Una madre migrante lucha por justicia después del femicidio de su hija en Honduras

Norma Rodríguez tuvo que convertir el luto por el femicidio de su hija Keyla Martínez en una lucha contra el sistema de impunidad. En 2021, Keyla fue víctima de un femicidio en una posta policial en Intibucá. Ahora, su madre, Norma, hace lo que puede desde España para que nadie olvide a su hija, especialmente el sistema de justicia que sigue sin condenar a los responsables.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera

Norma Rodríguez llevaba cuatro años en España cuando recibió la noticia de que su hija Keyla había sido víctima de femicidio. Aunque estuvo en Honduras durante un tiempo buscando justicia, tuvo que volver a España por las difíciles condiciones económicas. Ahora Norma camina casi a diario por el lugar en donde recibió la llamada. A veces, transitarlo le da un empujón para seguir adelante; en otras ocasiones la hace querer regresar más rápido a encerrarse en su pequeño cuarto en Madrid.

«Siento demasiado odio. Lo que hago es que me enfoco en el trabajo para poder superarlo», explicó Norma a través de una videollamada. Su hija, Keyla Martínez, fue asesinada en una posta policial en La Esperanza, Intibucá, la noche del 6 de febrero de 2021. Keyla fue detenida durante el toque de queda decretado por la pandemia de Covid-19. La versión de la Policía Nacional de Honduras (PNH) en ese momento fue que Keyla se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que su muerte había sido homicida.

La Esperanza se llenó de protestas durante varios días exigiendo justicia por el caso. Sus habitantes acusaban a los agentes policiales de cometer muchos abusos, algunas mujeres incluso denunciaron anónimamente haber sufrido agresiones y acoso sexual durante las detenciones.

Por el caso de Keyla no hay culpables sentenciados y solo se ha llevado a la justicia a un involucrado. En septiembre de 2022 finalizó el juicio oral y público contra el policía de escala básica Jarol Perdomo, pero el juzgado que conoce el caso no ha dictado su sentencia porque espera la resolución de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional promovido por la acusación privada de la familia.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, Perdomo era uno de los policías que estaba en la posta la noche del crímen e ingresó a la celda de Keyla durante cinco minutos cerca de la hora en que fue asesinada. El Ministerio Público (MP) demostró que había una posición desigual de poder entre el policía y Keyla, por esto Perdomo fue acusado en 2021 de femicidio agravado por el Ministerio Público (MP) —delito castigado con una pena entre 20 y 25 años—; sin embargo, el juzgado de la Esperanza tipificó el caso como un homicidio simple, castigado con una pena mínima de 15 años.

En septiembre de 2022, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que denunció que «el MP solicitó la reconstrucción de hechos; misma petición que fue denegada por el Tribunal de Sentencias, lo que evidencia claramente la parcialización a favor de los agresores de Keyla Martínez».

En España, Norma vive en una pequeña habitación en Madrid, es apenas de unos 3 por 3 metros. En una de las paredes tiene una foto de Keyla sonriendo, también una de su hermano y de su madre. Todos han muerto, el hermano de Norma murió en 2022.

Norma ahora vende su casa en La Esperanza, Intibucá, un patrimonio que le costó años construir y que esperaba le sirviera a sus hijas en un futuro. La vende para pagar una acusación privada que sí pueda presionar y llevar el caso de su hija a obtener justicia.

«Nos deshicieron la vida en mil pedazos, nos rompieron a todos porque nos desintegraron de una forma horrible, yo tenía mi casita y ahí estaban mis hijas las iba a visitar cuando podía», contó Norma llorando.

Norma había guardado muchas esperanzas con el cambio de gobierno para obtener justicia en el caso de Keyla, especialmente después de que la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, declaró que en sus primeras acciones estaría la búsqueda de justicia en el caso de Keyla. Ahora no se siente así, Norma ni siquiera ha podido reunirse con Villanueva ni con la presidenta Xiomara Castro, aunque ha buscado la oportunidad para hacerlo.

«Este es un crimen de Estado por el simple hecho de que a mi hija la asesinaron dentro de una celda, entonces, al Estado no le conviene que este caso sea resuelto y por eso le están dando largas al asunto», dijo Norma y agregó que está a la espera de que la nueva Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo de la acusación privada en el que solicitan que el caso se trate bajo el delito de femicidio y no como homicidio simple.

Ese amparo ya había sido interpuesto por el Ministerio Público, pero fue declarado sin lugar en febrero de 2023, antes de que se eligiera a la nueva Corte Suprema de Justicia. En esa resolución, la Sala de lo Constitucional se declaró incompetente para resolver y dejó a criterio del Tribunal de Sentencias dar la resolución. Después de conocer esta respuesta, la acusación privada interpuso otro recurso de amparo que debe conocer la nueva CSJ, pero aún no hay respuesta.

Norma siente que todo el proceso ha sido desgastante. Aunque el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha llevado el caso hasta el momento, aseguró que necesita una defensa privada que le dedique todo su tiempo al caso. Añadió que en la reciente visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras, el padre de Keyla explicó la situación de impunidad que enfrentan.

«Esperemos que se interesen en este caso ya que es un emblemático y lastimosamente muchos medios han pasado ya de esto. Organizaciones de mujeres que en su momento apoyaron, hoy no lo hacen más. Es lamentable realmente cómo se olvidan», añadió Norma.

