuando se hacen, se debe a una promoción y hay una espera de 20 a 45 días para dar los resultados a las pacientes. Aquí es por campañas, no es un servicio que ofrecemos siempre en este hospital, generalmente asisten a clínicas privadas o viajan hasta Tegucigalpa», explicó.

Los insumos para realizar el análisis de citología no son distribuidos a todos los hospitales del país para ofrecer de manera permanente este servicio, orillando a las mujeres del departamento de Olancho a viajar más de 100 kilómetros hasta la capital, Tegucigalpa, o a centros privados si cuentan con los recursos económicos para un chequeo ginecológico completo.

Mientras tanto, son algunas organizaciones privadas o sin ánimo de lucro, como Médicos Sin Fronteras o como la Liga Contra el Cáncer, que trabaja en el norte del país, quienes ofrecen los servicios que el Estado no da. La Liga realiza 25,000 citologías anuales. En 2021, se detectaron 270 casos de cáncer de cérvix y 145 en 2022. Tras la detección, esta organización procura brindar los insumos y servicios necesarios a un bajo costo para tratar y eliminar el cáncer.

La atención adecuada a la salud sexual y reproductiva sigue estando lejos de ser una realidad en el país. Cecilia, por ejemplo, sigue con miedo: «Me da miedo que se convierta en cáncer porque sigo teniendo verrugas, no me explicaron que pueden tardar en desaparecer, y como no tienen ácido acético en el Hospital Escuela, tuve que comprarlo para que me revisaran seis meses después de la última vacuna. Tengo miedo que el virus no se detenga y llegue a tener cáncer porque la doctora me dijo que esto no tiene cura», relató.

*Los nombres de Cecilia y Martha son ficticios ya que las entrevistadas pidieron proteger su identidad.


Este trabajo es parte del especial Desatendidas. Un trabajo de periodismo colectivo coordinado por la alianza Otras Miradas con la participación de: Agencia Ocote de Guatemala, Gato Encerrado de El Salvador, Contracorriente de Honduras, Onda Local de Nicaragua y Público de España.

Texto: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera

1:30 PM

En una estación de policía en un país muy, muy lejano y en eterna crisis, un policía escribía un informe sobre un suceso reportado:

El único recuerdo que conservaba el imputado, quien era un estudiante que había pasado por varias carreras sin mayor éxito que poder escribir bien su nombre en un examen —se asegura en el informe policial— es el de estar en un cuarto lineal, con una profundidad en constante expansión sin un final aparente, muchas luces, algo parecido al efecto Droste, pero en físico y no tan teórico, un viaje por las etapas de la historia humana y por otras de las que desconocía su procedencia por la ambigüedad de lo que veía; por supuesto se negó a clasificarlo por miedo a una incorrecta interpretación, porque no conocía las formas socio-antropológicas correctas de referir lo visto para hacer una considerada descripción de los hechos.

Volviendo al tema estructural del infinito invariable, se tomó nota que:

A un metro con 33 pulgadas de donde el imputado se encontraba sentado de forma normal: cabeza recta, plantas de los pies apoyadas en el suelo, rodillas flexionadas a 90º, el peso perfectamente bien distribuido en ambos fémures y con la espalda bien gravitada en el respaldo de una silla de madera lisa, probablemente caoba o una buena imitación, inició la anomalía reportada.

Siguiendo con la declaración, el imputado juró por lo más sagrado que tiene —no especificó qué— que ese vórtice —nombre científicamente aceptado para el portal dimensional— que apareció en una casa blanca, con verja de estacas color magenta (#FF00FF), pasto bien cuidado, cerca de una biblioteca donde regalan chocolate caliente, en un país del que omitiremos el nombre, pero podemos decir que está bastante lejos, y al que se puede llegar si su brújula se descompone, en el que hay una ciudad con 525 habitantes y un café con dos poetas que son amigos, se abrió, por mera coincidencia, o por el simple principio de sincronicidad.

Por cuestiones de seguridad de Estado estilo Big Brother, en una sociedad disciplinaria y de control, o la verdad, por la simple razón de no querer compartir información, se omiten nombres de países, ciudades e individuos que tengan relación en un segundo y tercer grado de afinidad con la persona que fue sutilmente interrogada en un pequeño cuarto de cuatro por cuatro metros, con un vidrio/espejo de Cámara Gesell muy grande y muy sospechoso.

3:30 PM

Se continúa con el proceso.

El tipo aseguró y juró que moriría por esa verdad, que en el momento en que comenzó a sentir la anomalía en su cuarto no había hecho más que destapar una cerveza y encender un cigarro —no en ese orden específico y no al mismo tiempo porque no sería posible— para disfrutar de la lectura de un libro que había pedido prestado en la biblioteca de ese país, y cuyo nombre es:

La dialéctica de Loncho en la filosofía postmoderna y el enfoque crítico de las instituciones secretas en la actual situación de inestabilidad sindical en el mundo y sus consecuencias en la aplicación científica del método Panóptico de las sociedades de control, volumen I.

De repente escuchó un zumbido que lo puso a pensar en si eso podía ser el efecto Doppler de una abeja que lo quería picar, el aleteo de una mariposa o alguna de esas voces que el folclore confunde con eventos sobrenaturales y a las que la santería otorga poderes. Eventualmente el oído se le afinó y supo que no era ni la abeja, ni las alas de una mariposa y menos voces del más allá —independientemente del tiempo/espacio de ese más allá y de la contigüidad—, sino que venía de la pared que compartía con su hermano mayor, que trabajaba en un diario local y que en ese momento estaba de turno escribiendo los anuncios clasificados y los obituarios.

En ese momento tragó la cerveza que tenía en la boca, dio una potente bocanada del cigarro, giró su cabeza en dirección al sonido, y vio la pared un poco transparente, mucha luz, energía acumulada y canalizada en un punto del centro de la pared. Recuerda que por una ilustración de la diosa Krisna con el universo en la boca, está seguro de que lo que se podía ver en esa pared era el universo, o al menos una reducción a escala del mismo: galaxias, asteroides, un borracho, un principito y un baobab, nebulosas, estrellas, nubes de gas, una ballena jorobada y azul eléctrico, una planta de maíz germinando, una tortuga cósmica, todo lo demás no lo puede describir por no existir palabras para nombrarlo. Por lo que se apuntó arriba y para no dar una errónea idea de cómo son las formas de vida fuera de este planeta, o las que no sean aceptables a nuestro estereotipo estético de belleza. El policía tomó nota de que el imputado aseguró no haber estado bajo el efecto de substancias psicotrópicas ilegales como hongos, floricunda, pegamento, thinner o cualquier otra sustancia comúnmente usada para alterar la conciencia.

Según el informe, la habitación comenzó a sufrir una descompensación gravitacional, todo comenzó a temblar y varios objetos se dirigieron al lugar de la anomalía, las manecillas del reloj comenzaron a moverse de manera poco usual, más rápido de lo acostumbrado, una hora pasó en cuestión de un minuto, según puede recordar; asustado como estaba, dejó la cerveza a la mitad y el cigarro se le apagó como consecuencia directa del ambiente frío que produjo la repentina baja de temperatura.

Había rayos, átomos, podía tocar las partículas y las frecuencias subatómicas de todo, cuerdas tan delgadas que una hormiga era como un elefante, superfluidos como superficies de varias capas. Hasta ese momento pudo darse cuenta de cómo era la clase de física cuántica que tanto odió y reprobó. El universo era una maravilla desnuda frente a él, le pedía algo y no podía dárselo.

Poco a poco, el miedo comenzó a disiparse hasta convertirse en curiosidad, respiró, algo que no se controla en momentos de naturaleza extraña o poco comunes. Cuando al fin logró controlar su hiperventilación escuchó algo, trató de interpretar el mensaje, recordó también la clase de semiótica que había reprobado y dijo: mierda.

Después de unos momentos y de acuerdo con la narración del imputado, el tiempo si antes de este suceso era relativo ahora lo era aún más y comenzó a entender lo que le decían:

This is Major Tom to ground control
I’m stepping through the door
And I’m floating in the most peculiar way
And the stars look very different today

Dijo que sabía que lo había escuchado antes, tenía esa sensación que en el folclore se conoce como sabiduría popular: «lo tengo en la punta de la lengua», cosa que de ser cierta, metafísicamente rompería con la ya mencionada arriba estética del ser humano como forma de vida, agradable y bien formada. Mientras apuntaba en una libreta de historia que dijo no haber usado nunca, logró escuchar más, se había acercado más o el vórtice se hacía más grande, y no era uno simple, era un agujero de gusano.

La relación de hechos sigue con otra parte del mensaje:

For here am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue, and there’s nothing I can do

Though I’m past 100,000 miles
I’m feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much, she knows

Siguiendo con el informe, el imputado tenía la cara arrugada, las líneas del ceño fruncidas y bien marcadas, los ojos entrecerrados, las pestañas más cerca una de la otra, en señal de que estaba entendiendo el mensaje o al menos reconocía elementos para descifrar lo que se decía y para apuntar.

Comenzó a leer lo que había apuntado mientras el portal seguía ahí en agitación pero sin absorber nada, las dos dimensiones interactuaban sin consecuencias catastróficas en el cuarto; las camisas en desorden seguían ahí, los vinilos se habían caído, los libros también, unos juguetes que servían de adorno en varias repisas, DVDs informativos, otros documentales, software de revistas de tecnología, diarios, brownies sospechosos —se deja constancia que fueron decomisados como evidencia—, galletas saladas, todo tal vez un poco más revuelto, nadie que entrara por primera vez al cuarto podría notar un antes y un después en el desorden si el vórtice desapareciera, pero muy probablemente seguiría ahí de forma indeterminada.

Con el mensaje decodificado y en su idioma, el imputado asegura que el vórtice desapareció. La pared quedó como estaba hasta hacía unos momentos, se sintió enfermo, el estómago hacía un movimiento conocido pero extraño, sintió que todo le daba vueltas, de forma instintiva llevó su mano derecha a la boca, pero fue inútil, el vómito salió y su mano no pudo detener la incontinencia de la cerveza tibia mezclada con restos de nachos, tamales y macadamias con jalea de limón.

Sin palabras y agotado por el esfuerzo de su sistema digestivo que funcionó al revés, se tiró en la cama con la mano izquierda en la frente en actitud de «¿qué diablos acaba de pasar?».

Eran las 11:00 de la noche, su reloj funcionaba normal, el cuarto había recuperado su acostumbrada cara de descuido, las mismas medidas, el efecto de profundidad y desorientación había desaparecido, la anomalía no había sustraído nada de este lado, pero había dejado un mensaje que él había dejado caer al pie de la cama.

Sin darse cuenta, se durmió y despertó dos días después a las 9:00 am. Desconcertado por el suceso, se tomó un tiempo para salir de la cama, bajó las escaleras, comió, se bañó; en la radio, una noticia era el trending topic de los programas matutinos, David Bowie había muerto.

Salió de su casa con la normalidad de todos los días y fue en ese momento en que mi persona se encontró con el imputado que tuvo que responder ante la autoridad porque permitió un encuentro cercano de cualquier tipo, por no notificar inmediatamente de la pared bidimensional, por no responderle al mayor Tom y por desobedecer la sección 5/6 de la ley de accidentes dimensionales, bidimensionales y semiótica galáctica e interespacial, artículo 1, 3 y 56.

En ese momento el imputado recordó que había dejado la nota al pie de la cama. Pero ya era tarde, fue capturado como consta en este informe.

La violencia política en Nicaragua tiene una “saña” particular contra las mujeres. Desde las protestas sociales de 2018 hasta el encarcelamiento de 33 activistas y opositoras, la represión ha tenido un fuerte componente de género: las mujeres han sido víctimas de abuso sexual, abortos provocados por los golpes, interrogatorios en los que se cuestiona la maternidad, torturas, persecución, exilio y destierro. Feministas lo describen como “una política de Estado maquiavélica”. Si bien el poder es compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, las víctimas señalan a la vicepresidenta de ser la mente “armadora” de la crueldad contra ellas. “Muchas de esas formas de violencia, en algún momento, ella las vivió y, hoy, las vuelve más sofisticadas para expresarlo hacia otras personas”, dice Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 denunció al mandatario sandinista por violación. “Hay una tendencia en ella en ver en toda mujer a una adversaria”.

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

I. Arrancando corazones en El Chipote

Los carceleros de El Chipote arrancaban media docena de corazones a la semana. La entonces presa política María Oviedo, arrestada por ejercer como abogada en defensa de los opositores detenidos, recuerda que, a veces, eran cortes perfectos, limpios, ejecutados con tijeras filosas. Pero, en otras ocasiones, se trataba de intervenciones más bruscas que dejaban roturas desastrosas en sus calzones y sostenes deportivos. Los guardas los hacían con lapiceros y hasta con los mismos dientes. En cualquier caso, lo que Oviedo recibía en la celda de esta temida cárcel de Nicaragua era ropa interior agujereada, harapos sin los corazones bordados.

Antes de que los carceleros de Daniel Ortega y Rosario Murillo se dieran cuenta, durante los primeros meses –los más duros– en la celda de aislamiento, los corazones bordados en su ropa interior eran lo único que consolaba a María Oviedo. Una vez a la semana, sus familiares entregaban en la prisión tres pares de mudas limpias para ella. María supo que era su madre la que bordaba los corazones. Esa certeza la sostenía en la oscuridad del calabozo, sin poder ver el sol o respirar aire fresco. Con la comida racionada e incomunicada por completo, tenía incluso prohibido hablar con su compañera de celda, la dirigente opositora Violeta Granera. Ninguna de ellas podía ver a sus familiares. No sabían lo que estaba ocurriendo fuera de El Chipote. Pensaban en sus hijos y en todos los seres queridos. ¿Los habrían detenido también? El agobio no alcanzaba en la celda de 2.60 por 2.30 metros que compartían.

Violeta enrollaba trozos de papel higiénico en forma de cigarrillos y simulaba que los fumaba. María se aferraba a los corazones bordados. Era eso o dislocarse en el aislamiento. “Mi mamá quería comunicarse conmigo; quería que yo sintiera que estaba presente ahí conmigo, dándome afecto. Por eso los bordaba”, dice la penalista que, hasta junio de 2018, trabajó como fiscal del Ministerio Público sandinista. Renunció porque le pidieron acusar a un grupo de defensores de derechos humanos. Acusarlos, dijo en su momento, era “pasarse de la raya”. Empezó a defender a manifestantes y opositores procesados por “terrorismo” y otros delitos políticos ese mismo año, cuando los ciudadanos tronaron en las calles con morteros en contra del régimen Ortega-Murillo.

María también encontraba consuelo en las toallas que cada semana llegaban limpias desde su casa a El Chipote. Traían impregnadas perfumes que a la presa política, gracias a esa infalibilidad de las madres, le resultaban inconfundibles: el de su niño y su niña, ambos menores de edad. Largos eran los días y noches de confinamiento. No tenía noción del paso de las horas. Cuando lograba quedarse dormida, la despertaban para llevarla a interrogatorios. Sucedía en todo momento, hasta tres sesiones por día. “Nunca vas a ver a tus hijos”, le repetían los carceleros. Al salir de la sala de interrogatorios, enfriada por un aire acondicionado a máxima potencia, se encontraba con un silencio hosco impuesto por los guardas, mezclado con el calor que el armatoste de concreto guardaba durante el día, como un microondas enchufado al bravo sol de Managua. Era un clima ambivalente, propio de un desierto. En las madrugadas, el frío se instalaba en el pabellón de celdas y la abogada, acostada en la plancha de concreto que hacía de litera, se acurrucaba en el olor de las toallas.

El paso del tiempo allí dentro no podían cronometrarlo en minutos u horas, sino entre los cambios de guardia. Aunque a veces los carceleros variaban los turnos para causar más desconcierto. Pero con el tiempo aumentó la resistencia de María y Violeta, y de las otras siete compañeras repartidas en otras celdas de El Chipote (eran un total de nueve presas políticas en esa prisión). Violeta aumentó la cantidad de cigarrillos de papel higiénico que fumaba y María la acompañó, a cambio de que la dirigente opositora aceptara una rutina de ejercicios. Fumaban frente a los guardas, con ciertos ademanes de sorna, mirando a las cámaras de seguridad que instalaron para vigilarlas permanentemente. También perdieron el recato a la orden del silencio. Fumar, aferrarse a los corazones bordados y zambullirse en las toallas perfumadas fueron mecánismos instintivos de defensa ante la tortura psicológica. En las celdas contiguas sucedía algo similar: las otras compañeras comenzaron a exigir “ciertos derechos básicos”, como tener una Biblia, un libro o poder ver a sus hijos, en el caso de las que eran madres.

“Por ver a mis hijos yo peleé mucho, porque llevaba, más o menos, un año sin verlos. Por eso arrancaban los corazones en los calzones y los top de ejercicio”, relata María. “Las toallas ya no me las entregaban el mismo día que mi familia las llevaba a El Chipote, sino que me las daban cuando el perfume era imperceptible. Identificaron que eso me ayudaba mucho a sobrellevar la prisión y lo utilizaron, pues, como forma de castigo en mi contra. Fue duro”.

Las mazmorras del pabellón feminino tenían barrotes delgados, de modo que María y Violeta alcanzaban a ver a otras presas políticas, sobre todo cuando las cambiaban de una a otra celda. A excepción de Tamara Dávila, feminista y activista política, que desde su arresto fue recluida sola en una celda de máxima seguridad sin barrotes. Más que una celda, a criterio de la activista, era como una bóveda con una pequeña escotilla en la puerta, a través de la cual alcanzaban a pasar un plato de comida con un vaso. Una celda todavía más pequeña que las otras. Apenas con un diminuto tragaluz por el cual podía verse un retazo de cielo; un asomo de escurridiza esperanza para esta mujer, madre de una niña de seis años.

El aislamiento de Tamara allí fue el más crudo de las presas políticas en El Chipote: estuvo sin contacto humano alguno la mayoría del encierro. Pero “había muchas cosas en la misma celda que llenaban mi existencia y que me dieron vida. Me refiero a la vida no humana. Yo hablaba con las arañitas de mi celda, y los pájaros que escuchaba por ese espacio en el que miraba el cielo”, dice la presa política. En la soledad se aferraba al recuerdo de su hija. Al igual que hicieron con María Oviedo, los interrogadores señalaban a Tamara de “mala madre”.

“Esto de la maternidad tiene un fuerte componente social y muchas de las personas que me interrogaron fueron insidiosos en eso. Me decían que cómo andaba en política y en las calles cuando tenía una niña menor de edad”, recuerda Tamara. “Me decían que esto (la prisión) yo me lo había buscado, porque debería estar en la casa cuidando a mi hija. Cuestionaban mi decisión de participar activamente en la política de mi país. Hasta donde yo sé, no fue un argumento que usaron con los hombres presos políticos que tienen hijos menores de edad”.

Pie de foto: Las presas políticas desterradas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Téllez Foto: Miguel Andrés | Divergentes.
Pie de foto: Las presas políticas desterradas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Téllez Foto: Miguel Andrés | Divergentes.

Tamara viene de una familia comprometida con la justicia social y la sociedad civil. Su clan tuvo participación en la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de los Somoza en 1979. Junto a su activismo feminista, la presa política se involucró en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un partido que surgió como una escisión del Frente Sandinista, en 1995. La agrupación fue fundada por intelectuales, entre los que se encontraban el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, la mítica exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, el economista Edmundo Jarquín; el exguerrillero y excomandante Henry Ruiz, y el general en retiro Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022, en manos de la custodia policial de El Chipote, tras negársele la atención médica apropiada y oportuna.

Ortega y Murillo siempre han considerado a los fundadores del MRS unos traidores. Por eso, durante las protestas de 2018, la pareja presidencial elucubró, junto a la propaganda oficial, la narrativa de que Dora María Téllez y el MRS fueron los autores intelectuales del “fallido intento de golpe de Estado”, el concepto que el oficialismo usa para justificar la masacre de 355 personas, ejecutada por policías y paramilitares. Una sangría que ya ha sido catalogada, recientemente, por Naciones Unidas como “crímenes de lesa humanidad”. Se trata de una represión sostenida, desde 2018 hasta la publicación de este artículo, con tintes “nazis”, apuntan los expertos internacionales.

La persecución contra los fundadores del MRS (el primer partido político ilegalizado por Ortega) se trasladó a los nuevos liderazgos; una directiva básicamente compuesta por mujeres, entre ellas, Tamara, quienes, en enero de 2021, impulsaron el cambio de nombre de la agrupación por Unión Democrática Renovadora (Unamos). Una decisión para distanciarse del apellido sandinista que para las nuevas generaciones no significa épica ni autodeterminación, sino corrupción, violencia, dolor y tragedia. En junio de 2021, la policía emprendió una cacería contra las lideresas de Unamos: Tamara Dávila, Dora María Telléz, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, presidenta del partido.

Suyen también es madre. De un pequeño de seis años. Al igual que con María y Tamara, los carceleros de El Chipote la torturaban psicológicamente echándole en cara su maternidad. “¿Quién le estará dando leche a tu hijo?”, era una de las frases con la que la martillaban. “El niño sufre por tu culpa”. Durante 561 días, los carceleros no permitieron que Suyen pudiera hacer una videollamada con su pequeño, exiliado junto a su padre en Estados Unidos. Por su parte, Tamara, tras 14 meses de incomunicación, hizo una huelga de hambre de cinco días como método de presión para tener una visita de su niña. Lo logró, pero con una mella significativa para su físico: entró en un cuadro de desnutrición, llegando a pesar 95 libras. La presidenta de Unamos, Suyén Barahona, también estaba irreconocible, demacrada y envejecida por el maltrato en El Chipote.

“Los interrogatorios estaban plagados de un machismo terrible, de misoginia, de mucha homofobia. Recuerdo que, una vez, me dijeron que tenía suerte de no estar en Afganistán, porque fue en el periodo en que Estados Unidos se retiró (de allí). Según el oficial, yo tenía que agradecer no estar en ese país, porque, si Nicaragua fuera Afganistán y fuera, como yo decía, una dictadura, ya me hubieran apedreado”, narra Suyen. Los carceleros le reclamaban a la activista por qué comparaba a Daniel Ortega con Somoza. Fue cuando una mujer, que fungía como interrogadora, le dijo que “si este fuera el tiempo de Somoza, vos estarías con las piernas abiertas”.

La sala de interrogatorios de El Chipote no supera los poco más de tres metros cuadrados. Tiene aire acondicionado y una iluminación blanca. Dentro sólo hay dos sillas y un escritorio, que separa al interrogado del interrogador. Ningún detalle destaca en ellas, más que la alfombra que cubría el piso. Cada sesión duraba entre 45 minutos a dos horas. “Después que fuimos condenadas, podían ser 30 minutos o hasta una hora para monitorear cómo estábamos; si seguíamos opinando lo mismo del régimen y si íbamos a seguir en las mismas (criticando)”, recuerda Suyen.

La abogada María Oviedo todavía no sabe en qué mayor medida los Ortega-Murillo se ensañaron con las mujeres de Unamos, si por “razones políticas”, por venir del sandinismo o por pura “misoginia”. “Esas mujeres sí estaban solas, aisladas. Sólo Violeta y yo estábamos juntas en una celda”, dice.

Al menos, unas 30 oficiales diferentes interrogaron a las integrantes de Unamos mientras estuvieron en El Chipote. Dora María Téllez –la mítica guerrillera que comandó el Asalto al Palacio en 1978, en una de las operaciones claves de la guerrilla sandinista para el derrocamiento del somocismo– fue la única presa política a la que encerraron en el pabellón de hombres, en una celda de aislamiento. Tamara no duda de que la decisión del régimen respondió a la orientación sexual de Téllez.

“Sí creo que hubo una saña particular en cada caso. En el de Dora María no sólo hay un odio particular de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo que ella representa, sino que es una cosa bien discriminatoria por razón sexual”, me dice Tamara en un hotel, cerca de Washington, que el Departamento de Estado de Estados Unidos dispuso para recibirlas el 9 de febrero pasado, luego de que el avión que las transportó desde Managua aterrizara. El régimen no solo las excarceló sino que impuso destierro para 222 presas y presos políticos al despojarlos de su nacionalidad.

El mismo día que converso con Tamara, veo a Dora María, mucho más delgada de lo habitual, caminando en las afueras del Hotel Westin, atendiendo a una batería de periodistas ansiosos de conseguir una declaración. Lleva unos anteojos oscuros; camina lentamente pero habla con la determinación y lucidez de toda la vida. Aunque no minimiza el horror vivido en El Chipote, no pierde su espíritu bromista y reconoce que el aislamiento fue lo peor en sus 605 días de encierro.

“Yo lo veía como una lucha de resistencia cotidiana. Que yo aguantara ese régimen era una forma de derrotarlos todos los días. Si no me quebraban, si no me lesionaban mentalmente y si no me ahorcaba en la celda, significaba derrotarlos. Yo les dije (a los interrogadores) que tenían una cárcel diseñada para torturar psicológica y emocionalmente. Con las mujeres era peor; las que estábamos en El Chipote estábamos aisladas. A los hombres nunca los tuvieron más de dos meses así”.

– ¿Por qué esa diferencia? – le pregunto.
Téllez hace un gesto mudo de disparar un fusil con sus manos:
– Cariño especial– bromea-. Eso es el odio visceral hacia las mujeres de los Ortega-Murillo.

***

II.“¡Son órdenes de su mamá!”, le decían mientras la echaban a golpes

Zoilamérica Ortega Murillo en la sede de Migración y Extranjería en 2013. Foto de archivo Wilfredo Miranda Aburto
Zoilamérica Ortega Murillo en la sede de Migración y Extranjería en 2013. Foto de archivo Wilfredo Miranda Aburto

oilamérica Ortega Murillo se plantó, en marzo de 2013, en el portón principal de la Dirección de Migración y Extranjería a preguntar sobre el paradero de su pareja de ese entonces, el boliviano Carlos Ariñez Castel. “Estaba reclamando qué había pasado con él, porque básicamente había sido un secuestro”, narra la mujer que, en 1998, denunció a su padrastro, Daniel Ortega, de acosarla y abusarla sexualmente desde los once años de edad. Los oficiales de Migración llegaron al domicilio de la pareja en Managua y detuvieron a Ariñez Castel por haber violado, supuestamente, las leyes migratorias, al vencerse su estadía como turista. Fue un arresto violento, en presencia de Zoilamérica y su hijo menor de edad.

No le dijeron dónde llevaron a su pareja por lo que Zoilamérica se dirigió a la sede de Migración y Extranjería. Su llegada suscitó la atención de la prensa. Ese día la encontré aferrada a la malla del portón de la institución, con la angustia anidada en el rostro. Preguntaba por Ariñez sin obtener respuesta alguna. Pasaron varias horas hasta que uno de los guardias recibió una orden a través del walkie-talkie. “Los oficiales me dijeron que tenía que retirarme inmediatamente. Entonces comenzaron a empujarme. Me caí al piso y mi hijo gritaba horrorizado: ‘No le peguen, no le peguen’. Los guardias me decían: ‘Colabore, la tenemos que sacar cómo sea. ¡Son órdenes de su mamá…!’”, reconstruye Zoilamérica. “Fue muy difícil para mí, porque no era el golpe del policía, sino darme cuenta de que ella, mi mamá, podía cruzar el límite del respeto a mi propia vida. Sin importarle el daño que también le causaba a mis hijos”.

Zoilamérica me contó después –tras confirmarse la expulsión de su expareja a Costa Rica– que había recibido una llamada de su madre, la primera dama Rosario Murillo: “Me dijo que estas eran las consecuencias por mis actos”.

Los “actos” que su madre le reprochaba eran haber alzado la voz en un momento de convulsión social en Nicaragua. Semanas atrás del episodio en Migración, ancianos apoyados por una multitud de jóvenes instalaron un campamento de protesta en las afueras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en demanda de una pensión reducida. El movimiento OcupaINSS fue de las primeras protestas sociales más decididas que enfrentó el autoritarismo de la pareja presidencial, tras un control férreo de las calles, desde su retorno al poder en 2006. Zoilamérica llegó en persona a respaldar la demanda popular que, más tarde, fue desarticulada con suma violencia por turbas sandinistas. Ella nunca ha podido levantar su voz sin consecuencias, desde que denunció a su padrastro por violación.

El año de 1998 fue uno de los más críticos para la familia Ortega-Murillo. La denuncia de Zoilamérica no sólo reconfiguraría el clan como tal, sino la relación entre el caudillo sandinista y su esposa, Rosario Murillo, más allá del matrimonio. La escandalosa denuncia de su hijastra situaba la carrera política de Ortega al filo del despeñadero.

La vicepresidenta Rosario Murillo, junto a su secretaria personal, su hija Camila, camina hacia el podio para ser juramentada como vicepresidenta. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
La vicepresidenta Rosario Murillo, junto a su secretaria personal, su hija Camila, camina hacia el podio para ser juramentada como vicepresidenta. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

Entre la defensa de su hija y la opción de quedarse junto al poder representado por su marido, Rosario Murillo eligió lo segundo. En una conferencia de prensa, acuerpada por todos los hermanos de Zoilamérica, la madre declaró a su hija “loca, mentirosa y traicionera”. Así salvaba a Ortega, apuntan fuentes cercanas a la familia y el partido sandinista, a cambio de poder político. Desde entonces, Zoilamérica ha sido hostigada y perseguida por su progenitora quien, después de Ortega, es la persona más poderosa de la dictadura. “La copresidenta”, según le ha nombrado su esposo, preconizando un posible cambio en la Constitución del país para encajar ese cargo.

A Zoilamérica le prohibieron trabajar, mantener encuentros públicos o hablar con otros sobre su caso. La callaron, amenazada por todo el peso del poder político que confiere un país de caudillos. Con el retorno a la presidencia de Ortega, en 2006, la presión fue mayor, sobre todo la de su madre. La primera dama ganaba cada año más preponderancia en el Frente Sandinista y el Gobierno de su marido, hasta que, en 2017, Ortega la ascendió a vicepresidenta, tras unas elecciones plagadas de irregularidades. Así se situó en la primera línea de sucesión constitucional del poder.

Zoilamérica dirigía la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI), una oenegé que la primera dama asfixió económicamente: le prohibió a los Gobiernos como el de Noruega proveer a la organización cooperación internacional. “Yo por mucho tiempo no pude hacer activismo porque no tenía más que mi propia voz y tenía que dedicarme a sobrevivir. Este es exactamente el modus operandi de mi madre: además quitarte la dignidad y que la incertidumbre te venza. Juega con todos estos detalles que te mantienen conectado con una suerte de castigo”, me dice Zoilamérica, una tarde de marzo en San José, Costa Rica, diez años después de haberse exiliado en este país, y donde ha seguido siendo acosada.

Ha sido un acoso muy simbólico: por ejemplo, la mañana del 30 de septiembre de 2019, Zoilamérica se asomó por la ventana y vio algo inquietante afuera de su casa en San José: Un viejo jeep marca Suzuki con dos banderas de Nicaragua obstaculizando el parqueo. Dentro del auto, estaba un hombre mayor que vestía con ropa de camuflaje militar. Sobre el tablero, estaba un gallo blanco de cresta roja. El gallo aleteaba sobre la guantera. “Un gallo vivo”, describe con sobresalto Zoilamérica. De inmediato, el estribillo de la canción sonó en su cabeza: “¡Ese es Daniel, Daniel Ortega; es el gallo ennavajado…!”. La canción que el caudillo sandinista usó en la campaña electoral de 1990, siete años antes de que ella interpusiera su denuncia de abuso sexual. Una canción que es una loa a la virilidad de su abusador que, ese año, perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro.

Un auto se estacionó el 30 de septiembre de 2019 frente a la residencia de Zoilamérica en Costa Rica. Foto Cortesía.
Un auto se estacionó el 30 de septiembre de 2019 frente a la residencia de Zoilamérica en Costa Rica. Foto Cortesía.

Zoilamérica, que ahora se desempeña como catedrática en una universidad costarricense, analiza el encono de su madre contra ella y lo compara con el sufrido por las presas políticas: “En el caso de las mujeres de Unamos (Tamara, Ana Margarita, Suyen y Dora María), el ensañamiento ha sido, en esencia, porque ellas salieron de su propia casa, de su casa política, el Frente Sandinista. Podría decir que es otra manifestación de lo que yo viví. Es decir, personas que se salieron de su propia casa, como yo. Eso, para quien tiene un pensamiento fundamentalista y de incondicionalidad ciega se vuelve más imperdonable que lo que pueda hacer una persona a la que mi mamá siempre ha considerado opositora”.

Zoilamérica ha tenido un largo proceso de sanación; un recorrido que le resulta inacabable ante la persecución sin cesar. Resulta muy complicado explicarle a sus hijos que su abuela, la poderosa vicepresidenta encubrió el abuso sexual contra ella. Y encima, le ha tocado protegerlos a ellos, mientras la atacan por no someterse y no desistir en su testimonio vivo de denuncia contra el abuso sexual. Zoilamérica ve reflejado en el maltrato a las presas políticas de El Chipote la violencia física y simbólica que ella ha padecido.

“Por desgracia, mi madre tuvo que utilizar muchas formas de agresión, que utilizó primero conmigo, contra las presas políticas. Ella siempre trata de identificar la vulnerabilidad y, en las mujeres, sabe encontrar qué es lo que más te puede afectar, lo que más te puede doler”, reflexiona Zoilamérica. “Precisamente, ese manejo de lo más cruel, por lo que representa para una mujer sus hijos, su familia, el temor hacia la pareja, la culpabilidad… (supone) una serie de elementos de violencia psicológica, fundamentados en temas de la esencia de lo femenino. Yo creería que muchas de esas formas de violencia, en algún momento, ella las vivió y, hoy, las vuelve más sofisticadas para expresarlo hacia otras personas”.

Zoilamérica insiste que su madre se “sintió traicionada” cuando ella salió de casa “y rompió el silencio” en 1998. “Desde entonces yo me convertí en su enemiga. Algo similar ocurre con Ana Margarita, Suyen, Tamara y Dora María. Ella no sabe cómo ubicar a una mujer que la enfrenta. Desgraciadamente, en psicopatología hay muchas cosas que uno no entiende, pero al observar el tipo de tratos contra ellas, encontrás el aislamiento y castigarlas psicológicamente en El Chipote. ¿Por qué? Porque ella esperaba que de esa manera pudiese matar algo en ellas para toda la vida, que es lo que quizás también en algún momento intentaron conmigo”.

Aunque le cuesta reconocerlo, porque dice que puede sonar apologético, Zoilamérica tiene una teoría: que su madre tiene “un serio conflicto con ser mujer”. “Ella tiene su propia historia, una infancia y una relación conflictiva con su madre, mi abuela. Así enfrenta mi historia, una en la que su propia hija se vuelve su enemiga. Por lo tanto, hay una tendencia en ella en ver en toda mujer a una adversaria”, dice la experta quien por años ha trabajado en resolución de conflictos. “Por eso ella se tiene que acercar a Daniel Ortega para que no siga generando más actos de pedofilia y, en vez de responsabilizarlo a él por estos abusos, lo hace con las víctimas. Toda mujer ante ella es una potencial enemiga”.

Me encuentro con Zoilamérica unos días antes del 8 de marzo en San José. Es un Día Internacional de las Mujeres muy particular para las feministas nicaragüenses. La mayoría están exiliadas y desterradas en Costa Rica. Luego de casi cinco años de no poder marchar en Nicaragua por la reivindicación de sus derechos, lo hicieron sin represión en la capital tica a flor de piel, porque en febrero el régimen Ortega-Murillo despojó a varias de ellas de su nacionalidad. Feministas mayores de edad que salieron por veredas para preservar su libertad.

“Saña” es una palabra que todas las mujeres atropelladas por la vicepresidenta Murillo y Ortega repiten. No sólo para las integrantes de Unamos sino en general para el movimiento de mujeres. Existe consenso en que el origen de ese encono es 1998, cuando las feministas –muchas de ellas sandinistas que participaron en la Revolución, y ahora desterradas– acompañaron a Zoilamérica en su denuncia de violación.

María Teresa Blandón es líder feminista, ha sido desterrada y su organización, el Movimiento Feminista La Corriente, ha sido cancelado y confiscado. Asegura que el Frente Sandinista “tiene una vieja marca sexista, misógina, autoritaria y utilitaria de las mujeres”. “Adversan las ideas feministas que suponen un cuestionamiento al poder abusivo y autoritario. Cuando oigo los relatos de las mujeres que fueron encarceladas injustamente y ahora desterradas, desnacionalizadas, confiscadas, pues es clara la saña. Es decir, hay una saña particular contra las mujeres, porque vengándose con las presas políticas, también se vengaban de todas nosotras”, dice y también coincide que la fractura total ocurre cuando ellas plantan cara a uno de los hombres más poderosos de la política en Nicaragua y le dicen, arropando a Zoilamérica, que “las feministas no son cómplices de ningún tipo de violencia contra las mujeres”.

“Hay una interpretación de mi mamá de que lo que hubo en aquel momento fue un acto político contra ella, en vez de respaldarla a ella… y por lo tanto, en la sumatoria de la historia, ella encuentra que quienes más han adversado su poder han sido mujeres”, sostiene por su parte Zoilamérica. Los años siguientes fueron una pesadilla para el matrimonio Ortega-Murillo: a donde viajaban, las feministas los recibían con protestas contra el viejo caudillo sandinista, encabezadas con pancartas con el nombre de su hijastra.

“Recuerdo que el último viaje que hicieron en ese momento fue una toma de posesión en Honduras, donde las mujeres tenían mi foto en la calle. Esos episodios representaban para ellos, considerados líderes en la historia, una vergüenza que no podían aceptar”, continúa Zoilamérica. “Y eso me lo mencionaron cuando me forzaron a retirar mi denuncia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.

La primera dama preside todos los actos públicos del gobierno y el sandinismo junto a su esposo, el mandatario Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergente..
La primera dama preside todos los actos públicos del gobierno y el sandinismo junto a su esposo, el mandatario Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergente..

Rosario Murillo fue clave para que su esposo regresara al poder. Después del pacto político con Arnoldo Alemán, que rebajó el techo electoral para ser electo mandatario a 35%, la futura primera dama reconvirtió a Ortega. Le quitó la casaca verde olivo y lo tiñó con los colores rosado chicha y fucsia. La campaña electoral tenía como ejes centrales la “reconciliación” y el “amor”. Sentimientos que no duraron mucho… Las primeras en ser embestidas fueron las feministas, quienes criticaron abiertamente la derogación del aborto terapéutico en Nicaragua ejecutada por el gobierno entrante de Ortega para congrasiarse con la iglesia y, por ende, obtener apoyo político y lograr la presidencia en 2006.

En octubre de 2008 la policía allanó el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la Fiscalía formuló una acusación de lavado de dinero. Era un tiempo de ataque desde los medios de comunicación oficialistas contra las mujeres, como la periodista Sofía Montenegro, quien en febrero pasado huyó de Nicaragua porque la declararon apátrida y confiscaron todos sus bienes. El rencor de Murillo contra las feministas quedó patente en un extenso artículo publicado el 27 de agosto de ese mismo año en los medios oficiales del régimen. Un ataque contra “el feminismo de baja intensidad”. “El feminismo, que quiso ser ruta de derechos de las mujeres, si hubiese postulado un feminismo humano e incluyente, degeneró hasta convertirse en un peón más del Imperio, que lo dispone en sus articulados programas y operaciones ‘perfectas’, de ajedrez político, para desprestigiar, dividir, y supuestamente vencer”, escribió la primera dama.

Cada párrafo del artículo está cargado de improperios y argumentos antiimperialistas que, con el paso de los años, fueron subiendo de tono hasta las protestas de 2018. “A través de sus tiranías electrónicas, las agentes descobijadas han desatado un terrorismo político sin precedentes contra liderazgos, honras, reputaciones y contra la más elemental dignidad humana de personas y familias enteras (…) En su perturbado afán de destrucción política, y de desintegración familiar, a las afanadoras de las oligarquías, no las detiene nada. No tienen escrúpulos ni corazón, para conmoverse ante niñas tiernas, o niñas adolescentes, a quienes agreden y violentan, precisamente a nombre de su cada vez más falaz, lucha contra la violencia (…) Estamos frente a una prostitución política, con vozarrón de macho cabrío, y sombrero de Tío Sam”.

Entre toda la violencia política que Nicaragua ha sufrido desde 2018, la ejercida desde el poder contra las mujeres ha sido más sombría, perversa y calculada, coinciden las mujeres consultadas. Las que hasta ahora han hablado, y las que lo harán más adelante en este artículo, han sido atropelladas de alguna forma, ya sea simbólica o patrimonial. Zoilamérica, que es una de las primeras víctimas y que lo ha sufrido todo, resume la razón de tanto odio en una sola frase: “Las grandes perseguidoras y justicieras de Daniel Ortega han sido las mujeres”. Pero también es honesta referente a Rosario Murillo: “Duele ver a la persona que te dio la vida haciendo estos crímenes. Nunca me voy a acostumbrar, pero tenemos que pensar que son capaces de todo”.

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III.“Joden, joden y ¡joden!”

La activista y feminista Ana Quirós agredida en 2018 por turbas sandinistas. Foto: Cortesía.

El 18 de abril de 2018, el día que nació la rebelión cívica contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, las turbas sandinistas le partieron la cabeza de un cadenazo a la feminista Ana Quirós. También le fracturaron dos dedos que, cinco años después de la agresión, aún no recuperan toda su movilidad. Vive en Costa Rica exiliada desde noviembre de 2018 cuando el régimen le canceló su nacionalidad nicaragüense y oficiales de migración la expulsaron a Costa Rica, a través de la frontera de Peñas Blancas. La especialista en salud pública se carcajea cuando le digo que va a entrar en los récord Guinness: es la primera persona que conozco a quien le han cancelado dos veces la misma nacionalidad.

La última vez fue el 15 de febrero de 2023. La incluyeron en una lista de 94 personas, entre opositores, periodistas, campesinos, feministas y líderes sociales. “Es parte de esa rabia de querer borrarnos de la historia, pero eso nunca lo van a lograr”, promete Quirós. El segundo despojo de su nacionalidad ocurrió menos de una semana después que el régimen desterró hacia Estados Unidos a 222 presos políticos. De ese nutrido grupo, 33 eran mujeres. Muchas de esas excarceladas son amigas y compañeras de Quirós. Mujeres, dice, que para una dictadura totalitaria que no tolera ninguna voz crítica “son un mal ejemplo”. “Un mal ejemplo porque no nos callamos. Nunca dejamos de criticarlos y eso es peor que tener una pulga en el trasero porque seguimos: joden, joden y ¡joden! Es un mal ejemplo que les duele en el extremo”, dictamina.

La reivindicación de los derechos de las mujeres nunca ha cesado en la historia reciente de Nicaragua. Las feministas son de los movimientos más organizados del país y han llevado sus luchas a otros espacios de participación ciudadana, pero también se han puesto en primera fila, junto a la ciudadanía, a repudiar la represión. Durante las protestas sociales de 2018 denunciaron y documentaron los patrones “machistas y misóginos” en la represión policial y paramilitar. En los registros de organismos defensores de derechos humanos abundan los testimonios de abuso sexual de las mujeres detenidas, ya sean en prisiones o cárceles clandestinas de paramilitares.

Si bien la represión de 2018 ha sido una de las más nefastas registrada en la última década en América Latina, cuyo saldo más trágico ha sido el asesinato de 355 personas, un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó en un exhaustivo informe que Ortega y Murillo comandaron una masacre con tintes de lesa humanidad. Una represión sostenida hasta la publicación de este reportaje cuyos “elementos, todos, se pueden ver en los juicios de Núremberg” contra los nazis, me dice Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés).

Un compendio de atrocidades que el Ghren determina “tuvieron dimensiones específicas y generaron impactos diferenciados por razón de género”. Una de las más graves es la violencia sexual como forma de tortura. Antes de conocerse el informe del Ghren, en septiembre de 2020, un tribunal de conciencia simbólico fue realizado en Costa Rica. Once mujeres y siete hombres narraron las violaciones sexuales de las que fueron víctimas durante las protestas en Nicaragua. Las juezas del tribunal de conciencia fueron las juristas Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio y Sonia Picado, todas expertas internacionales y defensoras de derechos humanos. Las víctimas denunciaron violaciones múltiples luego de ser capturadas, quema de genitales con ácido, tocamientos y manoseos en partes íntimas, obligación de desnudez absoluta, apretones y mordiscos en los senos.

Todas las mujeres que acudieron al tribunal de conciencia fueron violadas sexualmente y dos sufrieron abortos provocados, una por los golpes durante la captura y la otra por la aplicación de un suero en prisión. La socióloga Elvira Cuadra es autora de un profundo informe titulado “quebrar el cuerpo, quebrar el alma”, y sostiene que las formas de la violencia sexual han sido variadas y crueles. “Además”, alerta, “que no han sido utilizadas como forma de tortura solamente en el caso de mujeres; sino también en contra de personas de la comunidad LGBTIQ+ con el propósito de degradarlas en tanto ‘cuerpos feminizados’ y por lo tanto, deben ser sometidas por el poder para reafirmar su subordinación”.

Rosario Murillo de copilota en el Mercedes Benz blindado que conduce “el presidente de los pobres”, Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

Cuadra identifica, desde 2018, tres momentos claves en la violencia sexual contra las mujeres. Contra las primeras presas políticas que tuvo un patrón de detención en cárceles clandestinas, agresiones físicas, violaciones sistemáticas y múltiples. “En estos casos, obligaron a las mujeres y sus familias a guardar silencio”, revela el informe. Entre 2018 y 2019, hubo agresiones físicas, verbales y tratos denigrantes, crueles y abusivos. Y con las últimas presas políticas en El Chipote los manoseos y tratos degradantes se extendieron a sus familias quienes llegaban a visitarlas a la prisión. En la novena visita a los presos políticos, en julio de 2022, los familiares denunciaron que las mujeres fueron obligadas a desnudarse ante las custodias para poder ingresar a El Chipote. “Nos desnudaron, nos tocaron los senos para ver si no llevamos cosas y a las que llegan de pantalón hacen que se los bajen… y nos tomaron fotos de distintos ángulos”, recuerda Margine Pozo, esposa del cronista deportivo Miguel Mendoza.

Todos estos episodios denunciados estuvieron mediados por armas de fuego de alto calibre. La socióloga Cuadra, exiliada en Costa Rica, desnacionalizada y también confiscada, explica que el hecho de que los hombres usen armas en el contexto de la crisis “contribuye a potenciar al macho, que es instrumentalizado
por el Estado para reprimir y hacer uso de la violencia contra las mujeres. Algunos tienen vocación para hacer el mayor daño posible, de manera que sacan ventaja en los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados”.

Zoilamérica Ortega Murillo identifica en estas denuncias de violencia sexual “códigos”, pero sobre todo recuerda la orden fulminante del “vamos con todo” que la vicepresidenta Murillo dio en 2018 al aparataje sandinista, a partir de la cual se articuló la masacre. Fidel Moreno, escudero de la primera dama, fue quien transmitió la orden completa de irse con todo “porque no vamos a dejar que nos quiten la Revolución”. Una de las secretarías políticas sandinistas que estaban presentes en esa reunión me dijo que no había ninguna limitación para intentar de todo para desarticular las protestas.

“En esa orden venía el permiso de matar. Ella no dijo maten, pero en estos códigos de subordinación, que vienen construidos por ella, viene implícito el permiso de hacerlo. Es decir, si un superior te dice hacé hablar a una mujer (prisionera), no me digas entonces que no podés, porque para eso usted tiene el código de usar la feminidad, ese componente de tortura sexual. Todo esto fue permitido a través de las órdenes dadas”, insiste.

Para los expertos de la ONU, la elección de la violencia sexual como método de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante “no es casual”, sino que “tiene una dimensión expresiva o instrumental de género”. “En este sentido, el uso de la violencia sexual es una manifestación de problemas sistémicos más complejos de desigualdad de género. Ello muestra una voluntad de ejercer control, poder y dominio sobre el cuerpo y la vida de las víctimas, de desestructurarlas y reducirlas a una posición desvalorada y de sumisión”, acota el informe presentado ante el consejo de derechos humanos en Ginebra.

Ana Quirós opina muy parecido a Zoilamérica: “la armadora” de la violencia política contra las mujeres es la vicepresidenta Murillo. La feminista no exime a Ortega de responsabilidades, pero entiende de la siguiente manera el binomio presidencial: “Realmente no creo que Daniel Ortega tenga seso para ser tan maquiavélico con todo lo que nos han hecho a nosotras. Creo que la armadora es Rosario Murillo y esto no exime a Daniel Ortega en ningún momento”.

Si bien ambos comparten el poder en Nicaragua, fuentes allegadas al sandinismo coinciden que el estilo de la vicepresidenta Murillo es más visceral. Es una mujer que explota y arrolla sin detenerse a calcular las consecuencias políticas de sus actos, mientras que Ortega es más calculador, pero tampoco hace nada por intervenir cuando su esposa ordena, por ejemplo, perseguir a otras mujeres. De acuerdo al recuento de IM-Defensoras, desde 2018 170 feministas han sido desplazadas forzadamente. De todas ellas, 60 han sido desterradas; aunque existe un subregistro porque muchas no lo han denunciado públicamente.

Activistas feministas, entre ellas María Teresa Blandón (camisa roja con bandera de Nicaragua), marchan el ocho de marzo en San José, Costa Rica. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
Activistas feministas, entre ellas María Teresa Blandón (camisa roja con bandera de Nicaragua), marchan el ocho de marzo en San José, Costa Rica. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

“Probablemente este es el peor momento que vive el movimiento feminista nicaragüense”, me dice María Teresa Blandón. “Más de 200 organizaciones feministas y de mujeres han sido clausuradas. Casi la totalidad de las organizaciones que tenían casas y otro tipo de bienes han sido confiscados de manera absolutamente ilegal. Ahora ya no es posible hacer ningún tipo de actividad dentro del país porque hay un sistema permanente de vigilancia en contra de las feministas y las defensoras de derechos humanos. Y por supuesto, las que estamos afuera hemos tenido que dedicar todas nuestras energías a ser voceras solidarias de las mujeres, pero también de los hombres que están dentro de Nicaragua sufriendo este nivel de violencia institucionalizada. Pero también estamos en reacomodo en el exilio con todas las dificultades y las tensiones que eso supone”, agrega la directora del Programa Feminista La Corriente en cuya sede, en Managua, el gobierno ha instalado una escuela de danza.

Zoilamérica está segura que “Daniel Ortega aplaude y se divierte” con lo que hace su mamá. Él participa en la aprobación de todo, ya que para eso le ha dado poder casi absoluto a la primera dama. “Pero él no tiene inteligencia para llegar a tanta saña en estas prácticas contra las mujeres. Realmente él siempre se ha reído de la actitud impulsiva de ella. Recuerdo que en los años noventa le tiró una mesa encima a un funcionario por no pedirle permiso para tomar un cupón de gasolina. Reírse de estas prácticas violentas es una suerte de machismo, de reírse de la mujer que hace locuras. Desgraciadamente hoy esas locuras se vuelven políticas de represión y de persecución, de políticas de Estado. Hay una responsabilidad que se comparte. Es parte de la cadena de deshumanización que ellos han generado”, insiste.

Sin embargo, si se escuchan las alocuciones diarias de la vicepresidenta Murillo en cadena nacional, uno ve otra Nicaragua. Un país que es el edén mismo para las mujeres en la tierra. El pasado ocho de marzo dijo que las mujeres nicaragüenses “han sido respaldadas”. “Reconocidas y apoyadas, porque merecemos ser respaldadas, reconocidas y apoyadas en todo momento. És Justicia. No és dádiva. No nos han regalado nada… És Justicia! Y el Comandante Daniel ha sabido reconocer el Derecho de cada una de nosotras, y el Deber del Estado nicaragüense, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de ser justos y reconocer nuestros Derechos… El Deber de Reconocer nuestros Derechos! (sic)”, dijo la funcionaria, tan sólo 19 días después que unos policías confiscaron y allanaron la casa de las intelectuales feministas Sofía Montenegro y Azahálea Solís. Ha sido la consumación de la persecución contra las mujeres, en un país donde ya no quedan muchas feministas. Y las que quedan en Nicaragua, como toda voz crítica, viven en la clandestinidad, confiadas en que otras de sus compañeras desterradas no callen.

“Rosario Murillo es misógina y su marido también. Y hay un odio jarocho contra las mujeres, porque yo creo que las mujeres representamos, particularmente las feministas, lo que nunca en su vida ha logrado ser Rosario Murillo”, zanja Montenegro con una sonrisa de satisfacción en San José Costa Rica el ocho de marzo, desprendida ya, dice tras la confiscación y congelamiento de sus cuentas bancarias, “de lo material”.

En septiembre de 2022 se creó por decreto ejecutivo la Dirección General de Prensa e Información que funciona en la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) a cargo del ministro Ricardo Salgado. Esta dirección aumentó su personal en abril de 2023 y ahora emplea a 163 personas entre periodistas, comunicadores y personal que trabaja en los tres medios gubernamentales además de otro personal que realiza monitoreo de medios. Los gastos de contratación ascienden a 3,701,107.58 lempiras mensuales. El ministro Ricardo Salgado explicó que en esa institución se pretende crear una estrategia de comunicación integral sin censurar ni atacar a la prensa tradicional como ocurre en los países vecinos.

Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El ministro Ricardo Salgado es un personaje controversial, él mismo lo acepta en una entrevista con este medio, ha sido confrontativo en redes sociales, sobre todo. «Hemos cometido ese error y espero mejorarlo dramáticamente en la gestión que estamos haciendo con información y prensa», dijo el pasado 23 de mayo en la misma sala de conferencias en donde previamente habló con diversos medios de comunicación que lo acusaban de «ladrón» por la compra de boletos a médicos cubanos que llegaron a Honduras para el programa de alfabetización.

«Aquí los periodistas dicen lo que quieren a toda hora, este gobierno nunca los ha perseguido», agregó y dijo que sus redes están llenas de insultos a los que ahora está intentando no responder con agresividad o sarcasmo.

Sin embargo, pocas horas después de la entrevista, Salgado twitteó en contra de un medio de comunicación que publicó sus declaraciones criticando a uno de sus compañeros de gabinete —el ministro Edmundo Orellana Mercado de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción— acusándolo de estar plegado a intereses de las élites.

Las respuestas de Salgado ante los medios de comunicación son especialmente importantes porque él dirige una secretaría que le da seguimiento a los objetivos de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No solamente administra la Dirección de Información y Prensa que coordina la comunicación estratégica del gobierno sino que también coordina el programa «Poder Popular» con el cual el gobierno organiza a las personas a nivel nacional para el funcionamiento de las futuras mesas ciudadanas, algo que por ahora no se ha convertido en ley pero que persigue crear mesas de diálogo entre gobierno y sociedad civil a nivel nacional.

«[El Poder Popular] Tiene la misión de acercarse a la gente para incitarla a que se organicen, porque si hay otro problema que tenemos como sociedad es que no tenemos ni 10% de la población organizada, la gente no tiene voz. Está en la discusión que va a venir, la de las mesas de participación ciudadana. ¿Quiénes van a participar en las mesas? Nosotros seremos felices si tenemos mil organizaciones a nivel nacional», explicó Salgado.

Una de las funciones que por decreto se le dio a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) en mayo de 2023 fue «construir el Plan Nacional para la Refundación de Honduras, como herramienta macro de planificación que defina y oriente el desarrollo nacional para el establecimiento del Estado Socialista y Democrático».

Miembros del Poder Popular se reunieron en la rotonda de Juan Pablo II de Tegucigalpa para apoyar la Ley de Justicia Tributaria.Foto CC/Fernando Destephen
Miembros del Poder Popular se reunieron en la rotonda de Juan Pablo II de Tegucigalpa para apoyar la Ley de Justicia Tributaria.Foto CC/Fernando Destephen

Aparte del tema de la organización popular, está el tema de las narrativas gubernamentales. El gobierno de Castro cuenta con tres entidades que tienen que ver con la comunicación del gobierno: la Secretaría de Prensa, que según Salgado solo se encarga de la imagen de la presidenta; el asesor de comunicación y estrategia, que según Salgado es una figura «personalísima» de la presidencia y la Dirección de Información y Prensa que es la que pretende llevar la estrategia gubernamental en comunicaciones.

La Dirección de Información y Prensa comenzó a operar a partir de 2023, el decreto que le dio vigencia fue criticado por diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa porque podría ser utilizado para condicionar la pauta gubernamental, además de concentrar el discurso público y darle mayores facultades a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Desde que entró en vigencia el decreto en octubre del año pasado, esta oficina prácticamente no existió, hasta enero de 2023 cuando la SPE contrató a seis personas.

En el organigrama de la secretaría, esta dirección cuenta con tres áreas: dirección de investigación y opinión pública, dirección de ciencia de datos y estrategia comunicacional y la dirección de plataformas digitales y divulgación de contenidos. En abril de 2023, sumaron 163 empleados contratados y divididos en las tres áreas; 76 de ellos son comunicadores y periodistas. También cuentan con 12 personas para el trabajo de monitoreo de medios, que era una de las prerrogativas de esta dirección.

