¿Cómo operan las ZEDE en Honduras a un año de la derogación de la Ley?

Hace más de un año que la Ley de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) fue derogada por unanimidad en el Congreso Nacional de Honduras. Estos proyectos generaron conflictos y denuncias por la violación de la soberanía nacional que implicaban. El 21 de abril de 2022, en su informe de los cien días, la Presidenta Xiomara Castro declaró con orgullo : «Estamos recuperando nuestra soberanía» catalogando como logro de su gobierno la derogación de esta ley, pero hasta ahora ésta no ha sido ratificada por el Congreso Nacional. A un año de la derogación, tres Zede siguen operando en Honduras en una especie de limbo jurídico.

Texto: Célia Pousset
Fotografía : Jorge Cabrera y Fernando Destephen

En Honduras, hay quienes dicen que las ZEDE ya no existen y hay quienes sostienen que sí. Son realidades paralelas. Por una parte, la figura legal de la ZEDE desapareció de la normativa hondureña por la derogación de la Ley y ya no se puede crear jurisdicción bajo ese modelo. Sin embargo, las tres ZEDE que han logrado constituirse entre 2013 y 2022 continúan operando en un vacío legal, pero esgrimiendo la garantía jurídica dada por tratados internacionales. Dos de ellas han tenido la voluntad de adherirse a otro régimen especial, sin embargo esas propuestas no tuvieron respuesta positiva del gobierno.

La pelea de Próspera

Un empleado trabaja en las instalaciones de Próspera, donde se lleva a cabo la construcción de un edificio de apartamentos en Roatán, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen
Un empleado trabaja en las instalaciones de Próspera, donde se lleva a cabo la construcción de un edificio de apartamentos en Roatán, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

Próspera, en Roatán, es seguramente la ZEDE más mediática y polémica de Honduras. Es también la que enfrenta más frontalmente al Gobierno, exigiendo públicamente «el respeto a la estabilidad jurídica» que contemplaba la ley derogada. La falta de diálogo y negociaciones llevó a que, a finales de diciembre de 2022, los inversionistas estadounidenses de Honduras Próspera, Inc. y sus afiliadas demandaran al Estado de Honduras ante una instancia internacional: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la que reclaman $10,775 millones de dólares por daños a inversiones.

«Pasarse a otro régimen es una decisión que le corresponde a cada residente o inversionista de Próspera, pero no es una obligación. Más bien es el Gobierno quien tiene la obligación de respetar los derechos adquiridos bajo el régimen ZEDE», expresó Jorge Colindres, su secretario técnico. Se ampara aun en el artículo 32 de la extinta Ley Orgánica de las ZEDE que preveía que las partes naturales y jurídicas de las ZEDE «obtendrán la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras». Y en este caso, el mejor trato es el que ofrece el tratado internacional firmado con el Estado de Kuwait por establecer una garantía de inversiones de 50 años.

En la imagen se observa el permiso de construcción de Próspera. Foto CC/Fernando Destephen.
En la imagen se observa el permiso de construcción de Próspera. Foto CC/Fernando Destephen.

Sin embargo, la batalla legal emprendida no ha detenido la construcción de las torres DUNA, de hasta 14 pisos, en la isla del caribe hondureño.

Esa obra gigantesca es un motivo de preocupación para las presidentas del patronato de Crawfish Rock, la comunidad vecina de Próspera. En un reportaje anterior, la vicepresidenta dijo a Contracorriente que «Próspera puede expandirse a cualquier lado. Si ellos no hubieran tomado la decisión de seguir con su proyecto a cualquier costo, tal vez un diálogo hubiera sido posible. Pero quieren quedarse como ZEDE y a nosotros no nos conviene como comunidad ni como hondureños».

Esa voluntad, Próspera la reafirma cada día, aunque las condiciones de crecimiento no son óptimas, según ellos mismos han dicho. Su secretario técnico afirmó que la ZEDE cuenta hoy con 120 empresas registradas y 1,000 «residentes físicos y electrónicos» pese a que «se han frenado inversiones de manufactura, bienes raíces, servicios médicos y servicios financieros, en Roatán y La Ceiba».

«Lo que ha cambiado después de la derogatoria es que ya nadie quiere invertir en Honduras. No solo por el tema ZEDE sino por la situación general del país y por la radicalización ideológica del Gobierno. Esto ha causado grandes perjuicios económicos, especialmente para Próspera porque se enfoca en la atracción de inversión extranjera», concluyó Colindres.

Ciudad Morazán, proyecto residencial e industrial estancado

Graffiti en contra de las Zedes se observa en el muro perimetral de Ciudad Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.
Graffiti en contra de las Zedes se observa en el muro perimetral de Ciudad Morazán. Foto CC/Jorge Cabrera.

