Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, quien ha sido señalado por medios de comunicación de su país y por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Gobierno de El Salvador
El pasado 3 de junio de 2023, Héctor Zelaya, secretario de la presidencia e hijo de la presidenta Xiomara Castro, recibió en Casa Presidencial a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. La reunión podría pasar desapercibida en el contexto político de ambos países; sin embargo, es relevante cuando se analizan los perfiles de las dos personas mencionadas.
Zelaya, a pesar de no tener un nombramiento como tal, ha cumplido labores de funcionario al participar en reuniones de alto nivel con empresarios y otros sectores. Por el puesto que ocupa y por su relación familiar, es una figura con poder en el actual Gobierno. Carlos Marroquín, por otro lado, ha sido señalado en diversas investigaciones de medios salvadoreños como el enlace del Gobierno de Bukele en supuestas negociaciones con las pandillas, antes de que el presidente Bukele, declarara —al igual que lo hicieron sus antecesores— la guerra a estas organizaciones. Además, Marroquín fue incluido en la Lista Magnitsky de los Estados Unidos por sus tratos con cabecillas de la Mara MS-13 y el Barrio 18.
La cuenta de redes sociales de la dirección del Reconstrucción del Tejido Social —dedicada al trabajo con jóvenes para la prevención de violencia— publicó el pasado 3 de junio un mensaje en el que destacó que al trabajar en equipo se pueden lograr avances significativos para construir un futuro próspero y equitativo «para todos los ciudadanos de ambas naciones» refiriéndose a Honduras y El Salvador.
Asimismo, la oficina de Reconstrucción del Tejido Social explicó que la reunión tuvo como objetivo que el secretario privado de la Presidenta conociera el proyecto de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que se encuentra en la fase dos del plan de control territorial impulsado por Nayib Bukele y bajo el cual El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 22 de marzo de 2022.
Bukele dirige un gobierno con cerca del 90 % de aceptación popular después de cuatro años en la silla presidencial. Estas cifras lo ubican como un político exitoso delante sus pares y pues más de alguno de ellos intentará copiar la fórmula del éxito de Bukele. La administración de Xiomara Castro ha dado algunas señales de ese esfuerzo por emular algunas prácticas de Bukele.
Por ejemplo, el mandatario salvadoreño hizo mediático el arte de gobernar desde su cuenta de Twitter, donde ha girado órdenes para ejecutar acciones públicas, como despedir empleados, reparar infraestructura y hasta cambiar la organización política y administrativa del país. Y por supuesto, el ministro o funcionario emplazado responde inmediatamente con una frase estándar: «A la orden presidente». Pues en Honduras, la presidenta Castro ha utilizado el mismo método, por ejemplo, cuando indicó a la Cancillería de la República iniciar los acercamientos para abrir relaciones diplomáticas con China y el canciller Enrique Reina respondió con inmediato cumplimiento a la orden.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo en televisión nacional que estaba analizando copiar algunas medidas del plan de control territorial impulsado por Bukele. Aunque la doctora expuso su admiración por el espíritu del presidente salvadoreño para dar seguridad, también mencionó que no comparte «la represión de derechos humanos totales». Villanueva fue designada por la presidenta Xiomara Castro para restablecer el orden en los centros penales luego de que el 8 de abril de 2023 hubo cuatro amotinamientos simultáneos en las cárceles hondureñas de Santa Bárbara, El Porvenir, Támara y Morocelí.
En la página de la presidencia de El Salvador se indicó que CUBO conlleva acciones de prevención dirigidas a zonas vulnerables en las que se intenta recuperar espacios para los niños y jóvenes. «Una de las principales prioridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele es la juventud salvadoreña, por lo que está facilitando espacios con los CUBO que les permitan el desarrollo de sus habilidades, destrezas y conocimientos», describen.
Los CUBO son parte del Plan de Control Territorial que comenzó en 2019 y que quiere copiar la viceministra Julissa Villanueva. Son lugares donde, según la web presidencial «los niños y jóvenes son capacitados en cursos de diseño gráfico, inglés, italiano, voleibol, lecto escritura, computación, ajedrez básico, lenguaje de señas salvadoreñas (LESSA) básico I y II e introducción al náhuatl» lengua indígena que sobrevive en aproximadamente un millón de hablantes ubicados especialmente en México. Con esto, el Gobierno de El Salvador dice construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para evitar que los jóvenes se vinculen con grupos de pandillas.
En sus redes sociales, Héctor Zelaya manifestó que la visita de Marroquín era una muestra del compromiso compartido entre Xiomara Castro y Nayib Bukele «en fortalecer los lazos sociales y construir un futuro más unido. Educando con valores de respeto y empatía construimos una sociedad más justa y equitativa con inclusión y solidaridad», escribió.
Marroquín se mostró complacido con la amabilidad del anfitrión y escribió que fue un gusto compartir un proyecto emblema del presidente Bukele pues «Los CUBO son parte elemental de la fase 2 del plan de control territorial y con sus resultados, estamos demostrando al mundo cómo en ellos trabajamos temas de inclusión social y la prevención de violencia».
Estoy completamente agradecido por la cordialidad del Secretario Privado de la Presidencia de Honduras, @HectorZelaya y la manera en la que nuestros hermanos hondureños nos ha recibido. 🇭🇳
— Carlos Marroquin (@sliptone) June 3, 2023
Para mi fue un gusto poder compartirles uno de los proyectos emblemas e importante para… https://t.co/93CZrQlMOa
Los líos de Marroquín
A finales del 2021, los Estados Unidos incluyó sancionó con la Ley Magnitsky a funcionarios de Guatemala y El Salvador, entre ellos estaba Carlos Marroquín. La sanción implica el bloqueo de bienes y propiedades a su nombre en suelo estadounidense, o que estén bajo control de estadounidenses. Para febrero del 2023, una acusación presentada por la Fiscalía estadounidense en una Corte de Nueva York contra 13 líderes de la Mara MS-13 señala a Marroquín como uno de los funcionarios que entre los años 2019 y 2021 negoció con dicha pandilla la reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.
