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Más responsabilidades a cambio de más impunidad: FF. AA. y su rol en la pandemia

El presidente Juan Orlando Hernández ha puesto a las Fuerzas Armadas (FF. AA.), al frente de acciones estratégicas en la atención de la pandemia por COVID-19, en Honduras. Esto no es gratuito.  Los recursos de las FF. AA. aumentan cada año así como sus prerrogativas en un país sin amenaza de guerra. Durante la emergencia por la pandemia, vemos a esta institución en programas que van desde el asistencialismo, hasta  la administración de hospitales. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas ha omitido en la rendición de cuentas el presupuesto ejecutado por esa institución, y han pasado desapercibidas las compras de insumos y medicamentos con irregularidades, al igual que las denuncias por violaciones a derechos humanos.

Las FF. AA., lideradas por el general Tito Livio Moreno, operan más que cualquier otra institución en sectores de importancia en la pandemia. De hecho, el pasado viernes 24 de julio, el general de brigada José Ernesto Leva Bulnes, fue nombrado presidente de la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), una institución que administra 3700 millones de lempiras destinados a la crisis, y que está siendo investigada por el Ministerio Público por actos de corrupción.

El presupuesto de la Secretaría de Defensa, al igual que el de salud, educación, energía y seguridad, no fue parte de la reducción del 2 % establecido a través del decreto ejecutivo PCM 020-2020 para todas las Instituciones del sector público no financiero para atender la emergencia. 

Las tareas asumidas por las FF. AA. durante la pandemia, han sido la justificación de gastos que son cuestionables. José Coello, vocero de las FF. AA., aseguró en entrevista con Contracorriente, que esta institución no ha realizado compras directas durante la emergencia: «compras directas no tenemos, no compramos equipo médico y no estamos a cargo de compras en emergencia sanitaria». Sin embargo, documentos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), señalan que solo en procesos de compra directa, la Secretaría de Defensa ha ejecutado, a través de las FF. AA., 4129 millones de lempiras en 51 procesos de adquisición menor,  entre marzo y junio. Ese gasto equivale al 80 % del presupuesto que el Hospital Escuela Universitario —uno de los principales centros asistenciales públicos del país— ha ejecutado en la totalidad de sus compras durante la pandemia.

El presupuesto asignado a esta secretaría se ha gastado en la atención de las necesidades operativas de los miembros de la institución, tales como la compra de medicamentos para tratar el virus en clínicas médicas y oficinas de las diversas unidades. 

Los gastos realizados por la Secretaría de Defensa, presentan irregularidades. La orden de compra número 2020008, emitida el 18 de abril por el Comando General de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ordenó el «suministro de medicamentos e insumos médicos para uso, atención y prevención del COVID-19, del personal de policías militares en la clínica médica del complejo militar en Tegucigalpa y San Pedro Sula». Esa adquisición se valoró en más de 268 000 lempiras y la empresa favorecida fue Corporación Industrial Farmacéutica S.A. de C.V. (Corinfar), que ha sido señalada en años anteriores por el Ministerio Público por sobrevaloración de medicamentos e insumos.

En 2017, la fiscalía especial del Ministerio Público señaló que 6 empresas adjudicaron 1352 órdenes de compra de medicamentos con precios sobrevalorados, entre 2008 y 2015. La más favorecida de ellas fue Corinfar con un monto de 182 416 millones de lempiras. La investigación fue abierta por la fiscalía y se procedió al secuestro de documentos en la Secretaría de Salud. Sin embargo, hasta el momento no se emitieron requerimientos y no ha llegado a los juzgados. A esa empresa también se le vinculó, en 2013, en un caso en el que 5 empleados de la Secretaría de Salud y una ejecutiva de Corinfar fueron acusados de al menos 22 delitos y del saqueo de casi 2 millones de unidades de medicinas que fueron extraídas del Almacén Central de Medicamentos, con el propósito de ser llevadas a bodegas privadas para su comercialización. 

En total, la Policía Militar desembolsó en este tiempo de pandemia a esta empresa 806 000 lempiras en medicamentos que, de acuerdo a las tres órdenes de compra,  eran en su mayoría para tratar alergias, gripe y tos.

