Desde el 1 de julio, las Fuerzas Armadas de Honduras tomaron oficialmente el control de las cárceles del país a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). En un país, cuyo gobierno opta cada vez más por «la mano dura» y las requisas efectuadas en los centros penales se asemejan a operativos al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, familiares de privados de libertad levantan la voz para denunciar abuso de autoridad, maltrato psicológico y violencia física. Pero hasta ahora no hay ninguna autoridad para rendir cuentas de lo que está pasando en las cárceles.
Texto: Célia Pousset
Fotografías: Fernando Destephen
Es un vídeo de cincuenta segundos de golpiza, pero no es un rito de iniciación de una pandilla. La escena filmada pasó en la cárcel de Siria —ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán—, se ven dos hombres sin camisa, agachados, con las manos protegiendo sus cabezas. Se observan también botas de militares con sus fusiles reglamentarios y la parte baja de sus pantalones verde olivo. Las botas entran en las costillas, en el vientre, en la cara de los hombres que exhalan gemidos de dolor. Un militar repite «¡vos hijo de la gran puta!» mientras golpea y graba.
Cecilia* reconoció a su esposo en ese vídeo mientras circulaba en redes sociales. Se horrorizó y escribió a Contracorriente : «Si los tienen en la cárcel es para que paguen su condena, pero no para que los maten a golpes».
Ese sábado 1 de julio fue también el día oficial en que las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el mando de los centros penales del país, relegando a la policía penitenciaria cuyos agentes arrancan ahora un proceso de reasignación de puestos. Ese mismo día, la Policía Militar tomó el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y desde entonces la Policía Nacional dejó de dirigir la institución, menos de un año después de que se la asignaron como parte de la promesa de desmilitarización de las cárceles del Gobierno de Xiomara Castro.
Al día siguiente, Cecilia* volvió a escribir : «Quiero decirle que mi esposo me dijo que los militares entraron en el módulo 6 y los golpearon a todos. A mi esposo lo metieron en un hormiguero desnudo y dos hombres empezaron a pararse encima de él y le dejaron la espalda abierta. Está quemado porque los dejaron afuera todo el día desde las 9 de la mañana. Les botaron todo, les dejaron desnuditos, desnuditos, sin boxer, a él casi le quiebran los brazos. Mi esposo me dio los nombres de todos los que están bien golpeados, incluso golpearon al pastor del módulo», contó.
El esposo de Cecilia está en un módulo de privados de libertad por delitos comunes. A ellos también les quitaron las visitas familiares desde que la PMOP entró la semana pasada a realizar requisas en las que encontraron municiones, armas de guerra y electrodomésticos, según las autoridades y la prensa gubernamental. Los medios de comunicación no tienen autorización para entrar.
Que los medios y las organizaciones puedan vigilar lo que está pasando en los centros penales es una de las exigencias de las madres, novias, esposas y hermanas de privados de libertad que se reunieron el lunes 3 de junio por la tarde en frente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) de Tegucigalpa, sosteniendo carteles en los que se podía leer «el ejército no está preparado para custodiar a privados, ellos están instruidos para la guerra» o pidiendo respeto a la integridad física de cada privado de libertad.
El grupo de unas quince mujeres, algunas con bebés en brazos, se organizaron para poner quejas ante el Conadeh y exponer su preocupación. La mayoría tiene familiares en la cárcel de Siria –que tiene recluidos a 2,580 privados de libertad– pero algunas reportan también abusos a derechos humanos en La Tolva y en Támara.
«Mi esposo está en el recinto general de Támara y me llamó el jueves para decirme que los policías militares los golpearon con toletes el día de la requisa. Les botaron toda la ropa, los objetos de aseo, les dan un sólo tiempo de comida al día y los dejan al sol sin beber», expresó Lucía* cuyo esposo está encarcelado por delito de extorsión sin tener sentencia. Desde aquella llamada, no volvió a saber de él.
Desde diciembre de 2022, Honduras vive bajo un estado de excepción con el fin de combatir «la extorsión y los delitos conexos» perpetrados por las maras y pandillas, pero el éxito de la medida está puesto en tela de juicio. Según un informe de ASJ, en seis meses se han logrado 194 detenciones por extorsión y 86 procesos judiciales.
Otro testimonio, el de Molly* da cuenta de hechos similares : «soy esposa de un privado de libertad de Támara, él está por delito de robo. La policía militar lo golpeó fuertemente, me llamó el miércoles pasado, fue la última llamada que recibí de él. Tengo también familiares en Siria y dicen que temen por su vida porque los militares los están golpeando con tubos y a uno le abrieron la ceja. Los tienen afuera desnudos sin comer ni beber».
Los relatos se repiten, se complementan, pero siempre en algún momento de la conversación llega la palabra «injusticia». «Estamos de acuerdo con las requisas –expresó Cecilia– pero no que los maltraten». A la indignación, se suma el miedo por haber perdido comunicación con sus familiares desde hace varios días.