En la planilla del mes de abril se puede ver también al subdirector del periódico Poder Popular, el medio impreso gubernamental que se reparte en las secretarías de Estado y que en principio estaba bajo la dirección de la Secretaría de Prensa. Salgado aseguró que todo ese aumento de personal que se ve reflejado en las planillas subidas al portal de transparencia y que responde al traslado del personal de los medios gubernamentales hacia la SPE. «Serán más en mayo», aseguró ya que son más de doscientas personas las que trabajan en los medios.

Según la periodista y analista hondureña, Thelma Mejía, una de las periodistas más atacadas en redes sociales por sus posturas críticas hacia el actual gobierno, hasta ahora, poco o nada se conoce de la Dirección de Información y Prensa. Según ella, esa entidad viene a ser una estructura paralela a la Secretaría de Prensa que, en teoría, debería ser la responsable de la elaboración y conducción de una estrategia de comunicación e información.

«Todo indica que esta nueva Dirección es la responsable del manejo de la pauta publicitaria, la labor de monitoreo, diagnóstico de todos los medios de comunicación, redes sociales y de elaborar la estrategia, entre otras funciones asignadas según el decreto PCM 023-22 que ha llamado la atención de la relatoría para la libertad de expresión de la OEA y de la CIDH por contener elementos lesivos a la libertad de expresión. Creo que conoceremos en el tiempo los propósitos de esa nueva Dirección, que de entrada, se conoce, cuenta con un equipo de monitoreo de “alto interés público”», expresó Mejía a este medio.

¿Copia de Bukele, improvisación o estrategia?

Centroamérica está viviendo un momento crítico para la democracia. En Nicaragua, cientos de periodistas han sido exiliados y expatriados; en Guatemala, periodistas enfrentan criminalización y, en El Salvador, el presidente y sus funcionarios han atacado y estigmatizado a la prensa crítica a través de redes sociales. Este último, cuenta con un nivel de aprobación popular del 90% y ha marcado tendencia, no solamente en las redes sociales, sino también en la manera en que ha abordado la criminalidad a través de un estado de excepción prolongado desde hace más de un año.

En Honduras se puede ver la intención de copiar a Bukele: órdenes por twitter, la contratación masiva de periodistas, la creación de medios de propaganda y la implementación de un estado de excepción con la propaganda que inunda las redes sociales. Pero Bukele también ha sido señalado de haber creado granjas de trolls de internet; según una investigación de la agencia Reuters, estos trolls son pagados por el gobierno para atacar a periodistas y opositores políticos.

El ministro Salgado dice que su opinión personal es que la vía que ha marcado Bukele no es la vía que debe seguir Honduras, ni con el tema del estado de excepción ni con el tema de las comunicaciones.

«Este mundo va más rápido que yo, se ha perdido cierta ceremonialidad dentro de todo; pero Honduras no está en la misma posición que El Salvador y creo yo que haría mal Honduras en ir por ese camino. Y es mi opinión muy personal, pero pienso que la comparte la misma presidenta», dijo Salgado y aseguró que el gobierno de Castro es abierto con la prensa y que nunca ha confrontado agresivamente a nadie, no ha perseguido a periodistas», agregó.

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Sin embargo, la narrativa de los funcionarios del actual gobierno parece ser improvisada; para Thelma Mejía, por ejemplo, un factor que incide en los ruidos comunicacionales del actual gobierno es que «muchos de sus funcionarios no se comportan como tal, siguen siendo activistas-militantes-partidarios y eso la aleja de su propósito de funcionarios de Estado, avivando así la polarización y confrontación en el país».

Varios ejemplos se pueden mostrar de esto. El viceministro de Prensa, Carlos Estrada, que a su vez responde ahora a la SPE por ser el encargado de los medios gubernamentales, se ha dedicado desde el inicio del gobierno a catalogar como falso todo lo que no está de acuerdo con la narrativa gubernamental.

O desde la misma Secretaría de Prensa, cuando se ha catalogado de «enemigos de la refundación» a quienes protestan contra el actual gobierno. Y cuando en pleno día de la libertad de prensa, la Secretaría de Derechos Humanos declaró que el gobierno está siendo víctima de discursos de odio por parte de los medios, haciendo a un lado que Honduras sigue siendo un país con una alta tasa de periodistas perseguidos, asesinados y desplazados.

¿Censurará el gobierno de Castro a la prensa? «Censurar no, eso no, no y no, no lo hará este gobierno. Si hay algo que este gobierno no va a hacer es reprimir ni perseguir a nadie, es un principio. Nosotros perdimos a compañeros asesinados por el régimen [de Juan Orlando Hernández] por estar en contra. No, esto no lo vamos a repetir. Aquí cada persona debe tener la certeza de que va a poder seguir teniendo plenamente su libertad de decir. Vamos a tener discrepancias serias, hay varios periodistas que me pasan diciendo idiota, vaca intelectual, creo que pueden tener un papel distinto, pero si ellos son felices diciendo eso, pueden seguirlo diciendo todo lo que quieran», respondió el ministro.

Pero Mejía, por su parte, cree que el actual gobierno tiene una dispersión muy grande en el establecimiento de la narrativa, dijo que «ese ha sido uno de los problemas del actual gobierno, al no percibirse claramente una estrategia de comunicación que parece estar repartida en tres cabezas: la Secretaría de Prensa, el ministro asesor en materia de comunicaciones —Milton Benítez— y la Dirección General de Información y Prensa. Y a ello se suma lo que todos en el gobierno designan como el gran estratega de comunicación, el asesor presidencial y ex presidente de la república, Manuel Zelaya. El gobierno tiene también un equipo de asesores externos nacionales e internacionales que se desconoce cómo juegan en la conformación de una política gubernamental de comunicación, información y estrategia».

Mejía hace alusión a la consecuencia que tiene que el gobierno no cuente con una estrategia de comunicación sólida que ha derivado en la baja popularidad de la presidenta en las últimas encuestas. En el reciente Sondeo de Opinión Pública realizado por el Eric-SJ, la evaluación de la gestión de la presidenta durante su primer año de gobierno fue de 4.4 sobre 10. «Con un gabinete que tampoco ayuda en la comunicación y con tres o cuatro cabezas dirigiendo, es difícil echar a andar una estrategia de comunicación, a menos que la estrategia sea esa: no tenerla», agregó.

De Izquierda a derecha, Rebeca Ráquel, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Xiomara Castro, presidenta de Honduras; Eduardo Maldonado, periodista y Osman Reyes, periodista y presidente del Colegio de Periodistas de Honduras durante la promoción del Premio Álvaro Contreras. Foto CC/ Fernando Destephen
De Izquierda a derecha, Rebeca Ráquel, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Xiomara Castro, presidenta de Honduras; Eduardo Maldonado, periodista y Osman Reyes, periodista y presidente del Colegio de Periodistas de Honduras durante la promoción del Premio Álvaro Contreras. Foto CC/ Fernando Destephen

Monitoreo de medios y pauta publicitaria

La Dirección de Información y Prensa tenía contratadas hasta abril a doce personas para la realización del monitoreo de medios. Sobre esto, el ministro Salgado aseguró que lo que se pretende es tener un feedback de lo que están diciendo los medios y lo que está viviendo la gente ya que los medios gubernamentales no tienen capacidad de estar en tiempo real en todo lo que sucede en el país.

«El proceso que se siguió en la última década ha sido de debilitar bastante estos medios del Gobierno y hoy se encuentran en suma precariedad y estamos tratando de recuperarlos», explicó.

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Salgado dijo que a todos los medios, sin discriminación, se les atiende cuando de pauta publicitaria se trata, y que aunque cada secretaría tiene la potestad y la libertad de contratar la pauta que desee, su secretaría paga la que tiene que ver con temas generales del gobierno y para esto tienen presupuestado 72 millones de lempiras anuales. «Obviamente no tenemos un presupuesto muy grande, lo que sí se está logrando es regularizar la pauta sin discriminación con todos los medios. Creo que la mayor pauta se la llevan los medios que tienen también mayor rating y los medios pequeños», explicó.

En el día del periodista hondureño del 2023, el Poder Ejecutivo otorgó seis premios a periodistas y el Poder Legislativo premió a 17. También en la premiación del Colegio de Periodistas, en la que fue galardonado Eduardo Maldonado, dueño del canal de televisión y radio Hable como Habla (HCH), se presentó la presidenta Xiomara Castro y dio un discurso en el que felicitó a Maldonado, quien ha sido un viejo amigo, ya que en 2009 éste recibió pauta publicitaria de manera irregular desde el presupuesto del proyecto «La cuarta urna» durante el gobierno de su esposo, el actual asesor, Manuel Zelaya. El presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes, aprovechó el espacio para pedir equidad para la repartición de la pauta publicitaria gubernamental, mientras que Maldonado pidió a la presidenta gobernar para todos y no solo para sus activistas.

Salgado, por su parte, dijo que el gobierno se debe defender con una estrategia de comunicación bien establecida porque desde que éste asumió están recibiendo ataques. «Creo que estoy en capacidad de probárselo. Saquemos todos los titulares que salieron el 28 de enero en los periódicos en todas partes, etcétera, yo le puedo demostrar fácilmente la agenda, que es absolutamente contra el Gobierno», dijo.

Tanto la presidenta como sus ministros han reaccionado rechazando las críticas y las investigaciones por nepotismo dentro del gobierno —como la reciente investigación publicada por el CNA y catalogada por la misma presidenta como una ofensa a su gobierno y a su familia— o por acciones autoritarias para concentrar los poderes del Estado, y han hablado de una conspiración contra el actual gobierno desde las élites y los medios de comunicación. Salgado aseguró que no es contra la crítica sino contra los ataques que llevan el propósito de afectar al gobierno.

«Por ejemplo, yo le critico al COHEP que cuando se abrió el debate de la Ley de Justicia Tributaria, ellos buscaron confrontar inmediatamente al gobierno. Yo personalmente hablé con alguna gente de las maquilas antes de que esto se discutiera porque esto requiere diálogo, pero ellos optaron por lo contrario; me acuerdo que lo primero que sucedió fue una conferencia de prensa donde apareció el señor Urtecho diciendo que el comunismo no se qué… Eso hizo que las posiciones se pusieran diametralmente opuestas en una discusión un poco sencilla. Ellos decían que nosotros estamos polarizando, pero la verdad es que ellos, como clase, se cohesionaron para defender su privilegio para convencer a la gente que ellos no paguen impuestos mientras los demás sí», dijo Salgado para poner el ejemplo del tipo de comunicación que buscan con la nueva Dirección de Prensa e Información.

En 2021, antes de ser presidenta, Xiomara Castro prometió en su campaña política «desmilitarizar la seguridad ciudadana». Ahora, en medio de un estado de excepción que ha sido prorrogado cuatro veces, 571 nuevos agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán al estado de excepción a pesar de haber sido formados en apenas 5 meses. Joaquín Mejía, abogado experto en derechos humanos, aseguró que esto evidencia que los militares están sobre el poder civil en Honduras.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

El pasado 19 de mayo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) celebró la graduación de 571 nuevos policías militares, quienes, desde ese día, se incorporaron a distintas operaciones de seguridad en las principales ciudades de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula. El portavoz de la PMOP, el coronel Mario Rivera, dijo a Contracorriente que estos agentes también serán asignados a zonas en las que se ha reportado incidencia delictiva en los departamentos de Atlántida, Yoro y en Copán, zonas reconocidas como rutas de narcotráfico en el norte y occidente de Honduras.

Mario Rivera explicó que estos nuevos agentes de la Policía Militar son «cruciales para preservar la seguridad ciudadana», sobre todo en el contexto del estado de excepción decretado por primera vez a finales de 2022 por 45 días y prorrogado cuatro veces desde entonces. Ahora, luego de la graduación de estos policías militares, la presidenta Castro decidió extender hasta el 5 de julio el estado de excepción en 123 municipios de Honduras.

El portavoz de la PMOP señaló que después de una etapa de formación de apenas cinco meses y medio, estos agentes militares están «debidamente preparados» para realizar patrullajes, retenes, registros, puntos de control, saturaciones, ejecución de órdenes de captura y otras funciones enmarcadas en aspectos legales «respetando los derechos humanos de la población».

«Es importante destacar que ellos [los agentes de la PMOP], en su etapa de formación, han recibido conocimientos en aspectos legales por parte de personal del Ministerio Público, también por el personal de Asesoría Legal de la Policía Militar, capacitaciones en derechos humanos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, también del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Dirección de Derechos Humanos de nuestras Fuerzas Armadas», indicó el coronel Rivera.

El coronel Mario Rivera añadió que, solo para el Plan Nacional de Seguridad —que contempla nueve medidas relacionadas con el estado de excepción, la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia y un protocolo policial para detener las tomas de vías públicas y nacionales — hay asignados 4,200 agentes de la PMOP a nivel nacional.

En 2020, según datos publicados por la PMOP, esta institución armada contaba con ocho batallones de policías militares, un batallón canino y una Escuela de Capacitación, haciendo un total de «más de 4,300 integrantes».

Una de las propuestas en materia de seguridad hechas por Xiomara Castro en tiempos de campaña electoral fue desmilitarizar la seguridad ciudadana y «asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa».

Son 571 nuevos policías militares los que tendrán presencia en barrios y colonias durante la continuidad del estado de excepción. Fotos CC/Fernando Destephen
Son 571 nuevos policías militares los que tendrán presencia en barrios y colonias durante la continuidad del estado de excepción. Fotos CC/Fernando Destephen

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) fue creada en 2013 con la finalidad de brindar seguridad a través de una lucha frontal a la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico; sin embargo, según señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) en su informe «El papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en Honduras», las fuerzas militares fueron señaladas por utilizar fuerza excesiva para controlar y dispersar protestas durante el periodo poselectoral de 2017, provocando muertes y heridas en los manifestantes.

En este mismo informe, WOLA recuerda un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh), el cual establece que la PMOP abrió fuego indiscriminado contra los manifestantes con el fin de dispersarlos, causando muertes y heridos. El reporte de Oacnudh detalló que en esos días «se registraron al menos 23 personas muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. De ellas, unas 16 víctimas civiles murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, incluyendo dos mujeres y dos niños».

Para el abogado y experto en temas de derechos humanos, doctor Joaquín Mejía, más allá de una promesa incumplida, la graduación de más policías militares del orden público representa, en el fondo, «que los militares le han ganado el pulso al poder civil en este país».

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios órganos de Naciones Unidas le han dicho a Honduras que tiene que desmilitarizar la seguridad pública y, con este anuncio [de graduar a más policías militares], obviamente lo que están haciendo es dándole la espalda e incumpliendo sus obligaciones internacionales», destacó Mejía.

En abril de 2022, la CIDH realizó una visita in loco a Honduras para analizar la situación de derechos humanos de este país. En sus observaciones preliminares destacan que la medida del estado de excepción debe tener una temporalidad definida y que no debe formar parte de una política permanente de seguridad.

Además, la CIDH detalló que en su visita recibió denuncias sobre la falta de justificación en cuanto a la idoneidad y necesidad de la ampliación del estado de excepción y también obtuvo información que indica que «sólo 25 de las 1.348 detenciones practicadas en el primer periodo del estado de excepción estarían materialmente vinculadas con el delito de extorsión u otros delitos conexos, así como inconsistencias en el registro de detenciones».

Joaquín Mejía continuó explicando que, aunque el estado de excepción es una medida constitucional, no debe de normalizarse como pasa en El Salvador o como está pasando en Honduras actualmente, ya que en ese sentido pierde su razón de ser y se convierte en una política permanente de Estado. Según el abogado Mejía, la adopción de esta medida por parte de Honduras también responde a la adopción de un populismo en materia de seguridad a través de la muestra de la fuerza en contra de la delincuencia.

«Más del 50 % de la población latinoamericana está dispuesta a renunciar a sus libertades si llega un Gobierno que le resuelva sus problemas, y uno de los problemas obviamente es la seguridad. Esto forma parte de un populismo de seguridad, pero también puede evidenciar un absoluto fracaso de la política de seguridad o que simplemente no hay una política de seguridad ni estrategia» señaló el abogado.

Según el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) el 61.5 % de la población consultada está de acuerdo con la medida del estado de excepción, sin embargo, el 34.3 % de la población consultada expresó sentirse inseguro en el estado de excepción.

Además, en cuanto al éxito de esta medida, el 66.6% de la población opinó que con el estado de excepción no se resolverá el problema de la extorsión y el combate a las maras y pandillas, un 21.3% lo ve como una medida que tiene potencial de dar resultados y un 12.1% de la población respondió que no sabía sobre esto o decidió no responder a la pregunta.

Otros datos de este mismo análisis señalan que la mayoría de los consultados (58 %) se sienten poco o nada protegidos en el estado de excepción; 50.3 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se permitan capturas sin orden judicial y 54.6 % opina que se está reduciendo en poco o nada el delito de extorsión en Honduras.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público patrullan un barrio de Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Miembros de la Policía Militar del Orden Público patrullan un barrio de Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

De la desmilitarización a la intervención del sistema penitenciario

El abogado Joaquín Mejía aseguró que se debe reconocer la desmilitarización de los centros penitenciarios ordenada por la presidenta Xiomara Castro en abril de 2022 y que eso trajo consigo los últimos acontecimientos violentos que se han dado en las cárceles este año.

«Todas estas violencias que hemos visto dentro del sistema penitenciario tienen que ver con esa decisión de desmilitarización —indicó Joaquín Mejía—, porque al final el control de las cárceles es un gran negocio y los militares han estado en ese negocio desde hace un tiempo, eso no se puede desconocer».

Además, el experto en temas de derechos humanos indicó que el poder de los militares en el país ha cambiado en vista de que ahora es la Policía Nacional la que tiene el control y que está por sobre de los militares en cuanto a acciones contundentes en materia de seguridad.

El mismo día en el que celebraron la graduación de nuevos policías militares, la Academia Nacional Penitenciaria también graduó a nuevos agentes. Según el Instituto Nacional Penitenciario, la academia graduó a 112 hombres y 26 mujeres especializados en el área jurídica, derechos humanos y enfoque diferenciado.

En esta última graduación estuvieron presentes los comisionados que integran la Junta Interventora del Sistema Penitenciario, la abogada Sandra Rodríguez y el exfiscal Mario Chinchilla, quienes fueron nombrados por la viceministra de seguridad y quien lidera la intervención del sistema penitenciario, Julissa Villanueva. La asignación de más agentes penitenciarios en las distintas cárceles forma parte de las medidas anunciadas por Villanueva para frenar la violencia en los centros penales.

Joaquín Mejía concluyó que las acciones del Gobierno vinculadas con la seguridad ciudadana deben de observarse de cerca, sobre todo cuando en el país aún no ha existido un diálogo entre todos los sectores para solucionar los problemas de Honduras de manera conjunta.

Entre las montañas de la cordillera El Merendón, en el norte de Honduras, hay casi tres mil manzanas cultivadas con café; el 80% de ellas se encuentra en la zona de reserva que provee de agua y oxígeno a la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula. La última esperanza para conservar y recuperar esa montaña depende ahora de los mismos caficultores, quienes enfrentan una decisión crucial: adoptar sistemas agroforestales para preservar el bosque o cambiar a cultivos más rentables pero menos amigables con la zona de reserva ante la falta de apoyo estatal y la desigualdad que favorece a exportadores y transnacionales.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Amílcar Izaguirre

Bajo la tenue luz blanca de su cocina, Norbelina sirve una taza de café de tueste oscuro, en la mesa también ha colocado una canasta de pan. Su esposo, José Ángel Ramos, es dueño de la finca donde se cultivó ese café.

Don José dice que ese no es el tipo de café que él prefiere, porque a él le gusta más el de tueste medio; sin embargo lo consume porque diversificó su producción buscando sobrevivir en este rubro. Con sus 53 años, su bigote con canas y su piel curtida por el sol, este amable productor ha experimentado el éxito y el fracaso en los 25 años que le ha dedicado a este cultivo. Ha recibido premios internacionales por la calidad de su café, pero también ha perdido cosechas completas debido a huracanes.

Ahora busca la forma de reinventarse ante las dificultades que enfrentan los productores en las comunidades dentro de la reserva natural de El Merendón, pues asegura que este cultivo ya no es rentable.

La baja rentabilidad del café se debe, en gran medida, a que los intermediarios, exportadores y grandes corporaciones obtienen la mayoría de las ganancias de la venta del café a nivel mundial, mientras que los productores en El Merendón destinan casi la mitad de sus ingresos a pagar cortadores y cubrir los gastos del mantenimiento de las fincas (poda, abono, lavado y secado). Además, la falta de mano de obra para el corte del café a causa de la migración a las ciudades del país y a los Estados Unidos ha resultado en la pérdida de una parte importante de las cosechas.

En pleno marzo y en medio de la temporada de cosecha, a unos metros de su casa, la finca se baña con los últimos rayos del sol mientras en la cocina de color gris fluye el aroma de un café de sabor fuerte —una mezcla de dos variedades— con notas amargas producto del tueste. Es un sabor que José dice que es «pesado» y no lo recomienda a quienes tienen estómagos sensibles.

«Yo de café no sé nada. Yo solo sé sembrar, cortar, moler e ir a venderlo —confiesa José— pero ahora estoy aprendiendo a distinguir los sabores con lo que nos están enseñando en el Ihcafe».
El Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) es la institución que brinda soporte a la producción cafetalera del país. Ese día, antes del atardecer, José recibió en su finca la visita de uno de los técnicos del Ihcafe, quien llegó acompañado por una comitiva de organizaciones internacionales y una reconocida campeona alemana de catación. Durante 30 minutos, recorrieron la finca y tomaron muchas fotografías.

Los visitantes destacaron y remarcaron que este tipo de acercamientos podrían propiciar que los compradores finales —que pueden ser marcas de café internacional, empresas de tueste y otros— se interesen en el café de José y lo compren directamente, sin intermediarios o exportadores, mejorando el pago del producto y acercándose a tratos más justos.

José y su familia mantienen la esperanza y trabajan para producir un café de especialidad que sea atractivo para el mercado internacional, pero no se fían del todo, pues aún recuerda el sabor amargo de las promesas de hace seis años cuando la exportadora a la que vendía su café lo llevó a Nueva York, en los Estados Unidos, para competir en el Premio Internacional de Café Ernesto Illy, que premia los mejores cultivos de café en el mundo basados en la riqueza, complejidad e intensidad de los aromas y la elegancia y el equilibrio de los sabores.

Para prolongar la vida y mejores cosechas de una planta de café, los productores recomiendan a los recolectores cortar grano a grano sin que la planta pierda sus hojas. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Para prolongar la vida y mejores cosechas de una planta de café, los productores recomiendan a los recolectores cortar grano a grano sin que la planta pierda sus hojas. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Al regresar de ese viaje traía entre sus maletas el premio del tercer lugar y la promesa de la exportadora de que su café ahora podría ser comprado a un mejor precio.

José dice que con emoción cultivó los primeros lotes de café que supuestamente tendrían un mayor valor, pero, al contrario, el precio que le ofrecieron fue menor. Se dio cuenta que la diferencia que habían prometido era en contra suya y la exportadora sería la única favorecida con su trabajo.

Después de eso, la exportadora envió técnicos para supervisar la finca de José y mencionaron que iniciarían un proceso de certificación en prácticas sustentables. Tras una serie de visitas y varios cambios adoptados, a José se le ocurrió preguntar si la certificación sería para él o la exportadora. Le respondieron que sería para la exportadora y la frustración de José aumentó.

José se sintió utilizado y entendió la poca importancia que estos exportadores le daban al arduo trabajo de toda la familia para venderles el mejor café posible en comparación con otros productores que no tenían la misma dedicación. Decidieron entonces dejar de venderles y buscar otras alternativas. Así comenzó a vender el café a un intermediario que, aunque le compraba más o menos al mismo precio, le daba el dinero en efectivo de forma inmediata, sin papeleo o largas esperas infructuosas en el banco.

Los intermediarios son personas que en muchos casos pertenecen a las comunidades y sirven de compradores menos rigurosos que luego venden el café a las empresas exportadoras del país, que son quienes mantienen el acuerdo de provisión con las empresas internacionales. Los intermediarios también sirven de prestatarios para los productores que, en ocasiones, terminan en la quiebra y tienen que entregar tierras o devolver carros por no poder pagar las deudas. Los intermediarios no arriesgan ni se esfuerzan con el cultivo pero reciben grandes ganancias.

Tras un tiempo de vender a intermediarios, José y su familia disminuyeron considerablemente el cultivo de café en esa finca y se dedicaron a sembrar tomates, pepinos, zanahorias y otras hortalizas, porque son cultivos que al poco tiempo pueden ser cosechados y vendidos; contrario al café que pueden pasar años y mucha inversión hasta alcanzar las condiciones óptimas de producción.

El cambio de uso de la tierra –explica José– es uno de los fenómenos más comunes en la zona, sobre todo cuando el precio internacional del café baja y los productores necesitan una salida rápida para sobrevivir. De hecho, aunque José tiene su finca de café, en otras zonas tiene tierras donde cultiva hortalizas para tener un respaldo ante la volatilidad del precio del café.

Sin embargo, las modificaciones en el tipo de cultivo también pueden ser uno de los mayores peligros en la zona protegida del Merendón, considerando que su plan de manejo estipula que no debe expandirse la zona agrícola, lo que hace que cualquier cambio en el uso de la tierra deba ser cuidadosamente evaluado. Además, la promoción de sistemas agroforestales en el cultivo de café, que puede crecer en óptimas condiciones bajo sombra, es diferente cuando se cambia a hortalizas que requieren cortar la cobertura forestal para recibir el sol de forma directa.

Tras ese periodo en el que José y su familia eligieron evitar dolores de cabeza con el café, personal del Ihcafe se acercó para brindarle asistencia técnica e incentivarlos a regresar a la caficultura por lo que ahora ha regresado con el objetivo de sembrar árboles maderables y frutales que recuperen la cobertura arbórea en la zona y, por supuesto, encontrar un precio justo para su esfuerzo.

«Lo que queremos es prepararlo bien para sacar calidad y buscar precio, buscar compradores que en realidad paguen lo que vale porque no podemos seguir en lo mismo, porque ya no da pues. Fíjese que para sacar una lata de café hay que pagarle carísimo a los cortadores».

Con muy poca ganancia por cada lata de café, el productor tiene que cosechar, limpiar la maleza, fertilizar –varias veces si es posible–, volver a limpiar la maleza, luego limpiar las ramas del arbusto de café. Luego debe lavar, secar, a veces moler y, finalmente, transportar el café.

«No es rentable, por eso nosotros ahora buscamos cultivar cafés especiales y venderlo a compradores directos, porque los intermediarios siempre nos van a pagar lo mismo; aunque miren nuestro sacrificio, ellos siempre pagan lo mismo» dice José mientras termina su taza de café y anochece en el Merendón.

Los cafés especiales son una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años en el mundo del café. Se trata de granos de alta calidad y sabor excepcional, cultivados en regiones específicas con cuidados especiales durante todo el proceso de producción y con una trazabilidad completa desde su origen hasta su taza. Estos cafés suelen ser más costosos que los cafés comerciales debido a su calidad.

En la faldas de El Merendón los productores siembran sus fincas sobre terrenos de difícil acceso, para sacar la cosechas algunos productores utilizan mulas de carga. Foto CC/Amílcar Izaguirre
En la faldas de El Merendón los productores siembran sus fincas sobre terrenos de difícil acceso, para sacar la cosechas algunos productores utilizan mulas de carga. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Ahora, el café, ese grano extraño que según la historia los europeos introdujeron en América hace dos siglos, es sumamente importante para la economía hondureña. Tanto que fue el sustituto perfecto del banano, otro cultivo agrícola por el que Honduras fue infamemente popular en el siglo pasado.

Si bien a inicios del siglo XX el escritor estadounidense O. Henry acuñó la despectiva etiqueta de «Banana Republic» para describir la subordinación a los Estados Unidos y la inestabilidad política y social de una Honduras que dependía principalmente de la exportación de bananos, en 2023 posiblemente la expresión cambiaría a «Coffee Republic».

Aunque Honduras actualmente no depende absolutamente del café para el sostenimiento de su economía, más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 30% del total del PIB agrícola proviene de la exportación de este grano. Además, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) estima que 110,000 familias a nivel nacional obtienen su ingreso principal de ese rubro, y de estos, el 95 % son pequeños productores con menos de 7 hectáreas de terreno. El café proporciona empleo a un millón de personas aproximadamente.

En el periodo de cosecha 2021-2022, Honduras produjo un total de 6.202 millones de quintales de café y exportó 6.1 millones de quintales a nivel mundial, lo que resultó en un ingreso de 1,451 millones de dólares en divisas, que equivalen a aproximadamente un 20% del total que recibe Honduras, según un estudio del CIAT.

Actualmente, Honduras es el sexto productor a nivel mundial, el tercero en Latinoamérica y el primero en Centroamérica; sin embargo, la reducción en la exportación y producción del café nacional ya es una alarma para el sector.

Solo entre el periodo 2020-2021 y 2021-2022, la producción de café pasó de 7.9 millones de quintales a 6.2 millones. Una reducción de 1.7 millones de quintales de café verde en un solo año.
José y otros productores de El Merendón apuntan a diversos orígenes de la problemática, tales como la falta de mano de obra por la migración, el cambio climático y la poca rentabilidad del cultivo debido a la falta de equidad en la cadena de producción.

En la oficina regional del Ihcafe en la ciudad de San Pedro Sula, el ingeniero Ebis Medina trabaja para encontrar soluciones conjuntas con los productores ante la reducción de la producción y exportación. Es una problemática que les supera pero que intentan abordar.

Ebis es el técnico que visitó a José y que atiende a los caficultores de El Merendón, y explica que la reducción de las exportaciones no solo afecta a los caficultores, sino que es un problema de país que es desatendido por el gobierno y que debería tener importancia porque gran parte de las divisas y del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras viene de estos granos.

«La caficultura es el rubro principal agrícola de Honduras, con eso sacamos la cara y mueve mucho la economía hondureña, entonces realmente vale la pena apostarle. Yo siempre le hago hincapié a muchos productores que piensen como un empresario y no como un productor de café tradicional porque al final pues su finca es como una empresa y una de las filosofías con el plan de asistencia técnica es volver el rubro rentable».

Ebis explica que en Centroamérica no hay otro país que se nos compare a nivel de producción y transferencia de tecnología; pero cuando se habla de calidad y prestigio, el país no es un referente tan claro en comparación con otros países de la región. Apunta que para lograr ese prestigio se deben adoptar acciones por parte de todos los actores: productores, Ihcafe, exportadoras, intermediarios y torrefactores (tostadores) en conjunto.

«Nos interesa que cada productor tenga una sección de por lo menos 5% de café especiales para crear diferentes ventanas de comercialización; además desarrollar marcas para productores que quieren emprender y ver el rubro como una fuente de ingresos para todo el año, ir un paso más allá del productor tradicional que solo cosecha y vende café, y de ahí se acaban sus ingresos».

En el gobierno anterior, el tema de la inversión y promoción del café fue parte recurrente del discurso público, e incluso fue parte de un discurso del expresidente Juan Orlando Hernández en la cumbre de las Naciones Unidas donde reclamó mejores precios para las escalas más básicas de la cadena del café.

En ese tiempo, el Ihcafe era dirigido por el empresario Asterio Reyes quien era cercano al expresidente; hubo múltiples denuncias por la falta de transparencia en la institución e incluso se vinculó al rubro cafetalero con el tráfico de cocaína a raíz del hallazgo de un contenedor en Italia con 600 kilos de droga escondida en bolsas de café. Cuando se conoció la noticia en 2019, un grupo de productores exigió una aclaración por parte de las autoridades del Ihcafe; sin embargo, este nunca se pronunció.

Ebis explica que con el actual gobierno ha costado mucho tener relación y lograr trabajar en conjunto.

«El gobierno anterior —explica el técnico del Ihcafe— sí se involucró con el tema, se canalizaron varios proyectos a través de un programa llamado el bono cafetalero, ahorita pues nos ha costado. Hay un montón de opiniones verdad, unos que dicen que el país quedó mal, otros que dicen que estamos culpando el pasado y hay un montón de situaciones, pero ahí estamos queriendo, verdad, encarrilar el tema y lo estamos haciendo a través de municipalidades».

En la montaña de El Merendón, los productores de café aseguran que el actual alcalde de la municipalidad de San Pedro Sula, Roberto Contreras, nunca ha subido a visitarlos e incluso dicen —entre risas— que no conoce el lugar.

***

El agua se calienta cuidadosamente hasta alcanzar los 95 grados centígrados, luego se vierte en una molienda resultado de una combinación de granos de café molido de variedad Parainema —originaria de Honduras— y Geisha —originaría de Etiopía y popularizada en Panamá—. Durante un par de minutos el agua infusiona el café y comienza a caer del filtro hacia una taza de vidrio transparente.

Este café es cosechado y ahora servido en la comunidad Gallito en la zona de reserva de la cordillera de El Merendón, en la finca Miramar, ubicada en la pendiente de una montaña desde donde puede verse la cordillera y al fondo el reflejo del mar atlántico.

Finca Miramar ubicada en la Aldea de El Gallito de El Merendón, San Pedro Sula, Cortés, del productor David Hernández. CC/Amílcar Izaguirre
Finca Miramar ubicada en la Aldea de El Gallito de El Merendón, San Pedro Sula, Cortés, del productor David Hernández. CC/Amílcar Izaguirre

Mientras el sol comienza a descender en el horizonte, casi como si fuese a caer en el mar, David —quien es uno de los socios de la finca— sirve el café que tiene un sabor intenso, notas de caramelo, frutos rojos y un toque láctico. Este café negro no es del color oscuro casi torrefacto que se acostumbra a consumir en la mayoría de los hogares en el país, sino que más bien parece un té de hierbas.

Cada sorbo es una explosión de sabor y complejidad inigualable.

Los gramos de café en esa taza son parte de los 64 mil quintales producidos en la cordillera de El Merendón en el periodo 2021-2022 en el que Honduras produjo 6.2 millones de quintales de café. La mayoría del café de El Merendón se produce en la Zona de Reserva que consta de 37,377 hectáreas cuyo objetivo principal es conservar las áreas de producción de agua de tres sectores: San Pedro Sula, Cofradía y Naco donde viven aproximadamente 2.2 millones de personas.

Según las estimaciones de sitios especializados, cada libra de café puede producir alrededor de 21 tazas de café de 12 onzas. Esto significa que se podría servir un estimado de 1,365 millones de tazas de café procedentes de la Zona de Reserva El Merendón. Sin embargo, el plan de manejo 2020-2032 de la zona de reserva de El Merendón, a cargo de la gerencia de ambiente de la municipalidad de San Pedro Sula, estipula que esta zona está destinada a preservar las fuentes de agua y señala al cultivo de café como una de sus principales amenazas.

Ese plan de manejo explica que las malas prácticas en la producción y el procesamiento del café son la sustitución de ecosistemas naturales para el establecimiento de cultivos, la introducción de especies exóticas asociadas al cultivo de café, el uso excesivo de agroquímicos, la construcción de carreteras para el manejo y extracción del producto y la contaminación por residuos sólidos y líquidos en el procesamiento o beneficiado de café.

La zona de reserva de la cordillera de El Merendón oscila entre los 60 y 2,242 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y, en contraste con otras zonas donde la reserva solo comprende en núcleo y amortiguamiento, esta se divide en cuatro zonas de manejo: zona de uso restringido, zona de recuperación, zona de uso sostenible de los recursos y zona de uso público. Se destaca la zona de recuperación que comprende altitudes entre los 800 y 1,600 m.s.n.m y que en el plan de manejo se considera prioritaria para el manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en la parte media/alta de las cuencas hidrográficas de la zona de reserva.

Sin embargo, esta zona también es ideal para el cultivo de café en sus máximos estándares de calidad, que se dan entre los 900 y 1,800 m.s.n.m y, de hecho, en esa zona de 10,447 hectáreas se encuentran muchas comunidades dedicadas al cultivo. Aunque el plan de manejo permite «actividades agroforestales y hortícolas con buenas prácticas de manejo, siempre y cuando no impliquen el cambio de uso del suelo, ampliación y se respeten las franjas de protección de fuentes de agua», prohibe el establecimiento de beneficios de café para procesar el producto, lo que en muchos casos no se cumple.

Sin embargo, en El Merendón y sus 44 comunidades caficultoras, el café no es solo un cultivo más, sino una forma de vida. Por ejemplo, en la aldea Buenos Aires, desde las 6:30 a.m., o incluso antes, muchos cortadores —estoicos ante el frío de la mañana— empiezan a caminar por las calles de tierra y a abordar los carros de doble tracción para llegar hasta los cafetales. Estos cafetales pertenecen a alrededor de 692 productores que el Ihcafe ha identificado en la zona.

El café también ha representado una oportunidad de subsistencia para aquellos que no están directamente involucrados en su producción. Por ejemplo, en un restaurante local de la comunidad de Buenos Aires llamado Chicken Jordan, venden una combinación de café con toques de pimienta. En ese comedor rural puede haber días sin suministro de Coca-Cola, pero siempre, siempre, hay café.

Sobre las condiciones en las que se desarrollan estas comunidades y la relación entre el cultivo del café y la zona de reserva, el ingeniero Ebis del Ihcafe explica que ya están desarrollando proyectos de recuperación de áreas degradadas por la tala o la siembra de granos básicos a través de la implementación de sistemas agroforestales con el café. Ebis explica que la intención no es expandir el cultivo de café sino aprovechar de forma sostenible los recursos. Los sistemas agroforestales a los que se refiere consisten en el acompañamiento del cultivo de café con árboles maderables o frutales que generen sombra y aumenten la cobertura forestal en zonas agrícolas.

«El Merendón tiene 65 comunidades, 44 comunidades son cafetaleras —explica el ingeniero Ebis— entonces hay una población grande de 35,000 habitantes distribuida en esos caseríos, no los podemos ir a desalojar. Ya están viviendo aquí y lo mejor es buscar una estrategia amigable para poder trabajar con ellos no solo en café, también hay otros temas que tratar, como las hortalizas, granos básicos, ganadería, y se trata de encontrar la forma de cómo conectar con todos esos eslabones de una manera más responsable, siguiendo el plan de manejo».

Este objetivo está destinado a las áreas de cultivo de café ubicadas en las zonas de uso restringido, de recuperación y uso sostenible, con el fin de expandir la cobertura forestal de El Merendón, que según el plan de manejo, actualmente se ve sometido a diversos procesos de degradación y ha sido ocupado por la ganadería o la agricultura.

Ebis asegura que el cacao y el café son una buena opción para cuidar algunos entornos, y asegura que en áreas donde otros cultivos han secado las fuentes de agua con la tala del bosque para poder sembrar, con el cultivo de café han establecido sistemas agroforestales y las fuentes de agua se han recuperado. Además, Ebis cuenta que existen productores en la zona que han recuperado hasta 128 manzanas de tierra con el establecimiento de sistemas agroforestales.

Lo cierto es que, según un estudio realizado por el Institute for Water Education de la Unesco, se necesitan aproximadamente 140 litros de agua para producir una taza de café de 125 mililitros, y el establecimiento de estos sistemas agroforestales —como se plantean en el Ihcafe— solo son un paliativo ante la gran huella hídrica que deja el café.
«Manejamos en promedio unas 3,000 manzanas de café en El Merendón, y todas las quisiéramos ver con un sistema agroforestal, todo café bajo sombra, y eso ayudaría mucho a la zona» dijo Ebis.

La finca Miramar es uno de los lugares en la zona de reserva donde ya ha iniciado el proceso de implementación de un sistema agroforestal que, según los técnicos del Ihcafe, se verá reflejado plenamente en 4 o 5 años; sin embargo, David, quien es uno de los dueños de esa finca, dice que el establecimiento de estos sistemas para la protección del medioambiente no es un tema sencillo para la mayoría de los productores de las comunidades de El Merendón.

«La realidad que vivimos en este momento es que no tenemos sistemas adecuados para el procesamiento del café y es muy difícil para un pequeño productor poder acceder a un equipo de beneficiado que pueda separar todos los desperdicios que deja la producción, entonces la actualidad es que la caficultura no está siendo manejada de la mejor manera».

Miramar es una finca modelo de la zona donde su propietario David Hernández trabaja para mejorar su producción y darle valor agregado al café que produce. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Miramar es una finca modelo de la zona donde su propietario David Hernández trabaja para mejorar su producción y darle valor agregado al café que produce. Foto CC/Amílcar Izaguirre

David explica que desde su punto de vista, esta situación no es completamente un problema de los caficultores ya que se requieren grandes inversiones de dinero que tendrían que venir del mismo negocio, que no está siendo rentable, o de créditos bancarios que son casi imposibles; además concluye que, debido a la actual problemática del café, derivada de la baja demanda internacional y la pérdida de mano de obra, la principal preocupación de los caficultores es su subsistencia.


En contraste, el plan de manejo de la zona de reserva manda que todas las fincas de café existentes dentro del área protegida deberán de incorporar prácticas ambientales sostenibles que incluyan técnicas de conservación de suelos, sombra, recuperación de franjas de protección de fuentes agua, reducción del uso de agroquímicos y el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos tanto en la producción (cultivo) como en el procesamiento. Todas estas acciones, dice David, pueden realizarse de forma artesanal, pero podrían ser más efectivas con la maquinaria adecuada. Maquinaria que requiere de ingresos que la mayoría no tiene.


Al preguntarle a David sobre la posible expansión ilegal del cultivo de café y las hortalizas — algo prohibido en el plan de manejo— explica que le preocupa bastante pero que el café no le preocupa tanto porque «quienes van a seguir en el rubro van a ser gente apasionada» debido a los diversos problemas que implica invertir en un sistema de producción tan volátil, sin mano de obra y otras complicaciones. David apunta que le preocupan más los cultivos intensivos de hortalizas porque son más fáciles y rápidos para generar ganancia.


«Aquí en frente de nosotros —explica mientras señala una zona montañosa sin árboles— yo tengo fotos viejas de que estaba más cubierto y solo había bosque virgen.

A pesar de lo dicho por David, el plan de manejo de la zona de reserva El Merendón menciona que mientras el cultivo de café abarca un 4% del total, los cultivos que incluyen hortalizas, granos básicos y pastos llegan a extenderse hasta un 15% del total de la zona. Además, apunta que la reducción del bosque en los últimos años ha aumentado y que solo entre 2016 y 2018 la cobertura de bosque disminuyó en 184.70 hectáreas.


Ahora, lo alarmante es que los datos preliminares para la temporada 2022-2023 van empeorando. Solo en los primeros cuatro meses de la cosecha, las exportaciones ya habían disminuido en un 19% en comparación con el mismo periodo anterior.


Ante la crisis del sector cafetalero, los productores con los que hablamos en El Merendón apuntan a que cambiarán el uso de la tierra y cada vez más buscarán el cultivo de hortalizas.
Por otro lado, el ingeniero Ebis dijo que las hortalizas, frijoles y maíz son cultivos limpios con los que hay que socavar mucho el terreno y usar una gran cantidad de pesticidas, impactando más en la zona. Además, dice que no hay controles tan estrictos con este tipo de productores por lo que muchos botes de plaguicidas tóxicos para el ser humano terminan tirados cerca de las fuentes de agua.


Resultados de estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS), incluidos en el plan de manejo, han determinado que las condiciones de las principales cuencas que abastecen de agua a San Pedro Sula y los municipios aledaños no son las mejores. Además, el documento describe que los niveles de fosfato y amonio están fuera de los rangos normales en todas las microcuencas donde se realizaron los análisis, pero sobre todo, la más afectada es la cuenca de Manchaguala que provee agua a 150 mil habitantes en el municipio de Cofradía.


Finalmente, el ingeniero Juan Lozano, quien es el coordinador del programa de agroforestería, medio ambiente y cambio climático del Ihcafe, asegura que, en lugar de verse como una dificultad la producción de café en una zona protegida, ésta puede ser una oportunidad para los productores que pueden publicitar su café como dedicado a la protección y restauración ambiental y al mismo tiempo se pueden recuperar áreas que fueron degradadas por otros rubros. Todo con la condición de no expandir la frontera agrícola en esas zonas.


«Para mí es una herramienta de marketing, tenemos que garantizar que si producimos en un área sensible también la protegemos […] y pues a ese que consume café y es de espíritu ambientalista se pueden mejorar los precios porque hay mercados que enfatizan la sostenibilidad ambiental».


Juan cuenta que cuando hicieron los análisis de cobertura forestal en otras zonas protegidas del país, por ejemplo, en la montaña Santa Bárbara ubicada en un departamento vecino a El Merendón, vieron que zonas que en 2014 estaban identificadas como cafetales o matorrales, en 2018 eran bosques, pero realmente es que se habían establecido sistemas agroforestales de café bajo sombra.


«Los sistemas agroforestales en el café son una de las estrategias más fuertes para poder restaurar áreas y hacerlas más vendibles, hasta en el Instituto de Conservación Forestal (ICF) tuvo que incluirla como herramienta de restauración de ecosistemas. Si se guía de forma correcta puede ser altamente productivo y altamente sostenible» concluye Juan.


Sin embargo, el uso agrícola no es el único peligro para la cordillera de El Merendón. En 2013, el Congreso Nacional aprobó la propuesta del diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, sobre reducir los límites de construcción en zonas que pertenecen a la cordillera.


El área protegida Zona de Reserva El Merendón, de acuerdo con el Decreto 46-90, poseía una extensión de 39,976.71 hectáreas y de acuerdo con las modificaciones establecidas en el Decreto 334-2013, ahora posee una superficie de 37,377.66 hectáreas, presentando una reducción de 2,599.05 hectáreas de las que 1,575.79 corresponden al área que se redujo de la reserva y el resto se encuentra en el área de traslape con la zona núcleo del Parque Nacional Cusuco.


La reducción de esta zona permitió la instalación del proyecto urbanístico «Ciudad Jaraguá», que planea construirse justo en los límites de la reserva, pero que, según un expediente otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), ya ha violentado esos límites e incluso una inspección en 2019 comprobó la construcción de un muro de casi un kilómetro dentro de los límites de la zona protegida.


Cuando en enero de 2023 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a nueve personas por la supuesta construcción fraudulenta de ese mismo proyecto, Contracorriente consultó a Clariza Vega Molina, abogada exfiscal del Medio Ambiente y fundadora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), quien aseguró que hubo mala intención al aprobar la reforma para mover la cota 200, para beneficio de grupos de interés como políticos y económicos.


«Aunque la reforma exista, hay leyes y principios que están sobre esta reforma, por lo tanto no se debió aprobar esos permisos, porque aunque estén debajo de la cota 200 hay una ley superior que es la Constitución de la República donde se declara el derecho al agua como un derecho fundamental de los seres humanos, y lo que se persigue es mantener las fuentes de agua para abastecer a la población de San Pedro Sula» argumentó Clariza.

La cosecha de hortalizas es otra de las actividades fuertes en la zona de El Merendón, aunque a diferencia de la producción de café, las hortalizas se producen en menos tiempo y se siembra a campo abierto Foto CC/Amílcar Izaguirre
La cosecha de hortalizas es otra de las actividades fuertes en la zona de El Merendón, aunque a diferencia de la producción de café, las hortalizas se producen en menos tiempo y se siembra a campo abierto Foto CC/Amílcar Izaguirre

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En el extremo más bajo de la cadena del café —en la escala más elemental y cercana a la tierra— se encuentra Dunia, una mujer de 40 años que en pleno marzo trabaja como cortadora de café en la finca Miramar. A su lado, acompañándola con inocencia pero también con responsabilidad laboriosa, está uno de sus tres hijos, el pequeño Samuel de tan solo 6 años.

Son casi las dos de la tarde y ambos cargan en la cintura una canasta que van llenando con las «uvas» que son los frutos maduros del café. Mientras tanto, Dunia comenta que desde hace ocho años, en los periodos de corte, se dedica a trabajar en las fincas de El Merendón y ahora lo hace en Miramar porque es la más cercana a su casa.

Dunia cuenta que si llega temprano a la finca puede hacer entre 9 y 10 latas de café que le pagan a 70 lempiras cada una. Esa será su rutina hasta que en mayo termine el periodo de corte y se dedique a trabajar en casa cuidando a sus hijos, encargándose de las labores del hogar y, en ocasiones, elaborando pan, montucas y tamales para vender y aportar a los ingresos familiares.

Después de la escuela, este niño ayuda a su madre a cortar café en la Finca Miramar en la Aldea El Gallito Merendón, San Pedro Sula, Cortés. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Después de la escuela, este niño ayuda a su madre a cortar café en la Finca Miramar en la Aldea El Gallito Merendón, San Pedro Sula, Cortés. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Ella asegura que le gusta el trabajo de cortar café y que además le encanta el café como bebida y que si no fuese de esa forma no trabajaría cortándolo.

«Compramos un quintal de café por año, el café que nosotros tomamos yo lo arreglo, yo lo tuesto y lo muelo».

Además, explica que con su esposo tenían hace unos años una pequeña finca de café que finalmente vendieron porque «no daba mucho», no era rentable, y piensa que ahora sería peor con los insumos que están carísimos.

Tras vender la finca de café, el esposo de Dunia se dedicó a sembrar hortalizas, un cultivo con el que podía generar ganancias más rápido; sin embargo, con el tiempo también ha dejado de ser rentable, ya que el abono y las semillas están muy caras y, sumado a eso, es difícil encontrar mano de obra.

Ahora el esposo de Dunia trabaja en la finca Miramar apoyando al ingeniero David durante todo el año en el proceso de producción completo.

En las montañas del Merendón en Honduras, el café es más que un producto, es un estilo de vida y un legado transmitido de generación en generación. A pesar de las dificultades y las limitaciones en las opciones de trabajo, la pasión y la dedicación son los motores que impulsan a aquellos que se dedican a su cultivo y producción. Pero este café termina en las tazas de personas que lo compran a precios que en Honduras serían inaccesibles.

Honduras es uno de los principales exportadores de café a dos de los mercados más grandes de consumo de café en el mundo: Alemania y los Estados Unidos. El gobierno anunció que pronto iniciaría la exportación a China, uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial donde el consumo de café se triplicó entre 2016 y 2020, según reportes de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.

Según informes del Ihcafe, en el periodo 2020-2021 Honduras exportó 1,896 quintales a los Estados Unidos, siendo el principal destino del café hondureño en el mundo; el segundo fue Alemania a donde se enviaron 1,842 quintales de café verde.

Resulta que Alemania, a pesar de no ser un país productor de café, está obteniendo mayores ingresos brutos por la exportación de café de Honduras. Este país europeo importa café verde o sin tostar de países latinoamericanos como Honduras y, gracias a su gran industria de tostado y procesamiento, actualmente ocupa el cuarto lugar entre los países con mayores ingresos por la exportación a nivel mundial de café en sus diferentes presentaciones con casi 3 mil millones de dólares. En comparación, en Honduras —donde parece que se sufre mucho la producción de café— solo se obtienen unos 1,350 millones de dólares.

Específicamente, como compradores finales del café hondureño, también se encuentran algunas de las marcas más reconocidas en el mundo como Nestlé y Starbucks. Entre 2020 y 2021, NESTLE FOODS LTD. —segundo mayor comprador final— adquirió más de 613 mil quintales de café verde a la industria hondureña por un valor de casi 92.3 millones de dólares, mientras que STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY —séptimo mayor comprador final— trató 211 mil quintales por 32.8 millones de dólares.

Entre los 10 principales compradores del café hondureño, solamente Nestlé anunció una campaña de reforestación para las zonas cafetaleras y bosques protegidos entre los que podría entrar El Merendón; sin embargo, hasta el momento no hay intervención de ellos en la zona.

El ingeniero Juan Lozano del Ihcafe, que le ha dado seguimiento a este tema, confirma que hasta lo que él sabe solo esta marca se ha proyectado de esa forma, pero asegura que el resto también deberían de hacerlo ya que son responsables de las consecuencias que puede tener el cultivo en el país, sobre todo si son los mayores beneficiarios en la cadena de producción.

«¿Quién es el responsable del impacto ambiental? El que se quedó con el grano al final y lo vendió o el daño tiene que cuantificarse por cada parte que va pasando ese grano: el productor, el que lo procesó, la exportadora y el consumidor final. Al final, las empresas deben garantizarnos que lo que consumimos no genera tanto daño al ambiente» explica Juan.

Además, apunta que, en el caso de Nestlé, están haciéndolo porque quieren mitigar los daños ambientales que ya están generando y debería existir un mecanismo preventivo.
«Lo otro es ¿pagan el precio justo a nuestro productor? Considero yo y eso a mí criterio personal que en nuestro país la distribución y el pago del café no está regulado y algunos se quedan más dinero. Al final, el que se mata más, es el que recibe menos.

Después de ser despulpado y lavado en pilas de concreto el café pasa a los patios donde se comienza el proceso de secado. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Después de ser despulpado y lavado en pilas de concreto el café pasa a los patios donde se comienza el proceso de secado. Foto CC/Amílcar Izaguirre

Don Alexis apunta que quienes podrán sobrevivir a la crisis en la zona serán los productores que tengan otras inversiones, pero que la mayoría de los pequeños que representan el 95% del rubro en la zona están en grave riesgo.

«No tienen suficientes ingresos, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Pues no van a poder fertilizar y donde se producían 10 quintales ahora se producirán 5 […] vamos a llegar a un problema y ya no se va a generar suficiente divisa en el país. La gente se irá para Estados Unidos y luego aquí la familia se va a acomodar, ya no van a trabajar y por eso no hay mano de obra; además, estamos cerquita de San Pedro Sula y la gente dice “no me ando mojando” porque hay mucha lluvia en tiempo de cosecha y mejor trabajo en la ciudad».

Don Alexis cuenta que él ha invertido en otros negocios por lo que su problema es menor, y sigue en el rubro porque tiene pasión por el cultivo.

«Yo soy feliz viendo cómo las plantas florecen cuando están madurando, porque a nosotros nos cuesta. Son dos años para producir algo un poco rentable por eso los productores vivimos apasionados por el café».

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La encargada del Instituto de Conservación Forestal (ICF) para atender la zona protegida de El Merendón es la bióloga Sandra María Sánchez, quien explica que el enfoque de esta dependencia del Poder Ejecutivo sobre esta zona es llevar de forma paralela la conservación y la productividad.

Los productores con los que hablamos en El Merendón desconocen quién o cómo se está proyectando el ICF en la zona e incluso aseguran que el personal encargado de la zona no se encuentra en San Pedro Sula. Sin embargo, Sánchez sí atiende en la oficina regional de esta institución en esa ciudad.

Sánchez asegura que en El Merendón hay una economía fuerte que se ve reflejada, por ejemplo, en los carros de trabajo que transportan a los cortadores de café todas las mañanas.

«Nosotros en la institucionalidad no hablamos de una conservación absoluta, es decir, con romanticismo. Nosotros sabemos que la conservación y la productividad tienen que ir de la mano y nuestros principales aliados dentro de las comunidades son las comunidades porque la verdadera conservación va a emanar de ellos. Si las comunidades no sienten ese amor y esa apropiación y ese sentido de vivir los medios de vida, no se estaría haciendo nada.

Sánchez explica que la evidencia que ellas tienen es que los sistemas productivos de café y sistemas agroforestales promueven y mantienen la diversidad, cuya evidencia se encuentra en Brasil, Costa Rica y Colombia.

«No hay una publicación que ponga en detrimento este sistema productivo, realmente estamos hablando de conservar y producir; estamos hablando de mantener la biodiversidad activa dentro de esos sistemas productivos. Tenemos la cajita de Pandora en estas zonas, ahora le vemos como más de preocupación porque no expandimos nuestra mente o seguimos encasillados en todos esos sistemas de tradición de conservar para conservar. Hay que innovar, y tiene que ir desde que las acciones de conservación y las acciones productivas vayan de la mano».

En su finca, José ha iniciado también un sistema agroforestal, en parte porque ha escuchado que los compradores también están interesados en que se cuide el ambiente.

«Yo miro a los niños chiquitos y pienso que cuando ese niño este grande ¿cómo va a estar el mundo y los climas? Seguro no va a haber agua, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito había quebradas y hoy no hay nada».

Finalmente, José dice que no tiene un tiempo establecido en términos de ganancias o rentabilidad, y asegura que seguirá adelante porque el amor por este grano lo impulsa. Hasta el momento, ni tormentas, sequías, plagas ni decepciones lo han logrado apartar completamente del cultivo.

David y Alexis, conversan sobre la temporada de floración del café. En la zona de El Merendón existen diferentes microclimas y esto permite que algunas fincas florezcan primero que otras. Foto CC/Amílcar Izaguirre
David y Alexis, conversan sobre la temporada de floración del café. En la zona de El Merendón existen diferentes microclimas y esto permite que algunas fincas florezcan primero que otras. Foto CC/Amílcar Izaguirre

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«Tenemos fe de sacar un café de calidad y conseguir un buen comprador, tenemos la fe porque el café es una cosa que le gusta a uno entonces no puede alejarse del todo, aunque la situación sea mala. De repente suben los precios y uno siente que le genera ganancia, porque, como dicen, las esperanzas no llenan, pero mantienen» explica José Ángel al terminar aquella conversación en la mesa de su casa.