Por otra parte; la Policía Militar, la Fuerza Naval, el Ejército y la Fuerza Aérea han decidido dirigir parte de su presupuesto a la compra de medicamentos e insumos de bioseguridad. Contracorriente encontró que estas unidades compraron parte de estos insumos a una empresa que pertenece a familiares cercanos de un mayor de aviación en la Fuerza Aérea hondureña.

Evelyn Suyapa Bustillo Pagoada, esposa del mayor de aviación Marvin Leonardo Meléndez, aparece en los informes de compras presentados por las FF. AA. como gerente de la empresa Inversiones Bustillo Pagoada S. de R.L., dedicada a la compra y venta de medicamentos a través de la Farmacia Eviba, localizada en una gasolinera cerca del primer Batallón de Infantería, en Tegucigalpa. Las compras directas ejecutadas por el Ejército, Fuerza Naval y la Fuerza Aérea a esta empresa hacen un total de 235 650 lempiras, a través de 7 procesos de adquisición realizados hasta el pasado 2 de junio. Entre ellos se destaca una compra de Ivermectina (componente del tratamiento MAIZ promovido por el gobierno) que ejecutó el Ejército por casi el doble del precio del medicamento (33 Lempiras por unidad) comparado con una compra similar ejecutada 6 días después por la Industria Militar a Corinfar, a 18 lempiras la unidad del mismo medicamento. Además, los documentos indican que Inversiones Bustillo Pagoada, no cuenta con una certificación vigente de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).

Estas compras de medicamentos y equipo de bioseguridad son justificadas en los informes como insumos para el tratamiento del personal de las FF. AA. que se encuentran asignados en tareas relacionadas con la pandemia, por lo que se han visto expuestos al virus. Las órdenes de compra son firmadas y autorizadas por el coronel Willy Oseguera, comandante de la PMOP, sin la aparente supervisión de personal sanitario.

El pasado lunes 20 de mayo, el general Moreno aseguró que aproximadamente 250 miembros activos de la institución han sido afectados por el virus.

Un agente del Ejército de Honduras durante su guardia en un retén policial en el Bulevar Morazán de la capital hondureña. Tegucigalpa, 15 de abril de 2020.

¿Cómo se atiende la pandemia dentro de las FF. AA.?

Una fuente anónima que trabaja en una unidad perteneciente a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) —que integra a miembros de la Policía Nacional y FF. AA.,  como la Policía Militar, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Ejército y Fuerza Antimaras y Pandillas— mencionó a Contracorriente que un 35 % de sus compañeros se encuentran contagiados de COVID-19 y que el temor y el descontento es latente ante la falla en los procedimientos para tratar la pandemia al interior de la institución.

«Hicieron pruebas rápidas (en su unidad), allí salen 32 positivas y los aíslan a todos en un batallón, mientras sale el resultado definitivo del hisopado que tarda 14 días. Cuando el resultado vino solo 17 eran positivos, pero como todos estaban en un mismo lugar aislados, se contagiaron». Además, aseguró que los miembros que conforman su unidad no están felices con el trato que han recibido desde que inició la pandemia, ya que el sueldo es de 7000 lempiras para la escala básica, y al inicio de la emergencia los mantuvieron en servicio durante 90 días seguidos sin descanso o posibilidad de visitar a sus familias.

«El trabajo se duplicó, los explotaron bastante. Todo siempre es desigual, un oficial no va a trabajar como uno de escala básica, los que más sufren son los soldados» explicó. Además, mencionó que la atención en el Hospital Militar incluye el tratamiento MAIZ (microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc), pero los militares no están tomando el medicamento ya que sienten que les acelera el corazón.

En el mes de abril, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), advirtió en un comunicado sobre los efectos contraproducentes del uso de estos medicamentos para tratar el COVID-19. Esta institución previno sobre problemas graves de ritmo cardiaco en pacientes tratados con azitromicina en combinación con hidroxicloroquina, que es parte de otro de los tratamientos aplicados por el gobierno en pacientes hospitalizados. 

Ante la compra de medicamentos por parte de unidades externas al Hospital Militar, la doctora Ligia Ramos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y miembro de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras, opina que estas compras son evidencia de que las FF. AA. están más afectadas de lo que reportan: «el Hospital Militar, que sería el ente que los tendría que manejar a ellos, no tiene la capacidad para hacerlo por lo que se están automedicando. Pero lo que sí hay que decir es que la Secretaría de Salud es la que debería estar rectorando todo lo relacionado con la pandemia y lo que tiene que ver con atención. La verdad es que no hay capacidad técnica en los funcionarios públicos y tampoco en las FF. AA.».