Consultamos a la abogada Melissa Escoto, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), un comité que siempre ha velado por los derechos de los privados de libertad y expresó que no dará entrevista referente a la situación, pero tras unas visitas en los centros penitenciarios de PNFAS, Siria, La Tolva y Támara, el Conaprev publicó un comunicado expresando su «preocupación acerca del uso excesivo de la fuerza y tratos humillantes» y corrobora hechos señalados por familiares (exposición prolongada al sol, supresión de alimentos hasta por dos días, restricción de asistencia médica, utilización de gases tóxicos, golpes con toletes y falanga, privación de colchonetas).
Un vídeo circuló en redes sociales en el que vemos un camión atiborrado de colchones. No se sabe de dónde proviene, pero Valeria*, cuyo familiar se encuentra en la cárcel de Siria en el módulo 18, mencionó que su pareja «está durmiendo en el puro hierro» ya que «les botaron la ropa, los zapatos, las cobijas y los colchones».
Cuando las mujeres pusieron las quejas al Conadeh, un encargado les explicó que ya habían recibido quejas respecto a centros penitenciarios y que les estaban dando seguimiento. Fueron atendidas por el personal de manera individual.
Por medio de una solicitud de información, obtuvimos el número de quejas recibidas desde la militarización de las cárceles y el motivo por el cual fueron interpuestas. Entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2023, el Conadeh recibió cinco quejas provenientes de La Tolva, tres de las cuales fueron por «tortura en instituciones penitenciarias», una por «tratos inhumanos o degradantes» y una por «falta de acceso a la justicia y debido proceso legal». Ingresaron igualmente dos quejas por «tratos inhumanos y degradantes» en Siria y Támara y una en El Pozo por «rechazo infundado de peticiones».
En Siria, la proporción de privados de libertad sin sentencia roza el 50 %, según el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Osman Faviel Diaz Santos.
De la policía penitenciaria a la policía militar
En diciembre de 2022, el Comisionado Martín Vieda, el entonces subdirector del INP, había declarado con orgullo a este medio que «desde agosto de 2022, la Policía controla todas los centros penales del país». Once meses después, la encargada de comunicación del INP, Digna Aguilar, nos advirtió que sigue trabajando ahí, pero que no está autorizada a hablar : «nosotros como INP nos apegamos a las instrucciones que nos dan la Policía Militar del Orden Público y ahora el director es el coronel de infantería Fernando Muñoz».
El vocero de las Fuerzas Armadas, el capitán José Coello, indicó a Contracorriente que ni él ni el coronel Fernando Muñoz tienen tiempo esta semana para hablar con la prensa. El 6 de julio, Tomás Vaquero, el Secretario de Gobernación, juramentó a Fernando Muñoz como presidente de la nueva Comisión Interventora del Sistema Penitenciario y a Antonio Ramírez Salinas como Interventor del INP.
Muñoz fue denunciado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) por haber torturado a privados de libertad en el Primer Batallón de Infantería en el año 2020, durante la pandemia por COVID-19.
La militarización de las cárceles fue declarada el 23 de junio después de una reunión en Casa Presidencial en la que la Presidenta Xiomara Castro firmó decretos ejecutivos para dar paso a la «transición» del control de los centros penales. Estaban presentes el Ministro de Defensa José Manuel Zelaya y el jefe de Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar. Esa reunión se sostuvo tres días después de la reyerta dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en la cual murieron 46 privadas de libertad, algunas de ellas todavía en proceso de identificación por Medicina Legal.
Los decretos establecen que la Policía Militar tome control en los 25 centros penales del país por un año y que acompañe a la Policía Nacional en los operativos en los 18 departamentos. También permiten contrataciones directas a las Fuerzas Armadas para ejecutar la construcción y rehabilitación de centros penales, como el proyecto de cárcel en la isla del Cisne.
Según el Decreto Ejecutivo PCM 28-2023, la intervención militar en los centros penales durará un año.
«Estuvimos dos años involucrados en los centros penales, contamos con esa experiencia, hubo avances y no estamos aquí para recalcar los errores que cometimos. No podemos faltar al pueblo hondureño», aseguró Fortín Aguilar.
El Comisionado Osman Faviel Diaz Santos, quien fue director del INP en el mes de junio antes de la intervención y parte de la comisión interventora dirigida por Julissa Villanueva, explicó a Contracorriente las razones del cambio de mando : «no sólo ocurrió por lo de PNFAS, sino porque habían varias alertas en los centros penitenciarios y nosotros como Comisión Interventora pedimos a las Secretarías de Seguridad y de Defensa que nos presten recursos humanos a fin de ingresar en los centros penales y hacer el desarme. Teníamos información de los centros donde había armas, dónde estaban escondidas y un sin número de detalles que nos permitía saber que de un momento a otro iba a haber un desenlace sangriento».
Díaz Santos manifestó que tenían información preocupante de inteligencia de casi todos los centros penales, menos de la cárcel de mujeres de Támara : «si nosotros hubiéramos creído que iba a haber algo en las cárceles, la última en la que hubiéramos pensado era en la de las mujeres. Desafortunadamente la información no llegó, y si alguien la tenía no nos la compartió».