Y es que el hecho de que el café hondureño sea comprado según los precios que en ese momento están fluctuando en la bolsa de valores de Nueva York, siempre ha sido un problema, sumado a otros como la migración.

Sobre esto José explica que ha perdido cosechas y fincas de hasta nueve manzanas porque no encontró suficientes cortadores, entonces al final era mejor dejar perder todo si no iba a sacar ningún tipo de ganancia. Y así dice que hay muchos otros productores a quienes les ha pasado lo mismo.

Mientras los productores se encuentran en esa situación, dice José que las autoridades gubernamentales no muestran interés.

«Aquí el gobierno no sabe quiénes somos nosotros y que pagamos los impuestos para que ellos estén felices, tomando Café Oro, tomando basura».

José se refiere a una marca popular en Honduras de café que en la industria es mezclado con otro tipo de semillas y desperdicios de café. Este tipo de café era el más consumido en la mayoría de los hogares hondureños hasta hace algunos años.

Así como lo describe José, hay otros productores en El Merendón que se encuentran en esa situación precaria, por ejemplo, don Alexis, un caficultor con más de 20 años en la zona que asegura que es difícil que haya otras instancias de la cadena que mejoren los precios. Se refiere a los intermediarios y los exportadores a quienes acusa de no entender lo que cuesta cultivar café por lo que no les importan los problemas del productor.

El café de don Alexis tiene un sabor fuerte con toques cítricos y frutales, y asegura que en su casa se sirve lo mejor de la producción en comparación con tiempos anteriores donde dejaban lo peor que se sacaba de la finca para tomar en sus hogares.

Los recolectores de café cortan la fruta que está bien madura, esta práctica permite obtener un producto de mejor calidad. Foto CC/Amílcar Izaguirre
Los recolectores de café cortan la fruta que está bien madura, esta práctica permite obtener un producto de mejor calidad. Foto CC/Amílcar Izaguirre

El proceso para escoger al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto comenzó el pasado lunes 8 de mayo con la convocatoria a los sectores que deberán proponer una lista de cinco candidatos al Congreso Nacional. Pero ya hay denuncias sobre acuerdos políticos en el Congreso Nacional. Lo más preocupante es que, frente al temor existente, no existe ninguna ley especial que permita conocer de antemano los plazos y garantizar la transparencia ni la publicidad del proceso. Lo anterior genera escepticismo en varios sectores que deben integrar la Junta Proponente que, a pesar de que el lunes 22 vence el plazo para completarla, todavía hay sectores que no han nombrado a sus representantes. Expertos afirman que esta elección será crucial para la instalación o no de una CICIH por parte de Naciones Unidas.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera

El pasado 8 de mayo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, convocó a cinco sectores, entre organizaciones e instituciones del Estado de Honduras, para conformar la Junta Proponente del proceso de selección de candidatos y candidatas a Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028.

La magistrada presidenta Rebeca Raquel, quien de acuerdo al artículo 22 de la Ley del Ministerio Público ostenta la presidencia de la Junta Proponente, convocó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a las universidades privadas, al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a las organizaciones de sociedad civil. Asimismo, hizo un llamado al pleno de la CSJ para que designe al representante del Poder Judicial.

Hasta ahora se ha conocido que el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, declinó su participación en el proceso para integrar la Junta Proponente argumentando que «ya hay componendas políticas» para escoger al Fiscal General y al Fiscal Adjunto. Además explicó que existen consensos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal y que su presencia en la Junta Proponente amenaza intereses específicos del Partido Liberal.

Ante el retiro de Rafael Canales, la Junta Directiva del CAH nombró a Alejandro Hernández como su representante mientras que el pleno de la CSJ escogió al magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Las autoridades de la UNAH explicaron que harán público a su representante el próximo lunes 22, el último día para realizar las acreditaciones en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. El plazo para conformar la Junta Proponente es la medianoche del próximo lunes. Las universidades privadas, el Conadeh y la sociedad civil aún no han hecho público quién será su representante.

La abogada Úrsula Indacochea, directora de independencia judicial para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), dijo a Contracorriente en un Twitter Space que la elección del Fiscal General tendrá un impacto crucial en las negociaciones entre Honduras y las Naciones Unidas para el establecimiento, o no, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

«Creo que si hay un factor que puede ser determinante en que Naciones Unidas decida seguir adelante o no, con este apoyo, es la elección del Fiscal General, ¡sin duda!, y además creo que, no sé si ya ocurrió, pero en estos días está yendo para Honduras una misión de las Naciones Unidas que va a evaluar si existen las condiciones necesarias para establecer una CICIH y definitivamente y, sin duda alguna, los pasos que se van dando para la elección del Fiscal General va a ser algo que los miembros de esta misión van a reportar a su sede en Nueva York, definitivamente», afirmó Úrsula.

Había un «pacto secreto» para escoger al Fiscal General, pero se vino abajo

Los diputados de la Junta Directiva del Congreso Nacional en una sesión ordinaria. Foto CC/Fernando Destephen
Los diputados de la Junta Directiva del Congreso Nacional en una sesión ordinaria. Foto CC/Fernando Destephen

El diputado del Partido Libre, Manuel Rodríguez, dijo a varios medios de comunicación que a inicios de este año, cuando se estaban haciendo las negociaciones en el Congreso Nacional para elegir a la Corte Suprema de Justicia, se hizo un pacto para escoger al próximo Fiscal General. Según Rodríguez, el acuerdo era que el próximo fiscal fuera militante del Partido Liberal y cercano al Partido Libre.

«Aquí el Fiscal General lo elige el Congreso y ahí son políticos los que hay, ahí no hay monjas, no hay curas, son políticos los que hay, entonces se había llegado a un entendimiento para darle el Fiscal General al Partido Liberal y se iba a crear un fiscal adjunto más para dárselo al Partido Nacional. Y el Partido Libre se iba a quedar con el Fiscal Adjunto y el Director de Fiscales, pero a raíz de que se está volviendo tortuoso legislar en el Congreso se cayó todo», reveló Rodríguez a Radio América, quien dijo que ahora lo que hay es incertidumbre porque el Partido Libre apenas cuenta con 50 votos.

Rodríguez dijo que si las cosas se complican, tendrán que recurrir a la consulta ciudadana para escoger al Fiscal General. «Es sencillo, se va a convocar al pueblo para elegir al Fiscal General, el pueblo entonces lo elegirá. Casi no se usa esa figura de plebiscito y referéndum, pero la presidenta, si la arrinconan tanto, va a gobernar con el pueblo. Ya en Centroamérica lo han hecho, lo hizo Nayib Bukele en su momento».

Sobre esto, Yani Rosenthal contestó a Rodríguez a través de la misma cadena radial y aseguró que es falso lo expresado por el diputado del Partido Libre y que eso ya fue descartado por el propio jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento. «Serían ineptos los del Partido Libre ceder al Fiscal General cuando están a punto de obtenerlo y es parte de sus objetivos».

«Es claro que ellos [el Partido Libre] tienen una intención muy definida de controlar todos los operadores de justicia y jamás van a ceder la Fiscalía General, entonces, solo a simple vista es obvio que eso es imposible. En febrero, cuando nosotros llegamos a la elección de la CSJ, se suscribió un convenio que fue público y ahí no hay acuerdos secretos», manifestó Rosenthal.

El fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Contracorriente que es lamentable que escuchen versiones de que ya está todo pactado en el Congreso Nacional para elegir al Fiscal General cuando todavía no está ni integrada la Junta Proponente.

«Lo que hacen ese tipo de discursos es desmotivar a las personas que quieren participar en el proceso. Yo soy el primero, si me preguntan si quiero participar en un proceso, yo no lo haría si ya se sabe quién va a ser un Fiscal General, ¿qué sentido tiene un proceso donde ya se sabe quién va a ser el candidato? La otra manera sería participar para denunciar todas esas cuestiones que a veces quedan en la oscuridad», expuso Luis Javier Santos.

El fiscal agregó que, a su juicio, la lentitud en el nombramiento de representantes para la Junta Proponente obedece al escepticismo: «no existe como el ambiente de que este va a ser un proceso realmente transparente, creo que eso es lo que está impidiendo y lo que está tardando en que estas organizaciones puedan nombrar a sus representantes».

Sobre la posibilidad de agregar otro fiscal adjunto y elevar a rango constitucional al Director de Fiscales, Luis Javier Santos mencionó que para todo eso se requiere la reforma a la ley y a la Constitución de la República.

«Entonces eso es imposible, pero en Honduras no hay nada imposible. La ley y la Constitución no hablan de magistrados suplentes [en el caso de la CSJ actual] y tenemos magistrados suplentes. Otro ejemplo es que en el Tribunal Superior de Cuentas existe un tribunal que tiene que ratificar los informes y han salido informes que no han sido ratificados por el pleno. Entonces cualquier cosa puede pasar», dijo.

Luis Javier Santos añadió que el legado que deja el Ministerio Público saliente es la lección de que en Honduras hay algunos sectores que son intocables, aunque aparezcan en algunas investigaciones del Ministerio Público. «Una razón puede ser por la cobardía de algunos que están llevando las investigaciones y otra es porque para llevar a esos individuos a los tribunales se necesita el apoyo institucional y se necesita también un poder judicial fortalecido para que los imputados no solo lleguen a los tribunales y queden en libertad, y luego los fiscales quedan expuestos y con otro enemigo más dentro de la sociedad».

El fiscal jefe de la UFERCO concluyó que el Ministerio Público debe trabajar de forma independiente, no prestarse para ningún programa político, sino que debe combatir la criminalidad, sin sesgos políticos y solamente buscando que se aplique la justicia y que se deduzca la responsabilidad a quien ha incurrido en algún hecho delictivo».

A elegir al Fiscal General sin una ley especial que rija el proceso

Sesión ordinaria del Congreso Nacional en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Sesión ordinaria del Congreso Nacional en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

El proceso para la elegir al Fiscal General tiene más debilidades normativas que el anterior proceso para elegir a los 15 magistrados de la CSJ, pues no se aprobó ninguna ley que establezca un proceso claro para la Junta Proponente, lo que impide por ahora conocer las fases en las que se apliquen principios de publicidad, transparencia, entre otros.

Osiris Payes, abogada y asesora en transparencia del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), dijo a Contracorriente que, si analizamos la reglamentación disponible, en la Ley del Ministerio Público apenas dos artículos hablan sobre el proceso para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Agregó que, por otro lado, la Constitución solo tiene un artículo sobre este proceso.

Osiris Payes añadió que ante la falta de normativas claras para garantizar transparencia, la única salida que queda es que esa Junta Proponente elabore un reglamento que contenga altos estándares como la publicidad, la transparencia, la independencia, la meritocracia y todas las normas internacionales que ha recomendado las Naciones Unidas.

Payes recordó que un informe de relatoría de Naciones Unidas fue el que motivó la creación de una Ley para la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la CSJ.

Osiris explicó que en el pasado los procesos para elegir al Fiscal General estuvieron cargados de opacidad. «En estos procesos históricamente tenemos como antecedentes que solo postularon 25 participantes, es un número muy bajo, y eso tiene que ver con la poca confianza que se tiene en esta elección del fiscal. Recordemos que la Junta Proponente tiene que remitir una nómina de 5 postulantes al Congreso Nacional».

Payes recordó que la Junta Proponente de 2018 fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la sociedad civil presentó una denuncia y el sustento era que en ese proceso —en el que Óscar Chinchilla fue reelecto de forma arbitraria— hubo falta de claridad en las reglas. «Fue tanta la importancia de ese proceso que la CIDH convocó a audiencia pública al Estado y a las organizaciones de sociedad civil».

¿Qué se espera en los próximos días en el proceso para elegir al Fiscal General?

Luis Daniel León, Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), indicó a Contracorriente que una vez que estén todos los integrantes de la Junta Proponente, se iniciará el proceso de reunión de la Junta que la preside Rebeca Ráquel y ellos deberán definir el cronograma y la metodología de evaluación de los candidatos.

«Lo que sí es claro es que para el mes de julio debe de estar una lista de al menos cinco candidatos para que se puedan elegir dos [Fiscal General y Fiscal Adjunto], a mí lo que me preocupa es que se ha iniciado tarde la convocatoria y que, dicho sea de paso, parece que se va a tardar un poco más», expuso León.

León dijo que a estas alturas ya no se puede crear una ley especial para regir el proceso de elección de Fiscal General. Esto es importante, sobre todo tomando en cuenta que en el proceso en el que se eligió a los 15 magistrados de la Corte, los sectores que integraron la Junta Nominadora no pudieron nominar candidatos, sino que se limitaron a recibir autopostulaciones porque así lo determinó la ley.

«Si quisiesen hacer lo mismo que con la Junta Nominadora deberían hacer una reforma a la ley del Ministerio Público, pero creo que no da el tiempo ya para eso, entonces estoy viendo que las organizaciones que van a postular candidatos lo harán con cierto número de favorecidos políticamente; no puedo decir que ya los eligieron, pero sí puedo decir que están perfilado quiénes son los posibles candidatos y candidatas para empezar una componenda política».

León fue claro al manifestar que, aunque exista el deseo de un sistema de selección basado en la meritocracia, en capacidades, transparente y competitivo, la realidad dista de eso, porque para este cargo hay un gran interés político y seguramente los que se elijan va a ser por ese por esas razones.

«Lo que me preocupa es que [para elegir la CSJ] no era tan difícil dividir 15 cargos entre tres partidos políticos; el problema es que ahora hay que elegir dos entre tres. Entonces si no hay un buen diálogo, un buen acuerdo, seguramente va a generarse un conflicto y yo creo que más conflictos para el pueblo hondureño es más desgaste, más desgaste, más división, así que el panorama tampoco es tan alentador», expuso León.

León también ve un problema para que la sociedad civil elija a su representante: «la sociedad civil tiene que ir a asamblea, recuerde usted que ahí hay un tema que arreglar, porque para la elección anterior se hizo un arreglo transitorio a la ley, de que el representante de sociedad civil era un grupo de organizaciones específico; ahora se están hablando de asambleas y convocar una asamblea de sociedad civil no es fácil, así es que creo que vamos a llegar un poco dilatados al proceso inicial y ya estamos contra el tiempo».

Sobre la posibilidad de que el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal y el Partido Nacional alcancen acuerdos para manejar conjuntamente el Ministerio Público, León dijo que «ya había habido un ejercicio de esto a lo largo de todos estos años, el primero con la elección de los tres comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), un segundo con la Unidad de Política Limpia, un tercero el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y el último fue la elección de la CSJ».

«Tenemos que tener los pies sobre la tierra de que estamos viviendo sobre un tripartidismo consolidado y que ese tripartidismo va buscar llegar a acuerdos de una u otra manera en cualquiera de los temas» dijo Luis Daniel León.

León aseguró que pensar en una modificación para un segundo Fiscal Adjunto está a destiempo, porque es un tema constitucional y requiere ratificación; por ende, no se puede, y la elección hay que hacerla en dos meses. Tampoco cree posible elevar al Coordinador de Fiscales a rango constitucional «Porque también se requiere ratificación, pero si se pudiese hacer como transitorio, le quita la cobertura al Fiscal General. Al final quien haría la investigación directamente y sin pedir permiso sería el Coordinador de Fiscales, entonces, políticamente no serviría tener a un Fiscal General y a un Adjunto que no manden», expuso León.

Por esa razón, León dijo que dos de los tres partidos políticos van a tener que ponerse de acuerdo para elegir al Fiscal y ahí es donde vendrá un problema. «Los Libres proponían a los liberales una alianza, y claro, esa alianza iba a ayudar a tener un Fiscal General conjunto entre ellos y ahora se siente que los liberales están más cerca de los nacionalistas, entonces hay más posibilidades de que el fiscal sea de la oposición que del oficialismo ¿y qué pasa si el oficialismo no tiene un fiscal? que vamos a tener una crisis».

Finalmente, León manifestó que la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) dependerá en gran medida de la percepción de independencia que haya sobre el Fiscal General, así como sobre los magistrados de la CSJ.

Un día después de que se dio una masiva marcha en Choluteca en contra de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, comenzaron las convocatorias a plantones de militantes de Libertad y Refundación (Libre) en apoyo a la aprobación de dicha normativa. Mientras tanto, un halo de opacidad rodea la discusión y socialización de esa ley.

Fotografía y Texto: Fernando Destephen

El 09 de mayo en Choluteca —zona sur de Honduras— se organizó una movilización en contra de la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, la primera manifestación masiva en contra de la propuesta, la cual que se ha estado socializando en el Congreso Nacional con diversos sectores en medio de confrontaciones con los empresarios representados en su mayoría por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La manifestación en Choluteca fue considerada pacífica pues no se cerraron calles, tuvo permiso de la alcaldía municipal, no ocupó más de una hora el parque central de Choluteca y no fue necesaria la intervención de la Policía Nacional que cuenta con un «protocolo especial» para desalojar las protestas que bloquean las calles durante varias horas.

Sin embargo, el Ejecutivo vio esa protesta como una amenaza y respondió convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad «para impulsar una estrategia de combate, investigación y sanción de conductas señaladas como peligrosas para el Estado hondureño. En concreto, la Presidenta Xiomara Castro apuntó a la marcha que ocurrió en Choluteca en contra de una ley propuesta por su Gobierno».

En Choluteca no se volvió a organizar ninguna manifestación, pero en el Distrito Central sí. Fueron militantes de Libertad y Refundación (Libre) quienes convocaron a plantones en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria en los bajos del Congreso Nacional y en la plaza César Castellanos, ubicada en el bulevar Juan Pablo II, y frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los dos últimos son sitios estratégicos en donde usualmente periodistas cubren importantes temas noticiosos.

Consultado sobre los plantones en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria, el delegado presidencial para el Poder Popular, Sergio Rivera, quien estuvo presente en esos plantones, dijo que «estamos desarrollando actividades con el mero pueblo, con organizaciones populares y organizaciones territoriales porque hay una fuerte campaña mediática de los voceros de la oligarquía, diciéndole mentiras a la población».

Rivera se refirió a los comentarios de parte de sectores en contra de la ley, por ejemplo, que se van a gravar las remesas o que se perderán hasta quinientos mil empleos. Rivera agregó que «lo único que esperamos es que la gente que nunca ha pagado impuestos los pague, eso es todo, y que esos impuestos sean utilizados para obras públicas».

Rivera explicó que los plantones son «orgánicos», es decir, de gente organizada en territorios, «el pueblo respalda el gobierno porque es el pueblo el que puso a este gobierno y no lo podemos dejar solo» puntualizó.

En referencia a la movilización en Choluteca, Rivera dijo que fue «una marcha forzada, con amenazas de perder empleos y financiada por Quintín Soriano y por los dueños de las camaroneras».

A las confrontaciones por el proyecto de ley se sumó la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, que en conferencia de prensa el 16 de mayo por la tarde, después de la reunión de socialización que tuvieron con la comisión, hicieron observaciones sobre el proyecto de ley.

El Partido Nacional se quejó del poco tiempo para poder abarcar una ley tan extensa e hicieron doce recomendaciones directas, según reveló Nelson Marquez, diputado y subjefe de bancada nacionalista.

Miembros del Poder Popular se manifiestan en la plaza del Congreso Nacional en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria. Foto CC/Fernando Destephen.
Miembros del Poder Popular se manifiestan en la plaza del Congreso Nacional en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria. Foto CC/Fernando Destephen.

Marco Midence, diputado nacionalista y exministro de finanzas, expresó que su partido está en contra de que se afecten empleos ya que, de acuerdo con su análisis, serian unos 188 mil empleos directos los que se perderían en las empresas dedicadas a la exportación. «Estamos en contra de que se afecten empleos» expresó Midence.

«Aquí no estamos a favor de un sector económico, estamos a favor del pueblo, estamos a favor de controles […] estamos a favor de que se tope a los que no han cumplido», expresó Midence en conferencia de prensa.

Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, reiteró que como bancada están a favor de que se apliquen controles a los que han utilizado de forma indebida los regímenes disponibles.

La conferencia de prensa del Partido Nacional coincidió con un plantón convocado por el Poder Popular en los bajos del Congreso Nacional. Ahí, los dos grupos midieron sus fuerzas, unos a favor y otros en contra.

Ese mismo día, Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), avivó más la división cuando llegó al Congreso Nacional y expuso con vehemencia casos de irregularidades en los regímenes actuales; además, señaló que «40 decretos fueron aprobados después del Golpe de Estado en 2009 para empresas con privilegios fiscales. Entre estos se encuentra la Ley Orgánica de las ZEDE». Continuó dirigiéndose al pleno mientras los diputados nacionalistas gritaban y abandonaban la cámara legislativa.

El Congreso Nacional buscó derogar el decreto 93-2021 a media noche, sin suficiente socialización y sin explicar que eliminarlo reactivaría los artículos 28 y el 153 del Código Penal que criminalizan a la prensa y contemplan responsabilidades penales para dueños de medios de comunicación y periodistas. Algunas bancadas están de acuerdo con eliminar el decreto 93-2021 ya que efectivamente este ha servido para absolver y proteger a lavadores de activos; sin embargo, solicitan que, si se deroga, se eliminen algunos artículos del Código Penal, como es el caso de la penalización contra los medios de comunicación.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera

Entre la noche del jueves 11 de mayo y madrugada del viernes, se introdujo en el Congreso Nacional un dictamen para derogar los decretos 93-2021 y 57-2020. Se intentó someterlos a discusión sin el conocimiento suficiente de todas las bancadas y en un solo debate.

La posible derogación del decreto 93-2021 –publicado a finales de 2021–, reactivaría los artículos 2 y 153 que ese decreto había suprimido, reactivando la criminalización de la prensa y la responsabilidad penal de los dueños de medios de comunicación y periodistas.

«Derogar los artículos 28 y 153 del Decreto No.130-2017 de fecha 18 de enero de 2018, que contiene el Código Penal, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo de 2019», indica el artículo 2 del decreto 93-2021 que busca ser derogado.

Artículo 28 (derogado) del Código Penal que se reactivaría:

RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN.
En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices.
Los que sean autores sólo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente:
a) Quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo;
b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda;
c) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora; y.
d) Los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión.
Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior.

El artículo 28 del Código Penal no sólo responsabiliza a los redactores de una nota o a los creadores de una producción periodística sino también a los directores del programa o medio en el que se difunda, la empresa del medio de comunicación y los directores del medio o la empresa. En este sentido, el artículo 153 de esta misma legislación manda a castigar con penas a los autores de «delitos cometidos a través de medios de difusión».
Hay dos antecedentes importantes para entender la importancia del decreto 93-2021. El primero es que cuando entró en vigencia el nuevo Código Penal, en junio de 2020, además de que éste amenazara severamente la libertad de expresión a través de los artículos 28 y 153, reducía las penas para los delitos de crimen organizado y corrupción.
El segundo antecedente es que cuando se publicó el decreto 93-2021, este reformó la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y también el Código Penal y además se limitaron las actuaciones del Ministerio Público beneficiando a corruptos y lavadores de activos.

Aún no existe consenso en el Congreso Nacional para derogar el decreto 93-2021, ni tampoco el decreto 57-2020 (el cual impide al Ministerio Público el secuestro de documentos para investigar a personas involucradas en casos de corrupción) ni el 116-2019 (el Fondo Departamental que asigna fondos públicos para proyectos sociales y que ha sido utilizado para fines clientelistas).

Hay un buen número de congresistas que sí están de acuerdo en derogar los decretos anteriores aduciendo que hacerlo es es de vital importancia porque con esto regresarán facultades investigativas al Ministerio Público, se eliminará el Fondo Departamental para proyectos sociales y se permitirá anular artículos del Código Penal y de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que se reformaron para blindar a corruptos y lavadores de activos.

Sin embargo, algunos congresistas son del criterio de que, primero, debe garantizarse que se respetará la libertad de prensa y la libertad de expresión. «En el dictamen se está derogando una figura penal y la interpretación que se estaba dando en el dictamen es que, al derogar el decreto vigente, se volvía al anterior, y eso es una posición errónea, ya que toca construir figuras. Por eso es que nosotros estamos impulsando que se verifique y se deroguen artículos del Código Penal vigente», indicó Jhosy Toscano, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Toscano también apuntó que, si se deroga en su totalidad este decreto y no se toma en consideración la petición del Partido Salvador de Honduras (PSH) de derogar artículos del Código Penal simultáneamente, se estaría atentando contra la libertad de prensa y de pensamiento. La bancada del Partido Liberal tiene una postura similar y en su cuenta de twitter advirtieron que «se requiere mayor discusión para derogar estos decretos porque hay otros aspectos que deben analizarse».

Para la periodista hondureña, Thelma Mejía, la «intentona» de aprobar este decreto y restituir el decreto 28 del Código Penal en la noche del 11 de mayo responde a la intención de querer criminalizar aún más a la libertad de expresión en Honduras. «Esto es solo un indicativo que viene a reafirmar que el tema de la libertad de expresión y su ejercicio en Honduras sigue siendo de alto riesgo, y que la prensa, quien es la que fiscaliza el poder, sigue siendo incómoda», indicó la periodista.

En este sentido, Mejía recordó el último ranking de medición de Reporteros Sin Fronteras, en el cual Honduras cayó cuatro escalones, pasando del lugar 165 al 169. Esta caída también se observó en los demás países de la región.

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«En Honduras se cumplen todos los ciclos de libertad de expresión –continúa diciendo Mejía–, hay leyes que criminalizan a la prensa, juicios contra periodistas, amenazas, agresiones, atentados, ha habido cierre de medios, y la ultima espiral que es el asesinato a periodsitas».

Además, la periodista señala que aunque se haya logrado detener la aprobación de este dictamen, que implicaría la restitución de un artículo que amenaza la libertad de prensa, el Estado aún tiene una deuda con la prensa: despenalizar los delitos contra el honor. Thelma Mejía también recordó las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Una de ellas es la preocupación sobre el acceso a la información pública al negar información considerada de seguridad nacional, las campañas de descrédito de voceros gubernamentales contra la prensa y la negativa al acreditar a la prensa en distintas instituciones del Estado como Casa Presidencial y el Congreso Nacional.

«Hoy estamos viendo otros mecanismos discrecionales que usa el Gobierno y muchas limitaciones para acceder a la información pública, de nada sirve que se haya derogado una Ley de Secretos si el secreto y la secretividad siguen vigentes bajo otras formas que se han hecho a través de decretos ejecutivos para limitar el acceso a lo que debe ser público», destacó la periodista.

Thelma Mejía señala que la prensa –y la población en general–, debe estar atenta a la discusión de este dictamen en el Congreso y si en este se incluyen las posturas de todos los congresistas para conocer la voluntad política sobre el fortalecimiento de la libertad de expresión.

Fatima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, explicó que, en la elaboración de este dictamen, han buscado en su partido eliminar –no incrementar– las penas en los delitos de injurias y calumnias, delitos contra el honor que por ahora son tratados penal y no civilmente, como ocurre en otros países.

«Más bien se eliminan –destacó la congresista–, eso no se toca. Nosotros estamos planteando que quede eliminado, no revivir eso, por lo menos ese es el consenso que hemos construido en este momento». Además, Mena asegura que se presiona a las otras bancadas para lograr la aprobación de este dictamen con las correcciones solicitadas y, además, agrega que la bancada del Partido Nacional no acompañó la firma del dictamen.

El pasado 16 de mayo, los congresistas esperaban que se discutiera la derogación de estos decretos. No obstante, en su lugar, el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, ofreció una exposición para hablar sobre un diagnóstico fiscal previo a la discusión de la Ley de Justicia Tributaria.

Luis Javier Santos, fiscal de la Unidad Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), explicó a Contracorriente que, según la última versión del dictamen a la que él tuvo acceso, solo se deja responsabilidad penal por el delito de lavado de activos a personas jurídicas y se elimina la responsabilidad penal a dueños de medios de comunicación y periodistas.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, expuso que se caería en un vacío legal si se derogan por completo estos decretos y denuncia que cuando se elaboró el dictamen se excluyó a la bancada de este partido.

«No se puede derogar en su totalidad así como está planteado el decreto 93-2021. Este es un decreto que llevó a cabo reformas a muchos delitos y derogaciones a otros delitos que eran solicitados por los sectores sociales y gremiales y productivos, además fue una conquista del periodismo cuando lo derogamos», manifestó Zambrano.

Además, el congresista explicó a este medio que no solamente se tiene que ver lo relacionado al delito de lavado de activos, sino que la agravante en los delitos de trafico de drogas, desplazamiento forzado, trata de personas y otros más.

En este sentido, Zambrano asegura que la finalidad de este dictamen, si no se revisa y modifica, sería «amenazar y perseguir a todo aquel que es opositor y querer contener con una bota en el cuello a los periodistas, a las empresas, comunicadores y medios de comunicación».

Intentos de criminalización a la prensa persisten


Según el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), «un poco más de seis de cada diez hondureños y hondureñas opinan que no se respeta la libertad de expresión en el país».

Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) detalló en su informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras 2022 que, durante este año, se registraron 173 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De estos casos resultaron 242 víctimas, de las cuales 191 son defensoras de derechos humanos y 51 periodistas.

Sobre el dictamen, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Giron, asegura que la finalidad del Partido Libre no ha sido criminalizar a los periodistas y que son respetuosos de la libertad de prensa.

«Nosotros somos abanderados de la libertad de expresión, de hecho yo fui víctima de un secuestro por ejercer la libertad de expresión, yo fui secuestrado por el “juanorlandismo” y fui metido a la cárcel. No quiero que ningún periodista ni comunicador social ni ciudadano común vaya a la cárcel por ejercer su libertad de expresión».

Girón también asegura que en el Partido Libre todos están en la misma línea al no querer que se criminalice la libertad de expresión, y agrega que como partido están a favor de la libertad de prensa.

La restitución del delito de lavado de activos: un punto crucial para el funcionamiento de la CICIH

Fátima Mena, –diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y quien además integra la Comisión Anticorrupción junto a congresistas como Jari Dixon Herrera, Ramón Barrios Maldonado e Iroshka Elvir–, explicó a Contracorriente que la demora en la discusión de este dictamen se debe a que no solo se debe contemplar la restitución del delito de lavado de activos, sino también se tiene que establecer cómo quedan los otros tipos penales, entre ellos, el delito de extorsión.

«Dentro de ese decreto [93-2021] hay otros aspectos que no tienen que ver con el tema anticorrupción, como el tema de extorción, trata de personas, compra y contrabando, lo que es un poco el tema de criminalidad organizada. Por eso es por lo que es bien complejo porque teníamos que revisar cómo quedarían esos otros tipos penales, por lo que una derogatoria completa [de este decreto] tampoco era posible porque no podíamos eliminar esos tipos penales, teníamos que definir realmente cómo es que iban a quedar», detalla Mena.

La congresista indicó que la finalidad de este dictamen es restituir al estándar internacional el delito de lavado de activos y regresar su definición a como estaba originalmente en el código penal. Además, según Fátima Mena, esto debe ser así para cumplir con las normas GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales) que establecen criterios y recomendaciones en materia de prevención y combate del lavado de dinero.

En octubre de 2021, Contracorriente publicó una nota detallando las reformas al Código Penal y a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos aprobadas mediante el decreto 93-2021. Una de ellas fue agregar en el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Activos la definición de «Persona Políticamente Expuesta», la cual agrupa a personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas, organizaciones de sociedad civil y que administren fondos de cooperación externa o que se dediquen a ejecutar proyectos, miembros de partidos políticos, entre otros.

Las reformas a esta Ley se dieron días después de que Contracorriente publicó los «Pandora Papers» una serie de investigaciones que vinculan a políticos, empresarios y personas influyentes en Honduras con off-shores.

En esta misma nota, Luis Redondo –quien era diputado de oposición en ese entonces y ahora es presidente del Congreso Nacional–, aseguró que estas reformas eran impulsadas por congresistas con nexos al delito de lavado de activos y que buscaban cubrirse para ser impunes.

Sesión ordinaria del Congreso Nacional de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera
Sesión ordinaria del Congreso Nacional de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

El fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, también explicó que, aunque la restitución del delito de lavado de activos no es un requisito para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), esto sí es importante para garantizar su buen funcionamiento.

«Aunque no sea una exigencia, si viene una comisión internacional y están esos decretos y no se derogan es un obstáculo claro al trabajo que se pueda hacer. Su derogación es parte de demostrar esa voluntad de combatir la corrupción», indicó Santos.

Además, el abogado agregó que ya fue analizado en diferentes mesas si la derogación de estos decretos implicaba un mayor perjuicio para el Estado hondureño, y que –según el último dictamen al que tuvo acceso– que también se prevén las reformas a artículos del código penal relacionados con estos decretos.

«El perjuicio ya está causado, los que ya salieron como consecuencia a la reforma de la Ley de Lavado de Activos ya no se van a volver a procesar porque sus causas quedaron firmes, y lo que ya no se pudo obtener en información porque la ley lo impedía ya no se va a poder obtener, entre más días pasen y no se deroga será más el perjuicio que se va a cometer», destacó el fiscal de la Uferco.

Las personas que crucen de forma irregular la frontera entre México y los Estados Unidos podrán ahora ser encarceladas y se les negará la entrada a los Estados Unidos hasta por 5 años. Esto no pasaba antes del 11 de mayo del 2023 cuando estaba vigente el Título 42, norma con la que los migrantes eran expulsados de los Estados Unidos sin ninguna otra consecuencia. Para los hondureños, pedir asilo se ha vuelto más complicado con la nueva normativa, que aún tiene partes opacas según analistas en temas de migración

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

Desde el jueves 11 de mayo de 2023, los Estados Unidos implementó cambios radicales en su política fronteriza: cesar la aplicación del Título 42 endureciendo las medidas contra las personas que ingresan de forma irregular a los Estados Unidos y dificultando el proceso para aquellos migrantes que tienen intención de solicitar asilo en territorio estadounidense. Todo esto entró en vigencia con la emisión de la norma Título 8.

Una de las principales diferencias entre el Título 42 —funtamentado en la emergencia del Covid-19— y el Título 8, es que con ésta última el migrante indocumentado que sea detenido en territorio estadounidense sin haber iniciado antes un proceso para solicitar asilo, será procesado, se verificarán sus antecedentes, seguramente será retenido y después de esto, probablemente será deportado a su país de origen. Bajo la norma anterior, el Título 42, los migrantes eran expulsados prácticamente sin ningún trámite.

Además, con el Título 8 también regresa la posibilidad de solicitar asilo, pero al proceso se le han realizado enmiendas que dificultan esa posibilidad dependiendo del país de origen y la condición civil de la persona. El Gobierno de Joe Biden ha pedido a los migrantes no ir a la frontera sin antes iniciar la solicitud de asilo; no obstante, antes del 11 de mayo, según reportó la cadena CNN, más de 36,000 migrantes esperaban en albergues de cuatro ciudades para entrar al sistema de asilo.

Con la entrada en vigencia de la nueva reglamentación, los medios estadounidenses reportaron que alrededor de 24,000 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido enviados a la frontera de 3,140 kilómetros entre los Estados Unidos y México. Unos 1,500 soldados más fueron desplazados para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aunque no tendrán interacción alguna con los migrantes. Otros 2,500 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados como apoyo a la CBP.

Amelia Frank, doctora en antropología y experta en temas de migración y deportación, dijo a Contracorriente que antes de la finalización del Título 42 se tenía la idea de que habría un caos total por la pandemia y se esperaba la invasión de miles de personas que habían estado esperando en México. Pero el martes 17 de mayo ella se encontraba en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y constató que no sucedió nada de lo mencionado, «no hay ninguna invasión, no hay caos, hay algunas personas que están intentando pasar por el proceso [de asilo], todo está bajo orden; ese discurso de pesadilla fue exagerado», dijo.

Sobre el Título 8, Frank Vitale aclaró que no es algo «especial o nuevo» y es simplemente la norma que ha existido por muchos años en el país y que permite que una persona que entró sin autorización a los Estados Unidos pueda ser deportada. Pero en el contexto de pandemia se agregó el Título 42, que suspendió el proceso legal para pedir asilo y, en lugar de eso, a las personas se les expulsó a México sin el debido proceso; por eso mismo no cuentan como deportaciones.

La antropóloga mencionó que ahora la administración de Biden ha emitido nuevos reglamentos que han cambiado bastante las cosas; una de ellas es que ha negociado con México para que reciba a las personas deportadas de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela, pero no así de otros países, entre ellos Honduras.

«La gente de Centroamérica [excepto Nicaragua] serían retenidos y luego deportados a su país de origen, pero cómo se deben proceder las cosas y lo que está pasando, son dos cosas distintas. Hay bastante confusión, hay diferentes ideas de parte de los agentes de cuál es el nuevo protocolo, así que pueden haber respuestas distintas o que pase algo que no concuerde con lo que dice la nueva ley», dijo Frank Vitale.

Otro de los nuevos elementos que podría complicar la solicitud de asilo para hondureños y la mayoría de los ciudadanos del mundo que llegan a la frontera sur, es que las personas que pasaron antes por otro país para llegar a pedir asilo a los Estados Unidos, según Amelia Frank, «van a ser expulsados con la idea de que deberían haber solicitado asilo en otro país, eso es un cambio enorme al sistema de asilo. Es algo que intentó Donald Trump, pero no lo logró y ahora el Gobierno de Biden está haciendo algo casi igual. Es una nueva realidad que no se ve cómo lo están aplicando», dijo. Bajo esta lógica solo los oriundos de México podrían aplicar al asilo porque no necesitan pasar por otro país para llegar a los Estados Unidos.

En el año 2022, de acuerdo con cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), unos 80,855 hondureños fueron retornados a Honduras de diferentes países del mundo, la mayoría llegaron de los Estados Unidos. Estos registros probablemente aumentarán con el endurecimiento de las nuevas medidas en la frontera.

César Ramos, coordinador de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), estima que el cese del Título 42 y la aplicación del Título 8 traerá como consecuencia el aumento del número de personas deportadas, siendo mayormente criminalizadas y violentadas en sus derechos humanos al fortalecerse el enfoque de seguridad en la frontera de los Estados Unidos. «Para Honduras, las nuevas políticas migratorias y el consecuente incremento de las deportaciones afectaría el ingreso que tiene el país con las remesas», dijo.

Adam Isacson, director en temas de seguridad y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), dijo a Contracorriente que hay una gran diferencia entre el Título 42 y lo que ahora se aplicará, porque antes los miembros de la Patrulla Fronteriza podían subir a los migrantes a sus vehículos, «llevarlos a la frontera y, sin la presencia de oficiales de México en la frontera, dejarlos y ya, sin ningún trámite, aunque siempre tuvieron que haberlos ingresado a un banco de datos para saber quién estaba ingresando, pero nada más eso».

Entre octubre del 2021 y octubre del 2022, la Patrulla Fronteriza detuvo a 2.400.000 de migrantes, que es una cifra récord en la historia de los Estados Unidos y que quizás fue alentada por la posibilidad que tenían las personas de retornar muchas veces sin tener una consecuencia legal. En el período antes mencionado fueron detenidos aproximadamente 220,000 hondureños. En el 2022 se detuvo a más nicaragüenses, cubanos y venezolanos que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que habían sido mayoría después de los mexicanos.

Isacson añadió que durante la vigencia del Título 42 hubo personas que intentaron cruzar la frontera hasta 40 veces sin ningún castigo «porque no era una aprehensión oficial». Ahora, en cambio, si se cruza la frontera en más de una ocasión y de forma irregular, las autoridades estadounidenses están «muy empeñadas en realizar cargos penales y poner en una cárcel federal a quien lo haga».

La primera vez que un migrante sea detenido cruzando sin autorización la frontera recibirá una prohibición de cinco años de ingresar o solicitar visa para los Estados Unidos. «Cruzar la frontera en un lugar que no es oficial es un delito, no es un delito grave, pero sí lo es. Si alguien comete ese delito de manera repetida van a buscar meterlo a la cárcel», concluyó.

Isacson mencionó que es la primera vez en la historia que el país del norte ha puesto controles a la migración en un momento de buena economía, cuando el desempleo ronda el 3.4 en todos el país y se estima que hay 11 millones de puestos de trabajo disponibles. «Todos los que llegan, aunque sea en la economía informal, todos encuentran empleo», explicó el experto en temas de frontera.

Una caravana de migrantes pasa el Río en Agua Caliente entre Honduras y Guatemala para intentar seguir su camino hasta Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera
Una caravana de migrantes pasa el Río en Agua Caliente entre Honduras y Guatemala para intentar seguir su camino hasta Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera

Pese a las trabas que aparecen en el camino de los migrantes que pretenden pedir asilo, la ley abre algunas rendijas. Por ejemplo, las personas de cualquier nacionalidad que creen tener un caso que justifica pedir asilo, pueden intentar hacer una cita para solicitarlo a través de una aplicación digital llamada CBP One. Si logra hacer este proceso, el migrante no debería ser deportado tan fácilmente. Según explicó Adam Isacson, una vez realizada la cita comienza el reclamo de asilo y de su entrada a los Estados Unidos con una fecha en la que deben reportarse para la primera entrevista que puede ser en una corte. «Cualquier persona que crea que tiene un caso para pedir asilo en Estados Unidos, no podría ser deportado tan fácilmente», dijo Adam Isacson, quien agregó que probar que existen las condiciones para pedir asilo no es tan sencillo.

Conseguir la cita no será una tarea fácil. La aplicación CBP One pone a disposición 1,000 citas diarias, que es una cantidad menor a la demanda porque antes de la vuelta a la vigencia del Título 8, unos 10,000 migrantes cruzaban diariamente la frontera buscando asilo. Desde el jueves 11 de mayo, esta cantidad se ha reducido a unos 6,000 migrantes. Entonces, al ser miles los que pujan por una cita, es indispensable tener un teléfono rápido y con una conexión a internet de buena calidad. «En los albergues [en México], la mayoría logra una cita en dos o tres meses, algunos no. Creo que acaban de hacer unos cambios para hacerlo más fácil y tener como preferencia el tiempo que tienen de intentarlo, pero hay más demanda que cupos», destacó Isacson.

Amelia Frank comentó que la ley contempla excepciones y entre estas están las personas que utilizan la aplicación CBP One para agendar una cita y solicitar una excepción a la prohibición; pero también sostuvo que «la mayoría no va a calificar, hay muchas cosas muy confusas y opacas, no son transparentes». La antropóloga manifestó que las leyes en mención reducen el acceso a pedir asilo y aclaró que la mayoría de migrantes entran de manera irregular ya sea por su cuenta o ayudados por redes de tráfico internacional de personas, «no son nuevas leyes para personas que pretenden llegar de forma indocumentada, eso fue ilegal antes y sigue siendo ahora”.

Hay cambios en la política migratoria que no están claros. Por un lado, Adam Isacson entiende que la prohibición de solicitud de asilo va en contra de hombres solteros, pero tiene la impresión de que las familias seguirán siendo procesadas. Por otro lado, Amelia Frank consideró que la prohibición «es igual para todos» y aunque no tiene claro cómo van a procesar la llegada de los menores no acompañados, entiende que la idea es reducir el acceso a solicitar asilo a todos.

Migrantes de diferentes nacionalidades descansan en un albergue en la ciudad de Danli, Honduras, para luego continuar su camino a los Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera
Migrantes de diferentes nacionalidades descansan en un albergue en la ciudad de Danli, Honduras, para luego continuar su camino a los Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera

Frenar la migración
Los analistas consultados por Contracorriente coinciden en que las nuevas medidas no producirán una reducción en la cantidad de personas que migran. Amelia Frank recuerda que cruzar la frontera de forma indocumentada fue «ilegalizada» desde hace muchos años y sigue siendo algo que está fuera de la ley; pero también expuso que el endurecimiento de las medidas o la militarización de la frontera no detiene a las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos. «Ya tenemos muchas décadas de prueba de eso, esto no detiene a las personas, no les convence a las personas que no deben venir porque están huyendo de la pobreza, del hambre, de la violencia o del cambio climático. Si deciden que ya es tiempo de abandonar sus comunidades y países, aunque sea más difícil cruzar la frontera, eso no ha detenido a las personas», dijo.

«Lo que sí pasa es que hace el viaje difícil, más arriesgado, más caro y más peligroso, se requiere más recurso, pero los cambios de la ley no hacen que las personas desistan en migrar, no ha funcionado nunca y no creo que funciones ahora tampoco», agregó Frank.

Alberto Pradilla, periodista especialista en migración de N+ Focus, coincide en creer que las medidas implementadas no reducirán la migración. Argumentó que es verdad que el Título 42, a pesar de ser una aberración pues impedía el derecho a pedir asilo, de alguna u otra manera incentivaba el cruce ilegal porque no tenía consecuencias y que ahora si los migrantes son atrapados les vetan la entrada por cinco años, «no sé si se va a reducir [la migración] porque las necesidades que la gente tiene para moverse, esas no han desaparecido».

César Ramos asegura que mientras los factores estructurales de carácter económico, político, social, ambiental y de seguridad que obligan a la gente a migrar no estén resueltos, los flujos de salida seguirán manteniéndose. En Honduras, al igual que en el Gobierno anterior, diariamente salen del país cientos de compatriotas buscando las oportunidades que a su juicio ya no ofrece su tierra.

Es importante mencionar que, según los expertos, la nueva política no tiene ninguna incidencia en los migrantes que se encuentran instalados en los Estados Unidos. «Es una política fronteriza y es diferente en referencia a la posibilidad de pedir asilo; lo demás sigue igual. Si uno vive indocumentado en Estados Unidos es vulnerable, dependiendo de dónde vive y qué hace, pero siempre hay la posibilidad que sea deportado, sin embargo, eso no es nuevo», aclaró Amelia Frank.

Un grupo de migrantes se traslada poniendo en riesgo sus vidas para intentar llegar a los Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera
Un grupo de migrantes se traslada poniendo en riesgo sus vidas para intentar llegar a los Estados Unidos. Archivo/Jorge Cabrera

No es una ley como la emitida en el estado de la Florida, en donde es ilegal transportar un migrante de un estado a otro, «si yo fuera un migrante no documentado viviendo en la Florida, a pesar que hay muchas oportunidades de trabajo que hay, yo buscaría una manera de inscribirse o buscar un procedimiento para quedarme [legalmente], o salir de la Florida», aconsejó Adam Isacson de Wola.

La aplicación de las enmiendas al Título 8 plantean un escenario lleno de incertidumbres para los migrantes en la frontera, especialmente los que desean pedir asilo. También cambia el panorama para los que ingresan a los Estados Unidos por su cuenta o guiados por las redes internacionales de tráfico de personas, quienes ahora podrían tener responsabilidad penal si son detenidos en más de una ocasión en un período de cinco años. Sin embargo, no se prevé que estás medidas reduzcan el flujo migratorio.

Norma Rodríguez tuvo que convertir el luto por el femicidio de su hija Keyla Martínez en una lucha contra el sistema de impunidad. En 2021, Keyla fue víctima de un femicidio en una posta policial en Intibucá. Ahora, su madre, Norma, hace lo que puede desde España para que nadie olvide a su hija, especialmente el sistema de justicia que sigue sin condenar a los responsables.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera

Norma Rodríguez llevaba cuatro años en España cuando recibió la noticia de que su hija Keyla había sido víctima de femicidio. Aunque estuvo en Honduras durante un tiempo buscando justicia, tuvo que volver a España por las difíciles condiciones económicas. Ahora Norma camina casi a diario por el lugar en donde recibió la llamada. A veces, transitarlo le da un empujón para seguir adelante; en otras ocasiones la hace querer regresar más rápido a encerrarse en su pequeño cuarto en Madrid.

«Siento demasiado odio. Lo que hago es que me enfoco en el trabajo para poder superarlo», explicó Norma a través de una videollamada. Su hija, Keyla Martínez, fue asesinada en una posta policial en La Esperanza, Intibucá, la noche del 6 de febrero de 2021. Keyla fue detenida durante el toque de queda decretado por la pandemia de Covid-19. La versión de la Policía Nacional de Honduras (PNH) en ese momento fue que Keyla se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que su muerte había sido homicida.

La Esperanza se llenó de protestas durante varios días exigiendo justicia por el caso. Sus habitantes acusaban a los agentes policiales de cometer muchos abusos, algunas mujeres incluso denunciaron anónimamente haber sufrido agresiones y acoso sexual durante las detenciones.

Por el caso de Keyla no hay culpables sentenciados y solo se ha llevado a la justicia a un involucrado. En septiembre de 2022 finalizó el juicio oral y público contra el policía de escala básica Jarol Perdomo, pero el juzgado que conoce el caso no ha dictado su sentencia porque espera la resolución de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional promovido por la acusación privada de la familia.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, Perdomo era uno de los policías que estaba en la posta la noche del crímen e ingresó a la celda de Keyla durante cinco minutos cerca de la hora en que fue asesinada. El Ministerio Público (MP) demostró que había una posición desigual de poder entre el policía y Keyla, por esto Perdomo fue acusado en 2021 de femicidio agravado por el Ministerio Público (MP) —delito castigado con una pena entre 20 y 25 años—; sin embargo, el juzgado de la Esperanza tipificó el caso como un homicidio simple, castigado con una pena mínima de 15 años.

En septiembre de 2022, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que denunció que «el MP solicitó la reconstrucción de hechos; misma petición que fue denegada por el Tribunal de Sentencias, lo que evidencia claramente la parcialización a favor de los agresores de Keyla Martínez».

En España, Norma vive en una pequeña habitación en Madrid, es apenas de unos 3 por 3 metros. En una de las paredes tiene una foto de Keyla sonriendo, también una de su hermano y de su madre. Todos han muerto, el hermano de Norma murió en 2022.

Norma ahora vende su casa en La Esperanza, Intibucá, un patrimonio que le costó años construir y que esperaba le sirviera a sus hijas en un futuro. La vende para pagar una acusación privada que sí pueda presionar y llevar el caso de su hija a obtener justicia.

«Nos deshicieron la vida en mil pedazos, nos rompieron a todos porque nos desintegraron de una forma horrible, yo tenía mi casita y ahí estaban mis hijas las iba a visitar cuando podía», contó Norma llorando.

Norma había guardado muchas esperanzas con el cambio de gobierno para obtener justicia en el caso de Keyla, especialmente después de que la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, declaró que en sus primeras acciones estaría la búsqueda de justicia en el caso de Keyla. Ahora no se siente así, Norma ni siquiera ha podido reunirse con Villanueva ni con la presidenta Xiomara Castro, aunque ha buscado la oportunidad para hacerlo.

«Este es un crimen de Estado por el simple hecho de que a mi hija la asesinaron dentro de una celda, entonces, al Estado no le conviene que este caso sea resuelto y por eso le están dando largas al asunto», dijo Norma y agregó que está a la espera de que la nueva Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo de la acusación privada en el que solicitan que el caso se trate bajo el delito de femicidio y no como homicidio simple.

Ese amparo ya había sido interpuesto por el Ministerio Público, pero fue declarado sin lugar en febrero de 2023, antes de que se eligiera a la nueva Corte Suprema de Justicia. En esa resolución, la Sala de lo Constitucional se declaró incompetente para resolver y dejó a criterio del Tribunal de Sentencias dar la resolución. Después de conocer esta respuesta, la acusación privada interpuso otro recurso de amparo que debe conocer la nueva CSJ, pero aún no hay respuesta.

Norma siente que todo el proceso ha sido desgastante. Aunque el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha llevado el caso hasta el momento, aseguró que necesita una defensa privada que le dedique todo su tiempo al caso. Añadió que en la reciente visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras, el padre de Keyla explicó la situación de impunidad que enfrentan.

«Esperemos que se interesen en este caso ya que es un emblemático y lastimosamente muchos medios han pasado ya de esto. Organizaciones de mujeres que en su momento apoyaron, hoy no lo hacen más. Es lamentable realmente cómo se olvidan», añadió Norma.

Norma Rodríguez, madre de Keyla Martinez, atiende una protesta afuera de los juzgados en Siguatepeque donde se llevó a cabo, en septiembre de 2022, la audiencia del implicado en el femicidio de su hija. Foto CC/*Jorge Cabrera
Norma Rodríguez, madre de Keyla Martinez, atiende una protesta afuera de los juzgados en Siguatepeque donde se llevó a cabo, en septiembre de 2022, la audiencia del implicado en el femicidio de su hija. Foto CC/*Jorge Cabrera

La realidad invisible de las hondureñas migrantes en España
Norma migró a España en 2017 en busca de mejores ingresos para que sus dos hijas menores, Keyla y Nancy, pudieran estudiar en la universidad pública de Tegucigalpa. Antes de irse, trabajaba vendiendo ropa los fines de semana en San Francisco de Opalaca, a 48 kilómetros de La Esperanza.

Como muchas mujeres en España, Norma trabaja en el sector de la limpieza, muestra sus manos a la cámara y dice que las tiene destrozadas, destrozadas por ganarse la vida de forma honrada.

La migración de mujeres a España que se dedican a labores del cuidado es bastante común. Hasta julio de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizaba 107,616 mujeres hondureñas radicadas en España, un número que contrasta con los 48,061 registros de hombres.

Esto quiere decir que al menos el 70% de las personas que migran hacia España son mujeres. Allá se dedican a empleos relacionados con el cuidado y la atención, son trabajadoras domésticas, cuidadoras de personas mayores o niñeras. Sin embargo, estos trabajos suelen ser precarios, con bajos salarios y largas jornadas laborales.

La situación de desigualdad que sufren las mujeres migrantes en España fue expuesta a la presidenta Xiomara Castro durante su toma de posesión a través de una carta abierta publicada por la organización Mujeres Trabajadoras Migrantes de Honduras, con sede en España.

«Estamos en España viviendo una vida partida a la mitad […] hemos migrado expulsadas de nuestras tierras por la violencia extractivista y la violencia de género. En España somos las trabajadoras del hogar y los cuidados en el servicio doméstico, las madres solteras, trabajadoras precarizadas en una situación social marcada por la discriminación, el racismo y la explotación de la mano de obra extranjera. Toda nuestra realidad migrante, señora presidenta, tiene un trasfondo de género innegable», explica la carta.

Las migrantes pedían para los primeros 100 días de gobierno poder tener una representación en el servicio exterior, así como una Consejería para la mujer migrante en España que incluya orientación a la mujer migrante en su proceso migratorio, seguimiento al pago de pensión alimenticia de sus hijos e hijas y apoyo psicológico en casos de violencia de género. Pero esto no se cumplió. Norma dijo que varias organizaciones de mujeres no se sienten escuchadas.

Defensoras de los derechos de la mujeres esperan afuera de los juzgados de Siguatepeque donde se llevaba a cabo la audiencia contra el implicado en el asesinato de Keyla Martinez. Foto Jorge Cabrera
Defensoras de los derechos de la mujeres esperan afuera de los juzgados de Siguatepeque donde se llevaba a cabo la audiencia contra el implicado en el asesinato de Keyla Martinez. Foto Jorge Cabrera

La otra hija de Norma Rodríguez, Nancy, tuvo que migrar a España. Nancy tenía una floristería en La Esperanza, no quería irse, pero comenzó a recibir muchas amenazas que, según Norma, llegaban por parte de los primos de Edgar Velásquez, el médico que acompañaba a Keyla Martínez la noche del femicidio.

Las declaraciones del médico Edgar Velásquez se acomodaron a la versión de la Policía Nacional de Honduras; Velásquez las dio cuatro días después del femicidio, a través de medios de comunicación.

Norma dijo que el primo de Velásquez «aparecía en el centro comercial [donde Nancy tenía la floristería] y nunca se bajaba su arma de la cintura. Después ella entra a trabajar a una farmacia y todos los días iba a comprar a la farmacia él y siempre lo primero que se hacía era levantarse la camisa para enseñarle su pistola. A raíz de eso mejor la trajimos [a Nacy a España]», explicó.

Según Norma, debieron investigar tanto al doctor como al subcomisionado Melvin Alvarenga, quién en aquel momento dirigía la posta policial.

Alvarenga apenas llevaba 13 días asignado cuando sucedió el femicidio de Keyla y fue retirado de esa posta a los pocos días. El subcomisionado de Policía que lo relevó, Ariel Madrid, le aseguró a Contracorriente en aquel momento que el cambio de agentes se había acelerado por el caso. Alvarenga fue el director de la cárcel de Támara desde 2021 hasta hace un mes que se registraron enfrentamientos dentro de la cárcel y el Instituto Penitenciario cambió al personal que dirigía ese centro.

«Nos arruinaron la vida y todo es gracias al Estado, y mire, el Estado está siempre apoyando a los delincuentes. A nosotros nos tocó salir huyendo y los asesinos están tranquilos en sus casas riéndose de lo que hacen a la gente porque no hay una justicia», añadió Norma.