Norma Rodríguez, madre de Keyla Martinez, atiende una protesta afuera de los juzgados en Siguatepeque donde se llevó a cabo, en septiembre de 2022, la audiencia del implicado en el femicidio de su hija. Foto CC/*Jorge Cabrera
Norma Rodríguez, madre de Keyla Martinez, atiende una protesta afuera de los juzgados en Siguatepeque donde se llevó a cabo, en septiembre de 2022, la audiencia del implicado en el femicidio de su hija. Foto CC/*Jorge Cabrera

La realidad invisible de las hondureñas migrantes en España
Norma migró a España en 2017 en busca de mejores ingresos para que sus dos hijas menores, Keyla y Nancy, pudieran estudiar en la universidad pública de Tegucigalpa. Antes de irse, trabajaba vendiendo ropa los fines de semana en San Francisco de Opalaca, a 48 kilómetros de La Esperanza.

Como muchas mujeres en España, Norma trabaja en el sector de la limpieza, muestra sus manos a la cámara y dice que las tiene destrozadas, destrozadas por ganarse la vida de forma honrada.

La migración de mujeres a España que se dedican a labores del cuidado es bastante común. Hasta julio de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizaba 107,616 mujeres hondureñas radicadas en España, un número que contrasta con los 48,061 registros de hombres.

Esto quiere decir que al menos el 70% de las personas que migran hacia España son mujeres. Allá se dedican a empleos relacionados con el cuidado y la atención, son trabajadoras domésticas, cuidadoras de personas mayores o niñeras. Sin embargo, estos trabajos suelen ser precarios, con bajos salarios y largas jornadas laborales.

La situación de desigualdad que sufren las mujeres migrantes en España fue expuesta a la presidenta Xiomara Castro durante su toma de posesión a través de una carta abierta publicada por la organización Mujeres Trabajadoras Migrantes de Honduras, con sede en España.

«Estamos en España viviendo una vida partida a la mitad […] hemos migrado expulsadas de nuestras tierras por la violencia extractivista y la violencia de género. En España somos las trabajadoras del hogar y los cuidados en el servicio doméstico, las madres solteras, trabajadoras precarizadas en una situación social marcada por la discriminación, el racismo y la explotación de la mano de obra extranjera. Toda nuestra realidad migrante, señora presidenta, tiene un trasfondo de género innegable», explica la carta.

Las migrantes pedían para los primeros 100 días de gobierno poder tener una representación en el servicio exterior, así como una Consejería para la mujer migrante en España que incluya orientación a la mujer migrante en su proceso migratorio, seguimiento al pago de pensión alimenticia de sus hijos e hijas y apoyo psicológico en casos de violencia de género. Pero esto no se cumplió. Norma dijo que varias organizaciones de mujeres no se sienten escuchadas.

Defensoras de los derechos de la mujeres esperan afuera de los juzgados de Siguatepeque donde se llevaba a cabo la audiencia contra el implicado en el asesinato de Keyla Martinez. Foto Jorge Cabrera
Defensoras de los derechos de la mujeres esperan afuera de los juzgados de Siguatepeque donde se llevaba a cabo la audiencia contra el implicado en el asesinato de Keyla Martinez. Foto Jorge Cabrera

La otra hija de Norma Rodríguez, Nancy, tuvo que migrar a España. Nancy tenía una floristería en La Esperanza, no quería irse, pero comenzó a recibir muchas amenazas que, según Norma, llegaban por parte de los primos de Edgar Velásquez, el médico que acompañaba a Keyla Martínez la noche del femicidio.

Las declaraciones del médico Edgar Velásquez se acomodaron a la versión de la Policía Nacional de Honduras; Velásquez las dio cuatro días después del femicidio, a través de medios de comunicación.

Norma dijo que el primo de Velásquez «aparecía en el centro comercial [donde Nancy tenía la floristería] y nunca se bajaba su arma de la cintura. Después ella entra a trabajar a una farmacia y todos los días iba a comprar a la farmacia él y siempre lo primero que se hacía era levantarse la camisa para enseñarle su pistola. A raíz de eso mejor la trajimos [a Nacy a España]», explicó.

Según Norma, debieron investigar tanto al doctor como al subcomisionado Melvin Alvarenga, quién en aquel momento dirigía la posta policial.

Alvarenga apenas llevaba 13 días asignado cuando sucedió el femicidio de Keyla y fue retirado de esa posta a los pocos días. El subcomisionado de Policía que lo relevó, Ariel Madrid, le aseguró a Contracorriente en aquel momento que el cambio de agentes se había acelerado por el caso. Alvarenga fue el director de la cárcel de Támara desde 2021 hasta hace un mes que se registraron enfrentamientos dentro de la cárcel y el Instituto Penitenciario cambió al personal que dirigía ese centro.

«Nos arruinaron la vida y todo es gracias al Estado, y mire, el Estado está siempre apoyando a los delincuentes. A nosotros nos tocó salir huyendo y los asesinos están tranquilos en sus casas riéndose de lo que hacen a la gente porque no hay una justicia», añadió Norma.

Norma dijo que están intentando rehacer su vida en España, pero que le entristece saber que no pueden regresar a Honduras para limpiar la tumba de Keyla o llevarle flores; también le decepciona no sentirse acompañada por el gobierno de las mujeres, «Al final yo creo que no va a haber justicia, pero siempre la voy a seguir buscando».

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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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