En abril de este año, se documentaron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de Santa Bárbara, Morocelí, El Porvenir y Támara, zonas del occidente, oriente y central de Honduras. Otros datos del Conadeh, brindados en febrero de 2023, dan cuenta que desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños.
Díaz Santos estima que la Comisión no tenía los recursos humanos y la independencia necesaria para poder hacer frente a todas las alarmas, por eso pidieron colaboración de los militares, «no es que la Comisión no pudiera hacer el trabajo, pero el apoyo llegaba a cuentagotas y sin la prontitud requerida. Nosotros cuando entramos en Ilama, entramos con 1000 policías, lo que es un número reducido, en cambio cuando los militares entraron a Támara eran 3000 soldados. La policía tiene un empeñamiento todos los días muy fuerte y si bien es cierto que los militares no tienen el entrenamiento adecuado para estar en las cárceles; tienen las armas, la logística y cierta preparación».
La falta de capacitación de los militares es uno de los elementos que preocupan a Glenda Ayala, la ex Comisionada del Conaprev, «el personal militar no tiene ningún conocimiento. El artículo 4 de la Ley del sistema penitenciario nacional prohíbe la aplicación de cualquier acto de tortura o de trato inhumano, o degradante. Las denuncias de atropellos a derechos humanos por los militares en las cárceles son recurrentes, existen 5 denuncias interpuestas ante la Comisión-IDH por el trato proferido a personas privadas de libertad.» Uno de los casos que se remonta a 2015 –por hechos ocurridos en el Segundo Batallón en Támara– fue registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2022.
«Hay también el tema de la discriminación contra las personas LGBTIQ+ durante las intervenciones militares. Estas intervenciones son frecuentes, pero nunca han funcionado», añadió Ayala quien lamentó también de que nunca ha existido rendición de cuentas de las intervenciones militares, «no hemos visto un informe, no se sabe cómo manejaron el dinero. No hay ningún mecanismo de control para prevenir actos de corrupción. Hubo despilfarro de dinero, se invirtieron millones en el centro de La Sequía (Naco, Cortés) ahora abandonado, es preocupante ya que actualmente se pretende construir centros similares en la isla del Cisne. Esas contrataciones directas solo se prestan para actos de corrupción».
A pesar de las críticas sobre el manejo carcelario de los militares, el PCM 28-2023 establece que tienen la obligación de formar alrededor de 2,000 policías penitenciarios.
El exdirector del INP, Díaz Santos, aclaró que actualmente los 850 policías de la Policía Nacional que estaban en las cárceles fueron reasignados y los 1500 agentes que pertenecían a la Policía Penitenciaria están a la disposición de la PMOP, para que «hagan la redistribución como mejor les parezca».
Grito de ayuda desde las cárceles
Carlos* asegura que salió de un centro penal hace un par de días. No quiere decir de dónde, ni dar muchos detalles sobre su condena. Sólo puede enviar mensajes escritos, ni siquiera ofrece mandar audios por miedo de que se le grabe su voz. Pero le urge dar su testimonio: «Desde que llegaron los policías militares nos tuvieron cinco días bajo el sol. Nos golpearon con toletes cada vez que entrábamos y salíamos. Casi matan a Samy, lo tienen con grilletes manos y pies, con el brazo quebrado. Dicen que no hay medicamentos para los heridos. Los torturados están escondidos en el módulo cocina donde los derechos humanos no pudieron entrar. Son los desaparecidos. Había cinco encerrados ahí, cuatro cabecillas.»
Pedimos una entrevista a la Secretaría de Derechos Humanos, pero hasta la fecha de publicación, no nos atendieron. Mientras tanto, periodistas y defensores de derechos humanos han sido atacados en redes sociales por haber difundido información relacionada a la crisis carcelaria. Se les acusa de ser cómplices del crimen organizado y de defender los derechos humanos de los pandilleros.
El exdirector del INP reaccionó a esta ola de desprestigio que cae en contra de los que visibilizan el tema de las condiciones de las personas privadas de libertad : «A los directores de centros penales también nos suelen acusar de tener vínculos con las maras porque conversamos con ellos, pero es parte del trabajo. De la misma manera, los defensores se vinculan con los privados de libertad y la gente asume que están trabajando con ellos. Yo no lo veo así. Es sólo que a muchas organizaciones les interesan de verdad los derechos de los privados de libertad, mucho más que a toda la población en general que no se preocupa por lo que les pase, lo que comen, cómo duermen…»
El miércoles 5 de julio, un grupo de alrededor de 100 personas protestaron por los tratos que están recibiendo sus familiares en las cárceles de Támara, Siria y La Tolva. El pastor Carlos Cerrato, un expandillero, junto a su iglesia, caminó hasta Casa Presidencial para exigirle a la presidenta un alto a las torturas y para que les permita entrar a las cárceles y continuar con sus actividades religiosas.
Un informe del Conadeh publicado en agosto de 2022 informa que hasta el 30 de abril de 2022, al menos el 55 % de las más de 20,000 personas privadas de libertad en Honduras, distribuidas en los 26 centros penitenciarios del país aún no tienen una sentencia firme.
*Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las personas.