Norma dijo que están intentando rehacer su vida en España, pero que le entristece saber que no pueden regresar a Honduras para limpiar la tumba de Keyla o llevarle flores; también le decepciona no sentirse acompañada por el gobierno de las mujeres, «Al final yo creo que no va a haber justicia, pero siempre la voy a seguir buscando».

Marlene no pudo lograr que el sistema de salud público de Panamá accediera a esterilizarla para no tener más hijos. Recibió ese portazo a pesar que su hija nació luego de una cesárea de emergencia producto de un embarazo traumático. Crédito: Tarina Rodríguez

La marca de la conservadora ley de esterilización femenina de Panamá en la vida de cuatro mujeres. Historias de duelos, derechos pisoteados, exclusión y una Corte machista.

Texto: Eliana Morales / Fotos: Tarina Rodríguez

“Te opero muerta”. En su mente Marlene escucha esa frase una, dos, tres, cuatro,
cinco…muchas veces. Prácticamente, esa fue la respuesta que recibió cuando
solicitó que la esterilizaran porque no quería volver a ser madre. Su hija acaba de nacer, luego de un embarazo complicado.

La historia sucedió en 2018, cuando Marlene tenía 23 años y 26 semanas de gestación. Un día su presión arterial se elevó y entró de urgencias al Hospital Regional de Chepo, una comunidad a 56 kilómetros del centro de Ciudad de Panamá. Le detectaron hipertensión gestacional, pero también estaban investigando para determinar si era preeclampsia, una complicación del embarazo que se manifiesta con presión alta y otros malestares en el sistema hepático. Estuvo cuatro días hospitalizada, pero no sería la última vez. En la semana número 38, fue a control médico y otra vez le dijeron que tenía la presión alta. La vieron tan mal que enseguida la internaron.

“Me intentaron inducir el parto por medio de medicamentos, pero no funcionó. Eso fue como a las 8:00 a.m. del día siguiente al que yo había llegado. A las 5:30 p.m. me llevaron a quirófano para practicarme una cesárea de urgencia”, narra. Y en esas circunstancias nació su hija.

El médico que la trataba prácticamente la sentenció. Le dijo que si tenía otro hijo, moriría. Ella le contestó: “opéreme” (esterilización), pero la respuesta que recibió la dejó perpleja. Le dijo que sí la operaría, pero cuando tuviera otro hijo. “Para mí lo que significó eso es un ‘te opero muerta’, eso fue lo que yo entendí. Te opero muerta y eso me marcó mucho”, recuerda.

La historia de Marlene sucedió en 2018 cuando tenía 23 años y 26 semanas de gestación. Después de un embarazo complicado y una cesárea de emergencia, el mismo médico que le dijo que era un riesgo que tuviera más hijos, le negó un procedimiento de esterilización. Crédito: Tarina Rodríguez
La historia de Marlene sucedió en 2018 cuando tenía 23 años y 26 semanas de gestación. Después de un embarazo complicado y una cesárea de emergencia, el mismo médico que le dijo que era un riesgo que tuviera más hijos, le negó un procedimiento de esterilización. Crédito: Tarina Rodríguez

Marlene es pura vida, comunicadora, rapera y activista por los derechos humanos. Pero cuando evoca ese momento, guarda silencio. Los ojos se le ponen chiquitos y llora. La decisión del médico también puso en riesgo su salud mental. Después del embarazo sufrió depresión post parto, precisamente como consecuencia de que rechazaran su pedido de ligarle las trompas. “Fue bien fuerte para mí ese momento de mi vida. Estuve como dos años y medio batallando con eso mientras criaba a mi hija. Tenía mucho miedo de quedar embarazada. Mucho miedo de tener relaciones sexuales, mucho miedo de tratamiento hormonal. Miedo a todo”, cuenta.

Siente que su dignidad fue ultrajada. “Además de las condiciones sociales económicas, y todo lo que pasó durante mi puerperio, esas palabras del doctor también resonaron mucho en mí”, añade.

La demanda

Tres años antes de la experiencia de Marlene, la abogada Haydée Méndez había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina. Esa norma dice que para esterilizarse, las mujeres deben tener 23 años, dos hijos o más y permiso médico.

La abogada llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo exactamente el 25 de noviembre de 2015, el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

“Con solo leer la ley cualquiera se puede percatar de que contiene normas que constituyen violencia contra la mujer, porque según el primer artículo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la discriminación es igual a violencia. Consideré que como defensora de los derechos de la mujer, era mi deber intentar corregir este entuerto”, explica.

La jurista disecciona la ley. Para solicitar la esterilización en el sistema público, las mujeres deben tener 23 años y dos hijos. Esto, a su juicio, es “maternidad forzada”. Además, tienen que tener recomendación médica, lo que, sustenta, equivale a “discriminación”, porque a los hombres no se les exige ese requisito.

Haydee también dice que, en la práctica, la ley sólo afecta a las mujeres que no tienen cómo pagar una esterilización, pues las que tienen medios económicos se pueden esterilizar en una clínica privada sin cumplir con ningún requisito. Por eso dice que en Panamá existe discriminación de clase. Por último afirma que la norma es “inconstitucional” porque esteriliza gratuitamente a todos los que cumplen con los requisitos, lo que sustenta, “impone una carga demasiado pesada para el Estado”.

Aura

Aura estuvo a punto de morir por complicaciones en el embarazo de su segunda hija. Un médico le dijo que no podía someterla a un procedimiento de esterilización. Vaticinó que si se divorciaba, su segundo esposo podría querer hijos. Crédito: Tarina Rodríguez
Aura estuvo a punto de morir por complicaciones en el embarazo de su segunda hija. Un médico le dijo que no podía someterla a un procedimiento de esterilización. Vaticinó que si se divorciaba, su segundo esposo podría querer hijos. Crédito: Tarina Rodríguez

Otra mujer, otro hospital. Los recuerdos más tristes de Aura viven en un cuarto de hospital. Su historia empieza a finales de diciembre de 2003, cuando tenía 30 semanas de embarazo, momento en que todavía regía la Ley del 48 de 1941, que establecía que para esterilizarse, las mujeres tenían que tener 33 años o más y por lo menos cinco hijos.

Dolores, malestares, no podía respirar. Fue a urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS) y allí la vieron tan mal que la trasladaron en una ambulancia al departamento de ginecología y obstetricia de la Policlínica Especializada de la institución.

Era el 28 de diciembre y le trataban una preeclampsia. “No puedo respirar, no puedo respirar”, se quejaba con las enfermeras. Ellas le respondían que ya habían llamado al doctor, pero que no contestaba. Que en algún momento llegaría. No llegó en la noche. Tampoco en la madrugada.

Sola, angustiada, vulnerable, impotente, Aura se tocaba el vientre y empezaba a hablarle a la hija que ya quería nacer: “Tú permanece tranquila, yo voy a aguantar por las dos”, la consolaba. Se consolaba.

Al día siguiente, durante la mañana del 29 de diciembre, una doctora apareció y le practicó una cesárea de emergencia. Sus recuerdos de ese momento son vagos. Iba en una camilla, miraba al techo del hospital, se concentraba en las luces blancas. ¿Todo estará bien? Preguntó a la médica que la atendía.

“Sí, todo está bien”, le respondió. Cerró los ojos y no los volvió a abrir hasta varios días después.

Mientras el mundo celebraba la llegada de un nuevo año, Aura estaba en la frontera entre la vida y la muerte. Despertó el 6 de enero de 2004. Ocho días después de la emergencia. Estaba amarrada y con tubos y cables por todos lados. Estaba en una sala de cuidados intensivos. Su hija recién nacida también, pero en el departamento de neonatología.

Poco a poco se enteró de lo que ocurrió mientras ella estaba inconsciente. Los médicos le habían dicho a su familia que prepararan todo para enterrarla porque las posibilidades de que viviera eran muy pocas. Si acaso de 20%.

No era para menos. Le dio preeclampsia agregada y edema pulmonar. Y Aura empezó a recordar lo que pasó aquella noche, cuando gritaba para que la ayudaran porque se estaba asfixiando. A su mente llegaron voces de enfermeras que a su lado murmuraban: “a ella la encharcaron, la encharcaron”. Entendió que la presión se le había disparado tanto que tenía los pulmones llenos de agua. “Por eso era que yo no podía respirar”, dice.

Su angustia no terminó allí. Ahora tenía que luchar con dos males: el físico y el emocional. Fue un infierno. “La cicatriz me quedó horrorosa. Yo no podía ni pararme porque la doctora, que era joven, de las que están en prácticas, no me coció muy bien y yo no me podía ni enderezar porque eso me enconaba”, asegura.

Una madrugada hasta fue víctima de abuso sexual por parte de un enfermero. “Vino a tomar una placa del pecho y me despertó porque me estaba tocando el pecho y me pellizcaba los pezones”, narra. Todo eso ocurrió en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Salió de la etapa crítica. La enviaron a otro cuarto para tenerla “en observación”. Allí habían otras mujeres con condiciones similares a la suya. Eran siete en total. “Siete mujeres solidarias en el silencio, porque lo único que hacíamos era mirarnos”, recuerda. Cada quien encarnaba sucesos dolorosos. Una a la que también le habían hecho cesárea, se quejaba constantemente de dolores en la herida. La revisaron y se dieron cuenta que le habían dejado una gasa dentro de su vientre. Se la sacaron, pero no lo hicieron en un quirófano. Lo hicieron allí, frente a todas las demás.

Otra de sus compañeras murió porque le dejaron la placenta adentro. “Y pues se pudrió, se pudrió”, cuenta Aura. “Yo la vi muy mal. Con la cara de ella aprendí a reconocer cuando la muerte viene para la gente querida”, dice.

Aura salió del hospital el 9 de enero de 2004. Su hija quedó recluida otro mes más. Pero antes de dejar el cuarto médico recibió una advertencia. Un neurocirujano le dijo que no era recomendable que tuviera más hijos, que era un riesgo muy grande. Que, si lo hacía, sería prácticamente una condena de muerte. Le recordó que era casi un milagro que ella despertara y le recomendó que hiciera algún tipo de procedimiento anticonceptivo, como el salping o ligadura de trompas, uno de los métodos para la esterilización de la mujer.

Aura estaba en la frontera entre la vida y la muerte cuando fue a dar a luz a su segunda hija. Sus recuerdos más tristes están encerrados en un cuartos de hospital: dolores, violencia obstétrica, abuso sexual y una esterilización negada. Crédito: Tarina Rodríguez
Aura estaba en la frontera entre la vida y la muerte cuando fue a dar a luz a su segunda hija. Sus recuerdos más tristes están encerrados en un cuartos de hospital: dolores, violencia obstétrica, abuso sexual y una esterilización negada. Crédito: Tarina Rodríguez

Volvió a la CSS a una consulta médica para solicitar el procedimiento. La respuesta que le dio el doctor que la atendió fue rotunda y fulminante. Le dijo que no le haría ningún procedimiento de esterilización porque si ella se divorciaba el próximo hombre con el que se uniera o casara no iba a tener sus hijos.

“Quiere decir esto que un hombre hipotético, un hombre imaginario, tuvo más derechos que yo sobre mi propia vida. Así que no pude obtener el salping por parte de una institución del Estado. Me fue negado por un doctor hombre”.

En ese entonces Aura tenía 33 años. Hoy tiene 53 años y llora cada vez que lo recuerda. Cinco años después ella seguía enferma. Le detectaron miomas, unos tumores que crecen en la matriz. Entonces decidió que se trataría en un hospital privado. De alguna manera su cuerpo estaba reclamando la esterilización que el médico de la CSS le negó.

En efecto, le hicieron una histerectomía (extirpación de útero). Para pagar la operación solicitó un préstamo.

Aura es consciente de que durante ese embarazo, el sistema de salud pública la salvó. Que salvó también a su hija. Pero el precio que tuvo que pagar fue muy alto. “Uno como mujer va aquí, allá, va a todos lados y la verdad es que llega un momento en que no sabes qué hacer. Te sientes mal y estás enferma y estás sola”, narra.

El fallo

La Corte Suprema de Justicia, resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y las mujeres, por lo que rechazó una demanda contra la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina. Crédito: Tarina Rodríguez
La Corte Suprema de Justicia, resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y las mujeres, por lo que rechazó una demanda contra la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina. Crédito: Tarina Rodríguez

El 10 de septiembre de 2020, 18 años años después de la traumática experiencia de Aura, y cinco años más tarde de que Haydée Méndez presentara la demanda, la Corte emitió su veredicto, aunque no se hizo hizo público hasta el 13 de marzo de 2021, cuando salió en la Gaceta Oficial.

El máximo tribunal resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y las mujeres, por lo que rechazó la demanda y, por el contrario, protegió la ley. Prácticamente la esculpió en piedra, dejando a las mujeres con pocas opciones para decidir sobre su salud reproductiva. En aquel momento, el pleno de la Corte (nueve personas) estaba compuesto en su mayoría por hombres. Cinco magistrados votaron a favor de dejar la norma tal como está y tres magistradas y otro magistrado no estuvieron de acuerdo. Estas cuatro personas coincidieron en que, en efecto, la ley supone una doble discriminación, pues le da la potestad a los hombres mayores de 18 años de pedir una esterilización gratis, mientras las mujeres deben esperar a tener 23 años y dos hijos.
Un carpetazo que las invisibiliza, les borra su derecho a decidir sobre su cuerpo, y cercena su autonomía.

Coincidieron en que la norma castiga sobre todo a las mujeres pobres, porque las que tienen recursos económicos pueden acudir a los centros médicos privados. “De ninguna manera, como Tribunal Constitucional garante de los derechos fundamentales, podemos avalar actos de discriminación en detrimento de los derechos humanos de toda persona, siendo parte inherente a la dignidad humana”, sustentó en su momento la magistra Ángela Russo.

María Victoria

Si hay algo que María Victoria tuvo claro una vez que nació su niña es que no volvería a tener más hijos. Su razón es sencilla y se sustenta en el libre albedrío. En el derecho a decidir, en la posibilidad de hacer lo que desea con su cuerpo, en la autonomía de la mujer.

En 2014, a los 21 años, María Victoria dio a luz a una niña. La trajo al mundo con un parto normal. Todo salió bien. Pero decidió que sería la única. Apenas pudo fue a una consulta de ginecología en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, en el área metropolitana del país. Quería asesoría para someterse a un proceso de esterilización.

La ginecóloga que la atendió le dijo que ella le podía dar la recomendación médica necesaria para la operación, pero que prefería no hacerlo porque cuando su hija estuviera grande, lo más seguro es que iba a querer tener otro hijo. Así, como quien tiene una bola de cristal y puede ver el futuro. “No va a haber circunstancia que haga que cambie de opinión”, le dijo María Victoria a su doctora.

Como era de esperarse, no logró que la operaran. Su hija tiene ya ocho años y María Víctoria sigue pensando igual. No quiere tener más hijos. Su condición económica no le permite acudir a una clínica privada a hacerse el procedimiento. Por eso no tiene más alternativa que planificar con anticonceptivos, asumiendo los costos: el monetario y el de salud.

En Panamá, el país de la región con los medicamentos más caros, una caja de pastillas anticonceptivas para 28 días, le cuesta a María Victoria $8. Eso en una nación en la que la mayoría de su población gana $719, el salario mínimo.

Hospital Santo Tomás, principal hospital público de Panamá. En 2022, en ese centro médico se practicaron mil 765 procedimientos de esterilización. Crédito: Tarina Rodríguez
Hospital Santo Tomás, principal hospital público de Panamá. En 2022, en ese centro médico se practicaron mil 765 procedimientos de esterilización. Crédito: Tarina Rodríguez

De acuerdo con estadísticas suministradas por el Ministerio de Salud, en 2022, en Panamá se hicieron 5 mil 522 esterilizaciones. La mayoría de esas operaciones, 2 mil 730 casos, se realizaron a mujeres de entre 25 y 34 años de edad. Mil 417 se practicaron a un grupo de entre 35 y 49 años, en tanto que 35 se hicieron a mayores de 50 años. Otros 778 de esos procedimientos se hicieron a una población que entra en el rango de los 20 a 24 años de edad; y 61 fueron practicadas a mujeres entre 15 y 19 años. Mientras que tres se hicieron a niñas de 15 años.

El Santo Tomás, principal hospital público del país, fue el que atendió a más mujeres, con mil 765 procedimientos.

Bárbara

El caso de Bárbara ocurrió en el sistema privado. Cuando tenía 23 años tuvo a su hija. Un tiempo corto después quedó nuevamente embarazada. En esa etapa de su vida acordó con su pareja que no querían tener más hijos. Así que en una de las citas de control de embarazo, aprovechó para decirle a su ginecóloga que ella quería someterse a una esterilización. Desde ese momento empezó la evangelización. La médica le dijo que era muy joven, que mejor lo pensara, que después se arrepentiría. En fín, escuchó el discurso que suelen repetir los médicos para intentar desistir a sus pacientes de que no se sometan a ese proceso.

El día que iba a dar a luz a su segundo hijo, Bárbara estaba decidida a hacerse la operación. Y nuevamente escuchó el discurso de los médicos. Que si lo había hablado con los familiares. Que por qué había tomado esa decisión. “Si yo hubiera sido una persona que no tiene el criterio y la decisión tan formada, me convencen de no hacerlo. Simplemente habría podido salir de ahí sin operación”, cuenta.
Ella les dijo que ya era una decisión tomada y a partir de allí todo fue muy fácil.

A diferencia del sistema público, donde se requiere cumplir a cabalidad con cada uno de los requisitos, a ella nadie le preguntó la edad, ni cuántos hijos tenía y mucho menos, si tenía una recomendación médica. Aquí, más que las obligaciones de la Ley 7 de 2013 que regula la esterilización femenina, Bárbara tuvo que lidiar con los mismos estereotipos presentes en los centros de salud públicos: la idea de que una mujer jóven no sabe lo que quiere y está condenada a arrepentirse.

¿Y los derechos?

Haydée Méndez, la abogada que demandó la ley de esterilización, asegura que Panamá está muy atrasado en lo que concierne a los derechos de la salud reproductiva de la mujer. Ella afirma que los fundamentalistas religiosos y las iglesias conservadoras tienen mucha injerencia en las normativas, precisamente lo contrario a un Estado laico. “Los embarazos precoces y los delitos sexuales van en aumento. Somos uno de los países de la región con más alto índice de adolescentes embarazada”, sustentó.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), Panamá tiene una alta tasa de embarazos adolescentes: 81 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad.

Poco antes de que la Corte emitiera su veredicto en contra de la demanda de Ley de esterilización, la abogada presentó una iniciativa legislativa a la Asamblea Nacional, por la vía de la participación ciudadana. La propuesta apunta a combatir la discriminación y todos los defectos que tiene la norma. El documento reposa en algún escritorio polvoriento de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Legislativo. Allí también debe estar la iniciativa que presentó el diputado independiente Juan Diego Vásquez sobre el tema. El diputado dice que la ley actual no toma en cuenta dos temas importantes. El primero es el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, pues argumenta que, así como se prohíbe la esterilización forzada, no se debe obligar a una mujer a tener hijos como requisito para acceder a la esterilización. A su juicio, esto es una maternidad forzada. Y el segundo tema se sustenta en el derecho de todos los seres humanos a ser considerados iguales ante la ley. “La actual ley crea privilegios a favor del sexo masculino”, afirma.

Entonces propone que toda persona mayor de edad no asegurada, podrá solicitar la esterilización gratuita en los hospitales públicos del país. Con la propuesta, este diputado iguala la ley de Panamá con la de Costa Rica, país que permite la esterilización a los 18 años. O a la de Argentina, donde también se establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a las prácticas denominadas «ligadura de trompas de falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía» en los servicios del sistema de salud.

No se sabe si esta iniciativa algún día verá la luz. De hacerlo tendrá que ser analizada, en principio por la Comisión de la Mujer de la Asamblea, una corporación integrada por cinco diputadas y cuatro diputados, la mayoría de corte conservador.
Mientras tanto, la salud reproductiva de las mujeres seguirá condicionada por una ley esculpida en piedra discrimina, excluye e invisibiliza. Los hospitales seguirán atendiendo a las Marlenes, a las Auras, a las Marías y a las Bárbaras.

Texto: Javier Carrington
Portada: Persy Cabrera

En el marco del 17 de mayo, Día Internacional de la Homolesbobitransfobia.

Cuando hablamos de los gritos, siempre los asociamos a la violencia o falta de comprensión, sin tener una mirada clara de qué son y para qué nos sirven. Usualmente, los gritos son manifestaciones emocionales, esos que nos sirven para sacar toda la basura, contaminación y desilusión que llevamos adentro y se agudizan cuando hablamos de nosotros, sí, de nosotros las personas LGBTIQ. Pero ¿cómo vinculamos los gritos con nosotros, las personas LGBTIQ? Pues, nuestros gritos y nuestros cuerpos siempre han sido la mayor herramienta política para reclamar lo que históricamente se nos ha sido arrebatado, estamos hablando de nuestros derechos humanos.

Como personas sexo disidentes, desde pequeños nos han oprimido al censurarnos en entornos familiares y educativos —bueno, las personas LGBTIQ que tuvimos el privilegio de estudiar—, entornos laborales y en espacios cívicos. Esa censura es la que siempre nos oprime y que, si la vemos con detenimiento, es una censura estructural, pues el sistema social hondureño desde su colonialidad y cisnorma nos prohíbe manifestarnos políticamente.

Pero hay algo que debe de ser considerado y es que hoy, los nuevos relevos generacionales, estamos más latentes que nunca, estamos haciendo una lectura de contexto bastante critica y confrontativa y, como lo dije anteriormente, nosotros como personas sexo-disidentes vamos a gritarle al mundo y al sistema sus verdades hasta que sea necesario, aquí nadie nos va a prohibir gritar. Nuestros cuerpos, nuestras interseccionalidades y voces no van a ser calladas por ningún político o movimiento ajeno a nuestra problemática, si hay algo que no nos pueden arrebatar es nuestro sentir, nuestra ira e indignación y seguiremos viviendo en un estado constante de cuestionamiento y reclamo hasta que las violencias paren.

Cada día estamos más enardecidos, es por eso que estamos manejando cuestionamientos y discursos claros que exponen la verdadera problemática que vivimos las disidencias sexuales en Honduras. Este país tiene que reivindicarse, estamos conmemorando el día de la lucha contra la homolesbitransfobia y ¡este es un día en el que seguiremos dando gritos! Seguiremos luchando por una sociedad más justa e igualitaria, y a las nuevas generaciones les decimos que la mejor herramienta que tenemos es nuestros cuerpos, gritos y colores, eso es algo que el sistema jamás nos va a arrebatar.

Como defensor de derechos humanos sé que la oposición es fuerte pero como siempre digo: si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? ¿seguiremos dejando que nos roben la dignidad, que pisoteen nuestras oportunidades, que censuren nuestras voces, que nos criminalicen, que nos ridiculicen con discursos de odio? Aquí nadie nos va a prohibir gritar.

Y por último, algo que siempre menciono en mis discursos: San Pedro Sula no es San Pedro sin sus maricones, sin sus lesbianas y sin sus trabajadoras sexuales, y ¡que aguante nuestra existencia Roberto Contreras, el actual alcalde!

El 9 de mayo, cientos de manifestantes se tomaron las calles de Choluteca, la ciudad más importante del sur de Honduras, reclamando que no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria actualmente socializada por el Congreso Nacional. Esgrimen que esa ley llevaría al cierre de empresas de la agroindustria sureña. Dos días después, fue convocado en Casa Presidencial el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y la Presidenta ordenó que se investiguen y sancionen a los promotores de la marcha. Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público identificaron delitos cometidos aquel día.

Texto: Célia Pousset
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El jueves 11 de mayo, el Gobierno cerró filas convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en Casa Presidencial para impulsar una «estrategia de combate, investigación y sanción» de conductas señaladas como peligrosas para el Estado hondureño. En concreto, la Presidenta Xiomara Castro apuntó a la marcha que ocurrió en Choluteca en contra de una ley propuesta por su Gobierno y actualmente socializada en el Congreso.

«Han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado con provocaciones ocurridas en las calles», declaró la Presidenta antes de ordenar la investigación de los «actores responsables de instigar, manipular y financiar estas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía y forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar las acciones del Gobierno».

En la reunión estaban presentes Luis Redondo, presidente del Congreso; Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República, así como los secretarios de Defensa y Seguridad, José Manuel Zelaya y Ramón Sabillón respectivamente. También estuvo Marlon Ochoa, ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), cuya propuesta de reforma tributaria es la manzana de la discordia. El asesor presidencial, Manuel Zelaya, no apareció durante la lectura del comunicado; sin embargo, periodistas de Contracorriente lo vieron salir a toda prisa del salón antes de la declaración de la Presidenta.

La decisión del CNDS se enmarca en un contexto de confrontación entre el Gobierno y una parte del sector empresarial del país, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ya que la ley contempla la supresión de diez regímenes especiales que ofrecen exoneraciones fiscales. Esa inconformidad de los empresarios reactiva temores de un golpe de estado en el Gobierno de Castro.

Una marcha «pacífica»

«Votar por la ley tributaria es empobrecer a nuestro pueblo», se podía leer en las pancartas el día de la protesta donde cientos de trabajadores y empresarios salieron a recorrer las calles de Choluteca.

Pero, a pesar del discurso gubernamental, el jefe policial del sector, Jorge Alberto Montoya Rodríguez, aseguró a Contracorriente que la marcha fue «pacífica» pues «protestaron como una hora, sólo caminaron tranquilamente. No hubo quema de llantas, no hubo nada».

La misma versión tiene la Fiscalía Regional de Choluteca. El abogado Ramón Cruz aseguró que no «hay nada que investigar». Tampoco han recibido una orden del Fiscal General para abrir una investigación. «Podemos hacer una investigación si nos instruyen, pero no significa que habrá un requerimiento fiscal. Si me tocara, yo cerraría la denuncia. No veo la comisión de ningún delito. El pueblo tiene derecho a manifestar».

Preguntamos si otra institución podría hacerse cargo de tal investigación, y contestó que «nosotros somos los competentes para investigar aquí. Podría investigar la jurisdicción nacional del MP, pero sólamente para casos graves y complicados, como el crimen organizado, no para una simple marcha. Y hasta ahora no ha venido nadie a realizar una diligencia investigativa».

Explicó que también podría investigar la Procuraduría General de la República, por ser la encargada de proteger al Estado, pero que «siempre nos pide apoyo, entonces ya estaríamos activos si existiera tal instrucción».

El Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo en una entrevista al medio HCH que se aplicará el Código Procesal Penal para llevar a cabo la investigación.

Para el abogado Cruz, la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no se sustenta en un motivo penal, sino político: «El Consejo se utiliza cuando el Estado está en peligro. Lo usaron como medida disuasiva, pero es un error estratégico porque, con otro paso mal dado, esto se incendia. Y si se logra lo que piden, pues tendrían un poder absoluto sobre todas las instituciones».

Próximamente, se llevará a cabo en el Congreso Nacional la elección del nuevo Fiscal General de la República, quien debe entrar en funciones el 1 de septiembre y permanecer a cargo del Ministerio Público del 2023 al 2030. El 9 de mayo, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, convocó a la Junta Proponente para iniciar el proceso de selección de candidaturas. Esa elección es de suma importancia para el buen funcionamiento del Estado, pues el reto es asegurar la independencia de este órgano de justicia, particularmente frente al Poder Ejecutivo.

¿Fueron libres de protestar los obreros de las empresas bajo regímenes especiales ?

Son las doce del mediodía. En la camaronera Produmar todavía se cosecha a pesar del abrumante calor. Normalmente se trabaja en la noche o en la madrugada, pero las primeras lluvias de mayo no permitieron la cosecha la noche anterior. El trabajo es repetitivo: consiste en llenar bolsas de camarones en cuanto salen de la laguna, empujados por la corriente cuando se abre la válvula de la cuenca. Un ingeniero mide el gramaje y el peso de la bolsa, y así, poco a poco, en los camiones se amontonan camarones grisáceos a los que se les echa hielo.

Produmar, como la mayoría de las camaroneras de Choluteca, se maneja bajo el régimen de Importación Temporal (RIT), el cual ofrece un funcionamiento fiscal ventajoso para incentivar las exportaciones, pero que fue tachado por el ministro del SAR como un instrumento de muchos abusos.

«Si aprueban la ley y nos quitan todas las exoneraciones, nos afecta en los costos y probablemente cerremos esta finca», manifestó Francisco Araujo, el administrador de esta camaronera de 33 hectáreas ubicada en el municipio de Marcovia, Choluteca.

Los costos de producción se han elevado últimamente por el precio de los alimentos, y por la mortalidad de las larvas de camarones debido a altas temperaturas y enfermedades.

Además de la reforma tributaria, lo que preocupa a Araujo es la decisión del Gobierno de firmar un acuerdo de libre comercio con China y la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán. «Taiwán ya casi no nos compra, y los precios que nos propone China son mucho más bajos a los de las ventas con Taiwán. No es rentable. Nos faltan compradores internacionales» afirmó.

El presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), Javier Amador, detalló que «el tema de la ruptura con Taiwán nos deja con 30 millones de libras que no sabemos qué hacer con ellas» y que China compra camarones a Ecuador a cinco dólares el kilo, mientras que Taiwán lo compraba a diez.

«La competencia del gremio es Ecuador, tienen un costo de producción de un dólar por libra menos que nosotros. Al cancelar los regímenes especiales, no podemos ser competitivos y ningún empresario del camarón va a producir para perder. Es la muerte de las agroindustrias en el sur, así de sencillo », manifestó Amador.

Al ser aprobada la ley, las empresas que funcionan con el RIT gozarán de sus beneficios fiscales hasta 2025. El cierre de las fincas tendrá repercusiones en otros negocios, como las empacadoras y empresas de transporte. El gremio representa 25,000 empleos directos y 100,000 indirectos, según Amador.

«El gobierno no puede mantener a toda esa gente que perderá su trabajo. ¿Qué va a pasar con la población del sur ?», preguntó.

Esa sería la razón por la que los trabajadores salieron masivamente a protestar en las calles de Choluteca, sin que los jefes les pagaran o manipularan. Según el presidente de la ANDAH, darse cuenta del peligro de la ley de justicia tributaria es sentido común, y por eso «unos 20,000 obreros de las camaroneras, meloneras y de la ocra se movilizaron».

«Hicimos la marcha de manera ordenada y fue autorizada por la alcaldía municipal. La decisión de la Presidenta de convocar el Consejo [Nacional] de Defensa fue completamente exagerada. Dicen que queremos sembrar anarquía y violencia en el país. Es un complejo de persecución. Creen que vamos a provocar un golpe de estado, a mí no me interesa la política, queremos que la Presidenta termine su mandato, pero tampoco vamos a agachar la cabeza ante algo que no podemos aguantar», concluyó.

Aparte de autorizar la protesta, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, confrontó públicamente a Xiomara Castro diciendo que debería «quitarse la camisa de Libre y ponerse la de Honduras».

En la finca camaronera de Produmar, los obreros desconocían la propuesta de ley, y manifestaron no haber protestado el martes 9 de mayo. Francisco Araujo, el administrador, aseguró que los trabajadores «no quisieron ir, son libres, no los obligamos a nada».

Dependencia al modelo agroindustrial y desempleo

Para el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) de Choluteca, el argumento sobre libertad de los obreros en la manifestación es sospechoso. Aún más cuando se trata de una protesta organizada por los jefes.

«Los trabajadores están desinformados. Esta ley nos favorece a nosotros los pobres, pero la población tiene miedo de decir “no” a los jefes. Sabemos cómo pasa, les dicen “si no vas, pierdes tu día laboral”. Entonces van, sin saber a qué van», analizó Luvis Rodríguez.

Planteó el panorama de una región profundamente marcada por el desempleo y la explotación laboral en la agroindustria.

«¿Por qué grandes empresas que no respetan los derechos laborales deberían de gozar de exoneraciones fiscales? », preguntó.

En la marcha, Luvis escuchó que los empresarios exclamaban «¿quieren trabajo?» y que los empleados contestaban en coro «sí queremos trabajo». Así, según Luvis las empresas utilizarían el miedo al desempleo para presionar al Gobierno.

Aldo Nuñez, sindicalizado, trabajó 25 años en la melonera del grupo Fyffes, en Santa Rosa, y contó a Contracorriente la precariedad laboral en la que ejerció. Empezó a los 12 años a cortar melones en los campos asolados del sur de Honduras, sin ningún derecho laboral ni seguro social. Toda su carrera fue hecha de contratos temporales, cada vez de una duración más reducida pues de seis meses pasaron a cuatro meses. «¿Cómo puedo sobrevivir y alimentar a dos hijos con cuatro meses de trabajo? Dicen que necesitan más gente, pero en realidad dejan a un montón de gente fuera. A veces te llaman, a veces no. Aquí encontrar un trabajo te cuesta una vida».

El STAS se enorgullece de que a finales del 2019, llegaron a una negociación colectiva con las empresas para unificar el bono de fin de temporada. Resaltan también otra lucha llevada a cabo, la implementación de los buses de trabajadores cuyo financiamiento está a cargo de las empresas.

La aldea La Fortuna, a cuarenta minutos de Choluteca, se beneficia de este servicio de transporte de obreros. De esta aldea, que alberga a unos 1700 habitantes, salen a diario varios buses en dirección de la melonera de Santa Rosa.

La Fortuna es un pueblo de caminos de tierra y paso incesante de motocicletas. Enfrente de su iglesia azul están parqueados los buses amarrillos que llevan a los obreros a los campos. La mayor riqueza de la aldea son sus árboles frutales, que dan a sus habitantes mamones, mangos y nances. Juan Carlos es el presidente del patronato y describe a los árboles como la fuente de subsistencia cuando termina la temporada de los melones: «Si la melonera y las cañeras no existieran, no habrían salarios. Se trabaja de noviembre a abril en Fyffes y cuando termina la temporada es muy difícil aquí, nos quedamos con nuestros pequeños cultivos y vendemos fruta».

Juan Carlos trabaja en una camaronera y Miguel, su hijo mayor, de 24 años, en la melonera. Miguel es cortador de melón, pero actualmente está desempleado. En su contrato estaba escrito que iba a recibir siete mil lempiras a la quincena, pero «en realidad pagan cuatro mil, cinco mil dependiendo del mes, a pesar de hacer el mismo horario. Entendí que pagan lo que quieren pagar a uno», dijo.

Miguel no participó en la protesta porque su contrato ya había terminado, pero afirmó que algunos compañeros sí fueron a marchar, «las empresas lo hacen obligatorio, dicen “mañana hay que ir a la huelga”. Si no, puede que lo castiguen con tres días sin trabajar. Ni siquiera le preguntan a uno.»

Actualmente, Miguel sobrevive arreglando motores y realizando menudos trabajos de mecánico. Cuando le preguntamos si en noviembre volverá a la melonera, levantó los ojos de los discos metálicos que estaba juntando y dijo con absoluta contundencia «es la única fuente de empleo. Hay que volver».

En La Fortuna, como en muchos pueblos del departamento de Choluteca, trabajar para la agroindustria es la única opción.

En este mismo departamento pero en San Marcos de Colón, radica el parque agroindustrial de la ZEDE Orquídea. La productora de chiles sigue operando en incertidumbre jurídica tras la derogación de la Ley ZEDE. Su secretario técnico, Guillermo Peña, lamentó la imposibilidad de adherirse al régimen de Zona Libre, un régimen especial a punto de desaparecer si se aprueba la ley de justicia tributaria.

Financiada o no, espontánea o no, la protesta en Choluteca en contra de esta ley tributaria marcó un hito en la política del Gobierno ya que éste dio un paso hacia el autoritarismo convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en un gesto claro de intimidación. El Gobierno cerró filas. La Secretaría de Derechos Humanos manifestó «respaldar la decisión de la presidenta Xiomara Castro a través del CNDS de investigar los indicios vinculados a los actos de amenazas y coacción hacia las y los trabajadores».

Las mujeres hondureñas que huyeron de la violencia en sus hogares cargando a su hijos e hijas, huyeron también de un país que no las escuchó ni las protegió. En su camino de escape han encontrado más violencia pero también pequeños refugios. Las políticas migratorias las han hecho asentarse temporalmente en las ciudades de la frontera norte de México con los Estados Unidos, pero ahora, con la oportunidad de avanzar, deben justificar «el miedo creíble» que las hizo escapar para preservar su vida. La migración y la búsqueda de asilo ha sido para ellas una forma de aceptar las cicatrices y avanzar a pesar del dolor de abandonar su hogar, un lugar al que no pueden regresar.

Por: Patricia Mayorga y Jennifer Avila
Este reportaje se realizó con el apoyo de OXFAM con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y es una publicación colaborativa entre Raichallí (Chihuahua, México) y Contracorriente (Honduras)

Ilustraciones de Stefany Fonseca

Es un milagro, un destello de esperanza para Rosa* el haber llegado hasta aquí acompañada de sus seis hijos, después de huir del infierno que vivían en su casa en un pequeño pueblo del norte de Honduras.

Aquí es Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, una ciudad que por muchos años ha cargado el estigma de ser altamente femicida. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Juárez tiene un registro de más de 2200 mujeres asesinadas las últimas tres décadas, con cifras ascendentes durante los últimos 15 años y a lo que se suman alrededor de 200 desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP). Aun así, llegar aquí es para Rosa un alivio, ha encontrado una comunidad, un refugio para ella y sus hijos mientras se prepara para buscar asilo en los Estados Unidos.

Para Rosa, ver hacia atrás es ver a un país que no la protegió, un lugar que solo la hace pensar en su tumba.

En 2022, la hija de Rosa, con apenas 16 años de edad, denunció a su padre por incesto. Cuando la niña cumplió 14 años, el hombre la violó y por dos años lo siguió haciendo hasta que un día pudo decírselo a su madre y decidieron denunciarlo.

El día que Rosa se enteró recién salía del hospital, había sufrido un aborto espontáneo y estuvo dos semanas hospitalizada; en ese tiempo las cosas en casa empeoraron. El padre siguió violando a la niña hasta que ésta decidió huir con ayuda de su novio y en una carta le explicó a su madre lo que vivió los últimos dos años al ser violada por su padre.

«El momento en que ella se fue, él casi me mata a mí. Él quería culpar al cipote [el novio de su hija] de que la había violado, eso quería, que lo denunciara y como no lo hice, casi me mata. Me agarró del cuello. El niño grande me lo quitó de encima porque me iba a volar la cabeza con un machete y el cipote le dio en la mano; si no me lo quita me hubiera matado. Estaba enojado porque se había ido ella», así recuerda Rosa los siguientes días.

La violencia escaló. El hombre obligó a Rosa a cavar una tumba para ella y la forzó a meterse en ella mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza. Su hijo impidió otra vez que su padre matara a su madre y allí comenzó su huida, primero dejaron atrás su casa y ocho meses después, el país.

Rosa tiene seis hijos con apenas 33 años de edad y su agresor es un criminal. Ella sabía esto antes de saber que violaba a su hija o antes de entender que fueron años de violencia los que vivieron ella y sus hijos, Rosa dice que su esposo era un criminal porque él trabajaba para un grupo de crimen organizado de los que controlaban su comunidad.

«Aguanté golpes por años, pero ya cuando me violó a mi hija, no le aguanté ya. Las primeras veces que me pegó fue como a los cinco años de estar casados. Yo le aguantaba porque andaba en la iglesia, él también iba pero no le importaba, el pastor lo ponía a predicar», contó Rosa mientras esperaba en un refugio de Palenque, Chiapas, donde permaneció varios meses antes de continuar su camino hacia Ciudad Juárez.

Durante ocho meses, Rosa y sus hijos se escondieron en varios pueblos y casas de Honduras. Un día, una familia la alertó porque su esposo los estaba buscando, estaba furioso. De madrugada, les pagaron un taxi hasta la frontera con Guatemala y así iniciaron su búsqueda de refugio.

«Un día me dio como 80 golpes en la cabeza. El otro [hijo] pequeño le dio con un garrote en el lomo; si no me lo quita, me hubiera matado a golpes» dijo esta mujer que lucha por lograr la paz para ella y para sus hijos, quienes han aprendido a sacudirse el miedo de encima.

Por muchos años, Rosa vivió violencia y mucha soledad. Tenía prohibido quejarse, hablar con amigas o vecinas sobre lo que le pasaba en casa, tampoco podía hablarle a su familia ni a la familia de él. En esa oscuridad, sin poder ver una salida, Rosa vivió aterrorizada. Sus hijos vivían lo mismo, pero cada uno en un cuarto oscuro. El silencio de la hija de Rosa duró dos años. «La cipota no ha superado el miedo. Yo quedé traumada, una semana duré en la cama, no comía y no bebía, yo quería morirme. Yo la entiendo», agregó Rosa quien ahora comienza un nuevo camino con sus hijos en el extraño lugar que la ha acogido.

«Allí nadie te salva»

Rosa no es la única en su familia que huyó de la violencia de Honduras. Diana*, su hermana mayor, la guió en su camino hacia México porque ella lo había hecho primero. Le daba instrucciones por whatsapp, se comunicaba con ella a diario y ahora la espera del otro lado del muro, ya en Estados Unidos. Pero Diana tiene su propia historia de huida.

«Yo salí de Honduras porque tuve amenazas de muerte, eso pasa cuando no quieres participar de cosas malas», cuenta Diana, una mujer muy religiosa que cree firmemente que el mapa con el que guió su viaje por Centroamérica y México fue la biblia y su fe.

Ella vivía en Tegucigalpa en un barrio en el que maras y pandillas se enfrentan por controlar el territorio. Tegucigalpa es la capital del país y uno de los municipios con los índices de homicidios más altos. Sus quebradas calles y barrios sobrepoblados, son el escenario cotidiano de homicidios, femicidios, extorsiones, asaltos, secuestros y atentados.

Diana cuenta que el 22 de abril de 2019, uno de sus vecinos y amigo cercano fue asesinado y ella y su familia fueron testigos. En esos barrios la regla siempre es «ver, oir y callar» y el hecho de que toda una familia haya visto lo que sucedió allí, era un riesgo muy grande para el grupo criminal que controlaba su comunidad. Es por esto que dos semanas después del asesinato, un grupo de hombres llegó a su casa para advetirle a Diana que ella y su familia ya no podían vivir allí. Quedarse era una condena a muerte.

Diana es madre soltera de cuatro hijos, el mayor de 25 años ya está casado y vivía con ella junto con su esposa y su bebé de dos años. Todos quedaron en la calle y su hogar fue tomado por pandilleros.

«Ellos te ven, tienen gente por todos lados, te andan amenazando» contó Diana, quien una vez vio en Tegucigalpa la oportunidad de salir adelante, de estudiar y poder vivir dignamente.

Ella es originaria de un pueblo al norte de Honduras donde las oportunidades son escasas; cuando llegó a la capital estudió hasta la secundaria y luego se dedicó al comercio informal.

Según el Banco Mundial, en el 2020 el 58 % de los empleos en Honduras eran informales «uno de los niveles más altos en América Latina y el Caribe». Este organismo internacional también encontró que apenas un 47 % del total de las mujeres en edad de trabajar tenía un empleo en Honduras «mientras que un 85 % de los hombres en edad de trabajar sí tiene empleo. Además el 88 % de las personas que no estudian, ni se entrenan ni trabajan (NINI) son mujeres», citó el Banco Mundial.

Diana se enfrentó a esa realidad yendo a las calles a vender mercadería, debía sobrevivir para sacar adelante a su familia. Pero ese trabajo le trajo muchos riesgos. «Una vez me secuestraron y se llevaron las mercancías. Iba a surtir mi puesto. Era un grupo de hombres y mujeres y me escapé, le pegué a la mujer en el estómago y salí corriendo en medio de toda la gente. Ahí nadie te salva. Te dicen las autoridades que si denuncias te cuidan, pero no, la policía está involucrada en muertes, en asesinatos», contó.

Y habla de algo que no es desconocido para la población hondureña. En el Sondeo de Opinión Pública realizado en febrero de 2023 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras, las personas no confían en la institución policial. De las personas encuestadas por esta organización el 74% de la población dijo que confía poco o nada en la Policía Nacional. En 2016, en Honduras se llevó a cabo un proceso de depuración policial que expulsó de esa institución a aproximadamente 6,500 policías. Ahora, en 2023 y bajo un nuevo gobierno, ese proceso ha quedado expuesto como un gran fracaso; signo de esto es que más de 1000 policías depurados en ese entonces han regresado a laborar a la institución. Por otro lado, en Nueva York, cerca del destino de Diana, será enjuiciado en septiembre el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quien se sentará en el banquillo de los acusados con cargos de narcotráfico al lado del expresidente Juan Orlando Hernández.

«La policía estaba cerca de mi casa cuando mataron a mi amigo, él tenía 38 años, era un hombre de Dios. En las pandillas hay niños de 9 y 11 años, los agarran para cobrar renta [extorsión] y a los 20 años los hacen matar gente como prueba», explicó Diana quien ahora está en Florida, Estados Unidos.

Hay un dicho popular en Honduras que usa la gente cuando tiene miedo de ser asesinada, Diana lo usa para explicar cómo se sentía en Honduras: «sentí la pala en mi espalda» y recuerda cuándo sintió más esto y fue al salir de la estación de policía donde interpuso la denuncia por el asesinato de su amigo. Eso es como decir que anda cargando su tumba o al menos la herramienta con la que la cavaría.

«En la DPI [Dirección Policial de Investigación] dejé el caso. Los policías se veían, llamaron por teléfono y me dio miedo», contó Diana y dijo que allí fue cuando supo que debía irse.

«Agarré a mis hijos y nos fuimos caminando. Llegó un momento que teníamos los pies hinchados pidiendo aventón hasta la frontera de Aguacaliente en Guatemala», contó Diana. Ella tiene 52 años y comenzaba apenas un camino que quizá acabaría con su vida. Un mes tardó en cruzar Guatemala caminando y a veces apoyada por gente que le dio aventón durante el camino.

Para Diana y su familia, enfrentarse al camino migratorio era la menor de sus preocupaciones cuando salieron de las fronteras de Honduras; sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando su ruta se convirtió en una carrera de obstáculos.

Diana primero llegó a Palenque, Chiapas en donde estuvo en un albergue, pero tenía miedo porque había mucha gente de Honduras y la desconfianza era grande sobre todo porque las estructuras criminales que operan en ese país se expanden por la región. Allí Diana aseguró que escaparon de un posible secuestro. Después llegaron a Tabasco, un lugar que también describió como un sitio en donde escaparon de «personas malas». Un mes pasó hasta que llegaron a Ciudad Juárez en donde estuvieron más de un año.

«Estuvimos en una casa donde conocimos a la hermana Antonia. Ella nos llevó a la oficina consular, traíamos los pies inflamados», contó.

Diana vivió primero en una casa que compartió con migrantes salvadoreños en Ciudad Juárez. Trabajaban en lo que podían para apoyar con los gastos.

«Estuvimos en una casa escondida. Ahí nos apoyaban. Un día llegaron unos encapuchados y nos golpearon. Mi nuera estaba embarazada de 8 meses, casi pierde al niño pero afortunadamente nació bien, en Ciudad Juárez. De todo lo que pasamos, me ha dado dolor de cuello y de espalda, me detectaron diabetes también. Mi hija está mal del cerebro y la espalda, por los golpes».

Después de aquel episodio, se fueron a vivir a un albergue. En los albergues de esta frontera hay reglas para proteger la integridad de los migrantes, no pueden salir con frecuencia, sólo una vez por semana. Ahí los apoyan con alimentos, techo y lo necesario para que esperen el momento en el que les toque cruzar hacia los Estados Unidos.

La hermana María Antonia Aranda Díaz, cofundadora de la asociación Sembrando hoy cosechando mañana que pertenece a la congregación Siervas del Inmaculado Corazón de María, explicó que muchas de las mujeres hondureñas que llegan a su albergue van muy violentadas y amenazadas por esposos, hijos o hermanos y que algunos de ellos que también pertenecieron a maras. Muchas de ellas huyeron de la muerte pero en el camino también se la encontraron; según explicó la hermana María Antonia, varias llegan violadas y agredidas por grupos criminales que se encontraron en el camino.

«Son personas que no quieren que les hagan más daño como seres humanos, se defienden en una postura agresiva. Cualquier detalle, si no les gustaba cómo cocinaban, sacaban violencia hasta llegar a los golpes, insultaban mucho. Decían: no sabes cocinar, no sabes hacer esto, en mi país aquello. Rebatían muchas cosas de lo que ellas extrañaban porque no aceptaban que estaban en otro país. Es muy difícil para ellas» dijo la religiosa.

En el albergue San Romero de las Américas, que funciona desde 2018, comenzaron a ver la necesidad de la atención psicológica para mujeres como Diana o Rosa y también para niños y niñas que van con sus madres.

«Niños y niñas llegaban muy violentos con los papás, como con rencor, con situación de odio, de coraje, porque pues no querían salir y no sabían a dónde los iban a traer con tanta situación de caminar, correr, gritar, no comer, no poder […] y los niños exigían: yo quiero comer de aquello, yo quiero que me compres esto. Se ponían a llorar y era una rebatinga tremenda con los niños» contó la religiosa.

Elia Orrantia Cárdenas, directora de la organización Sin Violencia a la que pertenece uno de los refugios para mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez, dio a conocer que en 2021 recibieron a dos mujeres hondureñas, madre e hija de 38 y 15 años respectivamente.

Llegaron a esta frontera con una de las caravanas migrantes masivas que partió de Centroamérica, y huían de violencia de género también.

Ellas estaban en un albergue en el que sí les permitían salir porque ahí sólo les daban techo y comida. Ya habían iniciado un proceso migratorio con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y consiguieron trabajo mientras salían de Ciudad Juárez.

«Su contratante, con quien trabajaban, las mantuvo en cautiverio durante algún tiempo y encontraron espacio en la Casa del Migrante, que las canaliza con Sin Violencia, porque sabían que al denunciar temían que las persiguieran […] en el tiempo que están con nosotros —duraron un mes y medio— nos decían: si los albergues de migrantes fueran como los refugios de alta seguridad otra cosa sería, estaban encantadas. Fue fácil para ellas adaptarse aún cuando no podían salir, tenían garantizada la seguridad y las necesidades cubiertas. Durante su estancia en el refugio se les resolvió su proceso migratorio y se trasladaron a Carolina del Norte» recordó Elia Orrantia.

La activista dijo que las mujeres migrantes por lo general tienen muy claro que quieren cruzar a los Estados Unidos, están determinadas a hacerlo. «Se detecta que traen una situación de violencia previa, que vienen huyendo de su agresor en otro país o que fueron violentadas en el trayecto. Pero para ellas todo eso es soportable y tienen que pagar para lograr su objetivo, que es cruzar. Las autoridades les ofrecen regresar, pero están decididas a cruzar. Nos ha tocado que les decimos lo que pueden tener en Juárez, pero dicen que ellas quieren buscar la oportunidad, y quieren ir todos los días al puente, sienten que no tienen una oportunidad, están decididas», explicó.

Las mujeres hondureñas que llegan a Ciudad Juárez huyendo de violencia familiar, han llegado en diferentes momentos a partir de 2018, cuando se incrementó el número de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos.

En ese año, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump endureció las medidas migratorias, y con la pandemia por Covid-19, miles de familias y mujeres con hijos e hijas tuvieron que permanecer hasta dos años en la frontera en espera de una cita ante jueces. En 2021 se reactivó el programa Protocolos de Protección a MIgrantes (MPP por sus siglas en inglés). Las que estaban más decididas a esperar el tiempo necesario para cruzar eran las mujeres centroamericanas víctimas de violencia familiar. En agosto del año pasado fue el fin del MPP que permitió a miles de migrantes cruzar la frontera a los Estados Unidos.

Con la pandemia llegó la ley migratoria Título 42, una orden de salud pública que también implementó Trump al iniciar la pandemia por Covid-19 y que con el fin de evitar el contagio de coronavirus, permitió a los agentes de migración la expulsión inmediata de personas migrantes que intentaban pasar a los Estados Unidos. Esta medida finalizó el pasado 11 de mayo. Junto con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), el Título 42 se utilizó para rechazar a alrededor de 2.5 millones de casos de migrantes.

«Lo que quieren es pasar a Estados Unidos, ellos dicen que ya no quieren regresar a su país ni quedarse aquí. Los que vienen de Honduras no quieren quedarse aquí porque las maras tienen ojos en México. Ellos me mostraban en el celular: mire madre, me están diciendo que ya saben dónde estoy. No sé si era un acoso para ellos, para que cedan. Algunos llegaron a regresar de Estados Unidos porque su familia corría peligro y querían traerse a sus hijos de allá, porque dejaron a sus hijos y a sus hijos los estaban acosando. Muchos se salieron de Estados Unidos para irse con sus hijos», refirió la hermana Antonia Arana.

CBP One es una aplicación con la que los Estados Unidos ha controlado el flujo migratorio en la frontera con México y permitir que las personas migrantes pasen de manera legal. Cada migrante o cada familia requiere un celular para solicitar una cita para pasar a los Estados Unidos e iniciar un proceso de asilo o de refugio que puede durar hasta tres años.

«No es nada seguro, van a cruzar, tienen cita migratoria y una cita de Corte, dependiendo de esas dos citas van a saber si se quedan o los deportan», explicó la hermana Antonia.

Diana cruzó, porque a pesar de haber pasado un año en Ciudad Juárez, su sueño de cruzar el muro no cesó. En abril de 2021 pasó y pidió asilo. Diana contó que llegar a un segundo país extraño es aún más difícil; estando allá, una familia le ofreció trabajo, sin embargo, ella cuenta que la tuvieron secuestrada junto con sus hijos por varios meses.

«A mí me tenían como esclava, también a los niños, bañábamos perros, limpiábamos, no podíamos salir, porque nos decían que era peligroso. Una mujer de Honduras, conocida de esa familia, me pasó un papel con un número de teléfono, vio que sufríamos y nos ayudó. Ahora pagamos renta y mi hijo ya trabaja pintando casas», dijo.

Ahora Diana tiene planes, más allá de solo el de sobrevivir. Espera sus papeles y para pronto poder trabajar. «La niña está estudiando, tiene buenas notas, está en el cuadro de honor, ya está en sexto grado», dijo con orgullo.

El país del que huyen

De 2013 a abril de 2023, la Secretaría de Seguridad de Honduras recibió 112,709 denuncias por violencia doméstica y violencia intrafamiliar.

Ana Cruz, de la Asociación Calidad de Vida, una organización que apoya a mujeres sobrevivientes de violencia a denunciar y acceder a la justicia en este país, explicó que entre 2022 y 2023 se notará una baja en las denuncias por violencia doméstica porque el Sistema de Emergencia 911 está en crisis desde que el nuevo gobierno de Honduras tomó posesión. Las expectativas por este nuevo gobierno, liderado por primera vez en el país por una mujer, han bajado, dijo Ana, porque la respuesta a las mujeres ha sido nula.

«La problemática ha alcanzado cifras terribles y el poco acceso a la justicia que están teniendo las mujeres es terrible. Por ejemplo, hay prácticas al momento de recibir una denuncia como las que hacen en el Core 7 [una estación de policía en el centro de Tegucigalpa] si una mujer va a poner la denuncia, primero tiene que ser interrogada por el vigilante; no es que van a tratar a las mujeres con calidez, eso las revictimiza», explicó.

Algo más que Ana denunció es que los juzgados de paz están conciliando los casos, a pesar de que según la Ley de Violencia Doméstica, esto no es permitido. Por otro lado, también habló de una precariedad institucional que termina afectando a las mujeres al momento de acceder a la justicia: «En Tegucigalpa apenas hay un receptor en los juzgados de violencia doméstica, solo una persona llevando todas las citaciones a los agresores, esto atrasa los procesos. Si una mujer va a pedir una audiencia —y eso que influimos nosotras— se las dan para un mes, pero ya solas pueden pasar hasta 3 meses», dijo Ana. Tres meses pasan para que las mujeres puedan tener una respuesta que las proteja de sus agresores, muchas no pueden esperar tanto.

«Para tomar una denuncia le exigen a las mujeres que tengan golpes. Si la mujer ha sufrido violencia psicológica, si los policías no ven las señas de los golpes, no toman las denuncias», agregó.

Y contó el caso de una mujer a la que acompañaron en su organización, ella puso cinco denuncias y finalmente su agresor le cortó una mano y la desfiguró con un machete, el hombre fue puesto en prisión y aún desde la cárcel la seguía amenazando. Esta mujer salió del país y pidió refugio en los Estados Unidos. «Muchas mujeres vienen en esas condiciones, a pedir ese tipo de apoyo, que las ayudemos a salir del país» contó Ana.

El gobierno de la primera mujer presidenta prometió una agenda feminista; sin embargo, Ana aseguró que a más de un año de su mandato «todo está en papel y promesas». Y da un ejemplo que aterriza esta inconformidad.

«Para cambiar la grama del estadio nacional gastaron como 40 millones de lempiras y el presupuesto de todo un año para la Secretaría de la Mujer [Semujer] fue de 50 millones. Si usted compara, Semujer se queda en la lipidia, estamos pidiendo 40 millones para las casas refugio y no dan nada», expresó.

