Un día después de que se dio una masiva marcha en Choluteca en contra de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, comenzaron las convocatorias a plantones de militantes de Libertad y Refundación (Libre) en apoyo a la aprobación de dicha normativa. Mientras tanto, un halo de opacidad rodea la discusión y socialización de esa ley.
Fotografía y Texto: Fernando Destephen
El 09 de mayo en Choluteca —zona sur de Honduras— se organizó una movilización en contra de la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, la primera manifestación masiva en contra de la propuesta, la cual que se ha estado socializando en el Congreso Nacional con diversos sectores en medio de confrontaciones con los empresarios representados en su mayoría por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La manifestación en Choluteca fue considerada pacífica pues no se cerraron calles, tuvo permiso de la alcaldía municipal, no ocupó más de una hora el parque central de Choluteca y no fue necesaria la intervención de la Policía Nacional que cuenta con un «protocolo especial» para desalojar las protestas que bloquean las calles durante varias horas.
Sin embargo, el Ejecutivo vio esa protesta como una amenaza y respondió convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad «para impulsar una estrategia de combate, investigación y sanción de conductas señaladas como peligrosas para el Estado hondureño. En concreto, la Presidenta Xiomara Castro apuntó a la marcha que ocurrió en Choluteca en contra de una ley propuesta por su Gobierno».
En Choluteca no se volvió a organizar ninguna manifestación, pero en el Distrito Central sí. Fueron militantes de Libertad y Refundación (Libre) quienes convocaron a plantones en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria en los bajos del Congreso Nacional y en la plaza César Castellanos, ubicada en el bulevar Juan Pablo II, y frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los dos últimos son sitios estratégicos en donde usualmente periodistas cubren importantes temas noticiosos.
Consultado sobre los plantones en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria, el delegado presidencial para el Poder Popular, Sergio Rivera, quien estuvo presente en esos plantones, dijo que «estamos desarrollando actividades con el mero pueblo, con organizaciones populares y organizaciones territoriales porque hay una fuerte campaña mediática de los voceros de la oligarquía, diciéndole mentiras a la población».
Rivera se refirió a los comentarios de parte de sectores en contra de la ley, por ejemplo, que se van a gravar las remesas o que se perderán hasta quinientos mil empleos. Rivera agregó que «lo único que esperamos es que la gente que nunca ha pagado impuestos los pague, eso es todo, y que esos impuestos sean utilizados para obras públicas».
Rivera explicó que los plantones son «orgánicos», es decir, de gente organizada en territorios, «el pueblo respalda el gobierno porque es el pueblo el que puso a este gobierno y no lo podemos dejar solo» puntualizó.
En referencia a la movilización en Choluteca, Rivera dijo que fue «una marcha forzada, con amenazas de perder empleos y financiada por Quintín Soriano y por los dueños de las camaroneras».
A las confrontaciones por el proyecto de ley se sumó la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, que en conferencia de prensa el 16 de mayo por la tarde, después de la reunión de socialización que tuvieron con la comisión, hicieron observaciones sobre el proyecto de ley.
El Partido Nacional se quejó del poco tiempo para poder abarcar una ley tan extensa e hicieron doce recomendaciones directas, según reveló Nelson Marquez, diputado y subjefe de bancada nacionalista.
Marco Midence, diputado nacionalista y exministro de finanzas, expresó que su partido está en contra de que se afecten empleos ya que, de acuerdo con su análisis, serian unos 188 mil empleos directos los que se perderían en las empresas dedicadas a la exportación. «Estamos en contra de que se afecten empleos» expresó Midence.
«Aquí no estamos a favor de un sector económico, estamos a favor del pueblo, estamos a favor de controles […] estamos a favor de que se tope a los que no han cumplido», expresó Midence en conferencia de prensa.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, reiteró que como bancada están a favor de que se apliquen controles a los que han utilizado de forma indebida los regímenes disponibles.
La conferencia de prensa del Partido Nacional coincidió con un plantón convocado por el Poder Popular en los bajos del Congreso Nacional. Ahí, los dos grupos midieron sus fuerzas, unos a favor y otros en contra.
Ese mismo día, Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), avivó más la división cuando llegó al Congreso Nacional y expuso con vehemencia casos de irregularidades en los regímenes actuales; además, señaló que «40 decretos fueron aprobados después del Golpe de Estado en 2009 para empresas con privilegios fiscales. Entre estos se encuentra la Ley Orgánica de las ZEDE». Continuó dirigiéndose al pleno mientras los diputados nacionalistas gritaban y abandonaban la cámara legislativa.