La pandemia ha demostrado los efectos producidos por un Estado que invierte más en seguridad y defensa que en salud. Para el 2020, el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Defensa es de 8477 millones de lempiras, aproximadamente 200 millones de lempiras más que en 2019.  Datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), indican que hasta 2019, Honduras era el país de la región centroamericana que mayor porcentaje de su producto interno bruto (PIB) invertido en el campo militar.

En una llamada telefónica, la doctora Ramos nos aseguró que  «da mucha impotencia ver que todo ese dinero en armamento se pudo haber invertido en mejorar el sistema de salud mucho antes de la pandemia, pero se estaba gastando en las FF. AA. y se estaba robando el dinero».

Al comparar los recursos reportados por la Secretaría de Finanzas, que se han utilizado para enfrentar la pandemia en el Hospital Escuela (5,1 millones de lempiras) con los informes de las FF. AA., resulta que tan solo la Fuerza Naval ha ejecutado el equivalente al 50 % del presupuesto del Hospital Escuela en combustible para hacer relevos en retenes y patrullajes durante el toque de queda. Además, los informes de las FF. AA. indican que esos 2,5 millones de lempiras, fueron desembolsados a Inversiones Amor S. de R.L., una empresa que hasta la llegada del COVID-19 al país no contaba con registro ONCAE para participar en compras estatales.

Formación militar previo a una jornada de las visitas médicas domiciliarias de la Secretaría de Salud y Copeco. El Ejército se suma a estas jornadas ayudando a resguardar a los médicos de las brigadas en barrios controlados por pandillas. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix.

Administración de la pandemia

Invest-h compró 7 hospitales móviles por un monto de 1200 millones de lempiras a Elmed Medical, cuyo propietario, Axel López, fue señalado por la empresa SDI Global LLC por presunto fraude. De acuerdo a esos señalamientos, López plagió la propuesta, especificaciones y código de registro para operaciones internacionales que obtuvo a través de una cotización que solicitó a SDI Global LLC. Ante esos señalamientos, Marco Bográn, exdirector de Invest-h, es investigado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

De esos 7 hospitales, el pasado 10 de julio, llegaron 2 y actualmente están siendo inspeccionados por el Ministerio Público para comprobar su estado. Al terminar la verificación de las autoridades el equipo será trasladado a dos planteles, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, y pasarán a ser administrados por las FF. AA.

A pesar de los señalamientos por corrupción en la administración de hospitales móviles, José Coello, portavoz de la institución castrense, asegura que «la administración continúa en pie» e informa que son dos oficiales lo que ya se nombraron para liderar los hospitales móviles que vendrían a aligerar la carga de los demás hospitales del país. En ese sentido, el encargado en Tegucigalpa será el coronel de infantería Leonel Mazzoni Hernández, anteriormente asignado en el cargo de subgerente financiero del Instituto de Previsión Militar.

Esta no es la primera vez que militares se hacen cargo de la administración de sistemas de atención en salud. Desde 2018, la Junta Interventora del Hospital Escuela Universitario, ubicado en Tegucigalpa, está conformada por el general en condición de retiro Edilberto Ortiz Canales.

Ortiz Canales, contó a Contracorriente que las FF. AA. han entregado insumos de bioseguridad a empleados y pacientes del Hospital Escuela, además que el personal del hospital puede contar con las FF. AA. plenamente ante cualquier necesidad. «Yo soy responsable de verificar los procesos y sistema logístico, de tal forma que todos los recursos que se ejecuten lleguen al usuario final en forma expedita, me refiero a la adquisición de insumos, entre ellos medicamentos y equipo médico. A partir de nuestra llegada el hospital ha ido mejorando todo ese sistema de procesos y mejorando las adquisiciones», asegura Ortiz, quien anteriormente fue director del Hospital Militar.