En Honduras apenas hay siete casas refugio por lo que varias organizaciones pasaron al Congreso Nacional una ley especial para el funcionamiento de más casas refugio, con presupuesto y personal capacitado; sin embargo, este proyecto de ley ha quedado guardado y el gobierno, en cambio, ha impulsado una ley marco de atención integral a la violencia contra las mujeres, algo que, según Ana, no mejora la situación de inaccesibilidad a la justicia que sufren las mujeres.

«Las casas refugio son un tema primordial porque allí se protege la vida de las mujeres, sobre todo de las que ya no aguantan y se quieren ir. Las casa refugio son la solución y ya nos dijeron que no se va a aprobar [la ley] porque está incluida en la ley integral según dicen, pero esa ley conlleva muchísimos presupuestos, muchísima voluntad política para que se apruebe porque allí van incluidos los derechos sexuales y no sabemos porqué le están dando largas a la ley de casas refugio que puede salvar tantas vidas», explicó Ana.

Organizaciones como Calidad de vida han intercedido para que algunos municipios se encarguen de mantener las casas refugio de sus ciudades.

En una de las ciudades más mortíferas para las mujeres, San Pedro Sula, apenas se acaba de aprobar la reapertura de la casa refugio que permaneció cerrada por más de un año debido a una deuda de energía eléctrica que nadie podía pagar. Una fuente a quien no identificaremos por seguridad, nos dijo que la decisión pasaba por la esposa del alcalde quien no tenía esto como prioridad «porque las mujeres podían salir adelante solas».

Ana supo de esta situación también. «A los políticos tanto locales como a nivel nacional no les interesa la vida de las mujeres y por eso no responden. Allí tenemos la alcaldía de San Pedro que se tardó un año con tres meses para abrir de nuevo la casa refugio porque la casa debe ser manejada por gente que sabe, no por las esposas de los alcaldes que no saben nada. Hasta el momento están tomando posesión, haciendo inventarios, se supone que la alcaldía la va a mantener pero necesita una reestructuración, personal sensible a la temática, muy entrenadas», explicó.

La violencia doméstica y la violencia intrafamiliar afectan más a las mujeres y niñas, pero a estas se suma la violencia sexual. Lo que ocurrió en el hogar de Rosa, ocurre en miles de hogares cada año. Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2022 el Ministerio Público recibió 3,932 denuncias de violencia sexual, aumentando un 19% en relación con el 2021. De estas, 2,944 (75%) son casos de violencia sexual contra las mujeres.

«La violación (47%) representa el tipo más frecuente de violencia sexual, seguida de agresiones sexuales (22%) y violación especial (7%). Una de las diferencias entre los tipos de violencia sexual responde a la legislación, que aplica distintas penas. Una considerable cantidad de dichos delitos se realiza contra menores de edad. El 64% de las sobrevivientes de violencia sexual son menores de edad de entre 10 y 14 años principalmente. En el caso del delito de violación especial, el 84% es menor de edad», establece el CDM en su reporte y agrega que la mayoría deperpetradores de este tipo de violencia está dentro de los hogares, son familiares de sus víctimas.

«Aunque los números son impactantes, todavía se reporta que muchas personas no van a denunciar por temor a represalias, a ser culpadas y a ser socialmente marginadas, así como también por el peso de procesos de justicia lentos, revictimizantes e inadecuados», agregó la organización.

Para muchas mujeres la única salida es migrar. «Las mujeres están desesperadas porque no quieren denunciar porque no les responden. Les dan las audiencias en un mes y en ese mes completo esas mujeres sin acceso a la justicia ¿qué les puede hacer el hombre que anda libre? la vuelve a convencer, la vuelve a golpear, la puede asesinar. Las mujeres piensan que nunca van a tener justicia para su caso», concluyó Ana, de Calidad de vida.

Desde el sistema de justicia, la jueza del Juzgado de violencia doméstica en San Pedro Sula, Claudia Paz, explicó que en Honduras apenas hay tres juzgados especializados en violencia doméstica, y en el que ella trabaja apenas hay cuatro jueces; es uno de los juzgados al que más acuden las mujeres de todos los municipios ya que «en muchos lugares la violencia doméstica no se considera un problema grave y se cree que puede conciliarse».

Según la jueza, Honduras tiene toda una cobertura legislativa por convenios que el Estado ha ratificado y se han creado juzgados y fiscalías especializadas para las mujeres, pero en la práctica hay muchas falencias, iniciando por la falta de formación especializada que deben tener las personas que tienen contacto con las sobrevivientes de violencia basada en género, desde quien toma la denuncia hasta quien la lleva a los juzgados.

«En los municipios hay oficinas municipales de la mujer que deberían acompañar a las mujeres pero lamentablemente esas oficinas no reciben el presupuesto.También la ley contra la violencia doméstica tiene 25 años de vigencia y ya al parecer no es suficiente», explicó la jueza y agregó que se está construyendo una ley que conlleva varias reformas, por ejemplo, la de elevar a delito de tipo penal la violencia doméstica, dejando ya el ámbito civil. Sin embargo, para esta jueza, el que la justicia llegue a las mujeres pasa por el problema estructural del machismo, que termina generando impunidad.

Los datos de impunidad en la violencia contra las mujeres se convierten rápidamente en datos de migración irregular de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Nicola Graviano, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador y Honduras, dijo que la migración no es solo una preocupación por los riesgos que implica, también puede ser una solución para muchas mujeres que buscan encontrar un mejor lugar. «Hay una doble connotación entre la migración y la violencia basada en género, esto representa siempre vulneración, pero, por otro lado, es una respuesta positiva a la resolución de fenómenos de violencia basada en género», explicó.

En Honduras ha habido un aumento de migrantes ya sea de retorno o en tránsito. Según Graviano, en 2022 se registraron 88,575 personas hondureñas retornadas a Honduras desde México o los Estados Unidos, lo que superó en 35,000 las personas que fueron reportadas como retornadas en 2021. «En lo que va de los primeros tres meses [del año] tuvimos 16,167 personas retornadas. Un 18% de estas personas retornadas son mujeres adultas y un adicional 5% son niñas. Esto es una parte del fenómeno, pero sabemos que Honduras está afectada por el otro fenómeno que es la migración de tránsito. De enero a abril de 2023, más de 77 mil personas transitaron por Honduras, lo que nos hace pensar es que las cifras de migrantes en tránsito serán más altas que 2022 y puedan superar los 200 mil, de estas las mujeres representan un 23% y, adicionalmente, se encuentran un 8% de niñas, hay una población más grande de migrantes en tránsito que incluso las retornadas» agregó.

La OIM atiende a mujeres retornadas, detecta sus necesidades y perfiles para poder analizar dónde están los riesgos de protección. «La violencia de género es una de las razones que las empuja a tomar la decisión de migrar pero la migración irregular representa también una ocasión para que vulnerabilidades preexistentes se agudicen» explicó Graviano. Y en ese movimiento perpetuo, de quienes van, quienes regresan y quienes solo pasan, las mujeres y a las niñas que buscan escapar de la violencia se encuentran esa misma violencia aun cruzando fronteras.

Golpes y crimen

-¿Por qué saliste de Honduras?

-El papá de mis dos niños menores está en una pandilla. De parte de él recibí golpes, amenazas, me encontraba a donde fuera. Ya no tenía a dónde ir.

-¿Qué edad tienen tus hijos?

-El mayor tiene 13, el otro 9 y el más chico 6.

Marta* de 32 años contó su historia desde el estado de San Diego, California.

Cuando tenía 21 años, Marta se enamoró de quien luego se convirtió en su agresor. Iban a la misma iglesia, todo parecía normal. Sin embargo, ambos vivían en un barrio en el que las pandillas tienen una influencia muy grande; él primero comenzó como colaborador y luego se fue metiendo más a la pandilla y también a la adicción a las drogas.

«Ya no quería seguir con él, pero me decía que me iba a matar», para ese entonces Marta ya tenía dos niñas y vivían aterrorizadas. Un día, un golpe a la cara; otro día, un labio roto; otro día, un ataque de ira.

Marta recordó que estando embarazada casi la mata, la golpeó contra la pared y se le adelantó el parto. Su refugio en momentos críticos era la casa de su madre, pero él siempre las encontraba, reclamaba a sus hijas.

«Había violencias, había días felices cuando él no llegaba. Cuando llegaba, llegaba con armas y drogas», contó Marta, y llegó el día en que decidió arreglar la mochila y caminar hacia la frontera con Guatemala, subir lo más que pudiera huyendo con sus hijas, justo después de que él le había pegado con un alambre a una de ellas.

Así llegó con las niñas a Tenosique, Tabasco. Marta apenas terminó la secundaria y su objetivo principal se había convertido en sobrevivir, nada más. En Tenosique trabajó en un negocio y luego se fue a Ciudad Juárez, allí tan cerca y tan lejos de su sueño de llegar a los Estados Unidos.

En octubre de 2020, Marta intentó pasar sola; dejó a sus hijas en un albergue al cuidado de una amiga, pero hombres que ella identificó como miembros de la policía de Coahuila la capturaron y la golpearon.

«Escuchamos disparos. A mí me quitaron la blusa y el pantalón, me golpearon también en la cabeza. Nos pidieron dinero y les dimos lo que pudimos. Golpearon a los muchachos más feo. Nos dejaron en la orilla del río. Yo corrí al lado contrario, me tiré en un arbusto y luego al río. La migra nos agarró y sólo nos llevaron al puente. Regresé a Juárez», pero allí Marta cayó enferma, perdió movilidad en un pie y acabó en silla de ruedas. Mientras ella enfrentaba sus problemas de salud, sus hijas estudiaban gracias a la organización Sembrando hoy, cosechando mañana

Al llegar el 2022, las apoyó la Comisión Estatal de Población del gobierno de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, para realizar el trámite que le permitiera obtener una cita ante un juez y esperarla en los Estados Unidos, a través de la aplicación CBP One. Recibieron respuesta de inmediato.

-¿Ha valido la pena dejar Honduras?

-Sí. No era vida allá, no hay vida propia. Cuando decidí venirme a México era para salvarnos. Allá todo se hace dependiendo si la mara o la pandilla lo acepta. Hay que pagar por tener un negocio y vivimos amenazados. Estando allá, él me mandaba fotos de mi hija recién nacida para amenazarme. Para uno no hay lugar seguro, porque tienen ojos donde sea. Ahora mis niñas están felices.

Marta recuerda con sabor agridulce el trayecto por el que cruzó, por fin, a los Estados Unidos.

«Mis hijas sí lloraron cuando nos dijeron que íbamos a Estados Unidos. No querían regresar con su papá […] Ahora estamos esperando la cita en la Corte para ver si conseguimos trabajos», contó Marta.

Para ella, salir del país no estaba en su proyecto de vida hasta que se topó con la violencia de frente.

«Lo que sí quise es una vida sin maltratos y golpes, sin temor a que un día me matara», dijo, esa es la razón por la que huyó.

Una nueva vida

Al llegar a la frontera sur de México nació la sexta hija de Rosa, que ahora tiene tres meses. Para Rosa, el camino que recorrió fue de mucho dolor, iba con sus hijos y embarazada y mientras pasaba por Guatemala sufrió una violación sexual.

Llegando a México, durmió con sus hijas e hijos en las banquetas, en las plazas de Chiapas. Una familia le prestó un cuarto para resguardarse y ella salía a vender dulces porque le fue difícil conseguir trabajo con todos sus hijos pequeños.

En el refugio en el que se encuentra ahora en Ciudad Juárez, Rosa ha comenzado a asimilar lo que ha vivido y a reconocer su valentía y la de sus pequeños hijos.

Rosa recibe terapia psicológica por parte de Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes (HIAS por sus siglas en inglés), que brinda ayuda humanitaria a los refugiados en diferentes países. Su hija mayor no está preparada aún para enfrentar su verdad en las terapias, pero Rosa la entiende y la apoya.

En el albergue en que se encuentra convive con otras personas migrantes, y con dos hondureñas ha hecho amistad. En las últimas semanas llegaron otros 22 paisanos que también huyeron de su país y así la comunidad de refugiados va creciendo.

Mientras sus hijos van y vienen durante la entrevista, Rosa cuenta que se está preparando para el momento que le toque enfrentar el proceso de justificar su «miedo creíble» para solicitar asilo en los Estados Unidos; para esto, Rosa también ha aprendido a sacudirse las culpas. Mientras se prepara para dar el salto hacia un nuevo país y una nueva vida, Rosa recuerda de dónde vino, ha ido transformando la imagen de ese país tumba del que huyó en una más agradable, porque, con todo el recorrido que ha hecho, después de conocer algo más allá de su pequeño pueblo, dice ahora, con nostalgia, que el país más bello que ella ha conocido es Honduras.

 

 

*Nota: Los nombres de las sobrevivientes de violencia se cambiaron para proteger su identidad.

Este reportaje fue posible gracias al apoyo de:

 

y fue un trabajo colaborativo con el medio Raichalli

A Melo y al equipo de ERIC-Radio Progreso. A todas las personas que sentimos miedo

Texto: Jessica Isla
En el país de los estados de excepción
10 de mayo 2023

Tengo miedo. Y mal que yo lo diga, pero es la verdad, al menos la mía.

Miedo otra vez, como el que sentí de niña, escondiéndome del padre violento, debajo de una mesa. Miedo, como aquel que me despertó una noche con el sonido nunca antes escuchado de bombas explotando en una gasolinera, colocadas allí por el Sendero Luminoso, al entrar a Lima. Un sonido que siempre guardaré en mi memoria de diez años y espero jamás escuchar de nuevo. Miedo después, al abordar un transporte con rumbo fijo, hacia una tierra extraña. El miedo del salto imprevisto, ese que nunca abandona a quienes siempre estamos en movimiento.

Ese miedo, profundo y ancestral, es el que me mueve hoy cuando veo a un hombre, sacerdote, que ha acompañado al pueblo en muchas de sus luchas, hostigado por las fuerzas que apoyó en un tiempo; cansado, pero nunca vencido, en un espacio donde su voz todavía vibra. Y puede que ni él, ni el equipo de Radio Progreso-ERIC tenga miedo; pero yo, como buena escritora, sí que lo tengo y sé que mucha gente también lo tiene. Porque hablar o escribir, develar, en este contexto, puede ser peligroso. Especialmente en un tiempo en el que el Ejecutivo convoca al nefasto Consejo de Defensa y Seguridad, no para combatir una amenaza externa —no vayan a creer— si no para planificar acciones destinadas a combatir a un enemigo peligroso, que puede ser el propio pueblo, aquel, que les defendió en las calles. Repito, no sé quiénes serán sus asesores —o si los tendrán—, pero desde mi ruta, sé que ese no es el rumbo.

Me recuerda otros tiempos aciagos donde me veo a mí misma, aterrada, corriendo a un hospital militarizado en busca de mi hermano. Veo también a un hombre de mediana edad que me lleva aparte y me dice: No deje que la policía se lo lleve, porque no vuelve. Ahí recuerdo, cuánto se depende de la generosidad de los extraños. Me veo poniéndome en frente del pelotón armado, diciéndoles que en mi presencia no se llevarían a nadie y siento otra vez el fogonazo en la frente que nunca llegó, pero que imaginé.

Recorro impotente los pasillos de la memoria, en busca de un hospital en un país que no se daba abasto para los heridos y quebrados por las fuerzas policiales y militares. A mi madre diciendo que, aunque tuviese que vender la casa, mi hermano no se iba a quedar con esas ocho fracturas en las manos, que sería médico y utilizaría esas manos para sanar a la gente, no para destruirla. Nadie pudo nunca hacerla desistir de esa idea. También me veo llorosa, implorando a una embajada que recibieran a este hermano, porque su vida corría peligro, ya que habían llegado al grado de ir al pueblo, a casa de mi madre a buscarlo. A él y a otros más. Me veo vomitando del alivio una vez que le concedieran asilo por unos meses. Hoy es parte de un partido que no lo reconoce y le llama cachureco, mientras él, en un pueblo abandonado de Dios, da consulta y pacientemente cría a sus dos hijas. Es aquí donde vislumbro algo parecido a la grandeza de espíritu.

Camino por los pasillos del sostén a mi hermana, cuya hemorragia nasal no paraba, después de haber recibido una bomba tóxica en su cuerpo, concretamente en su pecho. Aquí me digo, que eso de poner el pecho por la lucha, en su caso, fue literal. Escucho nuevamente a la mujer que me llamó desde un bus que iba de Tegucigalpa a San Pedro Sula, diciéndome que la hemorragia había comenzado a medio camino y no hallaban qué hacer. Mi única respuesta fue que pidieran al chófer que parara en la ciudad más cercana y la ingresaran de emergencia en cualquier hospital. Mi hermana, la maestra, ahora está fuera de su plaza por alguien que creía amigo no de ahora, de años, y que sin empacho me dijo que había pedido esa plaza para su exesposa, porque tenía que «defender a su mujer y a sus hijos». Los hijos en cuestión ya son adultos y según sus palabras habían ganado un «cantón» para el partido en el poder. Me pidieron que escogiera, expresó, y yo podía haber pedido cualquier cosa. Así que elegí lo que mis hijos me pidieron. El gane de un barrio o un cantón, contra el pecho y la nariz herida de mi hermana, contra una hemorragia con la que lucha aun ahora.

Esta confrontación me llevó al grado de internamiento y más miedo: de correr otra vez embarazada entre el gentío desesperado ante las balas, que habían acabado con la vida de un adolescente; miedo de tantas ausencias, unas por tiros, otras por tristeza. Miedo de parir y quedar con una depresión post-parto por el duelo.

Miedo de asistir, otra vez, a la morgue, para reconocer el cuerpo de tu hermana asesinada y pensar en la inevitabilidad y la consecuencia de algunas luchas. De sentir el olor a pólvora en el aire y ver a sus hijas huérfanas tan jóvenes, paradas con estoicismo, llevando el legado de su madre, pero, sabiendo vos, en el fondo, que ningún premio ni lucha, curan la orfandad. Miedo de no poder despedirla adecuadamente, miedo de no sentirla por tantas muertes acumuladas. Miedo de bajar de un carro, rodeado de policías, a rescatar a compañeras perseguidas en las calles, buscando salidas, aquellas donde no te atrapen. Creo que este miedo jamás te abandona. Lo puedes ver en los ojos, en las palabras, en los abrazos cómplices, y de forma más reciente, en los silencios.

De avanzar hacia una Nicaragua, El Salvador o Guatemala, con una prensa perseguida y encarcelada. De hermanas feministas exiliadas y expatriadas. Es más, el exilio y el desarraigo para todos aquellos que se opongan, el exilio y el ser considerado apátrida. Miedo de no poder escapar de esa dinámica regional, de ese manual de dictadura centroamericana. Miedo de saber que no tienes la fortaleza y el estoicismo de otras que soportaron cárcel y/o tortura, porque seguro te harías un ovillo, suplicando que no te lleven, aunque no sea así y les des la cara, pero eso es lo que imaginas. Miedo por la acusación hecha en pasillos, pero que llega a vos, de que tienes testaferras por dinero «mal ganado» y temer, día sí, día no, por ellas. Miedo de cuando sabes que no te encuentran nada porque tus cuentas son públicas, y entonces implica que seguro te paga la CIA en el extranjero, con cuentas en las Islas Caimán (esto último es tragicómico).

Miedo de ser la voz de varias, cuando no puedes ni encontrarte a ti misma. Miedo de perderte en una depresión o en un manojo de dolor y estar sumergida en las profundidades, aplanada, sin deseos de nada, ni de comer, ni de dormir, ni de tener placer. Ese tal vez es mi mayor miedo, la costumbre de perderme tantas veces, que me es cada vez más difícil encontrarme.

Miedo de no poder regresar a mí misma o dejarme morir de la impotencia, cuando siendo una defensora emblemática, me condenan y obligan todas las semanas a firmar un libro de registro, solo por haberme atrevido a decirle abusador a un hombre poderoso, que nuestra justicia declaró inocente. Mi amor y respeto siempre a Gladys Lanza. El silencio, la bala, la cárcel, la humillación pública, son los intentos o al menos las amenazas desde el poder hacia algunos/as que defendemos a otros/as. Claro, eso nos pasa, como le diría Túpac Amaru a su ejecutor, por meternos a redentores, donde nadie nos llama. Ese es el precio. La cosa es que no debería serlo.

En la literatura griega, Fobos era el dios del miedo, hijo de Afrodita, diosa del amor y de Ares, dios de la guerra. Porque si algo que hay que reconocer del miedo, es que te mueve hacia la sobrevivencia de ciertas batallas; pero también es un instinto primario, visceral, aquel que podría nacer del amor a los demás, tanto como a ti mismo/a. O al menos en eso creían los griegos. Por ello, es comprensible que el miedo sea nuestro talón de Aquiles, porque nos mueve a escapar de una realidad que no queremos aceptar. Por eso, solo la gente que ama, en su mayoría puede sentir miedo, característica ausente, por ejemplo, en dictadores o represores. Aunque bien pueda que lo cambien por soberbia y no por reconocimiento de esos temores. El miedo mal orientado se responde con violencia o con polaridades opuestas, como me dijeron hace poco ante una crítica que hice: «Se acabó el tiempo de espera [que interpreté como benevolencia]. O estás con nosotros o estás del otro lado». Aún espero que me digan qué es el «otro lado» y espero que no sea el lado oscuro de la fuerza, el de la guerra de las galaxias.

Por esto me reconozco íntegra y conocedora de estos temores, la que espera no seguir llorando, extrañando, ni reclamando por nadie. La que se reconoce cobarde en su valentía (leí por ahí que esta es hacer o decir cosas sobre las que habrá consecuencias a pesar de tener miedo). Aquella que lo único que sabe hacer para exorcizar el miedo es escribir y, por ello, escribiendo este texto se siente aterrada con lo que puede venir después. Yo, la escritora impenitente, la crítica del poder y del patriarcado, cuando se puede, porque no es cierto el dicho popular «el que nada debe, nada teme». Nací sin deberle nada a nadie, pero pidiendo permiso para existir. Nos enseñaron a tener miedo, aún en la paz, en la resistencia, en las casas o en las calles. ¿Quién, sobreviviente a estos países, puede decir que no conoce el miedo?, ¿quién siendo mujer no conoce el terror de caminar solas o por las noches en ciertos lugares? De tenerle miedo a todo, incluso a hablar.

Por eso, soy la que espera pacientemente o urgida los resultados que tendrá para nosotros el Consejo de Seguridad y Defensa, la que se opone a los estados de excepción y persecuciones de cualquier tipo. Yo, la que se reconoce con miedo propio y ajeno, especialmente a la prepotencia, al insulto fácil, a la censura. Yo, la que necesita del diálogo porque esta es una Honduras que todos debemos construir, sin enfrentamientos, descalificaciones o revanchas, porque bastante de eso hemos tenido ya. Aquella a la que le gusta el barrio, el mercado, el monte y las flores, las desobedientes, las prófugas, las trabajadoras sexuales, las nadie. Yo, la hija de cualquier norte. Yo, la deslenguada.
Yo, la que espera lo mejor siempre en medio del miedo que todos y todas deberíamos sacar, porque, me atrevo a decirlo, somos una sociedad permeada por los temores, a veces presa de ellos. Así que, siendo políticamente incorrecta, les invito a sacar sus miedos, sin violencia, con creatividad, con palabras, con arte, con frescura. Convoco a pasear los miedos y enfrentarlos, porque yo soy nosotras/nosotros y parafraseando a Sor Juana, soy cualquiera, una de esas, la peor de todas.

El proyecto de ley de Justicia Tributaria ha generado una confrontación entre el gobierno de Xiomara Castro y la empresa privada. Por un lado, el gobierno asegura que esta ley le permitirá al Estado recaudar más ingresos por impuestos a las grandes industrias y, por otro lado, los representantes de la empresa privada aseguran que la eliminación de 14 regímenes de exoneración fiscal provocará la pérdida de empleos y una persecución contra el sector privado.

Texto: Virgilio Quiroz
Fotografía:Jorge Cabrera

Contracorriente organizó un Twitter Space el pasado 3 de mayo que contó con la presencia de funcionarios del Estado y representantes del sector privado con el objetivo de debatir sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, mismo que está siendo socializado en el Congreso Nacional con varios sectores sociales.

La primera etapa de la socialización de la Ley de Justicia Tributaria comenzó el pasado lunes. Un grupo de congresistas desarrolló audiencias públicas para explicar la normativa y a su vez escuchar las sugerencias de los representantes del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y del Colegio de Economistas de Honduras (CHE).

Las reformas tributarias planteadas en la ley han enfrentado al Ejecutivo y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que señala que en el sector privado no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con varios de los puntos planteados por la administración de Xiomara Castro.

La confrontación entre el Ejecutivo y la empresa privada ha llegado a involucrar a otros poderes del Estado, incluidas instancias de seguridad del Estado, pues el pasado miércoles la presidenta Xiomara Castro reunió al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ordenó realizar una investigación sobre las protestas en contra de la Ley de Justicia Tributaria que se llevaron a cabo en la zona sur de Honduras.

A la tensión entre el Gobierno hondureño y la empresa privada se suma la renuncia irrevocable del ahora exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, un empresario quien fungió antes como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), entidad que se ha posicionado en contra de lo planteado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y que, según el pronunciamiento de la CCIC, tal como está planteada, la ley traería un franco deterioro al desarrollo de Honduras.

La propuesta de Ley de Justicia Tributaria fue presentada el pasado 8 de marzo por el ministro del SAR, Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el entonces ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

Esta propuesta de ley pretende eliminar 14 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país, al igual que ocho decretos que tienen que ver con exoneraciones aprobadas entre 2011 y 2021, según datos proporcionados por el gobierno.

El 26 de abril, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.

El gobierno aseguró que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir cerca de 60,000 millones de lempiras en impuestos debido a los beneficios que obtuvieron algunas de las personas más ricas del país.

El viceministro del SAR, Christian Duarte, dijo en el Twitter Space que la Ley ordena crear un reglamento para la puesta en marcha de los nuevos regímenes, los controles tributarios respectivos y el proceso de certificación de la información en el cual «definitivamente las auditorías son una parte importante», afirmó.

Una de las dudas planteadas al viceministro es si las empresas tendrán derecho a la defensa sobre las decisiones que se tomen con base en la Ley de Justicia Tributaria, a lo que Duarte respondió que el debido proceso de la auditoría y la facultad de defensa de las empresas es algo que no se tocará en esta reforma.

En el Space de Twitter también estuvieron presentes dos representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): la abogada Marcia Aquino, quien es especialista en temas tributarios, y Héctor Corrales, asesor en relaciones internacionales. Ambos expresaron los puntos que le preocupan a la empresa privada, que se ha posicionado en contra de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria.

Este proyecto de Ley de Justicia Tributaria plantea retornar al principio de renta global, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales.

Según datos proporcionados por el gobierno, entre 2017 y 2023, se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos debido a las reformas introducidas al Código Tributario en dicho periodo. De aprobarse la nueva ley, 503 empresas y personas naturales tendrán que pagar impuestos por los ingresos percibidos en el exterior. Por otra parte, la propuesta de ley despertó preocupación en la población en general debido a algunas dudas sobre cómo serán tratadas las remesas que mandan miles de compatriotas.

En las diferentes redes sociales, el Cohep lanzó una infografía con lo que consideran la realidad que no se menciona dentro de los discursos oficiales.

Para Marcia Aquino, representante del Cohep, existen algunos puntos importantes sobre las motivaciones detrás de la Ley de Justicia Tributaria. Primero, para ella hay un componente político ideológico; segundo, es una justificación de requerimientos de organizaciones internacionales, en este caso, mencionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

«Entonces la pregunta de ¿a quién beneficia esta ley? En términos de a quién le beneficia en Honduras, es a nadie. O sea, no se baja el impuesto sobre venta que es un impuesto altamente regresivo como lo conocen los funcionarios de la SAR, no bajan la canasta básica, no baja el combustible, no baja la energía eléctrica y no busca nada más de seguridad, educación, es decir, todo lo que le importa al ciudadano de a pie», declaró Héctor Corrales, experto asesor en relaciones internacionales y representante del COHEP.

Las ZEDE y ZOLI

El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de las Zonas Libres (ZOLI), en el año 1976, cuando se emitió la ley que constituyó la creación de la Zona Libre de Puerto Cortés.

En esta ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes, entre otros beneficios tributarios.

A pesar de la derogación de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que dio lugar a la constitución de tres de ellas entre 2013 y 2022, un año después continúan operando en medio de una incertidumbre legal.

El Congreso Nacional de Honduras derogó en abril de 2022 las denominadas ZEDE —lo que anula las normativas orgánicas, reglamentos y resoluciones, contratos o concesiones vinculadas con esta figura— no obstante, dicha derogación no ha entrado en vigencia pues no ha sido ratificada en esta legislatura, ni tampoco ha sido sancionada por el Ejecutivo. El proceso estará consumado cuando esté publicada su derogación en el Diario Oficial La Gaceta.

El congresista Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo esta semana en el programa televisivo Frente a Frente que no tienen prisa para ratificar la derogación de las ZEDE por motivos de «estrategia» y de seguridad nacional que no puede revelar. Redondo agregó que «la razón de las ZEDE ya no existe» y que los dueños de estas «pueden hacer peticiones, arbitrajes, lo que quieran». Algunas ZEDE, como Prospera, ya han presentado acciones legales contra el Estado hondureño después de la derogación de la ley orgánica que dio vida a las ZEDE.

Según Duarte, es una ilegalidad que algunas empresas se hayan inscrito en una ZEDE, pero están ubicadas en territorios fuera de la ZEDE. Explicó que estas empresas se inscribieron fiscalmente de esa forma y se niegan a pagar impuestos municipales, alegando que su domicilio tributario está dentro de una ZEDE.

Duarte agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) envió una carta a quien fungía como ministro de Finanzas en 2021, planteando que si no se hacían pasos para reformar los elementos perniciosos de regímenes como las ZEDE por regímenes como ZOLI, Honduras podría ser declarado como un país no cooperante en términos de fiscalidad internacional y esto significa que el país podría haber sido declarado como un paraíso fiscal.

¿Las remesas serán donaciones?

Los medios oficiales han informado que las remesas no pasarán por esta nueva ley tributaria, puesto que son consideradas como donaciones.

Sin embargo, Aquino explicó que «al tener todo esto [ingresos desde el extranjero] sin poder identificar, por qué o de dónde viene este dinero de su cuenta para empezar a formar parte de su patrimonio, en ese sentido, se va a empezar a gravar».

«La ley ya establece que cualquier impuesto pagado en el exterior fácilmente se puede acreditar como un crédito verde, es decir, las personas no van a pagar doble», respondió Duarte.

Un posible diálogo

Los miembros del COHEP ven necesario que se realice un diálogo integral en el Congreso Nacional donde las partes que pueden ser afectadas por la Ley de Justicia Tributaria tengan la oportunidad de defender sus puntos de vista.

«Creo que tenemos que sentarnos a dialogar más, a dialogar técnicamente, pero seguimos sin entender cuál es el análisis de impacto que se hizo del Gobierno, por lo menos un análisis de impacto a lo positivo, ¿cuántos empleos se van a crear?», dijo Corrales, quien agregó que con esta ley «les van a quitar a todos de la clase media para arriba, pero no le van a dar nada [a los demás]».

Para Duarte, el tema del diálogo ya ha sido abordado ampliamente en foros televisivos y en reuniones de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el Cohep. Afirmó que también se han sostenido reuniones con las centrales obreras, con el movimiento estudiantil, con pobladores y «hemos tenido reuniones también con el Fondo Monetario, con el BID, entre otros organismos mencionados; es falsa esta idea de que el gobierno ha sido intransigente. Lo hemos socializado» puntualizó.

La aprobación de la Ley de Justicia Tributaria se encuentra actualmente en la fase de socialización por parte de la comisión del Congreso Nacional, cuyos miembros se encargarán de revisar y tratar cada punto de la ley; a su vez, el Ejecutivo ha declarado que las protestas por parte de los trabajadores del sector privado tienen detrás un financiamiento para hacer ver mal dicha ley, aun así, se espera la participación del sector privado, que es uno de los principales detractores de la misma.

Por un error se mencionó que la propuesta de ley busca derogar 14 regímenes de exoneraciones fiscales, cuando en realidad se ha propuesto eliminar 10 de 18 regímenes.

Texto y fotografía: Fernando Destephen

Viviana Martínez y Davier Aguirre son una pareja de colombianos desplazados por la violencia del narcotráfico de las regiones de Córdoba y Antioquia, ahora acampan en las aceras del edificio rosado donde funciona la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa. Ambos salieron de Colombia hace 20 días, su meta, como la de los casi 100 migrantes que acamparon con ellos, es llegar a Estados Unidos y que los dejen pasar.

Viviana y Davier dejaron en Colombia a sus familias. Lo que han escuchado de México los asusta pero, su determinación es fuerte: llegar a los Estados Unidos y luego mandar a traer a su familia.

El 20 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitieron una orden de salud que prohibía la entrada a Estados Unidos de personas que «potencialmente representan un riesgo para la salud», como medida para evitar la propagación del Covid-19. Esta ley, el Título 42, vence hoy, 11 de mayo de 2023, lo que ha generado mucha incertidumbre sobre lo que pasará a partir de este día en la frontera sur y en la frontera norte con los migrantes que esperan allí para pasar a Estados Unidos.

El título 42 permitió a las autoridades estadounidenses expulsar inmediatamente a los migrantes de sus fronteras, sin tener que retenerlos y enviándoles hacia su país de origen o el último país de tránsito.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) emitió hoy un comunicado explicando que en ciudades como Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Nuevo Laredo en México han sido testigos de cómo por cuenta de esta política «miles de personas quedaron expuestas a condiciones climáticas extremas, falta de albergue, acceso insuficiente a alimentación, agua y saneamiento, y a diferentes afectaciones físicas y mentales, así como a eventos de inseguridad». Además, Adriana Palomares expuso que «durante tres años pedimos que se terminara la aplicación del Título 42. Esperábamos que los procesos para acoger a quienes buscan protección se restablecieran con el fin de esta norma. Por desgracia, la administración Biden parece centrada en erigir nuevas barreras al acceso al asilo, incluso mediante el «asylum ban» publicado hoy que impedirá a muchos acceder a la protección que necesitan desesperadamente. Sabemos que las políticas de disuasión no funcionan, y todo lo que esto hará será exponer a más personas a la violencia y el peligro», afirmó a través de este comunicado.

La embajada de los Estados Unidos en Honduras publicó una hoja informativa el 27 de abril en la que establece que «el levantamiento de la orden en virtud del Título 42 no implica que la frontera esté abierta (…) Estados Unidos volverá a usar las facultades migratorias conforme al Título 8 para procesar de manera expedita y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal». Esta noticia es nutrida por las medidas anunciadas: imponer consecuencias más severas por no usar las vías lícitas, esto incluye la prohibición de entrar a los Estados Unidos, y «quedarán imposibilitadas de volver a ingresar en Estados Unidos por al menos cinco años si se ordena su expulsión; y se supondrá que no son elegibles para pedir asilo conforme a la reglamentación propuesta sobre Elusión de Vías Lícitas (Circumvention of Lawful Pathways), cuando no medie una excepción aplicable», entre otras medidas para advertir los riesgos legales de cruzar hacia los Estados Unidos de manera ilegal.

Viviana cuenta que le gustan las culturas de los países por los que han pasado pero: «el trato, es que nos ven como un negocio». Un negocio que funciona en base a la percepción de que todos los migrantes andan dinero «creen que nosotros llevamos mucha plata y nosotros si tuviéramos plata, no emigráramos» dijo Viviana mientras revisaba el teléfono celular sentada en la esquina de las gradas de la ATIC en Tegucigalpa junto a Davier, un exsoldado del ejército colombiano.

La dinámica de compra para los migrantes no es la misma, por ejemplo Viviana y Davier no saben exactamente cuánto cuesta el pasaje desde Danlí en la frontera con Nicaragua hacia el Distrito Central porque, como cuenta Davier que cuando llegan a la taquilla a comprar el boleto hacia el Distrito Central los precios varían o no le venden hasta que llega quienes manejan las rutas y quienes obligan a los migrantes a hacer hasta tres transbordos desde Danlí. Cada transbordo con un precio distinto.

Ya en el Distrito Central el trato no cambió mucho, si preguntaban por una dirección, que generalmente es la terminal de buses hacia las fronteras, nadie les respondía, Viviana y Davier creen que es para que no conozcan y así se puedan aprovechar más en el precio de una carrera de taxi o en la comida.

Mientras en la frontera sur de México se acumulan más migrantes en espera de poder entrar a los Estados Unidos, Viviana y Darvin seguirán su camino cuando logren obtener el dinero necesario para un pasaje con un precio incierto si se es extranjero.

Los indígenas tolupanes que habitan las montañas de Yoro, recorren grandes distancias para acceder a servicios básicos de salud, que es una de las deudas que tiene el Estado con este pueblo originario. Al llegar al centro asistencial, no importa cuál sea la dolencia, solo hay acetaminofén para darles.

Texto: Allan Bu
Fotos: Amílcar Izaguirre

Karla Patricia Soto se levantó a las 4:00am el sábado 29 de abril. A ella y a sus tres hijos les esperaba un largo y polvoso camino que contornea las faldas de una de las montañas del departamento de Yoro, al norte de Honduras. Karla vive en una aldea llamada El Palmar, pero ese día su destino estaba a dos horas de ahí, en otro lugar llamado Piedra Gorda, donde se desarrolló una brigada médica llevada por el Club Rotario Valle de Sula. Para ella, su familia y vecinos, esta era una oportunidad casi única de recibir atención en medicina general, odontología y ginecología.

Ese día, cientos de personas, al igual que Karla, se presentaron a la brigada médica con el ánimo de recibir medicina o que una pieza dental que les causaba molestia fuese retirada. El 80% de las personas que asistieron a la convocatoria eran parte del pueblo Tolupán, que al igual que otros pueblos indígenas han sido abandonados por el Estado que debe tutelar sus derechos y salvaguardar su cultura.

El acceso a los servicios de salud es una de las innumerables necesidades que tienen las tribus del pueblo indígena Tolupán, que se ubican en seis municipios de Yoro y en dos de Francisco Morazán. La tribu a la que pertenece Karla Patricia está ubicada en una región llamada Locomapa, en el departamento de Yoro.

El día de la brigada, más de 1,200 pacientes entre adultos y niños fueron atendidos.
Hubo que recorrer más de cinco horas en un viejo autobús para que unos 20 profesionales de la salud brindaran atención médica a Karla y a otros cientos de indígenas, algunos de los cuales habían caminado hasta cinco horas para asistir a lo que parece ser una de las pocas oportunidades que tienen de hablar con un médico y obtener medicamentos.

«Mire, yo tengo dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de colon y muchas enfermedades más», dijo Karla al preguntarle qué la ha llevado a buscar atención médica tan lejos de su casa. Agregó que «gracias a Dios y a la brigada» consiguió medicamentos para ella y los tres niños que la acompañan.

Una de las doctoras voluntarias de la brigada nos dijo que la mayoría de la gente que asiste a las mismas no tiene ninguna enfermedad, al menos en el momento en que son revisados, pero estas poblaciones prácticamente abandonadas a su suerte por cada gobierno de turno ven una oportunidad en la brigada de prepararse para el futuro cuando probablemente sí haya una enfermedad que curar, «solo el 15% está enfermo», dijo la doctora.

A Karla, en otras ocasiones le ha tocado caminar hasta tres horas, buscando atención médica y ha regresado sin nada. «Es difícil venir de largo y a veces no conseguir medicina porque ya nos ha tocado venir por gusto. En el centro de Salud ya ha pasado que cuesta que nos atiendan y usted sabe que venir desde donde venimos es difícil, pero hoy gracias a Dios que venimos y nos dieron suficiente medicina», dijo.

Además contó que ya le ha pasado que después de caminar o pagar 175 lempiras a un motociclista para que la trasladen al Centro de Salud que está en la aldea Ocotal, le han negado la atención médica por llegar tarde, sin tomar en cuenta que ese centro asistencial está a unas tres horas de su casa y, por supuesto, no hay transporte público, «lo primero que nos dicen es “quien no haya venido temprano no lo vamos a atender” y atienden a los de cerca y dejan los de largo por último y uno llega tarde por la distancia».

Karla relató que en una ocasión llegó con uno de sus hijos muy golpeado a buscar ayuda al centro de salud, pero no fue atendido porque llegó a las 11:00 am y la enfermera le dijo que era muy tarde. Le dieron como opción visitar el Hospital de Yoro, cabecera departamental, que se encuentra a unas cinco horas de su casa porque en una buena parte del recorrido no hay transporte público. El costo del autobús es de 160 lempiras (ida y vuelta), pero este sale dos veces al día y quienes viajan tienen el peligro de quedarse en Yoro o en otro lugar. Ella les dijo que no tenía dinero y por eso buscaba el centro de salud, «no tengo recursos y soy humilde, pero los hubiera tirado por la radio [poner la denuncia] para que escuchen en las informaciones cómo se portan ustedes», les dijo Karla a las enfermeras. Al final regresó con su hijo y tuvo que hacer una curación casera.

Durante la administración de Xiomara Castro, el país ha estado en medio de constantes reclamos del gremio médico y denuncias de desabastecimiento de medicinas en los hospitales, aunque el ministro de Salud, José Manuel Mateu, aseguró en una entrevista para Televicentro que en algunos hospitales, el abastecimiento de medicamentos es hasta del 70%. En esa misma ocasión, el funcionario habló sobre la construcción de ocho hospitales en lo queda del actual Gobierno. Ninguno de esos es para el departamento de Yoro, que ya cuenta con tres hospitales departamentales en El Progreso, en Olanchito y en Yoro, la cabecera departamental, que es el más cercano a las tribus tolupanes.

Es contradictorio que mientras el ministro de salud anuncia una licitación para la construcción de estos hospitales, a principios de mayo personal del Hospital del Tórax, una institución que trata enfermedades pulmonares ubicada en Tegucigalpa, protestó por la falta de insumos y medicamentos. La doctora Suyapa de Sosa contó a medios de comunicación que en lugar de algodón están utilizando toallas sanitarias y por esta razón el personal de salud convocó a una huelga. Esto sucede a minutos de distancia de los centros de poder en la Casa Presidencial y el Congreso Nacional, en la misma ciudad donde se encuentra el ministro de salud y la presidenta Xiomara Castro. De esto es lógico deducir que la ausencia de servicios de salud en la montaña donde vive Karla Patricia, a la que hay que llegar conduciendo unas tres horas en una carretera sin asfalto y en la que hay un centro de salud que atiende a más de 20 comunidades, son muchos más precarias que en la capital.

«En el centro de salud, es casualidad que haya medicamento, porque usted sabe que no todos tenemos las mismas enfermedades; yo de lo que más padezco es del cerebro, me pega unos piquetazos, he ido al centro y cuándo les digo que tengo de ese dolor, lo único que me dan es acetaminofén», contó Karla.

Karla Patricia y otras personas consultadas coincidieron en hace meses no todo era malo, que había un médico «especial», de esos dedicados por entero a su labor, que atendía a Karla y a sus tres niños y «no andaba distinguiendo». Pero en Locomapa también coexisten los otros males de Honduras y al buen doctor le robaron la motocicleta con la que llegaba a su trabajo todos los días. El vehículo fue recuperado, pero la atención médica en la aldea El Ocotal no se ha normalizado. A veces improvisaba un consultorio en la aldea Piedra Gorda donde atendía hasta 180 pacientes en una tarde.

Los tolupanes que viven en las 23 aldeas del sector de Locomapa se dedican a la producción de granos básicos como maíz y frijoles que siembran en las laderas de las montañas. En la foto, un grupo de tolupanes hace fila para reclamar los medicamentos recetados por los médicos voluntarios de Rotary International durante una brigada médica en Piedra Gorda. CC/Amilcar Izaguirre
Los tolupanes que viven en las 23 aldeas del sector de Locomapa se dedican a la producción de granos básicos como maíz y frijoles que siembran en las laderas de las montañas. En la foto, un grupo de tolupanes hace fila para reclamar los medicamentos recetados por los médicos voluntarios de Rotary International durante una brigada médica en Piedra Gorda. CC/Amilcar Izaguirre

Don José tiene casi 70 años. Lo vemos subiendo una pendiente apoyado por un largo madero. Sus dedos tienen poca movilidad y su piel es marchita. Es diabético y salió de su casa con el objetivo de conseguir medicina. Nos contó que su madre era tolupán y su padre era ladino, «por eso soy más alto», dice, en referencia a la estatura promedio de los tolupanes. Él vive en Piedra Gorda.

Una brigada médica como la que se realizó el sábado 29 de abril es una buena oportunidad para obtener medicina, pues en el centro de salud, que está a unos 40 minutos de la casa de don José, siempre le han ofrecido lo mismo: acetaminofén. Aunque recuerda que en una ocasión observó cómo el personal de salud tiraba medicina que se había vencido. Aseguró que los iba a denunciar, pero al final se arrepintió. Probablemente su reclamo se habría ahogado en las innumerables deudas que tiene este Gobierno y todos los anteriores.

La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva y la violencia machista que impera en el país, hace que muchas jóvenes indígenas sean madres en la adolescencia. Yolany Medina, a sus 19 años es madre de tres hijos. Viajó con dos de sus tres hijos de la comunidad de Cabeza de Vaca hasta Piedra Gorda, en el sector de Locomapa, Yoro, en busca de atención medica.CC/Amilcar Izaguirre
La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva y la violencia machista que impera en el país, hace que muchas jóvenes indígenas sean madres en la adolescencia. Yolany Medina, a sus 19 años es madre de tres hijos. Viajó con dos de sus tres hijos de la comunidad de Cabeza de Vaca hasta Piedra Gorda, en el sector de Locomapa, Yoro, en busca de atención medica.CC/Amilcar Izaguirre

A los 67 años, Romelia Romero caminó unas tres horas desde la aldea Mezcales, donde tiene su casa, hasta Piedra Gorda donde se desarrolló la brigada médica del Club Rotario. Romelia le contó a los doctores de al menos cuatro enfermedades para las que recibió medicamento.

Ese día obtuvo medicina para el dolor de cabeza y el dolor de espalda que de vez en cuando la aqueja, en otras ocasiones ha caminado cuatro horas y ha regresado a casa sin medicina. Romelia también asiste al centro de salud en la aldea El Ocotal, y aunque ha obtenido algo de medicina, nos contó que le han cobrado 15 lempiras por la consulta lo cual es mucho para una persona que tiene 67 años y que vive sola en una aldea perdida en una montaña de Yoro. «Se consigue medicina, pero hay que pagar, una vez me tocó pagar la consulta, 15 lempiras y después pagué el pasaje», dijo Romelia.

Doña Romelia está entre el 74% de la población de Honduras que vive en la pobreza, que por su condición solo puede acceder a servicios básicos como salud y educación a través del Estado, el cual ha hecho esfuerzos mínimos para atender estas necesidades por la indolencia de gobiernos corruptos e inoperantes.

Merary Soto, que no es familia de Karla Patricia, es una de las líderes tolupanes en la aldea Piedra Gorda Ella manifestó que, además de la ausencia de los servicios de salud, a la mayoría de los tolupanes le hace falta una vivienda digna que, muy tristemente, en el país no es problema únicamente de este pueblo indígena. De acuerdo con un estudio realizado en el 2020 por Hábitat para la Humanidad, Honduras tenía una necesidad de 522 076 viviendas nuevas, mientras que 844,000 viviendas presentaban necesidades urgentes de mejoramiento. Pero ese cálculo fue realizado antes de las tormentas Eta y Iota, que destruyeron—según cifras oficiales— casi 10,000 viviendas.

El empleo es otro reto para los tolupanes. En El Ocotal, Piedra Gorda, Mezcales y otras comunidades aledañas, los hombres, cuando consiguen un jornal en el cultivo de maíz o frijol, reciben 150 lempiras como pago para cubrir las necesidades básicas de la familia. Merary también consideró que en su pueblo además hay un serio problema de alcoholismo entre sus hombres y entonces, aparte de alimento, «también compran medio litro de guaro y el resto lo llevan a la familia».

La temporada de cosecha de café hace que haya oportunidad de ganar dinero, pero solo dura unos tres meses y, según Merary, la operación se repite, mucha gasta parte de lo ganado en el alcohol, cuya ingesta hace que con frecuencia haya violencia doméstica. «Yo no sé qué se siente que le pongan la mano encima a uno, pero hay familias en las que el padre alcoholizado, no lleva cosas para alimentarse, pero sí las golpean», dijo.

La violencia de género es un mal enraizado en la idiosincrasia de un país patriarcal y dogmático y a este problema tampoco escapan los tolupanes, cuyo único problema está lejos de ser la búsqueda de atención médica en un centro de salud en el que alguno de ellos dicen que solo hay acetaminofén.

Crisis económica como un problema persistente, manipulación a la presidenta Xiomara Castro por parte del expresidente Manuel Zelaya, y una mala estrategia de comunicación del Gobierno son algunas de las revelaciones del Sondeo de Opinión Pública 2023 realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ).

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

La edición número 12 del Sondeo de Opinión Pública 2023 del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) señaló puntos clave sobre la percepción ciudadana respecto a la gestión gubernamental actual. Entre lo más destacado está el deterioro de la imagen de la presidenta Xiomara Castro, quien pasó de ser calificada con 6 puntos de 10 en el 2022, a 4.46 de 10 en el 2023.

Elvin Hernández, sociólogo e investigador del ERIC, explicó a Contracorriente que la baja en la puntuación de la presidenta se debe a tres factores esenciales: El primero es que la ciudadanía percibe que no está cumpliendo las promesas de campaña, y que además la mandataria no está participando en un diálogo con la ciudadanía.

Como segundo punto, el investigador destacó que, debido a la cultura y visión machista que impera en Honduras, a la presidenta se le exige y se le presiona más que a un gobernante hombre. «Es distinto el comportamiento de la ciudadanía frente a una mujer y un hombre, y eso tiene que ver con una estructura patriarcal y vertical de la ciudadanía», indicó.

Otro de los puntos más importantes es la percepción de la ciudadanía sobre los problemas del país. En el sondeo, la población encuestada colocó en primer lugar el problema de la crisis económica, para el sociólogo Hernández, esto se debe a que la crisis mundial y económica desencadenada por la guerra entre Rusia y Ucrania provocó el incremento de los combustibles y de los fertilizantes que derivó en una escasez de granos básicos, a todo esto como efectos colaterales de la guerra se sumó el aumento de la inflación y la población hondureña culpó al gobierno de Castro.

El sondeo también abordó la confianza que hay en la población del poder de decisión que tiene la presidenta. En los resultados, el 65.1% de las personas encuestadas aseguraron que la presidenta Xiomara Castro está siendo manipulada en la toma de decisiones y de ese grupo de personas, el 78.1 % indicó que está siendo manipulada por su esposo, el asesor presidencial y ex presidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Este porcentaje incrementó un 17.5 % en comparación con el sondeo de opinión del 2022. Por otro lado, el porcentaje relacionado a la percepción que tiene la ciudadanía sobre el control de Castro en la toma de decisiones bajó un 16.5 %, comparado con el año anterior.

Sobre esto, el sacerdote jesuita Ismael Moreno también parte del equipo de analistas del Eric-SJ manifestó que, en ocasiones, los hombres que acompañan a las presidenta Xiomara Castro le quitan la palabra, y que además existe un deseo de la población de que ella hable y que su voz no sea sustituida por la de su asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya Rosales.

Otro dato importante es que en el sondeo de este año el Partido Libre dejó de ser el partido de preferencia por la ciudadanía, bajando un 5.9 % respecto al año 2022, cuando se posicionaba como el partido político que más prefería la ciudadanía hondureña con el 24.1 %; ahora, un año después, el Partido Libre figura empatado con el Partido Nacional con el 18 %.

Gráfica correspondiente al Sondeo de Opinión Pública 2023 del ERIC-SJ.
Gráfica correspondiente al Sondeo de Opinión Pública 2023 del ERIC-SJ.

En el sondeo de este año, la ciudadanía opinó que la actuación del Partido Libre ha sido peor que la del 2022, año en que la población opinó que la actuación de este partido había sido mala en un 29.6 %; este año, no obstante, la población estimó que la actuación del Partido Libre fue mala en un 37.2 %.

El investigador Elvin Hernández aseguró que a una de las conclusiones que han llegado como equipo de análisis es que, pareciera que el Partido Libre es un actor decisivo en todas las elecciones de segundo grado, como la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la aprobación del Presupuesto General de la República 2023, y podría seguir siendo una pieza fundamental para la elección el fiscal general.

«Uno siente que varias decisiones que tomó el Congreso la toma afuera (no en las sesiones legislativas), con los coordinadores de los partidos políticos, y curiosamente 8 de 10 hondureños no confían en esos partidos políticos. Esto representa un tema de profundidad de la crisis que vive la sociedad hondureña», destacó Elvin Hernández.

«Estamos ante en una ciudadanía que no confía en las instituciones públicas, incluyendo las instituciones que tienen mayor responsabilidad de resolver la crisis, como el Congreso Nacional, el Gobierno central, el Ministerio Público, o la Corte Suprema de Justicia», indicó el investigador del ERIC-SJ, apuntando que esto es muy preocupante.

Crisis económica y estado de excepción

El principal problema que percibe la ciudadanía en Honduras sigue siendo el mismo que el del año pasado: la crisis económica. El 45 % de la población encuestada en este sondeo el 2022 opinó que la situación económica del país avanzaría a mejorar, sin embargo, en este 2023, el 44.9 % de la población opinó que la situación económica del país es mala, y el 38.1 % opinó que muy mala. Además, la esperanza en el Gobierno decreció significativamente, la mayoría de los encuestados respondió que para el presente año la situación del país empeorará (45.8%).

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presenta la edición número 12 del sondeo de Opinión Pública.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presenta la edición número 12 del sondeo de Opinión Pública.

Esto también está ligado a una de las motivaciones por las cuales, según el sondeo de opinión, las personas migran fuera de Honduras.

«Un tema de coyuntura es el tema de la migración, en este nuevo sondeo encontramos que bajaron las esperanzas de la ciudadanía, aumentó el miedo, y el deseo de irse del país también, señaló el investigador del ERIC, Elvin Hernández, quien además aseguró que, conforme al sondeo del año 2022, el deseo de migrar fuera de Honduras aumentó.

Según el sondeo de opinión 2023 del ERIC-SJ, la esperanza de la población en el futuro del país bajó un 14.3 % y el miedo incrementó un 13.3% respecto al año 2022. Además, el deseo de migrar debido a la situación de Honduras incrementó en más de un 10 % y la falta de empleo se mantuvo como la causa principal de esta migración.

En el tema de la violencia e inseguridad, el 42 % de la población respondió estar de acuerdo con el estado de excepción, una medida decretada por la presidenta Xiomara Castro para «combatir la extorsión y delitos conexos». Sin embargo, el 34.3 % de los encuestados contestó que se sentía inseguro a pesar de esta medida y el 32.7 % aseguró que se sentía poco protegido. En cuanto a los homicidios, el 67 % de los encuestados opinó que estos han aumentado.

Elvin Hernández, investigador del ERIC, explicó a Contracorriente que la percepción de un estado de excepción «efectivo» en El Salvador podría influir en el posicionamiento de los encuestados sobre la implementación de esta medida en Honduras, más allá de si está podría ser lo más idóneo para combatir la violencia y los crímenes y que la expectativa es que en un futuro cercano funcione como en el país vecino.

La gente no conoce mucho sobre la CICIH

En el sondeo de opinión de este año los encuestados calificaron con 3.68 puntos de 10 a los magistrados salientes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, el 37.2 % aseguró que el principal daño que ocasionó este pleno fue proteger a corruptos, seguido de proteger a gente rica y poderosa con un 20.6 % y apoyar a Juan Orlando Hernández con un 11.7 %.

Además, el estudió reveló que el 38.1 % de la población opina que la CSJ protegió los intereses de los corruptos.

En cuanto a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), más de la mitad de los encuestados (50.2%) opinaron que, una vez instalada la CICIH, esta deberá desmontar estructuras de corrupción en el Estado, y también, el 70.6 %, indicó estar de acuerdo con la instalación de esta comisión en el país.

Solamente el 54.4 %, aseguró conocer sobre la firma del acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas para la instalación de la CICIH en Honduras.

El sondeo de Opinión Pública número 12 del ERIC-SJ fue elaborado del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023.
El sondeo de Opinión Pública número 12 del ERIC-SJ fue elaborado del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023.

Mercy Ayala, socióloga e investigadora del ERIC, dijo que se espera que los resultados de este sondeo provoquen cambios en la estrategia de comunicación del Gobierno y que los mecanismos y acuerdos a los que llega el Estado en las distintas instancias sean de conocimiento público.

«Esperamos que este sondeo le dé elementos al gobierno para que ellos puedan mejorar su estrategia de comunicación, y así comunicar algo complejo y tan abstracto en algo simple y que sea de beneficio social y directo a la ciudadanía», apuntó Ayala.