En su cuenta de Twitter, Carlos Marroquín se describe como rapero y director de la Reconstrucción del Tejido Social, pero en los medios salvadoreños como El Faro, Marroquín figura como algo más: uno de los enlaces que negociaron la tregua entre las pandillas y el Gobierno de El Salvador, misma que terminó después de que la administración de Bukele incumplió algunos acuerdos y la MS-13 respondió de forma violenta asesinando a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.
El Faro logró contactar a portavoces de la MS-13, quienes señalaron la relación entre los asesinatos y el «pacto que mantenían [pandillas y Gobierno] desde hace al menos dos años y medio».
En el mismo reportaje, el medio salvadoreño menciona audios en los que se escucha a Marroquín culpando de la ruptura al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro y asegura que haber trasladado al presidente Bukele los mensajes de las pandillas: «Yo ya le tiré a Batman [pseudónimo de Bukele en las negociaciones] que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que “a mí que no me anden amenazando” y no sé qué, usted sabe», dijo Marroquín en referencia al mandatario, según El Faro.
Mediante el uso de tres software, El Faro verificó la autenticidad de siete audios con dos líderes de la MS-13 y uno del Barrio 18. Ese análisis , demostró la existencia de entre el 85 % y 90 % de coincidencia entre los audios en mención y la voz de Marroquín. Además, el medio habló con cabecillas de estructuras criminales quienes coincidieron que la ruptura entre el Gobierno y las pandillas ocurrió debido a la detención de pandilleros que se trasladaban en un vehículo gubernamental, con un motorista asignado por el Gobierno, por lo que se sentían confiados de estar protegidos.
Desde el 2020, el periódico salvadoreño denunció las negociaciones entre representantes del Gobierno de Bukele y las estructuras criminales para la reducción de homicidios y apoyo electoral. El Faro encontró cientos de documentos de inteligencia penitenciaria que registran encuentros entre Marroquín y Osiris Luna —director de centros penitenciarios– y líderes pandilleros.
No obstante, la relación entre Marroquín y Bukele comenzó cuando este último era candidato a alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) según un reportaje de la Revista Elementos que revela que Marroquín fue perfilado por la Policía Nacional Civil de El Salvador como un colaborador del Barrio 18.
En ese entonces, asegura la Revista Elementos, los activistas de Nayib Bukele tenían dificultades para ingresar a los barrios y colonias controlados por las pandillas. De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso Elementos, el papel de Marroquín «fue garantizar el acceso seguro de Bukele a los barrios, comunidades y colonias controladas por esas estructuras criminales y luego mantener vigentes los términos de los pactos».
Entre esos pactos, añadió la revista Elementos, está el uso de vehículos institucionales y la contratación de pandilleros o parientes de estos por la administración de la alcaldía. Medios salvadoreños como El Faro, Revista Factum y La Prensa Gráfica han informado sobre los pactos de Bukele con las pandillas, cosa que el gobernante salvadoreño ha negado rotundamente y, desde marzo, declaró la guerra a las pandillas. El Salvador ya cumplió 15 meses en un estado de excepción.
En Honduras, a finales del 2022, hubo un alza de homicidios y amenazas de extorsión. Por esa razón, el Gobierno recurrió a suspender seis garantías constitucionales a través de la imposición de un estado de excepción que comenzó en diciembre de 2022 y sigue vigente por ahora hasta el 5 de julio de 2023.
Durante la implementación de esta medida, la Policía Nacional reporta que se han logrado importantes resultados entre los que la institución destaca la reducción de la tasa de homicidios, la desarticulación de 150 bandas criminales, 3, 345 allanamientos de morada y 3,134 órdenes de captura ejecutadas. La Policía Nacional reportó que, en el 2021, el promedio diario de homicidios fue de 21 por cada 100 mil habitantes y en lo que va del 2023 — durante la vigencia del estado de excepción— se ha reducido a ocho. No obstante, en una historia publicada por Contracorriente sobre la baja de homicidios en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, diversos testimonios coincidieron en que la reducción de homicidios no tenía que ver con el actuar de la Policía Nacional.
De acuerdo con un informe realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) durante el estado de excepción solo 194 personas han sido detenidas por extorsión, que fue el principal detonante para decretar la medida. El informe de la ASJ revela que las detenciones se dieron exclusivamente en Cortés y Francisco Morazán, aunque las mayores tasas de incidencia en la extorsión están en Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, según la oenegé.
Sobre el estado de excepción hay más cosas que decir. Luego de una visita de 10 días en Honduras, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, detalló que ha habido obstrucción por parte de autoridades investigadoras al recibir denuncias, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos y muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.
«No puedo darle un número, pero sí es un número preocupante, eso le puedo decir», le respondió Morris Tidball-Binz a un reportero después de que éste le preguntó cuántas muertes se han registrado durante la vigencia del estado de excepción.
En El Salvador ha sido también El Faro el medio que ha escrito sobre la desaparición de las pandillas como se conocían antes. Después de un año en estado de excepción y miles de detenciones, las pandillas han perdido sus territorios como también han perdido su libertad cientos de salvadoreños que bajo las medidas del estado de excepción perdieron su derecho a defenderse con un debido proceso y continúan encarcelados.
En ese esquema de seguridad está inmerso el CUBO, cuyas bondades compartió Marroquín con el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, sosteniendo que es una estrategia de seguridad y oportunidades «que ha impactado positivamente en nuestro país».