Sobre la comparación entre los recursos asignados al sistema de salud y la compra e inversión en seguridad, Ortiz opina que el gobierno ha cumplido a cabalidad con sus expectativas y ha brindado atención óptima al público. «El Hospital Escuela sí ha sido apoyado con recursos, se ha invertido lo que corresponde para mejorar la atención al pueblo hondureño. Estamos prácticamente en un 80 % del abastecimiento de medicamentos, estamos cumpliendo, por eso considero que el apoyo que le da el gobierno al hospital ha sido dentro de los parámetros, excelente».

Dos militares ingresan al Hospital Escuela Universitario. Tegucigalpa, 10 de junio de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sobre el papel de las FF. AA. en asuntos públicos y en la administración de esta emergencia, Leticia Salomón, socióloga y economista hondureña asociada al Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), opina que «es una mezcla de un proceso creciente de desconfianza en la institucionalidad civil y en su propio gabinete, con un proceso de identificación y admiración por la disciplina y la subordinación militar para seguir órdenes. Los militares están ahí, firmes, agradecidos e incondicionales». Además, Salomón, apunta que las funciones de apoyo que asumen encomendadas por el gobierno no son gratis y ni nuevas, se originaron hace varios periodos de gobierno.

«Las FF. AA. han tenido un papel protagónico en el tema de seguridad desde el gobierno de Ricardo Maduro, él inició con el programa Honduras Segura, mediante el cual los militares abordaban de 2 en 2 las unidades de transporte público para “disuadir” a los delincuentes. A las 3 o 4 semanas, el gobierno tuvo que suspender esa modalidad por las cantidades millonarias que la institución le cobraba. Un general retirado me confirmó que ellos cobraban por el servicio porque esas eran tareas de instituciones civiles y ellos incurren en gastos al hacerse cargo de ellas. Asumo que eso se volvió una norma, lo que vuelve lógico preguntar ¿cuánto están recibiendo las FF. AA. hoy por cada una de las “nuevas misiones” en que las incorpora el gobierno? Me refiero a las funciones que le asigna a la institución y no a los militares retirados, como las relacionadas con desarrollo agrícola, transporte e instalación de hospitales, entrega de bolsas solidarias», concluye.

Una patrulla de la Policía Militar del Orden Público ingresa al Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como Hospital del Tórax Tegucigalpa, 14 de julio de 2020.

El Hospital Militar

El presidente Juan Orlando Hernández, fue atendido en el Hospital Militar, luego que anunció el 16 de junio que una prueba PCR le dio resultado positivo para coronavirus. Este hospital se financia principalmente con el 6 % del salario de los afiliados —miembros activos y retirados de las FF. AA., policía civil y empleados del Instituto de Previsión Militar— y la asignación que realiza el Estado a través de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y  Egresos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. Por esto, el comandante general de las FF. AA., el presidente del país, fue atendido allí a pesar de las críticas que esto generó. Según Magda Ferrera, oficial de comunicaciones del Hospital Militar, no hubo limitaciones de atención a otros soldados contagiados a causa de la hospitalización del presidente.

En redes sociales, diversos usuarios solicitaron que el Hospital Militar se abriera para la atención de la población en general, entre ellos, el doctor experto en salud pública, Marco Eliud Girón, que mencionó en una entrevista a medios de comunicación «que no les tiemble las manos al solicitar el centro hospitalario militar, es el único hospital que está vacío». Además, esta solicitud fue acompañada por el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, quien perpetró el golpe de Estado de 2009.

«Al prestar su centro hospitalario, el cuerpo armado recibirá doble beneficio, por un lado el agradecimiento del pueblo, y por otro, ampliará su infraestructura, equipo y hasta medicamento» aseguró Velásquez. Con esto confirmó lo dicho por Salomón de que ninguno de los servicios prestados por los militares se hace de forma gratuita para el Estado.

En ese sentido, el general Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto, aseguró que «el Hospital Militar es de todos los que están afiliados al Instituto de Previsión Militar, esto es un conglomerado de más o menos 50 000 personas más sus familiares. A cada uno de nosotros nos deducen el 6 % para la compra de insumos médicos, instalaciones físicas y otras necesidades logísticas y operativas. Es importante mencionar que con el funcionamiento le quitamos un gran peso al IHSS y a otras instituciones de salud. Además hemos atendido emergencias y puesto toda nuestra infraestructura a disposición del pueblo. Lo que no nos gusta es que personas quieran hacer críticas a la institución para beneficio propio, queriendo llevar agua a su molino».