La investigadora también señaló que la corrupción figura en el quinto problema que percibe la ciudadanía como existente en el país, en este sentido, ella aseguró que es necesario que el Gobierno sepa y visibilice el impacto directo que puede tener la corrupción en la vida de cada uno de los hondureños.

«Que la ciudadanía realmente tenga ese conocimiento e información concreta de lo que se quiere comunicar, no a medias, sin ser atomizada por la polarización de quién está a favor o en contra (del gobierno), ver todos los elementos y que la ciudadanía pueda informarse y establecer su propio criterio», valoró la investigadora del ERIC-SJ.

El sondeo de opinión 2023 del ERIC-SJ también reveló que el 63.8 % de los encuestados aseguraron que en Honduras no se está respetando la libertad de expresión, y que, además, la mayoría de las personas encuestadas se informan por medio de la televisión (42.4 %) y por redes sociales (30.7 %), teniendo a la radio en tercer lugar (15.2 %). Comparado con los datos del sondeo de opinión de 2022, en un año, cada vez son más las personas que se informan por medio de redes sociales.

El Gobierno de Honduras impulsa una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono. Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), aseguró que esta Ley beneficiará a las comunidades que por años se han dedicado a proteger el medioambiente; sin embargo, aún se desconocen los detalles bajo los cuales operará este mecanismo y tampoco se conoce en profundidad la política ambiental estatal en temas de cambio climático.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Portada: Daniel Fonseca

En noviembre de 2022, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) la implementación de «créditos soberanos de carbono» orientados a construir infraestructura resistente al cambio climático, actividades de restauración y recuperación de ecosistemas y para cuidar las áreas protegidas.

En esa cumbre, Medina indicó que en Honduras estaba disponible un mercado de carbono valorado en 32 millones de dólares, y que, además, contaban con el nivel de referencia de captura de carbono en el país para saber cuánto se está capturando y cuánto puede ser cotizado en el mercado de compra de crédito de carbono.

Ahora, el Congreso Nacional promueve una ley para que estas transacciones de carbono sean reguladas por el Estado, algo distinto al mercado de carbono voluntario, que ya existe en el país y es permitido. Esta legislación está a la espera de ser discutida en su tercer y último debate.

Sesión extraordinaria en el hemiciclo legislativo. Foto CC/ Jorge Cabrera
Sesión extraordinaria en el hemiciclo legislativo. Foto CC/ Jorge Cabrera

La «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática», presentada por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, tiene como una de sus consideraciones acercar la realidad hondureña a la justicia climática y crear un mecanismo que contrarreste los efectos adversos del cambio climático, el control de la emisión de gases de efecto invernadero, distribuyendo para tal efecto los beneficios y recursos de manera equitativa y justa.

Sin embargo, Honduras es uno de los países que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce. Según información del Banco Mundial, el país produjo en 2019 aproximadamente 22,390 toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una cantidad considerablemente menor comparada a la producción de GEI de otras naciones como China con más de 12 millones de toneladas, Estados Unidos con más de 6 millones y la India con más de 3 millones ese mismo año.

Además, según un portal de estadísticas, estos tres países encabezan la lista de los que más emisiones de GEI produjeron en 2020, representando China el 32.48% de emisiones a nivel mundial. El único país latinoamericano en figurar en esta lista fue México con un 1.13% de GEI producidos ese año a nivel mundial. La base de datos independiente EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research en inglés) calcula que Honduras produjo solo el 0.03% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2021.

La Ley que busca implementar el Congreso Nacional también deja una interrogante sobre los reglamentos o mecanismos que se implementarán cuando el Estado regule este mercado en Honduras. En el artículo 5, sobre la descripción de conceptos técnicos, la Ley solo detalla que estos «serán descritos en los respectivos reglamentos y manuales que emita el órgano regulador».

El Comité Nacional para las Transacciones de Carbono, según la propuesta de ley, estará conformado por un representante o titular de las siguientes entidades: la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la cual presidirá el comité.

Entre las responsabilidades del comité están la recepción, evaluación y dictamen de viabilidad de las solicitudes de transacciones de carbono forestal; el diseño, la creación e implementación de un sistema de registro de transacciones de carbono y la contabilización del carbono disponible y comprometido en el mercado.

La propuesta también indica que el financiamiento del Fondo de Transacciones de Carbono provendrá de las tasas y otros montos derivados de las transacciones de carbono, el cual será destinado hacia el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), siempre y cuando la recolección del carbono sea invertida en áreas de ampliación, mejoramiento de los sumideros de carbono y para sostener las actividades del comité.

«Este fondo también se utilizará para la actualización anual del inventario nacional de gases de efecto invernadero, diseño, creación, implementación y sostenibilidad del Sistema de Registro de Transacciones de Carbono Forestal. Asimismo, será utilizado para sostener las actividades del Comité Nacional para las Transacciones de Carbono», detalla la propuesta.

Para su jurisdicción, se designará al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.

Bosque ubicado en Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.
Bosque ubicado en Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Lucky Medina, ministro de la Serna, explicó a Contracorriente que una de las finalidades de esta legislación es «ordenar» los datos en cuanto a bosques disponibles en el país y la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que captan los bosques.

«Nosotros esperaríamos también que sea un mecanismo para evitar cualquier tipo de fraude y, además, que solamente el Estado pueda decidir cómo hacer la reinversión. El hecho de apuntar hacia la justicia climática con esas transferencias de captura de carbono es para reconocer a las comunidades que han cuidado durante décadas y durante siglos sus recursos naturales, sus bosques, sus ríos, sus montañas y que sean ellos los primeros beneficiarios de cualquier transferencia que pueda acceder el Estado», aseguró Medina.

Para Marlon Escoto Valerio, quien fue delegado presidencial para el cambio climático en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández, la motivación de esta ley por parte del Estado sería tener mayor control de este mercado.

«Hablando de mercado regulado, Honduras podría aprobar esta ley, pero luego tiene que reglamentarla, que es lo más difícil, porque es la parte operativa, la institucionalidad, eso se va a llevar su rato porque las entidades como Mi Ambiente [ahora Serna] e ICF buscarían que en un mercado regulado ellos sean quienes representen al Estado e intentarían que las transacciones les beneficiaran de alguna manera en sus quehaceres», explicó a Contracorriente, Marlon Escoto.

Para el ingeniero agrónomo con un máster en Asentamientos Humanos y Medioambiente, es primordial que la población conozca a quién beneficiará esta legislación, teniendo en cuenta que deberían ser las personas que habitan o tienen vínculos con los territorios las que primordialmente resulten beneficiadas, algo prometido por el ministro de la Serna.

Del mercado voluntario al regulado

Escoto —quien fue ministro de Educación durante 6 años entre las administraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa y del expresidente Juan Orlando Hernández— tiene una amplia experiencia en el mercado de carbono voluntario con la empresa CC&E Climate Change and Education, la cual él preside y que se encarga de sacar los cálculos y emisiones en bosques privados con imágenes satelitales y tecnología.

Sobre el proceso, el ingeniero explicó que, primero, teniendo el plano y extensión del bosque privado con consentimiento del dueño, se digitaliza el mapa y se procesa de forma en la que, a través de un programa, calculan cuántas emisiones de carbono pueden capturar estas hectáreas de bosque.

Marlon Escoto continúa explicando que para esto analizan la calidad del suelo durante 20 años mediante un programa, de esta forma, garantizan si este ha perdido o ha ganado cobertura boscosa y si el bosque es apto para las transacciones de carbono.

Una vez que esto se determina, se envía la información a los colocadores o empresas que se encargan de concretar el trato entre el propietario del bosque privado y la empresa que esté interesada en contrarrestar los gases contaminantes que emite a la atmósfera. En un ejemplo concreto, Marlon Escoto mencionó que han calculado la captación de 2,070 toneladas de emisiones de carbono en un solo espacio, lo que equivaldría a 8,000 dólares anuales.

«Si un grupo corporativo europeo tenía que reducir, por decir algo, 200,000 toneladas de dióxido de carbono al año y por sus medios sólo puede reducir la mitad, para compensar la otra mitad acude al mercado de carbono, y los mercados de carbono voluntario funcionan con empresas intermediarias como todos los mercados que se conocen», explicó Marlon Escoto, quien agregó que, hasta el momento, el mercado de carbono en Honduras no tiene ninguna operación de mercado voluntario, y menos, de mercado regulado.

Pero, según el ingeniero agrónomo, todos estos avances se han pausado debido a la moratoria nacional en la venta de créditos de carbono forestal que estableció el Gobierno en junio de 2022.

Contrario a lo expresado por Escoto, el ministro de la Serna, Lucky Medina, afirmó que con el mercado de créditos de carbono regulado se tiene un mejor precio de transacción, se evitaría el fraude y también se garantizaría el interés de inversionistas o compradores de créditos de carbono que ven la intervención del Estado y de los Gobiernos en este mecanismo.

«El mercado voluntario ha tenido algunas transferencias ya realizadas acá en el país —argumentó el ministro de la Serna— y de eso, por lo que nos han dicho en las comunidades, el Estado no tiene registro de absolutamente ninguno, no se sabe en qué condiciones ha ingresado ese dinero al país, si se ha pagado con algún tipo de tasa administrativa o en qué condiciones es contratada esta gente, si se está cumpliendo o no con la legislación nacional. Para evitar ese tipo de abusos y para evitar algunos fraudes potenciales, se declaró la moratoria junto al Instituto de Conservación Forestal (ICF)».

Además, Lucky Medina reafirmó que con el apoyo de los batallones verdes de las Fuerzas Armadas y la fiscalía del medioambiente se obtendrá información sobre la tala y quema ilegal de bosques, algo que podría afectar a los bosques que están participando de este mercado de créditos de carbono voluntario.

Corteza de un árbol ubicado en un bosque de Tegucigalpa. CC/ Jorge Cabrera
Corteza de un árbol ubicado en un bosque de Tegucigalpa. CC/ Jorge Cabrera

Respecto a las mediciones de captura de carbono, el ministro de la Serna aseguró que estas son cifras ya conocidas y calculadas por el Estado de Honduras.

«El país ha cumplido cuatro ciclos de Inventario Nacional Forestal, hay muchísimos datos e investigaciones, desde bosques de mangle en las costas hasta parcelas establecidas en el Parque Nacional Celaque, montaña de Santa Bárbara y Sierra de Agalta, que son los puntos más altos. Hay miles de mediciones realizadas en los cuatro ciclos de alimentación nacional forestal», indicó.

Además, Medina reveló que en el último Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro destinó 35 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para la recaudación de ecosistemas y para asegurar agua en comunidades rurales, algo que será ejecutado por la Serna.

La descarbonización como una alternativa de compensación directa

Lucía Vijil, investigadora y analista en temas de conflictividad socioambiental y asesora de Justicia Ambiental y Transparencia del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), opinó que apostar a la descarbonización en vez de la regulación de un mercado de créditos de carbono por parte del Estado podría ser una alternativa para realmente hacer frente a la emergencia climática.

La descarbonización o carbón neutro es un proceso en el que una empresa, institución o países pueden reducir las emisiones de carbono en la atmósfera que produce. Dentro de esto está la transición energética, dentro de la cual se implementa cada vez más el hidrógeno renovable o combustibles sintéticos como alternativa al petróleo tradicional.

Marlon Escoto explicó que en Honduras ya existen empresas o emprendimientos que implementan el carbono neutro en sus operaciones.

«Por medio del carbono neutral, las empresas tienen un sello de neutralidad de carbono. Aquí las empresas calculan sus emisiones y el valor de esas emisiones las compensa plantando un bosque, esta es la manera de cumplir en algunos países», indicó Escoto.

Además, el ingeniero aseguró que, aunque esto no es obligatorio en todos los países incluyendo Honduras, un café que es producido en una finca que efectúa el proceso de descarbonización y es producido en un lugar donde existe una vasta biodiversidad y que es procesado por una cooperativa de mujeres, lo cual es un principio de inclusión, es más atractivo a la inversión extranjera.

Sin embargo, Escoto indicó que a nivel estatal no se le da prioridad al también llamado carbono cero y que tampoco se valora el potencial que pueden tener las empresas de implementar este tipo de procesos en un país con una amplia biodiversidad y con la posibilidad de que se abra un mercado interno sobre esto.

Una dinámica mercantilista para mitigar el cambio climático

La investigadora del Cespad, Lucía Vijil, destacó que, en medio de la promulgación del mercado de carbono voluntario o regulado, han existido movimientos o grupos en contra por su fin mercantilista.

«Es importante ubicarnos un poco en temas de contexto y centrarnos en cómo los grandes movimientos sociales territoriales también han sido los principales opositores a estos mecanismos de transferencia o de venta de bonos de carbono, precisamente por esa dinámica mercantilista sobre quién sí y quien no posee oxígeno. Es una dinámica muy desigual que los países contaminantes le trasladen responsabilidad por su contaminación a los países no contaminantes», explica Vijil.

La analista del Cespad aseguró que el mercado de carbono no hará nada para cambiar la estructura ni el comportamiento de los países ricos en cuanto a los gases de efecto invernadero que producen. Además, Vijil dijo que es necesario conocer el proceso de consulta que se pudo haber llevado para construir esta Ley, en vista de que en ella se menciona la participación de defensores del ambiente, los cuales, en su mayoría, son pueblos originarios.

«¿Cómo estás trasladando el mensaje a la ciudadanía sobre qué son los bonos de carbono? —cuestionó la investigadora—, habiendo tantas experiencias negativas en América Latina en relación con esto. Lo único positivo es que le entran divisas a tu país, porque cuando revisas la Ley solo ves que se menciona los beneficios económicos a las comunidades, sí, pero no hay nada conciso en cuanto a cuál será el porcentaje que obtendrán».

Para Lucía Vijil también existe incongruencia por parte del Gobierno a la hora de promulgar una Ley de justicia climática cuando, por otro lado, se está avanzando en una concesión petrolera y tampoco se detiene la minería a cielo abierto.

«Estas cosas no han permitido que se haga una lectura completa sobre cuál es realmente la política ambiental nacional, una que no solo nos hable sobre las comunidades que están cerca de los bienes comunes de la naturaleza, sino del desplazamiento de especies, la extinción de especies, cómo se están alterando los ciclos ecológicos, el cambio climático, todo este tema realmente no está en agenda y no hay, para mí, una lectura clara de hacia dónde vamos», destacó Vijil.

Trabajador traslada madera de un bosque ubicado en Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera
Trabajador traslada madera de un bosque ubicado en Tegucigalpa. Foto CC/ Jorge Cabrera

La investigadora opinó que por el desconocimiento sobre estos temas, ésta Ley seguramente será aprobada por el Congreso Nacional, por lo cual, recomienda tres aspectos fundamentales a la hora de su implementación.

Primero, mecanismos de información claros y transparencia en las transacciones de carbono, cuáles empresas y en qué países están comprando y podrían ofrecer comprar bonos de carbono. En este sentido, ejemplifica el caso de Canadá, como un país que podría ofrecer comprar bonos a Honduras, pero que también es un país en el que invierten en temas mineros. Esto, para Lucía Vijil, podría representar un desbalance político.

Como segundo elemento crucial está tener los mejores requerimientos en el marco del reglamento para esta Ley. Ser claros en si esta Ley beneficiará a las comunidades, debido a que, siendo así, se tiene que garantizar la protección a las zonas que pueden capturar carbono y a las personas de estos lugares, en vista de que los defensores del ambiente continúan siendo criminalizados y judicializados en Honduras.

«A la par de realzar el bosque también se debe destacar a quienes han sido esos cuidadores eternos, y que por un mandato muy ancestral y de que se asumen en la naturaleza, también deben establecer mecanismos paralelos que les permitan figurar en la acción de la asesoría de los bienes comunes», apuntó Vijil.

Por último, la analista consideró como elemental la transparencia en el manejo de estos fondos y la liquidación de los mismos. En este sentido, Lucía Vijil indicó que, si no se establece esto desde el principio, puede ser un fondo que se preste a ser utilizado para cualquier cosa.

«Los países más pobres somos los que asumimos una cuota y entramos a ese mercado, tan turbio y macabro de querer pagar una deuda para que no sancionen más a los grandes países que contaminan», indicó Vijil, quien reafirmó que existe una dinámica llena de matices en el mercado de carbono.

«La Ilimitada», un proyecto cultural de trabajadoras y trabajadores del arte, encaminado a devolver el sentido de pertenencia a la comunidad, recuperar el espacio público no con armas, sino con cultura y arte atraviesa un momento clave: sobrevivir. La decisión del Gobierno de cancelar las relaciones diplomáticas con Taiwán produjo la interrupción de un financiamiento ofrecido por ese país para el funcionamiento de La Ilimitada.

Texto y Fotografía: Fernando Destephen

Los daños colaterales se entienden como consecuencias no intencionadas después de una acción dirigida. El 14 de marzo de 2023, la presidenta Xiomara Castro ordenó vía Twitter al canciller, Eduardo Enrique Reina, gestionar el inicio de relaciones diplomáticas con China. Los días avanzaron y la relación diplomática con China se oficializó el 26 de marzo de 2023 y, como es natural, se acabaron las relaciones diplomáticas con Taiwán. Muchos sectores levantaron la voz advirtiendo que los proyectos apoyados por ese país quedarían abandonados afectando a emprendedores y en general a quienes trabajaron con la embajada de ese país.

Un daño colateral directo de esta decisión diplomática fue el proyecto cultural «La Ilimitada» que se proponía ser un lugar seguro para la creación artística. «Somos varias trabajadoras y trabajadores del arte que nos hemos juntado para armar un espacio de encuentro del arte y el conocimiento. Se va a llamar Productora Popular Feminista para el Arte y el Conocimiento», contó Karla Lara a Contracorriente, días antes de que el fin de una relación diplomática con Taiwán afectara el proceso que ya se había comenzado con la ilusión de desarrollar proyectos culturales.

La idea de «La Ilimitada» cuajó en doce personas y el proyecto comenzó a caminar este año, se rentó la casa 1332 en el barrio La Ronda de Tegucigalpa. La inauguración fue un acto poético en homenaje a Juana Pavón y la banda Puras Mujeres presentó su video musical «Loca Juana», un proyecto que nació en 2019 cuando murió Pavón. En el 2020, la pandemia impidió que se continuara con la idea; pasó el 2021 y fue hasta en el 2022 que iniciaron la grabación y se estrenó –al fin– en febrero del 2023 en la terraza de «La Ilimitada».

«La Ilimitada» iba a ser ese espacio para el reencuentro de la cultura con la comunidad y realizar actividades culturales e incluir a las familias del barrio para recuperar esa pertenencia. La calle donde se ubica queda a dos cuadras después del parque Finlay, en la avenida Máximo Jeréz, en la calle en que funciona la escuela Francisco Morazán con la que Karla Lara esperaba tener un acercamiento para también trabajar con los niños de la escuela del barrio.

La visión de La Ilimitada contemplaba recuperar la pertenencia a una comunidad, «todo el mundo se ha metido hacia adentro evitando la violencia, evitando salir y permitiendo que los excesos caminen». Contra esos excesos, Karla Lara considera ocupar los espacios públicos con arte y pensamiento, como una forma de decirle al Estado que «no sólo con armas podemos entender la seguridad, no solamente con personas armadas».

No era un proyecto estático, era incluyente y dinámico, derivaba en muchas áreas artísticas que permitirían una alfabetización y sensibilización con respecto a la cultura, los contextos artísticos, la educación popular y la producción artística. La Ilimitada también apuntaba a la autogestión. «Hemos decidido que nos vamos a conformar en una cooperativa de trabajadoras y trabajadores del arte» contó Lara y agregó que el proyecto iba orientado a que la gente recordara «el papel que el arte juega en la construcción de la justicia, la alegría y de todas las cosas que nos hacen falta, entonces, en este espacio vamos a tener actividades culturales».

El proyecto contemplaba tener mercaditos feministas, conciertos, lecturas de poesía, conversatorios feministas, de diversidad y disidencia sexual. «Queremos que sea un espacio seguro para las disidencias y seguro también para las mujeres, al que obviamente serán bienvenidos los hombres y no los machos» contó Lara a Contracorriente el 15 de marzo.

Hacer de la comunidad parte integral de un proyecto cultural evoca a Leticia de Oyuela en el libro Dos Siglos de Amor, cuando explica que «el amor ya magnificado tiende a la más perfecta de sus formas, que es aquel que busca el bien de la comunidad y que muchas veces se expresa en el trabajo artístico». Conectar la comunidad con el arte.

Karla Lara en La Ilimitada, un proyecto cultural en el barrio La Ronda de Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen.
Karla Lara en La Ilimitada, un proyecto cultural en el barrio La Ronda de Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen.

La PAE

El 08 de marzo, la presidenta Xiomara Castro anunció vía Twitter la firma de un acuerdo Ejecutivo para permitir el uso y comercialización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Una lucha feminista que viene desde el Golpe de Estado de 2009 cuando la PAE fue prohibida.

Karla Lara considera sobre esa decisión que «no nos lo dieron, eso lo lo peleamos nosotras y lo peleamos en tiempos de dictadura, y lo peleamos también frente a un discurso patriarcal y machista del movimiento social y popular que nos seguía diciendo que dejáramos eso para después porque en ese momento había que hablar solamente de revertir el golpe».

Las feministas de 2009 se enfrentaron al Golpe de Estado, a la represión y al conservadurismo en medio de un momento histórico en el que otra vez se les decía que sus peticiones podían esperar, pero «las feministas seguimos insistiendo en PAE sí, PAE sí, queremos la PAE y bueno, ahora tuvieron que darnos la PAE» dijo Karla Lara en la terraza de La Ilimitada.

¿El fin de La Ilimitada?

Si algo tienen los trabajadores del arte en Honduras es resiliencia y saber trabajar con las uñas, impulsados por ese amor hacia la comunidad, la responsabilidad de existir artísticamente y saber aprovechar las oportunidades. Karla Lara dijo que lo ocurrido con la decisión de cancelar las relaciones diplomáticas con Taiwán no es el fin de La Ilimitada, pero sí es un momento de dificultad, de volver a esperar que alguien vea en el arte y el encuentro cultural una salida o, al menos, una alternativa a el estado de excepción y la militarización.

Mientras tanto, en la terraza de La Ilimitada seguirán colgadas dos mantas: ¡No se combate la violencia criminalizando la pobreza! y ¡Justicia para Keyla. ¡La policía mata! Esta última con una ilustración de la cara de Keyla Martínez, encontrada muerta en una celda de la posta policial de la Esperanza Intibucá en febrero de 2021. La Ilimitada continuará porque la persistencia es más fuerte que una decisión diplomática.

Karla Lara durante un ensayo musical en La Ilimitada. Foto CC/Fernando Destephen.
Karla Lara durante un ensayo musical en La Ilimitada. Foto CC/Fernando Destephen.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa encontró a los periodistas centroamericanos en una región convulsa y bajo una atmósfera de autoritarismo, que ha puesto al periodismo independiente como enemigo público. En Nicaragua 185 periodistas han sido expulsados del país de 2018 a la fecha. Costa Rica bajó 15 peldaños en el índice de la libertad de prensa y Honduras continúa en rojo, en el último año —con un cambio de gobierno— el país bajó cuatro peldaños.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Jorge Cabrera

La Libertad de prensa sigue en retroceso en Centroamérica: eso es lo que concluyen periodistas y organismos internacionales que realizaron estudios acerca de los obstáculos en los que se ejerce el periodismo en una región que está siendo copada por gobiernos autoritarios y populistas que rechazan y estigmatizan a la prensa que audita sus actuaciones en el poder.

El 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó su clasificación mundial de Libertad de prensa en la cual, la mayoría de los países de la región, fueron calificados como inhóspitos para el periodismo: El Salvador (115) y Guatemala (127), aparecen como «países problemáticos»; Nicaragua (158) es un país «difícil» y en Honduras (169) la situación es «muy grave» pues entre 2001 y 2022 fueron asesinados 98 periodistas según la organización C-Libre y solo en 10 casos hubo condenas para los asesinos.

Costa Rica, que era el país de Latinoamérica que aparecía en una clasificación buena para el ejercicio periodístico, pasó de la posición 8 a la 23, presentando un retroceso de 15 posiciones. El informe indica que a lo largo del 2022, el Gobierno actual de Costa Rica profirió ataques verbales contra periodistas y negó información de interés público a los medios de comunicación. El gobierno de Rodrigo Chávez, paradójicamente, aparece como el segundo más popular de América Latina, solo detrás del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La organización Artículo-19 también realizó una radiografía sobre los ataques a la prensa proferidos por gobiernos autoritarios de la región. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, quien dirigía El Periódico, se encuentra encarcelado desde junio del 2022 con una acusación de lavado de activos. En febrero de este año fue acusado por obstrucción de la justicia. En el mismo juicio contra Zamora, un juez abrió la puerta para que se investigue a ocho periodistas de El Periódico y Prensa Comunitaria. En el juicio contra Zamora, las organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe sobre Guatemala llamó a «retomar urgentemente el proceso para desarrollar una política pública de protección de personas defensoras de derechos humanos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta la diversidad de personas defensoras y asegurando la pronta elaboración e implementación de un mecanismo de protección a periodistas».

En Honduras, la situación no es buena, el mecanismo oficial de protección ha mostrado su falta de efectividad. En conversación con Artículo-19, la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, lamentó que «no se ha dado el cambio positivo que esperaban para la prensa» en la administración de Xiomara Castro. Desde Amnistía Internacional se consideró que «es de extrema gravedad la violencia que continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquellas que defienden el territorio y cuidan del medio ambiente. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata y priorizar su protección y la investigación de hechos relacionados a ataques y amenazas en su contra».

Las agresiones, según Artículo 19, siguen su curso con la estigmatización vía las redes sociales. El viceministro de prensa de la Presidencia, Carlos Estrada, se ha caracterizado por utilizar epítetos denigrantes y descalificar la información de periodistas cuyas notas les incomodan o son, según el funcionario, falsas, apuntó Artículo-19 en su barómetro de la libertad de prensa.

Pero el caso de este viceministro no es el único. Justamente un día después de conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras emitió un comunicado en el que invita a «un espacio de reflexión entre profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y ética profesional» y además resalta que el uso de la libertad de expresión no es absoluto y que su uso abusivo «puede estar sujeto al establecimiento de responsabilidades ulteriores».

Los medios de comunicación rodean a un entrevistado durante el foro de donantes en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera
Los medios de comunicación rodean a un entrevistado durante el foro de donantes en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

En El Salvador, su presidente Nayib Bukele, ha alcanzado una gran popularidad con la reducción de homicidios y la desarticulación de las pandillas a través de una guerra en el marco de un estado de excepción que eliminó las garantías constituciones y ha sido extendido 11 veces. Lo anterior aunado a efectivas estrategias de marketing y uso de las redes sociales, mantienen la figura del presidente con una aprobación del 90% y en camino a su reelección. Desde la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la directora Angélica Cárcamo, habló sobre un clima complicado porque el gobierno amenaza la sostenibilidad de los medios y los periodistas que le incomodan. Un ejemplo de la presión contra los medios se dio con el cierre del canal 33, que por problemas financieros despidieron personal y sacaron del aire cinco programas. Recientemente el periódico El Faro, referente de la región y de América Latina, mudó sus oficinas administrativas a Costa Rica, debido a las constantes requisas de las que eran objeto por parte del Gobierno de Bukele. El director de El Faro, Carlos Dada, actualmente está exiliado.

En Nicaragua, el ejercicio periodístico vive momentos aciagos, según el informe de las Voces del Sur citado por Artículo-19 a enero de 2022 habían 93 periodistas nicaragüenses exiliados, 32 medios de comunicación clausurados y 9 periodistas condenados. En abril, según la misma fuente, siete periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas, lo que contabiliza un total 185 periodistas que han abandonado Nicaragua desde 2018 a la fecha.

La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado la licencia a 14 universidades y 18 asociaciones empresariales, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). En febrero de este año liberó y envió hacia Estados Unidos a 222 personas que permanecían encarceladas, entre ellas habían siete periodistas y directivos de medios de comunicación. A la semana siguiente, el régimen privó de la nacionalidad a 94 personas, entre ellos 13 comunicadores. El obispo católico Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado, fue condenado a 26 años de prisión.

De acuerdo con Artículo-19, en el primer trimestre del 2023 la tendencia se mantiene con nuevos eventos que apuntan a recrudecimiento de los discursos y las acciones contra los actores sociales que mantienen posturas críticas e independientes.

De acuerdo con la última clasificación de la organización Reporteros Sin Fronteras, América ya no tiene ningún país en verde en el mapa de la libertad de prensa. Costa Rica que se mantenía como el último bastión de la región con una situación «buena», ha cambiado de categoría debido a un retroceso muy marcado de su puntuación política. Cuba (172), donde la censura se intensifica y la prensa sigue siendo monopolio del Estado, se mantiene, como en 2022, a la cola de la región, donde un tercio de la población está en pobreza y la Tasa de Homicidios es 21 sobre 100 mil habitantes, la más alta de la tierra.

Otro retos: el financiamiento

Navegar en aguas de gobiernos autoritarios no es el único reto que tiene la prensa independiente, también lo es la sostenibilidad o mejor dicho obtener financiamiento. Los medios tradicionales, aunque también han sido golpeados por las nuevas dinámicas de consumo de información, algunos se mantienen todavía de la publicidad pagada por la empresa privada y la pauta gubernamental. En el caso de la prensa independiente, que devela tramas de corrupción, no tiene ninguna de estas fuentes.

Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, participó en el panel sobre seguridad y sostenibilidad del periodismo en Centroamérica y ahí reconoció que hace cinco año fundó su medio en digital porque «era más barato» pero ahora, dice «hay una ola de crisis de los medios en internet porque las redes sociales se han convertido en otra dictadura».

Jennifer reconoció que el modelo de sostenibilidad de los medios tradicionales no es viable para uno como el que ella dirige, quizás porque los cifras de su audiencia no son atractivos para potenciales anunciantes, pero también porque el contenido que publica Contracorriente confronta no solo al Gobierno sino también a la empresa privada, «por otro lado, la pauta gubernamental es un chantaje, hay que ser creativos para mantener nuestra línea editorial y nuestra voz», dijo.

En otra de las formas de sostenerse en medio de una competencia voraz y haciendo el periodismo serio que la región necesita, Ávila mencionó el periodismo colaborativo que permite realizar un trabajo más riguroso y con mayor impacto. «Hay que hacer valer esos impactos en algo que nos dé sostenibilidad», mencionó.

Marvin Delcid del medio digital Vox Populi de Guatemala relató que su medio se sostiene a través de donaciones que sus lectores hacen a través de GoFundMe (Plataforma de recaudaciones), que también editaron un libro con 15 de sus investigaciones más destacadas y tienen un programa de televisión que ayuda a generar fondos para continuar investigando el poder en Guatemala, «tenemos que buscar la forma de diversificar», dijo.

Miembros de la prensa se protegen de los gases lacrimógenos durante una protesta en Tegucigalpa 06 de agosto de 2019. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros de la prensa se protegen de los gases lacrimógenos durante una protesta en Tegucigalpa 06 de agosto de 2019. Foto CC/Jorge Cabrera

Yanancy Noguera, fundadora y directora del programa de periodismo colaborativo Punto y Aparte en Costa Rica, afirmó que ella cree en una forma de sostenibilidad más «romántica» pues menciona que los medios tienen que evaluar qué contenidos están entregando a las audiencias para que estas no quieran irse a otro lugar. Noguera no duda que los contenidos son buenos, pero consideró que se debe entregar «un valor que las audiencias no quieran sustituir por nada más, tenemos una diversidad de medios que generan contenido muy valioso, pero podría ser, que una parte de ese contenido se pierda, porque no tenemos la forma de diferenciarnos frente a audiencias que reciben tanto contenido, me parece que es una cosa que hay que revisar» , dijo.

Noguera también habló de hacer periodismo colaborativo, para que otros medios respalden ese contenido sin que al final se pierda diferenciación que debe tener cada uno de los medios y también, «crear un clima de confianza, apoyo y entendimiento en los medios de Centroamérica puede ser un cambio que impulse muchas cosas positivas».

Octavio Enríquez, periodista nicaragüense que escribe desde el exilio para El Confidencial, sostuvo que en el periodismo en Centroamérica «somos hermanos en situaciones adversas». Mencionó que le gustaría tener la solución a los múltiples retos que implica seguir haciendo periodismo, pero no la tiene, «quisiera tener la respuesta, porque evidentemente los modelos de negocio ya iban a menos en 2018, pero ahora están destruidos, periodistas en exilio y medios cerrados», dijo haciendo referencia a la situación de Nicaragua.

Enríquez mencionó que los retos para los medios en Nicaragua son diversos ya que van desde la sostenibilidad hasta encontrar cómo se informa en un país en el que impera el miedo, «hay que reinventarse todos los días», dijo. Para el comunicador las realidades en los países en Centroamérica no son tan distintas ya que el mal del populismo está llegando a todos y es ahí cuando recomendó un periodismo unido, «existen tristes paralelismos de lo que está ocurriendo en cuanto a observar la prensa como un enemigo, cuando lo que hacemos es un servicio público», expuso.

Angelica Cárcamo, presidenta de la APES, exploró algunas medidas que se deben tomar en un país que descendió 80 posiciones en los últimos cuatro períodos presidenciales en el índice de libertad de prensa. Una de las cosas que considera se debe hacer es buscar que los contenidos muy buenos que se están creando no se pierdan por la falta de acceso al internet, pues algunas personas limitan sus accesos a plataforma como Tik Tok e Instagram, «hay reto de cómo utilizamos esas herramientas de redes sociales para facilitar que los contenidos lleguen a todos los grupos», sugiere Cárcamo.

La periodista salvadoreña también señala que las corporaciones como Facebook y Google, entre otras, tampoco están garantizando que haya una adecuada masificación del discurso de quienes «estamos haciendo periodismo» y sobre esto aconsejó realizar un acercamiento con estos grupos valiéndose de aliados importantes como la UNESCO.

Así va el ejercicio del periodismo en Centroamérica, perseguido por gobierno autoritarios, en casos más graves exiliados y desterrados como el caso de Nicaragua o en la más grave de las situaciones atentados contra la vida y es por esta razón que Honduras—donde fueron asesinados 98 periodistas entre 2001 y 2022—ocupa la posición 168 de 180 país evaluados en la clasificación de libertad de prensa. A estos riesgos, los medios independientes suman la batalla por encontrar financiamiento para seguir contando de una región convulsa y atormentada.

«Gracias a Dios, salimos de estás honduras […]» dijo Cristobal Colón, o al menos eso es lo que se ha transmitido sobre el nombre de esta nación. Lo cierto es que, aunque hay investigaciones y documentación sobre el proceso de hispanización de Mesoamérica, hay escasos estudios críticos sobre los nombres propios, ¿quién y cuándo nombró a Honduras?

Texto: Didier Dubón
Ilustración: Persy Cabrera

«Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.»
– Sócrates (470 AC-399 AC)

Se ha investigado y documentado ampliamente el proceso de hispanización de Mesoamérica. No obstante, resulta notorio el escaso interés que se ha prestado al estudio crítico de los nombres propios. Una de las particularidades de nuestra identidad es desconocer el nombre de nuestro territorio antes del choque cultural de la conquista española. Es común escuchar el mito de que el nombre «Honduras» se atribuye a que Cristóbal Colón, al estar en una borrasca cerca del cabo de Gracias a Dios, dijo a los vientos: «Gracias a Dios, salimos de estás honduras […]». Es una historia contada a medias. En realidad, no estaba cerca del territorio de Gracias a Dios, pero sí de las profundidades del mar caribe, en la isla de Guanaja. Según el historiador chileno Robustiano Vera, «Honduras debe su nombre a las honduras o fondos, que los primeros pilotos hallaron en sus costas y porque al abandonarlas exclamaron: «¡líbrenos Dios de estas honduras!» (Vera, 1899).

En la conferencia Rutas Históricas de Honduras, celebrada en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH), Dennis Portillo relató lo siguiente: «[…] el verdadero nombre de Honduras no se sabe con exactitud, pero qué los libros de historia cuentan sobre la expresión “Bendito Dios, que salimos de estás honduras”», dicha por Cristóbal Colón cuando salía de Punta Caxina a Guanaja. Este registro se relata por Don Antonio de Herrera y Tordesillas en el libro Primer Conquista Mayor de Indias – «Historia de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del mar de los Océanos», escrito en 1601, 70 años después de este suceso y aclarando que es el trayecto entre Guanaja y el Cabo de Honduras o Punta Caxinas, y no a la costa de la Mosquitia lo que se conoce como Gracias a Dios (Portillo, 2021).

Tras la investigación y discernimiento sobre el mito que ha rodeado al nombre de Honduras, se evidencia una marcada distancia en nuestro conocimiento actual acerca del verdadero topónimo. Por ello, es necesario investigar cronológicamente los registros de la región. De acuerdo con Canahuati, el verdadero nombre de Honduras se lo dieron en 1508 los exploradores Juan Diaz Solís y Vicente Yáñez, donde dice «Fueron ambos a descubrir la tierra, a seguir la tierra que había descubierto el almirante en el viaje de Veragua, hacia occidente y siguiendo casi el mismo camino llegaron a la Costa de Caria y pasaron por el cabo de Gracias a Dios hasta Punta de Caxinas que ellos llamaron de [sic] Onduras» (Canahuati, 2021). Encontramos dos versiones del mismo hecho entre Pedro de Herrera y los exploradores Diaz Solís y Vicente Yáñez, la única constante de ambos relatos es que los barcos «fondearon» en las aguas a las que llamaron «fondvras».

Llegando a este punto entendemos a plenitud cómo el período del descubrimiento y conquista de Mesoamérica modernizó la región, «bautizando» con nombres españoles al territorio, sin la equivalencia de registrar la historia de las indias y sus habitantes. Una de las figuras históricas de la que menos se habla es de «Bartolomé Colón, navegante y cartógrafo genovés, hermano de Cristóbal Colón, nombrado capitán (14 de abril de 1494) de las tres carabelas que realizaron el primer viaje de abastecimiento a las tierras recientemente descubiertas» (Marcos, 2022). Este momento histórico es clave, para resaltar la habilidad de cartografiar y anotar referencias de los habitantes de las indias, que tuvo Bartolomé, registrando en 1502 que los antiguos pobladores Jicaques hacían referencia a la existencia de territorios y provincias ubicadas más allá de las regiones meridionales de las islas de Guanaja, a las cuales se referían como Maia. Este hecho histórico, que ha pasado desapercibido, constituye una valiosa fuente para entender el conocimiento que los jicaques poseían acerca de la cultura prehispánica hondureña previa a la conquista. Resulta interesante cómo este registro histórico permite vislumbrar la interconexión y continuidad de la cultura Maya con otros pueblos, destacando la importancia de las lenguas indígenas en la construcción de nuestra historia y cómo este registro no solo es valioso desde una perspectiva crónica, sino también desde un punto de vista cultural y lingüístico, a fin de valorar y preservar la riqueza patrimonial que implica. El registro de Bartolomé Colón acerca de la existencia de tierras y provincias llamadas Maia por los indios jicaques constituye un ejemplo valioso de cómo nuestra historia y cultura están interconectadas, y la importancia de incluir las voces y conocimientos de los pueblos indígenas en nuestra narrativa histórica.

Mientras el descubrimiento continuó, se registra el pueblo costero de Guaymuras, ubicado en las tierras del actual departamento de Colón, por descripciones qué dejó Diego De Porras, (1527) escribano de la expedición de Colón. Se especula que vivían en los alrededores del norte del río Sico, también llamado por los españoles río Tinto o río Negro, y siendo este pueblo parte de los Lencas «Guaymuras fue llamada porque ese era el nombre de un pueblo en la costa y la pretendió Pedro Arias Ávila.» (Pereyra, 1924), Guaymuras fue el primer nombre que tuvieron las costas hondureñas. Este nombre hace referencia a las aguas profundas del río Ulúa (también conocido como Guaymuras o Guayambre) que fluye a través de la región. Sin embargo, no está completamente confirmado, es una teoría sostenida por algunos investigadores y etnólogos que especulan que Guaymuras forma parte de la raíz etimológica lenca guagzura: «pie y agua abajo o caminando abajo del agua» (Pinart, 1897). Adjunto este dato debido a que la mayoría de nombres lencas que se registraron como Guaymaca, Masaguara o Gualcince entro otros, conservan su raíz lenca guay, guaz y guag, todas estas se refieren al agua, por ejemplo Guay-Maca significando «quebrada» o «cauce» en referencia a un río cercano que rodea al pueblo. Por lo que ahora tenemos dos elementos que aportan a nuestro territorio: «Guaymuras y Maia» haciendo un recordatorio de la compleja y oscurecida historia de la región.

El siguiente registro que recibe es Hibueras, que se originó debido a que los españoles, al llegar a las costas, observaron que en el río Sico flotaban calabazas que el pueblo Guaymuras llamaba así. Los españoles, al no poder pronunciar adecuadamente esta palabra, corrompieron su fonología al llamarle «figüeras» en castellano antiguo e «higüeras» en la modernización, lo que produjo la pérdida del fonema por aspiración, así lo registra el mandrílense Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de las Indias nombrado por Carlos V: «Higüeras –por corrupción de Hibueras– por haber encontrado en el mar gran número de calabazas flotantes» (Oviedo, 1526), en este momento se le llamó Hibueras al territorio y segunda la RAE hibuerense a los primeros conquistadores (RAE. 2020). Una particularidad de este acontecimiento es que posiblemente la calabaza que flotaba en las aguas del río Sico fuera el jícaro, también conocido como calabaza peregrina. Esto se debe a que esta calabaza, al ser hueca, es capaz de recorrer miles de kilómetros flotando hasta llegar al mar, también demuestra la importancia de los recursos naturales en la vida cotidiana de los pueblos indígenas, quienes utilizaron la calabaza para diversos fines, como recipientes para alimentos y bebidas. «Desde su descubrimiento, el territorio de Honduras se mantuvo intacto hasta marzo de 1524, cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Posteriormente lo hicieron, Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado.» (Marcos, 2022). El análisis histórico de los orígenes del topónimo «Honduras» constituye un ejercicio académico que incita a la reflexión sobre la influencia de un enfoque no crítico del pasado puede tener consecuencias históricas en el presente y futuro. Cabe destacar que el proceso de descubrimiento y conquista de la región no puede ser concebido como un evento de carácter neutral, sino que tuvo una notable incidencia en la denominación del territorio. Por tanto, abordar la tarea de rastrear los antecedentes del nombre «Honduras» requiere de una perspectiva crítica, consciente de la complejidad histórica y social que enmarca este proceso.

Estos acontecimientos en paralelismo con el nombre dado por exploradores Juan Diaz Solís y Vicente Yáñez se registra por tercera vez el nombre de Ygüeras e cabo de Honduras en real cédula del 20 de noviembre de 1525 y golfo de las Ygüeras e cabo de las Honduras en la Cédula 31 de agosto de 1526. «El nombre de Higueras e Honduras aparece en las crónicas de Bernal Diaz Del Castillo, quien llegó en compañía de Hernán Cortes en 1524, Honduras e Higueras lo fue bajo el Gobierno de Cereceda en 1524 […] En Ciudad de México y Michoacán las hibueras son las frutas que proceden de tierras calientes, es decir de Cuernavaca y Tehuantepec» (Valle, 1953). Con la conquista de ciudad de México y la industrialización del ganado vacuno en Mesoamérica por parte de Cortés, Fernando Colón registra: «la provincia que se llama ahora cabo de Honduras, el Almirante la llamó entonces cabo de Caxinas» (Valle, 1953) haciendo mención que el Almirante, su padre Colón ya había nombrado estas tierras como cabo de Caxinas o cabo Honduras o punta Castilla.

Los datos de este viaje trazan la siguiente línea temporal: Cristóbal Colón llegó a Guanaja el 30 de julio de 1502, a la punta Caxina el 14 de agosto, y al río Sico, al que denominó como «Río de la Posesión», el 17 de agosto. Sin embargo, es destacable que la relevancia del territorio descubierto no se reconoce hasta la llegada de Gil González Dávila el cual conquista las amerindias y crea la primera fundición «Buena Vista» en Santander, Colombia en 1524. En paralelo Hernán Cortés rivaliza con Gonzalo de Alvarado por el control de los territorios amerindios, en particular por las Hibueras, y encarga a Cristóbal de Olid la misión de conquistarlas. Para ello, le asigna cinco navíos y un bergantín, así como una fuerza de 400 hombres. Con posterioridad, el conquistador español decide trasladarse a Las Hibueras en compañía de Cuauhtémoc y otros nobles mexicas, y emprende una política de industrialización en la zona, dando inicio a la denominación de las costas del actual territorio hondureño como Trujillo, fundando así la Villa de Trujillo y nombrando al sur, Nueva Extremadura (1524 – 1526), en honor a su provincia española y a la época de conquista de Sudamérica, ya que la gobernación de la Nueva Extremadura era el territorio que ocupaba la mitad norte de América del Sur y el Amazonas. En consecuencia tenemos la visión eurocentrista donde Honduras es nombrada Nueva Extremadura por los conquistadores españoles, debido al símil geográfico que vieron en Hibueras y la región Extremadura en España, ya que se encuentra geográficamente al oeste de la península Ibérica y se caracteriza por ser una zona montañosa de ríos caudalosos, al igual que el territorio hondureño. Además, muchos de los conquistadores y colonizadores de Honduras venían de Extremadura, y por la semejanza geográfica se bautizó así la nueva tierra.

Cortés, al regresar a México en 1526, nombra a Hernando de Saavedra gobernador de Honduras. En retrospectiva vemos que el proceso continuo de conquista y reconquista requiere que cuestionemos los relatos históricos que se han transmitido a lo largo de los epigramas y busquemos activamente una comprensión más completa y precisa del pasado. En 1526 Hernando de Saavedra (primo de Hernán Cortés) se consolida como el primer gobernador de la «Provincia de Honduras», registrando un nuevo nombre al centro de las amerindias, siendo estas un anexo de Cortés y la Nueva España, Thomas relata que: Saavedra «En Honduras fundó la ciudad de Frontera de Cáceres. Repelió salvajemente la agresión de los indios que atacaron Puerto Caballos, mas, no contento con ello, se vengó arrasando los poblados indios de la zona, aunque la mayoría de ellos no hubiesen intervenido en el ataque. Ante sus desmanes, la Audiencia de Santo Domingo lo sustituyó en 1527.» (Thomas, 2001)

Paralelamente el capitán general español Alonso de Cáceres funda en el centro de la Provincia de Honduras la ciudad de «Villa de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua» (1537). Los mapas no registraron más cambios hasta la creación de la República Federal De Centroamérica (1823) donde el territorio hondureño se llamó temporalmente Gobernación de Comayagua siendo ésta la capital de la unión centroamericana hasta su separación en 1839. Los procesos independistas criollos crean a diversos jefes de estados en Comayagua y adoptan la primera constitución de 1841, donde el general Francisco Ferrera se convierte en el primer presidente constitucional nombrando a todo el territorio como República de Honduras.

Cronológicamente los motes de Honduras desde 1502 hasta la actualidad con registro histórico y fuente

Nombres históricos encontrados en fuentes:
Maia – (1502) Bartolomé Colón.
Guaymuras – (1505-1527) Diego de porras
Cabo de Caxina o Punta Castilla – (1508-1527) Juan Diaz Solís y Vicente Yáñez
Figueras – (1527) Fernández de Oviedo
Hibueras ≈ (1508-1527) Fernández de Oviedo
Higueras o Ygueras ≈ (1526-1527) Bernal Diaz Del Castillo
Golfo de Higueras – (1527) Bernal Diaz Del Castillo
Honduras e Higueras ≈ (1527) Bernal Diaz Del Castillo
Fondvras ≈ (1527-1601) Don Antonio de Herrera y Tordesilla

Nombres propios registrado por autoridades:
Cabo de Honduras o Cabo de Caxina – (1524-1527) Fernando Colón
Nueva Extremadura ≈ (1524-1526) Hernán Cortes
Provincia de Honduras – (1526-1527) Hernán Cortes
Gobernación de Comayagua – (1537-1823) Alonso de Cáceres
República de Honduras – (1841) Constitución de la República de Honduras

Los orígenes de «Honduras» van de la mano de los mitos y relatos históricos. La creencia común de que Cristóbal Colón llamó al país «Honduras» al encontrarse con aguas turbulentas cerca del cabo de Gracias a Dios no es más que un dogma inverosímil. El proceso de descubrimiento, conquista y mestizaje europeo llevó a nombrar la región con múltiples etimologías y nombres, sin registrar la historia de los pueblos indígenas.

A través del tiempo podemos ir descubriendo pequeños detalles que nos conectan con nuestra identidad nacional y que nos invitan a indagar en los conceptos propios de nuestras raíces culturales, lo que nos lleva a reflexionar acerca del origen de los nombres propios y etimológicos de nuestra región. Esta exploración crítica es fundamental para comprender nuestra identidad y destino como pueblo. En el caso de Honduras, podemos observar un proceso histórico heterogéneo que ha generado una identidad mestiza incompleta, lo cual refleja la necesidad de una evaluación crítica de la narrativa histórica española del descubrimiento y conquista de América, que a menudo ha exaltado el papel de los exploradores y colonizadores europeos, minimizando la historia y el legado de las culturas precolombinas y las personas indígenas que ya habitaban estas tierras.

La historia de Honduras y Mesoamérica en general ha sido escrita desde una perspectiva eurocéntrica por eso es necesario examinar y escudriñar críticamente rutas, nombres y mapas históricos para comprender mejor el pasado y para que las historias no se escriban parcialmente. Es importante mencionar que el cambio de nombres y la imposición de una cultura extranjera no es algo exclusivo de Honduras, sino que ocurrió en toda Mesoamérica y en gran parte del mundo durante el período de colonización. La imposición de una cultura extranjera y la imposición de una narrativa histórica no es algo que se detiene con el final de la conquista, sino que continúa en la actualidad, y es nuestra responsabilidad seguir desmontando estos mitos y estereotipos, construyendo una narrativa histórica más precisa y justa.

La tarea de recuperar y valorar nuestra verdadera historia y cultura es crucial para entender nuestra identidad como país y como pueblo en la sociedad actual. Para lograrlo, es esencial reconocer y valorar las voces de los pueblos indígenas, afrodescendientes y marginados, quienes han sido sistemáticamente excluidos de las narrativas dominantes en la historia. Este proceso no recae únicamente en los académicos o historiadores, sino que es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Es imperativo educar a nuestra juventud sobre nuestra verdadera historia, promover la investigación y el estudio de nuestra cultura y nuestras raíces, y fomentar la participación activa de todos en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Bibliografía

Canahuati, C. M. (15 de septiembre de 2021). ¿Conoce el verdadero origen del nombre Honduras? Obtenido de Presencia Universitaria: https://presencia.unah.edu.hn/noticias/conoce-el-verdadero-origen-del-nombre-honduras/

Marcos, J. V. (21 de octubre de 2022). Real acádemica de la Historia. Obtenido de Bartolomé Colón: https://dbe.rah.es/biografias/4662/bartolome-colon

Oviedo, F. d. (1526). Sumario de la historia natural de Las Indias. Barcelona: ED Reditado 2011.

Pereyra, C. (1924). Historia de la America Española. Madrid.

Pinart, E. H. (1897). Pequeño Diccionario de la Lengua Lenca (Dialecto Guajiquiro). París: Ernesto Leroux.

Portillo, D. A. (5 de marzo de 2021). Rutas Históricas de Honduras: Origen histórico del nombre de Honduras (UNAH). (A. R. Costa, Entrevistador)

RAE. (2020). Diccionario. Madrid: Española, Real academia de la Lengua.

Thomas, H. (2001). Quién es quién de los conquistadores. Madrid: Salvat.

Valle, R. H. (1953). El nombre de Honduras. Capítulo de «Historia de Honduras» (págs. 214-215 p). México DF: Atlante.

Vera, R. (1899). Apuntes para la Historia de Honduras. Santiago de Chile: Imprenta El Correo Delicias.

A pesar de ser una planta que resiste a las sequías y tormentas tropicales —algunos de los efectos más visibles del cambio climático— el Teosinte corre peligro de extinguirse. Un programa de protección a esta planta promete ahora enfrentar los incendios provocados y la extracción ilegal de su plántula para preservar esta especie endémica del bosque seco tropical que atraviesa los departamentos de Olancho, Yoro y Colón.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

Cándida Colindres y Petronila Oliva, ambas originarias de la comunidad de Suayo, Gualaco en el departamento de Olancho, han preparado toda su vida alimentos derivados del Teosinte, una planta jurásica, que es endémica (originaria) de Olancho y que además se puede encontrar en el bosque seco tropical de los departamentos de Yoro y Colón, en el Valle de Agalta.

Entre los alimentos que preparan está el atol, los tamalitos y las «mascaduras», las últimas son un tipo de galleta o pan parecido a un rosquete que se desmorona en cada mordida y tiene un sabor dulzón. Sin embargo, las cosas cambiaron para doña Cándida y doña Petronila este año: el Teosinte de Suayo, su comunidad, desapareció.

Antes de que se celebrara la Feria del Teosinte, a finales de abril de 2023, todas las plántulas o bellotas de esta planta fueron cosechadas ilegalmente, antes de tiempo y a escondidas de la comunidad de Suayo.

«Este Teosinte —dice Petronila señalando el atol— no es de aquí, porque el de Suayo se lo llevaron antes de tiempo, no lo dejaron sazonar (madurar) y así nos quedamos sin utilizarlo». Para utilizar las plántulas o el fruto derivado del Teosinte, es necesario esperar a que este crezca o madure lo suficiente y que la bellota sea más grande que una cabeza humana aproximadamente, ya que también puede ser mucho más grande.

Doña Cándida explicó que para hacer uso del Teosinte y convertirlo en harina, primero doran las semillas al sol, luego las muelen, y ciernen esa especie de harina con un trapo. Después de esto, le agregan huevo, azúcar y manteca a esa harina y queda la masa lista para preparar, en este caso, las famosas «mascadas».

Para doña Cándida y sus amigas, el atol, los tamalitos y las «mascadas» no quedaron igual a las que preparan con el Teosinte originario de Suayo.

El ingeniero y máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ramón Antonio Herrera, explicó que él y otras personas de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) tuvieron que hacer una expedición en distintos municipios de Olancho, Yoro y Colón para poder cosechar las bellotas de Teosinte que estaban en madurez fisiológica ideal y así poder llevar a cabo la feria y la realización de los alimentos.

«Por culpa de la mano criminal del hombre y del mercado negro, anduvo gente indiscriminada queriendo cosecharlo antes de tiempo o celeque (tierno) como le llamamos. Aquí en Gualaco no había Teosinte, tuvimos que hacer una expedición en donde pudimos cosechar alrededor de diez quintales que estaban en madurez fisiológica ideal, pero como ha habido tanto incendio, tuvimos que subirnos amarrados a los acantilados para alcanzar las bellotas, fue un trabajo titánico», detalló el ingeniero.

Una variedad de productos hechos en base a Teosinte. Feria del Teosinte, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.
Una variedad de productos hechos en base a Teosinte. Feria del Teosinte, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.

Una alternativa para combatir la desnutrición en medio de la emergencia climática

Ramón Herrera, quien se ha encargado de estudiar por años el Teosinte, sus orígenes, beneficios y situación, aseguró que esta no es una planta cualquiera, sino que se trata de una cicada (una especie primitiva) ancestral.

«Fue de las primeras plantas que se asentaron en Honduras y que actualmente sobreviven», señaló el ingeniero. Además, indicó Herrera, el Teosinte y sus derivados cuentan con propiedades antioxidantes similares a la vitamina C, también es un neuroprotector que previene enfermedades como Alzheimer, Parkinson y demencia senil y es un alimento favorecedor para enfermos celiacos y diabéticos por su bajo índice glicémico y alto contenido en fibra dietética, al no tener gluten.

Sobre esto, el ingeniero comentó que en las poblaciones que usualmente se cosecha teosinte y se preparan alimentos de sus derivados, existen menor cantidad de personas con enfermedades neurológicas y además, son lugares con índices bajos de desnutrición.

El investigador también aseguró que el cultivo de esta planta ha sido una alternativa para los campesinos desde tiempos ancestrales, quienes, al no tener maíz por las lluvias o sequías, recurrían al teosinte para nixtamalizar (proceso que realizan para extraer la harina del fruto) y de ahí cocinar tortillas, tamales y otros alimentos.

El buen uso agronómico de la planta podría ser una alternativa ideal para garantizar la seguridad alimentaria de la población en momentos en los cuales los efectos del cambio climático, como las sequías, la contaminación en el aire y las tormentas tropicales, pueden entorpecer la cosecha de granos básicos.

Herrera indicó que, aunque el Teosinte tarda entre 10 y 20 años en crecer de manera silvestre (natural), dándole un manejo agronómico con apoyo de un sistema de riego y fertilizantes orgánicos, las primeras cosechas se podrían obtener en 5 años aproximadamente.