En Choloma, Ciudad Morazán está conformada por decenas de casas blancas, un espacio verde de recreación y una bodega que debía servir como sede industrial y que hoy está en desuso. Sigue albergando alrededor de 70 personas pero la derogación de la ley ahuyentó las inversiones, por lo que el proyecto está estancado, según dijo a este medio su secretario técnico, Carlos Fortín Lardizábal.

En los planes del desarrollador, Massimo Mazzone, la ZEDE debía ser el lugar de vida de unas 15,000 personas y generar unos 10,000 empleos. La realidad está lejos de su sueño.

«El clima de inseguridad jurídica no permite que haya más inversiones, pero antes estábamos en negociación con empresas interesadas en desarrollar industrias aquí. Todo se paró», justificó el secretario técnico.

En junio de 2022, Mazzone mandó una propuesta al Gobierno para adherirse al régimen especial de Zona Libre (ZOLI), pero con algunas modificaciones. Lo que llaman la «ZOLI residencial» estaría sujeta a la normativa nacional. La diferencia es que su población gozaría de los mismos derechos fiscales que las empresas que actualmente operan bajo el régimen de zona libre. Además la jurisdicción se comprometería a ofrecerles salud, educación y seguridad

Un residente de Ciudad Morazán almuerza bajo la sombra de un árbol. Foto CC/Jorge Cabrera
Un residente de Ciudad Morazán almuerza bajo la sombra de un árbol. Foto CC/Jorge Cabrera

«Antes de estar hablando de demandas, debemos buscar salidas al tema. ¿Por qué un trabajador residente no puede tener el mismo beneficio fiscal que un empresario? ¿Por qué en un país donde la educación pública es pésima se niegan a que un esfuerzo privado pueda, en una área determinada, hacerse cargo de la educación?», señaló Lardizábal.

«Después de abril del año pasado, Fernando García (ministro asesor en temas de Zede) dijo que las empresas adheridas al régimen ZEDE debían buscar dentro del engranaje de figuras jurídicas de regímenes especiales, algunas a las que se pudieran adherir. Nosotros hicimos nuestra tarea, le tomamos la palabra al gobierno y presentamos propuestas, pero no recibimos ninguna respuesta oficial», sostuvo.

Actualmente se está socializando una nueva Ley de Justicia tributaria que contempla la supresión de 10 regímenes especiales, entre los cuales está la ZOLI. Por lo que la propuesta de Zede Morazán quedaría nula.

Orquídea, la exportadora que busca su régimen

Otra Zede que sigue operando es Orquídea, un agroparque en el departamento de Choluteca con 170 hectáreas de invernaderos donde se cultivan chiles de colores para exportación a EE.UU.
Según su secretario técnico, Guillermo Peña, la ZEDE no tiene deseo de demandar al Estado, pero lamenta que el Gobierno no le de opciones. Peña afirmó a Contracorriente que Orquídea comenzó a hacer el trámite para adherirse al régimen especial de Zona Libre, pero tampoco se concretó : «la construcción del agroparque se detuvo por la incertidumbre creada, pero nosotros no estamos en el negocio de buscar peleas con nadie. Lo que nos interesa es cumplir con las obligaciones de las entregas de los contratos. Así que empezamos a hacer todo el papeleo para pasarnos al régimen ZOLI, y de repente dijeron que iba a desaparecer. ¿Entonces qué quieren que hagamos?».

Según los representantes de esta ZEDE, Orquídea tiene actualmente 1000 empleados y, a pesar de su vacío legal, siguen exportando a Estados Unidos porque la derogación no ha cambiado nada con los compradores ni con el contrato firmado con las aduanas hondureñas.

Las ZEDE siguen siendo un tema sin resolverse en Honduras a pesar de que el Gobierno se jacta de haber acabado con ellas. Lo más cercano de la verdad es decir que están en el limbo hasta que se ratifique su derogación para la cual se necesitan 86 votos, una mayoría calificada que no logra consolidar actualmente la bancada de Libre, el partido de gobierno. El diputado de este partido, Hugo Noé Pino, mencionó que están esperando «una mejor coyuntura».

Contracorriente se comunicó con Fernando García, el comisionado gubernamental en temas de ZEDE, para saber cómo le da seguimiento al asunto de la derogación y respondió: «realicé una exposición en el Consejo Ampliado de Secretarios de Estado y lógicamente hice referencia al tema. El 21 de abril se cumplió un año de haber derogado el Decreto de Reforma a la Constitución de la República para incluir la aberrante figura de las ZEDE». Evocó que en el Congreso Nacional no se logra ratificar por «intereses», pero no especificó cuáles. García no siguió respondiendo nuestras preguntas vía mensaje y tampoco respondió sobre la posibilidad de una entrevista en persona.

Sobre
Periodista recientemente graduada de la escuela de periodismo de Sciences Po Rennes ( Francia), he trabajado temas de género, justicia y desigualdad en Guatemala y El Salvador, he incursionado en el documental radiofónico en Francia sobre migración.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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