Violaciones a derechos humanos durante la pandemia

El 25 de abril, una barrera de fuego y piedras dividió la calle en la entrada de la pequeña aldea costera de El Paraíso, en el municipio de Omoa, Cortés. Los pobladores se manifestaban por el asesinato de Marvin Rolando Alvarado, un joven panadero de 32 años de edad que vivía en el sector.

Según el diario La Prensa, que recopiló información de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Marvin murió en el hospital Mario Catarino Rivas, después de haber sido detenido en un retén militar mientras se conducía en su vehículo junto a 2 primos y su hermano Arturo, durante el toque de queda. Según información del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), agentes de la Policía Militar los detuvieron, golpearon y finalmente les dispararon. Marvin no logró resistir los golpes y el impacto de bala.

Además, el informe de Cofadeh indica que cuando su hermano Arturo fue dado de alta, la policía lo llevó directamente a las oficinas de la DPI para intimidarlo porque supuestamente atacó a los policías militares. Según información de esta organización, un par de semanas después, el hermano menor de Arturo y Marvin decidió quitarse la vida ante la situación y la intimidación de las autoridades.

Dina Meza, presidenta de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), que también dio seguimiento al caso, aseguró a Contracorriente que 2 de los policías militares involucrados fueron detenidos gracias a las gestiones que lograron establecer a través del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), que solicitó la actuación del Ministerio Público para investigar la muerte de Marvin Rolando.

En ese contexto, el Conadeh presentó un informe en el que indican que desde que inició el estado de emergencia han recibido 3179 denuncias, de las cuales 1198 fueron relacionadas directamente con las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19. El 57 % de esas quejas fueron en contra de autoridades centrales, 299 en contra de la Secretaría de Salud, 110 en contra de la Policía Nacional, 127 en contra de autoridades municipales y 50 en contra de autoridades de los centros penales.

El informe establece que la  mayoría de denuncias fueron generadas por la cobertura y provisión de servicios de salud y de equipo de protección personal, restricción de la movilización establecida por el toque de queda, programas de distribución de alimentos, privación o falta de acceso a servicios públicos, medidas o efectos en la economía y situación laboral.

Militares en un retén policial ubicado en la salida hacia el departamento de El Paraíso desde la capital hondureña. Tegucigalpa, 3 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix.

Berta Oliva, coordinadora de Cofadeh, asegura que «en este momento ya no hay nada más que esperar, Honduras ha tocado fondo en temas de derechos humanos. La presencia militar no es para combatir el virus o la pandemia, sino para meter el temor e inhabilitar a la población. La gente tiene miedo a morir por hambre, por el virus y tiene miedo a morir por la represión, la pandemia a esta dictadura le ha caído como anillo al dedo porque reactiva y coloca a las FF. AA. para ponerlos como los salvadores del problema».

Las protestas en la comunidad de El Paraíso, en Omoa, Cortes, se terminaron después del lunes 27 de abril, cuando decenas de personas acudieron al entierro de Marvin Alvarado. Con pancartas, mascarillas puestas y exigiendo justicia, la comunidad marchó frente al carro que llevaba el féretro del joven. En declaraciones a un medio de comunicación local, Jaime Alvarado, otro de los hermanos de la víctima, declaró que militares le habían dicho que «él era el siguiente».

Labor militar en tareas de asistencialismo gubernamental

Los familiares de las víctimas de COVID-19 han sido sustituidos en los funerales por militares y policías quienes, según declaraciones del portavoz de las FF. AA,, solo acompañan el proceso para «mantener el control» y asegurar que no se acumulen más de 10 personas en el entierro. 

Sin embargo, a inicios de mayo conocimos el caso de la familia de don Luis, un paciente con neumonía bilateral, sospechoso de COVID-19 y que murió en una sala del IHSS de San Pedro Sula. Sus familiares denunciaron malos tratos por parte de los militares encargados de la custodia del cuerpo. Declararon que agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), amenazaron con llevar el cuerpo a una fosa común sin ubicación confirmada, en el departamento de Cortés, sin tener siquiera una prueba confirmatoria de que la muerte fue por COVID-19. Ante esa situación solo quedó una opción para los familiares: cremar el cadáver.