El experto en esta planta también detalló que —tal y como lo explicaban doña Cándida y doña Petronila— es necesario asegurarse que el Teosinte tenga la madurez fisiológica adecuada para ser recolectado. La madurez fisiológica se determina cuando la coloración de la bellota de Teosinte ha cambiado de un color verde a un color beige o blanco y su parte externa luce como la de un coco seco. De esta manera se puede determinar que los nutrientes de la bellota están disponibles.

Henry Osman Bonilla, biólogo graduado de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), destacó que a pesar de ser una planta 100% endémica y ser la especie más antigua que se puede encontrar en registros fósiles en Honduras, esta se encuentra en estado crítico debido a la tala, los incendios, el mal uso de la tierra y porque tampoco se le ha dado el interés biológico ni ecológico para preservarla.

El ingeniero Ramón Herrera indicó que también es necesaria la concientización sobre esta planta, no solo en las escuelas y universidades, sino en los ganaderos que prefieren cortarla en lugar de preservarla y así crear sistemas agropastoriles en donde el Teosinte puede interactuar con el ganado y el zacate.

Además, el ingeniero aseguró que se debe eliminar la práctica de quemar y sembrar hectáreas de bosque, porque a pesar de que esta planta es resistente a las quemas, las bellotas (su fruto) no lo son. También, Herrera mencionó que las autoridades deben poner un ojo a la extracción ilegal de esta plántula, para así mitigar la extinción del teosinte.

«Yo conocí a una persona que asesinó 2,500 plantas de Teosinte para sembrar tres manzanas de brachiaria (una especie de pasto) y metió un bulldozer (una máquina de excavación). Ver aquel montón de plantas muertas una encima de la otra fue terrible, esas plantas tardaron cientos de años en crecer, eran plantas de 4 a 5 generaciones. Eso es un ecocidio y debe ser penado por la ley», indicó el ingeniero Herrera, quien prefirió no especificar más detalles sobre esto por temor a represalias.

Es este contexto, una de las solicitudes que tiene él y las demás personas que están trabajando para preservar el Teosinte, es que las autoridades en la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la presidenta de la República, Xiomara Castro, declaren una veda y que las Fuerzas Armadas protejan hectáreas de bosque en las que se puede encontrar el Teosinte.

«No se nos va a extinguir porque el cambio climático se lo vaya a cargar (eliminar), sino porque los humanos estamos destruyéndolo masivamente, es un daño irreversible. Si usted mata una planta de Teosinte, asesinó 30 años de evolución», afirmó.

Preparación de atol de Teosinte en la comunidad Sagay, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.
Preparación de atol de Teosinte en la comunidad Sagay, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.

La intención del Gobierno de preservar esta especie

El biólogo Henry Bonilla aseguró que, en el pasado, ningún Gobierno se interesó en la preservación de esta especie, es por esta razón que desde la comunidad han buscado empoderarse para la conservación del Teosinte.

A inicios del 2023, el Gobierno de Honduras anunció el lanzamiento del programa ambiental «Padre Andrés Tamayo», nombrado en conmemoración al padre Tamayo, un sacerdote salvadoreño que recibió amenazas por su defensa de los bosques de Olancho e incluso fue expulsado del país en el 2009 por participar en las manifestaciones contra el Golpe de Estado.

El Padre Tamayo se dedicó a la defensa del medio ambiente a nivel nacional y en el departamento de Olancho específicamente mientras vivió por dos décadas en Honduras. A inicios de 2022, la presidenta Xiomara Castro le devolvió la nacionalidad hondureña al sacerdote.

Con la implementación de este programa, el Gobierno ha reportado a través del Instituto Conservación Forestal (ICF) que se han recuperado más de 105 microcuencas en áreas degradadas y deforestadas y se han beneficiado aproximadamente a 618,256 personas directamente. Además, según el ICF, se han generado 63 empleos para vigilantes ambulantes, guarda recursos y técnicos municipales.

Con este programa, el Estado también promete combatir la contaminación, prevenir incendios forestales, rescatar los manglares en las costas de Honduras, e implementar acciones sostenibles en materia de desarrollo agroforestal. Además de la participación del ICF y Serna, la Fiscalía del Medioambiente y las Fuerzas Armadas tienen participación activa en este programa.

El ministro de la Serna, Lucky Medina, aseguró que la intención desde el Gobierno es la conservación del Teosinte a través de la concientización de los beneficios de esta planta bajo el principio de la justicia climática, algo también promocionado por la presidenta de la República, Xiomara Castro. En este contexto, han apoyado en la realización de ferias de esta especie en esta y otras comunidades.

Además, Medina mencionó que la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) ha acompañado en tareas de recolección de semillas para estudios próximos en laboratorios, y se ha declarado al Teosinte como árbol municipal de Gualaco.
«Para nosotros es importante la aceptación de la comunidad y como referencias está que todas las familias de esta comunidad (Suayo) están en esta feria», aseguró el ministro de la Serna.

Feria del Teosinte en la comunidad Sagay, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.
Feria del Teosinte en la comunidad Sagay, Gualaco, Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.

El ingeniero Ramón Herrera aseguró que están próximos a realizar más estudios sobre el Teosinte gracias al apoyo de la científica Mary Vallecillo, asesora en temas de ciencia y tecnología del actual gobierno y que les han prometido fomentar la preservación de la planta como una alternativa para las cosechas que se pierden por los efectos del cambio climático.

«Yo le apuesto que hay una crisis nuclear, un cambio climático más drástico como el que estamos viviendo ahorita o una extinción, y el Teosinte va a estar ahí», expresó Herrera.

Durante su niñez y juventud, doña Cándida y doña Petronila crecieron observando a sus abuelas preparar alimentos derivados del Teosinte. Ahora están preocupadas por el futuro de esta planta en la comunidad de Suayo. Este año esperan que tal vez florezca el fruto del Teosinte en la nueva cosecha, una planta que las vio nacer y acompañó a sus ancestras.

Según la Policía Nacional, Honduras va en un declive de homicidios. Después de un estado de excepción que se ha extendido desde diciembre de 2022, en muchos barrios y colonias, reportan poco impacto de la medida. En el popular sector de Rivera Hernández en el que viven más de 200 mil personas, apenas patrullan 40 policías, y a pesar de esto, la reducción de homicidios es notable. La policía le atribuye esto al trabajo en colaboración con la comunidad, otros a posibles acuerdos con los grupos criminales y otros incluso dicen que «por la gracia de Dios», casi nadie habla del estado de excepción.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre

Sobre el sector Rivera Hernández —un grupo de barrios populares en San Pedro Sula en el norte de Honduras—recae el estigma de una sentencia que lleva muchos años: es un lugar peligroso. Para cualquiera que viva fuera de sus fronteras, la idea de visitar esta zona le provoca incertidumbre o quizás miedo. Esto se debe a que entre 2012 y 2013, años en que San Pedro Sula fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo, este sector era el que le acreditaba la mayor presencia de grupos criminales y reportaba una alta tasa de homicidios.
 

En total, la Unidad Metropolitana (UMEP) #8 de la Policía Nacional (PN) cuenta con 110 policías repartidos en los sectores: Rivera Hernández, Lomas del Carmen, Aldea El Carmen, Aldea el Ocotillo y la Colonia Planeta. Los estándares internacionales sugieren 300 policías por cada 100 mil habitantes, pero la población que abarcan estos 110 policías es de alrededor de 300 mil personas.

En el año 2015, una investigación de Insight Crime y El Faro, bajo el título «Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras» describió a la Rivera Hernández como un lugar violento inmerso en la sangrienta disputa territorial de seis bandas criminales, entre las que emergían poderosas la Mara MS-13 y la Pandilla 18, pero también Los Ponce, Los Vatos Locos, Los Tercereños, Los Parqueros y los temidos Olanchanos, con vínculos familiares al empresario y político Miguel Rodríguez Carrión, asesinado en en febrero de 2021.

Han pasado ocho años desde que se publicó esa investigación y en el ecosistema delictivo de ese sector siguen conviviendo una variedad de grupos con múltiples fronteras, que pelean y defienden sus territorios para cobrar la extorsión o para controlar el microtráfico de drogas. La MS-13, es la organización criminal más fuerte en el sector—al igual que en todo el país—, pero no tiene el control absoluto, sigue coexistiendo con la Pandilla 18, Los Vatos Locos, Los Olanchanos, Los Tercereños y Los Bordeños (aliados de Los Olanchanos). Ante esta presencia de grupos delictivos, sobre la Rivera Hernández, también cuelga otro rótulo, uno del que no se habla mucho: el abandono estatal.

Sin embargo, algo está pasando en este año 2023, la Policía Nacional asegura que han sacado a la Rivera Hernández del «cordón rojo de violencia».

«Es uno de los sectores donde menos problema tenemos», dijo, sentado en la amplia sala de reuniones de las oficinas centrales de la PN en San Pedro Sula, el jefe de la Regional 2 (conformada por los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara), el comisionado David Ortega Pagoada.

Los datos en los registros de la Policía Nacional indican que desde el 1 de enero hasta el 19 de abril, en todo el territorio abarcado por la UMEP #8 se cometieron 12 homicidios. «Un muerto al mes en la Rivera, imagínese», expresó un poco sorprendido un mecánico oriundo del lugar, quien está de acuerdo con los datos de la Policía, pero no cree que las bandas que operan en el sector estén debilitadas como aseguran funcionarios policiales, «hay una negociación» concluyó.

El comisionado Ortega aceptó que no tienen los elementos para asignar un policía en cada esquina de la ciudad o de la Rivera Hernández, pero sí mencionó que «hubo trabajo» para reducir los homicidios. «No hay que estigmatizar a las zonas geográficas de la ciudad, si bien el sector en el pasado reciente tenía establecidos grupos criminales, creo que con el trabajo conjunto de la comunidad, la policía y otros actores externos se ha venido haciendo un proceso de sensibilización de algunas normas de convivencia. Esas zonas arrastran un estigma de ser altamente violentas y ahora son en las que menos problemas tenemos hoy día. Hay muy poco problema», reiteró.

Para escribir este artículo, Contracorriente habló con diversas fuentes, una de las consultadas que pidió que protegiéramos su identidad afirmó que la operatividad de la policía en el sector es prácticamente nula y que durante el estado de excepción —vigente desde el 6 de diciembre de 2022 y que se extenderá por todo este año— prácticamente no ha pasado nada. Esa fuente, contó que en una ocasión le preguntó a un policía amigo cómo lograban mantener el control en el sector con tan pocos elementos y el funcionario le contestó a secas: «por la gracia de Dios».

110 Policías

La Unidad Metropolitana #8 de la Policía Nacional que cuenta con ocho postas policiales y 110 policías, no solamente opera en el sector Rivera Hernández, también lo hace en otra zona denominada Los Cármenes, la Ciudad Planeta y colonias aledañas. En las zonas descritas viven más de 300,000 personas.

El comisionado Ortega Pagoada indicó que ellos quisieran tener un policía en cada esquina, pero eso es imposible y que por ello hay multiplicidad de funciones en cada agente policial «hay bastante carga de trabajo», dijo.

Ortega también atribuyó la disminución de homicidios en sectores como la Rivera Hernández a la organización de las comunidades que van procurando el mejoramiento en espacios de convivencia y con ello también mejoran la coordinación con la Policía, «ese es el espacio de confianza que poco a poco la Policía quiere ir ganando, un espacio como un ente gestor de cambio», explicó.

En la posta policial de la Colonia Rivera Hernández hay un grupo de policías que realizan actividades relacionadas y auspiciadas por el programa G.R.E.A.T. de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que en su traducción al español significa: educación y entrenamiento en resistencia a pandillas. «Estamos dando pasos no como quisiéramos, pero lo estamos haciendo para decirle a la gente ¿qué siente? ¿qué está pasando? y eso nos sirve para hacer procesos investigativos y de prevención» dijo el comisionado Ortega Pagoada.

Una líder comunitaria de la Rivera Hernández, quien pidió que protegiéramos su identidad, dijo que es cierto que la Policía realiza estas actividades pero que muchos jóvenes no se sienten cómodos con la presencia de policías por los abusos que han cometido elementos policiales, por eso estas actividades son gestionadas por líderes comunitarios.

La presidenta Xiomara Castro prometió una estrategia de prevención de la violencia a través de la Policía Comunitaria, en la inauguración de ésta, se vio la presencia de los logos del programa G.R.E.A.T. y hasta ahora ese es el programa que más se asemeja a lo prometido por la presidenta en barrios como los de la Rivera Hernández.

En el sector Rivera también hay un destacamento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), instalado desde el gobierno anterior. Es una casa descuidada con un rótulo que indica que ahí hay un pelotón militar, el cual está formado por 14 elementos. Cuando visitamos el lugar, el oficial a cargo no estaba y el segundo al mando estaba dormido después de salir a realizar un patrullaje de rutina.

La Policía Militar del Orden Público en el destacamento «La Despensa» en la Rivera Hernández, han retornado a patrullar la calles a pesar de la promesa de desmilitarización de la seguridad pública que hizo el nuevo gobierno. Foto CC/Amilcar Izaguirre
La Policía Militar del Orden Público en el destacamento «La Despensa» en la Rivera Hernández, han retornado a patrullar la calles a pesar de la promesa de desmilitarización de la seguridad pública que hizo el nuevo gobierno. Foto CC/Amilcar Izaguirre

La estrategia y el alcance logístico de la PN como de la PMOP se enfrentan a un contexto criminal complejo. Por ejemplo, solamente en el sector Rivera Hernández hay seis grupos criminales identificados por la policía. La mayor parte del territorio es controlado por la MS-13, luego la Pandilla 18 tiene bajo control también algunas colonias que colindan o son cercanas a Ciudad Planeta, que ya es otro sector pero que cubren los mismos 110 policías. Los Olanchanos han afincado sus dominios en la colonia Llanos de Sula y en los bordes que rodean esta colonia es donde se ubican Los Bordeños, un grupo supuestamente apoyado por Los Olanchanos, según nos dijo una fuente a quien no identificaremos por seguridad.

En la Colonia Brisas del Sauce, una franja aislada por una carretera pavimentada del resto del sector, están establecidos Los Vatos Locos, un grupo delictivo que también hace alianzas con otras organizaciones cuando es necesario. Por último, en las primeras colonias del sector sobreviven Los Tercereños, que han ido perdiendo territorio con el avance de la MS-13. Precisamente en la frontera de estos dos grupos se encuentra una posta policial.

A pesar de toda esta presencia criminal y de la poca presencia policial, una vecina del sector confirmó que hay una relativa calma y que no hay muertos ya aunque a veces les toca presenciar las peleas por territorios, «esa calle es frontera» dijo señalando y «a veces entre los grupos se agarran a pedradas», contó.

En los Cármenes, aparecen otros actores como la Banda de Los Aguacates. Belkis Valladares, vocera de la PN en la zona norte, describió a «Los Aguacates» como «los más violentos» porque quemaban a sus víctimas y después las enterraban. No obstante, aseguró que el control de esta banda en ese sector se ha debilitado porque varios de sus miembros y cabecillas han sido detenidos o han muerto bajo el fuego de grupos enemigos, como sucedió a inicios de este año, cuando supuestos miembros de Los Aguacates celebraban en una fiesta, pero a las 4:00am—después de mucho alcohol ingerido por las víctimas— un comando armado irrumpió en el lugar y asesinó a cuatro muchachos.

En los demás barrios de los sectores bajo la vigilancia de la UMEP #8 se repiten los grupos y se dividen las calles por fronteras invisibles que no se pueden cruzar.

Una niña juega con su abuela en una de las calles principales de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula Foto CC/Amilcar Izaguirre
Una niña juega con su abuela en una de las calles principales de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula Foto CC/Amilcar Izaguirre

Pese a este escenario donde convergen grupos criminales y múltiples problemas, Valladares, no dudó en manifestar que a nivel de San Pedro Sula, la UMEP #8 es la que más ha tenido éxito en cuánto a la reducción de homicidios. «La detenciones que se han dado en la Rivera Hernández han ido debilitando la influencia de los grupos delictivos, hubo meses que en ese sector teníamos 12 muertos, ahora solo hay dos», sostuvo.

Habitantes de los sectores que visitamos aseguraron que ya no hay cobro de extorsión en las zonas controladas por las pandillas más grandes, pero que en algunas calles controladas por bandas menores suele haber extorsiones o amenazas a las personas que cruzan las fronteras.

Una activista comunitaria mencionó que hasta donde ella conoce ninguno de los seis grupos delictivos que operan en la Rivera Hernández cobra extorsión. A su juicio estos grupos solamente toman represalias cuando sienten que sus intereses están amenazados.

Durante el Gobierno de Xiomara Castro, la Policía Nacional ha presumido de una baja en los homicidios a nivel nacional, que en el 2021 cerró en una tasa de 41 asesinatos por cada 100 mil habitantes y que según cifras oficiales en el 2022 bajó a 36. A pesar de esto, el gobierno decretó estado de excepción desde diciembre de 2022 por el aumento de la incidencia del delito de extorsión y delitos conexos.

La vocera de la Policía Nacional dijo a Contracorriente que en la Rivera Hernández, la extorsión prácticamente no existe, aunque no establece una fecha exacta desde cuando no se registra, aseguró que la MS-13 dejó de extorsionar en sus territorios a partir de la llegada del COVID en el año 2020. «En la Rivera es súper baja, a mí hábleme de delincuencia común de la línea para aquí (se refiere a la antigua línea del ferrocarril hacia el parque de San Pedro Sula), las personas que andan delinquiendo no lo hacen en su barrio», dijo.

Uno de los vecinos de la Rivera Hernández dijo que hubo un momento en el cual en su barrio estaban extorsionando. A su vecina, quien es dueña de pulpería, le cobraban 300 lempiras y cuando llegaban, a las personas que estaban comprando también les quitaban dinero, «pero los cipotes que hacían eso desaparecieron», dijo.

El comisionado Ortega se refirió a la extorsión como algo «complejo» porque sostiene que muchas personas callan cuando son extorsionadas y que muchos microempresarios y emprendedores, a quienes considera las personas más proclives a ser víctimas de la extorsión, no denuncian. «Se requiere que la persona no calle, que se atreva a denunciar y confíe en nuestras autoridades, difícilmente la Policía va a percatarse de un hecho extorsivo si la persona no lo manifiesta», sostuvo.

«Hay una baja de homicidios, es cierto», dijo un vecino del sector a quien no identificamos por seguridad, y comentó que no cree que los grupos estén desmantelados o debilitados y que la baja de homicidios se debe a posibles «acuerdos». Sostuvo que en las colonias del sector todo mundo sabe los sectores que están controlados por X grupos criminales y la Policía también sabe, pero que la desconfianza en la policía es tal que es un secreto a voces que algunos agentes avisan a los grupos criminales antes de montar operativos, esto también inhibe a los pobladores de denunciar. «Imagínese quién va a hablar directamente, ni aunque me saliera de la colonia, son cosas bien delicadas», afirmó.

En la Rivera Hernández, como en otras partes de Honduras que viven bajo el miedo del control criminal, la gente se ha acostumbrado a callar, «ahora cuando uno no se mete con nadie, no pasa nada, mire que nunca he tenido un problema» contó este vecino y recordó que una vez una señora en la calle dijo «una palabra que no debía decir» en contra de un grupo criminal y con los días murió a manos de un sicario. «Es macaneado» dijo para concluir la historia.

El respeto por el territorio del otro

Daniel Pacheco es un pastor evangélico, quien se define además como líder comunitario y defensor de derechos humanos. Según cuenta, tiene más de una década de trabajar por la paz en uno de los sectores más violentos de Honduras. Incluso afirmó que en el 2017, en colaboración con el jefe policial de ese entonces lograron tener «una Navidad sin muertos». Los grupos delictivos estuvieron de acuerdo y respetaron las fronteras.

El pastor no está de acuerdo con la presunción de la Policía de que los grupos delictivos se han ido debilitando en la Rivera Hernández y que por eso es la baja de homicidios. «El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo una vez: “estamos en guerra contra la MS-13”, él se fue, no sé si ya desmantelaron la MS, talvez alguien me dice», dijo con ironía.

Ni una declaratoria del presidente del país más poderoso del mundo tumbó a la MS-13, dice Pacheco, «no digamos Honduras, que es uno de los países más corruptos, no porque yo lo diga, sino porque hay evidencia contundente», afirmó.

El líder religioso, quien también se dedica a la carpintería, reconoció que el nombramiento del General Ramón Sabillón al frente de la Secretaría de Seguridad llenó de esperanza a muchos, que pensaban observar un cambio en las políticas de seguridad, no obstante se mostró decepcionado «porque se quedaron los mismos malos espíritus y ya comenzó a recibir los mismos informes. Yo como ministro de seguridad, un informe estúpido que me lleven a mi oficina diciéndome que la Policía tiene control de la comunidad, lo pondría en duda», sostuvo.

Describió a la Rivera Hernández como un lugar complicado por la diversidad de grupos organizados peleando por territorios y comparó con el sector Chamelecón donde solo hay dos grupos y una sola frontera, «¿no puedo entender como la Policía puede tener control de un lugar en el que operan tantos grupos diferentes?» se preguntó. No obstante, el pastor Pacheco aceptó que hay una baja de homicidios en el sector y a su juicio, esto obedece a una especie de respeto que cada grupo tiene por el territorio de otro: «Mire la situación es que mientras cada grupo esté en su límite, no hay tanto problema, cuando un grupo decide avanzar ahí comienzan los problemas. Mientras se mantienen en sus territorios los enfrentamientos disminuyen y con ello los homicidios».

Por otro lado, líderes comunitarios del sector aseguran que hay un trabajo fuerte de prevención que hacen ellos como parte de las organizaciones comunales, «los líderes de diferentes colonias también van interviniendo, y muchos jóvenes se van abriendo para que sus familias tengan un estilo de vida sin violencia. Hay muchas personas que están en eso por el desempleo y cuando uno comienza a intervenir esos sectores donde nunca ha llegado nadie, es como una luz tanto para ellos como para su familia», dijo uno de ellos.

La policía sostiene que los grupos criminales están debilitados, pero el comisionado David Ortega también advirtió que la actividad criminal siempre estará pensando en la metamorfosis y en la adaptabilidad a otras prácticas delictivas. «No es de control policial, es de control comunal, y esto pasa cuando una población entiende que es mejor vivir en orden y que los antisociales no pueden ser parte de esa comunidad» manifestó.

Unidad Metropolitana (UMEP) #8 de la Policía Nacional de la colonia Rivera Hernández una de las colonias señaladas de ser una de las zonas peligrosas de San Pedro Sula. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Unidad Metropolitana (UMEP) #8 de la Policía Nacional de la colonia Rivera Hernández una de las colonias señaladas de ser una de las zonas peligrosas de San Pedro Sula. Foto CC/Amilcar Izaguirre

El comisionado Ortega afirmó que tienen un compromiso de acercarse a la comunidad, es parte del discurso de la Policía Nacional tras el lanzamiento de las mesas ciudadanas de seguridad realizado en junio del año pasado por la presidenta Xiomara Castro, herramienta con la que se buscaba establecer un vínculo de colaboración entre la comunidad y los elementos de la Policía. No obstante, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva reconoció a Criterio.Hn que a la fecha no hay resultados visibles de la operatividad de la Policía Comunitaria y las mesas ciudadanas, «es un proyecto que avanzará poco a poco», manifestó a ese medio.

El pastor Pacheco sostuvo por su parte que que los grupos criminales siguen operando fortalecidos en la Rivera Hernández «creo que iré a preguntar y solicitar qué estrategia tan buena están utilizando, porque se debe replicar en otros lados. Si se puede controlar Rivera Hernández que ha sido mencionado como uno de los lugares más peligrosos del mundo, y ahora hay un control tal que las pandillas no existen, lo deberíamos replicar», dijo de manera irónica.

Los datos y la percepción

La Policía Nacional registra que en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Yoro durante 2022 hubo 252 homicidios menos que en el 2021. Y en lo que va del 2023 ya hay una tendencia de 92 muertes menos respecto al año anterior. Belkis Valladares, la vocera de esa institución, destacó que durante la Semana Santa en San Pedro Sula solo hubo un muerto.

Mencionó que la ciudad que en los años 2012 y 2013 fue calificada como la ciudad más violenta del mundo ahora está en la posición 42 del ránking de 50 «así como vamos, este año saldríamos de ese esa tabla». Contó que en lo que va de 2023 han detenido 61 personas por extorsión y ocho por secuestro, en estos incluido un cabecilla de la Pandilla 18 que residía en Choloma. Además, se han ejecutado 406 órdenes de captura, se desarticularon 19 bandas y se realizaron 611 allanamientos.

A pesar de estas cifras, en la colectividad existe el sentimiento de que la inseguridad ha aumentado, que la violencia está ganando terreno en un país, donde las autoridades no tienen control de los centros penitenciarios, cuyos reos cruzan fuego como si fuera una película hollywoodense. Además, hay un aumento de amenazas extorsivas y han regresado delitos como el secuestro.

¡Ponete Buzo! dicen en un mural de jóvenes contra la violencia en una de las paredes del parque de recreación de la Rivera Hernández de San Pedro Sula Foto CC/Amilcar Izaguirre
¡Ponete Buzo! dicen en un mural de jóvenes contra la violencia en una de las paredes del parque de recreación de la Rivera Hernández de San Pedro Sula Foto CC/Amilcar Izaguirre

Belkis Valladares defiende la baja de homicidios y al preguntarle por qué la gente se siente más insegura, esgrimió que la percepción depende de lo que gente escucha en los medios de comunicación, «imagínese que vi en un medio que decían —imparable violencia en la zona norte— y cuando mandan el en vivo, era un muerto por accidente de tránsito». Agregó que le extraña que la gente perciba más inseguridad y mostró un chat de denuncias, en el que asegura no se mencionan alertas de delitos más graves.

Para el comisionado David Ortega la percepción es «algo complejo» que depende mucho de lo que ven y escuchan las personas. Cuando las noticias son negativas, «la gente empieza a percibir que vive en un estado prácticamente en el cual no se puede vivir, cuando la realidad es otra. Es importante para nosotros trabajar esa percepción» dijo y aseguró que en las redes sociales informan y desinforman por igual.

Ortega manifestó que en la Policía Nacional están abiertos a la crítica constructiva, «no vamos a ocultar nada malo que pase, no lo vamos a hacer, si quiero resolver un problema tengo que reconocerlo, aceptarlo y afrontarlo para solucionarlo, esconder no se resuelve nada», afirmó el jefe policial.

Destacó nuevamente que San Pedro Sula tiene una reducción considerable en la incidencia de homicidios, pero estos datos no «son para dormirse» y hay que trabajar para que la ciudad se mantenga en esos niveles, después aclaró que no es lo mismo hablar de una reducción en los homicidios que una reducción de la violencia. Al ser consultado cómo ha ayudado el Estado de Excepción en la baja de homicidios respondió que «son herramientas jurídicas para luchar por el bienestar de la población», mencionó Ortega.

Durante lo que va del Estado de Excepción, impuesto desde el 6 de diciembre de 2023 en Rivera Hernández se han detenido a 74 personas. No obstante, Belkis Valladares reconoció que la mayoría de los detenidos salen en libertad: «Eso no depende de nosotros, el policía detiene al individuo, remite a la Fiscalía la evidencia, pero ya depende de un juez y por lo general reciben sobreseimiento provisional», sostuvo.

Al mencionar denuncias de abusos durante el estado de excepción, Ortega sostuvo que durante la vigencia del Estado de Excepción, hay muy pocas denuncias sobre abusos policiales? «creo que son muy pocas las denuncias sobre funcionarios nuestros que han abusado de esta herramienta, eso nos dice el grado de profesionalización de la Policía y el respeto de derechos y garantías», dijo el funcionario.

Sobre el estado de excepción, el pastor Daniel Pacheco tiene muchas dudas de que haya funcionado hasta el momento, «ni siquiera sabemos para qué es, ni la Policía sabe cómo funciona» advirtió. Días después de esta entrevista volvimos a hablar con el pastor y él manifestó que al sector Rivera Hernández había llegado un nuevo jefe policial que ya se había reunido con actores sociales de la comunidad para rescatar un centro comunal y un edificio de un kinder, que han sido abandonados por estar en las fronteras.

El pastor además denunció que la Policía Nacional detiene a jóvenes en territorio controlado por una u otra organización y cuando estos son encarcelados no les dejan otra opción más que ser parte de los grupos criminales porque éstos controlan las cárceles. Además, contó que conoce casos de altos mandos que exigen a sus subalternos meterse a las casas y hacer fotos para evidenciar la eficacia del estado de excepción.

La Rivera Hernández es un mundo donde abundan estas denuncias. Ahí también, los ciudadanos hablan que hay alianzas entre algunos grupos que controlan el lugar o acuerdos de agentes policiales con unos y otros grupos, todos conocen las fronteras y las reglas como el «ver, oír y callar». De lo que nadie habla es que los grupos criminales organizados hayan desaparecido o estén debilitados. Ellos siguen ahí.

Hace más de un año que la Ley de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) fue derogada por unanimidad en el Congreso Nacional de Honduras. Estos proyectos generaron conflictos y denuncias por la violación de la soberanía nacional que implicaban. El 21 de abril de 2022, en su informe de los cien días, la Presidenta Xiomara Castro declaró con orgullo : «Estamos recuperando nuestra soberanía» catalogando como logro de su gobierno la derogación de esta ley, pero hasta ahora ésta no ha sido ratificada por el Congreso Nacional. A un año de la derogación, tres Zede siguen operando en Honduras en una especie de limbo jurídico.

Texto: Célia Pousset
Fotografía : Jorge Cabrera y Fernando Destephen

En Honduras, hay quienes dicen que las ZEDE ya no existen y hay quienes sostienen que sí. Son realidades paralelas. Por una parte, la figura legal de la ZEDE desapareció de la normativa hondureña por la derogación de la Ley y ya no se puede crear jurisdicción bajo ese modelo. Sin embargo, las tres ZEDE que han logrado constituirse entre 2013 y 2022 continúan operando en un vacío legal, pero esgrimiendo la garantía jurídica dada por tratados internacionales. Dos de ellas han tenido la voluntad de adherirse a otro régimen especial, sin embargo esas propuestas no tuvieron respuesta positiva del gobierno.

La pelea de Próspera

Un empleado trabaja en las instalaciones de Próspera, donde se lleva a cabo la construcción de un edificio de apartamentos en Roatán, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen
Un empleado trabaja en las instalaciones de Próspera, donde se lleva a cabo la construcción de un edificio de apartamentos en Roatán, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

Próspera, en Roatán, es seguramente la ZEDE más mediática y polémica de Honduras. Es también la que enfrenta más frontalmente al Gobierno, exigiendo públicamente «el respeto a la estabilidad jurídica» que contemplaba la ley derogada. La falta de diálogo y negociaciones llevó a que, a finales de diciembre de 2022, los inversionistas estadounidenses de Honduras Próspera, Inc. y sus afiliadas demandaran al Estado de Honduras ante una instancia internacional: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la que reclaman $10,775 millones de dólares por daños a inversiones.

«Pasarse a otro régimen es una decisión que le corresponde a cada residente o inversionista de Próspera, pero no es una obligación. Más bien es el Gobierno quien tiene la obligación de respetar los derechos adquiridos bajo el régimen ZEDE», expresó Jorge Colindres, su secretario técnico. Se ampara aun en el artículo 32 de la extinta Ley Orgánica de las ZEDE que preveía que las partes naturales y jurídicas de las ZEDE «obtendrán la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras». Y en este caso, el mejor trato es el que ofrece el tratado internacional firmado con el Estado de Kuwait por establecer una garantía de inversiones de 50 años.

En la imagen se observa el permiso de construcción de Próspera. Foto CC/Fernando Destephen.
En la imagen se observa el permiso de construcción de Próspera. Foto CC/Fernando Destephen.

Sin embargo, la batalla legal emprendida no ha detenido la construcción de las torres DUNA, de hasta 14 pisos, en la isla del caribe hondureño.

Esa obra gigantesca es un motivo de preocupación para las presidentas del patronato de Crawfish Rock, la comunidad vecina de Próspera. En un reportaje anterior, la vicepresidenta dijo a Contracorriente que «Próspera puede expandirse a cualquier lado. Si ellos no hubieran tomado la decisión de seguir con su proyecto a cualquier costo, tal vez un diálogo hubiera sido posible. Pero quieren quedarse como ZEDE y a nosotros no nos conviene como comunidad ni como hondureños».

Esa voluntad, Próspera la reafirma cada día, aunque las condiciones de crecimiento no son óptimas, según ellos mismos han dicho. Su secretario técnico afirmó que la ZEDE cuenta hoy con 120 empresas registradas y 1,000 «residentes físicos y electrónicos» pese a que «se han frenado inversiones de manufactura, bienes raíces, servicios médicos y servicios financieros, en Roatán y La Ceiba».

«Lo que ha cambiado después de la derogatoria es que ya nadie quiere invertir en Honduras. No solo por el tema ZEDE sino por la situación general del país y por la radicalización ideológica del Gobierno. Esto ha causado grandes perjuicios económicos, especialmente para Próspera porque se enfoca en la atracción de inversión extranjera», concluyó Colindres.

Ciudad Morazán, proyecto residencial e industrial estancado

Graffiti en contra de las Zedes se observa en el muro perimetral de Ciudad Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.
Graffiti en contra de las Zedes se observa en el muro perimetral de Ciudad Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.

En Choloma, Ciudad Morazán está conformada por decenas de casas blancas, un espacio verde de recreación y una bodega que debía servir como sede industrial y que hoy está en desuso. Sigue albergando alrededor de 70 personas pero la derogación de la ley ahuyentó las inversiones, por lo que el proyecto está estancado, según dijo a este medio su secretario técnico, Carlos Fortín Lardizábal.

En los planes del desarrollador, Massimo Mazzone, la ZEDE debía ser el lugar de vida de unas 15,000 personas y generar unos 10,000 empleos. La realidad está lejos de su sueño.

«El clima de inseguridad jurídica no permite que haya más inversiones, pero antes estábamos en negociación con empresas interesadas en desarrollar industrias aquí. Todo se paró», justificó el secretario técnico.

En junio de 2022, Mazzone mandó una propuesta al Gobierno para adherirse al régimen especial de Zona Libre (ZOLI), pero con algunas modificaciones. Lo que llaman la «ZOLI residencial» estaría sujeta a la normativa nacional. La diferencia es que su población gozaría de los mismos derechos fiscales que las empresas que actualmente operan bajo el régimen de zona libre. Además la jurisdicción se comprometería a ofrecerles salud, educación y seguridad

Un residente de Ciudad Morazán almuerza bajo la sombra de un árbol. Foto CC/Jorge Cabrera
Un residente de Ciudad Morazán almuerza bajo la sombra de un árbol. Foto CC/Jorge Cabrera

«Antes de estar hablando de demandas, debemos buscar salidas al tema. ¿Por qué un trabajador residente no puede tener el mismo beneficio fiscal que un empresario? ¿Por qué en un país donde la educación pública es pésima se niegan a que un esfuerzo privado pueda, en una área determinada, hacerse cargo de la educación?», señaló Lardizábal.

«Después de abril del año pasado, Fernando García (ministro asesor en temas de Zede) dijo que las empresas adheridas al régimen ZEDE debían buscar dentro del engranaje de figuras jurídicas de regímenes especiales, algunas a las que se pudieran adherir. Nosotros hicimos nuestra tarea, le tomamos la palabra al gobierno y presentamos propuestas, pero no recibimos ninguna respuesta oficial», sostuvo.

Actualmente se está socializando una nueva Ley de Justicia tributaria que contempla la supresión de 10 regímenes especiales, entre los cuales está la ZOLI. Por lo que la propuesta de Zede Morazán quedaría nula.

Orquídea, la exportadora que busca su régimen

Otra Zede que sigue operando es Orquídea, un agroparque en el departamento de Choluteca con 170 hectáreas de invernaderos donde se cultivan chiles de colores para exportación a EE.UU.
Según su secretario técnico, Guillermo Peña, la ZEDE no tiene deseo de demandar al Estado, pero lamenta que el Gobierno no le de opciones. Peña afirmó a Contracorriente que Orquídea comenzó a hacer el trámite para adherirse al régimen especial de Zona Libre, pero tampoco se concretó : «la construcción del agroparque se detuvo por la incertidumbre creada, pero nosotros no estamos en el negocio de buscar peleas con nadie. Lo que nos interesa es cumplir con las obligaciones de las entregas de los contratos. Así que empezamos a hacer todo el papeleo para pasarnos al régimen ZOLI, y de repente dijeron que iba a desaparecer. ¿Entonces qué quieren que hagamos?».

Según los representantes de esta ZEDE, Orquídea tiene actualmente 1000 empleados y, a pesar de su vacío legal, siguen exportando a Estados Unidos porque la derogación no ha cambiado nada con los compradores ni con el contrato firmado con las aduanas hondureñas.

Las ZEDE siguen siendo un tema sin resolverse en Honduras a pesar de que el Gobierno se jacta de haber acabado con ellas. Lo más cercano de la verdad es decir que están en el limbo hasta que se ratifique su derogación para la cual se necesitan 86 votos, una mayoría calificada que no logra consolidar actualmente la bancada de Libre, el partido de gobierno. El diputado de este partido, Hugo Noé Pino, mencionó que están esperando «una mejor coyuntura».

Contracorriente se comunicó con Fernando García, el comisionado gubernamental en temas de ZEDE, para saber cómo le da seguimiento al asunto de la derogación y respondió: «realicé una exposición en el Consejo Ampliado de Secretarios de Estado y lógicamente hice referencia al tema. El 21 de abril se cumplió un año de haber derogado el Decreto de Reforma a la Constitución de la República para incluir la aberrante figura de las ZEDE». Evocó que en el Congreso Nacional no se logra ratificar por «intereses», pero no especificó cuáles. García no siguió respondiendo nuestras preguntas vía mensaje y tampoco respondió sobre la posibilidad de una entrevista en persona.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió un mensaje al pueblo hondureño en el Día Internacional del Trabajador haciendo énfasis en lo que ella catalogó como los logros de su gobierno: la derogación de las Zede y de la Ley de Empleo por Hora, la propuesta de una ley de justicia tributaria y su posición de «resistencia» ante una «conspiración» contra su gobierno. A pesar de que varias instituciones del Estado pidieron a sus empleados movilizarse en favor del gobierno en esta fecha conmemorativa, varios grupos de obreros y obreras y sindicatos salieron a las calles criticando la inestabilidad laboral tanto en el sector público como en el sector privado

Por: Contracorriente

«¡Xiomara y su familión, políticos del montón!», vitorearon trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) frente al vehículo que movilizaba al asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya, y el asesor en materia de comunicaciones, Milton Benítez, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en Tegucigalpa, capital de Honduras.

A pesar de que el Gobierno convocó a trabajadores de las distintas secretarías para manifestarse en apoyo al gobierno este día, no todos están contentos con la gestión de la administración actual. En esta ciudad, los trabajadores del sector público exigieron jubilaciones justas y dignas, reajustes salariales y se posicionaron en contra de la tercerización de los servicios públicos.

En este día se conmemora a nivel internacional la lucha que emprendieron los obreros en Chicago en 1886 para obtener mejores condiciones laborales y en Honduras también se recuerda la huelga bananera de mayo de 1954 la cual cobra relevancia nacional por el recuerdo de los logros que aún hoy siguen vigentes, como el derecho al seguro social y el Código del Trabajo. Sin embargo, los retos en materia laboral siguen siendo enormes; según el Instituto Nacional de Estadísticas, la población en edad de trabajar para el 2022 era de 6,795,513 personas y la fuerza de trabajo para dicho año fue de 3,986,387 personas. De ese total, el 58.7% participó activamente en el mercado laboral.

Según esta misma institución, «para el período 2017-2022, la Tasa de Desocupación, antes conocida como desempleo abierto, ha incrementado 2.2% en los últimos 5 años, siendo actualmente 8.9% a nivel nacional. Esta tasa representa 10.1% en el área urbana y 7.1% en el área rural, evidenciando una brecha de 3% entre áreas».

A pesar de este panorama, la presidenta Xiomara Castro se dirigió al pueblo hondureño en cadena nacional omitiendo estos retos y centrándose en reivindicar lo que ella catalogó como los logros de su gobierno en favor de las trabajadoras y trabajadores. Mencionó la derogación de la Ley de Empleo por Hora y también la derogación de la ley que dio vida a las Zede que actualmente está detenida ya que necesita ser ratificada en la legislatura actual.

La presidenta también incluyó entre sus logros la propuesta de ley de justicia tributaria que ya fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Esta ley eliminaría los regímenes de exoneraciones actuales, el secreto bancario, retornaría al sistema de renta global y haría transparente la figura del beneficiario final en las empresas, algo a lo que el sector privado se ha opuesto rotundamente.

El ex presidente y actual asesor presidencial participa de la celebración del Día Internacional del Trabajador en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
El ex presidente y actual asesor presidencial participa de la celebración del Día Internacional del Trabajador en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Es por esto que, a pesar del triunfalismo, la presidenta habló en su cadena nacional sobre una «conspiración» para desestabilizar su gobierno por parte de quienes «nos consideran sus súbditos o su colonia» y habló de la existencia de una campaña en redes en la que «dicen que no estamos haciendo lo correcto simplemente porque no hacemos lo que ellos quieren» y por otro lado habló de «fabricación de expedientes» que afectarían su mandato.

En esa misma línea, el expresidente Manuel Zelaya, esposo y actual asesor presidencial, dijo mientras recorría las calles de Tegucigalpa en su vehículo acompañando la marcha del día del trabajador que «el que gobierna es el que tiene el poder fáctico, esos son los que gobiernan, nosotros estamos luchando para gobernar porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es tener el poder. El poder lo sigue teniendo el bipartidismo y la élite dominante».

Para finalizar este día conmemorativo en Tegucigalpa, el asesor presidencial brindó un discurso en el Parque Central en el cual agradeció el acompañamiento de la clase obrera y calificó de «contundente» el mensaje enviado por la presidenta a través de la cadena de radio y televisión.

«Ustedes me conocen», dijo Mel Zelaya a los trabajadores en su discurso. «Tengo más de 20 años en estas movilizaciones, unas veces a pie, otras caminando y otras veces gaseado, he resistido exilio, golpes de estado y persecución en nombre de la clase obrera. ¡Hoy estoy aquí representando el gobierno del socialismo democrático», celebró Manuel Zelaya, contrario a las declaraciones brindadas a este medio unas horas antes en las cuales aseguró que no formaba parte del Gobierno actual.

Conflictos por empleo en el gobierno

«Los ministros que ha puesto la señora presidenta no tienen conciencia social, no son de pensamiento de este partido [Libre], son unos riquillos que se arrimaron a nuestro partido y que están sacando provecho de él», denunció Paulino Cruz, presidente del Sindicato de trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sitrasit).

Cruz aseguró que el actual ministro de la SIT, Mauricio Ramos, no ha cumplido con el pago de prestaciones, el reintegro de trabajadores de la tercera edad y otras exigencias.

Además, el trabajador de la SIT denunció que dentro de esta secretaría se está dando la venta de plazas y otros actos irregulares, lo que ha ocasionado conflicto dentro de las bases de Libre en esta y otras secretarías de Estado.

Con rótulos y consignas los empleados exigen mejores salarios y menos desempleo. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Con rótulos y consignas los empleados exigen mejores salarios y menos desempleo. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Por otra parte, Lino Enamorado, secretario de actas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), indicó que los conflictos entre las bases del Partido Libre en las distintas secretarías se dan porque no hay suficiente organización de Libre.

«Hay personas que le están haciendo daño al mismo Gobierno, no hay una coordinación de los diferentes ministros y directores y por eso se arman las polémicas, pero creo que la presidenta ya está entendiendo el mensaje y eso se va a solucionar próximamente», indicó Enamorado.

Recomendamos: Violación a derechos, engaño y hostigamiento, predominan en decisiones sobre empleos en gobierno de Xiomara Castro

Preocupación por despidos, politización de lucha obrera y aprobación de empleo parcial

En San Pedro Sula, un grupo de obreros de maquila y activistas del Partido Libertad y Refundación casi se van a los puños durante la movilización. Los obreros de maquila se molestaron por la presencia de los activistas pues sostuvieron que no era un evento político.

«¿Cómo no nos vamos a enojar? nosotros somos obreros y ellos mire cómo tienen el país», dijo indignada una obrera. La militancia de Libre, en cambio, les gritaba «cachurecos».

Una vez en el plantón —que se realizó a un costado del edificio municipal— muchos trabajadores abandonaron la movilización antes de los discursos. Algunos expresaron su disgusto ante la presencia de activistas del Partido Libre quienes se ubicaron frente al estrado gritando «¡Viva Libre!» a lo que algunos obreros respondieron que «esto no es político».

La obrera Yolanda Mejía afirmó estar en contra de que miembros del partido de gobierno hayan tomado protagonismo. «Ellos no tienen que estar aquí, ahorita no actúa el poder político, es día del Trabajador, no es el día de Libre o Partido Nacional ni de ningún partido. No ha habido ningún Gobierno en la historia que haya dado algo a cambio de nada, siempre hay que protestar», dijo.

Un monigote que representa a Mauricio Villeda, diputado que presentó proyecto de ley para empleo parcial, es quemado en el centro de San Pedro Sula durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Un monigote que representa a Mauricio Villeda, diputado que presentó proyecto de ley para empleo parcial, es quemado en el centro de San Pedro Sula durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Armando Villatoro, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, dijo que era el día de los trabajadores y que en el estrado no había ningún político, no obstante, en el escenario estaban Iris Pineda, diputada por Cortés y Jimmy Sorto, quien fue candidato pero no alcanzó una curul.

Esta confederación realizó un comunicado en el que se mencionó que en el país se siguen fortaleciendo los poderes fácticos gracias al neoliberalismo y a la narcodictadura y que hay campañas desestabilizadoras contra el actual Gobierno. «Los voceros no ocultan el propósito de hacerlo fracasar y motivar un golpe de estado» dice el comunicado, con un contenido muy parecido al oficialista.

Entre las peticiones, los trabajadores hicieron el llamado al Congreso Nacional para que no apruebe la ley de trabajo parcial, presentada por el diputado liberal Mauricio Villeda. «Sus promotores pretenden continuar sustituyendo el trabajo permanente por el temporal, precarizarlo y generarle enormes ganancias al gran capital».

Además, exigieron un proceso de reconciliación nacional que respete los derechos humanos, un plan de emergencia que permita enfrentar la tarea del desarrollo, la aprobación del Código Procesal Laboral, la exigencia al Gobierno de que respete los tratados internacionales en materia laboral, cancelar la concesión de bienes públicos y enjuiciar a los traidores de la patria, entre otros.

El movimiento sindical también denunció que, en los últimos seis meses, los trabajadores de la industria maquiladora «han sido víctimas de una masacre laboral despiadada» en la que se perdieron 22 mil empleos.

Los obreros sostuvieron que muchas empresas han despedido a trabajadores mayores y con enfermedades musculoesqueléticas.

Según el medio Bloomberg, el sector maquilador en Honduras cerró el 2022 con 19 000 empleos menos debido a la crisis económica mundial que disminuyó el consumo de textiles en los Estados Unidos y llevó a que varias maquiladoras cerraran operaciones en Centroamérica. Una de las empresas es Fruit of the Loom que fue denunciada por despedir a obreras con trastornos ocasionados por el trabajo.

Ley de justicia tributaria

En Tegucigalpa, tanto el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como el asesor presidencial y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, se manifestaron a favor de la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto promovido por el Gobierno actual y que ha ocasionado reacciones negativas por parte de la empresa privada.

«La clase trabajadora ha salido hoy a apoyar sin condiciones, más que el proceso de socialización, la Ley de Justicia tributaria, ¡Gracias trabajadores y trabajadoras de Honduras», aseguró Manuel Zelaya. En su pronunciamiento, el FNRP estableció que es «imperante» aprobar esta ley en el Congreso.

«Es ineludible para cualquier ciudadano o empresa sin excepción el pago de impuestos, nadie está encima de la Constitución de Honduras», manifestaron representantes del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Por parte de las centrales obreras, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) mencionó en su manifiesto que ve con buenos ojos la Ley de Justicia Tributaria, siempre y cuando la socialización de la misma sea conocida por la población. En este mismo manifiesto, los trabajadores se posicionaron en contra del proyecto de Ley de Empleo Parcial promovido por el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal y realizaron un llamado al Gobierno a dialogar con las distintas fuerzas políticas para lograr un Estado de Derecho con garantías sociales.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) envió un mensaje por redes sociales invitando «a los trabajadores hondureños a realizar un pacto por el empleo y hacer una alianza para preservar los empleos existentes, así como crear condiciones para atraer empresas que generen oportunidades en Honduras». Esta institución gremial se ha pronunciado en contra de la ley de justicia tributaria que se discutirá en el Congreso Nacional en los próximos días.

Cientos de empleados marcharon exigiendo trabajo y el cumplimiento de las promesas de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Amilcar Izaguirre
Cientos de empleados marcharon exigiendo trabajo y el cumplimiento de las promesas de la presidenta Xiomara Castro. Foto CC/Amilcar Izaguirre

En Honduras, unas 200 mil personas trabajan en la industria azucarera durante la temporada de zafra, que es la cosecha de la caña. La mayoría son obreros subcontratados por los ingenios azucareros, no cuentan con derechos laborales como el seguro social o prestaciones. El pago por la cosecha depende de la recolección y, en muchos casos, los trabajadores no logran superar el salario mínimo y los que lo hacen, llevan al límite su resistencia física trabajando hasta los domingos.

Texto y fotografía: Amílcar Izaguirre

Una pelea con un primo y los reglazos de un maestro hicieron que Juan Flores se retirara de la escuela a los doce años. No recuerda por qué inició aquel pleito infantil, pero sí que desde esa edad se convirtió en un peón que ha experimentado diferentes trabajos duros. A sus 59 años continúa trabajando como «machaquero» en una de las plantaciones de caña de azúcar en el municipio de San Manuel, Cortés, al norte de Honduras, donde se produce la mayor cantidad de azúcar del país.

Juán salió del municipio de San Francisco de Coray, departamento de Valle en el sur del país en 1998 después del paso del huracán Mitch, en busca trabajo y un mejor futuro. En San Manuel,trabajó por muchos años en las fincas bananeras pero hace 14 años se dedica al corte de caña, un trabajo temporal donde no hay seguro social y menos un salario justo porque, según los cortadores de caña, ellos reciben su pago de un contratista que es el que le vende el servicio a las azucareras. En el Valle de Sula se ubican cuatro ingenios de azúcar de las empresas Azucarera Chumbagua en Santa Bárbara; Azucarera del Norte en Santa Rita, Yoro; Azucarera Yojoa en Río Lindo y la Compañía Azucarera Honduras en Villanueva, ambas en Cortés.

A los cortadores se les paga de acuerdo con la cantidad de metros de caña cortados. Los llaman «machaqueros» por la herramienta que usan para cortar la caña, «la machaca», un machete ancho, pesado, encorvado por el medio y sostenido por un mango de madera. Para evitar heridas, los «machaqueros» usan chimpas y guantes como los que usa un portero en un juego de fútbol.

Antes de comenzar con el corte de caña, los obreros le prenden fuego a los lotes para quemar las hojas secas y la maleza que hay entre las plantas con el objetivo de facilitar el corte y evitar ser mordidos por alguna serpiente. En tiempo de zafra, las ciudades como San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y Villanueva son cubiertas por una capa de humo que impide la visibilidad y contamina el aire. Los pobladores de estos municipios han pedido a las municipalidades en cabildos abiertos que detengan la quema de caña.

Según la revista de negocios Forbes para Centroamérica, entre 2019 y 2020, la zafra azucarera de Honduras generó unos 200 mil empleos directos e indirectos, la producción de azúcar en esa temporada fue de 11.5 millones de quintales de los cuales el 70% fue para suplir el consumo nacional y un 30% se exportó a mercados internacionales.

Oney Montes, encargado del acarreo de caña mecanizado y manual de la Compañía Azucarera Hondureña. S. A. (CAHSA), dijo a este medio que un promedio de 13 toneladas métricas se muelen a diario en esta compañía. También aseguró que el 60% del corte de caña es manual mientras un 40% de la cosecha es mecanizado, lo que ellos llaman «corte en verde» porque no es necesario quemar para cortar la caña.

Dice Montes, quien lleva trabajando 23 años en esta empresa, que ellos le apuntan a trabajar en un futuro cercano de manera 100% mecanizada, una práctica que cataloga como amigable con el medio ambiente. «Vamos poco a poco, pero un 40% es una cifra considerable y para el otro año esperamos estar en un 50 % manual y un 50% mecanizada», comentó Montes.

Según lo dicho por el experto, para llegar a un proceso 100% mecanizado se requiere de una gran inversión de parte de la empresa porque las máquinas son costosas y también se tienen que nivelar los terrenos para que las cosechadoras hagan su trabajo. Al tener un sistema de corte mecanizado en la zafra, habrá menos oportunidad para los obreros que cortan la caña.

«En muchos países en el mundo queman la caña para cosechar, incluso en Estado Unidos, México y no digamos en Centroamérica», comentó Montes.

El uso de la tecnología en el cultivo de caña presentaría otro problema para los ingenios dado que en Honduras hay poca mano de obra calificada. Para cubrir algunos puestos, el ingenio trae a operadores de máquinas –como la cargadora y cosechadora– de Nicaragua donde sí cuentan con personas calificadas en esa área. «En Nicaragua comenzaron primero que nosotros a cultivar caña, por eso están más avanzados que aquí en Honduras», dijo Oney.

Este año la zafra comenzó el 12 de enero y esperan terminar a mediados de mayo, son cuatro meses de trabajo continuo para los corteros. Al pasar la temporada, estas empresas contratan unos pocos «machaqueros» para realizar la resiembra, limpieza, riego y fertilización de la caña, la mayoría tiene que esperar hasta el próximo año.

«Acá salgo hasta con calambres en el cuerpo» comentó Juan Flores mientras buscaba entre las hojas secas de caña un tibio recipiente de agua que carga para no deshidratarse. Con las manos sucias por el polvo y la ceniza negra que ha dejado la quema de la caña, se limpió el sudor de su rostro, pero éste quedó maquillado con un color negro.

Juan ha trabajado muchos años en la zafra y apenas ha podido comprar el solar donde tiene su casa. Dos de sus seis hijos lo acompañan en la faena. «Este trabajo es duro, usted ve a estos cómo les corre el sudor por la ropa a chorros» dijo Juan después de beber agua y señalando a sus hijos quienes continuaron cortando caña mientras las gotas de sudor caían sobre tierra.

José Ríos, un joven de 22 años del departamento de Choluteca, corta las hojas de la caña y la acomoda para que las máquinas puedan recolectarlas. Foto CC/Amilcar Izaguirre
José Ríos, un joven de 22 años del departamento de Choluteca, corta las hojas de la caña y la acomoda para que las máquinas puedan recolectarlas. Foto CC/Amilcar Izaguirre

Los jóvenes que viven cerca de las plantaciones de caña prefieren salir a buscar trabajo en las maquilas, son pocos los valientes que se atreven a enfrentarse cara a cara con el sol y lo amargo de trabajar en la zafra. Por esa razón, la empresa subcontrata obreros que vienen de la zona sur del país, porque, según Oney Montes, estos obreros tienen la fama de ser los mejores para hacer este trabajo porque están acostumbrados a soportar las altas temperaturas.

Los primos José y Onny Ríos de Concepción de María, departamento de Choluteca, trabajan juntos cortando caña en la misma empresa. José hizo una pausa, y mientras afilaba su machaca, dijo que «la gente sureña le vuela verga compa, con mi primo sacamos 100 varazos» unos 1200 metros lineales, 600 cada uno. «Eso sí compa, si no está acostumbrado y hace esa cantidad un día, al siguiente no regresa porque sale reventado» comentó.

José explicó que la temporada de zafra les permite hacer dinero para comprar fertilizante y herbicida para cultivar las milpas que mantienen en su pueblo, «allá es difícil encontrar trabajo», contó. Al terminar la zafra los primos regresarán a Santa María para preparar la tierra donde cosechan maíz de postrera. «Mire si uno no abona, no saca nada en la cosecha, imagínense que el año pasado estaba a mil cien y mil doscientos el quintal de abono. Esa Xiomara en vez de bajar a las cosas más bien le ha subido a todo» comentó José, refiriéndose a la presidenta de Honduras , Xiomara Castro.

Según comentó un distribuidor de fertilizante, el quintal de urea en menos de dos años pasó de costar entre 480 y 500 lempiras a 1000 y 1200 lempiras, debido a factores como la escasez de contenedores en Asia, el alza del petróleo y la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los principales países exportadores de fertilizante después de China. Con la guerra, los precios subieron más del 100%. Estos datos le han servido a la presidenta Castro para evitar los reclamos de los productores agrícolas.

En los cultivos de caña también estaba Wilmer Ramirez, un «machaquero» originario de San Manuel, quien explicó que la mayoría de obreros no tiene otra alternativa y por eso se ven obligados a soportar el rigor de la zafra. Sin embargo, son conscientes que no ganan lo justo. «Por ejemplo, en San Manuel, un ayudante de albañil gana entre 250 y 300 lempiras por día y trabaja desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Aquí pagan a 70 centavos el metro de caña cortado y para ganar 300 lempiras tenemos que hacer unos 430 metros diarios, pero muchos no lo logramos. A veces sacamos 3600 lempiras a la semana porque trabajamos los domingos y ese día lo pagan doble. Además hay días que trabajamos hasta las siete de la noche cuando se tiene que terminar algún lote, lo que hacen es que encienden los faroles de las máquinas para alumbrarnos» explicó.

Otro joven que escuchaba a sus compañeros se atrevió a decir que «hay compañeros que sacan buenos pagos según como se verguea, hay quienes sacan hasta 6 mil lempiras a la semana pero también hay otros que solo hacen 2500 a 3000. Hay días que solo ganamos 200 lempiras con dificultad porque la caña está demasiado enredada y se avanza muy poco», comentó.

El brazo de la cargadora deposita la caña en los vagones de vehículo que se encarga de llevarlo hasta la planta procesadora. Foto CC/Amilcar Izaguirre
El brazo de la cargadora deposita la caña en los vagones de vehículo que se encarga de llevarlo hasta la planta procesadora. Foto CC/Amilcar Izaguirre

José Ríos dijo que la compañía da algunos beneficios a los obreros que vienen de otros lugares. Les brinda gratuitamente un lugar donde dormir y les subsidia parte del costo de los alimentos. Un obrero puede pagar 800 lempiras semanales de alimentación, de esta cantidad 500 los absorbe la empresa y 300 los paga el obrero. A la zafra de las compañías hondureñas también llegan obreros nicaragüenses atraídos por el pago porque aunque aquí no se gana lo justo, en Nicaragua es peor la situación por la diferencia en el costo del salario mínimo, según dijo Victor Zepeda, un obrero nicaragüense oriundo de Nueva Chinandega quien lleva cuatro temporadas trabajando en Honduras durante la temporada de la zafra.

«Acá ganamos un poquito más, hasta 7 mil lempiras a la quincena mientras que en Nicaragua solo ganaba 6 mil córdobas, y por 100 lempiras allá me dan 130 a 140 córdobas» dijo Víctor y también comentó que en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega les quita un porcentaje para pagar el seguro social, incluso a los que trabajan en el campo de manera informal, «si usted gana 6000 lempiras quincenales, en Nicaragua el gobierno le deduce en la planilla 500 córdobas para ese seguro» comentó Victor.

A la orilla de la carretera, entre los lotes de caña, se ubican tres mujeres que preparan la comida para los obreros. En el menú ofrecen pollo con tajadas de banano verde, carne de res y cerdo a precios que oscilan entre 60 y 100 lempiras. Rosalina Hernández es la dueña del comedor, tiene 58 años, y 31 de ellos los ha pasado vendiendo comida en temporada de zafra. Comentó Rosalina que a diario hace unos 200 platos de comida y que para lograrlo apenas duerme unas dos horas porque se acuesta a la 1:00 am y se levanta a las 3:00 am para dejar preparados los alimentos para el siguiente día.

Hace siete años contrató dos empleadas que llegaron del sur, Sandra Aguilera que viene del municipio de Orocuina y Karen Castillo de Pespire, ambas en Choluteca. Son las únicas que se han quedado por más tiempo en este negocio.

«Aquí las únicas que aguantan son las sureñas» dijo Rosalina que observaba a Karen freír tajadas de banano en una estufa colocada en la intemperie, fuera de la carpa, mientras el sol pegaba de manera cenital al mediodía.

A unos cien metros del comedor hay un puesto de primeros auxilios donde atiende Martha Ruth Gonzales Ayala, una enfermera pagada por CAHSA. Ella se encarga de atender no menos de 400 personas entre machaqueros, aguateros y contratistas. Martha comentó que en varias ocasiones le ha tocado reanimar a los obreros que se desmayan por las altas temperaturas o porque no están acostumbrados a ese trabajo. Ella se encarga de hidratarlos con agua y suero, también costura las heridas que a diario sufren algunos de los trabajadores.

Martha es madre soltera, tiene dos niños, uno cursa la secundaria y otro la educación primaria. Vive en la comunidad de Guacamaya, entre El Progreso y Santa Rita. Para poder estar a tiempo en su trabajo tiene que levantarse a las cuatro de la mañana y tomar el bus junto a los demás trabajadores que viajan de San Rita hasta San Manuel. Ahí, bajo una carpa, instala su botiquín en el que guarda varios tipos de medicamentos, pastillas para el dolor de cabeza, mareos y algunos insumos con los que zurce las heridas de los hombres.

Un grupo de cortadores ennegrecidos por la ceniza que deja la caña quemada hacían fila ante una nevera cilindrica color amarillo; Martha repartía equitativamente el suero color rojo con sabor a frutas a los sedientos que llegaban necesitados. Los obreros bebieron unos 450 ml del líquido rojo servido en vasos improvisados hechos de botellas de bebida carbonatada. «No es lo suficiente pero los alivia un poco» dice Martha, quien hace a diario dos termos de suero que muchas veces no alcanza.

«Este año comenzamos a dar suero, solo es una prueba pero si se dan los resultados que busca la empresa, el servicio quedará de manera permanente para las próximas zafras» dijo Martha.

En la comunidad Triunfo De la Cruz, en Tela, Atlántida, han pasado tres años desde el secuestro de cuatro líderes comunitarios sin que hasta hoy se tenga información sobre su paradero. Mientras tanto, Darwin Centeno, primo de Sneider Centeno, presidente del patronato de Triunfo De la Cruz y uno de los secuestrados el 18 de julio de 2020, cumple con la responsabilidad que le encomendó Sneider: darle mantenimiento a un terreno recuperado.

Texto y Fotografía: Fernando Destephen

En la noche del sábado 15 de abril, en Triunfo de la Cruz, Tela, al norte de Honduras, el capitán de barco, Carlos Barrios perdió su lancha pesquera. Alguien cortó la cuerda con la que la sujetaba así que, durante toda la noche, su lancha, que además guardaba sus redes pesqueras, anduvo a la deriva en el mar. A la mañana siguiente, Carlos buscó la ayuda de Darwin Centeno.

La lancha la encontraron volcada en la playa a eso de las 9 de la mañana, a casi dos kilómetros de su atracadero. Seis personas, entre garífunas y turistas y ayudados con varios troncos y trozos de madera lograron voltearla para sacarle el agua y la arena. El alma volvió al cuerpo de Carlos. Mientras tanto, ancló la lancha en la playa de un terreno recuperado por La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) asignado a Darwin Centeno, para hacer trabajos de mantenimiento y protección.

Darwin es primo de Sneider Centeno quien fue presidente del patronato de Triunfo de la cruz en el año 2020; también es miembro de la Ofraneh y uno de los líderes garífunas secuestrados el 18 de julio de 2020 por personas con uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Darwin cuenta que fue su primo quien le asignó el trabajo de cuidar el terreno recuperado y ha tomado ese lugar de líder que la comunidad necesita. Poco a poco, Triunfo de la Cruz va saliendo del miedo que invadió a su población después del desaparecimiento de los líderes garífunas; dice Darwin que ha sido más bien una mezcla de miedo, pero a la vez de valor lo que los impulsa a seguir su proyecto de recuperar tierras ancestrales y cultura. «Vamos a seguir luchando por nuestro territorio y por nuestra ancestralidad», expresó.

Después de recuperar la lancha, Darwin y Carlos bebieron un trago de guifiti en una champa propiedad de Darwin y su pareja, Denia Castillo, donde venden comidas y bebidas. El guifiti es cosecha de hace dos semanas: lleva maní y cannabis, su olor es dulce y redondo por el maní, explicó Darwin. Un trago para recuperar la energía invertida en el rescate de la lancha.

En un territorio comunitario pero también abierto al turismo, el trabajo de Darwin Centeno no solo se limita a ayudar a compañeros en apuros, como Carlos, también le toca limpiar y ordenar el terreno y la playa, sembrar palmeras y uvas de playa y ofrecer hamacas, comidas y bebidas a los turistas que se acercan. Algunos se molestan cuando Darwin les explica las reglas, que son las básicas en todo lugar: cuidar, no botar basura y comportarse.

«Más que todo que no quemen debajo de los cocos, que no hagan fogatas. Limpio con cal y abono para que los cocos se reproduzcan. Una de las cosas que estamos viendo es que el cambio climático está haciendo que el mar se acerque más y, nos toca sembrar cocos para echar atrás la marea», explicó.
El terreno parece un estacionamiento, está bordeado de palmeras altas a manera de muro. Del lado derecho hay palmeras recién sembradas creciendo ordenadas dentro de llantas, también hay promontorios de basura listos para ser quemados.

La casa de Darwin está del lado izquierdo; ahí él y Denia venden frutas y verduras en una improvisada pulpería en el cuarto donde también guarda su moto y una motosierra. Avanzando hacia la playa, la arena es limpia y las palmeras crean una sombra que protege del sol. Las champas hechas de madera y bambú forman una barrera frente a la playa, la que aún tiene sus barras y que impiden que cuando la marea sube, llegue hasta la casa de Darwin y Denia.

Hace 36 grados centígrados el domingo 16 de abril, Darwin anda sin camisa, una cadena dorada con un Cristo crucificado cuelga de su cuello, algunas de sus rastas le caen sobre los hombros. Darwin tiene 39 años y es consciente de la responsabilidad que le dejó su primo Sneider y de la cosmovisión del pueblo garífuna; este terreno está proyectado como un punto de encuentro para los vendedores de la zona, una reubicación para concentrar las ventas ambulantes de playa en kioscos, ofrecer los productos con más facilidad a los clientes y mayor comodidad para los vendedores, hacer parques y un kinder trilingüe: Barauda.

Este sitio no es producto del azar, no es una recuperación antojadiza, por este terreno cruza un camino ancestral que va del cerro Izopo al cerro «Salí Si Podes». A un lado de este camino ancestral se proyecta la construcción del kinder Barauda.

De acuerdo con Darwin, las personas que ocuparon el terreno lo hicieron sin consulta previa e informada al patronato de Triunfo de la Cruz, fue una decisión inconsulta con la comunidad, contó Centeno. En el terreno sólo había una champa.

El capitán Carlos Barrios jalando su lancha por la orilla del mar en Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, después de recuperarla. Foto CC/Fernando Destephen.
El capitán Carlos Barrios jalando su lancha por la orilla del mar en Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, después de recuperarla. Foto CC/Fernando Destephen.

Darwin contó que dentro del proyecto se incluye la siembra de uva de playa, hicacos (una fruta parecida al rambután pero de color rosado), yuca, arroz y ñame como parte de huertos comunitarios para lograr la soberanía alimentaria y ser autosostenibles. El manglar, el bambú y las palmeras son sembrados para evitar daños por marea alta o marejadas. Centeno explicó que la resiembra es para adaptarse al cambio climático, no sembrar en los tiempos acostumbrados sino probar cosechar fuera de temporada.

La relación de Darwin con las frutas de playa no es nueva puesto que su madre, Lilian Centeno, vendía una paila diaria de uvas de playa y de hicacos y así logró sacar adelante a sus hijos. Todo se compraba al día, contó Darwin. desde la comida hasta la ropa diaria y los uniformes escolares; se trataba de una economía familiar basada en la venta de frutas de playa. Unos años después, Darwin Centeno, ya con 39 años y ocho hijos es el encargado de cuidar este terreno.

Más allá de las champas de Darwin y de Denia,} está el mar, y aunque se aleje, siempre regresa, dice ella y cuenta que cuando el mar se retira de esa frontera, hay gente que construye champas en esa nueva playa pero, el mar regresa y se traga lo que está en su camino.

Las huellas o los pisos podotáctiles en Tegucigalpa son líneas en las aceras que deberían poder sentir las personas ciegas al caminar sobre ellas. Su utilidad es la de guiar y advertir sobre un posible peligro, pero normalmente podemos ver sobre ellas pasar motociclistas o ser usadas como parqueos. En Tegucigalpa, esta es la alternativa «incluyente» que ofrecen las autoridades cuando preguntamos sobre accesibilidad universal.

Fotografias y texto: Fernando Destephen

Caminar por una acera y evitar las señalizaciones, los postes y los vendedores es algo normal para la mayoría de las personas, pero esos elementos resultan ser un obstáculo muy grande para las personas con discapacidades. El Distrito Central es una ciudad poco amigable con estas personas, los pocos proyectos que existen justifican un gasto y un par de empleos, pero esos proyectos no llegan a las personas que necesitan accesibilidad universal, es decir: rampas, pasamanos, semáforos, huellas podotáctiles y pasos de cebra que sean perceptibles para las personas ciegas.

Las aceras están obstruidas y en las calles hay agujeros a veces hechos por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) o por la alcaldía. Mario Bardales, representante de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih) reclama porque esos proyectos se hacen sin protecciones para las personas con discapacidad y, en el caso de los agujeros, no los tapan ni señalan adecuadamente. Readaptaciones en base a la realidad, pide Mario Bardales.

Por ejemplo, el Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (Infracnovi) se ubica frente a la colonia Víctor F. Ardón, en el Anillo Periférico del Distrito Central, un lugar que no es amigable para personas con discapacidades. «Esta zona, por ejemplo, es inaccesible para una persona ciega; el hecho de poder cruzar ese Anillo Periférico es una cosa increíble. Una de las cosas que hace inaccesible la zona para la gente con discapacidad es que no hay un puente peatonal donde puedan cruzar», explicó Karely Barahona, representante de Infracnovi. Afuera el mundo es incierto, pero dentro de Infracnovi, la perspectiva cambia con una construcción que sí respeta los parámetros de accesibilidad universal: rampas, pasamanos, espacios seguros para las personas ciegas que se capacitan en el lugar.

«No sirve tener una organización accesible si afuera tenemos una ciudad y un país inaccesible en temas de infraestructura» dijo Karely. La sentencia se oye en la oficina donde hay dos personas más trabajando, uno de ellos, Felipe Cruz, un docente que está perforando una hoja de papel para escribir en Braille una tarea para sus estudiantes; la otra persona escribe en una computadora. El lugar es silencioso y fresco.
La verdadera inclusión la practican las personas con discapacidad que se han formado para educar, como el profesor Felipe Cruz, una persona ciega que, aparte de enseñar ajedrez y nivelar estudiantes, imparte clases como matemática que le da este viernes a Nicolle, una estudiante ciega del sur del país. Felipe usa el ábaco Cranmer para enseñarle a Nicolle a leer decenas, centenas y millares y luego con una máquina de escribir Perkins Brailler, que es una máquina de escribir braille con una tecla correspondiente a cada uno de los seis puntos del código braille. La tarea que Felipe le asignó a Nicolle fue escribir los números.

Según la Ley de Equidad y Desarrollo integral para las Personas con Discapacidad «hasta el 2005, año de la creación de la ley, habían registradas en el país 177,000 personas con discapacidad de acuerdo a estadísticas del INE, y de esas 177 mil personas con discapacidad un total de 54,304 estaban o están en edad económicamente activa sin existir en el país suficientes oportunidades de inserción laboral para estas personas».
Karely Barahona explicó que el tema de las huellas podotáctiles fue «muy poco mencionado» y muy poco socializado con el sector discapacidad de parte de la Alcaldía Municipal. «En los lugares en donde las están aplicando son aquellos a conveniencia de los intereses de la alcaldía», dijo.

Sin embargo, Marco Tulio Carrasco, jefe de señalización vial en la oficina de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) explicó que «cuando se hace un levantamiento de aceras o una ampliación de la calle, al remover la antigua acera, cuando la volvemos a construir se están instalando esta guías, entonces todo proyecto o todo resane de acera que esté en vía pública y que ocupe reparación se le van a ir implementando estas huellas».

La explicación de la alcaldía es estructural y con una visión de proyectos urbanos. La accesibilidad universal es poco entendida, como las intermitencias en las huellas podotáctiles por la reconstrucción de aceras, la falta de supervisión, la destrucción y la poca socialización de este tipo de proyectos, en este caso, con las personas ciegas.

Carrasco añadió que la ubicación de las huellas podotáctiles responden más al flujo de personas que transitan un lugar, pero ni Karely, ni Mario Bardales coinciden con esta explicación, porque no los tomaron en cuenta como sector discapacidad a la hora de la socialización e implementación de estas alternativas.

Fotografía CC/Fernando Destephen
Fotografía CC/Fernando Destephen

De acuerdo con Carrasco, la responsabilidad de incluir las huellas podotáctiles en los planos es de la persona encargada del proyecto, aunque reconoce que ellos como alcaldía también tienen la corresponsabilidad de incluirlas o sugerir que sean incluidas.

No era obligatorio incluir las huellas podotáctiles en los proyectos, pero en esta administración sí lo será, según explicó Carrasco.

Karely reconoce los pocos avances en accesibilidad universal, pero es consciente de que falta mucho, por ejemplo «no solamente es colocar una huella» dijo. Falta tapar cunetas, despejar aceras y una reubicación de postes y vendedores. «Las aceras están llenas de gente vendiendo, entonces nos toca usar la calle y eso es aumentar el riesgo» agregó.

Karely y Mario reconocen avances; por ejemplo, ya existe la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, pero «Estamos haciendo una propuesta a nivel de sector para que se mejore porque todavía hay muchas situaciones que no se están cumpliendo, falta una reglamentación» agregó Mario.

Los apoyos por parte del gobierno no son estructurales sino excepcionales, «más vinculados a la obtención de ayudas técnicas, es decir, bastones, sillas de ruedas, prótesis, todo eso, y que también hay que hablar mucho sobre la calidad de esos productos» agregó Karely.

Hay un mundo junto al nuestro, un mundo de percepción y guiado por los sentidos, muy cercano y muy alejado, ese es el mundo de las personas con discapacidades, los que muchas veces no soportan la contaminación en el ambiente y, aunque pareciera que los gritos de los vendedores, los parlantes en las tiendas con música con volumen excesivo o el claxon de los vehículos es algo normal, esto desorienta a las personas ciegas. «No halla uno para donde agarrar porque aquel de la esquina está vendiendo patastes, tomates y con un micrófono, entonces eso le tapa al ciego» explicó Mario Bardales.

Mario Bardales explicó que «todavía no hay confianza en lo que puede hacer el sector discapacidad. Todavía no se valora que hay mucho profesional en el campo y no son valorados en el hecho de que pueden trabajar, que pueden colaborar con la parte del desarrollo del país». Esa parte poco entendida de la accesibilidad universal se podría solucionar contratando personas con discapacidad y expertas en estos temas para tener un contexto más real de las necesidades del sector. El acceso universal es una garantía que está contemplada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no es de carácter obligatorio a pesar de que los Estados se comprometen a cumplir con la convención.

Wendy Liz, directora de Discapacidad de Sedesol, dijo que Honduras como Estado ratificó la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el 2008, y se creó la Dirección General de Desarrollo para Personas con Discapacidad (Digedepdi) pero, con el Golpe de Estado de 2009, el proceso se detuvo lo que impidió la creación del marco normativo de la Ley de Equidad de para el Desarrollo Integral para las personas con discapacidad y durante 17 años se ha trabajado sin una normativa de ejecución. De Acuerdo a Liz «La convención como está ratificada por el Estado de Honduras, la convención misma obliga a los estados a que trabajen todo el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad».

Andepcih es una Organización No Gubernamental que se sostiene a través de la ejecución de proyectos, eventos o actividades, contó Mario. Su oficina es el ejemplo de que la accesibilidad universal no es entendida, para llegar al segundo piso del edificio El Centro, en el paseo Liquidámbar, hay que subir dos pisos que no están registrados como tal, las más de 40 gradas confunden a quien no conoce. Mario y otras personas ciegas suben esas gradas varias veces a la semana.

Mario considera que se les margina al no tomarlos en cuenta como sector discapacidad cuando se socializan proyectos orientados al sector. «Que la alcaldía me venga diciendo cuentos de que están cumpliendo con el sector ¡no hombre! si no están contratando el personal idóneo para hacer el trabajo» dijo. Y en el sistema educativo también existe esa marginación porque en las escuelas del país no se cuenta con docentes preparados para trabajar con el sector discapacidad, «no hay una verdadera inclusión» agregó Mario.

Las vulnerabilidades del sector discapacidad son claras en las ciudades, la falta de acceso a salud, educación y trabajo son elementos que se incluyen en la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Pero no se aplica lo que dispone la ley. En el Distrito Central, por ejemplo, se reconoce el sector discapacidad pero el reconocimiento de sus derechos es opaco. En las zonas rurales es el caos, «hay departamentos o municipios donde la persona con discapacidad todavía está sentada en un fogón. Apenas comen y duermen de mala manera» explicó Mario.

Fotografía CC/Fernando Destephen
Fotografía CC/Fernando Destephen

La oficina de discapacidad en Sedesol

La oficina de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trabajará este año con un presupuesto de 3.5 millones de lempiras dedicado solo para el funcionamiento de la oficina de discapacidad, pero hay otras líneas de trabajo, explicó la Directora General de Discapacidad, Wendy Liz, quien agregó que el año anterior transfirieron alrededor de 72 millones de Lempiras a organizaciones y colectivos de base comunitaria que trabajan con procesos de rehabilitación, habilitación y educación inclusiva para personas con discapacidad.

Wendy Liz explicó que esos fondos se distribuyen de dos maneras, «una partida que va para las transferencias trimestrales que se le entregan a 54 ONGs y otra de las partidas se destinó para la creación del Fondo Solidario para el sector discapacidad».

La primera partida presupuestaria se ha entregado desde el 2002 «y el Fondo Solidario es, como los nuevos fondos que se están dando a las organizaciones que nunca habían recibido fondos por parte del Estado y que ahora están teniendo esa posibilidad de poder desarrollar sus proyectos fortalecer sus instituciones y sus colectivos de base comunitaria».

Al consultar sobre si esos fondos son suficientes, Liz confirmó la complejidad de la pregunta y la subjetividad de la respuesta porque no se cuenta con un Censo Nacional de Personas con Discapacidad lo que complica «hacer una proyección presupuestaria que nos permita dar una respuesta certera a preguntas similares». También agregó que Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene un Censo Nacional de Discapacidad. Ha sido con datos generados por los censos nacionales y por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proyectado que en Honduras alrededor del 12 al 14 por ciento de la población tendría algún tipo de discapacidad. El resultado de esa proyección es que en Honduras hay alrededor de un millón 200 mil personas con alguna discapacidad, agregó Liz.

Ante la falta de un Censo Nacional de Personas con Discapacidad, Liz aseguró que será desde esa oficina que se creará el primer Censo Nacional de Personas con Discapacidad, ya que «una de las principales tareas que se ha dado esta dirección, es justamente estructurar y gestionar la realización del primer Censo Nacional de Personas con Discapacidad porque, teniendo estos datos estadísticos ordenados, es la forma en la que nosotros y nosotras vamos a poder calcular los presupuestos apropiados para poder atender a todas las personas con discapacidad».

Consultado sobre la iniciativa de Sedesol de realizar un Censo Nacional de Personas con Discapacidad, Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo que «Sedesol y otro puede hacer un registro, no un censo» y que el INE hace un censo pero, en el marco del Censo de Población.

La falta de un Censo Nacional de Personas con Discapacidad complica las funciones en la oficina de discapacidad quienes deben trabajar en función de la demanda que tienen «porque hasta que no tengamos certeza de la cantidad de personas, dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, nosotros no podemos trabajar política pública de discapacidad. Nosotros no podemos asegurar cuántas personas con discapacidad hay».

Otro avance que destaca Liz es que desde el año anterior se incluyeron dos nuevos tipos de discapacidad que se suman a la lista de discapacidades reconocidas por el Estado y que son: discapacidad psicosocial y discapacidad orgánica. «Para nosotros es un gran avance porque también de eso depende el número de personas que se deben atender, entre menos discapacidades se reconozcan menos discapacidades se atienden» dijo Wendy Liz.

En el tema de accesibilidad universal, Wendy Liz confirmó que existe una alianza con la gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad del Distrito Central para garantizar que se cumpla con la actual ley de discapacidad, por ejemplo, en el tema de los parqueos. «Debería de haber un parqueo para personas con discapacidad por cada 10; hemos negociado con la Gerencia de Movilidad Urbana que no sea uno por cada 10 sino, que sean tres por cada 20 entonces estamos aumentando el tema de los parqueos accesibles en el espacio público para personas con discapacidad».

Otro de los proyectos de la dirección de discapacidad es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se llama Tegucigalpa Accesible. Liz informó que se trata de «un mapa donde todas las personas con discapacidad pueden ir punteando, dando sus opiniones y dando sus recomendaciones sobre la necesidad de generar ajustes razonables o construir rampas, o poner una línea cebra, o poner un asistente vial, o solicitar la ubicación de un ascensor tanto en instituciones públicas como privadas».

La aplicación se llama map4all y la información de los usuarios es descargada y con esa información «tomamos decisiones de cómo hacer más accesibles aquellos lugares que las personas han mapeado más obstáculos en la ciudad. Tegucigalpa Accesible con maps4all y todas las iniciativas de uso de nuevas tecnologías de comunicaciones para dar accesibilidad a todas las personas con discapacidad es el proyecto general» comentó Liz.

También dijo que con la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central están trabajando el proyecto de instalar semáforos con asistencia parlante para las personas con discapacidad visual. Consultado sobre este proyecto, Marco Tulio Carrasco, jefe de señalización vial en la oficina de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), dijo a Contracorriente que «hay un proyecto de semáforos para este que año pueda que sean incluidos, pero no puedo garantizar al cien por ciento ya que se debe hacer el levantamiento y el inventario» pero confirmó que hay semáforos sonoros instalados en el bulevar Morazán.

Hay avances en el sector discapacidad y hay personas con discapacidad que lo confirman, pero aún falta escucharlos para desarrollar el país en el contexto de las necesidades del sector y, como dice Mario Bardales, confiar en ellos.

Fotografía CC/Fernando Destephen
Fotografía CC/Fernando Destephen

La escuela para ciegos Pilar Salinas funciona desde hace 75 años en un edificio ubicado al lado del Hospital San Felipe en el bulevar Próceres. Desde la estatua de Simón Bolívar hasta el portón de la escuela, la calle y ambas aceras son invadidas por ventas de comida, mesas, ventas de ropa, carros y motos estacionados, puntos de taxis y el flujo de pacientes que entran y salen del hospital San Felipe; los estudiantes de la escuela Pilar Salinas deben recorrer estos casi 500 metros evitando golpearse o ser golpeados.

La actual directora de la escuela, María Victoria Rosales, resume los problemas de acceso que tienen tanto padres de familia, estudiantes y maestros ciegos que trabajan en la escuela. «La verdad que tanto los niños ciegos como las madres y los maestros ciegos que tenemos, corren el riesgo en esta calle», dijo y agregó que para solucionar este problema, ella ha propuesto desde hace varios años convertir la calle de acceso de dos carriles a un solo carril que vaya hasta el área de maternidad del hospital San Felipe; otra alternativa sería despejar de vendedores la acera contigua al asilo de ancianos. Pero de la misma manera en que María Victoria Rosales ha insistido con diferentes autoridades para realizar los cambios, de esa misma manera las diferentes autoridades han ignorado sus solicitudes.

La hora de entrada a la escuela es entre 6:30 y 7:00 de la mañana. El momento coincide con la hora de llegada para consulta en el hospital San Felipe y la hora de vender el desayuno y ofrecer ropa. Sin alternativas de accesibilidad universal, los pocos estudiantes que se arriesgan a atravesar las aceras a veces son golpeados por otros peatones, o recorren la calle con el riesgo de ser golpeados por los carros. Otros padres de familia han optado por pagar un transporte para sus hijos.

Esta calle resume los problemas de accesibilidad universal cerca de una escuela para ciegos y es una aproximación a la realidad general del sector discapacidad.

Para celebrar el Día del Idioma y del Libro, celebrados el 23 de abril de cada año, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa hospedó en la novena edición de la Feria del Libro a las diferentes editoriales y librerías hondureñas para que presentaran los fantásticos mundos que los libros albergan en sus páginas.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

La Cooperación Española junto al Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) realizaron la novena edición de la Feria del Libro en la capital hondureña. El evento se realizó el 22 y 23 de abril en el contexto del Día del Idioma y del Libro que se celebra cada 23 de abril a nivel mundial y contó con unos 28 stands en los que editoriales y librerías hondureñas presentaron lo que la literatura, especialmente la hondureña, tiene en sus versos, párrafos e historias para la población del país.

Karla Chévez, coordinadora de programación en el CCET, explicó que el objetivo de esta Feria del Libro es «fomentar la lectura y escritura» en el país y además «promocionar a los creadores y creadoras de literatura hondureña, establecer la industria como una que genera ingresos y por ende desarrollo económico».

Las actividades se realizaron en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), Babelia 3.0 y en el Redondel de Los Artesanos. FotoCC/Fernando Destephen
Las actividades se realizaron en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), Babelia 3.0 y en el Redondel de Los Artesanos. FotoCC/Fernando Destephen

Giovanni Rodríguez, de la editorial Mimalapalabra y organizador de la Feria del Libro de San Pedro Sula, comentó que la Feria del Libro celebrada en Tegucigalpa es un espacio cultural importante en el país y un gran impulso para las editoriales hondureñas que están trabajando en una industria y mercado editorial floreciente y agregó que son iniciativas que fortalecen algo que está en «construcción y que está en vías de un desarrollo mucho más grande».

Como nuevo agregado al catálogo de Mimalapalabra, Giovanni Rodríguez presentó en la Feria del Libro, su nueva novela: Anchuria (Mimalapalabra, 2023). En sus páginas se encuentra una posible historia de Honduras, como Giovanni la resume, y en las que se teje una trama con las vivencias de Samuel Zemurray, el expresidente Manuel Bonilla, el escritor William Sydney Porter —mejor conocido como O. Henry— y la de los mercenarios, Lee Christmas y Guy Molony.

Samuel Zemurray, apodado como «Sam» o «The Banana Man», fue un magnate estadounidense que fundó la Cuyamel Fruit Company y después fue presidente de la United Fruit Company, que se convirtió en una fuerza política y económica determinante con una influencia decisiva para mantener sus operaciones con el mayor margen de ganancia en los países en los que se instaló, incluido Honduras, hasta el extremo de patrocinar golpes de estado y acrecentar la corrupción entre los funcionarios del Estado. Sus acciones en el país le acreditan un papel importante en el contexto histórico de Honduras.

En ese sentido, Anchuria (Mimalapalabra, 2023) se define como una pieza literaria que «más que una novela de contenido histórico; es un artefacto narrativo capaz de desmontar los mitos sobre ciertos segmentos de la historia nacional, además de la concepción tradicional acerca del arte de la ficción».

Durante la presentación, Rodriguez comentó que haber leído Respiración Artificial (Pomaire, 1980) fue crucial en el proceso creativo de Anchuria, que lo llevó a realizar una «búsqueda de contar la historia nacional desde una manera no convencional».

Giovanni Rodríguez comentó que la próxima publicación de Mimalapalabra es uno de la escritora hondureña Helen Umaña. FotoCC/ Fernando Destephen
Giovanni Rodríguez comentó que la próxima publicación de Mimalapalabra es uno de la escritora hondureña Helen Umaña. FotoCC/ Fernando Destephen

En la Feria del Libro también se presentó el poemario La Ira (Malpaso, 2022), que la jefa de redacción de la editorial Malpaso, Iveth Vega, describió como uno que no juzga la ira como algo malo sino «como un derecho que tenemos a tener ira por la realidad en la que vivimos, pero también que a pesar de esa ira, escojamos amar a nuestros semejantes, a nuestros hijos y decidamos luchar en medio de tanta ira, de tanta violencia que no rodea en esta ciudad».

Vega expresó que Javier Suazo es un hombre multifacético, y su faceta de cineasta aportó al poemario La Ira (Malpaso, 2022), «hace que nosotros sobrevolemos la ciudad y podamos ver cómo se desenvuelven los ciudadanos en medio de todos estos sentimientos que pueden ser muy atroces, pero muy bellos de narrar».

De esta editorial también se presentó una reedición de Escritos sobre el amanecer (Malpaso, 2023) del poeta, ensayista y catedrático hondureño, Livio Ramírez. Esta es una edición conmemorativa trilingüe (español, inglés y francés) de un autor que Iveth Vega describió como una de las «grandes voces de la poesía» y Escritos sobre el amanecer (Malpaso, 2023) como un poemario que la opinión internacional lo cataloga como «uno de los grandes libros de poesía escritos en Latinoamérica».

El Proyecto Editorial La Chifurnia presentó el poemario Despiadada Ciudad (La Chifurnia, 2018) del poeta y periodista salvadoreño, Otoniel Guevara. Este es un poemario que recoge 10 años de su vida en 5 o 6 países en los que estuvo en el periodo de la guerra y la posguerra de El Salvador. Guevara consideró relevante mencionar que este poemario se construyó durante este conflicto bélico pues los versos que lo constituyen tienen un peso político importante, pues «lastimosamente vuelven a cobrar relevancia dado el retroceso que tenemos en el país (El Salvador)».

A las olvidadas

Otra de las actividades de la Feria del Libro consistía en que las personas que asistieron al evento se preguntaran: «¿Qué libro le llevarías a una mujer que está en la cárcel?». Desde ahí nace la iniciativa «A las olvidadas», que se originó en España en 2019 por la asociación feminista «Teta & Teta» y en la que desde entonces, se han entregado más de seis mil libros a mujeres privadas de libertad y el proyecto se ha expandido a México, Francia, Colombia y ahora a Honduras.

En la Feria del Libro había una mesa con libros, pero era la única en la que no estaban en venta, son para las reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) a las que con esta actividad se desea «darles visibilidad y promover la mejora de sus condiciones dentro de la prisión».

De acuerdo a la última edición de la World Female Imprisonment List que se realizó en 2022, se señala que en Honduras 1.193 mujeres están en prisión, lo que representa aproximadamente un 5% de la población privada de libertad en el país. Mariel Guinea, encargada de esta actividad en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) explicó que de acuerdo a estudios, «las bajas cifras de mujeres privadas de libertad suponen la invisibilización de la mujer dentro de la prisión y la falta de la mirada de género en dicha institución y en el estudio de la mujer que comete delitos. La falta de dicha perspectiva en la política penitenciaria vulnera los derechos de la mujer, al reproducir la exclusión, la violencia y la desigualdad de género».

La Feria del Libro tuvo en su programa conciertos, lecturas de minificción, presentaciones de libros entre otras actividades. FotoCC/ Fernando Destephen
La Feria del Libro tuvo en su programa conciertos, lecturas de minificción, presentaciones de libros entre otras actividades. FotoCC/ Fernando Destephen
Durante una de las presentaciones de libros en esta feria, alguien levantó uno y citó a Jorge Luis Borges diciendo: «el invento más grande es el libro», una frase de un enunciado mayor: «de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación». El libro es el invento más grande y las Ferias del Libro son el invento que permite conocer el trabajo que las editoriales y autores hacen para la literatura hondureña.

Desde diciembre de 2022 —y previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia—, el Congreso Nacional anunció la entrega de una «subvención» a congresistas de todas las bancadas para ejecutar proyectos sociales. Esto se repitió previo al feriado de Semana Santa. En el portal de transparencia del Poder Legislativo no se encuentran las liquidaciones de estas subvenciones por parte de los congresistas tal y como se prometió.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera

En diciembre de 2022, el Congreso Nacional entregó una subvención por 100 mil lempiras a congresistas propietarios y suplentes que, de forma voluntaria, quisieran llevar a cabo proyectos sociales en sus departamentos y comunidades. Solo en ese mes, el Congreso Nacional otorgó L 16,091,085.53 en concepto de ayuda social con «previa solicitud de cada congresista».

Previo a la Semana Santa de este año, el Congreso otorgó otra subvención de 100 mil lempiras, sin embargo, se desconoce el número de diputados y diputadas que han accedido a estas subvenciones tanto en diciembre como en marzo y en el Portal de Transparencia tampoco están los expedientes que contienen las respectivas liquidaciones, cuando una de las condiciones para acceder a esta subvención era liquidar este dinero después de 30 días de ser entregada.

En el Gobierno anterior, los diputados y diputadas podían acceder a fondos para gestionar proyectos sociales con el llamado «Fondo Departamental». En ese contexto, en el período de 2016-2020, más de 60 diputados fueron acusados de malversación de fondos públicos en el caso «Red de Diputados». Los fondos fueron transferidos del Poder Ejecutivo a organizaciones de sociedad civil y luego a las cuentas de banco de las y los diputados.

La designada presidencial Doris Gutierrez, aseguró a Contracorriente en una publicación anterior que al acceder a este tipo de fondos, los diputados estaban incurriendo en una «doble moral», tomando en cuenta los antecedentes con fondos como estos en el Congreso Nacional. Además, señaló que «la Constitución de la República no establece que los diputados sean ejecutores ni gestores de fondos»

En la justificación de la ejecución presupuestaria de diciembre de 2022, el Congreso Nacional expuso que la entrega de estas subvenciones están amparadas en el artículo 205 de la Constitución de la República, en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en el Manual de Procedimientos para Otorgar Subvenciones, el cual tampoco está en el Portal de Transparencia del Legislativo.

Si se entregaron L 100,000.00 en el mes de diciembre a aproximadamente 160 diputadas y diputados —propietarios y suplentes—, eso significa que aproximadamente el 62.5 % de los congresistas accedieron a esta subvención en diciembre de 2022, previo a elegir la Corte Suprema de Justicia.

En enero de 2023, Contracorriente realizó una solicitud de información a este poder del Estado para conocer el «registro y detalle sobre las liquidaciones de subvenciones que han sido entregadas a diputadas y diputados para realizar proyectos sociales desde diciembre de 2022 hasta la actualidad».

La respuesta de la oficina de transparencia del Congreso fue que, en ese momento, «la unidad encargada de procesar esta solicitud de los Honorables Congresistas se encuentra recopilando todos los documentos que acreditan la liquidación del mismo».

Respuesta de la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional a Contracorriente sobre el detalle de las liquidaciones de las subvenciones para proyectos sociales.
Respuesta de la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional a Contracorriente sobre el detalle de las liquidaciones de las subvenciones para proyectos sociales.

En esta respuesta también se mencionó que, una vez estuviera completa esta información, sería publicada en el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.


En cuanto a la ejecución presupuestaria de los meses anteriores a diciembre de 2022, solo en el mes de septiembre de 2022 se ejecutaron L 5,644,500.00 por concepto de «ayuda social a personas», además, en comparación a los otros documentos, en este no se detalla la finalidad o motivo de esta ejecución presupuestaria.

Ejecución presupuestaria del Congreso Nacional de septiembre de 2022. Fuente: Portal de Transparencia del Congreso Nacional.
Ejecución presupuestaria del Congreso Nacional de septiembre de 2022. Fuente: Portal de Transparencia del Congreso Nacional.

Además, en concepto de «ayuda social a personas», se ejecutaron L 51,000.00 en octubre y L 40,400.00 en noviembre de 2022. En 2023, se ejecutaron L 200,000 en el mes de enero y L 13,500 en el mes de febrero.

La diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, explicó a Contracorriente, que, de no liquidarse en el plazo establecido, los fondos pueden ser deducidos del salario de los diputados y las diputadas.

«Al momento de tomar una subvención se tiene que firmar un documento en el que uno se compromete a liquidar en un plazo de 30 días, si no se liquida en tiempo y forma pues se firma un documento para que se deduzca del salario», indicó Ayala.

La congresista del Partido Libre detalló que para esto existe un reglamento establecido para el manejo de la subvención y que dentro del mismo se establece que siempre y cuando los congresistas liquiden la subvención anterior, pueden acceder a nuevos fondos. En marzo de 2023, cuando se anunció la disponibilidad de una nueva subvención para proyectos sociales, no solo se ponían a disponibilidad de los congresistas 100 mil lempiras correspondientes al mes de marzo, sino los correspondientes a meses anteriores.

Hasta el momento se desconoce cuánto es el máximo o mínimo de fondos a los cuales tienen disponibilidad los diputados y diputadas para realizar proyectos sociales.

«Se puede hacer cada mes siempre y cuando esté liquidada la subvención anterior, entonces en este mes se puede acceder a los fondos de los meses anteriores, siempre y cuando se cumpla con el reglamento que está establecido para el manejo de la subvención», destacó Silvia Ayala, quien agregó que ella sí ha presentado sus informes de rendición de cuentas con el desglose de la subvención en tiempo y forma.

Entre las inversiones que la diputada Silvia Ayala ha realizado con la subvención que se le acreditó en el mes de diciembre están: apoyo a la Asociación de Estudiantes de UNAH-VS con sonido para actividades, apoyo en concepto de ayuda humanitaria para personas que requerían medicamentos, apoyo con medicamento y ayuda médica a tres personas, ayuda humanitaria a personas emprendedoras con el pago de energía y compra de insumos, y el acondicionamiento de una biblioteca de educación básica en el municipio de Omoa, Cortés.

Al momento de la entrevista con este medio, la congresista aseguró que todas las liquidaciones se publican en el portal de transparencia, el cual tiene «un expediente de cada uno de nosotros, en donde están los recibos, las fotografías, las facturas originales, cuando se trata de compra de algunos artículos, y se acompaña con la factura original aparte de un recibo de la persona que recibió el dinero».

Sin embargo, al cierre de esta nota, no pudimos acreditar la existencia de los expedientes con las liquidaciones de las subvenciones de cada congresista en el portal de transparencia del Congreso Nacional. Lo que sí encontramos fue la ejecución presupuestaria de todo el 2022 y de enero y febrero de 2023.

Tomás Ramírez, diputado y jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), explicó a Contracorriente que en la bancada del PSH quedó a «libertad de cada quién», acceder a esta subvención para proyectos sociales y que él la aceptó para para construir la casa de una familia de escasos recursos.

«Se construyó una casa para una familia de escasos recursos que no tenía quien por ellos y era una sola coladera», indicó Ramírez, en referencia a los 100 mil lempiras que él tomó correspondiente a la subvención de diciembre de 2022. El jefe de bancada también explicó que para la construcción de esta casa no ha sido suficiente la subvención a la que él accedió, sino que también ha aportado 80 mil lempiras de su salario. El congresista Ramírez aseguró que rindió un informe en tiempo y forma con la respectiva liquidación.

Ramírez también reveló que, de la bancada del PSH, el diputado Osman Chávez accedió a esta subvención en el mes de diciembre de 2022, pero que en lo que va del 2023 ningún diputado propietario ha accedido a este dinero. Sin embargo, el jefe de bancada destacó que «diputados suplentes afines al Partido Libre» sí tomaron la subvención en el presente año.

«Dentro del PSH queda en libertad quien lo quiera utilizar para el beneficio de la población, los que lo utilizaron están electrificando escuelas, mejorando baños de escuelas, lo malo es quien utiliza estos fondos y de ahí no pueden confirmar en qué lo gastaron», señaló Ramírez.
Tomás Ramírez proporcionó a Contracorriente su liquidación correspondiente a la subvención que adquirió en diciembre de 2022. Puedes verla aquí.

Miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el diputado Luis Redondo. Foto CC/Jorge Cabrera
Miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el diputado Luis Redondo. Foto CC/Jorge Cabrera

Los que están en contra

«Cuando inició el Congreso yo mencioné públicamente que no iba a tomar ningún fondo de este tipo, esto porque causa mucho rechazo en la sociedad», dijo a Contracorriente, Oved López, diputado suplente por el Partido Libre.

López, quien es diputado suplente del congresista Rasel Tomé, aseguró que el concepto de estos fondos se ha malinterpretado y que no se trata de un bono.

«El dinero sale del presupuesto del Congreso Nacional, es un fondo para todos los diputados, propietarios y suplentes, para realizar obras sociales en beneficio de las comunidades, pero como es un fondo que se distorsionó en la dictadura, que se usó para corrupción, entonces la población cree que podríamos llegar a ese nivel y en vez de llevarlo a los programas sociales lo tomaría uno como diputado. Por eso, para no estar dando tantas explicaciones, yo decidí no tomarlo», indicó este diputado.

Al presupuesto otorgado al Congreso Nacional se incrementaron 200 millones de lempiras este 2023, quedando en L 1,448,000,000.

A pesar de no haber tomado esta subvención, el congresista Oved López aseguró que tiene un informe de la bancada a la que pertenece en el cual se «constata» que los congresistas han hecho uso eficiente de este recurso para la construcción de tramos pequeños de carretera en calles, colonias y barrios.

Tanto el diputado suplente Oved López, como la diputada propietaria Silvia Ayala, ambos del Partido Libre, aseguraron que diputados y diputadas de todas las bancadas del Congreso Nacional han accedido a esta subvención, pero evitaron brindar los nombres de los congresistas que han accedido a este dinero.

Por parte del Partido Liberal, tanto Marlon Lara como Katia Crivelli manifestaron estar en contra de esta subvención, contrario al jefe de bancada de este partido, Mario Segura, quien detalló en una nota anterior a este medio que iba a hacer uso de este fondo, y que además, ha colaborado en proyectos sociales junto al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Además, el mismo presidente del Congreso ha dicho abiertamente que diputadas y diputados de todas las bancadas han sido acreedores de subvenciones.

Por otro lado, Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, afirmó a Contracorriente que ningún congresista de su bancada ha tomado la subvención para proyectos sociales y argumentó que estos fondos deberían ser acreditados a los alcaldes, quienes «ven las necesidades de las comunidades y están obligados a resolverlas».

«No existe una reglamentación clara o definida para la ejecución y la liquidación de tales fondos, por lo tanto, nuestro temor es más bien que algunos compañeros se vean envueltos en problemas de corrupción y despilfarro de dinero si no se tienen las reglas claras», destacó Bermúdez.

Además, Bermúdez señaló que la función de los parlamentarios no radica en la manipulación de fondos, sino en crear seguridad jurídica que garantice la estabilidad política y la economía del país.

Los diputados nacionalistas Marco Midence y Francisco López aseguraron a este medio que tampoco han solicitado subvenciones para proyectos sociales. Al igual que Johana Bermúdez, afirmaron que ningún congresista del Partido Nacional ha sido acreedor de la misma.
Por su parte, la diputada Silvia Ayala descartó que esta subvención esté sirviendo para el clientelismo o la compra de conciencias en las decisiones que se toman dentro del Congreso Nacional.

«Estamos realizando una actuación que está enmarcada en las atribuciones que la Constitución de la República le confiere al Congreso Nacional, como es la aprobación de subvenciones con fines de utilidad pública y de interés social. El pueblo hondureño y los medios de comunicación pudieron darse cuenta de que se eligió la Corte Suprema de Justicia sin haber entregado ni un tan solo lempira para la compra de votos, entonces, no es la práctica ni del presidente ni del resto de la Junta Directiva del Congreso lo de la compra de votos», indicó Ayala.

En el Distrito Central una densa cortina de humo continúa afectando a sus habitantes. Esto ha sido causado por los incendios forestales propagados en el departamento de Francisco Morazán. La calidad del aire que están respirando las personas en la capital del país sigue sin mejorar desde hace casi un mes.

Fotografía y Texto: Jorge Cabrera

En las últimas semanas, los bosques del departamento de Francisco Morazán han terminado en cenizas por los constantes incendios que según las autoridades –que se han visto rebasadas para controlarlos– fueron provocados.

Según el Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 37,317 hectáreas han sido afectadas por 937 incendios que se han reportado en lo que va del 2023. Según el último reporte estadístico, a nivel nacional aun hay 26 incendios activos, con Francisco Morazán como el principal departamento afectado.

«Solo en Semana Santa hubo 250 incendios», informó Luis Soliz, director del ICF.

Según los datos recopilados por la plataforma IQAir, el índice de calidad del aire se encuentra en niveles perjudiciales para la salud en el Distrito Central, con un nivel de contaminantes en el aire 21 veces mayor al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Traigo enfermo a mi hijo, le cuesta respirar pero no puedo ser atendida, imagine que vivimos bajo un mal manejo de los centros de salud y esta contaminación que lleva muchos días ha causado que tengamos que hacer fila para poder recibir atención médica para nuestros hijos», dijo Marcela Díaz mientras esperaba en las afueras del Centro de Salud Alonzo Suazo para ser atendida con su hijo. Desde hace una semana los colectivos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) tomaron las instalaciones de este centro de salud para exigir puestos de trabajo.

La densa capa de contaminación no permite visualizar Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera
La densa capa de contaminación no permite visualizar Tegucigalpa. Foto CC/Jorge Cabrera

«Los incendios forestales no solo van afectar a la población, también están los cuadros clínicos que presentarán los bomberos y militares que van a las zonas donde el humo les golpea directamente. De continuar así veremos visitas más frecuentes de los pacientes en los centros asistenciales. Otro elemento al cual debemos poner atención como población, es a la llegada de lluvias ácidas, estas pueden causar más enfermedades en la piel y es mejor no salir mientras esté lloviendo» explicó Isabel López, médico toxicóloga en Tegucigalpa.

La respuesta de la Real Academia Española a las propuestas de decir «todos y todas» o «todes» han terminado con una sentencia: es «innecesario» o «artificioso». Según esta institución, la palabra «todos» abarca a toda la humanidad, pero, de acuerdo a feministas y grupos de diversidad sexual esta es otra forma de perpetuar el poder patriarcal y machista desde el ámbito del lenguaje.

Texto e ilustración: Persy Cabrera

Es «innecesario» decir «todos y todas», porque existe el principio de economía del lenguaje, como también es «innecesario» decir «todes» porque agregar una «e» como marca de género es «ajeno al sistema morfológico del español». Ambos veredictos los ha dado la Academia Real Española (RAE) al responder consultas sobre el lenguaje inclusivo y desde ahí se continúa construyendo un debate que pone en entredicho la jurisdicción y control de la RAE sobre el español y enfrenta a una gran parte de la comunidad hispanohablante sobre su uso.

Decir «todos y todas» es lo que se denomina «desdoblamiento de género», utilizado cuando se quiere dirigir tanto a mujeres como a hombres en un grupo de personas. De acuerdo a la RAE esto es «artificioso» y, nuevamente, «innecesario» porque de acuerdo a esta institución, el genérico masculino —en este caso: todos— sirve para «designar a todos los individuos de la especie».

El uso de la «e» como marca de género neutro, es la más nueva propuesta para romper el binarismo de género, dar visibilidad a la mujer y reconocer la existencia de la diversidad sexual, además, tiene la facilidad de poder trasladarse del lenguaje escrito al oral. Las dos propuestas han sido rechazadas por la RAE, esta última por ser «ajena a la morfología del español».

Venus Mejía, docente y licenciada en Letras, consideró que la Real Academia Española quiere «mantener cierta integridad en el idioma» pero que de alguna forma «siempre están abiertos al cambio» y a escuchar las propuestas del usuario.

Sobre el lenguaje inclusivo, lo denomina como un fenómeno político que pretende visibilizar a la mujer y estima que aunque el genérico masculino se presente en la RAE como neutro «esa distinción es aceptada gramaticalmente pero es un error de género porque la masculinización no puede ser la neutralidad».

Mejía lo ejemplificó así: «“Cuando el hombre llegó a la luna” y no fue un evento en el que solamente participó el género masculino» y agregó que la premisa del lenguaje inclusivo es «que se visibilice lo femenino por eso parece redundante, pero no lo es, cuando decimos «todos y todas»».

La RAE fue constituida en Madrid en 1713 y en 1993 creó sus propios estatutos —que siguen vigentes— en los que reconoce que el español es una lengua en «permanente evolución» pero establece como objetivo fundamental que «en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad».

En Honduras existe la Academia Hondureña de la Lengua (AHL), fundada en diciembre de 1948, y que de acuerdo a su director, Víctor Ramos, tiene como objetivo «dar comprensibilidad al idioma, aceptar los veredictos del pueblo, dar sencillez al lenguaje, normar su uso correcto». La AHL es parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), organización que agrupa a las academias del español en América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.

La tarea de la Asale de acuerdo a Ramos es la de «procurar darle limpieza al lenguaje, pretende que los hablantes usen el idioma de manera correcta, según sus reglas» y también explicó que esta no acepta el lenguaje inclusivo pues «la estructura actual incluye perfectamente a todos».

Jessica Isla, licenciada en Letras y escritora hondureña, consideró que el lenguaje inclusivo es una lucha de hace muchos años y dijo que las mujeres han vivido en una «suerte de invisibilidad» cuando se utiliza el genérico masculino y recordó cuando en la escuela le preguntaba a su maestra «¿por qué dice todos? ¿Por qué dice los niños?¿Y las niñas?» y se le respondía «es que ahí están incluidas».

También contó que cuando se empezó a utilizar la palabra miembra la reacción de alguien que «ahora es profesor de Letras en la Universidad» fue decirles «no pongan su miembra, donde yo tengo mi miembro». Es por eso que recalcó que se puede estar en disconformidad con el lenguaje inclusivo pero «las reacciones de violencia sobre ese lenguaje inclusivo, sobre la utilización de lenguaje inclusivo, son las que asustan».

Algo en lo que Jessica Isla y Víctor Ramos coincidieron es que el lenguaje está en constante evolución. Isla señaló la recepción que tiene nuevos términos —aceptados por la RAE— como googlear, whatsappear o tuitear que no levantan «indignación» comparados al uso del lenguaje inclusivo y opinó que «no es un problema de léxico, es un problema de semántica» puesto que «si alguien pone googlear no hay problema porque no tiene detrás un significado político que desafía las normas de género, las normas que nos dicen «usted es hombre, usted es mujer, y ahí usted se queda», no puede haber neutro, no puede haber diversidad».

Ramos, estimó que aunque las lenguas sí están en constante evolución, «este lenguaje disque inclusivo no es evolución sino imposición. El lenguaje evoluciona hacia la sencillez, la limpieza y la comprensibilidad». De acuerdo con el director de la Academia Hondureña de la Lengua, quienes usan el lenguaje inclusivo son «políticos y algunos funcionarios públicos» y que además «usan este lenguaje aberrante de manera demagógica».

En un ensayo titulado «Manual de instrucciones para hablar con e», la periodista María Alcaraz explicó que aunque popularmente se tilde a el lenguaje inclusivo de ser una moda, «las feministas denuncian las marcas masculinas de la lengua castellana desde los ‘70. La argentina Delia Suardíaz fue la primera en diagramar sus tramas problemáticas en 1973: analizó el modo en que las mujeres estaban ausentes en diversos usos sexistas de la lengua castellana y apostó a la necesidad de un cambio lingüístico».

En la opinión de Ramos, el lenguaje inclusivo no soluciona un problema que cree «esencial» y ejemplifica diciendo que «a una conserje le dará igual si la llaman conserje o conserja. Lo que sí puede conducir a cambiar su conciencia es que le den igual salario, que le permitan almorzar con todos, incluido el jefe, que la traten con igualdad y con respeto. Esto sí cambiará las cosas. Lo de conserje o conserja le vendrá igual».

La escritora, Jessica Isla, ve esto como una «postura esencialista» porque «los problemas de las mujeres siempre siempre están detrás, siempre nos dicen «pero hay problemas más importantes compañeros». El lenguaje es de quien lo usa y mucho lo usamos las mujeres…»

De usarlo, ¿puede la Real Academia Española prohibir el uso del lenguaje inclusivo?

El uso hace la regla, o por lo menos sí con los anglicismos que han sido aceptados por la RAE, aún cuando en algún momento les había «declarado la guerra». Víctor Ramos consideró que el lenguaje inclusivo no ganará popularidad y que la Academia no puede prohibir cómo la gente habla pero que «el asunto es que se haga entender, si no, la gente le considerará un loco».

Jessica Isla consideró que tras veinte años de debates, el uso de la palabra femicidio —aceptada por la RAE— demostró que el español está en manos de sus hablantes, «nos decían «ustedes están locas, femicidio nunca se los van a aceptar” y ahora todo mundo lo usa», expresó.

Isla señaló que el espacio de la Academia Hondureña de Lenguas es uno ocupado mayoritariamente por hombres y que «está formada casi el 80 % por hombres y blancos, no sé si algún hombre afro la ha integrado —aparte de Juan Ramón Martínez, que no se identifica como afro—, y mujeres, muy pocas».

De acuerdo a la web oficial de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), la junta directiva de la Academia Hondureña de Lenguas (AHL) está formada por «siete miembros de número» con un director, Víctor Ramos, un vicedirector, un prosecretario, un censor, un tesorero, un vocal y un director honorario, Juan Ramón Martínez, a quien Jessica Isla mencionó. Todos estos puestos son ocupados por hombres y la mujer que termina de formar la junta directiva, tiene el puesto de secretaria.

Sobre la visibilización de la mujer y la diversidad, sobre el papel de las academias de la lengua que aceptan las palabras y sobre las reformas al lenguaje para hacerlo más inclusivo, la escritora Jessica Isla concluyó diciendo: «para mí es fundamental algo y es lo que decimos la feministas: «lo que no se nombra, no existe», entonces ¿para qué nos sirve una academia de la lengua patriarcal tradicional?».

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