Sobre este caso específico, Edwin Lanza, presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, asegura que «esta injerencia por parte del ejército no es permitida, Fusina lo único que hace es custodiar el viaje del féretro que seleccionó la familia, ellos no deben tener injerencia en cuanto a lo que se tiene o no que hacer, los familiares son los que deciden».

Cuatro jóvenes del Ejército de Honduras camina por las instalaciones del Instituto Hondureño de Formación Profesional. Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

Contracorriente, solicitó a la Secretaría de Defensa el número de entierros acompañados a nivel nacional por Fusina con apoyo de la Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, la respuesta desde la auditoría jurídica militar de las FF. AA. fue que «no son el ente competente para dar este tipo de información, en virtud que solo cooperan con otras instituciones».

Además de acompañar los entierros de las víctimas por COVID-19, las FF. AA. han liderado la logística de entregas de mascarillas confeccionadas por la Industria Militar y provisiones de alimentos a través del programa gubernamental Honduras Solidaria.

Como una presunta respuesta a la situación de hambre que se agudizó para muchas familias a raíz de las medidas de confinamiento, y que dejó a muchos negocios sin operar por meses, el gobierno inició la operación Honduras Solidaria, que tenía como objetivo llegar con raciones de alimentos a 3,2 millones de personas en todo el país.

La pequeña bolsa transparente que incluye un folleto bíblico y víveres para aproximadamente 3 días es entregada por militares cada 2 semanas a familias de barrios marginales, vendedores de mercados, transportistas y otros comercios informales. 

Según Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, «Las FF. AA. han aprovechado “el río revuelto” para ver que obtienen en su propio beneficio, pero se han olvidado del Programa de Desarrollo Agrícola que se aprobó el año pasado, en el que se les encomendó 4000 millones de lempiras. El gobierno envía a la gente a confinamiento, pero el 70 % de la población vive de la economía informal y por tanto tiene que salir porque vive del día a día. ¿Qué han hecho con este presupuesto las FF. AA.? Pues la respuesta es la de siempre, este es un dinero que desafortunadamente se han robado».

Mejía indicó que un informe del Comité para la Libre Expresión (C-libre), registra más de 80 manifestaciones exigiendo el derecho a la alimentación durante la pandemia «¿Y quienes creen que estuvieron reprimiendo esas manifestaciones según ese informe?: militares y policías».

Un grupo de militares descarga un camión del Ejército hondureño en labores de entrega de alimentos en el marco del proyecto gubernamental «Honduras solidaria». Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

***

El general José Leva Bulnes, nuevo presidente de la junta interventora de Invest-h, aseguró después de su juramentación que no van a tapar actos de corrupción y pidió públicamente que «Dios ayude a Honduras y como temeroso de Dios puedo decir que vamos a entrar con la voluntad, con el deseo de que en 180 días vamos a tener que salir para dejar una institución totalmente transparente».

Para Leticia Salomón esto es parte de «un patrón del presidente actual quien desde su posición en el Congreso Nacional, mostró su inclinación por los militares y su involucramiento en tareas de seguridad y en represión de la protesta social. A cambio, los militares se vieron favorecidos por el aumento constante de su presupuesto y por la tasa de seguridad en detrimento del presupuesto de salud y educación, iniciativa que provocó la precariedad en que hoy se encuentra el sistema de salud con la pandemia».

Además, Salomón señala que hay 2 hechos principales alrededor del presidente Juan Orlando Hernández que ayudan a entender la preponderancia que tienen las FF. AA. en la función estatal. «Él es una especie de militar frustrado, estudió en el Liceo Militar e imagino que guarda cierta admiración y cercanía con todos los que conforman ese cuerpo militar. Además, usa a la institución militar como su propio brazo armado para mantenerse en el poder a pesar de los cuestionamientos nacionales e internacionales por corrupción y narcotráfico».

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Comentarios

  • Nelson
    REPLY

    Que barbaridad nos llueve sobre mojado, las FFAA una institución que alguna vez goso de credibilidad, ya ni en estos podemos confiar ya que los tentaculos de la corrupción llego y el honor, la defensa por la patria se redujo a los interese de un narco estado atestado de corrupción, y ahora quien podra defendernos.

    10 agosto, 2020

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